Hoy en día, ya no hace falta desplazarse a una oficina o esperar días a que un papel llegue por correo para cerrar un acuerdo o presentar un trámite. El mundo se ha vuelto digital y, con ello, ha surgido la necesidad de validar nuestra identidad en la red de una forma que sea tan fiable como poner un garabato en un folio.

Para lograr esto, han aparecido herramientas que nos permiten firmar electrónicamente cualquier archivo, eliminando la burocracia pesada y permitiéndonos gestionar todo desde el sofá de casa o con el móvil en la mano. Pero claro, para hacer esto bien, hay que entender qué hay detrás de esos archivos y cómo manejarlos sin liarse.

¿Qué es exactamente un certificado digital?

Para que no haya confusiones, pensemos en el certificado digital como un documento electrónico de identidad. Es un archivo que vincula a una persona (ya sea un particular o una empresa a través de su representante) con una clave pública y una privada. Este documento es emitido por una entidad de confianza, conocida como autoridad de certificación.

Dependiendo de cómo nos guste organizarnos, estos certificados pueden estar guardados en varios soportes físicos o virtuales, como el propio navegador del ordenador, un dispositivo USB o incluso en la tarjeta criptográfica del DNI digital en el móvil, que requiere un lector para funcionar.

La diferencia clave entre certificado y firma digital

Mucha gente usa estos términos como si fueran lo mismo, pero no es así. El certificado es la herramienta, la acreditación; mientras que la firma digital es la aplicación práctica de ese certificado sobre un documento concreto.

Técnicamente, la firma digital se basa en la criptografía de clave pública. Para evitar que el proceso sea lentísimo debido al tamaño de los archivos, se utilizan las llamadas funciones hash. Estas funciones crean un resumen único y fijo del documento; si se cambia una sola coma del texto, el hash cambia totalmente, lo que permite detectar cualquier manipulación.

Los tres pilares de la seguridad en la firma electrónica

Cuando firmamos digitalmente, no solo estamos poniendo un nombre, sino que estamos activando tres garantías fundamentales para la comunicación por internet:

• Identificación del firmante: Se sabe exactamente quién ha firmado el documento, equivaliendo a la firma manuscrita pero sin riesgo de falsificación.
• Integridad de los datos: Tenemos la certeza absoluta de que el contenido no ha sido modificado desde el momento de la firma.
• No repudio: El autor no puede decir posteriormente que él no envió el mensaje o que no firmó aquel documento, ya que solo él posee la clave privada.

¿En qué situaciones es útil usar la firma digital?

La utilidad es enorme y abarca casi cualquier gestión que antes requería presencia física. Por ejemplo, es la herramienta estrella para presentar la Declaración de la Renta por internet o para solicitar el certificado de vida laboral sin movernos de casa.

Además, es fundamental para interactuar con la administración pública a través de los registros electrónicos administrativos, recibir notificaciones oficiales de forma digital o dar validez legal a facturas electrónicas para autónomos y correos electrónicos profesionales.

Cómo firmar un documento paso a paso

Para poder firmar, primero necesitamos tener el certificado vigente y una herramienta de software. Tomando como ejemplo aplicaciones como IvSign, el proceso es bastante intuitivo:

Lo primero es importar el certificado en la aplicación. Si no aparece en el listado de usuarios, usamos la opción de importar, buscamos el archivo en nuestro equipo y validamos la operación introduciendo el PIN correspondiente.

Después, debemos cargar el archivo PDF que queremos firmar. Podemos simplemente arrastrar el documento a la ventana del programa o usar el botón de carga. En dispositivos móviles, basta con abrir el PDF y compartirlo directamente con la aplicación de firma.

Finalmente, seleccionamos el certificado que queremos emplear y pulsamos el botón de firmar. El sistema nos pedirá de nuevo el código PIN de operaciones para confirmar que somos nosotros. Una vez aceptado, el documento queda firmado. Algunas herramientas permiten incluso añadir un sello de tiempo para certificar el momento exacto de la firma o incluir una representación visual de nuestra firma manuscrita.

Privacidad y protección de datos

Es importante mencionar que el tratamiento de estos datos está sujeto a normativas estrictas como la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos personales asociados a los certificados que se envían para validaciones deben usarse exclusivamente para ese fin y ser eliminados de los registros temporales una vez que la operación ha finalizado con éxito.

El uso de estas tecnologías nos permite transitar hacia una sociedad sin papeles donde la autenticidad y la seguridad están garantizadas por algoritmos matemáticos, haciendo que la gestión de trámites administrativos y contratos sea mucho más ágil, segura y ecológica que el sistema tradicional.

La guerra abierta entre el Gobierno y el sector de los centros de datos ha alcanzado un punto crítico. El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa un real decreto que pretende endurecer los requisitos de sostenibilidad para estas infraestructuras, pero la industria y varias comunidades autónomas lo ven como una losa que puede dinamitar miles de millones de euros en inversiones. La propuesta, que se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 10 de septiembre, ha generado una avalancha de alegaciones y advertencias sobre el futuro de un sector clave para la digitalización y la inteligencia artificial.

Las cifras que se manejan son mareantes. Según la Asociación Española de Data Centers (SpainDC), el potencial de inversión vinculado a los centros de datos en España hasta 2030 supera los 66.900 millones de euros, aunque otras fuentes elevan la cifra hasta los 67.000 millones. Sin embargo, el anuncio de la nueva normativa ha provocado que al menos tres grandes empresas internacionales hayan congelado sus proyectos, lo que representa cerca de un 15% de ese total, es decir, unos 9.000 millones que peligran de forma inmediata. Y no es solo eso: desde la patronal avisan de que entre el 80% y el 90% de la futura inversión podría esfumarse si el texto definitivo no cambia sustancialmente.

Requisitos técnicos que el sector considera inasumibles

El núcleo del conflicto está en las exigencias energéticas. El borrador del real decreto obliga a que al menos el 80% del consumo eléctrico de cada centro de datos esté respaldado por nueva generación renovable, con una correspondencia hora a hora entre producción y consumo. Además, se exige que la cuota media de renovables del sistema eléctrico nacional supere el 90% (frente al 55,5% actual) y que las instalaciones renovables que den soporte tengan una antigüedad máxima de 18 meses. Para el sector, esto es imposible de cumplir con la tecnología y los plazos actuales. Como señala el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, “obtener los permisos, financiar y construir un parque eólico o fotovoltaico lleva mucho más que esos 18 meses”.

A esto se suman requisitos de eficiencia energética y consumo de agua que, según comunidades como Murcia, penalizan a regiones con climas más cálidos. El consejero murciano, Juan María Vázquez, ha denunciado que “una instalación eficiente no puede ser considerada menos sostenible simplemente por estar situada en Murcia”. Estas condiciones, combinadas, convierten a España en uno de los mercados más restrictivos de Europa para los centros de datos, algo que choca con la estrategia de atraer inversión tecnológica y mejorar la eficiencia energética en la industria española.

