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Material Estratégico.

2018-08-31T09:24:00.011-07:00

"Se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional".
Tema relacionado
(Gaceta Oficial Nº 41.125 del 30 de marzo de 2017)
Decreto Nº 2.795 30 de marzo de 2017
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República.

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto N° 2.667, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074, de fecha 13 de enero de 2017, prorrogado mediante Decreto N° 2.742 de fecha 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.112, de la misma fecha, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO
Que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de diseñar y establecer una política integral para preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa e identidad nacional, que respete la diversidad, el ambiente y la pluriculturalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, de acuerdo con el desarrollo económico, social, cultural y la integración,
CONSIDERANDO
Que es necesario preservar las conquistas y los logros que junto al pueblo se han ido alcanzando en medio del asedio permanente de quienes adversan el proyecto bolivariano, y avanzar a una nueva etapa que nos permita la construcción de un nuevo modelo económico, tal como plantean la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana,
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado Venezolano, desarrollar las políticas de control necesarias para asegurar a la población la prestación adecuada de los servicios públicos, cuyo equipamiento se está viendo seriamente afectado por prácticas ilegales de sustracción, aprovechamiento y comercialización de los componentes indispensables para la correspondiente prestación, cuya reposición resulta igualmente impactada por los efectos de la Guerra Económica en el marco de la Guerra No Convencional,
CONSIDERANDO
Que aún persiste la problemática del contrabando de extracción de chatarra ferrosa y no ferrosa y sus derivados, en las zonas fronterizas, producto de la demanda de los residuos sólidos y material metálico como el aluminio, cobre, bronce y hierro en el mercado internacional, viéndose afectada la eficiencia y desarrollo de la prestación de los servicios públicos básicos en el Estado Venezolano,
CONSIDERANDO
Que el aumento del valor de los residuos sólidos y material metálico como el aluminio, cobre, broce y hierro, ha resultado en un mercado ilícito de estos materiales, al cual se ha incorporado una gran cantidad de bienes públicos o insumos para la prestación de servicios públicos (cables, fibra óptica, baterías, válvulas, tuberías, entre otros), que son hurtados para su venta, fundición y posterior comercialización, por lo que se hace necesario establecer mecanismos contundentes para el combate del contrabando y de las nuevas formas de delincuencia organizada, en defensa y desarrollo integral de la Nación.
DICTO
El siguiente,
DECRETO N° 16 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE RESERVA AL EJECUTIVO NACIONAL LA COMPRA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALUMINIO, COBRE, HIERRO, BRONCE, ACERO, NÍQUEL U OTRO TIPO DE METAL O CHATARRA FERROSA EN CUALQUIER CONDICIÓN; ASÍ COMO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO METÁLICOS, FIBRA ÓPTICA, Y FIBRA SECUNDARIA PRODUCTO DEL RECICLAJE DEL PAPEL Y CARTÓN. TALES MATERIALES SE DECLARAN DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y VITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
Artículo 1º. Se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional.
Los procesos de encadenamiento productivo relacionados con la generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos a que refiere el encabezado de este artículo, sólo podrán ser llevados a cabo por personas naturales o por personas jurídicas de derecho privado bajo las condiciones y requisitos establecidas a tal efecto por el Ejecutivo Nacional mediante regulaciones sectoriales.
Artículo 2º. Se prohíbe la exportación de los residuos sólidos, chatarra ferrosa y demás materiales estratégicos mencionados en el artículo precedente. Solo excepcionalmente, y previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, las empresas del Estado podrán exportar tales residuos sólidos, chatarra ferrosa y demás materiales estratégicos.
Artículo 3º. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, defensa, hábitat y vivienda, economía y finanzas, ecosocialismo y aguas, petróleo, minería, energía eléctrica, industrias básicas y socialistas, educación universitaria, ciencia y tecnología, y transporte, establecerán mediante Resolución Conjunta las regulaciones a que refiere el aparte único del artículo 1º de este decreto.
Artículo 4º. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana dictará las medidas que estime pertinentes destinadas a detectar, prevenir, controlar y combatir las prácticas ilegales de comercialización, sustracción, extracción, aprovechamiento, almacenamiento, transporte de recursos o materiales estratégicos, aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal y sus derivados; residuos sólidos no metálicos, fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón, fibra óptica; chatarra ferrosa y no ferrosa en cualquiera de sus modalidades.
En consecuencia, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, podrá dictar y ejecutar, o hacer ejecutar, la ocupación temporal de establecimientos públicos y privados, terrenos o áreas que se requieran, a fin de garantizar la continuidad de los procesos de encadenamiento productivo relacionados con la generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos a que refiere el artículo 1° de este Decreto. Artículo 5°. El Ejecutivo Nacional, a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República establecerá los mecanismos para la adjudicación y celebración de alianzas estratégicas o convenios administrativos con las Gobernaciones y Alcaldías, o sus entes adscritos, a los fines de que dichos entes político territoriales, previa comprobación de su capacidad técnica, organizacional y financiera, asuman las actividades de generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos a que refiere el artículo 1° de este decreto.
Artículo 6°. Queda derogado el Decreto N° 3.895, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.271, de fecha 13 de septiembre de 2005; el Decreto N° 7.927 Extraordinario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.578, de fecha 21 de diciembre de 2010; así como cualquier otra normativa de igual o inferior rango que contravenga lo ordenado en este Decreto.
Artículo 7°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República y los Ministros o Ministras del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, Hábitat y Vivienda, Economía y Finanzas, Ecosocialismo y Aguas, Petróleo, Minería, Energía Eléctrica, Industrias Básicas y Socialistas, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Transporte, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.
Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años 206º de la Independencia, 158º de la Federación y 18º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese,
(L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros, TARECK EL AISSAMI
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y Vicepresidente Sectorial de Economía, RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO
El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO
El Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, ÉRIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, GILBERTO AMILCAR PINTO BLANCO
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, RODOLFO CLEMENTE MARCOS TORRES
La Ministra del Poder Popular para el Turismo, MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular de Petróleo, NELSON PABLO MARTÍNEZ
El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
La Ministra del Poder Popular para la Salud, ANTONIETA EVELÍN CAPORALE ZAMORA
La Encargada del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
La Encargada del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, ADÁN COROMOTO CHÁVEZ FRÍAS
El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

Exhibición en el juicio de pruebas no admitidas. Requisitos de carácter intrínsecos y extrínsecos de la prueba.

2018-08-11T17:33:00.000-07:00

Autor: Abogado Roger LópezAl respecto, es oportuno referir lo señalado por el autor Rodrigo Rivera Morales, en su obra “Actos de Investigación y pruebas en el proceso penal”, que en cuanto a la exhibición de los documentos menciona que: “Hay una práctica errada en presentar sorpresivamente documentos en la audiencia oral con el fin de reconocerse su firma y contenido. Al respecto hay que indicar que no puede haber medio probatorio sorpresivo; si no ha sido presentado en la oferta probatoria no puede presentarse en la audiencia oral, porque sería sorpresivo causando indefensión, evidentemente al permitirlo el tribunal está causando indefensión.” (Rivera Morales, Rodrigo. Actos de Investigación y pruebas en el proceso penal. Librería Rincón, Primera Edición, 2008, Barquisimeto, Venezuela, página 462.) De este modo, el Juez de Juicio no debe indebidamente en el debate ordenar la exhibición de un documento, una experticia o cualquier otra prueba si no han sido incorporados en el proceso a los fines de ser parte del debate, pues lo contrario evidenciaría una violación a las reglas del juicio oral y por consiguiente al debido proceso. En ese sentido, la prueba judicial como elemento fundamental que llevará al juzgador la demostración de la verdad discutida para establecer los hechos y aplicar el derecho en la búsqueda del valor supremo de la justicia, se encuentra revestida de un compendio de requisitos tanto de carácter intrínsecos como extrínsecos, sin lo cual no podrán ser apreciadas y valoradas, es decir, sin lo cual no servirán para la demostración de los hechos debatidos en el proceso, entendiéndose como requisitos intrínsecos, aquellos que atañen al medio probatorio utilizado en cada caso concreto, en tanto que los extrínsecos, son aquellos que se refieren a circunstancias que existen de forma separada del medio probatorio utilizado en cada proceso, pero que se hayan relacionado con él complementándolo.

Según refiere el Profesor BELLO TAVARES, los requisitos intrínsecos de la prueba judicial son: la conducencia o idoneidad del medio probatorio; la pertinencia del medio probatorio; y la relevancia o utilidad del medio probatorio; mientras que los extrínsecos son: la temporaneidad, tempestividad u oportunidad procesal de presentación del medio probatorio; la licitud de la prueba; la legalidad de la prueba, las formalidades procesales que deben cumplirse en cada medio probatorio (requisitos de promoción de la prueba judicial); la legitimación y postulación para quien promueve o solicita la prueba y para quien la ordena oficiosamente; y la competencia del juez. (Bello Tavares, Humberto Enrique. Tratado de Derecho Probatorio. Ediciones Paredes. Primera Edición. Caracas 2009.). Así, la incorporación irregular al proceso de la prueba, no es más que la infracción de la norma que permite su incorporación al proceso, por lo que, la ilicitud de la prueba se evidenciaría por el hecho de que el Juez de juicio se apoye en actuaciones que no han sido promovidas ni admitidas en su oportunidad legal, razón por la cual no son parte del cúmulo probatorio a discutirse en el debate. En relación a ello es oportuno referir lo señalado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que a la letra dice: “El derecho de acceso a las pruebas que tiene cada una de las partes, con la finalidad de saber cuáles son y cómo han de ser practicadas, deviene del Principio del Control de la Prueba que constituye uno de los presupuestos esenciales para la sana actividad probatoria y juzgadora en un debido proceso, a tenor de lo ordenado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Por ende, los Principios de Control y Contradicción de la Prueba son un aspecto del derecho de la defensa y por tanto constituyen una garantía de carácter constitucional, estos principios son pilares estructurales fundamentales del derecho probatorio pues nacen directamente del debido proceso y del derecho de defensa que se encuentra dispuesto en el artículo 49 de la Constitución, concretamente del numeral 1° (sic), el cual consagra el derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo necesario y los medios adecuados para ejercer su defensa. Sobre el Principio de Contradicción o control, se debe entender que la parte contra quien se opone la prueba, debe de poder gozar de una oportunidad procesal para conocerla y discutirla o controvertirla para poder desvirtuar su contenido.” (Sentencia No. 733, de fecha 18.01.2008). Conforme a lo anterior, uno de los requisitos de validez de la prueba, debe indefectiblemente producirse en su proposición, es decir, en forma legal, vale decir, en los lapsos legales, cumpliendo con los requisitos de proponibilidad y admisión, acto seguido del cual, el tribunal deberá verificar si la prueba propuesta es legal, pertinente, relevante, conducente o idónea, tempestiva, lícita y si se encuentra regularmente propuesta, caso en el cual, deberá providenciar la misma, para luego fijarse la oportunidad para la celebración del acto de evacuación de la prueba, es decir, el juicio oral y público. En consecuencia, en aquellos supuestos en que el Juez de Juicio base su pronunciamiento en pruebas que no fueron promovidas y admitidas en su oportunidad legal, vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que comprende: El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia; el derecho a obtener una sentencia fundada, razonada, motivada, justa, correcta, congruente y que no sea jurídicamente errónea; el derecho a ejercer los recursos previstos en la Ley, contra las decisiones perjudiciales y el derecho a ejecutar las decisiones judiciales. Por ello, en tales supuestos deberá anularse los pronunciamientos jurisdiccionales de absolución y/o condena, cuando éstos, no aprecian y valoran las pruebas que conforman el acervo probatorio o se determinan hechos a través del conocimiento de actas que no forman parte del proceso, pues si bien, en el proceso penal el Juez tiene la libertad para apreciar las pruebas, éste debe explicar de manera lógica y coherente las razones que lo llevan a tomar la decisión; tal y como lo ha entendido la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, que en ocasión a este punto, ha señalado, en decisión de fecha 02 de Diciembre de 2010, lo siguiente: “…Así, nuestro texto adjetivo penal establece respecto a la valoración de la prueba, el sistema de la libre convicción razonada que exige como presupuesto fundamental la existencia de la prueba, de manera que el juez sólo puede formar su convicción con las pruebas aportadas al proceso y practicadas en el juicio oral, y es precisamente, en la prueba judicial sobre la que descansa toda la experiencia jurídica dirigida a ratificar o desvirtuar la inocencia del justiciable.” (Sentencia No. 513).En ese orden, es oportuno citar el contenido del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que a la letra dice:
“Licitud de la prueba. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”. (Negritas y subrayado del autor).
Del texto de este artículo se infiere que las ilicitudes son divididas en tres grupos: La cometida en la obtención (o creación del medio); la cometida en la incorporación al proceso del medio, y la cometida cuando se obtiene información. Respecto a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia vinculante señaló lo siguiente:
“El régimen garantista establecido en la legislación penal adjetiva venezolana, comporta un régimen probatorio que aun cuando contiene el sistema de la libertad de pruebas, deben ser pertinentes, necesarias, obtenidas lícitamente, y ser incorporadas al proceso de acuerdo a las formas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que permite afirmar que, las pruebas obtenidas e incorporadas al proceso sustrayéndose de las reglas previstas al respecto, en los artículos 197 y siguientes de dicha legislación procesal, no podrán ser apreciadas dentro del proceso.” (No. 1368, de fecha 23.11.11).

Valoración de las pruebas en el Proceso Penal

2018-08-11T17:20:00.000-07:00

No podía la alzada, bajo la premisa de una presunta falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia apelada, intervenir y modificar la valoración de las pruebas SSC 390° del 18/05/2016

MÁXIMA.- Sobre la no necesidad de celebrar audiencia de amparo. Máxima reiterada. La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

MÁXIMA.- De estas normas (14,16 y 183) del Código Orgánico Procesal Penal puede colegirse, que las pruebas deben ser practicadas con estricto apego a la norma procesal penal y la oportunidad procesal para su apreciación está reservada a la audiencia en la cual son incorporadas en presencia del juez o de los jueces si fueren varios, lo que les permite obtener el convencimiento que servirá de fundamento de su decisión. De allí que esta Sala aprecia que, en virtud de los principios de inmediación y contradicción que rigen de manera estricta el proceso penal, la competencia para valorar las pruebas debatidas en el juicio oral y público corresponde única y exclusivamente al juez o jueces de juicio, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, ello en razón de que se trata de medios probatorios que corresponden a esa etapa del proceso y que deben ser debatidas y controladas por las partes en la audiencia de juicio y en presencia del juez de juicio, quien debe apreciarlas para extraer el convencimiento que le llevará a dictar un pronunciamiento determinado (Vid. Decisión de la Sala N° 1.821/2011, caso: “Hugo Humberto Márquez”).

MÁXIMA.- Las Cortes de Apelaciones, actuando como tribunal de alzada, no son competentes ni tienen facultad alguna para valorar las pruebas que fueron incorporadas por las partes en la audiencia de juicio, las cuales no presenció porque ello corresponde a la primera instancia penal. En efecto, la Corte de Apelaciones analizó y valoró los testimonios de los expertos, testigos y de la víctima, explanando los argumentos por los cuales consideró que el juez de juicio erró en su valoración, y señalando la suya como la correcta, llegando al punto de indicar que existían “dudas razonables” para determinar que las acusadas no estaban implicadas en los hechos que se le imputaban. Asimismo, procedió a cambiar la calificación jurídica por las cuales estaban siendo juzgadas, instituyendo que solo debía seguirse el juicio por el delito de hurto calificando, desestimando el delito de alteración de documento privado. Aunado a lo cual, también otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad, por considerar que “… las resultas del proceso pueden garantizarse con la aplicación de una medida menos gravosa…”.

MÁXIMA.- Esa labor de análisis y apreciación de elementos probatorios que realizó la Corte de Apelaciones, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 22 del Código Orgánico Procesal Penal, violenta el principio de inmediación en el que la presencia imperativa e interrumpida del juez o jueces y de las partes para la celebración del juicio, aseguran la forma en que el tribunal debe dictar sentencia emitiendo un fallo con base en la convicción formada por los hechos y pruebas llevadas al debate, lo que trae como consecuencia ineludible ser la única instancia facultada para hacerlo.

MÁXIMA.- El juez de alzada debe revisar el fallo impugnado desde el punto de vista del derecho más no de los hechos. Ello es un requerimiento esencial de la seguridad jurídica y de la racionalidad de la jurisdicción, que impide que los jueces al interpretar la ley, la desvirtúen y que al aplicarla a los casos particulares, la infrinjan.

MÁXIMA.- Es preciso ratificar que la competencia de la alzada penal está limitada a pronunciarse respecto de las pruebas presentadas en esa instancia, de manera que al haber apreciado el cúmulo probatorio incorporado en la primera instancia, específicamente en la audiencia de juicio, incurrió en el vicio de incompetencia y con ello lesionó el derecho al debido proceso de las partes. (Vid. Decisión de la Sala N° 1.821/2011, caso: “Hugo Humberto Márquez”).

MÁXIMA.- No podía la alzada, bajo la premisa de una presunta falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia apelada, intervenir y modificar la valoración de las pruebas realizada por el a quo, asumiendo una competencia que es exclusiva y excluyente de éste en el ejercicio de su función autónoma de juzgar.

PRUEBAS. Nulidades e Incorporación ilícita de pruebas al proceso.

2018-08-11T17:00:00.000-07:00

Pruebas. Nulidades e Incorporación ilícita de pruebas al proceso. SSCP N° 232 del 16/06/2016

Temas relacionados: Exhibición de pruebas no admitidas para debatirse en el juicio oral. y (Sonido) Exhibición de Pruebas

MÁXIMA.- En el debate oral, pueden incorporarse otras pruebas a las presentadas y admitidas por el juez de control en el acto de la audiencia preliminar. Dichas pruebas son: a) las complementarias por cuanto su conocimiento es posterior a la referida audiencia preliminar; b) las ofrecidas por las partes en virtud de la nueva calificación jurídica advertida por el juez de juicio o por la ampliación de la acusación mediante la inclusión de un hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate; y, c) las nuevas pruebas surgidas con motivo de hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento.

Comentario del autor: A lo anterior debe agregarse las pruebas conocidas por las partes con posterioridad a la presentación de la acusación (311.8 COPP y aquellas que por causa extraña no imputables, la parte de que se trate no hubiere podido promoverla en su oportunidad procesal -SSC 2532 del 15/10/2002-)

Resumen:

Como se aprecia, el vicio denunciado por los recurrentes se sustenta en la indebida incorporación al debate oral del resultado del peritaje psiquiátrico N° 1151-13, realizado a la víctima, resultas que para el momento de la celebración de la audiencia preliminar ya cursaban en las actas del proceso.

Siendo ello así, esta Sala de Casación Penal ab initio estima preciso puntualizar lo siguiente:

En el proceso penal las pruebas que han de recibirse en el juicio oral y público, a tenor de lo establecido en el texto adjetivo penal, son aquellas obtenidas legalmente en la fase preparatoria, ofrecidas por las partes en sus escritos respectivos en la fase intermedia y admitidas por el juez de control en el acto de la audiencia preliminar.

Sin embargo, excepcionalmente, las partes, fuera de estos casos, tienen la posibilidad de ofrecer pruebas en el debate oral:

Así, el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal contempla las llamadas pruebas complementarias, en el entendido de aquellas pruebas que las partes pueden promover cuando tengan conocimiento con posterioridad al acto de la audiencia preliminar, siempre que demuestren que no pudieron ofrecerlas al momento de la presentación del escrito acusatorio o en el lapso establecido en el artículo 311 eiusdem.

Por su parte, el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que si en el transcurso de la audiencia del debate el juez advierte al acusado de la posibilidad de una nueva calificación jurídica, se le recibirá nueva declaración y se les informará a las partes que tienen derecho a solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.

De igual modo, conforme con la previsión contenida en el artículo 334 del referido texto adjetivo penal, el Ministerio Público o el querellante durante el debate y hasta antes de que las partes expongan sus conclusiones, podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un hecho o circunstancia que no haya sido mencionada que modifique la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, en este caso, al igual que en el anterior, podrán solicitar la suspensión del contradictorio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su defensa.

Finalmente, el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal establece la figura de las nuevas pruebas el cual señala que, excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, siempre y cuando surjan hechos o circunstancias nuevos que requieran su esclarecimiento.

Conforme lo expuesto, en el proceso penal, específicamente, en el debate oral, pueden incorporarse otras pruebas a las presentadas y admitidas por el juez de control en el acto de la audiencia preliminar. Dichas pruebas son: a) las complementarias por cuanto su conocimiento es posterior a la referida audiencia preliminar; b) las ofrecidas por las partes en virtud de la nueva calificación jurídica advertida por el juez de juicio o por la ampliación de la acusación mediante la inclusión de un hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate; y, c) las nuevas pruebas surgidas con motivo de hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento.

Ahora bien, del análisis de las actas que conforman el presente proceso se evidencia que, ciertamente, en el desarrollo del debate oral el representante del Ministerio Público ofreció el peritaje psiquiátrico N° 1151-13 practicado a la víctima, como prueba complementaria, pese a que dicho peritaje había sido ordenado en la fase de investigación y sus resultas consignadas en el Juzgado de Control con anterioridad a la celebración de la audiencia preliminar, razón por la cual su ofrecimiento y, por ende, su incorporación por el Juez de Juicio se efectuó incumpliendo lo establecido en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el fallo hoy sometido al control de la casación, pese a que la prueba en comento no reunía los requisitos establecidos en el señalado artículo 326, circunstancia que podría haber originado la presunta infracción de ley, estimó y así expresamente señaló que: “De la revisión del contenido de la sentencia recurrida (…) la misma es congruente en su parte dispositiva con las razones de hecho y de derecho asentadas en la parte motiva, en razón que (sic) la jueza de primera instancia fundamento (sic) la condena del acusado en la declaración de la víctima, cuyo dicho fue corroborado por las pruebas técnicas referentes a las conclusiones de la evaluación psicológica practicada, así como el examen médico legal, en el cual se describe las lesiones presentaba (sic) por la ciudadana víctima, de manera que no se da la destrucción recíproca de las partes de la sentencia lo cual imposibilite su ejecución, lo contrario, ambas partes se armonizan al punto que una conlleva a la otra (…)”.

De igual modo, apreció que: “En cuanto a la incorporación y admisión de la prueba complementaria por parte de la recurrida y a criterio de la defensa la considera (sic) ílicita, esta Alzada constata que dicha incorporación al debate no se realizó culminada la recepción de las pruebas y al momento del cierre del debate, como lo asevera la defensa en su denuncia (…) observándose claramente que la afirmación sostenida por la defensa en su escrito recursivo no encuentra cabida, toda vez que las partes con antelación estaban en conocimiento del acto de investigación solicitado por la representación fiscal, como fue, el peritaje psiquiatrico de la víctima, que había solicitado durante la fase de investigación, no ocasionándole dicha incorporación al ciudadano Danit Rafael Rocha Méndoza, la violación del derecho al debido proceso (…)”.

A lo anterior, esta Sala de Casación Penal, estima preciso acotar que la juzgadora de juicio arribó al convencimiento de la culpabilidad y subsiguiente responsabilidad penal del ciudadano Danit Rafael Rocha Mendoza, con base en la declaración de la víctima y su constante incriminación hacia éste, lo cual quedó corroborado con las pruebas técnicas relativas a las conclusiones de la evaluación psicológica como a las del examen médico legal, más no con fundamento en el peritaje psiquiátrico N° 1151-13, cuestionado por los recurrentes, toda vez que el mismo, al igual que la referida evaluación psicológica, concluyeron en que la víctima presentaba estrés postraumático, razón por la cual la incorporación de la referida prueba al proceso no modificaba el fallo condenatorio dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal con Competencia Especial en Delitos Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas.

Por ello, a criterio de esta Sala de Casación Penal resultaría inoficioso afirmar que la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en infracción de ley por errónea interpretación del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia, ordenar la reposición de la causa al estado de que se celebre de nuevo el juicio oral, toda vez que la indebida promoción y consecuente incorporación del peritaje psiquiatrico practicado a la víctima no fue lo que llevó al juzgador de juicio a arribar a la conclusión de que el fallo debía ser condenatorio, ello en aras de evitar reposiciones inútiles del proceso.

En tal sentido, resulta oportuno señalar el criterio sentado al respecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al cual:

“(…) en aras del aseguramiento de la tutela judicial efectiva, el artículo 26 del texto Fundamental prohíbe las reposiciones procesales carente de utilidad, aquellas que, sin provecho alguno, alteren el desarrollo del proceso, lo cual es consecuencia de la prohibición de formalismos que atenten contra el propósito de alcanzar justicia. El Estado de Derecho y de Justicia contemplado en el artículo 2 de la vigente Carta Magna no puede tolerar decisiones judiciales amparadas en rigores innecesarios ni peticiones de parte que pretendan conducir al Juez a la adopción de medidas semejantes (…)”. [Vid. Sentencia N° 985 del 17 de junio de 2008].

De igual modo, se hace preciso resaltar lo establecido por esta Sala de Casación Penal, en cuanto a que:

“(…) no beneficia a la recta aplicación de justicia, por el contrario ocasiona retardos, reposiciones absurdas, recargas de trabajo improductivo a los Tribunales, lo cual implica necesariamente un costo económico para el Estado (…)” [vid. Sentencia N° 390 del 2 de diciembre de 2014].

Por ello, ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal que no todos los vicios comportan la casación del fallo y, por ende, su nulidad, toda vez que dichos vicios serán solo los capaces de alterar su dispositivo, en consecuencia, no es dable su censura en casación por no tener repercusión en el resultado del proceso.

De esta manera, esta Sala de Casación Penal acoge el criterio que sobre la materia de la nulidad estableció la Sala Constitucional en la sentencia N° 1100, del 25 de julio de 2012, de acuerdo con la cual:

“(…) no toda infracción de una norma procesal supone violación de una garantía constitucional y una situación de indefensión para una de las partes, por cuanto se debe comprobar que: a) la infracción tenga suficiente entidad que afecte el derecho fundamental a la defensa; y, b) la infracción afecte la regularidad del acto impidiendo que produzca los efectos que le son propios.

Por tanto, de la progresiva importancia que han ido adquiriendo los principios constitucionales relacionados con el sistema procesal penal, se imponen criterios antiformalistas que obligan a tener en cuenta circunstancias distintas a la mera infracción de la norma procedimental. La violación de una forma lo que trae como consecuencia es una advertencia sobre el posible irrespeto a un principio, que de verse afectado, sin lugar a dudas debe ser anulado.

De allí, que resulte entonces determinante establecer cuándo, a pesar, de la violación de una forma procesal, el principio fundamental no ha sido menoscabado y, por ende, no surge la nulidad. La primera posibilidad implica determinar que tan efectiva es la forma para garantizar la vigencia del principio, vale decir: cuando una formalidad no es esencial en un proceso, y la segunda está referida al caso en el cual, pese la violación de la forma procesal, se toman otras previsiones para garantizar el principio que se protege.

Finalmente, hay que destacar que en materia de nulidades rige como principio el del la ´trascendencia aflictiva´, atinente al perjuicio por la ausencia de las formalidades del acto, y conforme al cual la nulidad por la nulidad misma no es admisible, pues las nulidades no tienen por finalidad satisfacer deseos formales. La nulidad, por el solo hecho de que la ley disponga esa consecuencia, debe ser declarada solo si la lesión ocasionada a las partes es insalvable, y ello es así, por cuanto no hay cabida a la nulidad sin constatación del perjuicio (…)”. [Resaltado de esta Sala de Casación Penal].

Naturaleza jurídica de los depósitos bancarios en el proceso civil.

2018-08-11T16:43:00.000-07:00

Fuente; tomado del Blog del Dr. y gran amigo Francisco Santana

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y, por vía de consecuencia, la infracción por falsa aplicación de los artículos 1363 y 1364 del Código Civil.

Por vía de fundamentación, el recurrente alega:

“…Como puede evidenciarse, la recurrida le dio valor probatorio a unas planillas de depósito, que mi representado no ha intervenido en su formación, sino que supuestamente están firmadas por un supuesto empleado del Banco Mercantil, agencia de la avenida Vargas de la ciudad de Barquisimeto.

Esta apreciación de la recurrida, es contraria a lo que establece el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil que tiene por objeto aclarar que los documentos privados emanados de terceros (planillas de depósito firmadas por empleado de agencia Bancaria) que no son partes en el respectivo juicio ni causantes de las partes que contienden en él, no se rigen por los principios de la prueba documental, por lo que no le son aplicables las reglas de los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, sino que para ser admisibles y valoradas como un medio de prueba idóneo en el juicio en el cual no ha sido parte los otorgantes (empleado bancario que firma una planilla de depósito) de tales documentos privados, ellos deben ser traídos a juicio como una mera prueba testimonial, no siéndoles atribuibles más valor que el que pueda resultar de su ratificación por el tercero…

…Omissis…

Cuando la recurrida le da valor probatorio a las 28 planillas de supuestos depósitos producidos por la parte ejecutada, y supuestamente firmados por empleado bancario y no emanar de mi representado, sino, de un tercero, infringe el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación y por vía de consecuencia infringe los artículos 1363 y 1364 por falsa aplicación, ya que le dio falsamente a las 28 planillas producidas por la parte demandada, valor probatorio como instrumento privado reconocido o tenido legalmente como reconocido como lo dispone el artículo 1363 y aplicó falsamente el artículo 1364 al atribuirle a mi representado la obligación de impugnar las planillas de depósito y derivar de ello el reconocimiento de las mismas.

