Duban Vélez

¡Con Iván y Dubán vamos por los Derechos Laborales!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 06 Mar 2014 13:49:00 +0000

Dubán Vélez POLO 102

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 05 Mar 2014 15:24:00 +0000

Obrero, líder y amigo

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 04 Mar 2014 20:39:00 +0000

Denuncia al Proyecto de Ley 241 presentado al congreso por el Ministro de Trabajo Rafael Pardo

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 28 Feb 2014 14:10:00 +0000

Gracias a proyecto de Ley presentado por el Ministro de Trabajo se reducirían las expectativas de conseguir vivienda con las cesantías, de reformarla o pagar estudios. Denuncia Pública.

Frente al proyecto de ley 241 presentado al congreso por el Ministro de trabajo Rafael Pardo Rueda, que propone una nueva regulación de las cesantías de los trabajadores colombianos, se generan diversas reacciones.

Dubán Vélez, presidente del sindicato de trabajadores de Noel y actual candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, avalado por el Polo Democrático Alternativo, ha expresado firmemente su oposición frente a esta iniciativa de ley. Durante actividades realizadas esta semana en visitas al barrio Popular # 1 de Medellín y a las fábricas de Proleche y Zenú, Dubán Vélez ha compartido con los empleados las implicaciones que tendría la aprobación del mencionado proyecto de ley.

De empezar a regir la propuesta, el 50% de las cesantías se seguirán consignando en la cuenta que cada trabajador tiene en los Fondos de Cesantías. El otro 50% se consignará en una nueva cuenta. Esta última suma no será de libre disposición del empleado, como sería lo lógico, sino que se entregará en seis contados cuando el empleado quede cesante. Pero si en ese tiempo encuentra empleo, se suspende el pago.

Los intereses a las cesantías (12% anual) se pagarán sólo sobre el 50% que queda en la cuenta tradicional. En realidad se reducen los intereses a las cesantías al 6% anual, toda vez que se pagará el 12% pero sólo sobre el 50% de éstas.

En consecuencia, se reducen las expectativas de conseguir vivienda con las cesantías, de reformarla o para pagar estudios, pues ahora sólo se podrá contar para esos fines con el 50% de las mismas.

Desde su condición de trabajador como operario en la fábrica de galletas Noel, Dubán Vélez ha enfocado sus ejes de gestión hacia la dignificación de los derechos de los trabajadores y ha ratificando su oposición al proyecto de ley 241, invita a los trabajadores a unificar esfuerzos en la lucha por la protección de sus derechos sociales, donde es indispensable la organización para defender los intereses y garantizar la protección de estos derechos, tal y como lo consagra el inciso final del artículo 53 de la Constitución Política Colombiana.

Cierre de Campaña. Sábado 1 de Marzo 5:00 p.m.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 25 Feb 2014 16:27:00 +0000

La Reparación a las comunidades afectadas por el conflicto armado

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 19 Feb 2014 21:24:00 +0000

Si se analiza a fondo las características del prolongado conflicto armado en Colombia se puede observar, en su real dimensión, la grave afectación social ocasionada por causa de este fenómeno de larga duración, medir sus efectos sobre los territorios, identificar móviles, intereses y grupos determinadores, al igual que asumir, en su justa proporción, las medidas de reparación que requieren las víctimas del conflicto; medidas que, dentro de una política pública coherente, han de ser orientadas hacia el fortalecimiento del desarrollo social truncado por la guerra.

El período de violencia que inicia con el acuerdo bipartidista denominado “Frente Nacional”, que se prolonga hasta el presente, está caracterizado por la aplicación de las doctrinas elaboradas en medio de la guerra fría, difundidas por los dos bloques vencedores en la segunda guerra mundial; y por la política de contención de la influencia de la revolución Cubana por parte de los norteamericanos. En medio de esta contienda se alinearon las tres fuerzas centrales del conflicto armado colombiano: fuerzas armadas estatales y grupos paramilitares contra las organizaciones insurgentes.

Como parte de la doctrina de contrainsurgencia tendiente a contener la propagación de la supuesta “revolución comunista”, los militares organizaron grupos de autodefensa o “civiles” armados. Simultáneamente se impulsó la construcción de obras públicas y el desarrollo de algunos programas económicos para mejorar las condiciones que, según se advertía, propiciaban “la subversión armada”. Sobre esta base se fomentó la actuación de grupos de civiles armados, lo cual tuvo su más alta expresión al inicio de la décadas de los años 80, a tal punto que en una investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre el grupo Muerte a Secuestradores MAS, ordenada en octubre 1982 por el presidente de Colombia, Belisario Betancur, allí se vinculó procesalmente a ciento sesenta y tres personas relacionadas con la conformación de grupos paramilitares, de las cuales “cincuenta y nueve eran miembros activos de la policía y el ejército, entre los que se encontraban altos oficiales, suboficiales y soldados.”[1]

Este somero informe evidenció el grado de vinculación de importantes grupos económicos privados y agentes del Estado, con el surgimiento y extensión del paramilitarismo, convertido, a partir de la década de los años ochenta, en un verdadero poder dentro de la sociedad y la institucionalidad colombiana. Dicho poder se consolidó a través de la articulación dentro de esta alianza de sectores vinculados con la boyante industria del narcotráfico. Esto explica la fácil ampliación del radio de acción de los grupos paramilitares, lo que a su vez propició que los capos del narcotráfico consolidaran su poder económico como importantes dueños de propiedades e inversiones y que llegaran a ocupar importantes espacios políticos en el país.

El “período legal” de los grupos de autodefensa se prolongó hasta 1989, cuando el presidente Virgilio Barco calificó a los grupos paramilitares como organizaciones terroristas advirtiendo que: “En realidad, la mayor parte de sus víctimas no son guerrilleros. Son hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos”. [2] Sin embargo, presionado por las fuerzas armadas, el presidente Virgilio Barco no cerró del todo las puertas a la existencia de los grupos paramilitares y permitió, a través del decreto 815, la creación de grupos de civiles armados: “sólo con fines de colaboración” con los organismos de seguridad del Estado. Esta salvedad fue argumentada por el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez para constituir, a mediados de la década de los años noventa, las asociaciones de vigilancia denominadas “Convivir”. De esta manera se puede apreciar que la contención estatal a las acciones paramilitares ha sido muy limitada y que distintos agentes del Estado y políticos regionales han contribuido a su proliferación.

Es claro entonces el papel desempeñado por las élites y políticos regionales, en especial de terratenientes y sectores industriales que han hecho fortuna en medio de la guerra, en el surgimiento y extensión del paramilitarismo. Por eso han percibido las negociaciones de paz entre los grupos guerrilleros y el gobierno que se han intentado desde 1982 como una amenaza potencial contra sus intereses. La oposición de narcotraficantes, terratenientes y sectores industriales y financieros a una posible redistribución de la tierra, el poder y la riqueza del país como resultado de las negociaciones con las guerrillas, ha generado una comunidad de intereses entre estos segmentos de la sociedad.

Inicialmente los grupos paramilitares fueron creados para actividades locales y regionales específicas, sin formar parte de una organización centralizada. Pero, con el escalamiento de la guerra antisubversiva y cuando se dio la desarticulación del llamado “cartel de Medellín”, los grupos que combatieron a este cartel se reagruparon en las autodefensas unidas de Colombia AUC a mediados de la década de los años noventa. Las AUC tuvieron como fuente principal de ingresos el narcotráfico, tras arrebatarle las redes de este negocio a los carteles de narcotraficantes o articulándolos dentro de su estructura. Parte de sus utilidades fueron destinadas a la extensión de la guerra por toda la geografía nacional, en medio de la cual despojaron de sus tierras a los campesinos que no les eran afectos, tras instalarse en las regiones con agudos conflictos por la tierra y en las áreas de marcada influencia guerrillera. Después de su instalación en estas áreas, los grupos paramilitares asumían el control, constituyéndose en ejecutores privados de la ley, en tanto cometían infinidad de crímenes contra las personas asentadas en estas áreas.

Para justificar la matanza de campesinos, los promotores del paramilitarismo apelaron al credo “anticomunista” difundido por las fuerzas del Estado, con el cual se disfrazaron los planes de negocios del narcotráfico, haciendo práctica la máxima popular que dice: “en río revuelto, ganancia de pescadores”. De esa forma fue como se asentaron en ricas zonas agrarias, reconocidos jefes del narcotráfico, aliados de los terratenientes y de organismos del Estado. Fue así como a través de la violencia paramilitar se generó el desplazamiento masivo de los campesinos hacia nuevas áreas de colonización y hacia las ciudades, una vez allí, los campesinos hicieron contacto con las guerrillas que operaban en esos lugares, lo que propició que grupos de jóvenes se vincularan a los movimientos alzados en armas, de los que recibieron instrucción política y militar y, pasados algunos años, regresaron a las zonas de donde habían salido, ampliando el radio de operación de la subversión. [3] De esa manera la guerra se fue escalando hasta llegar a niveles jamás imaginados. Según el libro ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad del Grupo de Memoria histórica, (2013), “entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos”.[4]

A pesar de su escalofriante magnitud, estos datos son aproximaciones que no dan plena cuenta de lo que realmente pasó, en la medida en que parte de la dinámica y legado de la guerra es el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas las víctimas. Además de la magnitud de muertos, los testimonios ilustran una guerra profundamente degradada, caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia por parte de los actores armados sobre la población civil inerme. Esta ha sido una guerra sin cuartel en la que, más que las acciones entre combatientes, ha prevalecido la violencia desplegada sobre la población civil.

En general, las características del prolongado conflicto armado que aun padece Colombia es que la población civil se ha visto despojada de su territorio, mientras su entorno social y familiar se destruye, sin que las medidas de atención y reparación logren subsanar los daños causados, teniendo estas un alcance muy limitado.

La atención a las poblaciones que soportaban la violencia durante los años cincuenta y sesenta fue muy escasa. En los años ochenta, cuando importantes movimientos sociales y políticos fueron sometidos al exterminio sistemático por parte de escuadrones de la muerte, la atención a las víctimas se homologó a la política para las migraciones por razones económicas, caso del gobierno de Virgilio Barco, (1986-1990). Luego se asimiló a la atención a los damnificados por desastres naturales como ocurrió en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994). Sólo a mediados de los años noventa, la atención a las víctimas de la violencia empezó a considerarse de acuerdo a los postulados del Derecho Internacional Humanitario y de protección de los Derechos Humanos.

Mediante la ley 387 de 1997 se reconoció el problema en términos propios, ante la agudización del conflicto armado y la persistente acción colectiva de miles de desplazados expulsados de las áreas rurales, que debieron acudir a distintos mecanismos de presión para visibilizar su problemática. Sin embargo, la insuficiencia en la atención a las poblaciones afectadas por la guerra se hizo cada vez más notoria, motivo por el cual, la Corte Constitucional expidió una serie de sentencias en las que se reconoce la vulneración de todos los derechos a las víctimas de la violencia y exige al Estado tomar todas las medidas y realizar todas las acciones requeridas para el restablecimiento de los derechos vulnerados. Aun así, la acción gubernamental sólo procuró una ayuda humanitaria y tras un dispendioso y prolongado trámite otorgó algunas indemnizaciones a quienes hicieron los reclamos o demandaron por vía administrativa, pero en su mayoría, las víctimas continuaron en la incertidumbre sobre su situación futura.

Producto de la negociación con los paramilitares se expidió la denominada ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), mediante la cual se le asignaron funciones a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, para que, además de estudiar las causas del surgimiento de los grupos irregulares, hiciera recomendaciones al gobierno en cuanto a la reparación integral a las víctimas de la violencia.

En el año 2007, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 49 de la Ley 975 de 2005, con el apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la CNRR promovió el establecimiento de varias experiencias piloto para la elaboración, desde un trabajo de campo, de una política pública en torno a la reparación colectiva en comunidades gravemente afectadas por el conflicto armado.[5]

En los pilotos se probarían metodologías en diferentes contextos y se recogerían elementos que permitieran plantear acciones públicas coherentes y articuladas para la atención a las víctimas. Los pilotos se ubicaron en: Corregimiento Libertad, San Onofre Sucre; comunidad afro-colombiana, Buenos Aires, Cauca; comunidad del corregimiento la Gabarra, Tibú, Norte de Santander; comunidad de la Inspección el Tigre, Valle del Guamuéz, Putumayo; comunidad del corregimiento el Salado, Carmen de Bolívar; Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, corregimiento la India, Landázuri, Santander; y la Universidad de Córdoba. Dentro de estas experiencias piloto se consideró también a los sectores sindicales duramente golpeados por la violencia. La CNRR, por su parte, asumió la responsabilidad de conducir, coordinar y supervisar la ejecución, evaluar los pilotos y acompañar a las comunidades en la formulación de sus propuestas.

La reflexión en torno a estas experiencias, junto a la incorporación de las disposiciones en materia de restablecimiento de derechos dictadas por organismos judiciales (caso Manpujan y San Cayetano, Bolívar), y de organismos internacionales, se constituyó en la base conceptual para la expedición de las recomendaciones que la CNRR planteó al gobierno nacional, dentro de las cuales le asignó la tarea de implementar un programa de Reparación Colectiva destinado a reconocer, reparar y digniﬁcar a las víctimas del conflicto y promover los derechos de los ciudadanos afectados por la violencia.