Reacciones en cadena: asociaciones, empresas y gobiernos autonómicos

La respuesta no se ha hecho esperar. SpainDC presentó sus alegaciones en la sede de la CEOE, donde su directora ejecutiva, Begoña Villacís, calificó de “inadmisible” la inseguridad jurídica generada. La asociación denuncia que los proyectos maduros, con permisos concedidos y capital comprometido, se ven ahora abocados a asumir condiciones retroactivas que no existían cuando se tomaron las decisiones de inversión. En la misma línea, Amazon ha pisado el acelerador en IA y ha reclamado al Gobierno que “proteja las inversiones ya comprometidas” y que España se alinee con los marcos regulatorios de la UE para no perder competitividad.

Las comunidades autónomas también han movido ficha. El Gobierno de Aragón, donde se concentran la mayoría de proyectos (más de 54.000 millones en juego), ha presentado alegaciones contundentes. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que “ninguno de los centros de datos en tramitación podría cumplir con los criterios actuales”, lo que llevaría a una paralización efectiva. Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid también han mostrado su rechazo, y el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha amenazado con acudir a los tribunales si la norma no se modifica.

El peligro de que las inversiones se vayan a otro país

Una de las mayores preocupaciones es que España quede fuera del mapa de las grandes tecnológicas. Empresas como Google, Meta o Microsoft tienen proyectos milmillonarios en marcha, y asesores y fondos internacionales ya están valorando alternativas en Francia, Italia o los países nórdicos, donde las reglas son más flexibles. El sector insiste en que España no compite contra sí misma, sino contra el resto de Europa. Si aquí los requisitos son inasumibles, las inversiones se deslocalizarán. De hecho, SpainDC ha confirmado que tres grandes socios han abandonado sus planes inmediatamente después del anuncio del decreto, lo que supone una pérdida de casi el 15% del total previsto.

Además, el impacto no se limita a los centros de datos. La incertidumbre regulatoria “abona el terreno para intervenir en otros sectores y disminuye la seguridad jurídica”, señalan fuentes consultadas por varios medios. Esto ocurre en un momento delicado para la inversión estadounidense en España, que ya viene cayendo por las tensiones políticas entre Madrid y Washington. La nueva norma podría ser la puntilla para que muchas empresas norteamericanas se lo piensen dos veces antes de apostar por nuestro país.

La postura del Gobierno: evitar una avalancha de proyectos inviables

Desde el Ejecutivo se defiende que la regulación es necesaria para ordenar un sector que ha crecido de forma descontrolada. Se han concedido más de 12 gigavatios (GW) de acceso a la red, cuando la demanda prevista para 2030 es de solo 3,5-4 GW. Con estas cifras, el Gobierno argumenta que hay que separar el grano de la paja y evitar que la red quede acaparada por proyectos especulativos. Además, el Ministerio de Transición Ecológica ha ampliado el plazo de alegaciones una semana extra, lo que se interpreta como una voluntad de escuchar al sector. Sin embargo, la industria no las tiene todas consigo, y espera que el texto definitivo incluya cambios sustanciales, especialmente en el régimen transitorio para proyectos ya avanzados.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio. Tras el cierre del periodo de alegaciones, el Gobierno debe decidir si suaviza las condiciones o mantiene su postura. Lo cierto es que, si se aprueba tal como está redactado, España podría pasar de ser uno de los destinos más atractivos de Europa para los centros de datos a ser, en palabras de SpainDC, “el menos atractivo”. La incertidumbre está frenando decisiones de inversión por valor de decenas de miles de millones, y el reloj corre.

Mientras tanto, el sector pide diálogo y sentido común. Como sentencia Emilio Díaz, “nadie invertirá en un centro de datos en España si tiene riesgo de perder un permiso de acceso y conexión”. La solución pasa por encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica, y por respetar los proyectos que ya están en marcha. Si no, el país se arriesga a perder una oportunidad histórica para consolidarse como un hub digital a nivel europeo, justo cuando la inteligencia artificial y la nube marcan el futuro de la economía global.

En definitiva, el real decreto sobre centros de datos ha destapado un conflicto de intereses que afecta a la competitividad del país. Las inversiones multimillonarias están en juego, y la decisión del Gobierno en las próximas semanas será clave. Si se atienden las alegaciones y se establece un marco claro y previsible, España aún puede mantener el tirón. Si no, veremos cómo los proyectos se evaporan y las empresas se llevan su dinero a otros lares. La pelota está en el tejado del Ejecutivo, y el sector espera que no se juegue mal esta partida.

El Gobierno cubano ha dado un paso más en el camino hacia la liberalización de su economía con la aprobación de un nuevo paquete normativo que regula la apertura de cuentas bancarias en divisas y amplía las operaciones permitidas para el sector privado. Las resoluciones 102/2026 del Banco Central de Cuba (BCC) y 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), publicadas este jueves en la Gaceta Oficial, establecen un marco legal que busca ordenar el uso de la moneda extranjera en las transacciones internas e interempresariales.

La normativa, que entra en vigor en los próximos días, permite a las personas naturales y jurídicas abrir cuentas en divisas sin necesidad de una autorización previa del BCC. Los titulares de estas cuentas serán responsables de todas las operaciones que se registren, mientras que los bancos deberán aplicar las medidas de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Qué cambios introduce la nueva normativa?

Una de las principales novedades es que los actores económicos no estatales podrán aceptar pagos en efectivo en divisas cuando el cliente así lo decida y depositar esos fondos en sus cuentas fiscales. Esta medida facilita que las mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y otros negocios privados puedan operar con dólares, euros u otras monedas sin depender exclusivamente de intermediarios estatales.

Además, las empresas privadas podrán utilizar sus cuentas en divisas para realizar pagos al exterior por importaciones de bienes y servicios, así como para operaciones vinculadas con financiamientos. También podrán recibir ingresos procedentes de exportaciones, comercio electrónico y transferencias desde el extranjero, según detalla la Resolución 102/2026.

Otra cuestión relevante es que los negocios privados tienen la opción de retirar efectivo en moneda extranjera para gastos de viaje al exterior, aunque esta posibilidad estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la política comercial de cada banco. La nueva regulación también autoriza la venta de divisas en el mercado cambiario y las transferencias entre cuentas de distintas empresas o personas naturales.

Implicaciones para el peso cubano y la economía

La publicación de estas resoluciones ha generado reacciones encontradas entre los economistas. Mientras que el Gobierno defiende las medidas como parte de un proceso de descentralización y apertura gradual, algunos analistas señalan que la ampliación del uso de divisas puede debilitar aún más el peso cubano. El economista independiente Pedro Monreal ha criticado la medida, asegurando que contradice la misión del BCC de defender la moneda nacional.

La Resolución 103/2026 también establece que los actores económicos sin coeficiente de retención aprobado deberán retener el 80% de sus ingresos en divisas, mientras que el 20% restante se acreditará en moneda nacional al tipo de cambio vigente. Las empresas con inversión extranjera o financiamiento externo retendrán el 100% de esos ingresos, lo que busca fomentar la llegada de capitales.

Estas normas se enmarcan en el paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio, que incluye la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, la apertura de cuentas en el exterior sin permiso previo y el desarrollo de agencias de turismo privadas. El objetivo declarado es generar más ingresos en divisas para los sectores productivos, pero sin renunciar al control centralizado sobre su circulación.

