La Delegación Central de Grandes Contribuyentes es un órgano central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que opera en todo el territorio nacional y se ocupa de los obligados tributarios que, por sus características, resultan adscritos a esta unidad. Su origen se remonta a la Orden EHA/3230/2005 y su puesta en marcha efectiva en 2006; con el tiempo se han ido ajustando sus criterios y su estructura, primero con la modificación de 2013 y después con la resolución de 13 de enero de 2021, publicada en el BOE el 16 de enero, que actualiza los umbrales, flexibiliza la adscripción y desadscripción y adapta las denominaciones y regímenes de sustitución a la organización actual.

En líneas generales, asume las competencias propias de la AEAT para aplicar el sistema tributario estatal y el aduanero, ejercer la potestad sancionadora y gestionar la recaudación de otros recursos públicos que correspondan a la Agencia. Ahora bien, como excepción pensada para ganar agilidad, la gestión aduanera, la gestión e intervención de Impuestos Especiales y la gestión de los demás tributos que dependen del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se llevan a cabo por los órganos territoriales de la AEAT.

La modificación de 2013 ya había rebajado la rigidez del esquema anterior: fijó en 100 millones de euros durante tres ejercicios el umbral para empresas, en 10.000 registros durante tres ejercicios el volumen de información y en 1 millón de euros de renta o 10 millones de patrimonio para personas físicas. La resolución de 2021 elevó esas cifras a 200 millones, 20.000 registros y 3 o 30 millones, respectivamente, y aprovechó para aclarar el cómputo en transmisiones de patrimonios, coordinar la actuación con Recaudación y Aduanas, atribuir a Asistencia la comprobación limitada y de valores, centralizar suspensiones de procedimientos amistosos y extender la competencia a comparecientes en comprobaciones de importaciones.

Quiénes se adscriben: el ámbito objetivo

La Delegación Central puede actuar sobre personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones a efectos del IVA, y en su caso del IGIC o del IPSI de Ceuta y Melilla, haya superado los 200 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos. Si hay transmisión total o parcial de un patrimonio empresarial o profesional, al volumen del adquirente se suma el del transmitente correspondiente a la parte transmitida durante ese mismo periodo. Cuando el volumen cae por debajo de 200 millones durante dos ejercicios seguidos, la adscripción cesa, salvo que se cumplan las condiciones de la letra b) o concurra alguna circunstancia del apartado 2 que justifique mantenerla.

También se incluyen personas jurídicas y entidades cuyo volumen de información suministrado a la Administración Tributaria, conforme al artículo 93.1.a) de la Ley General Tributaria, haya superado los 20.000 registros durante dos ejercicios consecutivos y cuyo ámbito de actuación exceda el de una comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía. Si el volumen baja de 20.000 registros durante dos ejercicios seguidos, la adscripción cesa, salvo que se cumpla la letra a) o alguna circunstancia del apartado 2 que aconseje mantenerla.

Quedan fuera, con independencia de su volumen, las comunidades autónomas, ciudades con estatuto de autonomía y entidades locales, así como los organismos públicos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas, salvo que se adscriban expresamente por la vía del apartado 2. La adscripción de los obligados del apartado 1 se hace por resolución del titular de la Delegación Central, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, y se notifica al obligado y se comunica a la Delegación Especial de la que dependía.

Si se cumplen los requisitos pero la adscripción no se ha producido, los titulares de los Departamentos de Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales pueden instar al titular de la Delegación Central, a través del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, para que la efectúe. También pueden plantear motivos de oposición. Cuando dejan de concurrir las circunstancias, el titular notifica la exclusión y lo comunica a la Delegación Especial del domicilio fiscal. Además, previa comunicación a la Delegación Especial y oídos los departamentos y el Servicio de Planificación, el titular puede acordar que una entidad que cumpla los requisitos cese en la Delegación Central y pase a la Delegación Especial; si luego vuelven las circunstancias, puede acordar de nuevo la adscripción. Estos acuerdos se notifican y se comunican.

Otras circunstancias que abren la puerta a la adscripción

Al margen de los umbrales anteriores, la Delegación Central puede asumir competencias sobre obligados tributarios en los que concurra alguna circunstancia singular. La adscripción se acuerda por resolución del titular del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, a propuesta del titular de la Delegación Central, oídos los departamentos afectados cuando concurran las letras a), b), c), e), i) y j). La resolución se notifica al obligado y se comunica a la Delegación Especial de origen. Si desaparecen las circunstancias, el mismo Servicio, a propuesta de la Delegación Central, acuerda la exclusión.

• Personas físicas cuya renta a efectos del IRPF del último periodo con plazo de declaración finalizado supere los 3 millones de euros, o cuyo patrimonio a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, incluidos los bienes exentos, supere los 30 millones de euros.
• Quienes ejerzan actividades en todo o gran parte del territorio nacional.
• Quienes tengan una posición destacada en un sector económico concreto.
• Quienes tributen en régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de entidades del IVA, pudiendo adscribirse todas o parte de las empresas del grupo.
• Quienes realicen operaciones de especial importancia o complejidad en el ámbito nacional.
• Quienes estén relacionados con otros obligados ya adscritos a la Delegación Central.
• Quienes estén integrados en los supuestos del artículo 41 de la Ley 10/1990 del Deporte.
• Entidades aseguradoras en liquidación cuando esa función la asuma el Consorcio de Compensación de Seguros.
• Quienes presenten indicios de fraude grave, complejo o con implantación territorial que aconseje una investigación centralizada.
• Quienes tengan una especial complejidad en la gestión recaudatoria o indicios de conductas fraudulentas relevantes, con atención a sociedades interpuestas y negocios simulados.
• Cuando, por razones de eficacia, se considere necesaria la continuación de las actuaciones tributarias por la Delegación Central.

Qué implica estar adscrito y hasta dónde llega la competencia

Desde la notificación de la adscripción, la Delegación Central ejerce sus competencias sobre cualquier concepto impositivo y periodo no prescrito. Desde la notificación del fin de la adscripción, cesa esa competencia. Si por cambio de adscripción se atribuye la competencia a la Delegación correspondiente conforme al artículo 59.4 del Reglamento general de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria o al artículo 20.3 del Reglamento general del régimen sancionador, se notifica al obligado y se comunica a la Delegación de origen.

Los órganos de la Delegación Central son competentes para las obligaciones tributarias de no residentes sin establecimiento permanente cuando el representante, depositario, gestor, pagador o retenedor sea un obligado adscrito. También pueden realizar actuaciones de obtención de información y ejercer la potestad sancionadora respecto de obligados no adscritos cuando sea necesario para sus funciones. A su vez, las Delegaciones Especiales pueden recabar información y sancionar a adscritos que tengan domicilio fiscal o sucursal, oficina o local en su territorio cuando resulte necesario.

Para actuaciones inspectoras se puede acordar la adscripción temporal a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional o a la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales, comunicándolo a la Delegación Central. El Equipo Central de Información de la ONIF puede ejercer sus funciones sobre los adscritos. En materia de revisión, la Delegación Central asume las competencias de la Resolución de 30 de diciembre de 2002 sobre solicitudes de suspensión de los artículos 43 y 44 del Reglamento general de revisión en vía administrativa cuando la reclamación corresponda al Tribunal Económico-Administrativo Central, y también resuelve las suspensiones de deudas asociadas a procedimientos amistosos. Además, puede extender su competencia a personas o entidades no adscritas que sean partes intervinientes junto a adscritos en un procedimiento sancionador por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, y a obligados que comparezcan en actuaciones de comprobación de operaciones de importación relacionadas con otro obligado sobre el que tenga competencia.

Organización interna: quién hace qué

La jefatura corresponde al Delegado o Delegada Central de Grandes Contribuyentes, que dirige, coordina y controla todas las dependencias, órganos y unidades, bajo la dirección general de la AEAT y conforme a los criterios de los departamentos. Los Delegados Centrales Adjuntos, si existen, asisten y pueden ejercer las competencias que les asigne el titular. La Delegación tiene su sede en Madrid, puede crear unidades administrativas desconcentradas y depende directamente de la Dirección General. El titular forma parte del Comité de Coordinación de la Dirección Territorial y es nombrado y cesado por la Presidencia a propuesta de la Dirección General, con publicación en el BOE. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, la sustitución sigue el orden de los adjuntos por antigüedad, luego los jefes de Control, Asistencia y Gestión, y si no hay nadie, decide la Dirección General. Los Jefes de Dependencia dirigen y coordinan sus órganos, asisten al titular, participan en los planes de actuación y son sustituidos por sus adjuntos o inspectores jefes según la dependencia.

La Delegación se integra en tres dependencias: Control Tributario y Aduanero; Asistencia y Servicios Tributarios; y Gestión de Medios y Recursos. También cuenta con el Servicio Jurídico, que presta asistencia conforme a la Resolución de 11 de mayo de 1999, una Oficina de Relación y Comunicación con los Juzgados y Tribunales y una Unidad de Planificación y Coordinación.

La Oficina de Relación y Comunicación con los Juzgados y Tribunales canaliza las relaciones con los tribunales económico-administrativos y con los juzgados y tribunales contencioso-administrativos, vela por la correcta remisión de expedientes, controla la ejecución de resoluciones y sentencias y tramita las peticiones de datos, informes o antecedentes de juzgados y del Ministerio Fiscal, salvo las peticiones de la Audiencia Nacional, Juzgados Centrales, Tribunal Supremo y determinadas fiscalías, que lleva el Gabinete de la Dirección General. La Unidad de Planificación y Coordinación planifica y coordina las tareas de las dependencias, hace seguimiento del Plan de Objetivos y del Plan General de Control Tributario, colabora en los planes de actuación y vigila los censos y las adscripciones y exclusiones.