La norma que la recurrida ha debido aplicar y no aplicó es el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil…”.

Para decidir, la Sala observa:

Es oportuno indicar que si bien el formalizante no hace referencia expresa al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que la denuncia está soportada en una de las hipótesis previstas en dicha norma, como lo es el error en el establecimiento de la prueba, lo que autoriza el examen de otras actas del expediente, y en ese sentido la Sala examinará la denuncia.

En efecto, el formalizante plantea que el juzgador de la recurrida dejó de aplicar el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto los depósitos bancarios valorados en el presente juicio como prueba de pago, no fueron incorporados al proceso válidamente pues por ser documentos privados emanados de terceros, es necesario para que surtan efectos jurídicos, que sean ratificados mediante la prueba testimonial, por cuanto el tercero del cual emana el documento no es parte en el presente juicio, ni tampoco causante de las mismas. Por ello, sostiene el formalizante que cuando el juez valoró dichos depósitos sin cumplir con el requisito de la ratificación mediante la prueba testimonial, infringió el artículo ut supraseñalado, que textualmente expresa lo siguiente:

“Artículo 431.- Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial”.

Para poder resolver la presente denuncia, resulta necesario en primer termino conocer cual es la naturaleza de los depósitos bancarios y que tipo de prueba constituyen, pues dependiendo de esta calificación que se efectúe, sabremos que tratamiento deberá dar el jurisdicente a este tipo de pruebas y particularmente, que reglas deberán cumplirse en el establecimiento o incorporación de este tipo de pruebas al proceso.

La norma denunciada alude a documentos privados emanados de un tercero, por lo tanto, es menester dilucidar igualmente si los depósitos bancarios representan documentos privados emanados de un tercero.

Ahora bien, el Dr. Valmore Acevedo Amaya, en su libro Los Depósitos Bancarios, nos indica lo siguiente:

“se entiende por depósito bancario, el acto por el cual una persona entrega a un banco una suma de dinero con la obligación para el banco de restituirla a la primera solicitud o en la fecha que se hubiere convenido”. (Valmore Acevedo Amaya, Los Depósitos Bancarios, Universidad Central de Venezuela, Sección de Publicaciones, Caracas 1955).

Las operaciones bancarias, no siempre se encuentran respaldadas por una sola figura jurídica, pues en reiterados casos convergen en una misma operación, distintas figuras jurídicas que se entrelazan unas a otras y así resulta, o nacen determinadas operaciones bajo la regulación de distintas figuras jurídicas.

En este sentido, el aludido autor en el trabajo antes citado, nos señala nuevamente lo siguiente:“…Si bien los actos bancarios por su naturaleza especial no presentan la configuración típica de los contratos tradicionales, se los asimilaba a ellos y así se aplicaban a estas operaciones bancarias las disposiciones sobre el mutuo, sobre el depósito o sobre el mandato (…) Esto explica que a una operación de banco sea necesario aplicar disposiciones referentes a diversos tipos de contrato. No se trata de dos operaciones distintas reguladas por sus respectivos modos contractuales, sino de una única operación que por su complejidad participa de las características de diversas categorías contractuales…”.

Tal es el caso de la operación de depósito bancario, en la cual emergen características propias de los contratos de mandato, depósito y prestación de servicio.

En efecto, no cabe duda, que la banca privada presta un servicio a sus clientes, de ahí que nace entre el banco y la persona que apertura una cuenta, por ejemplo, un contrato de servicio, donde a su vez, se materializará la figura del mandato, por cuanto el cliente bien sea cuenta ahorrista o cuentacorrentista, por ejemplo, le permite al banco como mandatario, recibir en su nombre determinados bienes, títulos valores, moneda, cantidades de dinero, etc.

Vale decir, existe una relación de intermediación por parte del banco, con respecto a terceras personas, actuando en nombre del cliente del banco (mandante), que permite evidenciar la figura del mandato en esas operaciones, no obstante que se establezcan dentro del marco de una figura jurídica específica, por ejemplo, contrato de ahorros.

Por ello, cuando las entidades bancarias reciben el dinero de terceras personas, para ser depositado en una determinada cuenta, el banco no actúa en nombre propio, lo recibe en nombre de su cliente, vale decir mandante y, la planilla de depósito bancario, por consiguiente, no puede considerarse como un documento emanado propiamente de un tercero, sino que representa un documento que certifica un tercero y que en su formación han intervenido dos personas, por un lado el banco que certifica la operación y recibe el dinero como (mandatario), en nombre del titular de la cuenta (mandante) y el depositante quien puede ser un tercero, o el mismo titular de la cuenta.

En el caso sub iudice, en los depósitos bancarios figura como depositante el accionado, quien acompañó como medio de prueba dichos depósitos o planillas de depósitos con el propósito de probar el pago y así oponerse a la ejecución de hipoteca incoada.

No obstante, el accionante- quien formula la presente denuncia- estima que estos depósitos deben ser ratificados mediante la prueba de testigos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que constituye un documento emanado de un tercero.

Este planteamiento, no lo comparte la Sala, por cuanto como se señaló anteriormente, los depósitos bancarios no son documentos que se forman de manera unilateral por parte de un tercero, los bancos. En su formación participan el depositante y el banco, quien recibe el dinero en nombre de su mandante- el titular de la cuenta- y certifica el depósito mediante símbolos y validación propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma.

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, facultad que realiza la Sala en virtud de la naturaleza de la presente denuncia, se aprecia que el accionado figura como depositante en dichos depósitos bancarios y considerando que en esta operación bancaria media también la figura del mandato, y la de prestación de un servicio, donde el banco actúa como mandatario e intermediador del titular de la cuenta con terceros, no podría considerarse en este caso los depósitos bancarios como un documento emanado de un tercero.

En efecto, como consecuencia de esta relación de mandato e intermediación por la prestación de un servicio, el dinero al ingresar en la cuenta es recibido por el propio titular de la cuenta, no por el banco.

Esto permite concluir, considerando que el demandante es el titular de la cuenta y, el depositante el accionado, que los depósitos bancarios que cursan en autos no son documentales propiamente emanadas de un tercero.

Por el contrario, esta Sala estima que los mismos encuadran dentro de los medios probatorios llamados tarjas, los cuales por encontrarse incluidos en el capítulo V, Sección I, del Código Civil, en su artículo 1.383, encuadran en el género de prueba documental.

Las tarjas se encuentran previstas en nuestro Código Civil en su artículo 1383, que textualmente dispone lo siguiente:

“Las tarjas que corresponde con sus patrones hacen fe entre las personas que acostumbran comprobar con ellas las provisiones que hacen o reciben en detal”.

El Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expone el significado de las tarjas de la siguiente manera:

“…las tarjas en su versión más primitiva, consisten en dos listones o pedazos separados de madera, cuero u otro material, los cuales reposan en poder de cada parte, y que en materia de ventas a crédito, cada vez que el vendedor entrega mercancías al comprador, juntan los dos listones o pedazos y sobre ellos, a su vez en el mismo instante y con un mismo movimiento, se efectúa una marca que abarca a ambos. Cada muesca corresponde a una entrega, y la coincidencia de las muescas en ambos listones, prueba el número de entregas. Si tomamos en cuenta que el CC contempló a las tarjas dentro de la pruebas por escrito, debemos rechazar que dicho Código se esté refiriendo con exclusividad a la forma primitiva expuesta, y por ello, pensamos que los documentos-tarjas (escritos) siempre ha sido posible emitirlos conforme al CC, quien además, no los prohibe. Esto sin que importe si las tarjas escritas emanan de máquinas, o son suscritas…”. (Jesús Eduardo Cabrera Romero, Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo II, Pag 92).

Por otro lado, en un valioso trabajo contenido en la revista de derecho probatorio dirigida por el Dr. Jesús Eduardo Cabrera, elaborado por la Dra. Maribel Lucrecia Toro Rojas, se sostiene igualmente que las planillas de depósitos bancarios constituyen documentos asimilables a las tarjas, y en ese sentido se puntualiza lo siguiente:

“…Hoy día hay una serie de documentos escritos o impresos que pueden asimilarse a las tarjas, tales como los vouchers de las tarjetas de crédito, las planillas de depósito de los bancos y por qué no incluir aquí, las notas de consumo de servicios públicos. En el caso de los documentos escritos tipo tarjas, cada parte conserva un original idéntico, que debe guardar coincidencia con el otro original, el elemento característico de estos instrumentos es la coincidencia, lo cual se evidencia del artículo 1383 del CC,. Anteriormente transcrito; de acuerdo con él, para que las tarjas hagan fe entre las partes, es requisito indispensable que éstas se correspondan entre sí, no siendo importante, y hasta irrelevante, la firma de los ejemplares”…

…Omisis…

…Es importante señalar que desde el momento en que la nota de consumo ha sido validada efectivamente por el cajero, es cuando queda evidenciado el uso de este documento-tarja, pues tal actividad indica que la misma se utiliza normalmente para cancelar los cargos realizados por el uso del servicio público contratado, así como demuestra que el organismo que presta el servicio tiene el documento-tarja, que debe contener la misma seña de cancelación. La nota de validación la podemos asimilar a las muescas o marcas que se les hacía en un mismo instante y con un solo movimiento a las formas primitivas de las tarjas, pues, el corresponder ambas notas de validación, se prueba la cancelación del servicio. (…) los documentos-tarjas son medios de prueba admisibles en juicio, forman parte del elenco de pruebas nominadas (comúnmente llamadas legales).Revista de Derecho Probatorio, Tomo 9, Paginas 355 -360).

Es preciso destacar igualmente, que los depósitos bancarios vistos como documentos-tarjas no puede considerarse documentos públicos, por cuanto en su formación no interviene ab initio, un funcionario público o particular facultado para dar fe pública por ley. Este documento nace privado y en su contenido constan los símbolos probatorios capaces de demostrar su autoría y, por ende, su autenticidad.

Una característica particular de las tarjas y de los depósitos bancarios, es que los mismos carecen de la firma de su autor, recordemos que se trata de un documento que se forma por la intervención de dos personas, por una parte el banco y por la otra el depositante, lo que podría dificultar la determinación de su autoría, pues el banco se limita a imprimir electrónicamente la validación, mediante un grupo de números, signos y señas, por otro lado, le imprime a la tarja un sello húmedo con el símbolo y nombre del banco, no impide que ello ocurra, por cuanto los símbolos probatorios que constan en su contenido, son capacez de permitir la determinación de su autoria.

En la obra citada supra, contenida en la Revista de Derecho Probatorio N°V 9, la autora interpretando el valor probatorio de las notas de consumo de servicio eléctrico, vistas como tarjas igualmente, hace la siguiente afirmación:

“…El caso de las notas de consumo (…) es muy peculiar, debido a que las mismas carecen de firmas, lo que hace un tanto difícil determinar su autoría (autenticidad en sentido estricto), por lo que se hace necesario indagar dentro de su contenido para ubicar rasgos, señas o símbolos que permitan identificar la fuente de quien emanaron. Entramos aquí en el mundo de los Símbolos Probatorios.

“…el símbolo probatorio no indica un hecho, lo representa, y ante el signo, quien lo ve, por fuerza directa o indirecta de la ley, debe creer que un hecho en particular ha sucedido, el cual está representado (vuelto a presentar) por el símbolo…Del símbolo nace una presunción…No es puridad un medio de prueba, el no es un vehiculo de transporte de hechos al proceso, él aparece grabado o estampado en un bien y es transportado a la causa junto con ese bien, por los medios capaces de hacer el traslado; pero, cuando ingresa al expediente, como una abstracción hace presumir iuris tantum un cúmulo de situaciones que se comprendían en él sin que exista una razón lógica o natural fuera del mandato legal, entre el signo y todo lo que representa…Pero, los símbolos probatorios, al revés de los hechos que hacen presumir, no está dirigidos al Juez para que fije un hecho desconocido, sino que tiene como destinatarios al público, ya que ellos producen como otro efecto jurídico, al ser garantía, información o identificación de alto nivel masivo. Esta característica hace que los símbolos de por sí sean autenticantes…” (Cabrera Romero.Oc.II.122.) .

“En relación con lo anteriormente expuesto, las notas de consumo de los servicios de energía eléctrica y teléfono, poseen un símbolo probatorio, representado, a través de un logotipo en el primer caso y de las siglas identificadoras al segundo caso, los cuales son reconocidos comúnmente por todas las personas por cuanto el mismo se ha incorporado a nuestro quehacer diario, lo que quiere decir que no hace falta demostrar su autoría por medio de la firma, sino la misma la vamos a demostrar con la autenticidad que emana de un hecho público y notorio como lo son los símbolos representativos característicos de estas empresas.

Las consideraciones expuestas permiten concluir que los depósitos bancarios no constituyen documentos emanados de terceros, sino tarjas, lo cual evidencia que el formalizante no tiene razón al haber afirmado que era necesaria su ratificación mediante prueba testimonial, la cual ha debido ser promovida en el juicio.

Si bien es cierto que las planillas de depósito no constituyen un medio de prueba libre, por ser asimilable a las tarjas y, por ende, ser un medio de prueba consagrado en forma particular en la ley, respecto del cual existe regla legal expresa que regula su eficacia probatoria, como es el artículo 1.383 del Código Civil, lo cierto es que ello no fue alegado por el formalizante ni forma parte de esta denuncia, y en todo caso, el error cometido por el juez de alzada respecto de la calificación jurídica de la prueba y su eficacia no sería determinante en el dispositivo del fallo, pues de haber aplicado el juez el artículo 1.383 del Código Civil, en lugar de los artículos 1.363 y 1.364 del mismo Código, la conclusión sería la misma: se trata de un medio eficaz capaz de dar fe de su contenido.

En consecuencia, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción, por falta de aplicación, del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y, por falsa aplicación, de los artículos 1363 y 1364 del Código Civil. Así se establece.

Consideraciones Jurisprudenciales sobre el delito de "Posesión Ilícita de Arma de Fuego"

2018-08-11T16:19:00.000-07:00

En relación al tipo penal de "Posesión Ilícita de Arma de Fuego", el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, señala:

Artículo 111. POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO “Quien posea o tenga bajo su dominio, en un lugar determinado, un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente emitido por el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con competencia en materia de control de armas, será penado con prisión de cuatro a seis años. Cuando el delito establecido en el presente artículo se cometa con un arma de guerra, la pena de prisión será de seis a diez años ...".

De la lectura del dispositivo legal que consagra el delito de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, se desprende que hay dos acciones y una omisión, de lo cual se podría pensar que se trata de un delito de naturaleza mixta, conformado como delito de comisión al exigir una conducta positiva: posesión o tenencia; y al mismo tiempo de omisión, al imponer el mandato de la autorización o permiso emitido por la autoridad correspondiente, no obstante, es indudable que el énfasis del legislador está puesto en la acción de tener o poseer, por tanto, se estima que el tipo penal de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, es un delito de comisión y su verbo rector es la posesión o tenencia del armamento. Los mandatos de autorización y permisos ante la autoridad correspondiente, que en este caso es la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA), son elementos normativos del tipo objetivo.

Asimismo, conforme a la norma in comento, se desprende que poseer o tener un arma de fuego es incorporarla a la esfera potestativa de una persona, sin importar si esa situación se ha producido con arreglo o no a Derecho. Lo relevante es que el arma esté en poder de una persona, que de hecho pueda disponer de la cosa, y esto no quiere decir que el arma se encuentre en las manos de quien la posee, sino que se encuentre dentro de su órbita potestativa.
Entonces, por ser un delito de acción, el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, requiere de un mínimo de continuidad en la posesión, que implica no sólo la relación material del agente con tal instrumento, sino la conciencia y voluntad que la tenencia produce sin el permiso de la autoridad correspondiente. De esto se advierte, que la relación material entre la tenencia del arma no debe suceder de manera esporádica y circunstancial puesto que la tenencia fugaz y momentánea, se halla excluida del tipo penal.
En este orden de ideas, se considera pertinente traer a colación la decisión N° 253, de fecha 27 de junio de 2013, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuya ponencia estuvo a cargo de mi gran amiga (saludos Mi Doctora bella) la Magistrada Ursula María Mujica, en la cual se dejó establecido, lo siguiente:

“…(omisis)…Al respecto debe destacarse que portar un arma de fuego no es más que el hecho de disponer en un lugar público o de acceso público de un arma de fuego cargada y en condiciones de uso inmediato. El que porta tiene la facultad o autorización de mantener corporalmente el arma en su poder; mientras que la detentación, y así lo define Emilio Calvo Baca en el Diccionario Jurídico Venezolano, es el derecho de retener lo que no le pertenece, la posesión ilegítima con la conciencia más o menos clara del título ajeno…(omisis)..”. (Destacado de esta Alzada).
Por su parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, del autor Manuel Osorio, define el “Dominio”, como el: “Derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona”.

Como corolario, del análisis efectuado al tipo penal ha dicho la Sala Primera de la Corte de Apelaciones Zuliana, en decisión 297-18 de fecha 03 de septiembre de 2015 (ver infra), "la condición de posesión, detentación o dominio del armamento de fuego, en tipos penales como el estudiado, son fundamentales para tipificar efectivamente la conducta desplegada por el sujeto activo del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, pues mal podría imputársele la comisión de este tipo penal a un ciudadano, cuando no tiene bajo su esfera de dominio o de poder el objeto base de este tipo penal (arma)".

La citada Alzada declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados en contra de la decisión dictada por el juez de control en la audiencia de presentación, por considerar que la sola verificación en autos de un hecho aislado como fue el hallazgo a pocos metros del lugar donde aquellos se encontraban de una escopeta y la cápsula para arma de fuego, en la vía pública, en un cúmulo de basura, no los vincula con ninguna conducta típica, por cuanto no existe indicio para presumir que alguno de ellos ejerciera posesión efectiva, detentara dicha arma o la tuviera bajo su dominio.

Como corolario, la Corte de Apelaciones indicó que, "a pocos metros" es obviamente más de un metro de distancia, entre el cuerpo físico del sujeto y el arma en cuestión; en el caso que un individuo se encuentre cerca de un arma, a fin de considerar si tiene o no el dominio de la misma habría que verificar los metros que existen entre el arma y el sujeto, además de cotejar que tiene el conocimiento de la existencia del arma en un sitio determinado, adicional a la circunstancia de poder hacer uso de la misma en un eventual hecho, situaciones de las que se pudieran presumir la adjudicación del armamento, razón por la cual, sentenció que el A Quo erró al atribuir el tipo penal de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, a todos los imputados, cuando la responsabilidad penal es personalísima.

Ver aquí el Texto íntegro del fallo.

Breves consideraciones acerca de la conclusión de la fase de investigación.

2018-08-11T16:10:00.000-07:00

El artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2012) establece:

“El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera”.

En numerosas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de Instancias del país, se ha dicho reiteradamente, que el Ministerio Público debe emitir un acto conclusivo una vez concluida la investigación penal a fin de evitar situaciones de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto, en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propias del viejo modelo inquisitivo regulado por el hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC, 1961).

En ese orden, la Sala Penal en sentencia nro. 988, de fecha trece (13) de julio de 2000, destacó:

“…Todo proceso no deja de ser un que hacer formal, donde los sujetos procesales en sus distintas dimensiones tienen que conducir su actividad y voluntad para la ejecución del acto y su ulterior legitimidad, según las reglas previstas en la ley. No hay acto procesal sin forma externa circunscrita por condiciones de tiempo, modo y lugar, todo lo cual debe aparecer regulado mediante reglas determinadas y determinables que en ningún caso pueden ser consideradas meros formalismos, pues el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la sujeción a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso, considerados "ex ante" y plasmados en la legislación son en definitiva el fin último del Derecho Procesal Penal, donde el Principio del Debido Proceso apunta a la reglamentación procesal con base en leyes preexistentes, que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado; curso ese que no le está dado a las partes subvertir..."

Es así, que el proceso está sometido a formalidades esenciales, por lo que deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo y de lugar, conforme a un orden preestablecido y una manera concreta para su validez jurídica, estando entonces los actos procesales sometidos a reglas (unas generales y otras especiales para cada uno en particular), y precisamente esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de justicia y la aplicación del derecho, obteniéndose así ciertos valores como la seguridad jurídica, la certeza y la equidad.

Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el COPP (2012) no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que las partes llamadas a administrar justicia apliquen de manera correcta las disposiciones jurídicas.

La Sala de Casación Penal (SCP) ha indicado reiteradamente, que el Poder Judicial es el llamado a aplicar el ordenamiento jurídico, de manera eficiente y efectiva, siendo de impretermitible cumplimiento su ejercicio, tomando en cuenta la axiología jurídica y la posibilidad innegable de dar respuesta a todos los delitos, considerando el sistema de valores jerarquizados constitucionalmente, pues lo contrario haría que se difumine la certeza en la aplicación de la justicia, cayendo en un penalismo falso, cuya consecuencia es un discurso jurídico-penal mendaz, en detrimento de la justicia cierta.

Por lo anterior, cuando Ministerio Público mantiene una investigación pasados ocho meses desde la individualización del imputado, e incluso, más allá del plazo fijado en la norma citada supra sin dictar un acto conclusivo, coloca al imputado en una situación de indefensión ante un proceso penal, que por su inacción e incumplimiento de los trámites dispuestos por el legislador, lo mantiene en esa condición indefinidamente en manifiesta violación del derecho a un debido proceso, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a la presunción de inocencia, dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados en el Código Orgánico Procesal Penal (SSCP N° 461, de fecha 14/11/2016)

Nueva consideración acerca del Poder Especial otorgado por la Víctima en el Proceso Penal

2018-08-11T15:59:00.000-07:00

HECHOS: AMPARO CONTRA DECISIÓN JUDICIAL. La víctima ejerció la acción extraordinaria de amparo constitucional en contra de la decisión dictada por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas, por haber vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, ya que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por sus apoderados judiciales, con base en una supuesta FALTA DE LEGITIMIDAD, a pesar de constar en autos el poder especial autenticado que les había otorgado.

A tal efecto, la Sala señaló:

… que para actuar en el proceso penal en nombre de la víctima ésta, debe ser ejercida por vía de representación, la cual sólo se obtiene a través del otorgamiento de un poder especial al Abogado o Abogados de su confianza, el cual debe constituirse con el cumplimiento de las formalidades de los poderes para asuntos civiles; siendo que en el presente caso se observa que no existe poder alguno que haya sido conferido por el ciudadano (…), a los ciudadanos (…), a los fines que éste actúe en su nombre y representación…

MÁXIMA.- El control efectuado por esta Sala Constitucional del respeto al derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los derechos e intereses de las personas, no se limita a analizar si la denegación de tal acceso es arbitraria o errónea en lo que respecta a la interpretación de las normas que lo regulan, sino que también abarca el excesivo rigorismo formal y cualquier otra razón que manifieste una desproporción entre los fines que las causas de inadmisión del recurso resguardan y los intereses que sacrifican.

MÁXIMA.- El artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal señala los requisitos que deben contener las querellas, dentro de los cuales se encuentra el nombre, apellido, edad, domicilio o residencia tanto del querellante como del querellado.

Sin embargo, de ello no se infiere necesariamente que el instrumento-poder que la víctima otorgue a sus abogados de confianza se debe referir a los querellados de manera específica. Lo requerido por el legislador es la identificación precisa de los querellados en el escrito correspondiente que se presenta ante el órgano jurisdiccional, pero no se especifica que el poder de los abogados que representan a la víctima también debe referirse a los querellados de forma exhaustiva. Así, en el poder se podrían prever cláusulas abiertas en las que el poderdante otorga el poder especial necesario para perseguir penalmente a las personas que nombre y a todas las demás cuya identificación no se encuentre precisada por cualquier motivo.

MÁXIMA.- Cuando la decisión accionada le niega la legitimidad a los abogados por el motivo antes señalado, esboza un criterio que no se encuentra señalado en la ley y que, al mismo tiempo, limita el ejercicio del acceso al recurso que tiene la víctima en el proceso penal. Es decir, la interpretación restrictiva acerca del alcance del instrumento-poder de los representantes judiciales de las víctimas, crea una manifiesta desproporción entre el fin de resguardo de las formas procesales, procurado por la sentencia accionada, y el interés de las víctimas en acceder, en el caso de autos, al recurso judicial, que se encuentra comprendido dentro del derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los derechos e intereses (artículo 26).

MÁXIMA.- Así, la Sala n.° 3, incurrió en un uso desmedido o arbitrario de sus atribuciones (incompetencia sustancial).

Máximas comunes al amparo

MÁXIMA.- DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO. La Sala Constitucional en sentencia n.° 993 de 16 de julio de 2013 dejó establecida la posibilidad de no tramitar el amparo cuando el aspecto controvertido fuere de mero derecho. A tal efecto, dicho fallo precisó lo siguiente:

…se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...

MÁXIMA.- PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA DECISIÓN JUDICIAL: se requiere: a) que el juez actúe fuera de su competencia y, b) que se ocasione una lesión a un derecho constitucional, lo que implica que no es recurrible por amparo constitucional aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal.

Habría usurpación de funciones cuando un juez asume o ejerce una función que constitucionalmente corresponde a otro órgano del Poder Público, vicio que no se encuentra denunciado en la presente acción de amparo constitucional ni se observa que se hubiere materializado, porque la sentencia objeto de la presente acción de amparo dictó una decisión que se encuentra dentro de las competencias que son propias y exclusivas del Poder Judicial.

En relación con la extralimitación o abuso de poder, entendida como una actuación fuera de la competencia del tribunal, se presenta cuando mediante un acto judicial el órgano jurisdiccional hace un uso desmedido o arbitrario de sus atribuciones.

SSCP 0375 DEL 11/05/2018

Sobre la Incompetencia, Efecto Suspensivo y Valoración de las Fuentes de Prueba en Fase Intermedia

2018-08-11T15:40:00.000-07:00

Ver texto íntegro de la sentencia comentada N° 104 del 13/04/2018

PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del TSJ, en lo adelante SSCP – TSJ, es de relevancia en el ámbito penal, por cuanto se pronuncia en relación a la trascendencia que tiene el “Debido Proceso” como limitación al derecho que tiene el estado de perseguir los delitos, ya sea limitando cualquier injusta e infundada injerencia estatal en el ejercicio del ius puniendi o ya sea excluyendo cualquier arbitrariedad.

En ese sentido, la Sala de Casación Penal al constatar que la competencia para la resolución del recurso de apelación le correspondía a la jurisdicción especializada con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, procedió de OFICIO a anular la decisión de la Única Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy, por considerar que se habría violentado el bloque de los derecho constitucionales, es decir, el derecho a ser enjuiciado por los jueces naturales, particularmente la competencia material como garantía del debido proceso, regulada en el artículo 49.4 de la CRBV (1999).

En torno a lo anterior, se establece como primera máxima lo siguiente:

MÁXIMA₁: La sentencia número 1378, de fecha diecisiete (17) de octubre de 2014, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se estableció que. “…los jueces y juezas especializados en delitos de violencia contra la mujer conocerán del delito de trata de personas, tipificado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo cuando los sujetos pasivos del delito sean mujeres, niñas, niños y adolescentes (ambos sexos), pluralmente o concurriendo ambos sexos…”.

SEGUNDO.- En relación al Recurso de Apelación Con Efecto Suspensivo, es de indicar que en sentencia N° 659 del 14/08/2017, la Sala Constitucional del TSJ admitió la acción de nulidad interpuesta por quien aquí suscribe, en contra de la citada institución.

Ahora bien, en lo que respecta al recurso de apelación con efecto suspensivo regulado en el artículo 374 del COPP (2012), se tiene que la Sala Constitucional en sentencia N° 1746, del 25 de marzo de 2003 (Caso: Giordani Antonio Gracina Rivero), con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, señaló que esa posibilidad de apelar bajo la modalidad del efecto suspensivo como recurso especial sólo se manifiesta cuando la decisión, a) luego de decretar la aprehensión flagrante, y b) ordenar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, decida otorgar a favor del imputado la libertad plena. En este mismo orden de ideas, mi gran amigo, el Dr. Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, señala:

…Según este artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando en la audiencia de calificación de flagrancia el Juez de control decrete la libertad del imputado, ya sea libertad plena o con medida sustitutiva, el fiscal podrá interponer, en el mismo acto de la audiencia y nunca después, un recurso de apelación contra esa decisión, al cual el legislador le confiere efecto suspensivo, es decir, que su interposición impide que sea ejecutada la decisión del juez de poner en libertad al aprehendido, el cual quedará detenido a resultas de la apelación.” (Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, P. 452).

