Los clientes de Revolut han vivido una jornada de sobresaltos. La entidad digital ha confirmado que todos sus servicios han quedado restablecidos después de una caída que durante buena parte del martes impidió hacer pagos con tarjeta, enviar transferencias, sacar efectivo o entrar con normalidad en la aplicación. La compañía ha insistido en que el dinero y los datos personales de los usuarios no se han visto comprometidos en ningún momento.

El problema no nació dentro de Revolut, sino en la infraestructura de Google Cloud. Según la información facilitada por la tecnológica, la región europe-west2 de Londres sufrió un incidente eléctrico que provocó errores y fallos intermitentes de red en varios servicios. Esa dependencia de la nube explica que la incidencia saltara de un proveedor tecnológico a bancos, plataformas y aplicaciones de distintos países europeos.

Qué ocurrió y de dónde vino el fallo

Google Cloud reconoció que los problemas comenzaron en torno a las ocho de la mañana, hora peninsular española, y que afectaban a varios servicios de su centro de datos londinense. La compañía calificó la situación primero como una incidencia en investigación y más tarde aseguró que el suministro eléctrico ya había sido restablecido, con una recuperación gradual de las cargas de trabajo. No fue un fallo aislado de Revolut, sino un golpe a una pieza central de la infraestructura digital europea.

Revolut, por su parte, explicó que detectó el problema durante la mañana y que sus equipos técnicos trabajaron desde entonces para devolver la normalidad a la operativa. La entidad no concretó de entrada cuántos clientes se vieron afectados ni dio un plazo cerrado para la recuperación completa. En sus mensajes públicos, eso sí, dejó claro que los fondos y los datos de los usuarios permanecían seguros y que la caída no había puesto en duda la seguridad de las cuentas.

Servicios afectados y clientes que se quedaron a medias

La lista de funciones que se vieron tocadas fue amplia. En España, Revolut llegó a mostrar hasta 31 servicios con incidencias, una cifra que da una idea de hasta qué punto la aplicación se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas. Entre las funciones afectadas aparecían los pagos con tarjeta física y virtual, las transferencias nacionales e internacionales, la retirada de efectivo en cajeros, el cambio de divisas y el acceso a la cuenta desde el móvil.

También hubo dificultades en el terreno de la inversión. Las operaciones con criptomonedas y las inversiones en Bolsa quedaron parcialmente no disponibles, de modo que algunos usuarios no podían consultar sus posiciones o ejecutar órdenes con normalidad. Para quienes usan Revolut como tarjeta del día a día, el fallo llegó en un momento poco oportuno: pagos rechazados en comercios y cajeros que no permitían sacar efectivo fueron algunas de las quejas más repetidas en plataformas como Downdetector.

Revolut cuenta con alrededor de siete millones de clientes en España, uno de sus mercados más relevantes, así que cualquier caída de este tipo se nota rápido en la vida diaria de muchas personas. La entidad no ha detallado públicamente el número exacto de afectados ni ha ofrecido un desglose completo de qué usuarios sufrieron más problemas.

Revolut, otros bancos y la sombra de la dependencia de la nube

El incidente no se quedó en Revolut. En Reino Unido se registraron avisos relacionados con Lloyds Bank, HSBC y Halifax, entre otras entidades, además de problemas en servicios públicos y plataformas digitales. En Alemania, la filial de ING informó de dificultades para acceder a la banca online y a su aplicación, aunque la entidad sostuvo que no había indicios de una causa externa. La coincidencia en el tiempo con la caída de Google Cloud invitó a pensar en un origen común, pero no todos los casos se pudieron atribuir al mismo fallo.

Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa un asunto que preocupa desde hace tiempo: la banca digital y buena parte de la economía dependen de un puñado de proveedores tecnológicos. Cuando uno de esos proveedores falla, el efecto se propaga en cadena y puede dejar a miles de usuarios sin acceso a servicios básicos. La coincidencia ha servido para recordar que la comodidad de la banca móvil descansa sobre una infraestructura compartida y, por tanto, expuesta a fallos ajenos a la propia entidad financiera.

A lo largo de la tarde, Google fue dando por resueltos los problemas para la mayoría de sus clientes y Revolut fue recuperando servicios de forma paulatina. Hacia la tarde-noche, la entidad confirmó que la operativa había vuelto a la normalidad y que la incidencia quedaba cerrada. Eso sí, no se ofreció un balance detallado de usuarios afectados ni una explicación técnica minuto a minuto sobre lo ocurrido en España.

La caída deja un balance claro: Revolut ha recuperado la actividad, los fondos y datos de los clientes no se han visto comprometidos y la incidencia se ha cerrado sin que la entidad haya detallado el número exacto de afectados. El episodio, sin embargo, ha dejado una imagen difícil de ignorar: la banca digital depende de una infraestructura tecnológica compartida y cualquier fallo en esa base puede trasladarse en minutos a pagos, transferencias, cajeros y aplicaciones. La normalidad ha vuelto, pero el susto sirve para entender mejor cómo funciona por dentro un servicio que millones de personas usan a diario.

Seguro que te suena el término, pero cuando entramos en harina con la legislación que hay detrás, la cosa se pone interesante. Los royalties no son más que una herramienta fundamental en la propiedad intelectual y los derechos de autor, funcionando como el pago que recibe quien ha creado algo por dejar que otros saquen partido de su invento, marca u obra.

Si tienes una creación y quieres monetizarla, o si eres una empresa que quiere utilizar la tecnología de otro, es vital entender cómo se mueven los hilos en España. En las siguientes líneas vamos a desgranar qué son exactamente estas regalías, cómo se gestionan legalmente y, sobre todo, cómo afectan al bolsillo a través de los impuestos.

¿En qué consisten realmente los royalties?

Hablamos de pagos periódicos que el dueño de un derecho de propiedad industrial o intelectual cobra por permitir el uso de su creación. Para que no haya pérdida, estos derechos se dividen principalmente en varios bloques: derechos de autor para obras literarias, musicales o audiovisuales; patentes para procesos innovadores; marcas que identifican servicios o productos; diseños industriales sobre la estética de un objeto y los llamados derechos conexos, que protegen a artistas y productores.

La idea es sencilla: premiar el esfuerzo creativo. El importe se suele pactar como un porcentaje de los beneficios generados por la explotación de la obra o mediante una cantidad fija establecida en un contrato previo.

Ejemplos reales donde aparecen las regalías

Los royalties están en todas partes, aunque a veces no nos demos cuenta. En el mundo de la música, los compositores cobran cuando su canción suena en Spotify o en la radio. En el séptimo arte, los guionistas y directores perciben ingresos por la distribución de sus pelis. Si hablamos de literatura, el escritor gana dinero por cada ejemplar vendido de su novela.

También son el motor de las franquicias, donde el franquiciador recibe una parte de los ingresos del local por usar su marca y modelo de negocio. Y por supuesto, en la industria tecnológica, donde las empresas pagan por utilizar patentes específicas para no tener que reinventar la rueda.

El marco legal en España: LPI, Patentes y Marcas

En nuestro país, el juego está regulado por varias leyes clave. Primero tenemos la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), recogida en el Real Decreto Legislativo 1/1996, que otorga al autor el control total sobre la reproducción y distribución de su obra. Aquí es donde entran las entidades de gestión colectiva, como la SGAE, que se encargan de recaudar la pasta y repartirla entre los autores.

