ELCOLEGADOMINICANO

2014-10-03T09:00:00.001-04:00

INSÓLITO: El celular se come 35% del salario mínimo de los mexicanos

En promedio, los clientes gastan 350 pesos mensuales en este servicio, que consideran deficiente; un estudio de la firma Millward Brown concluye que el consumidor mexicano es pasivo y resignado.

CIUDAD DE MÉXICO. En promedio los mexicanos gastan más de 35% de su salario mínimo en telefonía celular, con un pago de alrededor de 350 pesos mensuales por telecomunicaciones, pese a que los mismos consumidores declaran que lo justo sería pagar 200 pesos mensuales.

Lo anterior, de acuerdo con un reporte de la consultora Millward Brown que encontró que en México siete de cada 10 personas dicen sentirse atrapados por su proveedor de telefonía.

El reporte se basa en el análisis de información obtenida de organismos internacionales sobre el estado de las telecomunicaciones en Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Reino Unido y Francia, además de entrevistar a expertos en el mercado de los países referidos, a los que sumó encuestas y entrevistas a usuarios.

Según el estudio, los chilenos destinan 17% de su salario mínimo para el mismo rubro; en Brasil y España el 7%; en Estados Unidos el 1% y en Reino Unido 0.8% del salario mínimo los destinan para el pago de telefonía celular.

En este sentido, ocho de cada 10 mexicanos de nivel socioeconómico bajo consideran que no reciben un servicio justo por lo que pagan, mientras que los otros niveles socioeconómicos declaran que tampoco se sienten satisfechos.

A los deficientes servicios en telecomunicaciones que en general reciben los mexicanos se suma la pasividad y el desinterés de los clientes, sostiene el vicepresidente de Millward Brown Vermeer México, Fernando Álvarez Kuri.

“El consumidor en México no demanda servicios adicionales, no se queja, es pasivo y está resignado. Aunque es una situación compartida: si a las empresas no les exiges, ellas dicen por qué debo dar más”, indicó.

Adicionalmente Millward Brown encontró que cinco de cada 10 mexicanos dijeron que han tenido problemas con su proveedor de telecomunicaciones, siendo el 45% de los inconvenientes el que se cortan las llamadas; el 40% relacionado con cobros indebidos; el 60% con mala señal; 45% desconexión del servicio sin motivo alguno y el 85% dijo que ha perdido conexión.

Por si esto fuera poco, cuatro de cada 10 mexicanos sienten que no hay quien los respalde en los problemas que tiene que con sus proveedores de telecomunicaciones.

En México, el operador de telefonía líder tiene 66% de participación de mercado frente al 44% en España; el 43% en Francia; el 42% en Chile; el 32% en Estados Unidos; el 26% en Brasil y el 25% en Reino Unido.

El sector de telecomunicaciones nacionales esta caracterizado por una oferta limitada y una alta concentración en pocos participantes, frente a lo que ocurre en el resto del mundo.

Los mexicanos tienen 13 opciones de servicio de telefonía, de las cuales 8 operan con la red de Movistar, mientras que en Estados Unidos hay una centena de opciones, según el estudio “Telecomunicaciones Crónica de un consumidor atrapado”.

Millward Brown aseguró que los paquetes disponibles en México ofrecen características significativamente menores a las de otros países.

El reporte revela que la inversión en telecomunicaciones en México es menos redituable de lo que ocurre en otros países, además de un precio alto y un bajo desempeño si se compara la oferta en el país con otras naciones.

Fuente: cnnexpansion.com

2014-09-18T15:31:00.002-04:00

Según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, la soledad es una enfermedad, un asunto muy serio que cada año termina con la vida de millones de personas alrededor del mundo los cuales sufren de depresión por la soledad y lo más insólito es que siempre están rodeados de otras personas. A diario miro la gente a mí alrededor y veo en esos rostros mucha tristeza, un ejemplo es la ciudad de NYC donde vives mas 8 millones de personas y mucha gente mueren solos de depresión…Inaudito…

La Sentencia 184.2014, emitida por la Suprema Corte bde Justica de República Dominicana.

2014-08-18T16:05:00.002-04:00

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CONSUMIDOR O USUARIOS A RAÍZ DE LA SENTENCIA NO. 184 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Antes de hacer alusión a la sentencia No. 184, emitida por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo, y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, que otorga la potestad sancionadora al Instituto Nacional de Protección de los Derecho del Consumidor o Usuario “Pro Consumidor”, nos permitimos hacer reseñar a algunas diferencias entre sanciones penales y sanciones administrativas, criterio que debe descartarse de plano por tratarse en esencia de que hoy gozamos de un derecho moderno.