Se desprende claramente, que el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por mi gran amigo y alumno el Dr. ARMANDO SAAVEDRA CASTILLO Fiscal Auxiliar Octavo con Competencia Plena a Nivel Nacional y la Fiscalía Octava del Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en el acto de audiencia preliminar, no se encuadra conforme al contenido del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2012); por cuanto se trata de un Acto de Audiencia Preliminar y no de Audiencia de Calificación de Flagrancia como señala el citado artículo; por lo cual el recurso en cuestión debió tramitarse como un recurso ordinario de apelación de auto. Al respecto tenemos la máxima_2:

MÁXIMA₂: Consta a los autos que los abogados ARMANDO SAAVEDRA CASTILLO y MARIBEL RODRÍGUEZ MONCADA, Fiscal Auxiliar Octavo con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Octava del Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, respectivamente, al término de la audiencia preliminar ejercieron el recurso de apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, fundamentado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, a sabiendas de que el mismo no era aplicable en dicho acto, ya que éste sólo opera en el procedimiento abreviado.

TERCERO.- En relación al trámite del recurso especial con efecto suspensivo regulado en el artículo 374 del COPP (2012), llama la atención a este investigador que la Sala Penal del TSJ haya indicado que:

MÁXIMA_3:“El Tribunal en Funciones de Control remitió las actuaciones a la Sala Única de la Corte de Apelaciones, sin esperar la fundamentación y contestación, conforme a lo previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal”

Pues bien, en relación a lo sostenido por la Sala, el Tribunal de Control no tenía que haber esperado por la fundamentación del recurso del fiscal ni mucho menos por la fundamentación de la contestación de la defensa. Tanto el recurso, como su contestación, deben argumentarse en el propio acto de audiencia de presentación, en forma oral y dejar constancia de ello en acta, para luego, remitirlo en el lapso de ley a la Alzada, quien considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones. En tal sentido, señala la citada norma:

Artículo 374. Recurso de Apelación. La decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, excepto, cuando se tratare delitos de: (…) que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; (…) delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, (…) o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su límite máximo, y el Ministerio Público, ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el Juez o Jueza emitirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Corte de Apelaciones. En este caso, la corte de apelaciones considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones”.

Dado que el efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público a la decisión que acuerda la libertad del Imputado, se encuentra regulado en los artículos 374 y 430 del COOP (2012), no obstante, esta última disposición (430) regula un trámite distinto para las decisiones dictadas en fase intermedia o aquellas que pongan fin a la instancia en el procedimiento ordinario, estableciendo expresamente en su último aparte que: “La fundamentación y contestación del recurso de apelación se hará en los plazos establecidos para la apelación de autos o sentencias, según sea el caso”.

De lo anterior se colige, que la Sala de Casación Penal yerra que el Tribunal de Control remitió las actuaciones a la Alzada sin esperar la fundamentación y contestación, conforme a lo previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, pues se reitera, que el artículo 374 del COPPP (2012) esta limitado al procedimiento abreviado y el 430 al procedimiento ordinario.

Finalmente, debo insistir que la apelación con efecto suspensivo, según lo señalado en el artículo 430 ibídem, desdibuja la ejecutabilidad y ejecutoriedad de una decisión de libertad ordenada por una autoridad judicial competente que decreta la absolución del acusado y ordena su excarcelación, vulnerando a su vez, los artículos 44 numerales 1 y 5 del texto constitucional, ya que una interpretación sistemática y progresiva del mismo, conlleva a colegir que la decisión que acuerde la libertad del encausado no tiene que ser de aquellas que alcancen cosa juzgada en sentido formal y material, sino de aquellas dictadas en fase de juicio oral que ponen fin al proceso mediante sentencia definitiva, lo cual, es cónsono con el estado de derecho y de justicia, entre cuyos valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico se propugna la libertad.

En efecto, mantener la prisión provisional por el efecto suspensivo de la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, luego que, la autoridad judicial decretó la absolución y ordenó la excarcelación del acusado, sería postular la tesis sustantivista al colocar el derecho a la impugnación por encima del derecho fundamental a la libertad, invirtiendo así la regla constitucionalmente establecida, resultando ser la libertad durante el proceso una excepción, la cual, según dicha tesis, socialmente se traduce como sinónimo de impunidad.

Ciertamente, se trata de una libertad plena y absoluta derivada de un fallo que pone fin al juicio (art. 348 COPP). Ello, es justamente lo que permite, al amparo de una interpretación sistemática de los artículos 2, 26, 44.1, 44.5 y 257 del texto fundamental, descartar cualquier premisa que coliga que no debe interpretarse dicho fallo como una sentencia definitivamente firme, sino, como sentencia firme dictada en primera instancia. No le falta razón a Roxin (citado por Rivera, 2004), cuando afirma que:

Advertimos, que es de doctrina pacífica que si la decisión con carácter de definitiva es favorable al imputado es procedente la ejecución favorable, si por el contrario es condenatoria se mantendría en suspenso durante el lapso que se pueda recurrir y, si se ejerce el recurso, hasta la decisión sobre el mismo (p.200).

De ahí que, cuando opera el juicio de valor por la posible insuficiencia de pruebas, el absolver al acusado, conforme a las pautas de valoración de las pruebas desahogadas en el debate, se alcanza la finalidad del proceso penal, esto es, el establecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho. Si se absuelve y decide que es libre, el no ejecutar inmediatamente la absolutoria decretada judicialmente después de un apropiado y justo juicio oral, haría incurrir al tribunal en lo que la doctrina patria ha denominado “la exención de prisión”, cual circunstancia de franca inconstitucionalidad, regulada en el ya citado 44.5 constitucional e instrumentado en el artículo 348 del COPP (2012).

Como resultado, se trae a colación al autor Roger José López Mendoza, quien en su Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal titulado “Situaciones de hecho y de derecho que generarían arbitrariedad en la constitución al momento de decidir acerca de la prisión provisional”, concluyó que, el referido artículo 430 atenta contra la estructura básica del sistema acusatorio adoptado por la CRBV (1999) y en el COPP (2012), y, por ende, es totalmente contraria a sus preceptos básicos, al fulminar la clara y necesaria distinción de los diferentes roles que ejerce cada sujeto procesal en tal sistema, colocando absurdamente al Fiscal del Ministerio Público con poderes mucho mayores a los del propio Juez llamado a decidir la controversia, de la cual aquel es una de las partes del proceso, colocando así a éste en clara e inaceptable minusvalía. (TEG Mención Suma Cum Laude).

CUARTO.- En otro orden de ideas, la Sala Penal refirió al Sobreseimiento Provisional en los siguientes términos:

MÁXIMA₄: Sobreseimiento Provisional. El Tribunal en Funciones de Control, decretó el sobreseimiento definitivo en la presente causa, conforme al artículo 300, numeral 2 del COPP, por incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 308, numerales 1, 2, 3 y 5 eiusdem, cuando lo procedente era devolver las actuaciones al Ministerio Público, a los efectos de que subsanara la acusación, conforme a lo previsto en los artículos 20, 28, numeral 4, y 34, numeral 4, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En relación a lo anterior, yerra gravemente la Sala, pues si bien es cierto que el incumplimiento de los requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal (artículo 28.4.i del COPP), conducen a la declaratoria de un sobreseimiento provisional en los términos del artículo 20 del texto adjetivo penal, no es menos cierto que el tribunal de control decretó el Sobreseimiento Definitivo sobre la base de que el hecho objeto del proceso no revestía carácter penal, conforme al art. 300.2 ejusdem, al señalar:

“PRIMERO: NO ADMITE LA ACUSACIÓN PENAL FORMULADA POR LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LOS CIUDADANOS (…) por los delitos de TRATA DE PERSONAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 41 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por cuanto el hecho imputado no es típico, fundado en el artículo 300 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal y conforme, lo dispone el artículo 313, numeral 3° (sic) eiusdem. Se decreta la Libertad sin restricciones de los acusados…”

QUINTO.- Valoración de las fuentes de prueba. Para concluir mis comentarios, es de vital importancia resaltar la siguiente y última máxima de la Sala, al disponer que:

MÁXIMA₅: "La fase intermedia del proceso penal ordinario tiene como finalidad esencial, lograr la depuración del proceso, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez o Jueza ejerza el control de la acusación. Y este último aspecto, implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, a fin de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. En efecto, el Juez o Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control debe examinar los elementos de convicción obtenidos durante la fase inicial de investigación y determinar si las circunstancias fácticas fueron correctamente subsumidas en una norma penal, ya que de acuerdo al principio de legalidad no debe tener duda que el hecho imputado por el Ministerio Público constituye un delito y si con los medios de prueba se evidencia la acción típica y antijurídica, además de considerar si son suficientes para atribuirle tales hechos al justiciable".

Con esta MÁXIMA, se ratifica el criterio asentado por la misma Sala y el mismo ponente en sentencia 583 del 10/08/2015, al indicar que la única forma que tiene el juez de control de evaluar si la Acusación se sostiene en fundamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado o imputados, es mediante el examen de los elementos de convicción, lo cual no debe ser en modo alguno interpretado como una invasión de la función del tribunal en función de juicio, sino como el cumplimiento de una de las finalidades esenciales del tribunal de control en esta etapa del proceso penal, que no es otra que evitar acusaciones infundadas.

En relación a la valoración y análisis de los elementos de convicción por parte del juez en funciones de control en fase intermedia, ver aquí mis artículos y comentarios.

05 Máximas acerca del Allanamiento y el Debido Proceso. Caso práctico.

2018-08-11T15:35:00.001-07:00

HECHOS.- De acuerdo al acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se documentó la aprehensión de los imputados, lo cual, tuvo lugar con ocasión a las labores de inteligencia justamente al momento en que uno de los investigados ingreso a la vivienda. El funcionario al ingresar observó en la sala de la vivienda cinco (05) sacos de color blanco contentivo de presuntamente material estratégico (cobre) todo ello ocurrió en presencia de los testigos. (Ver texto íntegro del fallo. Corte de Apelaciones del Estado Apure. 14/05/2018)

MÁXIMA₁.- La resolución por la cual el Juez ordena la entrada y registro de un domicilio particular será siempre fundada. El registro se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora, se pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta. Se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes (196 COPP):
1. Para impedir la perpetración o continuidad de un delito.
2. Cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán, detalladamente en el acta.

MÁXIMA₂.- El régimen constitucional aplicable al caso, se encuentra en los artículos 44.1, 47 y 49.2; respecto a esta última, “….Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso…” y el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, “…Cuando el registro se deba practicar en una morada, oficinas públicas, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza”.

MÁXIMA₃.- No se observó en el contenido del acta policial las excepciones exigidas en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. No es suficiente justificarlo así:

“… uno de ellos ingreso a la vivienda por lo que el funcionario en su persecución ingresó a la misma”.

MÁXIMA₄.- El hecho de “introducirse en la vivienda”, no es lo mismo que salir corriendo al notar la presencia policial, y que ello derive en una persecución por un espacio de tiempo prudencial y a cierta distancia, permitiendo establecer que el procedimiento no se efectuó bajo los parámetros de la normas constitucionales y procesales requeridas para el debido proceso. No consta por ningún lado que ingresaron para impedir la continuidad de un delito que se estaba cometiendo, o para evitar su comisión, ello era impretermitible escribirlo para justificar válidamente las excepciones a que hace referencia el supra mencionado artículo 196 del texto adjetivo penal, lo que hace nulo de toda nulidad el procedimiento practicado, por violación del artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, al haberse introducido los funcionarios adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar a la vivienda sin contar con la debida orden de allanamiento expedida por el órgano judicial competente, ni encontrarse en situación que pudiera encuadrarse en los numerales de excepcionalidad contenidos en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, para introducirse en recinto privado sin la referida orden judicial, encontrándose viciada de nulidad la actuación policial, al haberse practicado sin cumplir con las exigencias contenidas en los artículos 196 y 197 eiusdem, tal como fue declarado acertadamente por la juzgadora de instancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

MÁXIMA_5.-En el procedimiento policial írrito, se dejó constancia con los testigos instrumentales y lo documentado en el acta policial, de la incautación de un material presuntamente cobre, lo que dio lugar a que se siguiera la causa por la vía del procedimiento ordinario, toda vez que se debe investigar su origen y legalidad, ello con el objeto de establecer al final de la fase preparatoria la existencia o no de elementos de convicción que amparen un acto conclusivo.

Nueva consideración acerca del Poder Especial otorgado por la Víctima en el Proceso Penal

2018-08-11T15:31:00.000-07:00

A tal efecto, la Sala señaló:

MÁXIMA.- Así, la Sala n.° 3, incurrió en un uso desmedido o arbitrario de sus atribuciones (incompetencia sustancial).

Máximas comunes al amparo

SSCP 0375 DEL 11/05/2018

¿Existe precaria formación, no sólo jurídica sino general, en los profesionales del Derecho que actúan en estrados?.

2016-02-09T14:16:00.000-08:00

El 12 de diciembre de 2000, el ciudadano HERMANN ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la cédula de identidad n° 3.820.195, en su propio nombre interpuso “Recurso de Interpretación" alegando que el CNE , la Asamblea Nacional y los medios de comunicación, tenían textos distintos, de la Constitución Nacional aprobada en referendo popular.

El referido Recurso feneció por falta de actividad del recurrente, es decir no realizó actividad procesal más allá de introducirlo y declarar a los medios, y en consecuencia fue declarada EXTINGUIDA LA INSTANCIA.

Ahora bien, la falta de diligencia de Escarrá debería ser suficiente para criticar el desempeño de un abogado tan elocuente y mediático, pero los Magistrados del TSJ fueron más allá y en la sentencia apuntaron lo siguiente:

"Al margen de lo que ha sido decidido en el presente fallo, no puede esta Sala dejar de expresar su preocupación ante las graves deficiencias gramaticales; especialmente, de orden sintáctico y ortográfico, perceptibles en el escrito que presentó el recurrente para el inicio del presente proceso, las cuales han obligado a un serio e innecesario esfuerzo, por parte del actual juzgador, para desentrañar, a falta de texto inteligible, el espíritu y propósito del documento en cuestión; fallas estastanto más serias si se consideran las hipótesis, que, en este caso, la Sala solamente imagina, pues no tiene la intención de especificar ni concretar, de que el autor de dicho recaudo sea, llegue a ser o haya sido docente universitario. En efecto, una somera revisión que se hizo a la escritura en cuestión ha permitido el descubrimiento de errores –varios de ellos, francamente elementales- tales como: A) omisión de acentos ortográficos y signos de puntuación; B) Uso u omisión indebidos de mayúsculas; C) Confusión de la preposición a con la conjugación del verbo haber (tercera persona, singular, presente, modo indicativo), inobservancia de concordancias gramaticales, etc.; D) Errores gramaticales que, incluso, en ciertos casos, provocan la trasmutación del término correspondiente; v.g., gerarquia, precindencia, presindencia, excensiones, lazos (entiéndase lapsos. Nota de la Sala), precuiiera(¿?); E) Uso de algunos términos, con significado distinto del que se le reconoce oficialmente; por ejemplo, palabra, F) Innecesario empleo de ciertos neologismos; por ejemplo, aperturan, G) Errores de transcripción; así, al denunciar un presunto cambio textual en el artículo 214 de la Constitución, expresa:“En el Articulo 214 se sustituyo la frase con acuerdos a Consejo de Ministros”, siendo que en ninguna de las dos versiones de la disposición, que el recurrente compara, aparece la construcción que se acaba de transcribir;

Resulta hasta irónico, por la advertencia gramatical que en él se incluyó, el contenido del párrafo que a continuación se transcribe textualmente, el cual constituye una muestra de las antecedentes observaciones: “Ahora bien, es menester observar que constitucionalmente el texto aprobado en el referéndum popular es el texto oficial con presindencia de los posibles errores de gramática, sintaxis o estilo por tanto creemos que una reimpresión por errores de copia no podría corregir el texto aprobado por el pueblo es decir lo que esta situación significa es que indebidamente alguien se erigió en órganos Constituyentes usurpando la soberanía popular y dando una versión distinta de la Constitución aprobada en el Referéndum del 15 de diciembre de 1999...”

Ya esta Sala ha denunciado anteriormente la precaria formación, no sólo jurídica sino general, que exhiben profesionales del Derecho que actúan en estrados, así como de la responsabilidad que, en dicha formación, incumbe a quienes sean, lleguen a ser o hayan sido profesores universitarios; en especial, por la impronta, positiva o negativa, que, necesariamente, de ellos queda en sus alumnos. Así, en un fallo publicado el 30 de enero del año en curso, la Sala se pronunció en estos términos: “No puede dejar de sorprender a esta Sala la forma como está escrita la solicitud de amparo constitucional interpuesta ante el a quo por parte de la abogada ... actuando como apoderada judicial del accionante. Es realmente insólito que una profesional del derecho, tal como al menos así lo hace constar en dicho escrito, incurra en errores gramaticales graves y continuos... Ciertamente, es responsabilidad de los Colegios de Abogados y no de esta Sala, iniciar los procedimientos disciplinarios contra abogados que incurren en violaciones de la Ley de Abogados o del Código de Ética del Abogado, procedimientos que en general se relacionan con aspectos éticos.

Sin embargo, no es siquiera responsabilidad del Colegio de Abogados, reparar la baja calificación profesional de los abogados, ya que definitivamente esa es una responsabilidad de las Universidades (subrayado de la Sala)... En cualquier caso, el abogado es una figura esencial del Sistema de Justicia, ya que no sólo los abogados enejercicio requieren de una calificación y posterior autorización para ejercer, sino que de la misma manera lo requieren los jueces, en virtud de que deben ser abogados, así como los fiscales del Ministerio Público o los defensores públicos. Es entonces la base fundamental de un Sistema de Justicia justo y eficiente que los abogados posean las calificaciones adecuadas para ejercer la profesión, y de esa forma servir como elementos básicos del Sistema de Justicia... Es de la Universidad, precisamente, donde nacen los abogados. Es de las Escuelas de Derecho de las Universidades donde se origina o desarrolla la calificación de un abogado. Son los profesores de derecho designados por esas Universidades los que hacen a los abogados (subrayado de la Sala). Es entonces una responsabilidad de las Universidades y de sus profesores, la existencia de un Sistema de Justicia conformado por profesionales de derecho con la calidad y la capacidad suficiente para analizar, expresar y decidir los términos de las leyes que soportan la justicia venezolana...”

Las recién expresadas observaciones no resultan desmerecidas ni siquiera por la existencia, en autos, de un documento posterior, que consignó el recurrente, con el objeto de la ampliación del que sirve de encabezamiento de las presentes actuaciones. Ambos recaudos aparecen tan diferenciados entre sí, en cuanto a estilo, redacción, ortografía y demás reglas gramaticales, que resulta realmente difícil la asociación de ambos con un autor común, si no fuera porque ellos están, aparentemente, suscritos por la misma persona.

Dicho lo anterior, esta Sala exhorta e insta a los profesionales que ejercen, profesan y enseñan el Derecho, en pre y en postgrado, a la asunción responsable de sus funciones y deberes, como componentes esenciales del Sistema de Justicia y, en consecuencia, a la actuación de manera concordante con las exigencias formales y materiales que son propias de la dignidad de la profesión de abogado y que, en concepto de quienes aquí deciden, en absoluto son meras formalidades.

¿Es realmente importante el informe oral o Conclusiones de las partes.?

2016-02-02T12:01:00.000-08:00

¿ES REALMENTE IMPORTANTE EL INFORME ORAL?

Al concluir su intervención el ponente extrajo de su maletín un traje de baño de mujer, un bikini muy pequeño. Lo exhibió al auditorio y preguntó. ¿Qué es esto? Un alumno respondió. Un bikini. Muy bien, dijo el profesor; un bikini a mi no me importa, agregó, si en un futuro Uds. no recuerdan esta charla, ni mi nombre, pero lo que Uds. nunca van a olvidar y siempre recordarán es este bikini y la idea asociada a él, cual es que el discurso es como un traje de baño bikini, o sea debe ser lo más corto posible y debe cubrir las partes esenciales del caso”.

Hablar de la importancia de las conclusiones que las partes deben rendir al finalizar el debate probatorio conduce inevitablemente a reflexionar sobre la creencia de muchos abogados de que el informe oral es un trámite que tiene escasa utilidad y relevancia, ya que tras la práctica de la prueba en el acto del juicio oral los jueces ya tienen decidido el sentido del fallo. Ante esta tesitura - sostienen -, poco van a aportar las conclusiones o argumentos para cambiar dicha decisión.

En mi opinión, basada en mi propia experiencia y en lo que he podido conocer a través de conversaciones con algunos jueces, el informe oral es un trámite procesal de enorme importancia que siempre es considerado por los jueces a la hora de adoptar una resolución.Trataré de explicar esta conclusión.

En primer lugar, hemos de partir de la actual tendencia a la oralidad de los procesos, lo que implica que si el legislador ha confiado en dicha oralidad, materializada de modo expreso en el trámite de informe o conclusiones, será porque este se considera un trámite adecuado, conveniente y útil para la consecución del fin último que es la impartición de Justicia. De lo contrario, ¿qué sentido tendría su regulación en sede de los procedimientos más habituales de todas las jurisdicciones?

En segundo lugar, tomando como modelo el COPP, "las conclusiones o alegaciones conclusivas son actos procesales de parte que tienen por objeto la crítica del resultado de las pruebas practicadas en el proceso y la reconsideración de las tesis jurídicas mantenidas", lo cierto es que un trámite en el que las partes valoren las pruebas practicadas en su presencia y planteen sus argumentaciones jurídicas a la vista de dicha valoración, se antoja más que necesario para fundamentar, de hecho y de derecho la pretensión de cada parte con el fin de que el juez se ilustre a fin de adoptar una u otra tesis. Es decir, con este trámite contradictorio, se facilitan al Juez los datos esenciales de la problemática del pleito, fáctica y jurídica, alcanzando con mayor facilidad la comprensión que le llevará a la resolución del caso.

Por otro lado, en mi práctica profesional, en la que he tenido ocasión de informar con frecuencia, he podido constatar que los jueces escuchan con interés los alegatos de los abogados y fiscales, manifestando con sus actos de comunicación no verbal un verdadero interés por el contenido de nuestras alegaciones. La mirada con atención e interés, la toma de notas cuando se cita algún argumento clave (que luego se ve reflejado en la sentencia, bien sea a favor o en contra), son indicios claros de la importancia del informe. Lógicamente, de todo hay en la viña del Señor, y, como le habrá ocurrido a muchos profesionales, en alguna que otra ocasión he tenido alguna experiencia frustrante a la hora de las conclusiones.

En mi opinión, la clave de la eficacia del informe reside en la necesidad de que el informe oral siga una serie de pautas que lo hagan verdaderamente atractivo, en el sentido de estar dotado de los elementos necesarios para que la posible convicción que haya podido alcanzar el juez se vea confirmada o sea reconsiderada tras nuestras conclusiones. No podemos olvidar que los jueces están saturados de juicios y de escuchar cada día numerosos informes orales , pesando además sobre ellos una enorme carga de trabajo, lo que los hace probablemente poco proclives a escuchar con la necesaria atención un informe oral en el que no concurran elementos como la brevedad, concisión, orden, diafanidad, valoración de los hechos, etc... elementos que deberán concurrir en todo informe forense y que, de seguro, llamarán la atención y despertará el interés del juez. Por el contrario, de concurrir los mismos, estoy convencido de que el informe oral será de extraordinario valor para el juez y, en consecuencia, una herramienta eficaz para el abogado.

Por todo lo anterior, creo que el informe oral es clave para la defensa del caso encomendado, puesto que bien planteado, constituye la última oportunidad del abogado para convencer y persuadir al juez, quien a través de un buen informe, verá confirmado su posicionamiento tras la práctica de la prueba o, en otro caso, descubrirá nuevas vías que lo lleven hasta una conclusión diferente.

Cortesía del Dr. Oscar León (España) & Roger López

Consideraciones prácticas del autor sobre las "Actas de Entrevista & Actas Policiales". (Caso: el Estado Venezolano Vs Franklin Hernández)

2016-01-30T10:24:00.002-08:00

Por Abogado Roger López

MÁXIMA.- Es importante que comprendamos de una buena vez que las fuentes de prueba, útiles y pertinentes, incorporadas al proceso mediante los actos de investigación penal, como regla general, son las mismas que deben ser desahogadas o reproducidas en el juicio oral, y que por lo tanto es posible confrontar a los testigos con sus dichos previos durante la investigación en caso de retractaciones, contradicciones o inexactitudes durante la declaración en el debate a los fines de desacreditar su testimonio o declaración y demostrar su incursión en un posible tipo penal en audiencia. Por ello, creo que es importante la judicialización del acta de entrevista o acta policial en el juicio oral, no para probar los hechos, sino, reitero, para la desacreditación del testimonio

MÁXIMA.- Se trata de un supuesto en el que se permite la lectura de la declaración sumarial cuando se advierte que entre ésta y la prestada en el juicio oral existen divergencias o discrepancias, para a continuación tras su lectura solicitar que el testigo explique el motivo de las contradicciones o diferencias existentes entre ambas, lo cual, no puede confundirse con la incorporación del acta de entrevista por su lectura. Ambas Máximas tienen inspiración en el artículo 714 de la LECrim Española como aporte a nuestro sistema acusatorio. (abogado Roger López).

El presente trabajo constituye una herramienta de orientación para aquellos Jueces de Juicio y de Control, quienes haciendo caso omiso a los criterios doctrinales y vinculantes del Tribunal Supremo de Justicia, admiten, incorporan y valoran “ACTAS POLICIALES Y/O ACTAS DE ENTREVISTA”, en franca violación a los principios orientadores del sistema penal acusatorio, al debido proceso y al derecho a la defensa. Ejemplo de ello, es la Causa Penal: “El Estado Venezolano Vs Franklin Hernández”, en el que la primera instancia en funciones de juicio del Estado Falcón, Extensión Coro, incorporó el “acta policial” de fecha 28/02/2003 (F. 51 al 52, P1), “por su lectura”, como si se tratase de una “prueba documental”.

Inicio las siguientes líneas fijando mi criterio en relación a las “personas” citadas por el Ministerio Público a rendir testimonio o entrevista en sede fiscal, durante el procedimiento preparatorio o fase de investigación.

Para algunos, en la fase preparatoria o de investigación, no hay testigos, sino simplemente, informantes. "Y no puede haber testigos, porque en ésta etapa introductoria el Ministerio Público, está buscando los elementos de convicción, que le sirvan para ejecutar el acto conclusivo; además que las personas llamadas a declarar, lo hacen casi siempre en el despacho del fiscal, o por ante los organismos policiales auxiliares; no expresan sus conocimientos por ante el Tribunal de Control, salvo que, algunas de las partes soliciten un anticipo de prueba, conforme lo prevé la normativa procesal contemplada en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. De tal manera que, las personas que comparecen a declarar y son entrevistadas en el despacho fiscal o en los órganos policiales auxiliares, no obtienen la condición de testigo sino cuando exponen por ante los tribunales. Es en los órganos jurisdiccionales donde son juramentados con el fin de revelar la verdad" (Dr. Leonardo Pereira Meléndez, Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, en su obra "Estudios de Derecho Procesal Penal, Capítulo XVII).

Ahora bien, el Maestro José Luis Tamayo Rodríguez, en su más reciente obra titulada “Caos Terminológico en Derecho Procesal Penal Probatorio”, ediciones Paredes, Pág. 129,(recomendada), cita a Jesús Eduardo Cabrera Romero señalando que, durante la fase de investigación no se reciben testimonios, sino informaciones. Al respecto, conforme al COPP, “la inquisición la realiza el Ministerio Público, y en ella recibe informaciones, no testimonios (que sólo tienen lugar ante el juez: art. 222 COPP) de cualquier persona, incluyendo al imputado, si aún no lo es, y el de la víctima (artículos 112, 184, 303,309 y 360 COPP)…”. (CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo. “Aspectos probatorios de la declaración del imputado y de la víctima”, en REVISTA DE DERECHO PROBATORIO N° 15. Caracas, Venezuela. Ediciones Homero, 2009, p. 108).

Sin embargo, aun cuando es cierto que lo que el Ministerio Público recibe durante la fase de investigación son informaciones (la cuales, constan en un “acta de entrevista” cuyo fundamento normativo descansa en los artículos 291 y 153 COPP), y que según Pérez Sarmiento, son aportados a la investigación penal a través de informantes que son susceptible de ser comprobadas por medios distintos a sus declaraciones y a la par no están sujetas a la crítica o al control de las partes (LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Vadell, hermanos Editores. Caracas. Venezuela 2003. Pág. 131), las mismas, a no dudar, constituyen un testimonio, un relato testimonial de alguien que captó determinado hecho a través de sus sentidos o que lo conoció de algún modo; y si bien lo que recoge el “acta de entrevista” no es, técnicamente, una declaración testimonial propiamente dicha (que, ciertamente, solo se recibe ante el juez), ello no le quita su carácter de testimonio, pues no hay que perder de vista que “testimonio”, es la “Atestación o aseveración de una cosa”. (Diccionario…, ob. cit., T. II, p. 1971, 1ª y 3ª acepción).

