EL FORO

II Congreso Legaltech: presente, futuro y mercados

2018-05-15T09:12:00.000+02:00

El viernes 18 de mayo se celebra en San Sebastian el II Congreso Legaltech para reflexionar sobre la situación actual y las perspectivas de futuros de la tecnología aplicada a los servicios legales. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

El programa del evento es el siguiente:

9:15 h - Apertura y presentación institucional

9:30 h - Dónde estamos: analizando el último año de Legaltech, con Laura Fauqueur (representante española de la European Legaltech Association), Sara Molina (Marketingize), Amanda Guglieri (Derecho Práctico) y Guillermo Navarro (Bildenlex, Buenos Aires)

10:40 h - El papel de las facultades de Derecho en la era Legaltech, con Macarena Plaza (Head of Legal Innovation en Instituto de Empresa), Alba Tàssies (responsable de la Comisión sobre Acceso a la Profesión y Formación de la Confederación Española de Abogados Jóvenes), German Rigau (profesor de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco) y Gonzalo Martínez (responsable de Derecho Digital en la Universidad de Deusto).

11:45 h - Descanso. Café.

12:15 h - Los marketplaces jurídicos: visibilidad, publicidad y clientes, con Martí Manent (ElAbogado.com) Ferrán Sala (LexDir y Vlex) y Sonia Laura Carcelén (autora del libro La publicidad de los despachos de abogados)

13.30 h - Cierre.

Primera sentencia del TS firmada sólo por magistradas: permiso de lactancia acumulado

2018-05-13T08:26:00.000+02:00

Una sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha declarado que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple. La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma.

En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. Pero, en todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción de media hora por reducción de jornada.

Ésta es la primera sentencia dictada por una Sala del Tribunal Supremo formada exclusivamente por magistradas. El tribunal que ha dictado la sentencia ha estado formado por las magistradas Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y M. Luz García Paredes (ponente).
__
Fuente y fotografía: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.

Debate sobre la sentencia de "La Manada"

2018-05-05T01:04:00.000+02:00

El próximo jueves 10 de mayo, a las 12:30 horas, tendrá lugar un foro de debate público, organizado por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, con el objeto de analizar la reciente y polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de marzo de 2018 sobre el conocido como caso de La Manada.

El evento tendrá lugar en la Sala de vistas de la UAM, en la planta sótano del edificio de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Kelsen nº 1).

Intervendrán:

- María Acale Sánchez, catedrática de Derecho penal de la Universidad de Cádiz.

- Manuel Cancio Meliá, catedrático de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid

- Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho procesal de la Universidad Carlos III de Madrid.

La presentación y moderación correrán a cargo de Mercedes Pérez Manzano, catedrática de Derecho Penal de la UAM.

La asistencia es libre hasta completar aforo.

Las asociaciones piden respeto a la independencia judicial

2018-04-30T22:29:00.000+02:00

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han suscrito un comunicado conjunto de fecha 27 de abril en el que defienden la libertad de expresión para expresar discrepancia con las sentencias judiciales pero sin cuestionar el poder judicial ni menoscabar su independencia:

"En el día de ayer tuvo lugar la lectura de la tan esperada Sentencia del llamado caso de 'La Manada'. Sin llegar a finalizar la lectura del fallo se produjeron muestras de desaprobación frente a lo resuelto por tres magistrados independientes y sometidos al único imperio de la Ley. En las últimas horas estamos asistiendo a comentarios y descalificaciones que, excediéndose del ámbito de la libertad de opinión, suponen un ataque desmedido frente a quienes han resuelto en conciencia, valorando unos hechos y aplicando unas normas aprobadas por el Parlamento.

Es comprensible que la opinión pública pueda no entender ni compartir lo resuelto. Podemos aceptar la discrepancia jurídica, pero hemos de apelar a la cordura y a la necesidad de respetar la resolución adoptada y el trabajo de los tres magistrados, así como de aquéllos que, en su día, puedan resolver un eventual recurso contra la misma. Los ataques y las descalificaciones a los que están siendo sometidos no están amparados, bajo ningún concepto, por la libertad de expresión.

La sentencia referida plantea cuestiones jurídicas muy complejas, que no tienen respuesta unánime entre los juristas, y por eso es lamentable que se viertan afirmaciones infundadas, sin un mínimo rigor, que obvian los razonamientos expuestos en más de cien folios de resolución judicial.

Los acontecimientos a los que asistimos desde el día ayer debieran mover a la reflexión en ámbitos muy diversos. Cuestionar el Poder Judicial y los jueces y magistrados que lo integran es cuestionar el propio Estado de Derecho. No cabe duda de que es necesario un esfuerzo adicional para explicar a la sociedad el trabajo de los jueces y el sentido de sus resoluciones, más allá del texto mismo de las sentencias. También es necesario que quienes tienen una posición de responsabilidad frente a la sociedad, especialmente desde un cargo público o desde los medios de comunicación, extremen al máximo la diligencia para ofrecer una información exacta, detallada e imparcial de sucesos tan trascendentales. Por último, una vez más, lamentamos profundamente que, por parte del Consejo General del Poder Judicial (y salvo alguna declaración a título personal), se haya omitido cualquier pronunciamiento ante los ataques recibidos".

El 28 de abril, era la asociación Juezas y Jueces para la Democracia quien manifestaba su parecer sobre esta cuestión:

"La sentencia dictada y publicada a finales de esta semana por la Audiencia Provincial de Pamplona relativa a delitos contra la libertad sexual de una mujer, ha dado lugar a una serie de críticas de diverso tenor, que han incluido no sólo descalificaciones insultantes hacia aquella, sino también descalificaciones de las personas que componen el Tribunal.

Procurando una reflexión sosegada sobre las cuestiones que el caso plantea para nuestra sociedad, desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos trasladar las siguientes consideraciones:

- El Estado de Derecho se sustenta en la primacía de la Ley que emana del pueblo, y su posterior aplicación por los Tribunales independientes y sometidos únicamente el imperio de la Ley. El respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado.

– Lo anterior es perfectamente compatible, en el marco de una sociedad democrática, con la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto

– Sin olvidar nuestro compromiso con la defensa y protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, la sentencia que ha sido objeto de furibunda y exacerbada crítica se ha dictado tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción. Asimismo, se ha dictado tras un previo e intenso debate deliberativo de los miembros del Tribunal, como lo demuestra su voto particular, y cumpliendo sobradamente con el principio constitucional de motivación. El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada.

– Esa interpretación no es la única posible, y, a estos fines, la sentencia está sujeta al sistema de recursos previsto por nuestra legislación. La sentencia no agota el debate: continuará en tribunales superiores, para cuyos componentes pedimos respeto personal y institucional a su independencia.

– La crítica pública y razonada a las resoluciones judiciales es deseable en el marco de una sociedad libre y democrática, pero observamos con estupor declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales.

– Entendemos tanto el dolor de las víctimas de hechos tan execrables como los que se relatan en los hechos probados de la sentencia, como también el reclamo de mayor severidad y contundencia en la lucha contra violencia machista. El debate legislativo sobre reformas del Código Penal debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente.

– En concreto, nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá, único ministro de Justicia reprobado parlamentariamente en la historia de nuestra democracia, que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto.

– Desde Juezas y Jueces para la Democracia tenemos que salir al paso de actuaciones o declaraciones desafortunadas alientan la deslegitimación del poder judicial, cuanto más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes, por lo que desde aquí pedimos la dimisión del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo".

La Asociación de Mujeres Juezas de España, que ha venido destacando por reivindicar la necesidad de incluir la perspectiva de género en las resoluciones judiciales, emitió el siguiente comunicado:

"Estos días la sociedad española ha tenido conocimiento de la Sentencia del llamado caso de 'La Manada? en el que se condena a cinco personas como autoras de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal a la pena de 9 años de prisión frente a una acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares que solicitaban una condena sustancialmente mayor por un delito de agresión sexual continuada del artículo 179 del Código Penal.

La sentencia mayoritaria parte de una valoración de la prueba que otorga verosimilitud y credibilidad a la víctima, asumiendo como probado su relato en base al cual se produce la condena. Se trata de una sentencia rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados y en la que el sentir mayoritario de la Sala se muestra respetuosa y empática con la víctima.

Sin embargo, se realiza una calificación jurídica de los hechos probados que, en un contexto determinado en el que cinco hombres adultos introducen a una mujer de 18 años en un rellano y le practican todo tipo de vejaciones sexuales sin su consentimiento, excluye la existencia de intimidación y con ella del delito de violación tal y como éste es entendido en nuestro Código Penal.

Es esta última interpretación la que ha ocasionado desconcierto y un importante rechazo social por cuanto abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica. La causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos prejuicios y estereotipos ligados al género que, de la misma manera que afectan al resto de la sociedad, atraviesan también la forma en la que se interpretan y aplican las normas jurídicas.

En el ámbito de los poderes públicos, y en especial de la Justicia, se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores.

Es necesaria una revisión de la forma en la que se aborda la investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la libertad sexual, de tal forma que lo que el sentir social considera de forma indudable como una agresión lo sea también en el ámbito jurídico, partiendo siempre del pleno respeto a los derechos de toda la ciudadanía.

La confianza de la sociedad en la Justicia debe construirse desde el respeto mutuo, tanto a las resoluciones y procedimientos judiciales, que prevén además un sistema de recursos en el que una interpretación errónea puede corregirse, como a la legítima crítica y contestación de aquellas decisiones que no sean compartidas. Esa es la base del Estado de Derecho Democrático que nos compete construir y proteger entre todos y todas".

La Audiencia de las Palmas considera nula la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

2018-04-28T22:03:00.000+02:00

La Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, sala especializada en condiciones generales de la contratación en la provincia, ha declarado en sentencia de 20 de abril la nulidad de la cláusula de comisión de apertura en créditos hipotecarios, al entender que no se percibe como correspondientes a servicio o gasto real y efectivo alguno, y además tampoco es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario.

