<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0"><channel><title>Blog de Andrés Betancor</title><description>Diario de reflexiones, inquietudes y preocupaciones sobre el Derecho y el Estado</description><managingEditor>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</managingEditor><pubDate>Mon, 9 Nov 2026 19:45:15 +0100</pubDate><generator>Blogger http://www.blogger.com</generator><openSearch:totalResults xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">990</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">25</openSearch:itemsPerPage><link>http://andresbetancor.blogspot.com/</link><language>en-us</language><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Diario de reflexiones, inquietudes y preocupaciones sobre el Derecho y el Estado</itunes:subtitle><itunes:owner><itunes:email>noreply@blogger.com</itunes:email></itunes:owner><item><title>El control judicial de los poderes políticos. Jueves Derecho CUNEF Universidad, 5 de noviembre de 2026</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2026/11/el-control-judicial-de-los-poderes.html</link><category>control</category><category>Estado de Derecho</category><category>poder judicial</category><category>Tribunal Constitucional</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Mon, 9 Nov 2026 08:43:17 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-3693023708047262858</guid><description>&lt;p&gt;La sesión de Jueves Derecho CUNEF Universidad del 5 de noviembre se dedicó al control judicial de los poderes políticos. Intervinieron Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional; Pablo Lucas Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y Mercedes Fuertes López, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Respondieron a tres preguntas comunes: si el control se ejerce hoy con exceso o con defecto; qué erosiona más la posición del ciudadano ante el Derecho, un juez percibido como actor político o una sentencia firme cuya eficacia queda a disposición de la decisión política; y qué medida debería adoptarse.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;¿Exceso o defecto?&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Para Manuel Aragón, el protagonismo que hoy tiene el control jurisdiccional no es un defecto del Estado de Derecho, sino del Estado democrático. Crece porque el control político de los poderes públicos es prácticamente inexistente, y no hay en ello judicialización de la política, sino cumplimiento del deber de juzgar cuando los jueces son llamados a hacerlo. La justicia solo se politiza cuando el acceso a los cargos judiciales deja de basarse en el mérito y la capacidad. Lo que se le reprocha procede, a su juicio, de quienes sostienen que la política debe estar por encima del Derecho.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pablo Lucas rechazó tanto la imagen del juez como boca muda de la ley como la de un cuerpo que pretende asumir funciones que no le corresponden. Los jueces responden únicamente cuando alguien con legitimación les somete un litigio, y procuran resolverlo con sometimiento pleno a la Constitución y a la ley. No hay, en su opinión, exceso ni defecto. La novedad está en las descalificaciones que reciben del poder político, un fenómeno que no es exclusivo de España.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mercedes Fuertes coincidió en que no hay exceso, pero advirtió que algunos instrumentos de control del abuso de poder se escapan. La exigencia de legitimación, imprescindible para evitar recursos infundados, deja sin control decisiones que afectan al orden constitucional. Valoró la jurisprudencia de la Sala Tercera que ha ido reconociendo legitimación a fundaciones y asociaciones, y propuso un recurso específico para ellas, que no una acción popular, en los casos de quiebra sustancial e inequívoca del orden constitucional o de los derechos fundamentales. Recordó también que controlar no es solo anular: la desestimación de un recurso confirma que la Administración actúa conforme a Derecho.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;La sentencia que no se cumple&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Pablo Lucas situó en la ejecución de las sentencias uno de los problemas estructurales del sistema. Negó que haya jueces actores políticos más allá de excepciones muy reducidas, y señaló que la valoración de la justicia mejora sensiblemente cuando se pregunta a quienes han tenido contacto con los tribunales. El juez no debe entrar en el debate público, porque comprometería su imparcialidad. Su mejor respuesta es una sentencia ajustada a Derecho y bien explicada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mercedes Fuertes se detuvo en la inejecución, con ejemplos urbanísticos y ambientales de sentencias firmes que siguen sin cumplirse años después. Evocó la advertencia de Alejandro Nieto de que la Administración no ejecuta las sentencias cuando no quiere. Defendió medidas coercitivas dirigidas a la autoridad responsable y una revisión, por vía legal, de los ámbitos de discrecionalidad que hoy impiden a los tribunales entrar en el fondo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manuel Aragón se ocupó de las dos figuras que, a su juicio, más afectan a la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: el indulto y la amnistía. El indulto es válido porque la Constitución lo prevé como excepción a esa reserva de jurisdicción. No propuso suprimirlo, sino reformar la ley que lo regula para hacerlo más restrictivo. La amnistía, en cambio, no está prevista en la Constitución, y por eso, en su opinión, no puede dictarse. Se mostró crítico con la decisión del Tribunal Constitucional que la ha considerado conforme a la Constitución.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Propuestas&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Mercedes Fuertes insistió en la legitimación y añadió las medidas cautelares, cuyo uso por los tribunales valoró positivamente. La reducción de los tiempos procesales exigirá, en cambio, una reforma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manuel Aragón centró su propuesta en el Tribunal Constitucional. Advirtió de una doctrina reciente que entiende la Constitución como una norma tan abierta que el legislador apenas encuentra límites en ella, cuando contiene normas cerradas que ninguna mayoría puede vulnerar. Esa doctrina, sostuvo, solo puede corregirla el propio Tribunal. Pidió además que la designación de los magistrados vuelva al consenso auténtico, entendido como vetos mutuos, frente al reparto de cuotas que, aunque no produzca necesariamente falta de independencia, sí genera una apariencia de politización.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pablo Lucas calificó de falso el conflicto entre jueces y política. La acusación de &lt;i&gt;lawfare&lt;/i&gt; encubre una pretensión de exención del control, propia de una coyuntura de fragmentación política. Democracia y Estado de Derecho no se oponen: la primera exige el segundo. El principal problema de la justicia ante la sociedad es la lentitud, y su remedio pasa por una planta judicial suficiente, una oficina judicial dotada de medios y personal cualificado, y un expediente digital que sea realmente digital.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Las tesis finales&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Mercedes Fuertes: el Estado de Derecho es una construcción sólida, pero frágil si no se fortalece continuamente con lealtad institucional. Todo lo que garantice la independencia del juez y su carrera irá en el buen camino.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pablo Lucas: tomarse en serio la Constitución, en sus formas y en su fondo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manuel Aragón: sin jueces solventes, independientes e imparciales no hay Estado de Derecho, y sin instituciones políticas ejemplares y eficientes es muy difícil que haya Estado democrático. Hoy el Estado de Derecho subsiste, pese a los ataques que recibe. Lo que está extremadamente debilitado es la democracia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Como moderador, cerré con una conclusión dirigida a los estudiantes. La fortaleza del Derecho depende de jueces que se toman en serio su independencia y su imparcialidad, y que asumen, a veces con un coste personal considerable, la responsabilidad que de ellas se deriva. Son ellos quienes hacen posible que el Derecho no sea un mero papel y la democracia una mera proclamación.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La grabación completa de la sesión puede verse en el canal de CUNEF Universidad: &lt;a href="https://www.youtube.com/live/kjaGPe5J2No"&gt;https://www.youtube.com/live/kjaGPe5J2No&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Instituciones del Estado democrático de Derecho</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2026/02/instituciones-del-estado-democratico-de.html</link><category>Estado democrático de Derecho</category><category>Instituciones</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Sat, 7 Feb 2026 11:10:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-1674388779593840262</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;Desde hacer cuatro años, la Fundación Rafael del Pino acoge el seminario de Instituciones del Estado democrático de Derecho. Una iniciativa que muestra el compromiso de la Fundación con la institucionalidad democrática. En el siguiente enlace se puede encontrar todos los podcast que hemos grabado con los distintos ponentes.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="https://frdelpino.es/canalfrp/categoria-podcast/04_instituciones-del-estado-democratico-de-derecho/" target="_blank"&gt;Enlace a los podcast&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un primer resultado del seminario ha sido la publicación del libro "Instituciones del Estado democrático de Derecho, conversaciones. Contribución a la cultura cívica de la institucionalidad democrática", que se puede descargar en este &lt;a href="https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2024-329"&gt;enlace&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXb_B7VBX3PzyDDkTw0JZHK40APHOYtG_VQtI7g_FNZ9QJ9JhfZ9LmzOxz4qT6Xn2SThayw-Yyz7luILd42M_jgre3PWlz0KO4B6NvS2pwQSQoVe83_Vt3HxgazQVy_tI9IX8Nbd3H15hLTjoJMG0TI0d7a74dLRlIxfypGcPwe7fotBAhqZJoUY7zUbyp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img alt="" data-original-height="535" data-original-width="1024" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXb_B7VBX3PzyDDkTw0JZHK40APHOYtG_VQtI7g_FNZ9QJ9JhfZ9LmzOxz4qT6Xn2SThayw-Yyz7luILd42M_jgre3PWlz0KO4B6NvS2pwQSQoVe83_Vt3HxgazQVy_tI9IX8Nbd3H15hLTjoJMG0TI0d7a74dLRlIxfypGcPwe7fotBAhqZJoUY7zUbyp=w640-h334" width="640" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La institucionalidad democrática se hace cada día con el compromiso de todos de que nuestra democracia sea el marco de convivencia adecuado para que la libertad sea real y efectiva, haciendo posible la tolerancia y el respeto con la pluralidad y la diversidad, en definitiva, que las instituciones hagan posible, en sentido amplio, la más amplia libertad.&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXb_B7VBX3PzyDDkTw0JZHK40APHOYtG_VQtI7g_FNZ9QJ9JhfZ9LmzOxz4qT6Xn2SThayw-Yyz7luILd42M_jgre3PWlz0KO4B6NvS2pwQSQoVe83_Vt3HxgazQVy_tI9IX8Nbd3H15hLTjoJMG0TI0d7a74dLRlIxfypGcPwe7fotBAhqZJoUY7zUbyp=s72-w640-h334-c" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>El control del poder en tiempos de regresión democrática</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2026/01/el-control-del-poder-en-tiempos-de.html</link><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:43:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-340044593209236537</guid><description>&lt;p&gt;Rudolf von Ihering escribió en el siglo XIX que el Derecho no es un estado de reposo, sino una lucha. No era una licencia literaria, sino una descripción descarnada de la realidad institucional: el orden jurídico solo existe mientras haya una voluntad activa de defenderlo frente a la tendencia natural del poder a expandirse. Cuando esa voluntad se debilita, el Derecho no desaparece formalmente, pero se vacía. La normalidad democrática no se rompe con un estruendo; se desgasta en silencio, habituándose a pequeñas excepciones y terminando por llamar “prudencia” a lo que es una renuncia deliberada al control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En España, esa lucha tuvo un hito fundacional en la obra de Eduardo García de Enterría y su combate contra las “inmunidades del poder”. Aquel esfuerzo intelectual y doctrinal permitió transitar de un sistema de súbditos a uno de ciudadanos, construyendo un Derecho administrativo pensado no para proteger a la Administración, sino para someterla al imperio de la ley. De esa conquista nacen piezas que hoy vertebran nuestra convivencia: la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 Constitución), el mandato de objetividad y la sujeción plena a la legalidad (art. 103) que los jueces deben garantizar de forma efectiva (arts. 24 y 106).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhR_i4_biRe6371KIv2qoexx6utfhWswkR2c_q8uaIEHiPGE-tPBbPPkLaljmLyLdq-65tZTPMJCMdopOCy45KzfyZVxd26Ke812iVP2Tr7M-CGR1HWCnZe6UKaBLNS6F_UItuU62gH29edaAQ1t4NNUtpVQzeGadQMdwf66PqqlCimOYo8SeNnY4fbfKQv" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="" data-original-height="660" data-original-width="522" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhR_i4_biRe6371KIv2qoexx6utfhWswkR2c_q8uaIEHiPGE-tPBbPPkLaljmLyLdq-65tZTPMJCMdopOCy45KzfyZVxd26Ke812iVP2Tr7M-CGR1HWCnZe6UKaBLNS6F_UItuU62gH29edaAQ1t4NNUtpVQzeGadQMdwf66PqqlCimOYo8SeNnY4fbfKQv=w317-h400" width="317" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Este conjunto normativo no es un decorado. Es el eje sobre el que gira el sistema de límites que impide que la libertad de los ciudadanos quede al arbitrio del gobernante. Sin él, la legalidad se convierte en una pura forma y la discrecionalidad en una zona de penumbra donde el poder vuelve a ser absoluto.&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;El juez como convidado de piedra&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resulta inquietante comprobar cómo hoy se abre paso una concepción que reduce el control judicial de las decisiones discrecionales a un ritual irrelevante. Se sugiere, bajo distintos ropajes teóricos, que el juez debe limitarse a ser un convidado de piedra; alguien cuya única función es verificar que la Administración “ha dicho algo”, sin entrar a valorar si ese “algo” tiene sentido, si es coherente o si enmascara una preferencia caprichosa del superior jerárquico.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motivación de los actos administrativos no es una fórmula de cortesía ni un mero trámite: es el requisito que hace posible el control judicial al obligar a la autoridad a expresar cuáles son las razones —suficientes y adecuadas— que fundamentan su decisión de manera comprensible. En el Estado democrático de Derecho, cuanto mayor es el margen de libertad para decidir, más estricta debe ser la obligación de motivar. Si el poder puede decidir sin explicar convincentemente el "porqué", la democracia se degrada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La reciente controversia en torno al nombramiento del fiscal de sala de menores de la Fiscalía General del Estado es un síntoma de esta patología. La plaza no es indiferente: coordina una materia de máxima sensibilidad, donde la especialización es una exigencia funcional vinculada a la protección de los más vulnerables. Cuando el perfil técnico se desdibuja en favor de una libre designación mal entendida, se degrada inevitablemente la calidad del servicio público. La reacción del Tribunal Supremo (STS 3396/2023) ante este caso fue ejemplar: no pretendió sustituir al órgano de nombramiento, sino exigir algo elemental: que la elección estuviera razonada y fuera controlable. Exigió razones que demostrasen que el candidato elegido es, en atención a sus méritos relacionados con las funciones de la plaza, el mejor para su desempeño. Exigir razones y que sean las adecuadas no es invadir la discrecionalidad; es impedir que se transforme en arbitrariedad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;La mutación silenciosa del Tribunal Constitucional&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha irrumpido en este escenario con una interpretación que, bajo la apariencia de proteger un derecho fundamental, desvirtúa décadas de progreso jurídico. Al otorgar el amparo al fiscal nombrado, el tribunal sostiene que el Supremo, al exigir una motivación reforzada sobre la idoneidad técnica y contrastarla con los perfiles de los candidatos, vulneró el derecho fundamental del interesado a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es una paradoja de importantes y graves consecuencias: el TC utiliza un derecho fundamental no para proteger a los ciudadanos, sino a la discrecionalidad del poder frente al escrutinio judicial. El amparo constitucional se transmuta así en un "caballo de Troya" que introduce de nuevo la arbitrariedad en el corazón del sistema. Al decir que el Supremo no puede entrar a valorar la idoneidad técnica si esta no figura de forma taxativa en la ley, el Constitucional está maniatando la capacidad de los tribunales para verificar la racionalidad de los actos discrecionales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esta deriva plantea una cuestión que afecta a la arquitectura misma del Estado: ¿se garantiza realmente el derecho fundamental a acceder a las funciones públicas entregando más discrecionalidad —que en la práctica deviene en arbitrariedad— a la Administración? La respuesta debe ser un "no" rotundo. El derecho que garantiza la Constitución es el de acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Si el control judicial sobre estos requisitos se relaja hasta la irrelevancia, el derecho fundamental no se protege; se vacía de contenido.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Al despojar de fuerza vinculante al perfil de la plaza y a las condiciones de la convocatoria, se pone fin a su función garantizadora. La convocatoria deja de ser una regla de juego previsible y vinculante para convertirse en un mero trámite ornamental. Si la especialización técnica no puede ser exigida por los tribunales como un límite infranqueable a la discrecionalidad, estamos ante la instauración de un modelo “clientelar” donde el favor y la cercanía ideológica o personal pesan más que el currículo. Se quiebra así la confianza de los servidores públicos en el sistema de carrera y se incentiva un modelo basado en la adhesión política y no en la excelencia profesional.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;No regresión democrática&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Desde una perspectiva institucional, es necesario establecer y defender un principio de no regresión democrática. Así como en el ámbito del derecho ambiental o de los derechos sociales se acepta que no cabe dar pasos atrás en el nivel de protección ya alcanzado por la sociedad, en la calidad de nuestro Estado de derecho debería regir una máxima idéntica: los estándares de control sobre el poder son conquistas civilizatorias que no pueden ser desmanteladas. La prohibición de la arbitrariedad del artículo 9.3 no es un deseo piadoso; es un mandato de control efectivo que obliga a los jueces a no mirar hacia otro lado cuando la Administración utiliza sus potestades para fines distintos a los previstos por la norma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lo que estamos viviendo, en definitiva, no es un mero ajuste de competencias entre tribunales; es una regresión democrática. El debilitamiento de los controles sobre el nombramiento de los altos cargos es la antesala de la politización de las instituciones. Cuando el guardián de la Constitución se convierte en el facilitador de una discrecionalidad sin límites, la democracia pierde su capacidad de autodefensa. Un poder que no tiene que dar explicaciones racionales, que no puede ser cuestionado por los tribunales, es un poder que ha dejado de ser democrático para adentrarse en el peligroso terreno del autoritarismo y el clientelismo institucional.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Defender hoy la herencia de Ihering y García de Enterría significa denunciar con claridad que el Estado democrático de Derecho no es una cáscara vacía. Significa recordar que el acceso a la función pública bajo principios de mérito y capacidad es la única garantía de que las instituciones sirvan al ciudadano y no al interés particular de quien las dirige. Sin un control judicial riguroso de la discrecionalidad, la Constitución se convierte en un catálogo de buenas intenciones y la arbitrariedad recupera, paso a paso, su antiguo e injusto imperio.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="https://www.elmundo.es/opinion/2026/01/23/696f65b1e9cf4a96098b457a.html" target="_blank"&gt;El Mundo, 23 de enero de 2026&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhR_i4_biRe6371KIv2qoexx6utfhWswkR2c_q8uaIEHiPGE-tPBbPPkLaljmLyLdq-65tZTPMJCMdopOCy45KzfyZVxd26Ke812iVP2Tr7M-CGR1HWCnZe6UKaBLNS6F_UItuU62gH29edaAQ1t4NNUtpVQzeGadQMdwf66PqqlCimOYo8SeNnY4fbfKQv=s72-w317-h400-c" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Tres quiebras de la democracia española</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2025/12/tres-quiebras-de-la-democracia-espanola.html</link><category>crisis democracia</category><category>democracia</category><category>Estado democrático de Derecho</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:17:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-1926844322209108737</guid><description>&lt;p&gt;Hace seis meses, en junio de este año, un grupo de juristas y profesionales de la sociedad civil presentamos en la Fundación Rafael del Pino el Memorial por la recuperación de la normalidad democrática. En aquel texto, advertíamos de que España llevaba demasiado tiempo instalada en un «modo excepcional» que amenazaba con convertirse en costumbre. Alertábamos de una institucionalidad fatigada y de un riesgo cierto de regresión en la calidad de nuestro Estado de Derecho. Hoy, al cerrar este 2025, la relectura de aquel diagnóstico confirma que la advertencia se ha materializado. La patología, lejos de remitir, se ha hecho sistémica.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJw8dxNG3TKKnXheGoR2thgKkBJvVOELRq6-AalIzqSfF5XRmR53vLcpt8_zP3AEubX2X1y9yH7hGskxt8l9sFp0Q6nPE3vKduOfOzg2PLkYhF_ilziqaXI10vCGe9j9bBg1yJdAu9QCZZloDF-RS8mrYXvTv7jPgKq3U4locVq_Fy-tSCdFoJ04XZ75HV" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img data-original-height="1036" data-original-width="809" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJw8dxNG3TKKnXheGoR2thgKkBJvVOELRq6-AalIzqSfF5XRmR53vLcpt8_zP3AEubX2X1y9yH7hGskxt8l9sFp0Q6nPE3vKduOfOzg2PLkYhF_ilziqaXI10vCGe9j9bBg1yJdAu9QCZZloDF-RS8mrYXvTv7jPgKq3U4locVq_Fy-tSCdFoJ04XZ75HV=w311-h400" width="311" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Para comprender la gravedad del momento, debemos evaluarlo bajo el canon del Estado democrático de Derecho, el Estado de nuestra Constitución. El resultado de este examen arroja la imagen de una triple quiebra —del Legislativo, del Judicial y de la propia Nación— provocada por una concepción del poder que ha sustituido el interés general por la mera supervivencia política.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Del oportunismo a la Constitución semántica&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La primera pregunta es la de la causalidad: ¿estamos ante un proyecto ideológico o ante un oportunismo táctico? La respuesta es compleja. La causa motriz parece ser el deseo de mantenerse en el poder, una dinámica propia de la partitocracia donde las organizaciones políticas colonizan las instituciones y las subordinan a sus intereses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sin embargo, para satisfacer ese oportunismo aritmético, se ha asumido una agenda que implica una alteración material de la Constitución por la vía de los hechos. No estamos ante una mera crisis interpretativa, sino ante el riesgo de instauración de una Constitución semántica. El texto constitucional permanece intacto en el Boletín Oficial del Estado, pero su fuerza normativa se ve debilitada por el Tribunal Constitucional. En decisiones capitales como la sentencia de la amnistía, al asumirse implícitamente que para el legislador «lo que no está prohibido está permitido», la Constitución deja de ser el freno al poder para el que fue diseñada, deslizándose hacia una herramienta que legitima formalmente la voluntad de la mayoría coyuntural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dimisión del Legislativo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bajo este marco, el Parlamento ha sufrido una erosión funcional severa. La Constitución, en su artículo 66, encomienda a las Cortes Generales tres misiones vitales: legislar, aprobar presupuestos y controlar al Gobierno. El diagnóstico actual indica que el Legislativo ha dimitido de las tres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El Parlamento legisla con dificultad, limitado a menudo a la ratificación de decretos-leyes; la aprobación de presupuestos se sustituye por la prórroga, evidenciando que la mayoría de investidura sirve para el nombramiento, pero no para la gobernabilidad; y la función de control se ve mermada cuando la mayoría actúa como dique de contención frente a la fiscalización de la minoría.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pero cuando el Legislativo ejerce su poder, a menudo lo hace consolidando la «semanticidad» constitucional. El caso de la Ley de Amnistía es paradigmático: institucionaliza la idea de que elementos esenciales del Estado de Derecho pueden formar parte del ámbito de transacción política. Lo que debería ser indisponible —la igualdad ante la ley o la unidad de jurisdicción— se convierte en mercancía negociable para la estabilidad gubernamental.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asedio en tres dimensiones al Judicial&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si el Legislativo ha renunciado a su función integradora, el Poder Judicial está siendo sometido a una presión sistemática que afecta a su función de control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La primera es la acusación de lawfare. No se trata de una crítica razonada a resoluciones judiciales, sino de una impugnación genérica que invierte la carga de la prueba: se atribuye a los jueces la aplicación de un derecho excepcional para obstaculizar al Gobierno. Esta narrativa otorga una suerte de inmunidad política, permitiendo descalificar a priori cualquier investigación judicial como maniobra partidista.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La segunda es el señalamiento público, desde medios públicos, de magistrados por ejercer la función jurisdiccional en asuntos adversos a los intereses del Gobierno, en particular, los de corrupción. Ha llegado hasta lo grotesco porque los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al que fuera Fiscal General del Estado han participado en un curso a abogados de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid. Estos señalamientos, ajenos a la crítica jurídica, buscan erosionar la apariencia de imparcialidad y la reputación de los jueces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tercera, y quizás la más grave, se ejemplifica en la condena al que fuera Fiscal General del Estado; marca un hito del deterioro. El hecho de que un servidor público utilice información reservada, a la que accede por su cargo, para perjudicar a un adversario político, constituye una desviación de poder incompatible con la neutralidad institucional. Que el máximo garante de la legalidad haya permanecido en el cargo hasta la sentencia, defendido institucionalmente, evidencia una confusión preocupante entre los intereses del Gobierno y los fines del Estado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Libertad e igualdad: el ciudadano desplazado&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las quiebras institucionales tienen un destinatario final: el ciudadano. En primer lugar, la libertad política se resiente por una interpretación partidista del interés general. No es que se gobierne «contra» una parte de la sociedad, es algo más sutil: se gobierna «prescindiendo» de ella. En la lógica de la rentabilidad electoral, el ciudadano que no apoya al bloque de investidura se convierte en un activo irrelevante, un residuo prescindible. Se renuncia a la persuasión y a la integración para centrarse en el sostenimiento de la propia base. El interés general, que por definición debe ser inclusivo, se «partidiza» y se reduce al de la mayoría parlamentaria.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esta exclusión se reviste de legitimidad moral a través de instrumentos como la legislación sobre memoria democrática. Al establecer una verdad oficial sobre los hechos históricos donde los «míos» son las únicas víctimas y herederos de la legitimidad, y los «otros» son presentados bajo una luz de sospecha histórica, se justifica su exclusión pública. El discrepante no es solo un adversario político; se le convierte en un ciudadano de segunda categoría moral, lo que facilita que sea tratado como un exiliado interior al que el Estado no necesita escuchar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En segundo lugar, el principio de igualdad sufre una agresión directa. Los acuerdos que comprometen tratos diferenciados por razones territoriales quiebran la isonomía y la solidaridad. El ciudadano asiste perplejo a la instauración de un sistema donde los derechos y el cumplimiento de la ley pueden depender de la necesidad parlamentaria. Esta asimetría vulnera el estatuto de ciudadanía: cuando la igualdad ante la ley se convierte en una variable dependiente de la aritmética política, el ciudadano se siente legítimamente agredido en su condición de libre e igual.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La involución hacia el infierno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si el Legislativo no legisla y el Judicial no controla, la resultante institucional es inequívoca: la emergencia de un Estado de poder único. Hemos transitado de un sistema de contrapesos a un Estado donde un solo poder, el Ejecutivo, pretende neutralizar o absorber a los demás.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lo más dramático de este proceso no es solo la concentración funcional, sino su base sociológica. Este poder único se sostiene sobre una parte de la sociedad, certificando que la Nación ha perdido sus atributos esenciales de unidad y proyecto común. La política del muro ha fracturado el demos. Quienes quedan al otro lado de ese muro —los «otros»— son ciudadanos residuales, prescindibles para el sistema, la «fachosfera».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Cómo es posible que, una vez alcanzado el poder, resulte tan “sencillo” mantenerlo? La respuesta reside en la fragilidad de nuestro sistema. La democracia liberal exige legitimidad de origen y de ejercicio, lo que requiere de la lealtad institucional de los gobernantes. Cuando el gobernante decide utilizar arteramente a las instituciones para corroer al propio Estado democrático de Derecho, porque son un obstáculo a su oportunismo político, el sistema entra en un proceso auto-referencial de destrucción. Una regresión histórica, carente de costes políticos inmediatos, que la siguiente mayoría parlamentaria podría profundizar por la fuerza legitimadora de lo fáctico, alimentando un proceso sin freno hacia el infierno que terminará poniendo fin a la democracia liberal tal y como la concebimos, alumbrando en su lugar una autocracia electiva donde la ley ya no es el límite del poder, sino su instrumento. Frenar esta involución no es una opción ideológica; es una urgencia vital.&lt;/p&gt;</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJw8dxNG3TKKnXheGoR2thgKkBJvVOELRq6-AalIzqSfF5XRmR53vLcpt8_zP3AEubX2X1y9yH7hGskxt8l9sFp0Q6nPE3vKduOfOzg2PLkYhF_ilziqaXI10vCGe9j9bBg1yJdAu9QCZZloDF-RS8mrYXvTv7jPgKq3U4locVq_Fy-tSCdFoJ04XZ75HV=s72-w311-h400-c" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>¿Tiene el Estado competencia para orientar las competencias de las demás Administraciones públicas?</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2025/03/tiene-el-estado-competencia-para.html</link><category>Comunidades Autónomas</category><category>distribución de competencias</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Sun, 16 Mar 2025 14:36:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-4550212231114607695</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;La &lt;a href="https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/24/12/con" target="_blank"&gt;Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda,&lt;/a&gt; incluye, entre otras "novedades", las "reglas de carácter orientativo". Así se recoge en el artículo 17 de la Ley en los siguientes términos:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;Artículo 17. Vivienda asequible incentivada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situación económica de los hogares en cada entorno territorial, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán impulsar la existencia de viviendas asequibles incentivadas, que estarán sujetas, &lt;b&gt;&lt;u&gt;con carácter orientativo&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; y sin perjuicio de lo que establezcan al respecto las administraciones competentes, a las siguientes reglas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Sometimiento de la vivienda a limitaciones específicas de destino durante un tiempo determinado y a unos límites máximos de precios de alquiler, que serán proporcionales y ajustados a los beneficios públicos que obtenga, sean urbanísticos, fiscales, o de cualquier otro carácter, determinadas por la Administración que los otorgue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Destino de la vivienda exclusivamente a residencia habitual de la persona arrendataria, que tenga dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado, de acuerdo con los criterios que fije la Administración competente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) Innecesariedad de sujeción de la vivienda al procedimiento formal de calificación como vivienda protegida. Sin embargo, sí estará sujeta a las reglas procedimentales que determine la Administración competente para garantizar el cumplimiento de las condiciones señaladas en este artículo.&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, son reglas que tienen un "carácter orientativo". Sin especificar qué significa o qué implica tal carácter. En su propia literal, son reglas que orientan las que, en particular, las Comunidades Autónomas pudieran aprobar. Ahora bien, el Estado carece de un título competencial para efectuar tal dirección blanda de las competencias autonómicas. Ni son subsidiarias, ni son complementarias, ni aún menos, prevalentes. En fin, un nuevo título competencial, el de orientar, y en virtud de ningún titulo constitucional. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title> El día después al fin de la Historia</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2025/03/el-dia-despues-al-fin-de-la-historia.html</link><category>Autoritarismo</category><category>Estado democrático de Derecho</category><category>ideología</category><category>Tiranía</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Sun, 16 Mar 2025 14:26:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-158473163577386781</guid><description>&lt;p&gt;F. Fukuyama, a finales de los años 90, publicó un controvertido artículo y luego un libro titulado “El fin de la historia y el último hombre”. Esta obra fue poco leída y aún menos comprendida; incluso a día de hoy, muchos interpretan equivocadamente que la “Historia” a la que se refería era la mera sucesión de acontecimientos desde la prehistoria hasta la época contemporánea. En realidad, Fukuyama quería proclamar que empezaba a vislumbrarse, al modo de Hegel o de Marx, la instauración de un modelo de sociedad en el que por fin se harían realidad los anhelos de la humanidad. Es decir, un sistema institucional en el que las personas verían realizados sus sueños de libertad (en términos hegelianos) o de igualdad (en términos marxistas). En última instancia, su tesis era un relato sobre la historia de las ideas y de las instituciones que las plasman. Ciertamente, Fukuyama compartía la idea de que estaba por fin haciéndose realidad el “sueño” hegeliano: el triunfo de la democracia liberal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sin embargo, treinta años después, el “espíritu de la Historia”, como diría Hegel, no ha muerto; tampoco lo ha hecho la “lucha de clases” marxista. Pocas veces en la vida nos hemos sentido tan manejados, cuales peleles, como actores secundarios de una película sin director (porque no lo hay) ni guion, y cuyo final (ideológico e institucional) ni siquiera alcanzamos a vislumbrar. Se han desatado fuerzas históricas que nadie controla. Los acontecimientos se suceden a una velocidad extraordinaria, generando nuevas realidades que, hasta hace unos días, eran inimaginables. ¿Quién iba a sospechar, hace apenas unos días, que Estados Unidos, cuna de la libertad y la democracia, acabaría dejando de lado a Europa, bastión de esos mismos valores, para acercarse a la Rusia de Putin, patria de la tiranía y de la opresión? Y más aún, que sería escenificado y televisado como un acto de humillación, como el sufrido por el Presidente Zelenskyy el pasado 28 de febrero en la Casa Blanca.