Dis�rbia

Sant Antoni: la Audiencia confirma el juicio por el caso Cretu

(Diario de Ibiza. 10/02/2012)

El auto considera que «no se puede descartar la responsabilidad» del exalcalde Antoni Marí Tur, Blanca Castiella y el arquitecto del proyecto

E. RODRÍGUEZ | IBIZA La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos de Antoni Marí Tur, exalcalde de Sant Antoni, y la mayoría de los acusados por el caso Cretu en contra del auto en el que se daba por finalizada la fase de instrucción y abría las puertas a la celebración de juicio. En todo caso, pese al recurso, la apertura de juicio oral ya fue decretada el pasado mes de julio.

El exalcalde y los miembros de la comisión de gobierno que otorgaron la licencia declarada ilegal (los exediles Blanca Castiella, José Prats, José Ramón Serra y José Cardona) reiteraron en el recurso que aprobaron la concesión del permiso de obra al amparo de «todos los informes emitidos en sentido favorable». «Si es una licencia con sólido, variado y nutrido sustento jurídico, hace inviable cualquier atisbo de ilegalidad penal en su concesión», argumentaban los recurrentes. Pese a no estimarse el recurso, los exediles José Prats, José Ramón Serra y José Cardona no se sentarán en el banquillo de los acusados después de que la Fiscalía, en su escrito de acusación, pidiera el sobreseimiento provisional parcial para todos ellos.

El auto de la Audiencia Provincial desestima el recurso al entender que «no parece que falte el presupuesto necesario para sustentar una acusación razonable». El tribunal entiende que en este momento los argumentos que esgrimen los ahora acusados son «improcedentes» al anticiparse a la fase del juicio, que es donde ha de resolverse la causa. Pese a ello, el auto enumera una serie de cuestiones que conducen a «no descartar ahora la responsabilidad de los recurrentes»: «La licencia era ilegal porque la construcción ejecutada se realizó sobre una cima; existía una licencia de obra menor que fue sobrepasada, se ordenó la paralización de la obra y finalmente se construyó un estudio de grabación que, según la documental obrante en las actuaciones, requería de licencia de actividades y superaba el ámbito de una vivienda unifamiliar».

Además, cita el auto, «al parecer no se solicitaron informes a la Comisión Insular respecto a la posibilidad de edificar en ese sitio concreto».

La Fiscalía pide una pena de siete años de inhabilitación y una multa de 33.600 euros para Marí Tur y Blanca Castiella por un supuesto delito de prevaricación, aparte de que sean condenados, solidariamente, a indemnizar al Consistorio por los gastos ocasionados por el derribo de la parte de la casa que estaba amparada en licencia.

El arquitecto del proyecto, José Torres, también recurrió el auto que cerraba la instrucción y abría las puertas al juicio oral. En este caso, el fiscal pide para Torres una pena de ocho meses de prisión, un año de inhabilitación para ejercer su profesión y una multa de 31.500 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Lo mismo solicita para el propietario, el músico Michel Cretu. En el recurso, el autor del proyecto argumentaba que su actuación se limitó a continuar un expediente iniciado por otro arquitecto y que este había sido aprobado por la Comisión Insular de Urbanismo. También está acusado el técnico municipal Miguel Ángel Martí, para el que el Ministerio Público pide una pena de tres años de prisión, tres más de inhabilitación y 21.000 euros de sanción por un supuesto de falsedad cometida por funcionario público.

Los ingresos por multas urban�sticas en Pollen�a rompen todas las previsiones en 2011

(Última Hora, 7/02/2012)

Elena Ballestero. El Ajuntament de Pollença debate este mediodía los Presupuestos Municipales de 2012 que incrementan de manera significativa la partida de ingresos previstos por las multas que se aplican a las infracciones urbanísticas.

En 2011 a raíz de la nueva política de revisión de infracciones urbanísticas el Ajuntament de Pollença ingresó 500.000 euros por este concepto, 150.000 euros más de lo previsto inicialmente por lo que en base a los informes técnicos y teniendo en cuenta que en 2012 se prevé continuar la política de control el Ajuntament aumenta la partida presupuestaria prevista por este concepto.

La disciplina urbanística es una de las asignaturas pendientes del municipio desde hace más de una década. El alcalde, Bartomeu Cifre, explicó a finales de 2011 que esta cuestión requiere «un análisis serio, pero también objetivo».