Dependencia de Control Tributario y Aduanero

Esta dependencia se ocupa de la aplicación de los tributos estatales y aduaneros mediante inspección, verificación de datos, comprobación de valores, comprobación limitada y otras actuaciones, y tiene consideración de órgano con atribuciones propias de la inspección. Inicia, tramita y resuelve los procedimientos sancionadores derivados de esas actuaciones, las declaraciones de responsabilidad anteriores al periodo voluntario que deriven de sus liquidaciones, la ejecución de acuerdos amistosos en imposición directa y los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado. Los procedimientos de verificación, comprobación de valores y comprobación limitada en gestión aduanera, Impuestos Especiales y demás tributos del Departamento de Aduanas se realizan por los órganos territoriales.

Los Inspectores Jefes ordenan el inicio de las actuaciones, fijan su alcance y extensión, acuerdan modificaciones, asignan equipos, dictan liquidaciones y acuerdos de terminación, realizan requerimientos individualizados, autorizan expedientes sancionadores, imponen sanciones, inician y resuelven los procedimientos por pagos en efectivo, ordenan la recuperación de ayudas de Estado y dictan liquidaciones vinculadas a posibles delitos contra la Hacienda Pública o contrabando, además de las funciones que les atribuya la normativa.

La dependencia se estructura en Equipos Nacionales de Inspección, Oficina Técnica, Unidad de Control Tributario y Aduanero, Unidad de Selección y Equipos de Apoyo Informático. Los Equipos Nacionales de Inspección se organizan por sectores económicos, están dirigidos por Jefes de Equipo Coordinadores o Jefes de Equipo y asumen las actuaciones de comprobación e investigación, la instrucción de sanciones y la tramitación de responsabilidades. Sus titulares pueden asignar la firma de las propuestas de regularización a los inspectores que hayan realizado las actuaciones, reservándose el visto bueno, salvo en liquidaciones vinculadas a delito. La Oficina Técnica asesora y apoya a la jefatura y analiza expedientes. La Unidad de Control Tributario y Aduanero desarrolla verificación, comprobación limitada, inspección y sanciones, y puede actuar sobre no residentes cuando el representante o pagador esté adscrito; en ella, los inspectores distintos del titular pueden suscribir actas, firmar acuerdos de inicio y propuestas de liquidación de ayudas de Estado y de delito, e instruir sanciones. La Unidad de Selección realiza la selección de riesgos y las actuaciones inspectoras que se le encomienden. Los Equipos de Apoyo Informático analizan sistemas, bases de datos y movimientos para descubrir datos ocultos y colaboran con los equipos de inspección.

Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios

Se encarga de la gestión tributaria y de la recaudación de los tributos cuya competencia corresponde a la AEAT, así como del inicio, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados. También realiza funciones de gestión sobre no residentes sin establecimiento permanente cuando el representante, pagador o depositario esté adscrito, lleva la recaudación de otros recursos públicos y asume las competencias de suspensión, reembolso del coste de garantías, control de formalización y custodia de garantías, comunicación con los tribunales económico-administrativos y seguimiento de suspensiones. Tramita los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado que tengan origen exclusivo en actos de recaudación.

El titular de la Dependencia asigna expedientes, planifica tareas, coordina campañas de información y asistencia, formula propuestas de actos y autorizaciones y dicta liquidaciones, sanciones, rectificaciones, devoluciones de ingresos indebidos, providencias de apremio, declaraciones de prescripción, declaraciones de crédito incobrable, declaraciones de responsabilidad y actos masivos. En embargos puede proponer el nombramiento de funcionario técnico o contratar empresas especializadas, acordar depositario o administrador, ampliar funciones del depositario, paralizar ejecuciones en expropiación, embargar otros bienes antes de ejecutar garantías y fijar cuantías en embargos de planes de pensiones. En enajenación forzosa ordena la enajenación de valores, encarga valoraciones externas, acuerda enajenaciones, certifica actas y otorga escrituras. En procesos concursales solicita información, comunica acuerdos y convenios. También resuelve compensaciones, aplazamientos y fraccionamientos, impugnaciones de calificaciones registrales, tercerías, medidas cautelares, recursos de reposición automatizados y prohibiciones de disponer del artículo 170.6 de la Ley General Tributaria. Además, resuelve las suspensiones de los artículos 43 y 44 del Reglamento general de revisión en vía administrativa cuando corresponda al TEAC, los reembolsos del coste de garantías y las suspensiones de deudas asociadas a procedimientos amistosos.

La dependencia se organiza en Unidades de Gestión y Equipos Nacionales de Recaudación. Las Unidades de Gestión tramitan y proponen resoluciones de gestión tributaria, dirigen campañas de información, instruyen recursos y reclamaciones, formulan requerimientos y mantienen los censos y el NIF. Los Equipos Nacionales de Recaudación, dirigidos por Jefes de Equipo, formulan propuestas, dirigen y planifican su equipo, dictan mandamientos, declaran y rehabilitan deudores fallidos, inician responsabilidades, requieren el pago a responsables y sucesores, certifican deudas concursales, archivan solicitudes, establecen calendarios provisionales, ejecutan garantías no reales, dictan diligencias de embargo, ordenan enajenaciones, instruyen sanciones, resuelven recursos y acuerdan devoluciones de ingresos indebidos hasta 150.000 euros, entre otras funciones. Algunos Jefes de Equipo pueden resolver suspensiones y reembolsos de garantías y tramitar ayudas de Estado.

Dependencia de Gestión de Medios y Recursos

Gestiona recursos humanos, materiales e informáticos para apoyar a las demás unidades. Se ocupa de la coordinación e implantación de compromisos de calidad con desarrollo informático, nuevos servicios tecnológicos, campañas de prevención y incentivación de declaraciones informativas, seguimiento y control de entrada de datos, análisis de necesidades, soporte informático, incidencias de aplicaciones corporativas, Internet, ofimática y programas de ayuda, y cumplimiento de las normas de la Comisión de Seguridad y Control de Informática. También tramita procedimientos de recursos humanos y económico-presupuestarios, coordina la contabilidad de tributos y colabora en control y recaudación, especialmente en construcción y promoción inmobiliaria.

Sus unidades pueden ser la Unidad de Gestión de la Calidad de la Información, la Unidad de Soporte Informático, el Equipo Técnico y de Valoraciones, la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Gestión Económica. En las unidades desconcentradas sin personal específico, estas funciones las desempeñan las Dependencias Regionales de Informática y de Recursos Humanos y Gestión Económica o las Secretarías Generales. El Equipo Técnico y de Valoraciones realiza valoraciones, peritajes y actuaciones técnicas inmobiliarias con trascendencia tributaria, tasación pericial contradictoria, pagos por intangibles y acuerdos previos de valoración.

Otras reglas prácticas y disposiciones

A efectos de la Ley General Tributaria, los funcionarios de Control Tributario y Aduanero desarrollan funciones de inspección, y el titular de Asistencia y Servicios Tributarios, sus adjuntos, los inspectores coordinadores y los funcionarios de los Equipos Nacionales de Recaudación desarrollan funciones de recaudación. El titular de Control, sus adjuntos, los Inspectores Jefes, el titular de la Oficina Técnica y el de la Unidad de Control tienen consideración de Inspectores Jefes en sus actuaciones. Los funcionarios del Equipo Técnico y de Valoraciones desarrollan funciones de inspección y recaudación en sus colaboraciones. El titular de la Delegación o sus adjuntos pueden autorizar la colaboración de funcionarios de Control en actuaciones de la ONIF, ONFI, ONIAE o de las dependencias regionales, con constancia en el expediente y exhibición a petición del obligado.

Cuando se aprecien hechos que puedan ser constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, los expedientes se ponen en conocimiento del titular de Control Tributario y Aduanero o de sus adjuntos, que pueden disponer la continuidad por el mismo u otro equipo o unidad. En las subastas de bienes de obligados adscritos, la Mesa de subasta está presidida por el titular de Asistencia y Servicios Tributarios o uno de sus adjuntos; son vocales los funcionarios designados por el titular de la Delegación entre Jefes de Equipo Nacional de Recaudación o inspectores que lleven la gestión, y actúa como secretario un funcionario de la Delegación designado entre quienes presten servicios fuera de Asistencia. La Mesa ejerce las funciones del artículo 104 del Reglamento General de Recaudación y formaliza la adjudicación directa del artículo 107.1.a).

Hasta que se adapte la relación de puestos de trabajo, las funciones se desempeñan por los órganos existentes y los puestos siguen subsistentes; los procedimientos en curso continúan hasta su terminación por el órgano que los inició. Los obligados que a la entrada en vigor estaban adscritos por cumplir los requisitos de la resolución de 2005 y no cumplan los nuevos mantienen la adscripción hasta que se les notifique la exclusión. Queda derogada la Resolución de 26 de diciembre de 2005 y se modifican la Resolución de 19 de febrero de 1997 sobre el Comité Permanente de Dirección y la Resolución de 23 de junio de 1998 sobre las Oficinas de Comunicación con los Juzgados y Tribunales. La resolución entró en vigor el día siguiente a su publicación.

