El Jurista

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2011).

2011-05-02T08:04:00.000-03:00

DECRETO 132/2011 ENAJENACION VEHICULOS POR CONCESIONARIO. MODIFICIACIONES: Publicado en el Diario Oficial el 25 de abril (Nº 28.208): Por el cual se agrega al art. 35 bis del Dto. 96/960, en la redacción dada por el art. 2 del Dto. 411/010, los siguientes incisos:

“Cuando los contribuyentes de IMESI enajenen los vehículos incluidos en las precitadas categorías A4 y A5 a través de concesionarios en régimen de comisión, consignación o cualquier otra modalidad de mandato, éstos deberán requerir al adquirente la documentación a que refiere el inciso segundo del presente artículo. Dicha documentación será entregada al mandante conjuntamente con la correspondiente rendición de cuentas.

Se considerará que el concesionario actúa en régimen de mandato, ya sea como mandatario propiamente dicho, comisionista, consignatario o mediador, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Exista una rendición de cuentas detallada, en la que el concesionario dé cuenta al mandante de su gestión, incluyéndose en tal rendición el precio obtenido y la comisión correspondiente. Si el concesionario adelantase al mandante fondos equivalentes a parte o al total del precio de las futuras enajenaciones que realizará por cuenta de éste, deberá establecerse en el contrato que tales adelantos no constituyen seña ni contraprestación alguna.

b) El concesionario tenga la calidad de depositario de los vehículos, en caso de que éstos le hayan sido entregados con anterioridad a la enajenación a los sujetos a que refiere el literal a) del inciso primero de este artículo;

Las disposiciones establecidas en el presente artículo sobre los requisitos que deberán cumplir los concesionarios cuando actúen en relación de mandato, serán asimismo aplicables, a partir de la vigencia del presente decreto, a las enajenaciones realizadas al amparo de los regímenes especiales a que refiere el Artículo 4º del Título que se reglamenta, tanto en lo atinente a su vínculo con el contribuyente como en lo que respecta a su obligación de solicitar al adquirente la documentación que justifique en cada caso la aplicación de dichos regímenes.”

DECRETO 138/2011 DEVOLUCION TRIBUTOS SECTOR INDUSTRIAL EXPORTADOR. MODIFICIACIONES: Publicado en el Diario Oficial el 25 de abril (Nº 28.208): Por el cual se sustituye el inc. 1° del art. 2º del Dto. 92/003 (relativo a la devolución de tributos al sector industrial exportador), por los siguientes:

“La exigibilidad correspondiente a los créditos referidos en el art. 10 del Decreto 54/003 será a partir del último día del duodécimo mes al siguiente al del embarque de la exportación correspondiente o del momento de entrada efectiva al territorio franco, en su caso.

Para las exportaciones embarcadas a partir del 1º de abril de 2011, la fecha de exigibilidad a que refiere el inciso anterior, será a partir del último día del décimo mes”.

SCJ. ACORDADA 7699. TRANSFORMACION JZGADO LTDO TRABAJO: Publicada en el Diario Oficial el 29 de abril (Nº 28.212): Por la cual se transforma el Juzgado Letrado de Trabajo de 1ª Instancia de 15° Turno en Juzgado Letrado de Instancia Única del Trabajo de 6° Turno, a partir del 6 de abril de 2011.

Declara constituidos a partir del 6 de abril de 2011 los Juzgados Letrado de Instancia Única del Trabajo de 4°, 5° y 6° Turno, los que funcionan en una oficina única.

Estos juzgados actuaran exclusivamente en los asuntos de su competencia que se inicien a partir del 6 de abr il hasta el 30 de junio de 2011, los que les serán distribuidos en forma aleatoria por la ORDA.

A partir del 30 de junio, los Jzgdos. Ltdos. de Trabajo de Instancia Única de 1° a 6° turno conocerán en forma aleatoria, en todos los asuntos de su competencia.

SCJ. ACORDADA 7700. CONSTITUCION JZGADO LTDO CIUDAD DE LA COSTA DE 6° TURNO: Publicada en el Diario Oficial el 29 de abril (Nº 28.212): Por la cual se declara constituido a partir del 6 de abril el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 6° Turno, el que actuará en la misma oficina e igual jurisdicción y competencia que los actuales Juzgados Letrados de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 2° y 4° Turnos.

Se separan las oficinas de los Juzgados Letrado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 2°, 4°, 5° y 6° turnos, formándose dos a partir del 6 de abril 2011, que se integrarán así:

a) los Juzgados Letrado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 2°, 4° y 6° turnos actuarán con competencia exclusiva en materia de Familia, Ley 17.514 y CNA.

b) el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 5° turno continuará con su actual competencia.

Desde el 6 de abril el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa de 6° Turno actuará exclusivamente en todos los asuntos de su competencia que se inicien hasta el 30 de julio de 2011.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2011-05-02T08:01:00.000-03:00

PROYECTO DE LEY PARA FORMALIZAR SERVICIO DOMESTICO: Un proyecto de ley aspira a dar cobertura de salud y pago de aportes al BPS para más de 60.000 trabajadoras domésticas. La iniciativa prevé que los empleadores puedan deducir IRFP como estímulo. En el servicio doméstico "casi el 60% es trabajo informal", por lo cual con este proyecto de ley se trata de estimular la inclusión de las domésticas y otras ocupaciones en los registros del BPS. El proyecto indica que la formalización permitirá al patrón deducir del IRPF el costo laboral de la contratación de personas que trabajan en estas profesiones.

ANTECEDENTES DE MENORES. SIGUE EL DEBATE: Continúa el debate en la interna del Frente Amplio respecto de las iniciativas a adoptar para atender la situación de la minoridad infractora. Las leyes que por un acuerdo político multipartidario debe aprobar el Parlamento antes del 31 de mayo son tres: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), tipificando como punible la tentativa de hurto y el cambio del plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en el caso de los menores infractores, y un tercer proyecto de ley que también modifica el Código de la Niñez en su artículo 22 y refiere al mantenimiento de los antecedentes de los infractores para los delitos calificados por el Código como gravísimos, que son: homicidio, secuestro, copamiento, rapiña y violación.

SE DEFINE REGLAMENTACION QUE GRAVA IRPF EN EL EXTERIOR: En la reglamentación de la ley que grava con el IRPF a la renta por los activos que los residentes tengan en el exterior, se incluirá "algunos agentes de retención" del tributo como "bancos, corredores de bolsa" y otros "administradores de inversión en el exterior". La ley que grava con el IRPF a una tasa de 12% los rendimientos por depósitos, créditos o en toda colocación de capital, rige desde el 1° de enero pero aún no fue reglamentada.

En la ley ya se establece que "se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial cuando el director general de Rentas, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la DGI y respecto de obligaciones tributarias no prescriptas, solicite en forma expresa y fundada ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil, toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas". Los pasos previos al pedido del director general de Rentas son los que se reglamentarán.

CRIMEN ORGANIZADO. FISCAL SOLICITA REGLAMENTAR COLABORACION POR PARTE DE LAS DISTINTAS OFICINAS ESTATALES: Los fiscales especializados en crimen organizado plantearon en el Parlamento la idea de establecer, a través de una ley, una norma que "obligue a los jerarcas del Estado a prestar su asesoramiento" en las investigaciones judiciales. El fiscal Perciballe explicó que en las investigaciones que se realizan en las sedes es habitual contar con asesoramiento de técnicos de dependencias estatales como la DGI, Aduanas y los bancos oficiales, que se suman a las unidades policiales y de Inteligencia que normalmente actúan en las indagatorias. Eso ocurre en función de un protocolo de actuación que se aplica en los juzgados de crimen organizado, de forma que expertos estatales en distintas áreas puedan actuar como peritos e, incluso, participar en los interrogatorios.

El fiscal dijo que si bien "hasta ahora" ha existido "la mayor de las colaboraciones" de parte de los jerarcas públicos, en el futuro puede ocurrir que un director se niegue a prestar personal de su unidad para que actúe en una investigación judicial. Incluso, Perciballe presentó dos proyectos concretos elaborados con su colega Ferrero. Uno de ellos establece que "todos los organismos del Estado se encuentran obligados a brindar el asesoramiento" que requieran los juzgados especializados en crimen organizado. La segunda iniciativa prevé la misma obligación pero para "las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica".

Perciballe reclamó que se revea la competencia de los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado ya que actualmente es "muy amplia". "Si estamos tapados de papeles y de investigaciones que podría llevar adelante el fuero penal común, empezamos a perder credibilidad, terreno y empezamos a perder en la lucha contra el crimen organizado, función que todos querían que cumpliéramos".

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2011).

2011-04-18T08:35:00.000-03:00

DECRETO 122/11 VENTA BIENES ABANDONADOS EN ZONAS FRANCAS (REGLAMENTA ART. 39 LEY 15.921): Publicado en el Diario Oficial el 12 de abril (Nº 28.204): Por el cual se reglamenta el art. 39 de la Ley 15.921 en la redacción dada por el art. 324 de la ley 18.719, que facultó al Poder Ejecutivo por sí o a través de la Dirección General de Comercio, a vender en subasta pública o directamente, previa tasación, los bienes abandonados en las zonas francas.

El art. 1° establece que el Poder Ejecutivo (PE) por sí o mediante delegación fundada en la Dirección General de Comercio (DGC) del Ministerio de Economía, podrá vender directamente a los usuarios adjudicatarios de los predios en que se encuentren, las construcciones de propiedad de los usuarios de la Zona Franca Nueva Palmira, que hayan perdido la calidad de tales y que hubieran sido declaradas en abandono de acuerdo a lo previsto en el inciso 1º del art. 39 de la Ley 15.921, en la redacción dada por el artículo 324 de la Ley 18.719, Dto. 35/995 y art. 52 del Dto. 454/988. El precio de venta no podrá ser menor que el que determine la tasación que realice la Dirección Nacional de Catastro (DNC).

El art. 2 dispone que igual procedimiento de venta directa a usuarios o terceros que posean la calidad de empresas, podrá llevarse a cabo con relación a las maquinarias, mercaderías, materias primas y demás bienes muebles declaradas en abandono en la Zona Franca Nueva Palmira y en la Zona Franca Rivera mientras se mantenga en esta última la intervención dispuesta por la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de diciembre de 2001. La DGC, solicitará a la Asociación de Rematadores del Uruguay, la designación de un Rematador - Tasador, a fin de que tase al valor actual, las maquinarias, mercaderías, materias primas y demás bienes muebles de que se trate. El valor de venta directa de los referidos bienes, no podrá ser inferior al monto de la tasación. La Dirección Nacional de Aduanas, determinará el Valor en Aduana de la mercadería vendida directamente, atendiendo a criterios de razonabilidad, basados en el valor real que resulte de la transacción realizada en la zona franca antes de su efectiva importación a plaza.

Por el art. 3 del Dto. Se agrega como inc. 2°del art. 54 del Dto. 454/988: “Lo dispuesto en el inciso anterior no será de aplicación a las venta directas de maquinarias, mercaderías, materias primas y demás bienes muebles declaradas en abandono en la Zona Franca Nueva Palmira y en la Zona Franca Rivera mientras se mantenga en esta última la intervención dispuesta por la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de diciembre de 2001. En dicha oportunidad el Valor en Aduana será determinado por la Dirección Nacional de Aduanas, atendiendo a criterios de razonabilidad, basados en el valor real que resulte de la transacción realizada en la zona franca antes de su efectiva importación a plaza”.

El criterio de razonabilidad para la valoración en Aduana en los términos previstos en el art. 2º deberá ser tenido en cuenta a los efectos previstos en el inc. 6º del art. 5º del Dto. 35/95 (art. 4°).

Se agrega al art. 12 del Dto. 35/995: “Producido el remate, si en éste no se hubieran recibido ofertas válidas o no se hubieran presentado interesados, el gestionante podrá, previa autorización de la Dirección General de Comercio vender la mercadería en forma directa. En dicha oportunidad, el precio de venta no podrá ser menor al Valor en Aduana. La Dirección Nacional de Aduanas determinará dicho valor, atendiendo a criterios de razonabilidad y siguiendo los lineamientos establecidos. El producido de la venta directa se aplicará en la forma dispuesta en los Artículos 13 y siguientes del Decreto No. 35/995 de 24 de enero de 1995” (art. 5°).

DECRETO 121/11 VALOR UR, URA e IPC: Publicado en el Diario Oficial el 12 de abril (Nº 28.204): Por el cual se fija el valor de la Unidad Reajustable (UR), Unidad Reajustable de Alquileres (URA) y del Índice de Precios al Consumo (IPC)

Se fija el valor de la UR correspondiente al mes de febrero 2011 en $ 504,91. Se fija el valor de la URA del mes de febrero en $ 488,17.