La ley se aplica en los expedientes de disciplina urbanística abiertos por el Ajuntament desde hace aproximadamente cuatro años, pero la medida no ha sido suficiente para solucionar un problema enquistado. Bartomeu Cifre explica que «llevamos entre 6 y 7 años de retraso en la tramitación de expedientes urbanísticos, es una cuestión que nos preocupa y así se lo he hecho saber a los responsables del Consell de Mallorca, ya que ahora, coincidiendo con la crisis, hay propietarios que reciben la resolución definitiva de un expediente que pudo comenzar hace seis años».

El alcalde explicó que «tenemos aproximadamente 250 expedientes de infracción urbanística localizados, pero aún pendientes de revisión». Esta cifra se suma a los 63 expedientes de infracción abiertos en 2011 y se estima que el total de infracciones urbanísticas en el municipio pueda superar la cifra de 700. «Puede haber 700 viviendas con infracciones urbanísticas pendientes, la mayoría de las cuales se explotan turísticamente», explicó el alcalde Cifre hace apenas un mes.

Dei�: comienza el derribo de los dos chal�s de Llucalcari

(Diario de Mallorca, 3/02/2012)

YA ESTÁ EN MARCHA El derribo de los dos últimos chalés de Llucalcari (deià) sobre los cuales pendía una sentencia de demolición. Los operarios de la adjudicataria de las obras iniciaron los trabajos de retirada de los elementos reutilizables de las dos viviendas con el fin de proceder, en las próximas semanas, al derribo total de ambas edificaciones. La demolición se inició la semana pasada después de que el Ayuntamiento de Deià adjudicara los trabajos a dos empresas por un presupuesto de 207.000 euros, la mitad del dinero previsto inicialmente por la administración. La financiación del derribo corre a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern balear. Este dinero incluye los trabajos de derribo y los de restitución de los terrenos en su estado original. La demolición de las viviendas pone punto y final a un contencioso que promovió el grupo ecologista GOB a finales de los 90 [Nota de Disúrbia: no, de finals dels 80] cuando fueron construidas las cuatro viviendas en Llucalcari.

Eivissa: 11.000 euros de multa por a�adir un piso a su casa del Parque de ses Salines

(Diario de Ibiza, 2/02/2012)

El propietario tendrá que derribar la parte de la vivienda que construyó de forma ilegal

R. S. | IBIZA. Un hombre tendrá que pagar 10.800 euros de multa por añadir un piso, sin tener la correspondiente licencia, a su vivienda, ubicada dentro del Parque Natural de ses Salines, en Ibiza. El procesado, el francés M. Y. C., aceptó ayer abonar esta multa por un delito contra la ordenación del territorio. Además, la sentencia, dictada in voce por la magistrada Martina Rodríguez, incluye una pena de cárcel de un año y once meses. Sin embargo, el encausado carece de antecedentes penales, por lo que eludirá su ingreso en prisión, según informan fuentes judiciales. Aceptó la condena después del acuerdo de conformidad entre el fiscal y su abogado, lo que supuso una rebaja de las penas.

La sentencia dictada por la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza contempla además una inhabilitación como promotor y constructor del acusado de un año y once meses de duración. Por último, la juez obliga al propietario a derribar la parte de la casa construida de manera ilegal.

Sin embargo, no es esta la profesión del procesado. A pesar de ello, utilizó sus conocimientos de albañilería para añadir un piso a la vivienda que posee en el interior del Parque Natural de ses Salines. La casa fue construida legalmente, con todas las licencias en regla, en una zona urbana del parque, es decir, en un lugar en el que se podía edificar aunque con limitaciones.

El 14 de enero de 2004 M. Y. C. solicitó una licencia para reformar la vivienda, pero en realidad incrementó el volumen de la casa, según explicó el fiscal instructor de la causa. La propiedad tenía solo una altura. Entre finales de 2007 y el año 2008 el procesado añadió un piso más, en el que construyó una especie de buhardilla. Esta reforma no estaba recogida en la licencia que le concedieron.

Dos agentes de la conselleria de Medio Ambiente observaron la reforma acometida en la vivienda, por lo que elaboraron un informe que derivó en una acusación formal de la Fiscalía de Ibiza contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio.

Los dos agentes acudieron ayer por la mañana a la vista oral, celebrada en la cuarta planta del edificio judicial de Ibiza, en la avenida de Isidor Macabich de Vila.