La unidad canaria de grandes contribuyentes

En el ámbito canario existe una Unidad de grandes contribuyentes y tributos a la importación y especiales cuya competencia funcional se extiende a todos los tributos del sistema tributario canario respecto de los obligados que queden adscritos como grandes contribuyentes. En los tributos interiores y propios, asume las funciones asignadas a las Administraciones de tributos interiores y propios por el artículo 10 de la Orden de 13 de enero de 2015.

Todo este entramado convierte a la Delegación Central en una pieza clave para controlar a los contribuyentes de mayor tamaño o complejidad: fija umbrales objetivos, permite adscripciones discrecionales, organiza equipos especializados por sectores y funciones y coordina inspección, gestión y recaudación. La clave está en que cualquier obligado que encaje en los criterios puede pasar a depender de esta unidad, con competencia sobre cualquier tributo no prescrito, mientras que las excepciones aduaneras y de Impuestos Especiales quedan en manos territoriales. El marco se completa con reglas de notificación, exclusión, coordinación con las Delegaciones Especiales, colaboración con otras oficinas y una estructura interna pensada para controlar riesgos, recaudar deudas complejas y atender las relaciones con juzgados y tribunales.

La recta final hacia una nueva forma de jubilarse en España ya está aquí. A partir de 2027 se completa el calendario que eleva la edad ordinaria y que obliga a mirar con lupa los años cotizados. La cotización acumulada será el factor que decida si alguien puede retirarse a los 65 o debe esperar hasta los 67. No es un detalle menor: afecta a quienes están a punto de dejar de trabajar y también a quienes tienen que organizar sus últimos años de vida laboral.

En 2026, la referencia sigue siendo distinta para unos y otros: 65 años con 38 años y tres meses cotizados, o 66 años y diez meses para quien no llega a ese periodo. Esa diferencia de meses puede cambiar la fecha y, por tanto, la planificación económica y familiar. Además, junto a la jubilación ordinaria conviven la anticipada, la de personas con discapacidad y otras situaciones particulares que no siempre se explican bien.

Qué cambia en la edad ordinaria

Desde el 1 de enero de 2027, quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Quienes no alcancen ese periodo tendrán que esperar, con carácter general, hasta los 67. El cambio culmina la transición iniciada años atrás y deja atrás la referencia de 66 años y diez meses que todavía se aplica en 2026 para las carreras de cotización más cortas.

La norma no pregunta solo por la edad, sino por la trayectoria laboral. Por eso conviene revisar la vida laboral con tiempo y comprobar si hay periodos asimilados al alta o cotizaciones que puedan sumar. No basta con echar la cuenta de los cumpleaños: el requisito de cotización puede adelantar o retrasar la fecha legal de retiro. En la práctica, dos personas nacidas el mismo año pueden jubilarse en momentos diferentes.

Jubilación anticipada: dos vías con requisitos diferentes

La jubilación anticipada permite dejar el trabajo antes de la edad ordinaria, pero no es una puerta abierta sin condiciones. La modalidad voluntaria puede solicitarse hasta dos años antes y exige, entre otros requisitos, un mínimo de 35 años cotizados. La involuntaria o forzosa permite adelantarse hasta cuatro años, con al menos 33 años cotizados, y requiere que el cese responda a causas previstas legalmente, como despido, fuerza mayor o extinción por determinadas circunstancias.

En ambos casos hay que estar en alta o en situación asimilada al alta. En la anticipada involuntaria también se exige figurar como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de la solicitud. La edad concreta no es una cifra fija para todo el mundo, porque se calcula tomando como referencia la edad ordinaria que corresponda a cada trabajador según su cotización. Por eso las referencias de 63, 65 o 67 años pueden llevar a confusión si no se miran con detalle en los tipos de jubilación en España.

Adelantar el retiro tiene consecuencias económicas. La pensión se reduce mediante coeficientes reductores que dependen del tiempo que se anticipe y de los años cotizados. Cuanto mayor sea el adelanto y menor la cotización, más puede notarse el recorte en la nómina mensual. Esa merma es permanente para la jubilación anticipada ordinaria, aunque el resultado final depende de la base reguladora y de la trayectoria de cada persona.

Discapacidad: más patologías y edades más bajas

La jubilación anticipada por discapacidad es una vía distinta a la jubilación por enfermedad. Lo que abre la puerta no es el diagnóstico en sí, sino el grado de discapacidad reconocido y su relación con las patologías contempladas. El Real Decreto 632/2026, publicado en el BOE el 30 de julio y en vigor desde el día siguiente, añadió once patologías a la lista y el Gobierno calcula que unas 50.000 personas podrán beneficiarse.

El sistema distingue dos supuestos. Con una discapacidad igual o superior al 65%, cualquiera que sea su origen, la edad de jubilación se rebaja en proporción a los años trabajados con esa discapacidad y el suelo se sitúa en los 52 años. En el caso del 45%, siempre que derive de una patología incluida en el anexo del Real Decreto 1851/2009, la edad mínima queda fijada en los 56 años.

Para acceder por la vía del 45% se exige estar en alta o en situación asimilada, acreditar 15 años cotizados y que, dentro de ellos, al menos cinco se hayan trabajado con esa discapacidad. Además, la Seguridad Social pide informes médicos que vinculen la discapacidad con la patología y fechen su inicio. El certificado oficial de discapacidad es imprescindible, y en él deben quedar reflejadas las enfermedades o lesiones que correspondan.

Entre las incorporaciones figuran la espina bífida, la amiloidosis por transtiretina variante, el párkinson, la distrofia miotónica tipo 1 o Steinert, la enfermedad de Huntington, la enfermedad renal crónica en estadio 5, la esclerosis sistémica, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva y la lesión medular, que deja de exigir un origen traumático. La norma se aplica a las jubilaciones cuyo hecho causante sea posterior al 31 de julio de 2026. No basta con padecer una de estas enfermedades: hay que cumplir los requisitos de cotización y discapacidad, aprovechando que la Seguridad Social amplia las patologías para este trámite.

Cómo afecta el adelanto a la pensión

En la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria, la reducción de la pensión es la norma. Los coeficientes se aplican según los meses de adelanto y los años cotizados, de modo que no es lo mismo retirarse uno o dos años antes que hacerlo cuatro. Tampoco queda igual quien tiene una carrera larga y estable que quien acumula periodos de cotización más bajos o irregulares.

En la jubilación por discapacidad, en cambio, no se aplica esa penalización por adelanto. La base reguladora sigue dependiendo de lo cotizado en los años previos y la pensión puede completarse con complementos a mínimos si se cumplen los requisitos. La clave está en no confundir la ausencia de recorte con una pensión automáticamente alta, porque el punto de partida económico sigue siendo la trayectoria laboral de cada persona.

Fechas, documentos y comprobaciones antes de solicitar

Antes de pedir la jubilación conviene reunir la documentación básica: DNI o NIE, informe de vida laboral y, cuando corresponda, certificados que acrediten la causa del cese, la discapacidad o el trabajo penoso. La vida laboral es el primer documento que hay que mirar, porque de ella salen los años cotizados y la fecha que la Seguridad Social tendrá en cuenta. Si hay periodos sin cotizar, trabajos a tiempo parcial o situaciones asimiladas, es mejor aclararlos cuanto antes siguiendo una guía de planificación para la jubilación.

En la anticipada involuntaria, además de los 33 años cotizados, hay que acreditar el cese en una causa legal y figurar como demandante de empleo durante al menos seis meses. En la vía por discapacidad, el certificado de la comunidad autónoma o del Imserso y los informes médicos son determinantes. No vale con presentar el diagnóstico y esperar que la solicitud salga adelante: la Administración revisa el grado, el origen de la patología y los periodos trabajados con discapacidad.

La jubilación en España se ha convertido en un rompecabezas de fechas, cotizaciones y supuestos. La referencia de 2027 es clara: 65 años con 38 años y seis meses cotizados o, en general, 67 para quien no llega a ese umbral. A partir de ahí, la anticipada voluntaria o forzosa, la discapacidad y las circunstancias de cada carrera laboral cambian el resultado. Lo sensato es revisar la vida laboral con tiempo, calcular qué vía encaja y no dejar la solicitud para el último momento, porque un detalle administrativo puede retrasar una decisión que afecta a los próximos años.

El mes de octubre se despide con una media del 3,239% para el Euríbor a doce meses, una cifra que invita a pensar en una pausa, aunque no cambia el panorama para quien tiene una hipoteca variable. El promedio es ligeramente inferior al de septiembre, cuando marcó el 3,247%, pero se coloca muy por encima del 2,187% de octubre del año anterior. Esa diferencia de 1,052 puntos es la que explica que muchas revisiones sigan llegando con subidas.

La media mensual es la referencia que de verdad se aplica en la mayoría de contratos, no el valor de una jornada concreta. El dato diario del 30 de octubre fue del 3,306%, dos milésimas por debajo del 3,308% del día previo. Para el bolsillo del hipotecado, lo importante no es tanto ese movimiento menor como el hecho de que el índice se ha mantenido en la zona alta durante buena parte del otoño.

Octubre deja un respiro pequeño, pero el nivel sigue alto

La comparación con septiembre deja un descenso de apenas ocho milésimas. Se trata del primer alivio tras tres meses consecutivos de ascensos, aunque el indicador continúa por encima del 3%. En términos anuales, el encarecimiento supera el punto porcentual, de modo que las hipotecas que tomen octubre como mes de referencia notarán el cambio en la cuota.

