Tres años de datos apuntan en la misma dirección: el Estado chileno no finalizará en el plazo establecido. No porque la ley esté mal diseñada, sino porque la brecha de capacidad entre ministerios y municipios pequeños es estructural y no se resuelve con plataformas. Veamos dónde estamos y qué podemos esperar.

En abril de 2023 publiqué una columna en el Diario Financiero titulada ¿Está preparado el sector público? cuya respuesta implícita era, claramente, no. En esa ocasión señalé que veía pocas posibilidades de que lleguemos a puerto con los exigentes plazos establecidos, y apuntaba a dos razones estructurales: escasez de recursos presupuestarios y un proceso normativo técnico incompleto.

Han pasado casi tres años. El diagnóstico no solo sigue vigente: se ha profundizado. Por eso decidí construir un tablero (dashboard) con la ayuda de los datos públicos de la Secretaría de Gobierno Digital, la ley y otros estudios, realizando algunas predicciones, al final de esta nota les dejo el dashboard, que muestra donde estamos hoy y qué podemos esperar para diciembre de 2027.

Una preocupación que lleva años acumulándose

El primer llamado de atención lo hice en 2023, cuando aún había tiempo de reaccionar. El modelo escalonado de la ley establecía que el Grupo A —gobierno central, ministerios, servicios públicos, Contraloría, FF.AA., delegaciones presidenciales— debía tener todos sus trámites digitalizados (una de las metas definidas en la ley) en diciembre de 2024. El resto, en 2025. La implementación completa de la ley, para el Grupo A en 2026 y el resto en 2027.

A mediados de 2024, los indicadores de la Secretaría de Gobierno Digital mostraron algo que, para quienes seguíamos el tema, no fue sorpresa pero sí fue brutal: casi el 90% de los servicios públicos declaraba no tener un plan de transformación digital. El 54% no reportaba a su autoridad. Cuatro años después del inicio de la implementación, 9 de cada 10 servicios públicos sin un plan.

Un directivo público presente en la presentación de esos datos me retrucó en ese momento diciendo que muchos servicios estaban trabajando en el tema aunque sin un plan formal. Mi respuesta fue que cuando hablo de plan, no me refería al documento Plan de Transformación Digital del Servicio XX, sino a los elementos esenciales: objetivos, alcances, actividades, recursos, equipos, resultados esperados, riesgos. Si eso no existe, el riesgo de fracaso aumenta dramáticamente.

El IMTD: los números que más me preocupan

En noviembre de 2024 se publicó el Índice de Madurez en Transformación Digital (IMTD) elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. El índice mide cuatro dimensiones —estrategia, procesos, personas y tecnologías— en 96 organizaciones públicas (71 municipios y 25 servicios públicos).

El resultado: el 72% de las instituciones evaluadas se encuentra en niveles iniciales del modelo. Las conclusiones por área son consistentes con lo que hemos venido observando:

• Estrategia: la mayoría de las instituciones está en niveles iniciales en la definición de estrategias digitales.
• Personas: barreras en incorporación de talento y cultura digital. Poca comprensión entre los funcionarios sobre su rol en el proceso.
• Procesos: importante brecha de madurez. Han identificado procesos clave para digitalizar, pero carecen de presupuesto y herramientas para implementarlos.
• Tecnologías: dimensión débil, con la mayoría en niveles iniciales en gobernanza de datos y analítica.

En todo caso hay que tomar este indicador con cautela — ya que solo midió 96 organizaciones sobre un universo de 671, pero incluso así los resultados son una luz de alerta.

Las métricas de la SGD: más preguntas que respuestas

En septiembre de 2025 revisé en detalle el tablero de control de la Secretaría de Gobierno Digital. En dicho análisis encontré varias cosas que me llamaron la atención.,

• Clave Única: el Servicio de Impuestos Internos desaparece de las métricas a partir de julio de 2025, sin explicación.
• FirmaGob: la cantidad de instituciones habilitadas crece a buen ritmo, pero las transacciones no siguen ese ritmo, lo que sugiere una confusión entre adopción y uso.
• Gestor Documental y Notificador: aparecen con cero adopción, en plataformas críticas para el cumplimiento de las fases más avanzadas de la ley, a solo 15 meses del plazo para el Grupo A.

La pregunta que dejé abierta en ese post sigue sin respuesta formal:

¿Cumpliremos los plazos establecidos?