Sin embargo, no fue necesaria su comparecencia, puesto que las partes alcanzaron un acuerdo y la juez dictó sentencia en el mismo acto.

Sant Antoni reclamar� ante el juez el pago de la multa suspendida de 222.500 euros

(Diario de Ibiza, 2/02/2012)

El Consistorio sostiene que ha vencido el plazo que el TSJB dio al denunciado para presentar un aval de garantía

E. R. | IBIZA. El Ayuntamiento de Sant Antoni reclamará ante el juez el pago de la multa de 222.500 euros impuesta a un particular por unas obras ilegales en una zona protegida (ANEI y ARIP) de Sant Mateu al vencer el plazo para presentar un aval de garantía por el mismo valor.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dejó en suspenso hace unos meses el pago de la sanción al entender que la cuantía es «muy elevada para cualquier economía doméstica y particular». El tribunal otorgó la suspensión cautelar (mientras se tramita el contencioso interpuesto contra el expediente de infracción urbanística) del abono de la sanción, pero con la condición de que el denunciado presentara un aval por el mismo valor como garantía.

Una portavoz del Consistorio explicó ayer a este periódico que el plazo dado por el tribunal para hacer efectiva la garantía se ha superado con creces y la institución no tiene constancia de que se haya efectuado. Por ello, el Consistorio remitirá «de inmediato» al tribunal un escrito en el que solicitará que le confirme si se ha hecho o no efectivo el aval y para que, en el caso de que no se haya cumplido el mandato judicial, se exija el pago de la sanción.

El Ayuntamiento acordó en julio de 2010 imponer una sanción de 222.500 euros al recurrente por la comisión de una infracción urbanística grave por la construcción de una vivienda de planta baja y una altura de 70 metros cuadrados cada una en una ANEI, la edificación de una casa de 68 metros cuadrados en ARIP y la ampliación de un almacén (de 24 a 60 metros cuadrados), y la construcción de una piscina, ambas también en zona ANEI. El denunciado alega que parte de las obras no se han hecho en su propiedad, la construcción cuenta con licencia y que, de existir alguna infracción, ya ha prescrito.

Dei�: els mitjans alemanys, bolcats en Llucalcari

(Diari de Balears, 1/02/2012)

Un afectat per la demolició de les cases de Deià denuncia “la injustícia” i amenaça de treure a la llum “800 habitatges il·legals a la Tramuntana”

"Guerra de cases a Mallorca". Aquest era el titular del diari alemany Bild de l'edició d'ahir, que recollia la situació de Fritz Seikowsky, el propietari d'un dels xalets il·legals de Llucalcari. Ara bé, el rotatiu no és l'únic que es fa ressò de la notícia, sinó que al llarg d'aquesta setmana diversos mitjans germànics ja s'han interessat per la demolició, en marxa des de mitjan setmana passada i que s'emmarca en la segona fase d'esbucament d'aquests habitatges il·legals del municipi de Deià. Està previst que aquest veí també denunciï el seu cas als programes TV Sat1 i RTL i també al ZDF, un dels més vists d'Alemanya.

Fritz Seikowsky ha emprès aquesta lluita perquè considera una "injustícia" la demolició de casa seva. Sosté que el pla d'esbucament "no compleix" la sentència de 2005, segons la qual "no es pot tocar ni l'entrada del recinte ni la part de la piscina, i que deixin el terreny com fa 20 anys". Així mateix, lamenta que el seu intent d'aturar la demolició a través d'una denúncia "ha estat ignorat" pel jutge que instrueix el cas.

Aquest veí, que adquirí la casa de Llucalcari l'estiu de l'any 2000, també critica "el malbaratament" de doblers públics que suposen aquestes demolicions. Alhora, lamenta que els propietaris no reben cap tipus d'indemnització, "tot i no tenir res a veure amb els permisos de construcció que es concediren l'any 1987". Sobre això, recorda que quan ells compraren les cases "no en sabíem res, d'aquesta polèmica", i que ara "som els castigats", ja que queden sense la seva segona residència.