A primera vista la diferencia radica a grosso modo en que, mientras que las sanciones penales son aplicadas por los tribunales y por lo tanto requiere, previamente un procedimiento jurisdiccional, las sanciones administrativas pueden ser aplicadas por órganos administrativos, no siendo requisito el antecedente del juicio previo para su aplicación. Si bien esto corresponde a la práctica usual en el modelo de la organización de las administraciones públicas, visto el derecho universal, nada obsta a perseverar en la distinción. En el mismo ámbito de reflexión, no existe ningún argumento de índole constitucional que impida la configuración de un sancionatorio administrativo con carácter firme, en sede administrativa, mientras el afectado por una sanción administrativa conserve el acceso a la revisión judicial de la medida emitida.

Al referirnos a la práctica universal de las Naciones Unidas para la protección de los derechos del consumidor o usuario en su versión de ampliada de 1999, cada gobierno le corresponde establecer una política orientada a proteger los derechos de los consumidores o usuarios, instando a quienes producen o distribuyen bienes y servicios actúen en sus prácticas comerciales acatando las leyes y reglamentos aplicables vigentes en materia de derecho de consumo en beneficio de la población.

Vista la reflexión anterior, es oportuno indicar que el Instituto Nacional de Protección al Consumidor o Usuario, fue creado como entidad estatal por la Ley No. 358-05, cuya naturaleza y objeto es establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios garantizando la equidad y seguridad jurídica entre consumidores y proveedores sean de derecho público o privado. Es una ley de orden público, imperativa y de interés social conforme lo instituye el artículo 2 de la citada ley. Precisamente, el calificativo de orden público y de interés social conlleva la vigilancia permanente del estado a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores para mejorar sus condiciones de vida.

En tal sentido, Pro Consumidor es el organismo competente a través de su Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo para emitir resoluciones administrativas con carácter sancionador por malas prácticas comerciales de los proveedores de bienes y servicios. Para ello podrá ejercer mecanismos de inspección de los pesos, medidas y calidad de los bienes y servicios, como en el caso de esta sentencia No.184 por la naturaleza de la infracción, por ser el gas licuado de petróleo consumido por miles de dominicanos. Es importante resaltar que los derechos de los consumidores están tutelados por la Constitución dominicana del año 2010, por lo que, el estado dominicano al ser el titular de velar por el fiel cumplimiento de la Ley No. 358-05 según la ponderación del legislador como garantía efectiva de los derechos fundamentales del consumidor, dicha ley dispone en su artículo 27 que: en caso de encontrar violación a las disposiciones de dicha ley, la Dirección Ejecutiva de Por Consumidor deberá ejecutar las acciones correctivas y las penalizaciones que contemple la ley, aplicable dentro de su competencia. Precisamente, producto de las inspecciones realizadas a causa y efecto de las malas prácticas comerciales de los proveedores en perjuicio de los consumidores y usuarios, este órgano se basa en cuyas pruebas para proceder en sus facultades de protector de los derechos fundamentales de los consumidores o usuarios – que evidentemente se encuentran protegidos por la Constitución dominicana en su artículo 53.

En ese sentido, los jueces de la Suprema Corte de Justicia al emitir el fallo mediante su sentencia No.184 de fecha veintiséis (26) de marzo del año 2014 en sus páginas 14, 15 y 16 dispuso lo siguiente: “Considerando, que la sanción administrativa es una expresión del ius puniendi del Estado, que es una consecuencia lógica del ordenamiento jurídico, pues la norma sin sanción carecería de imperio, y que su objetivo es corregir una conducta, es decir, es un medio para educar al infractor, por lo que la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o indirecta impliquen privación de libertad, tal como lo expresa el artículo 4a.v de la Constitución, por todo lo cual el legislador al diseñar el régimen sancionador de la Administración Pública lo hace tomando en consideración los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y tipicidad a que están sujetas las actuaciones de la Administración; Considerando, que amparado en las indicadas bases jurídicas, es que Pro Consumidor ha actuado para sancionar las faltas imputadas a la recurrida y comprobadas siguiendo en debido proceso instituido por la ley que rige la materia, instrumentándose las actas correspondientes donde se establecieron, como se ha dicho, las faltas cometidas provenientes de la adulteración de los medidores de gas, lo que indica que al sancionar con multas pecuniarias a dicha recurrida, actuó dentro de su competencia y facultades legales, contrario a lo establecido por el tribunal a-quo en su sentencia; Considerando, que Pro Consumidor, como órgano regulador actuó correctamente aplicando las sanciones tipificadas en los artículos 112 y siguientes de la Ley 358-05, General de protección de los derechos del consumidor o usuario, que la faculta a imponer las multas correspondientes en razón de la gravedad de la falta cometida, lo que fue apreciado por dicha institución; que como institución de la Administración Pública tiene el compromiso de garantizar y proteger de manera efectiva los derechos de las personas, a fin de preservar el estado social y democrático de derecho imperante en la República Dominicana, Io que hizo al dictar su resolución, sin que se haya vulnerado en la misma los principios de eficacia, proporcionalidad, legalidad, tipicidad, motivación, entre otros”. A tal efecto la Suprema validó el rango constitucional por ser este un derecho conculcado de afectación múltiple en materia de consumo. En tanto que este medio como base legal refuta el argumento de la incompetencia y el exceso de poder, con lo cual pudiera quedar inadvertida la posibilidad de inconstitucionalidad de la referida sentencia.