El recorrido diario del mes también muestra esa tónica de estabilidad con altibajos. Octubre arrancó cerca del 3,303%, llegó a marcar un 3,323% el día 2, bajó hasta el entorno del 3,177% a mediados de mes y volvió a subir en la recta final. Ese traqueteo no altera la media, pero sí refleja que el mercado sigue pendiente de cualquier pista sobre tipos e inflación.

Para ver la dimensión del cambio, basta repasar la evolución mensual. En agosto la media se quedó en torno al 2,95%, en julio fue del 2,855% y en junio del 2,798%. Antes, en mayo se situó en el 2,804%, en abril en el 2,747% y en marzo en el 2,565%. A principios de año los valores eran bastante más bajos: febrero cerró en el 2,221% y enero en el 2,245%.

La lista completa de los últimos meses ayuda a entender el giro. Diciembre de 2025 terminó en el 2,267%, noviembre en el 2,217% y octubre en el 2,187%. Con esos antecedentes, el 3,239% actual no es una cifra aislada, sino el resultado de una escalada que se ha ido consolidando a lo largo del año.

• Octubre: 3,239%
• Septiembre: 3,247%
• Agosto: en torno al 2,95%
• Julio: 2,855%
• Junio: 2,798%
• Mayo: 2,804%
• Abril: 2,747%
• Marzo: 2,565%
• Febrero: 2,221%
• Enero: 2,245%

Qué significa para una hipoteca variable

El Euríbor es el tipo de interés al que un grupo de entidades europeas se presta dinero entre sí en el mercado interbancario. Su referencia a doce meses es la más usada en España para fijar el precio de muchas hipotecas variables, tanto en revisiones anuales como semestrales. Cuando el índice sube, la cuota tiende a encarecerse; cuando baja, puede aliviarse.

Su publicación se produce de lunes a viernes, en torno a las once de la mañana, y el dato oficial se recoge en el Boletín Oficial del Estado. La media mensual, no el valor de un solo día, es la que suele aplicarse en la revisión. Por eso conviene mirar la escritura y comprobar qué mes sirve de referencia y si el ajuste es anual o semestral.

Un ejemplo ayuda a poner cifras. Para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el Euríbor, la revisión puede suponer unos 85 euros más al mes, lo que ronda los 1.028 euros al año. En préstamos de mayor importe, el golpe mensual puede superar los cien euros, siempre en función del capital pendiente, el plazo y las condiciones firmadas.

El cálculo no se hace con el Euríbor del día en que llega el recibo, sino con la diferencia entre el último valor aplicable y el que se tomó en la revisión anterior. Ese salto, unido al diferencial, determina la nueva cuota. De ahí que dos hipotecas con el mismo capital puedan pagar cantidades distintas si tienen fechas de revisión o tipos diferentes.

El BCE mantiene los tipos y el mercado mira a diciembre

La reunión del Banco Central Europeo del 29 de octubre dejó los tipos en el 2,5%. La entidad optó por una pausa después de las subidas de junio y septiembre, pero dejó la puerta abierta a un nuevo movimiento en diciembre. Esa posibilidad es la que mantiene alerta a los analistas y a quienes tienen una hipoteca variable.

El Euríbor no reacciona solo a lo que decide el BCE, sino a lo que el mercado espera que haga después. Las expectativas de una subida adicional antes de que acabe el año han empujado al alza al índice, aunque el movimiento no sea lineal. Si esa previsión se enfría, el Euríbor podría estabilizarse; si se refuerza, tendría menos margen para bajar.

El contexto tampoco ayuda a lanzar las campanas al vuelo. Los costes energéticos, la inflación y los conflictos geopolíticos siguen metiendo presión en la política monetaria. La evolución del estrecho de Ormuz y de los precios de la energía aparece en el punto de mira porque cualquier repunte puede volver a tensar los mercados y retrasar una relajación del índice.

Las previsiones, eso eso no son unánimes. Hay quien considera que el Euríbor está cerca de tocar techo y quien cree que aún puede tener recorrido al alza si la inflación no cede. Lo que comparten la mayoría de los análisis es que la energía y las decisiones del BCE marcarán el rumbo, por lo que conviene tomar cualquier estimación con prudencia y mirar el contrato concreto.

La evolución mensual: de la calma de primavera al repunte de otoño

El año empezó con valores más contenidos y fue cambiando de tendencia a medida que pasaban los meses. Entre marzo y agosto el índice encadenó subidas, con algún respiro puntual, hasta instalarse cerca del 3%. Esa escalada explica que la comparación interanual sea tan abultada y que muchas familias hayan notado el cambio en sus recibos.

Agosto marcó en torno al 2,95%, septiembre subió al 3,247% y octubre se quedó en 3,239%. La ligera caída de octubre rompe la racha, pero no borra la subida previa. En la práctica, el índice sigue en una zona que obliga a revisar con lupa las condiciones de cada préstamo y a no quedarse solo con el titular del mes.

También conviene distinguir entre el dato diario y la media mensual. El primero sirve para seguir el pulso del mercado; la segunda es la que se aplica en la revisión. Durante octubre hubo jornadas por encima del 3,3% y otras por debajo del 3,2%, pero el promedio final se movió poco respecto a septiembre.

La evolución de los últimos meses deja una idea clara: el Euríbor ha dejado atrás los niveles bajos de comienzos de año. La diferencia entre octubre y febrero supera el punto porcentual, un cambio notable para una hipoteca media. En un préstamo a 25 o 30 años, ese detalle se traduce en cientos de euros al año, incluso cuando la cuota mensual no parezca dispararse.

Cómo afrontar la revisión sin llevarse un susto

Lo primero es revisar la escritura y localizar la cláusula de revisión. Hay que saber qué Euríbor se aplica, si es anual o semestral y cuál es el diferencial. Con esos datos se puede calcular la nueva cuota y compararla con la anterior. No es lo mismo una revisión que llega en octubre que otra que toma como referencia abril o septiembre.

Si la subida aprieta, existen varias vías. Amortizar capital, renegociar con el banco, cambiar de entidad o pasar a tipo fijo son opciones a valorar, pero ninguna es buena para todos los perfiles. Amortizar reduce intereses futuros si hay ahorro disponible; una novación puede mejorar el diferencial; y una subrogación exige comparar comisiones y condiciones con calma.

También merece la pena mirar las hipotecas fijas y mixtas. Cuando el Euríbor está alto, las entidades suelen ajustar sus ofertas y lo que parece una solución segura puede salir más caro que una variable si el índice se relaja después. La decisión debe encajar con la capacidad de pago y con la tranquilidad que busque cada hogar.

Para quienes vayan a firmar una hipoteca nueva, la recomendación es comparar algo más que el tipo inicial. Hay que revisar TIN, TAE, bonificaciones, seguros y comisiones. Una oferta llamativa puede encarecerse si obliga a contratar productos vinculados o si la letra pequeña deja poco margen cuando cambien las condiciones.

Lo que conviene vigilar en los próximos meses

El siguiente punto de atención será la reunión del BCE de diciembre. Si los tipos vuelven a subir, el Euríbor tendría menos espacio para bajar y las revisiones de principios del próximo año podrían seguir la misma tónica. Si, por el contrario, se mantienen o se ablandan las expectativas, el índice podría consolidarse en la zona actual.

También hay que seguir de cerca la inflación y los precios de la energía. Un repunte de los costes energéticos o un agravamiento de los conflictos geopolíticos podría devolver presión al alza al índice. Si esas tensiones se calman, la hipótesis de una estabilización gana enteros, aunque nadie puede dar por hecho un descenso rápido.

El balance de octubre deja una mezcla de calma y preocupación. La media del 3,239% es algo menor que la de septiembre, pero supera con creces la de hace un año. Para un hipotecado variable, eso significa que la revisión todavía puede doler; para quien vaya a firmar, que conviene comparar sin prisa. La evolución futura dependerá de la inflación, de la energía y de lo que decida el BCE, así que la prudencia sigue siendo la mejor aliada.

El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, una fecha que sirve para revisar cómo se administra el dinero y para recordar que el hábito de reservar una parte de los ingresos no depende de grandes cantidades, sino de constancia. En un contexto de precios cambiantes, la mirada se dirige menos a buscar el producto más llamativo y más a disponer de un colchón que evite sustos.

La idea que más se repite entre los especialistas es sencilla: primero la caja, después la rentabilidad. Tener dinero accesible para cubrir gastos básicos si falla un ingreso o surge un imprevisto se considera una prioridad antes de pensar en inversiones que exijan plazos, penalizaciones o asumir riesgos que no siempre encajan con las necesidades del día a día.

Por qué la liquidez se coloca por delante del rendimiento

La tentación de perseguir un tipo de interés alto puede llevar a olvidar una pregunta básica: ¿podré recuperar ese dinero cuando lo necesite? Los especialistas coinciden en que un producto con buena remuneración no compensa si el rescate tarda, tiene costes o depende de que un tercero cumpla sus pagos. La disponibilidad del dinero pesa más que una prima extra de rendimiento cuando se trata del fondo de emergencia.

Ese criterio también se aplica a operaciones con riesgo de contraparte. Antes de entrar en productos vinculados a la solvencia de una empresa o de un emisor concreto, conviene mirar la calificación crediticia y la situación del sector. No se trata de renunciar a todo rendimiento, sino de poner orden: reservar una cantidad líquida y, solo después, estudiar opciones para el resto del patrimonio.

