Dr. Ing. ROLANDO REÁTEGUI LOZANO

2013-05-20T13:21:00.002-07:00

¿EXISTEN SOLUCIONES A LA INSEGURIDAD CIUDADANA?

Por. Dr. Ing.Abog. ROLANDO REÁTEGUI LOZANO (Profesor Universitario y Dirigente Regional del MAS San Martín)

Email: reateguilozanorolando@yahoo.es

Los últimos actos de violencia sucedidos en nuestra Región (como la violación y asesinato de una menor en Cacatachi-San Martín), debe merecer toda nuestra preocupación y analizar las causas de porque tanta violencia y cuáles serían las posibles soluciones. Se está viviendo una sensación de inseguridad al caminar por las principales ciudades de nuestra Región. El Barómetro de las Américas da cuenta que en esta materia el Perú ha expresado una mejoría en los últimos años, pasando de un 60.0% el 2006 al 48.6% el 2012, pero como se puede apreciar los porcentajes todavía son altos. Y es por eso que la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales demandas en la Región y en el país. Y un gran reto para los políticos y para nuestros gobernantes y esencialmente, debe ser una política de Estado.

Carlos Basombrio[1], define a la inseguridad ciudadana como “el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas”. Estos hechos entonces, hacen a la inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad ciudadana en generar ansiedad, y afectan la productividad individual y colectiva, lo que va en desmedro de la economía de las personas y de su calidad de vida.

Entonces al proponer alternativas de solución a tan álgido problema, lo debemos de hacer desde un enfoque holístico, sistémico, intersectorial, intergubernamental e interinstitucional. Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. El proceso no resulta, en modo alguno, inevitable. Por el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo.[2] La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes.

Entonces, las propuestas se dan desde diferentes instituciones. Es así como, la Comisión Andina de Juristas precisa un conjunto de cinco elementos que los países deben considerar en la implementación de sus políticas de seguridad ciudadana. Uno, que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución y las leyes. Dos, que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Tres, que sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. Cuatro, que la Policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. Cinco, que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas.[3]

Existen diversos factores que inciden en la violencia y el delito. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo[4] sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de hombres jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, Basombrío identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conllevaría a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiterancia del fenómeno.[5]

Los efectos de la violencia y el delito son diversos, he aquí algunos de ellos. En primer lugar, constituyen un problema de seguridad ciudadana. Como tal, requieren la atención de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos, y de dar asistencia y protección a las víctimas.

En segundo lugar, son un problema de derechos humanos, por cuanto afectan su pleno ejercicio, tanto de manera directa como indirecta. En efecto, la violencia y el despojo —o la amenaza de su ocurrencia— afectan los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como a la libre circulación y a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a quienes un hecho delictivo afecta más que a los hombres. Ellas, además, enfrentan una doble amenaza, no solo la asociada al espacio público y a la delincuencia, sino a la seguridad dentro de su propio hogar, como consecuencia de lo extendido que se encuentra el fenómeno de la violencia familiar y de género. Si bien esto es así en todos los niveles económicos, las más afectadas son los sectores más vulnerables. Junto con la afectación de estos derechos fundamentales, se genera un escenario de temor que vuelve, a su vez, a impactar en otros derechos humanos. La inseguridad puede modificar el comportamiento de las personas, al punto que éstas terminen aceptando el temor cotidiano como una actitud de vida, lo que limita sus oportunidades y acciones en múltiples ámbitos, al restringir el ejercicio de libertades y derechos individuales.[6]

En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte o de lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas por el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de producir como consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran adquirir.

En cuarto lugar, son un problema económico, por cuanto obligan a los Estados, a las empresas y a las familias a incrementar sus gastos en seguridad. Varios son sus componentes.[7] Uno, el institucional, es decir, lo que gastan los Estados en los órganos encargados de la seguridad y la justicia. Dos, la inversión de las empresas y de las familias en seguridad privada, que complementa el servicio público. Tres, los costos materiales, que incluyen la pérdida de los bienes afectados. Cuatro, más difícil de estimar, aunque no menos importante, es el efecto que tienen sobre las inversiones productivas, al desajustar los cálculos que dan forma a las oportunidades e incentivos para que las empresas inviertan, creen empleos y se expandan.

