Disúrbia

Maria elimina por orden del Consell un aparcamiento disuasorio en suelo rústico

(Diario de Mallorca, 12/11/2022)

Joan Frau. El ayuntamiento de Maria de la Salut ha iniciado las obras para devolver a su estado original el solar rústico privado de la finca de Es Cós que había habilitado como aparcamiento público en 2015 a raíz de un convenio urbanístico con la propiedad y que ha tenido que eliminarse por orden de la Agència de Defensa de Territori (ADT) del Consell, una decisión que el alcalde Jaume Ferriol (PP) tildó ayer de «injusta y partidista» al considerar que la citada agencia que vela por la legalidad urbanística en suelo rústico «no trata de la misma manera a todos los municipios». Una afirmación que ha sido contestada por la propia ADT, que rechaza la acusación de partidismo y asegura que actúa «con total independencia del color político del municipio afectado, y este es un hecho acreditado desde hace años».

El consistorio del municipio del Pla explica en las redes sociales que «después de mucho tiempo intentando encontrar una solución y llegar a acuerdos (cosa que ha sido imposible), nos hemos visto obligados a llevar a cabo estas acciones, que tienen un coste de 12.000 euros» y añade que «es una verdadera lástima porque los perjudicados son los habitantes de Maria, que ya no podrán usar el aparcamiento». La habilitación del equipamiento disuasorio, ubicado junto al polideportivo municipal, había tenido un coste de 47.000 euros.

En palabras a este diario, el alcalde Ferriol reiteró las acusaciones de «partidismo» contra la ADT por haber clausurado el aparcamiento. «Somos los únicos contra los que han actuado por un aparcamiento disuasorio como el que tienen todos los municipios», señaló. El regidor expresó sus sospechas de que la actuación del Consell esté vinculada a la moción de censura presentada hace dos años por PP y X Maria para desbancar a El Pi y PSOE del equipo de gobierno. «Empezaron a enviar requerimientos poco después de la moción, antes no habían dicho nada», apuntó.

Ferriol explica que el aparcamiento era muy necesario porque prestaba servicio al polideportivo y porque ejercía de equipamiento disuasorio para dejar el vehículo en las afueras de la localidad y acceder al centro a pie. «Ahora la gente aparca en la carretera, y un día podría haber una desgracia».

El aparcamiento fue habilitado en 2015 en tiempos del alcalde Antoni Mulet (PP) después de haber firmado un convenio en 2008 para desarrollar el polígono industrial con el propietario de los terrenos mediante el que el solar rústico tenía que ser recalificado como suelo destinado a equipamiento, aunque este trámite no llegó a producirse porque las Normas Subsidiarias fueron tumbadas por el Consell de Mallorca. No obstante, el Ayuntamiento ejecutó las obras con fondos propios y tomó posesión de los terrenos, que fueron vendidos a un nuevo propietario. En 2020, un día después de la citada moción de censura, la nueva propiedad cerró el equipamiento al no alcanzar un acuerdo con el Consistorio para la venta o el alquiler del solar habilitado como parking.

El portavoz del PSOE de Maria, Rafel Aulet, calificó ayer de «vergüenza» que el equipo de gobierno «cuestione el trabajo de la ADT en lugar de cuestionar su propia gestión». Aulet cree que la actuación municipal podría incurrir en una malversación de fondos públicos. «Tiraron cerca de 50.000 euros en 2008 para adecuar un terreno que no era municipal y además era rústico, y ahora 12.000 euros más para desmontarlo, en lugar de expropiar o comprar el terreno y cambiar su uso», apuntó.

Andratx: el Ajuntament reclama una moratoria para las marinas secas

(Última Hora, 6/11/2022)

Hay preocupación entre los empresarios por la falta de soluciones

Jaime Mora. El Ajuntament de Andratx reclamará al Consell una solución «inmediata» al enquistado problema existente en el municipio con los negocios ubicados en la carretera del Port. Se trata de 63 empresas que reúnen de forma directa o indirecta a 4.000 personas y que llevan años clamando por encontrar una salida a una situación de difícil resolución. Almacenes, empresas de construcción y las propias marinas secas se encuentran ubicadas en territorio protegido, con la inseguridad jurídica que ello conlleva respecto a un posible cierre. Sin embargo, los diversos gobiernos municipales no han logrado dar con la tecla que permita dar salida a un vericueto legal de difícil resolución.