La entrada en vigor de la Resolución 102/2026 está prevista para siete días después de su publicación, es decir, alrededor del 17 de septiembre. Mientras tanto, las autoridades confían en que la nueva regulación contribuya a ordenar las operaciones en moneda extranjera, fortalecer los encadenamientos productivos y aliviar la escasez de divisas que arrastra la isla.

En definitiva, Cuba avanza hacia un modelo en el que las divisas juegan un papel cada vez más relevante, pero con límites claros sobre el manejo del efectivo y una supervisión estricta para evitar el lavado de dinero. La pregunta que queda en el aire es si esta apertura será suficiente para atraer inversiones y reactivar una economía golpeada por la crisis, las sanciones y el bloqueo estadounidense.

Pero no solo se trata de dinero. La formación, el acompañamiento y la creación de redes resultan igual de decisivos. Las escuelas de negocios españolas también figuran entre las más destacadas del mundo a la hora de formar a futuros fundadores de startups que acaban recibiendo financiación externa. Todo ello configura un entorno en el que la iniciativa emprendedora encuentra cada vez más facilidades para transformarse en realidad.

Ayudas económicas para echar a andar

Uno de los incentivos más llamativos es el programa ‘Cádiz Renueva’, impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF). Esta iniciativa destina hasta 20.000 euros por beneficiario para la apertura o renovación de negocios en los sectores comercial, hostelero y turístico. La subvención puede cubrir hasta el 85% de la inversión necesaria, con especial prioridad para los barrios incluidos en la estrategia EDIL, como Loreto, Puntales o la Barriada de la Paz. El alcalde, Bruno García, ha señalado que este programa se suma a otras tres líneas de apoyo ya activas, con una inversión municipal superior a los dos millones de euros.

En la ciudad de Valencia, el consistorio ha puesto en marcha ‘Emprende y Concilia 2026’, una línea de ayudas para emprendedores dotada con 3,1 millones de euros para autónomos y nuevos emprendedores. Las subvenciones alcanzan los 3.000 euros para quienes hayan iniciado una actividad recientemente, ampliables en 500 euros si se tienen hijos menores de 12 años o familiares dependientes, y en 500 euros más para emprendedores de hasta 35 años, con un máximo de 4.000 euros. Los solicitantes deben estar empadronados en la ciudad desde hace al menos cinco años y desarrollar su actividad en el término municipal. El concejal de Emprendimiento, José González, ha destacado que “detrás de cada autónomo hay esfuerzo, inversión y muchas horas de trabajo”, por lo que estas ayudas pretenden allanar el camino.

Formación, asesoramiento y networking

Más allá de las subvenciones, los servicios de asesoramiento están demostrando su utilidad. La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha atendido a 139 personas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 20 ya han puesto en marcha nuevas empresas (17 como autónomas y 3 como sociedades limitadas). También se elaboraron 10 planes de empresa y se tramitaron ocho solicitudes de microcréditos sin aval. El perfil del emprendedor español actual corresponde mayoritariamente a hombres (56,1%) frente a mujeres (43,9%), con un 71,9% de participantes residentes en la propia ciudad y un 64,8% con estudios superiores o técnicos. El grupo de edad más activo es el de 46 a 55 años, lo que refleja que el emprendimiento se está convirtiendo en una vía de reorientación profesional.

El Centro de Arte de Alcobendas acogerá el Summit Alcobendas, un encuentro empresarial que este año lleva por lema ‘Crecimiento empresarial: nuevas oportunidades para emprendedores y empresas’. La jornada, gratuita, reunirá a emprendedores, startups, inversores y representantes del ecosistema empresarial para abordar la automatización, la financiación y las estrategias de crecimiento. Se celebrará una mesa redonda sobre las industrias y empleos del futuro, además de talleres, un Investor Match y presentaciones de proyectos europeos, siguiendo la estructura de las mejores jornadas de emprendimiento e innovación.

En Castilla-La Mancha, el Espacio Coworking EOI-JCCM de Puertollano ha reunido a 13 emprendedores con sus proyectos en la novena edición. Los participantes superaron un taller denominado ‘El Matrix del emprendedor’, donde mediante un escape room inspirado en la película trabajaron la motivación, la creatividad y la toma de decisiones. Por su parte, el Clinic Joven Emprende ha clausurado su vigésima edición con más de 500 jóvenes formados en alto rendimiento emprendedor, consolidando un ecosistema emprendedor juvenil más fuerte.

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, por su parte, atendió a 480 emprendedores durante 2025, con 256 asesoramientos en su Oficina Acelera Pyme, 72 formaciones y 176 certificados digitales. También se realizaron 34 planes de empresa y 47 acciones de Formación Profesional y Empleo. La delegación de Formentera organizó 22 cursos y la institución celebró nueve convenios de colaboración con administraciones y entidades, demostrando que la labor de acompañamiento y la capacitación para pymes se extiende a todos los territorios.

El talento español brilla en el ranking PitchBook

La educación superior también es clave en esta dinámica. El ránking global ‘PitchBook 2026’, que analiza las instituciones con más graduados de MBA que fundan startups respaldadas por capital riesgo, sitúa a IE Business School en el puesto 14 mundial y a IESE en el 15, mientras que Esade figura en el 25. El top europeo lo lideran INSEAD y London Business School, mientras que en España la inteligencia artificial se convierte en aliada para optimizar estos modelos de negocio. IE contabiliza 388 fundadores y 343 compañías creadas, con 7.200 millones de dólares levantados; IESE suma 381 fundadores, 345 empresas y 8.500 millones; y Esade alcanza los 233 fundadores y 212 empresas con 3.700 millones. Este resultado subraya que España alberga nodos educativos de primer nivel dentro de la red mundial del emprendimiento, aunque ninguna universidad española aparece en el top 20 de grado, diferencia que se atribuye a la fortaleza de los programas de posgrado. Los datos demuestran que la proximidad a redes de exalumnos influye en la financiación, ya que, según estudios citados, alrededor de un tercio de las operaciones de capital riesgo involucran a fundadores e inversores de la misma universidad.

Con todas estas iniciativas, España refuerza su posición como un país donde emprender deja de ser una quimera. Las ayudas económicas, los programas de acompañamiento, los eventos de conexión y el prestigio de sus escuelas de negocios crean un caldo de cultivo propicio para que las nuevas ideas encuentren financiación y apoyo. Aunque todavía quedan retos burocráticos por resolver, los pasos dados desde las administraciones y el ámbito educativo allanan el camino a quienes deciden arriscarse. Cada nuevo negocio no solo genera riqueza, sino que transforma el tejido productivo y consolida una cultura emprendedora que ya empieza a dar frutos en todo el territorio.

La cumbre de los BRICS ha arrancado este fin de semana en Nueva Delhi con la asistencia de los líderes de los once países miembros, en un ambiente marcado por las tensiones geopolíticas y la necesidad de mostrar unidad. India, como anfitriona, ha puesto sobre la mesa un lema que intenta preservar el acrónimo original mientras da cabida a los nuevos socios. La cita llega en un momento delicado, con conflictos abiertos en Oriente Medio y Ucrania, y con la mirada puesta en el reencuentro entre Xi Jinping y Narendra Modi.