En quinto lugar, son un problema social. La inseguridad también tiene un efecto sobre las relaciones entre las personas, pues mella la confianza entre éstas y su capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente. Esto es lo que los economistas llaman capital social. En general, en nuestros países la desconfianza interpersonal es alta; la victimización contribuye a elevarla aún más[8]. En el 2011, por ejemplo, en el Perú solo el 18.0% confiaba en la mayoría de las personas, ubicándonos cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano.[9] El daño a la infraestructura social es más grave aún entre las comunidades más pobres, pues contribuye a reducir las oportunidades y a perpetuar la desigualdad de los ingresos. Aunque estos costos son más difíciles de medir, no por ello son desdeñables.

En sexto lugar, contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores democráticos y en el sistema político. En efecto, la percepción de vulnerabilidad a actos de violencia y despojo erosiona los valores esenciales para la convivencia democrática, especialmente la tolerancia a la diferencia y el apego a los derechos humanos. Contribuye de alguna manera, entre otros, a la adopción de esquemas penales fuertemente represivos y lesivos de las garantías individuales; a exigir de las autoridades resultados frente a la delincuencia a cualquier costo, aunque ello se traduzca en restricción de derechos, incremento de atribuciones policiales e, incluso, en violaciones de derechos humanos; a la demanda social a que prive de libertad al mayor número de infractores; a la exclusión de las minorías y grupos sociales y étnicos diferentes al propio; a favorecer políticas que reduzcan o detengan la entrada de migrantes; e, incluso, a la aceptación de castigos inhumanos, como el linchamiento y la pena de muerte.[10]

Entre los principales indicadores están: Homicidios. La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú no es muy alta[11] si se compara con la de otros países de las Américas, la segunda más violenta del mundo después del África.[12] En efecto, se ubica entre las más bajas de la región, solo por encima de Haití, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile y Canadá; muy lejos de los países del triángulo norte centroamericano América Central (Honduras, El Salvador y Guatemala) y Venezuela, los más violentos. Entre los años 2006 y 2012 la tasa de homicidios en el Perú se mantiene relativamente estable, por encima de las tasas promedios de los quinquenios 2001-2006 y 1996-2000 (8.0), aunque inferior del 12.1 de los primeros años de los noventa. La victimización es otro de los indicadores de violencia. El 2012 el ranking de denuncias de delitos en el Perú fue encabezado por las regiones de Tumbes (1737), Callao (1450), Lima (1346), Moquegua (1091), Tacna (1053) y Arequipa (1021). En el otro extremo se ubican Puno (99), Pasco (169), Huancavelica (199), Huánuco (294) y Cajamarca (298).

Al parecer, el modelo clásico de policializar la inseguridad ciudadana en el Perú, no sólo se agotó sino que persistir en él dispararía aún más el crecimiento de la delincuencia y violencia. Se requiere entonces, nuevos enfoques y modelos. Éstos necesariamente basados en diagnósticos integrales y participativos, en la formulación de objetivos medibles y verificables, así como en la evaluación y mejora permanente de sus resultados.

En este nuevo enfoque, la participación efectiva de la sociedad civil organizada, se constituye en un factor clave de éxito en el diseño de la Política Pública de Seguridad Ciudadana en nuestro país. Las Rondas Campesinas es uno de los eslabones claves de Seguridad Ciudadana por su carácter autónomo e independiente, democrático, unitario y representativo al servicio y defensa de los intereses del campesinado, la patria y el pueblo peruano. Por su su naturaleza como organizaciones naturales y genuinas del pueblo, que se desarrollan y se desenvuelven en el marco del Derecho Consuetudinario, normas y leyes, que amparan a dicha organización, partiendo del derecho al desarrollo humano, para garantizar una verdadera inclusión social pluricultural, la administración de justicia, pacificación de los pueblos y lucha frontal contra la corrupción en todo espacio de la sociedad e instancias del estado. Y por su lucha por el derecho a la libre autodeterminación, el derecho al uso y libre disposición de su territorio, el derecho al consentimiento como requisito para ingresar a la jurisdicción o territorio de las rondas campesinas o pueblos Indígena, el derecho de decidir sus propias prioridades de desarrollo, el derecho al territorio, autonomía y autogobierno; ganados en los derechos internacionales bajo los convenios de organismos internacionales. Reafirmando el principio del frente único, respetando la diversidad de las diferentes corrientes de opinión y pensamiento, hechos que no unen y se hacen dentro de la acción, practicando la crítica y la autocrítica, la democracia directa y participativa y el autosostenimiento económico.