Así, nos indica el Dr. Leonardo Pereira Meléndez que, al tomar declaración mediante actas de entrevistas a “informantes” en la fase la fase preliminar del proceso penal, no deben ser incorporadas al juicio oral, bajo la figura de prueba documental, como lo indica el artículo 322.2 del COPP, porque al hacerlo, se vulnera el principio de separación de funciones y el debido proceso. En el sistema acusatorio el fiscal no puede suplantar la figura del juez. La única forma que las declaraciones dadas por los informantes en la fase preparatoria, puedan ser incorporadas al debate probatorio, es que a petición de las partes, el Juez de Control, haya practicado y, obviamente, presenciado el acto, en el cual, el Ministerio Público, la Defensa Técnica y el Querellante, si lo hubiere, asumen la oportunidad de ejercer el contradictorio. Solo así, se e recibirá como prueba documental (Dr.Pereira Meléndez, Leonardo).

En sentencia vinculante N° 1303 del 20 de junio de 2005, la Sala Constitucional se pronunció al respecto, en los siguientes términos:

DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL

No obstante que la presente solicitud de amparo ha sido declarada sin lugar, esta Sala, por orden público constitucional (cfr. Sentencia N°. 2807/2002, del 14 de noviembre, caso: Hugo Roldán Martínez Páez), visto que aparecen involucrados en el proceso penal que dio lugar a la presente acción de amparo constitucional, el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia del acusado, consagrados en el artículo 49, ordinales 1 y 2, respectivamente, los cuales constituyen manifestaciones del debido proceso, realizará las consideraciones que siguen:

De autos se verifica que entre las pruebas admitidas por el Tribunal Cuadragésimo Noveno en función de Control, se encuentran unas actas levantadas con motivo de las actuaciones realizadas durante la investigación, contentivas de las declaraciones que efectuaron varios ciudadanos respecto a su conocimiento de los hechos y circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible objeto del proceso. Es el caso que el mencionado Tribunal de Control señaló que dichas actas“pueden ser incorporadas en razón de lo dispuesto en el artículo 339 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal como documentales, por cuanto fueron incorporadas en forma lícita tal como lo dispone el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal...”

En tal sentido, una de las manifestaciones del derecho a la defensa, es que el proceso ostente carácter contradictorio, es decir, que el acusado pueda, además de ofrecer pruebas, participar en los actos de producción de las pruebas, controlar y examinar las pruebas ya ofrecidas, así como también sugerir al órgano jurisdiccional una reconstrucción de los hechos y una interpretación del Derecho que le sea favorable, todo lo cual se manifiesta a plenitud en la fase de juicio.

Lo anterior se vería desvirtuado, en el supuesto de una prueba testimonial, cuando se incorpora al proceso por su simple lectura el acta contentiva de la declaración realizada por una persona en la investigación, la cual tenga conocimiento de las circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible objeto del proceso, y sin que tal persona sea llamada en calidad de testigo al juicio oral a los fines de que deponga sobre tal conocimiento, ya que de ser así se le impediría al acusado la posibilidad de examinar y desvirtuar tal testimonio (por ejemplo, a través del interrogatorio del testigo), y por ende se vulneraría el derecho a la defensa, atentando todo ello además contra la propia naturaleza de la prueba testimonial.

Por otra parte, debe señalarse que el principio de inmediación es esencial e inmanente para el régimen de la prueba testifical. En tal sentido, la prueba testifical requiere que el órgano jurisdiccional examine con atención especial las características de la persona que realiza la declaración, así como las circunstancias que permiten fijar la credibilidad de ésta.

Sobre la necesidad de la inmediación en la prueba de testigos, MUÑOZ CONDE enseña:

“Esta es sin duda, la prueba que más requiere de inmediación ante el juzgador, e incluso la contradicción entre los testigos, la posibilidad de careo, y de que éstos sean interrogados por las partes, tanto acusadora, como defensora, etcétera, es precisamente lo que permite al juez valorar cuál de las versiones es la más creíble.(...)

Por inmediación se entiende, pues, que el juzgador se haya puesto en contacto directo con las demás personas que intervienen en el proceso (especialmente con los testigos). Su exigencia, como destaca la mayoría de los procesalistas, es, por consiguiente, especialmente importante en la práctica de la prueba, más todavía cuando es testimonial.

Si no se cumple con esta exigencia antes de proceder a la valoración de la prueba, realmente hay una carencia total de actividad probatoria y, por tanto, una vulneración de la presunción de inocencia, por infracción grave de una de las garantías básicas del proceso penal” (MUÑOZ CONDE, Francisco. Búsqueda de la verdad en el proceso penal. Editorial hammurabi. Buenos Aires, 2000, pp. 53, 54)

Entonces, siguiendo al autor antes citado, en caso de que no se cumpla la exigencia de la inmediación de la prueba testimonial antes de llevar a cabo la valoración de ésta, como lo sería en el supuesto fáctico mencionado supra, habría una carencia de actividad probatoria y, por lo tanto, además de vulnerarse el derecho a la defensa, se lesionaría el principio de presunción de inocencia, ya que éste implica, entre otros aspectos, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia no sólo de la comisión del hecho punible, sino también de la autoría o la participación del acusado en éste, y así desvirtuar la mencionada presunción. Así, la simple acta levantada en la investigación y contentiva de un testimonio escrito, no es un medio de prueba suficiente para construir la culpabilidad del acusado -claro está, siempre que no se trate de una prueba anticipada cuyo órgano de prueba no pueda ser llevado a juicio-, ya que su contenido no podrá ser expresado y examinado en su forma natural en el juicio –a saber, con la deposición del testigo-, lo cual no es suficiente para generar el grado de certeza que implica una declaración de culpabilidad.

Sobre este punto, CORDÓN MORENO, analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, ha señalado lo siguiente:

“Para que pueda aceptarse el derecho a la presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente o a que el razonamiento de inferencia sea ostensiblemente absurdo o arbitrario. Por el contrario, el mismo debe decaer cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias, con suficiente fiabilidad inculpatoria.

En consecuencia, se exige que la condena venga fundada en pruebas lícitamente obtenidas y practicadas con las debidas garantías procesales, que contengan elementos inculpatorios suficientes respecto a la participación del acusado en los hechos delictivos enjuiciados (STC 84/1990, de 4 de mayo)

...

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que medios de prueba de cargo válidos para desvirtuar la presunción de inocencia son los practicados en el juicio oral, <<pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes>> (STC 40/1997, de 27 de febrero)” (CORDÓN MORENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Segunda edición. Editorial Aranzadi. Madrid, 2002, p. 175)

Por ello, dado que entre los distintos principios o instituciones que integran y dan sustancia a la noción de orden público constitucional, se encuentran fundamentalmente, por una parte, el derecho a la defensa, el cual implica dentro del ámbito procesal penal, entre otras cosas, que el proceso sea contradictorio a los fines de que las partes hagan valer sus derechos e intereses legítimos; y por otra parte, al principio de presunción de inocencia, que implica en el caso de la prueba testimonial la exigencia de la inmediación del juez respecto a la deposición del testigo; y dada la decisión del Juez Cuadragésimo Noveno de Control de incorporar a través del artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal –por su lectura-, las actas contentivas de la declaración de dos personas levantadas en el transcurso de la investigación, sin que se les convoque a comparecer al juicio oral a deponer como testigos, esta Sala considera que tal proceder del mencionado Juez de Control constituye una violación del derecho a la defensa y del principio de presunción de inocencia, y en consecuencia, establece con carácter vinculante que los testimonios escritos, como consecuencia de la inmediación deben ser ratificados en juicio”.

Sentado lo anterior, vale señalar que si bien es cierto los actos de investigación están dirigidos a soportar la acusación fiscal, las actas donde aparecen vertidos los mismos por si solas no tienen eficacia probatoria, pues el carácter de prueba lo adquieren únicamente cuando las personas intervinientes concurran a ratificarlas y sean interrogados libremente por las partes sobre sus afirmaciones, acto en el cual pueden ser contradichas e impugnadas en caso de no cumplir con los requisitos de ley, tal como se indicó en la sentencia citada.

Sobre este particular, la sentencia Nº 676, de fecha 17/12/2009, en el expediente Nº C09-287, con ponencia en la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que en relación a la presunta contradicción en las actas y las declaraciones testificales, en nuestro ordenamiento jurídico procesal rige el principio de inmediación y no las actas de entrevistas escritas como pruebas a debatir en juicio, las cuales deben ser incorporadas de forma oral para su apreciación por quienes están llamados a decidir, salvo las experticias recibidas conforme a las reglas de la prueba anticipada, las pruebas documentales, actas de reconocimiento, registro o inspección y otras que las partes y el tribunal acepten expresamente; lo contrario, es decir, aceptar como pruebas las actas de entrevistas del Ministerio Público o actas policiales, sería ir contra los Principios Procesales de Oralidad, Inmediación, Concentración y Publicidad. Como acápite, no causa una lesión del derecho a la defensa cuando el Fiscal obvia pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia de una diligencia de investigación en la fase preliminar, si esos elementos de convicción son ofrecidos por la defensa como uno de los medios de pruebas para ser evacuados en el juicio oral y público (SSC N° 199 del 26/03/2013).
Lo anterior guarda estrecha relación con lo comentado por el Dr. Leonardo Pereira Meléndez, quien a su juicio, la admisión de las actas entrevista como prueba documental en el debate oral y pedir al deponente su ratificación—en caso de que comparezca al juicio oral y público---se quebranta el debido proceso, no solo por contravención del principio de inmediación, sino también el de igualdad procesal y de defensa. Ello, porque ni el acusado y su defensa llegaron a examinar al testigo y/o informante entrevistado en la fase inicial del proceso penal; por consiguiente, y siguiendo el criterio del jurista español Manuel Miranda Estrampes, la declaración rendida por ante el Ministerio Público, no tiene “la consideración de mínima actividad probatoria de cargo apta para destruir la presunción de inocencia” (Leonardo Pereira, obra citada)
Delgado, Roberto (2007, p. 201), en su obra “Las pruebas en el proceso penal venezolano”, indica que la prueba documental “es un medio de comprobación de hechos que se introducen al proceso mediante el documento”, y documento “en un sentido muy amplio, es el objeto portador de pensamiento allí plasmado, o soporte físico o material del mismo”, pudiendo ser de las más variadas formas, como por ejemplo: papeles, escritos, dibujos, gráficos, fotografías, etc., y señala, además, que las actas procesales, contentivas de declaraciones u otras actuaciones del proceso “solo pueden servir, a veces, de vehículo para trasladar a otros procesos, mediante certificación, las pruebas allí contenidas”.

Por su parte, Julio Elías Mayaudón, en su obra “El Debate Judicial en el Proceso Penal”, en relación a la prueba documental, ha precisado que “(…) las únicas actuaciones consideradas como elementos de convicción que adquieren la característica de medios probatorios a incorporarse al proceso para su lectura son el reconocimiento y los registros o inspecciones, conforme a lo señalado en este artículo. Las demás actuaciones que se han incorporado al proceso en forma escrita, y que constituyen diligencias que sirven como elemento de convicción para la decisión que pueda adoptar el Ministerio Público o el juez de control acerca del acto conclusivo que pueda dictar el primero o el sobreseimiento o envío a juicio de la causa que pudiera adoptar el segundo, no pueden ser considerados como documentos y por tanto, no puede permitirse su lectura en el proceso. Tales elementos de convicción podrían ser debatidos en el proceso siempre y cuando se acuda al medio probatorio originario; así por ejemplo, pudiera recurrirse al testimonio de los funcionarios que transcriben un acta policial para ser promovido como testigo en el juicio oral, pero no al acta policial como documento para ser leída durante el proceso”.

A mi juicio, tal como se aprecia de la doctrina y jurisprudencia anteriormente citadas, las actas policiales y las actas de entrevistas, carecen de valor probatorio alguno y las narraciones, conclusiones o señalamientos contenidos en tales actas, solo adquirirán valor probatorio en la medida en que las personas que hayan suscrito dichos actos hayan sido promovidas como testigos y evacuadas en la oportunidad que se celebre el juicio oral, por cuanto tales “actas” y “declaraciones testificales” no son autónomas y carecen de valor en sí mismas, lo cual resulta fundamental para que las mismas sean incorporadas como pruebas documentales y constituyan en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes procesales, toda vez que en nuestro sistema penal rige el principio de inmediación.

Adicionalmente, afirma Pérez Sarmiento, que hay quienes, exagerando los postulados fundamentos del principio acusatorio, señalan que los resultados de los actos de investigación de la fase preparatoria no tienen valor alguno para el juicio oral y que el juez de juicio debe atenerse solamente a la prueba que se pratica ante él y valorarla tal y como se ha desahogado o producido. De tal manera, si un testigo afirma en el debate oral todo lo contrario a lo que dijo durante la investigación, no se podría siquiera recordársele sus asertos previos de la investigación ni pedirle explicación alguna al respecto. Para quienes sostienen este punto de vista, es como si los resultados de la investigación no existieran.

Continúa el autor señalando que, "si en la sentencia definitiva se da pleno valor a las fuentes de prueba colectadas en la fase de investigación, aunque no hayan sido reproducidas en el juicio oral, entonces el debate probatorio regido por la oralidad, la concentración etc., saldrá sobrando y con ello se va toda garantía del debido proceso. En esas condiciones el principio acusatorio no puede funcionar. Pero si las fuentes de prueba recabadas durante la investigación son hechadas al olvido y se prohíbe referirse a ellas, haciendo del tema probatorio en el juicio oral una suerte de borrón y cuenta nueva, que solo da crédito a la forma como estas mismas fuentes se presentan en el juicio oral, entonces será imposible una valoración integral de la prueba, tanto de cada medio en particular, como de todos ellos en conjunto, pues quedaríamos a merced de la manipulaciones de las fuentes de prueba que pudieran presentarse de una parte o de otra en el debate. En este caso se estaría olvidando que el testigo de nuestro ejemplo es el mismo que declaró ante la policía y que afirmó haber visto al acusado en la escena del crimen, dando incluso detalles que fueron comprobados por otros medios de prueba y que ahora, en el juicio oral, niega siquiera conocerlo. Es claro que la búsqueda de la verdad exige una explicación acerca de esa retractación". (Pérez Sarmiento, La Dicotomía de la Prueba en el Proceso Penal, Ediciones Vadell Hermanos,2011, Pág. 23,24).

"Es importante que comprendamos de una buena vez que las fuentes de prueba, útiles y pertinentes, incorporadas al proceso mediante los actos de investigación penal, como regla general, son las mismas que deben ser desahogadas o reproducidas en el juicio oral, y que por lo tanto es posible confrontar a los testigos con sus dichos previos durante la investigación en caso de retractaciones, contradicciones o inexactitudes durante la declaración en el debate a los fines de desacreditar su testimonio o declaración", (Pérez Sarmiento, obra citada). Por ello creo que es importante la judicialización del acta de entrevista o acta policial en el juicio oral, no para probar los hechos, sino, reitero, para la desacreditación del testimonio.

Concluye Pérez Sarmiento, que si "asumimos que cada medio de prueba en concreto, de los que se practican en el juicio, es uno y el mismo, en relación a su manifestación durante la investigación, aunque con dos momentos de producción diferentes, como es en realidad, tendremos que concluir que es perfectamente posible, legal y a veces necesario, confrontar a quienes declaran en el juicio oral con sus dichos previos de la fase de investigación y desacreditar totalmente lo dicho por el testigo cuando miente ostensiblemente en el juicio oral".

Que se entienda por un lado, que no es posible incorporar por su lectura actas de entrevista o policiales en el juicio oral, pues ya se dijo que no son prueba documentales, sino la declaración del testigo o funcionario actuante; segundo, que si es posible confrontar al testigo que en juicio oral señala que el hecho sucedió de día, pero en el acta de entrevista señaló que ocurrió de noche; ello, con el objeto de que explique racionalmente sus contradicciones a los fines de la credibilidad del testimonio y que el juez considere la posible comisión del delito de falso testimonio. Claro, en este último caso, como lo indica Pérez Sarmiento, "el juez de juicio, siempre que no sea un juez de mera conciencia (jueces legos), deberá fundamentar su valoración de la deposición del testigo".

Corolario, en no pocas oportunidades, Siguiendo a Leonardo Pereira, "el Máximo Tribunal de la República se ha pronunciado en el sentido de que se violenta el principio de la oralidad cuando se ordena la incorporación, para su lectura, en el debate oral, de actas de entrevistas efectuadas a informantes en la fase de investigación; sin embargo los Jueces de Juicio y de Control, continúan haciendo caso omiso de tales jurisprudencias" (Leonardo Pereira, obra citada), ejemplo de ello, el Tribunal Tercero (3) de Juicio del Circuito Penal del Estado Falcón, Extensión Santa Ana de Coro, Causa: “El Estado contra Franklin Hernández”, quien en fecha 14 de enero 2016, incorporó el “acta policial” de fecha 28/02/2003 (F. 51 al 52, P1), hecho que motivó la realización del presente trabajo.

La Juramentación de los Expertos como formalidad esencial y la Prueba de Experticia y su incidencia probatoria en el tipo penal de violencia psicológica previsto en el artículo 39 de la LOSDMVLV.

2016-01-28T16:29:00.003-08:00

Por abogado Roger López
(Tu opinión es importante)

Naturaleza jurídica del testimonio de los expertos privados: ¿Testigo calificado o experto?. Nulidad del Informe Psicológico y de la Acusación Fiscal.

He observado en causa penales cuya competencia le ha correspondido a los tribunales especializados en materia de violencia de género, que en numerosos libelos acusatorios, en el que la pretensión fiscal está vinculada con la “violencia psicológica”, se ofrecen como medios probatorios la declaraciones de expertos adscritos a organismos públicos y/o privados, tales como el Instituto Metropolitano de la Mujer (INMEMUJER), ubicado en la ciudad de Caracas, al ser estos profesionales (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales) quienes practicaron la evaluación correspondiente a la víctima, para que rindan su testimonio en el juicio oral.

Es de aclarar que, antes o después de formular una denuncia, la víctima, si lo desea, puede acudir a cualquier institución pública o privada de salud, para que el médico tratante realice el diagnóstico, y mediante informe deje constancia sobre las características de las lesiones, el tiempo de curación y la inhabilitación que ella cause. En el procedimiento especial de violencia de género, ese informe médico tiene el mismo valor probatorio que el examen forense (art. 35 de la LOSMVLV)..

Ahora bien, bajo el supuesto planteado, la naturaleza jurídica del testimonio de aquellos profesionales de la psicología o psiquiatría no forense, adscritos a organismos públicos o privados, es el de una prueba de experto y/o de experticia y no la de un testigo calificado -como algunos la han querido llamar-. Se trata de una PRUEBA DE EXPERTICIA personal e indirecta, ya que son escogidos por sus especiales características y conocimiento en el área de la psicología o de la psiquiatría, quienes no conocen directamente los hechos sobre los cuales deben dictaminar, sino que obtienen esa información a través de la evaluación psicológica y/o psiquiátrica practicada a la víctima.

En efecto, el testigo es un sujeto con un conocimiento de los hechos justiciables, adquirido por vía de los sentidos, “generalmente con anterioridad al inicio del proceso”, por ello es fuente de prueba, y que sólo debe exponer lo que conoce sobre esos hechos, sin realizar juicios de valor o apreciaciones técnicas sobre los mismos, a menos que sea él mismo un experto y que se le promueva a tal fin. El testigo y su conocimiento, por ser fuente de prueba, es un concepto metajurídico que sólo producirá sus efectos jurídicos una vez iniciado el proceso, mientras que su declaración, como actividad de la que se sirven las partes para introducir el hecho que conoce el testigo en el proceso, es un medio de prueba.

El experto o perito, en cambio es un sujeto que viene al proceso para realizar apreciaciones técnicas y ofrecer juicios de valor sobre hechos, de los cuales sólo ha conocido con motivo del proceso mismo.

Un testigo experto, testigo perito o testigo calificado es básicamente un testigo, es decir, alguien que viene al proceso a deponer sobre hechos anteriores o concomitantes a éste, que ha presenciado o que conoce por referencias (tiene conocimiento sensorial sobre hechos pasados que interesan al proceso), pero que, al mismo tiempo posee especiales conocimientos científicos o técnicos que le permiten realizar una valoración calificada de esos hechos sobre los que debe testimoniar.

Sobre la Falta de Juramentación del experto(a).

Nulidad de los informes psicológicos y/o psiquiátricos practicados por los expertos adscritos a los organismos públicos y/o privados, sustentada en el criterio reiterado y pacífico del Tribunal Supremo de Justicia y las Cortes de Apelaciones en materia de violencia del Área Metropolitana de Caracas y otras regiones del pais.

En fallos de vieja data, la Única Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Reenvío en lo Penal, se ha pronunciado en relación a la promoción de los expertos o funcionarios que no se encuentran adscritos al órgano de investigación penal, señalado que, no habiéndosele propuesto por el Ministerio Público, ante el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas a fin de su juramentación como Experto(a) para elaborar el Informe Psicológico de la víctima y ocurrir al eventual juicio oral, imposibilita la admisión de su testimonio y por obvias razones la incorporación del informe que dicho profesional suscribe, por cuanto no reúne los presupuestos de garantía de la prueba que en el sistema acusatorio formal venezolano debe respetarse, para ejercer el derecho a la defensa, siendo que en este aspecto destacan los requisitos de la experticia o peritaje que con toda razón exigen la participación de un experto, púes bien es cierto que la Disposición Transitoria Segunda de La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permite que los jueces y juezas valoren esos informes en la sentencia pero dichos informes deben provenir de expertos debidamente juramentados al no ser experto forense; ya que con el juramento son revestidos del carácter necesario para someterse al contradictorio, aclarando a las partes las afirmaciones plasmadas en sus conclusiones (Asunto N° CA- 1389-12-VCM , de fecha 16/octubre de 2012. Corte de Apelaciones de Caracas).

En ese orden, el artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LOSMVLV), dispone la aplicación supletoria de las disposiciones del COPP, en cuanto no se opongan a ellas.

Establece, el artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“Artículo 224. Peritos. Los o las peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. En caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia.

Los o las peritos serán designados y juramentados por el juez o jueza, previa petición del Ministerio Público, salvo que se trate de funcionarios adscritos al órgano de investigación penal, caso en el cual, para el cumplimiento de sus funciones bastará la designación que al efecto le realice su superior inmediato. ..." (Subrayado de la Defensa).

Por su parte, el artículo 225 del Código Orgánico Procesal Penal, es del siguiente tenor:

"...El dictamen pericial, deberá contener, de manera clara y precisa, el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio del informe oral en la audiencia."

De la lectura de las normas transcritas, se desprende el contenido y formalidades que debe contener un dictamen pericial, para que el mismo tenga pleno valor jurídico y surta sus efectos en el proceso penal, constituyendo una de esas exigencias, la designación y juramentación del juez.

Constituye excepción a esta norma, en forma exclusiva, que "...se trate de funcionarios adscritos al órgano de investigación penal...", supuesto en el cual, "...bastará la designación que al efecto le realice su superior inmediato....". Este es el caso de los funcionarios forenses (psicólogos, psiquiátras, trabajadores sociales) adscritos a la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de Mujeres Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público, designados por la Fiscal General de la República, según Oficio N° DRH-DTD-DRS-1164-2010, cuyas atribuciones se encuentran previstas en la Resolución N° 987 de fecha 29 de julio de 2010, publicada en Gaceta Oficial N° 39.483 de fecha 09/08/10, quienes actúan en calidad de expertos de conformidad con los artículos 223 y 224 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

La designación y juramentación de los funcionarios o experto no forenses, por parte del Juez de Control, constituye un formalismo esencial para la legalidad y validez de su actuación, (253 Constitucional), ya que no es aplicable la excepción prevista en el artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal, antes referido.

Tampoco, están habilitados estos profesionales no forenses para actuar, sin la exigencia de la prestación de su juramento, conforme a las previsiones de la disposición transitoria PRIMERA de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por cuanto la misma establece:

"... PRIMERA: Hasta tanto sean creadas las Unidades de atención y tratamiento de hechos de Violencia contra la Mujer, los jueces y las juezas para sentenciar, podrán considerar los informes emanados de cualquier organismo público o privado de salud…”.

En efecto, dicha disposición refiere a los informes emitidos por un organismo público o privado de salud, y por cuanto el informe presentado y realizado por un profesional (Psicólogo, psiquiatra, trabajador social) a título particular, fuera de una jerarquización institucional, no le corresponden los alcances de dicha norma.

Oportuno es señalar que, el artículo 35 y la disposición Primera de la Ley Orgánica sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, habilita al fiscal en materia penal, a recurrir de los informes y funcionarios de otros entes públicos o privados de salud, sin que esto, exonere la obligación legal de la designación, y juramentación ante el Tribunal. Propicio es señalar que si bien las diversas instituciones públicas y privadas cumplen una encomiable labor en aras de la erradicación de la violencia contra mujeres, las mismas no tienen el carácter de órgano investigativo, pues sus actividades están dirigidas al asesoramiento y orientación para contribuir al empoderamiento y acompañamiento de la Mujer y su tratamiento, atendiendo los problemas de violencia, desde la perspectiva de sus orígenes y consecuencias, bien a título personal tratándose de una víctima en particular o colectivo cuando realizan eventos de promoción y educación en las comunidades o como apoyo a las diferentes organizaciones dedicadas a la materia de género, desde el punto de vista de su formación; por consiguiente, cuando actúan con fines de coadyuvar en la construcción de los elementos necesarios para sustentar el ejercicio de la acción penal por parte del representante fiscal, como único y facultado por la Ley, debe recibir el tratamiento legal adecuado para integrarlo al proceso penal como perito y en consecuencia, aplicar las reglas que regirán su actuación, tal como lo estipula la Ley Adjetiva Penal (Sentencia reiterada de la Sala de Casación Penal (SSCP) del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de agosto de 2012, Expediente N° 2010-302).

De allí que sea ineludible de parte del Ministerio Público, como único y excluyente facultado para accionar penalmente y dirigir las investigaciones, garantizar la construcción de los elementos que servirán de base al ejercicio del Ius Puniendi que le otorga el estado a través de las Leyes, con eficacia y cumplimiento exacto de las reglas de actuación procesal, máxime cuando se sustenta esta especial jurisdicción en la libertad de juezas y jueces de valorar libremente el grado de las pruebas producidas en la etapa de investigación correspondiente (sentencia citada).

De manera que, no habiéndose propuesto por el Ministerio Público, ante el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas, a los expertos no forense a fin de su juramentación como tales para elaborar la experticia (sicológica, psiquiátrica y/o experticia social) de la víctima y ocurrir al eventual juicio oral, imposibilita la admisión de su testimonio y por obvias razones la exhibición del informe que dicha profesional suscribe, por cuanto no reúne los presupuestos de garantía de la prueba que en el sistema acusatorio formal venezolano debe respetarse, para ejercer el derecho a la defensa, siendo que en este aspecto destacan los requisitos de la experticia o peritaje que con toda razón exigen la participación de un experto, púes bien es cierto que la Disposición Transitoria Primera y el 35° de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permite que los jueces y juezas valoren esos informes en la sentencia, pero dichos peritajes deben provenir de expertos debidamente juramentados al no ser experto forense, ya que con el juramento son revestidos del carácter necesario para someterse al contradictorio, afirmando o aclarando a las partes las afirmaciones plasmadas en sus conclusiones.

El anterior criterio ha sido ratificado en diversos fallos por CORTE DE APELACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS ASUNTO N° CA- 1389-12-VCM , de fecha 16/octubre de 2012, donde dejó establecido que:

“…De manera que, no habiéndose propuesto por el Ministerio Público, ante el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas, a la LICENCIADA LINDA GANDICA a fin de su juramentación como Experta para elaborar el Informe Psicológico de la víctima y ocurrir al eventual juicio oral, imposibilita la admisión de su testimonio y por obvias razones la incorporación del informe que dicha profesional suscribe, tal como lo expresa la motivación de la recurrida al término de la audiencia preliminar, por cuanto no reúne los presupuestos de garantía de la prueba que en el sistema acusatorio formal venezolano debe respetarse, para ejercer el derecho a la defensa, siendo que en este aspecto destacan los requisitos de la experticia o peritaje que con toda razón exigen la participación de un experto, púes bien es cierto que la Disposición Transitoria Segunda de La Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, permite que los jueces y juezas valoren esos informes en la sentencia pero dichos informes deben provenir de expertos debidamente juramentados al no ser experto forense; ya que con el juramento son revestidos del carácter necesario para someterse al contradictorio, afirmando o aclarando a las partes las afirmaciones plasmadas en sus conclusiones.

Ahora bien, debe señalar esta Alzada que así como nuestra Carta Magna, las leyes de la República y los tratados internacionales, han revestido a los sujetos procesales de una serie de derechos y garantías constitucionales que le van a garantizar un debido proceso, de esa misma manera debe entenderse que, la actividad desarrollada por las partes involucradas dentro de un proceso, debe estar enmarcada dentro de parámetros previamente establecidos por la ley.