El Tribunal que preside el magistrado Juan José Cobo y que completan los magistrados Elena Corral Losada y Jesús Ángel Suárez Ramos establece que la citada comisión no son sino costes inherentes a la explotación del negocio (bancario) que se sufragan con sus propios recursos.

La sentencia que establece la doctrina de la Sala -no hay de momento jurisprudencia del Supremo- estima el recurso de una particular de Las Palmas y condena a la entidad con la que suscribió el crédito hipotecario, Bankia, a devolverle los 1.189,26 euros que había abonado por este concepto.

El fallo reitera la doctrina que ya había plasmado la Sala en anteriores sentencias respecto a gastos: el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la gestoría y de la tasación del inmueble, el banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Fuente: Comunicación Consejo General del Poder Judicial.

Jueces y fiscales paran "para que la Justicia sea una prioridad"

2018-04-27T00:54:00.000+02:00

Las asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente)- y de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- han hecho público un comunicado conjunto valorando el paro parcial que ha tenido lugar el 26 de abril:

"El pasado día 5 de abril de 2018 comenzaron las movilizaciones conjuntas de jueces, juezas y fiscales en defensa de las reivindicaciones sobre mejora de la Justicia. Nuestro común objetivo es conseguir que la Justicia sea una prioridad, construida sobre un consenso lo suficientemente amplio que permita afrontar los cambios y las inversiones necesarios para lograr que, por una parte, esté en condiciones de prestar el servicio ágil, eficaz y de calidad al que los ciudadanos tienen derecho, y, por otra, establezca las bases para garantizar y reforzar la credibilidad del Poder Judicial, lo que pasa tanto por la reforma del órgano de gobierno como por la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las carrera judicial y fiscal.

Conforme al calendario aprobado y tal y como estaba previsto, ayer, entre las 12 y las 13 horas (11 a 12 horas en la Comunidad Canaria) y en todo el territorio del Estado, se procedió a un paro parcial, con concentraciones de jueces, juezas y fiscales con el fin de exponer y comunicar públicamente nuestras demandas, todo ello procurando causar los menores perjuicios posibles a la ciudadanía y respetando los servicios mínimos previamente señalados por los convocantes.

El seguimiento de esta medida ha sido muy importante. Han comunicado su adhesión 955 fiscales y 1.965 jueces, es decir, asciende a 2.920 el número de profesionales que la han secundado de forma directa o que se han adherido expresamente a través de la cuenta de correo creada al efecto. Lamentablemente, transcurridos diez meses desde la propuesta conjunta, seguimos sin ver avances concretos y verificables en la consecución de las propuestas de mejora de la Justicia que planteamos.

Todo ello no nos hace sino insistir en nuestros planteamientos y anunciar que jueces, juezas y fiscales continuaremos con nuestro calendario de movilizaciones: las próximas, el paro parcial del día 03/05/2018 y la concentración en Madrid el 04/05/2018".

Sentencia de "La Manada": 9 años de prisión por abuso sexual

2018-04-26T22:08:00.000+02:00

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha hecho pública hoy la esperada sentencia del caso de los integrantes del grupo autodenominado La Manada.

El tribunal condena a nueve años de prisión a cada uno de los cinco acusados de la violación grupal en los Sanfermines de 2016, al apreciar un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.

Uno de los tres magistrados ha emitido un voto particular discrepante en el que aboga por la absolución.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida por las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Éste es el texto íntegro de la sentencia conocida hoy.

El decano del ICAM rechaza la movilización de abogados pero acude a la foto

2018-04-20T09:29:00.000+02:00

Una vez más la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid cambia de opinión al hilo de las reacciones: finalmente acudió a hacerse la foto a la movilización de abogados del 19 de abril, tras rechazar públicamente apoyarla.

Parece que, más que por principios, se movieran por un cálculo variable de costes de popularidad, como ya hicieron el pasado 8 de marzo con la huelga feminista, que inicialmente rechazaron de forma tajante para a última hora improvisar algún gesto de cercanía a la enorme movilización ciudadana.

El pasado 13 de abril El Confidencial Digital adelantaba el rechazo expreso de la Junta de Gobierno del ICAM a unirse a esta movilización de la profesión convocada por Red de Abogados de Madrid, alegando unos peculiares motivos institucionales: no romper su "neutralidad" apoyando la iniciativa de una concreta asociación (algo que el Colegio ha hecho en decenas de ocasiones, como tasas, turno de oficio, etc.).

Conforme avanzaban los días y la movilización iba ganando apoyos, el decano y su equipo -formado por ISDE, grandes despachos y ALTODO-, dieron un paso: anunciaron que estaban llevando a cabo sus propias medidas, dando a entender que compartían los fines pero no apoyaban esta concreta movilización.

Finalmente, tras un nuevo cálculo oportunista, a última hora decidieron acudir un rato a posar para la fotografía con los convocantes.

Inadmitida la querella contra la magistrada Lamela

2018-04-14T21:29:00.000+02:00

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella por prevaricación presentada por un abogado contra la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por haber dictado un auto, de 31 de octubre de 2017, en que se declaró competente para instruir la causa por rebelión contra exconsellers de la Generalitat de Catalunuya, y un segundo auto, de 2 de noviembre de 2017, en el que acordó la prisión sin fianza de ocho exconsellers.

El Supremo destaca que los hechos objeto de la querella no son constitutivos de ilícito penal alguno, y subraya que la calificación como prevaricadora de la actuación de la juez Lamela que hace el querellante es gratuita.

La Sala, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, se refiere a supuestos argumentos de autoridad que el querellante esgrime, en concreto un manifiesto de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, y la opinión de un grupo de profesores universitarios. Sobre el primero, el auto señala que “no es posible reconocer sin más la supuesta autoridad jurídica de quienes emiten tal comunicado como representantes de aquella asociación”, y además “no consta que, al emitir esa opinión, tan respetable como refutable, sus autores mantengan respecto del objeto procesal, no ya la autoridad jurídica, sino la indiscutible proximidad que tiene la ahora querellada como juez” receptora en este caso de la querella del fiscal general del Estado, y por esa razón con acceso a la totalidad de la información para tomar la decisión sobre su admisión. En cuanto a la opinión de profesores universitarios, el auto resalta la flexibilidad interpretativa y el pluralismo en el pensamiento de los estudiosos que afortunadamente caracteriza al ámbito universitario. Y, con carácter general, el auto destaca que “las decisiones jurisdiccionales, sin perder un ápice de criticabilidad, no deben ser nunca tributarias de un despliegue plebiscitario”, que considera, por otra parte, en el origen de funestas experiencias históricas, entre las que cita acontecimientos en Galway (Irlanda) y Virginia.

La Sala destaca que, en lo que se refiere a la justificación de la calificación de los hechos relatados en la querella como delito de rebelión, “no nos corresponde en absoluto entrar en este trámite a controlar el acierto o desacierto de esa calificación”. Solamente valoran si, dados los hechos relatados en la querella de la Fiscalía, tal calificación era inequívocamente arbitraria, lo cual rechazan.

Igual que tampoco consideran prevaricadora la resolución por aceptar la competencia por dicho delito cuando, según el querellante, no estaría entre los que son competencia de la Audiencia Nacional. Tanto más cuando la propia Fiscalía coincidía con el criterio de que la competencia sí era de la Audiencia, y además ninguna de las partes acudió al mecanismo de reclamar su incompetencia que fija el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto al auto de prisión para ocho exconsellers, el Supremo rebate entre otros argumentos el sostenido por el querellante de que se trató de una decisión pre-adoptada: “La afirmación de la querella acerca de que la Ilustrísima magistrada querellante tenía pre-decidido el sentido de la resolución solamente es admisible por la alta dosis de laxitud que ha de tenerse respecto de quien es parte en un proceso, aunque aquella afirmación solamente se explique desde la intolerancia de quien toma partido más allá de las previsiones del Derecho”.

__
Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.

El 19 de abril, concentración en defensa de la Justicia y la Abogacía

2018-04-12T21:44:00.000+02:00

La Red de Abogados de Madrid y la Red de Abogados de Sevilla han convocado "a todos los abogados y a cuantos profesionales y ciudadanos nos quieran acompañar, a una concentración reivindicativa para el próximo día 19 de abril de 2018, a las 12.00 horas" que tendrá lugar en las puertas de los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla y en las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla en la Plaza de los Letrados.

Con este llamamiento, este colectivo "quiere hacer patente el olvido y maltrato por parte del Gobierno estatal y autonómico madrileño, de todo lo relacionado con la Administración de Justicia, lo que se traduce en una Justicia lenta, sobrecargada, ineficaz, mal dotada de medios, en definitiva, de pésima calidad, incapaz de dar respuesta a las necesidades de ciudadanos y empresas en tiempos razonables, lo que a su vez repercute en todos los profesionales que intervienen en la misma, y de forma muy especial, en el colectivo de abogados y abogadas. Esta situación debe cambiar y no puede tolerarse por más tiempo. La Justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión, en paz social, seguridad jurídica y progreso económico. Además, es una actividad económica de vital trascendencia que genera enormes rendimientos para el Estado y da empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas. Este maltrato por el poder político solo es entendible desde una perspectiva: la Justicia es el Poder de control del Poder político y una garantía de la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas; y los abogados los actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad".

REIVINDICACIONES FUNDAMENTALES

Las principales reivindicaciones que motivan la convocatoria son las siguientes:

"#JusticiaConMedios. Exigimos un aumento relevante y progresivo de la inversión en justicia por parte del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea (actualmente estamos en la mitad).

#JusticiaIndependiente: Es imprescindible, que la elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice por los jueces, debiendo el Gobierno de dejar de inmiscuirse en las designaciones de las cúpulas y cargos judiciales.

#TurnoDigno: Debe asumirse una mejora de las retribuciones del turno de oficio, para que sean dignas y acordes a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implica, estableciendo su liquidación mensual puntual y garantizando el actual marco y sistema de justicia gratuita. Como mínimo, debe producirse un incremento del 45% de las indemnizaciones que actualmente perciben los abogados, vía subidas del 15% en los próximos 3 años.