Tanmateix, allò que més crida l'atenció i que al Bild no passa desaparcebut és l'amenaça d'aquest propietari indignat. Seikowsky assegura que traurà a la llum uns "800 casos d'edificacions il·legals a la serra de Tramuntana", les quals s'haurien construït "amb les mateixes condicions" que les cases de Llucalcari, és a dir, "sense un Pla de Protecció Territorial". Segons el rotatiu, la majoria dels propietaris d'aquests habitatges també són alemanys.[Nota de Disúrbia: no és aquest el motiu pel qual s'ordenaren les demolicions, sinó per haver-se omitit l'autorització de patrimoni, que si hagués hagut un pla especial no hauria estat necessària. El que no pot ser de cap manera és que, en defecte de pla especial, no es demanàs. No hem d'embullar més la troca.]

Cap novetat

En qualsevol cas, no és cap novetat que aquestes cases de Llucalcari s'havien de tomar. De fet, la primera fase de la demolició ja acabà a finals de maig de l'any passat i ara ja s'està executant la darrera fase per complir la sentència. Això no obstant, aquest propietari, que assegura que té "el cor romput", no ha dubtat a donar a conèixer la situació al seu país.

Sant Josep: GxE pide que se abra expediente sancionador por la tierra del golf

(Diario de Ibiza, 31/01/2012)

REDACCIÓN | IBIZA. Gent per Eivissa (GxE), socio político del PSOE, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Sant Josep en el que pide que se adopten las medidas necesarias para que se retire la tierra de las obras de las autovías acumuladas en los terrenos de Platja d´en Bossa donde el Grupo de Empresas Matutes proyecta un campo de golf e incoe un expediente de disciplina urbanística contra los que sean responsables de la infracción.

GxE adjunta en su instancia parte del proyecto del campo de golf de Platja d´en Bossa en el que se preveía utilizar los 400.000 metros cúbicos de tierra de las obras depositados en los terrenos y la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmaba que el Grupo Matutes pactó con la constructora de la autovía del aeropuerto el uso de la tierra para construir el campo de golf. Después de que se denunciara la supuesta apropiación indebida de la tierra, la propiedad, en mayo de 2007, presentó un anexo de modificación del proyecto en el que se decía que «la viabilidad del campo de golf no depende de aportaciones externas de tierra distintas a las generadas en la propia finca».

GxE considera que con el depósito de tierra se inició la construcción del campo de golf sin licencia de obra, que, pese a solicitarla, se le denegó. El Grupo Matutes ha desistido del contencioso interpuesto contra la denegación de la licencia, por lo que tampoco «podrá legalizar a posteriori las obras realizadas», según GxE. La propiedad reclama que se retire la tierra, pero la constructora se niega a hacerlo por el elevado coste que supone y el acuerdo alcanzado en su día.

Manacor: las indemnizaciones a los vecinos del puente del Riuet se podr�an paralizar

(Última Hora, 30/01/2012)

G. Mas. Los servicios jurídicos del Ajuntament de Manacor están estudiando la posibilidad de paralizar las indemnizaciones previstas a los vecinos afectados, en su momento, por el puente elevado del Riuet en Porto Cristo que provocó la devaluación del precio de sus viviendas.

Al no existir ya la infraestructura, el Consistorio baraja la apertura de un nuevo proceso judicial para exigir a los vecinos el retorno de las cantidades ya abonadas.

Así lo anunció el alcalde Antoni Pastor (PP) en el último pleno de enero, avisando de un nuevo procedimiento «para recuperar los pagos realizados ya que entendemos que los vecinos ahora no tendrían derecho a indemnizaciones».

Algunos de los afectados ya tienen ingresado en sus cuentas el dinero proveniente de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), alrededor de 200.0000 euros, por la devaluación del valor de sus pisos.

De esta manera, los técnicos municipales decidirán en breve si es defendible que una vez restablecido el paisaje anterior a la construcción de la infraestructura, existe derecho a indemnización.

Liquidez

La situación económica que vive el Ajuntament de Manacor agradecería el retorno y la exoneración de pagar las cantidades exigidas por sentencia. Una posible victoria ayudaría a la liquidez de las arcas municipales que se encuentran mermadas por la deuda que mantienen el Govern y el Consell con la administración municipal.

De ello se deduce que el pacto PP-AIPC apurará hasta la última posibilidad para evitar tener que afrontar nuevos pagos relacionados con la polémica infraestructura que, a día de hoy, ya sólo es viva en fotografía.