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El espíritu de la Historia se empeña en demostrar que está vivo y que sigue ejerciendo su poder sobre los seres humanos, meros títeres en su juego. Se han desatado las fuerzas de la Historia y apuntan en una dirección: el autoritarismo. La Historia tiene pocas enseñanzas claras, pero hay una que se repite una y mil veces: el poder alimenta al poder. No existe un proceso espontáneo de reducción del poder. Como decía Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. El Estado de Derecho es la respuesta histórica a esa enseñanza. Dado que el poder siempre corrompe, hay que limitarlo; y ese límite es la Ley. Según el Antiguo Testamento, la Torá, la Ley, hija de Yahvé, fue entregada a los hombres en el monte Sinaí a través de Moisés. Los hombres debían someterse a la Ley para seguir la voluntad de Dios; de lo contrario, sufrirían su castigo. Desde los orígenes de nuestra civilización, la ley ha sido la expresión de las reglas a las que todos debemos obediencia. El Estado de Derecho retoma esta idea y la convierte en un instrumento de control del poder: se trata de someterlo; en definitiva, el poder debe ser limitado para no corromper la dignidad del ciudadano: su libertad. Es lógico, por tanto, que el poder siempre haya pugnado contra la ley, pues cualquier límite le resulta insoportable.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSfEai4QkAESx5LvP-IVR2sKBOIJ70xuK6IsyibEz2yAyufTGBTJADENzh3lF5_axMuSxG-WPrssg1GKyed3QGbKK9w-Kr4cNs5gUxjk46JAlC5u3tmJvPl2Nu-X9EqCcox2L1dQ7QicVXITscL0O6moHnC8MxNyUb0ghGHVFVusNxomLWrQyLT3eNhWD/s1036/El%20Mundo-PRIMERA%20ED-14_03_2025-21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1036" data-original-width="809" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSfEai4QkAESx5LvP-IVR2sKBOIJ70xuK6IsyibEz2yAyufTGBTJADENzh3lF5_axMuSxG-WPrssg1GKyed3QGbKK9w-Kr4cNs5gUxjk46JAlC5u3tmJvPl2Nu-X9EqCcox2L1dQ7QicVXITscL0O6moHnC8MxNyUb0ghGHVFVusNxomLWrQyLT3eNhWD/w500-h640/El%20Mundo-PRIMERA%20ED-14_03_2025-21.jpg" width="500" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa pugna: el poder se rebela contra los frenos que lo sujetan. Y esta rebelión responde a una manera de concebirlo y entenderlo que, incluso, se superpone a las ideologías tradicionales. Es lo que podríamos denominar como la “ideología del poder”, caracterizada por varios elementos. En primer lugar, el poder como instrumento de dominio y obediencia. Desde los despidos masivos, el cierre de organismos, … hasta la renuncia a la búsqueda de consensos o acuerdos. Porque lo único importante es dar satisfacción a los intereses del gobernante, en el sentido más amplio posible. En segundo lugar, no admitir límites, por lo que deben ser eliminados o restringidos, desde los jueces a las instituciones contra-mayoritarias. En tercer lugar, edificar una nueva institucionalidad sobre la que asentar el Estado y la convivencia social; no gobiernan para un periodo de tiempo, sino que quieren instituir una nueva época, la nueva América (MAGA). Y, en cuarto lugar, comprometer la alternancia democrática, la cual, al no ser deseable (porque los “otros” son demonizados hasta el ridículo), se ha de impedir, e, incluso, “neutralizar”, porque la nueva institucionalidad es irreversible. &lt;br /&gt;Es la “ideología del poder” practicada por algunos gobernantes, como Donald Trump y Pedro Sánchez. Que Trump en el año 2020 no quisiera reconocer el resultado de las elecciones es una prueba. Había llegado al poder para cambiarlo, de manera tan definitiva, que la alternancia no era imaginable. Paso a paso, ha ido rompiendo los consensos básicos sobre los que se ha asentado la democracia norteamericana. Un ejemplo es la Orden ejecutiva del 18 de febrero de 2025, con la cual somete a control de la presidencia la actividad de las agencias reguladoras independientes. Se afirma que “la Constitución inviste al presidente de todos los poderes ejecutivos” y que todos los cargos y el personal de dichas agencias deben estar sujetos a la supervisión y control continuos del presidente. Todo lo que estas agencias hagan o decidan deberá ser revisado por la presidencia, la Oficina Ejecutiva del Presidente y, en particular, por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA). Se rompe con una tradición de 140 años que separa la política de la intervención pública de ciertas actividades económicas o de mercado mediante autoridades que no pueden ser removidas discrecionalmente. Sin embargo, esto ya ha comenzado a suceder. La Reserva Federal empieza a sospechar que serán los próximos.&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En España, Pedro Sánchez está aplicado esta “ideología del poder”. El poder como instrumento de dominio y obediencia: el control del discrepante, en particular, la prensa desafecta; el control de las instituciones contra-mayoritarias, el poder judicial, el fiscal general del Estado y el Tribunal Constitucional; edificar una nueva institucionalidad mediante el desmantelamiento del orden constitucional a golpe de cesiones a los golpistas catalanes; y comprometer la alternancia política, bien impidiéndola o bien consumando un andamiaje institucional que no se puede revertir o sólo muy difícilmente. En definitiva, la completa “patrimonialización” del poder, o sea, el poder convertido en un bien que, además, tiene dueño, que lo administra a su antojo, para obtener un beneficio que sólo el dueño puede disfrutar. Hemos visto desde lo grotesco de pagar con dinero público servicios sexuales a políticos y dirigentes gubernamentales, hasta los indultos y la amnistía a los golpistas secesionistas, pasando por la quiebra de las instituciones contra-mayoritarias mediante su colonización; y ya nos anuncia lo siguiente: el concierto fiscal con Cataluña.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, nuestra reciente historia de España nos lo confirma. No hay límite; todo es posible; absolutamente todo; ni el delito lo es porque todo depende de quién lo interpreta y quién lo aplica, en última instancia, el Tribunal Constitucional, convertido en última instancia de “casación política”.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sin embargo, lo más grave no es la imposición de una nueva institucionalidad, por la vía de la ruptura del orden constitucional, sino que, producida la alternancia, esencia de la democracia, esta asuma que a ella queda vinculada, sin posibilidad de cambio o retrocesión. El verdadero peligro radica en la normalización de lo anormal; en que, por ejemplo, legislar es aprobar decretos-leyes, o de que la mujer del presidente pueda hacer negocios utilizando medios públicos, etc. Si el siguiente hace bueno al anterior, se seguirá el proceso hacia el infierno de la democracia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en los años 90 se creyó que la Historia había terminado con el triunfo de la democracia liberal, hoy tenemos la confirmación de que hay un “después”, donde el “paraíso” es el del poder libre, entregado a su tendencia natural, a corromper. Que sea el sueño de Trump o de Sánchez, sigue siendo la peor de las pesadillas. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Publicado en El Mundo, viernes 14 de marzo de 2025)&lt;/p&gt;</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSfEai4QkAESx5LvP-IVR2sKBOIJ70xuK6IsyibEz2yAyufTGBTJADENzh3lF5_axMuSxG-WPrssg1GKyed3QGbKK9w-Kr4cNs5gUxjk46JAlC5u3tmJvPl2Nu-X9EqCcox2L1dQ7QicVXITscL0O6moHnC8MxNyUb0ghGHVFVusNxomLWrQyLT3eNhWD/s72-w500-h640-c/El%20Mundo-PRIMERA%20ED-14_03_2025-21.jpg" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>¿Por qué el acuerdo PSOE – Junts es contrario al Estado democrático de Derecho? </title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2023/11/por-que-el-acuerdo-psoe-junts-es.html</link><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:07:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-1842538991881945400</guid><description>&lt;p&gt;Los partidos pueden, en ejercicio de su autonomía, pactar lo que consideren oportuno, incluso, contrariando a la Constitución. Ahora bien, deben explicar que la ejecución exige la reforma constitucional, pero nunca deberán cuestionar, tratándose de partidos de Estado, la legitimidad del Estado democrático de Derecho. Sin embargo, nada de esto cumple el acuerdo PSOE – Junts. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En primer lugar, ataca la legitimidad del Estado en relación con una cuestión nuclear como es la de su propia existencia y, en consecuencia, su derecho a reaccionar contra aquellos que se sublevan contra sus reglas, o sea, su legitimidad para defenderse de los que alteran el normal desenvolvimiento de sus instituciones. Así sucede con el relato que se contiene en los antecedentes del acuerdo, que pasa ahora a ser asumido por el PSOE, sin salvar, incluso, su propia responsabilidad en lo acaecido, desde el Estatut hasta la aplicación del artículo 155 CE. El PSOE admite la lógica del “conflicto” y que ha sido el Estado democrático de Derecho el agresor, ilegítimo e injusto, por lo que los que se han alzado contra la legalidad democrática, son los agredidos y las víctimas que, incluso, podrían llegar a ser indemnizadas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En segundo lugar, compromete la función de la Constitución como garante del marco de la convivencia entre españoles libres e iguales. Se admite la existencia de un “conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, que la Constitución ni ha resuelto, ni es el marco para su solución, porque los acuerdos “deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña”, sin distinguir entre las constitucionales y las anuladas por ser contrarias a la Constitución. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se pacta negociar cuestiones tales como el “reconocimiento nacional de Cataluña”, la financiación de la Generalitat y demás “limitaciones del autogobierno”. Ahora bien, la lógica nos dice, teniendo presente a los protagonistas y los asuntos, que, en el mejor de los casos, de esa negociación se llegará a un punto de encuentro entre las posturas extremas de uno y de otro; un punto que es, incluso, inadmisible. Entre la autodeterminación de los secesionistas y la “singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña” de los socialistas, el punto intermedio vendría a ser el de la consulta sobre el estatuto político de Cataluña, forma para travestir a la autodeterminación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En tercer lugar, acomete a la soberanía nacional. Se prevé un “mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento” de la negociación, que tendrá naturaleza internacional. Que los acuerdos para la resolución del conflicto histórico entre Cataluña y España, en su propia terminología, estén o sean objeto de supervisión por observadores internacionales, como si de un Estado fallido se tratase, con instituciones débiles y bajo sospecha, es inaceptable, máxime cuando es el partido del Gobierno el que así se presta, porque vendría a admitir la supervisión internacional de su actividad y de la mayoría parlamentaria que lo soporta y, por consiguiente, la del Estado mismo, ejecutor último de lo decidido. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuarto lugar, se ataca a la división de poderes y la independencia judicial. Se acepta la amnistía como fórmula para “procurar la plena normalidad política, institucional y social”, la cual “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos” “ vinculados” a lo sucedido “antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017”. A su indeterminación temporal (se puede extender, incluso, a antes del año 2014) se suma la objetiva (los delitos) y, por consiguiente, la subjetiva (los amnistiados), convirtiéndose en un agujero negro de la democracia por el que se podrían escapar todos los delincuentes que los políticos así lo decidiesen. Y aún más, en la aplicación de la ley se tendrán en cuenta las conclusiones de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”, que podrán dar lugar a “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos los extremos de la futura ley son inadmisibles, desde la supuesta anormalidad, incluso, institucional, además de política y social que se pretende superar, pasando por su indeterminado alcance, hasta su conversión en instrumento de anulación de las sentencias judiciales que hubiesen apreciado la responsabilidad criminal de los amnistiados. Más extraordinario y grave es que se comparta que ha habido casos de lawfare. Supone reconocer que los jueces españoles han perseguido por razones políticas a los secesionistas. Que una comisión parlamentaria pueda así declararlo supondría admitir que los políticos pueden señalar a jueces como prevaricadores, y exigir las responsabilidades correspondientes, al margen del proceso judicial que es el único ámbito institucional, conforme al Estado democrático de Derecho, para depurar las responsabilidades de este tipo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En definitiva, este acuerdo pone en cuestión la institucionalidad de nuestro Estado democrático de Derecho. Es aún más relevante cuando el que así lo acuerda es el PSOE, uno de los partidos sistémicos de nuestra democracia; lo que compromete su estabilidad. Nuestra democracia pierde a una de sus patas. Los que así lo han hecho, en su irresponsabilidad, rayana en la frivolidad, han sembrado la semilla de la inestabilidad institucional. Cicerón le dirigió al conspirador Catilina unas famosas frases que son de imprescindible recordatorio: “¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?” ¿Hasta cuándo Sr. Sánchez?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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Aunque, en aquel pensador, servía como fuente legitimadora del poder absoluto (dame tu libertad, que te daré seguridad), sentó las bases de una idea esencial que se irá desarrollando con el paso de los siglos hasta culminar en que la nación, en expresión de su soberanía, acuerda cómo se ha de organizar para limitar el poder para el mayor y mejor disfrute de la libertad, lo que se plasma en el texto constitucional. El Tribunal Constitucional, en la transcendental jurisprudencia que hizo frente al reto secesionista, rememoró que “la Constitución Española formalizó la voluntad del poder constituyente”, “el pueblo soberano, concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, ratificó en referéndum el texto acordado previamente por sus representantes políticos”. En consecuencia, “la primacía incondicional de la Constitución protege el principio democrático, «pues la garantía de la integridad de la Constitución ha de ser vista, a su vez, como preservación del respeto debido a la voluntad popular, en su veste de poder constituyente, fuente de toda legitimidad jurídico-política»” (Sentencia 259/2015). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ese acuerdo, alumbrante de nuestro orden constitucional, se ve amenazado con las medidas que P. Sánchez parece aceptar de los secesionistas catalanes para concitar el apoyo que le permita la investidura como Presidente del Gobierno. Me refiero a la amnistía a los denominados presos y huidos del procés.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWRl9LeTIugOteddHn5O_S5CoE2dsMvkYohbG9F2qsJ83oLZ9EGBsv1JnINA6vGI4-0SLN7YPyIjN_OFOIPvBQWeE_hRevf4qAByAHUBbwcDAJ6efw_taIC82xYxjBG8tOg7x-45JtrIc61vb8yP2G2wMcO8m5kR8QBW6p4Vu2uLoNGNZ6WellMfSujjIZ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img alt="" data-original-height="1458" data-original-width="1142" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWRl9LeTIugOteddHn5O_S5CoE2dsMvkYohbG9F2qsJ83oLZ9EGBsv1JnINA6vGI4-0SLN7YPyIjN_OFOIPvBQWeE_hRevf4qAByAHUBbwcDAJ6efw_taIC82xYxjBG8tOg7x-45JtrIc61vb8yP2G2wMcO8m5kR8QBW6p4Vu2uLoNGNZ6WellMfSujjIZ=w273-h348" width="273" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La amnistía no está prevista en la Constitución, a diferencia del indulto (arts. 62, 87.3 y 102.3). Mientras que los indultos extinguen la pena (art. 4 Ley de 1870), la amnistía, la responsabilidad por la comisión de ciertos actos contrarios a la legalidad vigente en el momento en que se cometieron. Es ilustrativo que la última ley de amnistía, la Ley 46/1977, especifica en su artículo 6, que la amnistía determinará la “extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio”. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se podrá analizar la compatibilidad o no de la institución de la amnistía con la Constitución, pero más relevante, a mi juicio, es la de la amnistía del procés, la de sus delitos y responsables. ¿Cabe extinguir la responsabilidad penal a aquellos que, según el Tribunal Supremo, en su informe de 26/05/2021 contrario al otorgamiento de los indultos, afirmaba que “han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”? Un informe que concluía afirmando que “una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los castigos impuestos por el Tribunal Supremo (Sentencia de 14/10/2019) han sufrido un inaudito proceso de revisión política dirigida a su neutralización mediante los indultos (RD de 22 de junio de 2021) y la siguiente desaparición del delito de sedición (LO 14/2022, 22 de diciembre), que ahora se pretende culminar dando un paso más con la extinción de la responsabilidad criminal, apreciada o que se pudiera apreciar. Puigdemont podría regresar sin sufrir castigo alguno; su reintegración a la vida política sería completa, pudiéndose presentar, incluso, a las próximas elecciones catalanas con el objetivo de ser “restituido” como Presidente de la Generalitat. Asistiríamos a la plena realización del relato heroico del mártir de la nación catalana, para humillación de todos los españoles y de su democracia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se volverá a aludir al “perdón”, pero sin arrepentimiento; a la “normalización”, sin aceptación de las reglas democráticas. Si los indultos se concedieron, ilegal e inconstitucionalmente, sin petición de los interesados, sin arrepentimiento y sin informe favorable del tribunal sentenciador, ahora, la amnistía, pretendería borrar, en virtud de chantaje, cualquier tipo de consecuencia, haciendo desaparecer, incluso, el Derecho de toda sociedad democrática a castigar a aquellos que pretendieron subvertir las bases de su convivencia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Ley 46/1977, de amnistía, fue aprobada el 14/10/1977 por el Congreso de los diputados con el voto favorable de 296 diputados, de los 317 votos emitidos (sólo 2 negativos, 18 abstenciones y un voto nulo). Fue el fruto de una proposición de ley formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, Comunista, de la Minoría Vasco-Catalana, Mixto y Socialistes de Catalunya. No contó con el apoyo de Alianza Popular que se abstuvo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La unanimidad, el consenso, el acuerdo quedó consignado en el Diario de Sesiones. Particularmente sentida, emotiva y valiente fue la intervención del representante comunista, M. Camacho, víctima de la represión de la dictadura, cuando destacaba que “para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El representante del grupo parlamentario socialista, J. M. Benegas, insistía en que “esta Ley de Amnistía …posee el indudable valor de ser una amnistía en la que casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -¡ojalá fueran todas!- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por último, R. Arias-Salgado, portavoz del grupo parlamentario de UCD, afirmó que la amnistía era “necesaria … siempre que se persiga sentar las bases de una nueva convivencia, … la definitiva institucionalización de un Estado democrático de Derecho, … La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos que, por ser auténtica, no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado. … La amnistía nos permite a todos, creo que absolutamente a todos, mirar al futuro con dignidad.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Borrar el pasado, ominoso, para sentar las bases de un futuro esplendoroso. Ahora se pretende, justo, lo contrario: borrar un “pasado” esplendoroso, el democrático, para sentar las bases de un futuro ominoso, el de la secesión. Ni es para superar un pasado tiránico, ni es para dar la justa satisfacción a los perseguidos, ni es para reconciliar, ni es para construir un nuevo futuro, ni es para sentar las bases éticas del nuevo régimen democrático, ni es para instaurar el Estado democrático de Derecho. No es para nada de eso. Es, justamente, para todo lo opuesto. Aquellos que subvirtieron el orden constitucional, quedan liberados de cualquier tipo de consecuencia, culminando el proceso iniciado con los indultos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iñaki Ellakuría recordaba, recientemente, el Pacto del Tinell (2003) como antecedente de lo que se está configurando. Una de sus principales manifestaciones fue la del Estatuto de Cataluña (2006). La exclusión de la otra Cataluña, enterrada bajo el peso de la oficial nacionalista, impidió, alentada por unas expectativas enloquecidas alimentadas por el presidente Zapatero, que el nuevo Estatuto fuese el nuevo marco de convivencia, para convertirse en el de confrontación, iniciando un proceso que hoy seguimos sufriendo. La ruptura del pacto constitucional abrirá otro nuevo marco de enfrentamiento en el que sólo tiene un único ganador: el secesionismo. Sánchez ganará, sin duda, en el corto, pero la hipoteca que dejará será inmensa. Cuando la nación se mire ante el espejo de la Historia, se preguntará cómo se pudo negar a sí misma como sociedad democrática, el derecho básico a defenderse frente a aquellos que pretenden subvertirla. Negarlo, rompe el pacto constitucional. España, ¿por qué te quieres y te valoras tan poco?&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Publicada en El Mundo, 24/09/23) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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El DLE utiliza los ejemplos de &lt;i&gt;&lt;span data-id="ESraxkH|MiZ5vEt|NWnohQu"&gt;las&lt;/span&gt; &lt;span data-id="Sex5L5a|SezXQ21"&gt;perlas&lt;/span&gt; &lt;span data-id="C5sAXFD"&gt;del&lt;/span&gt; &lt;span data-id="WZaMrGx|WZjeTcv"&gt;rocío&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;&lt;span data-id="ESraxkH|MiZ5vEt|NWnohQu"&gt;la&lt;/span&gt; &lt;span data-id="UAeRzPA"&gt;primavera&lt;/span&gt; &lt;span data-id="BtDkacL|BtFYznp"&gt;de&lt;/span&gt; &lt;span data-id="ESraxkH|MiZ5vEt|NWnohQu"&gt;la&lt;/span&gt; &lt;span data-id="blw7uSa"&gt;vida&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; &lt;span data-id="QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu"&gt;o&lt;/span&gt; &lt;i&gt;&lt;span data-id="VfDRmT1"&gt;refrenar&lt;/span&gt; &lt;span data-id="ESraxkH|MiZ5vEt|NWnohQu"&gt;las&lt;/span&gt; &lt;span data-id="S4Caraz"&gt;pasiones.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; Desde el punto de vista de la física o de la biología, ni el rocío tiene perlas, ni la vida tiene primavera. Sin embargo, ciertas características del hecho físico y del biológico son convertidas, mediante la imaginación, en otras realidades, como las perlas o la primavera. La metáfora es una técnica que hace uso de la imaginación, como la poesía. Una imaginación que es compartida con el destinatario de la metáfora; si no fuese así sería considerada como ilógica o absurda. Tiene que haber esa conexión, esa complicidad para dar sentido a la metáfora. Nos tenemos que imaginar al rocío como lo hemos conocido y convertir las gotas en perlas. En el fondo, así también lo hemos podido ver. Ahí radica el éxito de la metáfora, en caso contrario, sería completamente absurda. Ahora bien, ¿por qué se hace tal conexión? ¿por qué en el rocío se "ve" perlas o por qué en la vida se identifica la "primavera"? Porque con esta asociación se quiere expresar algo. Por ejemplo, cuando se habla de la primavera de la vida, es una metáfora que, aplicada a una persona, como siempre sucede, se quiere decir que es una persona joven que, como en la primavera, está en cambio, que sufre alteraciones, pero llena de vida, de descubrimiento. La metáfora tiene un significado profundo que se sirve de una ingeniosa e imaginativa asociación entre dos objetos que, cuanto más separados o diferenciados, más exitosa será la metáfora, pero al servicio de un objetivo final y profundo que es la comunicación de algo, de una idea, que, incluso, con esa metáfora se puede expresar, sin traicionar la complejidad, de una manera simple y brillante. &lt;span data-id="S4Caraz"&gt;En cambio&lt;/span&gt;&lt;span data-id="S4Caraz"&gt;, la &lt;b&gt;alegoría&lt;/b&gt;, como la define el DLE, es una metáfora continuada. Es una brillante definición. Porque la alegoría se sirve de múltiples metáforas para entrelazar un relato que es alegórico. 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Es como una gran metáfora. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>La república de Sánchez</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2021/09/la-republica-de-sanchez.html</link><category>Congreso</category><category>Corona</category><category>Derecho</category><category>Estado de Derecho</category><category>interpretación</category><category>Jellinek</category><category>mutación constitucional</category><category>Parlamento</category><category>presidente del Gobierno</category><category>república</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Fri, 10 Sep 2021 17:00:00 +0200</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-4333957198916051618</guid><description>&lt;p&gt;En el Derecho siempre ha estado presente el conflicto entre la regla y los hechos; entre el deber ser y el ser. Unos creen que basta con que una regla lo establezca para que se convierta en un hecho. También nos encontramos, sorprendentemente, con el proceso inverso: cuando el hecho se trueca en regla; el ser se convierte en deber ser. Por la vía de los hechos se va empujando el cambio normativo hasta que se impone; son tan concluyentes que el Derecho se convierte en una mera certificadora de la realidad. Los hechos se imponen al Derecho. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este proceso suele ser más lento, pero muchísimo más conclusivo que el primero. Se va desarrollando por varios caminos. Uno de ellos es el denominado como “mutación constitucional”. Desde que Jellinek en el año 1906 hizo su aportación, se polemiza sobre su significado, efectos y peligros. Afirmó que “lo que parece en un tiempo inconstitucional emerge más tarde conforme a la Constitución y así la Constitución sufre, mediante el cambio de su interpretación, una mutación”. No ha sido reformada, formalmente, pero cambia.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Constitución, como toda regla, no es un “objeto” fijo, estático e inmutable. Al contrario, precisamente, porque es una regla con pretensión de ordenar la interrelación social, tiene que cambiar, debe cambiar para adecuarse, para que pueda seguir desplegando su función. Y la vía es la interpretación. Ya el Código Civil español, reformado en el año 1974, dispone en el artículo 3 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, …, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.” Por lo tanto, todas las reglas están vivas, porque deben atender a su función en el contexto en el que se han de aplicar. El papel del Juez es, precisamente, llevar a cabo esa adaptación que es, en última instancia, una mutación, o sea, una forma de cambio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahora bien, la cuestión que se plantea es cuando ese cambio va más allá del tenor de la norma. La mutación se mueve en el ámbito de la interpretación y la interpretación, por principio, no puede ir más allá de lo que razonablemente se puede entender que forma parte del ámbito cubierto por el texto de la regla. O sea, por muy generosa que sea la interpretación, por muy imaginativa que sea, no se le podrá hacer decir a la regla aquello que no ha querido decir. De la mutación, para adaptar la norma a la realidad del momento o tiempo en el que se va a aplicar, se puede pasar al cambio, a la definición fáctica de una nueva regla que es contradictoria con la formal, pero que, por la fuerza de lo fáctico, se terminará convirtiendo en regla. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estamos viviendo una práctica política que anuncia un cambio constitucional que afecta a la forma política del Estado español, o sea, la Monarquía parlamentaria (art. 1.3 Constitución). Por un lado, se pretende demostrar que la Monarquía no es una institución ni útil ni necesaria. Al contrario, es antigua, anquilosada y, además, delincuencial. No es un accidente el que, al mismo tiempo que vamos conociendo los desmanes, las irregularidades e, incluso, potencialmente delictivas del Rey Juan Carlos, la figura del Rey Felipe VI sea opacada, preterida y cada vez menos protagónica del proceso político vivido en España. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y, por otro, porque el Parlamento está siendo ensombrecido. No actúa como la Cámara que otorga la confianza a un presidente que le permite constituir un Gobierno y desplegar su programa político. Está dejando de ser la de la representación del pueblo español. Es, probablemente por los errores de los políticos, la caja de grillos en donde unos y otros se atacan; donde se busca la derrota, no el acuerdo. El Parlamento es, en la democracia, la institución en la que se reúnen los representantes de los ciudadanos, expresión del pluralismo político, para, vía debate, llegar a un acuerdo que exprese el interés general, el de todos. No es posible. Y como no es posible, se busca lo contrario, el desgaste. La polarización corre el riesgo de condenar a las Cortes a la irrelevancia. Se olvida que la Ilustración, lo que ha aportado a nuestra cultura, también política y democrática, es que, gracias a la razón, se puede alcanzar un acuerdo. En cambio, cuando rige la sinrazón, la crispación, el griterío, … ya no hay acuerdo, al contrario. Y si el Parlamento es la casa del desacuerdo, deviene inútil. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una y otra prácticas confluyen en un fenómeno cada vez más presente: el presidente Sánchez se comporta, ya no como presidente de un Gobierno de una Monarquía parlamentaria, sino como un presidente de República. Este debe su elección y legitimación directamente de los ciudadanos, no de ningún Parlamento. Es elegido por los ciudadanos, ante los que debe responder. Así, por ejemplo, Macron se relaciona directamente con los ciudadanos, visita uno u otro sitio, se reúne con unos y con otros, imparte conferencias, charlas y otros en cualquier lugar. Y no debe ni atención, ni obediencia a la Asamblea Nacional. Él tiene una legitimidad igual, al menos, a la de los demás representantes de la nación, con el añadido de que tiene unas funciones no sometidas al control de la Asamblea.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sánchez hace lo mismo. No rinde cuentas ante las Cortes, ni se presenta, ni debate, ni asume responsabilidad alguna ante ella. Si quiere exponer las medidas que va a desarrollar, o los planes que va a implementar desde su Gobierno, reúne a “representantes” de la sociedad civil y les dirige una soflama; si quiere presumir de resultados, convoca una comparecencia ante la prensa o concede una entrevista. No necesita debatir y acordar, sólo mitinear. Ni Corona, ni Parlamento: el presidente no necesita ni a nadie por arriba, ni a nadie por debajo, porque sostiene, sin intermediarios, una relación directa con el pueblo. En esta posición institucional ganada, Sánchez es el punto de equilibrio de la totalidad del sistema político. La inutilidad de la Monarquía y la del Parlamento, lo convierte en el centro de gravedad del sistema.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sánchez ya no es el radical, no es ni el socialdemócrata, ni clásico, es el fiel de la balanza que lo equilibra, porque él encarna a la Constitución y a la patria, España. Se ha apropiado del patriotismo, haciendo suyos los éxitos de todos (vacunación, salida de Afganistán, …) y no asumiendo ninguna responsabilidad en los errores (precio de la luz, expulsión de los menores, …). Porque estos lo son de los políticos, los de la oposición, o, en última instancia, sus ministros, pero no de él. Su insistencia en el patriotismo lo eleva a máximo intérprete de qué es lo que necesita la nación, sin la intermediación de nadie. Al sanchismo le sobra todo, para que sólo quede él. Es el presidente de la república de Sánchez.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Expansión, 07/09/21) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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	{page:WordSection1;}&lt;/style&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Sin responsabilidad</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2021/09/sin-responsabilidad.html</link><category>Bobbio</category><category>democracia</category><category>Política</category><category>políticos</category><category>responsabilidad</category><category>responsabilidad política</category><category>Weber</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Sat, 4 Sep 2021 19:17:00 +0200</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-5717341192757589912</guid><description>&lt;p&gt;La palabra “responsabilidad” en el Diccionario de la Lengua Española tiene como primer significado el de “cualidad de responsable”. A partir de aquí, surge la obligación del responsable, en lo que consiste la cualidad, de reparar y satisfacer a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. El significado jurídico resume, a la perfección, una y otra vertiente, la subjetiva y la objetiva: “Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”. Sin embargo, hay un significado, también incluido en el diccionario, que me parece muy relevante: el centrado en qué es lo que hace surgir la responsabilidad: “el posible yerro en cosa o asunto determinado.” &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizhlCG_qY09HQ3HTsoMfHoLjTNPPMRxO1wr0uT1Zo9ce9lz4Z9Bmon-6nET6454KkT1prK1rQpQTn6w67kQHxPqF7poBiuDPzik9WVr6GQUCPC8Wvu396jSVRH5fg1V0qFzRJ4nA3ojQai/s1293/Nota+4+sept+2021+19_25_35.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="994" data-original-width="1293" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizhlCG_qY09HQ3HTsoMfHoLjTNPPMRxO1wr0uT1Zo9ce9lz4Z9Bmon-6nET6454KkT1prK1rQpQTn6w67kQHxPqF7poBiuDPzik9WVr6GQUCPC8Wvu396jSVRH5fg1V0qFzRJ4nA3ojQai/w400-h308/Nota+4+sept+2021+19_25_35.png" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;Porque cuando se yerra surge la responsabilidad (la obligación de reparar) por parte del responsable (el que tiene la cualidad y la capacidad de hacerlo). Pero ¿qué sucede cuando hay yerro, pero no responsable? En España estamos asistiendo a una lista espectacular de “errores” a lo largo de estas últimas semanas: menores expulsados (que no repatriados) en Ceuta, declarado (de manera indiciaria) ilegal por un juzgado de Ceuta; incremento histórico del precio de la electricidad; evacuación tardía de Kabul (la comparación con Italia es sonrojante); la contaminación del Mar Menor; … A los que hay que sumar la gestión de la pandemia. Nos hemos olvidado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la pieza central de la gestión: la declaración del estado de alarma por el atropello a los derechos de los ciudadanos. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Todo lo expuesto sería suficiente para provocar un terremoto político en cualquier democracia. Aquí, sin embargo, nos preguntamos ¿Quién es el responsable? Y, sobre todo, ¿cómo se va a atender la obligación de la reparación? Hasta ahora, nadie ha asumido la responsabilidad. No hay responsables; no parece que los vaya a haber. Sólo encontramos a los figurantes del éxito. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la Constitución parece distinguirse dos niveles de responsabilidad. El primer nivel, el de la “responsabilidad directa” de los ministros en la gestión de los asuntos que les competen (art. 98.2). Y otro, el del presidente del Gobierno que dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo (art. 98.2), al que sólo puede exigírsele cuando frustre la “confianza” que el Congreso le ha de dar para que pueda ser investido como presidente (art. 99). En tal caso, la única manera de exigencia es a través de la moción de censura (art. 113). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Max Weber afirmaba, en su caracterización del político profesional, que debía reunir tres “cualidades decisivas”: pasión, sentido de la responsabilidad y “distancia” (respecto de las cosas y las personas). Son las de la pasión, el entusiasmo de entregarse a una causa, enfriada por el distanciamiento, necesarias, pero asumiendo todas las consecuencias de sus decisiones. En eso consiste en ser un político. Su enfermedad, como señala Weber, es la de la vanidad; cuando el poder, el medio del que se sirve o aspira a servirse, se convierte en un instrumento para servirse a sí mismo, “pura embriaguez personal” que es, también, la que lleva a cometer el pecado de la “irresponsabilidad”. Es lo que Norberto Bobbio define como el “poder por el poder” en manos del “hombre maquiavélico”. No hay causa, no hay distancia y aún menos, responsabilidad. Porque la política, el poder pasa a tener un único sentido: el yo; el del príncipe de Maquiavelo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weber insistía, en coherencia con la importancia de la responsabilidad, que la política se puede ajustar a dos tipos de éticas: la de las convicciones, o la de la responsabilidad. La primera vendría a ser la del sectario. Aquél que ejerce el poder para servir a una causa que, en el sentido más estrecho, es la “suya”, adornada con los calificativos de la justicia que le permite atropellar cualquier otra. Es todo lo contrario al buen gobierno, formulado por Bobbio como el de la buena política, la que sirve al interés general, a todos. No es buen gobernante ni el sectario, ni el irresponsable, probablemente porque el sectario es un irresponsable. No valora, ni tiene presente, las consecuencias de sus decisiones, sólo la causa que la justifica que no es otra que el poder; el poder por el poder. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La democracia, en cambio, se asienta sobre la idea de que no hay poder sin control y no lo hay porque el poder sin control es el irresponsable. No tiene que rendir cuentas ante nadie, ni está sometido a nada, ni a la Ley. Es el poder del tirano. Ese es el peligro, cuando el político deja de serlo para convertirse en administrador de “sus” intereses, dejando de ser buen gobernante, para serlo de lo propio. En consecuencia, se vuelve irresponsable. No tiene obligación de reparar yerro alguno porque no existe la causa; no la hay. El que lo vivido en España, en estos últimas semanas y días pueda quedar sin responsables, sería aciago para el futuro de nuestra democracia: políticos sin responsabilidad, figurantes del éxito. Muchos están entregados a la causa del populismo, a cebar el monstruo del descrédito de la democracia y sus instituciones, la primera la de la responsabilidad, convirtiéndola en “innecesaria”. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Expansión, 31/08/21) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, definió su visión del mundo después de la conflagración como “internacionalismo liberal”. El académico Tony Smith afirmó que se trataba de un internacionalismo que “apoya la seguridad colectiva y la promoción de los mercados libres entre las democracias, regulada por un sistema de instituciones multinacionales dependiente, en último término, de los Estados Unidos.” Un orden colectivo mundial asentado sobre los pilares de la democracia liberal bajo el gobierno de organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y el liderazgo de los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, ese orden tenía un enemigo a batir: el comunismo. Probablemente, el contexto de enfrentamiento con la URSS vinculó, más allá de lo razonable, ese internacionalismo con las intervenciones armadas. Si había una guerra fría, pero guerra, contra el comunismo, la democracia se debía defender, también con las armas. &lt;/p&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh6CU9gNgYvYcE-QAC9cnUqrk08qJZz00nymBmN88AzT2BNKdcyKwRDuUJwRHBbpQnN1Iy73D0LHmeB8rMjajPlJTtkvzq-ftYGhS_4tMQ76pEW4kUPlLEB3U-HpPO9LqqxPbMIhnE2imu/s2048/Thomas_Woodrow_Wilson%252C_Harris_%2526_Ewing_bw_photo_portrait%252C_1919.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1352" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh6CU9gNgYvYcE-QAC9cnUqrk08qJZz00nymBmN88AzT2BNKdcyKwRDuUJwRHBbpQnN1Iy73D0LHmeB8rMjajPlJTtkvzq-ftYGhS_4tMQ76pEW4kUPlLEB3U-HpPO9LqqxPbMIhnE2imu/w264-h400/Thomas_Woodrow_Wilson%252C_Harris_%2526_Ewing_bw_photo_portrait%252C_1919.jpg" width="264" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;Woodrow Wilson (Wikipedia)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;La cuestión que se ha suscitado y se sigue suscitando, es si el liberalismo, como ideología, que sirve de sostén e inspiración a la democracia, precisamente, denominada liberal, justifica la intervención militar para su imposición. El caso de Afganistán lo ilustra de manera dramática. &lt;p&gt;No hay ningún argumento, amparado en el liberalismo, que sirva de sostén a la intervención militar. Es contraria a su esencia, la de la libertad del individuo, sobre la que gira el denominado Estado democrático de Derecho, que sólo tiene sentido para su garantía, para que la persona pueda, en la autodeterminación que supone, definir el objetivo de vida deseado. La libertad no se impone, sólo se garantiza. Y sólo se puede garantizar por un Estado democrático de Derecho; el surgido, no de las armas, sino de las elecciones libres en las que todos los individuos puedan ejercer, con libertad y e igualdad de condiciones, su derecho al sufragio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La imposición y aún menos, militar, no tiene cabida. No hay, en el terreno ideológico, un internacionalismo liberal que se sirva de la imposición y aún menos, de la ocupación militar. Hay un internacionalismo alentado por las democracias liberales, pero que se vale del “soft power”. Descartado el argumento ideológico, nos queda el impacto de la realidad histórica. Aplicando este argumento ideológico, no habría intervención militar ni para impedir los desmanes de Hitler, ni, ahora, los de los talibán. El buenismo intervencionista no puede ser replicado con el buenismo no-intervencionista. Sin embargo, la realidad está llena de matices; las circunstancias son el reino de la decisión; se ha de actuar conforme a sus dictados. La política es el mundo de lo posible, no es el teatro de las aspiraciones untadas de ideología. Ojalá fuese así. Se decide en el contexto histórico correspondiente. El contraste entre la ideología y la realidad es la que siembra de dudas a aquella, tanto como de contradicciones a ésta. La ideología ilumina, marca el futuro, es el faro de la acción, pero ésta, como los pasos que damos al caminar, debe tener presente las condiciones del terreno. El faro no puede impedir ver el camino. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La salida de Afganistán reivindica, una vez más, la Historia. No se puede olvidar que la democracia liberal no crece como las plantas silvestres en cualesquiera condiciones. Los ejércitos pueden impedir los daños a las libertades, pueden perseguir a los criminales, pueden, en definitiva, destruir los obstáculos que imposibilitan que florezca la democracia liberal, pero no puede construirla. Salvo, y es una salvedad que se olvida, que se apueste por una presencia militar durante muchísimo tiempo. No bastarían 20 años, serían necesarios 50 o más: dos o tres generaciones. Y para que la ocupación fuese suficiente se necesitarían personas y dinero, muchísimo dinero. Aún así, ni estaría garantizado el éxito, ni hay, en este momento, ningún país del mundo que esté dispuesto a soportar ese coste, el de vidas humanas y las económicas. A Estados Unidos se le podrá criticar sobre el cómo está ejecutando la salida de Afganistán, pero no se le puede criticar por que no haga (continuar la ocupación militar) aquello que nadie quiere hacer. Porque no hay ningún país que quiera soportar esos costes tan terribles. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El éxito de la intervención está relacionado con la existencia previa de las instituciones básicas sobre las que se ha de asentar el Estado democrático de Derecho. Como recordaba Michael Mandelbaum, las ocupaciones exitosas de Estados Unidos han sido la de Alemania y de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, para alumbrar un sólido Estado democrático. Porque existían las instituciones previas, las de una economía de mercado y un Estado que reformar. Y, aún así, la presencia militar continúa en la actualidad. En Afganistán, donde, probablemente, ni ha existido economía de mercado, ni Estado, por las tribus y por la corrupción, sólo una presencia continuada durante varias generaciones e, incluso, permanente, soportando los costes indicados podría hacer posible el salto de las tribus a un Estado moderno. En el momento presente, sin embargo, es una opción descartada; ya descartada por el único que lleva 20 años ejecutándola. Sólo nos queda el camino lento, lentísimo, de la influencia, de la orientación, … incierto y trágico.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En el moderno mundo de las redes sociales, del “on air” permanente, asistiremos al sacrificio de vidas humanas y, en particular de mujeres y niñas, al atropello de los derechos más básicos, los que nos identifica como individuos, como seres humanos. Esas imágenes nos irán carcomiendo como sociedad. Algo en nuestro interior se irá muriendo también. Afganistán no sólo mata la esperanza de libertad de tantos afganos, sino que también siembra de dudas sobre la superioridad, moral, pero superioridad, de nuestros principios de libertad que desde el siglo XVIII nos gobiernan.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No es un accidente el que V. Orbán presente su “democracia iliberal” como alternativa a la democracia liberal que, afirma, está acabada, precisamente, por el internacionalismo liberal, postnacionalista y postcristiano, nos dice. Este es el peligro a largo plazo de Afganistán. Sirve de alimento a todos aquellos que quieren acabar con la democracia liberal reivindicando que ni hay superioridad moral, ni hay justificación a la defensa y difusión de sus principios y reglas básicas, como las de la dignidad y los derechos inalienables. Que cada nación tiene derecho a elegir su camino, y que todos son igualmente válidos, incluso, el de lapidar mujeres y prohibirles la educación. Ese relativismo moral es la carga de profundidad que amenaza a nuestras democracias. En Afganistán no sólo hay una derrota militar, hay otra infinitamente más grave: la moral. La que sirve de pasto a los carroñeros del populismo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Expansión, 25/08/21) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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Es la expresión con la que se identifican, desde los años 80 del siglo pasado, ciertos movimientos de motivación ecológica que se oponen a que se ejecuten, en la proximidad de sus vecindarios, unas instalaciones o infraestructuras, a pesar de que les reconocen sus efectos positivos. El “nimbysmo” está presente en muchos ámbitos de la vida: cuando a lo positivo, reconocido, se le contrapone una valoración magnificada de los perjuicios para rechazarlo, porque no se podrá reconocer ningún beneficio que los pudiera compensar. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La repatriación de los menores marroquíes (los denominados MENA) es un ejemplo de “nimbysmo”. Desde el viernes 13 de agosto, la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta la está llevando a cabo. Entre tanta opacidad, hemos conocido que la Ciudad Autónoma de Ceuta remitió a la Delegación del Gobierno una solicitud para que se procediese a la repatriación. Y así se llevó a cabo tras la orden dada por el Ministerio del Interior en forma de “nota” de 10 de agosto. El fundamento jurídico, según se dice en la nota, es lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, hecho «ad referendum» en Rabat el 6 de marzo de 2007 (BOE núm. 70, 22 de marzo de 2013). &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSJqsYxOFIN9ei1MYzhg3ppi_4MZHm18g-jwTBruoC1iPWaUYP6nvGkOiljb-bYI8S8fq2d7eqDqYvhu0VOlikBPGhJdxufnpPnbzVpuZi5HN7jmsZZDlSo7O2_3GpXNiIka9qW_ogHIN/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img data-original-height="936" data-original-width="773" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSJqsYxOFIN9ei1MYzhg3ppi_4MZHm18g-jwTBruoC1iPWaUYP6nvGkOiljb-bYI8S8fq2d7eqDqYvhu0VOlikBPGhJdxufnpPnbzVpuZi5HN7jmsZZDlSo7O2_3GpXNiIka9qW_ogHIN/w330-h400/El+Mundo-PRIMERA+ED-24_08_2021-19.jpg" width="330" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Ahora bien, en el indicado artículo se puede leer que “las autoridades competentes españolas [las delegaciones del Gobierno], …, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del Derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La “observancia estricta de la legislación española” no parece apreciarse. Porque el retorno de los menores se tiene que llevar a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el procedimiento detallado en el Reglamento que desarrolla dicha Ley orgánica (arts. 189 y siguientes). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La legislación española responde a varios principios esenciales. El primero y más importante: la protección del menor, sus derechos e intereses (“cuando, …, se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”: art. 192.1). No puede ser devuelto sin ser oído, y a aquellos que protegen sus derechos, como es la Fiscalía. El segundo, consecuente con el anterior: los procedimientos son individuales porque ha de atenderse a las circunstancias de cada caso. El tercero, que a la vista de las circunstancias, de los derechos del menor y de los informes de todos aquellos que han de valorar unas y otros, se habrá de resolver. Y la resolución corresponde a la Administración General del Estado, a través de las Delegaciones del Gobierno (art. 191). Porque, en cuarto lugar, el único que puede abrir la puerta de salida es el Gobierno de España. Es el que controla la frontera. Y, por último, es la Comunidad o Ciudad autónoma la responsable de velar por el bienestar de los menores; es a la que le corresponde la competencia de los servicios de protección de menores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por lo que sabemos, se han incumplido las reglas comentadas. Un Juzgado de Ceuta ha paralizado las repatriaciones. Y el Auto de la Audiencia Nacional que rechaza adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas, siembra de dudas todo lo sucedido. Nos encontramos ante otro escándalo político y social mayúsculo que no tiene, ni tendrá las consecuencias correspondientes, aún cuando afecta al corazón mismo de la democracia: el de sus valores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La democracia no sólo es un conjunto de reglas, las del Estado democrático de Derecho, sino también unos valores, a los que, precisamente, sirven aquellas reglas. Nuestra Constitución lo expresa cuando afirma que “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” son los “valores superiores de su ordenamiento jurídico” (art. 1.1). O, también, el Tratado de la Unión Europea cuando dispone, en el artículo 2, que “la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Son los valores de la democracia liberal; el alma de la democracia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El populismo pretende separar la democracia de su alma; desnuda, liberada de cualquier restricción, se entrega a la mayoría. La otredad, esencial en la democracia, queda tapada por el miedo. La repatriación de los menores, la crisis de Afganistán, o la olvidada de Haití nos coloca ante el espejo de que no es suficiente el andamiaje institucional. Falta algo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando V. Orbán, el primer ministro húngaro, disertó en el año 2014 sobre la “democracia iliberal”, popularizando el término acuñado por Fareed Zakaria en el año 1997, defendió que era una democracia cuya “esencia es la protección de la libertad cristiana”, porque la nación es cristiana. Primero se es nación y sólo después democracia. Todos los que no encajan (los extranjeros y los no cristianos, así como las élites y los “traidores”), sobran. La democracia es la de la mayoría; el “demos” convertido en tirano. No es fruto del azar el que Orbán acabe de anunciar la convocatoria de un referéndum sobre la ley que veta los contenidos LGTBI a los menores para, especifica, “combatir la presión” de la UE, que ha abierto un expediente por su legislación homófoba. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es el terror que está presente en las primeras reflexiones de los fundadores de la democracia moderna. Hamilton alertaba en 1788 de que la organización de la República debía afrontarlo. Tocqueville sentenciaba en 1835 que no se había conseguido; que en los Estados Unidos se practicaba la tiranía. Tocqueville afirmaba “creo a la libertad en peligro cuando ese poder [social superior] no encuentra ante él ningún obstáculo que pueda contener su marcha y conferirle tiempo para moderarse a sí mismo”. Y añade Hamilton: “en una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra parte.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una democracia sin valores se entrega a la mayoría para tiranizar a la minoría, a cualquier minoría, a todo aquél que no es como los demás. La solidaridad con el que no es igual desaparece arrastrada por el miedo. Los menores repatriados son “extranjeros” y, además, adornados por los peores títulos, por aquellos que los convierten en amenazas. Unos son expulsados (menores marroquíes) y otros son recibidos (afganos). Todo depende del color de la etiqueta que se les coloque. Frente a los peligros que adornan a unos, los otros son víctimas de la persecución, además, por encarnar los valores que nos dan sentido como democracia; hasta que esa etiqueta caiga y sea substituida por otra. ¿Estamos viviendo la versión afgana del momento barco “Aquarius”? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama que “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho.” Y, sin embargo, se actúa de otra manera. Orbán deshumaniza la democracia, le arrebata los valores que los países de la Unión proclaman, pero éstos los desautorizan con su comportamiento. Los países de la Unión están trabajando en cómo evitar la llegada masiva de refugiados afganos. No nos puede extrañar ni el descrédito, por hipócrita, de la democracia liberal, ni que, en España, se violenten la ley, los principios y los valores, expulsando a menores. En el fondo, “nimbysmo” y sólo “nimbysmo”. Se les quiere ayudar, pero bien lejos. Se proclama la defensa de la libertad, la igualdad y la solidaridad, pero siempre y cuando no tenga costes. Gratis total, sin cargas que soportar, como si la libertad no incluyese la responsabilidad respecto del “otro”, del que necesita de nuestra solidaridad. Esa es hoy, más que nunca, la otra cara de la libertad. Soy libre si soy solidario. Es el valor de la libertad.&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;(El Mundo, 24/08/2021) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;@font-face
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Había sido desahuciada. Sucedía el pasado día 29 de octubre. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, se sirvió de la imagen para denunciar los desahucios que se seguían produciendo bajo el Gobierno de Sánchez. Inmediatamente después, presentaba, junto con Podemos y Bildu, una enmienda a los presupuestos generales del Estado para prohibirlos. Podemos ya lo había incluido en su programa electoral (medida 208). Ahora se trata de que el Gobierno lo asuma y se convierta en ley. Y parece haberlo conseguido. El vicepresidente Iglesias ha anunciado que, en las próximas fechas, se presentará la norma que “prohibirá” los desahucios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La izquierda siempre ha sido anti-propietarista. Considera que la propiedad es la fuente de la desigualdad. Conecta con el mito del paraíso, del estado de naturaleza, del buen salvaje, de la sociedad sin propiedad (y sin clases). Porque la propiedad es la cuna de todos los males. Rousseau afirmaba, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que “el primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: «¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!».”&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7rzBQerhbyiABeqWgnTO9eWWtQ-di3AOGbmwo0IrPy91ztSmdzfzNKN7T9Jp7qS8zOTscBXN6uv4ANCmMndemdKmWbQ-Gx5unOFnVAfd-zwMetM-Xgg4OCES8HCQw3Gvce_vA9EGSCcz5/s1920/farmhouse-272596_1920.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1920" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7rzBQerhbyiABeqWgnTO9eWWtQ-di3AOGbmwo0IrPy91ztSmdzfzNKN7T9Jp7qS8zOTscBXN6uv4ANCmMndemdKmWbQ-Gx5unOFnVAfd-zwMetM-Xgg4OCES8HCQw3Gvce_vA9EGSCcz5/w640-h480/farmhouse-272596_1920.jpg" title="Cuando la cerca delimita el espacio de la libertad" width="640" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;Cuando la cerca delimita el ámbito de la libertad&lt;/td&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En los últimos tiempos se ha sofisticado. &lt;a href="https://www.amazon.es/dp/8423430952/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_5z7YFb14DX7AF"&gt;Thomas Piketty&lt;/a&gt; afirma que “﻿es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social.” Esto supone un régimen de “propiedad social y temporal” que “repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad.” A fuer de igualitarista, es anti-propietarista. Sin embargo, cuando la propiedad ha desaparecido, también lo ha hecho la libertad y el progreso. Es un precio demasiado elevado que no estamos dispuestos a pagar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La “prohibición” de los desahucios plantea serios problemas jurídicos. El primero, es el de la confusión entre el desahucio (ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de los arrendatarios), y el desalojo (del ocupante ilegal de la vivienda). Es una confusión intencionada: el halo social de rechazo que arrastra el lanzamiento del arrendatario por impago de la renta se pretende extender a la “okupación” cuando no cuenta con apoyo social. El segundo, que la prohibición supone que al propietario se le quita de un medio de tutela judicial de su derecho, sin justificación alguna, que sólo podrá disfrutar de cumplirse una condición (como una alternativa habitacional, como dice Podemos), en manos de un tercero o, incluso, de la voluntad del arrendatario. Y, en tercer lugar, la privación de la tutela judicial supone una lesión patrimonial, fruto de una imposición del Estado que sólo puede ser obra de una ley que, además, debería venir acompañada de una compensación económica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El &lt;a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208"&gt;Real Decreto-ley 11/2020&lt;/a&gt;, para hacer frente al COVID, ya impuso la “suspensión” del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Es más correcto hablar de suspensión, tratándose de un procedimiento judicial. Sin embargo, tiene los mismos efectos que la prohibición, y lo más importante, no soluciona el problema de base. Puede tener sentido como una medida temporal, de urgencia, ante la gravedad de la pandemia, pero sigue sin atenderse el gravísimo problema de la vivienda. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Observatorio de Vivienda, del Ministerio de transporte, ha publicado un &lt;a href="https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072"&gt;informe sobre la situación de la vivienda social en España (septiembre de 2020)&lt;/a&gt;. Los datos que aporta son reveladores. En lo que al año 2019 se refiere, el parque de vivienda social en España se encuentra a más de 7 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Mientras que la media de la Unión es de 9% de viviendas sociales sobre el total, en España sólo se llega al 2,5%. O, en términos de porcentaje de la población, la media de la Unión es de 4 viviendas sociales por 100 habitantes, mientras que en España no llega a 1. Encabezamos el grupo de cola, por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si comparamos la situación con los países de referencia, el contraste es dramático. Países Bajos cuenta con 30% de viviendas sociales sobre el total de viviendas; le siguen Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%). Atendiendo al porcentaje de la población, Países Bajos dispone de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes; le siguen Austria (10%), Dinamarca (9,5%), Suecia (8%), Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si pasamos al capítulo de gasto, en el periodo 2007 y 2017, Reino Unido gastó de media 439 euros por habitante, Dinamarca 311€, Irlanda 250€, Luxemburgo 253€, Alemania 204€, Finlandia 208€, Suecia 187€ y Países Bajos 155€. En el caso de España, la cifra media de gasto se situó en 35,4 euros por habitante. La media de la Unión fue de 127 euros. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La política de vivienda está en manos, de manera exclusiva, de las Comunidades autónomas (art. 148.1.3ª CE). Así lo ha afirmado de manera reiterada el Tribunal Constitucional (desde la &lt;a href="http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1093"&gt;Sentencia 152/1988&lt;/a&gt;): el Estado carece de competencias. ¿Cuál ha sido la política de vivienda social de las Comunidades? Los datos son igualmente reveladores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si nos fijamos, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas con mayor parque de viviendas sociales nos encontramos con que Andalucía tiene un parque de 74.784 viviendas, el País Vasco de 30.705, Madrid de 20.693, Canarias de 18.939, Cataluña de 16.360, Valencia de 13.960, Extremadura de 13.500 y Asturias 10.464. El informe, por pudor, entiendo, no aplica la misma metodología que sigue para la comparación con la Unión. Si aplicamos el criterio poblacional, por ejemplo, Andalucía cuenta con 0,89 viviendas por 100 habitantes, País Vasco 1,39%, Madrid 0,31%, Canarias 0,88%, Cataluña 0,21%, Valencia 0,28%, Extremadura 1,26% y Asturias 1,02%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La situación descrita tiene, como es lógico, una plasmación en relación con la inversión pública en materia de vivienda. El informe aporta el dato correspondiente al año 2019 de la suma de las inversiones por habitante de las Comunidades y de los Ayuntamientos. El resultado es el siguiente: Andalucía invierte 46,4 euros por habitante, País Vasco 70,9€, Madrid 74,8€, Canarias 63,5€, Cataluña 41,3€, Valencia 38,1€, Extremadura 63,2€, y Asturias 37,6€. Muy lejos, como queda dicho, de la media de la Unión Europea que es de 127 euros por habitante y año. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es por tanto más “fácil” reclamar la prohibición de desahucios, enseñar la foto de Adoración, y denunciar las complicidades de los malos mundiales, que invertir en vivienda social. No nos puede sorprender que Cataluña sea la Comunidad Autónoma en la que más desahucios se practican (en el año 2019, 18.356), una de las con menos vivienda sociales cuenta (0,21 por 100 habitantes), y de las que menos invierte (41,3 euros). Pero siempre será preferible la imagen de los pobres sufriendo la pobreza para luego hacer ostentación obscena de la necesidad; “comerciar” con la penuria, con la tristeza. Se aprovecharán de los ojos contaminados por siglos del mito del “estado de la naturaleza”, del “buen salvaje”, y de la maldad de la propiedad, para convertir la solidaridad con el desvalido en odio hacia aquel que le quita la vivienda. Entretenidos en la terrible escena, no se volverá la vista hacia aquellos que no han ejecutado una política adecuada para que todos puedan disfrutar de una vivienda digna. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los ojos del “buen salvaje” no se preocupan porque España no llega a la media de la Unión en parque y en inversión de viviendas sociales. Es preferible pensar que hay un malo, el propietario, que castiga a miles de personas que cada año son arrojadas a la calle; y no que hay unos políticos, enrollados en la bandera del progresismo, que no se preocupan de que los ciudadanos puedan prosperar, de que puedan tener un trabajo decente y de que puedan tener una vivienda digna. Es preferible tener secuestrados a los pobres, que hacer todo lo posible para que dejen de serlo porque, cuando dejen de serlo, como decía, Victoria Kent sobre el voto femenino, puede que no nos voten. Mejor, que ni voten, ni dejen de ser pobres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;(El Mundo, 04/12/2020) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;
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	{page:WordSection1;}&lt;/style&gt;&lt;/p&gt;</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7rzBQerhbyiABeqWgnTO9eWWtQ-di3AOGbmwo0IrPy91ztSmdzfzNKN7T9Jp7qS8zOTscBXN6uv4ANCmMndemdKmWbQ-Gx5unOFnVAfd-zwMetM-Xgg4OCES8HCQw3Gvce_vA9EGSCcz5/s72-w640-h480-c/farmhouse-272596_1920.jpg" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure length="-1" type="application/pdf" url="https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072"/><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>La imagen de Adoración sentada en un sofá en la calle en Carabanchel, junto a sus cuatro nietos (de entre uno y cuatro años), es estremecedora. Había sido desahuciada. Sucedía el pasado día 29 de octubre. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, se sirvió de la imagen para denunciar los desahucios que se seguían produciendo bajo el Gobierno de Sánchez. Inmediatamente después, presentaba, junto con Podemos y Bildu, una enmienda a los presupuestos generales del Estado para prohibirlos. Podemos ya lo había incluido en su programa electoral (medida 208). Ahora se trata de que el Gobierno lo asuma y se convierta en ley. Y parece haberlo conseguido. El vicepresidente Iglesias ha anunciado que, en las próximas fechas, se presentará la norma que “prohibirá” los desahucios. La izquierda siempre ha sido anti-propietarista. Considera que la propiedad es la fuente de la desigualdad. Conecta con el mito del paraíso, del estado de naturaleza, del buen salvaje, de la sociedad sin propiedad (y sin clases). Porque la propiedad es la cuna de todos los males. Rousseau afirmaba, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que “el primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: «¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!».”&amp;nbsp; Cuando la cerca delimita el ámbito de la libertad &amp;nbsp; En los últimos tiempos se ha sofisticado. Thomas Piketty afirma que “﻿es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social.” Esto supone un régimen de “propiedad social y temporal” que “repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad.” A fuer de igualitarista, es anti-propietarista. Sin embargo, cuando la propiedad ha desaparecido, también lo ha hecho la libertad y el progreso. Es un precio demasiado elevado que no estamos dispuestos a pagar. La “prohibición” de los desahucios plantea serios problemas jurídicos. El primero, es el de la confusión entre el desahucio (ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de los arrendatarios), y el desalojo (del ocupante ilegal de la vivienda). Es una confusión intencionada: el halo social de rechazo que arrastra el lanzamiento del arrendatario por impago de la renta se pretende extender a la “okupación” cuando no cuenta con apoyo social. El segundo, que la prohibición supone que al propietario se le quita de un medio de tutela judicial de su derecho, sin justificación alguna, que sólo podrá disfrutar de cumplirse una condición (como una alternativa habitacional, como dice Podemos), en manos de un tercero o, incluso, de la voluntad del arrendatario. Y, en tercer lugar, la privación de la tutela judicial supone una lesión patrimonial, fruto de una imposición del Estado que sólo puede ser obra de una ley que, además, debería venir acompañada de una compensación económica. El Real Decreto-ley 11/2020, para hacer frente al COVID, ya impuso la “suspensión” del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Es más correcto hablar de suspensión, tratándose de un procedimiento judicial. Sin embargo, tiene los mismos efectos que la prohibición, y lo más importante, no soluciona el problema de base. Puede tener sentido como una medida temporal, de urgencia, ante la gravedad de la pandemia, pero sigue sin atenderse el gravísimo problema de la vivienda. El Observatorio de Vivienda, del Ministerio de transporte, ha publicado un informe sobre la situación de la vivienda social en España (septiembre de 2020). Los datos que aporta son reveladores. En lo que al año 2019 se refiere, el parque de vivienda social en España se encuentra a más de 7 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Mientras que la media de la Unión es de 9% de viviendas sociales sobre el total, en España sólo se llega al 2,5%. O, en términos de porcentaje de la población, la media de la Unión es de 4 viviendas sociales por 100 habitantes, mientras que en España no llega a 1. Encabezamos el grupo de cola, por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre. Si comparamos la situación con los países de referencia, el contraste es dramático. Países Bajos cuenta con 30% de viviendas sociales sobre el total de viviendas; le siguen Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%). Atendiendo al porcentaje de la población, Países Bajos dispone de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes; le siguen Austria (10%), Dinamarca (9,5%), Suecia (8%), Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5%. Si pasamos al capítulo de gasto, en el periodo 2007 y 2017, Reino Unido gastó de media 439 euros por habitante, Dinamarca 311€, Irlanda 250€, Luxemburgo 253€, Alemania 204€, Finlandia 208€, Suecia 187€ y Países Bajos 155€. En el caso de España, la cifra media de gasto se situó en 35,4 euros por habitante. La media de la Unión fue de 127 euros. La política de vivienda está en manos, de manera exclusiva, de las Comunidades autónomas (art. 148.1.3ª CE). Así lo ha afirmado de manera reiterada el Tribunal Constitucional (desde la Sentencia 152/1988): el Estado carece de competencias. ¿Cuál ha sido la política de vivienda social de las Comunidades? Los datos son igualmente reveladores. Si nos fijamos, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas con mayor parque de viviendas sociales nos encontramos con que Andalucía tiene un parque de 74.784 viviendas, el País Vasco de 30.705, Madrid de 20.693, Canarias de 18.939, Cataluña de 16.360, Valencia de 13.960, Extremadura de 13.500 y Asturias 10.464. El informe, por pudor, entiendo, no aplica la misma metodología que sigue para la comparación con la Unión. Si aplicamos el criterio poblacional, por ejemplo, Andalucía cuenta con 0,89 viviendas por 100 habitantes, País Vasco 1,39%, Madrid 0,31%, Canarias 0,88%, Cataluña 0,21%, Valencia 0,28%, Extremadura 1,26% y Asturias 1,02%. La situación descrita tiene, como es lógico, una plasmación en relación con la inversión pública en materia de vivienda. El informe aporta el dato correspondiente al año 2019 de la suma de las inversiones por habitante de las Comunidades y de los Ayuntamientos. El resultado es el siguiente: Andalucía invierte 46,4 euros por habitante, País Vasco 70,9€, Madrid 74,8€, Canarias 63,5€, Cataluña 41,3€, Valencia 38,1€, Extremadura 63,2€, y Asturias 37,6€. Muy lejos, como queda dicho, de la media de la Unión Europea que es de 127 euros por habitante y año. Es por tanto más “fácil” reclamar la prohibición de desahucios, enseñar la foto de Adoración, y denunciar las complicidades de los malos mundiales, que invertir en vivienda social. No nos puede sorprender que Cataluña sea la Comunidad Autónoma en la que más desahucios se practican (en el año 2019, 18.356), una de las con menos vivienda sociales cuenta (0,21 por 100 habitantes), y de las que menos invierte (41,3 euros). Pero siempre será preferible la imagen de los pobres sufriendo la pobreza para luego hacer ostentación obscena de la necesidad; “comerciar” con la penuria, con la tristeza. Se aprovecharán de los ojos contaminados por siglos del mito del “estado de la naturaleza”, del “buen salvaje”, y de la maldad de la propiedad, para convertir la solidaridad con el desvalido en odio hacia aquel que le quita la vivienda. Entretenidos en la terrible escena, no se volverá la vista hacia aquellos que no han ejecutado una política adecuada para que todos puedan disfrutar de una vivienda digna. Los ojos del “buen salvaje” no se preocupan porque España no llega a la media de la Unión en parque y en inversión de viviendas sociales. Es preferible pensar que hay un malo, el propietario, que castiga a miles de personas que cada año son arrojadas a la calle; y no que hay unos políticos, enrollados en la bandera del progresismo, que no se preocupan de que los ciudadanos puedan prosperar, de que puedan tener un trabajo decente y de que puedan tener una vivienda digna. Es preferible tener secuestrados a los pobres, que hacer todo lo posible para que dejen de serlo porque, cuando dejen de serlo, como decía, Victoria Kent sobre el voto femenino, puede que no nos voten. Mejor, que ni voten, ni dejen de ser pobres. &amp;nbsp;(El Mundo, 04/12/2020)</itunes:subtitle><itunes:author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</itunes:author><itunes:summary>La imagen de Adoración sentada en un sofá en la calle en Carabanchel, junto a sus cuatro nietos (de entre uno y cuatro años), es estremecedora. Había sido desahuciada. Sucedía el pasado día 29 de octubre. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, se sirvió de la imagen para denunciar los desahucios que se seguían produciendo bajo el Gobierno de Sánchez. Inmediatamente después, presentaba, junto con Podemos y Bildu, una enmienda a los presupuestos generales del Estado para prohibirlos. Podemos ya lo había incluido en su programa electoral (medida 208). Ahora se trata de que el Gobierno lo asuma y se convierta en ley. Y parece haberlo conseguido. El vicepresidente Iglesias ha anunciado que, en las próximas fechas, se presentará la norma que “prohibirá” los desahucios. La izquierda siempre ha sido anti-propietarista. Considera que la propiedad es la fuente de la desigualdad. Conecta con el mito del paraíso, del estado de naturaleza, del buen salvaje, de la sociedad sin propiedad (y sin clases). Porque la propiedad es la cuna de todos los males. Rousseau afirmaba, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que “el primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: «¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!».”&amp;nbsp; Cuando la cerca delimita el ámbito de la libertad &amp;nbsp; En los últimos tiempos se ha sofisticado. Thomas Piketty afirma que “﻿es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social.” Esto supone un régimen de “propiedad social y temporal” que “repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad.” A fuer de igualitarista, es anti-propietarista. Sin embargo, cuando la propiedad ha desaparecido, también lo ha hecho la libertad y el progreso. Es un precio demasiado elevado que no estamos dispuestos a pagar. La “prohibición” de los desahucios plantea serios problemas jurídicos. El primero, es el de la confusión entre el desahucio (ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de los arrendatarios), y el desalojo (del ocupante ilegal de la vivienda). Es una confusión intencionada: el halo social de rechazo que arrastra el lanzamiento del arrendatario por impago de la renta se pretende extender a la “okupación” cuando no cuenta con apoyo social. El segundo, que la prohibición supone que al propietario se le quita de un medio de tutela judicial de su derecho, sin justificación alguna, que sólo podrá disfrutar de cumplirse una condición (como una alternativa habitacional, como dice Podemos), en manos de un tercero o, incluso, de la voluntad del arrendatario. Y, en tercer lugar, la privación de la tutela judicial supone una lesión patrimonial, fruto de una imposición del Estado que sólo puede ser obra de una ley que, además, debería venir acompañada de una compensación económica. El Real Decreto-ley 11/2020, para hacer frente al COVID, ya impuso la “suspensión” del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Es más correcto hablar de suspensión, tratándose de un procedimiento judicial. Sin embargo, tiene los mismos efectos que la prohibición, y lo más importante, no soluciona el problema de base. Puede tener sentido como una medida temporal, de urgencia, ante la gravedad de la pandemia, pero sigue sin atenderse el gravísimo problema de la vivienda. El Observatorio de Vivienda, del Ministerio de transporte, ha publicado un informe sobre la situación de la vivienda social en España (septiembre de 2020). Los datos que aporta son reveladores. En lo que al año 2019 se refiere, el parque de vivienda social en España se encuentra a más de 7 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Mientras que la media de la Unión es de 9% de viviendas sociales sobre el total, en España sólo se llega al 2,5%. O, en términos de porcentaje de la población, la media de la Unión es de 4 viviendas sociales por 100 habitantes, mientras que en España no llega a 1. Encabezamos el grupo de cola, por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre. Si comparamos la situación con los países de referencia, el contraste es dramático. Países Bajos cuenta con 30% de viviendas sociales sobre el total de viviendas; le siguen Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%). Atendiendo al porcentaje de la población, Países Bajos dispone de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes; le siguen Austria (10%), Dinamarca (9,5%), Suecia (8%), Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5%. Si pasamos al capítulo de gasto, en el periodo 2007 y 2017, Reino Unido gastó de media 439 euros por habitante, Dinamarca 311€, Irlanda 250€, Luxemburgo 253€, Alemania 204€, Finlandia 208€, Suecia 187€ y Países Bajos 155€. En el caso de España, la cifra media de gasto se situó en 35,4 euros por habitante. La media de la Unión fue de 127 euros. La política de vivienda está en manos, de manera exclusiva, de las Comunidades autónomas (art. 148.1.3ª CE). Así lo ha afirmado de manera reiterada el Tribunal Constitucional (desde la Sentencia 152/1988): el Estado carece de competencias. ¿Cuál ha sido la política de vivienda social de las Comunidades? Los datos son igualmente reveladores. Si nos fijamos, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas con mayor parque de viviendas sociales nos encontramos con que Andalucía tiene un parque de 74.784 viviendas, el País Vasco de 30.705, Madrid de 20.693, Canarias de 18.939, Cataluña de 16.360, Valencia de 13.960, Extremadura de 13.500 y Asturias 10.464. El informe, por pudor, entiendo, no aplica la misma metodología que sigue para la comparación con la Unión. Si aplicamos el criterio poblacional, por ejemplo, Andalucía cuenta con 0,89 viviendas por 100 habitantes, País Vasco 1,39%, Madrid 0,31%, Canarias 0,88%, Cataluña 0,21%, Valencia 0,28%, Extremadura 1,26% y Asturias 1,02%. La situación descrita tiene, como es lógico, una plasmación en relación con la inversión pública en materia de vivienda. El informe aporta el dato correspondiente al año 2019 de la suma de las inversiones por habitante de las Comunidades y de los Ayuntamientos. El resultado es el siguiente: Andalucía invierte 46,4 euros por habitante, País Vasco 70,9€, Madrid 74,8€, Canarias 63,5€, Cataluña 41,3€, Valencia 38,1€, Extremadura 63,2€, y Asturias 37,6€. Muy lejos, como queda dicho, de la media de la Unión Europea que es de 127 euros por habitante y año. Es por tanto más “fácil” reclamar la prohibición de desahucios, enseñar la foto de Adoración, y denunciar las complicidades de los malos mundiales, que invertir en vivienda social. No nos puede sorprender que Cataluña sea la Comunidad Autónoma en la que más desahucios se practican (en el año 2019, 18.356), una de las con menos vivienda sociales cuenta (0,21 por 100 habitantes), y de las que menos invierte (41,3 euros). Pero siempre será preferible la imagen de los pobres sufriendo la pobreza para luego hacer ostentación obscena de la necesidad; “comerciar” con la penuria, con la tristeza. Se aprovecharán de los ojos contaminados por siglos del mito del “estado de la naturaleza”, del “buen salvaje”, y de la maldad de la propiedad, para convertir la solidaridad con el desvalido en odio hacia aquel que le quita la vivienda. Entretenidos en la terrible escena, no se volverá la vista hacia aquellos que no han ejecutado una política adecuada para que todos puedan disfrutar de una vivienda digna. Los ojos del “buen salvaje” no se preocupan porque España no llega a la media de la Unión en parque y en inversión de viviendas sociales. Es preferible pensar que hay un malo, el propietario, que castiga a miles de personas que cada año son arrojadas a la calle; y no que hay unos políticos, enrollados en la bandera del progresismo, que no se preocupan de que los ciudadanos puedan prosperar, de que puedan tener un trabajo decente y de que puedan tener una vivienda digna. Es preferible tener secuestrados a los pobres, que hacer todo lo posible para que dejen de serlo porque, cuando dejen de serlo, como decía, Victoria Kent sobre el voto femenino, puede que no nos voten. Mejor, que ni voten, ni dejen de ser pobres. &amp;nbsp;(El Mundo, 04/12/2020)</itunes:summary><itunes:keywords>derechos, desahucios, izquierda, libertad, política de vivienda, populismo, propiedad, Vivienda social</itunes:keywords></item><item><title>Sobre el concejal no adscrito, el transfuguismo y su penalización</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2020/10/sobre-el-concejal-no-adscrito-el.html</link><category>Ayuntamiento</category><category>concejal no adscrito</category><category>derecho fundamental participación</category><category>Régimen local</category><category>transfuguismo</category><category>tránsfuga</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Wed, 28 Oct 2020 18:11:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-1686214142329679888</guid><description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqLc2WJKeijErsAsI_m_aYtKat_fJ6K0cPg6dWHUr3N_vceo1sd2lzExud0uCvWlbLvfdh8si2dCX31HCo_9Xe0vkFYt6noUxrdphmBB7Od0Wu1YPL6vPPZ0eEBgLyA_nz5CINa9TgDceU/s1280/pirate-47705_1280.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="764" data-original-width="1280" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqLc2WJKeijErsAsI_m_aYtKat_fJ6K0cPg6dWHUr3N_vceo1sd2lzExud0uCvWlbLvfdh8si2dCX31HCo_9Xe0vkFYt6noUxrdphmBB7Od0Wu1YPL6vPPZ0eEBgLyA_nz5CINa9TgDceU/w640-h382/pirate-47705_1280.png" width="640" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La reciente &lt;a href="https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2020/10/sentencia-concejal-transfuguismo-1.pdf" target="_blank"&gt;Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia núm. 1.401/2020, de 26/10/2020 (Número del procedimiento: 1178/2019)&lt;/a&gt; establece la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de los derechos de los que pueden disfrutar los concejales no adscritos. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;Por lo tanto, interpreta lo dispuesto en el artículo 79.3.3º Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El precepto dispone, en relación con el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, que &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;“Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.” &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Hay que tener presente que, según el mismo precepto, son concejales no adscritos aquellos que “no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia” (art. 79.3.1º). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El abandono comprende tanto el voluntario como el involuntario, o sea, el derivado, en este último caso, de la expulsión. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Según el Diccionario de la Lengua española, tránsfuga es “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por lo tanto, el abandono del partido en cuyas listas electorales concurrió a las elecciones y obtuvo la membresía de la Corporación local lo convierte en tránsfuga si retiene el cargo correspondiente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es una práctica perniciosa desde el punto de vista democrático. Una estafa a la voluntad popular, máxime en el contexto institucional de una democracia de partidos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es razonable que, a lo largo de los años, los partidos hayan impulsado distintas iniciativas para combatirla (Acuerdo sobre el transfuguismo de 7 de julio de 1998 y adenda de 23 de mayo de 2006). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Sentencia que comento se suma a otras, tanto constitucionales (STC 9/2012, de 18 de enero; STC 30/2012, de 1 de marzo; STC 151/2017, de 21 de diciembre), como del propio Tribunal Supremo, que han considerado que la penalización del transfuguismo es un objetivo o finalidad que cuenta con legitimidad constitucional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como recordara la &lt;a href="http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25538" target="_blank"&gt;Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2017&lt;/a&gt;: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;“Que las restricciones o limitaciones impuestas a los concejales no adscritos responden «en principio ... a un fin legítimo» (STC 9/2012, de 18 de enero, FJ 4), ya que posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes (entre otras, en la STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2). Es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo político como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión de tal pluralismo, cauces para la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos (art. 6 CE), dotan de relevancia jurídica (y no sólo política) a la adscripción política de los representantes. En consecuencia, como resultado de lo dicho, el fin de intervenir frente al transfuguismo con una regulación jurídica es en principio constitucionalmente legítimo.” &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Y también en la misma Sentencia se recordaba que las restricciones o limitaciones no pueden operar sobre el núcleo de la función representativa, o sea, los derechos y facultades que permiten el desempeño de tal función: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;“Que, como señalamos en fundamentos anteriores y en el mismo fundamento jurídico 4 de la STC 9/2012 se plasmaría con claridad, tales limitaciones o restricciones no pueden operar sin embargo, en contra de la garantía de igualdad, sobre los derechos integrantes del ius in officium.” &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Sobre esta base constitucional, claramente establecida, en la Sentencia que comento, el Tribunal viene a establecer una doctrina en los siguientes términos: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;“SEXTO.- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73.3º DE LA LRBRL &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. A los efectos del artículo 93.1 de la LJCA y respecto de la cuestión en la que se apreció interés casacional para la formación de jurisprudencia, se declara que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la LRBRL se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Por el contrario el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas.” &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Esta interpretación es el resultado de un previo juicio del Tribunal formulado en los siguientes términos, recogidos en el fundamento jurídico cuarto: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;“5. … a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional 9, 30 y 243/2012, cabe señalar que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores. Este abanico de derechos constituyen el núcleo de la función representativa y, a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL, son indisponibles conforme al contenido esencial del artículo 23.2 de la Constitución, luego no pueden ser negados ni limitados al concejal no adscrito. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. De la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (en adelante, ROF), se deduce que tal núcleo indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal (cf. en este sentido la sentencia 72/2020, de 24 de enero, de esta Sección Cuarta, recurso de casación 5035/2018). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Por el contrario, el artículo 73.3.3º de la LRBRL disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal. Así el citado precepto toma como término de contraste los que ostentaba el concejal cuando estaba integrado en un grupo político y que abandona, de forma que tras ese abandono y consiguiente pase a la condición de concejal no adscrito no puede aumentarlos como contraprestación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. De esta manera la prohibición deducible del citado artículo afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 52.1 del ROF); también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, todo lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional 9 y 246/2012.” &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Así pues, se pueden formular unas conclusiones finales: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Primero. El concejal no adscrito es el que se separa (“abandona”) del partido político en cuyas listas concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño o membresía de la corporación local. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo. Penalizar el transfuguismo es un fin constitucionalmente legítimo porque rompe la adscripción al partido político con la que el tránsfuga se presentó ante los electores y que fue relevante a los efectos de obtener la representación. Por un lado, como afirmara el Tribunal Constitucional, “posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes”, máxime cuando tal adscripción fue uno de los elementos esenciales en la competencia electoral, razón por la que se presentó en la lista de cierto partido y no en otra o usando otra fórmula electoral. Y, por otro, porque la elección se proyecto sobre el candidato en tanto que sujeto adscrito al partido correspondiente. 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Por lo tanto, interpreta lo dispuesto en el artículo 79.3.3º Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. El precepto dispone, en relación con el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, que “Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.” Hay que tener presente que, según el mismo precepto, son concejales no adscritos aquellos que “no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia” (art. 79.3.1º). El abandono comprende tanto el voluntario como el involuntario, o sea, el derivado, en este último caso, de la expulsión. Según el Diccionario de la Lengua española, tránsfuga es “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.” Por lo tanto, el abandono del partido en cuyas listas electorales concurrió a las elecciones y obtuvo la membresía de la Corporación local lo convierte en tránsfuga si retiene el cargo correspondiente. Es una práctica perniciosa desde el punto de vista democrático. Una estafa a la voluntad popular, máxime en el contexto institucional de una democracia de partidos. Es razonable que, a lo largo de los años, los partidos hayan impulsado distintas iniciativas para combatirla (Acuerdo sobre el transfuguismo de 7 de julio de 1998 y adenda de 23 de mayo de 2006). La Sentencia que comento se suma a otras, tanto constitucionales (STC 9/2012, de 18 de enero; STC 30/2012, de 1 de marzo; STC 151/2017, de 21 de diciembre), como del propio Tribunal Supremo, que han considerado que la penalización del transfuguismo es un objetivo o finalidad que cuenta con legitimidad constitucional. Como recordara la Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2017: “Que las restricciones o limitaciones impuestas a los concejales no adscritos responden «en principio ... a un fin legítimo» (STC 9/2012, de 18 de enero, FJ 4), ya que posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes (entre otras, en la STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2). Es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo político como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión de tal pluralismo, cauces para la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos (art. 6 CE), dotan de relevancia jurídica (y no sólo política) a la adscripción política de los representantes. 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De la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (en adelante, ROF), se deduce que tal núcleo indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal (cf. en este sentido la sentencia 72/2020, de 24 de enero, de esta Sección Cuarta, recurso de casación 5035/2018). 7. Por el contrario, el artículo 73.3.3º de la LRBRL disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal. Así el citado precepto toma como término de contraste los que ostentaba el concejal cuando estaba integrado en un grupo político y que abandona, de forma que tras ese abandono y consiguiente pase a la condición de concejal no adscrito no puede aumentarlos como contraprestación. 8. De esta manera la prohibición deducible del citado artículo afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 52.1 del ROF); también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, todo lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional 9 y 246/2012.” Así pues, se pueden formular unas conclusiones finales: Primero. El concejal no adscrito es el que se separa (“abandona”) del partido político en cuyas listas concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño o membresía de la corporación local. Segundo. Penalizar el transfuguismo es un fin constitucionalmente legítimo porque rompe la adscripción al partido político con la que el tránsfuga se presentó ante los electores y que fue relevante a los efectos de obtener la representación. Por un lado, como afirmara el Tribunal Constitucional, “posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes”, máxime cuando tal adscripción fue uno de los elementos esenciales en la competencia electoral, razón por la que se presentó en la lista de cierto partido y no en otra o usando otra fórmula electoral. Y, por otro, porque la elección se proyecto sobre el candidato en tanto que sujeto adscrito al partido correspondiente. 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A los efectos del artículo 93.1 de la LJCA y respecto de la cuestión en la que se apreció interés casacional para la formación de jurisprudencia, se declara que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la LRBRL se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo. 2. Por el contrario el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas.” Esta interpretación es el resultado de un previo juicio del Tribunal formulado en los siguientes términos, recogidos en el fundamento jurídico cuarto: “5. … a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional 9, 30 y 243/2012, cabe señalar que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores. Este abanico de derechos constituyen el núcleo de la función representativa y, a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL, son indisponibles conforme al contenido esencial del artículo 23.2 de la Constitución, luego no pueden ser negados ni limitados al concejal no adscrito. 6. De la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (en adelante, ROF), se deduce que tal núcleo indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal (cf. en este sentido la sentencia 72/2020, de 24 de enero, de esta Sección Cuarta, recurso de casación 5035/2018). 7. Por el contrario, el artículo 73.3.3º de la LRBRL disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal. Así el citado precepto toma como término de contraste los que ostentaba el concejal cuando estaba integrado en un grupo político y que abandona, de forma que tras ese abandono y consiguiente pase a la condición de concejal no adscrito no puede aumentarlos como contraprestación. 8. De esta manera la prohibición deducible del citado artículo afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 52.1 del ROF); también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, todo lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional 9 y 246/2012.” Así pues, se pueden formular unas conclusiones finales: Primero. El concejal no adscrito es el que se separa (“abandona”) del partido político en cuyas listas concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño o membresía de la corporación local. Segundo. Penalizar el transfuguismo es un fin constitucionalmente legítimo porque rompe la adscripción al partido político con la que el tránsfuga se presentó ante los electores y que fue relevante a los efectos de obtener la representación. Por un lado, como afirmara el Tribunal Constitucional, “posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes”, máxime cuando tal adscripción fue uno de los elementos esenciales en la competencia electoral, razón por la que se presentó en la lista de cierto partido y no en otra o usando otra fórmula electoral. Y, por otro, porque la elección se proyecto sobre el candidato en tanto que sujeto adscrito al partido correspondiente. Por consiguiente, la doble ruptura de la adscripción cuando se trata de un cargo representativo, frustra, altera y contamina la participación política de los ciudadanos. Tercero. No obstante, el Tribunal Constitucional entiende que la elección lo es a un candidato y no a la lista; entiende que disfruta del derecho a la participación política del artículo 23.2 CE. En consecuencia, considera que este derecho, en su proyección sobre el estatuto concreto del miembro de la corporación, permite identificar lo que denomina un “núcleo esencial” de la función representativa que exige el disfrute de unos derechos o facultades, igualmente, esenciales. Estos derechos políticos, económicos, honores, y demás, no pueden ser afectados, restringidos o limitados, incluso, tratándose de un tránsfuga. El Tribunal Supremo identifica ese núcleo indisponible con los siguientes derechos: participación en Plenos con voz y voto; ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal. Cuarto. Escapan del indicado núcleo indisponible (porque son esenciales para el ejercicio de la función representativa que al concejal se le ha atribuido como consecuencia de las elecciones correspondientes) aquellos beneficios políticos o económicos distintos de “los que ostentaba el concejal cuando estaba integrado en un grupo político y que abandona”, de modo que, al pasar a no adscrito “no puede aumentarlos como contraprestación.” En consecuencia, “la prohibición deducible del citado artículo afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 52.1 del ROF); también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional”. En definitiva, la doctrina jurisprudencial, en línea con la del Tribunal Constitucional, viene a reducir el estatuto del concejal no adscrito al ejercicio de la función representativa, sin más adornos, y aún menos, aquellos que son fruto de la decisión discrecional del Alcalde que se beneficia, usualmente, del tránsfuga.</itunes:summary><itunes:keywords>Ayuntamiento, concejal no adscrito, derecho fundamental participación, Régimen local, transfuguismo, tránsfuga</itunes:keywords></item><item><title>Independencia judicial y del órgano de gobierno de los jueces</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2020/10/independencia-judicial-y-del-organo-de.html</link><category>Consejo General del Poder Judicial</category><category>Independencia judicial</category><category>poder judicial</category><category>tribunal de justicia de la Unión</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Thu, 15 Oct 2020 21:28:00 +0200</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-2882579759212335098</guid><description>&lt;p&gt;La proposición de Ley del grupo parlamentario socialista y de unidas podemos que tiene por objetivo la reforma de la mayoría necesaria para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha planteado el interesante debate sobre los límites que el Derecho de la Unión Europea impone a operaciones como la indicada.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El Tribunal de Justicia ha establecido, sin género de dudas, la conexión entre la independencia judicial y los valores de la Unión, en particular, el del Estado de Derecho (art. 2 TUE). Y, a su vez, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (art. 47).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY5vP4kSPv0yi3v6cFMaBR1KtqQdpb4lxjHLYiVxXetm7gYl5WSc6KiBbc-ljgPLXPNFtEy5R40xrP7pVDpfXAoX92gvg4yGTQ4p1eFiIYN8q-0jnw7B34hcsRfS4UW7IhY2mhAkbWk7Yh/s450/grande-salle-audience.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="299" data-original-width="450" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY5vP4kSPv0yi3v6cFMaBR1KtqQdpb4lxjHLYiVxXetm7gYl5WSc6KiBbc-ljgPLXPNFtEy5R40xrP7pVDpfXAoX92gvg4yGTQ4p1eFiIYN8q-0jnw7B34hcsRfS4UW7IhY2mhAkbWk7Yh/w400-h266/grande-salle-audience.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cuestión jurídica siguiente es la de precisar qué requisitos ha de cumplir un Tribunal para que pueda ser considerado independiente. El Tribunal de Justicia de la Unión ha avanzado en la definición de un concepto europeo de independencia judicial, máxime cuando se trata de garantizar, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva y, por otro, la aplicación del Derecho de la Unión. En los litigios que se controvierte sobre el Derecho de la Unión, los Tribunales han de ser independientes para así garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Carta.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sentencia clave es la &lt;a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0585" target="_blank"&gt;Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019 (Asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18&lt;/a&gt; A.K. y otros; Independencia de la sala disciplinaria del Tribunal supremo). Es otra más de las sentencias suscitadas por la regresión anti-democrática seguida por las autoridades polacas para controlar el poder judicial. En este caso, el Tribunal se enfrente a una cuestión prejudicial relativa a si puede ser considerada como independiente una nueva sala creada en el Tribunal Supremo para ejercer la potestad disciplinaria en relación con los jueces. El Tribunal enuncia algunos criterios que se habrán de tener en cuenta en orden a que el tribunal nacional resuelva la cuestión principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En lo que nos interesa, voy a distinguir tres planos de análisis. El primero es el objetivo, el de las reglas. El segundo, es el de la valoración que hacen los ciudadanos sobre la independencia de los tribunales. Y, por último, la conexión entre la independencia judicial y la del órgano de gobierno de los jueces.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="text-align: left;"&gt;Independencia judicial en las reglas&lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;En el &lt;b&gt;primer plano&lt;/b&gt;, el Tribunal vierte unas afirmaciones relativas a las reglas de garantia de la independencia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;primer&lt;/i&gt; lugar, la independencia judicial no es una característica más de los tribunales. El Tribunal identifica tres rasgos esenciales: (1) es inherente a la función jurisdiccional; (2) está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo; y (3) reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho [sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 58 y jurisprudencia citada].[apartado 120]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, la independencia no alude a la configuración organizativa, sino a la esencia de la función jurisdiccional, del derecho fundamental a la tutela judicial y del sistema de protección de los derechos y los valores de la Unión.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;segundo&lt;/i&gt; lugar, la exigencia de independencia comprende dos aspectos. Uno de orden externo (lo que podríamos denominar como la independencia en sentido estricto): supone que el Tribunal "ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones [sentencias de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 63 y jurisprudencia citada, y de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 72]." [apartado 121] &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Y el otro es de orden interno o "imparcialidad". En esta vertiente el tribunal se encuentra en una situación de "equidistancia" con respecto a "las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio". Y añade: "este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencias de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 65 y jurisprudencia citada, y de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 73]." [apartado 122]&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La independencia, en sentido estricto, vendría a ser una cualidad que preserva el ejercicio de la funcion jurisdiccional de cualquier injerencia o presión; en cambio, la imparcialidad, lo protege de los intereses en litigio; la primera de la presión, la segunda, de la parcialidad.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La independencia y la imparcialidad se garantizan mediante reglas relativas a distintos aspectos de los Tribunales. El objetivo es generar, como analizaré más adelante, confianza en los ciudadanos. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;tercer&lt;/i&gt; lugar, el principio de división de poderes garantiza la independencia, por consiguiente, la cláusula de Estado de Derecho, en tanto que aquél principio "caracteriza" a este Estado. Así pues, la división de poderes garantiza la independencia de los tribunales frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, apartado 35).[apartado 124]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;cuarto&lt;/i&gt; lugar, las garantías de la independencia deben proteger a los jueces tanto frente a cualquier influencia directa, en forma de instrucciones, como a las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de que se trate [apartado 125]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las conclusiones que extrae el Tribunal, a la vista de su propia doctrina, las confirma con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que "el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta &lt;b&gt;garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6 del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos&lt;/b&gt; (sentencia de 29 de julio de 2019, Gambino e Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628, apartado 39)." [apartado 118] A tal fin, revista la doctrina del Tribunal Europeo.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="text-align: left;"&gt;Apreciación social de la independencia&lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;El &lt;b&gt;segundo plano&lt;/b&gt; que señalaba es el de la apreciación que los ciudadanos hacen de la independencia. Hay una conexión estrecha con la objetiva de las normas. El Tribunal señala que las garantías de la independencia han de servir al objetivo de "&lt;b&gt;excluir toda duda legítima en el ánimo de los 
justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano 
frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con 
respecto a los intereses en litigio&lt;/b&gt; [sentencias de 25 de julio de 
2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema 
judicial), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 66 y jurisprudencia 
citada, y de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del 
Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 74].[apartado 123]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es
 importante esta "apreciación" o valoración que hacen los ciudadanos 
sobre la independencia. Este elemento subjetivo es relevante. Los tribunales no sólo deben serlo, sino, además, parecerlo, en la consideración de los
 ciudadanos. Y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en esta dimensión, en el análisis que el Tribunal de Justicia lleva a cabo de su doctrina. En la garantía de la independencia, tanto en sentido estricto (protección frente a las injerencias) como de la imparcialidad, 