El veredicto del dashboard

Para este post construí un análisis predictivo sistemático basado en los datos públicos disponibles al 2024–2025 y en el marco normativo vigente (Ley 21.180, DFL N°1, Ley 21.464). La metodología es simple: tomé el avance actual de cada tipo de organismo, lo proyecté al ritmo observado entre 2022 y 2024, y lo comparé con lo que se requiere para cumplir la ley en los plazos establecidos.

El resultado, que puede verse en detalle en el dashboard interactivo que acompaña este post, es el siguiente:

• ~220 instituciones (33%) cumplirán: ministerios y subsecretarías, servicios grandes como el SII, Registro Civil, Fonasa e INP, Contraloría, FF.AA. y delegaciones presidenciales. Todos con avance entre 80% y 90%, recursos dedicados y sistemas consolidados.
• ~180 instituciones (27%) están en riesgo: gobiernos regionales —solo 9 de 16 tienen ClaveÚnica habilitada—, municipios medianos, hospitales y servicios de salud regionales. Pueden cumplir si reciben apoyo urgente.
• ~271 instituciones (40%) no cumplirán: municipios pequeños rurales, corporaciones municipales de salud y educación, servicios sin presupuesto TI. Avance actual entre 10% y 15%. Matemáticamente inviable llegar al 100% para 2027 sin triplicar la velocidad de implementación sin recursos adicionales.

Lo que más me preocupa del Grupo C no es el dato en sí, sino su causa. 243 municipios —el 70% del universo municipal— no han habilitado aún ClaveÚnica. Sin ClaveÚnica activa es imposible cumplir las fases 2, 3 y 6 de la ley. Este solo indicador predice el incumplimiento masivo del segmento con mayor impacto en los ciudadanos de regiones.

Los tres factores que determinan el veredicto

El análisis confirma lo que he venido planteando desde 2023. Los tres factores determinantes son:

• Presupuesto TI: Ya en 2022 advertí que los recursos disponibles eran insuficientes para el tamaño del desafío. Ese diagnóstico sigue sin haberse revertido con asignaciones presupuestarias estructurales: los municipios pequeños no tienen línea presupuestaria para TI y la DGD provee apoyo técnico pero no financia los desarrollos internos.

• Capital humano: Sin profesionales TI capacitados no hay implementación posible, por más plataformas que provea la División de Gobierno Digital. El IMTD 2024 confirma que esta es una de las brechas más críticas, especialmente en municipios.

• Infraestructura digital base: municipios y servicios pequeños operan con sistemas legados (legacy), hojas de cálculo o directamente en papel. Migrar a SIMPLE, FirmaGob y el nodo de interoperabilidad requiere tiempo y recursos que hoy no tienen.

La ley sin sanciones y el riesgo de la prórroga

Un elemento que el dashboard también pone sobre la mesa: la Ley 21.180 no contempla sanciones directas por incumplimiento. No hay multas, no hay consecuencias penales. El impacto es reputacional y de eficiencia interna, lo que naturalmente reduce la urgencia percibida en instituciones con menor visibilidad pública o presión ciudadana.

Y aquí aparece el riesgo político más delicado: si el incumplimiento es masivo —y todo indica que lo será en el Grupo C—, lo más probable es que se extienda nuevamente el plazo. Ya ocurrió antes, que se modificaron los plazos. Una segunda prórroga no solo debilitaría la credibilidad de la política; confirmaría que los plazos de este proceso son más una aspiración que un compromiso exigible.

No digo que la prórroga sea necesariamente mala decisión si va acompañada de recursos reales y un plan serio. Lo que sería problemático es que se extienda el plazo sin resolver los problemas de fondo que hacen imposible el cumplimiento.

El Notificador y la CasillaÚnica: la variable que el dashboard no captura del todo

Hay un elemento nuevo que merece atención especial, porque cambia el perfil de riesgo de algunos grupos y porque es la pieza del rompecabezas que hasta hace muy poco simplemente no existía: las notificaciones electrónicas.

Cuando revisé el tablero de la SGD en septiembre de 2025, el Notificador aparecía con cero adopción en todas las instituciones. A diciembre de 2025, el balance era de cuatro instituciones activas: la Municipalidad de Renca, el Hospital Eloísa Díaz, la PDI y, en hito más relevante por su alcance, el IPS. Cuatro instituciones de 671. Eso es el 0,6% del universo obligado.