De manera que, se observa con meridiana claridad y de manera ajustada a Derecho que la Jueza de la recurrida al dictar su decisión, explana categóricamente y apegado a nuestro ordenamiento jurídico procesal, cuales fueron las razones por las cuales no admitió como prueba el informe obtenido durante la evaluación elaborado por la Psicóloga LIC. LINDA GANDICA, adscrita al Instituto Metropolitano de la Mujer al igual como el testimonio de la referida profesional y que fuese ofertado por la representante del Ministerio Público, como medio de prueba en el cual descansa la fuerza del fundamento de imputación del hecho por parte del representante fiscal, lo cual realizó de manera transparente, estableciendo los motivos por los cuales lo considera violatorio de las formalidades esenciales, como medio para demostrar el estado de salud mental de la víctima, por cuanto no cumple con los presupuesto de garantía de la prueba que en el sistema acusatorio formal venezolano deben respetarse, para ejercer el derecho a la defensa, siendo que además, en este aspecto destacan los requisitos de la experticia o peritaje psiquiátrico o psicológico que con toda razón exige la participación de un experto o experta, debidamente juramentado por el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, tal como lo señala el juez de la recurrida, independientemente que dichos expertos o expertas sean de otras instituciones públicas o privadas, distintas al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, toda vez que, es cierto que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permite que los jueces y juezas de juicio consideren y valoren esos informes en la sentencia, tal como lo afirman las recurrentes, pero no exime que esos especialistas de otras instituciones se juramenten como expertos o expertas, ya que con el juramento de Ley se someten al contradictorio de sus afirmaciones en sus conclusiones, debiendo cumplir bien y fielmente con la labor encomendada por el Ministerio Público, o alguna de las partes que así lo solicite por conducto de aquél.

Debe esta Corte señalarle a las recurrentes que muy distinto es el certificado médico de salud para acreditar el estado “físico” de las mujeres víctimas de violencia de género, al cual hace referencia el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, no el estado “mental”, sin que quepan consideraciones doctrinarias respecto a que lo mental también es físico, toda vez que, dicho certificado médico, es un documento, sencillo, llano, informal, en el cual se deja constancia del estado salud de la persona que acude a la consulta del galeno luego que ha sufrido una violencia física, y con dicho certificado puede perfectamente interponer la denuncia, y cuando éste falte, de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 91 de la referida Ley, se podrá probar ese estado “físico” de la mujer, a través de otros medios probatorios que resulten idóneos, incluyendo la presencia de la mujer víctima de violencia en la audiencia, con lo cual es obvio y claro que se refiere al examen médico en materia de violencia física, siendo que si se requiere el informe médico psiquiátrico para determinar su estado mental o el grado de afectación en la psiquis, o el informe psicológico proveniente de un psicólogo o psicóloga, ambos especialistas de alguna institución pública o privada, deberá procederse a la elaboración de dichos informes conforme a las pautas del dictamen pericial, para lo cual, han de juramentarse como expertos o expertas (al no ser forenses) ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, para que se proceda luego, conforme a las garantías de formación y producción de las pruebas, a incorporar dichos informes al resultado de la investigación para ser controlados y controvertidos por las partes.

Con referencia a la inmotivación a que aluden las recurrentes, observa la Sala del cuerpo que compone el dispositivo dictado en audiencia oral y ante las partes, que la jueza Segunda en función de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Primera Instancia con competencia en Violencia contra la Mujer, entre otras cosas decidió:

“………..en relación a la deposición del órgano de prueba en base a la evaluación psicológica emanada del Instituto Metropolitano de la Mujer, ofrecido por el Ministerio Público, este tribunal no lo admite al no ostenta (SIC) la cualidad de expertos en los integrantes de la referida evaluación psicológica y no cumplir con la forma procesal de juramentación antes de la práctica de la experticia…”

De tal razonamiento efectuado por la Jueza de la recurrida se colige, a todas luces que en efecto, el pronunciamiento acerca de la inadmisión a la cual hizo referencia al término de la audiencia oral realizada conforme los parámetros del artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estaba dirigido tanto a la deposición en el eventual juicio oral, de la Licenciada Linda Gandica, como a la incorporación del informe en el que plasmó sus consideraciones al evaluar psicológicamente a la víctima, de suerte tal que a criterio de esta Alzada la recurrida no adolece del vicio de inmotivación que se denuncia, antes bien, la jueza de la recurrida al examinar la legalidad de las pruebas ofertadas por la Vindicta Pública y haberlas desestimado, cumplió con su deber y función controladora propias de esta fase.

Así pues, considera esta Sala de Corte de Apelaciones, conforme a los argumentos de hecho y de derecho antes expuesto, que no les asiste la razón a las recurrentes en las presentes denuncias, en consecuencia, debe declararse sin lugar la impugnación efectuada por las ciudadanas MILAGRO RENGIFO RINCONES y BELSY TORCAT, actuando en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, de la Fiscalía Centésima Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Y ASI SE DECIDE.”

La reforma de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.551 del 28 de Noviembre de 2014, no exime de la juramentación de los expertos como formalidad esencial para la validez del acto. Así lo han reconocido otras Instancias Superiores con competencia especial en violencia de género, y el propio Ministerio Público; tal es el caso de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en el ASUNTO : TP01-R-2015-000314 de fecha 07 de agosto de 2015, en el cual, al resolver la solicitud presentada por la Fiscalía 12° del Ministerio Público de ese Estado, en el sentido de llevar a cabo la juramentación del Médico Psiquiatra Dr. Wilfredo Pérez, señaló:

“…Ante lo expuesto, es necesario concluir que no le asiste la razón a la parte recurrente, considerando en principio del contenido del oficio Nº 5146-2015 consignado ante el Circuito Penal el día 16/06/15, mediante el cual solicita de manera textual “…para que se juramente como experto al ciudadano Médico Psiquiatra Wilfredo Pérez Delgado, adscrito a la división de la Unidad Técnica especializada para la atención Integral de Mujeres, niñas, niños y adolescente para que practique valoración psiquiátrica a la víctima y al imputado…”, constando auto de entrada de la misma fecha, por parte del tribunal segundo de control con competencia en delitos de violencia contra la Mujer, en la que se acuerda oficiar a la referida institución a los fines de que se notifique al experto de que a la brevedad posible comparezca ente el despacho judicial.

Evidencia esta alzada, que el a quo de manera diligente procura la asistencia del experto designado para su comparecencia ante el tribunal, oficiando a la institución a la que se encontraba adscrito, aun cuando la parte que la solicita, en este caso el Ministerio Público a escasos dos días de concluir la fase investigativa, presenta tal solicitud obviando la dirección exacta para su citación o en su caso informara que quedaba a su cargo la comparecencia del experto en la fecha y hora que fuese fijada por el tribunal.

Se pudiera considerar que le es aplicable al Ministerio Público el mismo criterio de diligencia que debe procurar la defensa al momento de la proposición de diligencias en la fase de investigación, no puede permanecer inerte y menos aún en el presente caso, donde el Ministerio Público contaba con escasos dos días para concluir con la investigación, por lo que debía actuar con premura, por cuanto la experticia que requería de su práctica, sólo era posible ofrecerla en la fase intermedia, si la misma hubiese sido solicitada en la fase de investigación y su práctica se hubiese realizado con posterioridad, siendo incluso procedente su ofrecimiento en la fase de juicio como prueba complementaria, criterio este ampliamente sostenido por la Sala Constitucional y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nº 1746 y 309 de fechas 18/11/11 y 04/08/11 respectivamente. En el presente caso era necesario, previo a ordenar su práctica la juramentación del experto, para lo cual el Ministerio Público ante la urgencia que manifiesta en el escrito tener, le correspondía en principio aportar la dirección exacta del experto o en su caso presentar al experto ante el tribunal, considerando que ante la omisión de dirección, el tribunal, el mismo día 16/06/15 en que solicitó tal diligencia la vindicta pública, libró oficio a la institución a la que estaba adscrito el médico psiquiatra para su comparecencia a la mayor brevedad, siendo pasivo y negligente el Ministerio Público ante tal actuación, queriendo endilgar tal inactividad al órgano jurisdiccional.

EL criterio inveterado de la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, según el cual la juramentación de los expertos que no estén adscritos al órgano de investigación penal constituye una formalidad esencial para la admisión y validez de la prueba, ha sido sostenido en otras más recientes en Caracas, tal es el caso del Asunto Nº CA- 1339-12 VCM , del 09 de octubre de 2013; también, en el Asunto Nº CA- 1522-13 VCM, del 29 de agosto de 2013 (abogado Defensor Roger López (quien suscribe el este trabajo); dicha Corte amplió su criterio en relación a la juramentación de los expertos adscritos al Equipo Multidisciplinario, indicando que:

“…Con fuerza en lo esgrimido, esta Corte amplía su criterio en cuanto a la juramentación de los y las profesionales del equipo multidisciplinario, y señala que sólo es necesario este requisito para los expertos o expertas distintos a los órganos auxiliares de investigación penal cuando practiquen una experticia a solicitud de alguna de las partes, pero advierte que no se permite ofrecer a los funcionarios y las funcionarias del equipo multidisciplinario como expertos o expertas forenses aislados de su labor en conjunto, toda vez que si sus testimonios son ofrecidos individualmente, deben realizar dictamen pericial, el cual es distinto al informe integral referido en el artículo 122, numeral 2 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ese particular, si han de ser juramentados o juramentadas en cumplimiento del artículo 224 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso de marras, le asiste la razón a la recurrenta, en cuanto a que las expertas y expertos del equipo multidisciplinario del Tribunal con competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer, no necesitan juramentarse con el objeto de rendir el informe técnico integral (experticia bio-sico-socio-legal) en materia de violencia contra la mujer, ya que no se está en presencia de un dictamen pericial, reiterándose que la experticia fue requerida por el órgano jurisdiccional con el fin previsto en el artículo 122, numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para su consideración y de ser pertinente utilizar el artículo 91 eiúsdem, por lo que al no ser solicitado de conformidad con el el artículo 122, numeral 2 ibídem, lo ajustado era inadmitir como medio probatorio ofrecido por el Ministerio Público, los testimonios de la Trabajadora Social Jannette García Velandia, la Médica Yolanda Vidal y las Psicólogas Lía Rodríguez y Nathalya Muro, funcionarias adscritas al Equipo Multidisciplinario, siendo procedente declarar parcialmente con lugar, el recurso de apelación de auto interpuesto por la ciudadana Claudia Morcelle Ramos, en su condición de Fiscala Centésima Primera (101ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Protección del Niño y del Adolescente, contra la decisión dictada en fecha 04 de abril de 2013, mediante la cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal. Y así se declara.

Igual criterio sostienen otras instancias superiores del país, como el caso de la Corte de Apelaciones de Cumaná, en el Asunto RP01-R-2014-000278, de fecha 24 de Marzo de 2015, donde estableció:

“…Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, puede aseverarse que al otorgar valor probatorio al informe presentado por la Psicóloga MARUJA AMÉRICA NAVARRO BRAVO, y a su declaración en condición de Experta, el Juzgado de mérito vulneró con ello lo dispuesto en el artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 179 ejusdem, genera la nulidad de dichas actuaciones dentro del presente proceso penal. Y ASÍ SE DECIDE”.

En total comprensión con lo anteriormente expresado, es importante traer a colación el contenido de la Sentencia Nº 286, de fecha 04/03/2004, con Ponencia del Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual es del siguiente tenor:

“…hay dos clases de expertos: unos adscritos al órgano de investigación, y otros no. Estos últimos deberán ser designados y juramentados por el Juez, el cual será el de Control, durante la fase de investigación. Tal nombramiento se hace a petición del Ministerio Público, y a menos que se trate de una prueba anticipada, la experticia se evacua sin control de nadie, ya que tal control tendrá lugar en las audiencias orales.”

Corolario, no cabe duda que los expertos privados deben prestar el juramento de Ley al no estar adscritos al órgano de investigación penal, y su participación debe cumplir con el requisito establecido en el artículo 224 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que no basta su a) designación por parte del Ministerio Público para que practiquen experticia correspondiente, sino también su b) juramentación, para que adquiera el carácter de elemento de convicción y ser admitido por la primera instancia en funciones de control y luego valorado como prueba en el debate oral, por lo que el incumplimiento de esa formalidad vicia la prueba de experticia de nulidad absoluta.

En los delitos de violencia de género (violencia psicológica): ¿Cuáles “podrían” ser los efectos procesales de la nulidad de la única prueba de experticia practicados por un experto privado no juramentado?

Nulidad absoluta de la Acusación Fiscal.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su más reciente fallo N° 1242° del 16 de agosto de 2013 –también analizada en este portal-, señaló:

“…En virtud de lo expuesto, esta Sala estima que la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público no reúne los requisitos exigidos en el artículo 328 vigente ratione temporis, hoy 311 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de fundamentos serios y suficientes medios probatorios pertinentes y útiles para acreditar los hechos y generar certidumbre sobre la responsabilidad penal del acusado, hoy accionante, y así debió declararlo el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En consecuencia esta Sala Constitucional declara la nulidad absoluta de la acusación fiscal; y así se decide.

Luego, en otra de vieja data, la misma Sala Constitucional en su fallo de fecha 15 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, expediente Nº 06-0873, estableció los elementos que deben concurrir para presumir la participación del imputado en los delitos de género, señalando lo siguiente:

“….para corroborar la declaración de la mujer víctima deben perseguirse dos cosas: a) los elementos que hagan sospechar la comisión del delito; y b) los elementos que hagan sospechar del autor de ese delito. Respecto del primero, si el subtipo de delito de género así lo permite, será el examen médico forense el que determinará la comisión del delito…En lo que atañe a la autoría, el órgano receptor de la información recabará de inmediato los elementos de convicción que hagan sospechar de la persona señalada por la mujer víctima como el agresor. En este punto…cabe aclarar que se trata de simples pero de fundados elementos, por ejemplo: que el entorno del victimario (o el de ambos si conviven) evidencia una escena violenta, o si existen signos de lucha o sangre en el cuerpo del señalado, o si existe reincidencia, etcétera. Lo importante es que se recaben con diligencia las pruebas necesarias a fin de que la medida de protección a favor de la mujer víctima no pierda eficacia…” (Mías las negritas).

Ahora bien, considerando la sentencia Nº 203 de fecha 27 de mayo de 2003 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictada bajo la ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, en relación con la prohibición que tiene el Juez de Control en la fase intermedia del proceso de valorar el acervo probatorio, el siguiente análisis en modo alguno supone la valoración de las pruebas traídas a esta fase, por carecer el Juez de Control de inmediación, contradicción y oralidad de las mismas.

La Violencia Psicológica es un delito de carácter pluriofensivo, cuya probación material, preferentemente debe hacerse a través de las llamadas pruebas directas, que le permitan al juez con elementos ciertos, determinar la existencia real y material de las circunstancias o hechos que constituyen el delito en sí, sin que le este dado al juzgador elucubrar más allá de los elementos tangibles y comprobables que le sean presentados en el debate.

En el mismo orden de ideas, se encuentra que, el artículo 100 de la misma ley, establece que una vez formulada la denuncia correspondiente, el receptor de la misma deberá ordenar de inmediato el examen médico psicofísicos de la víctima.

Tal pareciera, que del texto de la norma, se infiere, que dada las características de la violencia de género, el legislador previo con carácter imperativo, y como una obligación de quien pretende alegar la existencia del ilícito, constatar la existencia de los elementos constitutivos del delito, por lo que la actividad probatoria debe estar encaminada a demostrar el conjunto de elementos fácticos que originaron el daño sufrido y alegado por las víctimas, cosa que la condena que recaiga sobre el acusado, realmente corresponda a los elementos específicos de ese delito y no de otro. Pues no basta con alegar conductas atípicas del acusado, sino que las mismas deben enmarcarse en lo que es el núcleo central de la acción del hecho típico que se le imputa, de lo contrario se estaría violando en forma evidente el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

Así, el legislador fue celoso al establecer como elemento de convicción fundamental, la práctica de una experticia forense (Informe psicológico, psiquiátrico, social, biosicosocial) que por su carácter de prueba científica realizada e incorporada al proceso conforme a las formalidades que prevé el artículo 224 de ley adjetiva penal, permita vislumbrar lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia denomina, pronóstico de condena, (SSC vinculante 1303 del 20/06/2005), corregida luego en la 1768 del 23/11/11 (analizada en este portal), mediante el “Control MATERIAL” de la acusación, examinando con especial atención los fundamentos fácticos y jurídicos, referidos al examen de los requisitos de fondo del libelo acusatorio para determinar si el mismo presenta basamentos serios, ciertos y concreto, de manera que el juez de control esté en condiciones de pronosticar la existencia material y objetiva de los daños causados a la víctima por una conducta atípica del acusado.

Así, interpreta quien aquí suscribe, en base a la sentencia de la Sala Constitucional N° 1242 del 16 de agosto de 2013, según la cual, la acusación debe contener fundamentos serios y suficientes medios probatorios pertinentes y útiles para acreditar los hechos y generar certidumbre sobre la responsabilidad penal del acusado.

Ahora bien, analizada como fue hecha la incorporación ilegal del Informe pericial suscrito por un experto no forense, es decir, no adscrito al órgano de investigación penal, en el que indiqué que la misma no surte los efectos de prueba judicial requeridos para dar por probado el delito (por ejemplo, Violencia Psicológica), por cuanto aquel o aquella no fue juramentado(a), es decir, porque su incorporación al proceso no cumplió con la formalidad esencial prevista en el artículo 224° del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), sin que por ello se desmedre de la calificada opinión de ese profesional, que en el ejercicio de sus conocimientos, emitió un informe pericial, pero que al ser extirpado del proceso (nulidad) y no reunir los requisitos propios de validez de las pruebas de experticia, necesariamente ha de desestimarse, en aras de preservar el principio de igualdad de las partes y el debido proceso.

En ese orden, el Informe Psicológico resulta fundamental para dar por probada la existencia del delito de Violencia Psicológica, pues la prueba fundamental e insustituible a los fines de dar por demostrada la corporeidad material del ilícito penal, tipificado en el artículo 39 de la Ley, viene a ser el citado Informe y/o la experticia forense, debidamente incorporada al debate oral (artículos 14 y 224 COPP), pudiendo existir otros muchos elementos o indicios que analizados individualmente constituyan un principio de prueba, pero solo al ser adminiculados al Informe Psicológico y/o experticia forense, incidirán en el ánimo de quien deba juzgar, de que efectivamente se está en presencia de este tipo de delitos y no en una probabilidad de su existencia. Por ello, la prueba fundamental en este tipo penal (violencia psicológica), es el “informe Psicológico y/o psiquiátrico” incorporado al proceso por los caminos de la legalidad” (vid. Artículo 14 del COPP), por lo que su nulidad e inadmisibilidad trae aparejado la INÚTILIDAD del resto de los medios de prueba (testigos) ofrecidos por las partes para dar por probada la corporeidad material del delito de Violencia Psicológica, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Consideraciones prácticas del autor sobre los actos conclusivos (acusación y archivo fiscal) en el proceso penal venezolano.

2016-01-22T14:36:00.001-08:00

Por Abog. Roger López

A) ¿Puede el MP presentar dos (02) actos conclusivos acusatorios en un mismo proceso penal?.
B) ¿Puede el MP acusar y reservarse el derecho a continuar investigando otros delitos, es decir, se ajusta a derecho presentar acusación y archivo fiscal en una misma causa?

El siguiente artículo versa sobre un caso judicial cursante ante el Juzgado 15° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en el cual, el Fiscal acusador –respetable colega & amigo José Luis Orta- al presentar acusación calificó los hechos como “Resistencia a la Autoridad” y pocos días después presentó un segundo libelo acusatorio penal, pero ésta vez, incorporando los tipo penales de “Terrorismo” y “Asociación Ilícita Para Delinquir”. La Defensa integrada por mí y el Profesor José Luis Tamayo solicitamos la nulidad de la acusación por vicios que afectan intrínsecamente al acto, pero esto será otra historia.
En relación a la primera de las interrogantes, esto es, sobre la posibilidad del Representante Fiscal de consignar primero una, y luego, otra segunda acusación en un mismo proceso, algunos podrían considerar que la admisión de este segundo acto por parte del Tribunal de Control, sería contra legem, por cuanto, con la presentación de la primera, habría realizado uno de los actos conclusivos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia, habría agotado la fase de investigación; no obstante, el TSJ se ha pronunciado en criterio contrario.

Ahora bien, tratándose de los mismos hechos investigados, no existe obstáculo legal para la iniciativa fiscal de reformar la acusación, antes de que la misma sea admitida por el Juez de Control; ello, sin perjuicio del derecho que tiene la contraparte, de exigir las previsiones jurisdiccionales dirigidas a salvaguardar garantías procesales fundamentales, tal como la del control de la prueba. Aún después de la Audiencia Preliminar, en la fase del Juicio Oral, puede el Ministerio Público plantear dicha reforma, en términos de ampliación de la acusación, conforme se prevé en el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal; en tal caso, obviamente también deben ser preservadas las garantías procesales referida sut supra. Si el legislador otorgó este derecho de reforma hasta una etapa tan avanzada del proceso como es la fase del Juicio Oral y no habiendo una norma prohibitiva expresa, resulta claro que tal derecho debe ser reconocido en una fase anterior, como es la intermedia; más aún, porque en la misma actúa el juez que es, por excelencia, el ordenador y depurador del proceso como lo es el Juez de Control (por lo menos en teoría, porque a mi juicio, en la práctica no siempre es así). Con mayor razón, debe reconocerse la facultad del Ministerio Público, para la reforma de la acusación penal, en los términos que acaban de ser explanados, cuando dicha reforma tiene como fundamento el conocimiento de nuevos hechos de naturaleza penal, que no fueron mencionados anteriormente.
Según el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal se permite que ante la inclusión de un nuevo hecho que no haya sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura a juicio puede el Fiscal ampliar la acusación, no existiendo ninguna prohibición para que lo haga en la fase intermedia, claro está antes de que tenga lugar la celebración de la Audiencia Preliminar. Debe concluirse, con arreglo a lo que acaba de exponerse, que el Juez de Control no lesionaría derechos ni garantías fundamentales del reo.
En relación a la segunda interrogante, en el proceso penal venezolano se encuentra regulado que una vez concluida el procedimiento preparatorio, el Ministerio Público puede presentar una solicitud de enjuiciamiento del imputado que es comúnmente llamada acusación fiscal. En consecuencia, ¿podrá la Fiscalía continuar con la investigación informando que archiva algunas actuaciones habiendo presentado acusación por los mismos hechos y en el mismo proceso?. A su vez, he visto numerosas acusaciones en las cuales se indica que “esta representación fiscal se reserva el derecho a continuar investigando otros delios”.
El Ministerio Público debe esclarecer bien los hechos antes de presentar el acto conclusivo, de manera que si existen elementos que le permitan concluir que el imputado efectivamente es presunto autor del hecho punible, pero además, duda en cuanto a la comisión de otros delitos, deberá acusar únicamente por el delito del cual tiene un estado de convicción de probabilidad, por cuanto, al emitir el Ministerio Público dos actos conclusivos en una investigación (acusación y archivo), respecto a un mismo hecho, incurrirá en la separación del conocimiento de la causa, actuación que sólo le corresponde al órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal.
De tal manera que si la investigación concluye con la presentación del libelo penal (estado de convicción de probabilidad), lo que no haya de quedar esclarecido durante la misma, no podrá seguir siendo investigado a través de la figura del archivo fiscal, donde la causa entra en una suspensión, a la espera de que surjan nuevos elementos que conlleven a la reapertura de la misma, pues en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas.
En fin, si el MP presentó acusación por unos delitos y pretende seguir investigando por otros, tal actuación constituirá una irregularidad grave por inobservancia de las normas del archivo fiscal, por violación al debido proceso y al derecho a la defensa (26 y 49 constitucional).
En ese orden, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela su sentencia número 13 del 22 de enero de 2010, y en la sentencia número 256 del 8 de julio de 2010, expresó el siguiente criterio:

"Todo lo cual constituye una grave irregularidad por cuanto el Ministerio Público ya presentó acusación (vale decir acto conclusivo), en el presente proceso por unos delitos: Contrabando agravado continuado, Obtención de Divisas de Modo Fraudulento y Alteración de Documentos Privados continuado; y pretende seguir investigando en relación con otros delitos: Asociación Para Delinquir, Legitimación de Capitales y Uso de Documentos Públicos Alterados.

“…el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal, siendo que por el contrario, con ocasión a la audiencia preliminar…el Ministerio Público solicitó la separación de la causa a favor de los procesados…lo cual fue acordado mediante auto…con posterioridad a dicho acto…creando de esta manera una situación de indefinición jurídica a estos imputados, cuando se inobservan las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, pues en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas como pretende de hecho el Ministerio Público con esta actuación. Por tanto, se insta al Ministerio Público a aclarar la situación procesal de los ciudadanos…con la presentación del respectivo acto conclusivo…”.

Esta grave irregularidad contraría las pautas del debido proceso instauradas en el artículo 26 de la Carta Magna y del derecho a la defensa, asentadas en el artículo 49 constitucional; contraviniendo el principio procesal de única persecución, inscrito en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal.

Consecuencialmente, en sentencia N° 519 del 6 de diciembre de 2010, la misma Sala, indicó:

“Alternativamente, el Ministerio Público, dentro del escrito acusatorio presentado el propio 22 de mayo de 2009…informó al órgano jurisdiccional, en capítulo aparte, que por ser una investigación compleja, ‘…relacionada con Delitos de Delincuencia Organizada y Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…’, se reservaba la continuación de la investigación, “…contra los imputados de autos y otras personas que pueden estar relacionadas con los delitos investigados…’.

A esta información del Ministerio Público, contenida en su escrito acusatorio, el Tribunal de Control, según se aprecia en el acta de la audiencia preliminar, específicamente en el folio 414 de la pieza N° 1 del expediente, expuso:

‘…observa el juzgador que la fase preparatoria concluye con la presentación de la acusación, mas sin embargo, si el Ministerio Público presentara como lo dijo en el capítulo VI, otra acusación por tales hechos en contra del mencionado imputado, la defensa tendrá la oportunidad procesal para oponerse a ellas, como lo dispone el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo resolverse en ese momento lo que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, y lo que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que siendo así, el Tribunal nada tiene que resolver con respecto al referido PUNTO ÚNICO del Capítulo VI. ASI SE DECIDE…(SIC)’. (Mayúsculas en el Acta).

Esta irregularidad consentida por el Tribunal de Control, crea una situación de indefinición jurídica a estos imputados, ciudadanos (…) por cuanto se inobservan las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, pues en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas como pretende de hecho el Ministerio Público con esta actuación.

Por tanto, se insta al Ministerio Público a aclarar la situación procesal de los ciudadanos (…) con la presentación del respectivo acto conclusivo”.

Como se demuestra en la doctrina jurisprudencial antes citada, la situación denunciada por la defensa es considerada por el máximo Tribunal de la República como una grave irregularidad que contraría las pautas del debido proceso instauradas en el artículo 26 de la Carta Magna y del derecho a la defensa, asentadas en el artículo 49 constitucional; que igualmente contravienen el principio procesal de única persecución, inscrito en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando que el Ministerio Público debe en todo caso proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal, lo contrario es crear una situación de indefinición jurídica inobservando las normas sobre los actos conclusivos.
Finalmente, debemos recordar que conforme al artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, la facultad del Ministerio Público de decretar el archivo de las actuaciones cuando, una vez concluida la investigación, observe que el resultado de la misma no surjan elementos de convicción suficientes para formular acusación contra el imputado, forma parte del ejercicio del ius puniendi del Estado, la cual ejerce a través del Ministerio Público, a cuyo cargo está el ejercicio de la acción penal.
Asimismo, a diferencia de la acusación y el sobreseimiento, el archivo fiscal no constituye una solicitud para ser presentada y resuelta ante el órgano jurisdiccional, pues, la referida disposición legal sólo obliga al Fiscal del Ministerio Público a notificar a la víctima que haya intervenido en el proceso; entendiéndose también, que deberá participar al juez de la causa su decisión de archivar las actuaciones a los efectos de que cese cualquier medida cautelar que pese contra el imputado, si fuere el caso, todo ello sin perjuicio de la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De manera, pues, que la participación del juez de Control en el archivo fiscal, se limita expresamente al levantamiento de cualquier medida cautelar decretada contra el imputado, en virtud de haber sido el órgano jurisdiccional quien acordó judicialmente dicha providencia, oportunidad donde se constituyó en el ente de control y supervisión del cumplimiento de la misma, convirtiéndose únicamente en el competente para igualmente decretar la finalización de sus efectos.

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Sala Constitucional del TSJ declara la Constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica.

2016-01-21T02:26:00.000-08:00

SSC N° 04 DEL 20/01/2016.

Ver nuestros temas relacionados:
1.- RAZONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL “IMPRUEBE” EL DECRETO DE EMERGENCIA ECONOMICA.
2.-DECRETO N° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA).
3.- Puede la Sala Constitucional del TSJ anular a la Asamblea Nacional.?