Estas recomendaciones fueron ratificadas por la Ley 1448 de 2011, conocida como la ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, integrada al modelo de Justicia Transicional, ley reglamentada mediante el decreto 4800 de 2011; disposiciones a través de las cuales se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se les reconoce el derecho a una reparación.

Lo anteriormente expuesto significa que desde hace tiempo se viene analizando a fondo la manera de resolver la grave afectación social causada por el conflicto armado, pero en términos reales, los resultados de las políticas públicas puestas en práctica han sido insuficientes. En realidad lo que ha sucedido es que la acción gubernamental se ha enfocado sólo en la disposición de una mínima ayuda humanitaria, en tanto que las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas se mantienen peor de cómo se presentaba en los momentos previos a la agudización del conflicto armado a mediados de la década de los años noventa.

Es evidente que la política de reparación está en construcción, con grandes vacíos procedimentales. La falta de precisión en torno a los responsables de esta medida y el alcance de las acciones es una de las dificultades a superar. A esto se agrega la desatención a las regiones y la deficiencia institucional para responder adecuadamente a las obligaciones básicas de un Estado Social de Derecho.

Nosotros, dada la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados a las comunidades por causa del conflicto armado, planteamos que los planes de Reparación deben asumirse como un proceso de reconstrucción, que corresponda a la devastación ocasionada por la guerra. Estos planes deben articularse de manera coherente con el conjunto de medidas de reparación previstas por los distintos organismos del Estado, junto a las políticas de atención a las regiones impulsadas por el gobierno; advirtiendo que estas deben ser complementarias pero sin confundirse. A ello hay que agregar el abandono Estatal durante los años de conflicto y el resultante atraso en infraestructura pública y de equipamiento básico para que esta falencia también sea subsanada.

Es decir que la Reparación debe plantearse de tal modo que el resultado esperado sea diferente al estado de cosas actual. Además, la formulación del programa integral de reparación debe partir del análisis y valoración objetiva de las perspectivas reales de desarrollo de los municipios y orientar las acciones en esa dirección.

El eje rector de los planes de Reparación debe ser el fortalecimiento de iniciativas comunitarias y de organización colectiva, buscando generar sentido de pertenencia e identidad local y regional. El mejoramiento de los lazos sociales y el fomento de la participación de la población en espacios organizativos y en los procesos de toma de decisiones, propician la construcción de comunidades capaces de gestionar su propio desarrollo en la búsqueda del bienestar y neutralizar posibles desvíos de los objetivos definidos colectivamente.

La idea central para la Reparación debe ser la creación de condiciones que propicien calidad de vida que permita el desarrollo personal y grupal, buscando que las comunidades sean pro-activas, integradas al desarrollo social e institucional de los municipios y las regiones, aportando desde el trabajo comunitario; articuladas en procesos participativos, de diálogo e interlocución en los conflictos que las afectan, fomentando la conciencia de la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y de construir una verdadera democracia.

La Reparación debe partir de la identificación del conjunto de necesidades de las comunidades, así como los daños y vulneraciones asociadas a la falta de protección y cumplimiento de los deberes del Estado. Aquí se deben identificar los liderazgos naturales dentro de la comunidad, teniendo en cuenta que se requiere que hayan voceros autorizados, que estén legitimados por la comunidad, con mecanismos propios de participación. Las vocerías deberán garantizar la representación de las organizaciones que lideren los planes de reparación.

El reto de la reparación debe ser la reconstrucción comunitaria de los territorios y el restablecimiento del tejido social destruido, propiciando que las medidas de reparaciones tengan un significado concreto para la vida diaria de los sujetos colectivos cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, de tal modo que las expectativas de las víctimas se satisfagan.

La reparación debe estar referida al conjunto de medidas de restitución de los derechos de las víctimas, buscando además, mejorar su situación, así como promover reformas políticas y medidas económicas que impidan la repetición de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en medio del conflicto armado interno. En este sentido la reparación debe estar orientada a establecer las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, con lo cual no se busca volver a la situación inicial, anterior a las violaciones, cuando la realidad de las víctimas estaba caracterizada por discriminación y exclusión social o política, sino superar esta anormalidad. Este enfoque proporciona un horizonte cercano al verdadero sentido de la reparación.

Desde el punto de vista del Estado la reparación deberá convertirse en una oportunidad de integrar a las víctimas al entorno de que han hecho parte, así como prevenir nuevas violaciones de derechos en el futuro. Para las víctimas debe corresponder a la superación del daño que han sufrido. Para ello se necesita establecer con claridad los criterios y mecanismos tendientes a que la reparación sea positiva y esté adaptada a las necesidades de las víctimas, de tal modo que no se centre sólo en asignar una mínima indemnización por las muertes de personas, pues en casi todos los casos las medidas de reparación se han enfocado exclusivamente en este aspecto; sino que también se debe asumir como fundamental la reparación en el ámbito, psicosocial, socioeconómico, cultural y territorial.

En este sentido todas las medidas de reparación deben ser diseñadas como un conjunto de acciones destinadas a restituir los derechos y proporcionar a los beneficiarios suficientes elementos para mitigar el daño producido, promover su rehabilitación y compensar las pérdidas, a la vez que se promueve el desarrollo sustentable de los territorios. Es decir que las medidas de reparación deben ser integrales y coherentes para que sean eficaces.

Ante las condiciones de vulnerabilidad, desarraigo y empobrecimiento causado por la violencia, las acciones que promuevan la recuperación del entorno y motiven la creación de las condiciones que permitan a los pobladores retomar su proyecto de vida personal y familiar, así como el restablecimiento del tejido social y el ejercicio pleno de la ciudadanía, serán las opciones más acertadas en términos de Reparación.

[1] Jiménez Gómez, Carlos. (1986) Una procuraduría de opinión. Informe al Congreso y al País. Bogotá: Printer Colombiana Ltda., diciembre de 1986, pp.118-119.

[2] Negociar con los Paramilitares. (2003). Informe sobre América Latina N°5. Bogotá/Bruselas. ICG. 16 de septiembre de 2003. P 5.

[3] Olaya Rodríguez, Carlos Hernando. (2012 )Nunca más contra nadie, ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Medellín, Cuervo editores, 397p.

[4] República de Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2010) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional.

[5] Organización Internacional para las Migraciones. Misión en Colombia. Del daño a la reparación colectiva: la experiencia de 7 casos emblemáticos. Bogotá, Colombia. Agosto de 2012.

Dubán Velez: El candidato de los trabajadores antioqueños a la Cámara

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 18 Feb 2014 19:43:00 +0000

Dubán Velez es un líder sindical, defensor de derechos humanos y obrero operario de hornos en la Compañía de Galletas Noel, nacido y criado en el Barrio Popular nº1 ubicado al nororiente de Medellín quien actualmente aspira a la Cámara de Representantes por Antioquia con el Polo Democrático Alternativo. En declaración a los medios, Velez expresó sus propuestas y actuales preocupaciones.

Entre conflictos laborales y campaña política

Antes hablar sobre la campaña, el candidato se mostró preocupado por las condiciones laborales de los trabajadores antioqueños a quienes viene apoyando desde el Comité de Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- en Antioquia, escenario del cual hace parte activa como defensor de los derechos de los trabajadores. Velez aseguró que recientemente trabajadores de la empresa Friko, en el municipio de Caldas (Antioquia), no pudieron negociar el pliego de peticiones por su salud laboral y mejores salarios. Además la empresa sometió a los trabajadores a un tribunal de arbitramento, lo que va traer mayores dificultades para los trabajadores según el candidato.

El próximo miércoles 19 de febrero se realizará una actividad, impulsada por el Comité de Solidaridad de la CUT en Antioquia, para acompañar los trabajadores del antiguo Instituto Seguro Social (ISS) algunos de los cuales, tras la liquidación de la empresa, pasaron a laborar en Colpensiones. Esta transición se dio, según Velez, de forma precaria dejando a buena parte de los trabajadores en el edificio de la sede central en Antioquia de la mencionada empresa, sin ninguna función para cumplir.

Finalmente, el informe del candidato calificó como “una noticia muy grata para los trabajadores antioqueños”, la creación del sindicato Sinaltramotos de la empresa AKT, hecho que ocurrió el pasado domingo 16 de febrero. "Hay muchas motos en la calle pero las personas no saben cuáles son las dificultades por las que están pasando los trabajadores, los atropellos por parte de la empresa como, por ejemplo, las extensas jornadas laborales a las que son sometidos", expresó.

Propuestas de corte popular

El principal propósito de Velez, según manifestó, es la defensa del derecho a la salud, al empleo y la vivienda digna. Ante esto, propone presentar cuando llegue al congreso un Estatuto del Trabajo para que los trabajadores tengan plenas garantías en el empleo. Además, reconoce la necesidad de la movilización social como motor del cambio en Colombia ya que pueden existir muy buenas propuestas por parte de los legisladores "pero si no hay acompañamiento, movilización social, que la gente vaya entendiendo el problema como de ellos y nos movilicemos como corresponde, pues son propuestas que la aplanadora que hay en el Congreso de la República las seguirá aplastando", aseguró.

Frente a las denuncias de compra de votos hasta por doscientos mil pesos que involucra a los partidos tradicionales en las diferente Subregiones de Antioquia, la invitación que Velez es a salir este nueve de marzo a votar con dignidad:

Paz, pero con justicia social

Para Dubán Vélez la paz es la dignificación de las condiciones sociales del pueblo colombiano, hecho que pasa porque no exista empleo en condiciones infrahumanas como sucede hoy, además de la abolición de la tercerización laboral. Plantea que una educación gratuita y de calidad para todo el pueblo colombiano así como una salud como derecho fundamental y no como negocio "donde las personas dejen de ser mercancías" son garantías para la paz.

Finalmente, fue enfático en la necesidad de articular los movimientos sociales en un Frente Amplio por la Paz que impulse ideas en defensa de una paz estable y duradera en el cual, además, se impulse la presencia del Ejército de Liberación Nacional –ELN- en los diálogos ya emprendidos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo -FARC-EP- en la Habana.

"¿Qué vamos a hacer con todos los insurgentes desmovilizados? [...] Los trabajadores nos debemos pensar el postconflicto para generar empleo y condiciones para esa paz estable y duradera".

Fuente: Colombia Informa

Farmacia sin farmacéuticos “Un Asesinato en Masa”

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 17 Feb 2014 23:20:00 +0000

Estudiantes denunciaron cómo se desprofesionaliza el ejercicio farmacéutico en detrimento de la salud pública y del Derecho a la Salud de los Colombianos. Todo, a espaldas de los ciudadanos y en favor de las multinacionales farmacéuticas que trafican y negocian con la vida.

Farmacia sin farmacéuticos

“Un Asesinato en Masa”

Asunto: La resolución #1441 de 2013 del Ministerio de Salud y Seguridad Social, la cual impide que la profesión y la tecnología farmacéutica sea ejercida en todas las dimensiones y pretender sustituirlas por la labor que pueda realizar el técnico auxiliar. (Ley 30 de 1992).

Dice el Ministerio de Salud de Sudáfrica, Aaron Motson Elidí; al referirse al comportamiento de las empresas multinacionales fabricantes de medicamentos que “planean un asesinato en masa”, con las mercancías medicamentos que le venden al mundo: placebos, medicamentos falsos, venenos y sustancias prohibidas con publicidad engañosa, etiquetado engañoso sin los efectos adversos, soportes científicos mentirosos… La promoción entonces por parte del Estado Colombiano, de técnicos auxiliares en sustitución de los profesionales y tecnólogos, nos deja a las puertas de garantizar el gran negocio que han montado los comerciantes de los medicamentos en Colombia. Es este tipo de planeación la que nos acerca más a los que viven los pueblos africanos (ratones de laboratorio) y nos aleja cada vez más de la posibilidad de desarrollar ciencia y tecnología propias, soberanas y autónomas al servicio de las verdaderas necesidades del cuidado a la curación del pueblo Colombiano, que garantice, proteja y fiscalice la salud como un derecho y no como un negocio lucrativo: “No producimos medicamentos para indios si no para los que puedan pagar” (Bayer), que marca el camino a la enfermedad y la muerte como lo planean los tratados de libre comercio “(TLC), que no son tratados porque son imposiciones; tampoco son libres por el manejo monopólico e imperialista de la producción y la distribución, así pretendan disfrazarse con la ideología de “Libre Mercado”, y en lo comercial hay que obedecer al consumo masificado que crea dependencia, desindustrialización y acaba con la poca industria propia que ya es bastante escasa.

Es necesario y urgente que la comunidad académicas asuma sus funciones misionales, éticas y profesionales, para exigir al estado que haga cumplir a los comerciantes, llamados empresarios, el cumplimiento de las leyes y normas que protejan la política farmacéutica, la cual debe ser en clave de derechos y en defensa de la dignidad humana. Para que el desarrollo integral de la atención primaria en la salud, tenga la garantía y protección sanitaria de los profesionales y tecnólogos en la atención farmacéutica en su verdadera dimensión de: dispensación activa de medicamentos, la farmacovigilancia, el seguimiento farmacoterapeutico y la fabricación de medicamentos desde una farmacia nacional artesanal que responda a las enfermedades huérfanas, la producción autónoma de genéricos y la creación de nuevos medicamentos, sin la intromisión de burocracias representativas, maquinarias de corrupción, monopolios de comerciantes, ni las imposiciones de la especulación financiera que son los principales culpable de los altos costos de los medicamentos. En el negocio de la salud nadie esta aliviado sino mal diagnosticado.