Finalmente, los efectos de esta sentencia generan expectativas para los consumidores o usuarios de bienes y servicios, no solamente en lo relativo al gas licuado de petróleo, sino en sentido general puesto que en un futuro reducirían las infracciones a la Ley General de Protección de los Derechos de los Consumidores o Usuarios, en tanto que aumentaría la calidad de los productos y servicios para el expendio del público.

José Miguel Valdez, M.A..-

Abogado

Especialista en Derecho de Consumo, Administrativo y Constitucional.

La muerte del Cuota-litis

2014-05-07T15:33:00.002-04:00

La muerte del Cuota-litis

Los abogados dominicanos, especialmente los que suelen litigar ante el Tribunal de Tierras, desconocen una serie de decisiones que están tornando inútiles los contratos de cuota litis que suscriben con sus clientes. Lo antes expresado se fundamenta en la absurda interpretación que hace el Tribunal Superior de Tierras de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley No. 302 del 18 de junio de 1964 sobre Honorarios de Abogados, modificada por la Ley No. 95-88 del 20 de noviembre de 1988.

La parte in fine del artículo 10 de la repetida Ley No. 302 es claro al indicar que los gastos y honorarios causados ante el Tribunal de Tierras, serán aprobados por el Presidente de dicho tribunal. Sin embargo, frente a una contestación judicial de un abogado que reclame la ejecución de un pacto de cuota litis a su cliente, nuestro TST sostiene el aberrante criterio de que procede enviar el caso ante la jurisdicción civil ordinaria en caso de que el cliente discuta o revoque el contrato.

Más claramente, habiendo la Ley No. 302 de 1964, modificada por la Ley No. 95-88 de 1988, señalado las jurisdicciones que deben liquidar los honorarios de abogados aun cuando sus servicios están regidos por un pacto de cuota litis y no han culminado en sentencia condenatoria en costas, son únicamente esas jurisdicciones las llamadas a dilucidar las dificultades surgidas con ocasión de honorarios de abogados. Esas jurisdicciones no pueden cometer el error grosero de eludir su responsabilidad distinguiendo arbitrariamente, entre la reclamación de los honorarios producto del cumplimiento del contrato de cuota litis y los que se derivan como consecuencia de la revocación unilateral del mismo.

Es de principio que los tribunales no pueden formular distinciones donde la ley no la establece, y ninguna parte de la citada Ley No. 302 de 1964 y sus modificaciones autoriza al Tribunal de Tierras a remitirle a los tribunales civiles ordinarios ningún aspecto relativo a la liquidación de honorarios, mucho menos invocando que se trata de una acción personal, en razón de que toda liquidación de honorarios participa de los caracteres de una acción personal.

Por el contrario, es precisamente a las acciones personales que se refiere el artículo 4 de la referida Ley No. 302 de 1964 y sus modificaciones, cuando le indica a las jurisdicciones señaladas para liquidar los honorarios, sin exceptuar aquellos causados por el Tribunal de Tierras, cómo deben proceder cuando el monto esté determinado en relación con el valor de los bienes o derechos envueltos en el asunto.

Cada vez que un abogado reclama judicialmente el cumplimiento de un contrato que prevé la cesión de una cuota parte del inmueble, se trata de una acción mixta, en razón de que se trata de un derecho de crédito que recae sobre un inmueble. Dicho de otro modo, se trata de una acción que corresponde exclusivamente al Tribunal de Tierras, de conformidad con el artículo 7 de la Ley No. 1542 del 11 de octubre del 1947 (Ley de Registro de Tierras).

Más todavía, nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa al sostener que el artículo 7 de la Ley de Tierras confiere competencia al Tribunal de Tierras de manera exclusiva para conocer de todas las demandas que afecten la propiedad de los inmuebles registrados o los derechos reales que afecten esa propiedad (Cas. 26 de mayo de 1975, B.J. 774, pag. 334; y Cas. 27 de agosto de 1954, B.J. 529, pags. 1735-1736) y, asimismo, de que la competencia del Tribunal de Tierras incluye las acciones personales que afectan o son susceptibles de afectar la propiedad de inmuebles registrados o en curso de saneamiento (Cas. 27 de agosto de 1954, B.J. 529, pags. 1735-1736; y Cas. 9 de marzo de 1973, B.J. 748, pags. 581-582) tales como acciones en nulidad de la venta u opción de venta de un inmueble registrado (Cas. 23 de diciembre de 1966, B.J. 673, pag. 2594; Cas. 27 de agosto de 1954, B.J. 529, pags. 1735-1736; y Cas. 15 de junio de 1983, B.J. 781, pags. 1544-1545).