[1] BASOMBRÍO, Carlos. “¿Linchamientos o soluciones?” . En: Ideele, N° 176. pp. 51-54.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (1994). Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

[3] Comisión Andina de Juristas, CAJ. Segunda reunión técnica celebrada el año 2009.

[4] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2009). Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Colombia, p. 47.

[5] Basombrío, Carlos (2007). Seguridad Ciudadana en América Latina. Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 9

[6] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Costa Rica (2006). Venciendo el temor. (In)seguridad ciudadana y desarrollo humanos en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. San José de Costa Rica, pp. 52-53.

[7] Banco Mundial (2011). Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo. pp. 4-9.

[8] Dammert, Lucía; Erik Alda y Felipe Ruz (2008). Desafíos de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile, p. 32.

[9] Corporación Latinobarómetro (2011). Informe 2011. Santiago de Chile, p. 48.

[10] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Costa Rica (2006). Venciendo el temor. (In)seguridad ciudadana y desarrollo humanos en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. San José de Costa Rica, pp. 53-54

[11] Es necesario precisar que, hasta el 2008, las estadísticas policiales y las del Ministerio Público coincidían en una tasa de 12 homicidios por 100 mil habitantes, pero desde el año siguiente la primera da cuenta de una relativa estabilidad y la segunda de un importante crecimiento, que alcanzó el 2011 una tasa de 24.1 frente a la de 9.5 policial, lo que en términos absolutos equivale a una diferencia de 4363 homicidios. Policía Nacional del Perú, PNP (2012). Anuario estadístico 2011. Lima. En el presente diagnóstico, se utiliza la estadística policial, en tanto el Ministerio Público está revisando las suyas.

[12] United Nations Office on Drugas and Crime, UNODC (2011). 2011 Global Study on Homicide. Trends, contexts, data.Vienna, p. 21.