	
		
		
	
	
		"está en juego la confianza misma que todo tribunal debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 21 de junio de 2011, Fruni c. Eslovaquia, CE:ECHR:2011:0621JUD000801407, § 141)." [apartado 127]. E insiste, "se trata, de nuevo, de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en los justiciables, comenzando por las partes en el procedimiento (véanse, en particular, TEDH, sentencias de 6 de mayo de 2003, Kleyn y otros c. Países Bajos, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 191 y jurisprudencia citada, y de 6 de noviembre de 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, §§ 145, 147 y 149 y jurisprudencia citada)." [apartado 128] Ahora bien, los "temores" de las partes, sobre la falta de independencia e imparcialidad, deben estar "objetivamente justificados" [apartado 129]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, lo que el Tribunal de Justicia afirma que se debe examinar es si el tribunal, a la vista de las reglas y de cualquier otra circunstancia pertinente, "puede suscitar &lt;b&gt;dudas legítimas en el ánimo de los justiciables&lt;/b&gt; en cuanto a la impermeabilidad de la Sala Disciplinaria frente a elementos externos, en particular frente a influencias directas o indirectas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y en cuanto a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, y por lo tanto &lt;b&gt;puede dar lugar a una falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de dicha sala susceptible de menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática&lt;/b&gt;." [apartado 154]&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="text-align: left;"&gt;Independencia judicial e independencia del órgano de gobierno de los jueces &lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;El &lt;b&gt;tercer plano&lt;/b&gt; es el dedicado al órgano de gobierno de los jueces. En el caso objeto de examen, el polaco, el presidente de la república nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. No hay reproche alguno porque lo es a propuesta del órgano de gobierno de los jueces, siempre y cuando "dicho organismo &lt;b&gt;disfruta él mismo de una independencia suficiente respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de la autoridad a la que debe remitir tal propuesta de nombramiento&lt;/b&gt; [véase, por analogía, la sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 116]." "En efecto, el grado de independencia de que goza el CNPJ [órgano de gobierno judicial] frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo en el ejercicio de los cometidos que la legislación nacional le atribuye como organismo encargado, en virtud del artículo 186 de la Constitución, de velar por la independencia de los jueces y tribunales &lt;b&gt;puede ser pertinente a los efectos de apreciar si los jueces que selecciona estarán en condiciones de satisfacer las exigencias de independencia y de imparcialidad que se derivan del artículo 47 de la Carta&lt;/b&gt;." "Es al órgano jurisdiccional remitente a quien corresponderá comprobar si el CNPJ &lt;b&gt;ofrece o no suficientes garantías de independencia frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes tanto de hecho como de Derecho y que se refieran tanto a las condiciones en que se designó a los miembros de dicho organismo como a la manera en que desempeña concretamente su cometido&lt;/b&gt;."&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, no hay independencia judicial si el órgano de gobierno de los jueces no es independiente del Poder legislativo y del Poder ejecutivo. Si el órgano que propone o designa a los jueces no es independiente, tampoco lo serán los jueces propuestos o designados. Y para llevar a cabo tal valoración se habrá de tener en cuenta &lt;b&gt;"todos los aspectos pertinentes tanto de hecho como
 de Derecho y que se refieran tanto a las condiciones en que se designó
 a los miembros de dicho organismo como a la manera en que desempeña 
concretamente su cometido."&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y uno de los aspectos que resultan relevantes que, para valorar la independencia, el Tribunal cita expresamente es el siguiente: "mientras que a los quince miembros del CNPJ elegidos de entre los jueces los elegían en el pasado sus homólogos, &lt;b&gt;ahora los elige una de las cámaras del Poder Legislativo&lt;/b&gt; de entre candidatos que pueden ser propuestos por grupos de dos mil ciudadanos o de veinticinco jueces, &lt;u&gt;&lt;b&gt;reforma que da lugar a que veintitrés de los veinticinco miembros del CNPJ procedan directamente de los poderes políticos o sean elegidos por estos&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;".&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procedencia o elección directa de los poderes políticos de la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de los jueces es relevante para llevar a cabo la apreciación de conjunto sobre la independencia del órgano de gobierno. Indudablemente, un órgano elegido por los poderes políticos no es un órgano independiente de dichos poderes, sea legislativo o ejecutivo. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, no hay independencia judicial sin independencia del órgano de gobierno y este no lo es si la mayoría de sus miembros proceden directamente del poder político. Una conclusión relevante a nuestros efectos, en mitad del debate sobre la mayoría necesaria para la elección de los vocales judiciales del CGPJ.&lt;/p&gt;&lt;div class="page" title="Page 24"&gt;&lt;div class="layoutArea"&gt;&lt;div class="column"&gt;
				&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;
		&lt;/div&gt;
	