Por otro lado, la Ley de Patentes (24/2015) se encarga de los inventos, permitiendo que el titular licencie su uso a terceros. Y no podemos olvidar la Ley de Marcas (17/2001), esencial para los contratos de licencia y franquicias donde se paga por el prestigio de una marca registrada.

La formalización a través de contratos

Para que todo sea legal y no haya líos, los royalties se cierran mediante contratos de licencia o cesión. En estos documentos debe quedar clarísimo quién es el dueño y quién el licenciatario, qué derechos se están cediendo exactamente y durante cuánto tiempo será válido el acuerdo.

También es fundamental definir el ámbito territorial (si es solo para España o para todo el mundo), cómo se calcula el pago y cuáles son las cláusulas para romper el contrato si alguna de las partes no cumple.

Tributación: ¿Cómo se pagan impuestos por los royalties?

Aquí es donde la cosa se divide según quién reciba el dinero. Si hablamos de personas físicas, los ingresos pueden tener tres caminos distintos en el IRPF:

• Rendimientos del trabajo: Ocurre cuando el autor cede el derecho de explotación a un tercero (como una editorial). Se aplica generalmente una retención del 15%.
• Rendimientos de actividades económicas: Si el propio autor es quien explota la obra (autoedición), debe darse de alta como autónomo y emitir facturas. En cuanto al IVA, estas prestaciones suelen estar exentas para personas físicas que son los autores originales, pero no para herederos o empresas.
• Rendimientos de capital mobiliario: Es el caso de los herederos del autor, que siguen percibiendo regalías mientras la obra esté protegida legalmente.

Si el receptor es una persona jurídica o empresa, los royalties se integran directamente como ingresos dentro del Impuesto sobre Sociedades.

Casos especiales: Startups y Entidades sin ánimo de lucro

Para las startups, la propiedad intelectual es su activo más valioso. Gestionar la fiscalidad de las regalías es vital para maximizar el valor de la empresa y atraer inversores. Es clave realizar una valoración adecuada de la PI y aprovechar los tratados internacionales para evitar que se paguen impuestos dos veces (doble imposición) cuando se opera en varios países.

En cuanto a las fundaciones y asociaciones, aunque no tengan ánimo de lucro, también son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, no todas deben presentar la declaración; depende de si están acogidas a la Ley 49/2002 o si sus ingresos no exentos superan ciertos límites (como los 75.000 euros anuales).

Tener una estrategia clara sobre la propiedad intelectual permite que los creadores y las empresas aseguren una compensación económica justa mientras cumplen con todas las obligaciones fiscales, ya sea gestionando retenciones de IRPF, aplicando exenciones de IVA para autores o optimizando la carga impositiva en el Impuesto sobre Sociedades.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística deja una fotografía poco tranquilizadora: el IPC interanual se ha colocado en el 4,9%, seis décimas por encima del registro anterior. El dato confirma que la subida de precios no es un susto pasajero y que se ha instalado en una parte amplia de la cesta de consumo. En paralelo, la inflación subyacente, que deja fuera energía y alimentos no elaborados, ha repuntado hasta el 3,1%, dos décimas más. Para entender mejor este fenómeno, conviene analizar qué es el IPC y cómo funciona exactamente.

El encarecimiento alcanza niveles que no se veían desde febrero de 2023 y sitúa a España entre las economías europeas con mayor presión sobre los precios. La estadística coincide con un contexto internacional complicado, marcado por el coste de la energía y por las tensiones en Oriente Medio, factores que están detrás de buena parte del tirón reciente. No se trata solo de una cifra llamativa: afecta a la compra diaria, a la factura de la luz, al transporte y a las prestaciones que se actualizan con el IPC.

La energía, el transporte y la cesta de la compra

Uno de los focos que más ha apretado en septiembre ha sido el transporte, con una subida anual del 10,5%, empujado por carburantes y lubricantes. A ello se suma el tirón de la energía, condicionado por el encarecimiento del crudo y por la incertidumbre en rutas marítimas clave como el estrecho de Ormuz. El conflicto en Oriente Medio y la situación del petróleo siguen alimentando esa presión sobre los precios.

La inflación subyacente del 3,1% muestra que el problema no se queda únicamente en los componentes más volátiles. Los servicios mantienen un ritmo elevado y los bienes industriales sin productos energéticos también se han acelerado. En alimentación hay diferencias: los productos frescos han vuelto a dar un tirón, mientras que los elaborados, las bebidas y el tabaco moderan algo su avance. Esa mezcla explica por qué las familias notan el golpe en compras muy distintas entre sí.

Las medidas públicas han amortiguado una parte del impacto, aunque no lo suficiente. La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos sigue aplicándose de forma limitada, mientras que otras ayudas aprobadas durante la crisis energética se han ido retirando. Sin ese escudo fiscal, el avance de los precios habría sido aún mayor, pero con el margen actual la inflación devora el poder adquisitivo de muchos hogares. El Gobierno ha prorrogado parte de las medidas, pendiente de cómo evolucione la situación internacional.

Pensiones, vivienda y efectos en los hogares

El dato de septiembre también mueve las previsiones sobre las pensiones contributivas. La revalorización no se calcula con el 4,9% de un solo mes, sino con la media de las tasas interanuales de los doce meses anteriores a diciembre. Con la información disponible, las estimaciones provisionales se sitúan en torno al 3,3% y el 3,5%, aunque la cifra definitiva dependerá de los datos de octubre y noviembre. Para las pensiones medias, una subida de ese calibre supondría varios euros al mes, si bien el porcentaje final no se conocerá hasta diciembre.

La vivienda sigue siendo otro frente caliente. El alquiler y la compra mantienen una presión considerable sobre las familias, en un contexto de coste de vida elevado. El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un asunto central del debate político, donde los salarios bajo presión y la vivienda generan una preocupación creciente. Para muchos hogares, la subida de precios no se queda en el supermercado: también condiciona la emancipación, la movilidad y el ahorro.

El escenario no invita a pensar en un alivio rápido. La inflación subyacente sigue resistiéndose a bajar y los analistas coinciden en que el último tramo hasta la estabilidad será complicado. La evolución del petróleo, la situación en Ormuz y las decisiones fiscales de cada país marcarán los próximos meses. Mientras tanto, las familias notan el encarecimiento en gastos cotidianos que no siempre aparecen con la misma fuerza en el titular del IPC.

España frente a la eurozona: una brecha persistente

La comparación con los socios europeos no deja mejor sabor de boca. El IPC armonizado español se colocó en el 5,0% interanual, frente al 3,8% de la eurozona, lo que deja un diferencial de 1,2 puntos porcentuales. Esa distancia refleja un mayor dinamismo de la demanda interna, el peso de los servicios y el encarecimiento energético, aunque también influyen las distintas medidas fiscales aplicadas en cada país.

La comparación muestra que el problema no es exclusivamente español, pero aquí se nota con más fuerza en servicios y energía. La inflación subyacente del 3,1% sigue por encima de lo deseable, y eso complica la vuelta a la normalidad. Los alimentos y los servicios explican buena parte de esa resistencia, mientras que los bienes industriales también han tomado impulso. El resultado es una cesta de la compra más cara y una factura energética que no termina de estabilizarse.

El escenario exterior sigue condicionado por el petróleo y por las tensiones en rutas comerciales. Las medidas fiscales aplicadas en España han suavizado el golpe, pero no han eliminado la presión de fondo. La evolución de los precios energéticos, las ayudas públicas y la demanda interna marcarán los próximos datos. Con la información disponible, no hay señales claras de que el encarecimiento vaya a desaparecer a corto plazo.