Ante esta planeación de asesinato en masa de la población Colombiana por las multinacionales, se hace necesaria la unidad orgánica, colaborativa e interdisciplinaria de todas las áreas de la salud, para que le brinden herramientas y datos científicos y tecnológicos a los ciudadanos como un derecho y así poder enfrentar el sistema de enajenación de la salud, como sujeto político, libre y dignificante en la atención, curación, prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.

Rechazamos la resolución # 1441

Proponemos:

Que el estado haga cumplir: La Ley 23 de 1962, la Ley 485 de 1998, la Ley 1438 de 2011, la Ley 212 de 1995, la Ley 1450 de 2011.
La reactivación de la farmacia social universitaria, para que direccione:

La dispensación activa de medicamentos, el seguimiento farmacoterapeutico, la farmacovigilancia y los preparados magistrales, ética y profesionalmente.
Impulsar la formación del farmacéutico en comunidad, con conocimientos en atención primaria en salud integral e intercultural.
Poner al servicio de producción farmacéutica la planta de medicamentos de la universidad de Antioquia, hacia la construcción de una farmacia nacional autónoma y soberana que responda a las verdaderas necesidades del pueblo Colombiano.

Dirigir las protestas a:

Ministerio de Salud y Seguridad Social

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Comunidad en General

Estudiantes: Química Farmacéutica y Tecnología en Regencia de Farmacia.

Urabá: ¡Vamos por los derechos!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 15 Feb 2014 16:04:00 +0000

Comuna 13, “Merecemos un presente y un Mañana con Dignidad”

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 14 Feb 2014 13:59:00 +0000

Pero en medio de la guerra y la violencia estructural por el abandono del Estado, seguimos construyendo vida, aprendiendo a volar en el arte y la cultura, el deporte y la música, la pintura y la alegría, el estudio y la conciencia; para no dar más hijos-hijas a la guerra, a la milicia o a la miseria humana, como hasta el momento nos han programado los dueños del poder político y los amantes del dinero que lo quieren obtener al precio que sea con la carne del cañón que obtienen de nuestra comuna.

Hemos sido señalados y estigmatizados por tantos gobiernos de turno, que ya hemos perdido la cuenta. Esta estrategia les ha servido como pretexto para ejercer sobre nuestras casas, techos y vidas, un control y vigilancia permanentes; y cuando hemos querido que nos quiten sus manos de encima, nos han golpeado, silenciado, invisibilizado, perseguido, allanado, humillado, insultado, irrespetado y muchos de nuestros hijos, vecinos, padres, madres, amigos, mujeres, jóvenes, niños, han sido asesinados por los fuegos en combate.

Nos hemos construido como campo de refugiados, desterrados y desarraigados, mal llamados por los señores de la guerra como desplazados forzados; pero la guerra nos persigue, nos alcanza y nos habita en nuestro propio territorio, nuestra piel.

Luchamos contra la pobreza y la miseria con nuestras propias manos, con las uñas, con la imaginación, pero la ciudad opulenta nos ataca y destruye con sus políticas y sus politiqueros. Pero este es el momento de no copiar más.

Vamos a hacer nuestra propia política, no permitiendo que a nuestras organizaciones comunitarias, ni a nuestros liderazgos organizados los compren con sus cochinos billetes. Haremos política comunitaria, de base, como la hemos aprendido, para unirlas a las voces y a los acompañamientos que impulsaremos desde el congreso con IVÁN CEPEDA al Senado y DUBÁN VÉLEZ a la Cámara.

Iván Cepeda, un defensor de los Derechos Humanos, un constructor de la paz con justicia social, un acompañante de las víctimas de la violencia, un amigo y una persona íntegra que no defraudará nuestras luchas.

Dubán Vélez, Un Obrero, que ha combatido a hombro partido la miseria que vivimos en nuestros barrios, logrando que nuestros derechos laborales sean respetados y nuestras economías familiares no sean burladas en las negociaciones de tigre con burro amarrado que siempre proponen los empresarios.

Su lucha, su liderazgo sindical, su solidaridad con nuestras batallas cotidianas y necesidades, nos llevan a depositar toda la confianza en su aguerrido presente y porvenir.

El encuentro nos fortalece y en tiempos de oscuridad vamos a estar juntos.

Desde la plataforma política Vamos por los Derechos decimos:

Hacemos política, no compramos VOTOS

Escuchamos y acompañamos, no hacemos discursos promeseros.

Hoy emprendemos la senda caminando juntos, haciendo política de base, porque Vamos por Todo para Todos con Toda la cultura política que podamos imaginar y crear.

Haremos política porque la política no esta hecha, porque lo que hay instalado es el dispositivo de una maquinaria de Guerra Política.

¡Vamos por los Derechos!

Agresión a vendedores ambulantes del centro de Medellín.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 14 Feb 2014 13:40:00 +0000

Frente amplio por una paz estable y duradera

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 12 Feb 2014 16:36:00 +0000

Programa de Campaña “Vamos por los Derechos”

Puntos 1 y 2: Frente amplio por una paz estable y duradera

La guerra también ha sido una modalidad de organización económica como efecto de la apropiación de recursos por parte de empresas colombianas y, especialmente, multinacionales, al amparo de los acuerdos de inversión firmados por Colombia en el marco de múltiples tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

1. De la doble condición de la guerra en Colombia.

Una de las características más dramáticas de la historia de Colombia es la atávica y perenne situación de guerra en que se ha visto inmersa desde su surgimiento como nación independiente. Durante ya más de dos siglos, oleadas de enfrentamientos armados de diversa índole han devastado, de manera cíclica, los recursos disponibles, las capacidades de desarrollo económico y, por sobre todo, la vida, la dignidad y las esperanzas de cientos de miles, y aún millones, de habitantes de nuestro país, en una vorágine de muerte, desplazamiento y destrucción que llega hasta nuestros días, y que ni ha sido casual, ni debe pasarse de lado en una propuesta de transformación del país y de dignificación de sus habitantes.

Cuando desde nuestra campaña manifestamos que la persistencia de la guerra no es producto de la casualidad, con ello queremos poner de relieve que, a pesar de la vasta estela de desolación que la violencia ha dejado a su paso, existe un grupo, minoritario sí, pero bastante poderoso, que ha hecho de los usos de la guerra su particular forma de acrecentamiento de poder económico, político y cultural, que se beneficia del abandono de las tierras por los desplazados, que en cada sitio desolado crea nuevos negocios, agro-negocios, narco-negocios y minero-energético-negocios, entre otros.

De tal suerte que, considerando la paz estable y duradera como la piedra angular de la transformación social que requiere el país, y la organización de un frente amplio y popular por la paz como la columna sobre la cual sostener los esfuerzos para alcanzar dicha paz entendida como garantía de derechos para todas y todos, partimos de la consideración de la guerra en la doble condición o dimensión en que se ha manifestado en Colombia.

a) La guerra como forma de organización económica: La guerra ha sido, en primer lugar, una forma de organización económica de la sociedad. Esta condición, más que una excepción, ha sido la regla histórica, pues todas las naciones desarrolladas han forjado su bienestar en la expoliación de recursos naturales, mano de obra y materias primas de los países conquistados y sometidos. De la misma manera, en el caso colombiano la regla ha devenido uso y costumbre, o más explícitamente, en una forma de apropiación y acumulación de riqueza. Es así que, tras cada ciclo de guerra civil que ha vivido el país (porque, aunque la violencia ha sido una constante casi matemática, existen periodos de alta intensidad, lo que confirma el carácter oprobioso del fenómeno en nuestro estado), se ha reconfigurado el mapa de propiedad territorial, con una particularidad: siempre hacia la mayor y más extensa concentración de la propiedad de la tierra por parte de las élites económicas, políticas, militares y paramilitares del país. De resultas de esto, y en una primera aproximación, la guerra ha devenido una estrategia de acaparamiento de tierras, en la primera de las modalidades de la violencia como forma de organización económica de la sociedad, y las cifras de organismos oficiales, que hablan de más de 6 millones de hectáreas de tierras arrebatadas a los campesinos durante el último ciclo de violencia (de 1.983-4 hasta nuestros días) así lo confirman[1].

En una segunda variante, la guerra también ha sido una modalidad de organización económica como efecto de la apropiación de recursos por parte de empresas colombianas y, especialmente, multinacionales, al amparo de los acuerdos de inversión firmados por Colombia en el marco de múltiples tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En esta segunda modalidad, lo que ha primado es el desplazamiento forzado como paso previo hacia la “concesión” (léase regalo) de los recursos minero-energéticos del país a grandes empresas foráneas, entre las que sobresalen las canadienses.

Los resultados saltan a la vista: vastas concesiones sobre recursos tales como el oro, carbón, petróleo y ferroníquel, entre otros. Las consecuencias para el país han resultado catastróficas en cuatro niveles: el económico, por cuanto ha significado la reprimarización de la economía, pues al aumento vertiginoso de Inversión Extranjera Directa en el sector minero-energético le ha acompañado el desmantelamiento paulatino de la industria colombiana; el laboral, toda vez que el modelo de acumulación capitalista que ha acompañado este saqueo rampante de los recurso naturales se ha apuntalado en la flexibilización progresiva de las condiciones laborales, en la precarización del trabajo para maximizar los márgenes de rentabilidad de las multinacionales, a través de la intermediación laboral (léase tercerización) que, tras la negación del contrato de trabajo a término indefinido, ha conculcado derechos tales como: a la seguridad social y protección frente a riesgos profesionales, a la pensión, el pago de horas extras, vacaciones remuneradas y primas legales, en fin, de todo el haz de derechos que acompañan una relación laboral formal, y que ha brillado por su ausencia en la situación de los trabajadores de este sector económico; el ambiental, dada las grandes afectaciones que el modelo extractivista ha tenido para la fauna y flora, por el vertido de tóxico en los ríos y los mares (caso Drummond), por la difuminación de dichos tóxicos a través de las corrientes de aire, por el uso de explosivos y, en fin, por el desplazamiento y alteración de los hábitats naturales; y, por último, el de salud pública, pues el modelo extractivista apuntalado sobre las bayonetas y fusiles, y la difusión de dichos tóxicos, aunadas a las extensas y mal remuneradas condiciones laborales, en condiciones, además, de deficiente seguridad en el trabajo, han ocasionado la proliferación súbita de enfermedades en la población asociadas directamente a dicho modelo económico extractivista. La síntesis de todo ello, tal vez, sea la del reciente informe de la Contraloría General de la Nación, una de cuyas conclusiones es, precisamente, que los pueblos mineros viven peor que los cocaleros (sic), mientras los petroleros apenas si tienen condiciones de vida promedio[2].

Visto lo anterior en su conjunto, podemos plantear la conclusión, más general, que la guerra ha sido una forma de organización económica en cuanto, aplicada en forma masiva y sistemática contra la población y sus formas de organización colectiva (asociaciones campesinas, sindicatos, agrupaciones artísticas y barriales, movimiento de educadores y estudiantes, etc.), ha devenido una fuerte tenaza de apuntalamiento del orden socio-económico vigente, se ha convertido en el bastión fundamental que las élites del país han usado para mantener sus prerrogativas. En esa medida, la guerra ha sido el estado de cosas permanente que las clases privilegiadas del país han implementado para mantener, precisamente, su condición de clases dirigentes, a tal punto que, en aplicación de tal doctrina y forma de organización social, han canalizado faraónicos recursos económicos, que han desangrado sistemáticamente el presupuesto nacional y, con él, la financiación de los derechos a la salud y la educación, entre otros.

b) La guerra como modo de vida: Un problema adicional, y ciertamente no menor, de la intensidad y permanencia de un conflicto como el colombiano radica en que, además de servir de mecanismo de sostenimiento del orden socioeconómico vigente, genera formas de comportamiento, de pensamiento y prácticas sociales recurrentes que terminan convirtiendo a la guerra en un modo de vida, en una manera de regular las relaciones entre las personas, las comunidades y los grupos sociales, en una “guerra infinita culturalmente asimilada”.

Esta naturalización de la guerra en las costumbres y prácticas de los individuos y comunidades, naturalmente, hace parte de la estrategia que los medios masivos de comunicación, propiedad de los mismos grupos empresariales que han usado la violencia como mecanismo de enriquecimiento y acumulación, han implementado para mantener la perennidad del conflicto en el país. No en vano, los contenidos y formatos en que los medios masivos operan muestran marcados sesgos ideológicos favorables a la guerra como mecanismo de ascenso social: las narconovelas, por ejemplo, inoculan en la conciencia de la gente la idea de la ilegalidad como la forma más rápida de adquirir riqueza, poder y reconocimiento social, alentando a hombres y mujeres de todas las clases y generaciones a insertarse dentro de estructuras mafiosas para “salir del agujero”. Los “reality shows” son, en su mayoría, expresiones cínicas de vigilancia y control social (caso “protagonistas de novelas”), invitación a la exhibición y venta del cuerpo femenino (caso “colombia´s next top model”), o franca burla de las carencias culturales o defectos de la gente, así como apología y ensalzamiento de la autorridiculización (caso de “Colombia tiene talento”), entre muchos otros. Los formatos noticiosos, con sus evidentes sesgos sensacionalistas, invitan a celebrar la muerte de individuos “abatidos en combate”, por decir lo menos, al tiempo que revictimizan a las víctimas del conflicto, al presentarlas en sus contenidos como culpables de sus propios padecimientos, y al ensalzar la guerra como forma de resolución de los conflictos sociales. Incluso en el ámbito radial, los contenidos parecen estar sistemáticamente diseñados para introducir, un día sí y otro también, la falsa creencia de que la violencia, el espectáculo y feriado de cuerpos, unidos al chiste en su expresión más burda y llena de sesgos machistas, homofóbicos y revictimistas, son el único escenario de vivencia posible o, cuando menos, el único socialmente aceptable.