El número índice correspondiente al IPC asciende en febrero a 102,20, sobre base diciembre 2010 = 100.

El coeficiente que se tendrá en cuenta para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de marzo de 2011 es de 1,0767.

LEY 18.738 INTERPRETA ART. 64 DE LA LEY DE PRESUPUESTO: Publicada en el Diario Oficial el 15 de abril (Nº 28.207): Por el cual se interpreta el art. 64 de la ley 18.719 y se deroga el art. 68 de la misma ley.

Se interpreta “…con carácter auténtico que, en función de lo establecido por el art. 64 de la Ley 18.719 los únicos cargos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de Senador de la República, serán los enumerados taxativamente en el inciso primero del mismo.

Para el cálculo de toda otra retribución, cualquiera sea la norma que la establezca, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de los sueldos nominales de los cargos enumerados taxativamente en el inciso primero del referido art.o 64, se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central” (art. 1° Ley).

Resumen de Noticias.-

2011-04-18T08:00:00.000-03:00

SENADO APROBO LEY INTERPRETATIVA DE CADUCIDAD, CON ALTO COSTO POLITICO PARA EL FRENTE AMPLIO: El Frente Amplio, con los votos de 16 de los 17 senadores del Frente Amplio, logró los votos para anular la Ley de Caducidad en el Senado. Fernández Huidobro votó a favor por "disciplina partidaria", pero se manifestó en contra de dejar sin efecto ley de Caducidad, por lo cual anuncio que renunciará a la banca.

El proyecto interpretativo deja sin efecto los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de Caducidad. Los argumentos de Saravia (de quién se anuncia que será expulsado en las próximas semanas del Frente Amplio) y Fernández Huidobro fueron en el mismo sentido: el proyecto interpretativo desconoce el pronunciamiento de los dos referéndums que ratificaron la ley, en 1989 y 2009.

Apenas votado el proyecto en el Senado, un planteo del colorado Tabaré Viera hizo temblar a la bancada del Frente. Viera señaló que el artículo 97 del reglamento interno inhibe a los legisladores de actuar en los casos en que estén directamente involucrados (haciendo referencia a Oscar López Goldaracena, abogado de las organizaciones de derechos humanos y lleva varios casos contra militares acusados de represión que ocupaba la banca de Lorier). De haberse impugnado el voto de López Goldaracena, el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad habría fracasado.

NOVEDOSA SENTENCIA ADMITE DIVORCIO POR SEPARACION DE HECHO, AUN VIVIENDO LOS CONYUGES BAJO EL MISMO TECHO: Una reciente del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno admitió un divorcio por la causal de separación de hecho por más de tres años, aun cuando los cónyuges habitaran en el mismo domicilio. El novedoso fallo establece que el divorcio deja de ser un hecho físico, sino de vida de consuno (vínculo matrimonial), por lo que por más que la pareja continúe viviendo en la misma casa, puede existir una separación siempre que no haya vínculo sexual y ni voluntad de continuar la convivencia.

La sentencia se funda en una modificación al Código Civil introducida por la ley de Unión Concubinaria que establece que el deber de fidelidad entre los cónyuges cesa al concluir la vida de consuno, pero no aclara qué ocurre si las personas siguen viviendo en la misma casa. La resolución indica que la permanencia del hombre en la casa se explica en "razones inherentes a los lazos que los unen cuya preservación y perdurabilidad están más allá del estado en que se encuentran los consortes". La sentencia explica que la separación "adviene por el cese voluntario de la comunidad espiritual y material propia del estado del matrimonio, vida de consuno (techo, lecho y mesa) que comporta la institución cumpliendo sus fines naturales y sociales".

Militares recurrirán a Organismos Internacionales por fallos judiciales: El plenario de los centros sociales de las Fuerzas Armadas había reclamado a la Suprema Corte la investigación administrativa de los jueces que actuaron en los últimos procesamientos de militares retirados por violación a los derechos humanos durante la dictadura, por considerar que cometieron "errores técnicos graves" en sus fallos. La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados".

El rechazo de la Corte provocó que los centros sociales militares anuncien que recurrirán a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque consideran que los magistrados cuestionados por ellos "violaron el derecho humano esencial de libertad" con sus fallos, los que "fueron calificados como absolutamente irregulares" por personas como el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre.

VIANA PRESENTO ACCION DE AMPARO CONTRA INAU POR USO DE CONTENEDORES: El fiscal civil Enrique Viana presentó una acción de amparo contra el INAU y el Mides para que se prohíba la utilización de módulos metálicos para alojar a menores infractores, por considerar que se vulnera el derecho de los adolescentes de estar recluidos en lugares adecuados.

A fines de abril, el INAU prevé inaugurar en uno de sus hogares un sector con contenedores metálicos que tendrán capacidad para alojar a unos 30 jóvenes. Las autoridades del organismo han explicado que la utilización de los módulos prefabricados son una solución transitoria hasta tanto se inauguren nuevas plazas y se reformen las existentes.

Gobierno aceptó llegada de misión de la OIT: El gobierno resolvió invitar al director de la OIT, Juan Somavia, para interiorizarse del proceso de discusión de la ley de Negociación Colectiva, a los efectos de que compruebe el estado actual de las relaciones laborales así como recibir a los organismos o personas que éste determine.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL DE 2011).

2011-04-11T08:02:00.000-03:00

DECRETO 427/10 MODIFICA ANEXOS DTO 206/010 SOBRE USO CINTURON SEGURIDAD: Publicado en el Diario Oficial el 4 de abril (Nº 28.198): Por el que se sustituyen los Anexos III y IV del Dto. 206/010.

Acceda al texto del Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151_ANEXO_III_PARTE%201.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151_ANEXO_III_PARTE_2.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151_ANEXO_III_PARTE_3.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151_ANEXO_IV_PARTE_1.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtop_151_ANEXO_IV_PARTE_2.pdf

DECRETO 111/11 AGREGA INCISO AL NUM. 27, ART. 42 DTO. REGLAMENTARIO IRPF: Publicado en el Diario Oficial el 5 de abril (Nº 28.199): Por el que se agrega un inciso al numeral 27 del art. 42 del Dto. 150/007. Refiere la norma al monto máximo a deducir por concepto de intereses incurridos por empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero. El BCU dispuso que a partir del 1º de enero de 2011, las tasas medias anuales efectivas en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario para las pequeñas y micro empresas se informen por separado.

El nuevo inciso que se agrega al numeral 27 del art. 42 del Dto. 150/07 establece: “Para ejercicios cerrados a partir del 31 de enero de 2011, la tasa a utilizar será la correspondiente a las pequeñas empresas”.

IPC MARZO e IMS FEBRERO 2011: Publicado en el Diario Oficial el 5 de abril (Nº 28.199): Por el que se fijan los valores del Indice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de marzo 2011 en 103,65 sobre base diciembre 2010 igual 100. Se fija el valor del Indice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de febrero 2011 en 139,22 sobre base julio 2008 igual 100.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2011-04-11T08:00:00.001-03:00

MODIFICACIONES EN PROYECTO LEY SOBRE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA: El gobierno presentó al Partido Nacional los cambios al proyecto de ley de asociaciones público privadas. El Ministro de Economía expresó que el proyecto está abierto y que el oficialismo y la oposición podrán negociar más modificaciones a las ya propuestas con el objetivo de que esta ley cuente con el mayor respaldo político posible.

Se anunciaron seis cambios a la ley. Uno es la definición del objeto de la ley; otro es la existencia de controles parlamentarios; un control específico del Tribunal de Cuentas; el cambio del mecanismo del diálogo competitivo; la mejor definición del papel de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); y la introducción de garantías para el financiador del proyecto de asociación.

Respecto del doble control, se fijará un tope de recursos públicos para emplear (equivalente a 7% del PIB) para todas las asociaciones, y por otro se establece que anualmente en la Rendición de Cuentas deberá presentarse a la Asamblea General un informe detallado con las asociaciones.

CONTINUA CONFLICTO DE FUNCIONARIOS DEL MTSS: La negociación para destrabar el conflicto sindical en el MTSS quedo estancada, pese al intento de mediación de los diputados de la comisión de Legislación Laboral. Las desavenencias se produjeron luego de que el MTSS declarara excedentes a 12 funcionarios, entre ellos a la presidenta del sindicato del MTSS, Iris Fregossi.

Del diálogo entre los legisladores y el sindicato surgió la posibilidad de que la comisión medie en el conflicto, pero el ministro Brenta descartó esa opción, porque afirmo que ya han mediado el Pit-Cnt y COFE.

DEBATE SOBRE LEGITIMA DEFENSA LUEGO DE QUE TRIBUNAL DE APELACIONES PROCESO A COMERCIANTE: Un óptico de 58 años, fue procesado por el delito de "homicidio complejo" por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno. El hecho ocurrió en enero de 2009 cuando el hoy procesado transitaba por la vía pública en horas de la noche y se le acercaron tres individuos que lo amenazaron con un cuchillo para robarle. El comerciante sacó de su riñonera un revólver calibre Magnum 357. Disparó e hirió a uno de los asaltantes quién falleció minutos después en el Hospital Filtro. El comerciante se entregó en la Seccional 6ª y dejó el arma, de la cual tenía porte para usar.

En mayo del año pasado fue sobreseído del caso (por la Juez Fanny Canessa), pero el tribunal de Apelaciones, resolvió revocar la sentencia y procesar al comerciante por homicidio complejo y un homicidio en grado de tentativa, y que no se configuraba la legítima defensa, tal y como había sido archivado el caso.

MILITARES SE REUNIERON CON MUJICA POR ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD: Los militares retirados manifestaron, tras la reunión que mantuvieron con Mujica, que el presidente comparte su preocupación por las consecuencias que traerá la anulación de la ley de Caducidad. Si bien reiteraron que el presidente no marcó su posición sobre el proyecto de ley, "sí podemos decir que el presidente está también preocupado, porque es evidente que la aprobación de ese proyecto de ley va a significar una transgresión constitucional muy gruesa", y están tratando "que no pase".

El proyecto que anula los efectos de la ley de Caducidad fue aprobado por la Cámara de Diputados y será tratado ésta semana por el Senado. El FA cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

ASAMBLEA GENERAL APROBO PAQUETE DE MEDIDAS CONTRA INSEGURIDAD: El Frente Amplio aceptó mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, fruto de un acuerdo impulsado por el senador Jorge Larrañaga para votar antes del 31 de mayo un paquete de medidas para combatir la inseguridad pública.

La Asamblea General analizará el documento acordado por una comisión bicameral integrada por los cuatro partidos. Esta comisión definió la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente y cambios al Código de la Niñez a fin de combatir la delincuencia juvenil, que serán parte de un proyecto de ley que se sancionará antes del 31 de mayo.

En un proyecto posterior, y luego de que se cierre la negociación en la interna del Frente Amplio, se propondrá mantener los antecedentes penales de los menores una vez que cumplan la mayoría de edad. Todavía no hay consenso a nivel de la coalición de izquierda sobre el plazo durante el cual se conservarán estos antecedentes.

TRASLADO DE JUECES. LA SUPREMA CORTE CONTINUA CUBRIENDO CARGOS CREADOS POR LEY: La SCJ procedió a designar jueces para cubrir cargos en sedes penales de Montevideo y otros puestos creados en la ley de Presupuesto (como dos juzgados laborales de instancia única y otros dos de violencia doméstica). Para ello debió realizar más de 70 traslados de jueces del interior. El miércoles pasado, 35 jueces prestaron juramento previo a asumir en sus nuevos cargos.

Los jueces Gabriel Ohanian, José María Gómez y Ruben Saravia, serán designados por la Suprema Corte como nuevos magistrados penales de Montevideo. Los magistrados asumirán en lugar de Sergio Torres, Daniel Tapié y Julio Olivera, quienes serán ascendidos a ministros de Tribunal de Apelaciones en materia penal. Ohanian se desempeña actualmente como juez penal en Maldonado y ocupará el despacho de Olivera; Gómez es magistrado de menores y de familia en Las Piedras (Canelones) y ocupará el lugar de Tapie, mientras que Saravia es desde hace varios meses juez suplente en Montevideo pasará a ocupar el cargo de Torres.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2011-04-04T08:05:00.000-03:00

TRASLADO DE JUECES PENALES DE SALTO: Los dos jueces penales de Salto, Francisco Massitta y Marcela Vargas fueron trasladados por disposición de la Suprema Corte a Las Piedras y Maldonado respectivamente. El juez Massitta cobró notoriedad en 2008 cuando dirigió un operativo antidroga que terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína. Su colega Vargas, en tanto, procesó el mes pasado a 18 personas que integraban una red de contrabandistas. Si bien se trata de traslados horizontales, deben ser asumidos como ascensos por cuanto sus nuevos destinos están más cerca de Montevideo.