Por tanto, considerar como una acción puramente personal lo que constituye una acción mixta que afecta la propiedad de un inmueble registrado cuya cesión se reclama, es un despropósito. Cuando el TST se desentiende de un caso de esta naturaleza hasta que los tribunales ordinarios resuelvan ciertos aspectos del contrato de cuota litis, con el pretexto de que se trata de un asunto prejudicial, está incurriendo en denegación de justicia.

El Tribunal de Tierras siempre es competente para conocer de las acciones personales vinculadas a la propiedad de un inmueble. Pretender que cualquier aspecto relativo al crédito sea conocido de manera separada ante otra jurisdicción supone prolongar indefinidamente las acciones derivadas del contrato de cuota litis. En otras palabras, obligar al abogado que reclama el pago de sus honorarios a que recorra los dos grados de jurisdicción en materia civil, para luego recomenzar en la jurisdicción inmobiliaria equivale a eternizar las acciones de esta naturaleza.

Lo mismo ocurre cuando, en franca violación a la parte in fine del artículo 10 de la Ley No. 302, obliga al Presidente del TST a aprobar los honorarios causados ante el Tribunal de Tierras, éste envía el asunto para que se discuta ante un juez de jurisdicción original. Más claramente, imponerle al abogado que reclama sus honorarios dirigirse ante un juez de jurisdicción original, para luego someterse al TST y posteriormente a un posible recurso de casación, constituye una práctica abusiva no contemplada en nuestra ley. Más todavía, es una auténtica denegación de justicia que le impide a los profesionales del derecho ejercer eficazmente sus pactos de cuota litis.

Corresponde a nuestra SCJ, en funciones de Corte de Casación, sentar un firme criterio jurisprudencial para frenar las arbitrarias decisiones que sistemáticamente viene adoptando el TST cuando se reclama la ejecución de un contrato de cuota litis. En caso contrario, se reafirmaría una vez más el imperio de la arbitrariedad y el desorden al negarle a la clase profesional valerse del único instrumento de que dispone para resguardarse de los clientes maliciosos.

Fuente: Dr. Jottin Cury Hijo.-

10 Obras obligadas para los principiantes del Derecho...

2014-05-06T15:29:00.004-04:00

1. El alma de la toga. Ángel Ossorio. Es la visión romántica del Derecho, que muchos que nos dedicamos a la doctrina debemos tener como libro de cabecera.

2. El Leviatán. Thomas Hobbes. A diferencia del anterior, es la visión cruda y descarnada del Derecho y la Política, como instrumento de poder y de dominación, es recomendable leerlo desde los primeros semestres de la carrera.

3. Derecho Romano. Eugene Petit, nada mejor que cenar con un libro de historia romana.

4. El derecho de los jueces. Diego López. Para que los abogados postulantes sepan que los jueces también legislan, así la tradición no lo quiera reconocer.

5. La Biblia. Todos los principios y conceptos generales del Derecho están dispersos en este libro considerado como sagrado: la venganza, el abuso del poder, la culpa, la responsabilidad, la ambigüedad de las leyes. No es por razones religiosas. Es por la condición humana.

6. De los delitos y de las penas. Cesare Beccaria. Así comenzó la humanización del derecho penal, el más cruel de todos los derechos.

7. Teoría de la justicia. John Rawls. El mejor tratado moderno de filosofía del Derecho, que ha influenciado toda la teoría jurídica moderna.

8. Los seis tomos de Derecho Civil de Arturo Valencia Zea. Lo más práctico y completo para conocer la raíz de todo el Derecho: el derecho privado.

9. Teoría Pura del Derecho. Hans Kelsen. El libro de teoría jurídica canónico por excelencia.

10. Introducción al Estudio del Derecho. Eduardo García Maynez. su lectura constituye un puente necesario entre la educación media superior y el grado universitario, puesto que en el primero de los niveles citados se imparte la materia de nociones de Derecho positivo mexicano, pero con una amplitud y una generalidad insuficientes para el primer contacto pleno con la materia.

Sentencia SCJ sobre estacionamientos en centros comerciales

2014-05-05T11:08:00.003-04:00

Sentencia SCJ, sobre los parqueos en estacionamientos comerciales

Ley 107-13 Sobre Procedimiento Administrativo

2014-04-08T11:00:00.003-04:00

El pasado 6 de agosto de 2013, fue promulgada en República Dominicana la Ley No. 107-13, cuyo propósito básico es regular las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública, principalmente, en el marco del procedimiento administrativo.

No se trata, sin embargo, de una Ley de procedimiento administrativo convencional. Es mucho más que ello: la Ley 107-13, establece las bases jurídicas para centrar el Derecho administrativo en el ciudadano y sus derechos fundamentales, a partir del derecho a la buena administración. Con lo cual, no exageramos al decir que nos encontramos ante una de las leyes más modernas en el Derecho administrativo comparado.

La Constitución de República Dominicana, de 2010, ya establecía la necesidad de dictar una Ley con ese contenido. De conformidad con su artículo 138, la Administración Pública debe regirse por los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. De acuerdo a su numeral 2, la Ley deberá regular al procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la Ley.