#ConciliaciónProfesional: Deben realizarse modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar. En este sentido, validamos el Proyecto de Ley preparado por Red de Abogados de España al respecto, y solicitamos que sea tramitado y aprobado con la máxima celeridad para garantizar los derechos de los abogados y abogadas. Entre otros, la suspensión de procedimientos y variación de vistas para supuestos de maternidad, enfermedad o fallecimiento, ya sea de las abogadas y abogados, como de sus familiares.

#JusticiaAccesible: No renunciamos a la infamia de las Tasas Judiciales, por lo que exigimos su total eliminación, al menos, para las PYMES y ONGs. El derecho fundamental a la Justicia no puede ser una de las actividades que soporta una de las tasas impositivas más elevadas.

#JusticiaEficaz: Debe replantearse la apresurada Justicia Digital que nos va a lastrar durante décadas, con la creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ. Debe regularse el derecho de desconexion de los abogados.

#JusticiaCercana: Reivindicamos la eliminación, por el grave perjuicio que supone para los consumidores, de los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas, debiendo implementarse soluciones extrajudiciales realmente efectivas y dotarse de medios personales y técnicos excepcionales a la Justicia ordinaria que permitan dar salida a los procedimientos, garantizándose tiempos de resolución breves a los consumidores afectados".

Las Redes de Abogados de Madrid y de Sevilla solicitarán una mesa de negociación para que las administraciones competentes "asuman compromisos firmes sobre estas reivindicaciones".

Josep Lluis Trapero, procesado por sedición

2018-04-07T21:20:00.000+02:00

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado en un auto dictado este jueves el procesamiento del ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero por un delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre.

La magistrada también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La instructora procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, Lamela detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación, que le permite concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización, unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA, CON PUIGDEMONT EN LA CÚSPIDE

En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la magistrada describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la utilización ilegal de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal.

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

Respecto a la jornada del 1 de octubre, la juez argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Josep Lluís Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Después de analizar las conductas investigadas, la juez concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La juez recuerda los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña” (Carles Puigdemont), con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

DELITOS DE SEDICIÓN

La magistrada considera que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra los días 20 y 21 de septiembre, así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición, como autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio y, “con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

“Lejos de actuar –añade Lamela- se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.

En el caso de la jornada del 1-O, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que estos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

La magistrada recuerda la jurisprudencia sobre este delito que requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, pues es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas. Se trata de un delito de mera actividad, que se consuma por la simple acción de alzarse, aunque no se consigan los fines propuestos.

En los hechos investigados concurre, según Lamela, un dolo específico, que es el de la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.

INDICIOS RECABADOS A LO LARGO DE LA INSTRUCCIÓN

La juez detalla en su resolución los indicios de responsabilidad criminal a los que llega tras la práctica de diligencias a lo largo de la instrucción. En el caso de los hechos relativos a los días 20 y 21 de septiembre, señala las diligencias extendidas por la letrada de la Administración de Justicia tras los sucesos, así como el tráfico de llamadas en esos dos días. En total, según el auto, fueron 17 llamadas entre Trapero y el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y 29 de Trapero con el que era conceller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

Por lo que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Jové, entre la que destaca el documento ENFOCATS que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.

La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes Regiones Policiales en las que se constata que la víspera del día 1 de octubre ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum de autodeterminación con el Gobierno catalán al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria.

Igualmente, se registran comunicados generales de las Salas regionales de Mando, a todos los indicativos de servicio, recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de la Guardia Civil o de Policía nacional que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban.

“También ha podido comprobarse la existencia de cierta connivencia entre algunos responsables de puntos de votación con los agentes de los Mossos d’Esquadra que cubrían esos puntos, como por ejemplo, la que tuvo lugar en la provincia de Girona, donde indicativos policiales llegaron a comunicar que los responsables de los punto de votación habían hablado con los agentes y les explicaban que la ‘estrategia que van a seguir si en ese centro se presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado’, manifestándoles que les harían un pasillo para dejarles entrar y poder llegar hasta las urnas y que estas las habían atornillado a la mesa”, según dicho informe policial recogido en el auto.

OJEADORES CIVILES

Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado “ojeadores” (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las Fuerzas de Seguridad.

Igualmente se recogen comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.

El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la Dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”.

Igualmente consta cómo la entrada efectiva de servicio se realizó fuera de la hora prevista, a las 6 de la mañana, que en algún caso llegó a producirse pasada las 9 horas.

CÓDIGO ALTERNATIVO "CLAVE 21"

También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”.

Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de un código propio -“Clave 21”-, que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

De igual manera se constatan, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos". Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.

Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los videos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, “la actitud de pasividad” de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, “llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil”.

La juez también recoge la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos –el mando designado para coordinar a todos los cuerpos policiales- en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que las pautas partían de que si se daban determinada condiciones –si había mucha gente, si había menores o personas mayores, o si eran pacíficos- no se haría uso de la fuerza, por lo que se estaba se estaba configurando el escenario de que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, por lo que “tenían la excusa perfecta para no actuar”.

En su auto, la juez también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes del instituto armado a los colegios electorales de “total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración”.

También se refiere a las indicaciones que se dieron en los briefings prohibiéndoles un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.

Igualmente tiene en cuenta la magistrada el análisis de la documentación intervenida el 26 de octubre en el interior de tres vehículos camuflados de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección del Cuerpo “se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por tanto de las medidas que eran necesarias adoptar, a todas luces diferentes de las que finalmente fueron adoptadas”.

Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.

Fotografía: Generalitat de Catalunya.

Indemnizadas por aparecer sin consentimiento en el cartel de un festival de cine

2018-04-03T12:00:00.000+02:00

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado sentencia condenando a la promotora de un festival de cine de verano a indemnizar con 6.000 euros a dos mujeres por la difusión de su imagen en el cartel anunciador del evento.

De esta forma, el tribunal de apelación revoca la previa sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, que desestimó la demanda de las dos mujeres ya que se dirigieron contra la promotora del certamen –cesionaria de la imagen- y no contra la autora de la fotografía, que la vendió para esa finalidad sin haber recabado previamente el consentimiento. Sin embargo, la Audiencia de Cantabria considera que el daño se ha producido y que el consentimiento o autorización debe ser recabado por quien pretenda la difusión de la fotografía, que, a juicio del tribunal, en este caso fue la promotora del certamen.

Según se desprende de las actuaciones, la fotógrafa captó la imagen de las demandantes en bañador cuando hacían uso de las duchas públicas de la playa santanderina. Entonces, las mujeres fueron conscientes de que se las estaba fotografiando pero no prestaron ningún consentimiento expreso al uso que se diera a esa imagen.

La misma ya había sido objeto de una exposición años antes de que su autora decidiera venderla por un precio de 100 euros y con la finalidad de que fuera utilizada como cartel anunciador del festival. El certamen fue difundido mediante los citados carteles en distintos establecimientos comerciales de la capital cántabra y además fue portada del suplemento cultural que se distribuye los viernes junto con un periódico de la región.

Al conocer el uso que se había dado a la imagen, dos de las mujeres que aparecen en ella –las que están perfectamente identificadas, ya que una tercera figura de espaldas- demandaron tanto a la fotógrafa como a la promotora del festival.

En el acto de conciliación previo al juicio, las demandadas mostraron sus disculpas a las afectadas, al tiempo que la fotógrafa se comprometió a entregarles los cien euros que había recibido por la imagen. Las mujeres aceptaron las disculpas, pero no llegaron a un acuerdo acerca de la indemnización que, a su juicio, debía abonarles la directora del certamen por el daño moral causado.

QUIÉN DEBE INDEMNIZAR

A juicio del magistrado de instancia, “era la titular del derecho de propiedad intelectual sobre la fotografía quien, estando legitimada por ley para su explotación con ánimo de lucro, la única que podía autorizar y favorecer su difusión. Sólo quien tiene por ley la facultad de difundir y publicitar esa fotografía, o de ceder a otro ese derecho, es el que debe recabar el consentimiento”, continuaba en su razonamiento. Por el contrario, la promotora del certamen es un “tercero cesionario de ese derecho de difusión” que “ni tiene por qué ni en la mayoría de las ocasiones tendrá la posibilidad de hacerlo”.

Pero la Audiencia no comparte las tesis del magistrado y, tras subrayar que la causa se debe a una “injerencia injustificada por no autorizada del derecho a la propia imagen de las actoras, que es el derecho fundamental cuya intromisión se denuncia”, aborda quién debe responder por ello. En este sentido, señala que “el consentimiento debe ser recabado por quien pretenda la difusión de la fotografía en que se incorporan con toda claridad unos rasgos físicos que permiten su precisa identificación, todavía más cuando se utiliza la imagen de las demandantes en traje de baño en un contexto determinado -en la temporada de verano y en un lugar público como es una playa con servicio de duchas-, que en modo alguno se mantiene –lo que permite aventurar su efecto perjudicial- en el momento de su difusión pública”. “Si la autorización nunca fue otorgada a nadie y su prohibición no pudo ser expresada por no conocer el propósito de su difusión a tiempo, se consuma la intromisión ilegítima” y añade que “quien no adecuó su conducta a las exigencias de la ley responde ahora del daño que por su negligencia ha causado”.

Finalmente, la Audiencia señala que puesto que las afectadas “sufrieron realmente la afectación en su imagen”, aunque el festival no tuviera ánimo de lucro y fuera de libre acceso y, por tanto, “no haya podido probarse un beneficio económico con la difusión no autorizada”, estima “razonable y proporcionada” una indemnización por daño moral de 3.000 euros para cada una de ellas.

Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial

Tras su detención en Alemania, Puigdemont se persona en la causa judicial

2018-04-02T21:33:00.000+02:00

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó el martes 27 de marzo una providencia en la que acordó tener por personado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en la causa que sigue el alto tribunal por el proceso secesionista de Cataluña, por lo que dará traslado de lo actuado hasta ahora a su procurador.