Los traslados de los magistrados se enmarcan en una serie de movimientos que deberá realizar la SCJ para ocupar varios cargos vacantes, entre ellos, los que dejarán los jueces penales de Montevideo Sergio Torres, Julio Olivera y Daniel Tapié, quienes ascenderán a ministros de tribunales de apelaciones penales. Además, la Corporación remitió al Parlamento el pedido de venia para ascender a los jueces civiles Jorge Catenaccio y Esther Gradín. De esta nómina de magistrados se elegirán los tres integrantes de un nuevo tribunal de apelaciones (4° turno) que se creó en la ley de Presupuesto.

IMM TRIUNFA EN PRIMERA INSTANCIA FRENTE A RECLAMO LABORAL DE ADEOM: La Justicia falló en 1ª instancia a favor de la Intendencia de Montevideo en una demanda presentada por 465 funcionarios y ex funcionarios municipales. Los trabajadores reclamaban la vigencia de una compensación salarial que se había otorgado en el año 2001, por casi US$ 5 millones.

En 2009 fueron tramitados 362 juicios contra la Intendencia de Montevideo. Aunque no todos perseguían un reclamo económico, la comuna era demandada en ese entonces por US$ 39 millones. En 2010, ganó el 80% de los juicios enfrentados y tuvo que pagar $11 millones.

CONFLICTO EN EL MTSS: El eventual cese de 12 funcionarios del MTSS, entre ellos la presidenta del gremio, alteró el normal funcionamiento del ministerio la semana pasada. La decisión se basa en la postura del Poder Ejecutivo de hacer "una revisión de los puestos de trabajo en la administración". Ante esto, "el planteo del MTSS es que hay que hacer una reducción de personal porque entiende que así se estaría trabajando perfectamente en lo que hace al funcionamiento del MTSS.

Desde el MTSS se sostiene que hay personal excedente tras las reestructuras del programa Objetivo Empleo y del área de consultas, esta última relacionada a la aplicación del decreto de las seis horas en el Estado. La aplicación del decreto a los profesionales y administrativos del MTSS originó medidas sindicales, al considerarse que la norma no respetó un convenio que establecía que esos funcionarios debían cumplir 20 horas semanales de trabajo.

COFE sostiene que la inclusión de dirigentes sindicales en la lista de excedentes, entre ellos la presidenta del sindicato del MTSS, es una "represión" por haber tomado medidas en aquel momento. Los 12 funcionarios con contrato a término al 31 de marzo, quedarían cesantes al no pasar a la modalidad de contrato temporal de Derecho Público, arista que hace al proceso de reforma del Estado.

SIGUEN REPERCUSIONES POR EL MISTERIOSO VIDEO: El jueves 10 de marzo, el semanario Búsqueda publicó la transcripción de una declaración de un grupo autodenominado "Ejército Nacional Libertador" donde se cuestionó la actuación de los jueces y fiscales que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos, a la vez que se anunciaron acciones para liberar a los militares que están recluidos en la cárcel de Piedras Blancas. Desde entonces, han surgido diversas especulaciones y comentarios sobre la existencia o no del video. La única persona que públicamente admitió haber visto el material fue el presidente José Mujica.

La oposición aprobó en el Senado la interpelación a los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Rosadilla (Defensa) por el supuesto video en que militares amenazan al Poder Judicial. La senadora Susana Dalmás (del FA) entiende inconveniente el llamado a sala en el momento que hay investigaciones en curso. La fecha del llamado a sala aún no fue fijada, ya que Bonomi se encuentra fuera del país.

OIT APROBO RECLAMO CAMARAS EMPRESARIALES Y SE APRESTA A ENVIAR MISION: La OIT dio lugar a un planteo de las cámaras empresariales y le solicitó al gobierno que acepte una misión para analizar modificaciones a la ley de negociación colectiva. Las cámaras empresariales denunciaban la "omisión" del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para cambiar varios puntos de la ley de negociación colectiva. Este planteo de las cámaras también fue respaldado por la Organización Internacional de Empleadores.

En caso que el gobierno decida no aceptar la misión de la OIT, las cámaras empresariales igual pedirán que venga a Uruguay la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo del organismo, Cleopatra Doumbia-Herny, a fin de asesorarlas en los cambios a la ley de negociación colectiva. Esta funcionaria es la jefa del departamento de la OIT que produjo el primer informe que formuló varias observaciones al gobierno por la ley de negociación colectiva.

En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo abrió una negociación con el Pit-Cnt y las cámaras empresariales para acordar los cambios a la ley de negociación colectiva.

LOS CASOS MAS RESONADOS DE 2010 SIGUEN PENDIENTES DE RESOLUCIÓN: A dos meses de la reanudación de la actividad judicial, los casos más resonados de 2010 siguen pendientes de resolución por parte de las autoridades judiciales.

Uno de los casos que acaparó la atención en 2010 fue la investigación por maniobras en la Armada y que motivó los procesamientos de varios oficiales navales, entre ellos el ex comandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio. Compras ficticias, irregularidades con vales de combustible y en dinero proveniente de la ONU, son algunos de los aspectos relativos a la Armada que están siendo indagados por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.

Otro de los casos resonados fue el de los casinos municipales. El fiscal Diego Pérez analiza el expediente que investiga las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo por las cuales en 2007 fue procesado el ex director municipal Juan Carlos Bengoa. El fiscal debe emitir la acusación contra el ex jerarca y las otras cuatro personas que fueron enjuiciadas en su momento: los ex asesores José Luis Antúez y Orestes González, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario Gustavo Damonte.

Otros dos expedientes (el de Rodolfo Nin Novoa y la indagatoria en relación a Gonzalo Fernández por la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano) esperan por el Parlamento. Por un lado, el caso de Nin Novoa, cuyo procesamiento pidió en octubre de 2010 el fiscal penal Luis Bajac por ocultar información en sus declaraciones juradas, depende de que el Senado levante los fueros al ex vicepresidente y actual senador del Frente Amplio. Nin Novoa comparecerá a fines de abril o en mayo ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que deberá analizar el caso. Hasta tanto el Parlamento no resuelva si habilita o no el desafuero, la jueza Fanny Canessa no podrá resolver sobre el pedido fiscal. En tanto, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, espera que el Parlamento le remita los antecedentes de la comisión investigadora de la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano. El juez reiteró su solicitud al Parlamento. El magistrado indaga la actuación del ex ministro Gonzalo Fernández en ese proceso, pero hasta que no reciba la información del Parlamento no ordenará citaciones.

MILITARES DENUNCIAN FALTA DE GARANTIAS PROCESALES: Los centros sociales militares presentarán una denuncia a nivel internacional contra el Estado denunciando falta de garantías en los procesos judiciales por casos de la dictadura. Acusan de procesamientos con faltas de pruebas, carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los presuntos delitos. La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y eventualmente ante la Corte de La Haya. Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte para que dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura. La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados".

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2011).

2011-04-04T08:00:00.001-03:00

DECRETO 105/011 PRORROGA CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES CON ESTADO EN PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL: Publicado en el Diario Oficial el 29 de marzo (Nº 28.194): Por el que se establece que la prórroga de servicios personales celebrados en el marco de proyectos de cooperación internacional con fondos auténticos de dichos organismos o con financiamiento externo, podrá efectuarse a solicitud del Jerarca del inciso, previo informe favorable de la OPP y de la ONSC.

El Decreto es dictado en el marco de la reforma del estado con especial referencia a las contrataciones por servicios personales que no podrán exceder, en ningún caso, del 31 de marzo de 2011 (Decreto 138/2010, acceda al mismo siguiendo éste enlace: http://boletinjuridico.blogspot.com/2010/05/normas-de-interes-publicadas-en-el_10.html ).

El Jerarca debe remitir antes del vencimiento del plazo contractual la solicitud de prórroga con toda la documentación relativa al proyecto en cuestión a los efectos de su evaluación por las oficinas intervinientes de la pertinencia de la prórroga solicitada, la que no podrá superar el plazo convenido para el proyecto (art. 2°).

Aquellos contratos de beca o pasantía cuyo plazo previsto originalmente era de un año con opción a otro y que por la aplicación del Dto. 138/2010 debieron suscribirse originalmente o prorrogarse en su caso hasta el 31/3/11, podrán prorrogarse por única vez a solicitud del Jerarca previo informe favorbale de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), hasta el vencimiento del plazo original de un año o, en caso de haberse iniciado la prórroga, hasta el vencimiento de la misma.

Las prórrogas se inscribirán en el Registro de Vínculos con el Estado a través del Módulo Organización y Funcionarios del Sistema de Gestión Humana de la ONSC.

SCJ ACRODADA 7698 ASCENSO MAGISTRADOS: Publicada en el Diario Oficial el 29 de marzo (Nº 28.194): Por la cual se agrega al inciso 2° de la Acordada 7542 (relativa al ascenso de los magistrados) un nuevo criterio que deberá tener en cuenta la comisión a la hora de evaluar un magistrado, que es los plazos para la fijación de audiencias y sus prórrogas, y en general, la duración de los procesos a su cargo.

De esta manera se premia la eficiencia del magistrado en cuanto a la duración de los procesos y el manejo de su agenda.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010).

2010-12-20T07:35:00.000-02:00

LEY 18.707 OTORGA CREDITO A LAS IAMC: Publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre (Nº 28.123): Por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a otorga un crédito fiscal a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). El crédito fiscal podrá ser hasta por 10 puntos porcentuales de los ingresos a las cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias, a las cuotas de afiliaciones colectivas, a la sobre cuota de gestión, y a la sobre cuota de inversión.

El crédito podrá ser destinado a compensar obligaciones tributarias como contribuyente o responsable ante la DGI, o solicitar certificados de crédito para el pago de tributos ante dicho organismo o el BPS.

Las lAMC que no estén al día con sus obligaciones con la DGI y el BPS no podrán recibir el crédito establecido.

La facultad del Poder Ejecutivo para otorgar el crédito podrá ser ejercida desde el primer día del mes siguiente a la promulgación de la misma y hasta el 31 de diciembre de 2012.

LEY 18.705 PRORROGA PLAZO REGULARIZACION COOPERATIVAS: Publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2011 el plazo para que las Cooperativas constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley 18.407, se adapten a las previsiones de la misma (modificando el art. 221 de la Ley 18.407).

DTO 362/010 MODIFICA NUM. 27 ART. 42 DEL DTO. 150/007 (IRAE): Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se sustituye el numeral 27 del art. 42 del Dto. 150/007 relativo a la deducción de gastos por concepto de intereses incurridos por empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos interviniendo en la venta de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero.

El numeral 27 del art. 42 quedará redactado: "Los costos por intereses incurridos por empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, en tanto tales intereses correspondan a préstamos otorgados por contribuyentes de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas y a las Rentas de los No Residentes. Dicha deducción se determinará mensualmente y no podrá superar el monto que resulte de aplicar, la tasa media anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario para las pequeñas y micro empresas, en moneda nacional no reajustable o en dólares hasta 366 días o en moneda nacional reajustable en unidades indexadas, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el trimestre inmediato anterior a cada mes del ejercicio".

DTO 363/010 AGREGA INCISO AL NUM. 3 ART. 34 DEL DTO. 220/998 (IVA): Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se agrega al numeral 3 del art. 34 del Dto. 220/998 el inciso siguiente: "Se consideran comprendidas en el presente numeral las actividades correspondientes al atraque y puesta a disposición de las infraestructuras e instalaciones portuarias, que posibilitan las operativa de embarque y desembarque de las embarcaciones que trasladan pasajeros y tripulantes, desde o hacia los cruceros de turismo que fondeen en las proximidades de puertos o instalaciones bajo competencia de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

DTO 358/010 CREA COMISION CUENCA LAGUNA DEL SAUCE: Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se crea la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, se establece su integración y cometidos.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mvotma_118.pdf

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-12-20T07:30:00.000-02:00

POLEMICAS DECLARACIONES DE ASTORI RESPECTO DEL DESALOJO DE OFICINAS PRIVADAS: Astori defendió el decreto que prevé el pronto desalojo de las oficinas públicas que sean ocupadas y rechazó que la medida pueda ser trasladada al sector privado, en el que sostuvo que en algunos casos puede prever el vaciamiento de empresas. Realizo declaraciones tales como: "El país ha tenido experiencias de vaciamiento, casi clandestino de empresas, no sólo en perjuicio de los trabajadores, sino en perjuicio de la sociedad en su conjunto que hay que prever", "la ocupación muchas veces es un medio para poder prever una situación de ese tipo e impedirla; así que creo que el tema merece atención, que las normas son mejorables, pero les pido a todos que tengan en cuenta este tipo de situaciones".