Como decíamos, la Ley Nº 107-13 reguló al procedimiento administrativo, pero no sólo como un cauce de formación del acto administrativo, sino como un cauce de la realización de la actividad administrativa orientada al servicio de los ciudadanos. El considerando cuarto de la Ley contiene, en este sentido, una premisa que deberá marcar, sin duda, el signo del Derecho administrativo en República Dominicana:

“Que en un Estado Social y Democrático de Derecho los ciudadanos no son súbditos, ni ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana, siendo en consecuencia los legítimos dueños y señores del interés general…”

Es decir, que en un todo de acuerdo con el artículo 138 constitucional, la Ley parte del principio conforme al cual el procedimiento administrativo –y todo el Derecho administrativo- debe partir de la centralidad del ciudadano. El considerando décimo segundo así lo reitera:

“Que la redimensión de los derechos fundamentales de las personas conlleva la inclusión dentro de los mismos de un derecho fundamental a una buena administración, que no se manifiesta exclusivamente para las garantías jurídicas de las personas, sino que se orienta fundamentalmente en el aumento de la calidad de los servicios y actividades que realiza la Administración Pública”

El Derecho administrativo, tradicionalmente, se ha concebido desde el poder, el privilegio y la prerrogativa, con la predominancia del acto administrativo. De allí que el procedimiento administrativo haya sido considerado como una especie de “anexo” del acto administrativo. La evolución del proceso de democratización del Derecho administrativo y la progresiva protección internacional de los derechos humanos, han propuesto el cambio del Derecho administrativo centrado en el poder, al Derecho administrativo centrado en la persona, como ha estudiado el profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

A ese cambio responde la Ley Nº 107-13, que precisamente, concibe al procedimiento administrativo no sólo como el cauce formal del acto administrativo, sino como el cauce de realización del derecho a la buena Administración y por ende, cauce de protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

Ámbito de aplicación

La Ley Nº 107-13 aplica, de esa manera, a la Administración Pública con el sentido amplio que la expresión tiene en el artículo 2. En concreto, la Ley regula los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, lo cual abarca al procedimiento administrativo, el acto administrativo y en general, los derechos del ciudadano frente a la Administración. La regulación del procedimiento incluye normas de simplificación y modernización de la Administración (artículo 1).

El derecho a la buena Administración

En sintonía con el Derecho Europeo, el artículo 4 reconoce el derecho a la buena Administración, que es más bien una especie de “derecho-paraguas”, en tanto arropa a 32 derechos específicos de los ciudadanos. El sentido general de la norma es que no basta que la Administración Pública cumpla la Ley, pues además, debe exigirse que la Administración oriente su actuación al servicio objetivo y efectivo a los derechos fundamentales del ciudadano. Por lo tanto, el derecho a la buena Administración debe interpretarse conjuntamente con los principios de la Administración Pública enumerados en el artículo 3, entre los cuales destacamos el derecho al servicio objetivo a las personas (numeral 2).

La centralidad del ciudadano encuentra en estas normas un notable punto de apoyo, dentro del Derecho administrativo de República Dominicana. Por ello, el procedimiento administrativo es el cauce de la actividad administrativa orientada al servicio objetivo de los ciudadanos, y no sólo el cauce previo al acto administrativo.

El acto administrativo

La Ley regula al acto administrativo, cuya definición se asume en el artículo 8 en el doble sentido del criterio orgánico y funcional. De acuerdo con la teoría general del acto administrativo, la Ley regula además los requisitos de validez del acto así como su eficacia, a partir de su presunción de validez reconocida en el artículo 10. De igual manera, la Ley reconoce la estabilidad de los actos favorables y, por ende, dispone los mecanismos de revisión en sede administrativa del acto administrativo. Se regula con atención la declaratoria de lesividad (especial garantía de la estabilidad reforzada de los actos favorables) y los recursos administrativos (artículos 45 y siguientes).

Este régimen del acto administrativo debe ser interpretado a partir de los principios generales de la Ley, a saber, el derecho a la buena Administración y la centralidad del ciudadano. Ello fuerza a una interpretación restrictiva de ciertas normas, como la referida a la presunción de validez del acto, que en modo alguno debe ser concebida desde el privilegio y la prerrogativa.

El procedimiento administrativo

La Ley regula varios procedimientos tipos, partiendo del principio conforme al cual el procedimiento es de la reserva legal. Por ello, la Administración, al ejercer sus competencias, siempre deberá seguir el procedimiento legalmente establecido, sea en la Ley especial o, en ausencia de ésta, en la Ley Nº 107-13 (artículo 15).

Así, se regulan los siguientes tipos de procedimiento: (i) el procedimiento ordinario para el dictado de actos (artículos 22 y siguientes); (ii) el procedimiento para dictar actos normativos (artículos 30 y siguientes); (iii) el procedimiento administrativo arbitral (artículos 32 y siguientes) y el procedimiento sancionador (artículo 35). Por supuesto, se encuentran también los procedimientos de segundo grado, entre ellos, los iniciados con ocasión a la interposición de recursos administrativos.