El balance deja tres ideas claras: el IPC del 4,9% no es un dato aislado, la subyacente del 3,1% demuestra que la presión es amplia y la brecha con la eurozona sigue abierta. La energía y el transporte explican buena parte del último repunte, mientras que las pensiones, la vivienda y el gasto cotidiano absorben sus efectos. Los próximos meses serán decisivos para comprobar si la inflación se modera o si, por el contrario, se queda instalada en niveles incómodos para los hogares.

El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros una norma que cambiará la forma de acceder a la pensión de viudedad para algunas parejas que hasta ahora se quedaban fuera. La idea es que las personas que han convivido de manera estable y no se han casado ni han inscrito su relación como pareja de hecho puedan cobrar esta prestación si tienen al menos un hijo en común. Para ello, deberán demostrar que han compartido domicilio durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El cambio busca ajustar la protección pública a situaciones familiares que ya existen en la práctica y que, en muchos casos, no encajan en los requisitos formales vigentes. La reforma afecta a la regulación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho y está pensada para evitar que queden sin amparo personas con una convivencia consolidada. No se exigirá, por tanto, haber contraído matrimonio ni haber inscrito la relación como pareja de hecho.

Qué requisitos se pedirán a las parejas no registradas con hijos

El requisito central será acreditar una convivencia estable y notoria de al menos dos años ininterrumpidos, contados justo antes de presentar la solicitud. Además, tiene que haber al menos un hijo en común. Para probar que ambos miembros de la pareja vivían bajo el mismo techo, el texto considera suficiente el certificado de empadronamiento, una fórmula administrativa sencilla que evita tener que recurrir a otros medios de prueba más complicados.

Con esta medida, las parejas no inscritas con descendencia quedarán en una posición parecida a la de las parejas de hecho con hijos que ya venían solicitando la prestación. La norma elimina la exigencia de inscripción previa y también la necesidad de esperar un tiempo concreto desde una formalización registral. El foco se pone, por tanto, en la realidad de la convivencia y en la existencia de hijos comunes, no tanto en los papeles que hayan firmado los adultos.

Las parejas de hecho que no tienen hijos, en cambio, seguirán sujetas a las reglas actuales. Deberán mantener cinco años de convivencia ininterrumpida y acreditar que la relación estaba registrada, como muy tarde, en los dos años anteriores al fallecimiento. La reforma no borra esas exigencias, sino que abre una vía específica para los hogares con descendencia que no habían formalizado su situación.

Plazo para recuperar pensiones de fallecimientos anteriores

El texto también contempla un periodo extraordinario de doce meses para pedir la pensión de viudedad de forma retroactiva en casos de fallecimientos ocurridos antes de que la reforma entre en vigor. Esa ventana pretenderá corregir situaciones que quedaron sin prestación por no cumplir los requisitos formales que ahora se flexibilizan. Las personas interesadas tendrán que demostrar igualmente la convivencia exigida y la existencia de hijos en común.

El certificado de empadronamiento volverá a ser una pieza clave en estas solicitudes, porque permitirá comprobar que la pareja vivía junta en el periodo establecido. La norma también abre la puerta a regularizar solicitudes anteriores que no prosperaron por no encajar en la regulación previa, siempre que ahora cumplan las condiciones. Eso sí, no se trata de un reconocimiento automático: habrá que presentar la documentación y superar las comprobaciones habituales de la Seguridad Social.

Qué supone para la prestación media y para las parejas sin hijos

La pensión de viudedad tiene un peso importante dentro del sistema. La cuantía media ronda los 976,3 euros, una cifra que en muchos hogares supone un apoyo relevante tras la pérdida de la pareja. La reforma no cambia el importe general, pero amplía el número de situaciones que pueden llegar a cobrarla.

Las parejas de hecho sin hijos siguen teniendo que cumplir los cinco años de convivencia y el registro de la relación en los dos años previos al fallecimiento. Las personas casadas mantienen su propia vía de acceso, sin que esta modificación altere sus reglas básicas. La novedad se concentra en los hogares no registrados con hijos en común, que podrán acreditar la convivencia con el empadronamiento y acceder a la prestación si reúnen el resto de condiciones.

La medida recupera una propuesta que ya se había puesto sobre la mesa en la negociación con sindicatos y patronal, aunque el acuerdo global no llegó a cerrarse. El Ejecutivo quiere aprobar el texto antes de la cita electoral y, después, deberá pasar por el trámite parlamentario correspondiente. El objetivo declarado es reducir las barreras administrativas y las situaciones de falta de amparo que generaban los requisitos formales, así como adaptar la norma a una realidad familiar cada vez más diversa.

El nuevo marco deja claro que la clave estará en demostrar dos años de convivencia inmediatamente anteriores a la solicitud, tener al menos un hijo en común y poder acreditar el domicilio compartido mediante el padrón. Para los casos anteriores se abre un plazo de doce meses; para las parejas de hecho sin descendencia se mantienen los cinco años y el registro; y para los matrimonios no cambia el esquema de acceso. La reforma amplía la protección sin eliminar los requisitos que siguen considerándose necesarios en los demás supuestos.

El ahorro individual para la jubilación encadena una etapa de crecimiento sostenido, aunque con matices mensuales. El patrimonio de los planes del sistema individual se colocó en 101.443 millones de euros al cierre de septiembre de 2026, después de un ajuste puntual de 418 millones por la evolución negativa de los mercados. Pese a ese bache, la rentabilidad interanual se mantuvo en el 8,4% y el conjunto conservó resultados positivos en plazos medios y largos, según Inverco.

La referencia anual de 2025 permite ver la tendencia de fondo. El patrimonio de los planes individuales terminó ese ejercicio en 96.331 millones, un 4,4% más, con 7,23 millones de cuentas y 13.312 euros por partícipe. No obstante, las prestaciones cobradas superaron a las aportaciones, algo que también se repitió en septiembre de 2026: entradas de 104 millones frente a salidas de 209 millones. El saldo sigue creciendo más por la revalorización de las carteras que por la llegada masiva de nuevos ahorradores.

Un ahorro que sube gracias al mercado, pero con menos partícipes y mucha cautela territorial

Los datos territoriales dibujan un patrón parecido: más dinero acumulado, pero participación limitada. En Málaga, el ahorro en estos productos alcanzó 2.208 millones, un 3,8% más, aunque las cuentas bajaron hasta 221.672 y solo el 12,4% de la población tiene una. El patrimonio medio se quedó en 9.447 euros. En Extremadura se llegó a 1.343 millones, con un avance del 3%, y el ahorro medio por partícipe se situó en 9.721 euros, un 5,4% más, pero por debajo de la media nacional. En Castellón se rozaron los 974 millones, con 86.303 cuentas y 11.280 euros de media. Son ejemplos de que el colchón crece, aunque la extensión entre la población sigue siendo reducida.

El perfil conservador de buena parte de los ahorradores explica por qué no se aprovecha todo el potencial del mercado. En Extremadura, el director de Renta 4 Banco en Badajoz, Javier Arnela, señaló que un plan conservador puede dar en torno a un 3% o 4%, mientras que los de renta variable superaron el 12% en el último ejercicio. Ese escaso conocimiento de los mercados lastra la rentabilidad y empuja a algunos ciudadanos hacia diferentes tipos de planes de pensiones, fondos de inversión, renta fija, acciones o ETF, productos que perciben como más flexibles.