Además de los debates económicos, la cumbre servirá para escenificar el deshielo entre China e India, así como para reforzar los lazos entre Rusia y Nueva Delhi. El bloque, que representa cerca de la mitad de la población mundial, ha aprobado una declaración conjunta que pide máxima contención y rechaza las sanciones unilaterales. Sin embargo, las diferencias internas siguen siendo un obstáculo para avanzar hacia acuerdos más ambiciosos.

India, anfitriona de una cumbre decisiva

La presidencia india ha querido imprimir su sello con el lema «Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability», que se traduce como «Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad». Una fórmula que, según los analistas, permite mantener las siglas originales mientras se amplía el grupo. No es un detalle menor, porque la expansión ha incorporado a Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, además de Arabia Saudí como socio.

Para Nueva Delhi, acoger esta cita supone reafirmar su papel como puente entre bloques. India mantiene una relación fluida con Occidente y, a la vez, participa en foros como los BRICS, lo que le otorga una posición privilegiada para mediar en asuntos globales. De hecho, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha insistido en que el foro debe tener un «enfoque centrado en las personas» y ha propuesto la creación de una red de emergencia para asistir a marinos en crisis, una iniciativa que ya ha sido bien recibida por varios socios.

Declaración de Nueva Delhi: contención y rechazo a las sanciones

Uno de los principales logros de la cumbre ha sido la adopción por unanimidad de una declaración de 140 puntos. En ella, los líderes expresan su «profunda preocupación» por la escalada en Oriente Medio y piden «máxima contención» para evitar que la situación empeore. El texto también condena las sanciones unilaterales que contradicen el derecho internacional, así como los ataques contra infraestructuras civiles e instalaciones nucleares pacíficas.

La declaración evita mencionar directamente la guerra en Ucrania, pero hace un llamamiento general a la diplomacia y a la prevención de conflictos. Asimismo, subraya la necesidad de mantener el flujo del comercio global y las cadenas de suministro, un punto especialmente sensible dada la situación en el estrecho de Ormuz. El documento no menciona países concretos, lo que ha sido interpretado como un ejercicio de equilibrio diplomático por parte de India.

Xi y Modi: el reencuentro que marca la región

La visita de Xi Jinping a India, la primera en siete años, ha sido uno de los focos de atención. El presidente chino ha llegado a Nueva Delhi con una agenda centrada en consolidar el deshielo iniciado tras las tensiones fronterizas de 2020. Ambos líderes tienen previsto mantener una reunión bilateral en la que abordarán, entre otros temas, la cooperación económica y la estabilidad en la frontera del Himalaya.

En los últimos meses, China e India han retomado los vuelos directos y la acreditación de corresponsales, pero aún quedan asuntos espinosos como los controles a la exportación de maquinaria y recursos. La relación bilateral es clave para el equilibrio regional, y tanto Pekín como Nueva Delhi parecen dispuestos a dejar atrás las disputas del pasado. De hecho, el propio Xi ha instado a ser «socios, no rivales», una frase que resume su intención de rebajar la tensión.

Putin y la alianza estratégica con India

Vladimir Putin ha acudido a la cumbre con la intención de demostrar que Rusia sigue teniendo aliados importantes. Moscú y Nueva Delhi han reforzado su cooperación en energía, defensa y comercio. El intercambio bilateral alcanzó los 65.700 millones de dólares en el ejercicio 2023-2024, con un fuerte desequilibrio a favor de las exportaciones rusas, principalmente petróleo y fertilizantes.

Para India, esta relación le permite diversificar sus fuentes de energía a precios competitivos, mientras que para Rusia es una vía para eludir el aislamiento occidental. Putin ha aprovechado la tribuna para defender la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU con representantes de Asia, África y América Latina, una propuesta que coincide con las aspiraciones de otros miembros del bloque.

Los retos económicos y financieros del bloque

Más allá de las cuestiones geopolíticas, los BRICS buscan avanzar en mecanismos concretos de cooperación económica. Uno de los temas estrella es la mejora de los pagos transfronterizos mediante el uso de monedas nacionales y monedas digitales. India ha planteado conectar los sistemas de divisas digitales para facilitar las operaciones entre empresas, aunque la creación de una moneda común sigue descartada por ahora.

El Nuevo Banco de Desarrollo, presidido por Dilma Rousseff, estudia incrementar la financiación en monedas de los propios miembros y prepara una emisión de bonos en rupias. No obstante, las diferencias técnicas y políticas entre los socios frenan los avances. A fin de cuentas, el bloque parece condenado a avanzar a pequeños pasos, más por pragmatismo que por grandes ambiciones.

La cumbre de Nueva Delhi ha dejado un regusto agridulce, con acuerdos reales pero limitados. La capacidad del bloque para influir en el orden mundial sigue siendo una incógnita, aunque su peso demográfico y económico obliga a tenerlo en cuenta. Lo que está claro es que, con líderes como Modi, Xi y Putin, los BRICS han vuelto a demostrar que son un actor imprescindible en el tablero global.

Todo apunta a que sí. La próxima actualización del precio máximo de venta al público está fijada para el martes 15 de septiembre, y las previsiones de los expertos no son halagüeñas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha avisado de que se podría aplicar el incremento máximo permitido, un 5%, lo que dejaría el precio de la bombona tradicional de 12,5 kilos en torno a 18,72 euros.

La subida de julio: un cambio de rumbo tras la rebaja temporal

El pasado 21 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica fijó el precio de la bombona en 17,83 euros, lo que supuso un incremento notable respecto a los 15,39 euros que se pagaban desde mayo. Ese salto no fue casualidad: a finales de junio desaparecieron las ayudas fiscales que rebajaban el IVA y el impuesto de hidrocarburos, lo que encareció el producto de forma inmediata.

Además, las variables internacionales jugaron en contra. Aunque la cotización de las materias primas bajó un 33%, el coste del transporte (fletes) se disparó un 51,8% y el euro se depreció ligeramente frente al dólar. Todo ello se tradujo en un encarecimiento real que, según explican fuentes del Ministerio, fue del 16% en términos brutos, pero que sin la retirada de los beneficios fiscales habría sido del 4,94%.

¿Cómo se calcula el precio que pagamos por el butano?

El precio máximo de la bombona de butano no se fija de forma caprichosa. Una fórmula oficial, recogida en la orden IET/389/2015, determina cada dos meses (el tercer martes del mes) cuánto debe valer. Se tienen en cuenta la cotización internacional del propano y butano, los fletes, el tipo de cambio euro-dólar y otros costes de comercialización.

El sistema incluye un tope: la variación entre revisiones no puede superar el 5%. Sin embargo, cuando el alza teórica es mayor, la diferencia se acumula como “desajuste de tarifa” para revisiones posteriores. Precisamente, el pasado julio quedó un desajuste de 29,1263 céntimos por kilo, un lastre que empujará de nuevo el precio hacia arriba y que explica, según la OCU, que sea muy difícil que el butano baje en septiembre.

No todas las bombonas son iguales: regulación y precios libres

Conviene aclarar que no todas las botellas de gas que se venden en España están sujetas a este precio regulado. La normativa fija el máximo para las bombonas de butano comercial con una carga de entre 8 y 20 kilos y una tara superior a 9 kilos, como la clásica de 12,5 kilos. Por el contrario, muchas bombonas ligeras, con tara inferior a 9 kilos, tienen precio libre y pueden variar según la compañía.

