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El abismo entre ricos y pobres nunca había sido tan grande

2014-03-01T11:06:00.000-08:00

Tomado de Notiultimas.com

Por Marc Vandepitte

Transcrito por Yorcka Torres

Marc Vandepitte

El mundo nunca ha producido tanta riqueza como ahora. Si esta riqueza estuviera repartida de manera igual entre todos y en todo el mundo, una familia con tres hijos dispondría de unos ingresos de 2.870 euros al mes y de un patrimonio (ahorros, valor de la vivienda…) de 125.000 euros [1]

Nos referimos a todos los habitantes del planeta: africanos, asiáticos, europeos, estadounidenses, etc. 2.870 euros al mes y un patrimonio de 125.000 euros es algo sorprendentemente alto. En efecto, no es
suficiente para vivir de forma lujosa, pero sí lo es para que todos los seres humanos dispongan de una vivienda confortable, de electricidad, de agua potable y de instalaciones sanitarias, y además con métodos ecológicos.

Por lo tanto, hay suficiente para que todo el mundo pueda tener una vida más que decente. Sin embargo, un ser humano de cada tres en el mundo no dispone de un dispositivo sanitario básico y uno de cada cuatro no tiene acceso a la electricidad. Uno de cada siete vive en un barrio de chabolas, uno de cada ocho tiene hambre y uno de cada nueve no tiene acceso al agua potable[2]. Dicho de otra manera: con un reparto igual de la riqueza todo el mundo dispondría de 23 dólares al día. Y, sin embargo, 2.400 millones de personas tienen que vivir con menos de 2 dólares al día y 1.200 millones con menos de 1,25 dólares[3].

Por consiguiente, el problema no es que no haya suficiente riqueza, sino que la riqueza está

repartida de forma escandalosamente desigual. Actualmente 85 personas poseen la misma cantidad que 3.600 millones de personas juntas [4]. El 1% más rico posee la mitad de toda la riqueza del mundo, mientras que el 70% más pobre posee el 3% de esta. Cada uno de los más ricos posee una fortuna media de 1,6 millones de dólares, esto es, 700 veces más que la mayor parte de la población mundial[5].

La exorbitante cantidad de 32.000.000 millones de dólares están al abrigo de los paraísos fiscales[6]. Esta cifra es 130 veces más de lo que se necesita anualmente para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de las Naciones Unidas y erradicar la pobreza más grave del mundo. Nunca había sido tan grande y tan sangrante como en estos momentos el contraste entre lo que la economía mundial tiene para ofrecer y lo que proporciona en efecto para responder a las necesidades básicas.

Próspera Bélgica

En Bélgica, donde vivo, el ingreso medio disponible para una familia con dos hijos es de 8.000 euros al mes y el patrimonio medio de esta familia es nada menos que de 800.000 euros[7]. Unas cifras que también parecen soprendentemente altas pero, de nuevo, se trata de cifras medias que ocultan un reparto extremadamente desigual.

Por una parte, un 1% de los belgas más ricos posee 40 veces más que el belga medio. Las diez familias más ricas de nuestro país disponen juntas de un patrimonio de 42.000 millones de euros, aproximadamente la misma cantidad que los dos millones de belgas más pobres. El patrimonio de las familias De Spoelberch, De Mévius y Vandamme corresponde exactamente al presupuesto total de la seguridad social de 2012[8].

Por otra parte, un belga de cada cinco corre peligro de caer en la pobreza o en la exclusión social[9]. Una familia con ingresos bajos de cada cinco tiene que aplazar la atención sanitaria por motivos financieros[10]. No es en absoluto raro que haya personas que tengan que trabajar a un ritmo inhumano por apenas 1.300 euros al mes. Dada la enorme prosperidad de la riqueza de nuestro país, esto es inaceptable.

El abismo entre ricos y pobres en Bélgica nunca había sido tan grande y sigue aumentando. En los últimos veinte años los ingresos del 30% de personas más pobres han descendido un 10%, mientras que el porcentaje más rico ha visto aumentar sus ingresos un 30% [11]. Durante este periodo se ha duplicado la cantidad de personas pobres[12]. Esto es la consecuencia de dos elementos: primero, los subsidios y los salarios se han congelado o han aumentado menos despacio que la prosperidad; segundo, el capital se sigue beneficiando de ventajas fiscales. En los últimos treinta años la parte asalariada en el PNB (la riqueza nacional) ha descendido del 67 al 62%, mientras que la parte del capital casi se ha duplicado ya que ha pasado del 6 al 10%[13]).

La crisis no es para todo el mundo

El gran malvado aquí es la crisis. En el capitalismo una crisis equivale a una enorme limpieza brutal y caótica de la economía. Inevitablemente lo pagan los trabajadores y las personas más débiles de la sociedad. En otras palabras, una crisis económica es un medio excelente para organizar una transferencia del trabajo al capital, de los pobres a los ricos. Las reducciones de salarios en la década de 1980 son un buen ejemplo de ello. Si hoy los salarios constituyeran una parte tan grande del PIB como en 1981, cada trabajador granaría unos 950 euros más al mes[14].

El crack financiero de 2008 es la repetición del mismo fenómeno. Solo en Europa han desaparecido cuatro millones de empleos a causa de la crisis[15]. En el mundo se ha empujado a 64 millones de personas a la pobreza extrema[16]. El abismo entre pobres y ricos ha aumentado en casi todos los países europeos y es particularmente fuerte en Irlanda y España[17]. Europa cuenta actualmente con 120 millones de pobres y de 100 a 150 millones de personas viven sobre el filo de la navaja ¡Hablamos, por lo tanto, del 43 al 53% de la población! Además, ya no basta con tener un empleo. En Europa una persona que trabaja de cada diez vive actualmente por debajo del umbral de pobreza[18].

La política económica llevada a cabo desde 2008 ha causado verdaderos estragos, sobre todo en los países periféricos. Los ingresos medios tampoco se libran. En Italia el poder adquisitivo ha descendido un 12%, en España y Gran Bretaña (!), un 22%, y en Grecia, un 33% [19]. En Portugal los salarios han descendido un 12% [20], en Grecia los salarios de los funcionarios se han desplomado un 35% [21]. El 31% de los griegos vive hoy por debajo del umbral de pobreza y un 27% corre peligro de caer en esa situación[22]. En España la pobreza podría llegar al 40% de aquí a 2022[23].

También en Bélgica sigue aumentando la pobreza. Hoy en día en este país próspero 24.000 personas necesitan la ayuda alimentaria de Cruz Roja[24]. El ritmo de este aumento ha sido menos rápido que en los países periféricos porque hemos estado 541 días sin gobierno y durante este periodo no se han podido decidir recortes. En segundo lugar, en nuestro país los sindicatos son más fuertes que en la mayoría de los países vecinos.

Para los super-ricos la crisis ha sido, en todo caso, una bendición. Nunca antes había habido tantos super-ricos (fortunas de más de 22 millones de euros) en el mundo. En Europa se han unido a la lista 4.500 personas, en Bélgica, 60[25]. Los “individuos muy ricos” (high-net-worth individual, con unos medios de inversión de más de un millón de dólares) han visto aumentar su riqueza al menos un 41% desde 2008[26]. A todas luces, la crisis no es para todos.

Una cuestión de civilización

Este abismo es un auténtico escándalo. Para el economista de reputación internacional Jeffrey Sachs, una redistribución fundamental de la riqueza es una cuestión de “civilización”[27]. Pero también hay razones sociales, económicas e incluso políticas para emprender la lucha contra este abismo. En primer lugar, la desigualdad en un país provoca una serie de efectos nefastos. Acorta la vida de las personas, las hace más desgraciadas, aumenta la criminalidad, la cantidad de embarazos adolescentes y de adicciones a la droga, y estimula el consumo excesivo[28].

Económicamente, una gran desigualdad empeora la crisis puesto que los bajos ingresos significan menor poder adquisitivo, lo cual es nefasto para el consumo global y, por consiguiente, para las inversiones.

Hay un fuerte paralelismo entre nuestra época y la Gran Depresión de la década de 1930. Entre 1920 y 1928 el grupo del 5% de los más ricos aumentó del 24 al 33%. Un año después se produjo la explosión. En 1983 este grupo era el 22% y en 2008, el 33%, esto es, precisamente el nivel del año anterior al crack[29]. Por el mismo motivo los recortes no son una buena idea. Aumentan el abismo y, por lo tanto, aumentan y empeoran la crisis. Aunque puede que este sea precisamente el objetivo[30].

Por último, un abismo demasiado grande entre ricos y pobres también genera un peligro político, más disimulado. La desigualdad económica cada vez mayor y el descenso de los ingresos bajos y medios suscita el descontento y la agitación en un amplio sector de la población. Según The Economist, al menos en 65 países existe una posibilidad entre alta y muy alta de agitación y de revuelta, comparable a las de la Primavera Árabe[31]. Por lo tanto, no es sorprendente que en Davos la elite de los políticos, lo mismo que el presidente Obama y el director del FMI, empiecen a preocuparse verdaderamente[32].

Todavía no se han dado cuenta de que en este caso no se trata de un exceso o de un desbordamiento, sino de un error del sistema o de un defecto de construcción. Ya es hora de algo nuevo.

Anexo 1: Prioridades del capitalismo mundial [33]

Anexo 2: Un mundo de diferencia: China y Cuba

A nivel mundial estos últimos veinte años asistimos a una fuerte disminución de la pobreza extrema (1,25 dólares). Sin embargo, en gran parte se ha debido a los esfuerzos de China en este aspecto[34]. Semejante disminución generalizada de la pobreza, como es el caso de China, no tenía precedentes en la historia del mundo. En todo caso, esta disminución de la pobreza es consecuencia sobre todo de un fuerte aumento de los salarios. Por el momento el sueldo se duplica cada seis años[35]. Por lo tanto, no es de extrañar que la cantidad de ingresos medios en China haya aumentado mucho. En veinte años al menos 800 millones de chinos han pasado a la categoría de “ingresos medios” (2-13 dólares). Esto equivale aproximadamente a toda la población del África negra y es casi cuatro veces más que la de India[36]. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso social de un país. En los últimos treinta años, el aumento del IDG de China ha sido el más alto de todo el mundo y tres veces superior a la media mundial[37].

En Cuba los ingresos por habitante son seis veces más bajos que en los países ricos. En efecto, el país padece el bloqueo más largo de la historia mundial. A pesar de ello, la atención sanitaria de Cuba es de las mejores del mundo. En Cuba nadie tiene que posponer una operación o el cuidado dental por falta de dinero. Ahí son gratuitos los cuidados médicos, las prótesis y otras intervenciones por las que tenemos que pagar en nuestros países. El país también tiene uno de los mejores resultados del mundo en la enseñanza. El porcentaje de adultos cubanos que hacen estudios superiores es el segundo más alto del mundo: el 95%[38]. Esta cifra se debe al hecho de que la enseñanza, incluida la universidad, es completamente gratuita. En Cuba la capacidad adquisitiva no desempeña papel alguno a la hora hacer o no estudios (superiores). Globalmente, como país pobre, Cuba obtiene un índice de desarrollo social (HDI) comparable a Bélgica e incluso mejor que el de Gran Bretaña[39].

Notas [no aparecen en la versión francesa, las ha proporcionado el autor para su versión en castellano, N. de la t.]:

[1] El cálculo de ingresos de una familia media se basa en la hipótesis probable de que los ingresos de los hogares disponibles se elevan al 70% del PIB. En este caso, se utiliza aquí el Producto Bruto del Mundo (83.200.000 de dólares de PPA en 2012).

En algunos países es más del 70%, en otros menos. Así pues, para una familia media es 3.440 dólares de PPA. Esta cifra tiene en cuenta las diferencias de precio entre los países para los mismos productos o servicios, y expresa el poder adquisitivo real. Hemos convertido esta cifra en euros según el método de cálculo del Banco Mundial. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP) http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4

El cálculo del patrimonio se basa en un informe reciente de Crédit Suisse. Según este informe, el patrimonio total del mundo (Household wealth) se eleva a 240.800.000 millones de dólares. Crédit Suisse, GlobalWealth Report 2013, Zurich 2013, https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A1050560-1332EC9100FF5C83 p.5.

[2] ) Fuentes: http://www.unwater.org/statistics_san.html http://www.voanews.com/content/decapua-un-energy-28apr10-92323229/154303.html http://www.habitatforhumanity.org.uk/statistics; http://www.fao.org/hunger/en/

[3] http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

[4] http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-en.pdf p. 2.

[5] https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=1949208D-E59A-F2D9-6D0361266E44A2F8 p. 95.

[6] http://economiccrimeintelligence.wordpress.com/tag/offshore-tax-havens/

[7] Calculado sobre la base de http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/GDP_Per_Capita_Current_Prices_National_Currency/ y http://www.spaargids.be/sparen/ing-bank-nieuws/financieel-vermogen-voor-het-eerst-boven-1-000-miljard-euro.html

[8] http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/16/belgen-massaal-voor-vermogensbelasting

[9] ) http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

[10] ) http://www.belgium.be/nl/nieuws/2012/news_jaarboek_2012_armoede.jsp http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/armoede-schaadt-de-gezondheid

[11] http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1703090/2013/09/12/Een-op-de-vier-Europeanen-is-arm-in-2025.dhtml

[12] Hace veinte años este porcentaje fluctuaba entre el 6% y el 7%. Hoy el porcentaje ha ascendido hasta en 15%. http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=1171.0;wap2

[13] http://www.abvv.be/c/document_library/get_file?uuid=7f476cc4-902b-4d65-81fd-78cb5b19954e&groupId=10134 p. 17.

[14] http://www.pvda.be/weekblad/artikel/itinera-en-europese-unie-lossen-eerste-schot-in-komende-pensioenoorlog/print.html

[15] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5d529a46-fcbf-11de-bc51-00144feab49a.html

[16] http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/TDAT_Book.pdf , p. 261.

[17] En estos dos países el coeficiente de Gini ha aumentado 6 y 6,6 puntos respectivamente. En Bélgica aumentó un punto. http://im.ft-static.com/content/images/bdd220f8-6c0a-11e3-a216-00144feabdc0.img?width=687&height=1333&title=&desc

[18] http://www.oxfamsol.be/nl/IMG/pdf/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-en.pdf p. 3; http://elpais.com/diario/2012/01/30/internacional/1327878004_850215.html

[19] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b31dd248-d785-11e2-a26a-00144feab7de.html#axzz2bH56ivNc

[20] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5c57aff8-0f37-11e3-ae66-00144feabdc0.html?siteedition=intl

[21] http://www.economist.com/news/europe/21565999-government-gets-its-latest-austerity-measures-through-only-just-toil-and-trouble

[22] http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/11/greece-humanitarian-crisis-eu

[23] http://www.intermonoxfam.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/espana-podria-alcanzar-18-millones-de-pobres-en-una-decada-si-se-manti

[24] http://ifrc.org/PageFiles/134339/1260300-Economic%20crisis%20Report_EN_LR.pdf p. 52.

[25] http://www.standaard.be/cnt/dmf20130912_00737534

[26] http://www.worldwealthreport.com/

[27] Sachs J., The Price of Civilization. Reawakening American Virtue and Prosperity, Nueva York, 2011, p. 231.