A ello se suma la tributación en el momento del rescate. A diferencia de los fondos de inversión, donde solo tributan las plusvalías, el dinero retirado de un plan de pensiones se integra en la base general del IRPF como rendimiento del trabajo. Eso puede elevar el tipo marginal de muchos jubilados justo cuando recuperan sus ahorros. Además, el límite de aportación con derecho a desgravación se fue recortando desde los 8.000 euros anuales hasta los 1.500 actuales, lo que ha frenado la contratación.

Fuera de España, Alemania ha dado un paso llamativo con una hucha pública para menores. El Bundestag aprobó un proyecto que, si recibe el visto bueno del Bundesrat, empezará en enero de 2027: el Estado ingresará 10 euros mensuales a cada niño o adolescente de entre 6 y 18 años, en una cuenta elegida por los padres o en una inversión pública gestionada por el Bundesbank. La medida se aplicará a nacidos desde 2020 y el capital no podrá recuperarse hasta la edad de jubilación. Padres y abuelos podrán añadir hasta 6.840 euros al año. Las estimaciones oficiales hablan de unos 2.200 euros al cumplir la mayoría de edad sin aportaciones extra, 53.000 a los 65 años, 107.000 con 10 euros mensuales y 320.000 con 50 euros al mes. El sector bancario alemán ve en esta fórmula una vía para acercar a los jóvenes al mercado de capitales.

Rentabilidad, reparto de carteras y deberes pendientes para el ahorro privado

En el apartado de rendimientos, la renta variable tiró del conjunto. La categoría de renta variable ganó un 19,9% a un año, un 17,7% a tres y un 10,9% a cinco, con avances anualizados del 10,6% a diez años, 10,8% a quince, 6,5% a veinte y 5,7% a veinticinco. La renta fija mixta subió un 2,6% a un año y un 4,7% a tres. La renta fija a corto plazo se anotó un 0,9% anual y un 2,3% a tres años, mientras que la de largo plazo cedió un 1,0% a un año pero recuperó un 2,7% en el trienio. Los garantizados perdieron un 0,8% en el último año, aunque mantienen un 4,4% medio a quince años. El conjunto del mercado logró un 9,0% a tres años, un 4,7% a cinco, un 5,3% a quince y un 3,3% anualizado a veinte y veinticinco.

En el semestre, los planes personales superaron a los de empleo. Los 2.298 planes registrados en la DGSFP rindieron de media un 5,92%: los personales alcanzaron el 6,31% y los de empleo el 4,97%. Por tipo de inversión, la renta variable europea e internacional superó el 11% y el 13%, respectivamente. En el ranking destacó el plan asociado a Rentpensión IV F.P., de Renta 4, con un 32% en renta variable internacional, y entre las gestoras de seguros sobresalió Ahorropensión veinticinco, de Caser Pensiones, con un 26,32%.

La cartera media también revela una apuesta creciente por activos con más riesgo. Casi 8,5 de cada 10 euros tienen exposición a bolsa: el 84,9% del ahorro está en productos mixtos o de renta variable, el 13,1% en renta fija y el 2% en garantizados. En cinco años, el peso de la renta variable pura pasó del 15,3% al 21,4%. En Castellón, el 83,7% se reparte entre mixtos y renta variable, el 13,8% en renta fija y el 2,5% en garantizados. Dentro de esa provincia, el 65% está en mixtos, el 18% en renta variable, el 14,7% en renta fija y el 2,3% en garantizados.

Los flujos confirman que muchos partícipes están usando el ahorro acumulado. En septiembre de 2026, las aportaciones sumaron 104 millones y las salidas de 209 millones por prestaciones. La dinámica se repite desde hace tiempo: el dinero que sale para complementar la jubilación supera al que entra por nuevas aportaciones. Eso no impide que el patrimonio marque récords, porque la revalorización de los mercados compensa esa sangría y porque quienes siguen dentro acumulan saldos cada vez mayores.

El gran debe sigue siendo la extensión del ahorro privado. Si se suman planes individuales y de empleo, España acumula un 8,3% del PIB frente al 57,6% de la OCDE. Inverco reclama incentivos más claros, impulso a los planes de empleo, revisión de la liquidez a diez años, separación de los límites financieros y fiscales y deducciones más atractivas para los planes individuales. José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco, insiste en que hace falta un marco estable que anime a más ciudadanos a complementar su pensión y no dejar todo el peso en el sistema público.

La fotografía que dejan los datos es clara: un mayor patrimonio no equivale a más partícipes. Los mercados han empujado las carteras, sobre todo las de renta variable, mientras la fiscalidad del rescate, el límite de aportaciones y el perfil conservador mantienen a España lejos de los niveles de ahorro privado de otros países desarrollados. Alemania ensaya con una hucha pública desde la infancia; en España, el debate sigue pendiente de incentivos, formación financiera y planes de empleo que amplíen la base. El reto no es solo acumular más, sino conseguir que ese colchón llegue a más hogares y se use con perspectiva de largo plazo.

Ana Botín, máxima responsable de Banco Santander, ha vuelto a situar la exigencia personal y la gestión a largo plazo en el centro de su discurso. La banquera explicó que, desde pequeña, le inculcaron que llevar su apellido suponía una carga de responsabilidad y no una ventaja heredada, una idea que ha acompañado su carrera dentro de la entidad.

Su trayectoria en el grupo no se entiende sin una larga etapa de trabajo interno: entró en el consejo de administración en 1989 y asumió la presidencia ejecutiva en 2014. Esa mezcla de conocimiento de la casa y responsabilidad al frente del banco sirve para contextualizar sus decisiones más recientes.

La integración de Webster marca la hoja de ruta

La prioridad inmediata del grupo es culminar la absorción de Webster Financial en Estados Unidos, una operación que Santander completó para dar un salto en EEUU después de recibir las autorizaciones pertinentes. La entidad busca ahora capturar las sinergias previstas y apuntalar su franquicia en el mercado estadounidense, donde quiere reforzar su presencia con una base de negocio comercial.

En una entrevista para el pódcast de Bloomberg, Botín señaló que Santander seguirá analizando oportunidades de compra, aunque con prudencia. La entidad solo se plantea operaciones cuando existe un encaje claro y una rentabilidad que supere el coste del capital, y siempre que resulten más atractivas que el crecimiento orgánico. Por ahora, la dirección prefiere no dispersarse y centrarse en la integración.

Compras selectivas, sin perder el foco

La presidenta de Santander ha dejado claro que la compañía no renuncia a crecer mediante adquisiciones, pero no cualquier operación entra en sus planes. El criterio pasa por que la compra tenga sentido financiero, encaje con el negocio existente y aporte valor frente a otras alternativas más sencillas. Esa prudencia convive con la idea de que el banco debe verse como una entidad global con una presencia sólida en Europa y América.

El mercado mira a Santander

En el mercado español, el sector bancario ha tenido un comportamiento destacado y Santander se ha colocado entre las entidades con mejor evolución anual. La compañía acumulaba una revalorización del 19,5% y cerraba por encima de los 12,03 euros, impulsada por el desarrollo del negocio, la adquisición de Webster y la compra de TSB en Reino Unido.

Los inversores también han valorado el programa de recompra de acciones que el grupo tiene en marcha, dotado con 1.825 millones de euros y equivalente a una cuarta parte del beneficio del primer semestre. Esa retribución al accionista refuerza la confianza en la estrategia que dirige Ana Botín, aunque el sector sigue pendiente de posibles operaciones corporativas.