De tal suerte, la mentalidad colectiva muestra sesgos nítidamente favorables y apologistas de la guerra, que incitan a los jóvenes de campos y ciudades al desprecio del estudio y la cultura y a la aceptación del conflicto o su participación en el, como miembros de grupos armados, como víctimas o víctimarios de matoneo escolar, como presas de redes de trata de blancas, e incluso, en una cadena que se extiende hacia fronteras vastas, como enemigos declarados por adhesión a equipos de fútbol rivales, lo que revela cierta tendencia esquizofrénica en la salud mental colectiva. Siendo así, parar y revertir esta segunda modalidad de existencia de la guerra en el país resulta no menos importante que hacerlo con la primera, y su solución se haya intrínsecamente ligada a la de ésta.

2. Sobre el costo socio-político de la guerra

El escenario descrito en el apartado pasado se resuelve en datos y cifras que develan una inmensa maquinaria de guerra que, bien engrasada, ha dejado a su paso efectos devastadores sobre la población en magnitudes incluso superiores a las de todas las dictaduras militares del cono sur juntas.

Es así que, según el reciente informe del Centro de Memoria Histórica, en su libro Basta Ya, el conflicto armado interno, tan sólo en los años 1985-2013, ha dejado una estela de 220.000 personas asesinadas (y mal contadas, de seguro), de las cuales 176.000 eran civiles[3], es decir, sobre todo campesinos (60%), obreros, estudiantes, maestros y habitantes de comunas que, intentando construir una sociedad diferente, recibieron a cambio la muerte de quienes no quieren que la pobreza y la desigualdad sean cosa del pasado, de quienes se alimentan y fortalecen entre más desiguales sean las condiciones de vida de los ciudadanos del país. Más escandaloso aún, dicho informe revela que los grupos paramilitares y el propio Estado son responsables, conjuntamente, del 66.8% de dichos asesinatos, al tiempo que se desconocen los autores de otro 14.8%.

Para el campo, tal escalada de violencia ha significado una verdadera tragedia de tintes apocalípticos: 5.4 millones de personas desplazadas[4], a las que les han sido arrebatadas, en conjunto, 6.6 millones de hectáreas de tierra, esto es, toda una contrarreforma agraria. No en vano, de 44 millones de hectáreas agrícolas actualmente explotadas en el país, 40 se dedican a la ganadería extensiva, mientras que sólo 4 se destinan a la producción agropecuaria, repartidas (muy desigualmente) entre 12 millones de campesinos. Tal abandono, o incluso favorecimiento estatal del estado de barbarie agraria, explica que la pobreza en el campo bordee el 73%, o sea que 7 de cada 10 campesinos se encuentre en estado, cuando menos, de pobreza, y cuando más, de abierta indigencia; explica igualmente que el índice gini, que mide la desigualdad social, esté en 0.80 en el campo, una magnitud descomunalmente alta, y que en el Índice de necesidades Básicas Insatisfechas registra aspectos tales como propiedad y materiales de los que están hechas las casas, acceso a servicios públicos, cobertura de los sistemas educativos y de salud, entre otros, sea del 70%[5], en suma, que para vastas franjas de la población campesina su situación de vida se encuentre al mismo nivel de los pobladores europeos de la Edad Media; todo ello explica, en últimas, el enorme malestar social existente en el campo colombiano, que ha dejado de ser latente, y ha explotado en todas las latitudes del país, de la mano de las diversas dignidades campesinas y los movimientos de recuperación y restitución de tierras auto-organizados por los campesinos.

Para el movimiento obrero, el panorama no ha sido más colorido, sino igual de trágico: en el “encuentro regional sobre reparación colectiva al movimiento sindical”, realizado en octubre de 2013, el propio presidente Santos reconoció que, al menos, 13.000 sindicalistas han sido víctimas de la violencia, entre asesinados y amenazados[6], de los cuales, como bien se sabe, la cuota más alta la han puesto los trabajadores de la salud y la educación, fenómeno que encuentra su correlato explicativo en las contrarreformas de ambos sectores sociales, impuestas a mano armada para abrir la brecha por la cual introducir las privatizaciones progresivas de tales segmentos de la “economía” nacional.

Tal vorágine de violencia, como se observa de los datos mencionados, no ha sido ni “casual” ni fragmentaria, sino que ha tenido un destinatario bien específico: el pueblo colombiano organizado en sus diferentes sectores sociales. Si el conflicto colombiano ha sido, supuestamente, el enfrentamiento entre unos “actores armados”, lo cierto es que la violencia ha estado nítidamente focalizada en la población civil, y no cualquiera, sino precisamente el sector de ella que ha luchado por mejorar las condiciones de vida de la población, precisamente para acabar con las causas económicas y sociales que nutren cotidianamente la guerra.

El correlato “natural” de tal marasmo de violencia ha sido el constante incremento del presupuesto militar, destinado al ejercicio de guerra precisamente para escalar la violencia en niveles crecientes, en lugar de combatir las causas económicas que la favorecen. Es así como, mientras en el quinquenio 1989-1993 el gasto militar colombiano promedio, como proporción del PIB, era del 2.32%, en el periodo 2009-2013 había aumentado hasta el 3.475%[7], esto es, más de 1 punto del PIB adicional destinado a la guerra en escasos 20 años, que convierten a Colombia en el país de América Latina que más invierte en la guerra como proporción de su PIB, siendo el monto de tal rubro, en 2013, de 26 billones de pesos, más de una séptima parte del total del presupuesto nacional [8], así como en el país con mayor proporción de pie de fuerza en relación con la masa laboral disponible, 1.9%, para un total de 440.000 miembros de las fuerzas armadas del país (a 2011)[9]. Estas cifras descomunales de gasto para la guerra no encuentra correlato en el gasto nacional (como proporción del PIB) destinado a las actividades de ciencia y tecnología, que representan un ínfimo 0.18% del PIB. La conclusión no deja lugar a dudas: en Colombia la inversión en actividades de destrucción resulta faraónicamente superior a la inversión en actividades de construcción científica y desarrollo nacional. Luego, no resulta extraño, sino más bien lógico, el estancamiento y aún retroceso de las condiciones de vida del pueblo colombiano un año tras otro, y otro, y luego otro más, y así sucesivamente.

Pero dado que, detrás de las cifras estadísticas se esconden siempre relaciones y situaciones sociales, cabe la pregunta: ¿cuántos hospitales, escuelas, centros de atención primaria en salud, redes de acueducto y alcantarillado, conexiones eléctricas y de infraestructura, viviendas y demás programas de atención social han dejado de financiarse por el desvío de tan descomunales partidas presupuestales a la guerra? ¿Cuánto podrían avanzar el país en materia de lucha contra las desigualdades si el gigantesco aparato de guerra se reorientase a la financiación de los legítimos derechos sociales del pueblo colombiano? Al hacer el balance socio-político de la guerra, valdría la pena cuantificar los efectos de semejante derroche presupuestario en materia militar. Dada la dificultad de calcular tales cifras, dejamos consignado, sin embargo, que el balance socio-político de la guerra no corresponde sólo a las cifras de muertos y víctimas de la misma, no sólo a lo que se ha hecho por destruir, sino también en la que se ha dejado de hacer por construir un país más equitativo y, visto así, el balance es abismalmente negativo, lo que justifica, a nuestro entender, nuestra propuesta de frente amplio y popular por la paz.

3. De la guerra infinita a la paz estable y duradera: el frente amplio por la paz

Al hacer un balance de lo que ha significado para el pueblo colombiano más de dos siglos de guerra civil en general, y más de medio siglo de violencia socio-política en particular, con sus respuestas estatales de “estatuto de seguridad nacional”, de contrarreforma agraria apuntalada por las armas de paramilitares y narcotraficantes, de terrorismo de Estado, de progresión en la inversión militar y desfinanciamiento progresivo en materia de salud y educación, las conclusiones no pueden ser más negativas, al menos para ese vasto sector de la población que ha padecido la guerra, por el contrario de ese minoritario sector que, año tras año, se ha lucrado de ella, en las varias formas arriba mencionadas y en las muchas otras que aquí no alcanzamos a hacer mención.

Sin embargo, cuando se pone la vista en el acontecer nacional de los últimos años, el pesimismo se contrae para abrir paso a la esperanza, esa que se nutre de las gigantescas movilizaciones estudiantiles, campesinas y obreras, que han puesto en jaque el autoritarismo estatal y han puesto sobre la palestra el problema persistente de la desigualdad social jalonada por el modelo económico neoliberal en que se sustenta.

En los últimos años, grupos cada vez más extensos de la sociedad han comenzado a despertar del letargo inducido por la guerra y el terror, y han dejado sentir las fuerzas de su unidad y su masividad, para exigir del gobierno el cese del conflicto armado y la plena garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales. Desde los trabajadores de la caña, en el Valle, y de la palma africana, en Santander, hasta los campesinos cafeteros, paperos, lecheros y arroceros, a lo largo de la geografía nacional; desde las comunidades que protestas contra la megaminería extractivista en el páramo de Santurban, Cajamarca o Támesis, Jericó y Pueblo Rico, hasta los estudiantes que se oponen con éxito a las intentonas estatales de reformar la educación superior para hacer de la universidad pública la concubina de la empresa privada; desde el movimiento de víctimas que luchan por la recuperación de las tierras que el conflicto les ha arrebatado, hasta las movilizaciones de usuarios y trabajadores de la salud por eliminar la intermediación en el sector y configurar un sistema público, gratuito, universal y de calidad; desde todas las latitudes, sectores sociales y segmentos de la población, emergen organizaciones de base que se levantan para luchar contra el modelo expoliador del trabajo y de los recursos existentes, y para transformar la realidad nacional en favor de todas y todos.

Estos levantamientos agrietan profundamente el aparato de guerra que, durante tantos años y décadas, nos han impuesto las élites políticas y económicas del país, y sientan las bases de un estado de cosas que de fin a la interminable guerra, para dar paso a una situación estable y duradera, que se fundamente en la plena garantía de derechos para todas y todos.

Estos levantamientos son los que sustentan, igualmente, los primeros dos puntos de nuestro programa político, por un frente amplio y popular (punto 1) que reivindique e impulse una paz estable y duradera, entendida como plena garantía de derechos para todas y todos (punto 2). Entendemos y expresamos nuestro decidido apoyo al proceso de paz que se adelanta en la Habana entre el Estado colombiano y las FARC, a la vez que propugnamos por una salida política al conflicto con el ELN. No obstante, insistimos en que el cese del conflicto entre el estado y las insurgencias no agota, ni mucho menos, el tema de la paz, pues esta consiste, no tanto en desescalonar militarmente el conflicto, como en cortar por la raíz las causas que lo sustentan, que se reúnen todas en la expresión (y su significado) “desigualdad social”, y que por tanto, se resuelve en la formula “bienestar para el pueblo colombiano”.

Las negociaciones de paz de la Habana son un avance significativo a la construcción de la paz, pero son insuficientes para agotar su significado, que implica sendas transformaciones en la estructura de la propiedad rural (reforma agraria), dignificación de las condiciones laborales (estatuto del trabajo) y pleno reconocimiento de los derechos a la salud, la educación y la diversidad de género, temas todos que competen, por encima de los actores mismos del conflicto, a la sociedad y sus diferentes segmentos y sectores sociales.

La construcción de la paz pasa, entonces, por la creación del más vasto, amplio y coordinado movimiento social, capaz de arrancar, en la lucha de masas y política, el monopolio del poder que hasta ahora detentan las minorías políticas y económicas del país, capaz de transformar el actual sistema de privilegios en un modelo económico sustentado en la garantía plena de derechos.

El frente amplio y popular por la paz estable y duradera nace, así, de la necesidad de reunir en un solo haz a las fuerzas sociales y políticas del país, a las comunidades de base y a los partidos políticos progresistas y de izquierdas, en función de resignificar el modelo económico-social vigente, de uno autoritario, acumulador y militarista, en uno democrático, social e incluyente.

Esa senda, la de la unidad en la diversidad, constituye uno de los soportes de nuestra apuesta política, el que significa un solo músculo y una sola fuerza en aras de conquistar todos los derechos para todos los ciudadanos, que es lo que debe significar, en últimas, una paz que se precie de tal, y que converja armónicamente con el ideal de vida buena de que se arropa el término democracia en su más genuina expresión. La lucha por la unidad deviene, así, la lucha por la paz, y esta última la lucha por la justicia social. Como diría un viejo maestro: ¡la lucha es larga, comencemos ya!