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo (PP) recibió el pasado viernes a la junta directiva de la Asociación de Afectados por Actividad en Suelo Rústico de Mallorca -AASURUMA-. Juntos, repasaron el trabajo realizado hasta la fecha desde el Castell de Son Mas, que pasó recientemente por tres alternativas planteadas al Consell de Mallorca. Aquella iniciativa, liderada por Joan Manera (Més per Mallorca) no ha encontrado todavía respuesta desde la institución insular. Y precisamente para acelerar el proceso, Ajuntament y asociación irán de la mano hasta el Consell exigiendo que se decante cuanto antes por una de las tres vías y, de paso, decrete una moratoria [Nota de Disúrbia: moratòria de què? De continuar, com fins ara, sense complir amb la legalitat?] que aporte tranquilidad a los empresarios.

Recuerdan desde AASURUMA que el volumen de negocio que se genera en estas empresas revierte en un 85 % en la economía del propio municipio andritxol.

El apunte
Los afectados lamentan la ‘espantada’ de los regidores del Pi
Eduardo Fernández, en representación de la entidad AASURUMA, lamenta lo que entiende ha sido una ‘espantada’ de los regidores del Pi, y asegura no haber sentido su apoyo en el proceso para regularizar la situación de las marinas secas. La entidad sí agradece en cambio las gestiones llevadas a cabo hasta hoy por parte de Toni Mir (PSOE), Joan Manera (Més), y ahora desde la alcaldía que encabeza la ‘popular’ Estefanía Gonzalvo.

Pollença: el GOB denuncia la reconstrucción del Formentor por «no tener licencia»

(Última Hora, 3/11/2022)

Elena Ballestero. El GOB ha denunciado ante el Ajuntament de Pollença y ante la Conselleria de Turismo la reconstrucción del Hotel Formentor al entender que las obras que se ejecutan «no disponen de licencia urbanística ni autorización de la administración turística ya que las licencias existentes solo permiten proyectos de reforma y ampliación». Lo hace después de que el alcalde Andrés Nevado firmara el pasado viernes la licencia de demolición que legaliza el derribo integral del hotel.

La legalización llegó apenas cuatro días después de que el propio alcalde emitiera una orden de paralización de las obras a raíz de un informe técnico municipal que (en respuesta a una denuncia previa del GOB y de Junts Avançam) estimó que las licencias de Reforma y Reforma y Ampliación que tiene la propiedad no amparaban las obras de demolición. En la práctica las obras no han llegado a pararse en ningún momento y la propiedad ya ha iniciado los trabajos de reconstrucción.

Los ecologistas defienden que «las licencias existentes solo permiten proyectos de reforma y ampliación» y que el proyecto de Reforma y ampliación del hotel que se está ejecutando actualmente «no es el informado favorablemente el pasado mes de marzo ni el que obtuvo la licencia urbanística municipal en mayo». El GOB lamenta que «en el ala este de la actual nueva construcción del hotel ya se ha edificado la estructura de una planta subterránea y otras tres plantas, después de la demolición total y nueva excavación sin la correspondiente licencia». Pide así al Ajuntament de Pollença que abra un nuevo expediente de infracción urbanística y «que ordene la demolición de una parte de la estructura de las cuatro plantas ya levantadas, de la parte este y de las cimentaciones e infraestructuras ya levantadas de la parte oeste». Por último reclama que se revoque la licencia para dicha reforma concedida en noviembre de 2020 y que no se otorgue licencia urbanística para la nueva construcción en todo lo que afecte a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2020 de medidas urgentes y extraordinarias.

El regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, defiende la legalidad de las obras que ese están ejecutando en este momento y no contempla su paralización. «La obra estructural que se está haciendo ya estaba prevista en el proyecto inicial, la diferencia es que aquél proyecto mantenía en pie las fachadas, pero todo el interior se reconstruía y también era nueva la ampliación», dice el regidor. Recuerda además que Turisme ya ha informado a favor del proyecto de reconstrucción. No obstante confirma que, tal y como se hizo con la denuncia anterior de los ecologistas y de Junts «se estudiará el caso y si la obra está o no amparada por las licencias».

