Las leyes, conocidas como SB 4-C y SB 2-C, han sido catalogadas por expertos como las más estrictas del país y buscan reforzar el control sobre la inmigración y aumentar la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las agencias federales.

Entre las medidas más relevantes, se establecen penas más severas para los inmigrantes sin estatus legal. Ingresar o reingresar a Florida tras haber eludido controles migratorios federales ahora es un delito estatal: la primera vez puede implicar hasta nueve meses de cárcel, y si hay reincidencia, la condena mínima sube a dos años de prisión.

En detalle

Además, delitos menores cometidos por indocumentados, como el hurto, pueden ser castigados hasta con cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares, mientras que para el resto de la población la pena máxima es de un año y una multa de 1.000 dólares.

Una de las disposiciones más polémicas es la imposición obligatoria de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como asesinato en primer grado o violación de menores, sin necesidad de jurado.

La ley también obliga a todas las fuerzas de seguridad locales a colaborar con las agencias federales de inmigración, eliminando cualquier tipo de excepción y permitiendo operativos y redadas masivas.

El gobernador DeSantis ha defendido estas medidas argumentando que buscan proteger a las comunidades y disuadir la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre el impacto negativo en los derechos civiles y el clima de temor que ya se percibe entre la comunidad migrante.

Florida se posiciona como el estado con la política migratoria más dura del país. Miles de personas podrían enfrentar la cárcel a partir de 2026 si no cumplen con las nuevas disposiciones, mientras el debate sobre la constitucionalidad y el impacto social de estas leyes continúa abierto.

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Rubio cuestionó abiertamente uno de los pilares tradicionales del sistema migratorio estadounidense, la reunificación familiar, y sugirió que este enfoque debería ser revisado y reemplazado por criterios que respondan exclusivamente al “interés nacional de Estados Unidos”.

“Nuestra política de inmigración debe basarse sobre el interés nacional de Estados Unidos, punto. Fin de la historia”, afirmó Rubio de manera contundente

El funcionario argumentó que ningún país puede asumir la llegada de millones de personas y que es necesario establecer un proceso claro de selección para priorizar a quienes sean más fáciles de verificar y comprendidos por las autoridades estadounidenses.

Rubio también insistió en que el sistema actual, que prioriza las conexiones familiares, debería evolucionar hacia un modelo más meritocrático, donde se valore lo que cada persona puede aportar a la sociedad.

Rubio concluyó que “es absurdo” pensar que cualquier persona tiene el derecho automático de emigrar a Estados Unidos, reafirmando su postura de que ningún país en el mundo tiene una política migratoria de ese tipo.

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Por EFE (SWI)

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) es la encargada de realizar la investigación externa de las sospechas contra Karim Khan y, según aseguró a EFE un portavoz del secretario general de la ONU, ese departamento está “al tanto de la decisión” del fiscal de “tomarse una licencia mientras se investigan las acusaciones presentadas en su contra”.

“Hay una investigación en curso por parte de la OIOS. No puedo hacer más comentarios porque la investigación sigue abierta”, añadió. También recordó que la ONU y la CPI son “instituciones separadas”, puesto que este tribunal se rige por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, que debe ser firmado y ratificado por los países. La CPI tiene hoy 125 miembros, entre los que no están, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Israel o China.

Investigación interna

Los dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal), han asumido ya este fin de semana la gestión de la Fiscalía. “El trabajo de la Corte, en interés de la justicia, continuará con normalidad y sin interrupciones”, señaló la Asamblea de Estados Parte, el órgano legislativo y de supervisión de la CPI.

Según el tribunal, cuando se le entreguen, los resultados de la investigación “serán tratados de forma transparente”.

Khan solicitó en mayo del año pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza y lesa humanidad como el uso del hambre como arma contra la población civil desde 2023.

En octubre pasado, medios británicos y estadounidenses empezaron a señalar a Khan por presunto acoso sexual a una miembro del equipo de la Fiscalía, acusación hecha sobre la base de un informe de un tercero que asegura haber escuchado a la presunta víctima hablar de los hechos y que él mismo los ha denunciado ante autoridades del tribunal.

En respuesta, la Asamblea confirmó que recibió información sobre una “presunta conducta indebida” de Khan y, después de “una conversación” con la presunta víctima, su mecanismo de supervisión independiente (OIM) “no estaba en condiciones de proceder con una investigación”. Según dijeron entonces a EFE fuentes del tribunal, la víctima se negó a denunciar formalmente y el OIM no puede proceder a una investigación sin su consentimiento.

Ya en noviembre, el día 11, la Asamblea solicitó una “investigación externa”, marginando el mecanismo interno del tribunal por “conflicto de intereses”. El nuevo jefe de la IOM es cercano al fiscal. “Se va a llevar a cabo una investigación externa para garantizar un proceso totalmente independiente, imparcial y justo”, señaló la Asamblea.

Los jueces de la CPI dieron luz verde a las órdenes de detención israelíes el 21 de noviembre, con Israel tratando todavía de retar la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos.

Desafios y presiones

James A. Goldston, exabogado de la CPI y director de la Iniciativa de Justicia Open Society (OSJI), señaló a EFE que es “un paso positivo que el fiscal, aunque algo tarde, haya decidido apartarse temporalmente mientras se completa la investigación”.

Además, cree importante que “los hechos comprobados, cualquier conclusión legal y recomendación” se comparta con los Estados parte para “tomar las decisiones necesarias sobre cualquier conducta indebida que se confirme, si es que ocurrió alguna, aún no lo sabemos”.

“La CPI enfrenta varios desafíos externos muy serios. Ha sido víctima de un ciberataque masivo a sus sistemas informáticos. Sus jueces han sido objeto de órdenes de arresto por parte de Rusia. Su fiscal ha sido sancionado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos internos y uno de los más críticos es esta serie de acusaciones contra el fiscal”, añadió.

El propio Khan, elegido fiscal en 2021, niega que haya “verdad alguna en las insinuaciones” en su contra y denuncia que, en la situación actual, la CPI y el fiscal están “sujetos a una amplia gama de ataques y amenazas” por los casos abiertos.

“La Corte existe para servir a las víctimas de los crímenes más graves. Es clave que pueda hacer bien su trabajo en nombre de esas víctimas. Y para poder hacerlo, tiene que saber gestionar este tipo de acusaciones de una manera legal, justa, completa y rápida, porque lo que está en juego es la confianza de las víctimas en esta institución”, añadió Goldston.

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Por INFOBAE

Portnov fue uno de los personajes más influyentes y polémicos del sistema jurídico y político ucraniano en las dos primeras décadas del siglo XXI. Su figura representa las contradicciones del poder en un país marcado por la inestabilidad institucional, las tensiones con Rusia y las transiciones fallidas entre autoritarismo y democracia. Portnov alcanzó posiciones de gran relevancia en el aparato del Estado, fue protagonista en reformas judiciales y episodios de represión durante el Euromaidán.

Nacido el 27 de octubre de 1973 en Luhansk, en el este de la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, Portnov se licenció en Derecho por la Universidad Estatal del Este de Ucrania y rápidamente comenzó a desempeñar funciones en órganos de regulación del mercado financiero, como la Comisión Estatal de Valores. En la década de 1990 y principios de los 2000, trabajó también como asesor legal y profesor universitario. Su carrera jurídica le valió reconocimiento oficial: en 2004, fue nombrado “Abogado de Honor de Ucrania” mediante decreto presidencial.

Su entrada en política se produjo de la mano de la líder opositora Yulia Tymoshenko. En 2006, fue elegido diputado en la Rada Suprema por el Bloque Yulia Tymoshenko (BYuT) y pronto se convirtió en uno de los principales juristas del grupo parlamentario. Reelegido en 2007, fue uno de los artífices de las estrategias legales del bloque. Su cambio de lealtades llegó tras la victoria electoral de Viktor Yanukóvich en 2010.

Portnov abandonó el entorno de Tymoshenko y se integró en la Administración Presidencial del nuevo mandatario, con quien tuvo una estrecha colaboración. Fue nombrado jefe del Departamento Principal del Sistema Judicial y más tarde primer subdirector de la Administración Presidencial.

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Por EFE

Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense el día después de que el Tribunal Supremo avalara el plan del presidente, Donald Trump, de revocar el TPS de 350.000 venezolanos, que serán aptos para la deportación.

«Ahora, las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo. Y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles», declaró Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

Rubio, que como senador fue un gran defensor del TPS y muy crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, acusó sin embargo a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) de haber entregado ese amparo de forma generalizada sin revisar adecuadamente los antecedentes de los beneficiarios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE/EPA/Julien de Rosa

El secretario de Estado dijo que «por supuesto» que la mayoría de venezolanos con TPS no son criminales, pero apuntó que algunos sí lo son: «Si mil de ellos lo son, tenemos un gran problema».

La decisión del Gobierno de Trump de acabar con el TPS la critican los demócratas, defensores de los migrantes y la comunidad venezolana en Estados Unidos, que afirma que quienes deporten a Venezuela sufrirán un grave peligro.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a sus países de origen.

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Por EFE

La reunión tuvo lugar después de que Estados Unidos acogiera como refugiadas a varias familias afrikáner que denunciaron una persecución racial en su país, algo que el Gobierno de Sudáfrica niega.

«Generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Pero espero que podamos tener una explicación», declaró Trump frente a Ramaphosa ante preguntas de la prensa sobre la acogida de esos refugiados.

Trump muestra un registro de supuestos ataques a afrikáners

Ramaphosa, por su parte, le aseguró que no hay «genocidio de afrikáners» en Sudáfrica, y le pidió escuchar a la población del país para deshacerse de esa idea.

«Si hubiera un genocidio de granjeros ‘afrikáners’ te puedo asegurar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura» (John Steenhuisen), respondió el líder de Sudáfrica a Trump.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, durante una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, este 21 de mayo de 2025, donde hablaron de los afrikáners. EFE/Jim Lo Scalzo

En su intercambio Trump le mostró un video con la supuesta persecución a esas personas y recortes de prensa sobre ataques a sudafricanos blancos.

«Me gustaría ver dónde es eso, porque no lo había visto», dijo el mandatario sudafricano.

«La gente que lamentablemente es asesinada debido a la actividad criminal no solo son blancos. La mayoría son negros», añadió Ramaphosa, a lo que Trump le contestó que no sabía si eso era algo «bueno o malo», pero que los agricultores en cuestión «no son negros».

El Gobierno de Trump se ha negado a participar en los eventos del G20, que este año acoge Sudáfrica, hasta que se resuelva lo que considera un «genocidio» contra la población blanca de ese país.

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Por La Patilla

Figuró en los Panama Papers de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos.

Un giro inesperado en su vida se produjo a principios de 2019, cuando, apenas una semana después de haber obtenido un nuevo pasaporte chipriota el 8 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones en su contra.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro lo identificó como parte de una red acusada de manipular el mercado financiero venezolano. La resolución detalló que González Dellán habría capitalizado divisas ilícitamente y las habría depositado en cuentas extranjeras ocultas.

Específicamente, la Ofac señaló a González Dellán por presuntamente servir como testaferro de funcionarios corruptos. Entre ellos, se mencionó al extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien habría apoyado en «estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano» y en la gestión de «cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional». La OfacC también indicó que González Dellán habría controlado «empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos».

La inclusión de González Dellán en la denominada «Lista Clinton» –que agrupa a individuos y entidades presuntamente vinculados al crimen organizado o al terrorismo, y que implica la congelación de sus activos bajo jurisdicción estadounidense– lo ubicó junto a otras figuras prominentes en las tramas de corrupción vinculadas al chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo Rosales. Este conjunto de eventos marcó un periodo de intensa escrutinio internacional para González Dellán.

Sin embargo, este 21 de mayo de 2025, la Ofac anunció su eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), junto a Alejandro Antonio Fleming Cabrera.

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Por La Patilla

Inició su actividad en el chavismo como Embajador de Venezuela ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y simultáneamente fue Representante Permanente ante la Unión Europea con sede en Bruselas desde el 2006 hasta el 2008. Para el mismo año 2008 fue nombrado Vicecanciller para Europa, cargo en el cual permaneció hasta 2010.

Posteriormente, en ese mismo año, fue designado ministro de Turismo por el fallecido Hugo Chávez.

Después, en abril de 2013, el Nicolás Maduro lo asignó como titular de la cartera de Comercio.

En enero de 2014, pasó a ser presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), cargo en el que permaneció hasta enero de 2015. En abril de ese año lo nombraron como vicecanciller para Europa y América, puesto que ocupó hasta 2016.

Para julio de 2017, Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro sancionó a Fleming y a otros 12 funcionarios del régimen de Maduro, en el marco de las elecciones del 30 de julio de 2017 para escoger la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Sin embargo, este 21 de mayo de 2025, la Ofac anunció su eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), junto a Leonardo González Dellán.

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Por EFE

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en una declaración a la prensa que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha aceptado dicho avión «de conformidad con todas las normas y reglamentos federales».

«El Departamento de Defensa trabajará para garantizar que se consideren las medidas de seguridad adecuadas y los requisitos de la misión funcional para una aeronave utilizada para transportar al presidente de Estados Unidos», agregó.

Para cualquier detalle adicional al respecto remitió a la Fuerza Aérea.

Polémica por el Air Force One de Catar

La noticia sobre la oferta catarí se filtró a mediados de mes y desde el principio se vio con escepticismo incluso entre las filas republicanas, que ponen en duda que el complejo proceso necesario para adaptar la aeronave a los requisitos de seguridad haga que valga la pena.

«Podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’, pero me pareció un gran gesto», dijo después el presidente, Donald Trump, en su red, Truth Social, donde negó que se trate de un regalo personal y aseguró que, al concluir su segundo mandato en 2029, dejaría de usarlo y lo depositaría en su biblioteca presidencial.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró este martes que su ofrecimiento es algo «normal entre aliados» y no un «soborno».

Fotografía de archivo del actual avión de la Presidencia de Estados Unidos, el Air Force One. EFE/Cristóbal Herrera

Desde la cadena CNN, contradiciendo la versión oficial, se precisó ese mismo día que fue la Administración republicana quien contactó inicialmente con el reino catarí.

El regalo ha provocado numerosas críticas de aliados y detractores por igual, que citan una provisión en la Constitución que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar regalos de gobiernos o representantes extranjeros.

Un grupo de senadores demócratas, miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, ha denunciado en un comunicado que el regalo representa «un claro conflicto de intereses» e «invita a la influencia extranjera» en Estados Unidos.

Trump buscaba renovar el avión presidencial

La implicación de Catar surge tras la decepción de Trump con los varios retrasos que acumula Boeing en fabricar un nuevo Air Force One para reemplazar el actual.

Durante su primer mandato (2017-2021), el republicano ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One. La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto «lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018».

Pero convertir el avión de lujo obsequiado por Catar en uno apto para la función presidencial podría costar cientos de millones de dólares y requerir hasta dos años, mientras se le instalan el equipo de seguridad, las comunicaciones y capacidades defensivas necesarias.

Esto ha hecho que sea cuestionado incluso entre los republicanos. Para el senador Ted Cruz, de Texas, aceptar ese avión «plantea importantes problemas de espionaje y vigilancia», una opinión compartida por legisladores demócratas como Jack Reed, que ha alertado de los riesgos de otorgar a una nación extranjera acceso potencial a sistemas y comunicaciones sensibles.

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