Las polémicas declaraciones del vicepresidente Astori generaron el inmediato rechazo del ex presidente Lacalle, quién califico las expresiones de Astori como " peligrosas políticamente, equivocadas jurídicamente y económicamente inconvenientes". Astori "convoca a la justicia por mano propia, cuando es el Poder Judicial el que mañana tiene que tomar determinaciones sobre la propiedad de esos medios de producción para conservarlos". Agregó que los comentarios del vicepresidente son nocivos "ante los ojos de quienes pretendan invertir en nuestro país y vean que la segunda autoridad del mismo incita a incumplir la ley y violentar el derecho de propiedad".

Por su parte el presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, se refirió a las ocupaciones como medidas gremiales. Dijo que, a su juicio, no se trata de una extensión del derecho de huelga "ni en la actividad privada ni en la pública". Se pronunció a favor de establecer por ley determinados tipos de servicios públicos que no pueden ser afectados por medidas gremiales.

FISCAL DE CORTE COMPARECIO ANTE COMISION PARLAMENTARIA: El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Su comparecencia se debió a raíz de las declaraciones del fiscal de Corte al semanario Busqueda, donde expresó que el Gobierno le estaba "cobrando cosas" por haber dictaminado en contra del IRPF en 2007, y que sufría un "hostigamiento" por parte del sindicato y el gobierno.

El fiscal expresó ante la Comisión el estado "caótico" del Ministerio Público por la falta de recursos materiales y económicos; afirmando que desde que se apartó de su cargo al ex fiscal de Corte Peri Valdéz, "no hubo nombramiento de fiscales, no hubo recursos nuevos, ni nombramiento de funcionarios jóvenes", y agregó que "el Ministerio Público es una institución avejentada"; hace siete años no ingresa un funcionario administrativo.

EMERGENCIA SANITARIA ANTE CONFLICTO CON ANESTESISTAS:
El pasado jueves, 48 horas después de haber llegado al Parlamento, la Cámara de Representantes sancionó la ley que obliga a los anestesistas a trabajar a pedido del gobierno en los hospitales públicos. La ley regirá por 120 días y faculta al MSP a "convocar al cuerpo médico y auxiliares de medicina que considere necesario". Esos médicos trabajarán en hospitales públicos "por hasta 20% de las horas que realizan" en mutualistas. El personal convocado "no podrá negarse", salvo "razones de fuerza mayor debidamente justificadas". Si el MSP considera que la razón no está justificada, un tribunal disciplinario juzgará y establecerá sanciones.

Para declarar la emergencia el gobierno se basa en varios artículos de la Constitución: 7 (los habitantes "tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida"), 36 (establece limitaciones a la libertad de trabajo por "razones de interés general") y 44 ("el Estado legislará en cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas").

Los anestesistas intentan llegar a un acuerdo, antes de que la ley entre en vigencia. Según un vocero de los anestesistas el origen del problema "no es económico sino organizacional" y mencionó algunos asuntos que conspiran para que los especialistas no se vean seducidos para trabajar en el sector público. Dijo que faltan "ciertas condiciones" que garanticen la seguridad tanto para los profesionales como para los pacientes. "No hay equipamientos, no hay material estéril, a veces falta personal que limpie" los blocks quirúrgicos. Muchas veces los anestesistas están de guardia durante la tarde sin que sean convocados a resolver operaciones y en la noche "se llena de problemas, cuando hay menos personal y gente menos adiestrada o menos experiente".

El ministro de Salud, Olesker, expresó ante el Parlamento que el problema se solucionará a la brevedad porque la negociación está acercando las partes, y anunció que en un plazo de 120 días espera que se solucionen los atrasos en las intervenciones.

SUPREMA CORTE OBSERVA POSIBLE CRACION DE UN MINISTERIO DE JUSTICIA: Ante la voluntad del gobierno de evaluar la creación de un Ministerio de Justicia, la Suprema Corte salió al cruce advirtiendo que, si se decide instaurar esa nueva secretaría de Estado, "no podrá invadir o cercenar las atribuciones que la Constitución vigente asigna al Poder Judicial".

La posibilidad de crear un Ministerio de Justicia surgió en la bancada de senadores del Frente Amplio, cuando casi al finalizar la discusión de la ley de Presupuesto se decidió -solo con los votos del oficialismo- incluir un artículo que encomienda a los ministerios de Educación, Interior y Economía el análisis del tema. Ese estudio "incluirá su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias, programas y los recursos que demandará", explica el artículo 542 de la ley de Presupuesto aprobada en el Senado y que no estaba en el texto que se votó en octubre en Diputados.

Por eso, ahora, la SCJ reivindica su independencia y alerta que si se aprueba la creación del Ministerio de Justicia y éste asume competencias en asuntos internos de gestión del Poder Judicial, "deberá procederse a la reforma de la Constitución".

PROYECTO DE LEY SOBRE PASAJE DE NOTARIOS AL FONASA: Con votos aportados por el Frente Amplio se aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que dispone el pase de todos los afiliados del Sistema Notarial de Salud al FONASA a partir del 1° de julio de 2011, es decir, seis meses más tarde que lo previsto en el proyecto original.

La Asociación de Escribanos manifestó en forma pública su airada protesta por la medida, dado que la considera "expropiatoria" de sus bienes y contraria al fin perseguido, es decir la de un régimen asistencial solidario. La idea original del gobierno era incorporarlos en la ley de Cajas de Auxilio, ya votada en Diputados, pero debido a la movilización y reclamos de los escribanos se separó en una iniciativa independiente con un sistema más tolerante, aunque igualmente rechazado por los escribanos.

Sobre el régimen de aportes de estos profesionales que es del 3% de sus honorarios, la ley establece un sistema gradual para que los recursos vertidos mes a mes sean transferidos al Fonasa. Desde julio de 2011, solamente los jubilados de la Caja Notarial permanecerán aportando a su sistema asistencial.

DIPUTADOS SANCIONO PROYECTO DE LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO: La Cámara de Diputados sancionó el pasado miércoles el proyecto de ley de flexibilización del secreto bancario, que habilita a la DGI, ante la presunción de defraudación tributaria, a investigar las cuentas previa autorización de la Justicia. La ley entrará a regir a partir del 1° de enero y prevé que el secreto de una cuenta bancaria se levantará cuando un juez civil lo acepte a pedido fundado de la DGI por sospecha de defraudación de impuestos.

Además, la ley permite gravar los activos de los uruguayos en el exterior (tales como depósitos, bonos y acciones, pero sin abarcar inmuebles). La renta que producen esos activos estará gravada a una tasa del 12% anual.

SE APROBO REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL BROU: El Senado sancionó la ley que reforma la carta orgánica del Banco República (BROU). Se trata de la tercera reforma de la carta orgánica en la historia del BROU, pero todas las miradas se concentraron sólo en el artículo 40 de la ley, que dice que el Poder Ejecutivo podrá requerir contribuciones de hasta un 30% de las utilidades anuales del banco, con destino a la creación de fondos para "apoyar proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés del Poder Ejecutivo". En cada Rendición de Cuentas, el Ejecutivo remitirá información sobre cómo se usan esos fondos.

Desde el oficialismo se explicó que había urgencia en votar la ley antes del 31 de diciembre para que puedan utilizarse las utilidades de 2010 del BROU, con destino a Metzen y Sena.

El proyecto también modifica el sistema de toma de decisiones en el directorio: ahora todo se decidirá por mayoría de tres votos en cinco. Esto permite integrar a dos directores de la oposición al BROU y formaba parte del acuerdo con blancos y colorados por los cargos. Varios senadores criticaron la poca "rigurosidad técnica" de la ley.

INTENDENCIA CAPITALINA SE APRESTA A SANCIONAR EMPLEADOS QUE NO ACATARON ESENCIALIDAD: Cerca de 180 trabajadores de la Sección Limpieza de la Intendencia de Montevideo serán sancionados con cinco días de suspensión por no haber acatado el decreto de esencialidad aprobado por el Ministerio de Trabajo. La resolución de la IMM plantea sanciones acumulativas hasta el cuarto día y luego se inicia el proceso del sumario. Un día de paro equivale a cinco de sanciones sin goce de sueldo, según una resolución de la Intendencia.

Adeom reiteró su amenaza de ocupar los lugares de trabajo en caso de haber sanciones.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-12-13T07:35:00.000-02:00

SECTOR PRIVADO PRETENDE AMPLIACION DECRETO QUE PROHIBE OCUPACION DE LUGARES DE TRABAJO: Los empresarios vieron en el decreto que prohíbe las ocupaciones de oficinas públicas la oportunidad para frenar esta práctica en el sector privado. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) está promoviendo un análisis entre las gremiales empresariales afín de presentar una acción legal conjunta contra las ocupaciones.

Los abogados laboralistas Eduardo Ameglio, Nelson Larrañaga y Augusto Durán Martínez coincidieron que el Poder Ejecutivo, con el decreto, dejó en claro un cambio de actitud que implica que no se reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga.

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad una declaración en la que respalda el decreto que prohíbe las ocupaciones de los lugares de trabajo en el Estado. El documento señala que por la coyuntura política varios gobiernos departamentales se vieron "impedidos de cumplir con sus funciones básicas asignadas por la Constitución y la Ley". "Es imprescindible que los representantes legítimos de los pueblos a nivel departamental expresen su claro rechazo a medidas que afecten el libre derecho a gobernar, respetando el derecho a la huelga pero reafirmando el principio de legalidad y de autoridad como rectores de cualquier acción a emprenderse, priorizando en todo momento las necesidades imprescindibles de la comunidad".

PROCESARON A LA DIRECTORA DE LA CNR: La Justicia procesó sin prisión a la directora del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Diana Noy, imputada del delito de "homicidio por omisión impropia", por la muerte del recluso Mauro Bozzatta. El hecho se planteó inicialmente como un suicidio, pero las pericias forenses confirmaron que el interno falleció de forma violenta y no ahorcándose con una sábana en su celda. Así se inició una investigación judicial para determinar qué fue lo que ocurrió con Bozzatta, que días antes de morir había sido objeto de brutales golpizas por parte de otros internos del CNR.

La indagatoria se centró en la directora del CNR, Diana Noy quien no cumplió con una serie de medidas que se le habían encomendado para resguardar la integridad de Bozzatta tras las agresiones que recibió. Como el delito fue imputado a título de "culpa" y no de "dolo", Noy no fue enviada a prisión.

PESE A DECRETO DE ESENCIALIDAD ADEOM CONTINUO CON MEDIDAS: Pese a la declaración de esencialidad del servicio por parte del Poder Ejecutivo, Adeom lo desacató e inicio el pasado viernes un paro de 48 horas que suspendió la salida de los camiones recolectores de basura.

Mario Pomatta, asesor de la sala de abogados del Pit-Cnt, sugirió a la dirigencia de ADEOM que "rechace el decreto de esencialidad" promulgado por el Poder Ejecutivo. Pomatta explicó que más allá de que el conflicto sindical haya generado o no una situación de emergencia sanitaria, el gobierno tiene en la ley de Negociación Colectiva una vía para evitar la esencialidad. La norma "obliga a convocar a las partes en el Consejo Superior de negociación colectiva del sector público y acordar allí los términos de la autorregulación". "El gobierno no sólo no aplica la ley de Negociación Colectiva sino que la viola y aplica una ley de la época de Pacheco, la ley 13.720, y decreta servicios esenciales. Lo que hace el gobierno, desde mi punto de vista, es inconstitucional, viola las libertades sindicales y las disposiciones de la ley".

DURAS CRITICAS DE JUEZ PENAL A PARLAMENTARIOS: El juez penal Carlos García expresó en una sentencia que el Parlamento "pone trabas" al accionar de la Justicia cuando rechaza los pedidos de desafuero para indagar a un legislador, de forma de "demorar o entorpecer el trámite normal de una causa determinada". La sentencia fue dictada en el proceso por el cual se condenó a 24 meses de prisión al ex senador colorado Juan Justo Amaro por varias irregularidades registradas durante su gestión como presidente de OSE durante el período 1995-2005. En 2007, el Parlamento rechazó el pedido de desafuero de Amaro, por lo que el ex presidente de OSE recién pudo ser indagado y procesado en marzo de este año, tras no renovar su banca en el Senado.