Cabe recordar que la propiedad justifica la demolición en los «problemas de aluminosis y de cimentación» del edificio original. La previsión es reconstruir y ampliar el hotel siguiendo los planes del Proyecto de Ampliación y Reforma que autorizó Turisme en base a la Ley 2/2020 de medidas urgentes. La intención es que la réplica ampliada del original abra sus puertas en abril de 2024 bajo la marca Four Seasons Formentor. Será el segundo hotel de la cadena en España.

Sant Lluís: el Consorcio de Suelo Rústico tendrá en sus manos cerrar y demoler el parque acuático

(Menorca, 28/10/2022)

Juan Carlos Ortego. El Ayuntamiento de Sant Lluís aprobó en el pleno celebrado el miércoles la nulidad de la licencia que permitió en su día, hace siete años, la construcción del parque acuático de Biniancolla. El acuerdo se tomó con los votos favorables de PSOE, Volem Sant Lluís y No adscrito (Jorge de Diego) y la abstención del PP y el Pi.

«Lo que queremos es evitar otra indemnización al Ayuntamiento, es un tema complejo y nos corresponde defender los intereses municipales», explicó la alcaldesa Carol Marquès, que llevó este punto por la vía de urgencia. «No hay más camino que anular, la licencia y la actividad son ilegales», aunque matizó que ningún acto del Ayuntamiento había causado perjuicio a la promotora.

Como punto final, el acuerdo pone en manos del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico la ejecución del mismo. Es decir, ha de ser este organismo el que abra el correspondiente expediente de demolición de las instalaciones, la restitución paisajística y, en definitiva, la clausura de la actividad, toda la responsabilidad recae ahora sobre el mismo.

Es el punto y final desde el punto de vista administrativo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que declaraba nula la declaración de interés general otorgada por el Consell en 2014, durante el gobierno del Partido Popular. Sin esta declaración no se podía conceder la licencia municipal y esta deviene nula al ser sentenciada como ilegal la citada declaración.

Además esta ponía fin a la vía judicial después de que el mismo tribunal inadmitiera los recursos de casación ante el Supremo, el último intento de mantener la lucha en los tribunales que pretendían preparar el Consell, como institución demandada, y el Ayuntamiento, codemandado en la misma causa. No quedaba otra salida que iniciar la revisión y anular la licencia, que había sido concedida en noviembre de 2014.

Como parte de ejecución del fallo judicial, el conseller de Economia y Territorio revocó en enero del año pasado la resolución por la que se había declarado el interés general y posteriormente se ha dado audiencia a las partes interesadas, incluida la promotora, para el procedimiento de revisión y nulidad de la licencia.

Por su parte, la alcaldesa, con el fin de evitar al Consell, que era parte interesada en el caso, solicitó asesoramiento del Govern y del Consell Consultiu para llevar a cabo el proceso de revisión. El órgano jurídico es concluyente en su informe.

Este apunta directamente al Consell, «una vez eliminada la Declaración de Interés General del ordenamiento jurídico por cuanto ha sido confirmada su nulidad, el acto final que es la licencia queda huérfano de título habilitante, de manera que deviene igualmente ilegal», señala.

El interés general, necesario para poder construir en suelo rústico, era también el requisito esencial para otorgar la licencia y este desaparece «por nulidad declarada judicialmente». Aunque son actos administrativos diferentes, la validez de la licencia está condicionada por la validez y eficacia de la delaración de interés general, sin esta no puede haber licencia.

El proceso

El litigio ha tenido un recorrido de siete años y nace del recurso de alzada interpuesto por Delfines Centre Sport contra la declaración de interés general otorgada por la consellera Marta Vidal en la corporación del PP que gobernó hasta 2015. La desestimación del recurso le llevó al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, que le da la razón y declara no ajustada a derecho la resolución de la consellera y, por tanto, la anula.

Esta sentencia llega en febrero de 2018 y marca ya un recorrido que ha acabado en la nulidad de los pasos dados en favor del parque acuático de Biniancolla. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Lluís recurren el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia que, año y medio después, desestima sus argumentos y mantiene la ilegalidad de la licencia de obras y actividad.