SEGURIDAD CIUDADANA: RETO COMO POLÍTICA PÚBLICA

2013-04-23T21:48:00.000-07:00

SEGURIDAD CIUDADANA: RETO COMO POLÍTICA PÚBLICA
Por. Dr.Ing.Abog. ROLANDO REATEGUI LOZANO
Profesor Universitario y Dirigente Regional del Movimiento de Afirmación Social (MAS).
Los altos índices de asaltos, asesinatos, violaciones, robos al paso, violencia familiar entre otros, es uno de los grandes problemas sociales en el País y por ende en nuestra Región San Martín. Pero ¿Que es Inseguridad Ciudadana?. Una aproximación a la definición: es el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctima. La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que percibe la sociedad con “aproximadamente el 74%. Y preocupa especialmente de sobremanera que entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/100.000. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo". Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, la comisión de delitos en Lima y Callao aumentó en 80% entre el 2000 y el 2011. Pero según la última encuesta publicada el 2012 por el INEI, indica que en San Martín 10.9% de delitos han sido registrados.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la percepción ciudadana sobre qué es lo que explica la violencia y la inseguridad. Un 77% la atribuye a la pobreza y la falta de empleo, un 34% a la situación de las familias, 33% a la falta de oportunidades de los jóvenes, 28% al fácil acceso a las drogas y al alcohol, 22.2% a problemas de la policía (ineficiencia y falta de recursos), un 21.8% (que varía de acuerdo al estrato socioeconómico) a las leyes blandas y un 17% a la problemática de la justicia.
Y ¿cuáles son las principales causas?. He aquí, algunas de ellas:
La inseguridad ciudadana no es nuevo en el país. Desde 1,940 aproximadamente el Perú fue cambiando de rural a urbano, comenzaron las migraciones masivas no sólo a Lima, sino también a las grandes ciudades de las costa y la sierra, mientras el Estado centralista se fue deteriorando, hasta ponerse de espaldas a la realidad de la inseguridad ciudadana.
El olvido y la exclusión de las etnias serranas y selváticas por parte del Estado, creó en las grandes ciudades un mecanismo de supervivencia “la informalidad”, dentro de un desmedido crecimiento urbano producto de la migración rural, mientras el Estado sólo combatía la delincuencia con más leyes y más cárceles, por ello en la salud como en la seguridad siempre será más barato prevenir que curar.
Otra de las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identifica a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
Y ¿qué debe hacer el Estado y los Gobiernos Regionales?. El Pilar Fundamental: Las Rondas Campesinas.
La inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.
Debido a la ausencia de políticas públicas en Seguridad Ciudadana por parte del Estado, las Rondas Campesinas, las cuales están amparadas en la Ley No 27908 se convierten en uno de los principales pilares de la sociedad en seguridad comunal y del pueblo, ya que, como forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.
Las rondas Campesinas respetan los Derechos Humanos en el marco de la interpretación intercultural. Las sanciones por las infracciones o delitos están orientadas a la devolución o reparación del daño causado y de modo complementario los sancionados deben hacer ejercicios físicos o recibir latigazos; hacer turnos de ronda en la noche y participar en las obras comunitarias en el día cuando se impone la cadena o resguardo ronderil, en cuyo caso están garantizados sus derechos a alimentación, hospedaje y visita de sus familiares.
Además las 11 funciones que especifica en su Reglamento indica que donde exista rondas deben a) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo. b) Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes. c) Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las funciones que ejercen en uso de sus costumbres, respetando los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes. d) Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal. e) Actuar como interlocutor con el Estado. f) Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de desarrollo que se implementen dentro del territorio, así como denunciar la inconducta funcional de cualquier autoridad, de acuerdo a ley. g) Contribuir a la preservación de su medio ambiente. h) Coordinar en el marco de la legislación nacional, con las autoridades políticas, policiales, municipales, regionales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. i) Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones sociales rurales y entidades privadas. j) Promover el ejercicio de los derechos y la participación equitativa de la mujer en todo nivel; tener consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, de las personas discapacitadas y de los adultos mayores. k) Prestar servicio de ronda. La organización de grupos, la elección de los responsables, así como la asignación de responsabilidades y frecuencia de atención del servicio de ronda se regula por el Estatuto de cada Ronda Campesina o Comunal.
Existe una base Legal y la voluntad de las comunidades en organizarse, lo que falta es la voluntad política del gobierno en articular con las rondas campesinas para que hagan mejor su trabajo y lo que debe hacer el gobierno es dejar de lado de una vez por todas, a aquellas organizaciones paralelas como grupos de autodefensa y Seguridad Ciudadana, que en nada contribuyen a la Seguridad Comunal y del pueblo.