MÁXIMA.- Al respecto, por lo que atañe a la base jurídica invocada por el ciudadano Presidente de la República para dictar el Decreto sub examine, resaltan el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que “[e]l Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno”; el numeral 7 del artículo 236 del mismo Texto Constitucional, que alude a la competencia específica del Presidente de la República para declarar los estados de excepción en los casos previstos en esta Constitución; y los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, así como los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que dan cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan atender eficazmente las situaciones coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas. Tal basamento jurídico, además de constar de forma clara en el Decreto, ha sido ampliamente difundido por el Presidente de la República en diversas alocuciones, y discutido con las organizaciones de base del Poder Popular, organizaciones sindicales y cámaras empresariales.

Al respecto, el Decreto sometido al control de esta Sala sobre la constitucionalidad, plantea desde su primer artículo que el mismo tiene como objeto que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica.

Adicionalmente, se aprecia que la medida declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, generándose un malestar social, tal como se señalará más adelante al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha venido desplegando el Poder Público, siendo ineludible para el restablecimiento de las actividades económicas, esta vez, en el ámbito nacional, como continuación del derecho constitucional de excepción que de forma coherente ha venido ejerciéndose en los últimos meses, tal como en los decretos números 1.950, 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, así como los números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, del 15 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyo propósito es atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza y del resto de la Nación; respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su constitucionalidad, mediante sentencias números 1.173 del 28 de agosto de 2015; 1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de septiembre de 2015, y, finalmente, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, respectivamente, así como también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de los referidos estados de excepción, mediante sentencias n.ros 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de noviembre de 2015; y 2 del 8 de enero de 2016.

Como se observa, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los hechos que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar, entre otras tantas, las siguientes reseñas a título enunciativo:

“LA TORMENTA PERFECTA ECONÓMICA EN VENEZUELA COBRA ÍMPETU PARA 2015

El presidente Nicolás Maduro afronta una situación dramática provocada por la caída en barrera de los precios del petróleo: en el último cuatrimestre de 2014, el barril de crudo venezolano se ha desplomado de 95 a 53 dólares y nadie se atreve a pronosticar cuándo se estabilizará.

Por cada dólar que desciende el precio, Venezuela deja de percibir 650 millones de dólares al año y en todo 2015 podría dejar de ingresar entre 20.000 y 35.000 millones de dólares. El tope establecido para las reservas internacionales es de 30 mil millones de dólares (actualmente se ubican en 21.678 millones de dólares).

Pero la caída del precio del crudo, cuya exportación genera 95 por ciento de los ingresos de divisas del país, es sólo una de un abanico de malas noticias en materia económica para el próximo año, hasta el punto de que algunos especialistas pronostican ya una “tormenta perfecta” económica.

Algunas agencias calificadoras no descartan un default, aunque el gobierno ha cuidado el pago de su deuda externa y bonos petroleros.

Expertos alertaron que Venezuela podría acercarse a una situación de quiebra por el desplome petrolero, lo que podría ocurrir a mediados de marzo, cuando vencen 1.000 millones de dólares en bonos soberanos, más intereses. En el conjunto de 2015 el país deberá pagar más de 35.000 millones de dólares en vencimiento de bonos.

Los desequilibrios se vienen arrastrando desde 2012, cuando el gobierno volcó su esfuerzo y recursos en lograr la reelección del mandatario Hugo Chávez, ya enfermo de cáncer, según confesó el exministro de Planificación Jorge Giordani.”. (Correo del Caroní 21/12/14 http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/25320-la-tormenta-perfecta-economica-en-venezuela-cobra-impetu-para-2015).

“LA GUERRA ECONÓMICA

‘No me sorprende que la oposición, estimulada desde Madrid, Miami y Bogotá, insista en negar que existe una guerra económica que influye significativamente en la situación de especulación y escasez’: Díaz Rangel

Caracas, 21 de junio de 2015.- No me sorprende que la oposición, estimulada desde Madrid, Miami y Bogotá, insista en negar que existe una guerra económica que influye significativamente en la situación de especulación y escasez, y en el multimillonario contrabando de extracción de un tercio de lo que se produce en Venezuela hacia Colombia. Comprobado está que muchos bachaqueros están organizados más allá de las fronteras. Se ha calculado que más de 10 millones de colombianos se benefician diariamente de ese contrabando, al que debe sumarse una parte de lo que Venezuela importa. La manipulación monetaria del dólar Cúcuta es parte de esa guerra.

En otra oportunidad escribí sobre la guerra económica, apoyado en 1.200 documentos de la CIA y 18 mil del Departamento de Estado, entre los 24 mil desclasificados en 2003, muchos de ellos recogidos y comentados por Peter Kornbluh en su libro Pinochet: los archivos secretos. Fueron cifras para desestabilizar al gobierno del presidente Allende, hasta su derrocamiento. Copias de esos documentos desclasificados entregaron a Chile "para compensar un poco el daño que le hicieron", según el entonces secretario de Estado Colin Powell.

Recordemos

En una reunión el 15 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca, el presidente Nixon dio instrucciones a Henry Kissinger, al fiscal general John Mitchel, y al director de la CIA, Richard Helms, "de promover un golpe de Estado que impidiese a Allende ser investido el 4 de noviembre o que lo derrocara luego de su recién creado gobierno". El jefe de la CIA resumió las instrucciones:

"¡Salvar a Chile, aunque solo haya una posibilidad contra 10!", "sin implicación alguna de la embajada", "¡10 millones de dólares disponibles, ampliables!", "jornada completa, nuestros mejores hombres", y "hacer saltar la economía" (negritas DR).

Esta última orden tuvo expresiones concretas. En un mensaje de Helms a Kissinger le decía: "El pretexto más lógico para lograr poner en marcha a los militares sería una repentina situación económica desastrosa", y le hicieron llegar una advertencia a Frei, todavía presidente: "No dejaremos que llegue una sola tuerca o tornillo a Chile si Allende se hace del poder. Haremos todo cuanto esté en nuestros manos para condenar al país y a sus habitantes a las privaciones y la pobreza más absolutas". La decisión de Washington era irreversible.

Kornbluh agrega: "Tanto la CIA como los miembros del Departamento de Estado lograron el respaldo de las empresas estadounidenses que tenían intereses en Chile". La ITT fue de las más activas golpistas. "Lo más importante es la guerra sicológica en el interior de Chile, subrayaron los funcionarios de la CIA". Asesinaron al general Schneider, comandante en jefe del Ejército. No tenían límites en sus acciones. El Banco Mundial, que había proporcionado 31 millones de dólares al gobierno de Frei entre 1969 y 1970, no aprobó crédito alguno entre 1971 y 1973, del gobierno de Allende. El Banco de Exportaciones e Importaciones, que concedió a Chile préstamos y créditos comerciales por unos 280 millones entre 1967 y 1970, no otorgó un solo centavo por ese concepto en 1971".

Estimularon el desabastecimiento a fondo, sin dólares para importar y con la producción decreciendo, era la política de las "cacerolas vacías", y paros de transporte. En fin, que en el área de la economía no dejaron nada por hacer. Pero fueron más allá: "Los 'tres frentes de acción' para la creación de 'un clima propicio para el golpe' eran la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica", que incluía la mediática.

Era una guerra a muerte. Por supuesto, esos millones de dólares fueron a los partidos, comenzando por el Demócrata Cristiano de Frei, a la prensa, encabezada por El Mercurio, y a organizaciones sindicales y ONG como Patria y Libertad. Simultáneamente no cesaban en sus esfuerzos de penetración de las Fuerzas Armadas. Por todos lados les enviaban mensajes. El Comando Sur, el mismo que con tanta frecuencia formula denuncias contra Venezuela, tal como lo hizo hace poco (ver "Amenazas militares a Venezuela", domingo 7-06), les hizo llegar este: "Estados Unidos respaldará un golpe de Estado contra Allende con todos los medios necesarios".

¿Y por qué ese gran esfuerzo de EEUU por impedir que Allende asumiera el poder, y si asumía, que gobernara? Alguna vez lo explicó Kissinger: por ser un gobierno electo tenía mayores posibilidades de influir en América Latina que Fidel Castro. Si esa fue la razón fundamental para derrocar a Allende, pueden imaginarse el caso de Venezuela, que ha sido factor en las victorias de la izquierda en países latinoamericanos, fundamental para crear Unasur y Celac, y avanzar en la integración, y además, tiene las mayores reservas de petróleo, que tanto necesita EEUU. De manera que hoy existen razones más poderosas para tratar de desestabilizar el gobierno de Maduro y buscar su desplazamiento.

Si esa guerra económica y la ofensiva en otros frentes se desarrollaba solo ante una posibilidad de influir que tenía el Chile de Allende, según Kissinger, se explica esa ofensiva brutal en el caso de Venezuela, con Chávez y Maduro, cuyas influencias no son una posibilidad: ahí están no solo gobiernos como los de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua independientes de Washington, con políticas exteriores soberanas. Como si fuera poco, existen Unasur, Celac y otras instituciones como el Alba y Petrocaribe.

Para quienes no creen en la guerra económica les he resumido el interés de Washington y su intervención para promover esa guerra en Chile, las condiciones que impusieron, los factores que intervinieron y las consecuencias habidas.

Y ahora, vean la situación de Venezuela y pregúntense si "los intereses" de EEUU no lo llevan a estimular esa guerra, que por supuesto incluye la mediática internacional, como nunca la ha habido en la región. De "acoso mediático terrible", lo calificó la canciller Delcy Rodríguez. Es la situación que seguimos viviendo, no obstante la lucha emprendida, que ahora debe combinarse con el diálogo y la diplomacia, ante los intentos de abrir un nuevo frente con la Exxon por el Oriente.

¿Por qué no van a México a pedir justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos? O a Chile a demandar cese de la represión contra los estudiantes? ¿O al Perú con varias semanas en huelga? ¿Por qué no se han acercado a Colombia a verificar tantos atropellos e injusticias? Vienen a Venezuela de varios países a perturbar la situación interna, en descarada intromisión. Pero en ningún caso se justifican los bochornosos hechos del viernes, cuando impidieron con violencia que senadores de Brasil llegaran a Caracas.

¡Hay quienes asocian el abominable crimen de Charleston a la presencia de un presidente negro! Como si pareciera que el odio racial contenido durante decenios no ha desaparecido, y esta oleada de crímenes de negros sería una expresión.

Solo 2% de los más ricos y millonarios ecuatorianos sería afectado con la ley sobre herencia, pero vean cómo han podido movilizar sectores populares confundidos con el apoyo mediático para desestabilizar el gobierno de Correa. ZGM.

VTV / ÚN

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/06/21/la-guerra-economica-2919.html

“CEPAL: LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN VENEZUELA EMPEORARÁ EN 2016

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que la contracción llegará al 7% en Venezuela para el próximo año.

América Latina y el Caribe registrará una recesión del 0,3% en 2015, informó hoy la Cepal, que revisó a la baja su anterior previsión para la región, en la que estimaba un crecimiento del 0,5 %.

Venezuela y Brasil liderarán las caídas con contracciones del 6,7 y 2,8%, respectivamente, y serán los únicos países, junto a la pequeña isla caribeña de Santa Lucía, en cerrar con números rojos el 2015.

Los principales factores que llevarán a la recesión son la debilidad de la demanda interna en la región, un entorno global marcado por el bajo crecimiento en los países desarrollados y la desaceleración de las economías emergentes, en especial de China, precisó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Las proyecciones del crecimiento apuntan a que las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial, petróleo y minerales, y con creciente grado de integración comercial con China, registrarán la mayor desaceleración”, señaló la Cepal.

Para enfrentar este panorama, destacó la Cepal, resulta imprescindible revertir la caída de la tasa de inversión y la menor contribución de la formación bruta de capital al crecimiento, ya que, subrayó, no solo afecta el ciclo económico, sino también la capacidad y calidad del crecimiento de mediano y largo plazo.

“Dinamizar la inversión constituye una tarea fundamental para cambiar la actual fase de desaceleración y para alcanzar una senda de crecimiento sostenido y sustentable en el largo plazo”, sostuvo el organismo.

De cara al 2016, América Latina y el Caribe experimentará una leve mejoría y crecerá un 0,7%, aunque América del Sur seguirá en recesión (-0,1%).

Según las previsiones, la situación económica en Venezuela empeorará y la contracción llegará al 7%, mientras que Brasil también seguirá con números rojos, pero mejores que este año, con una recesión del 1%.”

http://www.larazon.net/2015/10/05/cepal-la-situacion-economica-en-venezuela-empeorara-en-2016/

Tal situación económica advierte relaciones con la realidad económica global actual en general, lo que también constituye un hecho público comunicacional. Al respecto, entre otras tantas, pudieran señalarse las siguientes reseñas a título enunciativo:

“6 RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 2016

China, caídas de materias primas y petroprecios son algunos de los desafíos, según economistas; la ruptura de relaciones entre Irán y Arabia Saudita también puede afectar a la economía global.

Domingo, 10 de enero de 2016 a las 06:00

PARÍS, Francia (AFP) — El espectro de una crisis similar a la de 2008 amenaza en este principio de año con el ocaso de la economía china, que arrastra a los emergentes, la crisis deflacionista, los conflictos regionales o las burbujas financieras.

Este es un resumen de los factores de riesgo que pesan sobre 2016:

Aterrizaje brutal de China

El derrumbe bursátil chino hace temer un aterrizaje brutal de una economía que fue uno de los principales motores del crecimiento mundial en los últimos 10 años.

“El crecimiento de la vieja economía industrial china es casi cercano a cero. Ya está en situación de hard landing (aterrizaje forzoso)”, afirma a la AFP, Olivier Garnier, jefe economista de la empresa de servicios financieros Société générale, aunque opina que el sector de los servicios sostiene aún a la economía del gigante asiático.

No sólo se ven afectados los mercados bursátiles. También sufren las economías de los socios comerciales de China.

En Estados Unidos, por ejemplo, "los mercados anticipan los efectos de la desaceleración china en la actividad económica estadounidense, pues la brutal caída de la riqueza financiera es un riesgo que pesa sobre el consumo de las familias", explica Xavier Ragot, presidente del OFCE (Observatorio Francés de Coyunturas Económicas).

En Europa, la Bolsa de Fráncfort fue la que más padeció la caída bursátil china, ya que Alemania es el país europeo más dependiente de sus exportaciones a China.

Caída de materias primas

China ha sido en la última década la locomotora económica para los países emergentes gracias a su fuerte demanda de materias primas. Pero los precios de éstas empezaron a caer a partir de 2014 a medida que el gigante asiático mostraba síntomas de desaceleración en su actividad industrial.

El derrumbe de la Bolsa china complica las cosas. Y algunos emergentes, como Brasil, se hallan atrapados entre una baja de ingresos y el alza de los tipos de interés en Estados Unidos, que propicia una salida de capitales.

Hundimiento del petróleo

La desaceleración económica china, que reduce su demanda energética, también contribuye a la caída del precio del petróleo. Ante el brutal derrumbe de las cotizaciones, los países productores ven aumentar su déficit público.

"Para mantener la paz social y los gastos en armamento, esos países no pueden reducir sus gastos públicos. Es una fuente de riesgo", asegura Garnier.

Una crisis deflacionista

La caída del precio del petróleo genera a su vez un riesgo deflacionista en los países importadores. "Los precios de las materias primas caen, la actividad cae. Hay un riesgo deflacionista muy fuerte", destaca por su lado Ragot.

La deuda

Algunos expertos aluden al riesgo de una burbuja en los mercados de obligaciones. Con los bajos tipos de interés en Europa y Estados Unidos, el dinero ha acudido en masa a los países emergentes, que ofrecen mejores rendimientos.

Pero debido a las nuevas incertidumbres en los emergentes y el alza de las tasas en Estados Unidos, estos capitales abandonan los países con economía en desarrollo, dificultando las condiciones de financiación de éstos. La falta de confianza en los emergentes puede disparar su 'prima de riesgo' en el mercado de obligaciones y agravar su deuda pública, añade el experto.

Los conflictos regionales

Por último, la proliferación de tensiones geopolíticas es una amenaza para la economía mundial.

La ruptura de relaciones entre Irán y Arabia Saudita o el ensayo de bomba de hidrógeno por Corea del Norte "son factores de incertidumbre", indica Ragot. "Hay un riesgo y un impacto negativo en las inversiones", constata.

http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/07/6-riesgos-para-la-economia-mundial-en-2016”

“CAÍDA IMPLACABLE DEL PETRÓLEO: UNO DE LOS 8 COLAPSOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 2016 SEGÚN EXPERTOS

Algunos expertos ofrecen sus previsiones acerca de la situación económica y geopolítica que vivirá el mundo este año.

1. Caída implacable del Petróleo

El petróleo Brent ha bajado de la cifra psicológica de 31 dólares por barril por primera vez desde 2004 y su precio se ha reducido en más de un 12% desde principios de año. La previsión más fatalista es la de los analistas del Banco Británico Standard Chartered. Quienes estiman que podía caer hasta 10 dólares por barril. Otras entidades financieras como Barclays, Macquarie, Bank of America, Merril Lynch y Societe Generale han rebajado sus previsiones para los precios del petróleo en 2016.

2. Crecimiento moderado de la economía mundial

La organización de investigación Conference Board pronostica que el crecimiento económico mundial será del 2,8 % en 2016, frente al 2,5 % del año pasado. A su vez, la revista "Forbes" considera que la dinámica de la economía mundial será comparable con años anteriores, con una ligera mejora de los resultados de los países europeos y una pequeña ralentización de los asiáticos. Las perspectivas más sombrías son para las economías vinculadas con la extracción de recursos naturales.

3. Aumento mundial de impagos de deuda

En 2015 se registró la mayor cantidad de impagos de deuda corporativos tras la crisis financiera. Muchas empresas, sobre todo del sector de la energía y las materias primas, incurrieron en esa situación fruto de su endeudamiento excesivo, debido a que fueron engañadas por las tasas de interés cercanas a cero, según el portal Zero Hedge. En la situación actual, cuando los precios de crudo han caído más de un 50 %, muchas compañías de este sector han dejado de pagar sus deudas. En 2016, los autores predicen que se producirá una oleada masiva de morosidad.

4. La migración en la UE

Una serie de ataques terroristas en ciudades europeas similares a los de París, combinados con el actual flujo de refugiados, podrían desatar una crisis en la Unión Europea (UE) con facilidad. Las previsiones de Bloomberg indican que la nacionalista francesa Le Pen arengará a Europa con su discurso populista, que extendería la xenofobia y los temores económicos y podría amenazar la continuidad de la política de fronteras abiertas del viejo continente.

5. Referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia a la UE

A finales de 2016, el Reino Unido celebrará un referéndum para decidir si permanece en el bloque de la Unión Europea o lo abandona. Gran parte de la sociedad británica está descontenta con los flujos migratorios; por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el resultado de la votación provoque la salida del país de la UE, lo que supone un riesgo político y una amenaza para la estabilidad de los índices de divisas y valores nacionales, según estima la analista superior de Forex Club, Aliana Afanásieva, citada por el portal Expert.

6. Aumento de la tasa de interés de la FED de EE.UU.

A finales de año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) subió las tasas de interés por primera vez desde 2008. Por lo tanto, este organismo se convirtió en la primera (y principal) gran entidad bancaria central que elevó sus tipos de interés. Con esa ligera subida, el organismo norteamericano trató de demostrar al mundo que su política durante la crisis financiera fue adecuada y tuvo un efecto positivo. Sin embargo, la economía de EE.UU. no está tan bien como pudiera parecer, sino que se encuentra en recesión.

7. La desaceleración de la economía china

El Banco Mundial pronostica que la economía de China continuará creciendo menos en 2016. Según este organismo, el PIB del país asiático ascendería a un 6,7 %, frente a 6, 9 % de 2015. Además la posible volatilidad financiera y la inestabilidad de la región Asia-Pacífico, podría provocar que disminuyera más rápidamente de lo esperado.

8. Estancamiento económico en Latinoamérica

El último informe del Banco Mundial (BM) pinta una situación económica oscura en América Latina y el Caribe para este año, ya que prevé que la Región se estanque, tras la caída del 0,9 % que vivió en 2015. En un informe titulado "Perspectivas Económicas Mundiales", el BM señala que "el crecimiento más fuerte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe contrarrestará la debilidad en Sudamérica", publica el portal América Economía.

(RT)

http://laiguana.tv/articulos/20352-economia-mundial-colapsos-petroleo”

“GOBIERNO FRANCÉS DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA

A menos de un año y medio para los comicios presidenciales, Hollande aspira ganar votos a través de un plan laboral, dada la elevada tasa de desocupación.

El presidente de Francia, François Hollande, anunció este lunes un plan de emergencia nacional contra el desempleo, que incluye la formación, el aprendizaje y las subvenciones para las pequeñas y medianas empresas, informa el rotativo 'Le Figaro', cita RusiaToday.

Para poner en marcha el plan se invertirán más de dos mil 200 millones de dólares en aras de redefinir el modelo económico.

A menos de un año y medio para los comicios presidenciales de 2017, Hollande aspira ganar el voto de los franceses, por lo que se enfoca en un nuevo plan que aborde el tema laboral, dada la elevada tasa de desocupación.

Este paquete de medidas fue una de sus principales promesas electorales en 2012, pero la crisis global incrementó el índice de paro laboral que ronda el 10 por ciento.

"Hay un camino entre el liberalismo sin conciencia y el inmovilismo sin futuro", señaló Hollande en un discurso anual ante empresarios galos.

No deje de leer » El 1% de los más ricos del mundo posee más que el 99% restante

Insistió en actualizar el modelo de trabajo de Francia con una economía de rápido movimiento, cada vez más globalizada y digital, que según él busca alentar a las empresas a contratar, y la capacitación de medio millón de trabajadores.

La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, consideró que los pocos empleos creados en 2015 y el bajo crecimiento económico, “son insuficientes para invertir la curva del desempleo”.

“Estamos en una situación diferente a la de años precedentes. Después de varios años de destrucción de empleos, en 2015 creamos 40 mil. Esto significa que hay una reactivación de la actividad económica, pero aún es una reactivación tímida”, expresó El Khomi, durante una entrevista con la emisora de radio France Inter.

Aunque las expectativas de Hollande son altas, la ministra aclaro que el cálculo de crecimiento es del 1,5 por ciento para 2016 (no es suficiente), “sobre todo para los demandantes menos calificados de trabajo”.

El DATO » En 2015, Francia invirtió millones de dólares en el envío de artillería y tropas a Siria e Irak con el argumento de combatir las posiciones de Estadio Islámico (EI) tras los atentados perpetrados en París (capital).

Analistas señalan que los planes para el crecimiento laboral, aún insuficiente para lograr una recuperación sostenida del empleo; por ello para disminuir el paro y relanzar un crecimiento sostenible deben constituir los objetivos centrales de las políticas macroeconómicas”.

http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-frances-declara-estado-de-emergencia-economica-20160118-0013.html

Expuesto lo anterior, esta Sala observa que las situaciones fácticas consideradas y que el Ejecutivo Nacional puede afrontar a través del Decreto de Estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, por su gravedad, responden al deber de cumplir con postulados constitucionales que garanticen en favor de la población el orden público constitucional. Entre ellos se pueden mencionar los artículos 112, 117, 299 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

MÁXIMA.- Así pues, observa esta Sala Constitucional, que el Decreto mediante el cual se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentra razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

MÁXIMA.- Esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan la estabilización económica del país y mitigar los efectos de la inflación inducida.

MÁXIMA.- El Decreto objeto de examen de constitucionalidad, preserva y ratifica la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y demás previstos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración de otro elemento en el examen de constitucionalidad, a favor de la plena adecuación a los preceptos y límites que se coligen del Texto Fundamental, a ser observados cuando el Jefe del Estado ejercita las facultades de declaratoria de Estados de Emergencia Económica. El Decreto, asimismo, resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional, a saber, las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, tal como lo disponen los artículos 337 del Texto Fundamental y 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Carácter Fragmentario del Derecho Penal.

2016-01-18T16:15:00.000-08:00

Principio de la Mínima Intervención.

La modernidad del derecho penal, ha resquebrajado el principio de mínima intervención, la desesperación del Estado, por regular la conducta social, ha llevado a olvidarnos por completo de esta figura y a resbalar en la creación de tipos penales sin valorar el bien jurídico afectado.

Hoy día, observamos como peligrosamente nuestros legisladores han tipificado como delitos, conductas que anteriormente eran sancionadas por otras ramas del derecho, como el derecho administrativo o el derecho civil, e incluso el tributario.

Señala Francisco Muñóz Conde que “el derecho penal empieza a considerarse como un instrumento de defensa de los valores fundamentales de la comunidad, que sólo debe emplearse contra ataques muy graves a esos valores y en una forma controlada y limitada por el imperio de la ley”.

El principio de intervención mínima, es más que una garantía, una limitación al poder punitivo del Estado,ius puniendi, evitando la intervención del derecho penal, en conductas humanas que pueden ser reguladas y sancionadas por otras ramas del derecho.

El derecho penal debe contemplarse, desde un punto de vista de intervención, solo de estricta necesidad, considerando solo las conductas muy graves que afecten bienes jurídicos muy importantes.

Las diversas ramas del derecho, tienen como finalidad regular la conducta social, en consecuencia, protegen bienes jurídicos, y solo cuando cualquiera de esas ramas no de alcance a dicha protección, entrará a conocer el derecho penal como último ratio o ultima vía para regular la conducta humana.

El principio de mínima intervención debería nacer de nuestros legisladores, protegiendo a través del derecho penal, solo los bienes jurídicos más importantes, con el fin de lograr la convivencia social. Sin embargo, mi criterio, es que se extiende más allá del legislador, siendo también responsabilidad de los operadores de justicia, Fiscales, Jueces y Abogados, que en el día a día buscan en el derecho penal la solución a un problema social.

A diario conocemos casos en los cuales, antiéticamente se busca en el derecho penal la resolución de conflictos civiles, mercantiles o de cualquier otra rama, por ser una vía “más eficiente”, así dicen, por el apercibimiento de una pena privativa de la libertad. Lamentablemente hemos entrado en el circulo vicioso a que hace mención el Doctrinario Muñóz Conde en el que “el aumento de la criminalidad corre parejo con un aumento de la dureza en la represión punitiva, que parece volver a los tiempos de una política penal autoritaria de donde parecía se había salido ya definitivamente.

En base al principio de lesividad, para tipificar una conducta humana como delito, la acción del agente, debe lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado por el Estado. Existen en las legislaciones, tipos penales que ni siquiera están claros cual es el bien jurídico tutelado por dicha ley.

Recordemos que Montesquieu decía que “toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es “tiránica” nunca olvidemos que, a mi criterio, el bien jurídico más valioso del ser humano es su libertad, incluso más que la vida; por qué estar privado de la libertad es el sufrimiento en vida.

Otro tema es el abuso institucionalizado que existe hoy día con la prisión preventiva, que aunque gozamos de un sistema acusatorio, este se ha convertido en una forma de condena anticipada durante el proceso, lo que conocemos como la pena de banquillo.

Pareciera que la regla es la medida privativa y que el derecho penal es la rama por excelencia para intentar una acción legal en contra de otra persona, sin que existan sanciones a aquellas acciones temerarias y sin fundamentos, casos como la estafa concatenada con una asociación para delinquir con el objeto de cobrar una deuda o buscando el resarcimiento en una relación contractual incumplida.

El proceso penal comporta un gran gasto público. La imposición de una pena privativa de libertad es peligrosa, sobre todo cuando no media una sentencia en el proceso. Esta medida causa un grave daño para el procesado y su entorno social, familiar, laboral y social. En caso de no comprobarse su autoría o participación en el juicio, debería ser indemnizado por el daño tanto económico como moral causado por la errada persecución del Estado.

Entre la ineficiencia penitenciaria y el exceso institucional, el sistema clama la necesidad de trabajar con una política alternativa al sistema penal, con propuestas de un derecho penal mínimo o de última ratio.

Esto se logra reduciendo el radio de acción del derecho penal, también es necesario humanizar el sistema penal garantizar el respeto de los derechos humanos y limitar al máximo la utilización de las medidas cautelares privativas de libertad, medidas utilizadas como supuesta solución, que hasta ahora se ha comprobado que nada han solucionado.

Estas salidas alternativas al sistema penal, conllevaría el descongestionamiento y mejoraría así la eficiencia del sistema de justicia penal.

Es necesario un cambio drástico en el tratamiento del sistema penal, en el entendido que debemos alejarnos de las ideas de políticas fracasadas de represión y maltrato, que no han funcionado ni siquiera en los países de mayor prestigio, entendamos ya que el derecho penal del enemigo no es viable.

Hasta en los sistemas penitenciarios “más eficientes” se han evidenciado casos de inocentes condenados a cumplir una pena por un delito no cometido. En la actualidad preocupa enormemente como vamos en retroceso de un sistema acusatorio y garantista a un sistema inquisitivo, hasta el momento a que lleguemos a considerar que la ley del Talión es la más justa, o el derecho a la venganza.

Para cerrar el tema, antes de criticarnos y seguir limitándonos entre nosotros mismos, entendamos que somos seres humanos y que el mundo necesita de soluciones prontas y no de discusiones ineficientes entre nosotros mismos.

Cambiemos el paradigma de una vez por todas de pensar que con ingresar a un ser humano a un sistema penitenciario, vamos a solucionar el problema, por el contrario, pienso que estamos creando un problema a futuro mucho mayor, que a la larga no va a pasar factura a todos los seres humanos.