Llarena también ha aceptado la personación de los exconsellers Clara Ponsatí y Lluis Puig. Los tres solicitaron al juez personarse el pasado 20 de marzo, pero el juez lo denegó el viernes 23 en atención a no haber sido hallados y no encontrarse a disposición de este tribunal. Ahora, el magistrado considera que sí procede aceptar la personación al haber sido detenido Puigdemont en Alemania el pasado día 25 como consecuencia de la orden de detención emitida contra él, y al estar tramitándose las relativas a los otros dos investigados.

Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial

Una sentencia contra la "brecha salarial"

2018-03-24T02:19:00.000+01:00

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social de Málaga, que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo.

La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación, al percibir unas retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones. El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y a abonar la indemnización de 35.000 euros por los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento. La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”. Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes). Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

__
Fuente: Comunicación Consejo General del Poder Judicial

A prisión los procesados por rebelión y malversación

2018-03-23T00:58:00.000+01:00

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional incondicional de los exconsellers del Govern de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa así como de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell.

El juez ha tomado esta decisión una vez celebradas las comparecencias del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de haberles procesado por un delito de rebelión y, en el caso de los cuatro exconsellers, también de malversación.

En los autos de prisión, el juez aprecia un grave riesgo de fuga en los encausados, derivado de la grave punción a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.

El Defensor del Pueblo atendió casi un 50 % más de quejas

2018-03-22T00:27:00.000+01:00

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán entregó el pasado 19 de marzo el Informe Anual 2017 de la institución a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero.

En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, entre quejas (24.976, un 48,17 % más que el año anterior), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Además, dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales. Según ha explicado Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.

SANIDAD

En el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras.

El año pasado la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.

El copago sanitario centró también el trabajo del Defensor del Pueblo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.

En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.

VIOLENCIA MACHISTA

La violencia machista preocupa a la institución que en 2017 centró sus esfuerzos en reclamar un doble enfoque, de género e infancia, a la hora de luchar contra esta lacra.

El Defensor espera que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “tan necesario y tan demandado”, no quede en una mera declaración de intenciones. En su opinión, las medidas en él recogidas deben implementarse con carácter urgente.

VIVIENDA

Impagos o demoras en subvenciones reconocidas para ayudas a la vivienda y problemas en la adjudicación de vivienda pública protegida acapararon las quejas recibidas en 2017 en esta materia. El año pasado se actuó por la escasez de viviendas públicas protegidas y por los procesos de adjudicación empleados.

En opinión de la Institución, la falta de coordinación entre administraciones y el hecho de que no compartan una base de datos única, especialmente en el caso de Madrid, imposibilita conocer la demanda real para, en función de ello, ajustar las políticas de vivienda.

Al Defensor también le preocupan especialmente los casos de desalojos de familias con menores de edad a los que la Administración no proporciona una alternativa habitacional para evitar su posible exclusión social.

A su juicio, las ayudas proporcionadas no son suficientes para proteger el derecho a una vivienda adecuada y así se lo ha transmitido a las administraciones mediante sus recomendaciones.

Otro asunto destacado fueron problemas de convivencia en las viviendas públicas protegidas. Las reclamaciones y los problemas detectados siguieron aumentando y se mantuvieron reuniones con asociaciones de vecinos que se encuentran “desesperados” ante las situaciones que están padeciendo.

IMPUESTOS

Las quejas relativas a los tributos (impuestos, tasas, contribuciones especiales), tuvieron que ver con la falta de medios que, en ocasiones, puede conducir a errores, desequilibrios y a desigualdad de trato.

Muchos contribuyentes se quejaron de las demoras en la tramitación administrativa y de la complejidad del sistema tributario.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) sigue siendo el tributo que más quejas genera.

También son criticadas por los ciudadanos las diferencias de tributación entre las comunidades autónomas.

MIGRACIONES Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL

En 2017, en el ámbito de la gestión de la inmigración y de la protección internacional, se han detectado numerosas carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de ciudadanos extranjeros. En opinión del Defensor, gran parte de las deficiencias detectadas están provocadas por la ausencia de una política común. Un año más, la Institución reclama coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia y la exigencia de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad.

Se han recibido numerosas quejas por deficiencias en el acceso al procedimiento de asilo, en la gestión y tramitación de las solicitudes, así como en el sistema de acogida a solicitantes de asilo y refugiados. Para el Defensor, la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores es “insostenible”.

Para la Institución también es “incomprensible” la demora en la publicación del Reglamento de Asilo que afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar.

Más de 29.000 personas fueron interceptadas en 2017 intentando acceder de manera irregular a España. A juicio de la Institución, ha llegado el momento de analizar la experiencia acumulada, aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada la atención a las personas que seguirán intentando alcanzar Europa a través de las costas españolas.

En 2017 más de medio millar de hombres de origen argelino que llegaron de manera irregular a las costas de Murcia fueron internados en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal. La Institución hizo un seguimiento exhaustivo de este asunto. Las instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones. Además, se supervisó la devolución de un grupo de estas personas por vía marítima a Orán (Argelia). Tras la primera visita en la que se detectaron numerosas carencias, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE. La Institución mantiene abierta una investigación de oficio por el suicidio de un interno en este centro.

RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

El retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad continúa sin resolverse afectando no sólo al solicitante sino también a los miembros de sus familia que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos períodos de residencia legal en España. El Defensor del Pueblo considera que la Administración debe intervenir de manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia. La Institución reconoce el esfuerzo realizado tanto por la Administración como por los organismos en quienes se ha ido delegando la tramitación de cientos de miles de expedientes de nacionalidad. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de hacer una evaluación del coste económico de esta medida y explorar otras formas de actuación que acaben con las demoras que sufren estas personas.

JUSTICIA

La Institución inició una actuación de oficio por el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, reflejado en las quejas que los ciudadanos han remitido al Defensor sobre este asunto. Estas quejas ponían de relieve la insuficiencia del marco jurídico actualmente en vigor para hacer frente a este tipo de prácticas ilegales. El Defensor ha formulado recomendaciones que han sido rechazadas. No obstante, el Ministerio de Justicia no descartó que en una eventual reforma del Código Penal se aproveche la ocasión para mejorar el tratamiento del delito de usurpación y otras medidas especiales que sirvan de ayuda a los perjudicados y víctimas de este delito.

El Defensor del Pueblo también quiere llamar la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que hay que repensar la legislación en esta materia.

En 2017, también hay que destacar la intervención del Defensor del Pueblo para evitar la extradición a Turquía de dos periodistas detenidos en España.

MENORES

Al Defensor del Pueblo le preocupa el elevado número de niños que se encuentra en acogimiento residencial. La Institución cree necesario un “cambio profundo” en las actuaciones administrativas y poner en marcha medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la adopción.

Por otra parte, el sistema legal de protección de menores se apoya en unas potestades muy contundentes de los organismos administrativos que pueden decidir la retirada de la guarda y la tutela de un menor a sus padres. En 2017 se recibieron numerosas quejas de ciudadanos por la indefensión que puede llegar a producirse si en la apreciación del riesgo o el desamparo por los servicios sociales de las administraciones competentes se produce algún error o una interpretación irregular. Por ello, el Defensor del Pueblo apunta a la necesidad de examinar el modelo procesal de oposición a las medidas administrativas de protección de menores para reducir los tiempos judiciales y variar dicho modelo hacia un sistema de examen y ratificación judicial obligatoria de las decisiones administrativas.

PERSONAS MAYORES

Se recibieron quejas por las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios.

También llegaron quejas de residentes y de familiares que denunciaban escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas mayores con un grado de dependencia cada día más elevado. En este contexto, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores. A la Institución le inquieta especialmente la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El elevado precio de la electricidad en España preocupa al Defensor del Pueblo, que ha remarcado que la energía eléctrica es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna. En opinión de la Institución, la regulación del sector eléctrico tiene que comenzar a tener en cuenta las implicaciones del suministro eléctrico para el ejercicio de los derechos fundamentales. Para ello es necesario un esfuerzo para cambiar el planteamiento y mejorar la coordinación entre la Administración General y las administraciones territoriales. La Institución ha recomendado reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro, se proteja a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y se aplique a la electricidad un IVA reducido.

La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

MEDIO AMBIENTE

La Institución actuó de oficio por la contaminación atmosférica de las ciudades españoles y para conocer los planes de prevención y los medios personales y materiales para luchar contra los incendios forestales.

El ruido y los malos olores generados por actividades molestas volvieron a protagonizar muchas de las quejas recibidas en 2017. En muchas ocasiones la respuesta de las administraciones es “lenta e ineficaz”, ya que parte de una visión que suele favorecer a los causantes del ruido frente a quienes lo sufren. Ante este tipo de quejas, el Defensor insta a los ayuntamientos a ejercer de manera efectiva sus competencias, mediante el control del cumplimiento de las licencias otorgadas para el ejercicio de la actividad y la inspección de los locales en período de máxima actividad. Asimismo, les recomienda que realicen mediciones del nivel de ruido (tanto en el local como en las viviendas afectadas) y que impongan las medidas correctoras o cautelares sin dilaciones.

EDUCACIÓN

La Institución siguió trabajando en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad. Así, se formuló una recomendación al Ministerio de Educación para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH pudiera beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Otra actuación destacada es la recomendación para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad.

La Institución también inició un expediente de oficio ante las universidades públicas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.

EMPLEO PÚBLICO

El Defensor está firmemente comprometido en la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Algunas decisiones adoptadas por distintas administraciones públicas respecto de trabajadoras a las que correspondía ocupar un puesto de trabajo temporal pero no han podido incorporarse y desempeñarlo por razón de su reciente maternidad, pueden resultar discriminatorias, a juicio de la Institución. Por este motivo, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Función Pública que dicte instrucciones para garantizar el ejercicio del derecho a disfrutar de baja de maternidad a las aspirantes a una plaza de empleo temporal, en el ámbito de la Administración General del Estado, que, en un proceso selectivo, han obtenido puntuación que les da acceso a ocupar la plaza y manifiestan su deseo de no incorporarse inmediatamente al puesto de trabajo que les corresponde para disfrutar de esta baja. La solución adoptada consiste en que la mujer mantenga su número de orden en la lista y pueda acceder a la siguiente vacante que exista. El Defensor considera insuficiente esta medida.