Ya lo vimos con FirmaGob, instituciones habilitadas y transacciones que no crecen al mismo ritmo. Con el Notificador el desafío es mayor porque hay dos adopciones simultáneas requeridas, la institución que integra el sistema para enviar, y el ciudadano que activa su DDU para recibir. Si alguno de los dos no ocurre, la fase no se cumple.

Los plazos para esta fase son concretos, el Grupo A debe cumplir en diciembre de 2026, es decir, en menos de nueve meses desde hoy. El Grupo B y C, en diciembre de 2027. Esto tiene dos implicancias directas en el veredicto:

• Grupo A: es la fase con mayor rezago dentro del grupo que en general va bien. Ministerios con 90% de avance global pueden tener incumplimiento parcial específicamente en notificaciones si no escalan en los próximos meses a una velocidad que hasta ahora no han demostrado. El dashboard los clasifica como «cumplirán», pero esta fase específica los pone en zona de riesgo para el plazo de 2026.
• Grupo C: la situación es estructuralmente inviable. Las notificaciones dependen de ClaveÚnica activa —que el 70% de los municipios no tiene habilitada— y además requieren integración técnica con el Notificador que prácticamente ninguno ha iniciado.

Hay un argumento económico poderoso para la adopción, solo en los municipios de la Región Metropolitana se estiman gastos del orden de veinte millones de dólares anuales en cartas certificadas para procedimientos administrativos. Eliminar ese costo es un incentivo concreto. Pero los incentivos no resuelven la capacidad técnica ni el presupuesto de implementación, que son exactamente las restricciones que tienen los municipios pequeños.

Esta variable es la que el dashboard refleja de manera menos precisa, porque los datos de adopción del Notificador son muy recientes y escasos. Lo digo explícitamente: si en los próximos seis meses la curva de adopción del Notificador no cambia radicalmente para el Grupo A, el veredicto de ese grupo debería revisarse a la baja. Es el indicador a monitorear con más atención en lo que queda de 2026.

Tablero de Cumplimiento de la Ley 21.180 (Transformación Digital)

En caso que por razones de seguridad su organización bloquea el despliegue de iframe, adjunto una imagen del contenido del Dashboard, descargable desde aquí.

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Digitalizar trámites es relativamente fácil, construir un Estado que funcione digitalmente es otra cosa.

Durante años la digitalización del Estado se entendió como poner formularios en línea o abrir nuevos portales web. Los procesos de Transformación Digital cambian ese enfoque, lo que introducen no es simplemente más tecnología, sino una arquitectura completa para que el Estado funcione con soporte digital. Detrás de cada interacción (trámite) digital hay un sistema de identidad digital, un expediente administrativo completamente trazable, una estructura de interoperabilidad que conecte instituciones y un conjunto de reglas de seguridad de la información que garantizan confianza. En otras palabras, la transformación digital del Estado no es un proyecto de informática: es la construcción de una infraestructura institucional que redefine cómo se toman decisiones públicas, cómo circula la información entre servicios públicos y cómo interactúan los ciudadanos con el aparato estatal.

La arquitectura invisible del Estado digital

Cuando se habla de digitalización del Estado, el foco suele ponerse en los trámites en línea. Sin embargo, los portales web son solo la superficie de un sistema mucho más complejo. Para que un procedimiento administrativo pueda tramitarse electrónicamente, el Estado necesita una infraestructura tecnológica capaz de identificar a las personas, registrar cada actuación administrativa, intercambiar información entre instituciones y garantizar la seguridad de los datos.

En el caso de Chile, la Ley 21.180 establece precisamente esa infraestructura. Lo hace a través de seis normas técnicas que definen cómo deben funcionar los documentos electrónicos, la interoperabilidad entre instituciones, los sistemas de autenticación, las notificaciones digitales, la seguridad de la información y la calidad de las plataformas tecnológicas del sector público. En otros países de la región también se han desarrollado estos marcos normativos y técnicos similares que establecen nuevas formas de operación y que van a requerir de un gran esfuerzo de gestión del cambio.

Lo que emerge de estas normas es una arquitectura tecnológica coherente que permite que los procedimientos administrativos se desarrollen completamente con soporte digital.