La regulación del procedimiento administrativo arbitral merece especial cautela en su interpretación. En tal procedimiento –artículo 32- la Administración lleva a cabo la función arbitral decidiendo conflictos o controversias jurídicas entre ciudadanos. Aun cuando la nota especial que la Ley coloca es en cuanto al reforzamiento del carácter contradictorio de ese procedimiento, no debe perderse de vista que esa función arbitral es, en realidad, instrumental a la realización del cometido constitucional de la Administración, cual es el servicio a los ciudadanos conforme al derecho a la buena Administración. Con ello, la función arbitral no debe implicar la “administrativización” de asuntos que han de cae dentro del ámbito del Poder Judicial, en resguardo del principio de separación de poderes.

La novedosa regulación del silencio administrativo

Destaca la novedosa regulación del silencio administrativo en el artículo 28, parágrafo II. Como es sabido, el silencio administrativo surge, históricamente, para atenuar el dogma del acto previo en el marco de la concepción objetiva e impugnatoria de la justicia administrativa. Así, el silencio administrativo permite que, en ausencia de respuesta a la previa petición administrativa –en el procedimiento de primer o segundo grado- el interesado pueda ejercer los recursos siguientes, considerándose negada la petición formulada.

Tal visión no es compatible con el Derecho administrativo centrado en el ciudadano. Así, el acceso a la justicia administrativa no puede limitarse a la existencia de un acto previo ni, tampoco, a la figura del silencio. En realidad, si formulada una petición la Administración no emite respuesta dentro del plazo de Ley, estaremos ante una inactividad contraria a Derecho que, como tal, podrá ser controlada directamente por la justicia administrativa, sin necesidad de acudir a la figura del silencio administrativo.

Tal es la solución del párrafo II del artículo 28 de la Ley. De acuerdo con la norma, si la Administración no resuelve el procedimiento dentro del plazo legalmente establecido, el interesado tendrá el derecho a la tutela judicial efectiva directamente frente a la inactividad administrativa. La eliminación del silencio administrativo como “presunción” de decisión denegatoria es, a no dudarlo, una favorable novedad dentro del Derecho administrativo.

José Miguel Valdez

Abogado avezado en derecho administrativo.-

Así va la investigación del vuelo de Malaysia Airlines...

2014-04-07T09:41:00.002-04:00

Así va la investigación del vuelo de Malaysia Airlines

Fuente BBC Mundo.-

2014-04-03T14:29:00.003-04:00

LA INQUISICIÓN

¿Inquisición Verdad o Falacia?

Los historiadores están ahora evaluando la Inquisición de manera diferente a cómo ha sido vista hasta ahora por católicos y no católicos. Esta visión a manera de leyenda negra ha sido promovida por los enemigos de la Iglesia.

¿Qué revelaron los Archivos Vaticanos?

Sucedió que, después de estudiar los Archivos Vaticanos sobre la Inquisición, abiertos al final del Pontificado de Juan Pablo II, periodistas e historiadores van concluyendo que hay muchos mitos que desmontar en nombre de la verdad histórica, pues se ha podido verificar que la historia que hasta ahora hemos conocido sobre la Inquisición está llena de mitos fabricados de manera interesada.

Bien apunta el Periodista Víctor Messori (co-autor de varios libros de Juan Pablo II), quemuchos de los ataques contra la Inquisición fueron alentados por “la propaganda protestante en el marco de la lucha contra España por la hegemonía en el Atlántico”. Es decir, lo que se esconde en esos ataques es una motivación geopolítica de una época. Y esos ataques y exageraciones repetidos a lo largo de los siglos han creado una especie de leyenda negra sobre la Inquisición.

Así que, lo que hemos oído y visto en libros (ahora magnificado en los medios de comunicación social) “fueron realmente la excepción”, según Messori. Y, aunque no se pretenda defender los abusos que pudo haber habido, “el pasado hay que valorarlo según sus categorías, no según las nuestras”, apunta el periodista.

Adicionalmente, Messori explica lo siguiente: “la actividad de aquellos tribunales se inspiraba en la necesidad de proteger la vida social, cuya tranquilidad se basaba en una fe común; y estaba movida por el ansia sincera de practicar la más alta de las caridades: la espiritual.

Continúa su explicación el periodista: “Así como las autoridades de hoy en día consideran su obligación la tutela de la salud de los ciudadanos, la Iglesia católica estaba convencida de tener que responder ante Dios de la salvación eterna de sus hijos. Salvación que corría peligro a causa del más tóxico de los venenos: la herejía.”

La periodista venezolana Marina Jacinto, refiriéndose a la apertura de los Archivos del Vaticano sobre el tema de la Inquisición comenta lo siguiente: “Los resultados publicados en las actas de los estudios vaticanos indicaron que había muchos mitos que desmontar en nombre de la verdad histórica”.