ACTIVIDAD DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, ha realizado 107 visitas a lugares de privación de libertad el año pasado. El conjunto de estas visitas implica que el MNP ha permanecido en el interior de los lugares de privación de libertad más de 90 jornadas completas de trabajo durante 2017. En breve, se presentará el informe anual del MNP con información detallada de las visitas y las recomendaciones realizadas.

___

Fuente: Comunicado Defensor del Pueblo

Junta General ICAM: el decano pide "un acto de fe" sobre la partida opaca de ayuda profesional

2018-03-21T09:25:00.000+01:00

Fotografía: ICAM

Ayer, martes 20 de marzo, se celebró en el Hotel Novotel de Madrid la Junta Ordinaria y Extraordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, cuyos principales puntos a tratar se centraban en la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y la aprobación de los presupuestos de 2018.

Ciertamente nos encontramos ante una Junta atípica, ya que las cuentas del ejercicio anterior no eran explicadas, ni defendidas de los furibundos ataques que recibieron, por la Junta de Gobierno saliente encabezada por Sonia Gumpert. Ante esta situación, el actual Decano, José María Alonso, señaló que la persona encargada de las explicaciones relativas a estas cuentas sería la directora general de la institución, Noelia Fantova, quien procedió a explicar de forma pormenorizada las cuentas y las correspondientes partidas con eficacia.

Estas explicaciones no parecieron ser bastante ante determinados -y minoritarios- sectores del público asistente -lamentablemente escaso como suele ser habitual en estos encuentros colegiales- y requirieron explicaciones concretas respecto de determinadas partidas, explicaciones que fueron cumplidamente realizadas por la Sra. Fantova.

Pudimos observar las habituales preguntas de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y de Manuel Valero quien, nuevamente, actuó como si no hubiera pertenecido a la Junta de Gobierno saliente y todo le fuera extraño y ajeno, situación que nos ha venido sorprendiendo los últimos cinco años.

Especial extrañeza produjo a los asistentes el sorpresivo -o no tanto- cambio de criterio por parte de los miembros de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), que, si bien aprobaron efusivamente esos presupuestos hace unos meses, ayer criticaron de forma frontal las cuentas. Como ya se habrá percatado el lector, tras estas críticas no subyace otra cosa que los recientes enfrentamientos electorales por el gobierno del mayor colegio profesional de Europa.

Sin duda resultó llamativo la falta de criterio y uniformidad de la actual Junta de Gobierno, ya que si bien en una primera intervención el Decano manifestó que la Junta no tenía un criterio definido, posteriormente defendió votar a favor de la aprobación de las cuentas por “lealtad institucional” para, finalmente, observar que no toda la Junta de Gobierno actuó con tal “lealtad institucional”, ya que hubo notas discordantes, como las de los diputados Juan Gonzalo Ospina y Raúl Ochoa -dos de los cuatro representantes cercanos a ISDE en la actual Junta-, los cuales se abstuvieron.

Pese a estas minoritarias críticas, las cuentas del último ejercicio de la Junta de Sonia Gumpert fueron aprobadas por abrumadora mayoría.

PRESUPUESTOS 2018: PROMESAS OLVIDADAS Y OPACIDAD

El siguiente punto conflictivo fue el de la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2018.

Ya de entrada nos llamaba la atención que algunas de las principales promesas electorales con las que la candidatura integrada por ISDE y grandes despachos alcanzó el gobierno colegial nuevamente se incumplen o cuando menos se posponen. La gratuidad de la formación, la bajada de cuotas o el voto electrónico, entre otras, no encuentran reflejo en los presupuestos y, en el mejor de los casos, tendrán que esperar a futuros ejercicios.

Nuevamente la presentación de los presupuestos fue un tanto atípica, ya que el Decano empezó la defensa de los mismos excusándose en que la Junta de Gobierno entrante apenas había podido “jugar” con un 15% del presupuesto total, que rápidamente identificó en los siguientes puntos:

- Fondo de Ayuda al Desarrollo Profesional por importe de 500.000 euros

- Servicio de headhunter por importe de 50.000 euros

- Gestión de conocimiento por importe de 100.000 euros

- Secciones por importe de 175.000 euros

Nuevamente se inició una sucesión de intervenciones relativas -en principio- a los presupuestos. En este sentido es importante que el Colegio haga una reflexión, y en especial el moderador del debate, ya que el secretario de la Junta, José Ignacio Monedero, permitió determinadas intervenciones no sólo excesivamente largas, sino principalmente, absolutamente ajenas a los presupuestos.

Varias intervenciones se centraron en estos cuatro puntos que el propio Decano había señalado como la “marca de la casa” de los presupuestos, y las respuestas sobre los mismos no pudieron ser más desoladoras.

Y es que no se pueden calificar de otro modo cuando el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid es incapaz de explicar no sólo el destino de la propuesta estrella de los presupuestos, el Fondo de Ayuda al Desarrollo Profesional, sino que es incapaz de identificar los eventuales beneficiarios -los presupuestos señalan de forma expresa que serán los abogados jóvenes, pero en el debate el decano cambió de opinión y señaló a cualquier colegiado como posible destinatario- así como su forma de ejecución, para terminar solicitando nada menos que un “acto de fe” en la buena aplicación de tal partida presupuestaria.

Igualmente ocurrió con lo relativo a las Secciones, sin duda uno de los mayores logros del equipo de Sonia Gumpert, ya que se observaron diversas contradicciones entre presupuestos y realidad. Seguramente por ello el ex presidente de la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional, Javier Alberti, cuestionó por el sorprendente incremento del presupuesto el cual se multiplica por diez en este nuevo ejercicio.

Y es que para los colegiados asistentes resultó extraño el hecho de que fuera necesario dicho incremento presupuestario pues en 2017 las Secciones organizaron 95 encuentros y formaciones con un coste medio anual de cada Sección de, poco más, de 500 euros anuales. El Diputado Eugenio Ribón ofreció algunas respuestas algo confusas, ya que si bien no lo manifestó de forma expresa, si dejó intuir que la política que dicho departamento tenía de no pagar a los ponentes para evitar clientelismos iba a desaparecer, así como que se iban a promover premios y encuentros que incrementarán el coste de dicha partida.

A preguntas de ALA, el Decano aclaró que el servicio de headhunter será interno, de tal forma que se dará desde el personal del Colegio y explicó que la partida de gestión de conocimiento no es otra cosa que suscripciones a bases de datos de jurisprudencia y legislación de uso colegial.

Tras este –interminable- debate, finalmente las cuentas fueron aprobadas pese a las manifestaciones contrarias a las mismas y a sus claroscuros.

De la maratoniana jornada colegial nos quedamos con varias conclusiones. La primera de ellas es que las elecciones del pasado mes de diciembre aún siguen coleando y que se observan, por así decirlo, "cuentas pendientes" entre determinados sectores. La segunda es que pese al esfuerzo del Decano en defender su presupuesto, se observaron serias carencias en lo que a transparencia y claridad se requiere, máxime en partidas de notable importancia, pero tomando la palabra a José María Alonso, muchos colegiados estaremos pendientes de que dichas partidas se apliquen de forma correcta y clara.

Ana Gómez, presidenta de ASNALA: "El Gobierno debe escuchar a los laboralistas en materias procesales y sustantivas"

2018-03-16T00:00:00.000+01:00

Desde noviembre de 2017, la abogada Ana Gómez Hernández es Presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Se convirtió así en la primera mujer al frente de esta organización, que ha cumplido veinte años de fructífera actividad. Licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid, cursó el Máster en Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues. Tras su paso por despachos como Monereo Meyer Marinel-lo y Ontier, es ahora responsable del área laboral de Mariscal Abogados. Estrenamos Diálogos, nuestra sección de entrevistas, con una compañera que se ha iniciado en su responsabilidad con visibles ganas de dinamizar la asociación que lidera.

- ¿Cómo se produjo tu decisión de presentarte a la presidencia de ASNALA?

Fue una decisión muy meditada y sopesada en el tiempo. Llevo vinculada a ASNALA mucho tiempo y de alguna manera mi temprana ilusión se fue acrecentando durante mi período de desempeño en el cargo de vicepresidenta. En todo caso fue decisivo el apoyo a presentarme del anterior Presidente, Martín Godino, quien me animó en todo momento. Como lo fue también el apoyo de mis compañeros de la Junta Directiva de Martín. Mi cariño a la asociación y mis ganas y empuje de hacer cosas nuevas me lanzo a tomar esta decisión.

- El hecho de que no hubiera una candidatura alternativa, ¿crees que es muestra de desinterés o, todo lo contrario, tu impresión es que existía una percepción mayoritaria de que podías representar bien los intereses del colectivo?

Pues yo creo que más lo segundo. En el colectivo hay gente muy valiosa y muy involucrada en la asociación y ninguno quiso presentar su candidatura.

- ¿Cómo valoras la labor de tu antecesor, Martín Godino Reyes, al frente de ASNALA?

Martín Godino es un laboralista de referencia, una gran persona y mi mentor en la asociación. Su labor ha sido muy elogiable, porque ha conseguido que ASNALA se consolide como la asociación de laboralistas referente en España. La ha situado en un lugar privilegiado dentro del espectro de asociaciones de laboralistas que hay en nuestro país, porque hay muchas, pero nosotros somos la más numerosa. Su legado es magnífico y merece todos mis respetos.

- Tu acceso a la Presidencia no supone una ruptura, porque llevabas ya años en la directiva y eras vicepresidenta en el anterior equipo, pero se aprecia que llegas con ganas de hacer cosas nuevas...