Como todos conocemos los sistemas penitenciarios, a nivel mundial, tienen más historias de fracasos que de éxitos, propongo una solución distinta que implique la inclusión y reeducación de esa persona que no se adaptó a la sociedad, quizás por carecer de las oportunidades que otros si gozamos.

La exposición de motivos de la Constitución de un país latinoamericano, cuenta con una frase muy sabia, “como rehabilitar a aquel que nunca ha sido habilitado” sencillas palabras que nos llevan a reflexionar respecto a este tema.

Aquí les dejo un extracto del pensamiento del brillante y tan criticado César Bonesana Marqués de Becaria, que me identifica y dice así “Cualquiera, repito, que quisiese honrarme con su crítica, no empiece suponiendo en mí, principios destructores de la virtud o de la religión; pues tengo demostrado que no son tales los míos, y así, en lugar de concluirme incrédulo o sedicioso, convénzame de mal lógico o de imprudente político; no se amotine por las proposiciones que sostengan el interés de la humanidad; hágame ver la inutilidad o daño político que pueda nacer de mis principios, y las ventajas de las prácticas recibidas… “

“mientras sostengo los derechos del género humano y de la invencible verdad, si pudiese contribuir a salvar de una muerte horrenda a algunas de las desgraciadas víctimas de la tiranía, o de la ignorancia que es igualmente funesta, las bendiciones y las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y felicidad, me consolarían del desprecio del resto de los hombres”

Autor: Abog. Alvaro Figueira Gomes

Declaración como Testigo y luego como Imputado. Los Testimonios escritos y la denuncia de la víctima deben ser ratificada en Juicio.

2016-01-17T18:08:00.001-08:00

Declaración como Testigo y luego como Imputado

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En el transcurso de una investigación es posible que se tome la declaración al investigado en calidad de testigo bajo juramento y luego preste una declaración como imputado sin juramento, situación que puede ser señalada por algunos como violación al debido proceso, en relación a esto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mediante ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, en fecha 15 de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

Ahora bien, ciertamente el imputado para rendir declaración no debe ser conminado a hacerla bajo la presión del juramento, ya que este sujeto procesal posee el derecho a guardar silencio, a no declarar ni total ni parcialmente y a no autoacusarse, podría no decir la verdad sin que ello le trajera otra consecuencia que la de que su dicho resultara desvirtuado por otra prueba cursante en los autos, y a diferencia de la declaración de testigo, ésta sí debe ser tomada bajo juramento, pues justamente el objetivo que se persigue con ello es el obtener la fidelidad de la verdad de los hechos.

Lo fundamental en el presente caso, no es que al imputado de autos se le haya tomado inicialmente la declaración bajo juramento, sino si la declaración tomada como testigo y bajo la presión del juramento fue usada en su contra.

Así las cosas, para el máximo tribunal en el caso que ambas declaraciones coincidan en su contenido, no se le estaría ocasionando perjuicio alguno, en especial si en la segunda declaración en calidad de imputado, se tomó sin juramento, con la asistencia del defensor y se realizó la imposición de los derechos y garantías contenidas en el artículo 49 ordinales 1° y 5° de la Constitución de la República y 130 del Código Orgánico Procesal Penal y con ello el señalamiento detallado de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión del hecho.

Los Testimonios escritos y la denuncia de la víctima deben ser ratificada en Juicio

El máximo tribunal de Venezuela, en fecha 20 de junio de 2005, en sentencia N° 1303, estableció en cuanto al ofrecimiento de la denuncia y las actas de denuncia penal como medio de prueba, que el representante del Ministerio Público no puede promover en el escrito acusatorio como medios de prueba aquellas actas de entrevistas recogidas en la fase preparatoria o de investigación en virtud de que ello afectaría el derecho a la defensa y la inmediación.

De modo que el Ministerio Público debe promover tanto la denuncia penal como el testimonio de los entrevistados para que se produzcan en el juicio oral y público, sean testigos o funcionarios policiales de la investigación.

Aquí tenemos el extracto de la referida sentencia, donde se asienta el criterio de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia:

En el caso de la prueba testimonial la exigencia de la inmediación del juez respecto a la deposición del testigo; y dada la decisión del Juez Cuadragésimo Noveno de Control de incorporar a través del artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal -por su lectura-, las actas contentivas de la declaración de dos personas levantadas en el transcurso de la investigación, sin que se les convoque a comparecer al juicio oral a deponer como testigos, esta Sala considera que tal proceder del mencionado Juez de Control constituye una violación del derecho a la defensa y del principio de presunción de inocencia, y en consecuencia, establece con carácter vinculante que los testimonios escritos, como consecuencia de la inmediación deben ser ratificados en juicio.

El criterio por el cual la denuncia penal debe ser ratificada en el juicio oral, fue incluido como doctrina obligatoria para todos los fiscales del Ministerio Público en fecha 15 de marzo de 2011, mediante la circular número DRD-18-079-2011.

Pruebas. Valor probatorio de los correos electrónicos y experticias informáticas.Sentencia dictada en sede civil aplicable al proceso penal venezolano.

2016-01-14T18:30:00.000-08:00

Ver Texto íntegro de la sentencia

MÁXIMA

El valor probatorio de los mensajes de datos y firmas electrónicas, reproducidos en formato impreso, debían considerarse semejantes, en cuanto a su eficacia y valor probatorio, a las copias o reproducciones fotostáticas, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, razón por la cual le dio pleno valor probatorio a los correos electrónicos al amparo de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, con base en que los mismos no fueron impugnados en su oportunidad legal.

Considera esta Sala, que el sentenciador de alzada, con su proceder respecto al valor probatorio de los mensajes de datos o correos electrónicos, aplicó el contenido del artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en especial en lo referido al único aparte de la norma que establece “La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas”, por cuanto el juez superior al momento de apreciar y valorar la referida prueba estableció: “los expresados correos electrónicos no fueron impugnados en su oportunidad legal por lo que se le da pleno valor probatorio según lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil”, norma ésta que regula el valor de las copias fotostáticas (…) Conforme con esta norma, las copias fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico, se reputarán fidedignas, siempre que se cumplan con ciertas condiciones, entre ellas, que no sean impugnadas por la contraparte, ya en la contestación a la demanda si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de pruebas.

La Sala debe insistir, y en este sentido también darle la razón al juez superior, que el adversario del promovente tiene la carga de impugnar las fotocopias simples de documentos, si dicha fotocopia se consigna en la demanda, contestación o lapso probatorio”.ara poder aprovechar el diseño de esta plantilla, use la galería de estilos de la pestaña Inicio. Puede dar formato a los encabezados mediante los estilos de encabezado o resaltar texto importante con otros estilos, como Énfasis o Cita destacada. Estos estilos ya vienen preparados para ofrecer el mejor aspecto juntos y para ayudarle a comunicar sus ideas.

Sentencia comentada. Naturaleza jurídica y medio de impugnación del Acto de Reconocimiento del Imputado en rueda de indivíduos.

2016-01-09T20:46:00.001-08:00

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HECHOS.- El acto de reconocimiento en rueda de individuos se hizo vía skype, medio y forma con la cual estaba en desacuerdo, y con unos testigos del cual denunció no existía la posibilidad de realizar el control y contradicción de la prueba, por ser los agentes encubiertos.

Ver SSC 1637° del 17/DIC/2015

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Naturaleza Jurídica y Finalidad.

Reconocimiento del imputado.

MÁXIMA.- Es una prueba que se practica en la fase preparatoria, cuya promoción se da ante el Juez de Control por la incertidumbre o duda que le pueda surgir a alguna de las partes, en cuanto a la participación o no de la persona sindicada como autor o partícipe de un hecho que se investiga. Y que, en caso de que se ordene su práctica, ésta deberá sujetarse a los requisitos exigidos en los artículos artículo 216 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, la finalidad del reconocimiento es determinar si la persona a quien se le atribuye participación en un hecho delictivo, es realmente, su autor o al menos, a los efectos de su posible imputación, la persona que lo cometió y si es reconocido en presencia judicial, esta prueba puede disipar cualquier posible duda de la comisión o participación del sujeto en el hecho investigado, no queriendo decir con ello, que esta prueba es contundente para demostrar la culpabilidad del acusado, pues debe ser apreciada por el juez junto con las demás pruebas evacuadas en el juicio (SSC Nº 301 del 29/junio/2006). La validez del reconocimiento como medio probatorio la adquiere mediante su ratificación en el juicio oral (SSC N° 408 del 24/Sept/2009).

Comentarios del Abog. Roger López

COMENTARIOS.- De lo anterior se colige, que el reconocimiento de imputado en rueda de individuos es una prueba que se forma en fase preparatoria, pero además, requiere como requisito formal de validez su RATIFICACIÓN en juicio por parte del reconocedor.

Ahora bien, a nuestro juicio, el acto de reconocimiento de imputado no constituye una PRUEBA, pues su naturaleza jurídica dista enormemente de la prueba anticipada. Si bien se requiere la presencia de las partes y del tribunal al momento de su realización en el procedimiento preparatorio y es allí en que las partes controlan la práctica del acto de reconocimiento, lo cierto, es que los requisitos de procedencia son distintos al de la prueba anticipada (289 COPP), pues en ésta se exige que la naturaleza del acto sea definitivo e irreproducibles, y por cuanto las partes controlaron la prueba al momento de su realización, la misma se incorpora directamente al juicio oral mediante su lectura y/o reproducción. Es allí donde tiene su génesis su naturaleza probatoria; pero, si las condiciones de procedencia de la prueba anticipada desaparecieron, dicho acto deberá realizarse en fase de juicio oral.

A diferencia de la “Prueba Anticipada”, el “Acto de Reconocimiento” por sí mismo nada prueba en cuanto a los hechos imputados. La prueba es el testimonio del reconocedor, ya que, cuando se incorpora al proceso por su simple lectura el acta contentiva de la declaración realizada por una persona en la investigación, la cual tenga conocimiento de las circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible objeto del proceso, y sin que tal persona sea llamada en calidad de testigo al juicio oral a los fines de que deponga sobre tal conocimiento, se le impediría al acusado la posibilidad de examinar y desvirtuar tal testimonio (por ejemplo, a través del interrogatorio del testigo), y por ende se vulneraría el derecho a la defensa, atentando todo ello además contra la propia naturaleza de la prueba testimonial.

Por otra parte, debe señalarse que el principio de inmediación es esencial e inmanente para el régimen de la prueba testifical. En tal sentido, la prueba testifical requiere que el órgano jurisdiccional examine con atención especial las características de la persona que ratifica el reconocimiento, así como las circunstancias que permiten fijar la credibilidad de ésta.

Sobre la necesidad de la inmediación en la prueba de testigos, MUÑOZ CONDE enseña:

En fin, el reconocimiento del imputado en rueda de individuos es un simple control de esa prueba; es elemento para la valoración de ésta y no un elemento probatorio y así lo confirma la propia Sala al señalar que “la validez del reconocimiento como medio probatorio la adquiere mediante su ratificación en el juicio oral”.

Se trata entonces de un elemento de convicción obtenido en el procedimiento preparatorio que está sujeto a los requisitos esenciales y formales de validez de la prueba.

Así, el testimonio del reconocedor incorporado al debate probatorio, deberá estar sometido a los principios de oralidad, publicidad, concentración y contradicción de la prueba al momento de ratificar el reconocimiento, como requisito esencial para su validez y posterior valoración judicial, por cuanto sólo podrán ser apreciadas la pruebas incorporadas a la audiencia conforme a las disposiciones de la Ley Adjetiva Penal (art. 14 COPP).

MODO EN QUE DEBE IMPUGNARSE EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE IMPUTADO.

MÁXIMA.- Cuando las impugnaciones estén dirigidas a cuestionar la forma en que se realizó el ACTO de reconocimiento, la vía que tiene el accionante para impugnar dicho acto es a través de la nulidad absoluta, de conformidad con lo previsto en el 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

En la sentencia objeto de estudio, la Sala dejó claramente establecido que la Defensa sólo cuestionaba el acto en sí de reconocimiento, y no, el auto dictado por el juez que acordó su realización. Ello tiene gran relevancia para el proceso, pues si lo que se cuestiona es el auto mediante el cual el Juez de Control ordenó el acto de reconocimiento, la vía para su revisión era mediante los recursos ordinarios que prevé la legislación, en este caso, el recurso de revocación, por ser dicho acto judicial un auto de mero trámite. Los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso y, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez.

En este caso, el acto de reconocimiento se hizo en franca violación a las normas procesales que establece el COPP para su realización y que se encuentran enmarcadas en el artículo 216 y siguientes de dicho texto.

El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “… Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación al debido proceso”.

En igual sentido el artículo 257 Constitucional numera que: “…No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”

El artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala:

Oralidad. “(sic)…y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este código”

El artículo 174 del COPP advierte que:

“los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados…(sic)…, no podrán ser apreciados para fundar una resolución judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado”.

En igual sentido, el artículo 175 indica que:

“Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República…(sic)…”.

Finalmente, el Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento relativo al reconocimiento del imputado o imputada, en los siguientes términos:

Establece el artículo 216:“Reconocimiento del imputado o imputada: Cuando cualquiera de las partes o la víctima, estime necesario el reconocimiento del imputado o imputada, pedirá al juez o jueza la práctica de esta diligencia. En tal caso se solicitará previamente al o la testigo que haya de efectuarlo la descripción del imputado o imputada y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo o la conoce o lo o la ha visto anteriormente, cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cual es la persona a reconocer”.

Artículo 217: FORMA.

“La diligencia de reconocimiento se practica poniendo a la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras tres de aspecto exterior semejante.

El o la que lo practica el reconocimiento, previo juramento o promesa, manifestará si se encuentra entre las personas que forma la rueda o grupo, aquella a quien se haya referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas.

El juez o jueza cuidará que la diligencia se lleve a cabo en condiciones que no representen riesgos o molestias para el reconocedor o reconocedora”.

Artículo 218: PLURALIDAD DE RECONOCIMIENTOS:

“… (SIC)…Cuando sean varios o varias los que hayan de ser reconocidos o reconocidas, el reconocimiento será ´practicado por separado respecto de cada uno de ellos o de ellas”.

Artículo 219: SUPLETORIEDAD:

“Para las diligencias de reconocimiento regirán, correspondientemente, las reglas del testimonio y las de declaración del imputado o imputada. El reconocimiento procederá aun sin el consentimiento de éste o ésta”.

De las disposiciones penales transcritas se desprende que el acto de reconocimiento en rueda de individuos realizado vía Skype y con unos testigos del cual se denunció que no existía la posibilidad de realizar el control y contradicción de la prueba, por ser agentes encubiertos, “no constituyen el medio de prueba legal para el reconocimiento de los imputados”, ya que si el Órgano Investigador estimaba necesario el reconocimiento de aquellos, debió solicitarlo a la Instancia Jurisdiccional en Funciones de Control, para que, conforme al artículo 216 de la Ley Adjetiva Penal, el o la juzgadora procediera a solicitarle a los reconocedores la descripción o características fisionómicas de los imputados, poniéndolos a la vista de aquellos, pero acompañados de por lo menos otras tres personas de aspectos semejantes. En relación al reconocimiento del imputado, traigo a colación una sentencia de interés penal:

“Cuando cualquiera de las partes o la víctima, estime necesario el reconocimiento del imputado o imputada, pedirá al Juez o jueza la práctica de esta diligencia. En tal caso, se solicitará previamente al o la testigo que haya de efectuarlo, la descripción del imputado o imputada de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto anteriormente, cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer”.

A este tenor, el autor GAMAL RICHANI NASSER en su obra “Análisis y Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, pág. 295, establece respecto al artículo ut supra señalado que: “(…) Previo al análisis del artículo se considera pertinente citar una definición del reconocimiento, según Eugenio Florián (Citado por Fernández, 1999): “…es el acto procesal mediante el cual el juez procede a determinar la identidad de una persona, valiéndose de una indicación material o del reconocimiento efectivo de otras personas…”. A decir de Manzini (Citado por Fernández, 1999): “El reconocimiento no es un medio o elemento de prueba, sino un acto instructorio informativo, dirigido a establecer el presupuesto de un elemento de prueba y apreciar la credibilidad de éste. En realidad, sea que tenga resultado positivo o negativo, lo cierto es que el reconocimiento por sí mismo nada prueba en cuanto a los hechos imputados. La prueba es el testimonio; el reconocimiento es un simple control de esa prueba; es elemento para la valoración de ésta y no un elemento probatorio”(p.304-305). (Las negrillas de la Defensa).

El autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, pág. 330, dejó sentado con respecto al reconocimiento de individuos lo siguiente: “El reconocimiento de personas en rueda de individuos, como se conoce esta importante actividad en la doctrina procesal penal, es una diligencia de investigación de las llamadas de <>, pues a partir de que un sujeto sea reconocido o no por la víctima o por testigos presenciales del hecho o de sus antecedentes o secuelas, dependerá que se mantenga en la condición de imputado, que pase a la condición procesal de sospechoso o que se le descarte de entrada.

El COPP denomina a esta diligencia << reconocimiento del imputado>>, porque fiel a su sistemática, considera que quien sea compelido a un reconocimiento en rueda de individuos ya está siendo señalado como partícipe de un hecho delictivo, conforme al artículo 124 ejusdem”.

Por su parte, el autor Carlos Moreno Brandt, en su obra “El Proceso Penal Venezolano”, pág. 271, dejó plasmado en lo que respecta al reconocimiento del imputado:

“…la necesidad de la práctica del reconocimiento del imputado en la fase preparatoria o de investigación del proceso obedece, en los casos, ya dichos, por estar más frescos en esta etapa los recuerdos acerca de lo sucedido por su cercanía temporal con los hechos, resultando así mayores posibilidades de que el reconocimiento se efectúe con mayor eficacia que si se realizara después de mucho tiempo de ocurridos los hechos objeto de la investigación”.

Indicado lo anterior, es oportuno traer a colación lo establecido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 119, de fecha 26-04-05, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, donde se estableció:

“El reconocimiento del imputado por algún testigo del hecho, debe ser efectuado según las reglas previstas en los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal. En dichas normas se indica “...el trámite y la forma para efectuar el reconocimiento al imputado, el cual debe ser solicitado por el Ministerio Público mediante una diligencia al Juez de Control, y la misma sirve para verificar o no la posible participación del imputado en los hechos que se investigan. Estas actuaciones deben ser practicadas en la etapa preparatoria del proceso, y no como observa la Sala en la audiencia oral y pública, llevada por el Tribunal de Juicio”.

En ese sentido, se hace pertinente traer a colación lo señalado por el Profesor Ángel Zerpa en su trabajo “Revisión de alguno de los derechos consagrados en la garantía al “Debido Proceso” en su relación con el proceso penal venezolano”, que refiere en cuanto a la Constitución como fuente de nulidad taxativa, lo siguiente:

“Es por lo que ha acuñado una clasificación de las nulidades entre nulidades taxativas y nulidades esenciales. Ejemplo de las primeras, de origen legal, serían las contempladas en el Artículo 167 del Código Orgánico Procesal Penal, porque el acto procesal se realizó en idioma extranjero; o en el 169 Ejusdem, porque se omitió la fecha del acta, “…cuando ella no pueda establecerse con certeza, sobre la base de su contenido o por otro documento que sea conexo”…; o el 173 Ibídem, porque hubo decisión de un tribunal, que no siendo de mera sustanciación, no se emitió “…mediante sentencia o auto fundados”… .
De las otras, de las esenciales, las hipótesis se concretan en el Artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal a situaciones de: (a) violación de las pautas de intervención, asistencia y representación del imputado, y b) la violación de derechos y garantías fundamentales, con lo cual, este tipo de fallas en el acto procesal orienta a la necesidad de la demostración de la ausencia del cumplimiento de algunos de los derechos conformadores de la garantía al debido proceso.

Ahora bien, no deja de ser un tema álgido, con mucho de confusión y de posiciones no conclusivas, identificar cuando nos encontramos en la presencia de una hipótesis para la nulidad esencial de un acto procesal penal ya que ello requiere no solo la identificación de lo fundamental de la violación, sino también la argumentación de parte del solicitante que la falta del acto se adscribe a una determinado derecho o garantía; pero también le es exigible al pretensor de la nulidad la invocación y demostración del llamado “perjuicio anulatorio”, concebido en los penúltimos apartes del Artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal...

“...sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad.

“Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento”....” (Zerpa Aponte, Ángel. En X Jornadas de Derecho Procesal Penal “Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2007, Páginas 133 y 134.)

A mi juicio, la Juramentación es una “formalidad esencial” y es de extrema importancia, por cuanto previo al reconocimiento, la parte que lo practica debe estar previamente juramentada (217 ejusdem) ya que para las diligencias de reconocimiento rigen las correspondientes al testimonio (219 del COPP y 242 y siguientes del Código Penal referidas al falso testimonio) y su incumplimiento traerá aparejado la nulidad absoluta de este medio de prueba, por tratarse de un acto cumplido en contravención o inobservancia a las condiciones previstas en el COPP y por tratarse de una nulidad absoluta concerniente a la “intervención” del imputado.

Por tanto, el acta que recoge el acto de reconocimiento de los imputados, está sujeto a las formalidades señaladas y sólo constituye un elemento de convicción que por sí solo nada prueba, pero cumple funciones propias de la fase de investigación e intermedia; pero si de pruebas se habla, lo que importa al proceso, a los fines de desvirtuar la presunción de inocencia, es el testimonio del reconocedor, quien deberá ratificar el reconocimiento hecho en fase de investigación para su validez.

No obstante quiero aclarar, que el acta de reconocimiento solicitado en su oportunidad procesal (artículo 216 del Código Orgánico Procesal Penal), conforme al procedimiento previsto para su realización (artículo 217 ejusdem) y, la forma en que debe ser valorado (artículo 322, numeral 2 ibídem), constituye el medio de prueba documental legal, útil y pertinente para su incorporación por la lectura en el juicio oral (SSCP EXP. N° 2007-075, del 06 de agosto 2007), pero, deberá siempre ser ratificado en juicio

Continuando nuestros comentarios a la sentencia citada, es claro que aún cuando la acción de amparo fue declarada inadmisible por la Alzada y luego, Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia constitucional, la Defensa podía y debía solicitar la nulidad del acto de reconocimiento del imputado en rueda de individuo en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar. La admisión de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público por parte del juez de control tiene apelación de conformidad con la SSC N° 1768° del 23/Nov/2011

Sentencia comentada. A la luz de novísimo Sistema Acusatorio Penal: ¿pueden los jueces de control valorar elementos de convicción, sin que ello implique usurpar las funciones propias del juez de juicio?. Naturaleza Jurídica del Sobreseimiento previsto en el Art. 300.4 del COPP.

2016-01-06T18:45:00.001-08:00

Comentarios a la SSCP N° 583° del 10/AGO/2015

HECHOS: En la Audiencia Preliminar, la Primera Instancia en Funciones de Control decretó el Sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4, del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, porque “... no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya (sic) bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado...”, indicando además que, “... en base a los elementos de convicción recabados por la vindicta publica (sic) durante la fase de investigación, donde se puede evidenciar que no se incautaron elementos de interés criminalistico (sic) a la hora de la aprehensión de los ciudadanos, que si bien es cierto de las entrevistas rendidas por parte de las victimas (sic), estas manifiestan que fueron objetos (sic) de un robo por parte de 3 ciudadanos; no es menos cierto que no aportan las características físicas de las (sic) mismas, limitándose solo a hacer referencia a las vestimentas que estos portaban, no siendo esto suficiente para determinar que efectivamente estamos en presencia de las personas que cometieron el hecho punible por el cual acusa el representante del ministerio publico (sic)...”.

Luego, La Representación Fiscal, ante la infructuosidad del Recurso de Apelación, ejerció el Recurso Extraordinario de Casación Penal, señalando entre otros aspectos que la Alzada habría avalado el hecho de que el Tribunal de Control haya valorado los elementos de convicción ofrecidos en la acusación, invadiendo de esta manera las facultades del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, e impidiendo que tales elementos fuesen objeto de evacuación y contradicción en un eventual juicio oral y público.

MÁXIMA.- La única forma que tiene el juez de control de evaluar si la Acusación se sostiene en fundamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado o imputados, es mediante el examen de los elementos de convicción, lo cual no debe ser en modo alguno interpretado como una invasión de la función del tribunal en función de juicio, sino como el cumplimiento de una de las finalidades esenciales del tribunal de control en esta etapa del proceso penal, que no es otra que evitar acusaciones infundadas.

ANÁLISIS NUESTRO:

Ciertamente, el Numeral 4° del Artículo 300 contempla que…

“El sobreseimiento procede cuando:

...) “4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada”

Tal sobreseimiento, perfectamente puede dictarse en la Audiencia Preliminar, sustentando en la causal en cuestión, por el juzgado de control, ante la pretensión de acusación de parte del Ministerio Público. Y lo anterior, no es más que la instrumentación del Numeral 2 del Artículo 49 Constitucional, toda vez que forma parte de la Garantía al Debido Proceso el reconocimiento del Derecho a la Reafirmación de la Presunción de Inocencia del imputado. En efecto si conforme a tal Numeral, a “toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, entonces, si en una causa en concreto, no se evidencia probabilidad alguna que con las pruebas ofertadas se logré una demostración de culpabilidad del acusado, lo que procede es una decisión de sobreseimiento que impida una pérdida de esfuerzo, recursos fiscales y jurisdiccionales y una afectación de la condición del sindicado, cuando a las claras se percibe la poca eficiencia de los medios de prueba ofertados para sustentar, siquiera, el inicio de un juicio. Es decir, es el propio Principio de Presunción de Inocencia el que soporta el deber fiscal de solicitar un sobreseimiento cuando no hay tal posibilidad demostrativa de la culpabilidad de alguien.

De darse el supuesto contenido en el Artículo 300.4 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juzgado de Control tiene que, inexorablemente, decidir el sobreseimiento. Es la causal conocida como de “insuficiencia probatoria”.

Al culminar la fase de investigación, el fiscal del Ministerio Público debe evaluar si de la misma surge la certeza acerca de la comisión de un hecho punible y la responsabilidad de una persona en él. Es posible que luego de realizado el análisis correspondiente, se determine que todo lo que había de ser investigado se indagó: todas las diligencias pertinentes, eficaces y posibles, fueron realizadas, resultando que de ninguna de estas averiguaciones surgieron suficientes elementos de convicción que hagan posible formular una acusación con bases sólidas en contra de la persona señalada como autor o participe del hecho punible. Y si ello coincide con la imposibilidad de incorporar a la investigación nuevos elementos que hagan posible determinar la participación cierta del imputado en el delito, o incluso la realización del hecho, conllevaría necesariamente a la aplicación de este supuesto de sobreseimiento.

Esta causal de sobreseimiento también tiene su base en la regla del in dubio pro reo, y en la seguridad jurídica que debe ofrecer al imputado todo proceso con respecto a su desarrollo, como lo ha expresado el argentino Alberto M. Binder en su Introducción al Derecho Procesal Penal (2ª Edición, Buenos Aires, AD-HOC, S.R.L., 252):

“Se han planteado dudas y discusiones acerca de cuál es la resolución adecuada cuando no se ha llegado al grado de certeza que requiere el sobreseimiento, tampoco existen razones suficientes para fundar una acusación y la investigación se halla agotada. Podemos decir, pues, que nos hallamos ante un estado de incertidumbre insuperable./ La solución correcta para los estados de incertidumbre insuperable es también el sobreseimiento. No solo por derivación de la regla del in dubio pro reo, sino porque existe un derecho de las personas a que su situación procesal adquiera, en un tiempo razonable, un carácter definitivo. El sometimiento a proceso es siempre un menoscabo y ese menoscabo no se puede extender en el tiempo más allá de lo razonable. Menos aún cuando no existe ninguna esperanza seria que la situación de incertidumbre puede cambiar”.

El sobreseimiento con base a este Numeral, se diferencia de la figura del archivo fiscal, en la circunstancia de que en el sobreseimiento por esta causal no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, mientras que el presupuesto del archivo es que el resultado de la investigación resulta insuficiente para acusar, existiendo en el futuro, potencialmente la posibilidad de reabrir el caso debido a la eventual aparición de nuevos elementos de convicción.

Finalmente, a los fines de la declaratoria del sobreseimiento, ha de tenerse presente que este puede ser dictado perfectamente en la audiencia preliminar, sin que sirva de excusa para sostener lo contrario que se están tratando cuestiones propias del juicio oral y público, pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su citada Sentencia Nº 1500 del 3 de Agosto de 2006, así lo ha dejado claramente establecido al señalar que:

“Del contenido de las normas que fueron transcritas y de la jurisprudencia de esta Sala, se determina que, contrariamente a lo que suele afirmarse algunos tribunales penales, el Código Orgánico Procesal Penal no establece una prohibición absoluta, al juez de control, de que falle sobre cuestiones que son propias del fondo de la controversia. Lo que prohíbe la referida ley es que el juez de las fases preparatoria e intermedia juzguen sobre cuestiones de fondo que son propias y exclusivas del juicio oral. De allí que materias como la pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la acción, cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado), son, indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez de control tiene plena competencia para la valoración y decisión”.