Un modelo por capas

Desde el punto de vista tecnológico, la arquitectura del Estado digital puede entenderse como un sistema organizado por capas.

• En la parte superior se encuentran los canales de interacción con las personas. Aquí se ubican los portales institucionales, aplicaciones móviles, formularios electrónicos y mecanismos que permiten consultar expedientes o recibir notificaciones. Es el punto de contacto entre ciudadanos y administración pública.

• Debajo de estos canales se encuentra la capa de identidad digital. Los sistemas del Estado deben poder autenticar a quienes interactúan con ellos, garantizando que cada persona acceda únicamente a su propia información y que cada actuación quede asociada a un usuario previamente identificado. Para ello se utilizan mecanismos de identidad digital (eID), en el caso de Chile, ClaveUnica para personas naturales y clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos para personas jurídicas.

• En el centro de la arquitectura se ubica la gestión de expedientes electrónicos. Cada procedimiento administrativo se organiza en un expediente digital que contiene documentos, actuaciones administrativas, comunicaciones entre organismos y registros de cada acción realizada. Este expediente digital reemplaza a las antiguas carpetas físicas y permite reconstruir con precisión todo el historial de un procedimiento.

• Más abajo aparece la interoperabilidad entre servicios públicos. El Estado funciona como una red de organismos que deben intercambiar información para resolver problemas públicos. La arquitectura definida por la ley establece nodos de interoperabilidad en cada institución, conectados a servicios comunes que permiten compartir datos, registrar transacciones y gestionar autorizaciones para el uso de información sensible.

• Finalmente, toda la arquitectura descansa sobre una capa transversal de seguridad, calidad y gobernanza tecnológica. Las instituciones deben adoptar políticas formales de seguridad de la información, gestionar riesgos tecnológicos, monitorear incidentes y mantener ciclos permanentes de mejora de sus plataformas digitales.

Más que digitalizar trámites

La arquitectura definida por la Ley 21.180 revela algo importante: la transformación digital del Estado no consiste simplemente en digitalizar trámites existentes. Implica reorganizar la forma en que la administración pública produce información, toma decisiones y establece la coordinación con otras instituciones.

Un expediente digital cambia la forma en que se documentan las decisiones públicas. La interoperabilidad modifica la forma en que circula la información dentro del Estado. La identidad digital redefine la relación entre las personas y los servicios públicos.

En ese sentido, la transformación digital no es solo un problema tecnológico. Es una transformación institucional.

El verdadero desafío

El mayor desafío de esta arquitectura no es técnico, es organizacional. Las plataformas pueden implementarse relativamente rápido; cambiar la forma en que las instituciones trabajan es mucho más complejo. Digitalizar procedimientos implica revisar procesos, redefinir responsabilidades y modificar prácticas administrativas que se han consolidado durante décadas.

Por eso la implementación de la Ley 21.180 es, en realidad, un proceso de cambio del funcionamiento del Estado. En el diagrama siguiente se ejemplifica como debe ser el proceso de cambio, desde la arquitectura actual a la necesaria para implementar el proceso de Transformación Digital, proceso que va a tomar varios años en concluir.

Digitalizar trámites es relativamente fácil, construir un Estado que funcione digitalmente es otra cosa.

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Múltiples desafíos (ambientales, urbanos y de convivencia entre otros) frente al desarrollo y construcción de nuevos datacenter.

En las últimas semanas me ha tocado conversar con distintos medios sobre un tema que, hasta hace poco, parecía reservado a especialistas: el impacto de los datacenters. En un par de entrevistas apareció con fuerza una inquietud que ya se discute en varios países: el costo ambiental de esta infraestructura, especialmente por su consumo de energía y agua.

¿Qué está pasando afuera?

Hace poco vi el documental “Exposing The Dark Side of America’s AI Data Center Explosion”, de Business Insider. Más allá del tono provocador del título, el reportaje plantea cuestiones difíciles de ignorar:

• Una expansión acelerada y poco visible. En Estados Unidos se han construido o aprobado más de mil grandes centros de datos, a un ritmo de más de dos por semana. Lo llamativo es que no existe un registro público completo que permita dimensionar con precisión su número ni su consumo.
• Una demanda intensiva de recursos. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad para operar y enfriar sus servidores. Lo que ha llevado al incremento en los costos de la energía en EEUU el incremento del costo de la energía eléctrica subió un 6% en 2025. En algunos casos, el consumo de agua alcanza millones de litros diarios, incluso en zonas con estrés hídrico.
• Efectos locales concretos. Comunidades cercanas reportan ruido constante y cambios en su entorno.
• Transparencia limitada. Las grandes tecnológicas suelen operar mediante estructuras corporativas complejas y acuerdos privados que dificultan conocer cuánta energía o agua utilizan realmente.