Sí, así es. Queremos mantener la esencia de ASNALA pero vamos a trabajar por su transformación. Es elogiable el empuje y la ilusión que tiene la nueva Junta Directiva, los proyectos que tenemos entre manos, el plan de estrategia. Es un cambio para la dinamización y expansión de ASNALA, con el objetivo puesto siempre en los socios y convertirnos en la asociación de laboralistas de referencia.

- Eres la primera mujer presidenta de la asociación y, además, has designado una junta directiva paritaria. ¿Has querido dar un impulso a la igualdad en el ámbito en que te desenvuelves?

Sí, sin duda. Es un aspecto que tenía muy claro en mi proyecto.

- Ha habido también una importante renovación en esa Directiva. ¿Qué has buscado en los nuevos perfiles de tu equipo?

He buscado sobre todo una renovación de personas, con socios que tuvieran la misma ilusión que yo en transformar ASNALA y estoy satisfecha de haberlo conseguido. Son unas personas extraordinarias, muy capacitadas y con empuje e ilusión.

- ¿Qué impresiones sacaste del último Congreso de ASNALA?

Sin duda alguna, ha sido el Congreso más multitudinario de nuestros veinte años de historia. Se celebró en Madrid y eso sin duda contribuyó al éxito de convocatoria, pero también fue decisivo el estupendo programa científico, la parte lúdica que se cuida mucho en ASNALA y que significaba la despedida de Martín Godino. Me alegro que tuviera la mejor de las despedidas, como se merecía. Por otro lado, nos honró la Ministra de empleo, Dña. Fátima Báñez con su presencia en el acto inaugural y eso supuso mucho para Asnala, al conseguir una mayor difusión de nuestro Congreso y presencia de prensa especializada.

- ¿Qué principales objetivos te has marcado para tu mandato al frente de ASNALA? ¿Cuáles han sido tus primeros pasos al frente de la asociación, a qué has dedicado estos primeros meses de tu mandato?

Me he marcado unos objetivos muy concretos a fin de lograr dinamizar la Asociación, transformando cómo se percibe ASNALA y cómo queremos que se nos vea en 2020, al final de mi mandato. Para ello, mi Junta Directiva y yo estamos trabajando concienzudamente en un plan de acción para estos tres años, con una estrategia dirigida a los servicios al socio, la expansión territorial, la formación y promoción del derecho laboral y de la seguridad social, la promoción de las relaciones institucionales y con el resto de asociaciones de laboralistas.

Está en nuestro plan de acción hacer crecer el número de socios de ASNALA, fomentar la incorporación de los jóvenes y de más juristas mujeres. Y todo ello sin perder de vista que lo más importante siempre son nuestros socios, un colectivo de hombres y mujeres, absolutamente excepcional y que han conseguido entre todos, crear una red de amigos que se ayuda y se ve con regularidad.

Nada más empezar en mi Presidencia lancé una encuesta para sondear la opinión de los socios y salieron aspectos muy interesantes, como la necesidad de que hubiese grupos de trabajo y, en base a esto, ya hemos puesto en marcha el primer grupo de trabajo, que tiene por objeto la Seguridad Social. Entre otras cosas, estamos dinamizando la web para que tengan un espacio propio de comunicación los socios y hemos profesionalizado la comunicación para ser más visuales en la sociedad.

- El primer grupo de trabajo impulsado por ASNALA se ha centrado en Seguridad Social. ¿Cómo ha sido la experiencia de su puesta en marcha y qué esperas del mismo?

Ha sido muy ilusionante ponerlo en marcha desde el principio, porque el grupo surgió como he comentado del sondeo de opinión a los asociados. Confié para coordinarlo en un abogado de ASNALA excelente que es Fernando Ruíz y, juntos, conformamos el grupo de compañeros en el que todos han tenido muchísima ilusión y han puesto su tiempo y su trabajo en ello. Se reúnen periódicamente, para ser un observatorio de la materia jurídica de Seguridad Social, y han aportado y aportan contribuciones muy valiosas para mejorar nuestra práctica profesional.

Visto el resultado tan bueno de este primer grupo de trabajo, la idea que tenemos ahora es crear otros.

- La normativa laboral cambia a veces de forma muy continuada. ¿Esto es una exigencia permanente para los laboralistas superior a la de otras especialidades?

No creo que nuestra especialidad sea en este aspecto distinta a las otras ramas de especialidad jurídica. El deber de cualquier profesional que se dedique al Derecho tiene que ser estar permanentemente actualizado y pendiente de las novedades que se producen continuamente, ya sean cambios normativos o jurisprudenciales.

Dicho esto, sí opino que a los laboralistas nos ha tocado vivir un momento de especial trascendencia en cuanto a los cambios normativos que se han producido en los últimos años. Hemos sido testigos de una reforma laboral muy importante en el 2012, también de una intensísima jurisprudencia de los Tribunales Europeos y luego de otras novedades legislativas, que también han provocado un cambio de nuestra manera de trabajar con la Administración de Justicia (como el sistema LexNet y el expediente digital). Es un deber inexcusable de cualquier profesional laboralista estar actualizado.

- ¿En qué cambió el trabajo de los laboralistas españoles durante la crisis? En ese aspecto de la labor profesional, ¿se está volviendo ahora a la situación previa o estamos ante un panorama diferente?

Debido a la crisis, muchas empresas se resintieron y, como consecuencia lógica, ello trajo consigo más despidos, principalmente colectivos, más medidas de flexibilidad interna, como ERTES o descuelgues de convenio, y un incremento de la litigiosidad. Los laboralistas durante todo ese periodo por desgracia prolongado tuvieron que adaptarse al cambio del tipo de los asuntos, a una mayor carga de trabajo y seguramente a litigar más en los juzgados que antes de la crisis. Eso coincidió en el tiempo con un cambio legislativo muy importante, que fue la reforma laboral del 2012 y que nos ha acompañado durante la crisis.

Yo creo que ahora vivimos tiempos de cambio. No hay tantos despidos colectivos, pero la litigiosidad sigue en niveles elevados. Destacaría que ahora la situación profesional es que los laboralistas tienen que lidiar con retos muy importantes, como son la brecha digital y la especialización constante.

- Últimamente parece que muchas novedades que el laboralista tiene que manejar vienen de Europa. ¿Cómo lo valoras?

De un tiempo a esta parte estamos percibiendo que ese fenómeno es cierto. Aunque la jurisprudencia y normativa comunitaria llevan tiempo formando parte de nuestro sistema de fuentes, hemos experimentado últimamente el que, a golpe de sentencias de los Tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo, nuestro orden laboral está siendo reinterpretado, casi a diario y con un impacto muy decisivo. Da un poco de vértigo, porque la última instancia judicial ya trasciende nuestras fronteras. Doctrina que teníamos prácticamente constante, Europa le da la vuelta y castiga a España por incumplir los convenios comunitarios. También ha habido pronunciamientos judiciales de Europa últimamente que han dado lugar en nuestro país a una enorme confusión y por ende al incremento de la litigiosidad, que ha provocado un alto coste social y económico.

- Hay materias donde la doctrina judicial ha ido cambiando, generando muchas dudas, como es el caso del registro de control horario, las indemnizaciones de contratos temporales, etc. ¿Esa inseguridad jurídica no perjudica a empresas y trabajadores? ¿Crees que el ejecutivo o el legislativo podrían solucionarlo regulando esas materias con claridad?

Toda inseguridad jurídica perjudica siempre a ambas partes, tanto a las empresas como a los trabajadores. A los laboralistas nos ayuda, porque nuestra labor es ayudar en la solución del conflicto. De modo ideal, el legislador solventaría ese problema con una regulación detallada y completa. Sin embargo, se me antoja algo poco realista. Todos los operadores jurídicos, incluyendo aparte del legislador, los jueces y patronal y sindicatos, juegan un papel fundamental en la solución al problema de la inseguridad jurídica.

- ¿Crees que ASNALA debe ser escuchada por el gobierno en materias procesales? ¿Y sustantivas?

Sin duda, y es uno de mis objetivos de mandato. Vamos a seguir luchando y tendiendo puentes con el ejecutivo y el legislador para que nos permitan opinar a los laboralistas de ASNALA. Porque los laboralistas de ASNALA somos protagonistas como lo son los jueces, los letrados de la administración de justicia, los sindicatos y los ciudadanos de lo que está pasando en el aspecto procesal y también sustantivo. Estoy convencida de que ellos también están abiertos a escucharnos.

- Creemos que ASNALA es el mayor colectivo de laboralistas de España, pero hay otros. ¿En qué os diferenciáis de Forelab, AEDTSS, AIAL…? ¿Mantenéis alguna relación con ellas?

Somos una asociación efectivamente mayoritaria en número de socios, pero también somos colegas del resto de asociaciones de laboralistas y tenemos acuerdos de colaboración con muchas de ellas como son Forelab, la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de la Comunidad de Madrid y también con la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Somos pioneras, en el sentido de que tendemos puentes y lazos de colaboración con el resto de asociaciones, porque creemos firmemente que podemos convivir todas en el mapa y fomentar bienestar a los laboralistas.

- Parece que ASNALA ha mantenido buena relación con la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid con su anterior presidente, Carlos Javier Galán. ¿Cómo valoráis la actividad de la misma? ¿Pensáis seguir la línea de colaboración futura?

Ha hecho una labor extraordinaria. Elogio de manera destacada las actividades que ha llevado a cabo la Sección de Derecho Laboral del ICAM porque ha sido algo novedoso.

Estoy convencida de que esa labor va a continuar con la nueva Junta de Gobierno del Colegio, con la que ASNALA también mantiene una excelente relación. Estamos regularmente en contacto con ellos y vamos a colaborar en todo lo que nos pidan.

- ¿Se podría mantener esa misma colaboración con las Secciones y Comisiones equivalentes de otro Colegios como Barcelona, Valencia, etc.?

Somos una asociación implantada a nivel nacional, nuestro objetivo trasciende Madrid y aspira a cubrir la pluralidad de los territorios de España. Por tanto, para ASNALA es muy importante la colaboración con los colegios de abogados y con los colegios de graduados sociales de fuera de Madrid. De hecho mantenemos excelentes relaciones con otros Colegios e incluso hay decanos y presidentes de dichos colegios que forman parte de ASNALA.