El fondo de emergencia, antes que cualquier inversión

El fondo de emergencia funciona como un amortiguador para imprevistos cotidianos: una reparación, un cambio de trabajo, una factura inesperada o un mes con menos ingresos. La recomendación general no exige sofisticación, sino que el dinero esté en un lugar seguro y accesible. De poco sirve una inversión que sube si, cuando hace falta echar mano del ahorro, obliga a vender en mal momento o a pagar una comisión por rescate.

Por eso se insiste en separar el dinero que se va a necesitar a corto plazo del que puede destinarse a objetivos más lejanos. No es lo mismo el ahorro de urgencia que la cartera de inversión, aunque ambos formen parte de una misma estrategia. Mezclar ambos sin orden puede llevar a decisiones apresuradas justo cuando el mercado o la situación personal no acompañan.

Ordenar las cuentas y rebajar la deuda cara

Antes de buscar rentabilidad, conviene revisar la parte del pasivo. Las deudas con intereses elevados suponen una carga que reduce cualquier avance del ahorro. Los especialistas coinciden en que refinanciar deudas caras para bajar el coste, cuando sea posible, es una medida prioritaria. No tiene mucho sentido intentar que una colocación conservadora compense el precio de una deuda muy alta.

El punto de partida ideal es no tener deudas caras, aunque en la práctica cada hogar debe adaptar esa meta a su situación. Si no se pueden eliminar de golpe, ordenarlas y buscar condiciones menos gravosas puede liberar margen mes a mes. Esa holgura sirve después para construir el colchón de emergencia y para afrontar los gastos previsibles sin recurrir otra vez al crédito.

Separar el ahorro nada más cobrar

Otro consejo repetido es no esperar a ver qué sobra a final de mes. Apartar una parte del ingreso al principio, en una cuenta o producto que no se utilice para el gasto diario, ayuda a que el ahorro no quede siempre para después. Para lograrlo, es fundamental saber cómo aprovechar la primera nómina para ahorrar. La cantidad puede ser modesta; lo importante es que el hábito se sostenga y que ese dinero no se mezcle con lo que se destina a pagos habituales.

También resulta útil fijarse en los gastos de mayor peso. Revisar vivienda, vehículo o compromisos fijos suele generar más margen que sumar muchos recortes pequeños. No se trata de eliminar cualquier capricho, sino de detectar las partidas que condicionan el presupuesto y encontrar alternativas razonables sin convertir la vida cotidiana en un ejercicio de privación constante.

Flujo de fondos: ver el mes antes de que llegue

Una herramienta práctica es preparar un flujo de fondos personal. Basta con poner por escrito ingresos ordinarios y extraordinarios frente a gastos fijos y variables. Ese ejercicio permite ver si el mes va a cerrar con margen, anticipar tensiones y poner límites al consumo antes de que aparezcan las sorpresas.

Un ejemplo habitual lo ilustra con claridad. Si una persona ingresa 1.000 euros y gasta 990, cualquier imprevisto rompe el equilibrio; si gasta 850, dispone de 150 de margen; y si gasta 700, puede reservar 300. La diferencia entre un mes ajustado y otro con holgura no está en un truco financiero, sino en conocer las cifras y actuar con antelación.

El largo plazo y la jubilación

Con el fondo de emergencia cubierto, el siguiente paso es pensar en objetivos que quedan lejos. Los especialistas señalan que una jubilación con un nivel de vida similar al de la etapa laboral resulta más alcanzable si se empieza pronto, siguiendo una planificación para la jubilación, sin necesidad de grandes aportaciones iniciales. El tiempo y la constancia pesan más que intentar compensar años perdidos con decisiones precipitadas.

La planificación a largo plazo también ayuda a no reaccionar a cada vaivén del mercado. Comprar y vender de forma constante por nerviosismo puede acabar perjudicando el resultado. Para el dinero que no se necesita de inmediato, tiene sentido conocer instrumentos sencillos y diversificados, siempre con atención a sus riesgos, costes y condiciones de liquidez.

Rutinas sencillas para ahorrar sin agobios

El Día Mundial del Ahorro no exige convertirse en experto ni aplicar fórmulas complicadas. Revisar el presupuesto cada cierto tiempo, fijar objetivos concretos y distinguir entre lo urgente y lo importante ayuda a tomar decisiones más ordenadas. La constancia de pequeños apartados suele ser más eficaz que un gran propósito que se abandona a las pocas semanas.

En la práctica, la secuencia queda clara: ordenar las cuentas, reducir deudas caras, apartar una parte al cobrar, construir un colchón líquido y solo después plantear inversiones para metas lejanas. La prudencia y la liquidez no están reñidas con mejorar la situación financiera; simplemente marcan un orden que evita tener que deshacer posiciones en el peor momento. La clave está en aplicar ese esquema con realismo, adaptarlo a cada hogar y mantenerlo en el tiempo sin depender de golpes de suerte.

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha reunido a representantes institucionales, empresas y profesionales para explicar cómo funciona el Régimen Económico y Fiscal y qué opciones ofrece a quienes quieren poner en marcha o ampliar un negocio en el archipiélago. La sesión se ha planteado como una toma de contacto práctica con los instrumentos fiscales que pueden favorecer la inversión y el desarrollo de la actividad empresarial.

El encuentro se ha dirigido de forma especial a pymes, autónomos y emprendedores, aunque también ha servido para resolver dudas de profesionales con proyectos ya en marcha. La idea central ha sido que los asistentes puedan identificar qué incentivo encaja mejor con sus necesidades y cómo aprovechar sus ventajas sin perderse entre requisitos y trámites.

Una jornada para acercar el REF al tejido productivo

La convocatoria se ha desarrollado con la colaboración del Comisionado del REF y el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, lo que ha permitido combinar una visión institucional con una explicación más técnica. Bajo el título que anima a ver el régimen como algo cercano, la jornada ha puesto el foco en las posibilidades reales de aplicación de las herramientas fiscales canarias.

En la apertura han intervenido María del Carmen Castellano, Héctor Benítez y Jonatan Márquez Lasso, mientras que la ponencia principal ha corrido a cargo de José Sánchez Ruano, doctor en Economía. A lo largo de la sesión se ha insistido en que conocer bien el REF no es solo una cuestión de cumplimiento tributario, sino una forma de planificar inversiones y ganar margen para crecer.

Los organizadores han subrayado que este tipo de encuentros ayudan a traducir la norma a la vida diaria de una pequeña empresa. No se trata únicamente de enumerar beneficios, sino de entender cuándo se pueden aplicar, qué documentación hace falta y qué errores conviene evitar al solicitar un incentivo.

Las herramientas fiscales que han centrado el debate

Durante la jornada se han analizado la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Cada una de estas figuras opera en un ámbito distinto y está pensada para estimular la inversión y la actividad económica en las islas, siempre dentro de sus condiciones.

La RIC se ha presentado como un mecanismo que permite vincular parte de los beneficios empresariales a futuras inversiones en el archipiélago. La DIC se ha explicado como una deducción aplicable a determinadas inversiones en activos, mientras que la ZEC se ha abordado como un régimen específico para empresas que cumplen ciertos requisitos de inversión y empleo. El IGIC, por su parte, ha servido para recordar las particularidades fiscales de Canarias respecto al territorio peninsular.

Los asistentes han podido conocer no solo las ventajas, sino también los requisitos y límites de cada instrumento. Este punto resulta clave, porque un incentivo mal planteado puede no encajar con el tamaño del proyecto, con el tipo de bien adquirido o con el calendario de la inversión. Por eso se ha recomendado revisar cada caso con detalle antes de tomar decisiones.

Qué puede hacer una empresa para aprovechar estos incentivos

Los expertos han incidido en la importancia de planificar antes de invertir y de revisar si el proyecto cumple los requisitos de la RIC, la DIC o la ZEC. También han recordado que el IGIC influye en la actividad cotidiana de muchos negocios, por lo que conviene entender su funcionamiento para evitar sorpresas en la facturación y en la gestión fiscal.

Para las pymes y los autónomos, la principal utilidad de la jornada ha sido contar con una guía práctica para saber por dónde empezar. No basta con conocer el nombre del incentivo: hay que valorar la inversión prevista, el momento de ejecutarla, la documentación exigida y la compatibilidad con otras ayudas. En ese sentido, los organizadores han defendido una labor de divulgación que acerque la fiscalidad a quienes están al frente de un negocio.

Los emprendedores han recibido un mensaje de cautela y oportunidad. Cautela porque los incentivos fiscales no sustituyen un plan de viabilidad ni garantizan por sí solos la rentabilidad de un proyecto. Oportunidad porque, bien utilizados, pueden mejorar el flujo de caja y facilitar la reinversión en maquinaria, instalaciones o nuevos activos.

Un marco fiscal con impacto en la inversión canaria

El REF se ha planteado como un marco estable para el desarrollo empresarial de Canarias, pero su aprovechamiento depende de que las empresas lo conozcan y lo apliquen correctamente. La jornada ha servido para recordar que la fiscalidad puede ser una palanca de inversión cuando se entiende desde la planificación y no solo desde la obligación de declarar.

Los responsables de la sesión han destacado que el objetivo final es impulsar la actividad económica mediante decisiones mejor informadas. Para las pymes, los autónomos y los emprendedores, contar con información clara sobre la RIC, la DIC, la ZEC y el IGIC puede marcar la diferencia a la hora de acometer una inversión o de esperar a tener más certezas.

La jornada también ha dejado claro que el diálogo entre instituciones y empresas resulta necesario para que los incentivos lleguen a quienes pueden utilizarlos. No se trata de crear expectativas exageradas, sino de explicar con transparencia qué se puede hacer, qué condiciones hay que cumplir y en qué casos conviene consultar con un especialista.

El mensaje que queda es que Canarias cuenta con un conjunto de herramientas fiscales orientadas a la inversión, pero su utilidad práctica depende del conocimiento, la planificación y el cumplimiento de requisitos. Acercar el REF a pymes, autónomos y emprendedores ayuda a que las decisiones empresariales se tomen con más información y a que el tejido productivo pueda aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el archipiélago.

La Agencia Tributaria no se anda con chiquitas cuando alguien le debe un dineral. En Valencia, la Fiscalía ha puesto el foco sobre cuatro personas que, supuestamente, se dedicaron a traspasar propiedades de una de ellas a nombre de otra para que Hacienda no pudiera echarles el guante. La cosa viene de lejos: la acusada principal tenía pendiente con el fisco más de 3,3 millones de euros y ya había sido condenada en dos ocasiones por delitos contra la Agencia Tributaria.

El asunto ha llegado a la Audiencia Provincial de Valencia, donde se sentarán en el banquillo por un delito de frustración de la ejecución. La Fiscalía pide inicialmente entre tres y cinco años de cárcel y multas para los cuatro implicados. El juicio está señalado para el martes 27 de octubre y, según las previsiones, se prolongará durante dos jornadas. No es moco de pavo: la acusada principal se enfrenta a una petición de cinco años de prisión, mientras que los otros tres podrían llevarse tres años cada uno si el tribunal les declara culpables.

El caso: propiedades a nombre de otra persona para esquivar el embargo

Según ha trascendido a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los acusados habrían urdido diversas maniobras fraudulentas para transmitir varios inmuebles a nombre de una de las procesadas. El objetivo no era otro que evitar el embargo que Hacienda tenía previsto ejecutar sobre esos bienes. La trama, al parecer, se montó después de que la dueña original de las propiedades acumulara sentencias firmes en 2012 y 2021 por delitos contra la Agencia Tributaria, a la que adeudaba una cantidad nada desdeñable: más de 3,3 millones de euros.

La Fiscalía sostiene que los cuatro implicados participaron de forma activa en estas operaciones de traspaso. La principal acusada se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel, mientras que para los otros tres se solicita una pena de tres años de prisión. Además, el ministerio público pide multas para todos ellos. El delito que se les imputa es frustración de la ejecución, una figura que castiga a quienes realizan actos para impedir que se cumpla una resolución judicial o administrativa, como es el caso de un embargo por deudas tributarias.

El juicio comenzará el 27 de octubre en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. Está previsto que se alargue durante dos días, en los que desfilarán testigos y peritos. De momento, la Fiscalía mantiene sus peticiones de pena a la espera de lo que se desprenda de las sesiones. Habrá que estar atentos porque este tipo de casos suele dejar titulares y alguna que otra sorpresa.

Cómo obtener la carta de pago de una diligencia de embargo

Si alguien se ve en la tesitura de tener que pagar una diligencia de embargo, la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de obtener la carta de pago de forma telemática. El trámite se puede realizar tanto con certificado electrónico como sin él, aunque en este último caso hay que identificarse con los datos del obligado al pago y del deudor. Estos son los pasos básicos para no perderse:

• Lo primero es acceder a la sede electrónica de la AEAT y dirigirse a ‘Todas las gestiones’, dentro de ‘Recaudación’. Allí se elige ‘Consulta y tramitación de diligencias de embargo’.
• Se puede optar por generar la carta de pago con identificación electrónica (certificado, DNIe o Cl@ve) o sin ella. Si se elige sin identificación, hay que indicar el NIF del obligado al pago, el NIF del deudor y el número de diligencia.
• Si se accede con certificado, DNIe o Cl@ve (solo para personas físicas), basta con cumplimentar el NIF del obligado y la diligencia. Si se hace sin identificación, también hay que rellenar el NIF del pagador.
• Una vez dentro, se puede consultar el detalle de la deuda pendiente y los documentos PDF generados con anterioridad. Desde la pestaña ‘Relación de Documentos de Ingreso’ se puede ver el documento en PDF y realizar el pago.
• Para pagar, hay que pulsar ‘Generar Documento de Ingreso (Carta de Pago)’. Se genera un PDF que se puede llevar a una entidad colaboradora. El campo ‘Importe a ingresar’ aparece en blanco para que se ponga la cantidad a mano.
• Si se dispone de certificado electrónico, DNIe o Cl@ve, se puede pagar directamente online mediante adeudo en cuenta, tarjeta/Bizum o transferencia. Ojo: si se elige transferencia, la cuenta debe estar abierta en una entidad que NO sea colaboradora en la recaudación de tributos de la AEAT.
• También existe la opción de pago masivo de diligencias, descarga de ficheros para pago masivo y una herramienta de ayuda para calcular el importe embargable.
• Hay que tener en cuenta que si se ha pagado en un banco (no de forma telemática), el sistema puede tardar unos 20 días en reflejarlo, por lo que es posible que la diligencia aparezca sin fecha de ingreso aunque ya esté pagada.

A pesar de que el proceso pueda parecer un laberinto, la AEAT permite regularizar la situación de embargo sin necesidad de personarse físicamente en una oficina. Eso sí, conviene no dejar pasar el tiempo y revisar bien los documentos antes de dar el paso, porque cualquier error puede retrasar la solución. Y si alguien intenta esquivar el embargo como en el caso de Valencia, ya ve las consecuencias: la justicia no se lo va a poner fácil.

Al final, lo que queda claro es que Hacienda aprieta cuando hay deudas pendientes y que quienes intentan evitar el embargo con artimañas pueden acabar sentados ante un juez. El caso de Valencia es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar para no pagar, y la respuesta de la Fiscalía es contundente. Por otro lado, para los contribuyentes que sí quieren cumplir, la Agencia Tributaria ofrece herramientas telemáticas para obtener la carta de pago y saldar la deuda sin demasiadas complicaciones. Eso sí, más vale no dejar que la situación se encone porque las consecuencias pueden ser más caras que la propia deuda.

La firma que dirige Elon Musk vuelve a ocupar el foco del mercado. Las entregas del trimestre, el avance del software de conducción autónoma y la expectativa de una posible integración con SpaceX son los hilos que están moviendo la conversación entre inversores. La compañía no solo vende coches: también quiere ganar peso en energía, inteligencia artificial y robótica, y eso explica por qué cada dato operativo se mira con lupa.

En Europa, uno de los frentes que más atención ha despertado es la autorización del sistema de conducción asistida en Letonia, que se convierte en el décimo país de la Unión Europea en dar luz verde. Ese paso regulatorio refuerza la estrategia de Tesla de extender su software fuera de Norteamérica, aunque el despliegue completo todavía depende de la aceptación de los conductores y de la evolución de la tecnología.

Un trimestre apoyado en entregas y en ajuste de inversión

Tesla cerró el tercer trimestre con 486.532 vehículos entregados, una cifra que confirma el buen tono comercial de la compañía y que ha sido uno de los datos más repetidos por el mercado. A eso se suma una decisión relevante: la empresa redujo su plan de inversión para 2026 desde unos 25.000 millones hasta cerca de 20.000 millones. La lectura que hacen los inversores es que la firma quiere proteger la caja mientras financia sus próximas apuestas sin renunciar a los proyectos que considera estratégicos.

El software también empieza a pesar más en el relato. Más del 75% de las entregas nuevas en Norteamérica incluyen una suscripción de pago al sistema de conducción asistida, una señal de que Tesla intenta convertir su base de clientes en una fuente de ingresos recurrentes. La compañía sigue ampliando funciones y entrenando sus sistemas con datos de uso, aunque el reto no es solo técnico: también debe convencer a reguladores y conductores de que la tecnología es segura y útil en el día a día.

En el negocio energético, los pedidos de baterías Megapack están prácticamente cubiertos hasta 2027. La empresa está aumentando la producción para reducir esa cartera de pedidos y espera que el almacenamiento de energía gane peso dentro del grupo. No se trata de un negocio menor: para muchos analistas, esta división aporta una visibilidad que el automóvil tradicional no siempre ofrece, sobre todo cuando el mercado mira con atención los márgenes y la capacidad de ejecución.

La sombra de una fusión con SpaceX

La posible unión entre Tesla y SpaceX ha vuelto a calentar las especulaciones. Ya hay comités que estudian cómo podría estructurarse una operación, pero no hay un acuerdo cerrado ni una decisión definitiva. El mercado sigue pendiente de cualquier señal que aclare el futuro de una integración de gran calado, mientras las partes mantienen la prudencia.

Las acciones reaccionaron con una subida superior al 5% en una de las sesiones, impulsadas por esa expectativa y por el buen tono de los índices tecnológicos. Barclays elevó su recomendación a sobreponderar y situó su precio objetivo en 450 dólares, argumentando que una eventual fusión podría acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y de la conducción autónoma. Es una tesis que gana adeptos, pero que todavía no cuenta con una confirmación oficial.

El atractivo de esa hipotética combinación estaría en unir la experiencia de Tesla en vehículos conectados y software con la capacidad tecnológica de SpaceX. La operación podría dar más músculo a proyectos como la conducción autónoma y los robots humanoides, aunque también plantea dudas sobre cómo encajarían ambos negocios y qué prioridades tendría el grupo resultante. Por eso, el mercado se mueve entre el optimismo y la prudencia.

Robótica, inteligencia artificial y negocio energético

El proyecto Optimus, el robot humanoide de Tesla, sigue siendo una de las piezas que más ilusión despierta entre quienes creen que la compañía vale más por lo que puede llegar a ser que por sus coches actuales. La robotización de tareas físicas y la inteligencia artificial aplicada a entornos reales forman parte de esa apuesta de futuro. El mercado valora esa línea como un negocio potencial a medio plazo, aunque todavía no la incluye en sus previsiones como una realidad consolidada.

La compañía también quiere que su software de conducción asistida sea un negocio rentable y escalable. La combinación de suscripciones, datos de conducción y aprobaciones regulatorias en Europa dibuja un camino que podría generar ingresos recurrentes, pero no está exento de obstáculos: cada país tiene sus normas, cada mercado responde de forma distinta y la competencia no se queda quieta. En ese contexto, Letonia es un paso más, no el final del recorrido.

El negocio de almacenamiento, mientras tanto, funciona como un contrapeso a la volatilidad del automóvil. La fuerte demanda de Megapack y la mejora de visibilidad de pedidos permiten a Tesla presentar una estructura de negocio más diversificada, un argumento que los inversores valoran para compensar la volatilidad del negocio automovilístico. La clave será comprobar si esa demanda se traduce en márgenes sostenibles y en capacidad de entrega suficiente.

La fotografía que queda es la de una empresa que intenta sostener el ritmo comercial, contener la inversión y alimentar varias líneas de futuro al mismo tiempo. Las entregas, el software, el almacenamiento y la posible fusión con SpaceX son las piezas de un relato que todavía está abierto. Por ahora, Tesla ofrece avances concretos y también muchas incógnitas, así que la prudencia sigue siendo una compañera obligada para cualquiera que analice su evolución.

Cuando nos metemos en el mundo de la compraventa de negocios, hay un concepto que suele generar bastantes dudas pero que es determinante para ponerle precio a una empresa: el goodwill o fondo de comercio. Básicamente, es ese valor extra que tiene un negocio cuando se mira como un todo, superando por mucho la simple suma de sus máquinas, locales o dinero en banco. Es lo que hace que una marca sea deseable y que un comprador esté dispuesto a soltar más dinero del que indican los libros contables.

En esencia, estamos hablando de un activo intangible que engloba todo aquello que no se puede tocar pero que hace que la empresa gane dinero. Desde la confianza que tienen los clientes hasta la forma en que está organizada la maquinaria humana y técnica, el goodwill es el motor invisible que impulsa la competitividad y asegura que el negocio siga siendo rentable a largo plazo.

¿En qué consiste realmente el goodwill?

Para entenderlo sin complicaciones, el fondo de comercio es la diferencia económica que surge cuando el precio pagado por una compañía es mayor que el valor justo de mercado de sus activos netos. No es algo que se pueda separar de la empresa; es una cualidad intrínseca que nace de la combinación de diversos factores positivos.

Desde el punto de vista de la contabilidad, siguiendo normativas como las IFRS o la NIC 38, este valor solo aparece en el balance después de una operación de adquisición o fusión. No es que la empresa se lo invente, sino que se reconoce oficialmente cuando alguien externo valida que el negocio vale más de lo que suman sus piezas sueltas.

Los pilares que sostienen el valor intangible

No todo el goodwill es igual, ya que se alimenta de distintos elementos que varían según el sector. Algunos de los más determinantes son:

• Reputación y marca: Una imagen sólida y ética en el mercado atrae a más gente y permite cobrar precios más competitivos.
• Lealtad de la clientela: No es lo mismo tener clientes ocasionales que una base de usuarios fieles que aseguran ingresos recurrentes.
• Relaciones estratégicas: Tener acuerdos cerrados y ventajosos con proveedores clave da una estabilidad operativa envidiable.
• El saber hacer o know-how: La eficiencia en los procesos internos y la capacidad de innovación tecnológica son activos que no aparecen en una factura pero valen oro.
• Talento humano: Un equipo experto y una cultura organizacional sana evitan que la empresa se desmorone al cambiar de dueño.

Cómo se saca la cuenta del fondo de comercio

Aunque puede parecer un terreno subjetivo, existe una fórmula básica para calcularlo. El proceso consiste en restar el patrimonio neto identificable (activos menos pasivos) al precio total de la compraventa. Si el resultado es positivo, tenemos goodwill.

Sin embargo, para que el cálculo no sea un disparo al aire, es fundamental realizar una due diligence financiera muy rigurosa. En este análisis se deben valorar por separado los activos tangibles (como naves o vehículos) y los intangibles identificables (como patentes o licencias), para no contar dos veces lo mismo y obtener una cifra realista.

Riesgos y el peligro del badwill

No todo es color de rosa. Si se sobrestima este valor, la empresa compradora podría enfrentarse a deterioros contables muy fuertes en el futuro, lo que hundiría sus estados financieros. Por otro lado, existe el concepto de badwill, que es básicamente el fondo de comercio negativo.

El badwill aparece cuando una empresa tiene una fama desastrosa, ya sea por escándalos financieros, mala calidad de sus productos o un trato pésimo al medio ambiente. En estos casos, el negocio pierde atractivo y el vendedor se ve obligado a aceptar un precio mucho más bajo, ya que la trayectoria negativa espanta a los inversores.

El juego de la negociación en las compraventas

En una mesa de negociación, el goodwill es la herramienta principal para justificar el precio final. El vendedor intentará demostrar que su negocio tiene un potencial de crecimiento enorme gracias a su prestigio, mientras que el comprador tratará de cuestionar si esa ventaja es sostenible en el tiempo.

Para que la operación sea un éxito, es vital no basarse solo en intuiciones. Es recomendable usar benchmarks del sector y proyecciones de flujo de caja descontado. La transparencia en este punto no solo evita peleas, sino que genera una relación de confianza entre las partes que facilita la transición del mando.

Tener claro que el fondo de comercio es la suma de la reputación, la eficiencia y las expectativas futuras permite que tanto quien compra como quien vende tomen decisiones inteligentes. Al final, se trata de valorar la capacidad de una empresa para generar riqueza más allá de sus paredes, convirtiendo la ventaja competitiva en un activo financiero tangible que define el éxito de cualquier transacción empresarial.

CaixaBank ha vuelto a poner el foco en la retribución al accionista y en la marcha de su negocio. El consejo ha aprobado un dividendo a cuenta de 1.281 millones de euros, equivalente a 18,44 céntimos brutos por acción, que se abonará el 6 de noviembre. La entidad mantiene así una política de reparto que combina efectivo y recompras, con el objetivo de seguir generando valor para clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Los resultados hasta septiembre muestran un avance relevante. El banco ha registrado un beneficio neto de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La actividad comercial, la financiación a empresas y familias y la captación de clientes explican buena parte de este comportamiento, según la información trasladada por la entidad.

Dividendo y calendario de pago

El pago del dividendo a cuenta se enmarca en el plan aprobado por el consejo en enero. La entidad prevé repartir en efectivo entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado del ejercicio en dos pagos. El primero es este dividendo a cuenta, que podía moverse entre el 30% y el 40% del beneficio del primer semestre, y el segundo será un dividendo complementario que deberá aprobar la junta general de accionistas y se abonará en abril de 2027. En concreto, este primer pago equivale al 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre.

En torno a la mitad del dividendo lo recibirán la Fundación la Caixa y el FROB. El banco cuenta con más de 500.000 accionistas, en su inmensa mayoría minoristas, una base accionarial que refuerza el carácter popular de una retribución que llega a un amplio número de inversores particulares.

A esta retribución se suma el octavo programa de recompra de acciones, por 500 millones de euros, que CaixaBank anunció en abril y que resta 20 puntos básicos a su ratio de capital de máxima calidad CET1, situada en el 12,5% al cierre de septiembre. Además, el consejo ha acordado ampliar en tres meses la duración de este programa, hasta el 30 de enero de 2027, cuando inicialmente debía concluir el 30 de octubre.

Resultados hasta septiembre

CaixaBank cierra los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto de 4.962 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando obtuvo 4.397 millones. El resultado está respaldado por el aumento de la actividad comercial, la financiación a empresas y familias y la captación de clientes.

La entidad cuenta con 21,1 millones de clientes en España y Portugal, después de incorporar cerca de 480.000 en los últimos doce meses. Su red supera las 4.500 oficinas y dispone de más de 683.000 millones de euros en activos, una base que le permite mantener una posición relevante en el mercado ibérico.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha valorado el periodo como muy positivo. Ha destacado un avance consistente y compensado, con más clientes y mayor actividad, y ha subrayado que la fortaleza de la entidad permite seguir acompañando a familias y empresas y generar valor para clientes, accionistas y sociedad.

Crédito, recursos y margen

Uno de los principales motores del crecimiento ha sido la financiación. La cartera de crédito sano alcanza los 397.469 millones de euros, un 8% más que en septiembre de 2025. Los préstamos a empresas aumentan en 19.404 millones de euros, mientras que la financiación destinada a la compra de vivienda crece en 9.551 millones. Por su parte, el crédito al consumo se incrementa en 2.195 millones. Los recursos de clientes también avanzan un 5,6%, hasta alcanzar los 760.353 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el margen de intereses asciende a 8.186 millones, un 2,9% más, mientras que los ingresos por servicios aumentan un 7,7%, hasta 4.182 millones. Son dos partidas que reflejan la buena marcha del negocio recurrente y la capacidad de la entidad para compensar un entorno de tipos menos expansivo.