Una carrera construida dentro y fuera del banco

Antes de llegar a la presidencia, Botín trabajó en J.P. Morgan en Nueva York entre 1980 y 1988. Después se incorporó a Santander y lideró la expansión del banco en América Latina hasta 1998. Más tarde presidió Banesto desde 2002 y fue consejera delegada de Santander UK entre 2010 y 2014, cargos que muestran una progresión ligada a la gestión y no solo al apellido.

Nacida en Santander el 4 de octubre de 1960, es licenciada en Economía por Bryn Mawr College. Además de presidir el banco desde 2014, ocupó la presidencia de la Federación Bancaria Europea entre 2021 y 2023, una etapa que refuerza su perfil internacional y su conocimiento del sector financiero europeo.

La foto que deja Ana Botín combina una idea muy personal del liderazgo, basada en la exigencia y en la responsabilidad del apellido, con una estrategia empresarial centrada en integrar Webster, estudiar compras solo cuando aportan valor y mantener el atractivo de Santander en bolsa. Su trayectoria dentro del grupo y su papel en Europa explican por qué cada movimiento del banco se sigue con atención en España y en los mercados internacionales.

La relación entre las administraciones y las compañías privadas atraviesa un momento de tira y afloja en España. El Gobierno ha incrementado su presencia en empresas estratégicas y ha condicionado operaciones corporativas, mientras que el PP ha puesto sobre la mesa un cambio de rumbo si vuelve a gobernar. La discusión no es menor: afecta a quién decide en compañías cotizadas, a cómo se reparte el riesgo y a qué papel debe jugar el Estado cuando hay competencia privada.

Al mismo tiempo, la percepción de lo público frente a lo privado está cambiando entre los más jóvenes y en distintos territorios. Un estudio reciente señala que la estabilidad de la sanidad, la educación o la administración gana atractivo frente al prestigio de las grandes corporaciones. A pie de calle, proyectos urbanísticos y logísticos muestran que la iniciativa privada necesita permisos, avales o decisiones públicas, y que los tribunales también están poniendo límites a la forma en que las administraciones tratan a las mercantiles.

El Estado toma posiciones en el Ibex

El caso más comentado fue el relevo en la cúpula de Telefónica. La Moncloa comunicó el cese de José María Álvarez-Pallete y colocó al frente a Marc Murtra, hasta entonces en Indra, sin que la decisión saliera del consejo de administración. Para sostener esa influencia, el Ejecutivo creó una partida presupuestaria y destinó 2.285 millones de euros a hacerse con cerca del 10% del operador Telefónica y su servicio universal. La operación se convirtió en el ejemplo más visible de una forma de actuar que ha llevado al Estado a intervenir en el capital de varias compañías.

La lista de movimientos es amplia. El sector público reforzó Indra para intentar ordenar la industria de defensa, entró en Talgo después de frenar alternativas privadas y participó en Duro Felguera para dar estabilidad a un proyecto que aún no ha terminado de encajar. También puso condiciones a empresas rescatadas como Air Europa o Tubos Reunidos, mantuvo su paquete en Caixabank para conservar voz y voto y actuó desde fuera para dificultar la fusión entre Sabadell y BBVA. A la vez, conservó el control de Aena, Redeia o Enagás y mantuvo su participación histórica en IAG.

En el PP observan este activismo con preocupación. Su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, sostiene que no está justificada la presencia pública en sectores donde ya hay competencia privada. A su juicio, el Estado solo debería entrar cuando haya una conexión clara con Defensa y Seguridad Nacional o cuando se preste un servicio público esencial que deba quedar bajo control público, como ocurre con Red Eléctrica. Fuentes populares matizan que esa posición no implica una decisión cerrada de vender participaciones si Feijóo llega a La Moncloa, pero sí un cambio de criterio sobre el papel del Estado como accionista.

Los populares también quieren revisar el perfil de quienes dirigen las empresas del grupo SEPI. No hablan de cambiar la ley de nombramientos, sino de incorporar perfiles con experiencia y criterio profesional para cumplir objetivos de gestión. El debate de fondo es qué debe ser una empresa pública y hasta dónde puede llegar la influencia política en compañías que compiten en el mercado. La pugna ha generado roces con el PP y ha dejado episodios judiciales por corrupción en algunos casos, lo que ha erosionado la confianza en ciertos nombramientos.

La estabilidad pública gana enteros entre los jóvenes

El informe Pulso Jóvenes y Trabajo 2026, elaborado por Mazinn y Future for Work Institute, retrata a una generación que no se mueve con un único patrón. Más de la mitad de los encuestados pone el salario justo como primera demanda, seguido de la estabilidad laboral y la relación con los compañeros. Sin embargo, ninguna política empresarial logra un consenso completo. La expectativa de desarrollar una carrera ligada a los estudios cae del 31% al 12% después de tres años de experiencia, lo que el estudio describe como un choque con la realidad del mercado.

El trabajo identifica cuatro formas de vivir el empleo: los buscadores de lo estable, los trabajadores con condiciones, los emprendedores independientes y los aprendices impacientes. La seguridad laboral se vuelve innegociable para muchos, por encima del teletrabajo o de la competitividad sana. También aparece un dato llamativo: las entidades vinculadas a la educación, la sanidad pública y la administración ganan peso en la mente de los jóvenes frente al prestigio de las grandes corporaciones. El sector privado sigue presente a través de marcas como Inditex, Google o Apple, pero ya no compite solo con otras empresas: también lo hace con la estabilidad que transmite lo público.

Las conclusiones del estudio apuntan a que las compañías deben abandonar la gestión generacional genérica. Asumir que todos los jóvenes buscan lo mismo lleva a políticas de personal que no encajan con una realidad fragmentada. La demanda de liderazgo también se divide: unos quieren un jefe cercano, otros una orientación profesional y otros simplemente confianza. Para el tejido empresarial, el reto es retener talento sin prometer una estabilidad que no siempre puede garantizar.

Permisos, expropiaciones y tribunales: la letra pequeña

En Santander, el proyecto urbanístico Bosques de Santander ha abierto una disputa política. El PSOE municipal acusa a la alcaldesa, Gema Igual, de mantener una posición contradictoria: dice desconocer los detalles y a la vez defiende que la ciudad necesita la expansión. La operación afecta a Rucandial y a otras zonas, con una transformación de unos 2,3 millones de metros cuadrados, cerca de 8.000 viviendas y una inversión estimada de 1.500 millones de euros. Los socialistas reclaman información sobre posibles expropiaciones y garantías para los vecinos.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, sostiene que no se trata solo de una operación privada porque requeriría aprobar un Proyecto Singular de Interés Regional. Ese instrumento podría permitir una transformación urbanística no prevista en el planeamiento vigente y abrir la puerta a expropiaciones de terrenos privados. Su partido pide justificar el interés general y advierte de que, sin una base pública sólida, el proyecto podría acabar siendo un pelotazo urbanístico. La alcaldesa, por su parte, defiende la necesidad de la expansión, pero no ha aclarado todos los detalles.

En Cartagena, la iniciativa privada avanza mientras la Zona de Actividades Logísticas sigue atascada por desavenencias entre el Gobierno regional y la empresa pública Casa 47, antes Sepes. La mercantil Puertollanense invertirá entre 3 y 3,5 millones de euros en nuevas instalaciones en Los Camachos. Ya ha comprado 9.000 metros cuadrados y negocia otros 3.000 para reunir 12.000. El proyecto se divide en dos fases: una nave de talleres de 2.500 metros cuadrados para 20 o 30 trabajadores y otra de oficinas de 600 metros cuadrados. La empresa no descarta que el total de la inversión ronde los 10 millones.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago ha obligado a la Xunta a indemnizar con 5.984,9 euros a un realizador de la TVG. La Administración gallega le había denegado la compatibilidad con una empresa privada, Zenit Televisión, por considerar que esta obtenía más del 50% de sus ingresos de entidades públicas. La magistrada distingue entre entidades públicas y mercantiles privadas y advierte de que aplicar ese límite a una sociedad privada desvirtúa la ley. El fallo no admite recurso y el trabajador ha pedido que se adapten las instrucciones del formulario oficial.