- La implantación territorial de ASNALA parece todavía muy desigual. ¿Qué se puede hacer para mejorar su presencia en todas las comunidades? ¿Qué le dirías a un abogado laboralista que no es socio de ASNALA para que decidiera dar el paso de unirse?

Es un aspecto mejorable, pero no es un reto imposible. Necesitamos seguir reforzando nuestra presencia territorial y uno de los objetivos estratégicos de mi mandato es conseguir una mayor irradiación allí donde no hemos llegado.

Creemos, sin duda, en las bondades de hacerse socio de ASNALA y pasar a participar de nuestra red de amigos y acciones divulgativas y formativas.

- ¿Dónde y cuándo tenéis previsto el próximo Congreso?

Será en Málaga capital, del 15 al 17 de noviembre. Allí os esperamos a todos.

- ¿Nos puedes adelantar algún contenido del mismo?

Está bajo secreto de sumario. Pero sí puedo desvelar que habrá una interesante parte científica y lúdica, con el inmejorable escenario de Málaga de fondo. Es mi primer Congreso como Presidenta y estamos trabajando de lleno ya. Nadie puede perdérselo.

La Abogacía critica las injustas sanciones de Competencia a nueve Colegios

2018-03-14T14:30:00.000+01:00

El Consejo General de la Abogacía Española ha manifiestado en un comunicado su "absoluta disconformidad con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve Colegios de Abogados de distintas provincias" a los que imputa falsamente "realizar una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

El Consejo General de la Abogacía Española reitera que "no es cierto que los Colegios Profesionales hayan realizado recomendación de precios ni directa ni indirectamente. Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria. El expediente abierto por la CNMC tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores, que tuvieron que acudir a los juzgados como única forma de resarcirse de la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011. La determinación de las costas judiciales no se produce únicamente cuando ha perdido el asunto el Banco, también se determina en los casos en los que la entidad bancaria gana el asunto. Y su importe no lo fijan los Colegios de Abogados sino los juzgados y tribunales, con un informe que los Colegios de Abogados deben emitir con carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es evidente que la Ley de Colegios profesionales habilita a los Colegios de Abogados para aprobar criterios orientadores, con arreglo a los cuales deben emitir informe en los procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas, para que, en cada caso, se determine por el órgano judicial el correspondiente importe de los honorarios de los abogados. El conocimiento de esos criterios orientativos, en cuanto pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial, es una garantía para el consumidor y un derecho que está reconocido en la Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los partidos integrantes del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia formalizado en mayo de 2001, y que señala expresamente que 'el ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y por su procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada'".

Para la Abogacía, "la resolución de la CNMC va en contra, no solo de la Ley y de la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo sino que también supone una modificación de la inicial propuesta de resolución emitida por el órgano de instrucción. El Consejo de la CNMC decidió desoír la Propuesta de Resolución de Archivo emitida por la propia Dirección de Competencia que instruyó el asunto, y dictó un Acuerdo de Recalificación por supuesta infracción muy grave".

La resolución no es firme y varios de los nueve Colegios sancionados han anunciado ya su decisión de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, "en la que contarán con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que espera que las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC".

Manifiesto contra la prisión permanente revisable

2018-03-13T22:00:00.000+01:00

Por Juan Antonio Lascurain Sánchez y 102 firmantes más

Catedráticos/as de Derecho Penal de las Universidades Públicas españolas

En relación con la proposición parlamentaria en curso para la derogación de la pena de prisión permanente revisable y a propósito de la propuesta del Gobierno de aumentar los delitos merecedores de tal pena, los abajo firmantes, Catedráticas y Catedráticos de Derecho Penal, desean manifestar a la opinión pública lo siguiente:

1. La prisión permanente revisable debería ser derogada porque sin aportar eficacia a la evitación de los delitos más graves compromete algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática.

2. No disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes (hasta treinta años de prisión por un delito; hasta cuarenta años por la comisión de varios delitos). Tampoco se ha constatado la necesidad de esta pena para evitar la reiteración delictiva del condenado. Los estudios existentes muestran que este efecto preventivo sobre el delincuente lo despliega suficientemente el tratamiento penitenciario y la posibilidad posterior de adopción de medidas de libertad vigilada.

3. La prisión permanente revisable suscita poderosos reparos desde los principios penales que expresan los valores de justicia propios de una sociedad democrática.

A. Compromete seriamente la prohibición de penas inhumanas del artículo 15 de nuestra Constitución en la medida en que posibilita un encierro de por vida y sitúa en todo caso el horizonte de libertad en un momento siempre muy lejano (al menos 25, 28, 30 ó 35 años, según los supuestos), incierto y que no depende del comportamiento del penado.

B. Compromete seriamente el mandato de reinserción social del artículo 25.2 de nuestra Constitución por sus elevadas exigencias de prolongación del encarcelamiento efectivo (la revisión de la condena se realizará como pronto a los 25, 28, 30 ó 35 años, según los supuestos), retardando en exceso tal inserción y dificultándola como efecto del deterioro personal que produce una situación tan vasta de privación de libertad.

C. Compromete seriamente el principio de legalidad (art. 25.1 CE) y el valor de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Se trata de una pena doblemente indeterminada que hace que el penado no pueda saber en qué momento recobrará su libertad: su encarcelamiento no tiene un límite fijo, sino que está sometido a condición, y esa condición es a su vez de contenido vago: “la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”. Diversas experiencias han demostrado la imprecisión de los pronósticos de peligrosidad, lo que supondrá la inútil permanencia en prisión de condenados que podrían vivir en libertad plenamente reinsertados.

4. En el debate público en torno a la prisión permanente revisable se ha argumentado en favor de su mantenimiento que es una pena existente en muchos ordenamientos democráticos y que no ha sido declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con estos dos supuestos avales deseamos manifestar lo siguiente.

A. La prisión permanente revisable se incorporó al Código Penal español en el año 2015, pasando así nuestro ordenamiento a ser un caso excepcional de incorporación de esta pena de cadena perpetua después de haberla suprimido históricamente (en España, en 1928). El periodo mínimo español de condena (25 años) es harto superior, por ejemplo, al sueco (10 años), al inglés (12 años), al alemán (15 años) o al francés (18 años).

B. La hipotética conformidad de nuestra cadena perpetua al Convenio Europeo de Derechos Humanos no impediría su inconstitucionalidad, como el propio Convenio se encarga de subrayar, pues las Constituciones pueden incorporar estándares de protección de los derechos más exigentes que los del Convenio. En todo caso, merece la pena subrayar que nuestra prisión permanente revisable podría ser contraria al Convenio por dos razones: por los casos de prohibición de revisión por encima de los 25 años (a los 28, 30 ó 35 años) (STEDH Vinter y otros c. Reino Unido, de 9 de julio de 2013) y, en todos los supuestos, por la inexistencia de programas penitenciarios específicos de resocialización (STEDH James, Wells y Lee c. Reino Unido, de 18 de septiembre de 2012).

C. En cualquier caso, y más allá de su disconformidad con la Constitución, la prisión permanente no es una buena ley. No hace de la nuestra una sociedad mejor: no añade eficacia en la evitación de los delitos más graves y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos.

Hallado el cadáver del pequeño Gabriel Cruz

2018-03-11T16:00:00.000+01:00

El Ministerio del Interior informa en un comunicado de que el cuerpo sin vida de Gabriel Cruz, el niño desaparecido el pasado 27 de febrero en la pedanía de Las Hortichuelas, del municipio almeriense de Níjar, ha sido encontrado en el maletero del vehículo conducido por la novia del padre del pequeño.

La actual pareja del padre ha sido detenida por la Guardia Civil.

El Ministro del Interior ha comunicado el hallazgo a los padres.

Además, ha pedido respeto y prudencia en estas "horas trascendentales" de la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

La Red de Abogados de Madrid apoya las reivindicaciones de jueces y fiscales

2018-03-09T11:12:00.000+01:00

La Red de Abogados de Madrid, iniciativa impulsada por Brigada Tuitera, ha expresado en un comunicado su "apoyo a las medidas reivindicativas, incluyendo los paros, convocados por las Asociaciones de Jueces y Fiscales", y está actualmente valorando la posibilidad de sumarse a esas convocatorias.

Esta agrupación de letrados se creó recientemente a través de Facebook y cuenta ya con medio millar de integrantes, que apuestan por adoptar medidas de presión contra la situación que vive la Justicia en España en este momento.

REDmadrid incluye en su comunicado una serie de reivindicaciones con distintos hashtags para lograr una mejor Justicia para los ciudadanos y para los profesionales:

"#JusticiaConMedios, demandando un aumento de la inversión en justicia por parte del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea (actualmente estamos en la mitad).

#JusticiaIndependiente: Elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los jueces y exigencia real de que el Gobierno deje de inmiscuirse en las designaciones de cargos judiciales.

#TurnoDigno: Mejora de las retribuciones del turno de oficio para que sean dignas y acordes a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implican, estableciendo su liquidación mensual puntual y garantizando el actual marco y sistema de justicia gratuita.

#ConciliaciónProfesional: Desarrollo de modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar.

#JusticiaAccesible: Eliminación de las Tasas Judiciales, al menos a las PYMES y ONGs.

#JusticiaEficaz: Creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ.

#JusticiaCercana: Eliminación, por el grave perjuicio que supone para los consumidores, de los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas y dotación de medios personales y técnicos excepcionales y urgentes para dar salida a los procedimientos actualmente atrapados en ellos".

8-M: los motivos de la convocatoria de huelga general feminista

2018-03-07T11:07:00.000+01:00

Mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar la primera Huelga General Feminista convocada con ese planteamiento en nuestro país.

La huelga está siendo impulsada por la Comisión 8-M, que agrupa a numerosas organizaciones de mujeres de toda España y que hizo público un manifiesto en que recuerda que "cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa".