IMPACTO DE ROYA DEL CAFÉ EN LA CAFICULTURA CAFETALEROS EN EL TOTAL ABANDONO Y ARRUINADOS

2013-04-23T21:47:00.000-07:00

IMPACTO DE ROYA DEL CAFÉ EN LA CAFICULTURA
CAFETALEROS EN EL TOTAL ABANDONO Y ARRUINADOS
Por: Dr. Ing. Abog. Rolando Reátegui Lozano
Al recorrer la Región San Martin desde el distrito de Madre Mía –Provincia de Tocache- , hasta el distrito de Naranjos- Provincia de Rioja-, he podido comprobar, in situ, el drama por lo que están pasando cientos de agricultores que cultivan el café en nuestra Región, por efecto de la roya o herrumbre (enfermedad del café ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix). Al conversar con ellos, viene la pregunta tácita. ¿Existe alguna estrategia de apoyo del Gobierno Central o del Gobierno Regional?, todos indican que hasta ahora no existe ningún tipo de apoyo técnico, científico, peor económico.
Pero veamos primero algo de esta enfermedad. Esta enfermedad está relacionada con la alta carga fructífera, falta de fertilización, uso inadecuado de fungicidas y variabilidad climática, entre otros factores que debilitan la planta, haciéndola más susceptible a ataques severos. Se ha señalado a la roya del cafeto entre las siete pestes y enfermedades más importantes de los últimos 100 años, a la que podría compararse con las plagas de los tiempos bíblicos de Egipto. Esta enfermedad no solamente ha producido y todavía produce pérdidas económicas enormes sino que sus devastaciones servían para subrayar a los agrónomos de mitades del siglo pasado, la enorme importancia del estudio de las enfermedades de las plantas. Según fuentes consultadas, la roya ataca principalmente a plantaciones de variedades Caturra, Catuaí, Bourbón, Typica, Pache, Geisha, Mokka, Pacamara y otras susceptibles.
El impacto de esta enfermedad en lo económico y social, es impresionante. Según la Junta Nacional del Café, la roya ha causado pérdidas en el país aproximadamente 975 millones de soles durante el 2013. Actualmente 60 mil productores han perdido su cosecha y sus ingresos durante el 2013 por los daños de la roya. La roya está afectando aproximadamente a 415, 000 ha. en todo el país. Se ha perdido la cosecha total hasta el momento más de 1, 500, 000 quintales. de los 7,500,000 quintales. Se estima que 500 mil personas, en 120 distritos rurales cafetaleros serán afectadas por una desocupación masiva. Ya 60 mil productores han perdido su cosecha y sus ingresos durante el 2013 por los daños de la roya, sumándose a las 165 mil familias que acumulan pérdidas por bajos precios. Y el Gobierno Nacional y Regional, bien gracias, esta cosa no va conmigo, parecen decir.
Entonces que debe de hacer las autoridades, he aquí algunas estrategias de corto y largo plazo:
Mejoramiento de la competitividad: calidad y comercialización del café. La ventaja en el mercado cafetalero radica en contar con muchas zonas de cultivo con las condiciones agroecológicas adecuadas para producir café de buena calidad. El café que se cultiva en la Provincia de Tocache es considerado como el mejor café aromático del mundo.
Diseño de una estrategia de diversificación para caficultores no competitivos. El desarrollo de una estrategia exitosa para la diversificación agrícola debe seguir un enfoque sistemático, que tome en cuenta tanto condiciones agrícolas como comerciales, así como problemas ambientales y sociales. Los factores a considerarse deberán incluir servicios de apoyo agrícola confiables; investigación y extensión para la producción, comercialización y promoción; crédito; infraestructura; asistencia técnica y capacitación en administración empresarial y gestión de riesgos; e inteligencia y regulación del mercado. El Ministerio de Agricultura, SENASA, IIAP, INIA, las Universidades, deben ser los abanderados en esta estrategia. El estado debe de intervenir en forma inmediata con medidas de contingencias, pero efectivas y no con declaraciones en los principales medios, pero efectividad cero.
Tratamiento de la problemática social. La vulnerabilidad social también deberá reducirse, tanto a corto como a largo plazo. A fin de ayudar a los caficultores, a los trabajadores y a sus familias, es necesario contar con una mejor atención social (en particular, acciones a corto plazo como medidas de protección social y redes de seguridad alimentaria). Para proteger a los pequeños caficultores, que son vulnerables a las variaciones en los precios, es necesario desarrollar y adoptar mecanismos de cobertura de riesgos en los precios y otros instrumentos similares. Desarrollar un programa de renovación de plantaciones con un apoyo económico para créditos con tasas no mayores del cinco por ciento y por un período mínimo de ocho años, con el fin de combatir la plaga de la roya que afecta al sector.
Mayor conocimiento ambiental en la producción de café. Finalmente, una estrategia sostenible para el sector cafetalero debe proteger el ambiente. Un acertado manejo ambiental puede contribuir a mejorar la calidad, la productividad, la viabilidad económica, la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones cafetaleras. Además, puede ayudar a mantener la productividad de la tierra y ofrece oportunidades de mercado con valor agregado (como cafés especiales y servicios ambientales).
La Asociatividad con competividad. Las instituciones públicas y privadas que trabajan en el sector cafetalero pueden jugar un papel clave promoviendo la asociatividad con competitividad del sector. Promoviendo (a) la producción, el procesamiento, la comercialización y promoción de cafés de calidad, (b) apoyar la agrupación de pequeños productores, (c) prestar una efectiva asistencia técnica, información de mercado, investigación y extensión a los caficultores y (d) facilitar la constitución de alianzas y relaciones de colaboración entre aliados locales y extranjeros.