Estos ejemplos muestran que la frontera entre lo público y lo privado no es una línea fija. Las administraciones fijan condiciones, conceden permisos o retiran autorizaciones, mientras las empresas buscan seguridad jurídica y margen para invertir. En algunos casos, como en Santander, el debate es urbanístico; en otros, como en Cartagena, es logístico; y en el ámbito laboral, la justicia ha tenido que aclarar cómo se aplica la ley de incompatibilidades. La suma de casos dibuja un mapa de tensiones cotidianas que va más allá de los grandes titulares del Ibex.

El pulso entre lo público y lo privado en España se libra en varios frentes. El Gobierno ha usado su peso accionarial para influir en compañías estratégicas y el PP quiere limitar esa presencia a supuestos justificados. Al mismo tiempo, los jóvenes valoran cada vez más la estabilidad del sector público, los proyectos privados necesitan el visto bueno de las administraciones y los tribunales están corrigiendo interpretaciones restrictivas. La clave está en encontrar un equilibrio entre protección del interés general, seguridad jurídica y libertad de empresa, sin que ninguna de las partes imponga sus reglas por la vía de los hechos.

Si echamos un vistazo al panorama económico actual, es imposible no notar que el turismo sigue siendo la joya de la corona en nuestro país. Invertir en el sector hotelero en España no es solo una cuestión de ladrillos, sino de aprovechar un motor económico imparable que atrae miradas de todo el globo, convirtiendo al territorio nacional en un imán para el capital inmobiliario.

La realidad es que el mercado ha dado un giro hacia la sofisticación. Ya no se trata simplemente de comprar un edificio y poner habitaciones, sino de entender que estamos en un entorno altamente selectivo donde la calidad, la ubicación estratégica y la capacidad de gestión marcan la diferencia entre un negocio mediocre y una inversión brillante.

El estado actual del mercado y las cifras clave

España se ha consolidado como un referente europeo, situándose justo detrás del Reino Unido en volumen de transacciones. Durante el primer semestre de 2026, el movimiento de capital alcanzó cifras récord, superando ampliamente a potencias como Francia, Italia o Alemania. Lo más llamativo es que, mientras el conjunto de Europa sufría un ligero retroceso debido a la inflación y los costes financieros, España y Reino Unido fueron los únicos países que lograron hacer crecer su inversión hotelera.

Este crecimiento no ha sido uniforme, sino que se ha concentrado en activos de alta gama. El segmento del lujo ha absorbido casi la mitad de la inversión total, impulsando el precio medio por habitación al alza. Estamos viendo una tendencia clara: los inversores ya no buscan carteras masivas, sino activos individuales premium que estén bien ubicados y tengan un potencial de revalorización real.

¿Dónde conviene poner el dinero? Análisis por regiones

Cuando hablamos de destinos, hay zonas que nunca fallan, pero también nuevas oportunidades que están emergiendo. Barcelona, por ejemplo, sigue siendo un enclave crítico; a pesar del encarecimiento de los activos y las restricciones para construir nuevos hoteles en el centro, la escasez de oferta hace que los hoteles ya existentes ganen valor rápidamente.

• Islas Canarias y Baleares: Siguen siendo los destinos estrella para el turismo internacional, con niveles de ocupación altísimos que garantizan flujos de caja constantes.
• Madrid: Se posiciona como la ciudad más atractiva de Europa para la inversión hotelera urbana, especialmente en el segmento de gran lujo.
• Andalucía: Destaca especialmente en el desarrollo de nuevos proyectos de 4 y 5 estrellas, liderando el pipeline de construcciones en el sur.
• Málaga y Costa del Sol: Presentan una de las tasas de ocupación más envidiables, con un fuerte componente de visitantes extranjeros.

Vías y modelos para invertir en el sector

No todo el mundo entra en el negocio de la misma forma, y dependiendo del bolsillo y el riesgo que se quiera asumir, existen diferentes caminos. La compra directa de hoteles es la ruta tradicional; te da el control total y el máximo potencial de ganancia, pero requiere una inversión inicial muy fuerte y una gestión profesional para no hundirse.

Para quienes buscan algo más flexible, existen los fondos especializados, que permiten diversificar el riesgo repartiendo el capital entre varios activos. En España, tenemos las SOCIMI (similar a los REITs anglosajones), que son vehículos fiscales muy eficientes para invertir en inmobiliario de forma líquida. Incluso ha ganado terreno el crowdfunding inmobiliario, aunque es una opción para tickets más bajos con menos control sobre el activo.

La importancia de la estructura y la gestión operativa

Un error común es pensar que el valor reside solo en el inmueble. En el mundo hotelero, el valor real nace de saber estructurar, financiar y operar el negocio. Aquí es donde entra en juego el asset management, una figura clave que optimiza el rendimiento del activo para que el propietario no dependa solo de la gestión diaria, sino de una estrategia de valor a largo plazo.

Es fundamental definir bien la relación con el operador hotelero. Ya sea mediante un contrato de gestión o un arrendamiento, hay que dejar claro quién asume los riesgos, cómo se reparte la retribución y qué estándares de calidad se deben mantener. Además, la tendencia actual apunta hacia los modelos híbridos, que mezclan hotelería con residencias de lujo (branded residences) y servicios de bienestar o wellness.

Riesgos y debida diligencia: lo que no se puede olvidar

No todo es color de rosa; hay piedras en el camino que pueden arruinar la operación. Actualmente, el mayor peligro no es la falta de demanda, sino la ejecución. El aumento de los costes de construcción y la presión al alza de los salarios en ciudades como Madrid o Barcelona están apretando los márgenes operativos.

Por eso, hacer una due diligence exhaustiva es innegociable. No basta con mirar que las escrituras estén en regla. Hay que analizar las licencias turísticas, la clasificación oficial del hotel, el cumplimiento de la normativa de cada comunidad autónoma y, sobre todo, la salud financiera de la explotación. Una mala planificación fiscal puede comerse gran parte de la rentabilidad, especialmente para inversores internacionales que deben evitar la doble imposición.

El sector hotelero español sigue siendo una apuesta ganadora para quienes saben navegar entre la complejidad regulatoria y la volatilidad de los costes. La clave del éxito hoy en día reside en combinar la adquisición de activos prime con una gestión operativa eficiente y una estructura jurídica blindada, aprovechando el flujo constante de turistas de alto gasto que eligen España como su destino preferido.

La bombona de butano tradicional sigue siendo una de esas compras que muchas familias miran con lupa cuando bajan las temperaturas. En octubre, el envase regulado de 12,5 kilos mantiene un precio máximo de 18,84 euros, impuestos incluidos, en la Península y Baleares, una cifra que se aplica desde mediados de septiembre y que no depende del vaivén diario de las gasolineras ni de las ofertas de cada comercio.

Esa referencia no significa que cualquier bombona cueste lo mismo. El sistema de precio máximo se centra en los envases tradicionales incluidos en la normativa, mientras que otros formatos, como las bombonas ligeras, pueden tener tarifas libres. Además, Canarias, Ceuta y Melilla cuentan con particularidades fiscales y regulatorias que pueden hacer que el importe final cambie respecto al de la Península.