El documental sugiere algo relevante: la “explosión” de los datacenters puede no ser tan visible en las estadísticas oficiales o en el debate político, pero sí está transformando territorios, economías locales y prioridades ambientales.

La IA eleva la vara

Diversos estudios coinciden en que el procesamiento asociado a inteligencia artificial es significativamente más demandante que el procesamiento tradicional, muy ilustrador es el estudio
Hanwha Data Centers energy consomption kilowatts report, ¿Por qué?

• Mayor densidad energética. Los racks equipados con GPU —clave para cargas de IA— pueden consumir entre 5 y 10 veces más energía por metro cuadrado que configuraciones convencionales.
• Operación continua. El entrenamiento de modelos, en particular los de IA generativa, exige procesos intensivos y prolongados, muchas veces 24/7, lo que incrementa tanto el consumo eléctrico como las necesidades de enfriamiento.

No es solo “más cómputo”; es una infraestructura distinta, con perfiles de consumo radicalmente mayores.

¿Y en Chile?

Es positivo que el tema ya esté entrando en la agenda pública. Iniciativas como el Plan Nacional de Datacenters van en la dirección correcta y merecen reconocimiento. Pero el cambio tecnológico y el dinamismo del sector plantean desafíos inevitables:

• Evaluar mejor los impactos, especialmente en consumo energético e hídrico, con foco en zonas que ya enfrentan escasez de agua.
• Definir estándares operacionales más precisos, que incorporen eficiencia, resiliencia y sostenibilidad.
• Elevar las exigencias de transparencia, particularmente en variables sensibles como energía y uso de agua.

Chile necesita desarrollar esta industria. Puede ser una oportunidad estratégica en la economía digital. Pero hacerlo bien implica algo más que atraer inversión: requiere reglas claras, información pública confiable y una mirada de largo plazo.

Porque, al final, la pregunta no es si tendremos más datacenters, sino:

¿cómo aseguramos que su crecimiento no comprometa nuestro futuro ambiental y energético.

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Implementar tecnología es necesario. Rediseñar la operación es complejo. Redefinir el modelo de Estado es excepcional. Llamar “transformación” a todo puede ser políticamente rentable, pero estratégicamente riesgoso.

Cuando hablamos de modernización del Estado, solemos meter todo en el mismo saco. Pero no todo cambio es equivalente. Hay diferencias profundas —en complejidad, riesgo e impacto real— que conviene entender.

Procesos de Modernización

Analicemos los niveles en los procesos de modernización desde modernizaciones de caracter tecnológico hasta redefinciones de como debe operar el Estado.

Nivel 1 – Implementación Tecnológica

Este es el terreno más conocido —y también el más cómodo— de la transformación digital. Son iniciativas de complejidad moderada, acotadas en alcance institucional y con un valor público acotado. Apuntan principalmente a mejorar eficiencia, reducir tiempos de respuesta, automatizar tareas o reemplazar plataformas obsoletas.

Suelen ser proyectos visibles, fáciles de comunicar y relativamente sencillos de defender ante la autoridad, porque sus beneficios son tangibles: menos papel, menos tiempos de espera, más trazabilidad. En muchos casos no nacen de una visión transformadora, sino de una necesidad inevitable: sistemas legacy que ya no se sostienen, contratos que expiran, tecnologías que quedan fuera de soporte.

Aquí encontramos típicamente:

• Implementación de nuevos sistemas de gestión (financieros, RR.HH., expedientes, CRM)
• Migraciones a la nube
• Incorporación de firma electrónica
• Interoperabilidad básica entre servicios
• Digitalización de trámites existentes
• Portales web transaccionales
• Pilotos o pruebas de concepto con IA

¿El resultado? Instituciones más digitalizadas, pero que siguen funcionando bajo la misma lógica organizacional, normativa y de diseño de servicios.