LA BATALLA ES AL NEOLIBERALISMO

2012-08-30T13:54:00.001-07:00

LA BATALLA ES AL MODELO NEOLIBERAL

¡Otro Modelo de Desarrollo, Sí es posible!

Por: Dr. Rolando Reátegui Lozano

Hoy, la Gestión de los Recursos Naturales, está en la agenda nacional, debido a la defensa que viene haciendo el pueblo de Cajamarca contra la expansión minera de Yanacocha-Newmont-Banco Mundial, en la zona de Conga, ello a ocasionado que diversas organizaciones -intelectuales y otros sectores- cuestionen por un lado y otros defiendan al modelo neoliberal primario exportador que se está aplicando en nuestro país.
El pare que viene haciendo el pueblo de Cajamarca y Gregorio Santos (Goyo) a una de las empresas más poderosas del mundo, no es poca cosa. No queda duda que Goyo ha encarnado en el sentimiento y corazón del pueblo de Cajamarca, y porque no decirlo, en todo el país; convirtiéndose en estos momentos en líder indiscutible, por lo cual los grupos más retrogadas gritan a los cuatro vientos que es un “radical”, que tiene “secuestrado” a los cajamarquinos, que “no quiere” el desarrollo, que esta “contra” la inversión privada, entre otros apelativos. ¡Puras mentiras!.
Existe una férrea relación y de confianza entre las organizaciones populares de Cajamarca y el Gobierno Regional. Una de las razones es que Goyo esta cumpliendo con lo que prometió en su campaña electoral, de estar junto a su pueblo y que además sus funcionarios elaboran y ejecutan proyectos, como ningún otro gobierno Regional ha realizado hasta hoy. Goyo, tiene una formación ideológica y política sin medias tintas. Trabaja en equipo, NO EXISTE PARCELAS en la administración de su Gestión. Cuenta con Gerentes con capacidad de Gestión y además con una sólida formación ideológica y además con autonomía ideológica y política para tomar decisiones en su sector, sin descuidar, por supuesto, la meta del Gobierno Regional, que es una y es consensuada.
Por su experiencia en las rondas campesinas, sindical y dirigente de izquierda, conoce el terreno por donde se mueve. Sabe las necesidades y aspiraciones del pueblo cajamarquino, las ha encarnado como suyos y comienza a hacerles realidad al defender sus lagunas y ejecutando proyectos de reforestación, climáticos, carreteras, colegios, infraestructura, entre otros.
El clima de esperanza por un cambio de rumbo en el país está latente. No olvidemos que aproximadamente el 33% del electorado nacional voto por Ollanta en la primera vuelta. En Cajamarca, existe un sentimiento de cambio a un nuevo modelo de desarrollo. Rechaza en forma tajante la imposición que quiere hacer el gobierno de Ollanta Humala con el Proyecto Minero Conga y está demostrado en la última encuesta publicada por IpsosApyo en la cual el pueblo cajamarquino rechaza con más del 85% dicho proyecto. Las luchas emprendidas desde el año pasado se ha consolidado la unidad en la acción. El pueblo de Cajamarca, tiene ¡Dignidad!.
Qué duda cabe el liderazgo de Goyo y del trabajo en equipo. Al estar presente en casi todos los actos de masas, reuniones con los dirigentes ronderos, maestros, frentes de defensa, patronales, y hablarles con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, es lo que el pueblo valora. Saber escuchar, asimilar las críticas y proponer sugerencias y soluciones, son algunas de sus grandes virtudes.
Los problemas que agobian a Perú se explican por el fracaso de cúpulas dominantes, insensibles al cambio, profundamente conservadoras y entreguistas. Temerosas de la insurgencia popular, adictas al autoritarismo, al clientelaje y a la corrupción. La República no ha logrado desprenderse de este sello. Intentos de reformas como la emprendida por los militares encabezados por Velasco Alvarado chocaron con ese muro, y la contrareforma que le siguió, empalmó con el neoliberalismo, impidiendo que Perú ingresara, sobre rieles nuevos, en el siglo XXI. Fujimori o Alan García representan la misma voluntad continuista, son el símbolo patético de la corrupción y el mesianismo caudillista- que tanto daño ha causado al Perú y al pueblo peruano. Una vieja república se asfixia sin remedio dos siglos después de alcanzada la Independencia; otra se abre paso de cara a los retos del siglo XXI teniendo en el pueblo peruano su fuerza protagónica.