Qué precio tiene ahora la bombona y de dónde sale

El precio vigente procede de la revisión aprobada por la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La tarifa se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 15 de septiembre. Desde entonces, el importe de referencia se mantiene en 18,84 euros para el envase clásico de 12,5 kilos, a la espera de la siguiente actualización.

En julio, ese mismo envase costaba 17,83 euros, por lo que el cambio hasta septiembre supuso un incremento de 1,01 euros. La subida se produjo en un contexto de materias primas más caras y de mayores costes logísticos. No obstante, el precio regulado no se actualiza todos los días: se revisa cada dos meses, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

La próxima revisión: 17 de noviembre

La siguiente cita para conocer si el butano sube, baja o se queda igual será el 17 de noviembre. Hasta esa fecha, salvo que se apruebe un cambio normativo extraordinario, el precio de referencia seguirá siendo de 18,84 euros. Que haya una revisión no implica automáticamente un encarecimiento, porque el resultado depende de la fórmula oficial.

Esa fórmula tiene en cuenta la cotización internacional del butano y el propano, los fletes marítimos, la evolución del euro frente al dólar y otros costes de comercialización. También incorpora ajustes pendientes de revisiones anteriores. Por eso, una bajada o una subida pueden quedar suavizadas por el mecanismo que evita oscilaciones bruscas.

El sistema habitual limita las variaciones y reparte el efecto de los desajustes entre varias actualizaciones. Así, si los mercados internacionales presionan al alza, el impacto no llega entero de golpe al consumidor. Esa protección se refuerza ahora con un tope extraordinario aprobado por el Gobierno.

El Gobierno fija un techo de 19,55 euros hasta junio de 2027

El Consejo de Ministros dio luz verde a un límite máximo de 19,55 euros por bombona regulada de 12,5 kilos en el territorio peninsular. La medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2027 y busca que las posibles subidas de los próximos meses no se trasladen íntegramente a los hogares.

Ese techo no quiere decir que todas las bombonas vayan a costar 19,55 euros. La referencia actual sigue siendo 18,84 euros y la cifra de 19,55 euros actúa como barrera máxima. Si la fórmula oficial da un precio inferior, el consumidor pagará menos; si arroja una cantidad superior, no podrá superarse ese límite mientras la norma siga en vigor.

La medida recuerda a la que se aplicó durante la crisis energética tras la invasión de Ucrania. De hecho, 19,55 euros coincide con el precio máximo que llegó a alcanzar la bombona en mayo de 2022. El Ministerio para la Transición Ecológica justifica esta intervención por el fuerte encarecimiento de las cotizaciones internacionales del butano y el propano, así como por el aumento del transporte marítimo.

Cuando el precio calculado y el aplicado no coinciden, la diferencia puede acumularse para revisiones posteriores. Eso significa que el límite temporal no borra por completo las tensiones de costes, pero sí amortigua el golpe inmediato en un producto muy usado para cocinar, calentar agua o poner en marcha estufas.

Qué bombonas entran en el precio regulado

No todos los envases de butano están sujetos al mismo sistema. El precio máximo afecta sobre todo a las bombonas tradicionales de entre 8 y menos de 20 kilogramos que cumplen los requisitos de la normativa. La clásica de 12,5 kilos es el ejemplo más conocido, pero no el único formato que puede estar dentro de esa regulación de precios máximos.

Las bombonas ligeras comercializadas por diferentes empresas pueden tener precios libres. Por eso, un consumidor puede encontrar importes distintos según la marca, el punto de venta o las condiciones del suministro. Antes de sacar conclusiones, conviene comprobar si el envase que se utiliza entra o no en el régimen regulado.

En la Península y Baleares, el precio oficial incluye los impuestos aplicables. En Canarias, Ceuta y Melilla existen reglas fiscales propias y particularidades sobre determinados costes de comercialización, de modo que el importe final puede variar. La referencia de 18,84 euros no es, por tanto, una cifra única para todo el país en cualquier formato.

Cómo se calcula el precio del butano

El cálculo parte de la cotización internacional del propano y el butano. A eso se suman los costes de flete, el tipo de cambio entre el euro y el dólar, el margen comercial y la contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, entre otros factores. La mezcla de todos esos elementos determina el precio máximo de venta que se publica cada dos meses.

La norma también contempla que las revisiones se hagan con previsibilidad. Las fechas habituales son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Ese calendario habitual ayuda a los consumidores a saber cuándo pueden cambiar las tarifas, aunque no siempre se traduce en una bajada ni en una subida inmediata.

En los últimos años, el precio ha vivido una montaña rusa. En 2020 se movía en torno a 12 o 13 euros; en 2021 fue escalando; en 2022 llegó a situarse en 19,55 euros; después bajó y volvió a repuntar. En julio de 2026 estaba en 17,83 euros y en septiembre de 2026 alcanzó los 18,84 euros. La diferencia entre aquel máximo histórico y el precio actual es de 71 céntimos.

Qué supone para los hogares en pleno otoño

Con la llegada del frío, muchas casas vuelven a tirar de butano para el agua caliente, la cocina o la calefacción. El gasto mensual depende de cuántas bombonas se consuman, del tipo de aparato y de las horas de uso. Una familia que gaste dos envases al mes pagaría actualmente 37,68 euros; con tres, el desembolso sería de 56,52 euros mensuales.

Si en futuras revisiones se llegara al tope de 19,55 euros, dos bombonas costarían 39,10 euros y tres supondrían 58,65 euros. Son ejemplos teóricos, pero ayudan a entender el peso de este gasto en la economía doméstica. La protección aprobada por el Ejecutivo pretende reducir la exposición de estos hogares a las oscilaciones internacionales de los combustibles fósiles.

La medida está pensada especialmente para viviendas vulnerables y zonas rurales sin red de gas natural. En esos casos, el butano no es un capricho ni una alternativa secundaria, sino una fuente energética básica durante buena parte del año. Cualquier cambio de precio se nota pronto en la cesta de la compra familiar.

El decreto también toca el gas natural y otras ayudas

El tope del butano forma parte del Real Decreto-ley 25/2026, convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. La norma salió adelante con el respaldo de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos; Vox votó en contra y Junts se abstuvo. El paquete incluye medidas para contener el coste de la energía y proteger a los consumidores ante unos precios aún elevados.

En la Tarifa de Último Recurso del gas natural, el decreto limita temporalmente el incremento del componente asociado a la materia prima. En la revisión de octubre de 2026 se fija un tope del 35%, que bajará al 15% en enero de 2027. Esta tarifa es utilizada por alrededor de 3,1 millones de consumidores, entre hogares y comunidades de propietarios.

El texto también mantiene rebajas fiscales para carburantes y ayudas a sectores muy expuestos a los costes energéticos. En el transporte profesional por carretera se contemplan devoluciones parciales del impuesto sobre hidrocarburos, mientras que el gasóleo agrario mantiene una bonificación de 20 céntimos por litro hasta el 31 de diciembre. Para la pesca y el ferrocarril de mercancías hay apoyos específicos.

Además, se incluye una salvaguarda para rebajar el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10% si la inflación energética cumple el umbral previsto. En ese caso, el impuesto especial sobre la electricidad pasaría del 5,1% al 0,5%. No es una bajada automática, sino una condición ligada a la evolución de los precios.