También quedan excluidas las botellas de propano envasado, que siguen sus propias tarifas. Y no hay que olvidar las particularidades territoriales: en Canarias, el precio máximo está fijado en 17,95 euros desde el pasado 1 de septiembre, una cifra distinta a la peninsular por sus costes de comercialización y régimen fiscal.

El consumo de butano tradicional, por otro lado, continúa en declive. Cada vez menos hogares usan la bombona como fuente principal, puesto que el gas natural y las bombas de calor ganan terreno. Aun así, sigue siendo vital en las zonas rurales y para los colectivos más vulnerables, donde el reparto a domicilio es imprescindible.

Los próximos días serán decisivos para saber cuánto pagaremos por la bombona a partir de mediados de mes. Mientras tanto, los consumidores pueden revisar si la botella que compran está regulada o no, y comparar precios en distintos puntos de venta. Lo que parece claro es que el butano seguirá siendo un gasto relevante para muchas familias, y cualquier ahorro, por pequeño que sea, se nota en la economía doméstica.

El panorama laboral y salarial en España afronta cambios relevantes en este comienzo de año. Por un lado, el Ejecutivo central ha dado luz verde a una normativa que aumenta la transparencia en los contratos de trabajo, exigiendo que se especifiquen de forma detallada el sueldo, los pluses y hasta los criterios de los algoritmos que puedan influir en las condiciones laborales. Por otro, varias comunidades autónomas están tomando medidas particulares, como la subida salarial para los docentes en Extremadura o la condonación de deudas del salario social en Asturias. Además, un reciente análisis ha puesto de manifiesto lo que muchos expertos vienen advirtiendo: la distancia entre vivir de un salario y recibir prestaciones del Estado se ha estrechado tanto que podría desincentivar la búsqueda de empleo.

Estas noticias, aunque distintas, tienen un hilo conductor: la retribución de los trabajadores y la necesidad de que el sistema no genere situaciones injustas ni desincentivos. El Gobierno central pretende que cualquier persona sepa exactamente qué cobra y por qué, mientras que las autonomías buscan corregir desigualdades históricas o fallos administrativos. A continuación, repasamos las medidas más destacadas, sus alcances y las voces que las han valorado.

Transparencia obligatoria en los contratos: qué cambia y para quién

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que transpone una directiva europea con la que se refuerzan las condiciones de información en los contratos laborales. A partir de su entrada en vigor, las empresas deberán especificar en cada contrato, o en una hoja informativa adjunta, la cuantía exacta del salario base, los complementos salariales y la periodicidad de su pago. También será preciso detallar el modo de cálculo de los conceptos variables, como los objetivos. Esta exigencia supone un cambio sustancial respecto a la práctica habitual, donde solía aparecer la referencia genérica a «según convenio».

Además de la retribución, la norma implica que el trabajador conocerá con antelación la distribución de su jornada, tanto diaria como semanal y anual, incluyendo horarios nocturnos o turnos. Para los fijos discontinuos, se deberá indicar los periodos de actividad e inactividad o una estimación de los mismos. Y en cuanto a la duración del período de prueba, se establece que cualquier ampliación más allá de los seis meses deberá estar justificada de forma razonada, como por ejemplo una baja por enfermedad. El objetivo es frenar los usos fraudulentos que permitían despedir sin explicación durante ese lapso. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que «todas las personas trabajadoras tienen derecho a conocer los salarios netos, los complementos y las variables», y que las diferencias retributivas deben estar motivadas.

Uno de los puntos más novedosos es la obligación de informar sobre el uso de sistemas algorítmicos en la toma de decisiones que afecten a las condiciones laborales, salarios, progresión o extinción del contrato. «A partir de hoy, todos tienen derecho a conocer la fórmula matemática que utiliza su empresa en la relación laboral», subrayó Díaz. La patronal CEOE, por su parte, no ha ocultado su malestar con la gestión del ministerio y estudia impugnar la norma. Además, se ha establecido un plazo adicional de veinte días desde la publicación en el BOE para que las empresas se adapten, frente a la entrada en vigor inmediata que manejaba el primer borrador.

Extremadura: subida de 210 euros para los profesores

En el ámbito autonómico, la cuarta reunión entre la Junta de Extremadura y los sindicatos docentes ha concluido con un principio de acuerdo histórico. La consejera de Educación, Sandra Valencia, afirmó que se trata de «un día histórico para la comunidad educativa», ya que las cinco organizaciones sindicales (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) firmarán en breves fechas el plan ‘Horizonte Más’, que marcará la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Este plan incluye una mejora retributiva de 210 euros al mes, en la que ya se integran los 80 euros que los docentes perciben desde enero de 2026. Así, el incremento adicional será de 130 euros mensuales, y según Valencia, «posiciona muy bien» a Extremadura en las tablas salariales nacionales.

Pero el acuerdo va más allá del sueldo. Se contempla el pago de las tutorías, que será «una realidad», y la implantación del sexto sexenio para aquellos que hayan acumulado los años de servicio necesarios. También se creará una comisión de seguimiento con representación sindical y de la Consejería para revisar las tablas salariales en función de lo que hagan otras comunidades. La consejera destacó el «clima adecuado de trabajo» de los últimos meses y pidió «responsabilidad» a la hora de aplicar la subida, que no se hará «de golpe» porque afecta a más de 18.000 docentes y tiene un impacto presupuestario considerable. Aunque no se han dado fechas concretas, se ha asegurado que se explicará con detalle junto a los sindicatos.

La trampa de la pobreza: trabajar apenas marca diferencia

Una comparación realizada a partir de las cifras oficiales de 2026 ha vuelto a poner el foco sobre la llamada «trampa de la pobreza». Según el ejemplo analizado, una madre monoparental con dos hijos mayores de seis años que trabaje todo el año por un salario bruto de 25.000 euros dispondría de unos 1.800 euros mensuales de renta neta, incluido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En cambio, otra madre en idéntica situación familiar pero sin ingresos laborales puede llegar a percibir alrededor de 1.450 euros al mes sumando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el complemento infantil. La diferencia apenas alcanza los 350 euros mensuales a favor de la trabajadora, antes de tener en cuenta otras ayudas que se pierden al incrementar los ingresos, como las deducciones en farmacia, comedor escolar o vivienda.

Este escenario se deriva de que el IMV garantiza una renta de 1.335,15 euros mensuales para una unidad monoparental con dos menores, a lo que se suman los 57,50 euros mensuales por cada hijo de entre seis y dieciocho años. Así, la familia que no trabaja percibe un total de 17.401 euros anuales sin necesidad de buscar empleo. A la trabajadora, tras cotizaciones e IRPF, su salario se convierte en unos 1.700 euros al mes, y el CAPI le aporta otros 100. La brecha final es tan estrecha que se desvanece la ventaja económica de incorporarse al mercado laboral, un problema que los expertos vinculan al diseño de las prestaciones. El sistema, recuerdan, va retirando beneficios conforme sube la renta, lo que desincentiva la búsqueda de empleos mejor pagados o incluso la aceptación de ofertas.

Asturias condona las deudas por cobro indebido del salario social

En el Principado de Asturias, la Junta General ha aprobado una reforma legal que eximirá a las familias de devolver cantidades percibidas de manera simultánea del Salario Social Básico (SSB) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando el error sea imputable a la Administración. La iniciativa, impulsada por PSOE e IU-CA, contó con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, que se abstuvo. El portavoz de IU-CA, Xabel Vegas, pidió «perdón, perdón y mil veces perdón» por la situación, que calificó de «novela de Kafka», ya que la administración continuó pagando el salario social a pesar de que los beneficiarios habían informado de que ya cobraban el IMV. La reforma introduce un artículo 18 bis en la ley regional para que no se exija el reintegro cuando la persona perjudicada haya actuado de buena fe y cumplido sus obligaciones de comunicación. Además, para aquellos casos en los que no quepa la exoneración total, se podrán eliminar los intereses de demora y ofrecer planes de devolución flexibles. Quienes ya hayan pagado podrán pedir la restitución en el plazo de un año. La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, justificó su abstención al considerar que el Gobierno ha reaccionado tarde y que el actual modelo de ayudas es «una chapuza socialcomunista», aunque reconoció que los desfavorecidos no deben pagar los errores de la administración.

La normativa que regula esta prestación es especialmente compleja, porque combina requisitos de acceso estrictos con efectos limitados sobre la jubilación. Además, la reciente jurisprudencia y las modificaciones legales han introducido matices que conviene conocer, especialmente para quienes trabajan como fijos discontinuos o planean viajar al extranjero mientras cobran la ayuda. A continuación, se detallan las claves más importantes.

Las cotizaciones del subsidio no completan los 15 años exigidos para la pensión

Una de las confusiones más habituales entre los beneficiarios de este subsidio tiene que ver con el valor de las cotizaciones que realiza el SEPE. Mientras se percibe la ayuda, el organismo cotiza por la contingencia de jubilación sobre el 125% de la base mínima de cotización, lo que sí influye en el cálculo de la base reguladora y en el porcentaje de pensión que corresponderá al trabajador. Estas aportaciones, por tanto, no son neutrales y pueden suponer una mejora sensible de la prestación futura.

El problema aparece cuando se trata de acceder a la pensión contributiva de jubilación. Para causar derecho a esa pensión se exige, con carácter general, un mínimo de 15 años cotizados, es decir, 5.475 días, y dos de esos años deben estar dentro de los 15 anteriores al momento de la jubilación. El artículo 280 de la Ley General de la Seguridad Social es tajante: las cotizaciones efectuadas durante el subsidio no computan para acreditar ese periodo mínimo de carencia. En cambio, sí sirven para completar el tiempo necesario para acceder a determinadas modalidades de jubilación anticipada o para mejorar el cálculo de la pensión.

Esta distinción quedó patente en un caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un trabajador tenía 5.210 días cotizados, por debajo de los 5.475 exigidos, y confiaba en que las cotizaciones del subsidio (que le habrían aportado 265 días) le permitieran alcanzar el umbral mínimo. Un juzgado de primera instancia aplicó la denominada doctrina flexibilizadora, pero el TSJ de Canarias revocó esa decisión y estableció que las cotizaciones del subsidio no pueden utilizarse para completar la carencia mínima de acceso a la pensión contributiva. Este criterio, que sienta jurisprudencia relevante, obliga a revisar con lupa la situación particular de cada beneficiario antes de confiar en que el subsidio servirá para generar el derecho a la pensión.

Qué ocurre si faltan días para cobrar la pensión contributiva

Cuando el trabajador no alcanza los 15 años cotizados al llegar a la edad de jubilación, las opciones son limitadas y dependen de cada caso. Una posibilidad es recurrir al convenio especial con la Seguridad Social, que permite cotizar voluntariamente para mantener o ampliar los derechos relacionados con la jubilación. Sin embargo, esta vía requiere cumplir ciertos requisitos y supone un desembolso económico mensual que no siempre es asumible. La recomendación principal es revisar el informe de vida laboral antes de confiar en que el subsidio resolverá el problema de la carencia mínima, porque en la práctica, la ayuda sirve para mejorar la futura pensión, pero no para crear el derecho a ella si no se ha alcanzado previamente el mínimo exigido.

Esta particularidad adquiere aún más relevancia porque el propio acceso al subsidio para mayores de 52 años exige reunir, en el momento de solicitarlo, todos los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, con la única excepción de la edad. Es decir, el SEPE ya comprueba de entrada que el solicitante tiene al menos 15 años cotizados. Por tanto, la problemática de los días que faltan suele aparecer en situaciones fronterizas o en aquellos casos donde se solicita el subsidio sin haber verificado correctamente el cómputo total de días cotizados, incluidos los periodos de prácticas, los contratos a tiempo parcial o las pagas extras.

Otro matiz importante es que las cotizaciones del subsidio sí computan para la jubilación anticipada. En este sentido, un beneficiario que complete el periodo mínimo de cotización durante la percepción del subsidio podría tener acceso a una modalidad de retiro anticipado, siempre que cumpla el resto de condiciones (edad, periodo de carencia específico, etc.). Conviene, por ello, analizar cada caso concreto con un profesional o a través de los servicios de asesoramiento del SEPE, porque el resultado puede variar notablemente según los días cotizados y la fecha prevista de jubilación.

Fijos discontinuos: la fecha clave del 2 de marzo de 2022

Uno de los colectivos con más dudas sobre este subsidio es el de los trabajadores fijos discontinuos, especialmente quienes superan los 52 años. Estos trabajadores combinan periodos de actividad con periodos de inactividad a lo largo del año, lo que plantea la cuestión de si durante esos meses de parón pueden cobrar la ayuda. La respuesta del SEPE es afirmativa, pero con un matiz temporal clave: desde el 2 de marzo de 2022, los fijos discontinuos pueden acceder al subsidio para mayores de 52 años durante sus periodos de inactividad, siempre que cumplan el resto de requisitos.

El cambio normativo eliminó la exclusión que históricamente impedía a este colectivo acceder a la prestación en determinadas situaciones. Sin embargo, el cambio no tiene carácter retroactivo: si el hecho causante del subsidio (el agotamiento de una prestación, el cese de actividad, el cumplimiento de los 52 años, o la situación legal de desempleo) se produjo antes del 2 de marzo de 2022, se aplica la normativa anterior y no es posible acogerse automáticamente a la nueva regulación. Esto significa que muchos trabajadores que llevan años encadenando periodos de inactividad pueden quedar fuera de la ayuda, aunque cumplan el resto de condiciones.

¿Qué se entiende por hecho causante? No es la fecha de solicitud, sino la que origina jurídicamente el derecho al subsidio. Puede ser el último día de una prestación contributiva, un nuevo despido, el agotamiento de un contrato o el día en que se cumplen los 52 años. Por tanto, un trabajador fijo discontinuo que haya cesado su actividad recientemente puede solicitar el subsidio aplicando la nueva normativa, mientras que otro que lleve en situación de inactividad desde antes de marzo de 2022 tendrá más difícil el acceso. La recomendación es acudir al SEPE con el historial laboral actualizado y solicitar una revisión de la fecha exacta del hecho causante.

Además de la edad mínima (52 años) y de encontrarse en una situación que permita acceder a la prestación, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: haber cotizado al menos seis años por desempleo a lo largo de la vida laboral, estar inscrito como demandante de empleo, carecer de rentas superiores al 75% del SMI (excluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias) y reunir las condiciones para acceder a una pensión contributiva de jubilación, salvo la edad. Ser fijo discontinuo y mayor de 52 años no garantiza automáticamente el cobro de los 480 euros; la situación laboral concreta, las cotizaciones acumuladas y la fecha del hecho causante son determinantes.

Viajar al extranjero cobrando el subsidio: límites y obligaciones

Otra de las cuestiones que genera más consultas al SEPE es si se puede viajar al extranjero mientras se cobra el subsidio para mayores de 52 años. La respuesta es que se puede, pero con condiciones y obligaciones que conviene conocer antes de hacer las maletas. En primer lugar, todo desplazamiento fuera de España debe comunicarse previamente al SEPE, tanto a la salida como a la vuelta. No hacerlo puede dar lugar a un procedimiento sancionador e incluso afectar al derecho a seguir percibiendo la prestación.

La duración de la estancia determina el efecto sobre la ayuda. Para desplazamientos de hasta 30 días naturales al año (sean seguidos o no), el subsidio se mantiene y no se suspende, siempre que se comunique previamente. El SEPE aclara que el día de salida y el de regreso no computan como días de estancia en el extranjero, lo que ofrece un pequeño margen adicional. Eso sí, a la vuelta hay que confirmar el regreso el primer día hábil siguiente, bien presencialmente con cita previa o mediante escrito en el Registro Electrónico de la AGE.

Si la estancia supera los 30 días naturales y hasta un máximo de 90 días, el subsidio se suspende temporalmente. Es decir, se interrumpe el cobro durante ese periodo, pero una vez finalizada la causa y cumplidos los trámites, la ayuda puede reanudarse si se mantienen los requisitos. Esta suspensión no significa la pérdida definitiva del derecho, pero obliga a estar al día con la normativa para no llevarse sustos. Cuando la ausencia supera los 90 días, la situación cambia drásticamente: la prestación o subsidio se extingue, salvo que la salida esté motivada por búsqueda de empleo, trabajo, estudios que mejoren la preparación profesional o acciones de cooperación internacional.

Existen excepciones para traslados a países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza cuando el motivo es buscar empleo. En esos casos, se puede exportar la prestación durante tres meses, prorrogables por otros tres, con las condiciones que establece la normativa comunitaria. La recomendación general es consultar directamente con el SEPE antes de realizar un viaje largo, porque cada situación puede tener particularidades y no conviene improvisar cuando está en juego una ayuda esencial para la subsistencia de muchas personas.

En definitiva, el subsidio para mayores de 52 años es una prestación compleja pero fundamental para miles de trabajadores maduros en España. Las cotizaciones que genera sirven para mejorar la futura pensión, pero no para completar los 15 años mínimos exigidos, como ha confirmado la jurisprudencia. Los fijos discontinuos tienen una puerta abierta desde 2022, pero deben analizar la fecha de su hecho causante. Y los viajes al extranjero requieren comunicación previa y ajustarse a los límites de 30, 90 y más de 90 días. Conocer estas claves puede marcar la diferencia entre perder o mantener una ayuda que, para muchos, es el último colchón antes de la jubilación.

El mercado de los depósitos bancarios sigue dando guerra. En plena escalada de los tipos de interés, las entidades han acelerado la mejora de sus productos para captar ahorro, y los ahorradores españoles se encuentran con un abanico de opciones cada vez más interesante. Las rentabilidades más competitivas ya superan el 3% TAE en algunos plazos, aunque no siempre es fácil saber cuál se adapta mejor a cada perfil.

Precisamente, la subida de tipos aprobada hace unos días por el Banco Central Europeo ha vuelto a mover las fichas. Algunas entidades, como ING o MyInvestor, han reaccionado con subidas de hasta 0,25 puntos porcentuales en sus depósitos, mientras otras mantienen ofertas agresivas para plazos cortos. La clave está en comparar no solo el tipo de interés, sino también las condiciones asociadas y el tiempo que estamos dispuestos a inmovilizar nuestro dinero.

El corto plazo manda: ING y MyInvestor tiran de rentabilidad

Para quienes no quieren atar su dinero durante mucho tiempo, el depósito de bienvenida de ING se ha convertido en una de las alternativas más golosas. Ofrece un 3% TAE durante tres meses, sin importe mínimo y con un máximo de 50.000 euros. Al terminar, el dinero y los intereses se trasladan a la cuenta naranja, así que el producto funciona como una puerta de entrada sin compromisos largos. Es una propuesta que aparece tanto en nuestro guía de los mejores depósitos a plazo fijo como en el último análisis mensual, lo que confirma su vigencia.

Por su parte, MyInvestor ha subido los tipos de todos sus depósitos a plazos de 1, 3, 6 y 12 meses hasta el 2,50% TAE, aunque exige mantener o contratar una cartera automatizada de al menos 150 euros. Es una condición que puede resultar extraña para algunos ahorradores, pero también abre la puerta a una rentabilidad extra para quien ya esté pensando en invertir. Si no se cumple, el interés se queda en el 2,25% TAE, que sigue siendo competitivo. Además, el depósito Premium a tres meses se eleva hasta el 3,25% TAE para los suscriptores del plan de pago.

Los depósitos a un año: apuesta segura

El plazo de doce meses sigue siendo uno de los más demandados, porque ofrece un equilibrio entre rentabilidad y liquidez. Banca March ha lanzado un depósito al 2,50% TAE con un importe mínimo de 30.000 euros y máximo de 300.000, y solo está disponible hasta el 15 de septiembre. Los intereses se pagan al vencimiento y, si se cancela antes de tiempo, el banco aplica una penalización que reduce el tipo al 1,51% TAE, aunque no se pierden todos los intereses generados.

En el mismo plazo, MyInvestor también iguala ese 2,50% TAE con las condiciones ya citadas. La diferencia está en el importe mínimo: 10.000 euros en el caso de MyInvestor, frente a los 30.000 de Banca March. Para quienes dispongan de un capital más elevado, la oferta de Banca March puede ser más ventajosa porque no exige contratar otros productos, pero el límite de 300.000 euros es un techo interesante para grandes ahorradores.

El BCE empuja las subidas: ¿qué esperar en los próximos meses?

La decisión del BCE de incrementar los tipos de interés ha tenido un efecto inmediato en el mercado. Bancos como MyInvestor han justificado sus últimas subidas precisamente por esa decisión, y no es descabellado pensar que otras entidades sigan sus pasos. La competencia por captar depósitos se ha intensificado, y los que hasta hace poco ofrecían rentabilidades testimoniales han tenido que reaccionar.

Eso sí, también hay voces que advierten de que las subidas de tipos se trasladan con mayor rapidez a los depósitos que las bajadas. Por eso, si estás pensando en contratar un producto a plazo fijo, puede ser un buen momento para hacerlo, pero sin perder de vista que las condiciones pueden cambiar. La prudencia y la comparación para mejorar el rendimiento de los depósitos son siempre las mejores aliadas.