[1] Según Marco Romero, director del Codhes, son 6.6 millones las hectáreas de tierra abandonadas o despojadas como efecto del conflicto armado, en sus diversas modalidades ilegales y legales (esto es, encubiertas). http://www.semana.com/nacion/articulo/el-acceso-tierra-ha-sido-eje-del-conflicto-armado/125048-3

[2] Diario El Espectador: “pueblos carboneros viven peor que los cocaleros”. En: http://www.elespectador.com/pueblos-carboneros-viven-peor-los-cocaleros-articulo-468836

[3] Diario El Espectador: “220.000 colombianos han muerto en 55 años de violencia”. En: http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/220000-colombianos-han-muerto-55-anos-de-violencia-articulo-435591

[4] Revista Semana: “seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia”. En: http://www.semana.com//nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3

[5] Revista Semana: “el acceso a la tierra ha sido el eje del conflicto armado” (entrevista). En: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-acceso-tierra-ha-sido-eje-del-conflicto-armado/125048-3

[6] Diario El Colombiano: “gobierno reconoce 12.000 sindicalistas víctimas del conflicto”. En: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_reconoce_12000_sindicalistas_victimas_del_conflicto/gobierno_reconoce_12000_sindicalistas_victimas_del_conflicto.asp

[7] Todas las cifras están tomadas del banco de datos del Banco Mundial. En: http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS/countries

[8] Diario El País: “pese a esperanza de paz, Colombia aumenta presupuesto de defensa”. En: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/pese-esperanza-paz-colombia-aumenta-presupuesto-defensa-y-seguridad

[9] Banco Mundial, ibídem.

Amenazas a líderes políticos de la oposición. Comunicado de prensa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 06 Feb 2014 17:20:00 +0000

Señalamos la responsabilidad del Gobierno Nacional por cualquier hecho que perturbe la buena marcha de este proceso democrático, y atente contra la vida e integridad física de las personas mencionadas en el desafortunado panfleto, sus familias y grupos políticos y sociales.

Dubán Vélez Mejía, candidato al congreso por el Polo Democrático Alternativo y su grupo de campaña, manifiesta a la opinión pública nacional e internacional, su rechazo total e indignación ante las amenazas de muerte recibidas por opositores políticos, candidatos a legislativas y presidenciales, entre ellos Iván Cepeda, candidato al Senado de la Republica, actual congresista y compañero de partido y campaña.

La ola de amenazas ha sido emprendida por parte de grupos de extrema derecha, que tras la fachada de grupos ilegales de exterminio pretenden enturbiar el ambiente electoral a un mes de las elecciones legislativas para el próximo periodo.

Como líderes sociales vinculados al PDA, nos solidarizamos con todas y cada una de las personas amenazadas, alentando a continuar sin temores ni disuasiones en la tarea urgente y necesaria de construcción de una democracia real en el País, que promulgue el respeto a la libertad de opinión, credo político y de expresión, la vida y la integridad personal, pilares fundamentales de ella.

Exigimos del gobierno nacional, acciones urgentes y contundentes para parar la ola de intimidaciones que comienza a tomar vuelo y que atenta descaradamente contra la vida y la libertad de opositores políticos y el proceso democrático del país. Por tanto solicitamos se brinde garantías para ejercer el derecho libertad de elegir y ser elegidos.

Asimismo manifestamos apoyo total y definitivo al proceso de paz que avanza en la Habana, lo que marcará los designios del país, como una apuesta a la paz con justicia social.

¡Basta ya de juego sucio y manipulaciones mediáticas!

¡Por el derecho a una Paz con Justicia Social definitiva, por el derecho a la vida y la integridad personal, a la libertad de expresión, opinión y credo político!

Dubán Vélez Mejía

Candidato al Congreso por el Polo democrático Alternativo.

Teléfonos de contacto: 291 12 11, 318 282 39 05, 301 292 34 87.

Todos somos trabajadores

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Bello es Bello: Lo demás es fea politiquería

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 06 Feb 2014 15:16:00 +0000

Lucharemos conjuntamente para que la impotencia no se convierta en indiferencia, para que los nuevos caminos de hacer política florezcan en nuestras generaciones y así nuestras juventudes no se vean obligadas a tener que empuñar un arma para llevarse un mendrugo a la boca.

¡Oh Bello!, ¿Quien pudiera darte toda la grandeza que te mereces?, el hecho histórico más grande que has logrado fue rechazar a aquellos que dicen representarte. Te representaste a ti mismo generando un verdadero hecho político. Lo cual demuestra que sí sabes hacer política, sin dejarte engañar de los discursos promeseros, sin dejarte poner precio por la acción descompuesta de algunos en la política, sin dejarte intimidar por los que obligan a ir a votar.

Sí, Bello grande y digno, sabes hacer política, porque son los pueblos, los que con su conciencia social, escriben la historia. Fue lo que demostraste ese día: con la alegría en el espíritu y una sonrisa en el rostro, supiste derrotar a los politiqueros, a los que compran votos, a los que hacen discursos promeseros, a los que intimidan para que la gente vote.

Seguiremos celebrando este hecho histórico y los que de aquí se desprendan, porque así es que se hace la política, no se compra.

Nosotros: Iván Cepeda y Dubán Vélez, que tenemos un pensamiento, un espíritu y la forma de hacer política a la que ustedes le marcaron el camino, queremos unirnos para celebrar juntos el nacimiento y el triunfo de una nueva forma de hacer política.

El encuentro nos fortalece: Bello desde sus caminos de base cultural, poética, deportiva, ecológica, de objetores de conciencia, de educación pública sin intermediarios, de comités de salud integral y pública, desde las múltiples expresiones musicales y grupos comunitarios, desde sus colectivos de comunicación alternativa y nosotros desde el Senado y la Cámara, escucharemos y acompañaremos; seremos los voceros del nuevo proyecto de hacer política desde la base social, desde el dolor, la tristeza y la injusticia para que ésta no se quede invisible, ni acallada, ni perseguida, sino para que se transforme.

El hacer la política nos hace dignos, nos brinda la libertad política y la libertad económica. Tenemos derecho a vivir dignamente. Vamos por todos los derechos.

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* Nororiental vota Popular *

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 06 Feb 2014 15:10:00 +0000

Ni un voto más para los mismos que siempre nos han mentido y engañado. Hagamos política desde lo popular en contra de los politiqueros mafiosos que siempre han comprado la política.

Dubán Vélez: nacido y criado en las calles del Popular. Un sobre-viviente a pesar de la pobreza, la marginalidad y la violencia. Un vecino de vecinos que no olvida de dónde viene. Un hijo del pueblo que no pierde su identidad. Un trabajador que aprendió la Dignidad y la quiere enseñar a las nuevas generaciones.

Un luchador que encontró el camino para hacer política con el pueblo y para el pueblo. La Nororiental tiene la oportunidad, por primera vez en la historia, de llevar a la Cámara de Representantes a un hijo, un hermano, un padre, un abuelo, un vecino, un trabajador, que escuchará nuestras voces y nos acompañará en nuestras luchas desde la Cámara de Representantes.

No seremos más personas invisibles, ni engañados con discursos promeseros; haremos política desde todos los rincones de la Nororiental contra aquellos que compran política con mercados o con el pago de las cuentas de Servicios, para después cobrar con los votos la venta de nuestros recursos a las Multinacionales y desangrar el país robándose los dineros públicos que son sagrados.

Ni un voto más para los mismos que siempre nos han mentido y engañado. Hagamos política desde lo popular en contra de los politiqueros mafiosos que siempre han comprado la política.

Iván Cepeda: otro aliado para hacer política. Sobreviviente de la guerra y la violencia, porque cuando estaba muy joven, el ejército le mató a su padre.

Ha sido perseguido, señalado, estigmatizado y amenazado por escuchar a las víctimas y acompañarlas para que no queden invisibles e impunes los crímenes de sus padres, hijos, hijas, niños y ancianos; para que les devuelvan sus tierras y puedan volver con dignidad a su trabajo.

Es defensor y arquitecto de los Derechos Humanos desde un movimiento que busca visibilizar a todos quienes la guerra ha silenciado, desplazado y herido con el velo de la impunidad y el olvido.

Hacemos política. No compramos la política. Escuchamos y acompañamos los procesos sociales, no hacemos discursos promeseros. Somos voceros del Pueblo. No representamos intereses mezquinos.

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De la crítica pasiva a la organización activa: Sobre la ineficacia política del voto en blanco.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 04 Feb 2014 15:10:00 +0000

Colombia asiste en la actualidad a uno de los momentos más trascendentales y enigmáticos de su historia nacional, y el pueblo debe tener plena conciencia de esto a la hora de tomar la decisión de participar o no en la lucha electoral.

Lo que está en juego, tras el proceso de paz del gobierno con las FARC en la Habana es algo más que la simple dejación de armas por parte de la insurgencia. El parlamento del próximo periodo, además, aprobará sendas e importantes normas en materia de reforma agraria, política, agropecuaria y energética, laboral y pensional, de la salud y casi seguramente tributaria, infraestructura y privatización y/o recuperación de sectores económicos fundamentales para el país (minero-energético, telecomunicaciones, servicios públicos, estructura administrativa del Estado et.), política y financiera.

Estamos en tiempos de elecciones y, como no podría ser menos que normal, el evento provoca las más heterogéneas reacciones sobre su validez y, también, sobre su pretendida o real “legitimidad”. Como líder sindical, dirigente político y ahora también candidato, pero además como ciudadano y parte de ese gran colectivo las más de las veces marginado denominado PUEBLO, quisiera plantear algunas opiniones al respecto, partiendo de la experiencia europea, para pasar al escenario local y concluir con una reflexión sobre la particular relevancia de la coyuntura electoral en conexión con la necesidad de las organizaciones sociales y la ciudadanía en busca de la consecución efectiva de sus derechos.

1. La experiencia europea

El año pasado el gran cineasta político británico Ken Loach presentó al gran público su nueva obra “el espíritu del 45”. La temática de la misma gira en torno al final de la segunda guerra mundial y el titánico esfuerzo desplegado por el movimiento obrero y popular, de la mano con el Partido Laborista (el de la época, no el neoliberal de ahora), para implementar el Estado de Bienestar en Inglaterra.

El documental relata con lujo de detalles, y también con fascinantes imágenes de apoyo, las experiencias, sentimientos y opiniones, tanto de trabajadores y familiares, como de médicos, enfermeras, ministros y personas del común, acerca de la necesidad de derrotar la amarga experiencia del fascismo desde su propia semilla, que no era (y sigue siendo) otra que la descomunal desigualdad social, traducida en el desempleo masivo y en el mejor de los casos estacional, la insalubridad, el analfabetismo, la segregación urbanística y cultural, entre otras.

La reflexión de los trabajadores y los soldados era simple y contundente: si el pueblo inglés fue capaz de derrotar al fascismo con las armas, y también de organizar la vida de manera colectiva durante los tiempos de la guerra, ¿por qué no iba a ser posible vencer males más al alcance de sus fuerzas, tales como esos que se generan por la desigualdad económica? (El documental puede verse aquí: http://www.sibercine.com/2013/10/ver-el-espiritu-del-45-online-gratis.html)

De esta suerte, a través de la organización social y la movilización política, las fuerzas populares lograron derrotar al gobierno conservador de Winston Churchill y hacerse con el poder estatal, para desplegar una vasta reforma de la economía del país, que incluyó: la nacionalización de los ferrocarriles y demás medios de transporte, la instauración de un sistema nacional de salud gratuito y de calidad, la masificación de la educación pública en todos sus niveles, la nacionalización del cobre y de la banca, entre otras muchas medidas.

Los resultados, contrario a lo que dicen los defensores del neoliberalismo, no se tradujeron en la creación de un “Estado totalitario”, sino en la época dorada del pueblo inglés, el periodo de bienestar más global y pleno que se haya conocido en el Reino Unido.

El objetivo de Loach al producir “el espíritu del 45” era, sin lugar a dudas, mostrar al pueblo inglés cómo, si una vez mediante la organización política pudo movilizarse para asegurar a cada ciudadano el disfrute pleno de sus derechos, hoy, en medio de la crisis económica más grande que haya conocido la humanidad, es perfectamente posible, mediante la organización social y la movilización política, que incluye, antes que excluir, el asalto a las instituciones estatales a través del voto popular organizado y consciente.

La experiencia narrada por Loach para el caso inglés fue, en mayor o menor medida, la seguida por los pueblos europeos en cada país, en una época que, no en vano, se conoce como la “edad dorada del capitalismo”, pues combinó, mal que bien, altas tasas de rentabilidad económica con elevados y progresivos beneficios sociales.

Uno puede estar o no de acuerdo con la viabilidad de volver a vivir una experiencia tal en el marco del capitalismo global, asunto perfectamente discutible, pero lo que no puede obviarse, la lección histórica que no puede omitirse, so pena de fracasar una y otra vez, es la necesidad de aunar los esfuerzos políticos de organización y movilización social en las calles con la labor de denuncia y oposición al interior de las instancias del poder político, especialmente del parlamento.

Esa experiencia, ese rico legado de triunfos obtenidos por el pueblo inglés y europeo, es una lección que se ha replicado en los últimos lustros en América Latina, donde la movilización social se ha dado la mano con la organización institucional, hasta conseguir algunos gobiernos progresistas en la región que combaten las desigualdades sociales, con diferentes grados de eficacia, pero sin obviar la movilización de masas, sino más bien cabalgando sobre su lomo.

2. El caso colombiano

En materia política el caso colombiano parece atípico, y tal peculiaridad le viene dada, en buena medida, de lo que ha sido el transcurrir de la lucha social y política del país en las últimas décadas. No en vano, aquí también se dieron, al igual que sucede en América Latina en la actualidad, y a lo sucedido en el continente europeo en la mitad del siglo pasado, serios y masivos procesos de movilización social y organización política, con una diferencia notable: en ningún otro país los intentos populares se vieron bañados en sangre de la manera y con la ferocidad que lo fueron en Colombia.