Un contexto energético que sigue tenso

El Gobierno defiende estas medidas porque la crisis energética se ha prolongado. El barril de Brent se ha mantenido en torno a los 100 dólares y el gas natural ha llegado a superar los 85 euros en los mercados europeos. Esa presión internacional se traslada a la electricidad, al gas y, de forma indirecta, al precio de la bombona de butano.

El encarecimiento de la energía también se ha dejado notar en el precio mayorista de la electricidad y en la Tarifa de Último Recurso del gas, que el Ejecutivo ha tratado de contener con límites temporales. La subida de materias primas, fletes y divisas explica que el butano haya pasado de 17,83 euros en julio a 18,84 euros en septiembre, aunque el tope extraordinario impida que futuras revisiones se disparen sin control.

La convalidación parlamentaria permite que el decreto siga aplicándose, aunque parte de los apoyos se retirarán de forma progresiva conforme se estabilicen los mercados y disminuyan los riesgos geopolíticos. La crisis en Oriente Próximo y la guerra en Irán han sido el telón de fondo de unas medidas que mezclan fiscalidad, topes de precio y ayudas sectoriales.

Con todo, la referencia para los consumidores españoles es clara: el envase tradicional de 12,5 kilos sigue en 18,84 euros, la próxima revisión llegará el 17 de noviembre y el Gobierno ha puesto un techo de 19,55 euros hasta junio de 2027. Las bombonas ligeras y otros formatos pueden escapar de esa regulación, y el precio final dependerá también del territorio. Para muchas familias, el butano seguirá siendo un gasto clave este otoño y cualquier cambio en la fórmula, en los impuestos o en los mercados internacionales se notará antes o después en la factura doméstica.

El salario mínimo interprofesional vuelve a estar en el centro del debate laboral en España. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, quiere cerrar una nueva subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y, para ello, ha acelerado los trabajos de la comisión de expertos. La cuantía de partida no es pequeña: el SMI está ahora en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales.

La película no es sencilla. Los sindicatos llevan meses reclamando un incremento más ambicioso, la patronal rechaza el momento elegido y el Gobierno insiste en que la cifra final dependerá del informe técnico. En medio, una inflación que sigue apretando y un calendario electoral que condiciona cualquier anuncio. El objetivo oficial es que no se pierda poder adquisitivo, aunque las propuestas sobre la mesa son muy distintas.

Un tira y afloja entre sindicatos, Gobierno y patronal

CCOO y UGT han puesto una cifra sobre la mesa: quieren que el SMI suba al menos un 7%. Eso lo llevaría hasta unos 1.306,5 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 85,5 euros más por mes y alrededor de 18.290 euros anuales. Los responsables sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, defienden que esta reclamación compensa el desfase acumulado entre la inflación y la última actualización del salario mínimo.

En el lado del Gobierno, las quinielas apuntan a un alza más moderada, en torno al 5%, aunque fuentes del ministerio insisten en que no hay nada decidido. Con ese porcentaje, el SMI quedaría cerca de 1.282 euros mensuales, unos 61 euros más al mes y unos 17.949 euros brutos al año. La diferencia con la propuesta sindical no es enorme en términos mensuales, pero se nota al sumar doce pagas o catorce.

La CEOE, por su parte, no ha concretado cuánto debería crecer el salario mínimo. Su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado que el Gobierno use su poder en plena campaña electoral para tomar una decisión de este calado. La patronal rechazó la última subida, como ha hecho con casi todas las impulsadas por Díaz, y recuerda que el único aumento que respaldó fue el de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros.

Los sindicatos no solo piden mover el SMI. También reclaman que los sueldos pactados en convenio suban entre un 4% y un 7% según el sector, y han vinculado parte de sus movilizaciones, incluida la huelga general del 11 de noviembre, a la pérdida de poder de compra y al problema de la vivienda. La negociación colectiva se ha convertido en el otro frente abierto.

Qué miran los expertos: inflación, poder de compra y salario medio

El comité asesor designado por Trabajo tiene dos mandatos claros. El primero es que la subida evite una pérdida de capacidad adquisitiva. El segundo, que el SMI se acerque al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Ambos criterios no siempre apuntan al mismo porcentaje, así que cada año el Ejecutivo termina eligiendo la referencia más alta.

La inflación es la variable que más pesa. El IPC interanual llegó al 4,9% en septiembre, muy por encima del incremento pactado en convenios, que ronda el 3,1%. Si el SMI sube menos que los precios, los trabajadores que lo cobran pierden capacidad de compra. Si sube más, las empresas ven crecer sus costes laborales. Ese equilibrio es el nudo del debate.

En ejercicios anteriores, los expertos han manejado hipótesis dispares. Para la subida de 2025 recomendaron un 3,4% o un 4,4% según la tributación, y finalmente se pactó un 4,4% sin impuestos. Para 2026, la recomendación fue del 3,1%, que es justo el aumento que se aplicó. La metodología suele tomar como referencia el IPC interanual del último mes, no la media anual.

Con las cifras actuales, una subida del 5% apenas compensaría una inflación similar y dejaría poco margen para ganar poder de compra real. Un 7%, en cambio, superaría el IPC de septiembre y daría más aire a las rentas más bajas, aunque también elevaría más la factura para las empresas. Ahí está la madre del cordero.

Calendario electoral y aprobación exprés

Yolanda Díaz ha metido prisa a los expertos. Les ha pedido su recomendación para finales de octubre o comienzos de noviembre, mucho antes que en años anteriores, cuando los informes llegaban en diciembre o enero. La intención política es que el Consejo de Ministros pueda aprobar el alza antes de las elecciones del 29 de noviembre. El calendario se ha convertido en un actor más de la negociación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que anunciar la subida antes de los comicios reduce la incertidumbre entre los perceptores del SMI. También ha recordado que la medida puede aprobarse mediante real decreto y que no necesita pasar por el Congreso, por lo que el Gobierno podría sacarla adelante incluso en funciones. La norma no tiene rango de ley y eso agiliza el trámite.

Desde 2018, el SMI ha pasado de 736 a 1.221 euros, un incremento acumulado del 66%. En 2025 subió un 4,4% y en 2026 lo hizo un 3,1%. El Ejecutivo presume de que estos aumentos han mejorado la vida de los trabajadores con menores ingresos, mientras la oposición y la patronal advierten de que no todos los sectores pueden absorberlos igual. La subida acumulada es una de las más altas de la historia reciente.

Efectos sobre empresas, convenios y bolsillo

El impacto de cualquier aumento del SMI no se limita a la nómina de quienes lo cobran. También afecta a los convenios colectivos, a las tablas salariales y a los complementos. Los sindicatos exigen que las empresas no absorban la subida eliminando pluses, y amenazan con no cerrar más acuerdos si no se aprueba el decreto que evita esa práctica. El pulso también se libra en la letra pequeña de los convenios.

En sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería, el comercio o la agricultura, el incremento puede notarse con más fuerza. Para una compañía con márgenes ajustados, subir el salario mínimo implica revisar costes, precios o plantilla. El Gobierno sostiene que la economía puede asumirlo; la patronal pide prudencia y critica que no se actualicen los contratos públicos al mismo ritmo. Las pequeñas empresas son las que miran la cifra con más atención.

El desenlace de esta negociación marcará cuánto cobran los trabajadores con salarios más bajos y cuánto pagan las empresas por ellos. Los sindicatos quieren un 7%, Trabajo maneja un entorno del 5% y el comité de expertos tiene la última palabra técnica. Sea cual sea la cifra, el alza llegará con la inflación todavía alta y con las elecciones a la vuelta de la esquina. La decisión final se conocerá en las próximas semanas.