El Ayuntamiento, acosado por varios precedentes de indemnizaciones urbanísticas, presentó todavía un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que fue desestimado en septiembre de 2020. Desde entonces no tuvo más remedio que orientar sus actuaciones a corregir todo el proceso hasta llegar a la nulidad de la licencia.

Desandar el camino que implica el acuerdo contempla «la obligatoria restauración de la legalidad urbanística», según se expuso en la sesión municipal. Por ese motivo, se traslada esa misión al control del Consorcio por ser el organismo competente para tramitar las actuaciones que conduzcan a esa restitución «y consecuentemente para adoptar las decisiones pertinentes en materia de clausura de la actividad», según recoge el acuerdo municipal.

Este se adoptó el miércoles por la noche y ayer por la mañana todavía no se había comunicado al Consorcio, según confirmó el conseller Josep Pastrana, aunque ya conocían la resolución por haber participado directamente en el proceso.

Pollença: Hotel Formentor: La demolición no se ajusta a las licencias concedidas

(Última Hora, 21/10/2022)

Elena Ballestero. El Ajuntament de Pollença deberá abrir un expediente sancionador por la demolición integral del hotel Formentor. Un informe técnico municipal concluye que se ha realizado «incumpliendo la normativa» y que «no está amparada por la licencia otorgada». Señala además que la actuación llevada a cabo «es una clara contravención de la normativa vigente» que «es constitutiva de una infracción urbanística grave» de acuerdo con lo que establece el artículo 163.2 de la Llei de Urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Por todo ello el informe técnico insta a iniciar el expediente sancionador y a ordenar la «inmediata suspensión de las obras» otorgando el plazo legalmente establecido para instar a la «legalización oportuna». El exalcalde de Pollença y actual regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre (Tots) ya ha anunciado que, aunque abrirán el expediente sancionador, este «quedará en nada» porque «lo que no dice ese informe es que hace diez meses que la propiedad nos presentó el proyecto de demolición que está siendo informado, como también se está tramitando el proyecto y la licencia de reconstrucción que ya ha obtenido el informe de Turisme». «Lo que no vamos a hacer es causar un perjuicio a los trabajadores parando una obras cuando sabemos que se está tramitando el proyecto de reconstrucción y que solo estamos pendientes de algún detalle para dar la licencia», añade.

Cabe reformar que el grupo Barceló vendió el hotel a la nueva propiedad en diciembre de 2020. Cifre explica que «se vendió con un informe vinculante del anterior alcalde Miquel Àngel March que decía que se podía autorizar la obra». La nueva propiedad solicitó inicialmente una licencia de reforma integral del mítico establecimiento hotelero que contemplaba la demolición de todos los muros interiores pero mantenía las fachadas en pie. Obtuvo licencia en junio de 2021 e inició las obras.

La aprobación de la Llei 2/2020 de 15 de octubre de reactivación económica abrió la posibilidad de que Turisme autorizara obras de ampliación en el complejo incorporando nuevos equipamientos (un SPA y una sala de eventos, entre otros) siempre que no se produjera un incremento en el número de plazas turísticas. Este segundo proyecto de Reforma y Ampliación obtuvo licencia en mayo de 2022 con todos los informes técnicos y jurídicos a favor y con el visto bueno de Turisme.

La propiedad planea reabrir el Formentor en abril de 2021 como un Four Seasons gran lujo, el segundo de la cadena en España. La oposición del Ajuntament de Pollença lleva meses avisando de la progresiva demolición del hotel pero no fue hasta hace un mes cuando el regidor de Urbanismo de Pollença la confirmó oficialmente. Cifre anunció que el hotel había sido íntegramente demolido y que la propiedad tramitaba los permisos para reconstruirlo «de manera fidedigna». El nuevo Formentor será así una «réplica» del original.

Tanto la propiedad como el regidor de Urbanismo justifican la demolición en los «problemas de aluminosis y de cimentación» que se han encontrado durante las obras. El Ajuntament de Pollença ultima la concesión de la nueva licencia de reconstrucción con el objetivo de que se puedan cumplir los plazos inicialmente previstos para inaugurar el hotel en abril de 2023. Fuentes de la propiedad han asegurado este viernes: «No tenemos constancia de este informe y seguimos defendiendo la legalidad del proyecto».