Como parte de una estrategia de contrarreforma armada del campo, el paramilitarismo, en alianza tácita y abierta con sectores militares, empresariales y políticos, eliminó y sigue eliminando sistemáticamente los intentos de autoorganización popular, no sólo en el campo, sino también del sindicalismo a nivel nacional, de tal suerte se cuentan por decenas de miles las personas víctimas de la violencia organizada por los sectores dominantes del país para la conservación del status quo.

Ésta, entre otras muchas razones, ha creado en un sector importante del movimiento social organizado un ambiente de opinión contrario a la participación en el escenario electoral, al que se suma la indignación de vastos sectores de la población de clase media, y de estudiantes, con los faraónicos y hasta esquizofrénicos niveles de corrupción que la clase política colombiana ha mostrado a lo largo y ancho del territorio, con lo que se cierra la tenaza justificatoria del abstencionismo y del voto en blanco en el país.

Sin embargo, ¿son los horrores de la violencia contra el pueblo colombiano, aunados a la corrupción rampante e inmoral de las élites políticas, elementos lo suficientemente fuertes para legitimar la abstención electoral y/o el voto en blanco? ¿No deberían ser, a la manera de los ejemplos europeo y latinoamericano, elementos de peso para ampliar la capacidad de unidad, organización, movilización y resistencia ciudadana y popular, en el ámbito callejero, pero también en el parlamento?

Desde nuestra campaña creemos seriamente que la abstención y el voto en blanco son, sin duda alguna, manifestaciones de descontento social respecto al carácter pre-moderno y elitista de la institucionalidad política colombiana, pero también que, por tratarse de manifestaciones de inconformidad pasiva, no combaten, sino que incluso pueden reforzar, las condiciones de existencia de un sistema económico-social autoritario, represivo y segregador.

Abstenerse de la lucha en el ámbito electoral puede ser como la voz de protesta del profeta en el desierto, que clama la reforma del modo de vida de la comunidad, pero en un terreno estéril para el cambio de costumbres y valores.

¿Y, qué mejor ejemplo de la importancia del voto popular organizado, que las mismas reacciones de la extrema derecha retrógrada y medieval a los intentos de fortalecimiento de procesos políticos democráticos?

El caso de Petro es, al respecto, suficientemente ilustrativo: un gobierno que, con sus aciertos y errores, desprivatizó el servicio de basuras, que incluyó y formalizó laboralmente a más de 800 trabajadores de la calle, que sustituyó los vehículos de tracción animal (“zorras”) por vehículos eléctricos gratuitos para los recicladores, ¿no es un gobierno que avanza por el camino de revertir las enormes desigualdades generadas por el modelo neoliberal en la capital de la república? ¿Y no es, igualmente, el ataque del procurador general a Petro, con su sentencia de destitución e inhabilitación por quince años para el alcalde mayor, una muestra de que, en efecto, los 500.000 millones de pesos que el alcalde les quitó a los “contratistas privados” para ponerlos en manos de la ciudadanía, le duelen a los mercenarios de los servicios públicos y a las élites que los respaldan y los acolitan?

Precisamente la ofensiva pseudo-jurídica del procurador contra los políticos de izquierda y populares en el país, es la mejor demostración de la importancia que la extrema derecha, ella sí muy consciente del valor de la lucha electoral, le da a los procesos de organización social y política del pueblo.

La conclusión, si se quiere, podría incluso formularse por vía negativa: dado que la extrema derecha muestra tal deseo de acorralar a la izquierda y a las organización populares de los puestos que a puro pulso se han ganado en el escenario electoral, esto debería servir de síntoma e indicativo de la necesidad, no de boicotear con la abstención o el voto en blanco esos procesos, sino de fortalecerlos con el voto en las elecciones, y con la movilización en las calles.

3. Reflexión final

En fin, es bastante plausible pensar que, en el próximo cuatrienio, se dará trámite a una de las cascadas legislativas más esenciales e influyentes en la vida de la nación, razón de más para no dejar en manos de las mismas maquinarias de siempre las riendas del barco económico-social colombiano.

Creemos sinceramente que, en 2010, se dio uno de los giros políticos más relevantes en la historia nacional, cambio de ciclo marcado por las gigantescas movilizaciones de masas en los sectores estudiantil, agrario, de salud y obrero y que, aunque de manera incipiente, ha logrado abrir una brecha que, en la medida en que se fortalezcan los movimientos sociales y políticos, puede abrir la senda de una real y profunda transformación de la sociedad y del país, que garantice la paz en condiciones de garantía de derechos para el pueblo.

Por ello mismo resulta tanto más perentorio el escalamiento de nuevas y variadas formas de empoderamiento social, dentro de las cuales consideramos el escenario electoral como clave, no en sí mismo, sino en su función de altoparlante y cohesionador de la movilización ciudadana de a pie, que es la manera en que, desde el movimiento vamos por los derechos, concebimos el escenario electoral: como puente y potenciador de las necesidades, reclamaciones y protestas sociales.

Por eso en esta nota enviamos estas reflexiones, recordando las sabias palabras de Víctor Hugo, según las cuales “no hay fuerza más poderosa que una idea a la que le ha llegado su tiempo”, y con plena consciencia de que la paz estable y duradera es ya la idea del momento histórico.

¡Vamos por los Derechos! Colombia.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 03 Feb 2014 17:02:00 +0000

Megaminería en Jericó

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 30 Jan 2014 23:24:00 +0000

¡Es el momento de la unidad, es el momento de la lucha, es el momento de la dignidad, es el momento de dar la pelea para transformar el país y darle una vida digna a nuestra gente y a nuestros hijos!

Hace apenas dos semanas la Contraloría General de la Nacional, un órgano estatal que expresa la opinión de ellos, los que están en el establecimiento, los que detentan el poder sobre 46 millones de personas que habitan este país, publicó la segunda parte de un estudio sobre la minería en Colombia. En ese documento se señalan cosas muy interesantes, entre ellas:

1. Que los municipios mineros, tanto de carbón como de oro, tienen condiciones de vida inferiores incluso a las de los pueblos cocaleros.

2. Que incluso los pueblos y ciudades petroleras, como Barrancabermeja, Puerto Gaitán o Cartagena, tienen condiciones de vida que apenas si pueden calificarse como “promedio”.

Estas dos conclusiones dicen mucho. Para empezar, pensemos un momento en los pueblos cocaleros. ¿Cuál es la realidad de estos municipios, ubicados en todas las latitudes del país, pero especialmente en el sur? Todos la conocemos: miseria, mucha miseria, desnutrición, inadecuada cobertura de servicios públicos, contaminación de fuentes hídricas y de la fauna y la flora, todo ello en medio de un ambiente de gran violencia. Y lo que dice el informe de la Contraloría es que los municipios mineros ¡viven peor! ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa, lo que eso quiere decir en cuanto a cómo van a cambiar las condiciones de vida en Jericó, si sus habitantes no paran los proyectos de minería en el municipio? Uno no necesita ser muy pesimista para saber lo que se le viene al pueblo de Jericó, sólo necesita mirar hacia esos pueblos cocaleros para darse una idea de lo que se le viene a Jericó. O también mirar la situación en municipios donde existe minería ilegal de oro, como en Tarazá o Caucasia, pueblos devastados por el conflicto armado, que se nutre de las “vacunas” de los grupos armados le cobran al pequeño minero para mantener su escalada de guerra, muerte y destrucción. No, la realidad de la minería no es la de un paraíso por conquistar, sino la de un infierno por descubrir y padecer.

Un solo dato ayuda a entender las implicaciones de la minería del oro en toda su trágica extensión: para extraer un solo gramo de este metal se necesitan 1.060 litros de agua, mientras para producir ese mismo grano, pero de arroz, papa o leche, se necesitan menos de dos litros, MENOS DE DOS LITROS!!!! La extracción de oro, tal y como se practica en países pobres y dependientes como el nuestro, genera en un año más contaminación que la que produce, en ese mismo año, una ciudad como Bogotá. ¿Eso que implica? Que esas toneladas de oro que piensan sacar de Jericó les va a costar a ustedes, al pueblo, enfermedades de toda clase: respiratorias (por los químicos utilizados y su expansión a través del aire), intestinales y de toda clase, porque además, el cianuro y otras sustancias altamente tóxicas se riegan por los ríos y terminan parando en la cocina de todos ustedes, en el agua que usan para preparar los alimentos, y por eso mismo ustedes van a tener una explosión de enfermedades que en este momento no conocen, y que obviamente no serán reconocidas ni por la multinacionales que operen en Jericó (a las que sólo les importa extraer riqueza), ni por el Estado, que además de permitir tal baño silencioso de sangre y muertes por enfermedades, no promueve un adecuado sistema de salud, porque su “reforma” mantiene la privatización de la salud de los colombianos a través de las EPS, ahora llamadas “gestoras”, pero siempre ladronas del dinero y la salud de los colombianos.

¿Por qué, si La minería es tan buena, no la practican los países desarrollados en sus territorios? En los países europeos hace ya más de dos décadas que se prohibió la minería del carbón, a pesar de que tienen muchos yacimientos, por los costos ambientales. En Sudáfrica los daños a la salud y los pésimos salarios fomentan rebeliones ciudadanas, a las que la policía responde con balas. En Perú la minería de oro ha generado gigantescos problemas ambientales y enconadas revueltas de la ciudadanía. En Argentina la movilización ciudadana ha impedido el desarrollo de grandes proyectos mineros, e incluso aquí en Colombia, en departamentos como Santander (páramo de Santurbán), o en municipios como Cajamarca (Tolima) y Támesis, aquí cerca, la gente se ha pronunciado en contra de estas explotaciones mineras y han impedido que se lleven a cabo. En Marmato, Caldas, la multinacional Glencore tuvo que pagar miles de millones de dólares para trasladar A TODO EL PUEBLO a otra parte, cosa que todavía no se ha terminado de hacer, y que incluso implicó el asesinato del sacerdote del pueblo, que se oponía a la explotación minera, en “extrañas circunstancias”. Esos son algunos de los ejemplos que el pueblo de Jericó puede tomar como experiencia para oponerse a este proyecto de expropiación y expoliación de la comunidad. Expropiación, porque no piensen ustedes que esa plata de la minería se va a quedar ni en el pueblo ni en el país: se la van a llevar las multinacionales para sus países de origen y, además, van a dejarles serios problemas económicos, como el de la inflación, es decir, que las cosas que ustedes compran les van a salir cada vez más caras, porque el movimiento de oro va a implicar una fuerte subida de los precios de los alimentos, de las mercancías y hasta de los arriendos, todo ello sin generar empleo, porque la tasa de generación de empleo de la minería es insignificante.

Por todas estas razones, nosotros nos oponemos a la explotación minera en el municipio de Jericó y en el resto del país, por sus altos costos ambientales, de salud y económicos, que superan enormemente los escasos “beneficios” que pueda generar dicha explotación, beneficios que, por cierto, no serán para la comunidad, sino para los funcionarios corruptos del ministerio de minas y de medio ambiente. También por estas razones manifestamos nuestro apoyo decidido al pueblo de Jericó en su movilización contra la megaminería de oro, afirmamos nuestro compromiso de acompañarlos, en el congreso, pero también y sobre todo en las calles, en el día a día, en esta importante lucha que están llevando a cabo.

¡Es el momento de la unidad, es el momento de la lucha, es el momento de la dignidad, es el momento de dar la pelea para transformar el país y darle una vida digna a nuestra gente y a nuestros hijos!

¡Vamos por los Derechos!

vamosporlosderechos.org

dubanvelez.blogspot.com

Iván Cepeda saluda a todos los habitantes del departamento de Antioquia y sus 125 municipios

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 27 Jan 2014 14:17:00 +0000

Acción Urgente: San Carlos se moviliza este sábado 25 de enero

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 24 Jan 2014 20:32:00 +0000

La movilización de la comunidad busca frenar la privatización de los recursos naturales y el usufructo privado del patrimonio hidrográfico del municipio.

Comunicado de Prensa

· Habitantes de San Carlos, Antioquia, anuncian protesta masiva para el próximo sábado 25 de enero.

· La construcción de una Microcentral Hidroeléctrica en el sector de La Chorrera ha despertado el malestar generalizado y la solicitud de la comunidad para que se impida el daño ambiental y el desarrollo de las obras.

· La movilización de la comunidad busca frenar la privatización de los recursos naturales y el usufructo privado del patrimonio hidrográfico del municipio.

Tras una masiva campaña de rechazo a la licencia concedida por Cornare al proyecto de Microcentral Hidroeléctrica La Chorrera, y luego de varias jornadas de recolección de firmas, los habitantes del municipio de San Carlos promueven la primera movilización en defensa del Medio Ambiente y a favor del disfrute público de los recursos naturales de esta región del oriente antioqueño.

El próximo 25 de enero se realizará una gran concentración y movilización en el casco urbano de San Carlos, buscando reversar la decisión que otorgó licencia ambiental a una empresa privada para beneficiarse de los recursos hídricos ubicados en la vereda Puerto Rico, sector La Chorrera del municipio.

Desde su plataforma en defensa de los Derechos Humanos y defendiendo su propuesta política en Antioquia, los líderes sociales Iván Cepeda Castro y Dubán Vélez Mejía, informan que acompañan y apoyan a la comunidad y denuncian que la Microcentral es producto de una decisión inconsulta y arbitraria por parte de Cornare, la cual es rechazada masivamente por toda la población San Carlitana.