"Cuando en el ámbito de la administración pública, fallan los controles internos (de la propia administración) y externos (Tribunal de Cuentas), el último reducto en la lucha contra la corrupción es el Poder Judicial". También cuestiona que la Asamblea General, salvo "excepcionalísimos casos", no analiza las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas. Agrega que el Parlamento "no sólo no cumple" con su tarea de contralor, sino que "pone trabas al accionar de la Justicia en el tema, haciendo pesar el privilegio constitucional del cargo (fueros) de sus integrantes cuando son llamados a responder por sus actos". Eso, en opinión de García, busca "demorar o entorpecer temporalmente el trámite normal de una causa determinada y otras veces, para impedir su prosecución, frustrando así, la labor jurisdiccional". "Y, consecuentemente, trae aparejado poner públicamente de manifiesto la irritante desigualdad existente en comparación a todos los demás justiciables".

CASO APLISER S.A.: El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe pidió a la jueza Graciela Gatti el archivo de la investigación por presunto "lavado de activos" en la millonaria exportación de libros a Venezuela realizada por la empresa Apliser S.A. El fiscal concluyó que, tras más de un año de indagatoria, no se probó la existencia de un delito precedente al blanqueo de capitales, requisito indispensable que prevé la legislación para desarrollar este tipo de investigaciones.

El abogado Jorge Barrera, defensor de los representantes de la empresa, dijo que el pedido de archivo del expediente "demuestra que como se planteó en su momento, se trató de una operación comercial que no puede ser considerada ilegal a nivel penal".

SUPREMA CORTE DESESTIMO INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE ACOSO SEXUAL: La Suprema Corte rechazó el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual. La demanda fue presentada por una funcionaria policial contra su jerarca, a quién acusa de acoso sexual a través de mensajes de texto con invitaciones para encontrarse por fuera del ámbito laboral. La funcionaria presentó una acción de amparo contra el comisario reclamándole una indemnización de $ 800.000.

El comisario denunciado alegó la inconstitucionalidad de la normativa ya que, a su juicio, el mecanismo que establece la ley para estos casos, al fijar un plazo de tres días para contestar la demanda, implica una violación del derecho de defensa y también del principio de igualdad establecido en el art. 8° de la Constitución.

La Suprema Corte en un fallo firmado por unanimidad, rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual. La sentencia señala que la regulación del proceso judicial previsto para estos casos "no resulta violatoria de las disposiciones de orden superior invocadas". "La circunstancia de que el legislador estableciera un plazo de tres días para que la parte demandada conteste la demanda, no permite argumentar que afecte el principio de igualdad...". La resolución agrega que el comisario demandado no logró demostrar que "se haya visto privado de una razonable oportunidad de defenderse".

DECRETO AMPLIA CONTROLES POR LAVADO DE ACTIVOS: El Poder Ejecutivo promulgó un Decreto por el cual, de ahora en más, los casinos habilitados deberán pedirle información a clientes que realicen compras o canjes de fichas por un monto superior a US$ 3.000, en el marco de la política de mayores controles por lavado de dinero. La nueva disposición también abarca a las personas físicas o jurídicas que adquieran antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas que superen los US$ 15.000.

El Decreto también obliga a las inmobiliarias y otros intermediarios relacionados con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles cuando las operaciones sean superiores a los US$ 100.000 en efectivo y por US$ 200.000 cuando utilicen instrumentos bancarios.

"Los umbrales mínimos establecidos (...) no regirán cuando existe sospecha de lavados de activos o de financiamiento de terrorismo o el sujeto obligado tenga dudas acerca de la veracidad o la suficiencia de los datos identificatorios del clientes obtenidos previamente". Las operaciones deberán reportarse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).

2010-12-13T07:30:00.000-02:00

DECRETO 354/010 DESALOJO DEPENDENCIAS PUBLICAS POR OCUPACION:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre (Nº 28.120): Por el cual se dictan normas relativas al desalojo de dependencias públicas cuando hayan sido ocupadas por trabajadores.

Se establece que ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza de ésta (Administración Central, Entes Autónomos; Servicios Descentralizados; Poder Judicial, Poder Legislativo, etc.) se procederà por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo al Ministerio de Trabajo. Éste procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata (art. 1º).

Si dicha conciliación resultare inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Cumplidas estas etapas y de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Idéntico procedimiento se aplicará para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios de la dependencia pública ocupada (art. 2º).

Los Gobiernos Departamentales podrán, si así lo solicitaren, acceder a idéntico mecanismo de desocupación (art. 3º).

El art. 4º establece que durante el término en que se mantenga la ocupación la organización sindical a cargo deberá garantizar:

Que inmediatamente de producida la misma se deje constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles.
Que la organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, adopte las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la Administración o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata , en caso de producirse, los actos de violencia;
Que se tomen las medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación y/o la estabilidad laboral de los trabajadores de la dependencia objeto de ocupación;
Que en ningún caso los ocupantes asuman la gestión total o parcial de la dependencia.

La notificación de la intimación administrativa prevista se realizará en la persona de la organización representativa de los trabajadores y por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado (art. 5º).

Acceda al texto del Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtss_130.pdf

IPC E IMS: Publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre (Nº 28.117): Por la cual se establece el Indice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de noviembre en 300,43 y el Indice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de octubre en 129,41.

DECRETO 355/010 MODIFICA NORMAS REFERENTES AL LAVADO ACTIVOS:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre (Nº 28.120): Por el cual se determinan los deberes de los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas, con el fin de mejorar y fortalecer el sistema nacional contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y se deroga el Decreto 86/2005.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mef_291.pdf

DECRETO 344/010 REGULA ACTIVIDAD AREA ZONAS FRANCAS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se dictan normas con el fin de regular la actividad en el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mef_291.pdf

DECRETO 345/010 AGREGA INCISO DTO REGLAMENTARIO IRAE: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se agrega un inciso al art. 42 del Dto. 150/2007, relativo a excepciones de deducción de gastos en la liquidación de IRAE.

El inciso que se agrega establece: "Sin perjuicio de las vigencias especiales que se establezcan, las deducciones establecidas en los numerales 1 a 40 serán de aplicación para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 2007."

DECRETO 346/010 ENTRADA EN VIGENCIA ARTICULO AUMENTO OBLIGATORIO SOCIEDADES COMERCIALES: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se establece que la modificación dispuesta por el art. 124 de la Ley 18.627 al art. 288 de la Ley 16.060 (Aumento Obligatorio de Capital) será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 18.627 (publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2009).

ACORDADA 7694 REGLAMENTO CARGOS QUE SE MENCIONAN: Publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre (Nº 28.117): Por la cual se aprueba el nuevo reglamento de ingresos, ascensos y traslados para los cargos de Secretario de Tribunal de Apelaciones, Inspector de Juzgados Letrados, Actuario, Inspector de Juzgado de Paz y Actuario Adjunto.

Acceda al texto de la Acordada siguiendo éste enlace:

http://www.poderjudicial.gub.uy/pls/portal30/docs/FOLDER/PJUDICIAL/OR/ORCA01/ORCA10/128-2010.PDF

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-12-06T07:35:00.000-02:00

CASO NIN NOVOA: "Me voy a amparar en mis fueros porque esto es un disparate"; "Si estuviera acusado de un delito (y no una falta) de malversación de fondos, cohecho o cualquier otra cosa, por supuesto que me daría una vergüenza horrible y renunciaría. Pero por esto, la verdad que no", dijo el senador Rodolfo Nin Novoa, dejando en claro que no renunciará a su banca tras el pedido de procesamiento en su contra. "Para renunciar a los fueros, debo renunciar a la banca y sería muy fácil para el sistema político uruguayo y para el sistema judicial empezar a sacar senadores de las bancas".

En la resolución que rechaza el recurso de revocación presentado por Gonzalo Fernández y solicita el desafuero de Nin Novoa, la jueza penal Fanny Canessa expresa que "Resultaría francamente incongruente, y contrario a los principios que inspiran el proceso penal, que la Defensa del denunciado estuviera diligenciando prueba, mientras al mismo tiempo la Sede se viera impedida siquiera de citar a su defendido para tomarle declaración".

El 12 de noviembre el fiscal Luis Bajac pidió el procesamiento de Nin Novoa por reiterados delitos de falsificación ideológica. Para Bajac, Nin Novoa omitió información patrimonial en dos declaraciones juradas.

DENUNCIAN AL INAU POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL: El fiscal civil Enrique Viana pidió a la jueza de Familia María Luz Vila, que dé cuenta a un magistrado penal sobre la situación, en la que según el representante del Ministerio Público, las autoridades del INAU no han cumplido con una sentencia dictada hace casi tres años.

En abril de 2008, la jueza Vila hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el fiscal Viana, y condenó al INAU a reducir las horas de encierro de los adolescentes infractores alojados en los hogares Ser y Piedras de la Colonia Berro. Viana planteó que en ambos centros, muchas veces, los jóvenes pasan cerca de 23 horas en sus celdas, sin posibilidad de acceder al patio ni realizar tareas educativas ni recreativas.

La juez Vila además de ordenar la reducción de las horas de encierro, también estableció que el INAU debe impulsar programas educativos y recreativos alternativos a la reclusión en las celdas. Sin embargo, a casi tres años del dictado de ese fallo judicial, la sentencia "ha seguido siendo desobedecida por parte de las autoridades públicas del INAU", denunció Viana en un escrito que presentó el martes 30 ante la jueza Vila. Según Viana, el INAU está incurriendo en una "contumaz desobediencia" y por ese motivo se debe informar del hecho a un juez penal.

MINISTERIOS PREVEN PLANTEAR EXCEPCIONES AL DECRETO DE 6 HORAS PARA ADMINISTRACION CENTRAL:
Algunos ministerios evalúan solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación de excepciones al régimen horario definido por el decreto que establece una jornada laboral de seis horas en la Administración Central, que entró en vigencia el pasado miércoles. Para ello invocarán el artículo 4 del decreto, por el cuál las dependencias de la Administración Central pueden cumplir "un horario único de labor o de atención al público más extenso". Los jerarcas de los incisos deberán solicitar al Poder Ejecutivo "el establecimiento de horarios de labor y atención distintos" a los contemplados en el decreto. El documento fija un horario único de labor de 8 a 18 horas y de 9 a 17 para la atención del público.

El Decreto, que establece un mínimo de seis horas diarias o al menos 30 horas semanales para la Administración Central, afecta básicamente a los profesionales y técnicos, que trabajaban menos de seis horas como compensación por el no pago de ajustes salariales, en administraciones anteriores.

EJECUTIVO APROBO DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA PARA DESOCUPAR OFICINAS PUBLICAS: El presidente Mujica firmó un decreto el pasado jueves por el cual se autoriza el uso de la fuerza policial para desalojar a los ocupantes de oficinas públicas. El decreto debutó con impacto a las pocas horas de ser publicado, con el desalojo de la ocupación de la Intendencia de Tacuarembó. Los funcionarios habían ocupado el miércoles de noche en rechazo a la propuesta de recuperación salarial ofrecida por la comuna.

En el seno del Pit-Cnt se tomó con "sorpresa" la decisión del Poder Ejecutivo. En tanto, el presidente de COFE, Pablo Cabrera, adelantó que el decreto le parecía "inoportuno". Entre los empresarios, la medida adoptada por Mujica fue bien recibida, pero reclamaron que se extienda a la actividad privada.

PARLAMENTO LLAMARA A SALA AL MINISTRO DE CULTURA Y AL FISCAL DE CORTE: La bancada de Diputados del Partido Nacional convocará al Parlamento al ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y al fiscal de Corte, Rafael Ubiría quien en una entrevista al semanario Búsqueda, denunció la existencia de un "hostigamiento" contra su persona de parte del gobierno y del sindicato de funcionarios del Ministerio Público y Fiscal. En la entrevista, Ubiría dijo que, según le indicaron un grupo de fiscales adjuntos que mantuvieron una reunión con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el jerarca habría dicho que mientras él esté en el cargo no habría "un peso" para el Ministerio Público.

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, rechazó los dichos de Ubiría. Dijo que las declaraciones del fiscal de Corte son "lamentables" y afirmó que sus denuncias son "totalmente falsas"; "Esto demuestra falta de equilibrio en el fiscal de Corte".