Perú necesita abrir paso a una Nueva República es lo que aspira Goyo. Necesitamos construir los cimientos de una Nueva República, de acorde a las exigencias que este siglo demanda. Forjar un “Perú nuevo en un mundo nuevo” como fue el sueño de Mariátegui, asimilando con creatividad los aportes positivos, acumulados por el pueblo peruano a lo largo de milenios de historia, junto a las conquistas avanzadas de la humanidad. Esta es la tarea que corresponde llevar a cabo a los comunistas, patriotas y demócratas, junto a las nuevas generaciones, con audacia y sin pérdida de tiempo. Cobran entonces sentido el Proyecto Nacional que defina el rumbo que debemos de seguir, una nueva Carta constitucional que le sirva de fundamento jurídico, un gobierno democrático, patriótico, popular, de ancha base social, capaz de emprender tal tarea de colosales exigencias.
Este es el verdadero trasfondo de la lucha política, ideológica y cultural en curso, que la derecha peruana y sus representantes ideológicos, políticos y mediáticos se esmeran en trastocar recurriendo a la demagogia, la banalidad y el oportunismo político, para asegurar la continuidad del modelo neoliberal e impedir la victoria popular. Entonces se comprenderá por qué la derecha bruta y achorada apunta a dividir y aislar a las fuerzas del cambio, utilizando el viejo cuento de que ellos son los demócratas y todos los que queremos el cambio del status quo, somos terroristas.
Pero no es solo la defensa y protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por lo que están luchando los Cajamarquinos y Goyo, sino también, es impedir el saqueo de los Recursos Naturales en nombre del crecimiento económico, que atentan contra el desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones. También es asumir las banderas de las Justicia social, ya que sin equidad social la democracia política siempre será formal. Es por la inclusión social de millones de compatriotas que están colocados fuera del mercado, del movimiento cultural, técnico y científico, sin acceso a una educación y salud de calidad, a la seguridad social, al trabajo con salarios dignos. La lucha es también por construir una nueva cultura política y ética que implique una verdadera regeneración moral de la sociedad y una autentica identidad cultural nacional.
Un nuevo modelo de desarrollo, sí es posible. En la cual la economía estará al servicio del ser humano y la nación. Es por ello que estamos sentando las bases de una economía independiente, autocentrada, solidaria, ecológicamente sustentable y sostenible en el tiempo, promotora de la industrialización y la competitividad, de la investigación, la ciencia y la tecnología, de la soberanía alimentaria, de la generación de fuentes de trabajo. Que recupere la soberanía sobre sus recursos naturales, impulsora del desarrollo armonioso entre las regiones, que cierre el ciclo del centralismo económico. Que el crecimiento económico sea en base a las potencialidades renovables (agricultura, ganadería, agroindustria, turismo, hídrico y cultural). Que tenga como base a la sociedad Civil Organizada (Frentes de Defensa, Rondas Campesinas, Partidos Políticos sólidamente organizados, Centros de Investigación, universidades, entre otros). Se implemente un nuevo Sistema Educativo, la cual prevalezca una nueva escala de valores, nueva ética y moral, nuevas normas de comportamiento en la sociedad y con la naturaleza y también nuevas formas de pensamiento holístico, sistémico. Que se impulse la ciencia, tecnología e innovación como una política de estado.
Para conseguir este gran cambio, iniciado desde una de las regiones más oprimidas y olvidadas del Perú se necesita la UNIDAD DE TODOS. Es tarea de los peruanos que apostamos por una nueva nación, dejar de lado aquellas posiciones sectarias, las discusiones estériles, los ataques mezquinos, las desconfianzas mutuas. Por último, también es necesario rechazar a los pensamientos estrechos de mentalidad que nunca entenderán el valor de la unidad ni los enormes retos que tenemos por delante. Señor de Soto este es desarrollo, esto es ideología, esto es política, la nueva política en Perú.

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