La concentración iniciará a las 10:00 am el próximo sábado 25 de enero en el parque central del municipio. Los esperamos.

Te invitamos a conocer de cerca a Dubán Vélez. Compañero, amigo; líder social y sindical.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 24 Jan 2014 16:35:00 +0000

En la Compañía de Galletas Noel, se ha desempeñado como Mecánico de Hornos durante más de 25 años. Ha sido un líder obrero íntegro, perseguido y obligado a desplazarse al exilio en varios períodos críticos de trabajo sindical.

.:. Perfil .:.

Dubán Vélez. Líder sindical, presidente SINTRALIMENTICIA, defensor DDHH, organizador social, comprometido con los proyectos de transformación social de la ciudad y el país / Medellín, Antioquia.

Nace en Medellín el 22 de julio de 1966, hijo de una familia obrera de clase baja y luchadora. Sus primeros años de vida transcurren en el barrio Popular N°1, ubicado en la periferia nororiental de la ciudad. Casado y padre de dos hijos, este obrero de la fábrica de Galletas Noel, logró mantenerse firme con su familia en momentos en que la región caía brutalmente golpeada por obra y gracia de la mafia y el accionar paramilitar.

Su niñez transcurrió en medio de las pilatunas y aprendizajes propios de la Escuela Pablo VI ubicada en el mismo sector de la ciudad que lo vio crecer, y donde terminó sus estudios de Básica Primaria en el año de 1979.

Luego, en el famoso Instituto Popular de Cultura (IPC, hoy ITM), termina su educación secundaria, titulándose como Bachiller Técnico Industrial en 1985. Allí mismo cursa sus estudios en Mecánica Industrial y logra graduarse para empezar su carrera laboral en el mundo de la industria alimenticia.

Su incansable labor lo ha llevado a ser reconocido como Presidente de Sinaltrainal Seccional Medellín, Vicepresidente y Presidente de Sintralimenticia Seccional Medellín, Director del Departamento de Relaciones Sociales y como Tesorero de la CUT Antioquia, también logró ocupar el cargo de Presidente de Sintralimenticia a nivel Nacional.

Este hijo de empacador de mercados en la Cooperativa Cafetera de Antioquia y de una Ama de casa (desplazados ambos de la violencia del suroeste antioqueño), tuvo que verse obligado a salir hacia España en 2004, para ser acogido en el programa de refugio temporal asturiano luego de graves amenazas en contra de su vida y la de su familia.

Hoy, desde el Polo Democrático Alternativo en su tendencia socialista Antioquia y desde el trabajo sindical, barrial y popular, presentamos nuestra candidatura como un esfuerzo colectivo y de trabajo de base, que quiere construir poder popular con vocación de transformación en uno de los departamentos del país con los mayores índices de pobreza y subempleo.

Los cinturones de miseria en Medellín, la mafia en su total apogeo, las bandas en connivencia con organismos de seguridad corruptos, el desempleo, el despojo a los campesinos del departamento, y una juventud arrojada a la violencia y a la falta de oportunidades son algunas de las plagas a combatir con una propuesta política contundente, honesta y que mira de frente y sin ambigüedades a todos los Antioqueños.

¡Vamos por los Derechos!

dubanvelez.blogspot.com

vamosporlosderechos.org

Lanzamiento de Campaña. Martes 28 de Enero 5:00 p.m. Teatro ADIDA ¡Te esperamos!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 21 Jan 2014 21:36:00 +0000

Evento en Facebook:

https://www.facebook.com/events/202644916595638/?notif_t=plan_user_joined

Ser o no ser sindicalista ¿Cuál es el dilema?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 20 Jan 2014 23:01:00 +0000

El sindicalismo como propuesta de conciencia social y de clase trabajadora marca el camino de la gobernabilidad de lo humano, porque es el encargado de asumir la artesanía de la arquitectura humana, de la dignidad, del respeto y la emancipación en las bases sociales de los trabajadores y no trabajadores que el sistema capitalista excluye.

Tenemos unas historias y unas prácticas que han instalado en las subjetividades de las personas unas percepciones y unas representaciones de lo que es y significa el sindicalismo, el sindicalista y el sindicato. Para identificar algunas de estas subjetividades, se hizo la tarea de preguntar a algunas personas.

¿Qué piensa usted del sindicalismo?—Estas fueron algunas de sus respuestas- que se hace necesario resaltar y profundizar:

“El sindicalismo fracasó”. “El sindicalista es un vago que no trabaja y vive alrededor de los permisos sindicales”, “los sindicatos quiebran las empresas”, “los sindicatos son peligrosos porque allí no hay sino subversivos y terroristas”, “Yo como empleado no me sindicalizaría, porque eso es rebajarse, el sindicato es para los obreros”, “Si uno se sindicaliza lo echan del trabajo”, “Ser sindicalista es ser enemigo de la empresa, es ir en contra de la empresa”, “Si a uno le dan trabajo, no puede ser tan malagradecido de irse a sindicalizar después”.

Estas son algunas de las percepciones y representaciones que comúnmente se manifiestan siendo las más reiteradas y que tienen la capacidad de incidir política e ideológicamente sobre las representaciones simbólicas y de lo que significa como reconocimiento social el sindicalismo, teniendo la capacidad de llevar a las personas al rechazo, la estigmatización, el señalamiento, el miedo y el distanciamiento que llega hasta la indiferencia sobre la labor sindical; independiente a que éste haya sido el propósito de la labor sindical.

“Los sembradores de pánico han existido siempre. Siempre han existido los profesionales de la guerra. También en el mundo antiguo. En las fábulas de Fedro se encuentran sus huellas”. Cuenta Fedro que en un roble vivían tres familias. Un águila había construido su nido e incubado sus huevos en la copa del árbol. Un jabalí había cavado su guarida entre las raíces. Un gato había encontrado las ramas, a mitad del árbol, refugio seguro de vuelta de sus incursiones y sus robos.

El águila y el jabalí vivían en paz entre ellos, criando a sus hijos, ignorándose. El gato subió hasta el nido del águila y le habló misteriosamente de los malvados designios del jabalí: el árbol estaba a punto de caerse, el jabalí estaba excavando en las raíces ya que quería devorar a los aguiluchos; ¿qué podía hacer el águila para salvar a sus hijos? Atacar él primero, obligar al enemigo insidioso a huir, devorar a sus hijos, detener el malvado trabajo subterráneo.

Así sembrado el pánico, el gato se fue a ver al jabalí. ¿Cuándo se había visto bestia más estúpida que esa devoradora de bellotas? ¿El águila había puesto su nido en la copa del roble sólo para esperar el momento oportuno y secuestrar a los jabatos y no los protegía, no trataba de hacer escapar al enemigo? Sin embargo, sería muy fácil: bastaría con excavar en las raíces, hacer caer el árbol y ser el primero en destruir la casa y el poder del enemigo implacable.

Ocurrió que el jabalí no se atrevió a salir y dejar su guarida sin vigilancia y murió de hambre, y el águila tampoco volvió a salir de su nido y también murió de hambre. El gato devoró la carroña y durante unos cuantos días no tuvo que correr por el bosque en busca de presas. Los sembradores de pánico no son una invención moderna.

Esto explica muchas de las causas del porqué las nuevas generaciones de trabajadores, llámense todos asalariados sin distingo de nombre, no quieren afiliarse a un sindicato o fundar uno nuevo. Pero profundizando un poco con la problemática, el problema no está en afiliarse a un sindicato, sino en la falta de conciencia social de lo que significa en esencia el sindicalismo, como la expresión social más autónoma para la gestación y el ejercicio de la práctica democrática en la defensa del ser humano con dignidad y de las condiciones materiales a que tiene derechos desde su labor productiva sin explotación ni ningún tipo de esclavismo o sumisión, para cubrir sus necesidades.

Se podría plantear entonces que existen tres ingredientes que se han instalado en la subjetividad de las personas producto de momentos y hechos históricos: uno de miedo al sindicalismo, otro contemporáneo de no credibilidad y un tercero de desconocimiento de lo que en esencia es el sindicalismo como garantía de base del ejercicio de la democracia, como referente social organizativo que es capaz de garantizar el bienestar social, gracias a la labor colaborativa, cooperativa y solidaria que desde el principio de confianza como clase trabajadora se conquista y se mantiene en proceso de evolución en la relación capital –trabajo.

Es por esto que hoy todavía, se pueden disfrutar de los fondos de empleados sin ánimo de lucro y rentabilidad, de las escasas cooperativas sin la ideología capitalista y de las cajas de compensación familiar para la recreación y el deporte sin las políticas de mercado.

La acción sindicalizadora en sus dimensiones económicas, políticas e ideológicas, que se concretan y se desarrollan desde la relación capital-trabajo, le plantea críticas, tensiones y contradicciones a las actuales prácticas de ciertos sindicatos y ciertos dirigentes que ante la ausencia de conciencia de clase social se han plegado a los intereses del capital.

La labor que nos queda es emprender la profundización de las relaciones que se han establecido en las actuales labores sindicalizadoras y las prácticas que desarrollan ciertas dirigencias, que sin querer queriendo como dice el dicho, vienen reproduciendo formas colonialistas en las subjetividades de los afiliados y no afiliados al sindicalismo, cuando se creen patrones, gamonales, dictadores, que gritan y mandan a las bases como si fueran sus súbditos.

La tarea actual del sindicalismo en la era de la globalización imperialista monopólica neoliberal capitalista de mercado, es la de emancipar, liberar, al trabajador, al ser humano, de la enajenación que convirtió al cuerpo y a todos los seres de la naturaleza en mercancías. Una de las esencias de las luchas es la descolonización.

La descolonización implica una intervención en las jerarquías clasistas, raciales, políticas, económicas, de genero, epistémicos… construidas bajo siglos de colonialismo y de capitalismo, las cuales no se pueden reproducir por ningún motivo en la práctica sindical y más que reproducir hay que desaprender, porque las nuevas formas de producción en sus dimensiones sociales y culturales los instalan en las subjetividades permanentemente independientes a los individuos; como en caso que se presenta en los llamados contratos basura.

Uno de los aspectos dañinos y que han causado profundas crisis a la labor sindical, es lo aprendido en el terrorismo de Estado; entendiendo por terrorismo de Estado el uso de la violencia política por parte del Estado contra los contradictores políticos e ideológicos que no van a favorecer en su esencia intereses claramente económicos.

La enseñanza que hay que desaprender, y que está instalada en la subjetividad, es la necesidad social del uso de la fuerza física como mecanismo de dominio del enemigo. Cuando el enemigo es construido por el Estado ideológicamente en el opositor político, en el contradictor y en el luchador social que busca mejores reivindicaciones y derechos sociales.

En este escenario del contradictor político fue colocado por parte del Estado Colombiano al sindicalista. Muy pronto en las políticas de las luchas contra el terrorismo vinieron los discursos jurídicos que justifican la penalización y castigo de la labor sindical; hasta el punto de llevarlos a convertirlos en blanco de la eliminación física.

El no haber superado este pasado/presente, deja en la subjetividad de las viejas y nuevas generaciones, un sin número de miedos y temores, al hablar, participar, organizarse, movilizarse; incluso en llegar al extremo de instalar el aprendizaje de la práctica masificada de la indiferencia en todo lo que tenga que ver con lo político y la política.

Esta práctica de la indiferencia la describe muy bien el prisionero de los campos de concentración nazi Primo Levi, en sus memorias es enfático cuando dice: “Había demostrado que el hombre, el género humano, es decir, nosotros, éramos potencialmente capaces de causar una masa infinita de dolor; y que el dolor es la única fuerza que se crea de la nada, sin gasto, y sin trabajo. Es suficiente no mirar, no escuchar, no hacer nada”.

Se posee y se instala un aprendizaje de la no participación en nada y con nadie, que terminó siendo lo que criticó Anna Arendt, de aquellas personas que no movieron un solo dedo por lo que ocurría en el holocausto nazi, simplemente espectadores pasivos, ni siquiera el de ser ciudadanos.

Es tarea urgente del sindicalismo ser referente social, en el desaprendizaje, en la negación radical, de raíz, desde el ser, desde la subjetividad, de la “necesidad” del uso de la fuerza física, de la penalización, de la persecución, el castigo y judialización, hasta la eliminación del contradictor por causas políticas, ideológicas o económicas, si logramos sembrar la superación del pasado/presente del terrorismo de Estado, se estará dando un salto cualitativo a la democracia política directa, donde el ciudadano pueda ejercer sus derechos y deberes sin ningún temor, como mínimo.

Habría que acotar que la propaganda que el Estado Colombiano ha diseñado promoviendo el sindicalismo y su afiliación, no borra ni aclara el pasado/presente, porque el miedo al sindicalismo sigue instalado, y los enemigos que usan la fuerza para su eliminación todavía están entrenados y educados para esta labor. “¿Lo mataron por qué? Por ser sindicalista”. La pregunta que nos queda es ¿quién invitó a la fuerza paramilitar al conflicto laboral?

Si públicamente no se desmovilizan política e ideológicamente, habrá que seguir cantándoles: “cuantas veces me mataron /cuantas veces me morí/. Sin embargo estoy aquí…/”. La misión del sindicalismo global es adquirir las nuevas actitudes para los cambios decoloniales radicales. Luchan contra el miedo a la práctica directa de la democracia para poder vencer la indiferencia a la participación.