NOVEDADES EN CONFLICTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES: Un paro realizado por los funcionarios del área informática del Poder Judicial y por los actuarios, afectó el miércoles el funcionamiento de los juzgados, y por ese motivo la Suprema Corte declaró dicha la jornada como día inhábil para no alterar los plazos de los expedientes. La medida de paro llevada a cabo por los funcionarios informáticos fue aprobada por la gremial que los nuclea en virtud de que entienden que la redistribución de rubros en el Poder Judicial los perjudica. La ausencia de los actuarios hizo que los jueces debieran asumir tareas administrativas que no son de su competencia. En tanto que la paralización de los servidores informáticos, afectó las comunicaciones de las sedes.

El pasado lunes, la bancada de senadores del Frente Amplio y el sindicato de funcionarios administrativos del Poder Judicial, llegaron a un acuerdo para mejorar los salarios de los trabajadores del grado más bajo del escalafón funcional mediante nuevas partidas.

PARLAMENTO APROBO ADHESION A UNASUR: Uruguay se convirtió en el noveno país en ratificar la constitución de la Unión de Naciones del Sur (Unasur). La supuesta hegemonía que pretende ejercer Brasil sobre este nuevo organismo para opacar la influencia geopolítica de México en los restantes bloques regionales, fue uno de los elementos empleados por los legisladores de Unidad Nacional (UNA) y del Partido Colorado, que se opusieron a la ratificación.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010).

2010-12-06T07:30:00.001-02:00

DECRETO 339/010 FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS: Publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre (Nº 28.111): Por el cual se aprueba el reglamento del Fondo de Bienes Decomisados, de la Junta Nacional de Drogas, creado por el art. 125 de la Ley 18.046, en la redacción dada por el art. 48 de la Ley 18.362.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mi_194.pdf

DECRETO 340/010 TRANSFERENCIA ACTIVOS DEL BHU AL MEF: Publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre (Nº 28.111): Por el cual se dispone que el BHU transferirá al MEF, activos tales como créditos hipotecarios, inmuebles, derechos de crédito y derechos de promitente vendedor que se encuentren pendientes de transferencia, bajo la forma de los fideicomisos que resulten necesarios a tales efectos, en las condiciones establecidas por el art. 124 de la Ley 18.046.

La instrumentación de la transferencia de estos activos podrá también efectivizarse por actos y contratos entre dichos organismos.

LEY 18.697 POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LOGISTICA: Publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre (Nº 28.115): Por la cual se crea el Instituto Nacional de Logística (INALOG) como persona jurídica de Derecho Público no estatal. Acceda al texto de la Ley siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2010/11/mtop_126.pdf

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-11-29T07:35:00.000-02:00

CONFLICTO EN ADUANAS. SEÑAL DE PREACUERDO: El Gremio de Aduaneros y el Ministerio de Economía llegaron a un preacuerdo por el cual éste último aceptara seguir repartiendo el fondo de decomisos entre los funcionarios y quitarle los beneficios extra a los 50 paraestatales no aduaneros.

Los aduaneros reclamaban que se mantuviera un beneficio que perciben desde 1936 (un fondo de decomisos y multas que se reparte entre todos los funcionarios) y que se regularizara la situación de 50 funcionarios paraestatales que habían llegado de otras dependencias del Estado y que, percibiendo los incentivos de Aduanas, tenían haberes muy superiores, por tener topes salariales más elevados.

CONFLICTO MEDICO. SEMANA CON INCIDENTES, AVANCES Y RETROCESOS: Cuando todo parecía indicar que comenzarían las huelgas de los médicos (las Sociedades Anestésico Quirúrgicas y la Federación Médica del Interior, con la posibilidad de que se plegara desde el viernes el Sindicato Médico del Uruguay), se llegó a un principio de acuerdo por el cuál no se llevaron adelante las medidas de lucha (salvo las SAQ quienes levantaron la huelga el miércoles). La iniciativa del gobierno apunta al mantenimiento de las prestaciones que brindan las cajas aunque de forma complementaria al FONASA. Además el proyecto fija un aporte gradual de los usuarios que destinarán un porcentaje de sus salarios al Fonasa y otro a las Cajas de Auxilio.

Los médicos reclamaban la postergación de la desaparición inmediata de las cajas de auxilio así como el tener que "pagar por encima de lo que paga el resto de los trabajadores por el mantenimiento de las prestaciones de las cajas".

Previo al inicio de la reunión con el Ministro, los representantes de las SAQ fueron agredidos verbal y físicamente por un hombre que alegaba ser integrante del Movimiento de Usuarios de Salud Pública, sector con representación en la Junta Nacional de Salud (JUNASA). Vera se retiró del lugar previo a la reunión y responsabilizó al gobierno y al MSP de pergeñar el incidente. Tras la reunión, Olesker repudió lo sucedido, y afirmó respecto del agresor que "Sabemos que es una persona que no pertenece a los movimientos de usuarios".

El proyecto que presentó el gobierno prevé el ingreso de los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero su aporte al seguro estatal de salud será gradual. Durante cuatro años un porcentaje del aporte irá para al Fonasa y el resto para financiar a las Cajas de Auxilio, que se deberán transformar en servicios complementarios de salud para brindar las prestaciones que el Fonasa no ofrece, entre ellas el subsidio por enfermedad que cubre el 100% del salario del trabajador mientras éste se encuentre en inactividad.

A partir de 2015 las Cajas de Auxilio deberán financiarse con "recursos extras" que deberán ser definidos en su momento. El Fonasa obtiene unos US$ 40 millones anuales con el ingreso de las Cajas de Auxilio.

ESTUDIAN IRREGULARIDADES EN ITF: El juez penal Eduardo Pereyra y el fiscal Juan Gómez iniciaron la investigación por presuntas irregularidades cometidas por el médico forense Guido Berro, durante su gestión al frente de la Morgue Judicial del Instituto Técnico Forense (ITF) y que fueron constatadas en una investigación administrativa iniciada en 2008 por la Suprema Corte. Hace 15 días, la Corporación dio cuenta al juez Pereyra sobre las presuntas irregularidades que implican a Berro, con el objetivo de establecer si hubo o no delito.

Entre los citados se encuentran funcionarios de la Morgue Judicial, jerarcas de la SCJ que tuvieron a su cargo la investigación administrativa y representantes de empresas funerarias privadas. La investigación administrativa de la SCJ determinó que Berro habría utilizado las instalaciones de la Morgue Judicial a fin de realizar embalsamientos para empresas privadas, los cuales tienen un costo aproximado de US$ 400. A su vez, de acuerdo con la investigación de la SCJ, Berro también habría extraído órganos "blandos" (cerebro, corazón, entre otros) de cadáveres que se encontraban en la Morgue Judicial para realizar prácticas con estudiantes de la Facultad de Medicina del Claeh de Maldonado, donde se desempeña como docente. Berro negó públicamente las acusaciones, y señaló que no tiene dudas respecto a que el tema se va a aclarar.

ACCION DE AMPARO DE TRABAJDORES DEL CAP. JUEZA AMPARO DEMANDA: La jueza laboral Mónica Pereira hizo lugar a la acción de amparo presentada por los trabajadores que no forman parte del sindicato del Consorcio Ambiental del Plata (CAP), obligando al sindicato de trabajadores de la empresa a "cesar las conductas de hostigamiento y coacción" hacia los empleados no agremiados que quieren desarrollar sus tareas. El conflicto, desatado por una minoría sindicalizada que reclama mejoras salariales y de condiciones laborales, llevó a una paralización que afectó sensiblemente la limpieza de las zonas donde la empresa tiene la concesión para ocuparse de la recolección de la basura.

Los funcionarios que expresaron su intención de no parar y desarrollar sus tareas de forma normal, fueron agredidos y amenazados por los huelguistas. Esa situación -a raíz de la cual incluso se presentaron denuncias policiales- llevó a los trabajadores no agremiados a recurrir a la Justicia para que a través de una acción de amparo, se asegurara su derecho a trabajar de forma normal. De esa forma, quienes no se adhieren al paro, han visto afectado su derecho a la libertad y al trabajo, previstos en los artículos 53 y 54 de la Constitución de la República. Esa vulneración de derechos "se realiza con ilegitimidad manifiesta, en tanto las medidas de agresión exceden el normal ejercicio del derecho de huelga"… "la parte demandada (el sindicato de CAP) no está dispuesta a buscar un punto de equilibrio que comparta el respeto de la posición de aquellos que disienten con la medida adoptada. No existe posibilidad de conciliación y equilibrio de los derechos".

Por ese motivo, para la jueza, las medidas de lucha adoptadas por los trabajadores agremiados son "desproporcionadas y vulneran" los derechos de quienes sí quieren "desarrollar la función para la cual fueron contratados, poniendo en riesgo la propia fuente de trabajo y la percepción de su salario". Por otro lado, la jueza Pereira cuestionó la actitud del sindicato de CAP, que no se presentó ante la sede judicial, teniendo así "una actitud omisa frente al presente proceso".

En los últimos años se han registrado una decena de fallos donde se amparó el derecho de los trabajadores no sindicalizados. En esos casos, a diferencia del relativo a CAP, siempre se trató de situaciones de empresas ocupadas, pero la esencia de este nuevo fallo sigue siendo la misma: el respeto de la voluntad de quienes no están de acuerdo con las medidas de lucha y quieren desarrollar normalmente sus tareas.

SEMANA DE COONFLICTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES: La pasada fue una semana muy atípica en lo que refiere al funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial. El normal funcionamiento de las oficinas se vio afectada por asambleas y paros, lo que provoco un retraso en el normal cumplimiento de las tareas para las Sedes Judiciales, así como para nosotros, profesionales.

En reclamo de mejoras salariales, los funcionarios judiciales (AFJU) ocuparon el pasado martes la Suprema Corte de Justicia. Luego de cinco horas y media, se levantó la medida en forma pacífica tras la intervención policial y gestiones con legisladores del FA.

Los funcionarios reclaman que el Senado modifique el Presupuesto asignado al Poder Judicial para el quinquenio, que implicaría un aumento de $ 500 en todo el gobierno para los sueldos más bajos. Para cambiar esa situación y evitar "inequidades" salariales, piden un incremento de unos $ 4.000 en los próximos cinco años, a través de una partida extraordinaria de $ 280 millones.

A pedido de la SCJ, sobre las 19:30 media docena efectivos de la Seccional 2° llegaron al lugar con el objetivo de lograr la desocupación del edificio. Minutos más tarde, la presencia policial se vio reforzada con otros diez policías del Grupo Especial de Patrullaje. A la hora 20, el jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, se hizo presente en el lugar y se acercó a la puerta de la SCJ. A las 20:30 llegó al lugar el diputado Carlos Gamou (CAP-L). Ingresó al edificio y mantuvo una charla con los funcionarios. Minutos después también arribaron los diputados Julio Bango y Elena Laurnaga (ambos del Partido Socialista) y se sumaron al diálogo con los trabajadores. Media hora más tarde, los tres legisladores se retiraron y anunciaron que habían transmitido a los funcionarios la intención del Frente Amplio de analizar la situación en los próximos días antes de que el Presupuesto se apruebe en el Senado, y por ese motivo se levantaría la ocupación.

El miércoles los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para dialogar sobre la instalación del ámbito de negociación colectiva, reclamado por el sindicato. A las 15, fueron recibidos por la bancada de senadores del Frente Amplio. Ambas gestiones se dieron en el marco de un paro.

ANTECEDENTES DE MENORES: El gobierno propone "suspender" la aplicación de un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que obliga a destruir los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció en el Consejo de Ministros que se enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una "suspensión" (sin fecha de finalización) del artículo 222 del CNA. El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, anunció oficialmente la intención del gobierno y sostuvo que "la medida ha sido respaldada por organismos como Ielsur, Serpaj y el Comité Interamericano de los Derechos del Niño de ONU".

Sin embargo, Mauro Tomasino, coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo que "El gobierno nunca tuvo ningún diálogo con nosotros" y desmintió las afirmaciones del secretario. "Estamos desconcertados; no sabemos de dónde sacó eso Breccia". Además puntualizó que el Serpaj está "absolutamente en desacuerdo" con la iniciativa del gobierno. Lo mismo sucedió con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Su presidente, Luis Pedernera, expresó: "Nuestra posición es la misma que la del Comité de Derechos del Niño, y está muy lejos de ir en la línea de reforzar los sistemas penales. No recibimos ninguna consulta ni hablamos de esto con el gobierno".