Nivel 2 – Transformación del Modelo Operacional

En este nivel la transformación deja de ser tecnológica y pasa a ser organizacional. La complejidad aumenta significativamente, porque ya no se trata de “instalar sistemas”, sino de cambiar cómo opera la institución.

Aquí se rediseñan procesos, se redefinen roles, se ajustan flujos de decisión, se modifican mecanismos de coordinación interna. El foco ya no es solo eficiencia, sino experiencia de usuario, reducción de fricción, simplificación y coherencia del servicio.

Estos proyectos suelen tensionar estructuras internas: áreas que deben coordinarse de otra manera, equipos que deben adoptar nuevas prácticas, liderazgos que deben ceder control o asumir nuevos riesgos.

Ejemplos frecuentes:

• Rediseño end-to-end de procesos críticos (permisos, licencias, fiscalización, beneficios)
• Implementación de principios “digital by design”
• Aplicación del “once-only principle”
• Modelos de atención omnicanal
• Automatización inteligente de flujos institucionales
• Integración de IA en procesos operativos (no solo pilotos)
• Reconfiguración de back-office y front-office

Aquí el ciudadano empieza a notar cambios reales: menos trámites redundantes, menos vueltas innecesarias, servicios más fluidos.

Pero, aun así, el modelo institucional de fondo —las reglas del juego— permanece esencialmente intacto.

Nivel 3 – Transformación del Modelo de Estado

Este es otro juego. Ya no hablamos de proyectos, sino de procesos de cambio estructural. Se redefine cómo el Estado crea valor público, cómo se relaciona con la ciudadanía, cómo diseña confianza, derechos y servicios en un entorno digital.

La complejidad es máxima porque intervienen múltiples instituciones, marcos normativos, equilibrios políticos y arquitecturas tecnológicas transversales. Son transformaciones que alteran la lógica del sistema completo, no solo de una organización.

Ejemplos característicos:

• Revisión y rediseño de marcos regulatorios bajo modelos adaptativos
• Políticas públicas basadas en datos como estándar
• Desarrollo de arquitecturas de Estado digital
• Implementación de identidad digital integrada
• Servicios proactivos (“push”) en lugar de reactivos
• Ecosistemas de intercambio de datos público-privados
• Infraestructuras públicas digitales compartidas

Aquí el cambio impacta la experiencia ciudadana de manera radical: menos carga administrativa, servicios anticipatorios, interacciones más simples y coherentes.

Pero también emergen grandes desafíos: gobernanza de datos, privacidad, ciberseguridad, coordinación interinstitucional, sostenibilidad política.

Un ejemplo concreto

En un comentario de José (Jo) Miguel Piquer, amigo de la casa, me planteó que sería más fácil de entender con un ejemplo concreto, sus ejemplos asociados a la interacción que existe entre los ciudadanos y el Servicio de Impuestos Internos a propósito de la declaración de renta anual, me parecieron muy buenos, aquí se los dejo:

• Nivel 1 – Implementación Tecnológica: Declaración de impuestos se hace vía web en lugar de papel, pero es un formulario muy similar;
• Nivel 2 – Transformación del Modelo Operacional: El Servicio de Impuestos Internos pre-llena el formulario con información de diversas fuentes, el usuario solo tiene que validarla;
• Nivel 3 – Transformación del Modelo de Estado: Eliminamos el formulario de renta por completo y la declaración de impuestos se vuelve un trámite simple, que cualquier ciudadano puede hacer sin ayuda.

La confusión que cuesta caro

El problema es que muchas estrategias públicas celebran avances tecnológicos creyendo que están transformando el Estado. En realidad, muchas veces solo están modernizando herramientas dentro de estructuras que no han cambiado.

Y ahí está la trampa.

Digitalizar no es necesariamente transformar y modernizar sistemas no es lo mismo que modernizar el Estado.

Mientras no distingamos estos niveles —en diseño, expectativas y narrativa política— seguiremos acumulando tecnología nueva sobre modelos institucionales viejos. Más digitales, sí. Pero no necesariamente más simples, más coherentes ni más valiosos para la ciudadanía.

El presente artículo es una adaptación para el sector público de algunas ideas planteadas por Rob Llewellyn y la incorporación de algunos elementos incluidos en el estudio de Modernización del Estado 1990-2023 en el que me tocó participar.

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Aquí les dejo el informe Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence, Anthropic 2026

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