Vencer la indiferencia es ganar en dignidad. La dignidad es la que brinda la fuerza de y para la creatividad de la libertad política. Con la libertad política se dan las bases para la libertad económica. Desaprender la barbarie que nos enseñó el terrorismo de Estado, romper el maleficio del hábito de falta de libertad espiritual, es la tarea del sindicalismo global.

Decolonizarse de lo aprendido en la dictadura y el totalitarismo económico del sistema capitalista y las nuevas formas de neoesclavismo que se están instalando, resulta un imperativo, máxime cuando sus formas se manifiestan a través de las diversas rutas de contratación laboral, avaladas por el Estado en la implementación de las políticas neoliberales, desde donde se promueven los procesos de rentabilidad y ánimo de lucro en la privatización del Estado y de todas las políticas de beneficio social, la justicia, los servicios públicos domiciliarios.

Podríamos afirmar que el mayor triunfo del capitalismo es el haber logrado instalar en la subjetividad de las personas la conciencia social del amor por el dinero, de tal forma que hasta se expresa en el lenguaje bajo una ley que dice “El que pone el dinero, pone las condiciones”, negando con esta posición política hegemónica la condición de sujeto político del ciudadano.

La acumulación económica es una posición política y si ésta se asume por las personas como un criterio de verdad inamovible, la subjetividad adopta la ciega terquedad de no participar, sin aparente criterio, sin juicios, simplemente buscando acomodarse a la dictadura económica como si fuera la naturaleza, el conformismo, la adaptación sin criterios, la fe en lo que está dado, los convencionalismos coactivos, son ya estructuras mentales y síndromes de contenidos apolíticos, que por su supervivencia en las masas tienen implicaciones políticas de carácter paternalista, el cual se instala básicamente en aquel que posee el dinero, llámese rico, patrón, multinacional, En la subjetividad queda instalado como dispositivo de dependencia el sentarse a esperar que sea el otro o los otros, los que hagan el trabajo por uno.

Lo cual posibilita la alimentación de representaciones mesiánicas, de prácticas de representación únicas y hegemónicas, que con el paso del tiempo se perpetúan y se auto construyen como maquinarias políticas, redes de amigos politiqueros, burocracias administrativas inamovibles, que funcionan como empresas de corrupción que se apropian de los dineros de esfuerzos colectivos de forma particular. Hacen de lo público una apropiación privada.

Esta es en grandes líneas la anatomía de la dictadura de la dirigencia representativa, que posee la habilidad de reproducirse gracias a la dependencia política que crea en los representados o la compra de votos o la amenaza e intimidación a todo contradictor que trate de surgir por fuera de la maquinaria política. Esto se refuerza cuando dice “es que no hay saberes”.

El estarse aferrando a estas debilidades políticas de dependencia y a la creencia de que el que posee el dinero tiene la razón, este tipo de prácticas se va convirtiendo en la subjetividad de los representados, en un dispositivo instalado de rasgos específicos de la conciencia cosificado.

Este tipo de procesos da como resultado la práctica de una indiferencia enmascarado de superioridad, tanto en el representante como en el representado, porque ambos ocultan las razones del porque no se actúa diferente a lo ya dado, de las causas y consecuencias, al dar como resultado de las cosas, de que no hay nada que hacer, de que todo está mal, de que es muy difícil un cambio…y con este tipo de planteamientos se da por satisfecho. “Siempre ha sido así y siempre será así”.

Desde las épocas de la colonia y más ahora en el capitalismo global de especulación financiera, se sigue imponiendo en la subjetividad de las personas, el respeto por el que posee el dinero, la fortuna, las tierras, el uso de la fuerza, sin cuestionar en ningún momento porqué siguen instalados estos dispositivos de sumisión, cómo se obtuvieron, por qué se siguen reproduciendo de generación en generación, los feudos rurales, los feudos urbanos, los feudos políticos, la práctica gamonal.

Pero al profundizar un poco en estas prácticas coloniales, se puede encontrar que, la lógica epistémica del sistema capitalista global es la que dicta de forma totalitaria las políticas neoliberales e impone las nuevas formas de contratación laboral neoclasistas. Políticas que en su diseño, aparentemente no incluyen ni involucran a los trabajadores sindicalizados. Pero que tácticamente no los excluye del todo, al involucrarlos de forma indirecta, sobre todo a aquellos sindicalistas de conciencia social de amor por el dinero y de prácticas colonialistas, para que conformen en sus proyecciones sindicales de ideología capitalista global, los contratos sindicales.

O sea que los sindicalistas se convierten en patrones de compañeros trabajadores, violándole todos los derechos laborales y de seguridad social. Autorizando la tercerización –cuarterización, sobre compañeros trabajadores en la misma empresa, donde se contratan funciones y laborales, por dos, tres o cuatro patrones distintos, a la empresa originaria. Para que entreguen a los grupos financieros las cooperativas y los fondos de empleados con ánimo de lucro y rentabilidad para el capital. Para que la recreación, el deporte y el ocio se le entreguen a las políticas ideológicas de la libre competencia. Para que funden nuevos sindicatos que hagan paralelismo sindical al sindicalismo de conciencia social y acepten la pérdida de derechos laborales en las nuevas contrataciones, bajo la ideología de políticas de reestructuración empresarial.

El sindicalismo en la globalización debe invitar a hacer recorridos de reflexión crítica sobra la fatalidad, sus consecuencias y causas para que no queden en la penumbra, porque con el silencio y la negación a la participación es desde donde se alimenta y reproduce la fatalidad y la indiferencia disfrazada y al enmascaramiento de ciertos criterios con aires de superioridad. Sobre todo de aquellos trabajadores, que siendo asalariados, se crecen de mejor clase, de mejor familia, negándose a si mismos su condición de clase explotada y creyéndose el cuento de que pueden estar blindada contra la nuevas formas de explotación laboral, el acoso laboral y el neoesclavismo que se esconde en el diseño de políticas e ideologías de modernización del Estado y las transformaciones organizacionales. Cuando lo único que buscan es arrebatar las conquistas históricas logradas en las luchas sindicales.

Esta es una estrategia del sistema de mercado capitalista neoliberal monopólico imperialista global, que cuenta además con una legislación que le favorece ideológicamente, al hacer creer que con las demandas jurídicas de corte individualista, estilo tutelas, se tiene protección y garantía de los derechos laborales. Hay que tener claro que como estrategia global del sistema social capitalista, en la barbarie del mercado, todos, absolutamente todos, están con la fragilidad de ser presas fáciles de la perdida de la dignidad, de la imposibilidad de construir dignidad cuando es el dinero el centro, de la degradación moral y de la destrucción y desaparición del espíritu de lucha emancipatorio.

Estamos asistiendo a tiempos de oscuridad, en donde el individuo fue vuelto a la caverna de la que nos habla Platón.

Las tareas para estos tiempos de oscuridad del sindicalismo, deben ser globales. La invitación del sindicalismo es a caminar juntos, volver a lo social y colectivo de forma radical; venciendo ese yo colectivo que hegemoniza el uso de la fuerza como una necesidad a su contraparte, o caer en el yo colectivo que asumió como criterio de verdad el aplastamiento del otro al estilo barras bravas o al del enajenado por la barbarie de mercado con los sondeos de opinión que impone la dictadura del camino a seguir según la mayoría manipulada.

El sindicalismo como práctica de esencia social, humana y ambiental, se descoloniza de lo aprendido por la barbarie del mercado del sistema social capitalista. En este sentido podemos volver a los ancestros y la sabiduría de las generaciones que han sabido resistir por tantos siglos contra la injusticia social, el hambre, la pobreza, la miseria, la explotación y la destrucción de la madre tierra.

Dicen nuestros ancestros indígenas: “El encuentro nos fortalece y en tiempos de oscuridad debemos estar juntos”. Decía también Marx “los sufrimientos deben unirse contra los que los producen. En su momento también lo planteo Lenin que la unidad orgánica nos brinda la unidad de acción. La cual se expresa con el poder de los individuos asociados, que es lo que hace posible lo imposible que se da independiente de los individuos.

El camino a seguir para no ser inferiores a la historia, es la democracia participativa directa frente a cualquier contradicción o conflicto individual o colectivo. El interés común. La defensa de lo público, la libertad política y dentro de esta la libertad sindical, que es una de las garantías de creación de la autonomía social, de la creación de confianza de que con la organización social, se obtienen beneficios sociales, colectivos e individuales diversos.

Es la práctica sindicalista de base, que bajo la educación popular, se desarrolla con una pedagogía emancipatoria, la educación descolonizadora de prácticas que se han instalado como dispositivos de poder colonialista en las subjetividades, cambiándolas desde el ejemplo con prácticas de dignidad de lo humano, emancipatorias, democráticas con responsabilidad obligatoria de lo social, ambiental y colectivo.

Es en esta relación dialéctica y sistémica, de contacto permanente con la realidad que nos plantea el sistema social capitalista, desde donde se realiza la pedagogía emancipatoria sindicalista. Es por esto que podemos plantear que el ejercicio de la democracia no se reduce ni al Estado cosificado, ni al gobierno que se perpetua, ni mucho menos a las instituciones que se privatizan con clientelas políticas; estas son expresiones que se constituyen con sujetos políticos, con aquellos que se reivindican como ciudadanos con derechos y deberes en el ejercicio de la participación política, económica e ideológica, instalando gobernabilidad, formando Estado para las mayorías y construyendo nación y con la capacidad de vencer y transformar el sujeto espectador pasivo que reproduce el Estado-mercado.

La propuesta en concreto es que no se puede seguir de sujetos disponibles para la perdida de derechos, porque si no, ¿Qué le estamos dejando de herencia a nuestros hijos, a las futuras generaciones de trabajadores? La responsabilidad de las acciones sindicales es entregar lo recibido y lo heredado de las luchas históricas de los trabajadores, como mínimo, ante la incapacidad de de no crear nuevas reivindicaciones de libertad y bienestar social con dignidad.

El pasado/presente del sindicalismo no hay que olvidarlo. Lo importante es crear sobre los errores, superándolos, dando saltos cualitativos y cuantitativos, profundizando sobre aquel sindicalista que no queremos seguir reproduciendo, el colonialista de conciencia social por el dinero. Y promover un liderazgo sindicalista descolonial, de consciencia social y de clase asalariada o proletaria. Un liderazgo sindical que se piense ante todo como persona, como humano con dignidad, como ciudadano con derechos y deberes, como sujeto político emancipatorio y como ser viviente que lucha su soberanía desde su piel, su territorio hasta los confines de la nación humana. Este es el nuevo liderazgo que requieren hoy los tiempos de la globalización.

La labor sindicalizadora requiere de la fundamentación ideológica de ciencia y tecnología, de lo social, humano y ambiental, para la lucha política y económica, sin dejarse fragmentar por la ideología dominante del libre mercado.

La justicia social es parte de la esencia de la labor sindicalizadora en su creación, innovación, lucha, conquista y garantía de beneficio social colectivo, como patrimonio para la humanidad, funciones que no son delegables al Estado, el mercado o las corporaciones empresas.

Es por esto que desde el sindicalismo, el sindicato y el sindicalista, se promueve la unidad orgánica para la unidad de acción, porque el sujeto de igualdad ante la norma no está en la individualidad sino en la acción colectiva. Ante un sistema social capitalista que enajena, un sindicalismo unido globalmente que emancipa.

El sindicalismo como referente social de organización comunitaria

El sindicalismo en su esencia es una iniciativa eminentemente humana social, comunitaria, democrática , libre, autónoma, que esta en la misión de proteger, defender, formar y organizar a los trabajadores desde los valores de la colaboración ,la solidaridad y la dignidad frente a las posiciones, oposiciones , contradicciones y conflictos que se desprenden de las relaciones capital , trabajo , en lo económico, político e ideológico del proceso de producción, distribución y consumo desde la lógica del bien común y en defensa de lo publico como patrimonio de la humanidad en igualdad y equidad.

El sindicalismo, en sus pocos años de vida ha demostrado ser un referente de espacio,

tiempo de experimentación social. Los fondos de empleados, las cooperativas,

los centros recreacionales de deporte y ocio, la movilización social por la defensa

de derechos para la salud, la educación, la vivienda, la soberanía alimentaria,

los derechos humanos y en contra de la corrupción y la burocracia, son fiel maestra de lo que es y ha sido el sindicalismo en Colombia. A pesar de los errores en que

han caído ciertos sindicatos y ciertos sindicalistas, la filosofía y los principios del sindicalismo siguen vigentes.

Sobre todo hoy en día cuando, el Estado-Mercado capitalista ha entrado en crisis y arrastrado en esta crisis lo humano, la dignidad, lo ambiental y la vida misma en el planeta.

La educación popular nos garantiza la autonomía en el proceso de formación y la dimensión comunitaria nos brinda la práctica de la comunidad real del bien común de la creación de lo público como fundamento para la vida y patrimonio de la humanidad.

En la lucha sindical confluyen deseos, emociones, sentimientos y pensamientos que nos ayudaron a mantener el espíritu de lucha en alto, la libertad de pensamiento, la alegría por las transformaciones y o revoluciones, los sentimientos de dignidad y emancipación, tan ausentes en estos momentos de oscuridad; el trabajo es largo empecemos ya.

William Estrada

Sociólogo

Profesor de Cátedra
Universidad de Antioquia

Gira por el Oriente Antioqueño

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 17 Jan 2014 14:07:00 +0000

Así inscribimos nuestra candidatura

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