“En primer lugar, las actas indican que las torturas, los autos de fe (muerte en la hoguera), entre otros castigos para los feligreses condenados por estos tribunales eclesiásticos no fueron tantas como el imaginario colectivo supone, ya que la abundante literatura anti-Inquisición publicada en los países protestantes abultó sobremanera las cifras”.Es decir, adicional a la escondida motivación geopolítica de que habla Messori, aquí observamos otra falacia: la alteración de la estadística.

Descubrimientos Estadísticos:

“La tortura”, continúa la Periodista, “no fue tan frecuente como se ha creído, pues las actas señalan que la Inquisición torturó en el 10% de los casos. Se menciona que morían más presuntas brujas en los países protestantes a manos de los tribunales civiles, que en países católicos a manos de la Inquisición. Ésta quemó por supuesta brujería a 59 mujeres en España, 36 en Italia y 4 en Portugal, mientras que en Europa los tribunales civiles juzgaron por el mismo delito a cerca de 100 mil mujeres. De ellas 50 mil fueron condenadas, 25 mil sólo en Alemania, en la pira purificadora, durante el siglo XVI por los protestantes seguidores de Martín Lutero”.

Y, contrario a lo que han difundido los enemigos de la Iglesia, la Inquisición fue diseñada para proteger al acusado, utilizando métodos de investigación justos y aceptables. La verdad es que fueron más las personas exoneradas que las condenadas.

Preferían los Tribunales de la Inquisición que los civiles:

Más aún, los tipos y los grados de los castigos infligidos por la Inquisición Española, la mayoría de las veces eran más suaves que los utilizados por las cortes civiles. De hecho, a pesar de que hoy en día los métodos puedan ser considerados como procedimientos lamentables, muchos investigados preferían ir a los tribunales de la Iglesia que a los civiles. Y se conocen casos de personas que blasfemaban para ser llevados por ese motivo a la Inquisición, donde serían tratados con más ecuanimidad y justicia.

La Iglesia no teme la verdad histórica, ahora demostrada por estas veraces investigaciones. La Iglesia tampoco teme reconocer errores y abusos. De allí que el Papa Juan Pablo II -durante las celebraciones del milenio realizadas por la Iglesia Católica en el 2000- pidió perdón por los pecados cometidos por los católicos en nombre de la fe, a lo largo de la historia, incluyendo los abusos cometidos durante la Inquisición.

Fuente: buenanueva.net

40 años de prisión para el feminicidio en la Rep. Dom. En hora buena!!

2014-04-01T15:16:00.000-04:00

Nuevo Código Penal elevaría pena máxima a 40 años...l

Fuente: Diario Libre

2014-03-17T09:03:00.000-04:00

¡A fijar nuestros derechos sobre telefonía!

Por David La Hoz

La campaña 2014 de Consumers International en favor de los consumidores de todo el planeta en general y de cada nación en particular, abarca un punto específico y de gran actualidad para los consumidores: la telefonía en todas sus variadas formas. Este tema ha sido escogido entre otros porque se trata de un consumo que hace por, ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, un número de aparatos que iguala la población del planeta. En esas circunstancias se trata no solo de un servicio sino de un gran negocio que hace de las empresas telefónicas uno de los sectores de mayor empuje económico de nuestra época. Es también el lugar donde la tecnología presenta mayores facilidades para que, a la postre, las empresas de servicios de telecomunicaciones incurran en los mayores abusos contra sus clientes, los consumidores de servicios de telefonía. Es por ello que los gobiernos están en la obligación de poseer organismos de regulación que sean efectivos, estos es, que tengan la capacidad de regular y de corregir los excesos del mercado junto a la presión de organizaciones de consumidores que se mantengan al día en la defensa de los derechos de los consumidores.

Por ejemplo, la Consumers International ha detectado fallas que son comunes a casi todos los países. Los siguientes son algunos ejemplos de facturaciones injustas y poco claras: Cobros ocultos. Los consumidores pagan por un servicio o producto que resulta más costoso que la tarifa publicada. Scamming, o estafas. Los consumidores reciben llamadas o mensajes de texto desde un número desconocido que les ofrece promociones y premios, pero se les pide que acepten un servicio antes de recibir la promoción. Luego se dan cuenta que se les ha facturado este servicio adicional. Falta de transparencia en los planes de cobros. Los consumidores suelen confundirse con las complejas tarifas o, debido a la complejidad de la información que se les entrega, sencillamente desconocen los cargos y cobros. Tarifas de itinerancia excesivas. El usar los servicios móviles en el extranjero puede hacer que las facturas de telefonía celular se encumbren a alturas inimaginables.