Adicionalmente quiero aclarar que, los elementos de convicción en su especie fuentes de prueba, no sujetas a la formalidad de la prueba, como lo es, la inmediación y contradicción, incorporadas al proceso durante el procedimiento preparatorio, se presentan en fase de investigación e intermedia con una función determinada. Por una parte, apreciada en su fuente escrita, generan un convencimiento probable o iuris tantum acerca de los extremos de la imputación delictiva, esto es, el cuerpo del delito, la individualización del imputado, su aseguramiento personal y el de sus bienes, el sobreseimiento o la decisión de enjuiciamiento. Además, esas mismas fuentes de pruebas incorporadas al juicio mediante su desahogo, práctica o evacuación, apreciadas en su fuente oral y bajo la luz de la inmediación, concentración publicidad y contradicción, tienen como función la determinación de la responsabilidad penal del acusado en el juicio oral; es decir, las mismas generan un estado de convicción de certeza negativa o positiva sobre la autoría y/o participación del encausado.

Así, la única forma en que una persona sea condenado sin ser llevado a juicio, es que en forma libre, sin apremio y de marera conciente se declare culpable en la audiencia preliminar, mediante la llamada institución plea guilty y plea bergaining o admisión de los hechos.

Pérez Sarmiento, tratando quizás de buscar claridad terminológica dentro de la equívoca nomenclatura probatoria y procurando brindar respuestas adecuadas al complejo fenómeno de la prueba penal en el sistema acusatorio, elabora una teoría a la que él da en llamar la “dicotomía de la prueba”, que, a su decir, es una “característica única de la prueba que no se presenta en ninguna otra forma de proceso”, consistente “en su comportamiento dual durante el proceso, pues siendo ésta, en principio una y la misma, se presenta de manera y con una función determinada en las fases preparatoria e intermedia y de otra manera y con otra función en el juicio oral”.(PÉREZ S. ERIC L. La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Pág. 117).

Y agrega:

“De tal manera, las evidencias recabadas durante la fase preparatoria o sumario, siendo en principio las mismas que irán al juicio oral, no se comportan de igual manera en el debate oral o plenario, pues para ser presentadas en este último y ser apreciadas, tienen que sufrir un proceso de transformación y depuración que está determinado por el primado absoluto del principio de inmediación respecto de la prueba (inmediación probatoria) que rige en el juicio oral y que sencillamente no existe durante la fase preparatoria; y que las evidencias deben ser en principio las mismas, pues las pruebas nuevas o sobrevenidas son de carácter excepcional”.

Sostiene que la dicotomía de la prueba acarrea insolublemente dos situaciones o corolarios que son su consecuencia directa: la decantación de la prueba y la metamorfosis de la prueba, y aclara:

“La decantación de la prueba es la depuración o filtrado que experimentan las fuentes y medios de prueba como resultado de las actividades de promoción (ofrecimiento), admisión, inadmisión, práctica y renuncia de las pruebas, que desarrollan las partes y los órganos jurisdiccionales desde la conclusión de la fase investigativa, preparatoria, procedimiento preliminar o sumario, que con todos esos nombres se le conoce, hasta el momento de la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia, luego del juicio oral”.

En cuanto a la metamorfosis de la prueba, señala que:

“… es la transformación que experimentan los resultados de las diligencias de investigación recabadas durante la fase preparatoria (evidencias) para ser presentados en el juicio oral. Se trata de una transformación del medio probatorio por imperativo de la oralidad y de la inmediación”.

En este sentido, la declaración escrita del testigo, que no fue rendida ante el tribunal de juicio, dejará de ser el vehículo portador del testimonio, para ser sustituida por la declaración personal y de viva voz del testigo; los documentos dejarán de ser infolios, para ser vertidos a la fuente oral mediante su lectura, las experticias dejarán de ser informes escritos para tomar la forma de exposiciones orales de los expertos y los objetos materiales inertes deberán ser exhibidos y explicados”.

Finalmente, concluye diciendo que la dicotomía de la prueba se resume en los siguientes postulados:

1. Las fuentes de prueba que se examinan en el juicio oral y constituyen el fundamento de la sentencia deben ser incorporadas al proceso desde la fase preparatoria, como regla general y salvo las excepciones legales (pruebas nuevas o sobrevenidas).

2. Las fuentes de prueba en la fase preparatoria, para poder ser examinadas (practicadas, evacuadas o desahogadas) en el juicio oral deben ser oportunamente promovidas (ofrecidas o propuestas), admitidas y no haber sido declaradas ilícitas (decantación de la prueba):

3. Para su examen en juicio oral, las fuentes de prueba deben pasar de los medios escritos en que fueron recogidos durante la fase preparatoria, a los medios orales, para satisfacer los requerimientos de la inmediación (metamorfosis de la prueba).

4. Las fuentes de prueba que no hayan sido examinadas en juicio oral no pueden ser tomadas en consideración (valoradas) en la sentencia definitiva”.

Ahora bien, he traído especialmente a colación la respetable opinión de Pérez Sarmiento respecto a su teoría de la “dicotomía de la prueba”, para expresar mi voto concurrente con la Sala al señalar que “…la única forma que tiene el juez de control de evaluar si la Acusación se sostiene en fundamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado o imputados, es mediante el examen de los elementos de convicción”, criterio que se corresponde con la Sentencia N° 794, dictada por esa misma Sala en fecha 11/DIC/2015 y comentada en este mismo Portal en fecha 17/DIC/2015, en la cual se estableció que el Tribunal de Control “no analizó los elementos de convicción sobre los cuales descansa la investigación, como son, los resultados de peritajes y actas de entrevistas de los testigos… siendo que esta es una labor propia del Juzgador de Primera Instancia.
No obstante, en sentido contrario, se pronunció la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia N° 1106 del 14/08/2015 en la cual estableció que, la Corte de Apelaciones actuó fuera de los límites de sus competencia, ya que realizó un análisis parcial de las pruebas existentes para ese entonces y estableció una argumentación jurídica como si se tratara del debate contradictorio, propio de la fase de juicio oral y público, para determinar los autores y coautores de los delitos, sin percatarse que se encontraba en la fase de presentación de los imputados, oportunidad en la que no había concluido la investigación por parte del Ministerio Público; y, por la otra, arribó a conclusiones propias de la investigación, facultad que constitucionalmente le está atribuida al Ministerio Público (artículo 285.3 de la Constitución).

Creemos entonces que, la Sala de Casación Penal cambió el inadecuado criterio sostenido de manera permanente y reiterado al sostener que no le está dado al juez de control en la fase intermedia, usurpar las atribuciones del Juez de Juicio, en el sentido de proceder al análisis de los elementos de convicción habidos en el decurso de la investigación, y analizarlos como si se tratare de pruebas incorporadas al proceso con las garantías de la inmediación, la contradicción y la oralidad; lo que de suyo, se traduce en grave indefensión, ante la imposibilidad de un control plenario de la prueba. Es decir, desde que en Venezuela tenemos el novísimo sistema acusatorio, la Sala Penal ha señalado que le está vedado al juez en funciones de control proceder al análisis de la “prueba”, por cuanto nada de ello es producto de un debate con garantía del contradictorio.

En ese orden, habría una usurpación de las atribuciones del Juez de Juicio, cuando el juez de control procede al análisis de los elementos de convicción habidos en el decurso de la investigación, y los analiza como si se tratase de pruebas incorporadas al proceso con las garantías de la inmediación, la contradicción y la oralidad; lo que de suyo, se traduce en grave indefensión por parte de la víctima, ante la imposibilidad de un control plenario de la prueba. Así mismo, es importante señalar que el fallo es producto de los argumentos sujetos a consideración del Juez en la audiencia preliminar, que están expresamente señalados en el Código Orgánico Procesal Penal convirtiéndose en el denominado acto cumbre de la fase intermedia; lo que permite afirmar, entre otras cosas, que le estaba vedado al juez proceder al análisis de la “prueba”, por cuanto, nada de ello es producto de un debate con garantía del contradictorio.

El legislador al delegar un control sobre la acusación, persigue precaver acusaciones improcedentes, imprecisas o arbitrarias, que no cumplan con los requisitos formales para su admisión, o que carezcan de elementos que permitan concebir una posible sentencia condenatoria en la fase de juicio. Sin que ello implique el análisis y la valoración que necesariamente debe efectuarse producto de la fase de juicio.

Y reitero, dicha Sala ha sido enfática al afirmar que el control material de la acusación no autoriza a valoraciones de fondo donde es necesario un debate probatorio, más aún como en casos bajo análisis, dada la especialidad y complejidad reflejada en autos, evidenciándose la necesidad del debate probatorio para garantizar una verdadera seguridad jurídica, y el pleno desarrollo de la igualdad, defensa, inmediación, concentración, contradicción y oralidad (SSCP 026° del 07/02/2011).

A juicio de la Sala Penal, en la fase intermedia no pueden verificarse actuaciones propias del juicio oral y público, ya que la misma adolece de contradicción e inmediación, y a tales efectos tanto las facultades como cargas de las partes están claramente limitadas en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, no existiendo en la presencia del juez o jueza un verdadero debate sobre las pruebas de autos, ni originándose a plenitud la necesaria contradicción y control por las partes de las pruebas aportadas (sentencia citada).

En la causa, Exp. No. 2010-409, del 02/11/2011, la Sala reiteró que durante la fase intermedia del proceso penal el juez o la jueza ejerce el control de la acusación, lo cual conlleva la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, constituyendo esta fase un filtro para evitar acusaciones infundadas y arbitrarias. Y para ello, se requiere que la representación judicial sea sumamente cautelosa en la evaluación de los elementos de convicción aportados, sobre todo cuando se valora la subsunción o no de los hechos en un tipo penal que puede ser determinante en la atipicidad de los mismos.

Ello es así, por cuanto el propósito del proceso penal es la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima, y en el caso bajo análisis, la Sala observa con preocupación que la jueza de control afirme que los hechos denunciados no revestían carácter penal, no obstante haber determinado tanto la falsedad de la firma del ciudadano JHONNY NÚÑEZ TORRES(difunto) como del Acta de Asamblea de Accionistas del ocho (8) de octubre de 2003, cuestionando a su vez la actuación verificada en una notaría.

En fin, en correspondencia con la sentencia que estoy comentando, el Juez de control debe y puede examinar y valorar las fuentes de prueba incorporadas al proceso en la fase de investigación -por ello, nuestro apego al criterio de la Sala- a los fines de resolver los problemas esenciales de las fases preparatorias e intermedia tales como el sobreseimiento o la decisión de enjuiciamiento. Este criterio arropa lo sostenido por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia 1676 del 03 de junio de 2007.

Corolario, ha de tenerse presente que el sobreseimiento puede ser dictado perfectamente en la audiencia preliminar, sin que sirva de excusa para sostener lo contrario que se están tratando cuestiones propias del juicio oral y público, pues reitero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su citada supra (Nº 1500 del 3 de Agosto de 2006), así lo ha dejado claramente establecido.

Breves consideraciones acerca de la contumacia del imputado (art. 313.3 del COPP) y los actos intuito personae como el procedimiento especial por admisión de hechos.

2016-01-04T18:29:00.001-08:00

SSC N° 1567 del 09/DIC/2015

Tema relacionado (Contumacia)

Temas relacionados (Admisión de los Hechos)

Plea guilty y el Plea bergaining

MÁXIMA.- Las consecuencias jurídicas de la incomparecencia del imputado o acusado a los actos que exigen su presencia están plenamente delimitadas en la ley procesal y no vulneran en este caso el derecho a ser oído, de modo tal que es un deber del juez que, al considerar que se está en presencia de una incomparecencia injustificada o una contumacia deberá declararlo expresamente mediante decisión debidamente fundada, con lo cual no quede duda de la característica de la incomparecencia y, además, de que exista la posibilidad, de ser el caso, de un doble grado de conocimiento de dicho pronunciamiento mediante la apelación de cualquiera de las partes.

MÁXIMA.- Por tanto, debe tratarse de una negativa voluntaria (la cual generalmente se asocia a la posible intención de dilatar el proceso), pues sólo ella autoriza la realización de la audiencia preliminar, con la sola presencia del abogado defensor del imputado o imputada ausente, para así garantizar sus derechos, entre los cuales está el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en los plazos razonable que pauta la ley, así como también los derechos de los demás intervinientes del proceso y de la sociedad en general, los cuales se incardinan, en definitiva, con el derecho a la justicia.

MÁXIMA.- Todo Juzgado en ejercicio de sus facultades, está obligado a declarar la contumacia del imputado, en caso de inasistencia injustificada al acto convocado; no obstante, por el contrario, de considerar que el mismo quiere someterse al proceso, debe realizar todo lo conducente para que se realice la audiencia preliminar con su presencia, pues como director del proceso, investido de autoridad, debe asegurar el ejercicio pleno y de forma personal los derechos y garantías constitucionales (Art. 5 COPP).

MÁXIMA.- Interpretación del artículo 313.3 del COPP:

“Artículo 310. Incomparecencia.

(...)

3. (...).

En caso que el imputado o imputada que se encuentre privado o privada de libertad en centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez o jueza, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni a acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto”.

La norma se está refiriendo a aquellas situaciones de contumacia, en la cual la dilación procesal, obedece a la propia conducta del imputado que estando sujeto al proceso penal, a través de medidas de privación judicial preventiva de libertad, voluntariamente se niega a ser trasladado a las sedes judiciales donde debe ser realizada la audiencia preliminar que corresponde a su proceso.

MÁXIMA.- “…la conducta contumaz en el proceso penal es aquella proveniente de la rebeldía de todo imputado, detenido o en libertad, de presentarse o comparecer a la sede de los juzgados en los cuales es procesado. Esa rebeldía, se traduce en una renuncia manifiesta al derecho de ser oído en un acto público al cual ha sido llamado por la autoridad competente, la cual es contraria a lo dispuesto en el artículo 257 de la Carta Magna que establece que el proceso es un instrumento para el logro de la justicia, así como al artículo 26 eiusdem, que prescribe el derecho a una tutela judicial efectiva, específicamente, a celebrase un juicio sin dilaciones indebidas…”. (Vid. Sentencia No. 730/25.4.2007, ratificada en decisión No. No. 908, 15.7.2013, No. 1666/28.11.2013 y No. 292/15.3.2015).

DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

HECHOS VIOLATORIOS DEL DEBIDO PROCESO: El Juez impuso a la Defensora Pública (...) sobre el procedimiento especial para la admisión de los hechos e instruyó a la misma para que realizara una visita carcelaria y le informara a su defendido, sobre la posibilidad que le concedía de admitir los hechos y la pena a imponer (cinco años y cuatro meses) en caso de que manifestara su voluntad de admitir los hechos. Posteriormente, el 10 de octubre de 2014, oportunidad para la continuación de la audiencia preliminar, la prenombrada Defensora Pública consignó documento suscrito por el procesado, manifestando su voluntad de admitir los hechos, ante la autoridad del Internado Judicial de San Juan de los Morros, todo ello al margen de lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

MÁXIMA.- REQUISITOS para la Admisión de los Hechos: 1.- Que la acusación fiscal haya sido admitida por el juez (a) en la audiencia preliminar 2.- Que el acusado (a) reconozca y admita su participación y culpabilidad en los hechos objeto del proceso contenido en la acusación. 3.- Finalmente, solicite la imposición inmediata de la pena.

MÁXIMA.- La admisión de los hechos imputados en la acusación fiscal y la petición de aplicación de este instituto procesal, es una solicitud intuito personae, que requiere la presencia del imputado ante el juez, ante todo, para qué este último lo instruya suficientemente y en el marco de la inmediación, acerca del contenido de dicho procedimiento, explicándole de manera clara y precisa en qué consiste admitir el hecho atribuido en la acusación, cuál es el contenido y alcance de las disposiciones penales sustantivas por las que se le acusa, su relación con el hecho que dio lugar a la acusación, porqué la conducta es contraria a derecho y está sujeta a un reproche social, y, en fin para preguntarle y cerciorarse de si comprende el contenido de dicha explicación; y, de ser el caso, para que una vez que se haya efectuado la explicación correspondiente, el procesado o procesada, pueda, en ejercicio de su derecho a ser oído, hacer uso o no a este método alternativo a la realización del juicio.

la declaración suceral que se realiza con el objeto de adelantar trámites impositivos constituye un indicio de vínculo hereditario, pero por si misma no es suficiente para acreditar el carácter hereditario.

2015-12-20T18:46:00.004-08:00

La declaración sucesoral y el carácter de herederos.

Ver Sentencia 688° del 12/11/2015

El TSJ dejo establecido que la declaración sucesoral que se realiza con el objeto de adelantar trámites impositivos, constituye un indicio de vínculo hereditario, pero por si sola no es suficiente para acreditar el carácter heriditario. En tal sentido señaló:

“Como puede advertirse de lo anterior, el juez superior se apartó del criterio de esta Sala y erró al considerar que el documento contentivo de la declaración sucesoral al que se contrae la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos es capaz de acreditar por sí mismo la condición de únicas y universales herederas de las actoras, cuando la Sala ha sido clara en establecer que la declaración sucesoral tiene un valor indiciario en relación con los vínculos hereditarios, pero el mismo per se no acredita de ningún modo la condición de heredero. En todo caso, la planilla de liquidación del impuesto sucesoral debe considerarse evidencia del pago de una obligación jurídica tributaria pero no de la condición de heredero.

De allí, el error cometido por el juez ad quem al establecer que “…el documento que antecede… se trata de una declaración sucesoral emitida por el SENIAT en donde se establece como única heredera del ciudadano Dimas Pernía, a su hermana Melba Pernía, por lo tanto ella era la única propietaria del inmueble en cuestión”. Precisamente, la declaración sucesoral en cuestión no puede por sí misma acreditar inequívocamente que la propiedad exclusiva del inmueble objeto de reivindicación pertenece desde el punto de vista causal a las actoras”...

Puede la Sala constitucional del TSJ anula a la Asamblea Nacional.?

2015-12-18T15:25:00.001-08:00

La elección parlamentaria del pasado 06 de diciembre ha permitido llevar a la opinión pública, temas que por lo general quedan reducidos a la aulas de las escuelas de Derecho.

Cuando las matemáticas fallan

Hay cierta tendencia por reducir la democracia a una simple suma matemática: el que tenga más votos gana. Pero esta suma no funciona con la Sala Constitucional.

En la Asamblea Nacional que se elegirá el 6 de diciembre, el partido que obtenga 84 Diputados será mayoría. Para quienes reducen la democracia a una suma, entonces, 84 Diputados será suficiente. Incluso, si algún partido logra, al menos, 112 Diputados, tendrá una “mayoría” que le permitirá adoptar cualquier decisión.

No obstante, cualquier decisión adoptada por el voto de esa “mayoría” de la Asamblea podrá ser revisada por la Sala Constitucional. Ese Tribunal tiene 7 magistrados, con lo cual, basta el voto de 4 para adoptar una sentencia que revise y anule cualquier decisión adoptada por la “mayoría” de la Asamblea Nacional.

Y aquí es donde falla la matemática, pues 4 votos de la Sala Constitucional valen más que 84 o 112 votos de los Diputados de la Asamblea Nacional.

Entendiendo a la Sala Constitucional...

La Sala Constitucional ejerce lo que en Derecho se llama “justicia constitucional”. Por justicia constitucional se entiende, en términos sencillos, el control que ejerce el Juez sobre la Constitución para hacer respetar su contenido. Dentro de la justicia constitucional se encuentra, precisamente, a la Sala Constitucional, cuya principal función es controlar la constitucionalidad de los actos dictados por el Estado, incluso, para anularlos.

Los “superpoderes” de la Sala Constitucional

Desde su primera sentencia en el año 2000, la Sala Constitucional ha afirmado que ella es el “último intérprete de la Constitución”, incluso, por encima del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué significa eso? Muy simple: que en la práctica, la Sala Constitucional tiene la última palabra.

Por ello, la Sala Constitucional no se ha limitado a anular Leyes. Además, la Sala Constitucional ha modificado Leyes. En ausencia de una Ley, ha dictado sentencias que tienen carácter de Ley. Además, la Sala Constitucional ha interpretado la Constitución para cambiar su contenido, estableciendo además que esa interpretación es vinculante.

Igualmente, la Sala Constitucional ha dictado decisiones que solo podían haber sido adoptadas por la Asamblea Nacional, como el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Además, ha dictado decisiones que en la práctica, han revocado el mandato popular de Diputados y Alcaldes. Adicionalmente, ha publicado decisiones que por su naturaleza jurìdica solo pueden ser objeto de ello por vìa del Principio de Reserva Legal, ejemplo de éstas, las encontrarás en este Portal:
a) "Vinculante. Artículo 185 del CC. Cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil o por cualquier otra situación que impida la continuación de la vida en común".
b) "En el procedimiento especial de violencia contra la mujer, la víctima, con prescindencia del Ministerio Público, puede presentar acusación cuando ese Órgano Fiscal no haya concluido la investigación en el lapso establecido en la Ley Especial. sentencia 1268 del 14AGO2011"
c) Vinculada a la anterior: "LA VICTIMA, CON PRESCINDENCIA U OMISIÓN DEL FISCAL, PUEDE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO PRESENTAR ACUSACIÓN PARTICULAR PROPIA. VINCULANTE "

Por supuesto, la Sala Constitucional ha dictado decisiones criticables, pero también ha dictado decisiones ajustadas a la Constitución. Lo que quiere en todo caso destacarse es que la Sala Constitucional, en la práctica, ha asumido un rol que la coloca por encima de todos los órganos del Estado y en especial, por encima de la Asamblea Nacional.

La Sala Constitucional como censor de Leyes de la Asamblea

La atribución de la Sala Constitucional que mejor permite comprender su relación con la Asamblea, es la que le permite actuar como “censor” de Leyes. Ello puede hacerlo en dos casos: antes que el texto de Ley aprobado por la Asamblea sea publicado en Gaceta Oficial, y luego de que ese texto sea publicado en Gaceta.

Analicemos el primer caso: la Sala Constitucional como censor de los proyectos de Ley aprobados por la Asamblea, antes de su publicación en Gaceta Oficial. Para comprender mejor este primer caso, debemos repasar cuál es el proceso de formación de la Ley.

Para dictar Leyes se requiere el voto de la mayoría simple, o sea, de 84 Diputados, en el caso de la Asamblea que se elegirá el 6 de diciembre. Ciertas Leyes requieren una mayoría especial: para dictar Leyes Habilitante se requerirán 101 Diputados, y para dictar Leyes Orgánicas, 112.

Según la Constitución, una vez que la Asamblea aprueba la Ley, el Presidente de la Asamblea la declarada “sancionada”. Ese texto es remitido al Presidente de la República, pero todavía no es Ley, pues para ello se requiere su publicación en la Gaceta Oficial.

Esto es importante recordarlo: toda Ley aprobada por la Asamblea Nacional debe ser promulgada por el Presidente, quien tiene un poder de veto relativo. Así, una vez recibida la Ley aprobada por la Asamblea, el Presidente de la República puede solicitar a la Asamblea modificar la Ley, lo que se conoce como veto. En ese caso la Asamblea podrá modificar la Ley o insistir en su promulgación. Luego de esa decisión, el Presidente de la República deberá promulgar la Ley. Si el Presidente se niega a promulgar la Ley, la Asamblea Nacional podrá promulgarla por sus propios medios. Aquí quien tiene la última palabra es la Asamblea.

Sin embargo, también la Sala Constitucional puede ejercer una especie de “veto” frente a las Leyes que apruebe la Asamblea.

Así, cuando el Presidente de la República recibe el texto aprobado por la Asamblea Nacional, puede objetar dicho texto por violar la Constitución, para lo cual solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional. En ese supuesto, la Sala puede decidir que el texto aprobado por la Asamblea es contrario a la Constitución.

La Constitución no aclara qué sucede cuando la Sala considera que el texto aprobado por la Asamblea viola la Constitución. Con toda seguridad, la Sala Constitucional interpretará que en tal supuesto el texto aprobado por la Asamblea no podrá promulgarse. Es decir, que la Ley aprobada por la Asamblea nunca será Ley, por decisión de la Sala Constitucional.

La Asamblea Nacional que será electa el 6 de diciembre, podrá comenzar a legislar el 5 de enero de 2016. Dependiendo de la mayoría que se obtenga, esa Asamblea podrá dictar distintas Leyes. Se ha hablado, así, de Leyes para promover el empleo, para atender la seguridad, para favorecer el abastecimiento de bienes o para controlar la corrupción, entre otras.

Cualquiera de esos textos, una vez aprobadas por la Asamblea, podrá ser declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. Es decir, que por decisión de la Sala Constitucional, ninguna de las Leyes aprobada por los 84 nuevos Diputados de la Asamblea Nacional (o cualquier otra mayoría) llegará a ser Ley.

Luego encontramos el segundo caso en el cual la Sala Constitucional actúa como censor de la Asamblea: cuando anula las Leyes aprobadas por ésta y que han sido publicadas en Gaceta Oficial.

Así, incluso si el texto aprobado por la Asamblea llegase a ser promulgado como Ley, la Sala Constitucional podrá acordar su nulidad, impidiendo que esa Ley genere efectos. En la práctica, la Sala Constitucional puede incluso cambiar la redacción de esas Leyes.

En todos estos casos, 4 votos valen más que 84 votos.

El conflicto entre Sala Constitucional y la Asamblea Nacional

¿Qué hacer en estos casos? Hay en la Constitución un claro vacío, que se ha agravado por los “superpoderes” que ha asumido la Sala Constitucional. La Sala Constitucional custodia a la Constitución, es cierto, pero ¿quién custodia al custodio de la Constitución?

La existencia de una justicia constitucional con un Tribunal como la Sala Constitucional, es una realidad en muchos países. El consenso tiende a ser que esa justicia constitucional es una garantía para el funcionamiento del Estado de Derecho, y que por lo tanto, es una figura necesaria para la defensa de la libertad.

No obstante, también es cierto que el ejercicio excesivo de las funciones de la Sala Constitucional puede obstaculizar el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional, especialmente, de la Asamblea que será electa el 6 de diciembre de 2015.

Ello puede derivar en un conflicto entre la nueva Asamblea y la Sala Constitucional. Si la nueva Asamblea aprueba una Ley, la Sala Constitucional podrá declararla inconstitucional, incluso, antes de ser promulgada en Gaceta. Si la nueva Asamblea Nacional declara un voto de censura contra un Ministro, ese voto de censura podrá ser anulado por la Sala Constitucional. Si la nueva Asamblea Nacional aprueba una Ley de Presupuesto que reduce ciertos gastos del Gobierno, esa Ley de Presupuesto podrá ser anulada por la Sala Constitucional. Si la nueva Asamblea Nacional niega la autorización para que el Poder Ejecutivo celebre Tratados, suscriba contratos de deuda pública o ejecute créditos adicionales al presupuesto, la Sala Constitucional podrá declarar la “omisión” de la Asamblea y dictar, ella, la autorización correspondiente.

¿Puede removerse a los Magistrados de la Sala Constitucional?

Ante este panorama alguien podrá preguntar si es posible remover a los Magistrados de la Sala Constitucional. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional puede remover a esos Magistrados previo debido proceso, bajo las siguientes condiciones: (i) sólo pueden ser removidos por las causales establecidas en la Ley; (ii)esas causales deben ser calificadas previamente por el Poder Ciudadano y (iii) se requiere el voto de las dos terceras partes.

Como se observa, el camino no es sencillo y, además, se requiere la aprobación del Poder Ciudadano. Con ello, la Constitución quiso evitar que la Asamblea Nacional, que debe ser controlada por la Sala Constitucional, pudiese influir en esa Sala. Pero el resultado final ha sido el reconocimiento de una Sala que, en práctica, está por encima de la propia Asamblea Nacional.

Cambiando el concepto de la Asamblea Nacional

Ante el riesgo derivado de una Sala Constitucional que se ubica por encima de la Asamblea, es necesario insistir en la opinión pública sobre el rol constitucional que debe cumplir la Asamblea Nacional, como órgano de representación nacional y centro de la democracia. En todos los sistemas jurídicos que admiten la existencia de la justicia constitucional, se establecen límites a esa justicia, precisamente para evitar que ella usurpe funciones del parlamento.

En su libro La reconstrucción del Derecho venezolano (2012), el profesor venezolano Francisco J. Delgado insiste en la necesidad de cambiar la idea del Derecho en Venezuela. Específicamente, ello pasa por replantear el rol de la Sala Constitucional y por reivindicar el valor de la Ley como expresión de la representación nacional. En suma, quien representa a los venezolanos es la Asamblea Nacional, no la Sala Constitucional.

En el panorama actual, sin embargo, hay un claro riesgo: que por encima de voluntad popular expresada en la elección de la Asamblea Nacional que se elegirá el 6 de diciembre, prevalezca la voluntad de la Sala Constitucional, en la medida en que esa Sala usurpe la representación nacional que debe ejercer la Asamblea. Una usurpación que sería un claro golpe a la Constitución.

Este tema es un gran aporte del Dr. José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB.