El Orden en el Caos

Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito es un pequeño paso

2012-11-01T12:12:00.001-07:00

Esta semana se aprobó el decreto , Ley Penal Contra el Enriquecimiento Ilícito, mejor conocida como Ley Anticorrupción. Después de tantos años, tanta discusión y tantos safes, el Congreso de la República finalmente dio su brazo a torcer y concedió a la población guatemalteca la emisión de esta ley que es tan fundamental para un Estado de Derecho, y que había sido tan solicitada por los ciudadanos que se interesan por el rumbo de su país.

El mayor logro de la Ley Anticorrupción es, en mi opinión, la tipificación del delito de Enriquecimiento Ilícito, que fue burdamente derogado por los gobiernos que tuvo Guatemala durante la decada de los 90. Con su desaparición se abrió la ventana para que miles de millones de quetzales fueran desfalcados de las finanzas públicas, lo que tuvo como consecuencia un aumento desmedido de la pobreza, la violencia y la corrupción, y como contraposición, una grave disminución en los índices de salud, educación y justicia del país.

Comete el delito de enriquecimiento ilícito el funcionario público que incrementa su patrimonio de forma desmedida durante el ejercicio de su cargo, incremento que no puede justificar con sus ingresos como funcionario. La necesidad de una tipificación como ésta se basa en la presunción de que todo lo que el funcionario público haga, adicional a su cargo, y que genere un ingreso desproporcionado respecto del salario que devenga por su función pública, ha sido obtenido en aprovechamiento político (políquero) e ilegal de su cargo.

El problema de la tipificación del delito que se hizo en la nueva Ley Anticorrupción, no hay sorpresa acá, su sanción: 5 a 10 años de prisión y un máximo de Q.500 mil de multa. El permitir que existan delitos de enriquecimiento ilícito que se sancionen con el mínimo de la pena de prisión, 5 años, permite al procesado obtener la conmutación de la pena, es decir, la conversión de los años de prisión en dinero que deberá pagarse a cambio, así como también a acceder a un criterio de oportunidad, que es un procedimiento de desjudicialización de la pena. Esto implica que, en casos en donde la impunidad y la corrupción posen sus tentáculos fuertemente, el funcionario público podría incluso no ir a prisión aun incluso que sea declarado culpable.

Por otro lado, la máximo de multa que se impone, Q.500 mil, es irrisorio respecto de las cantidades de dinero que los guatemaltecos nos hemos enterado que se han desfalcado y malversado por parte de nuestros gobernantes a lo largo de los últimos años. Se ha hablado de millones, miles de millones; de cantidades absurdas que provocan náusea y pobreza. Más que pobreza en las personas, pobreza como país. La multa por este delito debería de ascender al monto que conforma el incremento que se dio en el patrimonio del funcionario público.

Lo justo es lo que a cada quien le corresponde, y al culpable del delito de enriquecimiento ilícito le corresponde devolver el dinero que se robó o que obtuvo en abuso de su cargo, así como también la estadía por un tiempo prolongado tras las rejas, para que reflexione un poco sobre lo que contribuyó a destruir a su país y a sus compatriotas. La justicia debería ser fin supremo de las leyes, pero pareciera que la justicia es un jabón mojado que se le resbala constantemente a nuestro país de las manos. No hace falta agregar que, cada vez que Guatemala se agacha a recoger el jabón del piso, los cerdos de la política aprovechan para violar al país con gusto y ensañamiento. La Ley Anticorrupción es un paso adelante, no muy grande, y no muy trascendente, pero al menos es un paso más. En cualquier caso, la población se ha probado a sí misma que tiene el poder de exigir a sus gobernantes por medidas concretas que son desaprobadas por ella. Ojalá esto sea el comienzo de algo interesante.

Las leyes ordinarias y el derecho de consulta previa

2012-07-20T15:04:00.002-07:00

El día de hoy se llevó a cabo la vista pública en la Corte de Constitucionalidad de la acción de inconstitucionalidad general total interpuesta por varios representantes de los pueblos indígenas en Guatemala, liderados por Rigoberta Menchú y el obispo Álvaro Ramazzini, en contra de la Ley de Minería, argumentando que ésta es inconstitucional debido a que no se consultó a los pueblos indígenas antes de ser emitida, al amparo del derecho de consulta previa reconocido por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Según los interponentes, como la Ley de Minería afecta directamente a los pueblos indígenas, su contenido debió haberse consultado con ellos, y al no hacerlo, se violó el Convenio 169 de la OIT, y en consecuencia, la Constitución Política. Este tema ha dado mucho de que hablar en los últimos días, en especial la discusión sobre la procedencia de un potencial derecho de consulta previa en favor de los pueblos indígenas, para ser consultados en los procesos de formación y sanción de las leyes ordinarias, como la Ley de Minería. Conviene, pues, estudiar los argumentos esgrimidos por los interponentes, y determinar si éstos realmente tienen fundamento lógico-jurídico suficiente para exigir un derecho de consulta previa para la emisión de las leyes ordinarias.

Representantes de los pueblos indíengas realizando una oración

antes de comenzar la vista pública

El artículo 6, numeral 1, literal a), del Convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que les afecten directamente. Este artículo, aunque demasiado ambiguo a mi parecer, deja entrever que el derecho de consulta previa le corresponde a los pueblos indígenas para el caso de que una medida administrativa, emanada del Organismo Ejecutivo, o una medida legislativa, emanda del Congreso de la República, les afecte directamente. En este sentido, se entiende que el requisito fundamental para que proceda un derecho de consulta previa es que la medida administrativa o legislativa afecte directamente los intereses de un pueblo indígena en particular. Según los interponentes de la acción de inconstitucionalidad, la Ley de Minería regula las actividades de extracción de recursos renovables y no renovables en el país, y como éstas se realizan en los territorios que ancestralmente han ocupado las comunidades indígenas, la ley los afecta directamente, y en consecuencia, tuvieron que haber sido consultados sobre el contenido de la misma antes de ser emitida.

Sin embargo, pretender establecer un derecho de consulta previa sobre las leyes ordinarias que emite el Organismo Legislativo implica ampliar y modificar el proceso de formación y sanción de las leyes que se encuentra previsto en los artículos 174 al 181 de la Constitución Política, para incorporar la fase del derecho de consulta previa en el mismo. No obstante lo anterior, los artículos 277 al 281 de la Constitución Política contemplan procedimientos específicos para modificar los artículos consagrados en la misma (mayoría calificada del Congreso de la República más ratificación mediante consulta popular, o Asamblea Nacional Constituyente). De esa cuenta, ampliar el contenido de la Constitución Política por medio de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, para introducir el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas al proceso de formación y sanción de las leyes ordinarias que emite el Congreso, significa aceptar que los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, prevalecen sobre la Constitución Política, lo que violaría flagrantemente el principio de la supremacía constitucional.

El procedimiento de formación y sanción de las leyes ordinarias está

expresamente establecido en la Constitución Política

http://goo.gl/3h0KG

Por otro lado, una ley ordinaria como la Ley de Minería no puede, en principio, afectar directamente a los pueblos indígenas, pues los afecta a éstos por su calidad de guatemaltecos, al igual que al resto de la población. En efecto, las leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República tienen la característica de ser generales, porque deben ser cumplidas por todos los habitantes del país; impersonales, pues no están dirigidas a persona alguna en concreto, sino más bien a toda la población; y abstractas, pues contienen supuestos hipotéticos que prevén el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser encuadrado en sus disposiciones. Asimismo, la finalidad de las leyes ordinarias es delimitar un marco general que incluya cierto tipo de actos jurídicos para asignarle efectos determinados, así que, en principio, una ley ordinaria no puede afectar directamente los intereses de una persona en particular. De esa cuenta, no es procedente concluir la existencia de un derecho de consulta previa que se aplique sobre los procesos de formación y sanción de las leyes.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad escuchando los alegatos de los representantes

de los pueblos indígenas

La Corte Constitucional de Colombia, país que ha tenido un alto desarrollo en materia de consultas a los pueblos indígenas, ya ha manifestado el criterio de que los derechos de consulta previa no aplican en los procesos de formación y sanción de las leyes ordinarias: "(...) es claro que el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a aquéllas que puedan afectarlas directamente (...) las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario, le confiere beneficios (...) lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos (...)" (Sentencia C-30 de 2008, 23-01-2008).

De lo anterior se entiende que, en primer lugar, el deber de consulta previa no se ejerce sobre cualquier medida legislativa que sea susceptible de afectar los intereses de las comunidades indígenas, sino únicamente frente a aquéllas que las afecten directamente. Se entiende que una ley ordinaria afecta directamente a una persona o grupo de personas determinado, únicamente si impone restricciones, limitaciones específicas, o bien, beneficios al grupo de personas en cuestión. Sin embargo, si la ley ordinaria está dirigida a regular de manera uniforme (igual) a todos los guatemaltecos, por lo que la misma no puede afectar intereses específicos, y en consecuencia, no debe ser consultada a los pueblos indígenas. En el caso específico de la Ley de Minería, ésta regula el marco legal de la política nacional de extracción minera, y aplica para cualquier persona individual o jurídica que inicie actividades de reconocimiento, exploración y explotación de recursos naturales. En todo caso, las comunidades indígenas pudieran verse afectadas directamente por la Ley de Minería únicamente si estuvieran iniciando ellas mismas actividades de extracción de recursos naturales, pues en ese contexto, la ley sí les impondría limitaciones a la hora de ejercer dicha actividad.

Representantes de los pueblos indígenas antes de ingresar a la

sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad

Si la Corte de Constitucionalidad declarara inconstitucional la Ley de Minería, al determinar que ésta debió haber sido consultada con los pueblos indígenas antes de ser emitida, por afectar directamente a sus intereses, esto equivaldría a afirmar que una parte muy significativa de la legislación debe ser sometida a procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, pues las leyes ordinarias que de manera general aplican a todos los guatemaltecos, afectan también a los pueblos indígenas por su calidad de guatemaltecos. Asimismo, se abriría la puerta para que una gran cantidad de leyes ordinarias que fueron emitidas después de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT sean declaradas inconstitucionales porque afectaban de alguna manera los intereses de los pueblos indígenas, y de esa cuenta se debió haber consultado sus contenidos con ellos. En efecto, leyes vigentes como la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal, la Ley de Actualización Tributaria, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Antievasión II, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y la Ley Orgánica de la SAT, podrían declararse inconstitucionales porque afectan a los pueblos indígenas, y no fueron consultados sobre su contenido, lo que provocaría una crisis jurídica sin precedentes en el país. ¿Se imaginan el poder fáctico que se le otorgaría a los pueblos indígenas, incluso sobre las facultades legislativas que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República?

Digamos que a la Corte de Constitucionalidad se le ocurre declarar inconstitucional la Ley de Minería porque no se consultó a los pueblos indígenas antes de ser emitida. ¿Qué pasa después? Obviamente hay que hacer una nueva Ley de Minería, para suplir a la que fue sustraída del ordenamiento jurídico. Antes de poder presentar un nuevo proyecto de Ley de Minería, éste debe ser consultado con los pueblos indígenas para que ellos hagan los comentarios del caso. ¿Cómo se les consulta? ¿Qué procedimiento se utilizaría? En la actualidad, aunque el derecho de consulta previa se encuentra reconocido por el Convenio 169 de la OIT, no existe legislación alguna en el país que regule el procedimiento que debe llevarse a cabo para consultar a los pueblos indígenas. De esa cuenta, habría que emitir primero una ley que regule el procedimiento de consulta previa, para poder después utilizarlo para consultar a los pueblos indígenas sobre el contenido de la nueva Ley de Minería. Claro que, porque la ley reguladora de los procesos de consulta previa afectaría directamente a los pueblos indígenas, ésta debería ser consultada a los mismos antes de ser emitida, y de esta forma, pasarían varios años en los que no contaríamos con una Ley de Minería vigente, y como consecuencia, no podrían realizarse actividades de extracción de recursos renovables y no renovables en el país, hasta que ésta se emita, y los proyectos actuales de extracción de recursos que se encuentran en marcha quedarían en el limbo. Ahora apliquen este ejemplo al resto de las leyes ordinarias que afectan de alguna manera u otra a los pueblos indígenas, e imagínense lo que sería de la seguridad jurídica en el país.

Manifestaciones indígenas en favor de la consulta previa, libre e informada

http://goo.gl/JSFdv

Independientemente de que los derechos de consulta previa de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, no se extienden a los procesos de formación y sanción de las leyes ordinarias, queda claro que la participación ciudadana en el procedimiento legislativo es muy limitada. Es preciso contar con canales que permitan a cualquier ciudadano poder involucrarse en los procesos legislativos que se llevan a cabo en el Congreso de la República. Pero estos canales de participación deben contener aspectos investigativos y de diagnóstico sobre el contexto que se pretende regular, para que se permita a los ciudadanos aportar a los contenidos de las leyes ordinarias que se discutan en el Congreso de la República. Sin embargo, este canal de participación no se puede manifestar por medio de los derechos de consulta previa, en primer lugar, porque este derecho no le corresponde a todos los ciudadanos del país, y en segundo lugar, porque el derecho de consulta previa tiene otra finalidad, que es la de que las comunidades indígenas puedan incidir sobre las decisiones que se toman en los territorios que habitan, y que les afectan.

El Oscuro Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos

2012-06-11T10:41:00.003-07:00

Hace un tiempo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó al Congreso de la República una propuesta para eliminar el gasto estatal por medio de fideicomisos públicos, argumentando que éstos son auténticos focos de corrupción en la ejecución del presupuesto, debido a la discrecionalidad con la que se manejan, así como también a la falta de controles a los que están sujetos. Mucha gente sabe que Guatemala ha vivido y vive niveles estratosféricos de corrupción, que los funcionarios públicos se han apropiado de fondos públicos provenientes de los contribuyentes, y que los contratos del Estado generalmente se adjudican a amigos y allegados con contactos suficientes para ser contratados pro el gobierno. Sin embargo, poca gente entiende cómo es que los fideicomisos entran en la jugada, e incluso, qué es realmente un fideicomiso.

Un fideicomiso funciona con tres sujetos en la relación: un fideicomitente, que es la persona o entidad que crea el fideicomiso y que aporta el dinero y los bienes al patrimonio del mismo; un fiduciario, que es la persona o entidad que pasa a poseer los bienes que aportó el fideicomitente, y que está obligado a administrarlos según las instrucciones de este último; y un beneficiario, que será la persona o entidad a quien irán dirigidas las rentas y los ingresos que genere el fideicomiso en su funcionamiento.

http://goo.gl/UbdWz

Cualquier persona puede hacer un fideicomiso o ser beneficiaria por uno, pero únicamente los bancos y las entidades de crédito pueden ser fiduciarios y administrar el dinero o los bienes del patrimonio del fideicomiso. Imagínense a un padre soltero moribundo con un hijo menor de edad. El padre decide tomar unos apartamentos de su propiedad que arrienda para subsistir, y una cantidad de dinero, y los aporta a un fideicomiso, firmando un contrato con el banco. En este momento, la propiedad de los apartamentos y el dinero se traslada al banco, y este último, como su administrador, empieza a cobrar las rentas de los apartamentos y a invertir el dinero, y todos los ingresos que se generen de dichos negocios será depositado en la cuenta del hijo menor, que es su beneficiario. La transmisión de la propiedad de los bienes es muy especial, porque el banco no puede hacer lo que quiera con los mismos, pues sólo podrá administrarlos según las instrucciones de la persona que lo creó.

Como ven, la institución del fideicomiso se origina en el derecho privado, pues es útil para agilizar los negocios y protegerlos. No obstante lo anterior, hace unos años los gobiernos comenzaron a plantearse la idea de poder ejecutar fondos por medio de fideicomisos que sean públicos. Según los partidarios de estos mecanismos de gasto público, la Ley de Contrataciones es muy rígida porque los obliga, en contratos estatales que implican sumas elevadas de dinero, a llevar a cabo procesos de licitación para escoger a la empresa con la que contratará en una especie de subasta pública en donde cualquier empresa puede ofrecer sus servicios. El proceso es tan burocrático que la gestión se estanca y los resultados no llegan.

http://goo.gl/WXR7R

En 1976, mediante la Ley del Sistema Especial de Crédito para la Vivienda con Fondo de Garantía Estatal, se instituyó un sistema de crédito para la construcción de viviendas a personas de bajos ingresos que fueron afectadas durante el terremoto del 76, por medio de fideicomisos para la vivienda creados para ese fin, exentos de todos los impuestos del país. En ese año también se crearon fideicomisos públicos con créditos donados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En 1981, el Presidente de la República, Romeo Lucas, creo la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos en el Ministerio de Finanzas Públicas, para administrar y ejecutar los proyectos que fueran financiados con donaciones extranjeras. Desde 1970 hasta 1996 se constituyeron 19 fideicomisos más.

En 1997, se emitió la nueva Ley Orgánica del Presupuesto, dirigida a regular el presupuesto del Estado de forma general, sistematizando los procesos de asignación de recursos y de formación del presupuesto de cada año. Dentro de esta ley (artículo 33), aprovecharon la oportunidad para asignarle indirectamente facultades al Estado para constituir fideicomisos públicos, al indicar que los recursos financieros que se asignen para realizar proyectos de beneficio social y que produzcan renta que retorne el capital, se podían dar en fideicomiso, pudiéndose constituir en cualquier banco de Guatemala. Únicamente en ese milimétrico artículo quedó permitido el uso de fideicomisos públicos, y la ley hizo un silencio absoluto sobre la regulación de su funcionamiento. En este año se crearon 6 fideicomisos nuevos, y en 1998, se constituyeron 19 más.

Como no había ley alguna que regulara el funcionamiento de un fideicomiso público, los bancos y el gobierno utilizaron básicamente los mismos procedimientos para constituir un fideicomiso privado. De esta forma, se sentó el precedente de firmar contratos de fideicomiso público con los bancos, y regular su funcionamiento en el contrato, tal como si el Estado fuera una persona privada. Por otro lado, dado que la naturaleza del fideicomiso es que la propiedad de los bienes pasa del fideicomitente al patrimonio del fideicomiso, en los fideicomisos públicos, los bienes estatales que se aportaban a fideicomisos públicos se privatizaban, por lo que la Contraloría General de Cuentas, que es el órgano del Estado encargado de fiscalizar a las entidades estatales, ya no tenía facultades para controlar la forma en que se gastaba el dinero por medio de un fideicomiso público.

http://goo.gl/3GUuY

En el año 2005, mediante la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que se emite cada año para asignar los recursos del Estado, el Congreso de la República delegó formalmente en el Ministerio de Finanzas la facultad de aprobar la constitución y modificación de los fideicomisos del Estado, y la rendición de informes financieros sobre ellos. Debido a que cada año se emite una nueva Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, cada ley nueva establece regulaciones generales sobre la administración y fiscalización de los fideicomisos públicos, permitiendo a los gobernantes de turno prácticamente recetarse las regulaciones que más les beneficien.

Aunque la Ley Orgánica del Presupuesto indica que éstos solo pueden ser utilizados para proyectos de beneficio social, y que produzcan un retorno del capital, en la actualidad la mayoría de fideicomisos públicos se utilizan para compras, gastos y pago de servicios, que no generan renta alguna.

Según datos de la Contraloría General de Cuentas, publicados por el Diario Prensa Libre, en 85 fideicomisos públicos que existen en Guatemala se asignó un techo presupuestario que ascendió hasta la astronómica cifra de Q37 mil millones (billones), y las municipalidades del país reportaron 17 fideicomisos públicos, que cuentan con una asignación aproximada de Q2 mil millones (billones). No obstante, la Superintendencia de Bancos, que registra los fideicomisos públicos, indica que existen 94 fideicomisos, y el Ministerio de Finanzas registra 75. Así que la cantidad exacta de fideicomisos públicos que operan en Guatemala es, en definitiva, una verdadera incógnita.

Según Nora Segura, Contralora General de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas no cuenta con facultades para fiscalizar adecuadamente a los fideicomisos públicos, pues son ejecutados a través de la intermediación de los bancos. La iniciativa de la Contralora General de Cuentas es que se liquiden todos los fideicomisos públicos vigentes, y que se prohíba la constitución de nuevos.

http://goo.gl/yEl9G

Los fideicomisos públicos forman parte del Sistema Paralelo de Gasto Público del Estado, y debido a la débil estructura jurídica con la que cuentan, se convierten en un nido de negocios que operan al margen de la ley, con total discrecionalidad y clientelismo político. Se podría decir que equivalen al mercado privado informal, pues representan un mercado público no regulado. En el Congreso de la República se encuentra una iniciativa de ley para regular a los fideicomisos públicos, pero se encuentra estancada en el océano de componendas políticas que son las sesiones del mismo. Independientemente de esto, que la Contralora General de Cuentas haya tomado la ofensiva de criticar y atacar a los fideicomisos públicos, es sin duda una luz que se ve al final de un oscuro y largo túnel en donde los que pueden meten las manos para llenarse las bolsas, y los que no pueden, se encuentran a ciegas mientras el dinero se esfuma, y los que más lo necesitan, siguen como están.

La Transformación del Poder en Derecho

2012-03-08T16:56:00.001-08:00

La formación de los Estados y su respectivo orden jurídico a lo largo de la historia deben su nacimiento a la imposición del poder y la fuerza de un pueblo primitivo sobre otro de menor capacidad, como lo hicieron los etruscos, que conquistaron a las tribus latinas que habitaban el lugar, e influyó en sus costumbres. Una vez instalado el grupo de poder sobre los grupos subyugados, ocurre un suceso social que es trascendental en el Estado: la transformación del poder en Derecho.

http://bit.ly/zN81sj

Los factores que juegan un papel fundamental en esta transformación jurídica pueden ser políticos, psicológicos, económicos y culturales. Una de las fuerzas políticas que intervienen en la modelación del Derecho es el consenso al que llegan varios grupos sociales antagónicos. Este convenio puede resultar de dos casos especiales: el acuerdo entre dos o más grupos que cuentan con una fuerza más o menos similar, pues existe una incertidumbre acerca de la victoria de alguno en una potencial guerra, por lo que los acuerdos de paz suenan más atractivos y son escogidos en lugar de la beligerancia.

Dos ejemplos históricos que contribuyen a darle fuerza a este punto es el sucedido en la lucha entre los partidos conservador y liberal sobre la forma de gobierno que se tomaría en Guatemala durante la época de la independencia, y la pugna entre los sectores americanos poderosos a la hora de redactar la Constitución que regiría a los nuevos Estados Unidos de América. En el primer caso, nunca se llegó a un acuerdo entre el partido conservador, que quería, en un principio, un gobierno unitario, y el partido liberal, que propugnaba por una República Federal de Centroamérica. Aunque en un principio triunfa el liberalismo, más adelante se desencadena una batalla entre los dos bandos, con fuerzas más o menos equivalentes, suscitando períodos de mediana duración liderados varias veces por los conservadores y otras por los liberales. Nunca se llegó a un acuerdo y hasta la fecha la pugna entre estas dos agrupaciones sigue más o menos vigente.

Distinta es la situación que ocurrió entre los sectores americanos al redactar su Constitución. El grado de concordia con el que se finalizó fue asombroso, y este convenio fue clave para la elaboración de una Constitución que defendería la igualdad y la libertad de los americanos, además de contar con disposiciones que resultaron del convenio entre estos dos grupos poderosos.

http://bit.ly/xZpZfS

Esta manera de actuar se puede explicar, desde la teoría del conocimiento de Hayek, pues el conocimiento humano es limitado, sujeto al error y a la incertidumbre. Sin embargo, existe algo en el conocimiento humano que permite que surja una tendencia a una finalidad, y es por ello que no se vuelve todo una catástrofe completa. Existen ciertos datos a priori que se encuentran en el conocimiento humano y que le permiten interpretar la realidad, a través de sentimientos egoístas que se dirigen a proteger su libertad, su propia conservación y su propiedad.

La protección individual de estos sentimientos implica ciertas conductas que el hombre siempre realizará, como la huida en tiempos de amenaza contra su propia vida. En el caso del convenio entre los pueblos de iguales capacidades, los miembros de cada uno de ellos tomaron en cuenta la incertidumbre del resultado de la batalla, llegando a temer que estos sentimientos egoístas, sobre todo el de la propia conservación, fueran vulnerados en caso de una derrota, por lo que optaron por el acuerdo.

Este pacto entre distintos pueblos también puede llevarse a cabo entre grupos de distinta fortaleza. Los grupos poderosos pueden realizar el convenio con los débiles, ya sea por prudencia, tolerancia o bien, por interés. Éste último, el más predominante, se llega desde la comprensión, por parte de los gobernantes, de que no solo es útil, sino la mayoría de veces necesario, contar con el apoyo y cooperación de las clases débiles. Según Robert Greene, en su obra The Forty-eight (48) Laws of Power, “una acción sincera y honesta tapará otras muchas deshonestas (…) una vez la honestidad selectiva logra atravesar su armadura, se les puede engañar y manipular a voluntad.”

Debe tomarse en cuenta también que las clases débiles son muchas veces más numerosas que las poderosas, por lo que el no realizar un convenio con los primeros podría significar eventualmente para los últimos una rebelión entre grupos ya no tan débiles debido a la experiencia ganada, que tendría un resultado un poco más incierto. ¿Cómo hacer, entonces, para obtener algo que queremos y que sólo podemos obtener por medio de una clase débil? Un ejemplo histórico que puede ilustrar concretamente este caso es la lucha que pudo haber acabado con la clase patricia, a manos de los plebeyos, durante la República Romana. Es esos tiempos, la clase plebeya estaba excluida de cualquier participación social y política, a pesar de estar obligados a integrar los ejércitos que partían a las campañas de conquista. La situación se volvió tan extenuante que la clase plebeya decidió retirarse de la ciudad y establecerse en el Monte Sacro. Al darse cuenta lo patricios de que la clase plebeya era realmente la que realizaba el trabajo duro en la ciudad, y que sin ellos estarían destinados a sucumbir, decidieron convocar a reuniones con líderes plebeyos y terminaron con otorgarles lo que ellos querían: La creación de un funcionario público nuevo, el Tribuno de la Plebe, constituido por dos representantes que velarían por los intereses de la clase plebeya.

Esta convención entre grupos de distinto poder se entiende también desde la Teoría del Conocimiento hayekiana. Hayek establece que existe una disposición propia del ser humano para aprender, sobre todo, de sus propios errores. Es esta disposición, entre varias otras, la que permite que el conocimiento humano imperfecto no termine, como expusimos anteriormente, en un total barullo. En el ejemplo anterior, la clase patricia comprendía que el continuar con esta subyugación a los plebeyos terminaría con causar una ruptura entre las clases, y esto podría llevar a una guerra civil no deseada por los gobernantes, conformados por la minoría del pueblo. Esta disposición previa de aprendizaje le permitió a la clase patricia interpretar la situación y buscar la mejor solución, no solo para la clase plebeya, sino para ellos mismos también.

Otra fuerza política que interviene en la transformación del poder en derecho es la denominada "autolimitación de los gobernantes”, es decir, la prohibición a la que la misma autoridad se somete al redactar un ordenamiento jurídico que delimite sus propias funciones. No obstante, no hay que confundir este acto con uno puramente altruista. Muchas veces lo que en realidad motiva al gobernante para autolimitarse es el interés o el deseo de la propia conservación del poder. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, establecía que el monarca o gobernante llega al poder para quedarse en él. Las decisiones que tome deben ser políticas, es decir, encaminadas a mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Ningún pueblo puede resistir por mucho tiempo un gobierno tiránico y arbitrario, y su desesperación lo llevará a levantarse contra sus gobernantes y a botarlos del poder.

¿Cómo es posible para el gobernante mantenerse en el poder sin que los propios súbditos lo traicionen y lo destruyan? Muchos gobernantes toman la decisión de auto-restringirse para ofrecerle a sus súbditos una cierta seguridad jurídica: “la coacción provoca reacciones que acaban volviéndose contra nosotros. Debemos seducir a los demás para que deseen seguirnos (…) tenemos que jugar con lo que consideran más valioso… (Greene, Robert. Las 48 reglas del poder. Editorial Espasa. Madrid, España, 2002. Cuarta edición. Pág. 443).” Lo más valioso para una persona en sociedad es la justicia, y la protección de su propia conservación, su libertad y su propiedad.

Los órdenes espontáneos, que son causa de la acción humana, son “aquéllas conductas destinadas a querer progresar en nuestra propia situación, sin perjudicar al vecino ni entrar en guerra con él" (Zanotti, Gabriel. Introducción filosófica al pensamiento de F.A. Hayek). Es por medio de estas acciones y por el aprendizaje humano de los propios errores que se producen los órdenes espontáneos y evolucionan los distintos ámbitos de la sociedad. En este caso, el gobernante sabe que un gobierno totalmente arbitrario sería perjudicial para sus propios intereses, al quedar en riesgo de una potencial revolución por parte de sus súbditos, y que la mejor forma de quedar bien con estos es autolimitándose y tomando decisiones que traerán un beneficio para la comunidad y no únicamente para él. Estas fuerzas políticas terminan por crear un orden jurídico, estableciendo el campo de acción de la autoridad política, y es de esta manera que el poder arbitrario del gobernante se convierte en coacción no arbitraria y, por consiguiente, en Derecho.

Además de los factores políticos, existen ciertas fuerzas psicológicas que modelan el derecho y que lo adecuan a sus propias exigencias. El factor psicológico de mayor influencia en el Derecho es la costumbre. Es el jurista Georg Jellinek quien establece la importancia de esta variable en la evolución del Derecho. La costumbre es la conducta aceptada por los miembros de una sociedad, que ha sido repetida por un tiempo indeterminado, y que eventualmente evoluciona a ser reconocida por el ordenamiento jurídico y se convierte en Ley. Generalmente, es la costumbre la que en un principio le dio validez material a las normas jurídicas que crean el derecho primitivo. Durante el Derecho arcaico romano, el campo de la costumbre era tan amplio, como estrecho era el de la ley. Todas las conductas eran reguladas por la costumbre de los antepasados romanos y por las llamadas mores maiorum (vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo), que constituían la base moral de la sociedad romana. Finalmente, la costumbre llegó a ser la fuente más importante de la primera codificación de leyes en Roma, Las XII Tablas.

La costumbre, que reinó durante varios siglos en el Derecho Romano, puede ser tomada, según Hayek, como una serie de interacciones humanas que llevaron a un estado de cosas tal que hubiera sido imposible que los seres humanos previeran sus variables. El Derecho Romano escrito y codificado fue producto casi exclusivamente de un orden espontáneo hayekiano, caracterizado por el conocimiento imperfecto de los romanos que participaron dentro de él.

Otro factor psicológico de suma importancia en la evolución del derecho es la aspiración innata del hombre a la paz y el orden en su comunidad. Un gobierno déspota que emite leyes totalmente arbitrarias sólo causará revueltas y luchas por parte de los miembros afectados de la sociedad. Una sociedad en donde no reine la paz y el orden será un caos que no permitirá a sus miembros alcanzar su superación personal. El hombre por naturaleza añora una limitación del poder, para que su vida pueda ser llevada a cabo en paz y con seguridad. Es por este deseo que se hace necesario un ordenamiento jurídico que delimite el campo de acción, no sólo de la autoridad política, sino también de los otros miembros de la comunidad.

Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, establece que el hombre en estado de naturaleza es egoísta y busca únicamente su propio interés. En este estado, todos los hombres estarán en guerra los unos contra los otros (homo homini lupus). Sin embargo, y a causa de la inseguridad en la que se vivía, el hombre comprende que el mantenimiento de una paz con respecto a sus congéneres era la finalidad más adecuada para una vida menos violenta, por lo que los hombre hacen un contrato por medio del cual cada miembro de la comunidad transferiría sus derechos a un gobernante que garantizaría la seguridad y el bienestar social. Aunque considero inapropiada su teoría de un gobernante con poderes ilimitados, al mismo tiempo que absurda la creencia de una racionalidad tal del hombre que le permita comprender su estado de naturaleza y que por su propio designio origine la sociedad, su explicación acerca del hombre pre-jurídico es ideal para encuadrar este anhelo humano de llegar a una paz y un orden que garantice cierta seguridad en su vida.

La economía no puede dejarse atrás en estas fuerzas modeladoras del Derecho, ya que representa uno de los grandes factores influyentes en la creación y recreación del Derecho a lo largo de la historia. Sin entrar en radicalismos, como lo hizo Karl Marx, tomando a la economía como único factor modificativo del Derecho, la relación entre éstos dos ha sido fundamental para la evolución humana. La inseguridad acerca de cuestiones económicas han llevado a los hombres a crear ordenamientos jurídicos efectivos que regulen y sancionen aquellas conductas que en un momento dado puedan vulnerar derechos económicos de miembros de la sociedad. Así, el Código de Hammurabi, creado por el Rey de Babilonia de homónimo nombre, e introducido en el año 2,100 a.C., entra a regular, entre otras cosas, relaciones puramente económicas, como los préstamos a interés, el contrato de sociedad, los derechos del acreedor, normas acerca de los contratos mercantiles y, en especial, el reconocimiento y protección de la propiedad privada de cada miembro de la comunidad.

El primer sentido de propiedad que se asentó en el hombre fue el de su propia comida. El hombre comprendía que en el momento en que un animal o humano más fuerte que él le arrebataba su comida, un acto perjudicial para él ocurriría, amenazando su sentimiento de propia conservación. Es por esto que el hombre fue protegiendo la comida con su vida, convirtiéndose en su propiedad. Con el paso del tiempo, el sentimiento de propiedad pasó a abarcar más ámbitos que el de la comida, estableciéndose también en su choza, ropaje e inclusive su pareja.

Según Hayek, el mercado es uno de los órdenes espontáneos por excelencia, ya que es un proceso que no es planificado por una o varias personas, y que sin embargo conduce a cierto orden y sistematización. El mercado y los intercambios comerciales han sido llevados a cabo desde el establecimiento de la propiedad privada, cosa que convirtió sus conductas en costumbres jurídicas que el hombre por su propia razón debía seguir. Sin embargo, a causa de abusos por parte de comerciantes o consumidores, se hizo necesaria una regulación de ciertos tipos de relaciones económicas, debido a que el mismo conocimiento humano limitado le permitía comprender que la ausencia de ésta podría dar lugar a injusticias por parte de grupos poderosos.

Al hablar de reglas de juego impuestas por la autoridad para delimitar el campo de acción de las relaciones económicas, no me refiero a un intervencionismo estatal en los procedimientos del mercado como la tasa de interés o la ley de la oferta y la demanda, sino una simple aplicación de la justicia y de ciertos valores y principios que tienen que estar por encima de los contratantes y que estos tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar sus transacciones. El Derecho únicamente le otorga la posibilidad a la persona de acudir a él en el caso de una injusticia económica en su contra que no pueda ser arreglada de forma privada.

Finalmente, el factor cultural recreador del Derecho más importante es el sentido de la Nación. La Nación está conformada por un conjunto de personas que se identifican por sus caracteres homogéneos. El ordenamiento jurídico de un lugar debe tener normas jurídicas características de su pueblo en un tiempo y espacio determinados, influidos a su vez, por su lengua, costumbres y valores supremos. La Escuela Histórica del Derecho, presidida por Federico Carlos de Savigny, fue la mayor propulsora de esta teoría. Según ésta, el Derecho era moldeado principalmente por las tradiciones de un pueblo determinado. Los historicistas estaban rotundamente en contra de una codificación del Derecho, ya que esto paralizaría la evolución jurídica gradual con base a la costumbre y a las normas consuetudinarias. A pesar de no estar de acuerdo con esta teoría sobre la preeminencia de la nación como factor modelador del Derecho, concuerdo con ellos en que éste sí juega un papel esencial en su evolución.

La producción jurídica de cada comunidad será única, debido a que sus diferentes costumbres y tradiciones modelan su Derecho de forma particular. Dijo una vez Immanuel Kant que “el derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada cual puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad.” Para poder explicar la transformación del poder en Derecho y su respectiva recreación y evolución, es preciso tomar en cuenta todas y cada una de las fuerzas que son determinantes en ella y que delimitan el campo de acción de los actos políticos y jurídicos. La relación entre el poder y el Derecho es un fenómeno complejo, y como tal únicamente puede ser comprendido tomando en cuenta todas las variables que juegan un papel fundamental en ella.

El Flujo de tu Vida

2011-12-29T17:52:00.000-08:00

Un año más resigna la guerra perdida contra el tiempo y se sumerge en las aguas del pasado, mientras que el futuro acaricia a la humanidad como el viento que anuncia la venida de una tormenta. Estamos entrando al emblemático 2012, año en que termina el Calendario Maya y se anuncia un cambio de ciclo. Con tantas perspectivas de lo que esto significa, muchos se mueven con un escepticismo categórico hacia las profecías, a la vez que otros mantienen la cautela de los que entienden que esta vida es impredecible. Independientemente de los augurios, de alguna manera toda la gente comprende que la forma en la que se ha manejado nuestro planeta hasta hoy no ha sido la adecuada, y que se ha llegado a un punto en el que, o cambiamos el estilo de vida que tenemos, o nos arriesgamos a perder lo único que poseemos. La humanidad se encuentra en una discrepancia compleja porque la mayoría de sus miembros vive bajo el velo del egoísmo, creyendo que cada uno de ellos es un universo autónomo y diferente al que los rodea. Casi todas las personas buscan únicamente su propio beneficio y raras veces estrechan una mano desinteresada.

Afortunadamente, una gran cantidad de personas ha despertado su consciencia y ha comprendido que la manifestación más perfecta que emana en el humano es el Amor, y que el Universo entero está hecho de amor universal, por lo que las personas son una parte más de lo que integra el Universo, al tiempo de que este último se encuentra absolutamente en cada una de ellas. La batalla por el mundo se librará en las consciencias, y el enemigo más poderoso de todos es el Ego, perversa creatura que intenta siempre ser alguien en particular, siempre con miedo a no ser nadie, temerosa del vacío, y obsesionada con el reconocimiento. Todavía hay mucha gente que sigue dormida en vida, buscando un sentido individual a una existencia sin sentido que solo puede comprenderse desde el plano colectivo. El grano de arena puede saber que está en el desierto, pero a menudo olvida que el desierto se encuentra en él. La humanidad se encuentra en un proceso de catarsis que incluye decisiones, acciones, creencias, logros, fracasos y enseñanzas sobre su historia, y que se acentúa más con los desastres naturales y tragedias humanas que han acaecido en los últimos tiempos.

Los niveles de energía humana convergente que vivimos en estos momentos no tiene precedentes en la historia. En la actualidad, toda la gente está conectada, en constante comunicación y con acceso ilimitado a cualquier tipo de información. Los gobiernos luchan por ser los dueños de la palabra de sus pueblos, pero ahora gran parte de sus miembros tienen las herramientas necesarias para expresarse de forma individual, y lo más importante de todo, la capacidad para escuchar y comunicarse con las demás personas del mundo entero. La cantidad cuasi-infinita de información que existe en la internet permite obtener conocimiento prácticamente sobre cualquier cosa, lo que ha contribuido a derrumbar poco a poco las murallas de los dogmas, los formalismos, los tabúes y los prejuicios. Para avanzar en el sendero de la consciencia, y luchar por el cambio positivo que se está gestando, debes aceptar la muerte de las concepciones que tienes del mundo y de tí mismo, para emprender camino hacia la armonía con el Universo, pues el cuerpo es solo un símbolo, el Universo entero es tu cuerpo.

A pesar de que pareciera que la Tierra se encuentra en el punto más oscuro de su historia, es en estos momentos en que la raza humana se ha tomado más de la mano para trabajar juntos por un beneficio colectivo. Como el beneficio colectivo contribuye a la armonía del Universo, y el Universo se encuentra en cada ser humano, el beneficio colectivo debe ser buscado en el corazón de las personas. Cada persona debe cerrar sus párpados primero y comenzar a ver dentro en su interior, a conocerse y entender su ser. Cada humano debe ser un buscador en esta vida, al acecho de las preguntas, las lecciones y las soluciones; debe determinar lo que su ser siente, aprecia, teme, condena y añora, y aceptar a la vida y a sí mismo como un ser imperfecto e insignificante a comparación de lo que existe. Renunciando a tu vida y a ser alguien, lo serás todo, infinito, porque no ser alguien es tu naturaleza, mientras que ser alguien es la naturaleza de tu Ego. En la medida en que te percibas como una parte única del Universo, entrarás en armonía con él, y lo reconocerás como parte de tí. Sin conocerte a tí mismo, cualquier cosa que sepas carecerá de valor. La armonía colectiva es consecuencia lógica y categórica de una búsqueda previa por la armonía individual, pues mientras te buscas a tí mismo, encuentras al Universo.

La clave para conocerte a tí mismo y alcanzar la armonía individual, es soltarte de las cadenas de la comodidad, la autocomplacencia y el apego, y dejar que tu ser fluya con el curso del mundo. Deja de luchar contra el mundo, fluye con el río. Cuando luchas contra el río surgen los problemas, las enfermedades, las angustias y la neurosis. Las acciones deben ocurrir de tu ser para afuera, mientras tu interior permanece impasible. Debes encontrar la forma de luchar con pasión en el huracán de la vida, mientras mantienes un templo de paz en tu corazón. Por momentos sentirás que la corriente del río te ahoga, y en esos instantes debes tomar aire, sumergirte, y seguir fluyendo bajo el agua, pues el agua de la vida no es la que te ahoga, sino son tus pensamientos y preocupaciones. El agua del río que te envuelve en los momentos difíciles te limpia, te enseña y te hace valorar todo lo bello que eres y vives. Fluir con el mundo no significa dejarse llevar, y dejar de pelear contra la corriente no significa dejar de luchar contra la injusticia. El mundo en sí es una constante lucha, pero tu vida debe fluir con el Universo. La injusticia no fluye con el Universo, por lo que si luchas contra ella, fluirás con el mundo. Fluyendo con la vida, conseguirás vivir sin conciencia de tí mismo, reconociendo la sola consciencia colectiva del Universo.

Es muy fácil hablar sobre el flujo de la vida y la iluminación, pero nada fácil es entenderlo, si no lo experimentas primero. La experiencia de conocer y disfrutar de tu vacío interno, sin luchar contra él, se obtiene por medio de la meditación. La mente es la herramienta del Ego, y si no logras controlarla, te agobiará con su intensidad y destruirá tu paz y Libertad. La mente controlada calla, y en el silencio, tu ser logra captar la inmensidad de la existencia. A través del vacío mental, consigues la abundancia espiritual. La meditación la consigues sincronizando tu respiración en una posición cómoda, y mientras te enfocas en mantener una respiración constante, dejas fluir los pensamientos sin retenerlos en la cabeza. En el proceso, en el que es imprescindible la paciencia, los pensamientos dejarán de llegar a tu mente, y poco a poco tu ser encontrará un silencio mental que te relajará. En la medida que practiques la meditación constantemente, tu cuerpo, tu mente y tu alma entrarán en armonía, y la existencia sin mente te hará entender que el Universo es una existencia sin mente, y que tú estás hecho de la misma materia que él. No medites con seriedad, sino con alegría. Busca el éxtasis que reside en tu interior, y has de la meditación una diversión, una auténtica comunión con el mundo.

El 2012 será un año importante en el cambio de ciclo que está sufriendo el mundo, únicamente si todos creemos en él y alineamos nuestra energía hacia la esperanza, la solidaridad, la meditación y la justicia. De lo contrario, habremos desperdiciado una inmejorable oportunidad de renovar la forma en que vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos, la naturaleza y la humanidad. Recuerda que todo lo que existe es interdependiente, por lo que si dañas a una flor, estarás lastimando a una estrella, y si no te cuidas a tí mismo, estarás lesionando al Universo. La única manera de ayudar al mundo a regenerarse es mejorando el flujo de tu vida, tus pensamientos y tus acciones, y a veces esta búsqueda te llevará a parecer egoísta. No obstante, sigue a tu intuición, que es la inteligencia del corazón, y ella te guiará a través de la oscuridad para iluminarla con tu convicción. No tienes que creer en la cosmovisión maya, ni en los profetas del juicio final, ni en una religión en particular. Únicamente debes creer con todas tus fuerzas que nuestro mundo puede estar mejor de lo que está. Trabaja en tu ser, y después te darás cuenta que la vida existe para entregarla a los demás. Si no es hoy, será nunca; y si no eres tú, será nadie.

La Democratización del Presupuesto en Guatemala

2011-12-14T19:12:00.000-08:00

El proceso de discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado que le tocará al Presidente electo para el año 2012 ya ha finalizado, y en ese sentido, es fundamental tocar el tema de la falta de transparencia presupuestaria existente en Guatemala, y en cómo ésta no solo provoca ineficiencia y arbitrariedad en el gasto público, sino también una falta de fiscalización por parte de los órganos de control del Estado sobre las entidades gubernamentales en la ejecución de los fondos públicos. El presupuesto del gobierno se obtiene de los tributos que recauda de los ciudadanos que eligen a los funcionarios públicos que lo administrarán y ejecutarán de forma tal que protejan sus intereses y derechos. Ya que todos los ciudadanos participan en la formación del presupuesto, éstos tienen el derecho de exigir que se les informe de qué forma se gestionan los fondos que le dieron al gobierno para funcionar, y crear así una auténtica democratización del presupuesto.

Falta de Transparencia Presupuestaria
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Es preciso indicar primero que el proceso de discusión y aprobación del presupuesto comienza con la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que cada entidad debe realizar al finalizar cada año y presentar al Ministerio de Finanzas, que elaborará el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, de conformidad con el informe de evaluación de la ejecución de la política general del Gobierno que le envía la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Este proyecto de presupuesto se envía a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República para que evalúe el contenido del mismo y lo modifique si considera necesario, y lo presente al pleno para que lo discuta. Finalmente, una vez aprobado, se emite el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que es ejecutado por cada órgano estatal bajo una fiscalización interna realizada por las Unidades de Auditoría Interna (UDAI), y una fiscalización externa a cargo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Al discutir el presupuesto, únicamente los diputados que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda pueden influir en su elaboración, por lo que los diputados que no pertenezcan a ella solo podrán comentarlo en la discusión del mismo en el Pleno. Asimismo, el Congreso de la República no cuenta con información suficiente al discutir el presupuesto, pues no se evalúan los programas a los que se destinarán los fondos públicos, sino únicamente los montos que se asignarán y sus motivos generales. Por otro lado, el Congreso de la República no participa en las modificaciones al presupuesto una vez que éste se ejecuta. En efecto, la Ley Orgánica del Presupuesto indica que las transferencias y modificaciones presupuestarias durante la ejecución del presupuesto se realizan por acuerdo gubernativo, por lo que al final del ejercicio fiscal se obtiene un gasto público diferente al que fue originalmente aprobado por el Congreso, sin mayor fundamentación. Aunque en el pasado la participación del Congreso en los cambios del presupuesto aprobado no ha sido una experiencia tan positiva, es fundamental que cualquier modificación que se lleve a cabo cuente con una justificación sobre el impacto que tendrá en las metas definidas, así como también una explicación sobre las diferencias entre los gastos aprobados y los gastos efectivamente ejecutados, tomando en cuenta los objetivos trazados al comenzar el año.

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

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Según la Ley Orgánica del Presupuesto, el Organismo Ejecutivo debe hacer una evaluación anual sobre el cumplimiento de los planes y políticas implementadas, y en función de los resultados de esta evaluación es que se identifican las prioridades presupuestarias, así como también los planes y programas que se ejecutarán, según las necesidades reales del país. A esto se le llama Plan de Desarrollo de Nación, en donde se especifican tanto los objetivos nacionales a largo plazo como las estrategias que se utilizarán para alcanzarlos, y que sirve de base para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) que cada entidad estatal debe realizar. En este sentido, los cambios que cada año se hacen al presupuesto deben responder a un análisis sistemático que tome en cuenta los objetivos trazados y las metas establecidas en los POA.

Sin embargo, en la práctica las entidades estatales no elaboran los anteproyectos de presupuesto basados en sus POA ni en el Plan de Desarrollo de Nación, y lo que es peor, la CGC, órgano encargado de la control externo del funcionamiento del Estado, no toma en cuenta en sus auditorías el cumplimiento de metas, objetivos y estrategias, pues se limita a fiscalizar el cumplimiento de procedimientos legales y de administración interna. Esto provoca que la elaboración del presupuesto no esté fundamentada en las necesidades reales del país, sino que atienda a las propuestas hechas por el Presidente electo, y quede a discreción de cada gobierno de turno. La CGC debe contar con un Plan Operativo Anual en donde incluya los objetivos que cada entidad estatal se propone cada año y las estrategias que emplearán para cumplirlos, y hacerse público en lenguaje claro, conciso y sencillo para que toda la ciudadanía pueda conocer lo que hace el gobierno en cada ámbito de su funcionamiento.

Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala

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Al auditar a un órgano estatal, la CGC formula hallazgos sobre anomalías en la ejecución de sus fondos públicos, que deben ser respondidas y explicadas por la entidad en cuestión. No obstante, los responsables no siempre responden, y las sanciones que la CGC les impone son tan bajas que muchos órganos estatales prefieren absorber el costo de las sanciones impuestas en lugar de responder a los cuestionamientos realizados por la CGC. Y debido a que la fiscalización que hace la CGC se da en esencia sobre el cumplimiento de procedimientos legales, la auditoría que se practica no va dirigida a evaluar si se plantearon metas y objetivos, o si estos fueron cumplidos. Para rematar, la ley no obliga a la CGC a hacer públicas las auditorías realizadas por lo que, aunque se publican en algunos sitios de internet, el contenido de la publicación es discrecional. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas debe obligar a la CGC a publicar de determinada forma los informes de auditoría, e incluso a publicar si el hallazgo encontrado a cada entidad estatal en auditorías anteriores fue subsanado satisfactoriamente.

La ejecución del gasto público es también fiscalizada a nivel interno por las UDAI, creadas por un Acuerdo del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que existen en todos los organismos estatales, y que deben contar con recursos y facultades suficientes para auditarlos de forma adecuada. No obstante lo anterior, las entidades estatales descuidan exageradamente a las UDAI, existiendo órganos estatales que no cuentan con responsables o delegados de auditoría interna, que no tienen procedimientos de control interno, que no llenan las metas determinadas en los planes anuales de auditoría, e incluso que no cuentan siquiera con una unidad de auditoría interna. Un importante número de órganos estatales es sancionado levemente al año por la CGC por no cumplir con las normas relativas a auditoría interna, debido a la falta de interés por parte de las autoridades del Estado para controlar internamente a su personal. Es imprescindible reconocer a las UDAI por medio de una Ley ordinaria, y dotarlas de recursos humanos, técnicos y financieros para que logren desempeñar sus funciones eficientemente. Asimismo, deben estandarizarse por medio de Ley los reportes que entregan las UDAI a la CGC, para que cuenten con las mismas formalidades, contenido, lineamientos, así como también la publicidad de los mismos para que la ciudadanía pueda conocerlos.

Por otro lado, el involucramiento ciudadano en los procesos de elaboración, discusión, ejecución y fiscalización del presupuesto es deficiente. En la fase de formulación del presupuesto la participación de los ciudadanos es prácticamente nula, pues no existe una normativa que obligue a hacer pública la información durante la fase de formulación del presupuesto, no hay mecanismos que permitan incorporar la opinión de la población en general, y no se elabora una presentación sencilla del mismo que pueda ser dirigida a la población en general para que esté informada sobre la forma en que se pretende distribuir y ejecutar el gasto público. Es necesario establecer canales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía que permitan a aquél conocer las verdaderas necesidades de los diferentes sectores del país, y que sean incorporadas al proyecto de presupuesto que se elabore, fomentando políticas de descentralización y empoderamiento de las comunidades. Asimismo, es imperativo desarrollar documentos del Presupuesto General de la Nación que sean comprensibles para la totalidad de la población, y que expliquen de una manera sencilla la forma en que se gastarán los fondos públicos.

Participación Ciudadana

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En la fase de discusión del proyecto de presupuesto en el Congreso de la República, es posible que los ciudadanos puedan asistir a las sesiones del pleno y obtener, tanto el proyecto de presupuesto elaborado por el Ministerio de Finanzas, como el Dictamen del mismo redactado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, en el sitio web del Congreso de la República y en el del Miniserio de Finanzas. Por otro lado, durante la fase de ejecución del presupuesto, la ley obliga al Presidente de la República a presentar al Congreso, cada cuatro meses, un informe sobre la ejecución presupuestaria, y cada año, un informe sobre la realidad del país y el estado de los negocios de su administración, y a hacer públicos dichos documentos. No obstante, los informes van dirigidos a identificar los fondos ejecutados y los productos generados, pero no a determinar el impacto del gasto público al finalizar cada año.

En la actualidad, el Estado publica la información sobre los renglones presupuestarios y su ejecución dentro del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN), un sitio web que sirve para consultar los pagos ejecutados o en proceso del gobierno, así como también las transferencias presupuestarias que se realicen. No obstante, la información que se publica en el SICOIN es muy compleja, y únicamente personas con capacidades técnicas en temas contables y financieros del presupuesto puede acceder a ellos y comprenderlos. Es imperativo desarrollar documentos del Presupuesto General que sean comprensibles para la totalidad de la población, con información clara y sencilla sobre la forma en que se gastarán los fondos públicos. Finalmente, en la fase de fiscalización del presupuesto, el acceso a la información es muy escaso, pues no existe una ley que obligue a la CGC a publicar la misma durante su fiscalización, y únicamente puede ser accesada hasta después de finalizar el período de auditoría. La Ley General de Presupuesto debe obligar la publicidad absoluta de los actos y la información del presupuesto en todas sus fases, para permitir a la población tener conocimiento del mismo en todo momento.

Finalmente, el control que se tiene sobre los funcionarios públicos y su actuación es rudimentario y poco efectivo. Según la Ley de Información Pública, cada entidad estatal debe publicar el número y nombre de todos los funcionarios públicos que laboran en ella, así como también sus salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración económica percibida. No obstante lo anterior, no todos los órganos estatales cumplen con esta normativa, pues varios dejan fuera los montos de dietas, viáticos y gastos de representación, o bien, los sueldos de los viceministros y ministros. Asimismo, según la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, los funcionarios públicos deben presentar una declaración patrimonial de bienes ante la CGC antes de ejercer el cargo público y al finalizar el mismo. No obstante, las declaraciones patrimoniales no son públicas, lo que complica la detección de enriquecimientos ilícitos, y la Subcontraloría de Probidad, que es la encargada de examinar todas las declaraciones presentadas, cuenta con pocos recursos para llevar dicha función de forma eficaz.

Control ciudadano sobre el funcionario público
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Debe exigirse la aplicación de la Ley de Acceso a la Información que obliga a los funcionarios públicos a publicar todas las remuneraciones económicas que perciban en el ejercicio de su cargo, así como también las declaraciones patrimoniales de bienes que presenten los funcionarios públicos antes de entrar al cargo y al finalizar el mismo, e incluso hacerlos disponibles en la Internet. De esta manera, la ciudadanía podrá conocer los recursos económicos del funcionario, para determinar si su patrimonio creció de forma desmedida en el ejercicio del cargo. En este sentido, es fundamental tipificar el delito de Enriquecimiento Ilícito, que castiga el excesivo incremento en el patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos en el ejercicio de sus funciones, y que no pueda ser justificado. El delito de Enriquecimiento Ilícito entró en vigencia en Guatemala el año 1996, pero fue derogado en 1997, por lo que su ausencia ha facilitado la gran cantidad de desfalcos y actos de corrupción que han ocurrido desde esa época.

El alto nivel de falta de transparencia presupuestaria en Guatemala permite a los órganos estatales ejecutar los fondos públicos con una discrecionalidad tal que se convierte en desviación de poder, sin fiscalización adecuada por parte de los órganos internos y externos de control, ni una efectiva rendición de cuentas que penalice a los servidores públicos por una mala gestión. El sistema presupuestario actual cuenta con graves deficiencias en su contenido y regulación que abren la puerta a la corrupción en el manejo de los fondos públicos. Es muy importante que se fortalezcan las entidades fiscalizadoras del Estado para impedir que los fondos sean despilfarrados y malversados por medio de actos de corrupción, así como también que toda información relativa al presupuesto sea pública y de fácil acceso para cualquier persona que lo solicite. Pero lo más importante de todo es que la población guatemalteca reconozca su responsabilidad en el asunto y se invoclure de forma enérgica creando mecanismos de auditoría social y actuando a través de ellos. Es muy sencillo: si el pueblo calla, el gobierno dispone.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA PARA GUATEMALA, ELABORADO POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES (CIEN).

La ENCOVI 2011 y la realidad de Guatemala

2011-11-23T09:30:00.001-08:00

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2011. Las últimas 2 ENCOVI que se publicaron fueron en el año 2000 y en el año 2006, por lo que los resultados de la ENCOVI 2011 son sumamente importantes debido a que actualizan varios datos oficiales sobre pobreza, educación, salud y vivienda de Guatemala, que no estaban renovados desde el 2006. Cabe indicar que los datos no son completos, y que en muchos casos son inconsistentes entre ellos mismos. Sin embargo, la ENCOVI 2011 nos deja resultados sobre la realidad de nuestro país, tanto desde el punto de vista departamental como nacional, que valen la pena analizar y comparar, en los casos en los que se pueda, con los resultados de la ENCOVI 2006, para determinar el progreso o el retroceso de Guatemala en los últimos 5 años.

http://goo.gl/44PKL

En el tema de pobreza, la ENCOVI 2011 encuadra en situación de pobreza extrema a las personas que ganan menos de Q.4,380 por año, y en situación de pobreza no extrema, a las que tienen ingresos anuales menores a Q.9,030. En la ENCOVI 2006, se clasificó en extrema pobreza a las personas que ganaron Q.3,206 al año (Q.1,174 menos que la ENCOVI 2011), y en pobreza no extrema las que obtenían ingresos anuales menores a Q.6,574 (Q.2,456 menos que la ENCOVI 2011). Esto nos permite apreciar un aumento del 27% en ambos rubros, debido al alza de los precios de la canasta básica. El índice de pobreza extrema de Guatemala para el año 2011, es de 13.33%, lo que representa una disminución de un 1.87% respecto del año 2006 (15.20%). En este sentido, los Departamentos de Guatemala con el índice de pobreza extrema más alto son Alta Verapaz (30.2%), Zacapa (24.96%) y Totonicapán (24.74%), mientras que los Departamentos con el menor índice de extrema pobreza son Escuintla (3.75%), Guatemala (4.16%) y El Progreso (6.37%). Por otro lado, el índice de pobreza no extrema en Guatemala para el año 2011 es de 40.38%, que significa un aumento del 4.58% respecto del año 2006 (35.80%), e incluso un aumento del 0.08% respecto del año 2000 (40.30%), por lo que se concluye que nunca en el Siglo XXI habíamos tenido un índice tan alto de pobreza no extrema. En este orden de ideas, los Departamentos de Guatemala con el índice de pobreza no extrema más alto son Sololá (57.22%), Jalapa (54.55%), y de nuevo, Totonicapán (51.41%), mientras que los Departamentos con el menor índice de pobreza no extrema son Izabal (33.75%), Chiquimula (33.98%) y Jutiapa (34.61%).

El porcentaje de pobreza total de Guatemala para el año 2011, que se obtiene sumando los índices de pobreza extrema y no extrema, es del 53.51%, un 2.71% más respecto del índice de pobreza total del año 2006 (51%). Los Departamentos de Guatemala con el índice de pobreza total más alto son Sololá (81.24%), Alta Verapaz (77.20%) y Totonicapán (76.15%), mientras que los Departamentos con el menor índice de pobreza total son Guatemala (41.04%), El Progreso (43.42%) y Escuintla (47.92%). ¿A qué se debe este aumento en el índice de pobreza? Debido a que la pobreza extrema se redujo en un 1.87%, es preciso concluir que estas personas, que para el año 2006 se encontraban en situación de extrema pobreza, para el año 2011 lograron ascender a la línea de pobreza no extrema, y es ésta, en parte, la razón del aumento del porcentaje de pobreza no extrema. Sin embargo, el aumento de 4.58% de pobreza no extrema (más alto que el porcentaje de disminución de pobreza extrema) no se debe únicamente a que personas en situación de extrema pobreza lograron progresar. Un gran número de personas que, para el año 2006 se encontraban en la línea de la no pobreza, para el año 2011 entraron en situación de pobreza. Tomando en cuenta que los proyectos sociales del gobierno de Álvaro Colom iban dirigidos a combatir la pobreza extrema, la disminución de la misma es un logro diminuto, ensombrecido por el aumento de la pobreza no extrema, y en definitiva, por el aumento de la pobreza total en Guatemala.

Índices de Pobreza de Guatemala (Años 2000, 2006 y 2011)

La ENCOVI 2011 también evaluó el nivel educativo que tienen los habitantes de Guatemala esencialmente en 2 aspectos: porcentaje de alfabetismo y porcentaje de matriculación. El porcentaje de alfabetismo en Guatemala para el año 2011 es del 76%, lo que significa que la tasa de analfabetismo es del 34%, un aumento del 10.03% respecto de la tasa de analfabetismo que, según los datos oficiales de las autoridades educativas en el año 2006, ascendía a 23.97%. Este incremento en la cantidad de guatemaltecos que no saben leer ni escribir en los últimos 5 años, es un completo fracaso nacional en el tema de educación. Los Departamentos de Guatemala con los índices de analfabetismo más altos son Quiché (47%), Alta Verapaz (44%) y Huehuetenango (43%), mientras que los Departamentos con los índices más bajos de analfabetismo son Guatemala (18%), Sacatepéquez (24%) y El Progreso (26%).

El otro aspecto educativo que se tomó en cuenta para medir el nivel de escolaridad en Guatemala fue el porcentaje de matriculación de los guatemaltecos en los niveles de primaria, básico y diversificado. La tasa de matriculación de Guatemala para el año 2011 es del 52%, lo que significa que únicamente la mitad de los niños menores de 18 años se inscribieron para estudiar la primaria, básicos y diversificados en escuelas públicas y privadas. Los Departamentos de Guatemala con los índices más bajos de matriculación son Huehuetenango (42%), Jalapa (42%) y Quiché (44%), mientras que los Departamentos con los índices más altos de matriculación son Guatemala (64%), El Progreso (57%) y Sacatepéquez (57%). El índice de escolaridad en Guatemala, que se obtiene promediando las tasas de alfabetismo y de matriculación, es del 68%.

El estudio a nivel educativo que realizó la ENCOVI 2011 es, en principio, sumamente deficiente, pues no se toma en cuenta el porcentaje de deserción de los estudiantes, y las razones por las que los abandonan su educación, ya que este dato permite analizar más profundamente el tema de la falta de educación, pues no todos los que se matriculan para iniciar la escuela la finalizan. Asimismo, el nivel educativo en un país no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de los estudiantes, sino que también debe evaluarse el nivel educativo de los maestros en el país, que se puede inferir que es tremendamente bajo. Asimismo, deben analizarse los recursos con los que cuentan las escuelas (libros, pizarrones, mesas, sillas, lápices, etc.), así como también la calidad y cantidad de las escuelas que existen en cada departamento del país, con relación a la población estudiantil que tiene cada uno. Consecuentemente, el estudio que realizó la ENCOVI 2011 sobre la educación en Guatemala no permite obtener una perspectiva integral de cómo se encuentra la situación educativa del país.

Escuela Rural Primaria de Guatemala
http://goo.gl/W8l2e

En el tema de Salud, el INE realizó un análisis estadístico que también dejó mucho que desear. En efecto, los únicos indicadores que utilizó la ENCOVI 2011 para determinar el Índice de Salud fueron el porcentaje de niños menores de 6 años que recibieron la vacuna de la Tuberculosis, de la Difteria-Tosferina-Tétano y de la Sarampión. El promedio de esta cobertura de inmunización dio como resultado el índice de Salud. La cobertura de vacunas de la Tuberculosis es del 96.77%, de la Difteria-Tosferina-Tétano es del 89.97%, y del Sarampión es del 77.71%. Es decepcionante que la ENCOVI 2011 no haya incluido, entre otras cosas, el porcentaje de casos de diarrea infantil y la tasa de desnutrición crónica infantil, así como también de enfermedades cardíacas, cancerígenas y gastroenterólogas, entre otras. Por otro lado, no se analizaron los lugares de atención médica que existen, según los rangos de pobreza en los diferentes Departamentos del país (IGSS, clínica privada, hospital privado, hospital público, centro de salud, farmacia, centro comunitario, su propia casa, etc.), ni la calidad de la infraestructura y recursos de los mismos por sector. Asimismo, al igual que en la educación, debió hacerse un análisis sobre la capacidad técnica y profesional de los médicos y los enfermeros en cada centro médico de cada Departamento, y la disponibilidad de medicinas, antibióticos y vacunas. Pensar que el nivel de salud puede determinarse únicamente mediante la cobertura de vacunas para algunas enfermedades, habla mucho de la poca planificación que hubo en la elaboración de la ENCOVI 2011, y la pésima logística empleada en su ejecución.

La ENCOVI 2011 también evalúa las condiciones de vida de los guatemaltecos en cuanto a vivienda y acceso a servicios básicos. Según los resultados obtenidos, en Guatemala viven aproximadamente 4.91 personas por cada hogar, y el 51% de los hogares guatemaltecos sufren de problemas de hacinamiento. Los Departamentos de Guatemala que tienen el índice de hacinamiento más alto son Alta Verapaz (76%), Petén (64%) y San Marcos (61%), mientras que los Departamentos que tienen el índice de hacinamiento más bajo son Guatemala (34%), Sacatepéquez (40%) y El Progreso (41%). Asimismo, un 70% de los hogares guatemaltecos tienen acceso a servicios básicos, es decir, a agua entubada y drenajes. Los Departamentos de Guatemala con el nivel más bajo de acceso a servicios básicos son Alta Verapaz (42%), Petén (43%) y Santa Rosa (56%), mientras que los Departamentos con mayor nivel de acceso a servicios básicos son Guatemala (83%), Sacatepéquez (88%) y Chimaltenango (78%). No obstante lo anterior, la ENCOVI 2011 no cuenta con resultados que permitan identificar los tipos de drenajes que pueden tener los hogares según la situación de pobreza en la que se encuentren (Sanitario privado, sanitario comunitario, letrina, etc.), ni las fuentes de donde las familias obtienen el agua cuando no cuentan con tuberías (Pozo privado, pozo público, chorro público, ríos, lagos, cisternas o agua de lluvia).

En el tema de la vivienda, la ENCOVI 2011 buscó determinar la Tasa de Calidad de Vivienda, que implica un hogar con piso, paredes y techos adecuados. Guatemala cuenta con 2,983,543 hogares, y el 66% de éstos llenan los requisitos de calidad de vivienda. En este orden de ideas, el déficit de vivienda de Guatemala para el año 2011 asciende a 1,312,759 hogares. Los Departamentos con la tasa más baja de calidad de vivienda son Alta Verapaz (29%), Quiché (45%) y Totonicapán (51%), mientras que los Departamentos con la tasa más alta de calidad de vivienda son Chimaltenango (78%), Guatemala (83%) y Sacatepéquez (88%).

Déficit de vivienda en Guatemala
http://goo.gl/f1Wjs

Finalmente, en el tema del trabajo, la ENCOVI 2011 determinó que la Población Económicamente Activa (PEA), consistente en las personas mayores de 15 años que trabaja o busca trabajo, constituye el 63.31% de la población total de Guatemala. La tasa de desempleo de Guatemala para el año 2011 es del 3.84%, lo que representa un aumento de 0.64% respecto de la tasa de desempleo que se determinó en el año 2006 (3.2%). Los Departamentos de Guatemala con las tasas más altas de desempleo son Totonicapán (5.82%), Alta Verapaz (5.54%), Escuintla (5.33%), e interesantemente, Guatemala (4.64%), mientras que los Departamentos con la tasa de desempleo más baja son Chiquimula (2.07%), Jalapa (2.1%) y Petén (2.12%). Aunque pareciera que la tasa de desempleo es baja (4 de cada 100 personas están desempleadas), la tasa de subocupación en Guatemala asciende al 52.21% de la población, por lo que más de la mitad de las personas se encuentra capacitada para una ocupación o cargo determinada, pero que al no encontrar trabajo en dicho puesto, opta por tomar trabajos menores en dondeo obtiene ingresos inferiores de los que debería según su instrucción. Todo esto sin tomar en cuenta que, aunque la ENCOVI 2011 no muestra datos al respecto, aproximadamente el 75% de la PEA se desempeña en la economía informal.

Los resultados de la ENCOVI 2011 no muestran datos positivos para el país, y en la mayoría de los casos, implican un retroceso en el desarrollo de Guatemala. El trabajo del INE en la elaboración de la ENCOVI 2011 no llena las expectativas, pues hay muchas variables que no se toman en cuenta y que son fundamentales para comprender de forma integral la coyuntura social, histórica, económica y política del país. Además, las estadísticas fueron presentadas de una forma desordenada, sin unidad ni coherencia, lo cual evidencia una falta de coordinación y análisis en el estudio. Cada tema fue estudiado de forma aislada, cuando es obvio que los distintos problemas del país repercuten unos con otros (salud en educación, vivienda en salud, trabajo en educación, etc.). Cabe indicar que fue una ardua tarea tomar el ENCOVI 2011 y exprimir los datos que se han descrito en el presente artículo, y es importante hacer énfasis en la importancia que estas herramientas representan para el país, por lo que es imprescindible un gran esfuerzo y calidad en su elaboración, para que éstos puedan servir como referencia en la toma de decisiones para el futuro.

Por lo pronto, la pobreza continúa en aumento, y con ella el nivel de analfabetismo en los guatemaltecos; los resultados respecto de la salud no ayudan a crear un panorama que explique la situación real de la salud de las personas, ni de los niveles estratosféricos de desnutrición infantil; el desempleo, el subempleo y el mercado informal son un estilo de vida para las personas; y el déficit de vivienda y el nivel de hacinamiento en los hogares sigue siendo un problema para el desarrollo de la dignidad de los guatemaltecos. La situación de Guatemala sigue sin mejorar, y continuará de esta manera si no rompemos con la rutina del subdesarrollo y nos hacemos responsables por el futuro de nuestro país. ¿A quién le importa?

Este extraño sentimiento de esperanza

2011-11-19T20:15:00.000-08:00

Guerras internas, desastres naturales, pobreza insoportable, hambre, violencia, calentamiento global, profecías mayas, corrupción insaciable, derrames de petróleo, explosiones volcánicas y contaminación nuclear. La noticia que sale hoy opaca con creces a la de ayer, pero definitivamente no se compara con la de mañana. Realmente parece que el mundo agoniza una lenta y dolorosa muerte; parece que intenta fútilmente de reaccionar ante el abuso y egoísmo que ha sembrado el hombre en su cuerpo. ¿Qué pasa con nuestra Tierra? ¿Qué pasa con nuestra gente?

El mundo se encuentra hoy invadido de un exceso de energía negativa en el ambiente. Nos rodea todo el tiempo, en el trabajo, en la universidad, en el tráfico o en la casa, y se atrae por la energía negativa que emana de las personas. Un enojo, una tristeza, un momento de estrés o una decepción es suficiente para desencadenar un torrente de negatividad que pone a nuestra cabeza a maquinar pensamientos dañinos para nuestra nuestra mente, cuerpo y espíritu. Esto atrae a la energía negativa del entorno, que se pega a nosotros como sangiujuelas que nos provocan más negatividad, y en consecuencia, más malestar. En fin, un círculo vicioso que parece que no para, ni siquiera cuando dormimos.

No obstante todo lo anterior, continúa dentro mío este extraño sentimiento de esperanza. Lo llamo sentimiento, porque aún no lo entiendo del todo racionalmente. Es esta sensación de que, eventualmente, y contra todo pronóstico, el mundo va a mejorar. Las generaciones más jóvenes aprenderán de los errores de las anteriores al explotar al mundo de la manera tan abusiva como lo han hecho. En otras palabras, una revolución de la consciencia. Puede verse, entre otras cosas, en la cantidad exorbitante de organizaciones no lucrativas que diariamente luchan por producir ese cambio tan añorado. Las empresas y fábricas contaminan en un nivel mucho menor que al de hace 60 años; las personas se preocupan un poco más en cuidar el medio ambiente; y La Democracia y el respeto a los derechos humanos ha evolucionado de manera importante en muchos países.

El cambio está ocurriendo ya, de una manera tan sutil como sólo la energía de la luz puede hacerlo. Ha penetrado la esencia de todas las cosas, y desde el centro de ellas, ha comenzado una transformación energética perfecta, de adentro para afuera. Un cambio tan trascendental como el que necesita nuestro planeta únicamente puede empezar desde la raíz, es decir, en la naturaleza del mundo y en el corazón de los seres humanos. La naturaleza sufrirá, y mucho. El mundo sobrevivirá esta etapa, pero quedará con numerosas cicatrices permanentes con las que tendremos que aprender a vivir. Sin embargo, estas enfermedades incurables que contraerá nuestro planeta serán catalizadores elementales en la conscientización del ser humano.

No obstante lo anterior, esta luz divina que está en el centro de las cosas ha provocado irremediablemente que la negatividad se concentre en el ambiente y salga a la superficie. Está alrededor nuestro acechándonos constantemente, esperando el momento en que la llamemos inconscientemente, tristes, enojados o estresados, para posarse cual parásito en nuestra alma para difuminarla. El guerrero de la luz debe tomar un rol importante en esta lucha. Debe ayudar en la conscientización de las personas, en el cuidado de la naturaleza y en la ayuda al prójimo y al mundo; pero al mismo tiempo, debe trabajar en transformar incesantemente la energía negativa en positiva.

¿Cómo transformamos la energía negativa en positiva? Aunque no lo crean, es muy simple: con nuestra intención. La mente es tan poderosa, que tiene la habilidad de transformar la energía con su intención. Sonreír, abrazar, cantar, bailar, agradecer, confiar, escuchar y amar son brotes de energía positiva pura más fuerte que cualquier energía negativa que pueda existir. En este sentido, cada vez que sintamos el estrés, el enojo, la decepción, la depresión o la desesperación naciendo en nuestro cuerpo, no cedamos ante estos sentimientos. Enfoquemos toda nuestra intención en recordar lo afortunados que somos; en revivir todos esos momentos fantásticos que hemos tenido en nuestras vidas; en invocar los sentimientos más exquisitos que ha saboreado nuestro corazón. Esto provocará que la energía negativa dentro nuestro, y aquélla que se encuentre cerca, se transforme en positiva, contagiando a su vez el ambiente en su recorrido.

Mientras la energía divina cambia las cosas desde su esencia, debemos tomar toda esa energía negativa que sale huyendo a la superficie, y convertirla en positiva. El guerrero de la luz tiene la virtud de transformar la energía. Él es quien más ríe, jamás pierde la esperanza, nunca apaga la luz de sus ojos, no teme demostrar afecto, acepta y aprende de sus errores, confía en la vida, y lucha sin parar por lo que cree. Su participación es vital en el cambio, y éste último no ocurrirá en su ausencia, porque él ha sido el primero en conscientizarse. ¿Eres tú un guerrero de la luz? Si lo eres, tienes un rol fundamental que jugar en este momento. Pero por sobre todo, confía con todo tu corazón en que el mundo mejorará. Tú eres la llama de la esperanza que le dará calor al mundo en estas épocas de frío, iluminarás la oscuridad con tu presencia. Reconoce el grito de ayuda que te hace el mundo, y ponte manos a la obra.

El legado que nos deja el Gobierno de Álvaro Colom

2011-11-09T10:08:00.000-08:00

El largo y oscuro túnel del proceso electoral se encuentra llegando a su fin, para tranquilidad y satisfacción de los guatemaltecos que, independientemente del candidato al que apoyaron, terminaron asqueados con la politiquería que fue empleada, así como también con el sucio y discrecional manejo de los fondos públicos y privados que fueron utilizados por los partidos políticos en sus millonarias y arbitrarias campañas políticas. Para bien o para mal, tenemos ya un nuevo Presidente de la República electo: el General Otto Pérez Molina, con un plan de gobierno basado en la propuesta de combate a la inseguridad por medio de "mano dura", la implementación de políticas sociales para la lucha contra la desnutrición y el hambre, y la negociación de un pacto fiscal que, según éste, es indispensable para Guatemala.

Presidente de la República Álvaro Colom Caballeros
http://goo.gl/xmJCm

Por otro lado, el ingeniero Álvaro Colom entregará posesión de su mandato presidencial, dejando un país sin avances, y será recordado como un gobierno bonachón (como él se describe a sí mismo), que no logró encontrar la forma de conciliar los intereses de los distintos sectores sociales y políticos del país, y que no tuvo la valentía para enfrentar los problemas primordiales de Guatemala. El Índice de Desarrollo Humano 2011 ubicó a Guatemala en el lugar 131 de 187 países calificados, únicamente por encima de Haití en toda América. El Índice de Desarrollo Humano del 2008, año en que Álvaro Colom tomó posesión de la presidencia, Guatemala ocupaba el lugar 118, por lo que durante el período presidencial de Colom, Guatemala bajó 13 escaños en la clasificación. Solo este dato deja mucho qué decir.

Analizando en detalle su gestión, podemos hacer las siguientes conclusiones: En el tema de seguridad, el gobierno de Colom no tuvo el temple y la inteligencia para confrontar la delincuencia común, al punto de que, según la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, Guatemala es el séptimo país del mundo con la tasa más alta de muertes violentas; y según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia de México, la Ciudad de Guatemala es la séptima ciudad más peligrosa del mundo. Por otro lado, el desarrollo de la delincuencia organizada sigue viento en popa, y la proliferación del narcotráfico en Guatemala ha sido tan impresionante que parecen zancudos de invierno en el Puerto de San José. Álvaro Colom no tuvo la valentía para entrarle de lleno al combate el narcotráfico, por medio de programas de prevención del delito y el bloqueo del famoso corredor del narcotráfico que está abierto al crimen organizado desde épocas de Óscar Berger. En este sentido, Colom afirmó en una entrevista reciente que para él era más fácil combatir el narcotráfico que el robo de celulares. ¿Acaso detuvo su gobierno el crecimiento y el poder del narcotráfico? Seguramente piensa que el narcotráfico se combate capturando capos e incautando drogas, que parece que eso sí lo hicieron. Sin embargo, si no se bloquean los pasos de droga, y se previene que los jóvenes ingresen a los carteles de narcotráfico, de nada sirve capturar a 2 capos, si vienen 4 más sanguinarios detrás, y de nada sirve incautar 1,000 kilos de cocaína, si días después entran 5,000 kilos más. Por lo tanto, el tema de la seguridad es el fracaso más grande del gobierno de Álvaro Colom.

Incautación de drogas
http://goo.gl/0XF68

En el tema de la educación, el gobierno de Colom terminó un ciclo escolar de 90 días, cuando oficialmente los ciclos escolares anuales deben durar alrededor de 195 (Un 54% más), provocado por los paros del nefasto líder sindical Joviel Acevedo, y el incumplimiento por parte del gobierno de los requerimientos que éste hizo al principio de su gestión. El gobierno de Álvaro Colom nos deja una infraestructura en ruinas, con carreteras de plástico, construidas por gobiernos anteriores, que no supo reparar a tiempo. Hoy en día, es complicado y peligroso viajar al interior del país por el precario estado de las carreteras, y esto sin contar la gigantesca deuda flotante que le deja al gobierno con los contratistas de obra pública, que todavía no ha sido determinada, pero que según analistas ronda los Q.4,300 millones, un 72% más que los 2,500 millones de deuda flotante que le dejó el gobierno de Óscar Berger en el año 2008. Tanta deuda para tan pésimo estado de la infraestructura pública, es inaudito.

En el tema de empleo, el presidente Álvaro Colom prometió en su campaña electoral que crearía 700 mil trabajos nuevos. Sin embargo, la tasa de desempleo no se redujo, si no más bien ha aumentado de 3.2% en el año 2007, hasta 5.9% en el año 2010, según información del Ministerio de Trabajo, y esto sin tomar en cuenta que el 75% de la población guatemalteca aún se desempeña dentro de la economía informal. Y qué decir del tema de la salud, en donde Colom deja hospitales en graves condiciones de infraestructura, prácticamente sin recursos para poder tratar a pacientes, y con médicos que reciben bajísimos salarios.

Desempleo en Guatemala
http://goo.gl/OzkMI

Finalmente, la falta de transparencia presupuestaria dentro del gobierno de Colom, y el gasto tremendamente ineficiente de su gestión, ha provocado que la deuda externa contraída para sufragar sus políticas públicas haya aumentado de US$.3,908 millones en el año 2008 en que tomó posesión, a US$.17,500 millones en el 2011, es decir, un aumento aproximado del 347%. Por otro lado, la deuda interna también ha ido en aumento durante el período de gobierno de Álvaro Colom, pues de Q.24,920 millones, en el año 2008, cuando tomó el cargo, ha ascendido a Q.40,310 millones en el presente año en que dejará la presidencia, es decir, un aumento aproximado del 62%. El gasto público debe ser controlado y fiscalizado por los órganos de control del Estado, buscando su eficiencia y transparencia. Sin embargo, el Presidente Álvaro Colom prefirió utilizar mecanismos del sistema paralelo de gasto público, como los fideicomisos, ONG, fondos sociales, y transferencias presupuestarias, para ejecutar los fondos estatales, y de esta manera el gasto público fue más ágil, más discrecional, y se ahorró los trámites burocráticos de la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, la corrupción y el clientelismo político que provocó este gasto discrecional es aún una incógnita, pero en los próximos años empezaremos a tener una idea.

El único logro que se le podría adjudicar al gobierno de Álvaro Colom es la implementación del programa social Mi Familia Progresa, por medio de las transferencias condicionadas y las bolsas solidarias. Es el primer programa social que realmente ha sido ejecutado con constancia, y seguramente seguirá existiendo por muchos años más. No obstante, el alto grado de discrecionalidad con el que se llevó a cabo dicho proyecto le resta mucha legitimidad, y el hecho de que al final no le haya alcanzado el presupuesto al gobierno para poder cumplir con los compromisos que adquirió, habla mucho de la eficiencia y transparencia en su administración. El programa de transferencias condicionadas, que consistió en regalar Q.300 a la gente para que llevara a sus hijos a la escuela y a los hospitales no resuelve el problema, pero alivia la situación económica de muchas personas, aunque al asistir los niños a clase no encontraran maestros ni materiales de estudio, y al ir a los hospitales se enteraran de que no habían médicos que los atendieran ni medicinas que curaran sus enfermedades. Asimismo, las bolsas solidarias beneficiaron a muchas personas, pero se convirtieron en un recurso político-electorero en el momento en que se le exigió a los beneficiarios afiliarse al partido político oficialista a cambio de recibir bolsas solidarias. Es decir que el programa Mi Familia Progresa se implementó para quedarse, y es muy complicado, así como también poco político, intentar removerlo. ¿Qué hacer entonces con él?

Entrega de bolsas solidarias por parte de la ex-Primera Dama Sandra Torres
http://goo.gl/9JaqT

El programa de Mi Familia Progresa puede ayudar a paliar la crisis económica de los guatemaltecos que viven en situación de pobreza, pero este subsidio debe ser temporal y debe estar aparejado de proyectos que busquen el desarrollo de la productividad de las familias y las comunidades (Programas de microcréditos, buenas prácticas de agricultura, capacitaciones en tecnología de la producción, fomento a las cooperativas, etc.) para que llegue el momento en que éstas ya no necesiten de este subsidio estatal. Asimismo, debe hacerse un estudio para determinar las áreas más necesitadas de las transferencias condicionadas y las bolsas solidarias, para no dirigir éstas a quienes no la necesitan. Sería una buena alternativa focalizar el programa de Mi Familia Progresa a las comunidades que se encuentran en el corredor seco del país, y que corren un grave peligro económico, alimentario y de salud.

El Corredor Seco de Guatemala
http://goo.gl/U0yj1

En fin, este es el legado que nos deja el gobierno de Álvaro Colom. El nuevo Presidente de la República entra con retos complicados que debe resolver. Otto Pérez Molina deberá entrar con carácter y decisión, porque le entregan un país en ruinas, con una población rural discriminada y empobrecida por la falta de oportunidades, y con una población urbana desesperada por la falta de seguridad. No obstante, debemos ser conscientes de que Guatemala saldrá de su grave situación en el momento en que los guatemaltecos se levanten de ese sueño de una Guatemala próspera y segura, y se pongan a trabajar arduamente en hacerlo realidad. Este es un cambio de época, el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Seguirás siendo el lector, testigo y víctima de esta historia, o te comprometerás a tomar el papel protagónico de salvar el mundo?

Anciano Afán

2011-10-19T15:49:00.001-07:00

Comparto con ustedes este poema que hice hace unos años. Espero que les guste.

http://goo.gl/Ii3qS

Te presentas en la noche y te esperaba en la mañana,

Tu sonrisa encantadora y tu perfil de porcelana.

Añoras un futuro y tu presencia en mi jornada,

Pero olvidas el pasado en que negaste ser mi amada.

Lloré ladrillos de tormentos que se alzaban hasta el cielo,

Sufrí demonios y epidemias que acabaron con mi anhelo.

Fui presa del calvario que causó esta maldición,

Y mártir de un destino que escogió mi perdición.

http://goo.gl/obs2W

Mi anciano afán de sumergirme y navegar por tus arterias,

Olvida hasta el infierno que enmarcaba su miseria.

Sobrevive por la inercia de esta vida tan etérea,

Recordando las memorias que ha olvidado por la histeria.

Mi alma en pena se revuelca destrozada en el infierno,

Mi mente vaga por el cosmos, prisionera del eterno,

Mi cuerpo yace congelado como el limbo en este infierno,

Mi amor ha muerto y se lamenta, padeciendo en el averno.

http://goo.gl/e5Tgc

Las tijeras de la angustia me cortaron las rodillas,

Mi esperanza caducó dentro de un mar de pesadillas.

Los fracasos de mi astucia me colmaron la paciencia,

Y la razón de mis colores se casó con la demencia.

Tus ojos hoy se acercan añorando mi dulzura,

Tus manos van en busca del residuo que perdura.

Pretendes con caricias que mi espíritu despierte,

Y pides que te bese y que te quiera hasta la muerte.

http://goo.gl/KD4WC

Te amé con la potencia de un tornado caprichoso,

Gozando los suplicios de un cariño mentiroso.

El tiempo ha terminado con mis sueños de adorarte,

Pues llegas reclamando lo que ya no puedo darte.

La ejecución del gasto público por ONG

2011-10-04T11:24:00.000-07:00

El gasto público ejecutado por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ha sido duramente criticado por el alto grado de discrecionalidad con el que se administran los fondos estatales que les son asignados, así como también por la ausencia de un ordenamiento jurídico que regule adecuadamente su funcionamiento y estructura, y que prevea mecanismos efectivos de control y fiscalización sobre su adjudicación y ejecución. Las ONG han sido utilizadas por los gobiernos de turno bajo el argumento de que se busca una vía alterna que sea más célere y eficaz para invertir el presupuesto estatal que la pantanosa, burocrática y repudiada Ley de Contrataciones del Estado, pero esto ha traído como consecuencia una gran cantidad de contrataciones anómalas otorgadas a ONG que han sido constituidas por los mismos funcionarios públicos, o que no cuentan con la capacidad y experiencia suficiente para cumplir con los contratos adjudicados, por lo que terminan incumpliendo los mismos o ejecutándolos en forma deficiente.

http://goo.gl/A6Mjg

Las ONG surgieron en Guatemala en la decada de los 60, por medio de iglesias misioneras y grupos de cristianos laicos, con un enfoque puramente asistencial, auxiliando a vagabundos, enfermos, minusválidos, huérfanos y ancianos. Poco a poco, las ONG fueron cambiando su orientación e ingresando a otros campos de actividades, como la infraestructura, la tecnología agrícola, la aflabetización y la educación popular, estableciendo dentro de sus objetivos centrales la cooperación con programas de desarrollo y capacitaciones de cualquier índole para grupos de campesinos. Después del conflicto armado, aumentó la cooperación internacional en el país y se suavizaron los procedimientos legales para la inscripción de ONG, lo que contribuyó enormemente a su crecimiento y desarrollo. Las ONG se convirtieron en herramientas importantes en Guatemala, pues su objetivo era la ejecución de programas de desarrollo en aquellos casos en que el gobierno no podía llegar a los lugares más alejados y recónditos del país.

Con el tiempo, los gobiernos y funcionarios públicos que buscaban formas de enriquecerse, empezaron a constituir sus propias ONG, hechas a la medida para obtener los contratos que el Estado concedía. En la actualidad, la mayoría de estas ONG no tienen historia, trayectoria o currículum de experiencia, sino más bien son empresas disfrazadas de ONG con la finalidad de conseguir contratos estatales. Para el año 2009, alrededor de Q197 millones fueron asignados a 37 ONG para su ejecución, la mayoría de éstas sin contar con la experiencia necesaria para llevar a cabo los proyectos que administraron.

http://goo.gl/WvnN0
La Asociación para el Desarrollo Comunitario Hoy Guatemala adjudicó
contratos por Q110 millones a empresas constructoras vinculadas a la
esposa del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, en los años 2009 y 2010.

La Ley de ONG, creada durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), regula las Organizaciones No Gubernamentales, identificándolas como asociaciones sin fines de lucro, con intereses culturales, educativos, deportivos, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico-social. Las ONG conforman, junto con las asociaciones y fundaciones, las entidades no lucrativas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible entonces que, siendo las ONG entidades no lucrativas, sean una de las principales herramientas de los funcionarios públicos para ejecutar fondos estatales de forma arbitraria y utilizarlas para lucrar y enriquecerse?

La Ley de ONG no regula absolutamente nada acerca de la posibilidad de que las ONG ejecuten fondos del Estado. Sin embargo, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010, que se emite cada año para estructurar el presupuesto del Estado (Artículo 24) autoriza de forma indirecta la celebración de convenios entre entidades estatales y ONG, estableciendo que, para el efecto, las entidades estatales que ejecuten proyectos con ONG deben suscribir, bajo su responsabilidad, los convenios respectivos. La Ley establece que la entidad estatal debe evaluar discrecionalmente la capacidad y los antecedentes de la institución que ofrece sus servicios, para garantizar que el trabajo se ejecute con apego a las normas de calidad y transparencia, emitiendo un dictamen que se remite a la Contraloría General de Cuentas antes de suscribir el convenio, pero sin facultar a la Contraloría General de Cuentas para improbar el dictamen emitido, por lo que éste sirve para fines puramente informativos. Por otro lado, la Ley determina que la ONG debe rendir informe físico y financiero mensual a la entidad estatal, y que los intereses generados por los recursos trasladados deben despositarse en una cuenta del Gobierno de la República. Asimismo, según dicha ley, los fondos públicos que ejecuten las ONG están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y que, como no se adjudican por procedimientos de licitación pública, se rigen por las normas de derecho común.

Aunque la Ley del Presupuesto General de cada año autoriza la ejecución de fondos públicos por medio de ONG, y determina que éstos serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas, fracasa rotúndamente en regular la forma en que se escogen a las ONG que ejecutarán dichos proyectos. En efecto, la entidad estatal tiene discrecionalidad suficiente para escoger la ONG que ejecutará un proyecto determinado, con la que firma un convenio de cooperación, en virtud del cual, la ONG pasa a ser la coordinadora y supervisora del mismo. No obstante, ya que la Ley de ONG determina que las ONG son entidades no lucrativas, éstas subcontratan la ejecución de los proyectos a empresas privadas, que generalmente son propiedad de los mismos miembros de la ONG, y de esta forma, sus socios cuentan con la libertad de asignarse los sueldos que quieran, administrar los fondos estatales como lo consideren adecuado, y repartirse cualquier utilidad que genere el proyecto. Consecuentemente, las entidades estatales se ahorran los procesos de cotización y licitación pública determinados en la Ley de Contrataciones del Estado para adjudicar los contratos públicos a empresas que presenten las ofertas que más convengan a los intereses del Estado, y escogen a las ONG que ejecutarán los proyectos prácticamente a dedo.

http://goo.gl/WeoYl
El Consejo Departamental de Desarrollo de Suchitepéquez le adjudicó a la
ONG Nueva Esperanza un contrato por Q2 millones 173 mil para construir
aulas de una escuela, sin llevar a cabo un proceso de licitación.

Como se mencionó anteriormente, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado determina que las ONG que ejecutan fondos públicos son fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. No obstante, la Contraloría General de Cuentas únicamente se dedica a sancionar las anomalías que encuentra en los proyectos deficientemente ejecutados, pero no cuenta con la capacidad suficiente para fiscalizar la forma en que las entidades estatales escogen a las ONG que ejecutarán los proyectos, por lo que realmente no pueden prevenir que el gasto público se ejecute mediante ONG sin experiencia o que pertenezcan a los mismos funcionarios públicos que realizan la contratación. Asimismo, las sanciones que impone la Contraloría General de Cuentas no se comparan a la cantidad de dinero que habrán sustraído los funcionarios públicos por medio de ONG que, a fin de cuentas, estarán a cargo de las mismas.

Los fondos públicos ejecutados por ONG son especialmente cuestionados cuando son asignados por los Diputados al Congreso de la República para la ejecución de obras de infrastructura, pero que son utilizados únicamente para enriquecerlos a ellos mismos y a sus allegados. ¿En qué momento se determinó que los diputados, que son funcionarios encargados exclusivamente de legislar y de fiscalizar la labor gubernativa y administrativa del Órgano Ejecutivo, podían asignar fondos públicos a ONG? Resulta que la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, faculta en sus anexos a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República para que apruebe el listado de obras. De esta forma, los diputados se atribuyeron a sí mismos la facultad de distribuir las obras que se construirían cada año, y como pueden hacerlo sin límite alguno, se asignan arbitrariamente fondos públicos para ejecutarlos como les plazca.

La arbitrariedad con la que se ejecuta el gasto público por medio de ONG, que se traduce en corrupción y clientelismo político, ha provocado un grave malestar en la sociedad, y la presión que han ejercido los medios de comunicación y organizaciones de auditoría social, ha provocado que el Presidente de la República, Álvaro Colom, anunciara en abril del 2010 que sus funcionarios públicos dejarían de utilizar ONG para la ejecución de fondos estatales. No obstante, la aseveración del presidente no es totalmente cierta, pues en la actualidad, casi el 100% del presupuesto de los Consejos de Desarrollo se continúa ejecutando por medio de Organizaciones No Gubernamentales. Asimismo, los diputados del Congreso de la República continúan ejecutando sus fondos públicos mediante ONG.

http://goo.gl/km3wq
El Presidente Álvaro Colom anunció en su programa Despacho Presidencial
en el 2010 que prohibiría el uso de ONG para ejecutar gasto público.

La ejecución del gasto público mediante ONG debe ser una excepción que sólo debe aplicarse en el caso en que se determine fehacientemente la imposibilidad del Estado de poder cumplir con los proyectos respectivos. Asimismo, las ONG únicamente deben estar facultadas para ejecutar proyectos de desarrollo económico, cultural y social, y no realizar obras de infraestructura o de suministro de insumos, como ocurre en su mayoría en la actualidad. Por otro lado, no debe permitirse a las entidades estatales escoger arbitrariamente a las ONG a las que se asignarán los proyectos. El Estado debe buscar eficiencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, por lo que es necesario abrir a procesos de licitación pública las contrataciones estatales para que todas las ONG que quieran participar presenten sus ofertas, y se adjudique el proyecto a la que haga la oferta que más convenga a los intereses del Estado. De esta forma, los proyectos asignados a ONG pasarán por los procesos de cotización y licitación establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado, como debe ser.

Para instaurar las recomendaciones indicadas, es necesario llevar a cabo una reforma sustancial a la Ley de ONG, para limitar su actuación exclusivamente a programas de desarrollo social, económico y cultural, así como también reformar la Ley Orgánica del Presupuesto para determinar la obligación de las entidades estatales de abrir a procesos de cotización y licitación pública regulados en la Ley de Contrataciones del Estado todos los proyectos en donde se pretenda adjudicar los mismos a una ONG, para que todas las ONG que quieran ejecutarlo puedan presentar ofertas y tener oportunidades de obtener el contrato, y evitar así que los funcionarios públicos las escojan arbitrariamente. Asimismo, debe dejar de regularse la contratación con ONG en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, pues esta cambia anualmente, facultando al Congreso para modificar a su placer las normas que regulan su estructura legal, y regularse de forma permanente en la Ley Orgánica del Presupuesto.

El argumento de que la Ley de Contrataciones del Estado es demasiado burocrática, y que se busca agilizar la ejecución de los proyectos al generar mecanismos paralelos a la misma no es válido, pues si la Ley de Contrataciones del Estado es el problema, ésta debe reformarse para hacerla más eficiente, en lugar de buscar salidas alternativas que atenten contra la transparencia del gasto público y que fomenten el clientelismo político y la corrupción. Que nuestros gobernantes tengan la voluntad política de hacerlo es, en mi opinión, el verdadero problema que tenemos que enfrentar.

La Personificación de la Democracia

2011-09-14T11:39:00.000-07:00

Cielos nublados y lluvias dispersas acompañaron a Guatemala el día después de la fiesta cívica en la que el pueblo, en el legítimo ejercicio de su soberanía, acudió a las urnas para personificar la Democracia y definir el rumbo de su país. Muchos pasaron aquel día con cara de derrota, con un nudo en la garganta, el semblante confuso, y la trágica realización de que pareciera que, una vez más, se han quedado con las manos vacías. Por otro lado, otros pasaron un plácido día de victoria, con una sonrisa de optimismo, la euforia del valiente y la confianza del deber cumplido. Los distintos partidos políticos deben estar en estos momentos reunidos analizando incesantemente las razones por las que se dieron los resultados que se dieron, y pensando la estrategia que tomarán para la segunda vuelta, y para los próximos 4 años.

Guatemaltecos votando.

http://goo.gl/LjWzV

La última actualización de los resultados de las votaciones ha dejado a la cabeza a Otto Pérez (Partido Patriota), con el 36%, cifra sorpresiva, dado que las encuestas de los medios de comunicación le pronosticaron incluso un posible triunfo en primera vuelta (El Periódico le dio un 48% y Prensa Libre un 43%). En segundo lugar quedó Manuel Baldizón (LÍDER), con el 23% de los votos (El Periódico le dio 18% y Prensa Libre 26%), por lo que en este caso las encuestas no fallaron (tanto) en definir el compañero de Pérez en la segunda vuelta que se llevará a cabo el 6 de noviembre. En tercer lugar, Eduardo Suger (CREO), que con un 16% (El Periódico le dio 11% y Prensa Libre 14%) se despide casi seguramente de las elecciones, ya que a sus 73 años es muy complicado que vuelva a participar. La gran sorpresa la realizó Mario Estrada (UCN), apadrinado por el ex-presidente Alfonso Portillo, obteniendo el cuarto lugar con 9% de los votos (El Periódico le dio 3% y Prensa Libre 4%), y Harold Caballeros, la víctima de las cortes, que obtuvo un 5% de los votos (El Periódico le dio 4% y Prensa Libre 6%). Rigoberta Menchú (WINAQ), Juan Gutierrez (PAN), Patricia de Arzú (Unionista), Alejandro Giammattei (CASA) y Adela de Torrebiarte (ADN) no lograron alcanzar el 5% de las votaciones.

La segunda vuelta entre Otto Pérez (PP) y Manuel Baldizón (LÍDER) será intensa, porque cualquiera de los 2 candidatos puede obtener la victoria. En 1990, Jorge Carpio, postulado por la Unión del Centro Nacional, "UCN" (Ojo: No se trata de la misma UCN de Mario Estrada, que por sus siglas se denomina Unión del Cambio Nacional), obtuvo en primera vuelta el 26% de los votos, y en segundo lugar quedó Serrano Elías, postulado por Movimiento de Acción Solidaria (MAS), con el 24% de las votaciones. En la segunda vuelta, Serrano Elías obtuvo el 65% de las votaciones, derrotando a un estupefacto Jorge Carpio, que únicamente obtuvo el 30% de los votos. Así las cosas, el Partido Patriota no puede dormirse en sus laureles, como lo hizo en las elecciones pasadas en las que Álvaro Colom le arrebató la presidencia, y como pareciera que lo hizo en la primera vuelta del presente proceso electoral, en el que se creyó triunfador y enfocó sus esfuerzos en la millonaria campaña de Alejandro Sinibaldi para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala (derrotado categóricamente), y en la campaña de su hijo, Otto Pérez Leal, para la alcaldía de Mixco. Si Otto Pérez no deja la posición de inalcanzable que tomó en la primera vuelta, para entrar a la ofensiva con una estrategia clara y diferente, existen muchas posibilidades de que, como el agua, se le escurra la presidencia de nuevo de sus manos.

Otto Pérez, ganador de la primera vuelta de las elecciones de Guatemala 2011

http://goo.gl/3KFPF

Por su parte, el Partido LÍDER debe trabajar muy duro si quiere acortar la distancia con respecto al Patriota. Es interesante desde el punto de vista sociológico que Manuel Baldizón haya quedado segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones, y que muy pocas personas de la Capital hayan reparado en su fortaleza (concentrados en impedir la participación de la terrible Sandra Torres) y que prácticamente nadie conozca sobre su pasado. Muchos escépticos pensaron que las encuestas de los medios de comunicación inflaban al electorado de Baldizón, para dejar fuera a Suger de la contienda en un apoyo irrestricto a Otto Pérez. En todo caso, pareciera que las encuestas inflaron a Otto Pérez, o bien, fueron horriblemente mal hechas al no tomar en cuenta a electorados específicos como el que votó por UCN. En este sentido, sería interesante determinar el número de personas del área rural que votaron en las presentes elecciones, y compararlo con el número de votantes rurales de las elecciones anteriores. Las poblaciones rurales han crecido a un ritmo más acelerado que las áreas urbanas, y es posible que los votantes rurales hayan pasado a constituir la principal fuerza electoral, y que la capital ya no sea la clave para ganar las elecciones como lo era antes. Claro, éstas son solo suposiciones, dado que todavía no tenemos a disposición esta información. En cualquier caso, Baldizón ha culminado una primera vuelta sobresaliente, con una campaña política que supo llegar a la gente de las áreas rurales (Solo el Pueblo salva al Pueblo), por lo que debería continuar con la misma estrategia empleada, pero con más fuerza.

http://goo.gl/0ArRM

Por otro lado, las elecciones para el Congreso de la República representan talvez la mayor sorpresa de este proceso electoral. Según los datos que parecen más acertados (aunque en este momento nadie lo sabe), de los 158 diputados que conforman el Congreso de la República, la bancada mayoritaria la tendrá el Partido Patriota, con 57 diputados (36%), pero no por mucho, pues contra todos los pronósticos, la coalición UNE/GANA, huérfana tras el impedimento de su líder Sandra Torres para optar a la presidencia, logró obtener 48 diputados (30%). La tercera fuerza será para la sorprendente UCN y para el Partido LÍDER, ambos con 14 diputados (8%), y les seguirá el Partido CREO, con 12 (7%). La coalición VIVA-EG obtendrá 6 curules (4%), mermados por la incertidumbre sobre la participación de Harold Caballeros, su candidato presidencial, mientras que la coalición Frente Amplio obtuvo 2 diputados (2%). El PAN también tendrá 2 diputados (1%), mientras que el FRG, el Partido Victoria y el Partido Unionista tendrán únicamente 1 diputado (0.5%) cada uno. Finalmente, ADN y CASA, los grandes perdedores, no obtuvieron diputaciones, por lo que el combate jurídico de Adela de Torrebiarte y su defensa de la Constitución, así como también la victimización de Giammattei como perseguido político, no rindieron los frutos esperados. La Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone que si un partido político no obtiene al menos el 5% de los votos de las elecciones presidenciales, o no logra introducir al menos 1 diputado para el Congreso de la República, deberá cancelarse y cesar su existencia, por lo que los partidos ADN y CASA morirán.

Independientemente de quién sea el vencedor de las elecciones para Presidente, tendrá dificultades gobernando con el Congreso de la República. Si gana Otto Pérez, carecerá de mayoría suficiente por sí solo para tomar decisiones en el Congreso, por lo que deberá buscar alianzas con partidos afines, como VIVA, EG, CREO y PAN, pudiendo enfrentarse a una férrea oposición de bancadas como la UNE, GANA, UCN y LÍDER. Por otro lado, si Baldizón gana, también tendrá muy complicado manejar el Congreso pues su bancada es muy corta, así que deberá buscar alianzas con partidos similares como UNE, GANA y UCN, y se enfrentará una oposición igual de fuerte por parte del Partido Patriota, y otros. En dos platos, el Congreso será una zona de guerra. Una posible alianza PP-CREO-VIVA-PAN estaría compuesta por 77 diputados, mientras que una posible alianza LÍDER-UNE-GANA-UCN-WINAQ-URNG-ANN se conformaría por 78 diputados. ¿Qué tal?

Haciendo cola para votar

http://goo.gl/MfDfP

Lamentablemente, las elecciones para las Municipalidades del país fueron opacadas por la violencia entre partidos opositores. Según El Periódico, 70 municipios del occidente del país sufrieron hechos violentos después del cierre de las mesas electorales, al conocer los resultados de las elecciones a alcalde, esto sin tomar en cuenta a los demás municipios de Guatemala (333 en total), de los que, desafortunadamente, no se tiene información. Lo que sí se sabe es que hubo varios detenidos por intentar comprar votos en las urnas y presiones a la hora de emitir el sufragio; obstrucciones a la locomoción; campañas negras en contra de candidatos; y quema de papeletas ante inconformidad con los resultados. Lo que me queda claro de las presentes elecciones, es que es absolutamente necesario que se instaure una segunda vuelta para las elecciones a alcalde en las Municipalidades, porque en la actualidad, muchos de ellos ganan y se reeligen varias veces (Hay noticias que hablan de enésimas reelecciones de alcaldes), con porcentajes menores al 50%. En este sentido, es fácil entender la disconformidad de los pobladores de los municipios, al verse gobernados de nuevo por alcaldes que no son suficientemente populares, y que utilizan la maquinaria municipal para ser reelectos una y otra vez. En definitiva, si ningún candidato a alcalde obtiene el 51% o más en las elecciones, debe haber una segunda vuelta entre los 2 candidatos que obtuvieron más votos. Para instaurar una segunda vuelta en las elecciones municipales, debe reformarse el artículo 202 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En las elecciones para los diputados al PARLACEN, lo único que se ha informado es que dominó el voto nulo y voto blanco de rechazo a la existencia del mismo. De las 7 millones 342 mil personas empadronadas, según los medios, hubo un abstencionismo del 42%, es decir que el 58% de los empadronados acudió a las urnas, en otras palabras, alrededor de 4 millones 258 mil personas. Según resultados preliminares, se emitieron 845,597 votos nulos y blancos en las elecciones al PARLACEN, lo que indica que un 20% de los votos fueron nulos o blancos. En cualquier caso, según Prensa Libre, de las 20 curules disponibles para el PARLACEN, los partidos Patriota y UNE parecen haber obtenido 6 diputados cada uno, y LÍDER, CREO, VIVA y UCN lograrían 2 diputados cada uno. Nuevamente, estos no son datos concluyentes.

Sesión del PARLACEN

http://goo.gl/7HiuY

Finalmente, protesto enérgicamente contra la desinformación de la que hemos sido víctimas, tanto de los partidos políticos y de los medios de comunicación, como del Tribunal Supremo Electoral. La absurda cantidad de encuestas que se publicaron por parte de partidos políticos y medios de comunicación no hicieron más que confundir al electorado, pues prácticamente ninguna le acertó a los resultados. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral fracasó rotúndamente en llevar a cabo el conteo de los votos de manera eficiente, y después de 3 días de las votaciones, aún no tenemos los resultados oficiales finales de las elecciones. No me gustaría pensar que este lapso de tiempo se utilice para hacer algún tipo de marufiada en los resultados electorales. Por su parte, los medios de comunicación, ante la ausencia de información oficial, se han dado a la tarea de publicar innumerables datos incorrectos sobre los porcentajes finales de los candidatos a presidente, la integración del Congreso de la República y los resultados de las elecciones para alcaldes municipales. Si no se tienen los resultados oficiales aún, que hagan silencio y que se dediquen a informar los hechos que ya están acreditados. De lo contrario, solo contribuyen a aumentar la incertidumbre entre la población, y en épocas electorales tan particulares como la actual, eso es lo menos que necesita el país.

El Raquítico Sistema Electoral de Guatemala

2011-09-14T10:01:00.001-07:00

La campaña de los partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral ha iniciado con la búsqueda de alianzas con las demás organizaciones que no lograron puntear lo suficiente para continuar en la contienda, y seguimos con este proceso electoral que tiene ya exhaustos a los guatemaltecos. El Partido Patriota ha conseguido una alianza con VIVA y ADN, mientras que el Partido LÍDER a forjado alianzas con los partidos políticos UNE, GANA, UCN y PAN. En fin, las campañas continúan, pero al menos los guatemaltecos podemos ver de nuevo los árboles que adornan nuestra ciudad, después de que muchos candidatos (no todos) han procedido a remover sus caras de las calles. La conclusión más importante que se puede sacar de las pasadas elecciones es que Guatemala cuenta con un raquítico sistema electoral que debe pasar por cambios profundos en su contenido y regulación para evitar una futura elección que sea tan sucia, arbitraria, superficial y poco transparente como la actual.

En primer lugar, considero indispensable referirme a la desnaturalización que han sufrido los partidos políticos y su crisis institucional. Los partidos políticos son organizaciones que concilian intereses e ideales colectivos, y que tienen como objetivo la proposición de soluciones a la problemática del país, así como también la búsqueda del poder y el control del gobierno para poder implementarlas. En la práctica, la mayoría de los partidos políticos no son más que vehículos creados por políticos determinados, con el objeto de llevarlos a ellos al poder. En las elecciones del presente año, de los 13 partidos políticos que participaron en las elecciones para los distintos cargos, 10 de ellos (un 77%) fueron creados y dirigidos por una persona específica para llevarla al poder (Partido Patriota a Otto Pérez, LÍDER a Baldizón, ADN a Adela Torrebiarte, UCN a Mario Estrada, WINAQ a Rigoberta Menchú, VIVA a Harold Caballeros, Encuentro por Guatemala a Nineth Montenegro, CREO a Roberto González y el Partido Unionista y PAN a Álvaro Arzú). ¿Dónde están los intereses convergentes y los ideales colectivos?

La excesiva publicidad de los Partidos Políticos

http://goo.gl/QdfRtv

Un partido político debe ver al poder como un medio para implementar las soluciones propuestas para los problemas del país, y no ver al poder como una finalidad en sí misma. Mientras esto no cambie, los partidos políticos seguirán siendo propiedad de personas determinadas, cual empresas privadas, y los canales de participación ciudadana se verán mermados por los intereses de su dueño. Si realmente deseamos que los partidos políticos dejen de enfocarse en el poder y comiencen a hacerlo en las necesidades del país, es imperativo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos los obligue a actuar de tal forma que se conviertan en auténticos canales de participación ciudadana y proposición de soluciones a la problemática nacional.

Otro aspecto que es fundamental mencionar es el nulo poder sancionatorio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las organizaciones políticas que participan en las elecciones. Hoy en día, el TSE es un simple administrador del proceso electoral, pero en definitiva, los partidos políticos pueden hacer lo que se les venga en gana en sus campañas políticas. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al TSE le corresponde "Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos electorales (...) y resolver en virtud recurso acerca de la inscripción, sanciones y cancelación de organizaciones políticas". Es decir que el TSE es el órgano encargado de imponer sanciones durante el proceso electoral, pero sin embargo, existen numerosas conductas que son prohibidas por la Ley, pero ésta no prevé infracciones para aquellas organizaciones que la violen, por lo que la conducta será ilegal, más no punible.

Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
http://goo.gl/aeJcg

Un ejemplo del precario régimen sancionatorio con el que cuenta la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede encontrarse en lo referente al financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo es posible que muchos partidos políticos hayan tomado la decisión de no revelar al TSE los financistas de sus millonarias campañas políticas? La Ley Electoral regula detalladamente este tema, expresando que corresponde al TSE el control y la fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban los partidos políticos para financiar sus campañas. Entre otras cosas, la ley determina que los partidos políticos tienen prohibido: A) Obtener financiamiento de Estados y personas extranjeras; B) Obtener contribuciones anónimas; C) Que el partido político no lleve un registro público de las contribuciones que reciba; y D) Que se hagan aportaciones más altas del 10% del límite de gastos de la campaña. A simple vista, se puede concluir que la regulación de la Ley con respecto al financiamiento de partidos políticos es adecuada, y al mismo tiempo se pueden identificar varias ilegalidades cometidas por los partidos políticos en la forma en que manejaron el financiamiento de sus campañas en las presentes elecciones. ¿Por qué entonces no fueron sancionados los partidos políticos, y obligados a apegarse a la Ley?

Según el artículo 23, inciso g) de la Ley Electoral, "el incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la organización respectiva". Es decir que debe aplicarse una sanción para el partido político que no cumpla la ley en cuanto a financiamiento de sus campañas. Sin embargo, la Ley Electoral fracasó rotúndamente en determinar qué sanciones se impondrían en estos casos. En efecto, el capítulo de las sanciones regulado por la misma, sólo contempla penalidades a infracciones formales, por ejemplo, por no cumplir a cabalidad con procedimientos legales para inscribir partidos políticos o fusiones, no levantar actas, o incumplir con plazos legales.

Es decir que el financiamiento ilegal de partidos políticos conlleva a una sanción que debe determinar la Ley, pero la misma no determina sanción alguna. Asimismo, la cancelación de un partido político sólo puede ocurrir por los casos expresamente delimitados en el artículo 93 de la Ley Electoral, y entre ellos, no se encuentra el financiamiento ilegal del partido político, por lo que, aunque la Ley reconoce la posibilidad de cancelar un partido político por violar las normas de financiamiento político, esta posibilidad no puede llevarse a cabo. Consecuentemente, el financiamiento ilegal de partidos políticos existe impune en nuestro sistema, precisamente porque, aunque hay una regulación legal, no existen sanciones que puedan aplicarse al partido político que la viole. En mi opinión, el partido político que viola las normas jurídicas con respecto al financiamiento de su campaña, aspecto tan importante éste, debe sancionarse con la cancelación del mismo, y punto. Veremos si así continúan incumpliendo la Ley.

Ciudadano después de emitir su voto

http://goo.gl/PzQPu

Por otro lado, el tema de los acarreados, o personas que viven en un lugar y que son trasladados a otro para emitir un voto en favor de un candidato determinado de dicha área, es uno de los problemas electorales más importantes que deben ser solventados. Para llevar a cabo esta movida, personas que no viven en un municipio, son empadronadas allí, aún cuando realmente tienen su domicilio en otro municipio. En los presentes comicios, no se tendrá ni la más remota idea de cuántas personas fueron acarreadas de un lugar a otro para emitir su voto, pero sin duda, podemos hablar de miles de acarreados. ¿Cómo es posible que no se puedan detectar a los acarreados de un proceso electoral? La Ley Electoral y de Partidos Políticos en ningún momento se refiere al tema de los acarreados, y pareciera que el TSE nunca le dio importancia, como si este tema excediera de sus facultades.

Según el artículo 1 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las personas son registradas en el padrón del municipio en donde declaren tener su residencia bajo juramento. No obstante, en la práctica, como muchos de ustedes se dieron cuenta, para poder empadronarse únicamente se requería llevar a la mesa de empadronamiento el documento de identificación. En primer lugar, esta norma debería estar regulada en la Ley y no en el reglamento, con graves sanciones para las autoridades que no cumplan su disposición. Asimismo, el TSE debe tener la facultad y la obligación de verificar la residencia de todas las personas empadronadas en cada municipio, para determinar que realmente viven en él. Esta modificación debe hacerse mediante una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y claro, requiere de una buena inversión de fondos públicos en logística y funcionamiento, pero honestamente, considero que nuestro país lo necesita. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia de los acarreados en nuestro país?

Miles de acarreados fueron trasladados en buses el día de las votaciones
http://goo.gl/1xHSR

Por otro lado, la arbitrariedad con la que se conducen las campañas políticas, así como también el excesivo gasto en propaganda publicitaria de los candidatos a cargos políticos, debe ser controlado, limitado y equiparado. Tanto la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como su respectivo reglamento, regulan extensamente la propaganda política. Entre otras cosas, se prohíbe: A) Pegar rótulos en paredes, señales, puentes y monumentos, salvo que sean de propiedad privada; B) Usar recursos y bienes del Estado para propaganda; C) Usar a funcionarios públicos para que se dediquen, durante su cargo público, a actividades electorales; D) Hacer propaganda anónima; E) Pintar leyendas sobre el asfalto de las carreteras y calles; F) Fijar letreros pintados o pegados en edificios públicos; y G) Publicitar actividades benéficas con fines políticos. A simple vista podemos identificar que prácticamente todas estas prohibiciones han sido violadas en las presentes elecciones. ¿Por qué no fueron sancionados los partidos políticos por las repetitivas infracciones a las regulaciones sobre propaganda electoral?

El problema, una vez más, se debe a la ausencia de sanciones para los infractores a la Ley. En efecto, la Ley Electoral y de Partidos Políticos no prevé sanción alguna para el caso de violación de las normas sobre propaganda política, y el Reglamento de la Ley Electoral dispone, como única sanción, que la propaganda electoral que contraviene la ley debe ser removida inmediatamente, a costa de la organización política infractora. ¿Es esta sanción suficiente para impedir la propaganda ilegal? A la luz de las circunstancias, es obvio que no. Por otro lado, la Ley Electoral no se pronuncia sobre el límite máximo de inversión en propaganda política, por lo que tuvo que ser el TSE, mediante conferencia de prensa, quien lo fijó. Dicho esto, las sanciones para las organizaciones que rebasen dicho techo no pasan de ser amonestaciones públicas, porque la Ley no reconoce sanción alguna, y aunque se viole este techo presupuestario, la sanción impuesta no implica el cese inmediato del acto ilegal, por lo que los partidos políticos pueden simplemente pagar la multa y continuar violando la ley, como efectivamente lo hicieron muchos.

Propaganda política pintada sobre asfalto

http://goo.gl/8UUmy

Para buscar una equiparación entre las organizaciones participantes en un proceso electoral, considero que la Ley debería otorgar el mismo tiempo y espacio publicitario para todos los partidos políticos, y evitar así la posibilidad de que grandes inversiones de dinero distingan a unos partidos políticos de los demás, y que éstos busquen atraer financiamiento por cualquier medio para producir más propaganda política, y terminen comprometiendo sus principios y propuestas. Asimismo, cualquier infracción legal a las normas reguladoras de la propaganda política debe ser fuertemente sancionada con una multa, para evitar que el partido político continúe su práctica ilegal, y si el partido político reincide en la misma, debe ser cancelado. Estas sanciones deben consagrarse en la Ley Electoral y de Partidos Políticos mediante una reforma a la misma.

Es fundamental contar con una regulación adecuada para los procesos electorales, pero de nada sirve ésta si no se encuentra respaldada de un régimen sancionatorio efectivo que prevenga infracciones a la misma. Mientras la Ley no pueda aplicarse a cabalidad y sancionar su incumplimiento, seguiremos siendo testigos de partidos políticos que participan en elecciones anárquicas que se convierten en auténticas chamuscas en donde los que tienen más posibilidades de ganar son los que juegan más sucio. Si no promovemos una reforma inmediata a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la decepción continuará siendo la cara de los votantes. Es hora de que los corrompidos partidos políticos dejen de gobernar, y que empecemos a conquistar nuestra Democracia, que es el imperio de las mayorías, y en especial, nuestra República, que es el imperio de la Ley.

La elección de los diputados al PARLACEN

2011-09-07T19:09:00.000-07:00

Nos encontramos ya en la última semana de la primera vuelta del presente proceso electoral, caracterizado por su intensidad, conflicto y contaminación visual, y nos acercamos al simbólico día en que el pueblo ejercerá su derecho de elegir a los candidatos a presidente, alcaldes y diputados al congreso que gobernarán el país los próximos 4 años. Asimismo, los guatemaltecos votaremos por los diputados que integrarán el desconocido y ambiguo Parlamento Centroaméricano (PARLACEN). No obstante, la gran mayoría de personas ignora cuáles son las funciones del PARLACEN, cómo se integra, y en general, para qué sirve. Según el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que creó el PARLACEN, éste es un órgano regional de planteamiento y recomendación de asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el objeto de buscar una integración económica centroamericana, y consolidar una convivencia pacífica, respetando las legislaciones nacionales de los Estados firmantes.

La idea de un PARLACEN se le ocurrió a Vinicio Cerezo Arévalo, ex-Presidente de Guatemala, quien en su discurso de toma de posesión de 1986 propuso integrar un parlamento centroaméricano "como un foro permanente de diálogo y negociación política en Centroamérica". En 1987, Guatemala y El Salvador suscribieron y ratificaron el tratado, y en 1988, lo hicieron Honduras y Nicaragua. En 1991, se instaló el primer Parlamento Centroamericano con sede en la República de Guatemala. Más adelante, en 1993, el gobierno de Panamá suscribió el tratado, y un año después, se incorporó al PARLACEN, al igual que la República Dominicana. Actualmente, se encuentra pendiente la integración de Costa Rica, que aprobó el tratado pero no lo ha ratificado, y de Belice, mientras que México, Taiwan, Venezuela y Puerto Rico participan como países observadores.

Logo del PARLACEN
http://goo.gl/WhEgS

El PARLACEN está integrado por 20 diputados titulares por parte de cada Estado firmante, que son elegidos por votación popular en cada país. Éstos son, básicamente, los diputados que elegiremos en la papeleta de PARLACEN. Por otro lado, el tratado aprobado indica que integran también el PARLACEN los presidentes de cada una de los países, así como también sus vicepresidentes, al concluir su mandato, lo que da un total de 22 diputados al PARLACEN por cada Estado firmante. Los diputados se eligen, según el tratado anteriormente identificado, para un período de 5 años, mediante sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Esto ha creado un desfase en nuestro país, dado que en Guatemala los períodos presidencial, legislativo y municipal duran 4 años. Así las cosas, para evitar hacer una convocatoria exclusiva cuando se necesite, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido convocar a elecciones para diputados al PARLACEN junto con a las demás elecciones populares.

Anualmente, cada país debe aportar US$.1.7 millones de su Presupuesto General de la Nación para financiar el PARLACEN, y cada diputado del mismo tiene un salario de US$.4,100 al mes, es decir, más de Q.30 mil. Asimismo, Los diputados al PARLACEN gozan, de conformidad con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, de las mismas inmunidades que los diputados al Congreso de la República, es decir, un derecho de antejuicio que consiste en que, como requisito previo para que se les inicie un proceso legal, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala debe resolver que existe suficiente fundamento y pruebas para poder enjuiciarlo. Es decir que, prácticamente, los presidentes y vicepresidentes de los países centroamericanos se garantizaron, con el referido tratado, 5 años de inmunidad personal después de que cesaran sus cargos, porque inmediatamente pasaban a integrar el PARLACEN. ¿Qué tal?

PARLACEN
http://goo.gl/EAA4e

En el 2004, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales las normas del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que incorporaban a los ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes de Guatemala como diputados al PARLACEN, y que les garantizaba una inmunidad a todas luces inconstitucional. Por esta razón, el ex-Presidente Óscar Berger, y el ex-Vicepresidente Eduardo Stein no pudieron incorporarse al PARLACEN, y de la misma forma se verán impedidos de hacerlo el actual Presidente Álvaro Colom y su Vicepresidente Rafael Espada.

Otro aspecto que es importante resaltar del PARLACEN es que sus resoluciones no eran vinculantes para los Estados firmantes, por lo que no pasaban de ser simples recomendaciones. En el 2008, los Estados de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, firmaron el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, acordando más atribuciones para el PARLACEN, para que pudieran aprobar su propio presupuesto, proponer legislaciones tendientes a la integración de Centroamérica, y que las decisiones adoptadas por el mismo tuvieran más incidencia y carácter vinculante para los Estados participantes. A pesar de los intentos por mejorar la estructura y funcionamiento del PARLACEN, en el año 2011 Panamá decidió retirarse del mismo, por considerar que el Parlamento Centroamericano era inoperante y costoso.

El Vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, visita al PARLACEN

http://goo.gl/AMZ9G

Sin duda, la idea de contar con un consejo conformado por representantes de los países centroamericanos para buscar una integración económica y social entre sus miembros suena genial, pero la forma en que se reguló y se llevó a la práctica dejó mucho que desear. En la actualidad, existen muchos aspectos del PARLACEN que mejorar, entre otros, el de permitir que el mismo pueda conocer asuntos relacionados con tratados de libre comercio entre los Estados firmantes; que pueda fiscalizar a todas las entidades que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA); que se limite la inmunidad de los diputados al PARLACEN estrictamente a actos y opiniones realizados en el ejercicio de sus cargos; y que esté facultado para conocer de asuntos ambientales, sanitarios y de seguridad que involucren a todos los países de Centroamérica.

Mientras no se empodere al PARLACEN y se le otorguen funciones que realmente puedan incidir en el proceso de integración centroamericano, seguirá siendo un órgano burocrático y sin importancia alguna para los países de Centroamérica. Muchos críticos lo tildan de nido de políticos y corruptos, por la posibilidad de que los ex-gobernantes puedan integrarlo. En el estado en que se encuentra ahora, el PARLACEN es costoso, ineficiente, y lamentablemente, no genera beneficio alguno para nuestro país. En este sentido, aunque la iniciativa es interesante, no funciona y debe ser reformulada para que pueda proteger de una mejor forma los intereses de los países centroamericanos.

La Importancia del Congreso de la República - Parte III

2011-08-18T22:36:00.001-07:00

En la primera parte de esta serie de artículos sobre la importancia del Congreso de la República en Guatemala, se expuso la forma en que se integra el Congreso, con los defectos que se consideran determinantes en la ausencia de representatividad que proyecta el mismo, así como también las soluciones propuestas que pueden mejorar dicho sistema. En la segunda parte, se identificaron los órganos administrativos internos que existen en el Congreso y se ilustraron los mecanismos de funcionamiento que utiliza el Congreso para llevar a cabo las funciones legislativas y fiscalizadoras que le encomienda la Constitución Política. Dicho esto, el presente artículo, último de este compendio, tocará en detalle ciertos temas específicos del Congreso que merecen una consideración especial.

La función legislativa por excelencia del Congreso de la República es la de decretar, reformar y derogar las leyes que rigen en el país. La mayoría de las personas sabe que el Congreso es el órgano encargado de emitir las leyes, pero desconocen el procedimiento que se lleva para crearlas. La Constitución Política define a grandes rasgos el proceso de formación y sanción de ley (Artículo 174), y la Ley del Organismo Legislativo lo desarrolla en detalle (Artículo 109). El proceso para crear una ley se puede dividir en 6 pasos: Iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación.

Logo del Palacio Legislativo
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La iniciativa de Ley es la elaboración de un proyecto para crear leyes o introducir modificaciones a las mismas. No todas las personas y entidades estatales pueden proponer un proyecto de ley. Según la Constitución, tienen capacidad para proponer una iniciativa de ley, los diputados, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Es decir que ninguna persona o asociación civil puede proponer cambios en el ordenamiento jurídico, si no es por medio de dichas entidades estatales. Ahora bien, propuesta una iniciativa de Ley, el funcionario público correspondiente del organismo que propone la iniciativa de ley acudirá al Pleno del Congreso a expresar las razones por las que dicha iniciativa es necesitaria. Concluida la lectura en el pleno, el proyecto de ley pasa a la Comisión de Trabajo que corresponda según el tema de que se trate, para que lo estudie. Durante este trámite, la comisión sostiene reuniones con los funcionarios ponentes para conciliar temas de importancia del proyecto e introducen cambios a la misma si lo consideran, y finalizado el procedimiento, elabora un dictamen que se presenta a la Junta Directiva del Congreso.

De regreso el proyecto de ley en el Pleno, se da lectura al dictamen y se pone a discusión durante 3 sesiones ordinarias. Este es el momento en que cada diputado tiene derecho a expresarse sobre la viabilidad del mismo e introducir cambios. Finalizadas las sesiones, se procede a votar por su aprobación o improbación. Para aprobar una ley ordinaria, se necesita el voto favorable de la mitad más uno (51%) de los diputados que integran el Congreso (80 de 158 diputados), y una vez aprobado el proyecto de ley, se continúa su discusión artículo por artículo, y se procede a votar de nuevo. Con la aprobación de la iniciativa, la Junta Directiva del Congreso lo envía al Presidente de la República, para que lleve a cabo la sanción de la Ley, esto es, la autorización del Ejecutivo, para darle validez a la misma, en 15 días. El Ejecutivo puede sancionar la ley, vetarla u omitir declaración. Si sanciona la Ley, ordena su promulgación, que es el acto por medio del cual el Presidente reconoce la existencia de la Ley y ordena su acatamiento, lo envía al Diario de Centroamérica (oficial) para su publicación por 8 días, entrando después en vigencia para todo el territorio nacional.

Comisión de Finanzas elabora dictamen favorable a la emisión
de bonos por Q.7 millardos
http://goo.gl/H14Jl

El Ejecutivo puede vetar la Ley por considerar que la misma va en contra de los intereses del país, y en ese caso, el proyecto de ley regresa al Congreso para que el Pleno lo reconsidere. Lamentablemente la Constitución limita el control del Ejecutivo sobre la actividad legislativa del Congreso, al considerar que los proyectos de Ley solo pueden ser vetados en su totalidad, y no partes del mismo. Esta limitación no debería existir, pues el Presidente debería poder vetar artículos concretos de las leyes. En efecto, la mayoría de leyes declaradas inconstitucionales lo son por artículos concretos de las mismas, y no necesariamente en toda la ley. Pero para facultar al Presidente a vetar parcialmente una ley, debe reformarse la Constitución (Artículo 178).

En fin, si las razones esgrimidas por el Presidente no son aceptadas y se rechaza el veto por las 2/3 partes de los diputados, el Ejecutivo está obligado a sancionar y promulgar el decreto, y si no lo hace, la Junta Directiva del Congreso ordena su publicación en 3 días. Esto es lo que se denomina Primacía Legislativa, debido a que el Congreso es el órgano encargado exclusivamente de legislar. Por otro lado, el Ejecutivo puede tomar la posición de no manifestarse al respecto del proyecto, y terminado el plazo de 15 días, se tiene por sancionada la iniciativa de Ley y el Congreso ordena su promulgación y publicación. Han habido casos en que el Presidente decide no responder al Congreso en el plazo para lavarse las manos políticamente, y que la iniciativa retorne a éste para que lo promulgue y entre en vigencia en el país.

El Presidente Colom vetando proyecto de Ley que restaura la pena de muerte
http://goo.gl/Yl16k

Pasando a otro tema de especial trascendencia en el Congreso, su función fiscalizadora más importante es la Interpelación de Ministros de Estado, que son, según la Constitución, los encargados de ejecutar el presupuesto del Ejecutivo. La interpelación consiste básicamente en la asistencia obligatoria de los ministros al Congreso para contestar las preguntas que le hagan los diputados, sobre temas coyunturales de trascendencia, salvo asuntos diplomáticos o militares que no hayan terminado. En cualquier momento de la interpelación, al menos 4 diputados pueden proponer al Pleno del Congreso un voto de falta de confianza al ministro interpelado, y si éste es aprobado por mayoría absoluta (51%), presenta inmediatamente su renuncia. No obstante, el Presidente de la República puede denegar la renuncia, si considera que no conviene a la política de gobierno, por lo que en este caso el ministro interpelado regresa de nuevo al Congreso, a responder preguntas adicionales. Si el voto de falta de confianza es ratificado por las 2/3 partes del Pleno, se tiene al ministro por separado de su cargo de inmediato.

El derecho a interpelar que le corresponde a un diputado es absoluto, pues ni el Congreso ni autoridad alguna puede limitarlo. Puede ser planteado por cualquier diputado, y al ser interpuesto, el Presidente del Congreso debe anunciar de forma inmediata la fecha de la sesión en que se llevará a cabo la interpelación, que ocurrirá dentro de las 5 sesiones inmediatas siguientes. Una vez empezada la interpelación, la agenda se suspenderá hasta que se realicen todas las preguntas posibles del Pleno del Congreso. Es por este derecho casi divino del diputado que se utiliza políticamente con fines de atascar la agenda legislativa y generar presión para que se haga o deje de conocer determinado tema. Esto es lo que sucedió este año con el conflicto que se generó entre el Presidente de la República, Álvaro Colom, urgido de endeudar más al país para poder subvencionar a un Estado desfinanciado, planteó la solicitud al Congreso, que es el encargado de autorizar cualquier endeudamiento público del Estado. Sin embargo, el tema del endeudamiento fue bloqueado por la interpelación al Ministro de Gobernación Carlos Menocal, que duró varios meses, así como también el resto de la agenda legislativa, que se estancó hasta finalizada dicha interpelación.

Interpelación realizada al Ministro de Salud actual, Ludwig Ovalle
http://goo.gl/UQkgt

Las interpelaciones son fundamentales en una Democracia Representativa como la nuestra, pero este derecho, al igual que cualquier otro (salvo la seguridad jurídica), no puede ser absoluto, porque esto provocará que se abuse de él, como ha sucedido en la actualidad. Varias veces se ha visto al Congreso prácticamente atado de manos ante la impotencia de poder continuar con la agenda legislativa, debido a grupos de diputados que provocan interpelaciones que duran una eternidad, por lo que se le debe dar al Pleno al menos una alternativa para poder contrarrestar este tipo de estrategias por parte de los diputados. Considero que el Pleno del Congreso debe tener facultad para detener la interpelación hecha por un diputado si hay asuntos más urgentes e importantes que conocer, y si lo acuerda una mayoría relativa (66%) de los diputados. Esto evitaría abusos por parte de los diputados para utilizar las interpelaciones como herramientas políticas para sus intereses personales. La Constitución reconoce el derecho a un diputado para solicitar una interpelación, pero no establece que este derecho es absoluto. De nuevo, para modificar este aspecto del congreso debe reformarse la Constitución, pues ella reconoce que es imposible limitar el derecho a interpelar. Pareciera que el Legislativo se cubrió las espaldas en las 2 funciones más importantes que realiza.

Otro tema que es fundamental en la forma en que la ineficiencia del Congreso es el casi inexistente régimen de sanciones que se le puede imponer al diputado por faltar a las sesiones. Según la ley, la inasistencia de un diputado a una sesión del Pleno, da lugar a un descuento del 70% de su remuneración diaria, y la inasistencia a una sesión de una Comisión de Trabajo da lugar a un descuento del 30%. Es decir que al diputado se le descuenta una parte de su día cada vez que no llega a una sesión. Asimismo, la ley indica que la inasistencia a 4 sesiones celebradas en el Pleno en un mes (Se celebran 8 sesiones cada mes), da lugar, primero, a una llamada de atención privada, y la segunda vez, se somete el asunto a la Junta Directiva para que se impongan las infracciones "que procedan". Es decir que, en teoría, un diputado puede faltar las veces que quiera, siempre que no se ausente a más del 50% de las sesiones en un mes.

http://goo.gl/SyE7c

Por otro lado, la Ley establece que la reiterada inasistencia del diputado da lugar a declarar vacante el cargo. No obstante, según Roberto Alejos, Presidente del Organismo Legislativo, nunca en la historia del Congreso se ha declarado la vacante de un cargo, por lo que las únicas sanciones que realmente existen son los descuentos económicos al diputado, y una amonestación de manera privada, si falta a más de la mitad de las sesiones. ¿Son estas sanciones suficientes para controlar a un diputado?

En los primeros 3 meses del año 2011 se celebraron 19 sesiones del Congreso. Alejandro Sinibaldi, diputado por el Partido Patriota, faltó a 15 sesiones (79% del total, faltó a 8 de las 10 sesiones celebradas en marzo); y José Guillermo Samayoa, también diputado por el PP, faltó a 11 sesiones (58% del total, faltó a 9 de las 10 sesiones celebradas en marzo). Que los diputados falten a las sesiones del Congreso es inaceptable, pero que no existan infracciones duras y eficaces contra la inasistencia, es inaudito. En mi opinión, el diputado que no llegue a una sesión debería descontársele 1 semana de sueldo, y si falta a más de 2 sesiones seguidas injustificadas al mes, se debe declarar la vacante del cargo, y punto. Ahí veremos si los diputados faltan a las sesiones del Congreso y cumplen el trabajo para el que fueron electos.

http://goo.gl/rqJCi

Que los diputados falten a las sesiones del Congreso es inaceptable, pero que no existan infracciones duras y eficaces contra la inasistencia, es inaudito. En mi opinión, el diputado que no llega a una sesión de forma injustificada se le debe descontar el emolumento del día, pero si falta a más de 2 sesiones al mes, se debe declarar la vacante del cargo, y punto. Así veremos si los diputados dejan de faltar a las sesiones del Congreso. Las funciones de los diputados deben llevarse a cabo en su mayoría en las sesiones del Pleno y de las comisiones, por lo que si éstos faltan a ellas, están incumpliendo el trabajo para el que fueron electos. Si no trabajan, que se vayan. Una modificación al régimen de sanciones de los diputados puede hacerse mediante una reforma a la Ley del Organismo Legislativo, que es quien la regula (Artículo 66).

Finalmente, la contratación de asesores para las comisiones de trabajo y los diputados genera muchas dudas y se realiza con una transparencia mínima. El artículo 38 de la Ley del Organismo Legislativo establece que las comisiones de trabajo pueden tener, al menos, 1 asesor permanente, pagado con fondos del Congreso, y tienen derecho a que la Junta Directiva les nombre a otros asesores para proyectos específicos que se requieran. Esta disposición abre la puerta a que las comisiones de trabajo puedan contar con un número ilimitado de asesores, bajo contrato de prestación de servicios profesionales dentro del renglón adminstrativo 0-29, que opera con discrecionalidad preocupante en la asignación de salarios y atribuciones. La Ley también expresa que cada partido político representado en el Congreso tiene derecho a 2 asesores y a uno más por cada 4 diputados que tenga en el mismo. ¿Por qué el Congreso tiene que financiar a los asesores de los partidos políticos? Esta disposición es un auténtico abuso, y debe modificarse junto con la eliminación de las juntas de bloque en el Congreso, y la presencia de partidos políticos como tales dentro del mismo, con una reforma a la Ley del Organismo Legislativo (Artículos 46-52).

Edificio del Congreso de la República
http://goo.gl/s4j4

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), según la Constitución, tiene a su cargo "la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales". Es decir que, de conformidad con la Constitución, si cualquier entidad estatal requiere de algún asesor para sus funcionarios públicos, se los debe requerir a la PGN. ¿Por qué entonces la Ley faculta al Congreso para subcontratar a asesores, si éstos deben venir de la PGN, órgano asesor del Estado según la Constitución? La presencia de asesores externos de los diputados es discutible, tomando en cuenta que el tema de los asesores tiene muchas sombras y lo reconoce la ley solo en su artículo 38. Definitivamente, si se va a permitir que los diputados tengan asesores externos, es necesario regular su funcionamiento en más de un artículo de la ley. Esto puede llevarse a cabo por medio de una reforma a la Ley del Organismo Legislativo (Artículo 38).

Con todo lo que se ha descrito sobre el Congreso, la importancia crucial que tiene el Congreso de la República en el desarrollo de nuestro país es incrontrovertible. Si elegimos a diputados que solo van por el cabildeo político y el negocio, las oportunidades que tenemos de salir adelante se reducen radicalmente. Tenemos un ordenamiento jurídico que contiene muchos errores que son fundamentales para la realidad en la que vivimos actualmente. Los diputados deben ser conscientes de que llevan en sus espaldas a millones de guatemaltecos que carecen de condiciones mínimas para sobrevivir, y si no lo son, nosotros debemos hacerles ver la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. El Congreso de la República es la base de nuestro sistema de gobierno, y por ende, el órgano más importante de nuestro país. Si el Congreso no comienza a funcionar, Guatemala no empezará a aumentar sus índices de desarrollo económico, social y político. El Congreso debe trabajar para el pueblo, y buscar siempre la protección del interés personal, y si no lo hace, el pueblo debe exigírselo.

Funciones Fiscalizadoras del Congreso de la República

2011-08-18T20:51:00.000-07:00

Las funciones fiscalizadoras más importantes del Congreso de la República son:

Recibir juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la República, al Presidente del Organismo Judicial, y darles posesión de sus cargos (Artículo 165, inc. B de la Constitución Política).

Aceptar o no la renuncia del Presidente o del Vicepresidente de la República (Artículo 165, inc. C de la Constitución Política).

Desconocer al Presidente de la República si continúa en el ejercicio de sus funciones después de vencerse su período constitucional, pasando automáticamente el Ejército a depender del Congreso (Artículo 165, inc. G de la Constitución Política), y declarar la incapacidad física o mental del Presidente de la República, fundada en dictamen previo de 5 médicos (Artículo 165, inc. I de la Constitución Política).

Conocer el antejuicio presentado contra el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los Ministros de Estado, el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General y el Procurador General de la Nación (Artículo 165, inc. H de la Constitución Política).

Interpelar a los Ministros de Estado sobre cualquier ámbito que se considere pertinente del ejercicio de sus cargos (Artículos 165, inc. J y 166 de la Constitución Política).

Recibir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos del Ejecutivo y del Judicial, y la fiscalización del gasto público (Artículos 183, inc. W y 213 de la Constitución Política).

Funciones Legislativas del Congreso de la República

2011-08-18T20:36:00.000-07:00

Las funciones legislativas más importantes del Congreso de la República son:

Decretar, reformar y derogar las Leyes del país (Artículo 171, inc. A de la Constitución Política): Esta es la actividad legislativa por excelencia, e implica la discusión y aprobación de iniciativas de ley sobre asuntos que no están regulados, la modificación de normas jurídicas que necesiten cambios en su contenido, y la derogación de las Leyes que ya no sean necesarias para el ordenamiento jurídico.

Aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado (Artículo 171, inc. B de la Constitución Política): Los Órganos Ejecutivo y Judicial elaboran los proyectos de presupuesto de sus ramos, y los envían al Congreso para que se discutan entre los diputados y se aprueben, modifiquen o imprueben. Los diputados aprueban los proyectos de presupuesto presentados, con la emisión de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año que corresponda. Por otro lado, si el Congreso imprueba el proyecto de presupuesto, regirá de nuevo el presupuesto que fue ejecutado el año anterior.

Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios (Artículo 171, inc. C, y 239 de la Constitución Política): El Congreso tiene la facultad exclusiva para decretar impuestos en el país, así como sus bases de recaudación, de conformidad con la equidad, la justicia tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes.

Declarar la guerra y aprobar tratados de paz (Artículo 171, inc. F de la Constitución Política): Se declara la guerra cuando existe peligro inminente a la seguridad e integridad del Estado, tanto de fuerzas armadas extranjeras como internas. Asimismo, le corresponde al Congreso aprobar los tratados de paz que se negocien con el Estado enemigo o las fuerzas insurgentes en el país.

Contraer deuda pública interna o externa (Artículos 133 y 171, inc. I de la Constitución Política): El Congreso debe aprobar cualquier intención de endeudar al Estado. En este sentido, el Banco de Guatemala tiene prohibido otorgar financiamiento al Gobierno, salvo casos de catástrofes y desastres públicos, siempre que sea aprobado por las dos terceras partes de los diputados.

Mecanismos de control interorgánico del Judicial sobre el Legislativo

2011-08-17T22:13:00.000-07:00

Corte de Constitucionalidad Guatemala
http://goo.gl/DTMjV

1) Conocer de los antejuicios promovidos contra los Diputados al Congreso de la República, analizando la existencia de motivos suficientes para determinar que han cometido un delito (Artículo 14 Ley de Antejuicio).

2) Conocer de todas las controversias de derecho privado en las que el Congreso de la República actúe como parte (Artículo 212 de la Constitución Política).

3) La Corte de Constitucionalidad conoce de los amparos promovidos contra el Congreso de la República (Artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).

Mecanismos de control interorgánico del Ejecutivo sobre el Legislativo

2011-08-17T22:04:00.001-07:00

Parque Central Guatemala
http://goo.gl/QLfYy

1) Convocar al Organismo Legislativo a sesiones extraordinarias (Artículo 183, inc. L de la Constitución Política).

2) Aprobar la amplicación del Presupuesto General de Ingresos del Estado que resuelva el Congreso de la República, aunque aún con la opinión desfavorable del Ejecutivo, el Congreso de la República la puede aprobar con el voto de las dos terceras partes de sus diputados (Artículo 241 de la Constitución Política).

Mecanismos de control interorgánico del Legislativo sobre el Judicial

2011-08-17T21:48:00.001-07:00

Corte Suprema de Justicia Guatemala
http://goo.gl/hCaJE

1) Conocer y resolver los antejuicios presentados contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículos 206 de la Constitución Política).

2) Conocer y resolver los antejuicios presentados contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para analizar si existen suficientes hechos para concluir que cometieron un delito (Artículo 165, inc. H de la Constitución Política).

3) Recibir el informe cuatrimestral del Organismo Judicial acerca de los alcances y de la ejecución analística de su presupuesto programático (Artículo 213 de la Constitución Política).

4) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación (Artículo 215 de la Constitución Política).

5) Elegir a los magistrados titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación (Artículo 217 de la Constitución Política).

6) Elegir a uno de los cinco magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad (Artículo 268 de la Constitución Política).

7) Asignar el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se asigne al Organismo Judicial, no menor de 2% (Artículo 213 de la Constitución Política).

8) Decretar la integración oficial de la Corte de Constitucionalidad (Artículo 157 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).

Mecanismos de control constitucional del Legislativo sobre el Ejecutivo

2011-08-17T21:25:00.000-07:00

Interpelación de Ministro de Gobernación actual, Carlos Menocal
http://goo.gl/OIAdi

1) Recibir el juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la República, y darles posesión del cargo (Artículo 165, inc. B de la Constitución Política).

2) Desconocer al Presidente de la República si habiendo vencido su período, continúa ejerciendo el cargo, pasando el Ejército a depender del Congreso (Artículo 165, inc. G de la Constitución Política).

3) Conocer y resolver el antejuicio que se promueva contra el Presidente de la República y Vicepresidente, analizando si hay motivos suficientes para creer que cometieron un delito, antes de ser juzgados (Artículo 165, inc. H de la Constitución Política).

4) Declarar la incapacidad física o mental del Presidente de la República para el ejercicio del cargo, fundado en dictamen previo de una comisión de 5 médicos (Artículo 165, inc. I de la Constitución Política).

5) Interpelar a los Ministros de Estado, y destituirlos en caso de voto de falta de confianza (Artículo 166 de la Constitución Política).

6) Aprobar, modificar o improbar el Presupuesto General de Ingresos anual que el Organismo Ejecutivo le presente (Artículo 171, inc. B de la Constitución Política).

7) Aprobar o improbar el detalle de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Organismo Ejecutivo (Artículo 171, inc. D de la Constitución Política).

8) Conocer con antelación el propósito de cualquier viaje que realice el Presidente de la República y los resultados del mismo (Artículo 183, inc. V de la Constitución Política).

9) Recibir el informe analítico cuatrimestral que le presente el Presidente de la República sobre la ejecución presupeustaria, para su conocimiento y control (Artículo 183, inc. W de la Constitución Política).

10) Designar a la persona que termine el período presidencial en caso de falta absoluta del Presidente y Vicepresidente de la República (Artículo 189 de la Constitución Política).

11) Designar a la persona que sustituirá al Vicepresidente de la República en caso de falta absoluta o renuncia del mismo, escogiéndola de una terna propuesta por el Presidente de la República (Artículo 192 de la Constitución Política).

12) Ampliar el Presupuesto General de Ingresos, aún habiendo opinión desfavorable del Organismo Ejecutivo (Artículo 240 de la Constitución Política).

13) Aprobar la rendición de cuentas del Estado presentada por el Organismo Ejecutivo (Artículo 241 de la Constitución Política).

14) Aprobar el financiamiento extraordinario que, en caso de catástrofes o desastres públicos, el Banco de Guatemala pueda otorgar, directa o indirectamente, al Estado (Artículo 133 de la Constitución Política).

15) Aprobar la creación de entidades descentralizadas y autónomas (Artículo 134 de la Constitución Política).

16) Aprobar el decreto del Presidente de la República en virtud del cual se instaura un estado de alarma, calamidad pública, de sitio o de guerra, regulados por la Ley de Orden Público (Artículo 138 de la Constitución Política).

17) Abrobar las concesiones de cualquier tipo que pretenda efectuar el Ejecutivo (Artículo 96 de la Ley de Contrataciones del Estado).

La Importancia del Congreso de la República - Parte II

2011-08-17T21:07:00.000-07:00

El sistema de frenos y contrapesos ideado por Montesquieu, en donde las tareas del poder público se dividen en varios órganos separados, y no subordinados entre sí, tenía como objeto el control que cada órgano podía tener sobre los demás, para limitar su actuación y evitar arbitrariedades en sus funciones. En este sentido, el Congreso de la República es, según la estructura del Estado que consagra la Constitución Política de Guatemala, el órgano más fuerte y dominante del país. En efecto, el Congreso tiene al menos 17 mecanismos de control interorgánico sobre el Organismo Ejecutivo, mientras que éste cuenta únicamente con 2 mecanismos de control sobre aquél. Asimismo, el Organismo Legislativo ejerce por lo menos 8 mecanismos de control interorgánico sobre el Organismo Judicial, mientras que este último solo cuenta con 3 mecanismos de control sobre aquél. Es por ello que es de vital importancia conocer la estructura interna del Congreso, así como también su funcionamiento y forma de organización, para comprender que el trabajo de los diputados es crucial en el desarrollo del país.

Diputados del Congreso de la República de Guatemala

http://goo.gl/dnn97

Para entender de una mejor manera el trabajo que lleva a cabo el Congreso, es posible dividir sus funciones en dos tipos: Funciones Legislativas y Funciones Fiscalizadoras. Las funciones legislativas son aquéllas actividades que generan discusión entre los diputados, y que se aprueban mediante Leyes o Decretos emanadas del Congreso. Son éstas las atribuciones del Congreso que determinan la naturaleza de la institución. Por otro lado, las funciones fiscalizadoras son las atribuciones que tiene el Congreso para controlar la actuación de los demás Órganos del Estado, evitando que éstos abusen de sus cargos en detrimento del país. Básicamente, son ámbitos de actuación del Ejecutivo y Judicial, que deben pasar primero por la autorización del Congreso para poder ser llevados a cabo.

La organización interna que utiliza el Congreso de la República para poder cumplir las funciones legislativas y fiscalizadoras encomendadas es muy particular, por lo que merece ser explicada en detalle (Tomar como referencia la Tabla A del presente artículo). La autoridad superior del mismo es el Pleno del Congreso, integrado por todos los diputados reunidos con quórum suficiente, es decir, la presencia del 51% de ellos. El Pleno discute abiertamente los puntos de la Agenda Legislativa en las sesiones que efectúe, emitiendo las resoluciones con el voto afirmativo del 51% del total de diputados, mediante votación realizada por el Tablero Electrónico.

Las sesiones del Pleno se interrumpen cuando se rompe el quórum mínimo para llevarlas a cabo, y esto generalmente ocurre cuando bancadas de partidos políticos determinados están en desacuerdo con lo que se discute, y abandonan el Congreso, con el fin de interrumpir dicha sesión. Ésta es una de las causas principales de la burocracia y lentitud que existe en el Legislativo, pues los constantes retiros de los congresistas del hemiciclo en donde se realizan las sesiones paraliza la Agenda Legislativa. Considero que los diputados deben tener prohibido abandonar la sesión a la que hayan ingresado, una vez se constate el quórum suficiente para empezar la misma, y se inicie la sesión, salvo causa plenamente justificada. Si un diputado entró a la sesión, debe quedarse hasta el final de ella, discutir los puntos que se conozcan, y si está en desacuerdo con la moción y es momento de votar, que lo haga en su contra. Esta prohibición se puede materializar con una reforma a la Ley del Organismo Legislativo (Artículo 69).

Tabla A: Organigrama del Congreso de la República

La Junta Directiva es el órgano director y coordinador del Congreso, integrado por el Presidente del Congreso, el funcionario de más alta jerarquía del Organismo Legislativo, que ejerce la ejecución y representación legal del mismo, por 3 Vicepresidentes y 5 secretarios. A la Junta Directiva le corresponde programar las líneas generales de actuación del Congreso, fijando sus actividades para cada sesión que se lleve a cabo y velando por la correcta administración del Organismo Legislativo y la conducta de su personal administrativo.

Por su parte, el Presidente del Congreso debe convocar, abrir, presidir y cerrar las sesiones del Pleno del Congreso, y velar por la pronta resolución de los asuntos que conozca el Congreso, entre otras cosas. Cuando el Pleno del Congreso entra en receso (Desde el 16 de mayo hasta el 31 de julio), se integra una Comisión Permanente, compuesta por el Presidente del Congreso, 3 secretarios designados por sorteo y 3 diputados electos por el Pleno, que asume las funciones de la Junta Directiva, y vela por la conservación de los archivos, edificios y demás bienes del Congreso durante el receso. Asimismo, también puede convocar a sesiones extraordinarias a los diputados durante el receso.

Roberto Alejos: actual Presidente del Congreso de la República

http://goo.gl/1V0SS

Las bancadas de los partidos políticos que están representados en el Congreso conforman los denominados Bloques Legislativos, a los que pertenecen los diputados de un mismo partido político y que son dirigidos por un Jefe de Bloque, generalmente el líder de la bancada. En este sentido, es prohibido que diputados de un mismo partido político conformen Bloques Legislativos distintos. Sin embargo, 11 o más diputados que hayan renunciado a sus respectivos partidos políticos pueden unirse formar un Bloque Legislativo Independiente. Todos los Jefes de los diferentes Bloques Legislativos del Congreso constituyen la Junta de Jefes de Bloques Legislativos, a los que les corresponde aprobar las fechas de sesiones que se proponen al Pleno del Congreso junto con el Presidente, así como también la Agenda Legislativa que conocerá el Pleno en cada sesión.

Junta de Jefes de Bloques Legislativos Congreso de la República

http://goo.gl/RYf5T

Considero que la Ley comete un grave error al otorgarle legalidad a la pertenencia de los diputados a sus respectivos partidos políticos, aún después de ser electos al Congreso, provocando que los mismos actúen en función de los intereses de sus partidos políticos, y no de la población, de la que realmente son representantes. Como puede verse, los diputados deben pertenecer a un bloque legislativo conformado por un partido político, y la única forma de actuar de forma independiente es obteniendo el apoyo de otros 10 diputados, para formar una bancada independiente. La Constitución Política establece que el Presidente de la República y su Consejo de Ministros tienen vedado favorecer a partido político alguno (Artículo 182), y determina que los magistrados y los jueces que conforman el Organismo Judicial son independientes en sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política y a la Ley (Artículo 203).

¿Por qué no se trató de la misma forma a los diputados prohibiéndoles favorecer a partidos políticos una vez sido electos para el Congreso? ¿Decisión arbitraria de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985? En cualquier caso, creo que es necesario que los diputados, una vez sean electos al Congreso, tengan prohibido pertenecer y favorecer a partido político alguno, y concentrarse en velar por los intereses de los ciudadanos que votaron por ellos. A fin de cuentas, los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación. La Ley del Organismo Legislativo regula la existencia de las Juntas de Bloque, por lo que para modificar este importante aspecto de la integración del Congreso sería necesario una reforma a la Ley del Organismo Legislativo (Artículos 46-52), más no una reforma a la Constitución.

Finalmente, cada vez que el Pleno del Congreso conoce de un asunto que debe ser investigado y estudiado a profundidad, lo somete a las Comisiones de Trabajo, que son órganos técnicos de apoyo y estudio en temas específicos, conformados generalmente por un mínimo de 7 y un máximo de 15 diputados. Todos los diputados están obligados a pertenecer al menos a 2 comisiones de trabajo, y a asistir a las sesiones de dichas comisiones, que se llevan a cabo un mínimo de 2 veces al mes. Asimismo, cada comisión tendrá por lo menos un miembro de cada Bloque Legislativo que lo solicite. La Ley regula 32 comisiones de trabajo en el Congreso, entre ellas: De Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Municipales, de Comunicaciones y Transporte, de Comunidades Indígenas, de Cultura, de Economía y Comercio Exterior, y de Educación. Las comisiones de trabajo también trabajan en sus respectivas áreas especializadas, estudiando y promoviendo iniciativas de ley sobre éstas para mejorar el ordenamiento jurídico del país.

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Congreso de la República
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El Congreso de la República funciona a través de sesiones ordinarias y extraordinarias. En las sesiones ordinarias, que se llevan a cabo los días martes y jueves de cada semana, se discuten todos los puntos de la Agenda Legislativa, acordados por la Junta de los Jefes de Bloques Legislativos junto con el Presidente del Congreso, y se celebran desde el 14 de enero hasta el 15 de mayo, momento en que los diputados gozan de vacaciones, para reanudar las sesiones desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre cada año. Cada sesión se lleva a cabo en la fecha programada, y después de transcurridas 3 horas de empezada, sin haberse agotado la Agenda Legislativa, el Presidente consulta al Pleno si continúa o no la sesión. Si el Pleno acuerda terminar la sesión, ésta finaliza y se introducen con prioridad los puntos no vistos, en la sesión siguiente. Las sesiones extraordinarias son convocadas por la Comisión Permanente, el Organismo Ejecutivo o el 25% de los diputados, para conocer asuntos especiales en cualquier momento.

Consecuentemente, los diputados no sólo acuden a las sesiones del Congreso que se llevan a cabo en el Pleno, pues deben asistir a sesiones de sus respectivos Bloques Legislativos (Bancadas de Partidos Políticos), así como también a las sesiones de las Comisiones de Trabajo a las que pertenecen, para generar iniciativas que ayuden al país. Lamentablemente, muchos diputados ejercen un trabajo eminentemente reactivo, pues la bancada de su partido político les dicta las directrices de su actuación, acuden a las comisiones de trabajo únicamente a hacer acto de presencia, y asisten a las sesiones del Pleno a perder el tiempo y a votar velando por los intereses de su bancada, y no por los intereses de las personas que los eligieron.

Diputado revisando su facebook en una sesión del Pleno del Congreso

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La Asamblea Nacional Constituyente de 1985 decidió debilitar profundamente la actuación del Presidente, y empoderar el trabajo del Congreso, otorgándole amplias facultades de fiscalización, que prácticamente hacen imposible al Presidente ejercer su cargo si los diputados deciden impedírselo. Es en esto que recae esencialmente la gran importancia del Congreso de la República en Guatemala. Aunque en los últimos tiempos se ha visto alguna mejoría en su funcionamiento con la aprobación de la votación por Tablero Electrónico, o la emisión de leyes importantes como la Ley de Acceso a la Información Pública, ésta debe continuar. Para el efecto, los guatemaltecos deben entender en qué consiste el Congreso y cómo trabaja, para votar por los diputados que mejor representen sus intereses. Claro, para que la población esté realmente representada y el Congreso funcione efectivamente, es necesario reformar aspectos importantes en su integración, estructura y funcionamiento, como lo expuse en la primera parte de este informe, así como también en este artículo que conforma la segunda parte, y en una tercera que escribiré más adelante.

La Importancia del Congreso de la República - Parte I

2011-08-16T11:47:00.000-07:00

El proceso electoral por fin está terminando de tomar forma en estos momentos. Los candidatos inscritos continúan con sus arduas campañas políticas, y los procesos de aquéllos a los que les fue negada su inscripción poco a poco llegan a su fin, esclareciendo el panorama político y los contendientes que participarán finalmente en el mismo. En este sentido, la intención de voto respecto a los candidatos a la presidencia comienza a aterrizar, mientras el esqueleto de sus planes de gobierno poco a poco va saliendo a luz, aunque siempre de forma ambigua y escueta. No obstante, las elecciones para diputados al Congreso de la República siguen en el aire, debido al poco conocimiento que tiene la población sobre la integración y funcionamiento del congreso, y no se entiende aún la magnitud de la importancia del Organismo Legislativo en nuestro sistema de gobierno.

El Congreso de la República es uno de los 3 órganos supremos del Estado de Guatemala, y le corresponde esencialmente decretar, reformar y derogar las leyes que rigen el territorio guatemalteco. Actualmente, se integra por 158 diputados que son elegidos popularmente, por el Listado Distrital, en virtud del cual cada Departamento del país forma un distrito electoral, y el Municipio de Guatemala constituye el distrito central; y por el Listado Nacional, elegidos en una votación específica, por todos los ciudadanos empadronados del país. Asimismo, los diputados son elegidos por planilla, es decir que, en las elecciones para el Congreso, el ciudadano acude a votar por un partido político (PP, UNE, LÍDER, etc.), y por ende, por los candidatos a diputado que éste postula.

http://goo.gl/TkYOc

Se ha generado discusión acerca de ciertos aspectos sobre la integración del Congreso de la República que deben ser modificados para lograr un funcionamiento más efectivo del mismo. En primer lugar, se discute que el número de diputados es demasiado alto, y que éste debe reducirse, al menos, en un 40%, para contar con menos de 100 diputados. La Ley indica que cada distrito electoral elige a un diputado como mínimo, y a un diputado más por cada 80 mil habitantes en cada distrito. Según diputados actuales, de conformidad con los censos de la población debería contarse más de 250 diputados. Por fortuna, no se ha acatado a cabalidad la Ley y contamos con 158 congresistas. Sin embargo, éste sigue siendo un número relativamente alto y ciertamente debe reducirse para buscar una optimización en la estructura y el funcionamiento del Órgano Legislativo. Esta reducción requeriría de una reforma a la Ley del Organismo Legislativo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, más no a la Constitución Política, pues ésta en su artículo 157 regula únicamente un mínimo de 1 diputado por distrito, dejando en manos de la Ley la determinación del número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo con su población.

Es pertinente también tocar el tema de la justificación de la existencia de un Listado Nacional de diputados en el congreso, además de los diputados por cada distrito electoral. Resulta que la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 tenía la intención de crear una especie de senado dentro del congreso, conformado por planillas de diputados propuestas por cada partido político, y que serían elegidas en una papeleta particular, por parte de todos los ciudadanos empadronados del país. No obstante, las funciones y atribuciones de los diputados por el Listado Nacional no se diferenciaron de las de los diputados distritales, por lo que ambos terminaron haciendo lo mismo. Según Roberto Alejos, Presidente del Congreso, el Listado Nacional es importante en el país, pues sus diputados son los que más resultados han producido en el congreso.

http://goo.gl/NtDbM

La Constitución Política consagra en su artículo 158 que los diputados del Listado Nacional representan el 25% del total de diputados que son electos para el congreso, es decir, 40 congresistas. No obstante, según los registros del Congreso de la República, actualmente hay 31 diputados por el Listado Nacional, lo que no concuerda con lo indicado por la Constitución Política y la Ley. Por otro lado, contar con dos clases de diputados dentro del Congreso puede ayudar a optimizar su funcionamiento, pero las atribuciones de cada uno deben ser distintas para una mejor organización. Podría determinarse que los diputados del Listado Nacional, que son los que mejor se han desempeñado y que en general están conformados por personas con un mejor nivel académico, se dediquen a la actividad legislativa, investigando las deficiencias de las leyes vigentes, proponiendo iniciativas de ley para modificar las normas existentes, y elaborando los proyectos de ley que estén dirigidos a legislar situaciones que necesiten ser reguladas.

Los diputados del Listado Distrital, por el contrario, se podrían encargar de la promoción de los proyectos de ley elaborados por los diputados del Listado Nacional, y de su cabildeo dentro del pleno del Congreso, en búsqueda de consensos con los demás diputados para discutir y aprobar la leyes que correspondan. De esta forma, se podría aprovechar la integración actual del congreso para buscar una mejor eficiencia en su actuación. Esto requeriría de una reforma a la Ley del Organismo Legislativo, para desarrollar las atribuciones específicas de los diputados al Listado Nacional, y la relación que éstos tendrían con los diputados al Listado Distrital. Sin embargo, si se quisiera eliminar de una vez por todas el Listado Nacional, como muchos analistas lo desean, debe reformarse la Constitución Política, pues es ella la que divide al Congreso por Listado Nacional y Listado Distrital (Artículo 157).

http://goo.gl/VvBqy

Se critica también la forma de elegir a los diputados, que se realiza por medio de planillas de partidos políticos, mediante el sistema de la Representación Proporcional de Minorías (Sistema D'Hondt), que permite obtener el número de curules electos para el congreso, en proporción a los votos conseguidos. Los ciudadanos votan por los partidos políticos y son ellos los que nombran a los candidatos a diputado, provocando que éstos no sean realmente representantes del pueblo en el Congreso sino de los partidos políticos. En este sentido, según varios sectores de la población, e incluso algunos jefes de las principales bancadas actuales de los partidos políticos en el congreso, los diputados deberían elegirse por voto uninominal, en virtud del cual, cada distrito electoral elige a los candidatos específicos que los representarán directamente, de forma similar a la elección del Presidente de la República. Así las cosas, el ciudadano podría votar por el candidato a diputado que quiere que lo represente en su distrito, y dependiendo de la población de este último, se elegirían diputados al Congreso con más representatividad en sus respectivos distritos. Para poder lograr esta reforma no es necesaria una modificación a la Constitución Política, pero sí a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (artículo 203), y a la Ley del Organismo Legislativo (artículo 9). La elección de diputados al Listado Nacional por voto uninominal puede hacerse, pero habría que fijar su número para poder determinar posteriormente cuántos diputados podría postular cada partido político.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta sobre la integración de los diputados al Congreso es que, debido a que las elecciones de éstos se llevan a cabo en la misma época que las elecciones para presidente, el voto para este último tiende a ser determinante para la elección de diputados al Congreso, convirtiendo a la misma en un acontecimiento secundario en las votaciones. La elección de diputados debe realizarse a mitad del período presidencial, en un proceso electoral específico, que permita a la población enfocarse en elegir a sus representantes para el Organismo Legislativo. Claro, esto conlleva un gasto público agregado para financiar estas elecciones adicionales, pero considero que, objetivamente, es un costo que vale la pena sufragar para empoderar a nuestro congreso. Para llevar a cabo dicha modificación en la elección de los diputados, debe reformarse la Ley Electoral y de Partidos Políticos (artículo 196), para que indique que la convocatoria a elecciones de diputados al Congreso de la República debe hacerse a la mitad del período presidencial.

http://goo.gl/53oCE

Dentro de la estructura del Estado que consagra la Constitución Política, es de vital importancia la actuación del Congreso de la República. En efecto, en vista de los graves abusos cometidos por los Presidentes de la República a lo largo de la historia de Guatemala, y en especial, durante conflicto armado, la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 tomó la decisión de restarle poder al Ejecutivo, e instaurar controles interorgánicos que permitieran al Legislativo una fiscalización constante sobre el Presidente de la República. Como consecuencia, el sistema de gobierno que se instauró es de corte semi-parlamentarista por la gran cantidad de controles que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, en comparación a las facultades que tiene este último sobre aquél. En este sentido, si no se elige un buen Congreso de la República, éste puede estropear cualquier plan de gobierno que quiera implementar el Ejecutivo, y se puede correr el riesgo de caer en una ingobernabilidad en donde el pueblo de Guatemala sea el mayor afectado.

1984: La pesadilla de los libertarios

2011-08-08T13:56:00.000-07:00

Comparto con ustedes algunos extractos del libro 1984, una novela política que encarna una auténtica pesadilla para los libertarios: la existencia de un gobierno omnipresente; la reducción de la población a masas sometidas, pobres e ignorantes; el despotismo soberano de la autoridad; la policía del pensamiento; y el cautiverio absoluto de la Libertad individual.

http://goo.gl/7f7S1

"Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery and torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but more merciless as it refines itself. Progress in our world will be progress toward more pain."

"There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live—did live, from habit that became instinct—in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized."

http://goo.gl/TAI9X

"From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the Party:

WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH."

"Never again will you be capable of ordinary human feeling. Everything will be dead inside you. Never again will you be capable of love, or friendship, or joy of living, or laughter, or curiosity, or courage, or integrity. You will be hollow. We shall squeeze you empty and then we shall fill you with ourselves."

http://goo.gl/9dSF2

"The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness: only power, pure power. What pure power means you will understand presently. We are different from all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power."

"We are not content with negative obedience, nor even with the most abject submission. When finally you surrender to us, it must be of your own free will. We do not destroy the heretic because he resists us; so long as he resists us we never destroy him. We convert him, we capture his inner mind, we reshape him. We burn all evil and all illusion out of him; we bring him over to our side, not in appearance, but genuinely, heart and soul. We make him one of ourselves before we kill him. It is intolerable to us that an erroneous thought should exist anywhere in the world, however secret and powerless it may be. Even in the instance of death we cannot permit any deviation . . . we make the brain perfect before we blow it out."

http://goo.gl/kHmjH

"We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent there will be no need of science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always—do not forget this Winston—always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—forever."

"The ideal set up by the Party was something huge, terrible, and glittering—a world of steel and concrete, of monstrous machines and terrifying weapons—a nation of warriors and fanatics, marching forward in perfect unity, all thinking the same thoughts and shouting the same slogans, perpetually working, fighting, triumphing, persecuting—three hundred million people all with the same face."

Books are weapons in the War of Ideas

2011-08-08T09:36:00.000-07:00

People die, but books never die.
No man and no force can put thought in a concentration camp forever.
No man and no force can take from the world,
the books that embody man's eternal fight against tyranny.
In this war for humanity, we know, books are weapons.

- Franklin D. Roosevelt