La tasa de morosidad se sitúa en el 1,76%, lo que refleja una evolución contenida del riesgo. Por otro lado, imagin alcanza los 4,3 millones de clientes, un 9% más que hace un año, y eleva su volumen de negocio hasta aproximadamente 24.300 millones de euros.

Con este panorama, CaixaBank combina una retribución atractiva para el accionista con un crecimiento del negocio en España y Portugal. El dividendo a cuenta de 1.281 millones, la recompra de 500 millones y el beneficio de 4.962 millones hasta septiembre dibujan un perfil financiero sólido, apoyado en más crédito, más clientes y una morosidad controlada. La entidad mantiene así un equilibrio entre el reparto de efectivo y el refuerzo de su capital, con la vista puesta en el dividendo complementario que se someterá a la junta general de accionistas.

La gran reforma de los planes de pensiones privados en España sigue sin dar los frutos que se esperaban. Cinco años después de su entrada en vigor, el ahorro complementario no ha calado como se pretendía y el foco sigue puesto en un sistema público que soporta una factura creciente. La intención era mover el ahorro desde los productos individuales hacia los planes de empresa, pero el resultado está siendo más tibio de lo previsto y deja un panorama con luces y sombras.

El diseño fiscal buscaba cambiar el paso a los ahorradores. La reducción de las deducciones personales enfrió la contratación por cuenta propia, mientras que los planes de empleo han avanzado con fuerza, aunque desde una base muy reducida. Esa combinación explica que el número de partícipes y las aportaciones muestren señales distintas según se mire el producto y el momento del año. La sensación general es que la reforma ha cambiado el mapa, pero no ha resuelto el problema de fondo: ampliar la previsión social complementaria sin debilitar la confianza en las pensiones públicas.

Una reforma fiscal con efecto limitado

Los datos de los últimos años dejan una brecha difícil de ignorar. El límite de aportación con ventaja fiscal en los planes individuales pasó de 8.000 a 2.000 euros y, después, se quedó en 1.500 euros, mientras que los planes de empresa elevaron su máximo deducible hasta los 8.500 euros. La intención era clara: empujar a las empresas y a los trabajadores hacia los fondos de empleo. Sin embargo, el efecto sobre el ahorro total no ha sido el esperado. Entre 2020 y 2025, las aportaciones a fondos de inversión a largo plazo cayeron de 5.537 millones a 3.245 millones de euros, casi 2.300 millones menos.

Esa caída no significa que los españoles hayan dejado de preocuparse por su jubilación. La reforma fue eficaz para disuadir el ahorro individual, pero no tanto para multiplicar los planes de empleo. El objetivo oficial era que en 2030 hubiera once millones de personas acogidas a este modelo. A día de hoy, apenas 3,3 millones de trabajadores participan en un producto de empresa, frente a 7,2 millones con un plan personal. La participación en fondos de empresa crece a buen ritmo, en torno a un 12,5% en un año, pero solo cubre a un 15% de los ocupados, frente al 28% de media en la Unión Europea.

Hay otro detalle que invita a la reflexión. El número de clientes de planes individuales se ha reducido ligeramente, un 0,3% en el último año, aunque las aportaciones hasta septiembre hayan subido un 0,7% y superen los 1.002 millones de euros. Es decir, quienes siguen ahorrando por su cuenta mantienen o elevan sus importes, pero cuesta captar nuevos partícipes. En los planes de empleo, las aportaciones crecieron un 16,1% hasta 1.225 millones, impulsadas por los planes simplificados, que se dispararon un 120% y alcanzaron los 268 millones. El patrimonio total del sector se situó en 144.492 millones de euros, con un alza de 6.503 millones en el tercer trimestre y una rentabilidad interanual del 7,7%.

El balance también se nota en las prestaciones. La salida de dinero por prestaciones se recortó un 16,8%, hasta 638 millones, gracias a la menor utilización de los supuestos especiales de liquidez. Eso permitió reducir el saldo negativo entre aportaciones y prestaciones hasta los 918 millones, frente a los 1.738 millones del año anterior. El número de cuentas se acercó a los 10,69 millones, con 69.097 partícipes más. Son cifras que muestran un sector vivo, pero no ocultan que el ahorro complementario sigue lejos de ser una realidad extendida entre la mayoría de los trabajadores.

La preocupación de fondo tiene que ver con el coste del sistema público. El gasto en pensiones superará los 60.000 millones de euros en 2026, más que todo el déficit proyectado, según las estimaciones del sector. Además, seis de cada diez españoles no confían en que las nóminas de los jubilados estén garantizadas en el futuro. Esa mezcla de desconfianza y falta de alternativas accesibles explica por qué el debate sobre los planes de empleo vuelve una y otra vez a la actualidad. No es solo un asunto financiero: también es una cuestión de tranquilidad para millones de hogares.

Autoinscripción, modelos europeos y guerra comercial

En el debate sobre cómo ampliar la previsión social complementaria, la adhesión automática de los trabajadores a un plan de empresa gana peso. El modelo de inscripción automática en planes de empleo se ha convertido en una referencia: fija una aportación total del 8% del salario, repartida entre un 4% del empleado, un 3% de la empresa y un 1% del Estado. Los defensores dicen que ayuda a universalizar el ahorro sin obligar a nadie a elegir un producto. Los críticos recuerdan que en Reino Unido, Irlanda y Australia la tasa de sustitución ronda el 29% o el 34% del último salario, muy por debajo del más del 70% que se alcanza en España. La comparación, por tanto, no es sencilla.

Las patronales de gestoras y aseguradoras llevan tiempo pidiendo pasos más decididos. La autoinscripción por defecto se ha colocado entre sus reivindicaciones, junto a otros modelos como la mochila austriaca, el sistema sueco con su sobre naranja, la alternativa chilena o las entidades de previsión voluntaria del País Vasco, que cuentan con mejor fiscalidad y mayor tradición cooperativa. La idea de fondo es que el pilar público no puede cargar solo con todo el peso. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores y de las empresas sigue siendo moderada, y el debate se ha quedado atascado en un bucle del que cuesta salir.

Los agentes sociales tienen la llave. La negociación colectiva aparece como la vía más viable para extender los planes de empleo, aunque no hay acuerdo sobre cómo hacerlo. La patronal empresarial sostiene que la adhesión automática ya puede instrumentarse a través de los convenios y avisa de que no se puede encarecer el mantenimiento de los puestos de trabajo. Los sindicatos, por su parte, abren la puerta al modelo británico, pero rechazan que la aportación del trabajador se reste de la nómina. Defienden que sea un salario diferido adicional. Esa diferencia es clave: para unos, el coste no debe recaer sobre la empresa; para otros, tampoco debe recortar el sueldo disponible.

La reforma de 2022 nació sin el consenso de todas las partes. La falta de acompañamiento fiscal y las diferencias internas en el Gobierno lastraron un proyecto que pretendía impulsar la previsión social entre funcionarios y autónomos. En el sector público, las aportaciones llevan suspendidas desde la crisis financiera, lo que genera una incongruencia difícil de explicar. En el caso de los autónomos, los incentivos no están teniendo el uso esperado, en parte porque los comercializadores prefieren orientarles hacia productos del tercer pilar con retornos más altos. Solo algunos ámbitos, como la construcción, han dado pasos relevantes en la negociación colectiva.

Mientras tanto, la competencia comercial no se detiene. Las entidades financieras han lanzado campañas para atraer traspasos de planes de pensiones con bonificaciones que, en los casos más agresivos, llegan al 7,5%. PSN encabeza la tabla, seguida de Ibercaja, con hasta un 7%; Bankinter, con un 6,5%; Deutsche Bank y Santander, con un 6%; y CaixaBank, BBVA y Santalucía, con un 4%. Casi todas exigen permanencias de entre cinco y diez años y, en muchos casos, importes elevados. La letra pequeña importa: si se incumple el compromiso, hay que devolver total o parcialmente la bonificación.

Ese dinero extra no sale gratis. Las bonificaciones tributan como rendimiento del capital mobiliario, con retenciones del 19% y tipos que pueden llegar al 30% según el importe. Si el regalo es en especie, la entidad practica un ingreso a cuenta y el contribuyente debe declarar el valor de mercado. Además, conviene comparar comisiones y rentabilidad antes de mover el plan: una bonificación llamativa puede quedar diluida si el producto de destino cobra un 1,5% anual frente al 0,4% del actual. El traspaso en sí no tributa, pero la permanencia y las condiciones de rescate condicionan cualquier decisión.

El sector mira al futuro con una mezcla de prudencia y presión. El crecimiento de los planes de empleo es real, pero insuficiente para cubrir el objetivo de once millones de personas. El patrimonio aumenta, las rentabilidades acompañan y las entidades compiten por captar ahorro, aunque la base sigue siendo estrecha y la confianza ciudadana no termina de despegar. La próxima decisión política y el papel de los convenios colectivos serán determinantes para saber si España se acerca a los modelos europeos o si, por el contrario, sigue atrapada en un debate que se repite cada cierto tiempo. La jubilación es un asunto demasiado importante como para dejarlo solo en manos de una campaña comercial.