En las últimas semanas la propiedad ha tratado sin éxito de reunirse con los partidos de la oposición en Pollença que llevan meses cuestionando la legalidad de sus actuaciones. También lo ha hecho el GOB. El informe técnico no solo insta a abrir el expediente sancionador y parar la obra (la resolución la firmará el alcalde Andrés Nevado a petición del regidor de Urbanismo Tomeu Cifre) sino que también insta a dar al GOB acceso al expediente.

Sant Josep derribará las obras ilegales de una mansión en Cala Comte si no lo hace la propiedad

(Diario de Ibiza, 17/10/2022)

Noemí Martínez.El Ayuntamiento de Sant Josep iniciará el expediente de ejecución subsidiaria de demolición de las obras ilegales llevadas a cabo en la mansión del multimillonario Vladislav Doronin, situada en la finca denominada Can Xuruiana (Cala Comte), como sucedió con el complejo Casa Lola hace unas semanas, si la propiedad no reestablece la legalidad en la parcela.

En este caso, el Consistorio tendría que solicitar autorización judicial para acceder al interior y ejecutar el derribo de las ilegalidades. El coste de estos trabajos se sumaría a la multa a la que se enfrenta el propietario.

Esta decisión contra la propiedad (Inversiones Rapa Nui 2012 SL) la ha adoptado el Ayuntamiento después de desestimar, el pasado mes de junio, el recurso de reposición que presentó el promotor ante la resolución del expediente de infracción.

Cabe recordar que las obras ejecutadas en la finca son consideradas una infracción urbanística «muy grave», por lo que se impone una sanción de 1,1 millones de euros a la propiedad y a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), que suponen el 175% del valor de los trabajos.

Los antecedentes se remontan a marzo de 2014, cuando los servicios urbanísticos municipales detectaron obras realizadas en la vivienda que no cuentan con licencia.

Estas consistían en la modificación de las instalaciones, sustitución de la pavimentación, saneamiento de vigas y colocación de impermeabilizaciones y revestimientos en la totalidad de la construcción (excediendo la zona de la parte legal y autorizada) y derribo del porche existente.

Terraza, fosa séptica...

En cuanto al exterior de la vivienda, se realizaron movimientos de tierras en la zona del acceso, anulación de la fosa séptica existente y construcción de una terraza, porche y pasarela elevada y de madera. Se amplió la vivienda en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados, según detalló el informe técnico realizado por el Ayuntamiento, que calculó que el presupuesto de ejecución material de las obras en proceso ascendía a 626.220 euros. Esto llevó al Ayuntamiento a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Ante esta situación, la propiedad presentó una solicitud de legalización de las ampliaciones ejecutadas en la vivienda, pero en agosto de ese año la Junta de Gobierno las denegó.

Por ello, se inició un expediente administrativo sancionador que se notificó a ambas partes, también a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), a finales del mes de enero de 2015. Apenas tres semanas después, la propiedad y la constructora presentaron alegaciones y ya en marzo se abrió el periodo de prueba del expediente aceptando una tasación contradictoria en relación con la valoración de las obras ejecutadas y, acto seguido, el propietario pidió que se suspendiera la tramitación del expediente sancionador tras presentar una licencia de legalización de las obras.

Cuatro años después, concretamente en diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma emitió una sentencia por la cual denegaba la legalización y ordenaba la reapertura del procedimiento administrativo suspendido.

Más obras

Por estas fechas (2019), los técnicos de Sant Josep constataron que «la promotora ha continuado ejecutando obras de tal manera que han desvirtuado, totalmente, la vivienda existente. En consecuencia, en la parcela se ubica una vivienda de nueva construcción (con porche, pérgolas, piscina y terraza, entre otras)».

A todo ello se suma que no existe normativa urbanística que posibilite la legalización de las construcciones ejecutadas ya que están ubicadas en suelo rústico protegido inedificable.

Ya en enero de 2020, el Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución del expediente sancionador ante la cual de nuevo el propietario presentó alegaciones y, además, solicitó «la necesaria suspensión de la tramitación del expediente», al haber presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo 2 de Palma.

Se suspende la tramitación del expediente en marzo hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante el TSJ. Eso sucede ya a finales de diciembre de 2020, cuando Sant Josep recibe la sentencia firme que falla en favor del Ayuntamiento.

A partir de este punto, la ley estima que las actuaciones son constitutivas de una infracción considerada «muy grave», por lo que corresponde una multa del 100 al 250% del valor de la obra ejecutada (obras valoradas en 626.000 euros).

En febrero de 2021, el Ayuntamiento resuelve el expediente contra el que un mes después la propiedad vuelve a presentar un recurso de reposición.

La Junta Local lo desestima a finales de junio de este año y se lo notifica a la propiedad de la mansión.

Pollença: el GOB señala «incumplimiento urbanístico» en la nueva construcción del Formentor

(Última Hora, 3/10/2022)

Europa Press. El Grupo de Ornitología Balear (GOB) ha señalado «el incumplimiento urbanístico» en la demolición y nueva construcción del Hotel Formentor. En una nota de prensa, la organización ha explicado que en diciembre de 2020 ya señalaron que las parcelas con calificación hotelera del suelo urbano de Formentor no tenían la condición de solar de acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, el PGOU de 1990 y la Ley de urbanismo de las Islas Baleares (LUIB).

«Ahora se ha visto cómo las intenciones de demolición total y nueva construcción del Hotel Formentor se han hecho realidad, si bien inicialmente se camuflaron en unos proyectos de supuesta reforma», ha asegurado el GOB, para después añadir: «Si inicialmente se hubiera planteado el proyecto como una demolición total del edificio hotelero para una posterior nueva construcción, no se podría autorizar por el incumplimiento manifiesto del planeamiento urbanístico».

El GOB ha indicado que también se ha disfrazado «la cesión de algunos terrenos» al Ayuntamiento, supuestamente propiedad del Hotel Formentor, «de una apariencia de legalidad mediante licencias de segregación» de algunas fincas y posterior recepción por el Ayuntamiento en cumplimiento de las cesiones obligatorias previstas en el PGOU. «Pero la realidad es otra muy diferente ya que sin la aprobación previa del proyecto de reparcelación de todo el sector, cualquier cesión del propietario y recepción municipal sólo es un acto administrativo difícil de calificar pero sin valor ni trascendencia urbanística», han considerado.

Según el GOB, «no se puede entender cómo el Ayuntamiento ha otorgado licencias para la construcción de un nuevo edificio hotelero en una zona así calificada como parcela única pero que en cambio, previamente no se haya exigido la agrupación de las cuatro parcelas registrales existentes en una sola para poder cumplir con la parcela mínima establecida en el PGOU». Por tanto, han continuado, el nuevo hotel se construye en una propiedad que «no reúne la superficie mínima exigida, además de no reunir las condiciones de solar establecidas por la ley». Por ello, han recalcado que el Ayuntamiento de Pollença debería detener cautelarmente las obras de nueva construcción «para revisar la legalidad de las licencias otorgadas en el sentido de que incumplen claramente» el ordenamiento urbanístico del suelo urbano de Formentor.

El Consell da el visto bueno a la modificación de normas que permite legalizar el Fantasio de Alaró

(Última Hora, 1/10/2022)

La decisión evitará la demolición de 14 viviendas y pone fin a un conflicto que arrastra 12 sentencias desde 2006

Lola Olmo. Tras dieciséis años de periplo por las vías administrativa y judicial y con 12 sentencias acumuladas, el edificio de viviendas del antiguo edificio del Fantasio, de Alaró, podrá ser legalizado y poner fin a la amenaza de demolición parcial a la que se han enfrentado sus inquilinos durante todos estos años.

La Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca ha emitido un informe favorable a la modificación inicial de las normas urbanísticas del Ajuntament d’Alaró con el fin de regularizar la situación de este edificio de 14 viviendas. La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías (en la foto), destacó ayer que «esta modificación del planeamiento de Alaró resuelve un problema que se arrastras desde 2006; desde Territori hemos actuado con celeridad para que el Ajuntament pueda continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva». Garcías destaca el minucioso estudio jurídico que ha supuesto el tema del Fantasio para el Consell. «Es un caso muy particular, de una gran complejidad jurídica, cuando en la práctica solo afecta a unos 56 centímetros de la calle y a 11 metros cuadrados a lo largo del edificio; sin embargo, no resolverlo habría significado la demolición de las viviendas».

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha mostrado su satisfacción por la resolución del Consell. «Lo importante era evitar que los vecinos pagaran más, celebramos la decisión de Territori, que era de justicia social; el Ajuntament ha cumplido con todo».

El apunte
Un problema urbanístico que se ha arrastrado durante 16 años
El problema salió a la luz en 2006. El Ajuntament dio licencia para construir un bloque de viviendas en el solar del antiguo cine Fantasio. Pero la obra invadió unos 11 m2, que debían ser calle. El tema se judicializó y se han tardado 16 años en hallar una solución.

Sant Josep: el Consell de Ibiza impulsa el derribo de la estructura ilegal de Cala Molí tras la pasividad municipal

(Diario de Ibiza, 20/09/2022)

Eugenio Rodríguez Martos. El Consell de Ibiza ha iniciado el procedimiento para forzar el derribo de la estructura ilegal levantada en Cala Molí, en suelo rústico protegido (Área Natural de Especial Interés y Lugar de Interés Comunitario), cuya construcción fue abandonada en el año 2005. Se trata de las obras que ejecutó el grupo Medi al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento de Sant Josep en 2002 para la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas y dos locales y trasteros.

Cuando se iniciaron las obras, el grupo ecologista GEN-GOB denunció, en octubre de 2005, que se invadía una zona ANEI, lo que forzó al Consistorio a paralizar las obras y posteriormente a declarar nulo el permiso municipal. Este caso marcó el inicio del llamado caso Huerta, una trama encabezada por el difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta para monopolizar desde 1998 hasta 2007 el desarrollo de los proyectos que se desarrollaban en el municipio. La autora de este proyecto fue la arquitecta Pilar Fernández, que entonces era la pareja del hijo de Huerta.

Tras el fallecimiento del principal investigado, tanto Fernández como el hijo de Huerta (Antonio), también arquitecto, reconocieron, tras un acuerdo pactado con el Colegio de Arquitectos de Balears para evitar el juicio y una posible condena mayor, que colaboraron en la trama. Así, el caso se zanjó con una condena para ambos de una multa de 2.160 euros y las costas procesales (8.000 euros).

Los tribunales confirmaron la nulidad de la licencia de Cala Molí e incluso a mediados de 2018 se desestimó el pago de una indemnización por parte del Ayuntamiento de seis millones de euros. Entonces, el alcalde Josep Marí Ribas admitía que esta estructura se tenía que «derribar». En octubre de ese año, el actual alcalde, Ángel Luis Guerrero, entonces concejal de Urbanismo, aseguraba en declaraciones a este diario que «en breve» se iba a iniciar un expediente de restauración de la legalidad. También aseguraba entonces que desconocía los motivos por los que el Ayuntamiento no había iniciado antes este proceso. No se hizo tampoco después.

Denuncia de un particular

Así, casi cuatro años después, el Consell de Ibiza, que es competente en disciplina urbanística en suelo rústico protegido desde enero de 2018, ha iniciado el procedimiento para derribar la estructura ilegal e ilegalizable. Primero, en suelo rústico no está permitido el uso de vivienda plurifamiliar, pero es que, además, tras la aprobación del decreto ley 1/2016 de medidas urgentes en materia urbanística, el uso de vivienda en ANEI está prohibido.

El Ayuntamiento no actuó de motu proprio ni trasladó los hechos al Consell, a pesar de que desde enero de 2018 era la Administración competente para exigir a los promotores la demolición de la estructura ilegal. Fue a partir de la denuncia de un particular ante la Fiscalía y el Consell, en septiembre del año pasado, sobre la pasividad municipal lo que provocó que se haya activado el proceso. También se denunciaba que las obras, abandonadas desde 2005, no contaban con ninguna protección para evitar el acceso, lo cual podía causar «accidentes o incidentes más o menos graves». De hecho, el informe de la arquitecta municipal señala que pese a que parte de la zona se encuentra delimitada por un cierre de planchas metálicas, «existen ciertos puntos por donde se puede acceder a las obras o a la excavación con relativa facilidad».