A nivel judicial se considera que la propuesta del gobierno es inaplicable. El juez penal Ricardo Míguez afirmó que "por ley, ningún menor tiene antecedentes penales. Se entiende que el menor es inimputable; es decir, que no tiene madurez para discriminar los perjuicios que causa su acción"; por ello, "no procede considerarlos para juzgar a un adulto". Los antecedentes se toman en cuenta en los adultos "para evaluar su peligrosidad y a solo efecto de determinar si el procesamiento será con o sin prisión". "Sería distinto", añadió, "si se decidiera bajar la edad de imputabilidad; en ese caso, sí valdría tener los antecedentes".

Bonomi anunció también que se pretende contar con un instituto de contención de menores infractores o, eventualmente, lograr la ampliación de las instalaciones de la Colonia Berro. "Hay que dar contención física y psicológica, tratando de rehabilitar efectivamente a los menores. No se pueden rehabilitar si están escapándose continuamente", explicó Breccia.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-11-22T07:35:00.000-02:00

DESESTIMARON ACCION DE AMPARO CONTRA DECRETO QUE ESTABLECE 6 HORAS DE LABOR EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: La Justicia desestimó el pasado miércoles la acción de amparo presentada por COFE contra el decreto que obliga a trabajar seis horas diarias. El amparo fue presentado por COFE con la firma de 78 funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Turismo, así como por funcionarios de la Biblioteca Nacional, que tienen grado de profesionales universitarios.

Se afirma por parte del Sindicato que el decreto del Poder Ejecutivo (que entra en vigencia el próximo 1° de diciembre) y que los obliga a trabajar seis horas diarias, los perjudica porque no se prevé una compensación salarial. También plantearon que en su condición de profesionales, que a su vez se desempeñan en la órbita privada, la nueva carga horaria los hará renunciar a sus otras actividades.

La magistrada concluyó que la "reorganización horaria" que prevé el decreto "no violenta" el régimen jurídico que les es aplicable a los funcionarios; la administración "puede dentro de sus facultades discrecionales" modificar los regímenes laborales de los funcionarios públicos. Asimismo, para Cabrera "no se advierte tampoco la violación del derecho al trabajo o del derecho a la debida remuneración salarial" planteada en la acción de amparo. En su sentencia, la Juez expresa que la decisión del Poder Ejecutivo está enmarcada en la "aplicación de normas de buena y sana administración" y que se ajustan "al régimen estatutario que constitucional, legal y reglamentariamente corresponde" a los 78 funcionarios reclamantes.

COFE, lejos de dar por perdida la batalla contra el decreto que obliga a cumplir jornadas de seis horas en la Administración Central, llevará el tema a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sumando así un nuevo elemento en la denuncia que el sindicato de estatales prepara contra el gobierno uruguayo por supuesta violación del convenio colectivo.

Según el Sindicato, la decisión de la Juez de lo Contencioso Administrativo Cristina Cabrera de considerar legal el decreto, "no agota" otras vías para impugnar la normativa tanto a nivel judicial como en lo relativo a reclamos indemnizatorios patrimoniales de los funcionarios. "Respetamos la decisión de la jueza, pero no nos parece que no tengamos razón en plantear que todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo debe ser discutido con los trabajadores". Desde el Sindicato se afirma que los funcionarios de la Administración Central "no se oponen" a trabajar seis horas diarias, pero entienden que esa medida debe acompañarse con una "rediscusión de la escala salarial".

Por su parte, el abogado de COFE, Daniel Parrilla, dijo que apelará la sentencia de la jueza Cabrera. El asesor legal de la gremial indicó que antes de promover otros recursos judiciales contra el decreto, su intención es esperar el resultado de la apelación, que será tramitada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno.

COMISION INVESTIGADORA DEL SENADO POR DEROGACION DEL ART. DE LA LEY 2.230:
El Senado, por 17 votos en 31, aprobó el informe del Frente Amplio (FA) que exime de toda culpa al Dr. Gonzalo Fernández en lo relativo a su actuación en torno a la derogación del art. 76 de la Ley 2.230. El informe aprobado concluye que Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" cuando le sugirió a Abreu derogar el delito por el que procesaron a los Peirano. Fernández "no tuvo un beneficio particular" al sugerir la derogación.

A raíz de la experiencia, la bancada del FA aceptó la propuesta de blancos y colorados para que los proyectos de ley que modifican normas penales sean discutidos primero en comisión, hecho que no ocurrió con el proyecto que derogó el artículo 76 de la ley 2.230, que se trató directo en el plenario porque había apuro ya que el primer artículo trataba la situación del Casmu.

SOLICITARON LIBERTAD DE PEIRANO BASSO: La defensa de Juan Peirano Basso solicitó el pasado jueves su liberación. Peirano permanece en prisión desde septiembre de 2008, momento en que fue extraditado desde Estados Unidos. Fue procesado por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta".

La solicitud de excarcelación se fundamenta en un dictamen del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó a Uruguay por haber violado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de ese organismo, que establece que todo individuo tiene derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas".

PROYECTO ALTERNATIVO PARA MANTENER CAJAS DE AUXILIO: El gobierno presentará un proyecto de ley que mantiene en vigencia las Cajas de Auxilio y establece un aporte progresivo de sus afiliados al Fonasa. Autoridades del MSP, MEF y MTSS se reunieron para afinar la propuesta que será enviada al Parlamento y que deberá ser aprobada antes que termine el año, pues el plazo previsto para el ingreso de los usuarios de las Cajas de Auxilio al FONASA es el 1° de enero de 2011.

El proyecto del gobierno incorpora a los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero establece un aporte progresivo de sus afiliados al seguro estatal y mantiene la vigencia de las Cajas. Durante cuatro años sus usuarios no volcarán la totalidad de los aportes al Fonasa, sino que destinarán un porcentaje que será del 1% de su sueldo en 2011 y se aumentará progresivamente hasta el 4% en 2014. Recién en 2015 se volcará todo al Fonasa. Hasta ese año, el resto de sus aportes irán a las Cajas, con lo cual se conseguirá que éstas sigan funcionando como "servicios complementarios de salud" y puedan seguir brindando las prestaciones que el seguro estatal de salud no ofrece, entre ellas el mentado subsidio por enfermedad que cubre el 100 % del salario del trabajador.

A partir de 2015, para mantener estos beneficios, los usuarios de las Cajas deberán hacer un aporte extra por encima del aporte al Fonasa que es del 4,5% para los trabajadores que no tienen hijos y del 6% para quienes sí tienen.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010).

2010-11-22T07:30:00.000-02:00

DECRETO 332/010 MODIFICA DTO. 455/007: Publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre (Nº 28.103): Por el cual se modifica el Decreto 455/007, por el cual se reglamentó el nuevo régimen de promoción de inversiones a que hace referencia la Ley 16.906, con la finalidad de incluir las plantaciones de árboles y arbustos frutales plurianuales, y de definir el alcance de la expresión de vehículos no utilitarios.

El literal a) del Artículo 3º del Decreto 455/007 quedará redactado:

a) Bienes corporales muebles destinados directamente a la actividad de la empresa. Quedan excluidos los vehículos no utilitarios y los bienes muebles destinados a la casa habitación.

A tales efectos, los siguientes vehículos se consideran no utilitarios:

- Vehículos de pasajeros, excepto ambulancias. El término ambulancia incluye a las unidades móviles de atención médica de emergencia.

- Motocicletas, motonetas, triciclos motorizados y vehículos similares; excepto triciclos motorizados con caja de carga abierta o cerrada (furgón) y una tara mayor a 300 kg.

- Vehículos marítimos o aéreos utilizados con fines deportivos.

- Vehículos marítimos o aéreos con desplazamiento igual o menor a una tonelada."

Por el artículo 2 del Decreto, se agrega al art. 3 del Decreto 455/007 el siguiente literal:

"d) Plantines y los costos de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales, en tanto se incurran en el primer año del cronograma de inversiones. La Comisión de Aplicación definirá los montos máximos de inversión por hectárea así como los requisitos y condiciones pertinentes. Las empresas que hayan presentado proyectos luego del 1º de junio de 2009, incluyendo los bienes antes mencionados y cuenten con la declaración promocional antes de la entrada en vigencia del presente decreto, podrán solicitar se adecuen los beneficios otorgados a las disposiciones del presente numeral."

Por el art. 3 del Decreto se agrega al Decreto 455/007, el artículo 16 Bis.- (Superposición de proyectos), que establece que "Las empresas que en el mismo ejercicio económico dispongan de más de un proyecto de inversión aprobado por el Poder Ejecutivo con saldo de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, podrán exonerar en dicho ejercicio, el menor de los siguientes montos:

a. la suma de los importes correspondientes a las exoneraciones computables en dicho ejercicio, de cada proyecto considerado individualmente;

b. el que resulte de la aplicación del mayor de los porcentajes establecidos en el artículo anterior en dicho ejercicio, para cada uno de los proyectos."

DECRETO 334/010 MODIFICA REGIMEN ASIGNACION ALEATORIA FISCALIAS CIVILES: Publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre (Nº 28.103): Por el cual se deroga el Decreto 353/004 y se modifica el art. 4° del Dto. 537/991, el cual quedará redactado: "Art. 4º.- Para las demás materias (con excepción de la penal, aduanera y de familia) se utilizará el mismo criterio de fijación de turnos, toda vez que el Poder Judicial establezca un régimen aleatorio para la determinación de la competencia temporal en los distintos Juzgados.

En el área de Familia, cada Fiscalía Letrada Nacional en lo Civil con competencia en la materia, actuará ante los Juzgados Letrados que anualmente determinará la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Establecese que las Fiscalías Letradas en lo Civil, seguirán conociendo en todos aquellos asuntos relativos a la materia de Familia que se encuentra actualmente en trámite, hasta su finalización."

DECRETO 338/010 COMETIDO JUNTA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA: Publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre (Nº 28.105): Por el cual se establece que la Junta de Transparencia y Ética Pública se encuentra facultada para proceder a verificar la corrección de las nóminas de funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos, según lo dispuesto por los arts. 10 y 11 de la Ley 17.060; a través de personal propio o contratado, remitidas a la Junta por los organismos relacionados en el art. 1° de la Ley 17.060.

A tales efectos la Junta podrá constituirse en los organismos referidos, los que deberán poner a su disposición la documentación e información que se le requiera.

Previamente, la Junta deberá notificar su decisión al organismo que corresponda, el que deberá recibir el personal de la Junta dentro de los 15 días hábiles siguientes de recibida la notificación.

Al finalizar las actuaciones la Junta informará al organismo inspeccionado los resultados, indicando las correcciones que correspondan, disponiendo el organismo de 15 días hábiles para realizarlas y acreditarla ante la Junta.

De acuerdo al literal P) del art. 11 de la Ley 17.060, los funcionarios que efectúen tasaciones o inventario de bienes, obligados a presentar declaración jurada, serán aquellos cuya jerarquía no sea inferior a la de jefe o equivalente. Se exonera de ésta obligación cuando los bienes a tasar o inventariar sean de valor inferior a las 200 UR.

DECRETO 337/010 BONIFICACION CONTRIBUYENTES BUENOS PAGADORES BPS: Publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre (Nº 28.105): Por el cual se otorga una bonificación del 10% sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes a diciembre 2010 (a abonar en enero 2011), a los contribuyentes del BPS que hubieren cumplido, dentro de los plazos legales y reglamentarios, con todas sus obligaciones correspondientes al período mayo 2009 a abril 2010, al amparo del art. 9 de la Ley 17.963.

A los efectos de la instrumentación, se aplicarán los mecanismos dispuestos por BPS para dar cumplimiento al art. 8 de la Ley 17.963 y a lo dispuesto por Dto. 560/2009, con los ajustes correspondientes.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

2010-11-15T07:35:00.000-02:00

TRIBUNAL RECHAZA RECUSACION DE CANESSA: La juez penal Fanny Canessa rechazó la recusación planteada por la directora del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Diana Noy. Canessa desestimó la recusación presentada por Noy, al entender que un juez no puede ser recusado en la etapa de presumario.

Asimismo el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er Turno desestimó la recusación presentada por Noy, contra la juez y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, por entender que fue planteada de forma "extemporánea" en relación a Canessa y de forma "improcedente" en cuanto a Scapusio.

Por su parte, la Suprema Corte desestimó la denuncia administrativa presentada por Diana Noy, contra la juez Canessa. Los ministros de la Corte entendieron que no hay elementos que avalen la aparente situación de maltrato y hostigamiento de parte de la jueza, situación denunciada por Noy y tres educadores del CNR que debieron declarar en el juzgado a causa de la muerte del recluso Mauro Bozzatta.