[28] Wilkinson R. & Pickett K, The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Nueva York 2009, p. 20.

[29] Se trata de Estados Unidos, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf

[30] http://economix.blogs.nytimes.com/2012/10/19/tax-cuts-for-job-creators/ http://www.nytimes.com/2012/05/04/opinion/krugman-plutocracy-paralysis-perplexity.html

[31] http://www.economist.com/news/21589143-where-protest-likeliest-break-out-ripe-rebellion

[32] http://www.ipsnews.net/2014/01/elites-will-consider-inequality/

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/28/obama-state-of-the-union-speech_n_4590935.html?ir=Politics; http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3462520-805b-11e3-853f-00144feab7de.html?siteedition=intl

[33] El coste anual de la educación, la sanidad y la erradicación de la pobreza extrema se eleva a 180.000 millones de dólares. Para erradicar el hambre se necesitan 30.000 millones de dólares y para establecer agua potable para todo el mundo también se necesitan 30.000 millones de dólares. http://www.oecd.org/social/poverty/50463407.pdf http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/globalcosts.pdf

Estupefacientes a nivel mundial: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/

http://www.drugwardistortions.org/distortion19.htm Gastos militares: http://www.sipri.org/yearbook/2013/03 Publicidad y marketing: calculado según Human Development Report 1998, Nueva York 1998, p. 63;http://www.metrics2.com/blog/2006/06/26/us_marketing_spending_exceeded_1_trillion_in_2005.html

Especulación por día: http://www.reuters.com/article/2013/09/05/bis-survey-volumes-idUSL6N0GZ34R20130905

Paraísos fiscales: http://economiccrimeintelligence.wordpress.com/tag/offshore-tax-havens/

Mercado de derivas: http://ftalphaville.ft.com/2013/11/15/1696132/liquidity-is-dead/

[34] UNDP, Human Development Report 2013, p. 96; http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVCALNET/Resources/Global_Poverty_Update_2012_02-29-12.pdf

[35] ) http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9a551ce8-adab-11e2-82b8-00144feabdc0.html#slide0

[36] ) The Economist, 14 de febrero de 2009, Special report: Middle classes, pp. 4 y 9; http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY

[37] UNDP, Human Development Report 2013, pp. 149-151.

[38] UNDP, Human Development Report 2013, p. 5.

[39] UNDP, Human Development Report 2013, pp. 144-7. http://www.solidaire.org/index.php?id=1340&tx_ttnews[tt_news]=38086&cHash=5d76f688dea2692530a4f5e5e260257b

El aprendizaje por memorización, clave del fracaso educativo español

2014-03-01T09:55:00.000-08:00

Imagen: JUANJO MARTÍN, Schleicher y Wert charlando antes de su intervención.

Por SARA CARREIRA

Fuente La Voz de Galicia
Transcripción: Yorcka Torres

El director de PISA critica el inmovilismo del sistema, y el ministro Wert carga sobre los profesores la responsabilidad de cambiar la didáctica.

El director del informe PISA explicó ayer que España no mejora en el rendimiento académico
porque se sigue enseñando como hace décadas, mediante la memorización de fórmulas y frases; porque no se apuesta claramente por la capacidad de cada
alumno para aprender, atendiendo a su particularidad; y porque ni se valora ni se conoce el trabajo de los profesores, a quienes no se les da libertad para enseñar. Andreas Schleicher, que participó en la Semana de la Educación de la Fundación Santillana, criticó también la desigualdad de un sistema en el que apenas hay movilidad social; el que nace pobre tiene muchas posibilidades de quedarse así.

El ministro José Ignacio Wert, presente en la charla, respondió haciendo caso omiso a las críticas que le afectaban. Wert hizo recaer sobre el profesorado la necesidad de mejorar la didáctica de los temarios; consideró que la equidad podría solucionarse con el trasvase de alumnos a la FP, que tiene gran empleabilidad; e hizo de las reválidas no un medio para filtrar a los alumnos con más dificultades, sino un estímulo para que estos mejoren.

En cuanto al análisis de Andreas Schleicher, dio muchas claves de lo que ocurre en España con respecto a otros países de la OCDE. Por ejemplo, dijo que de los 60 países analizados, 40 habían mejorado en los últimos años, mientras que España se mantiene sin avance, «no hay dinamismo». Explicó que si fuese por el dinero destinado a educación, España debería tener los niveles de Corea, que está en lo más alto; que las aulas tienen mejores ratios que las de Singapur o Finlandia, a la cabeza de PISA; que los niños pasan suficientes horas en clase y que el salario del profesorado es bastante aceptable.

Para Schleicher, los españoles van mal en PISA porque estas pruebas no se basan en lo que se sabe -"Google lo sabe todo», dijo gráficamente- sino en «qué se puede hacer con lo que se sabe". Y ahí España falla estrepitosamente: no se interiorizan los conceptos, las ideas que subyacen tras los problemas, sino que se estudian fórmulas y se repiten; los niños no tienen confianza y achacan a los demás o a la suerte sus fallos, cuando un estudiante asiático responde de forma diferente ("sé que si trabajo duro, mis profesores me van a ayudar a obtener el éxito»); la clase socioeconómica decide más que la capacidad del alumno; y los padres, aunque se preocupan a la hora de elegir colegio, lo hacen preocupados por «el renombre, pero no por el rendimiento, por los resultados reales".

Desde Cajamarca, Revista La Genciana Edición 17

2014-02-27T11:06:00.000-08:00

Llegó el Carnaval con la edición N° 17 d La Revista La Genciana, invitamos a todos nuestros amigos a leerla.
Para ir a la revista haga clic AQUÍ o en la imagen.

En esta edición interesantes artículos:

¡Que bonito es carnaval! desde la esquina de edición
De nuvo al Norte
Qayaqpuma el centro arqueológico
Crónica de una muerte anunciada, Crisis Política en Venezuela
Primera Reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 2014 - Cajamarca
Artesanos del Carnaval
Etapas del amor
Literatura y Música
Aprnde a escuchar
DJ Zinver
Imagen Integral
Alejandra, Reina del Carnaval 2014
Digan Cheese (reflejos sociales Cajamarquinos)

EL DERECHO EN EL PERÚ AL CONCLUIR EL SIGLO XX

2014-02-25T07:00:00.000-08:00

Justicia y Poder

Tomado de la Revista Jurídica

Transcrito por Yorcka Torres

“El Derecho sin poder o en ausencia de sus manifestaciones: la coerción y la coacción, (...) sería ineficaz, y solo tendría un alcance retórico.”

El Derecho y, por ende, la justicia conviven con el poder. Esta es una primera precisión que nos recuerda Mario Meza en el libro que presentamos, Justicia y poder en tiempos de violencia. Orden, seguridad y autoridad en el Perú, 1970-2000 (Fondo Editorial PUCP, 2012, 203 pp.). El Derecho requiere del Estado o, por lo menos, de organizaciones configurativas o aglutinantes de un poder (que no siempre es el Estado) que se alza por encima de la sociedad.

■ El Derecho sin poder o en ausencia de sus manifestaciones: la coerción y la coacción, esto es, la amenaza de sufrir un perjuicio personal, material o moral (la coerción), como la espada de Damocles (el envidioso cortesano del tirano Dionisio I, rey de Sicilia) que pende sobre la cabeza de un individuo, o la coacción como el padecimiento real, efectivo de la fuerza, como la espada que cae sobre el cuello de Damocles sería ineficaz, estaría privado de sus largos y poderosos brazos y solo tendría un alcance retórico. El poder, por otro lado, no puede ser fuerza pura. En efecto,
la coerción y la coacción no bastan. La fuerza estatal o simplemente organizada requiere de una legitimidad que se la ofrece el Derecho.

■ A diferencia de lo que haría un jurista, habituado a los procedimientos formales en la tarea de discernir justicia, Mario Meza, doctor en historia por el Colegio de México, amplía como percusionista la historia reciente: no se ocupa solo de aquellos casos que se ventilan ante el Poder Judicial (o jodicial, como se dice con dulzura y popular ironía en los Andes). Meza amplía su búsqueda en un terreno, quizás más grosero y más temible, pero no ello menos imperioso para investigador: el Huallaga y, concretamente Tocache, en la época del dantesco dominio de Sendero Luminoso en esa región. Las ejecuciones se hicieron cotidianas, pero también la no menos intimidante respuesta de las fuerzas del orden. La entrevista se convierte en un valioso instrumento de acopio informativo. El informante, por ejemplo, da cuenta del miedo colectivo hacia un oficial llamado Bruno, conocido por su crueldad.

■ El libro de Mario Meza describe casos específicos que van más allá de la reflexión jurídica. La elección de casos supone una elección metodológica impecable. En la historiografía jurídica ha sido un recurso valioso, en especial en el Perú. Recuérdese, por ejemplo, entre otros, a Ciriaco de Urtecho, litigante por amor. Hermoso libro de Fernando de Trazegnies que reconstruye un caso judicial ante el corregidor de Cajamarca a fines del siglo XVIII.

Casuística Importante

■ La casuística tan importante en la vida jurídica romana, medieval e indiana, en la perspectiva contemporánea suele ser evitada por los juristas que militan en nuestra tradición legal del Civil Law o del Derecho romano-germánico. Prefieren, muchas veces, detenerse en el análisis de las normas y de las instituciones. No obstante que el caso, la lectura del expediente, de los autos procesales y, ahora, como ha hecho Meza Bazán, en el uso fluido de los periódicos nos presenta al Derecho y la justicia como un campo de Agramante, un ring de boxeo en el que luchan los poderosos y los débiles, como si un peso pesado se enfrentara (contra el fair play) con un peso pluma.

■ Entre los casos elegidos por Mario Meza se encuentra el de Huayanay, un caso especial que interpelaba al Poder Judicial: un pueblo había hecho justicia al ultimar a un exgobernador prepotente; el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay y el caso atroz de La Cantuta. No se detiene solo en lo que llamaríamos justicia oficial o formal, toma también lo que sería justicia popular en zonas urbano-marginales a través del diario Ojo.

■ El valor de la justicia en la sociedad. No son suficientes reglas, códigos, manuales o reglamentos. Todas las personas lo conocen, manejan y al final se ven envueltas. La justicia es como la casa del jabonero, quien no cae resbala. Recuerda la maldición castellana: ¡Tengas pleitos y los venzas!". Aun así el Derecho y la justicia suelen ser vistos por la gente común, por el hombre de pie o, como se dice en el mundo del foro (la palabra no me gusta), por el justiciable como si se tratase de un misterio, de un arcano. Finalmente, la justicia es un asunto muy serio como para que sea terreno exclusivo de los juristas. La mirada inteinterdisciplinaria la enriquece y enhorabuena. ◆

Libro del V Congreso Iberoamericano de Cultura de Zaragoza

2014-02-18T16:51:00.002-08:00

Próxima publicación del libro:
Mirando al futuro: #CulturaDigital, #CulturaenRed, Intervenciones y conclusiones del V Congreso Iberoamericano de Cultura de Zaragoza

El 20 de marzo estará disponible la versión digital y en papel de la publicación Mirando al futuro: #CulturaDigital, #CulturaenRed, Intervenciones y conclusiones del V Congreso Iberoamericano de Cultura de Zaragoza”. Esta obra pretende recoger los testimonios y conversaciones en torno a la cultura digital y en red que se desarrollaron los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2013 en Zaragoza en el marco del V Congreso Iberoamericano de Cultura.

10 conferencias plenarias, 21 mesas redondas, 21 exposiciones de proyectos de carácter digital y 21 experiencias de emprendimiento cultural enmarcadas en el Concurso Emprende con Cultura son sólo algunos de los contenidos que podrán consultarse: una celebración de las oportunidades que el ámbito digital ofrece a la cultura.

Abierta la inscripción para el VI Congreso Iberoamericano de Cultura, San José, Costa Rica. 11-13 abril 2014

2014-02-18T16:49:00.000-08:00

El VI Congreso Iberoamericano de Cultura se desarrollará en Costa Rica en torno al tema de las Culturas Vivas Comunitarias. El Congreso se propone abrir un espacio de diálogo entre la institucionalidad, el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias y las iniciativas comunitarias con el fin de dimensionar el valor de la riqueza cultural y fortalecer la democracia participativa en el Espacio Iberoamericano.

Cultura Viva Comunitaria es una forma de gestionar la cultura desde y para la comunidad, entendiendo cultura en su sentido más antropológico. Las Culturas Vivas Comunitarias engloban iniciativas artísticas, artesanales, productivas, ecológicas, lúdicas, gastronómicas, pedagógicas, así como aquellas que buscan defender y
recuperar el patrimonio intangible de las comunidades (la manera tradicional de hacer las cosas) en ámbitos como la pesca artesanal o los ritos y las tradiciones. A pesar de referirse a actividades y prácticas muy heterogéneas, las Culturas Vivas Comunitarias buscan un mismo objetivo: fomentar la convivencia y fortalecer la solidaridad entre las personas de las comunidades.
Las Culturas Vivas Comunitarias sirven para incentivar el uso de espacios públicos y el sentido de comunidad; para cuidar la naturaleza; para fomentar la creatividad, la reflexión, la lectura; para recuperar la historia y los conocimientos de las personas mayores; para impulsar la participación; para la convivencia; para la formación de las generaciones más jóvenes; para, en definitiva, incentivar el desarrollo y el bienestar.

El VI Congreso se celebrará en el marco del Festival Internacional de las Artes de San José (FIA) un referente artístico en Centroamérica y el resto de la región.

Si quieres saber más sobre este encuentro imprescindible, puedes consultar la página web del congreso, seguirlo en Facebook o en Twitter.
¡Ya está abierto el plazo de inscripción!

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El V Congreso Iberoamericano de Cultura en cifras

2014-02-18T16:47:00.000-08:00

Llegó el momento de despedirnos y de ceder el testigo a la VI edición de los Congresos Iberoamericanos, que tendrá lugar en San José en abril de 2014. Antes de dar la bienvenida a Costa Rica como próxima organizadora, nos gustaría deciros adiós con algunas cifras.

Más de 1400 inscritos, 12 delegaciones oficiales, 174 ponentes, más de 80 actividades culturales, 2190 contactos en Facebook, 1260 seguidores en Twitter, más de 4000 tweets relacionados con el Congreso, 284.000 visitas a los vídeos del Congreso y una audiencia online de 12 millones de personas son algunas de las razones que nos empujan a daros las gracias por vuestro apoyo en esta apasionante andadura en torno a la Cultura Digital y a la Cultura en red.
¡Muchas gracias a todos!
¡Nos vemos en San José!

Resoluciones y acuerdos

2014-02-18T07:00:00.000-08:00

ARBITRAJE ADMINISTRATIVO, APUNTES SOBRE ESTE RÉGIMEN ESPECIAL

Tomado de la Revista Jurídica

Transcrito por Yorcka Torres

Hace ya más de 15 años, el legislador nacional optó por encargar al arbitraje la solución de las controversias surgidas en el ámbito de las compras públicas, específicamente aquellas realizadas bajo la aplicación de la entonces denominada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En una década caracterizada por un impulso normativo sin precedentes en materia arbitral en el Perú[1], el legislador decidió que en todos los contratos realizados al amparo de la referida ley se incluyera obligatoriamente una cláusula de solución de controversias que contemplara a la conciliación y/o al arbitraje como los mecanismos a utilizar en caso surgiera alguna controversia durante su ejecución, incluidas las controversias relativas a la validez misma del contrato.