El texto hace un llamamiento a decir "basta" a "agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones". Exige que "el Pacto de Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas". Denuncia también la violencia de género, las agresiones sexuales, la discriminación por las orientaciones sexuales. Tampoco olvida el manifiesto la discriminación laboral: "No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo". "Los trabajos a los que logramos acceder -afirma- están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género (...). Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía; y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral".

La huelga feminista es laboral (con paros parciales o generales), educativa (invitando a estudiantes a ausentarse de las aulas), de cuidados (que piden que sean asumidos por los hombres) y de consumo (absteniéndose de comprar lo que no sea estrictamente imprescindible.

CONVOCATORIA DE CNT Y CGT

En el ámbito laboral, la cobertura legal de la huelga la dan los preavisos presentados por los sindicatos.

CGT registró el 13 de febrero su preaviso de huelga, de jornada completa, motivada por la "exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas", la "supresión de la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones", defensa del "acceso igualitario en la promoción profesional", el "cese de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de la tasa de paro de mujeres", junto a la "erradicación del acoso sexual laboral", la denuncia de la precariedad laboral y la reivindicación de "medidas de conciliación real y efectiva de la vida personal, familiar y laboral".

El 20 de febrero también CNT presentó su preaviso de huelga general de todo el día.

CONVOCATORIA DE UGT Y CCOO

Por su parte, UGT y CCOO registraron el 19 de febrero preaviso para paros parciales de dos horas el 8 de marzo: de 11'30 a 13'30 horas en los turnos de mañana y de 16 a 18 horas en los de tarde.

Este preaviso de los sindicatos mayoritarios contempla como motivos de la huelga "rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y en particular la brecha salarial; rechazar la cronificación del desempleo femenino en nuestro país Rechazar radicalmente la violencia machista y la insuficiencia de medidas (en todos los ámbitos, pero con especial consideración al laboral) para la protección de las víctimas de violencia de género; y rechazar la insuficiencia de las políticas de igualdad de género del Gobierno de España".

CONVOCATORIA DE USO

La Unión Sindical Obrera formalizó también una convocatoria propia de huelga, en este caso, de cuatro horas, de 12 a 16 h.

El objetivo es "exigir al Gobierno una apuesta seria y una regulación específica en materia laboral que aborde la realidad de la mujer en el mercado de trabajo, para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar la brecha salarial y el techo de cristal", "acabar con la precariedad en la contratación femenina y la alta tasa de desempleo entre las mujeres", "establecer un nuevo modelo de negociación colectiva con perspectiva de género y un control más exhaustivo de los planes de igualdad en las empresas", "conseguir un mayor acompañamiento presupuestario y una aplicación más efectiva de la Ley de Igualdad" y "exigir una adaptación más racional de los horarios laborales con los escolares".

El Supremo confirma las penas por el Madrid Arena y condena también al médico

2018-03-03T14:36:00.000+01:00

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Miguel Ángel Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en la que fallecieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Además, el tribunal le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.

El tribunal también ha confirmado tres años de prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.

CONDENA AL MÉDICO SIMÓN VIÑALS

La Sala anula la absolución del médico Simón Viñals, que era el encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos, y le condena a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima Cristina Arce, e incluye la inhabilitación especial para la profesión de médico por un periodo de cuatro años. Tendrá que indemnizar a los familiares de Cristina Arce de la Fuente en un total de 340.000 euros.

La sentencia explica que al actuar negligentemente incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio. El tribunal no comparte el argumento de la sentencia recurrida que basó la absolución del facultativo en que “no resultaba acreditado que la asistencia sanitaria que el doctor Viñals hubiera debido prestar, y no prestó, hubiera evitado, con probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de las jóvenes”.

La Sala precisa que Cristina Arce ingresó en el servicio médico y que éste "no llevó a cabo las maniobras más elementales de reanimación", afirmando que se “omitió toda diligencia debida”. Añade que es un elemento innegable que incrementó el riesgo para la vida de la joven como consecuencia de tal comportamiento, ya que “llegó viva a su servicio médico, y nada hizo el acusado por reanimarla”.

Para los magistrados, “lo que no es de recibo es justificar la postura del médico acusado, que desatiende escandalosamente su actuación profesional, nada menos que en un caso de urgencia vital, no poniendo los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente”. En conclusión, la responsabilidad del médico surge porque “ha incrementado el riesgo permitido, y lo ha hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento ha contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, sí confirma la absolución del doctor Carlos Viñals, hijo del primero, que también formaba parte del equipo médico junto a otras cinco personas más.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS

La Sala confirma que los condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, junto al subdirector de Seguridad de Madridec Rafael Pastor Martín -que fue absuelto porque las infracciones que cometió eran constitutivas de faltas y están despenalizadas-, tendrán que pagar de forma conjunta y solidariamente indemnizaciones de más de dos millones de euros a las familias de las cinco víctimas -entre 300.000 y 480.000 euros- y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La sentencia corrobora la responsabilidad civil subsidiaria de Diviertt, Seguriber, Kontrol 34, Ayuntamiento de Madrid, y Madrid Destino, Cultura y Ocio, que sustituyó a Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), así como la responsabilidad directa de las aseguradoras Mapfre, Hisco, Zurich y AIG Europe.

HECHOS PROBADOS

Los hechos probados de la sentencia recurrida, ahora confirmada por el Tribunal Supremo, recogen que, pese a que el aforo máximo permitido era de 10.620 personas, Diviertt vendió 16.605 entradas para el espectáculo Thriller Music PARK 2012-Alejo Fidel (Halloween) que se celebró la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en el Pabellón municipal Madrid Arena, “controlando dicha venta y, siendo consciente de la misma, Miguel Ángel Flores”. El exceso de entradas vendidas sobre el aforo autorizado, según los hechos probados, “produjo un riesgo evidente para la seguridad de todos los asistentes y fue el origen del grave resultado mortal y lesivo producido con posterioridad durante el desarrollo del espectáculo”.

Sobre las 23,25 horas se abrieron las puertas del pabellón al público, aunque la mayor afluencia se produjo entre las 2 y las 3 de la mañana cuando un grupo numeroso de personas, que había estado haciendo “botellón” en las inmediaciones del recinto y en el aparcamiento, quiso entrar para ver la actuación del disc jockey Alejo Fidel.

A las 3'35 horas, cuando la pista estaba masificada por la venta de más entradas de las permitidas, porque estaban cerrados cinco de los ocho vomitorios por los que el público podía salir, y porque en dicha pista, que ya estaba colapsada, habían entrado miles de personas en menos de media hora, muchos de los jóvenes que se encontraban en ella, y que sintieron una sensación de agobio y de falta de control sobre sus propios movimientos, intentaron salir por uno de los tres vomitorios que estaban abiertos en ese momento. En ese vomitorio, de dimensiones muy reducidas cuya salida estaba taponada por las personas que querían ir a la pista, confluían quienes querían salir con los que pretendían entrar. Debido a ello, el gran número de jóvenes que estaba en el interior del vomitorio cayeron unos encima de otros, produciéndose en pocos segundos una montaña de personas en la que los de abajo llegaron a tener hasta siete u ocho personas encima, como recogen los hechos probados.

El rescate de las personas que quedaron atrapadas en el vomitorio se realizó de forma “descoordinada, lenta y poco eficaz”, con la ayuda de los asistentes a la fiesta, y veinte minutos después del incidente, a las 3,55 horas, se logró evacuar a todas. 29 jóvenes resultaron lesionados de diversa entidad y de extrema gravedad las cinco jóvenes que fallecieron como consecuencia del aplastamiento que habían sufrido.

De los 15 acusados, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 7 y absolvió a 8, entre ellos al médico Simón Viñals y a su hijo Carlos, a Emilio Monteagudo, exjefe de la Policía Municipal de la capital; a José Ruiz Ayuso, técnico de Madridec; a José Antonio Díaz Romero, jefe de seguridad de Seguriber; a Roberto Mateos, vigilante de Seguriber; a Emilio Belliard, de Kontrol 34; y a Rafael Pastor, responsable de seguridad.

PENA MÁXIMA CUANDO HAY CONCURSO DE DELITO

La Audiencia Provincial de Madrid estableció que los delitos de homicidio y de lesiones imprudentes por los que fueron condenados los principales responsables fueron cometidos en concurso, con lo que es de aplicación la regla del artículo 77 del Código Penal. Este artículo dispone que cuando un mismo hecho constituye dos o más delitos, como ocurre en este caso, la pena a imponer es la prevista para el delito más grave -homicidio por imprudencia grave- en su mitad superior, por lo que las penas se sitúan entre los dos años y los seis meses y los cuatro años de prisión por todos los delitos que forman el concurso.

En el caso de Miguel Ángel Flores, se consideró ajustado imponer la pena máxima posible, que era la de cuatro años de prisión, por ser “el principal responsable de los hechos, quien creó la situación de riesgo producida por el sobreaforo para conseguir un mayor beneficio económico con la celebración del evento, quien por su dilatada experiencia en la celebración de este tipo de actos conocía el peligro que ello suponía, y las peculiaridades del pabellón Madrid Arena y quien, pese a ello, no sólo no adoptó ningún tipo de medida para intentar evitar el resultado sino que realizó una serie de actuaciones, ya descritas, que incrementaron la posibilidad de que el mismo se produjera, siendo el promotor u organizador, y por lo tanto quien percibía los beneficios económicos del espectáculo en el que de manera impensable perdieron la vida 5 jóvenes y resultaron lesionados otros 29, debiendo tenerse en consecuencia, el número de delitos cometidos por su imprudencia que constituyen su acción, cinco de los cuales afectan al bien jurídico más relevante como es la vida de las personas”.

Fuente: Comunicación Consejo General del Poder Judicial

El Tribunal Supremo falla a favor de la banca en la repercusión del Impuesto de Actos Jurídicos

2018-02-28T14:18:00.000+01:00

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha fallado sobre dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación. En concreto, se discutía lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que:

- Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio Supremo

- Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes y el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.