Lo que no debes pasar por alto: impuestos, protección y cancelación

Antes de firmar cualquier depósito, hay que repasar dos o tres detalles importantes. El primero es la fiscalidad: los intereses tributan en el IRPF como rendimiento del ahorro, con retenciones que van del 19% para ganancias de hasta 6.000 euros al 21% entre 6.000 y 50.000, y así progresivamente. Es un coste que algunos ahorradores olvidan y que reduce la rentabilidad real.

El segundo es la protección del dinero. Todos los depósitos dentro de la Unión Europea están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular y entidad, así que el riesgo de pérdida es prácticamente nulo. Eso sí, conviene confirmar que la entidad elegida está adherida a ese sistema, sobre todo si se trata de bancos extranjeros con sucursales en España.

Por último, la cancelación anticipada. Muchos bancos permiten recuperar el dinero antes del vencimiento, pero a cambio de perder parte o toda la rentabilidad. La mayoría de las penalizaciones se quedan con los intereses generados, como vemos en Banca March, pero otros productos directamente no permiten la retirada anticipada. Piensa bien cuánto tiempo puedes prescindir de ese dinero antes de comprometerte.

En resumen, este septiembre tenemos varios depósitos con rentabilidades por encima del 2,5% TAE, y algunos que ya superan el 3% en plazos cortos. ING y MyInvestor lideran la parte alta de la tabla en el corto plazo, mientras que Banca March se hace hueco en los 12 meses con una oferta sólida. La decisión final dependerá de tu perfil, tu liquidez y tu tolerancia a las condiciones, pero lo cierto es que nunca ha habido tantas opciones atractivas como ahora para hacer crecer el ahorro sin asumir grandes riesgos. Eso sí, no te olvides de leer la letra pequeña y, si tienes dudas, consulta con un asesor.

Lograr que cualquier persona, sin importar su situación, pueda acceder a los servicios bancarios no es solo una cuestión de números, sino un pilar fundamental para la justicia social. Cuando hablamos de igualdad de verdad, nos referimos a que aquellos colectivos que suelen quedar al margen, como las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, tengan las mismas garantías y seguridad que cualquier otro ciudadano al gestionar su dinero.

Para que esto no se quede en una simple declaración de intenciones, es vital aterrizar los conceptos y saber exactamente dónde estamos parados. No basta con que exista una cuenta bancaria disponible; lo que buscamos es que la inclusión financiera sea una realidad palpable, eliminando esas barreras invisibles que a veces nos pasamos por alto y asegurando que el sistema financiero se adapte a la gente, y no al revés.

Los cimientos de un sistema financiero inclusivo

Para que la inclusión no sea solo una etiqueta, existen siete ejes básicos que sirven de hoja de ruta, muchos de ellos respaldados por la normativa vigente en España (como las leyes 11/2023, 15/2022 y 8/2021). El primero es el acceso efectivo y real; de nada sirve tener la aplicación más moderna si alguien con discapacidad sensorial no puede navegar por ella. El diseño debe ser universal desde el primer minuto.

Otro punto crítico es la igualdad de trato. A veces, las entidades cometen errores sin querer al lanzar productos que parecen neutros pero que, en la práctica, crean obstáculos. Por eso es tan importante sentarse a hablar con el tercer sector y con los propios usuarios para detectar esos fallos. A esto se suma la accesibilidad universal, asegurando que cualquier contrato o proceso sea comprensible para personas con diversidad cognitiva.

La autonomía es, quizá, uno de los cambios más revolucionarios. Siguiendo la Convención de Nueva York, los bancos deben fomentar que el cliente tome sus propias decisiones. El objetivo es dar el apoyo necesario, pero siempre impulsando que la persona sea capaz de desenvolverse sola en la medida de lo posible. Además, es fundamental el uso de un lenguaje claro; los productos financieros suelen ser un laberinto de tecnicismos, pero por ley, la comunicación no debería superar un nivel B2 del MCER para evitar confusiones.

No podemos olvidar la seguridad jurídica, donde el banco actúa como un escudo para evitar que el patrimonio de personas vulnerables corra riesgos innecesarios. Finalmente, todo esto se cierra con la escucha activa y la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas, ya que sin empatía es imposible derribar los muros que separan a los ciudadanos del sistema.

Retos actuales para avanzar en la equidad financiera

El mundo está cambiando y la pirámide poblacional también, lo que nos obliga a replantearnos la estrategia. El aumento de la longevidad es un factor clave; tendremos mucha más gente mayor de 65 años que necesitará canales de atención adaptados y una planificación financiera a largo plazo para evitar fraudes o errores cognitivos derivados de la edad.

Además, nos enfrentamos a una concentración de riqueza sin precedentes en la generación del baby boom. El reto aquí es doble: proteger ese patrimonio en situaciones de vulnerabilidad y mejorar la educación financiera. Un ejemplo claro es el Patrimonio Protegido, un instrumento con grandes ventajas fiscales para personas con discapacidad que, lamentablemente, muy pocas familias utilizan por puro desconocimiento.

La transferencia de riqueza entre generaciones será masiva, lo que exige un asesoramiento patrimonial mucho más accesible. A esto se le suma la brecha digital, que puede dejar fuera a miles de personas. La solución no es eliminar lo digital, sino combinarlo con un apoyo humano presencial que no deje a nadie atrás.

Por último, la vulnerabilidad se ha diversificado. Ya no es solo una cuestión de ingresos, sino que influyen el idioma en migrantes, la salud mental o la soledad. El desafío es crear modelos de atención personalizados que entiendan cada contexto particular.

Perspectiva global y estrategias internacionales

A escala mundial, organismos como el Grupo Banco Mundial proponen un enfoque integrado en cinco dimensiones. Primero, impulsan políticas y estrategias nacionales que utilicen las tecnofinanzas para ampliar el alcance del sistema, apoyándose en evaluaciones sistemáticas del sector.

El segundo eje se centra en crear productos para segmentos desatendidos, especialmente mujeres y poblaciones rurales, facilitando que proveedores innovadores (como las fintech) entren en el mercado bajo marcos regulatorios proporcionales. Como complemento indispensable, la protección del consumidor financiero busca que los nuevos usuarios no sufran daños, implementando mecanismos de transparencia y resolución de disputas eficaces.

La capacidad financiera es otro pilar esencial; no se trata solo de dar acceso, sino de que la persona tenga los conocimientos y habilidades para gestionar sus recursos. Esto se logra integrando la educación financiera en programas sociales ya existentes. Finalmente, se pone el foco en el financiamiento de PyMEs y microempresas, ayudando a los reguladores a identificar brechas de mercado para que el crédito fluya hacia los emprendedores más pequeños.

Para cerrar el círculo, la modernización de los sistemas de pago electrónicos es fundamental para reducir la corrupción y los costos operativos, facilitando que las transferencias sociales lleguen de forma digital y directa al beneficiario. La coordinación con el G20 y la creación de principios de alto nivel aseguran que la tecnología digital sea una herramienta de inclusión y no una nueva barrera.

La construcción de un sistema financiero verdaderamente abierto requiere la unión de normativas estrictas, un diseño pensado para todos y una voluntad real de acompañar a los colectivos más frágiles. Solo mediante la combinación de tecnología accesible y sensibilidad humana se puede garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad o edad, gestione su futuro económico con total seguridad y libertad.