■ Siendo consciente de la relevancia de los bienes e intereses en juego[2], desde su concepción, el legislador asignó a este tipo de arbitraje algunos rasgos particulares que lo diferenciaron del régimen general, cuyo marco normativo se encontraba constituido en ese entonces por la Ley General de Arbitraje, Ley N° 26572. Destacan entre estas particularidades el que este arbitraje sea necesariamente de derecho[3], la obligatoriedad de que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral sean abogados[4], la posibilidad de ser sancionados por una autoridad administrativa[5]

y el desarrollo del arbitraje en armonía con el principio de transparencia[6], especificándose en este tema que el Consucode podía disponer la publicación de laudos. Así, el denominado arbitraje administrativo surge como un tipo de arbitraje especial, con características propias asignadas por el legislador, fruto de su preocupación por hacer de este un mecanismo eficiente para la solución de controversias en asuntos tan delicados como son todos aquellos que comprometen recursos y fines públicos.

■ En el presente artículo haremos breve referencia a algunas de las características particulares del arbitraje que nos ocupa, poniendo énfasis en aquellos aspectos que, en el marco de la modificaciones normativas efectuadas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento durante 2012[7], son objeto de implementación.

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

¿Cuántos arbitrajes en materia de compras públicas enfrenta anualmente el Estado?, ¿qué contingencias económicas involucran estos procesos actualmente para el Estado?, ¿cuántos son los procesos que ha enfrentado históricamente?, ¿cuánto ha "perdido" el Estado en estos arbitrajes?, ¿tendrá base estadística la creencia "popular" de que el Estado generalmente pierde dichos procesos? Ninguna de estas preguntas tiene hoy en día una respuesta certera y estadísticamente sustentable, cuando menos no a escala nacional, ni respecto a los tres niveles de gobierno y tampoco respecto a ambos tipos de arbitraje[8].

■ Resulta una paradoja, y a la vez un despropósito, que un sistema arbitral que nace proclamando transparencia se haya desenvuelto durante años bajo tanta oscuridad. La incertidumbre que deriva de ella es caldo de cultivo de la proliferación de dichos mitos o especulaciones constituidas a veces por frases simplistas (como que "el Estado pierde todos los arbitrajes"), que no obstante su facilismo e inexactitud igualmente tienen la capacidad de ir asentando una percepción negativa sobre el arbitraje administrativo, cuando menos en lo que a los intereses del Estado se refiere, y ello a contramano del tecnicismo, pulcritud y honestidad con que muchos profesionales han desarrollado y siguen desarrollando en el Perú su función arbitral en esta materia.

■ Y es que si bien se declaró desde un inicio que este arbitraje se desarrollaría bajo el principio de transparencia, el mismo no ha sido precisamente el que ha guiado su desarrollo. No obstante que el D. Leg. N° 1071 dispuso claramente que los laudos debieran ser públicos y que, concordantemente con ello, la Ley de Contrataciones del Estado[9] y su reglamento[10] encargaron al OSCE la publicación de los laudos que los árbitros debían remitirle, esto no pasó de ser, salvo contadas excepciones, letra muerta.

■ Considerando que anualmente el Estado celebra más de 100,000 transacciones[11], en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, sería sumamente útil conocer el universo de procesos arbitrales que derivan de los mismos, que nos permita por primera vez en el país contar con información estadística certera y de alcance nacional sobre cuestiones tales como el grado de litigiosidad relacionada a estos contratos, cuáles son los aspectos de la contratación estatal que originan mayor controversia, en qué sentido se resuelven las diferentes pretensiones planteadas contra y por el Estado, cuan célere es realmente el arbitraje en estas materias y un largo etcétera de aspectos cuantitativos y cualitativos que hoy solo podemos analizar de forma muy limitada y parcial.

■ Por cierto, aspirar a hacer efectiva la transparencia en el arbitraje administrativo no solo tiene una finalidad académica o estadística. Queda a todos claro que la publicidad de los laudos es un poderoso incentivo para promover en la mayor medida posible la buena calidad de los mismos y, a la vez, un fuerte desincentivo para ciertas prácticas de algunos árbitros, como aquellos que emiten laudos absolutamente contradictorios en casos muy similares y sin ningún fundamento que explique el cambio de criterio. Como refieren autores nacionales[12], este tipo de prácticas se conocen "en privado". Es tiempo ya que abandonen ese ámbito.

■ Un antídoto para disuadir estas y otras prácticas nocivas para el arbitraje administrativo, sin duda alguna, es la transparencia. Colaborando con que esta descienda del principio normativo en el que ha estado encapsulada a una provechosa aplicación práctica, la Ley N° 29873 y el DS Nº 138-2012-EF han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento dos innovaciones que, por cuestiones de espacio, solo reseñaremos brevemente, pero que estimamos tendrán incidencia positiva en la efectiva materialización de dicho principio:

a) Realizada la instalación del tribunal arbitral, las entidades deben registrar en el SEACE, plataforma electrónica de las compras públicas, los nombres de los árbitros que lo conforman y eventualmente los nombres de quienes los sustituyan. Esta disposición es aplicable a todos los arbitrajes administrativos (sean ad-hoc o institucionales). De esta manera, se podrá conocer desde la instalación y a escala nacional todos los arbitrajes que enfrenta el Estado, con identificación precisa de quiénes son los árbitros encargados de resolverlos.

b) El laudo debe ser registrado en el SEACE como un requisito para su correcta notificación a las partes. Ese registro tiene carácter obligatorio para todos los arbitrajes administrativos (sean ad-hoc o institucionales), lo que permitirá en el futuro inmediato hacer realidad una prescripción que desde hace años cumplía una mera función decorativa tanto en la Ley de Arbitraje como en la Ley de Contrataciones del Estado: la publicidad de todos los laudos emitidos en materia de compras públicas. Cabe reseñar que la nueva versión del SEACE (SEACE 3.0) ha contemplado en su diseño la recepción de los laudos, a través de accesos que se proporcionarán a los árbitros.

■ El OSCE en estos dos últimos años ha venido realizando esfuerzos serios por publicar cada vez más laudos, habiendo publicitado más de 2,300, lo que ya permite a la comunidad jurídica y, sobre todo, a los agentes involucrados en el régimen de las compras públicas efectuar análisis estadístico y cualitativo de los mismos, y por supuesto, poder extraer de ese análisis conclusiones válidas sobre cómo ha funcionado el arbitraje administrativo. La cifra, aunque representa casi diez veces el número de laudos que existían publicados hasta 2011, aún constituye un número discreto respecto al total de laudos que, considerando las 100,000 transacciones que celebra el Estado anualmente bajo este marco, deben haberse emitido en la última década, pero definitivamente constituyen el punto de partida de un esfuerzo serio por transparentar el arbitraje administrativo y hacer de este principio una de sus mayores fortalezas.

Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE

■ El Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) constituye un régimen institucional de arbitraje especializado para la solución de controversias en las contrataciones del Estado, que se rige por su propio reglamento. Así, luego de la reforma normativa introducida por la Ley N° 29873 y el DS Nº 138-2012-EF, los supuestos bajo los cuales las controversias sobre compras públicas se sujetarán a las reglas SNA-OSCE son los siguientes: a) Por mutuo acuerdo, cuando las partes disponen expresamente en el convenio arbitral o en un acuerdo complementario posterior que el arbitraje a desarrollarse entre las mismas se encontrará a cargo del SNA-OSCE; y, b) De forma residual, cuando se produce alguno de los siguientes supuestos: cuando las partes no hayan incorporado en el contrato un convenio arbitral. En este caso, se incorpora de pleno derecho la cláusula arbitral tipo establecida en el Art. 216 del reglamento, que remite a un arbitraje SNA-OSCE; cuando las partes establezcan Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional y no hagan referencia a una institución arbitral determinada; y cuando en el convenio arbitral se señale que la organización y administración del arbitraje se encontrará a cargo de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE.

■ En tales supuestos corresponde a la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE asumir las funciones asignadas a la Secretaría del SNA-OSCE, contando para ello con el apoyo directo de la Subdirección de Procesos Arbitrales, encargada de organizar y administrar los procesos SNA-OSCE.

■ Desde que la legislación nacional implantó el arbitraje para las contrataciones del Estado, el SNA-OSCE ha tenido un único reglamento de arbitraje, que proviene de 2002, con modificaciones que dieron lugar a un TUO en 2004. Y si bien se han efectuado algunas modificaciones puntuales sobre aspectos importantes en 2012, se hace claro que un reglamento aprobado hace más de 10 años, cuando se encontraba vigente otra legislación sobre arbitraje, otra legislación sobre contratación pública, e incluso cuando existía otra institución rectora en la materia ya ameritaba una revisión integral.

■ Es por ello que el OSCE ha elaborado un proyecto de nuevo reglamento, que pretende servirse de toda la experiencia previa en la gestión de los procesos bajo el reglamento vigente, para incorporar nuevas disposiciones que permitan proveer un proceso arbitral más eficiente y célere, sin dejar de reconocer el valor y utilidad de aquellas reglas contenidas en el reglamento vigente que merecen ser mantenidas. El mismo a la fecha fue publicado en el portal institucional del OSCE (ww.osce.gob.pe) para recibir las opiniones de los usuarios del sistema, de la comunidad arbitral y de la ciudadanía en general.

El récord arbitral[13]

■ Otro esfuerzo del OSCE por contribuir a la construcción de un arbitraje transparente se ha gestado a través de la creación del Récord Arbitral. En 2012, el OSCE desarrolló e implementó esta importante herramienta virtual, que constituye la primera base de datos en materia de arbitraje en contrataciones del Estado, en la cual se compila información correspondiente a los laudos arbitrales remitidos al OSCE y los principales procedimientos administrativos arbitrales (designaciones, instalación de tribunales arbitrales ad hoc y recusaciones), vinculando dicha información en función a los profesionales que ejercen la función arbitral.

■ Conscientes de su gran impacto en el ámbito de la solución de controversias en contratación pública, el OSCE se ha propuesto mejorar esta importante herramienta, razón por la cual viene desarrollando una versión mejorada (versión 2.0), que introduce, entre otras novedades, sistemas de búsqueda avanzada sobre información arbitral, la actualización de información en tiempo real, la ampliación del umbral de información desde 2005 a 2013[14], así como la habilitación de nuevos formularios de consulta sobre información que vincule a árbitros, entidades y contratistas. Se espera que la nueva versión del Récord Arbitral esté a disposición de la ciudadanía a fines de este año.

Polémica Doctrina Nacional

■ Con el objetivo de procurar el fortalecimiento del arbitraje en las compras públicas, el legislador estimó conveniente realizar algunas modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado[15], aprobada mediante D. Leg. Nº 1017 y su reglamento[16], aprobado mediante DS Nº 184-2008-EF. Haremos a continuación un breve repaso de las mismas, anunciando desde ya que varias de estas modificaciones han originado polémica en la doctrina nacional. El Art. 52 numeral 52.2 de la ley ha establecido plazos específicos de caducidad, tanto para dar inicio al arbitraje administrativo para los casos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad y resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago; así como para los reclamos que formulen las entidades por vicios ocultos en bienes, servicios y obras entregados por el contratista. De esa forma, se ha superado una inconsistencia contenida en la versión original de la ley respecto a las disposiciones reglamentarias sobre esa materia[17].

■ Además, la citada ley, en su Art. 52 numeral 52.3, ha reiterado una disposición de orden público, según la cual los árbitros deben resolver estas controversias de acuerdo con un orden de preferencia en la aplicación del derecho: Constitución Política, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, las normas de derecho público y las de derecho privado. La novedad introducida por la Ley N° 29873 es que el incumplimiento de dicha disposición configura una causal de anulación del laudo.

■ Otra de las significativas modificaciones a la ley es la contenida en el Art. 52 numeral 52.8 concordado con el Art. 224 del reglamento. Dicha norma fija ciertas obligaciones que deben cumplir los árbitros, como informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia; y sustentar el apartarse cuando corresponda del referido orden de prelación, estableciéndose que su incumplimiento configura infracción y resulta pasible de sanción administrativa por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. La norma ha previsto dos tipos de sanción administrativa para estos supuestos: la suspensión temporal y la inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro en las controversias en materia de contratación pública, con la consecuente suspensión o exclusión del Registro de Árbitros del OSCE.

Además, la referida ley ha precisado que la sanción administrativa resulta independiente a la que pudiera corresponder conforme al Código de Ética para el arbitraje administrado por el OSCE o por otra institución que lleve a cabo el proceso. A diferencia de la normativa anterior, el reglamento en su Art. 224 ha ampliado los alcances del citado código al establecer que dicho cuerpo normativo, además de ser aplicable a los arbitrajes ad hoc y a los administrados por el Sistema Nacional de Arbitraje de OSCE, también resulta de aplicación a los procesos administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o que teniéndola no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca sanción aplicable.

■ Por último, cabe mencionar la modificación del Art. 230 del reglamento, el cual establece que los gastos arbitrales no podrán exceder de lo establecido en la tabla aprobada para el efecto por el OSCE. De esta manera, se colocó un límite máximo para honorarios arbitrales y secretariales, en los procesos arbitrales ad-hoc. Las instituciones arbitrales, por su parte, permanecen regulando autónomamente los gastos arbitrales de los procesos sometidos a su administración y reglamentos. ◆

[1] ] La Constitución Política de 1993, siguiendo a su predecesora, reconoce el arbitraje como una "jurisdicción de excepción". Un año antes, el D. Ley Nº 25935 había sentado las bases de un arbitraje moderno en el Perú, al generar uncuerpo normativo autónomo y especializado, que luego, a fines de 1995, fue perfeccionado por la Ley Nº 26572, norma esta que estuvo vigente hasta 2008, en que fue sustituida por el D. Leg. Nº 1071. También es importante mencionarque durante esa década se emitieron normas que, además de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, propiciaban la utilización del arbitraje por parte del Estado en algunas materias, tales como el D. Leg. N° 662 Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera (1991), el D. Leg. N° 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (1991), el D. Leg. N° 758, modificado por el D. Leg. N° 839, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos (1991 y 1996, respectivamente);

[2] Como es evidente, este tipo de controversias involucran recursos e intereses públicos;

[3] Ley 26850, Art. 53;

[4] D.S. 084-2004-PCM, reglamento de la Ley 26850, Art. 278. En el régimen general de arbitraje hoy vigente, de acuerdo con lo previsto por el Art. 22 del D. Leg. N° 1071, resulta posible que los arbitrajes de derecho no sean conducidos por árbitros abogados, de pactarlo así las partes;

[5] El Art. 53 de la Ley 26850 preveía la facultad del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de imponer sanciones a los árbitros;

[6] En el vigente D. Leg. N° 1071, Art. 51, la confidencialidad está normada como regla general para los procesos arbitrales, vinculando dicha obligación no solo a los árbitros sino también a las partes, el secretario, la institución arbitral y todo aquel que intervenga en las actuaciones arbitrales. La Ley N° 26572 se limitaba a referirse a este asunto de forma muy relativa, estableciendo una genérica obligación de "discreción", solo dirigida a los árbitros;

[7] Nos referimos a la Ley N° 29873 y al D.S. 138-2012-EF;

[8] Los procesos arbitrales pueden desarrollarse bajo dos modalidades: institucional (gestionados por una institución arbitral, conforme a sus reglamentos) y ad-hoc (tramitados bajo reglas propias y administración particular). Por cuestiones obvias, el nivel de desinformación existente respecto al sentido en que se resuelven los arbitrajes ad-hoc es mucho mayor y más difícil de contrarrestar, puesto que en muchos casos la documentación (es decir, los propios expedientes) resultan inubicables y no están sometidos a custodia efectiva alguna;

[9] D. Leg. N° 1017, Art. 52, numeral 52.3;

[10] DS N° 184-2008-EF, Art. 231. Según la versión original de dicho artículo, los árbitros debían cumplir con remitir al OSCE los laudos a los cinco días de notificados, para su registro y publicación;

[11] En 2012 se registraron 138,407 contrataciones bajo este ámbito, a escala nacional:

[12] CASTILLO FREYRE, Mario. Ponencia. En http://www.castillofreyre.com/biblio_arbitraje/vol8/cap13.pdf ;

[13] Profesionales que pertenecen al Registro de Árbitros del OSCE y profesionales que ejercen la función arbitral de forma independiente que llevaron a cabo instalaciones de Tribunales Arbitrales ad hoc en el OSCE;

[14] La primera versión del Récord Arbitral solo contempla información correspondiente a 2011 y parte de 2012;

[15] Modificada por la Ley Nº 29873;

[16] Modificado por el DS Nº 138-2012-EF;

[17] Es conocido que mientras la ley establecía como plazo de caducidad para la mayoría de pretensiones la fecha de culminación del contrato, el reglamento establecía plazos específicos diferentes, no concordantes con el criterio legalmente establecido.

UNA MIRADA SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN DEL OSCE

2014-02-11T07:00:00.000-08:00

Hacia una reforma sustantiva y necesaria
Tomado de la Revista Jurídica
Transcrito por Yorcka Torres

Desde una observación integral del mercado de compras públicas, resulta indispensable mencionar que dicho mercado se encuentra conformado por varios actores protagónicos que desde su enfoque y el desempeño de su rol contribuyen, de una u otra manera, al resultado, sea este exitoso o no, tomando en cuenta en dicho término criterios de eficiencia, eficacia, calidad y economía. Entre estos actores protagónicos no podemos dejar de mencionar a las entidades contratantes y sus titulares, los proveedores (personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras), los funcionarios públicos encargados de las funciones relacionadas con logística, presupuesto, tesorería, administración, afines y los que forman parte del área usuaria, además de los árbitros, procuradores públicos, asesores legales (internos y externos), auditores, etcétera.

■ Así, tenemos que dentro de este espacio de retroalimentación comercial, jurídica y técnica contamos con 143,281 proveedores registrados en el Registro Nacional de Proveedores, de los cuales –durante 2012–, 41,262 proveedores han concretado una relación contractual con el Estado, constituyendo dicha cifra un evidente incremento en comparación con 2011, año en que solamente fueron 32,000 los proveedores que concretaron una relación contractual con el Estado.

■ Un dato importante es que en 2011 el monto anual de contrataciones del Estado ascendió a 28,892

millones de nuevos soles y en 2012 se ha incrementado sustancialmente a 41, 628 millones de nuevos soles, lo que sin ninguna duda también ha obedecido a los excelentes indicadores macroeconómicos de nuestro país. Como se podrá apreciar, resulta muy importante tomar en cuenta estas cifras, relacionadas con un universo de 138,000 procesos adjudicados en el ejercicio presupuestal 2012, cifra que también se incrementó en comparación con 2011, que no superó los 110,000 procesos adjudicados.

■ Adicionalmente, no podemos dejar de mencionar que todas estas cifras están acompañadas por una mayoritaria percepción de malas prácticas o corrupción en los procesos de contrataciones, así como por el desconocimiento o poca información sobre las reales competencias y responsabilidades de las instituciones que cautelan, de una u otra manera, el correcto uso de los recursos del Estado.

Régimen Jurídico

■ Tomando en consideración los alcances y estadísticas mencionados, cualquier política institucional que se desarrolle a través de líneas estratégicas de acción no puede ignorar o excluir estos roles y menos aún la importancia y complejidad de su alcance. Por ello, resulta paradójico, por decir lo menos, que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), no haya reconocido expresamente la existencia del Sistema de Contrataciones del Estado como un sistema administrativo, otorgándole la rectoría al Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE).

■ Al respecto, hemos participado de algunas discusiones jurídicas y técnicas en las que no se ha podido concluir con certeza si esta carencia normativa requiere ser subsanada o si el sistema de contrataciones del Estado no es en sí un sistema, sino que forma parte del sistema de abastecimientos, que sí se encuentra reconocido expresamente en la LOPE. Sin la pretensión de continuar con este tipo de discusiones, lo que no es el objetivo del presente artículo, propongo, y así lo hemos venido haciendo, que utilicemos el término de régimen jurídico de contrataciones del Estado.

■ Ahora bien, sin perjuicio de la falta de una definición al respecto, sustancial pero no indispensable, el OSCE ha asumido últimamente el ejercicio de sus funciones primordiales, priorizando el diseño y la implementación de sus líneas estratégicas de acción a cuatro ejes principales: fortalecimiento del rol supervisor, desarrollo de capacidades, diseño e implementación de sistemas y tecnologías de información y, finalmente, fortalecimiento del proceso de desconcentración de funciones a escala nacional. Dichos ejes están directamente relacionados con los Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Optimización de procesos internos

■ Como parte del tercer eje principal, tanto hacia dentro como hacia afuera, estamos diseñando, desarrollando e implementando tecnologías y sistemas de información y de gestión de procesos, con el objeto de optimizar nuestros procesos internos, pero también los procedimientos administrativos, que nos relacionan con los administrados. Es una etapa de evolución, de construcción de información y sistemas inteligentes de búsqueda y acceso de esa información, que en largo plazo dará excelentes resultados. Entre las líneas de acción que integran este eje estratégico, la puesta en funcionamiento de la versión 3.0 del SEACE es un gran logro que en el mediano plazo proporcionará mayor celeridad, transparencia y seguridad en las contrataciones del Estado, permitiendo inclusive las transacciones electrónicas en todos los tipos de procesos.

Actos Preparatortios

■ Queremos aprovechar esta oportunidad para precisar que a pesar de que han existido más de 48 regímenes especiales, de los cuales están vigentes actualmente solo 25, el régimen jurídico de contrataciones del Estado, como régimen general, ha incrementado sus cifras, en tanto el número de procesos de selección clásicos llevados a cabo en 2012 se incrementó en 26.98%, y el monto total adjudicado se incrementó en 44.27%. Ello responde en parte a la percepción, respecto de la cual los procesos de selección clásicos regulados por el Régimen General de Contrataciones del Estado, aun cuando sean transparentes y públicos, son excesivamente lentos, formales e ineficientes. Más adelante les comentaré con mayor detalle que dicha percepción está contaminada con procesos y funciones que no están solamente involucrando al proceso de selección, sino sobre todo a los actos preparatorios, responsabilidad de las entidades.

■ Otra precisión importante está relacionada con nuestro ámbito de competencia. Muchas veces he sido testigo de las confusiones e imprecisiones respecto a ello, generadas por la poca difusión informativa y por el alto grado de especialización técnica y jurídica del régimen de contrataciones del Estado y, por ende, del OSCE, como organismo supervisor de dicho régimen. Hemos escuchado y leído frases como "el OSCE otorgó la buena pro", "el SEACE validó la contratación", "el OSCE anuló las bases".

Selectiva y Aleatoria

■ A propósito del primer eje principal, respecto del cual les queremos comentar, relacionado con el fortalecimiento de la función supervisora, es medular aclarar que el OSCE supervisa procesos de manera selectiva y aleatoria, no supervisa ni valida ni es instancia aprobatoria de todos los procesos que se llevan a cabo en un año por las entidades fiscalizadas. La supervisión es la función principal que se va desarrollando en diversos momentos dentro del proceso de selección y hasta la ejecución del contrato.

■ En este esquema de supervisión, y por lo dispuesto expresamente por la ley y su reglamento, la responsabilidad primigenia, de primer nivel, básica e integral, está asignada al titular de cada entidad contratante. Hablamos de más de 2,890 entidades en los diferentes niveles de gobierno. Así, se fija expresamente que a nivel del titular de la entidad hay una responsabilidad de supervisión integral de los procesos de contrataciones que se llevan a cabo en su entidad; por ende, el titular es el responsable exclusivo de diseñar mecanismos y establecer estrategias de control interno y de fiscalización posterior que aseguren el cumplimiento de la normatividad, el establecimiento de buenas prácticas y la ejecución del gasto con calidad, en el marco del cumplimiento de los objetivos institucionales.

■ El OSCE desarrolla una supervisión de segundo nivel, selectiva, aleatoria, acotada, que no representa una instancia posterior ni de menor jerarquía, sino que constituye una forma de intervención con el objeto de subsanar los procesos de selección y coadyuvar a una correcta ejecución del gasto público. En este marco de competencias, nuestras intervenciones proceden de mecanismos de monitoreo de oficio y los requerimientos que se generan a instancia de parte (denuncias y emisión de pronunciamientos). Es muy importante destacar que toda la supervisión de oficio y a instancia de parte se realiza basándose en la información que se registra en la plataforma electrónica, que es el SEACE, información que es de responsabilidad exclusiva de las entidades y sus funcionarios públicos, sobre la cual el OSCE desarrolla sus mecanismos y esquemas de intervención.

Rol Supervisor

■ Para el ejercicio de la función supervisora y su fortalecimiento, además de modificaciones normativas aprobadas mediante la Ley Nº 29873, vigente desde el 20 de setiembre de 2012, se diseñó e implementó una nueva estrategia de supervisión que contiene filtros de legalidad y cumplimiento de formalidades, pero también caracteres cualitativos de identificación de factores de índole técnico, profundización de la revisión de documentos para definir direccionamientos técnicos o sobrevaloraciones, y acciones de seguimiento, con el objeto de verificar y cautelar el nivel de subsanación y corrección de los procesos.

■ Adicionalmente, hemos desarrollado mecanismos y líneas de acción que fomentan la transparencia y la captura de información valiosa para nuestra labor supervisora. Así, hemos desarrollado conversatorios a escala nacional con el objeto de levantar información sobre las limitaciones y barreras, diseñado y aprobado el uso de un Formato de Resumen Ejecutivo en el que se consignará información sobre los actos preparatorios, y a partir de la puesta en funcionamiento del SEACE, que está siendo progresiva y paulatina, se contará con un módulo de actos preparatorios, que además de generar transparencia y publicidad a dichos actos (antes no estaban en la esfera de conocimiento público) nos permiten intervenir oportunamente en la supervisión y subsanación de desviaciones o irregularidades.

■ Dentro de este eje principal no podemos dejar de mencionar la labor del Tribunal de Contrataciones, que interviene en el ejercicio de la función supervisora al resolver los recursos de apelación que se interponen contra el otorgamiento de la buena pro y que inclusive está facultado para otorgar la buena pro, corrigiendo y subsanando el proceso de selección. Por otro lado, el tribunal está facultado también a supervisar la conducta procesal de los proveedores, identificando las infracciones que podrían cometer como participantes, postores o contratistas, y aplicando sanciones administrativas de inhabilitación administrativa, temporal o definitiva.

■ Tampoco podemos no mencionar el rol de cautela que se concentra en el ejercicio de las funciones de la Dirección de Arbitraje Administrativo, que no interviene en la decisión, composición y organización del mecanismo de solución de controversias durante la etapa de ejecución contractual, pero sí con una serie intervenciones de índole residual que están relacionadas con las designaciones de árbitros, a la recusación de árbitros, que es un mecanismo de control del deber de revelación, y de otros conflictos de intereses que puedan identificarse por las partes durante o en el momento de la instalación del arbitraje. También en cuanto a las instalaciones de los árbitros únicos o tribunales arbitrales y algunos otros temas administrativos orientados al tema arbitral, además de las sanciones éticas a árbitros y de las sanciones administrativas a los árbitros que son competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Oficinas zonales empoderadas

■ No menos importante es nuestro cuarto eje estratégico, que mira hacia dentro del territorio nacional y está sustentado en nuestra intención de fortalecer las 20 oficinas zonales que tenemos, con el objetivo de que asuman funciones operativas y de línea, con lo que desconcentramos funciones principales y fortalecemos nuestras intervenciones a escala nacional, con una política de mayor acercamiento a la realidad de cada región, a su cultura y, sobre todo, a sus necesidades. Este plan ha comenzado con la reinauguración de la oficina zonal de Arequipa, y su implementación durará cuatro años, a cuyo término el OSCE podrá contar con oficinas zonales empoderadas, eficaces y oportunas que intervengan en las contrataciones de su jurisdicción, con el objeto de subsanar los procesos y/o corregir las desviaciones.

Fortalecimiento Normativo

■ Es importante destacar que en el tema arbitral hemos desarrollado también un fortalecimiento normativo a nuestras funciones, a partir de las modificaciones de la Ley Nº29873, en la que existe la obligación de publicar los laudos para que tenga efectos jurídicos, con lo cual podemos sistematizar sus contenidos y encontrar respuestas y tendencias jurisprudenciales, así como publicar electrónicamente una serie de actos como las instalaciones, designaciones, entre otros, buscándose, por ello, fortalecer la naturaleza particular del arbitraje que resuelve controversias generadas dentro del régimen de contrataciones del Estado, y que comprometen el destino de los recursos públicos involucrados, que esencialmente exige publicidad y transparencia.

■ En cuanto al segundo eje principal, consideramos que ningún cambio normativo o diseño de estrategias logra resultados, con efectos prolongados en el tiempo y en el espacio, sin que conjuntamente se desarrollen y fortalezcan acciones tendientes al desarrollo de capacidades de los recursos humanos, focalizado en los diferentes actores que se interrelacionan dentro del régimen de contrataciones del Estado. Así, el desarrollo de capacidades es una de las líneas de acción más importantes para el OSCE en la medida en que otorgan sostenibilidad profesional y especializada. A estos efectos, hemos diseñado una serie de herramientas que sirvan en corto, mediano y largo plazos para fortalecer las capacidades de los actores o integrantes del régimen de contrataciones del Estado.

■ En primer lugar, hemos reformulado los términos y condiciones para las acciones de capacitación (cursos de formación y difusión validados), en virtud de lo cual hemos concretado más de 20 alianzas estratégicas con instituciones académicas de primer nivel y de alcance nacional, tanto públicas como privadas. También desarrollamos programas de acompañamiento técnico y acciones de asistencia técnica, directamente dirigidos a las entidades contratantes. Finalmente, y desde un punto de vista normativo, desarrollamos una serie de herramientas para mejorar la eficiencia en las compras públicas y reducir los riesgos que puedan tener los funcionarios al preparar o llevar a cabo sus procesos, como las bases estándar, formatos, instructivos que mejoran y facilitan el desarrollo de un proceso de selección.

Capacidades

■ Todas esas herramientas están orientadas, en una gran parte, a dotar de capacidades a los funcionarios que laboran en los órganos encargados de las contrataciones, quienes se encuentran inmersos en el Proceso de certificación de funcionarios logísticos, que está en su fase inicial, de levantamiento e identificación de información individual, con el objeto de que seguidamente pasemos a una segunda fase, en la que se trabajará con perfiles y mallas curriculares, así como con habilitaciones por rangos de complejidad y envergadura, según las habilidades y las capacidades.

■ Dada la importancia y el rol económico, social y medioambiental que desempeñan las compras públicas en el Perú, se presentan una serie de retos para el futuro, que van de la mano con la integración de los sistemas administrativos del Estado, y con la eficiencia pública frente al ciudadano, así como con la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, en cumplimiento del mandato presidencial de julio de este año, que permitirá contar con un marco normativo que no solo atienda el mero cumplimiento de normas, requisitos y procedimientos rígidos, sino también que sea ágil, moderno y eficiente, y se enfoque hacia la gestión por resultados de manera que los fondos públicos se conviertan en bienes, servicios y obras para el ciudadano común, garantizando además la mejor relación precio-calidad, así como la promoción de otros objetivos primordiales del Gobierno, como la lucha contra la corrupción, a través del desarrollo de mecanismos de detección y búsqueda inteligente, de fiscalización posterior y sanción efectiva, el fomento de las compras verdes, y el desarrollo inclusivo de las mypes. ◆

Revista La Genciana

2014-02-06T13:56:00.000-08:00

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La consulta previa

2014-02-04T07:00:00.000-08:00

EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

Transcrito por Yorcka Torres

“Con el reconocimiento de su identidad, la inclusión pretende la integración de los pueblos indígenas de una manera más justa, respetando la singularidad de su manera de expresar y demostrar su ciudadanía.”

■ El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) tiene como objetivo erradicar modelos de desarrollo que pretendan la asimilación de los pueblos indígenas a la cultura dominante de un país. Con ello no se busca situar a los pueblos indígenas en una posición de superioridad frente al resto de la población, sino que los pueblos indígenas se vean beneficiados efectivamente con los derechos fundamentales que un Estado pluricultural reconoce.

■ En efecto, los pueblos indígenas han existido desde antes de la aparición de los Estados en

Sudamérica, sin embargo, su presencia no ha significado su visibilidad o inclusión efectiva en las políticas de desarrollo. Se debe tener presente entonces el olvido histórico que estas poblaciones han padecido a fin de poder comprender no solo a los pueblos indígenas en sí, sino también a la normativa elaborada con el propósito de tutelar su particular realidad sociológica, cultural, política y económica.

■ Así, la protección otorgada por el mencionado convenio se centra en elementos indispensables para la conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas, sin perjuicio de su desarrollo y voluntaria participación en la economía global. Ejemplo de ello es la regulación relativa a las tierras, el reconocimiento y respeto de su identidad y la procura de niveles superiores de educación, salud y calidad de vida. Otro ejemplo es el derecho de consulta previa e informada establecido en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la OIT, que es una de las herramientas más importantes que tienen los pueblos indígenas. Esto lo ha reconocido claramente el Tribunal Constitucional (TC) en el Caso Tuanama Tuanama II (STC Nº 0024-2009-PI/TC).

■ Es en realidad una verdadera garantía jurídica que permite en muchos sentidos tutelar los intereses de los pueblos indígenas. En dicha disposición se indica lo siguiente: "1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; [...].2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

■ Por otro lado, el artículo 15 también hace referencia al derecho de consulta, sin embargo, esta disposición establece la consulta para el caso específico de exploración y explotación de recursos naturales ubicados en los territorios de los pueblos indígenas. De esta manera, en el punto 2 de dicho artículo se establece que: "En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades".

■ El mandato establecido en el artículo 6, esto es el derecho de consulta previa e informada, es uno de carácter general que pretende propiciar y materializar el diálogo intercultural en todos los estratos de intervención estatal sobre la situación jurídica de los pueblos indígenas. Dentro de ciertos ámbitos este mandato se refuerza con referencias específicas, por ejemplo, en el caso del ya referido artículo 15, pero también con el artículo 22 (tercer párrafo) y el 28, referidos estos últimos a la formación profesional y a temas educativos.

■ Por medio de tales medidas lo que se pretende es una reivindicación en clave de inclusión de los pueblos indígenas. Como ya se ha expresado antes, la historia de los pueblos indígenas en nuestros países, y en otras latitudes, ha estado marcada por la exclusión. Siendo grupos minoritarios, en diversas ocasiones han sido ignorados y agredidos por traficantes informales, industriales sin escrúpulos y por el propio Estado.

■ En tal sentido, con el reconocimiento de su identidad, la inclusión pretende la integración de los pueblos indígenas de una manera más justa, respetando la singularidad de su manera de expresar y demostrar su ciudadanía. Esta pretensión no se enmarca dentro de perspectivas de desintegración de lo desigual o de una atomización, sino más bien de la integración de lo pluricultural. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el Caso Tuanama Tuanama I (STC Nº 00022-2009-PI/TC).

■ Así, reconociendo la herencia cultural de los pueblos indígenas, el convenio pretende que estos puedan desarrollarse no solo como miembros de un pueblo indígena sino también como miembros de un Estado. En suma, el diálogo intercultural que es exigido por este convenio es el elemento que atraviesa dicho cuerpo normativo, persiguiendo con ello ya no la subordinación de una identidad respecto de otra, sino el respeto de las diversas manifestaciones culturales.

■ Ahora bien, de los artículos 6 y 15 del Convenio N° 169 se pretende institucionalizar el dialogo intercultural, mas no se desprende que los pueblos indígenas gocen de una especie de derecho de veto. Es decir, la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas o administrativas que les podría afectar directamente, no les otorga, en mi opinión, la capacidad de impedir que tales medidas se lleven a cabo.

■ Si bien en el último párrafo del artículo 6 del convenio se expresa que la consulta debe ser llevada a cabo "con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas", ello no implica una condición que de no ser alcanzada representaría la improcedencia de la medida. Lo que explica dicho artículo es que tal finalidad debe ser el objetivo de la consulta, debe orientarla. De ello se infiere que un proceso de consulta en el que se determine que no se pretende alcanzar tal finalidad, podrá ser cuestionado.

■ En suma, es obligatorio y vinculante llevar a cabo el proceso de consulta, asimismo, el consenso al que arriben las partes será vinculante, sin embargo, ello no implicará que el pueblo indígena pueda evitar la aplicación de las normas sometidas a consulta por el hecho de no estar de acuerdo con el acto administrativo o legislativo. Y es que si bien es legítimamente exigible la tutela de los pueblos indígenas, también es cierto que esta realización debe concretarse dentro de los márgenes del bien común, concepto nítidamente establecido en la Constitución como destino fundamental de la actividad del Estado, solo sometido al principio de protección de la dignidad de la persona.

Características Esenciales

■ Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del convenio se extraen las principales características de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores, así, en caso de presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como una de tipo arbitrario y por lo tanto podría ser inconstitucional.

■ El principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta. Es aquel que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se permite excluir una serie de prácticas, ya sean sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe verse concretado en las tres etapas elementales en que puede estructurarse el proceso de consulta, es decir: 1) determinación de la afectación directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la medida. El respeto del principio de buena fe debe verse materializado a lo largo de estas tres etapas.

■ Por ejemplo, en la primera, cuando el funcionario prevé que la medida legislativa o administrativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, debe comunicársele a las entidades representativas de los pueblos indígenas. No debe tratar de impedir o poner trabas que hagan que dicha información no sea conocida o que se concrete la consulta. El principio de transparencia obtiene un nuevo contenido en este escenario. En todo caso, frente a este tipo de contextos, los pueblos indígenas podrían utilizar las garantías judiciales pertinentes a fin de subsanar esta situación.

En la segunda etapa indicada se comprende que las partes, y sobre todo el Estado, deben estar comprometidos en llegar a un consenso. Sería inviable generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma, sin que se incida en lo sustancial de la misma.

■ Como lo explicita el artículo 6 del convenio, la finalidad del diálogo será llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas. Para ello se tendrán que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en concreto. También debe atenderse a cuestiones relativas al clima y la accesibilidad de los miembros de los pueblos indígenas al lugar en donde se va a llevar a cabo la consulta. En tal sentido, no debe optarse por lugares que sean de difícil acceso o que en determinada época del año así lo sean.

De otro lado, no se condice con el principio de buena fe que las entidades representativas de los pueblos indígenas se nieguen a realizar la consulta. Esta iniciativa de cerrar las puertas al diálogo y rechazar toda posibilidad de consenso no se ajusta a los principios del Convenio N° 169.

■ No obstante, las soluciones que pretendan superar esta situación tendrán que basarse en el principio de buena fe. Y es que el desafío al diálogo no debe ser rechazado con respuestas sustentadas en similar criterio, sino con la legitimidad de quien cumple los principios de un Estado Constitucional. En todo caso, debe tenerse en mente que cierta desconfianza puede ser comprensible debido a la situación de olvido en la que han estado involucrados los pueblos indígenas al ser marginados del desarrollo.

Sin embargo, el que sea comprensible no implica que se justifique una posición como la descrita. Este tipo de situaciones por el contrario constituyen oportunidades para que el Estado se legitime y ejerza su potestad con pleno respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

■ En cuanto a la tercera y última etapa, de muy poco servirá arribar a los consensos si es que luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe exige que no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de representación de los pueblos indígenas incorporándolos como grupos plurales en la dinámica participativa de la democracia.

■ Es importante también subrayar que los pueblos indígenas deben contar con un plazo adecuado y razonable a fin de que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se encuentran. Se garantiza así el desarrollo del proceso de diálogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de la medida que se esté consultando.

■ Frente a este tipo de situaciones, el principio de flexibilidad tendrá que aplicarse con el propósito de adaptar la consulta a cada situación. Debido a la diversidad tanto de pueblos indígenas existentes como de sus costumbres, inclusive entre unos y otros, es importante que en el proceso de consulta estas diferencias sean tomadas en cuenta.

■ Las medidas a consultar tienen diversos alcances, siendo por ello pertinente ajustar a cada proceso de consulta el tipo de medida, sea administrativa o legislativa, que se pretende consultar. Es por ello que en el artículo 6 del convenio se establece que las consultas deben ser llevadas a cabo de una "manera apropiada a las circunstancias".

■ De igual forma, el principio de flexibilidad tendría que aplicarse cuando la consulta sea realizada en un contexto de una exploración y cuando se pretenda la explotación de recursos naturales. Si bien en ambos casos procede la consulta, no es menos cierto que en principio la intervención será mayor con la explotación que con la exploración.

■ En tal sentido, ello tendrá que ser reparado al momento de analizar la realización del derecho de consulta y los consensos a los que se arriben. Así, a mayor intensidad de intervención se prevea, mayor escrutinio tendrá que existir al momento de revisar el proceso de consulta. Ello debido a que se está frente a una intervención que en principio será importante y de un mayor nivel de afectación. En tal sentido, importa mayor participación por parte de los pueblos indígenas directamente afectados. Asimismo, debe recordarse que lo que se pretende con el proceso de consulta es que se lleve a cabo un verdadero diálogo intercultural.

■ La intención es que dentro de la pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un diálogo, tomando en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena y evaluando la metodología aplicable que resulte más idónea para cada caso en concreto.

Esto con la finalidad no solo de obtener acuerdos que signifiquen garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas, como la preservación de la calidad ambiental de su territorio, de sus diversas actividades económicas y culturales, en su caso de la justa compensación e, incluso, la completa adecuación a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto de coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada dentro del territorio de determinados pueblos indígenas, los que deberán resultar notoriamente beneficiados.

■ El progreso y desarrollo de los pueblos indígenas, finalmente, no pueden ser el producto de la imposición y menos de las presiones que pueden ejercer las corporaciones económicas en las distintas esferas de la organización estatal. Por lo que el derecho a la consulta es el instrumento adecuado para preservar el derecho de las comunidades; solo así el progreso y el desarrollo serán compatibles con los mandatos constitucionales.

■ El derecho de consulta es un derecho habilitante para la garantía de los demás derechos que se reconoce a las comunidades, porque les permite espacios para el diálogo y la inclusión; es un mecanismo de participación de las comunidades que, con el estricto cumplimiento del principio de transparencia, puede contribuir de manera importante al desarrollo y respeto de la identidad étnica de dichos pueblos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional peruana del Caso Bustamante Johnson contra Repsol (STC 03343-2007-PA/TC). ◆

Actuación del Estado y el Convenio 169

■ En la medida que el Convenio N° 169 sea suscrito y ratificado por un Estado, es evidente que impone obligaciones. En este caso, la obligación de realizar la consulta. Es por ello que el Estado es el principal responsable que se lleve a cabo la consulta. Ello desde luego no excluye la responsabilidad de los pueblos indígenas de plantear al órgano estatal pertinente, mediante sus organizaciones representativas y previamente al dictado de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente, que se efectúe la consulta. Como lo ha considerado el Tribunal Constitucional en el Caso Aidesep (STC 05427-2009- AC/TC).

■ Ello pone a prueba la transparencia con la que opera el Estado al momento de establecer medidas, en este caso, relativas a los pueblos indígenas. El principio de transparencia también es inherente al proceso de consulta. Tiene una relevancia tal que permite enfatizar su autonomía. Ya se adelantó que en cuanto se establezca que determinadas medidas pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, éstas deben ser puestas en conocimiento de dichos pueblos.

■ Igualmente, es importante que se establezcan cuáles van a ser las consecuencias de tales medidas, sean estas positivas o negativas. Es vital que se conozcan cuáles van a ser las metodologías de la consulta, así como las normas pertinentes que sustenten la medida. El principio de transparencia implica que la documentación relevante tendría que ser traducida a fin de que la comprensión de la misma pueda garantizarse plenamente. Además, se tendrán que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la metodología aplicable que resulte más idónea para cada caso en concreto.

■ Otra manifestación característica es que la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad de que puedan ser tomadas en cuenta.

Compromisos y los riesgos

■ La consulta es una expectativa de poder, de influencia en la elaboración de medidas que van a tener un impacto directo en la situación jurídica de los pueblos indígenas. Trasladar esta consulta a un momento posterior a la publicación de la medida elimina la expectativa de la intervención subyacente en la consulta. Además generaría que la consulta se lleve a cabo sobre los hechos consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia de buena fe.

■ En todo caso, las condiciones de los hechos pueden determinar ciertas excepciones, aunque estas siempre serán revisadas bajo un examen estricto de constitucionalidad debido a la sospecha que tales situaciones generan.

■ Dicho esto, corresponde delinear el contenido esencial del derecho de consulta previa e informada, según ha establecido el Tribunal Constitucional en el Caso de la Ley de Recursos Hídricos (STC 0025-2009-PI/TC), que implica: a) el acceso a la consulta, b) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta y c) la garantía del cumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta.

■ En lo que al primer elemento respecta, resulta evidente que si se cumple la condición establecida en el convenio, esto es, si se prevé que una medida legislativa o administrativa será susceptible de afectar directamente a algún pueblo indígena y no se realiza la consulta, es manifiesto que el derecho de consulta sería pasible de ser afectado.

■ En cuanto al segundo supuesto indicado, debe comprenderse que si la consulta se realiza sin que se respeten los requisitos esenciales establecidos es evidente que se estaría vulnerando el derecho de consulta. Por ejemplo, la realización de la consulta sin que la información relevante haya sido entregada al pueblo indígena o que no se le haya dado un tiempo razonable para poder ponderar los efectos de la medida materia de la consulta.

■ El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos a los que se ha arribado en el proceso. La consulta realizada a los pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, lo que no implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas.

■ En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, este posteriormente es desvirtuado, los afectados podrán interponer los recursos pertinentes a fin de que se cumpla con los acuerdos, que constituyen el resultado de la consulta. Y es que, en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, los consensos que son resultado de la negociación deben ser respetados, de lo contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta.

“El derecho a la consulta es el instrumento adecuado para preservar el derecho de las comunidades; solo así el progreso y el desarrollo serán compatibles con la Constitución.”

Pautas relevantes

■ Es relevante, de otro lado, que se den algunas pautas con miras a que se configure claramente el proceso de consulta. A mi juicio, el inicio de todo el proceso será la determinación de la medida legislativa o administrativa que puede ser susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena. Esta tarea debe ser realizada por la entidad que está desarrollando tal medida.

■ En segundo lugar se deben determinar todos los pueblos indígenas posibles de ser afectados, a fin de notificarles la medida y la posible afectación. Una vez notificados los sujetos que intervendrán, se debe brindar un plazo razonable para que los pueblos indígenas puedan formarse una opinión respecto de la medida. Luego tendrá que pasarse a la negociación propiamente dicha.

■ Si es que el pueblo indígena se encuentra de acuerdo con la medida, entonces concluye la etapa de negociación. De lo contrario, si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta precluye una primera etapa de negociación. Con ello se pretende hacer visible los puntos sobre los cuales existe disconformidad. En este punto, la medida no podrá ser implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que iniciar una segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, solo entonces el Estado podrá implementar la medida, atendiendo en lo posible a las peticiones del pueblo indígena. ◆

EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

2014-01-28T07:00:00.000-08:00

Gestión y resultados

Transcrito por Yorcka Torres

Han transcurrido 18 meses desde que se dio inicio a una nueva gestión en el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). Durante este tiempo, conjuntamente con la participación y compromiso de los vocales, profesionales y personal técnico integrante de este órgano resolutivo, hemos desplegado esfuerzos por mejorar nuestros procesos de trabajo y ofrecer a la ciudadanía un servicio con altos niveles de eficiencia y calidad.

Como bien señala el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, el TCE tiene entre sus principales funciones:

a) resolver las controversias que surjan entre las entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa y prever que las contrataciones se realicen optimizando los recursos públicos en las mejores condiciones de calidad y precios en un marco de transparencia y competencia, y b) aplicar sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores, contratistas, árbitros y expertos independientes, con el objeto de incentivar buenas prácticas en la contratación y prevenir la

concurrencia de conductas que alteren o violenten la normatividad.

A partir de lo expuesto se puede afirmar que las funciones otorgadas a este Tribunal Administrativo son de gran importancia para el interés público, por cuanto actúa como jurisdicción administrativa en materia de contratación pública para la solución de controversias generadas durante la tramitación de los procesos de selección ejerciendo el rol de cautela de los recursos públicos en beneficio del ciudadano; y, además, genera incentivos para promover prácticas saludables en el mercado de compras públicas y previene los actos de corrupción o ilegalidad a través de las sanciones que aplica. Por ende, el fortalecimiento y mejora de sus procesos se encuentra dentro de la agenda de prioridades del OSCE.

Al respecto, como actividad inicial, nos propusimos identificar el estado situacional del TCE. Los resultados de este diagnóstico indicaron la necesidad de ejecutar en cada

I. ORGANIZACIONAL

■ Organización y procesos de trabajo: reorganizar los procesos internos del TCE e implementar mecanismos de supervisión y monitoreo de las funciones y actividades.

■ Instrumentos normativos de gestión interna: a) contar con un reglamento que defina responsabilidades y actividades en el marco de su competencia, y b) la Directiva N° 003-2012-OSCE/CD sobre lineamientos para el procedimiento de asignación de expedientes debía considerar criterios de complejidad a efectos de garantizar una asignación equitativa de expedientes. Asimismo, era necesario que la Directiva N° 009/2010/OSCE/PE se adecue a los cambios normativos en materia de contratación pública.

■ Gestión del archivo periférico: garantizar la adecuada custodia de un aproximado de 8,000 expedientes (250 metros lineales) correspondiente al periodo 2000-2012, que se encontraban bajo la responsabilidad de la Secretaría del TCE.

■ Información sobre cumplimiento de metas y productividad: diseñar e implementar informes o instrumentos de gestión que reflejaran el cumplimiento de metas e indicadores de productividad.

II. CARGA PROCEDIMENTAL

■ Gestión de carga procedimental: atender 1,177 ingresados al TCE correspondiente al periodo 2000-2012 que se encontraban pendientes de pase a Sala para la emisión de pronunciamientos; así como 346 expedientes suspendidos con archivo provisional.

■ Actividades estratégicas para ejecutar: remitir a la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otras entidades públicas un aproximado de 560 expedientes correspondientes al periodo 2005-2012.

III. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

■ Infraestructura y equipamiento: organizar ambientes adecuados para el desarrollo del trabajo de los profesionales del TCE y la custodia temporal de expedientes.

■ Soporte tecnológico: que las funcionalidades del sistema informático permitieran la gestión integral de los expedientes, y que se superen las dificultades de accesibilidad a los usuarios, entre otros aspectos. Como se puede apreciar, había que atender necesidades inmediatas en cuanto a la gestión administrativa del TCE; sin que ello implique dejar de garantizar la prestación de un servicio oportu oportuno a los administrados. Por ende, para lograr cumplir con los objetivos propuestos, se ha impulsado un proceso de cambio que parte por dejar atrás el modelo de organización y cultura de trabajo tradicional de la administración pública y concentrar esfuerzos en la implementación de un nuevo modelo gerencial que comprende los siguientes fundamentos básicos: a) El ciudadano es el eje central de la acción pública; b) El Estado es el medio para alcanzar fines sociales y colectivos; c) La prioridad del Estado es la inversión social; d) La utilización eficiente del gasto público; y e) La vocación de austeridad en la actuación administrativa a través de la optimización de los recursos.

Asimismo, hemos aprovechado las ventajas de la reforma de la normatividad de contratación pública a través de la Ley N° 29873 y el DS N° 138-2012-EF. Lo señalado guarda concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por DS N° 004-2013-PCM y el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 aprobado por DS N° 119-2012-PCM.

PILARES DE LA GESTIÓN DE CAMBIO EN EL TCE

Bajo este modelo de gerenciamiento público, la gestión de cambio en el TCE se viene implementado a través de los siguientes pilares:

I. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS

■ Reorganización de la gestión de trabajo de la Secretaría del TCE, definiendo actividades de antes y después de sala, así como de ejecución de resoluciones y acuerdos. Lo señalado favorece la simplificación de procesos, delimita responsabilidades y dinamiza el trámite de los expedientes.

■ Reorganización del archivo periférico del TCE. Los expedientes han sido ordenados, clasificados y organizados. A la fecha se han transferido 1351 expedientes correspondientes al periodo 2000-2010 al Archivo Central del OSCE para su custodia y conservación. Esta acción permite tener un adecuado control y custodia de los expedientes, lo cual favorece la atención oportuna de información solicitada por los administrados y entidades públicas.

■ Priorización en la atención de expedientes ingresados al TCE en el periodo 2000-2012, así como las remisión a la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Indecopi y otras entidades, de expedientes correspondientes al periodo 2005-2012. Con ello se resuelven las diversas controversias que inciden en la contratación e impacta en la prevención y sanción de la corrupción.

■ Definición de indicadores de productividad y metas para la tramitación y resolución de expedientes. En todo modelo de gestión, permite que el TCE brinde un servicio oportuno y de calidad.

■ Implementación de procedimiento para el registro automático en el RNP de las sanciones de inhabilitación dispuestas por el TCE, así como implementación de mejoras al sistema XPORTAL5 del TCE. Dicha acción permite garantizar que las sanciones dispuestas por el TCE en sus resoluciones se ejecuten en forma inmediata.

■ Estandarización de los formatos de resoluciones y acuerdos, y de los decretos. Con ello se contribuye a la transparencia y predictibilidad.

■ Elaboración del proyecto de reglamento del TCE, directiva sobre gestión de archivo y ejecución de resoluciones y directiva para fiscalización posterior. Su aprobación permitirá definir funciones, procedimientos y responsabilidades en el TCE.

■ Contratación y ejecución de consultoría para la elaboración e implementación de un sistema de gestión de expedientes. Su implementación permitirá contar con un sistema automatizado que agilice los procedimientos del TCE.

II. TRANSPARENCIA

■ Mediante Resolución N° 100-2013-OSCE/PRE del 15 de marzo de 2013 se aprobó la Directiva N° 002-2013/OSCE-CE respecto a lineamientos para el procedimiento de asignación de expedientes en el TCE.

■ Mediante Resolución N° 283-2012-OSCE/PRE del 18 de setiembre de 2012 se aprobó la Directiva N° 008-2012/OSCE-CE respecto a disposiciones que regulan la emisión de decretos, resoluciones y/o acuerdos del TCE y su notificación, así como la programación de audiencias y lectura de expedientes. Dichas normas ofrecen a los administrados reglas claras en cuanto a la asignación de los expedientes a cargo del TCE, así como respecto a la emisión y notificación de decretos, acuerdos y resoluciones.

III. PREDICTIBILIDAD

■ Uniformidad de criterio de las salas al momento de resolver los expedientes asignados. Durante el 2012 y 2013 se aprobaron Acuerdos de Sala Plena sobre los siguientes temas: a) alcances del artículo 114 y 118 de la RLCE; b) procedimiento de resolución contractual por incumplimiento

del contratista como condición necesaria para la aplicación de sanción; c) aplicación de las disposiciones incorporadas por la Ley N° 29873 y DS 138-2012-EF; d) trámite de expedientes en sala pendientes de resolución; y e) contabilización de plazos en los procedimientos de apelación y sanción. Lo señalado ha permitido que las salas observen criterios uniformes durante la tramitación y resolución de los casos a su cargo. Asimismo, ofrece seguridad jurídica a los administrados y fortalece la imparcialidad en las actuaciones del TCE.

■ Adicionalmente a la publicación de resoluciones y Acuerdos de Sala Plena, se viene gestionando, en coordinación con otras dependencias del OSCE, la contratación de los servicios de sistematización, digitalización y gestión documental (aún en proceso). Como resultado de dichas contrataciones se ofrecerá una fuente jurisprudencial trascendente que permite identificar cuáles son los criterios asumidos por el TCE en cuanto a temas concretos.

IV. ESPECIALIDAD TÉCNICA

Con fecha 10.07.2013 se ha suscrito el Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el OSCE, que tiene entre sus objetos brindar apoyo técnico del CENAN de manera priorizada en el análisis y de ser el caso en la absolución de consultas técnicas relacionadas con alimentos y nutrición durante el desarrollo y después de los procesos de selección. Asimismo, el 29.01.2013 se suscribió un convenio de cooperación con Indecopi. Es una tarea pendiente la suscripción de convenios con otras entidades especializadas. Lo señalado permite contar con el apoyo técnico especializado de entidades públicas que regulan determinados temas que son materia de evaluación en los procesos de contratación pública. ◆

Reflexiones finales

El TCE ha desplegado esfuerzos por atender oportunamente los expedientes que han sido puestos a su conocimiento para el respectivo pronunciamiento. En tal sentido, las cifras expuestas son el resultado de las mejoras implementadas, así como por el impacto de la reforma en la normatividad de contrataciones.

Finalmente, podemos concluir que los avances logrados a la fecha por el TCE tienen un impacto importante en la contratación pública en razón a lo siguiente:

■ En los recursos de apelación se garantiza la correcta aplicación de la normativa cautelando que las compras públicas se desarrollen con eficiencia y calidad.

■ La solución de controversias en plazos razonables garantiza que las necesidades de los ciudadanos puedan ser atendidas oportunamente por las entidades.

■ Se promueve el uso adecuado de los fondos públicos a través de la contratación estatal.

■ Se institucionalizan, entre otros, los principios de transparencia, libre competencia, igualdad y equidad en la contratación pública.

■ Se restringe el acceso al mercado de compras estatales a los proveedores ineficientes o que promueven prácticas ilegales en perjuicio del Estado.

■ Se fomentan buenas prácticas en la contratación estatal.

■ Representa un mecanismo de lucha contra la corrupción.

■ Tiene un impacto importante en la economía del país en razón a la magnitud del mercado de compras públicas.

Impacto de la reforma normativa en la gestión del TCE

Las modificatorias incorporadas a la normatividad de contrataciones del Estado a través de la Ley N° 29873 y DS N° 138-2012-EF han permitido obtener los siguientes resultados:

■ En los procedimientos de sanción se precisan plazos para las indagaciones previas, remisión del expediente a sala y resolución. Esta modificatoria normativa ha permitido que el tiempo transcurrido para la resolución de los expedientes de sanción se reduzca de 380 a 144 días.

■ En los procedimientos de apelación se precisan plazos para la tramitación de los recursos de apelación. A partir de ello, el tiempo transcurrido para la resolución de los expedientes de apelación se ha reducido de 55 a 46 días.

■ Antes de la modificatoria, el TCE conocía los recursos de apelación cuyo valor referencia era > 600 UIT. Con la modificatoria, conoce los recursos de procesos de selección por LC, CP, ADP y AMC derivadas de tales procesos. Dicha disposición otorga mayor seguridad administrado en razón a la imparcialidad que ofrece un órgano distinto e independiente de la entidad que convoca el proceso de selección.

■ Se aprovechan los beneficios de la tecnología a través de notificaciones electrónicas ejecutadas mediante el sistema informático XPORTAL5. Asimismo, las sanciones son efectivas en el inmediato plazo (la comunicación al RNP es electrónica).◆

Gestión de la carga procedimental

Las estrategias y medidas implementadas han impactado positivamente sobre la carga procedimental en cuanto a la tramitación y resolución oportuna de los expedientes, según podemos apreciar en los siguientes datos:

■ Durante el 2012 ingresaron al TCE 2,148 expedientes, de los cuales, 1,648 (77%) correspondieron a solicitudes de sanción y 500 (23%) a recursos de apelación. Hasta octubre del presente, 2,082 (97%) expedientes fueron concluidos y 66 (3%) tenían la condición de suspendidos (por medidas cautelares, inicio de procedimiento arbitral y otras causales).

■ Durante el 2012 se emitieron 1,500 resoluciones, de las cuales 1,248 (83%) derivan de procedimientos sancionadores y 252 (17%) de procedimientos de apelación.

■ Hasta setiembre de 2013, el TCE recibió 2651 expedientes, de los cuales 1,929 (73%) corresponden a solicitudes de sanción y 722 (27%) a recursos de apelación. En el mismo periodo, 1,712 (64%) expedientes fueron concluidos, 923 (35%) estaban en trámite y 6 (1%) tenían la condición de suspendidos.

■ Hasta setiembre del 2013, el TCE ha emitido 2,206 resoluciones, de las cuales, 1,698 (77%) derivan de procedimientos de sanción y 508 (23%) de procedimientos de apelación.◆

El hombre frente a la ética y la moral

2014-01-22T07:00:00.000-08:00

PAUTAS PARA LA PLENITUD ONTOLÓGICA

Tomado de la Revista Jurídica

Transcrito Por Yorcka Torres

El hombre, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, ha ido evolucionando de manera constante, transformando su entorno, formando sociedades y creando las normas que le permitan convivir en armonía con sus semejantes. El trayecto ha sido largo, pero como premio a ese esfuerzo inteligente le ha sido permitido avanzar constantemente, pasando de la familia al clan, del clan a las etnias, de las etnias a los estados debidamente diferenciados. En este proceso ha creado idiomas, formas de gobierno y el ordenamiento de la sociedad con la creación de normas que regulen su conducta.◆

Para normar las costumbres, se hace imprescindible el estudio de dos temas inseparables. La ética y la moral son de carácter ontológico, se refieren al ser, al hombre superior, al hombre trascendente, al que está por encima de las circunstancias.

La ética y la moral juegan un papel importante en el desarrollo de las acciones humanas, es decir, en la sociedad, ella juzga la cualidad de las acciones de los individuos y tiene que ver con la

manera en que estos asumen su responsabilidad frente a los valores, los principios y las normas morales; juzga las acciones humanas en cuanto a su capacidad de llevar a la práctica los valores, principios y normas éticas, de manera que las acciones de los individuos redunden en bien de la sociedad, es decir, en beneficio de todos los individuos que la componen.◆

Si bien es cierto que los términos ética y moral resultan encomiables, cuando se aplican a personas cuyas acciones se desarrollan en coherencia con los postulados de la ética, la ausencia de los mencionados postulados da origen a frases que la sociedad considera peyorativas o denigrantes: los actos de tal o cual político "no son éticos", "fulano de tal es un inmoral". Mientras la filosofía puede justificar criterios de acción que sean universalmente válidos, la ética nos permite apreciar cómo los hombres alcanzan esos criterios o no.◆

Un concepto breve y conciso sería: "La moral es la teoría y la ética es la praxis", esto es relativamente sencillo y fácil de entender, pero, por su brevedad y su concisión, es genérico, lo que significa que no es suficiente cuando se trata de aspectos específicos, lo que requiere de análisis más serios y hace necesario un estudio para cada caso.

Esto sucede cuando nos referimos a la "ética profesional", la que enfoca los criterios de las distintas profesiones existentes, que difieren entre sí por los diferentes criterios que abarca cada una de ellas; esta ética profesional no es la misma para un médico que para un ingeniero o un abogado, y tampoco ocurre lo mismo con los oficios, puesto que no solo se trata de los criterios inherentes a la profesión o al oficio que se desempeña, sino fundamentalmente con las conductas en su relación con las personas que requieren sus servicios. ◆

Claridad de Conceptos

Es comprensible y necesario distinguir la aplicación de los términos para una mayor claridad de los conceptos; vista así, la moral sería el sustento de los principios y valores que rigen la conducta de los seres humanos, mientras que la ética sería el ámbito en que los seres humanos enfocan esos principios y valores, activándolos y potenciando el carácter de quien los pone en práctica en bien de la sociedad.

Podría decirse entonces que la ética y la filosofía moral son equivalentes; tiene por objeto potenciar las acciones humanas en la convivencia dentro de la sociedad; la moral se esmera en la búsqueda de criterios universales que dignifiquen las relaciones humanas en un clima de equidad y armonía que permitan al hombre alcanzar la plenitud de su potencial humanidad, en tanto que la ética pretende que el hombre busque racionalmente lo que es bueno para todo ser humano; solo así este concepto ético se convierte en un criterio universal.

Filosóficamente, la ética o la moral no pueden ser consideradas disciplinas separadas del pensamiento humano ni de la libertad, pues para llegar a su comprensión cabal se requiere de estudio, comprensión, meditación, reflexión libre y consciente del ser humano que le permitan alcanzar su plenitud ontológica. ◆

Conductas al límite, el rol sancionador del tribunal de contrataciones del estado

2014-01-14T07:00:00.000-08:00

Tomado de la Revista Jurídica

Transcrito por Yorcka Torres

“Es relevante apreciar cómo en los últimos años la labor sancionadora del Tribunal ha crecido en importancia, en un contexto de mayor ejecución del gasto público, sucesivas modificaciones legislativas, y mayor interés de proveedores nacionales y extranjeros en acceder a los procesos de compra que desarrolla el Estado.”

El Tribunal de Contrataciones del Estado cumple una labor esencial dentro de la sociedad, al dotar de garantías y seguridades a los actores que participan en el mercado de las compras públicas, cautelando que éstas se realicen acorde con los principios fundamentales que sustentan el funcionamiento adecuado del sistema: transparencia, libre
competencia, trato justo e igualitario de postores, eficiencia.

■ Para ello, el tribunal no solo realiza la sensible labor de decidir en última instancia administrativa, y ante reclamaciones de los participantes en el proceso, la adjudicación de los contratos públicos, sino también la de cautelar que los actores del mercado (proveedores, participantes, postores y/o contratistas) cumplan con los deberes que le impone su participación en las contrataciones públicas, cuyo exigencia resulta fundamental a efectos de garantizar un sistema de compras eficiente y transparente, vehículo necesario para que las dependencias públicas cumplan sus funciones.

■ Es en este marco que la normativa de contrataciones públicas vigente prevé la imposición de sanciones a proveedores, participantes, postores y/o contratistas que incurren en infracciones administrativas, cuya valoración e importancia ha sido predefinida y ponderada en la legislación.

■ El Tribunal de Contrataciones del Estado es el ente encargado de imponer dichas sanciones, las cuales, en el marco legal vigente, involucran la privación a los agentes de mercado de su derecho de participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado dentro de determinado periodo.

■ La sanción cumple un rol fundamental en este contexto, dado que, más allá de reprimir conductas infractoras, persigue plasmar los incentivos adecuados en el comportamiento de los agentes de mercado. Por eso la labor de imponer sanciones, al igual que la de regularlas, requiere de un trabajo cauteloso, a efectos que el ejercicio de la función responda a las objetivos, normas, valores y principios que se buscan alcanzar.

■ En este contexto, es relevante apreciar cómo en los últimos años la labor sancionadora del Tribunal ha crecido en importancia, en un contexto de mayor ejecución del gasto público, sucesivas modificaciones legislativas, y mayor interés de proveedores nacionales y extranjeros en acceder a los procesos de compra que desarrolla el Estado.

■ Dicha importancia ha ido aparejada del incremento de procedimientos sancionadores y sanciones impuestas por el tribunal[1], el cual no solo es producto de una mayor ocurrencia de infracciones, sino también es resultado de medidas institucionales y normativas que en los últimos años se han ido implementando con el fin de dotar de transparencia al sistema y que, hoy en día, permiten que la información de las compras que realizan las entidades fluya con mayor intensidad, permitiendo que cualquier ciudadano pueda tomar conocimiento de conductas infractoras.

■ Sin embargo, a partir de esta creciente carga procesal que afronta el Tribunal, también pueden apreciarse ciertas situaciones preocupantes; en unos casos, atribuibles al comportamiento de los proveedores infractores; en otros, al desconocimiento, la sobrerregulación o a las malas prácticas en que incurren algunos funcionarios y/o servidores públicos.

■ Es así que de las estadísticas obtenidas en los dos últimos años de los expedientes sometidos a conocimiento del Tribunal, se puede advertir que alrededor del 90% de sanciones impuestas a proveedores, participantes, postores y/o contratistas son consecuencia de la comisión de tres conductas infractoras: la presentación de documentos falsos y/o información inexacta a las entidades, la no suscripción injustificada del contrato y la resolución del contrato por causa atribuible al contratista[2].

Predictibilidad y transparencia

■ La confianza que el tribunal puede otorgar al sistema de compras públicas no puede apreciarse solo en función de los grandes esfuerzos que se vienen haciendo para resolver con prontitud los casos que se someten a su jurisdicción y/o a la especialidad y capacidad técnica del equipo que lo integra, también requiere reforzarse con ciertos cambios en los instrumentos del sistema que potencien la labor preventiva y regulatoria, para que podamos alcanzar el mercado de compras públicas eficiente que todos anhelamos, en cumplimiento de los objetivos del OSCE y, sobre todo, en beneficio de nuestra sociedad.

■ De ahí la importancia del rol que hoy en día le toca asumir al OSCE como organismo técnico especializado y rector del sistema, el cual debe liderar la gestión del cambio, Predictibilidad y transparencia mediante la simplificación de los procedimientos y las normas, en la capacitación y formación de los operadores, en el impulso y elaboración de documentos estándar, y en el potenciamiento del rol supervisor a efectos de disminuir la ocurrencia de malas prácticas de funcionarios y/o servidores encargados de la gestión de las compras.

■ En ese camino, el Tribunal de Contrataciones del Estado renueva su compromiso de formar parte del cambio, no cejando en el esfuerzo de dar predictibilidad y transparencia a los administrados, de manera que en todos los casos en que se configuren las infracciones, se impongan las sanciones aplicando de manera razonable los criterios establecidos en la ley y procurando con su accionar promover una cultura de valores en los actores del sistema.

CONTRATO Y RESOLUCIÓN

■ La primera de ellas, vale decir, falsear información, y con ello adjudicarse un contrato, o sustentar conformidades o pagos, abarca más del 50% de los casos sancionados. Estos datos reflejan un notorio rasgo de informalidad, poca seriedad, e incipiente cultura de valores de algunas empresas que participan en los procesos de selección.

■ Dicho dato también es reflejo de un mercado acostumbrado a sobrecargar las propuestas con documentos, los cuales deben expresar con minuciosa precisión lo que las entidades exigen, a efectos de merecer la admisión de la propuesta, un puntaje o la adjudicación del contrato. En ese intento, cualquier aporte de documentos falseados, sean generados por el proveedor o por un tercero, con conocimiento o desconocimiento de su condición, determina consecuencias perniciosas para la empresa, por el hecho de no haber sido verificados antes de su entrega al Estado.

■ La cuestión adquiere mayor relevancia y consecuencias más perniciosas cuando el que participa en el proceso es un consorcio, pues en la mayor cantidad de casos, la falta de un pacto expreso respecto de las obligaciones que asume cada uno de sus integrantes (normalmente, dentro de la promesa formal de consorcio), genera que todas las empresas asuman responsabilidad administrativa por un hecho que debía atribuirse solo a uno de ellos. En gran parte ello ocurre debido a la desidia con que algunos proveedores emprenden una asociación empresarial, sin tomar el cuidado debido respecto de sus demás socios.

■ El segundo grupo significativo de sanciones impuestas por el Tribunal, corresponde a la causal de no suscripción injustificada de contrato, de importante incidencia en los últimos años. El incremento indudablemente se explica en las modificaciones practicadas a la normativa de contrataciones del Estado, vigentes desde el 20 de setiembre de 2012 [3], que incorporan cambios al procedimiento de suscripción del contrato, tal vez no asimilados de forma muy clara por el mercado.

■ En el grupo de infractores por esta causal no solo se incluyen aquellos casos de evidente falta de seriedad de los proveedores, al retirar, desistirse o no acudir de forma oportuna a la formalización del contrato, sino también otros casos que evidencian desconocimiento o negligencia del proveedor, como presentar de forma inadecuada o incompleta sus documentos o computar de manera errada los plazos con que cuentan para presentar sus documentos o acercarse a suscribir el contrato.

■ En definitiva, el impacto que en los últimos tiempos ha tenido esta causal y la variedad de casos menores que ha llegado a abarcar, obliga a repensar si debe mantenerse tal como está en la normativa y si aún se justifica otorgar un mismo tratamiento sancionatorio a conductas que, por su naturaleza o el poco desvalor que conllevan, pueden demandar soluciones normativas distintas.[4]

LA CARGA PROCESAL

■ Finalmente, la resolución del contrato por causa atribuible al contratista comprende el tercer grupo de casos de mayor incidencia en el Tribunal, lo cual incluye a todos aquellos proveedores que, habiendo ofrecido la seriedad de su oferta y la ejecución integral del contrato, incumplen sus obligaciones durante la ejecución o acumulan los topes máximos de aplicación de penalidad, produciendo con ello que la entidad les resuelva el contrato.

■ En este grupo de infracciones, a su vez, podemos distinguir un primer grupo de contratos cuya resolución contractual ha sido sometida a los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación, como la conciliación y el arbitraje, en cuyo caso, el Tribunal, a efectos de sancionar, debe obtener previamente el pronunciamiento final que resuelve la controversia, vale decir, el acta de conciliación o el laudo arbitral. Pero también en este grupo encontramos un segundo grupo de casos en que la decisión de resolver el contrato no ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje por parte del contratista, dejando con ello consentir la decisión de la entidad, y permitiendo que se asuma que la falta de cumplimiento de obligaciones le es atribuible. En muchos casos es probable que sea así. En otros casos, la falta de empleo de los mecanismos puede justificarse en el alto costo que conlleva utilizarlos, en comparación con el monto materia de controversia.

■ Como es de ver, en el ejercicio de su potestad sancionadora, el Tribunal debe lidiar cada día con situaciones en las que el desvalor de la conducta es evidente junto a otras en las que ello viene predeterminado por ley a pesar que en los hechos no posea una relevancia suficiente que justifique extirpar del mercado (aunque sea de modo temporal) proveedores posiblemente idóneas para el Estado.

■ Si a esto agregamos ciertas realidades que aún observamos en nuestro sistema, como la sobrerregulación, el desconocimiento de las normas por parte de los operadores y la corrupción, podremos apreciar que la tarea que nos toca hacia el futuro aún es muy amplia. ◆

[1] En el año 2012, de los 1,248 expedientes de aplicación de sanción, se impuso sanción administrativa de inhabilitación en 618 casos (50% del total de casos). En el año 2013 (hasta setiembre del presente año), de los 1,698 expedientes de aplicación de sanción, se impuso sanción administrativa de inhabilitación en 933 casos (55% del total de casos). FUENTE: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado (Reporte al 30/09/2013)

[2] En el año 2012, de las 618 sanciones impuestas, 334 casos corresponden a la infracción de presentar documentos falsos y/o inexactos a las Entidades (54.05 %), 159 casos a la infracción de no suscribir contrato (25.73%) y 69 a la infracción de dar lugar a la resolución del contrato (11.17%). En el año 2013 (hasta setiembre del presente año), de las 933 sanciones impuestas, 395 casos corresponden a la infracción de presentar documentos falsos y/o inexactos a las Entidades (42.34 %), 177 casos a la infracción de no suscribir contrato (18.97%), 150 casos a la infracción de dar lugar a la resolución del contrato (16.08%), y 109 casos a situaciones en las que algunas de las tres citadas infracciones concurre con otras (11.68%). FUENTE: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado (Reporte al 30/09/2013).

[3] El 20 de setiembre de 2012 entró en vigencia la Ley 29873, que modifica el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modificó el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

[4] Un ejemplo de ello ocurre, en los casos que la normativa exige la presentación de traducciones oficiales para la suscripción del contrato y que, por los tiempos que su gestión conlleva, a veces imposibilita que el proveedor presente la documentación completa en los plazos preestablecidos en el Reglamento.

Casa de la Literatura Peruana inicia convocatoria del programa “Abuelas y abuelos cuentacuentos”

2014-01-11T16:53:00.000-08:00

Personas entre 60 y 75 años podrán capacitarse en estrategias de animación a la lectura, así como compartir sus historias y participar en actividades de fomento de la lectura.

Luego de la excelente respuesta del año pasado, la Casa de la Literatura Peruana (Jr. Áncash 207, Lima) inicia nuevamente la convocatoria del programa “Abuelas y abuelos cuentacuentos”, un voluntariado sin fines de lucro que busca formar a animadores a la lectura para poder desarrollar esta actividad en diferentes instituciones.

En este programa está dirigido a personas de entre 60 y 75 años de edad que tengan disponibilidad de tiempo y sobre todo ánimo de emprender este proyecto. Como beneficios recibirán capacitaciones permanentes, material de campo básico, una constancia de voluntariado a nombre de la

Casa de la Literatura, así como el financiamiento para la realización de espectáculos de cuentacuentos en otras instituciones.

Los interesados deberán completar la ficha de inscripción dirigida a la Casa de la Literatura Peruana. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero. Clic aquí para descargar la ficha de inscripción.

Los interesados deberán enviar la ficha al siguiente correo electrónico actividadesinfantilescaslit@gmail.com con el asunto: Abuelas y abuelos Cuentacuentos 2014 o dejarlos en recepción de la Casa de la Literatura Peruana.

VACANTES:

El número de vacantes para el programa “Abuelas y abuelas cuentacuentos” es de 30 personas. El voluntariado concluye en diciembre de 2014.

Los voluntarios seleccionados deberán presentarse el día 20 de febrero del 2014, en la sede de la Casa de la Literatura Peruana, Jr. Ancash 207 – Lima (Antigua Estación Desamparados) a las 3:00 p.m. Consultas al teléfono 4262573 anexo 104.

Esta entrada se publicó el 8 enero, 2014, 3:22 PM y está guardada en CONVOCATORIAS. Puedes seguir las respuestas a esta entrada en RSS 2.0. En este momento no se permiten comentarios, pero puedes enviar un trackback desde tu propio sitio.

Campeonato Nacional de Escultura en arena en Hawkesbury, Australia

2014-01-10T20:15:00.001-08:00

Por Yorcka Torres

Escultores de arena de todo el mundo llegaron a Windsor, al noroeste de Sydney para competir por el título de campeón del mundo en esculturas de arena, en Hawkesbury, Australia.

Una magnifica idea para trabajar con creatividad.

Jino van Bruinessen escultor de Blue Mountains se llevó el título y $ 5.000 dolares de premio en el tercer campeonato con su obra , El Portal.

Kevin Crawford de Australia Occidental y Susanne Ruseler , de los Países Bajos , fueron nombrados finalistas en el concurso que atrajo a 12 de los mejores escultores de todo el mundo.

El tema de las creaciones de este año fue '”mundo perdido” y el escultor de arena Peter Redmond explicó que muchos competidores eligieron creaciones basadas en la prehistoria. "Hay algunos dinosaurios y otras partes y piezas, algunas muestras interesantes de los propios animales ".

Los trabajos comenzaron el Día de San Esteban (Dia de las Cajas) el último 26 de diciembre y terminaron el domingo 29 con la decisión del jurado oficial. Cada escultor recibió 20.000 kilogramos de arena para trabajar, que no es del tipo de arena con que normalmente se construyen castillos de arena. “La arena tiene una gran cantidad de limo y otros componentes que permite armar el cuerpo", declaro Peter Redmond. " Nosotros la compactamos. Se pone muy muy compactada, lo que le da la densidad, y de ahí la capacidad para mantener la forma. " Las esculturas son capaces de mantener su forma debido a la arena especializada. "Estas esculturas son capaces de mantenerse en el tiempo, claro sin un tiempo muy inclemente, serio en ellos por un tiempo, casi convirtiéndose en piedra de arenisca" dijo.

Las esculturas son evaluadas por la dificultad técnica al construirlas, entre otros criterios , aunque no existen herramientas especializadas necesarias para crear los intrincados detalles sobre las esculturas. Las herramientas empleadas van desde pequeñas palas hasta herramientas de dentista y espátulas de silicona . Peter Redmond asegura que es una cuestión de "aprender lo que puede hacer con la arena " . " Es una habilidad que se aprende , y luego viene la creatividad".

Los trabajos serán expuestos al público entre el 30 de diciembre y el 26 de enero, cuando se dará los premios al Público .

¡Ahora Educarte es Punto de Cultura!

2014-01-09T15:47:00.000-08:00

¡Ahora Educarte es Punto de Cultura!

2014-01-09T15:05:00.000-08:00

Feliz Navidad y Venturoso Año 2014

2013-12-20T13:21:00.000-08:00

Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible

2013-12-14T09:40:00.002-08:00

28 nov 2013

Transcrito por Yorcka Torres

El “Informe sobre Desarrollo Humano 2013 para el Perú” es uno de los productos emblemáticos del PNUD, pero aspiramos a que sea también un producto colectivo, el resultado de un esfuerzo compartido con las instituciones del gobierno, de la sociedad civil y del sector empresarial.
El carácter y el propósito fundamental del Informe: colocar en la agenda del debate nacional un tema clave para los destinos del país: los impactos del cambio climático sobre el desarrollo humano. El Informe muestra que el cambio climático ya se encuentra entre nosotros y que en el Perú afecta en múltiples formas a la gente, a su patrimonio, a las actividades económicas a la infraestructura y a los ecosistemas.
El Informe parte de constatar que el Perú ha crecido sostenidamente desde hace más de una década y al mismo tiempo ha realizado notables avances en la reducción de la pobreza y en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Estos logros alcanzados con gran esfuerzo se encuentran, sin embargo, bajo una amenaza real y enorme: el cambio climático puede paralizar y revertir estos avances. Particularmente las crisis climáticas tienen la capacidad de erosionar o destruir las bases de sustento y las capacidades de los más pobres de la sociedad, con el riesgo de lanzarlos a una espiral descendente de largo plazo y que se transmite a las generaciones siguientes: son las trampas de desarrollo humano bajo que debemos prevenir y evitar.

Aspectos destacados

El crecimiento y la inclusión como condiciones del desarrollo humano deben hacerse sostenibles
El Informe ha seguido el enfoque y metodología del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2007-2008
El Informe está centrado principalmente en la necesidad de adaptación al cambio climático y apunta a constituirse en una herramienta de incidencia en las políticas públicas
Existen importantes avances en materia de mitigación y adaptación al cambio climático por parte del Ministerio del Ambiente y de otros organismos del gobierno nacional, algunos gobiernos regionales y locales

Descargue el Informe

Introducción Español
Sinopsis Español
I El desarrollo humano, cambio climático y territorio Español
II Cambio climático y riesgos de desastres en el Perú Español
III Ecosistemas principales y cambio climático en el Perú Español
IV Cambio climático, agua y desarrollo humano Español
V La alimentación frente al cambio climático Español
VI El desafío climático a la salud humana Español
VII Balance, consideraciones y recomendaciones de política Español
Bibliografía Español
Anexo Metodológico Español

El respeto a los datos personales ajenos

2013-12-09T05:30:00.000-08:00

■ NORMATIVA OFRECE MAYOR PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

Transcrito por Yorcka Torres

“Teniendo en cuenta la importancia e implicancias del manejo de datos personales, en particular los datos sensibles, resulta de singular importancia la publicación de este reglamento teniendo en cuenta el desarrollo de esta materia a nivel internacional.”

El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley Nº 29733, a fin de garantizar el derecho fundamental a la
protección de datos personales regulando un adecuado tratamiento, tanto por las entidades públicas como por instituciones privadas.

Así, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento serán aplicables al tratamiento de los datos cuando:

■ Sea efectuado en un establecimiento dedicado en territorio peruano correspondiente al titular del banco de datos personales o de quien resulte responsable del tratamiento.

■ Sea efectuado por un encargado del tratamiento, con independencia de su ubicación, a nombre de un titular de banco de datos personales establecido en territorio peruano o de quien sea el responsable del tratamiento.

■ El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable del tratamiento no esté establecido en territorio peruano, pero le resulte aplicable la legislación peruana, por disposición contractual o del derecho internacional;

■ El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable no esté establecido en territorio peruano, pero utilice medios situados en dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito que no impliquen un tratamiento.

■ El responsable deberá proveer los medios que resulten necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Datos Personales y su reglamento, y designará un representante o implementará los mecanismos suficientes para estar en posibilidades de cumplir de manera efectiva con dichas obligaciones.

■ Cuando el titular del banco de datos personales o quien resulte el responsable del tratamiento no se encuentre establecido en territorio peruano, pero el encargado del tratamiento lo esté, a este último le serán aplicables las disposiciones relativas a las medidas de seguridad.

■ En caso de personas naturales el establecimiento se entenderá como el local en donde se encuentre el principal asiento de sus negocios, o el que utilicen para el desempeño de sus actividades o su domicilio.

■ Tratándose de personas jurídicas, se entenderá como el establecimiento el local en que se encuentre la administración principal del negocio.

■ Si se trata de personas jurídicas residentes en el extranjero, se entenderá que es el local en que se encuentre la administración principal del negocio en territorio peruano o, en su defecto, el que designen o cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo o real de una actividad.

■ Si no fuera posible establecer la dirección del domicilio o del establecimiento, se le considerará con domicilio desconocido en territorio peruano.

Infracciones y sanciones

■ El reglamento señala que procedimiento fiscalizador se iniciará siempre de oficio como consecuencia de la iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y control del director general de Protección de Datos Personales o por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica.

■ Contra la resolución que resuelve el procedimiento sancionador proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince días de notificada la resolución al administrado.

Consentimiento Indispensable

La Ley de Protección de Datos Personales establece que para efectuar el tratamiento de los datos de una persona es necesario su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco, y además por escrito, en caso de datos sensibles.

El reglamento dispone que el consentimiento será "expreso e inequívoco" cuando haya sido manifestado en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento, que puede ser:

■ Verbal: cuando el titular lo exterioriza oralmente de manera presencial o mediante el uso de cualquier tecnología que permita la interlocución oral.

■ Escrito: cuando el titular otorga su consentimiento mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por el ordenamiento jurídico que queda o pueda ser impreso en una superficie de papel o similar.

■ Se considera también consentimiento expreso a aquel que se manifieste mediante la conducta del titular que evidencie que ha consentido inequívocamente, dado que de lo contrario su conducta, necesariamente, hubiera sido otra.

■ En el entorno digital se considera expresa la manifestación consistente en "hacer clic", "cliquear" o "pinchar", "dar un toque", "touch" o "pad" u otros similares. En este contexto, el consentimiento escrito podrá otorgarse por medio de firma electrónica, mediante escritura que quede grabada, de forma tal que pueda ser leída e impresa, o por cualquier otro mecanismo o procedimiento establecido que permita identificar al titular y recabar su consentimiento, a través de texto escrito. También podrá otorgarse mediante texto preestablecido, fácilmente visible, legible y en lenguaje sencillo, que el titular pueda hacer suyo, o no, mediante una respuesta escrita, gráfica o mediante clic o pinchado.

■ El titular de los datos personales podrá negar o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales para finalidades adicionales a aquellas que dan lugar a su tratamiento autorizado, sin que ello afecte la relación que da lugar al consentimiento que sí ha otorgado o no ha revocado.

■ En caso de revocatoria es obligación de quien efectúa el tratamiento de los datos personales adecuar los nuevos tratamientos a la revocatoria y los tratamientos que estuvieran en proceso de efectuarse, en el plazo que resulte de una actuación diligente, que no podrá ser mayor a cinco días. Si la revocatoria afecta la totalidad del tratamiento de datos personales que se venía haciendo, el titular o encargado del banco de datos personales, o en su caso el responsable del tratamiento, aplicará las reglas de cancelación o supresión de datos personales.

Titulares de Derechos

■ El reglamento señala que el ejercicio de los derechos se lleva a cabo mediante solicitud dirigida al titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento. Asimismo, el reglamento contempla plazos de respuesta del titular de banco de datos personales para absorber las solicitudes. Salvo el plazo establecido para el ejercicio del derecho de información, los plazos que correspondan para la respuesta o la atención de los demás derechos podrán ser ampliados una sola vez, y por un plazo igual como máximo, siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen.

■ El titular de datos personales tiene derecho a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos, erróneos o falsos. No existe un plazo para llevar a cabo la rectificación.

Inscripción será fundamental

■ Se ha establecido un procedimiento de inscripción de los bancos de datos personales. Si la solicitud presentada no cumple con los requisitos exigidos, la Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos Personales requerirá al solicitante que en el plazo de 10 días subsan la omisión. La inscripción de un banco de datos personales deberá mantenerse actualizada en todo momento.

■ Cualquier modificación deberá ser previamente comunicada a la Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos Personales para su inscripción. El plazo maximo para emitir la resolución acerca de la inscripción, modificación o cancelación será de 30 días.

■ Asimismo, se ha normado el procedimiento de inscripción de los códigos de conducta. El plazo máximo para emitir la resolución será de 30 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

Grupos empresariales

■ En el caso de transferencia de datos personales dentro de grupos empresariales, sociedades subsidiarias afiliadas o vinculadas bajo el control común del mismo grupo del titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento, o a aquellas afiliadas o vinculadas con una sociedad matriz o con cualquier sociedad del mismo grupo del titular del banco de datos o responsable del tratamiento, se cumple con garantizar el tratamiento de datos personales si se cuenta con un código de conducta que establezca las normas internas de protección de datos personales.

■ Los flujos transfronterizos de datos personales serán posibles cuando el receptor o importador de los datos asuma las mismas obligaciones que corresponden al titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento que como emisor o exportador transfirió los datos personales.

■ El emisor o exportado podrá valerse de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos en los que se establezcan cuando menos las mismas obligaciones a las que se encuentra sujeto, así como las condiciones en las que el titular consintió el tratamiento de sus datos personales.

■ Los titulares del banco de datos personales o responsables del tratamiento podrán solicitar la opinión de la Dirección General de Protección de Datos Personales respecto a si el flujo transfronterizo de datos personales que realiza o realizará cumple con lo dispuesto por la ley y su reglamento.

■ En cualquier caso, el flujo transfronterizo de datos personales se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Protección de Datos Personales, incluyendo la información que se requiere para la transferencia de datos personales y el registro de banco de datos. ◆

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