Tanto el Ministerio Público como la institución insular requirieron al Ayuntamiento información sobre los trámites iniciados por el Consistorio para el restablecimiento de la legalidad. A finales del pasado mes de febrero, la arquitecta municipal emitió un informe en el que se explicaban los antecedentes y la situación de las obras y en el que apuntaba que no tenía constancia de que el Ayuntamiento hubiera adoptado «ninguna medida ni en relación con la construcción ni con respecto a las medidas de seguridad hacia posibles peatones de la zona».

Coste de las obras: 250.000 euros

Las obras ilegales ejecutadas consisten en la estructura de un bloque aislado de viviendas (casi 900 metros cuadrados) y de trasteros, cuarto de instalaciones y aparcamiento (cerca de 300 metros cuadrados). Con un coste estimado de casi 250.000 euros, se calcula que la construcción se encuentra al 35% de su ejecución. También hay excavaciones con «unos desniveles importantes» para la siguiente fase de la construcción de bloques de viviendas». El informe del arquitecto técnico del Consell considera que el plazo máximo para ejecutar el derribo de la estructura y restablecer la legalidad, incluidos los movimientos de tierra, se sitúa en doce meses.

Además, el Consell ha instado a la anotación preventiva de inscripciones en el Registro de la Propiedad que apunten que se han ejecutado actuaciones que «pueden constituir infracción urbanística» sobre las 68 entidades registrales que figuran inscritas como fincas independientes.

No habrá sanción económica

El procedimiento que ha iniciado el Consell de Ibiza para restablecer la legalidad urbanística no incluye la imposición de una sanción a la promotora, según explicó ayer el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, debido a que las obras ilegales se ejecutaron al amparo de la licencia municipal, aunque estuviera mal dada.

Mariano Juan afirma que sí se podría sancionar al promotor en el caso de que, en la investigación penal abierta por la Fiscalía, se apreciara «alguna desviación de la licencia o infracción». En todo caso, hay que tener en cuenta que en la denuncia presentada en la Fiscalía se pedía que se investigasen las posibles responsabilidades penales sobre los promotores, constructores, políticos y técnicos municipales que pudieran estar implicados en el largo período de inactividad para restablecer la legalidad ni la adopción de medidas de protección para preservar la seguridad de las personas.

El procedimiento iniciado por el Consell se dirige contra Medi Ibiza SL, Medi Proyectos Inmobiliarios SL y contra Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU. Esta última es la actual propietaria del inmueble, tras una venta ejecutada en mayo de 2019, 14 años después del abandono de las obras y un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears descartara el pago de una indemnización.

El Consorcio ya arrastra más de 10 millones en multas sin cobrar por infracciones en rústico

(Menorca, 18/09/2022)

Desde su puesta en marcha solo ha logrado ingresar en caja el 12,5 % de las sanciones que ha impuesto

Javier Gilabert. Muchas multas, muy pocos ingresos. El proverbial problema de recaudación del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico se agrava y el órgano público encargado de controlar las ilegalidades urbanísticas en el campo ya acumula desde su creación –e incluso antes ya que heredó los expedientes municipales– la friolera de 10,4 millones de euros en multas pendientes de cobro. El número no tendría demasiada relevancia sin la comparación con la cifra de las sanciones impuestas, 11,9 millones. Dicho de otro modo, hasta el momento solamente ha logrado ingresar en caja el 12,5 por ciento del importe total de las multas.

Son cifras oficiales de las cuentas generales del consorcio referentes al último año liquidado, 2021, en el que el porcentaje de cobro de multas ha sido uno de los más bajos desde 2013. El ente –participado por casi todos los ayuntamientos menos Es Migjorn Gran (se borró) y gestionado y financiado por el Consell– impuso el año pasado sanciones por un importe total de poco más de un millón de euros y solamente pudo recaudar menos de 60.200 euros, un exiguo seis por ciento. Un año antes, en plena covid, esa tasa de cobro fue del 19,6 por ciento y en 2019, del 9,6.