Sin embargo, la SCJ resolvió iniciar un sumario administrativo al actuario del juzgado, César Menoni. La situación del actuario "es distinta" a la de la jueza, y por eso se decidió comenzar una indagatoria administrativa. De todos modos, Ruibal Pino se excusó de brindar mayores detalles al respecto.

Por otro lado, la madre del recluso fallecido presentó una demanda civil contra el Ministerio del Interior, al que reclama una indemnización de US$ 50.000 por el fallecimiento del joven de 26 años, a quien en el momento de morir le restaban cuatro meses para recuperar la libertad. En la demanda se denuncia que las autoridades no tuvieron "la más mínima inquietud" por indagar lo ocurrido con el interno.

CAU SOLICITARA PRORROGA PARA INGRESO PROFESIONALES AL FONASA:
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) iniciará gestiones ante el gobierno para retrasar el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes en el Fondo Nacional Salud (FONASA) previsto para el próximo 1° de enero. Una comisión creada en el CAU para analizar el tema, concluyó que el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes al FONASA presenta "serios y graves" visos de inconstitucionalidad.

La incorporación de los profesionales al FONASA se hará mediante un descuento en base al total de la facturación, mientras que en el caso de quienes combinan capital y prestación de servicios, se realizará un aporte sobre una base ficta de 6,5 BPC.

La abogada tributarista Alicia Seijas, quien integra la comisión del CAU que evaluó la integración al Fonasa, dijo que la modalidad de ingreso al sistema deja "varios flancos abiertos para presentar acciones de inconstitucionalidad". Como el descuento para la cobertura de salud se hará en función de la capacidad contributiva, "lo que se está haciendo es aplicar un nuevo impuesto". "Si el resto de los beneficiarios del Fonasa pagan una contribución, ¿por qué nosotros vamos a pagar un impuesto?".

PROCESARON AL PRIMER MILITAR EN ACTIVIDAD POR CRIMENES COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA:
Por primera vez, un general en actividad fue enviado a prisión por el crimen de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrido en la dictadura. Se trata de Miguel Dalmao, quien se desempeñaba como jefe de la División IV del Ejército. El juez Rolando Vomero también procesó con prisión al coronel (r) José Chialanza. En los dos casos, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el magistrado les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado" en grado de "coautoría".

El cuerpo de Nibia Sabalsagaray apareció sin vida en su celda, horas después de haber sido detenida. El caso se hizo pasar como suicidio, pero el juez Vomero, en base a los testimonios de ex presos y algunos militares, concluyó que la joven falleció durante una sesión de tortura. Si bien no se inculpa a Dalmao y Chialanza por haber sido los autores materiales de la muerte, su vinculación surge a raíz de que, según las pruebas recolectadas durante la investigación, permitieron y avalaron la tortura en el interrogatorio en el que murió Sabalsagaray. En su fallo, el juez señala que los militares incurrieron en "contradicciones" y que buena parte de sus declaraciones no son creíbles, en función de las pruebas recabadas.

Respecto a Dalmao, el juez sostiene que el general modificó en dos ocasiones su versión de cómo halló el cuerpo de Sabalsagaray. Incluso, el fallo sostiene que en su momento, entre algunos militares y presos, circuló la versión de que Dalmao fue el autor material del homicidio, aunque ese extremo no se pudo comprobar.

Frente a esto, un grupo de militares en actividad y retiro planea recurrir al pronunciamiento de organismos internacionales buscando la condena a la ley de Amnistía de 1985. A tales efectos abrieron una cuenta en Abitab para financiar la contratación de un estudio de abogados que presenten recursos en los tribunales internacionales de la ONU y la OEA contra la ley de Amnistía, que luego de la dictadura benefició a los ex guerrilleros del MLN-T. En 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó tres leyes para apoyar la restauración de la democracia: una ley que amnistió a los presos, la ley de Caducidad, y la ley de restitución de derechos para los funcionarios públicos destituidos en dictadura por razones ideológicas.

COMISION INVESTIGADORA DEL SENADO POR DEROGACION ARTICULO LEY 2.230: La oposición marcó "omisiones, olvidos y contradicciones" de Gonzalo Fernández y concluyó que se afectó el "delicado equilibrio" entre la órbita pública y privada. Pero justificó la labor del Senado al derogar delito por el que procesaron a los hermanos Peirano. El último informe de la oposición, elaborado por el senador blanco Carlos Moreira y firmado por Francisco Gallinal y el colorado José Amorín, recomienda elevar todo lo actuado a la Justicia.

Según el informe, "El redactor del proyecto y los firmantes actuaron dentro del marco de objetividad y responsabilidad (...) De haber conocido alguna de las eventuales consecuencias (la clausura del expediente), se habría exigido su previo pasaje por la comisión y una exhaustiva y profunda discusión posterior", dice el informe de la oposición.

Es probable que el informe del grupo de Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, marque su discrepancia respecto a la labor legislativa en este tema. Pasquet ha afirmado que hubo "negligencia" de los senadores. Los dos informes se distancian cuando analizan la actuación del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández.

"El delicado equilibrio entre la actividad privada… y el cumplimiento de las reglas de derecho que regulan el ejercicio legítimo de la función pública, muy en especial por tratarse de un funcionario de tanta jerarquía y peso político, puede haberse visto comprometido a la luz de las omisiones, olvidos y contradicciones", dice el informe de la oposición. Cuando Fernández asistió al Senado, omitió decir que defendía a dos encausados por la aplicación de la ley 2.230. Tampoco dijo que había escrito un informe en 2006 al ministro de Economía Danilo Astori aconsejando la derogación del artículo, aunque luego "aconsejó lo contrario" por teléfono. La oposición asegura que "desde el punto de vista estrictamente jurídico y de técnica legislativa" era acertado derogar los artículos, ya que la ley 2.230 es "una vieja ley de 1893, calificada por maestros como Sebastián Soler como monstruo jurídico o por la doctora Adela Reta como ejemplo de pésima técnica legislativa". El informe indica que, al no haber pasado el proyecto por comisión y al haberse votado en forma urgente en sala, el Cuerpo de senadores "no tuvo prácticamente posibilidad de aquilatar, considerar y menos aún de prever algunas consecuencias jurídicas generadas por la aprobación" de la ley, en referencia a la clausura del expediente penal.

En cambio, el FA concluyó que Fernández "no fue protagonista" en la derogación y que resulta "prístino el espíritu" que movió al ex funcionario y también al senador Abreu.

CASO NIN NOVOA: La Fiscalía pedirá el procesamiento del senador Rodolfo Nin Novoa, por haber ocultado en su declaración jurada del año 2007, su participación en un emprendimiento rural que gestiona junto a sus hermanos. El fiscal Luis Bajac solicitará el procesamiento de Nin por el delito de "falsificación cometida por un funcionario público". Por las características del delito imputado, la solicitud de enjuiciamiento pedirá que se disponga la prisión preventiva de Nin.

Nin atribuyó a "intereses políticos" la resolución de la Fiscalía; afirmó que "no tiene ningún bien que no haya declarado" y calificó el pronunciamiento de la Fiscalía como "un disparate". En declaraciones a Radio Oriental, Nin dijo que "lo único que tengo es el emprendimiento rural junto a mis hermanos y eso lo declaré. No puse el nombre de la sociedad, pero sí todos los bienes que tengo".

La resolución del caso dependerá de si el Senado le levanta o no los fueros a Nin Novoa. Si eso ocurre, podrá ser citado a declarar, pero si no, el expediente quedará paralizado y recién habrá resolución en el momento en que no tenga más fueros parlamentarios.

EL BCU PUBLICO GUIA PARA DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS CON RELACION A INMUEBLES: El Banco Central divulgó una "guía de transacciones y señales de alerta" con el objetivo de ayudar a detectar patrones sospechosos en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión y otras transacciones que involucren inmuebles.

El instructivo elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye patrones de comportamiento que podrían vincularse con operaciones de lavado de activos provenientes tanto de actividades delictivas como del financiamiento del terrorismo pese a que aclara que la sola señal no tiene por qué implicar el acto delictivo. La Guía establece riesgos relacionados con la ubicación geográfica entre las que figuran: transacciones en las que intervengan personas domiciliadas o provenientes de países o territorios que no integren el GAFI, "que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan dificultar el adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o origen de los fondos utilizados" o que estén identificados por organismos serios por sus niveles considerables de corrupción, así como los que fueron objeto de sanciones internacionales.

Entre las señales vinculadas al cliente, plantea las transacciones que son a nombre de personas que reflejen indicios de carecer de capacidad económica, en las que participen personas políticamente expuestas, en las que intervengan procesados o condenados por delitos, familiares de éstos o personas que cuenten con domicilio desconocido. También aquellas transacciones que hagan fundaciones o asociaciones cuando las características de la operación no correspondan a los objetivos de la entidad o las que oculten el beneficiario final. Se agregan aquellas en las que se hacen arreglos entre compradores que permiten la inclusión de terceros desconocidos o las que reflejen interés de realizarse muy rápido sin explicación.

A nivel de las transacciones en sí, alerta sobre las que se hacen a precios diferentes a los del mercado, las que involucran varias compraventas sucesivas sobre el mismo bien, las que se realizan antes de un embargo o declaración de insolvencia, las pagas en efectivo, entre otras.

COFE RECURRIO DECRETO SOBRE HORARIO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: COFE presentó el pasado jueves un recurso administrativo, con más de 3.000 firmas, contra el decreto que los obliga a trabajar un mínimo de seis horas y modifica el sistema de sanciones. La defensa de los funcionarios apunta al régimen disciplinario que determina que ante una sucesión de sanciones se aplique hasta 180 días de suspensión. El texto del recurso señala que el decreto lesiona las garantías "al derecho del debido proceso legal, consagrado en el artículo 66 de la Constitución".

La semana próxima presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial. En ese caso dirán que la obligación de trabajar seis horas desconoce una serie de acuerdos previos de reducción horaria. Por tal motivo reclamarán que se les compense económicamente por la ampliación de la jornada laboral.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010).

2010-11-15T07:30:00.000-02:00

IPC e IMS: Publicado en el Diario Oficial el 8 de noviembre (Nº 28.096): Por el cual se fija el Índice de los Precios al Consumo correspondiente al mes de octubre de 2010 en 300,66 y el Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de setiembre de 2010 en 128,95.

LEY 18.694 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DESPACHANTES ADUANA: Publicada en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se dictan normas que establecen obligaciones y responsabilidades para los despachantes de aduana, en lo relativo a la guarda, conservación y archivo de los documentos derivados de operaciones aduaneras.

Acceda al texto de la ley siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2010/10/mef_270.pdf

DECRETO 322/010 VALOR UR, URA e IPC:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se fija el valor de la Unidad Reajustable (UR) en $ 469,75; el valor de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) en $ 467,41; y el Indice de Precios al Consumo en 298,74 correspondiente al mes de setiembre 2010.

El coeficiente que se tendrá en cuenta para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de octubre de 2010 es de 1,0632.

DECRETO 323/010 DISTRIBUCION PORCENTAJE FUNCIONARIOS CASINOS:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se modifica el art. 10 del Decreto 360/978 referente a la forma de distribución del porcentaje de las utilidades brutas del juego en los casinos del Estado entre el personal beneficiario de la Dirección General de Casinos.

Se establece que en caso de producirse pérdidas en un mes en algún Casino, no se realizará la distribución del porcentaje entre los funcionarios del mismo, con excepción de la participación en el Fondo Común del 3% previsto en el literal c) del art. 9. En los meses siguientes, los porcentajes se liquidarán sobre el total que resulte una vez absorbida dicha pérdida.

Igual criterio se aplicará para la participación de los demás funcionarios beneficiarios de la Dirección General de Casinos en la liquidación de los respectivos porcentajes.

DECRETO 326/010 REGIMEN EXTRAORDINARIO RETRIBUCIONES POR DEDICACION EXCLUSIVA, FUNCIONARIOS DGI:
Publicado en el Diario Oficial el 12 de noviembre (Nº 28.100): Por el cual se sustituye el artículo 1° del Decreto 298/010 referente al régimen extraordinario de retribuciones por dedicación exclusiva a funcionarios de la DGI.

El art. 1° establece que se deja sin efecto con respecto a los funcionarios de la DGI que perciban el nuevo régimen extraordinario de retribuciones por dedicación exclusiva, previsto en el inciso segundo de la Ley 17.706, el inciso segundo del art. 2° del Dto. 6/006 y el literal c) del art. 5 del Dto. 22/007.