</description><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" height="72" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY5vP4kSPv0yi3v6cFMaBR1KtqQdpb4lxjHLYiVxXetm7gYl5WSc6KiBbc-ljgPLXPNFtEy5R40xrP7pVDpfXAoX92gvg4yGTQ4p1eFiIYN8q-0jnw7B34hcsRfS4UW7IhY2mhAkbWk7Yh/s72-w400-h266-c/grande-salle-audience.jpg" width="72"/><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>No regresión democrática</title><link>http://andresbetancor.blogspot.com/2020/10/no-regresion-democratica.html</link><category>Consejo General del Poder Judicial</category><category>Independencia judicial</category><category>poder judicial</category><author>noreply@blogger.com (Andrés Betancor)</author><pubDate>Thu, 15 Oct 2020 19:02:00 +0200</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2010862534616827377.post-697275387950265966</guid><description>&lt;p&gt;El Derecho ambiental, siempre avanzado, ha acuñado técnicas, principios e instituciones que se terminan incorporando al mainstream jurídico. Es el caso del principio de no regresión. En su formulación más ortodoxa, e, incluso, asumida por nuestro Tribunal Supremo, impone que no cabe ninguna reforma que empeore el estado de conservación de un recurso natural. La reforma sólo puede ser “a mejor”; nunca “a peor”. En esto consiste el progreso inspirado por el criterio de la sostenibilidad.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeLVUgYEvkJdlnj-f3S1ggYfLFwZ2lVLkkVCVD4nz4lHYimoJ6BPKSG2PSmTk-elum3qlReqdKJh1gb9rS5AzkukCIUJsE-uQIQtPZ_GoJ3PjCtZwOqU-zI-CR1iVNeo0z4yh3olPjl_OL/s1280/undo-97591_1280.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1226" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeLVUgYEvkJdlnj-f3S1ggYfLFwZ2lVLkkVCVD4nz4lHYimoJ6BPKSG2PSmTk-elum3qlReqdKJh1gb9rS5AzkukCIUJsE-uQIQtPZ_GoJ3PjCtZwOqU-zI-CR1iVNeo0z4yh3olPjl_OL/s320/undo-97591_1280.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Un principio que obedece al sentido común. Si es importante lo que debemos conservar, no se puede reformar para empeorarlo. Este mismo principio se acabará aplicando al ámbito de los derechos fundamentales y, en general, al de la democracia. En algunos países europeos (Polonia, Hungría y Chequia), hemos asistido a reformas que “empeoraban” la democracia y el Estado de Derecho. Han recibido una respuesta negativa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión. &lt;p&gt;En una de sus últimas sentencias, el Tribunal de Justicia resolvió el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra Polonia por la Ley del Tribunal Supremo de 8 de diciembre de 2017 que adelantaba la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo (que pasaba de 70 años a 65 años) pero con la posibilidad, reservada al Presidente de la República, de que se pudiera autorizar discrecionalmente la prolongación. El Tribunal de Justicia resolvió por Sentencia de 24 de junio de 2019 (Comisión v. Polonia; asunto C-619/18) que era contraria al artículo 19 TUE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, o sea, a la tutela judicial efectiva. La conclusión es relevante a nuestros efectos: “Las normas dirigidas a garantizar la independencia y la imparcialidad deben permitir excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de ese órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio” (apartado 108). La Ley polaca era contraria al Derecho de la Unión precisamente porque arrojaba dudas sobre la impermeabilidad y neutralidad del órgano judicial. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios socialistas y de Podemos de reforma del Consejo General del Poder Judicial arroja dudas más que razonables de que cumpla con la exigencia constitucional del Derecho de la Unión de que el máximo órgano de Gobierno del poder judicial sea impermeable frente a elementos externos y neutral con respecto a los intereses en litigio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos los populismos utilizan el mismo lenguaje. La soberanía popular es el argumento estrella, por ejemplo, del primer ministro húngaro Victor Orbán. Es la voluntad del pueblo, la de la mayoría, la que quiere acabar con cualquier obstáculo que se le interponga. En definitiva, hacer realidad la tiranía de la mayoría de la que tanto recelaban los constructores del Estado de Derecho. Como decía Hamilton: “En una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra parte.” Su sistema institucional se asienta sobre unos mecanismos contra-mayoritarios. Son tres los más importantes. El primero, el reconocimiento de unos derechos fundamentales con un contenido esencial indisponible, incluso, por el legislador, es un límite infranqueable. Ninguna mayoría por muy mayoritaria que sea podrá atropellar el contenido que la Constitución reconoce a un derecho. El segundo, la Constitución que es una norma que está por encima de todas las demás normas y, en particular, las leyes de los parlamentos. Sólo puede ser reformada mediante un procedimiento tan complejo en el que sólo la concurrencia del apoyo relevante del pueblo, directamente llamado a expresarse, podrá producir su reforma. Y el tercero y último, sin duda, es un poder judicial independiente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No es fruto del azar el que los principales ataques de nacionalistas y populistas, no sólo en Hungría, Polonia, también en España, se hayan dirigido a los tribunales. Son los que se les interponen a la realización de su proyecto autoritario. Ahora, como los alumnos más aventajados del populismo más reaccionario de Europa, nos anuncian una regresión antidemocrática dirigida a poner a su servicio el órgano contra-mayoritario como es el Consejo General del Poder judicial. Utilizan el mismo argumento: la mayoría parlamentaria. Y desconocen que en toda democracia liberal (no la iliberal de los orban hispanos) es esencial la existencia de instituciones que se encuentran al margen de la lógica mayoritaria parlamentaria. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el fondo, lamentablemente, su propuesta es la evolución lógica del vigente sistema de elección de los vocales del Consejo. Es su lógica culminación. En la actualidad, aún cuando se exige una mayoría reforzada, el Consejo opera reflejando las mayorías parlamentarias, como si se tratase de un órgano parlamentario delegado, e incluso, con sucedáneos de grupos parlamentarios. La propuesta de los grupos socialistas y Podemos coloca ante el espejo de la democracia el vigente procedimiento de elección que lejos de garantizar la independencia de un poder que debe ser contra-mayoritario, lo instrumentaliza a su servicio. E, incluso, para proyectarlo a la judicatura, arbitra un mecanismo discrecional para el nombramiento de la alta magistratura. El espectáculo de trapicheo (partidista y corporativo) que han ofrecido no es la mejor defensa de la institución. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estado democrático de Derecho también está sometido al principio de no regresión; sólo cabe la reforma a mejor, para profundizar la democracia y las garantías del Estado de Derecho. La no regresión exige que el Consejo sea un órgano de garantía de la independencia judicial frente a los políticos y a las mayorías parlamentarias. Las izquierdas están dando una muestra de su populismo autoritario, pero, lamentablemente, llevan al paroxismo un sistema de elección que responde a criterios partidistas. O cuestionamos los pilares del procedimiento seguido, o la siguiente reforma bajará aún más el listón, como pretendían los golpistas catalanes: que el “presidente-de-la-república-que-no-existe-idiota”, elija a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Esa es la democracia del populismo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;(Expansión, 14/10/2020) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;
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		&lt;/p&gt;&lt;div class="page" title="Page 1"&gt;
			&lt;div class="section"&gt;
				&lt;div class="layoutArea"&gt;
					&lt;div class="column"&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style="font-family: 'ArialMT'; font-size: 10pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;"El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 30 de septiembre de 2020, ha aprobado el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A los efectos de dar publicidad y transparencia al mencionado Acuerdo, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta Secretaría de Estado de Sanidad ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a esta resolución." &lt;/div&gt;&lt;p&gt;La Administración General del Estado se limita dar publicidad al acuerdo alcanzado en el Consejo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;segundo&lt;/i&gt; lugar, el objeto del Acuerdo, como igualmente se afirma, es el de que sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública las que relaciona en atención a un objetivo final cual es el de "mantener un control suficiente de la transmisión del SARS-Cov-2 que evite la necesidad de imponer restricciones de mayor impacto con el consiguiente efecto negativo en la sociedad y en la economía del país". &lt;/p&gt;&lt;p&gt;

	
		
		
	
	
		&lt;/p&gt;&lt;div class="page" title="Page 6"&gt;
			&lt;div class="section"&gt;
				&lt;div class="layoutArea"&gt;&lt;div class="column" style="text-align: left;"&gt;&lt;div style="margin-left: 40px;"&gt;"A la vista de lo anterior, en su sesión de 30 de septiembre de 2020, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Primero. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Que sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública &lt;/b&gt;para responder a la situación de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones por COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, las siguientes ..." &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;tercero&lt;/i&gt; lugar, especifica que una cosa es el Acuerdo y otra es la declaración de las actuaciones. Ambas son obligatorias. El Acuerdo tiene, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, carácter obligatorio porque, nos dice el apartado cuarto, "este Acuerdo viene referido a un ámbito material en el que la Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general de la sanidad, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias". Es, concluye, "de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto".&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A su vez, se detalla que 

	
		
		
	
	
		es la "&lt;b&gt;declaración de actuaciones coordinadas &lt;/b&gt;[la que] &lt;b&gt;obligará&lt;/b&gt; a las comunidades autónomas a adoptar, al menos, las medidas que se prevén en el apartado 2 en los municipios de más de 100.000 habitantes que formen parte de su territorio, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:..."&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En el apartado segundo se insiste en la obligatoriedad:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;

	
		
		
	
	
		&lt;/p&gt;&lt;div style="margin-left: 40px;"&gt;"En los supuestos en que &lt;b&gt;la ejecución de las actuaciones contempladas en la Declaración de Actuaciones Coordinadas&lt;/b&gt; requiera de la adopción, por parte de las comunidades autónomas, de algún acto o disposición, estas se adoptarán antes de que transcurran 48 horas desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de las circunstancias previstas en el apartado 1.1."&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Y se concluye, en relación con las Comunidades en las que concurren las circunstancias indicadas en el apartado primero:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;

	
		
		
	
	
		&lt;/p&gt;&lt;div class="page" title="Page 9"&gt;
			&lt;div class="section"&gt;&lt;div class="layoutArea"&gt;&lt;div style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;"si a la fecha de &lt;b&gt;notificación&lt;/b&gt; a la comunidad autónoma de la Declaración de Actuaciones Coordinadas ya existieran municipios en los que concurren las circunstancias previstas en el apartado 1.1, &lt;b&gt;la comunidad autónoma correspondiente adoptará los actos y disposiciones que resulten precisos para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Declaración en un plazo máximo de 48 horas desde en el momento en el que se produzca dicha notificación&lt;/b&gt;." &lt;/div&gt;&lt;p&gt;En coherencia con lo expuesto, en el apartado quinto se concluye:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;

	
		
		
	
	
		&lt;/p&gt;&lt;div class="page" title="Page 9"&gt;
			&lt;div class="section"&gt;&lt;div class="layoutArea" style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;"La &lt;b&gt;Declaración de Actuaciones Coordinadas producirá efectos desde su notificación a las comunidades y ciudades autónomas &lt;/b&gt;y hasta que se apruebe por el Ministro de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades autónomas, la finalización de su vigencia.&lt;/div&gt;&lt;div class="layoutArea" style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="layoutArea" style="text-align: left;"&gt;Por lo tanto, la Declaración es obligatoria desde la notificación. Pero hay un plazo de 48 horas para implementar los actos y disposiciones de ejecución. Y no es necesario esperar a que la Comunidad aprecie la concurrencia de las circunstancias si, en el momento de la notificación, ya cuenta con municipios en los que concurren las circunstancias del apartado 1.1. En este caso, las 48 horas se comienzan a computar desde la notificación de la Declaración.&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;
		&lt;/div&gt;
	
&lt;p&gt;En &lt;i&gt;cuarto&lt;/i&gt; lugar, la Declaración vendría a ser una decisión por la que se obliga a una Comunidad Autónoma para que adopte las medidas pero sólo de concurrir las tres circunstancias que enumera en el apartado 1.1 del Acuerdo. Por lo tanto, (1) el Acuerdo autoriza a quien corresponda (no lo dice, pero es el Ministerio) a que haga una "declaración de actuaciones coordinadas" pero dirigida a una Comunidad Autónoma, que (2) le será notificada, para producir los efectos que correspondan, pero (3) sólo son obligatorias las medidas del Acuerdo si la Comunidad comprueba que se cumplen los tres requisitos que se fijan en el Acuerdo. A partir de ese momento (4) deberá adoptar "actos o disposiciones" para la ejecución de las actuaciones, además, en el plazo de 48 horas, pero desde que se tenga conocimiento de las circunstancias del apartado 1.1.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salvo que a la fecha de &lt;b&gt;notificación&lt;/b&gt; en la Comunidad ya existieran municipios en los 
que concurren las circunstancias previstas en el apartado 1.1. En tal caso, desde la notificación se inicia el plazo de 48 horas.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;quinto&lt;/i&gt; lugar, se sigue la mecanica del artículo 65 de la Ley 16/2003 que explico en otra entrada (&lt;a href="https://andresbetancor.blogspot.com/2020/09/alta-inspeccion-del-estado-en-salud.html" target="_blank"&gt;aquí&lt;/a&gt;). Fue modificado por el Real Decreto-ley 21/2020. La declaración de actuaciones 
coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, 
"&lt;b&gt;previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud&lt;/b&gt;", con audiencia de las comunidades directamente afectadas, “salvo 
en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas
 que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente 
de las medidas adoptadas”. La declaración obliga a todas las partes incluidas en ella.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;sexto&lt;/i&gt; lugar, el Acuerdo del Consejo operaría como una suerte de autorización de ejercicio del poder del Ministro para efectuar la "Declaración de actuaciones coordinadas" que sería obligatoria para la Comunidad correspondiente pero cuya ejecución requiere, por un lado, que la Comunidad aprecie la concurrencia de las circunstancias; por otro, que adopte actos o disposiciones que ejecute las medidas que enumera el Acuerdo, que operan como un mínimo puesto que las Comunidades puede adoptar otras en ejercicio de sus competencias; y, por último, que tiene la Comunidad un plazo de 48 horas para su implementación. Salvo, insisto, que a fecha de &lt;b&gt;notificación&lt;/b&gt; en la Comunidad ya existieran municipios en los 
que concurren las circunstancias previstas en el apartado 1.1. En tal caso, desde la notificación se inicia el plazo de 48 horas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;séptimo&lt;/i&gt; lugar, el poder del Ministro sería previo; resultaría de la distribución de competencias (art. 194.1.16ª CE); conectaría, en última instancia, con la coordinación general en materia de salud, como ya he comentado. Una competencia que le permitiría, al Estado, obligar a una Comunidad autónoma a hacer, a adoptar actos y disposiciones, para ejecutar las medidas para controlar la pandemia.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &lt;i&gt;octavo&lt;/i&gt; lugar, el Acuerdo del Consejo interterritorial ¿qué sentido tendría? y, a continuación, se requiere la audiencia de la Comunidad en relación con la específica Declaración. El acuerdo pretendería fomentar la coordinación en orden a las medidas que se podrían adoptar. Vendría a ser un mecanismo de coordinación que, inicialmente, pretende ser horizontal (consenso, que es el régimen específico de acuerdos del Consejo: art. 73 Ley 16/2003), pero que puede ser vinculante, cuando el Estado hace uso de su función de coordinación (art. 151.2.a) de la Ley 40/2015). Por lo tanto, no es vinculante porque se ha adoptado por mayoría, sino que lo es porque viene respaldado por la función de coordinación del Estado. ¿Qué jurídico sentido tiene el acuerdo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Debemos distinguir varios supuestos:&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;(1) coordinacion estatal + unanimidad; estaríamos ante un supuesto de coordinación horizontal.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;(2) coordinación estatal + no acuerdo; la coordinación sería vertical: el Estado podría imponerla.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;(3) coordinación estatal + acuerdo pero sólo mayoritario; la coordinación sería vertical: el Estado se la impondría a las Comunidades que no han aceptado el acuerdo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: left;"&gt;Por lo tanto, sólo tiene relevancia competencial la coordinación estatal con acuerdo unánime de las Comunidades porque daría lugar a una coordinación horizontal. En los demás, casos, es irrelevante el Acuerdo bien porque lo haya, pero mayoritario, como que no lo haya, porque el Estado impondrá la coordinación en virtud no del Acuerdo, como expresamente dice el artículo 65 Ley 16/2003, sino de las funciones de coordinación que le corresponde. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: left;"&gt;En &lt;i&gt;noveno&lt;/i&gt; lugar,&amp;nbsp; nos encontramos, así pues, con una competencia de coordinación del Estado que puede ser horizontal si hay acuerdo o vertical si no lo hay. En este último caso, el Estado podría imponer la coordinación estableciendo la obligatoriedad de ejecutar ciertas medidas mediante actos y disposiciones. Así lo podría hacer en virtud de la competencia general que la Constitución le atribuye el artículo 149.1.16ª (“Bases y coordinación general de la sanidad”).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: left;"&gt;La intensidad de la coordinación (desde horizontal a vertical) vendrá impuesta por las gravedad de las circunstancias. En el caso de “situaciones de urgente necesidad", como dispone el artículo 65 Ley 16/2003, el Ministerio de Sanidad, la Administración General del Estado, se "tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: left;"&gt;En &lt;i&gt;décimo&lt;/i&gt; y último lugar, el Estado sí que tiene competencias para, en circunstancias extraordinarias, imponerse a las Comunidades que quedan obligadas a cumplir y ejecutar las decisiones del Estado. En definitiva, el acuerdo o no de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial es, jurídicamente irrelevante, salvo si hay consenso. En otros casos, es la competencia de coordinación del Estado la que permite obligar a las Comunidades, acepten o no acepten las medidas acordadas. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

	
		
		
	
	
		&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-family: 'ArialMT'; font-size: 10pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
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Está presente en dos planos, uno general y otro específico, este último, relativo al COVID-19.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el plano general, el artículo 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública concreta el alcance de esta competencia al establecer lo siguiente: &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;1. Tendrá la consideración de autoridad sanitaria estatal el titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública de dicho departamento ministerial con rango igual o superior al de Director General. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. La autoridad sanitaria estatal, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las competencias que le correspondan en materia de salud pública, dictará disposiciones y tendrá facultades para actuar, mediante los órganos competentes en cada caso, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con carácter general, en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública consideradas en la presente ley, así como la &lt;b&gt;adopción de cuantas medidas de intervención especial, de acuerdo con el artículo 52 [debe decir 54], en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población&lt;/b&gt;, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. La autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar el apoyo, auxilio y colaboración de otros órganos administrativos, funcionarios públicos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislación vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Incluso, se habilita la posibilidad de que los agentes de la autoridad sanitaria estatal puedan desarrollar labores de inspección y, a tal efecto, "podrá tomar muestras y practicar las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para la comprobación del cumplimiento de las normas sanitarias" (art. 53). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A su vez, el artículo 54 enumera las “medidas especiales y cautelares”. Son las medidas a las que se refiere el artículo 52 como las actividades que la autoridad estatal puede adoptar. Estas medidas se suman a las que enumera la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pueden adoptar las autoridades estatales, además, lógicamente de las autoridades autonómicas, “cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley” (art. 54.1). Y, a continuación, relaciona ciertas medidas específicas: a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias; b) La intervención de medios materiales o personales. c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias. d) La suspensión del ejercicio de actividades. e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas. f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el plano específico, relativo al COVID, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 dispone que sus medidas se aplicarán “una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Específicamente, el artículo 3 dispone que “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mientras subsista la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Administración General del Estado (1) no se puede desentender y (2) puede adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento del real decreto-ley que tiene por objeto, según el artículo 1, “objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A su vez, el Real Decreto-ley 21/2020 ha modificado el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Introduce las denominadas “Actuaciones coordinadas en salud pública”.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En primer lugar, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, “salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En segundo lugar, la declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tercer lugar, los supuestos que habilitan la declaración son los siguientes: 1.º Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública. 2.º Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y, en cuarto lugar, las medidas que podrán implementarse como consecuencia de la declaración pueden ser, “entre otras”, a las siguientes: &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin-left: 40px; text-align: left;"&gt;a) Utilización común de instrumentos técnicos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas de salud. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aunque el listado de los "mecanismos" no permite una intervención directa, ya que se trata de medios indirectos para atacar directamente las causas de la propagación del virus, hay que tener presente que se trata de un listado no cerrado, meramente orientativo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por lo tanto, la interpretación conjunta del artículo 65 de la Ley 16/2003, con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 21/2020, permite adoptar cuantas medidas sean necesarias. Hay que tener presente que el citado artículo 65 habilita competencias a la Administración General del Estado, por lo tanto, queda habilitada, también, para adoptar cuantas sean necesarias para asegurar el cumplimiento del objetivo del Real Decreto ley que es el de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Administración General del Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para afrontar la crisis del COVID-19. A tal fin, tiene una habilitación competencial general que el Real Decreto-ley 21/2020 ha concretado en los términos expuestos. 



&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;style&gt;
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La política es la acción del Estado (política de Estado) y la que hace de la política del Estado su objeto (política de partidos). &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRdTZn9XArGkFN55_CjgHDTU3w-w2-U5dWlaBUqaXC4bWvcGdfQItpt9N9KmNR5Q7vIMXKWDNlED_msQgXQcqy6hdpFVGExMxAwxpWAe1S8bHd6E1w22YfRyvx5UBkZlFMmVXERfWkvWdg/s1920/the-kaxinawa-3088226_1920.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1273" data-original-width="1920" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRdTZn9XArGkFN55_CjgHDTU3w-w2-U5dWlaBUqaXC4bWvcGdfQItpt9N9KmNR5Q7vIMXKWDNlED_msQgXQcqy6hdpFVGExMxAwxpWAe1S8bHd6E1w22YfRyvx5UBkZlFMmVXERfWkvWdg/w400-h265/the-kaxinawa-3088226_1920.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El Estado es el centro del poder y la política tiene en el poder su objeto principal. Es el gran instrumento de transformación; porque sólo él tiene la capacidad de imponerse. Ni el liberalismo lo desconoce cuando mantiene una ambivalencia calculada. Critica al Estado y al poder, como opresor de la libertad, tanto como los necesita, precisamente, para proteger a la libertad. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;No hay libertad sin Estado, es el terrible desiderátum histórico al que hemos llegado. Nos lo vuelve a recordar Acemoglou y Robinson, en su último libro “&lt;a href="https://www.amazon.es/dp/8423430812/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_4373Eb1ZJQE2C" target="_blank"&gt;El pasillo estrecho. Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad&lt;/a&gt;”. Nos habla del difícil pero imprescindible equilibrio entre Estado y sociedad; entre poder y libertad; el convencimiento de que la libertad no es un prius natural, es un constructo social y jurídico, o sea, estatal. A partir de esta evidencia, la necesidad imperiosa de controlar al Estado; atarlo, como insisten los autores, hasta construir un “Leviatán encadenado”. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;No deja de ser curiosa la conclusión de que la libertad depende del “Leviatán”, el terrible monstruo imaginado por Hobbes. Por mucho que se le encadene, sigue siendo Leviatán. No se convierte en un dulce corderito. Es el monstruo que Hobbes imaginó, para garantizar la seguridad, pagando el precio, precisamente, de la libertad y que ahora se nos presenta como el garante de la libertad. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El Leviatán siempre es Leviatán; si puede, romperá las cadenas. ¿Cómo conseguir que deje de serlo para proteger la libertad? Muy difícil. Porque hay un demonio interior que quiere romper las cadenas: la “voluntad de poder” de la que hablaba Nietzsche. Está presente en todos los seres humanos. Probablemente porque está vinculada a la supervivencia, ese atavismo que late en nosotros desde que los homínidos pululaban por la faz de la Tierra hace más de 2,5 millones de años. Los pusilánimes no sobreviven; sólo los poderosos. El poder es la marca de la vida; la marca de los que sobreviven. Se va reproduciendo en nosotros y aprovecha, oportunistamente, el momento para expresarse. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La voluntad de poder se metamorfea en los políticos en “vanidad”, como afirmara Weber. Es el sentimiento de señorear sobre el poder. Y concluía “no existe deformación más perniciosa de la energía política que el fanfarronear del poder de un advenedizo y la vanidosa complacencia en el sentimiento del poder, es decir, la adoración del poder como tal.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;El político se mide por el poder que ostenta. Y, sobre todo, por la capacidad de utilizarlo a su servicio. Se olvida el para qué; el fin. Es el político para el poder y sólo para el poder. No hay límites, ni la ética. Weber explica la relación entre política y ética. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hay dos tipos de ética de la política, la de las convicciones y la de las responsabilidades. Aquella se mide por la fe de la causa absoluta; la que lo justifica todo, incluso, los medios más repugnantes. Esta otra, es la de las consecuencias. La política es “ética” por los efectos, buenos o malos, que produce. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Entre nosotros se participan de ambas éticas, según convenga: desde el sectarismo hasta el “consecuencialismo”. Las izquierdas pueden hacer de la ética su estandarte, el que divide el mundo entre buenos y malos, al mismo tiempo que, entre los que ellos consideran como de su bando, practicar el “resultadismo”. Llegar a un acuerdo, el que sea, porque son de los “nuestros”, los de la izquierda. Sin embargo, es vanidad, sólo vanidad. Un político, como es Sánchez, ha colocado su interés, sus objetivos, sus fines, sus resultados, su vanidad, por encima de todo. Su “yo” es su ética-ética, y su satisfacción, es el que da sentido a todo, a toda la acción política. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;La vanidad tiene mala prensa. La política es querer utilizar el poder del Estado para el progreso de la sociedad. Y el político se ofrece como el capitán que gobernará la máquina al servicio de los demás. El político vende altruismo, cuando, en realidad, sólo pretende satisfacer la vanidad … pero que no se note. Ignatieff dice que la política es oportunista, … pero que no se note. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Para conquistar los votos requiere del oportunismo; ofrecer lo que en cada momento la sociedad reclama … pero que no se note. El riesgo es caer en el populismo; en el hechicero vendedor de “crecepelo”. No gusta. El ciudadano quiere que se le mime; que se le diga que es lo importante, lo único importante. El conflicto entre la vanidad, la ética de la ética o de la responsabilidad y el oportunismo se resuelve con la mentira. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La mentira se ha convertido en política, así como sus manifestaciones, desde la hipocresía hasta el cinismo. Es la manera de hacer política de Sánchez. Se ha entregado a la vanidad; a la embriaguez más descarnada del poder; a la vanidosa complacencia del sentimiento del poder. Cuando así sucede, no hay límites. Se puede decir y hacer todo lo contrario que un minuto antes se decía y hacía. Los ejemplos que se pueden presentar son conocidos. ¿Qué pensará el ciudadano? ¿qué piensa frente a la vanidad y sus manifestaciones hipócritas y mentirosas? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Es lo que más me preocupa. Todas las democracias han tenido personajes políticos como Sánchez. Es consustancial a la misma democracia porque es uno de los rasgos del político profesional, en términos de Weber. Estamos preparados para la vanidad de los políticos, e, incluso, su hipocresía y su cinismo, pero no lo estamos a la de los ciudadanos. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Un Estado democrático de Derecho con ciudadanos vanidosos, hipócritas y cínicos, tiene que soportar un elevado coste: la desconfianza. Los políticos engañan, los ciudadanos engañan. Una espiral que carcome al Estado. El contexto histórico no puede ser más inoportuno. Un paso más en el proceso de debilitamiento en un momento de máxima debilidad. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Podemos soportar a un Sánchez vanidoso, hipócrita y cínico, pero no a una ciudadanía vanidosa, hipócrita y cínica. Es lo que hay que evitar; la toxicidad que corrompe nuestra alma. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Expansión, 30/12/2019)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9P-sTBODsNjkz-UhlIY65ylmIKkAMUZRR2fg51Hxv2NmcyLnBzUf5PaPOvKmT0Wrw8VTPDwc0RAPvCskoVhwjiVCO08RNrmfiwZQzKzFN4eUvjBbtV2XEIE0ZEg9hYP2mJaNnGVucxIN-/s1629/EXP31DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1629" data-original-width="1528" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9P-sTBODsNjkz-UhlIY65ylmIKkAMUZRR2fg51Hxv2NmcyLnBzUf5PaPOvKmT0Wrw8VTPDwc0RAPvCskoVhwjiVCO08RNrmfiwZQzKzFN4eUvjBbtV2XEIE0ZEg9hYP2mJaNnGVucxIN-/w375-h400/EXP31DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39.jpg" width="375" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt; &lt;!--
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Y son los que sentimos tras la &lt;a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221795&amp;amp;doclang=ES" target="_blank"&gt;Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión en el caso Junqueras&lt;/a&gt;. Amnesia (“no me lo puedo creer”), alteraciones gástricas (“dolor de estómago”), cefalea (“cómo vamos a resolver este desastre”), ortostatismo (cuántas horas hemos estado sentados intentando encontrar una respuesta) y dolor, mucho dolor (“¿por qué nos hacen esto?”), flatulencias, algunas y embotamiento nervioso, mucho. &lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheyeNB_RNbyC3wd8gp8Z9X3CytpSD0caKEDNm7dHde0IbbIDtufaWZ_JKWQ1XEaqpeTd9ydisvo2S0p_FM5BnHIkEaGmZSgWKep6NWGE1injY0f0hyexhmbkeJKP4KZV7ZHchSUu9FEh13/s1050/EXP24DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39+copia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1050" data-original-width="607" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheyeNB_RNbyC3wd8gp8Z9X3CytpSD0caKEDNm7dHde0IbbIDtufaWZ_JKWQ1XEaqpeTd9ydisvo2S0p_FM5BnHIkEaGmZSgWKep6NWGE1injY0f0hyexhmbkeJKP4KZV7ZHchSUu9FEh13/w231-h400/EXP24DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39+copia.jpg" width="231" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;En el plano de la doctrina judicial, afirma que se accede al cargo de diputado europeo con la publicación del resultado electoral. Se marca el camino para la eliminación entre nosotros del acto de acatamiento. El proverbial papanatismo de algunos encuentra el argumento fuerte para terminar de liquidar lo iniciado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1990. Se accede sin más con el resultado electoral. Todo lo demás, puro teatro. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se rompe con la tradición plenamente asentada en nuestro Derecho y en otros según el cual el efectivo ejercicio del cargo requiere no sólo de la elección, el nombramiento, sino también de la toma de posesión. Este acto es el de manifestación de la voluntad de aceptar todas las obligaciones del cargo que tienen tres dimensiones: ante el Estado (en la persona de su Jefe del Estado), ante la Ley (en la expresión máxima que es la Constitución) y ante la institución en la que el cargo se inserta. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La elección no es más que la primera fase, muy importante, pero que se embute en un procedimiento en el que se deben desplegar las otras. Desde el Derecho romano, el nombramiento requiere de la aceptación que opera como la traditio, de ahí que hablemos de “tomar posesión” del cargo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La doctrina del Tribunal se refiere al Derecho europeo, no al español. Insisto, esperemos que, por el proverbial papanatismo de algunos, no se liquide una institución de nuestro Derecho que tiene toda la lógica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;La otra dimensión, conflictiva y lamentablemente, convertida en arma política, es la incidencia que puede tener sobre la condena impuesta a Junqueras al haberse producido sin que el suplicatorio se hubiese solicitado y obtenido. La inmunidad de los diputados es un privilegio personal de protección de la institución parlamentaria. No es un derecho individual. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se arbitró, en el constitucionalismo, para preservar la independencia del Parlamento. Así lo ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional. No parece que la condena, por unos hechos producidos con anterioridad a la elección, haya comprometido a la independencia de la Cámara europea. En consecuencia, la omisión de este trámite no debería provocar la anulación de la Sentencia. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;En otra dimensión se sitúa si, en ejecución de la Sentencia, se le debe permitir a Junqueras tomar posesión para inmediatamente después ejecutar la inhabilitación a la que ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Se podría entender que la ejecución es imposible, máxime cuando la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión fue solicitada mientras Junqueras estaba en prisión provisional. Habrá que estar a lo que resuelva el Tribunal Supremo en estos días. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este punto, el Derecho entra en conexión con el relato. Somos sus víctimas en los últimos tiempos. Es significativo que hemos pasado de los argumentos al relato. No es importante tener razón, expresarlo con argumentos, y demostrar que el juicio sostenido es el razonable. No. Lo importante es contarlo como un cuento dirigido a los dummies que relate de manera coherente, simple y comprensible una historia. Porque lo importante no es tener razón, es convencer. Y todo vale, incluida, especialmente, la mentira. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A los dummies les están intentando convencer, incluso, alentados por Sánchez y sus adláteres, de que, en Cataluña, como ha sintetizado ERC, el gran constructor del nuevo relato, hay un conflicto político, que se debe solucionar mediante la negociación entre los Gobiernos/Estados, poniendo fin a la represión. Las tres palabras mágicas estructurantes del relato son conflicto político, solución política y represión. La liberación de Junqueras sería el éxito de las tres coordenadas; la confirmación de que Sánchez entra, definitivamente, en ese marco conceptual al que la política se ha de ajustar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Junqueras ha afirmado desde prisión que el referéndum es inevitable, y la independencia irreversible. Al margen de la carencia de lógica de esas palabras (si la independencia es irreversible, el referéndum sobra), está marcando el camino. Vuelve otra vez a marcar el camino. Incluso en el supuesto de que en la negociación Gobierno/Gobierno se pudiese pactar/acordar el referéndum, tendría que superar el obstáculo de la Constitución. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La vía sería interpretar que el artículo 92 de la Constitución permite un referéndum consultivo sobre cualquier asunto, incluso, la liquidación de uno de los pilares de la arquitectura constitucional, la unidad de la nación. Una interpretación que debería ser avalada por el Tribunal Constitucional. Y los tiempos corren a favor del éxito de esa interpretación. No se debe olvidar que el Tribunal Constitucional tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados. No me extrañaría que la primera manifestación del acuerdo de gobierno socialista-podemita-secesionista sea el control del Tribunal. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El año 2020 va a ser, me temo, un año en el que viviremos unas tensiones políticas reduplicadas porque a la debilidad de Sánchez, fruto de su determinación de mantenerse en el poder a cualquier precio, será respondida con la determinación del secesionismo de obtener lo máximo. El cuadro le es propicio. Y es lo razonable. Cuando enfrente tienes a un negociador entregado, pide lo máximo, te lo dará. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;A este riesgo para la arquitectura constitucional y de la convivencia pacífica entre españoles se le ha de sumar la inclinación a que aquella debilidad se pretenda compensar con la fortaleza del populismo de extrema derecha. ¿Otra vez más, los españoles deberemos sufrir las consecuencias del frentismo? Ojalá no sea así. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Expansión, 24/12/2019)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO9an1y1rpn4aBd2cVz0bNhZV9gUR69YnsibNlvbZ7SuBl9AN7aEZD1NmRUkpSSKMzlQz9O3EkJitGwkfgic4Hh0Xbw_fTkYQV9cOj2CnsVGdf06bw-pEqytZytt8wag0RkglN0AD7TdXj/s1646/EXP24DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1646" data-original-width="1546" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO9an1y1rpn4aBd2cVz0bNhZV9gUR69YnsibNlvbZ7SuBl9AN7aEZD1NmRUkpSSKMzlQz9O3EkJitGwkfgic4Hh0Xbw_fTkYQV9cOj2CnsVGdf06bw-pEqytZytt8wag0RkglN0AD7TdXj/w376-h400/EXP24DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+39.jpg" width="376" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt; &lt;!--
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Cómo Occidente ganó la Guerra Fría, pero perdió la paz&lt;/a&gt;”, indagan en las causas del anti-europeísmo de los países del Este, en particular, de Hungría, Polonia y Chequia. La democracia iliberal, término acuñado por Orban, el primer ministro húngaro, ha encontrado un suelo fértil en el que prospera por la arrogancia de los Estados occidentales. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El fin de la Historia (Fukuyama) en el año 1989 fue entendido como que sólo hay una Historia, la contada por los Occidentales y conforme a los parámetros del Estado democrático de Derecho. Desde esa fecha, era legítimo exponer e imponer a los demás que sólo había una manera de vivir, de ser “civilizado”; en la que sobraban los nativismos, las singularidades, lo propio. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Frente a la arrogancia se ha erigido la identidad. La que nos identifica como parte de un grupo trenzado de reglas, principios, costumbres, ... Compaginar esa identidad con otra como la europea es arduo y complejo cuando esta última es más burocrática que emotiva. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Ahora comenzamos a sufrir y más que sufriremos en nuestras carnes, la arrogancia europea. Un malestar que podría extenderse en un país particularmente europeísta como el nuestro. La &lt;a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221795&amp;amp;doclang=ES" target="_blank"&gt;Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 19 de diciembre de 2019&lt;/a&gt; (&lt;span id="pagePrincipale"&gt;asunto C‑502/19; Junqueras) &lt;/span&gt;es una bofetada a nuestro Derecho que tiene consecuencias de mucho calado. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;En primer lugar, en relación con Junqueras, se alimenta la duda de si, habiendo sido condenado por el Tribunal Supremo cuando era diputado, pero sin haberse solicitado el suplicatorio, el fallo es nulo por ser contrario al Derecho de la Unión. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Según el Tribunal, los diputados europeos lo son desde el momento en que se produce la proclamación de los resultados electorales. Ya reunía esa condición cuando fue condenado. Pero lo fue violentando la inmunidad de la que disfrutan, conforme al Derecho español. Según la Constitución, los diputados “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (art. 71.2). &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Producida la condena, violentando esta regla, con el añadido de la inhabilitación, surge la duda de si anula o invalida la Sentencia. En otros términos, si la violación de la inmunidad tiene consecuencias invalidantes de la condena. El Tribunal Supremo deberá resolver cuando tenga que ejecutar el fallo interpretativo del Tribunal. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Podría sostenerse que la inmunidad es un privilegio que tiene como objetivo fundamental o esencial proteger la independencia de la Cámara. La inmunidad no es un derecho individual; es un privilegio asociado a la protección del Parlamento. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Esta dimensión institucional es la que ha sido destacada por la jurisprudencial del Tribunal Constitucional quien ha subrayado que “no puede concebirse como un privilegio personal que se establece en beneficio de los diputados o senadores, al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de los jueces y tribunales, sino que tiene una finalidad de protección del conjunto de funciones parlamentarias vinculada a la proclamación de la inviolabilidad de las Cortes Generales (art. 66.3 CE)” (así,  por  ejemplo,  SSTC  90/1985,  de  22  de  julio; 206/1992, de 27 de noviembre; o 123 y 124/2001, de 4 de junio). &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Por lo tanto, no puede deducirse que la condena, sin suplicatorio, comprometa la independencia de la Cámara, en este caso, el Parlamento Europeo. Me parece que ésta es la interpretación que el Tribunal Supremo sostiene cuando plantea la Cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo en mitad del proceso y antes de producirse el fallo, sin que, la falta de sentencia del Tribunal de la Unión, le impidiese condenar a Junqueras. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;En segundo lugar, la ejecución de la doctrina del Tribunal de Justicia va a ser compleja. Como la inhabilitación no tiene efectos retroactivos, por lo tanto, sus efectos se producen siempre desde la condena, ejecutar el fallo supone reconocerle la condición de diputado, para luego inhabilitarlo. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Reconocer que ha accedido a la condición de diputado, para, inmediatamente, disponer que el disfrute de esa condición es imposible por la inhabilitación. Un reconocimiento formal, derivado de la propia Sentencia que establece que “la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, a efectos del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, se produce por el hecho y desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuada por los Estados miembros.” Efectuada esta proclamación, se deben considerar, a todos los efectos y, en particular, los de la inmunidad, como diputados. No se necesita nada más. Ni tomar posesión ante la Junta electoral, ni acatar la Constitución. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;En tercer lugar, en relación con Puigdemont y otros, se benefician de que, con la doctrina expuesta, ya son diputados. Este hecho me produce un particular dolor. Como miembro de la Junta electoral central sostuve y apoyé que no pudiesen concurrir a las elecciones por el hecho indiscutido de la falsedad de su inscripción censal. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Con el “buenismo” que caracteriza a algunos, el Tribunal Supremo, tras declararse incompetente, indicó, al margen de los cauces procesales, cómo los tribunales inferiores debían resolver para que se pronunciaran a favor del recurso de Puigdemont, lo que habilitó que pudieran concurrir a las elecciones. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Una vez ganada la condición de diputado, desde el momento de la proclamación oficial, disfruta de los privilegios que el Derecho de la Unión le reconoce, en particular, el de la inmunidad. La cuestión práctica es la de si será o no detenido a su llegada a España. Tiene viva una orden de detención. Sigue siendo objeto de investigación judicial por unos hechos que han dado lugar a una sentencia condenatoria. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Un aspecto controvertido es el de la medida de prisión provisional. Según el Tribunal de la Unión 1) goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, incluso, cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves; 2) la inmunidad implica el “levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta”, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas; pero 3) si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que “debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad”. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La cuestión clave es qué se entiende por “mantener” la medida de prisión. Se podría entender que el electo, ya detenido y en prisión, espera que se conceda el suplicatorio, sólo así se podría entender lo de “mantener”, máxime cuando la prisión provisional sólo tendría sentido como medida cautelar asociada a la efectividad de la investigación penal. En consecuencia, podría ser detenido e ingresado en prisión. Ahora bien, ¿tendrá voluntad el Gobierno de Sánchez de que así se haga? &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Por último, la petición de suplicatorio dará lugar a un juicio político en el Parlamento europeo que podría prolongarse durante muchos meses. Los secesionistas lo convertirán, con sus aliados europeos, en un juico contra la democracia española. Un trago muy amargo y complicado que manejado erróneamente puede dar alas a los anti-europeístas. Lamentablemente, sólo les podremos hablar de esperanza de que la arrogancia de algunos terminará cambiando y que no puede hipotecar nuestro futuro europeo.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Expansión, 20/12/2019)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4ijaobkV9IH1I7is4jevEH5NqaQeqXPTDc5esjG8Zv9r1djTfGEhyphenhyphenqV-FVuuA7O_B4C-I8i45n-3xOEetbauQr1dMm8TgMPz6mDhtsTYGcB3yPFpjvEliLOhyWzu-xV0YuhyN6-AJy8n/s1656/EXP20DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+43.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1656" data-original-width="1540" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4ijaobkV9IH1I7is4jevEH5NqaQeqXPTDc5esjG8Zv9r1djTfGEhyphenhyphenqV-FVuuA7O_B4C-I8i45n-3xOEetbauQr1dMm8TgMPz6mDhtsTYGcB3yPFpjvEliLOhyWzu-xV0YuhyN6-AJy8n/w373-h400/EXP20DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+43.jpg" width="373" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;br&gt;&lt;/style&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;!--
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Cómo reaccionan los países en los momentos decisivos&lt;/a&gt;” explica que las crisis que sufren los Estados son de dos tipos: o las explosivas o las que se van cultivando a lo largo del tiempo. En este último, se van dando pasos hasta que, sorpresivamente, sobreviene la crisis. Era impensable que naciones con una larga tradición democrática, por ejemplo, Chile, pudiesen alumbrar, en un momento determinado, una dictadura sangrienta que gobernó durante dieciséis años. Qué decir de la Guerra civil española. La crueldad con la que se emplearon unos y otros. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxg9zaRSFVW3bTrckIeOyQJGWbXrqlwAkZLvvqKKB7sX5HSfvx2pNl5rvw3mIuCr_D_E7cYQJU-pRygjY4e3j_0cuqy0dN62yN_2-0O7XyAqbkoXqZZOE5baToMOQxEccfg_o_-Cw93x3f/s920/EXP10DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47+copia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="920" data-original-width="606" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxg9zaRSFVW3bTrckIeOyQJGWbXrqlwAkZLvvqKKB7sX5HSfvx2pNl5rvw3mIuCr_D_E7cYQJU-pRygjY4e3j_0cuqy0dN62yN_2-0O7XyAqbkoXqZZOE5baToMOQxEccfg_o_-Cw93x3f/w264-h400/EXP10DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47+copia.jpg" width="264" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Fernando del Rey, en su nuevo libro “&lt;a href="https://www.amazon.es/dp/8417747885/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fv73EbQ5XPZZ2" target="_blank"&gt;Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española&lt;/a&gt;”, prueba de manera contundente la crueldad con la que se aplicaron los que antes habían sido vecinos, amigos, compañeros, conocidos, … en los pueblos de La Mancha desde julio de 1936 a febrero de 1937. Se llegó a tal grado de violencia insolente, tras un proceso de degradación, de encono, de odio, … que se fue alimentando poco a poco hasta que encontró el marco para su explosión. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cuando las instituciones desaparecieron, cuando ni los tribunales, ni las autoridades, ni los alcaldes, ni la guardia civil, nada ni nadie, mantuvo el orden, afloró lo que se había cultivado: el rencor. La violencia descrita causa estupefacción. Aún más cuando fue entre personas que antes mantenían una relación. Y afloró. La crisis, en su dimensión histórica, fue explosiva como la guerra, y larvada como el proceso de liquidación de las instituciones mediante el cuestionamiento de su legitimidad. Y cuando las instituciones desaparecen, cae el muro de contención, los odios cobran existencia y acaban con la vida de miles de personas. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Diamond nos advierte que, ﻿entre los factores que inciden en el desenlace de las crisis nacionales, se encuentra la experiencia histórica. Diamond destaca los éxitos, pero también los fracasos son fuente de enseñanza. La Historia es el campo de aprendizaje de los triunfos, pero también de los desengaños. Aunque hay una diferencia: las frustraciones colectivas no cohesionan tanto como los éxitos colectivos. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Recordar la Guerra Civil es rememorar un fracaso, pero es una advertencia de lo que sucede cuando las instituciones caen por el esfuerzo coordinado de unos y de otros en liquidarlas por el camino de socavar su legitimidad. Cuando las instituciones cayeron, se acabó con el muro que sujetaba los odios cultivados durante tanto tiempo en una espiral frentista en la que los extremos se necesitan. Las instituciones nos salvan de la barbarie, incluida, la de los seres humanos contra otros seres humanos. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;El silencio es una fuerza arrebatada de deslegitimación. En el comunicado conjunto firmado por el PSOE, PSC y ERC en ningún momento se dice quiénes son los sujetos del conflicto político. Uno de los puntos más criticados del comunicado del pasado día 3 de diciembre es en el que se dice: “En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente. … hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento.” ¿Quiénes son los protagonistas del conflicto? ¿cuál es el objeto de la disputa? Nada se dice. Silencio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un silencio ensordecedor. Todo el mundo ha entendido a quiénes se refiere. En este periódico, por ejemplo, en la crónica de la reunión, se puede leer: “los equipos negociadores del PSOE y ERC cerraron ayer su segundo encuentro con avances poco más que simbólicos, que se resumen en el pacto de un comunicado conjunto, …, y en la reafirmación de su diagnóstico de que en Cataluña existe «un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente». Se refieren, no hay duda, a Cataluña. Ahora bien, ¿un conflicto “en” Cataluña o “sobre” Cataluña? O acaso, ¿entre España y Cataluña? Otros medios hablan del “conflicto catalán” (agencia EFE). Silencio. Es significativo que se acalle que la negociación es a tres: la presencia del PSC no es comentada. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se califica de “político” el “conflicto”, así como la solución. ¿Qué se entiende por política? El silencio juega con el equívoco; el peligroso equívoco de que ese innominado conflicto no admite otras soluciones. Más peligroso es dónde queda la Constitución y la aplicación del Derecho cuando, como hemos visto, una de las partes que hoy se sienta a negociar, decide emprender otro camino, igualmente político, como han subrayado, pero contrario a las reglas del Derecho. No olvidemos que tanto el 1-O como los presos son políticos para ERC. Es política y sólo política. En el otro lado, en el lado del PSOE, al menos, hasta ahora, entendíamos que, al contrario, tanto el 1-O como los presos, son un asunto de la Ley, de la aplicación del Derecho. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si “hay” un conflicto político y que “debemos resolverlo políticamente”, esa constatación, reconocida por las partes, supone, por un lado, el cuestionamiento de la reacción del Estado democrático de Derecho mediante la aplicación del Derecho (porque los problemas políticos no se solucionan jurídicamente), y, por otro, el compromiso de que se va a desactivar la reacción jurídica de las instituciones del Estado. Ni Tribunales, ni Fiscalía, nada de nada. Tampoco el mecanismo de la coacción federal del artículo 155 CE. Política y sólo política. Esto es relevante cuando la Administración penitenciaria catalana vaya a aplicar, como se anuncia, los beneficios a los sediciosos golpistas. ¿Qué hará la fiscalía? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cuestión importante no es si los negociadores tienen autoridad, competencias y facultades para acordar lo que nos dicen. Lo importante es que para hacerlo realidad (política y sólo política) se habrán de servir de todos los mecanismos a su alcance para condicionar la actuación de las instituciones del Estado, caso de los Tribunales o de la Fiscalía. O, rechazarán que el Senado pueda aprobar la aplicación de la coacción federal. En todo caso, se silenciarán las exigencias de la Constitución. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Con ser importante lo dicho, lo más relevante se mueve en el terreno de lo simbólico: se da un paso más en el camino de la deslegitimación de las instituciones. Calificar de política la solución, así como el conflicto, delimita en negativo el papel y las funciones de las instituciones del Estado; se traza una frontera sobre qué es lo que pueden hacer y qué no hacer. Una frontera dibujada en una mesa política por partidos políticos. Uno de los cuales, no lo olvidemos, tiene como objetivo acabar con el Estado democrático de Derecho instituido por la Constitución española de 1978. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cuando el Derecho, la Constitución y las instituciones del Estado democrático de Derecho caen rendidos ante el dios de la política, es porque se admite que no hay límites. ¿Qué es la política sin límites? La tiranía, cuando el silencio es ensordecedor, los derechos son pisoteados. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Expansión, 10/12/2019)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio3QT8mrun_dL_ZPkbLF95jp047umH4zH8agrNONn9PYNoPQlpcznNzmVPd-G3Hm-8tmDFSuHOxxckX3BhzrsyMDXNVWH_6_2qxie6liywmY9xo5Ujv7wIt6o6c_mwhMFkQ3_Xl5mI_mBv/s1639/EXP10DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1639" data-original-width="1516" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio3QT8mrun_dL_ZPkbLF95jp047umH4zH8agrNONn9PYNoPQlpcznNzmVPd-G3Hm-8tmDFSuHOxxckX3BhzrsyMDXNVWH_6_2qxie6liywmY9xo5Ujv7wIt6o6c_mwhMFkQ3_Xl5mI_mBv/w370-h400/EXP10DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47.jpg" width="370" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;br&gt;&lt;/style&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt; &lt;!--
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La política se banaliza para convertirse en imagen con la que convertirse en audiencia. Esta es, nos dice el Diccionario de la Lengua española, el “número de personas que reciben un mensaje a través de cualquier medio de comunicación”. Es más un número, una cantidad que, cuanto mayor, mejor. El precio a pagar es la simplificación. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Una imagen vale más que mil palabras, el viejo dicho que sigue teniendo toda su validez. Se quiere llegar al mayor número de personas, pero no quiere decir a más ciudadanos. Sin embargo, engendra mayoritariamente profundos sentimientos negativos. A los españoles, según la encuesta del CIS de junio-julio 2019, la política les suscita desconfianza (34 % de los encuestados), aburrimiento (15,8%) e indiferencia (13,3), pero también irritación (9,2%). &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La tentación es, entonces, la política espectáculo; la nueva adicción. Más y más, porque lo anterior ya no causa audiencia. Es significativo que el espectáculo de hace unos meses, incendiado por la presencia de los ya convictos de sedición golpista en Cataluña, del falaz acatamiento a la Constitución para acceder a la condición de diputado, se ha integrado en la “normalidad” política. La audiencia es volátil. Se ha consolidado que se pueda denigrar a la democracia española en sede parlamentaria ante la indiferencia de aquellos que han de garantizar su respeto. Sin consecuencia alguna. Se sientan las bases, de la adicción política, de un nuevo escándalo que engalane el proceso de huida hacia el infierno. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrv1EdGHbTfNMAl5gw6duU-Nm_8GfsB7FxoSHVrzHJtkdzZn-hlA0FuXJLOEAojL6Fx47Wr_J08yK_SS6L61ENIXnlQVGUfyLtkc0RID405e1HYRJ-tgE-6RS-fh8n_otKEB-Umk0VuH_T/s763/WEB04DI+-+Madrid+-+OTRAS+VOCES+-+pag+21+copia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="763" data-original-width="643" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrv1EdGHbTfNMAl5gw6duU-Nm_8GfsB7FxoSHVrzHJtkdzZn-hlA0FuXJLOEAojL6Fx47Wr_J08yK_SS6L61ENIXnlQVGUfyLtkc0RID405e1HYRJ-tgE-6RS-fh8n_otKEB-Umk0VuH_T/s320/WEB04DI+-+Madrid+-+OTRAS+VOCES+-+pag+21+copia.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nada más opuesto a las exigencias de la situación presente de España. Cuando hay una tensión centrífuga tan fuerte que amenaza con acabar con la configuración actual, particularmente, territorial, del Estado democrático de Derecho, más y más importante ha de ser el respeto a las instituciones. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;El rito es un mecanismo de valorización institucional; de observancia de la importancia de las instituciones del Estado democrático de Derecho. No es extraño que se le rodee de cierto carácter sagrado, como sucede, por ejemplo, como comenté en la Tribuna que publiqué el pasado día 1 de junio, en el Reino Unido, donde los miembros de ambas Cámaras, la de los Comunes y la de los Lores, tienen, antes de asumir sus mandatos, que leer un juramento (“Juro por Dios Todopoderoso que seré fiel y leal a Su Majestad la Reina Isabel, a sus herederos y sucesores, de acuerdo con la ley. Que Dios me ayude”) o promesa (“Declaro y afirmo de manera solemne, sincera y verdadera, que seré fiel y leal a Su Majestad la Reina Isabel, sus herederos y sucesores, de acuerdo con la ley”) establecido en la Ley (&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/19" target="_blank"&gt;Oaths Act 1978&lt;/a&gt;). No cabe posibilidad alguna de alteración o añadido. En caso contrario, no pueden ejercer ninguno de los derechos, incluido el de tomar asiento y participar en las deliberaciones. Si así lo hicieran serán castigados y su “plaza quedará vacante como si hubieran fallecido” (Parliamentary Oaths Act 1866). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;El acatamiento a la Constitución por parte de diputados y senadores es la manifestación de la aceptación de todo lo que implica, en términos de deberes, el desempeño del cargo. La Constitución y la legislación distinguen entre elección, proclamación (nombramiento) y toma de posesión (juramento/promesa). Con el nombramiento se accede al cargo, en los términos del artículo 23 CE, pero el acceso no equivale al disfrute automático de sus prerrogativas. Se requiere cumplir con una condición: la aceptación. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El Reglamento del Congreso exige que los diputados juren o prometan acatar la Constitución (art. 4). El Reglamento del Senado, con mayor corrección, establece que la prestación de juramento o promesa es requisito para la “perfección de la condición” de senador. Y hasta tanto no se perfeccione, los senadores “no devengarán derechos económicos ni podrán participar en el ejercicio de las funciones constitucionales de la Cámara” (art. 12). &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;El juramento o promesa es la condición de perfeccionamiento porque es la expresión de la voluntad de la aceptación del mandato y de todas las consecuencias asociadas impuestas por la Constitución. La aceptación tiene, bajo el ropaje del acatamiento a la Constitución, tres corolarios relativos al Estado, a la Ley y al cargo. No se puede ejercer/disfrutar de ningún cargo/mandato en nuestro Estado democrático de Derecho sin hacer una manifestación de voluntad de asentimiento de lo que supone en los tres órdenes indicados. En eso consiste el acatamiento a la Constitución: lealtad para con el Estado (en la persona del Rey), la sujeción al Derecho y el cumplimiento de los deberes del cargo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;El Abogado General Szpunar, en las Conclusiones que ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el marco del proceso penal suscitado contra Oriol Junqueras y otros, de fecha 12 de noviembre de 2019, al considerar que Junqueras disfrutaba de inmunidad desde el momento de su elección popular, viene a confirmar la distinción en la que se basa el Derecho español (y también europeo). &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se podrá obtener la condición de diputado en el momento de la elección, pero eso no impide que el Derecho pueda condicionar el disfrute de la plenitud de derechos a la manifestación de acatamiento a la Constitución. “Puedo por tanto admitir que, según el Derecho español, la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española, a la que están obligados, con arreglo al artículo 224 de la Ley electoral, los diputados al Parlamento elegidos en España, pueda ser un requisito para que estos asuman efectivamente sus funciones”. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Y más adelante reitera, en relación con los diputados europeos, que se trata de un “requisito para el ejercicio efectivo del mandato, pero de ningún modo para su adquisición, que se deriva únicamente del resultado de las elecciones”. Aunque no termina de entender, Szupnar, la mecánica de la aceptación o recepción del cargo mediante el juramento o promesa, al menos admite que el ejercicio efectivo del mandato esté condicionada por el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Admitido este requisito, entramos en otro plano cuando se habla de la veracidad, no sólo moral o religiosa, sino también jurídica, del acatamiento. Todos entendemos que, si se exige acatamiento, éste debe ser sincero, porque, en caso contrario, ¿qué sentido, que finalidad, que funcionalidad jurídica tendría? No se trata de hacer una prospección interior. Bastan las manifestaciones externas que sí pueden constituirse en indicios suficientemente poderosos de la inveracidad del acatamiento. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;La manifestación de voluntad de aceptación ha de ser, como resulta lógico, libre e incondicionada. El elegido/nombrado no puede someter la aceptación a nada que la desmienta en las tres dimensiones del acatamiento a la Constitución, las relativas al Estado, a la Ley y al cargo. No es posible considerar que se acepta el cargo y sus obligaciones, cuando se dice obedecer a razones que desmienten aquel acatamiento. Así, como describía este periódico, los diputados de Bildu acataron en euskera "por la república vasca" o los de JxCat "por la república catalana" y los de ERC "por la libertad de los presos y las presas políticos y hasta la constitución de la República catalana, por imperativo legal", o "con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados". Y siempre "por imperativo legal". Estas palabras no pueden sanar lo que es la evidencia de la falsedad del acatamiento. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;¿Cómo se puede considerar que se respeta de manera sincera la Constitución cuando se manifiesta que se jura o promete por otras razones que la niegan radical y absolutamente? No hace falta hacer un examen de conciencia. La manifestación exterioriza la falsedad del acatamiento. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La política se ha convertido en audiencia para derrotar a la abulia de la política, lo que la hunde aún más en la indiferencia. Sigue avanzando por el camino que la aleja del ciudadano para acabar en el del número-persona. Los escándalos se normalizan. Se hace imprescindible nuevos y más escandalosos escándalos. Un círculo vicioso que daña a las instituciones. Cuando más fuerte e intenso es el ataque centrífugo, más importancia tiene el ancla institucional. Los que gestionan con frivolidad la corrección de sus exigencias son los tontos útiles de la liquidación.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(El Mundo, 4/12/2019) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiffPMBjw4KPu1pvlJNvO6c3s2CEW65WByxM-b0FcI5OMRolItNGTWQBW-AwE-HFZoQXZIGyDSXh9HUpxd1_TdgPlNE7c51o7-qLiu3gIUmPBRRqaP_CgLwEIGieDAHgVpJu0KEjgjG0Ki/s2185/WEB04DI+-+Madrid+-+OTRAS+VOCES+-+pag+21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="2185" data-original-width="1706" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiffPMBjw4KPu1pvlJNvO6c3s2CEW65WByxM-b0FcI5OMRolItNGTWQBW-AwE-HFZoQXZIGyDSXh9HUpxd1_TdgPlNE7c51o7-qLiu3gIUmPBRRqaP_CgLwEIGieDAHgVpJu0KEjgjG0Ki/w313-h400/WEB04DI+-+Madrid+-+OTRAS+VOCES+-+pag+21.jpg" width="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;br&gt;&lt;/style&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;!--
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Paseando por la carrera séptima me iba topando, el día del paro nacional, el pasado día 27, con multitud de jóvenes que se quejaban del Gobierno del Presidente Duque. Se ha hecho famoso en Colombia el meme en el que, a un niño de 5 años, aproximadamente, se le preguntaba el porqué “participaba” en la protesta: “Por las pensiones”. Es una broma para mostrar la multiplicidad de las quejas. Todo el mundo está enfadado contra todo y contra nada. Tampoco lo saben e, incluso, es lo menos importante. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Como español me sorprende el que las manifestaciones vayan encabezadas por la bandera nacional. En España sería inimaginable. En Colombia, como en Chile, Bolivia, Venezuela, México, … pero también en Francia, Italia y otros, la bandera es el símbolo de la nación, de todos los ciudadanos. Es el emblema de la unidad, de la identidad; de todo aquello que compartimos y nos constituye en sujeto político. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;¿Por qué en España los símbolos comunes o no existen o están en crisis? No se salva ni la selección nacional de fútbol, el último reducto. Algunos se empeñan en seguir socavando la unidad que es nacional; la del Estado es la consecuencia. La Constitución española de 1978 lo dice bien claro en su primer artículo: “España se constituye en un Estado”. La norma suprema del ordenamiento jurídico se inicia con un “relato” constituyente según el cual es España, la nación, la que se transmuta en Estado. El símbolo más sobresaliente, es sin duda, el Rey, “símbolo de su unidad” (art. 56). No es extraño el que el cuestionamiento de la unidad de la nación conduzca a la del Estado y, también, a la de sus símbolos. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ver a jóvenes bogotanos enarbolando banderas nacionales, como emblema de la protesta, emociona. Porque es el símbolo de la nación, también cuando censura, expresando, en su condición de fuente suprema de todos los poderes, su rechazo a lo que se considera el ejercicio injusto, ilegal, arbitrario o equivocado del poder. Están enarbolando el poder de la nación. No es un adorno, es la expresión quinta esencial de la soberanía nacional. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, lo expresó con claridad y contundencia en el seminario al que fui invitado: hay que oír la queja de la nación; no es posible taparse los oídos. Sería una gravísima equivocación. Los ciudadanos están enojados por lo que ven y, sobre todo, sufren. Es una combinación entre miedo y desesperanza. Es un sentimiento que se extiende en muchos lugares del planeta, también entre nosotros. Los ciudadanos sienten miedo ante una especie de sensación de descontrol. Porque las expectativas se han roto. Esto es particularmente evidente entre los jóvenes. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se habla de la crisis o, incluso, del fin de la clase media. Más que la distancia entre los que más y los que menos poseen, lo que más impacto está teniendo es el de la pérdida de la esperanza de que siguiendo un determinado camino se puede aspirar a mejorar (el sueño americano) o evitar empeorar (el sueño del bienestar). En Estados Unidos se ha roto el sueño americano, el que aseguraba que, trabajando duro, se podría llegar a lo más alto. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El sueño del bienestar es el de la solidaridad administrada por el Estado, la que nos protege frente a los avatares de la vida. La queja ciudadana se dirige contra el Estado. Porque ha fracasado. Ha fracasado en aquello que nos parecía esencial; en atender a su función esencial: la de la seguridad. La seguridad del poder frente a cualquier peligro que acecha nuestra vida. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;En nuestra Constitución, como en la mayoría de las del mundo democrático, se reconoce el derecho de “toda persona” a la seguridad (art. 17). Es elocuente que la Constitución entiende que libertad y seguridad están unidos. Es un único derecho, el derecho a la libertad y a la seguridad. Son las dos caras de la misma moneda. Pero ¿qué sucede cuando ni hay seguridad ni hay libertad porque el Estado no puede garantizarlas? El Estado era, tradicionalmente, la amenaza; ahora, ni es el garante. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Los nuevos peligros del Estado democrático de Derecho son el miedo y la desesperanza: el miedo a la pérdida de toda esperanza. Se rompe el pacto constitucional. El pacto por el que, en términos hobbesianos, se estaba dispuesto a ceder libertad (natural) a cambio de seguridad. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;No hay protección frente al impacto de la crisis económica (como la vivida en el año 2007). Aumenta la desazón las dificultades de la “seguridad” social, el corazón del Estado del bienestar; las dudas de la solvencia del sistema de pensiones, como las del sistema de solidaridad ante situaciones incapacitantes (dependencia). El Estado no ofrece ni la seguridad de la seguridad social. ¿Qué es lo que se puede hacer? &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Algunos se desesperanzan. Y luchan por que el Estado vuelva a ser Estado, pero ¿cómo serlo en mitad de la tormenta globalizadora? El Estado ha entrado en crisis por la globalización. Construido, desde el Tratado de Westfalia (1648), sobre unas fronteras que delimitaban el ámbito de su acción soberana, cuando éstas caen, también cae la capacidad de sus poderes para dispensar seguridad. El Estado era, y digo, era, el protector, desde los ámbitos más reducidos de la seguridad de la libertad, hasta los más amplios del Estado del bienestar. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La crisis de la frontera ha terminado abarcando, incluso, al papel benefactor. Los intentos de reconstruir la frontera obedecen, en el fondo, a la pretensión de enmendar la dispensación segura de ciertos servicios. Es la reconstrucción falsa y fallida de la esperanza. No es posible darle marcha atrás a la máquina de la Historia. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;El gran reto del momento presente es el cómo reescribir el pacto social. El rey está desnudo, los jóvenes bogotanos lo gritan por las calles de la maravillosa Colombia. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Expansión, 3/12/2019) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJpzzORfzvoRmf_56gReMYek7TNSCw8ZMgfpGuMvcPikqJvAnxir8dS9JKMt7GpDwD19o9PlCpXBnxkyM_HG5FihUAPhTXYCFAFuJe0fZd4v4Jno3SP0bFalHZ_2SFR0uf289eYA8Z4Wvt/s1646/EXP03DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" data-original-height="1646" data-original-width="1570" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJpzzORfzvoRmf_56gReMYek7TNSCw8ZMgfpGuMvcPikqJvAnxir8dS9JKMt7GpDwD19o9PlCpXBnxkyM_HG5FihUAPhTXYCFAFuJe0fZd4v4Jno3SP0bFalHZ_2SFR0uf289eYA8Z4Wvt/w381-h400/EXP03DIMAD+-+Nacional+-+Opinio%25CC%2581n+-+pag+47.jpg" width="381" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt;&lt;br&gt;&lt;/style&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;style&gt; &lt;!--
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