Sant Antoni: el TSJB ´congela´ una sanci�nde 222.500 euros que impuso Sant Antoni por obras ilegales

(Diario de Ibiza, 29/01/2012)

El tribunal entiende que la cuantía es «muy elevada» y puede ocasionar «dificultades de subsistencia o incluso la insolvencia de una familia media»

E. RODRÍGUEZ | IBIZA. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dejado en suspenso la sanción económica de 222.500 euros que impuso el Ayuntamiento de Sant Antoni en julio de 2010 a un particular por unas obras ilegales en terreno protegido ANEI y ARIP. Sin prejuzgar el fondo del asunto, el tribunal entiende que la cuantía es «muy elevada para cualquier economía doméstica y particular» y, por tanto, revoca el auto judicial en el que se denegaba, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de la multa. Eso sí, el TSJB obliga al denunciado a presentar una garantía por el mismo valor de la sanción por si finalmente tuviera que abonarla.

La Junta de Gobierno de Sant Antoni acordó en julio de 2010 imponer una sanción de 222.500 euros al recurrente por la comisión de una infracción urbanística grave por la construcción de una vivienda de planta baja y primera de 70 metros cuadrados cada una en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), la edificación de una casa de 68 metros cuadrados en Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y la ampliación de un almacén (de 24 a 60 metros cuadrados en planta baja y piso) y la construcción de una piscina, ambas en zona ANEI.

El apelante basaba su petición (la suspensión cautelar de la multa) en que las obras no son de su propiedad, la construcción levantada cuenta con licencia y que, de existir alguna infracción, esta habría prescrito por ser anterior a 1990. También manifestaba su «voluntad» de acatar la normativa urbanística tal como había demostrado en unos actos realizados frente a la Administración y alegaba que la elevada cuantía de la multa lo dejaba en «una situación muy gravosa y perjudicial para su economía».

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso número 2 denegó la solicitud al considerar «preferente» los intereses públicos «en el cumplimiento de la legalidad en materia urbanística» y advertía de que el perjuicio que podía causar el pago de la multa «no era irreparable». «En caso de obtener una sentencia favorable siempre sería posible el resarcimiento al tratarse del pago de una suma dineraria», justificaba el auto apelado, que ha sido anulado. La defensa del Consistorio se opuso al recurso del supuesto infractor. Contra la resolución del más alto tribunal de Balears no cabe recurso ordinario.

Economía de una familia media

La sentencia del TSJB defiende que el pago de 222.500 euros es «una cantidad notoriamente importante que afecta de forma determinante la economía de una familia media como es el caso, que puede ocasionar no solo dificultades de subsistencia, sino directamente la insolvencia».

Además, considera que «el perjuicio grave» se ocasiona al exigir el pago de «tan cuantiosa suma» debido a que «supone aumentar de forma importante los gastos de esa familia, que tendrá que buscar recursos financieros para hacer frente a la deuda, si es que es posible que los bancos concedan un préstamo para atender a esa suma. También puede comportar hasta la venta misma del bien para obtener liquidez».

La sentencia dictada a finales de septiembre especificaba que la suspensión del pago de la sanción entraría en vigor en el momento en que el recurrente presentara un aval o garantía por el mismo valor de la multa. Para ello, el tribunal marcaba un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de la resolución.

Sant Antoni: resuelven 242 expedientes urban�sticos en siete meses

(Diario de Ibiza, 29/01/2012)

El plazo de resolución de las solicitudes de autorización de obra mayor se sitúa entre las cinco y las ocho semanas, mientras que las de obra menor está en una semana

REDACCIÓN | IBIZA El Ayuntamiento de Sant Antoni ha resuelto desde mediados de junio 242 expedientes urbanísticos: 62 licencias de obra mayor y 180 de obra menor. El plazo de resolución de las solicitudes de autorización de obra mayor se sitúa entre las cinco y las ocho semanas, mientras que las de obra menor está en una semana, pero «en casos excepcionales se ha tardado tres o cuatro días». Los 208 expedientes de actividad tramitados se han resuelto en uno o tres meses.

El concejal de Urbanismo, Josep Torres, explicó el viernes en una rueda de prensa en la que hizo balance de la actividad del departamento de Urbanismo que, en este plazo, se han abierto 10 expedientes de infracción urbanística. En cuanto a los que ya estaban tramitándose, Torres informó de que en los siete primeros meses de la legislatura se han resuelto 20, con un importe de 382.710 euros en sanciones. En el caso de la construcción de dos viviendas sin licencia se ha ordenado su demolición.