En España, la organización miembro de CI, FACUA -consumidores en acción dirigió la campaña liberamimovilcontra la venta de equipos portátiles bloqueados y la negativa de desbloquearlos hasta cumplido el plazo estipulado en los contratos. Dado que en España la ley de protección de los consumidores reconoce la autonomía de las autoridades de los consumidores en cada una de las 17 comunidades autónoma, FACUA-consumidores en acción presionó para que se multara a las empresas que seguían aplicando dichas políticas, y Movistar (uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones de la península ibérica) anunció el cese de la política.

Cuando los consumidores con "tarifa fija" del Reino Unido se vieron obligados a pagar las alzas en el precio, la organización miembro de CI en el Reino Unido, Chicha? dio inicio a una exitosa campaña llamada "Fixed should mean fixed” (La tarifa fija debería ser fija) que pedía a las empresas de telefonía celular que permitieran a sus suscriptores rescindir sus contratos sin tener que afrontar sanciones en caso de que el proveedor de red aumentara el cobro de sus servicios por encima de lo acordado en el contrato firmado.

En la república Dominicana nos encontramos con problemas como los siguientes: El órgano regulador carece de una representación orgánica de los consumidores en el seno de su consejo, pues los designados obedecen a criterios políticos que no guardan relación con el movimiento de los consumidores, e incluso, que le son opuestos, pues casi siempre, prefieren actuar en alianza con el sector empresarial muy bien representado de manera orgánica en esos órganos. Todo esto en flagrante violación a la ley sectorial y a la propia Constitución de la República; a pesar de que para favorecer una adecuada representación y para sufragar medios y programas dirigidos a fortalecer los derechos del consumidor cada usuario de servicios de telefonía paga un dos (2%) por ciento en cada facturación para que su defensa sea efectiva, en la República Dominicana, pocos saben qué hace el órgano regulador con esos fondos pues ni se informa periódicamente sobre su monto y su uso, en violación a la ley, ni se hacen aportes desde ahí a las organizaciones que luchan por los derechos de los consumidores.

La defensoría que se hace a través del Centro de Asistencia al Usuario –CAU- está marcada por la apreciación técnico-jurídica de que existe libertad contractual en el mercado telefónico, esto es, se aplica el artículo 1315 del Código Civil y se soslaya el 1370 que es el que aplica para contratos teledirigidos o que prohíben los contratos de adhesión. Esta apreciación hace que el derecho sea difuso pues los mecanismos de reclamos son lentos y a todas luces encaminados a vencer por cansancio al usuario, quien por demás, depende de unos defensores impregnados de la visión empresarial o bien de la visión libre contractualita de un derecho que es constitucionalmente social, según la Constitución de la República. Estamos pues bajo el imperio del fenecido positivismo jurídico en materia de telefonía sin que el órgano regulador del sector tome conciencia de la violación a los derechos del consumidor en que incurre a diario.

No se lleva un control adecuado de los contratos entre usuarios y prestadoras de servicios de telefonía. Tampoco se monitorea si el servicio es servicio en condiciones adecuadas por lo que a menudo los consumidores se ven obligados a aceptar planes que no desean sino que le son impuestos por periodos de 18 meses que no han decidido ellos sino las telefónicas de manera unilateral y sin que intervenga el órgano regulador. Las oficinas de Pro consumidor y las de las organizaciones de consumidores, al igual que los medios de comunicación de masa, están atestados de quejas y denuncias de malas prácticas en la telefonía sin que el órgano regulador reaccione.

Obvio, ante este estado de cosas perjudicial para los consumidores las organizaciones dominicanas de defensa de los consumidores no solo ponen en marcha la agenda para este año de la Consumers Internacional sino que aplican su agenda particular. Por tanto, puede afirmarse que el 15 de marzo no ha encontrado a los consumidores desprotegidos sino en lucha contra los abusos de las telefónicas con miras a fijar sus derechos y sus tarifas, la pereza estatal en la materia del órgano regulador y la solidaridad estoica de Pro consumidor. DLH-15-3-2014

Gracias profesor David La Hoz por tanta calidad.-

2014-02-14T14:26:00.002-04:00

Desde nuestro humilde punto de vista en relación al tema de que trata, somos de opinión:

Sin querer desmeritar ni oscurantecer la larga trayectoria de su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Primado de América, desde sus inicios como estudiante cuando cursó sus estudios en Roma hasta la ocupación de los más altos grados dentro de la iglesia católica y romana, así como su ascenso u orden como cardenal ha contado con la gracia y la aquiescencia de los lideres o cesar de nuestro país, entonces gracia a estas facilidades y a la comodidad con la que su eminencia maneja la iglesia le ha dado una importante posición tanto nacional como internacionalmente.

Por otra parte los hechos hablan más que las palabras como dicen un adagio popular pero no menos importante en el caso de la especie en vista de que el prelado esta mas de lado de los poderosos que de los infelices, los pronunciamiento del enviado del Papa y un sacerdote proveniente de los dominicos, que es a su vez de donde depende el mismo Papa, nos dan la ligera impresión de que el que está mal aquí es el cardenal, toda vez que no tuvo la cortesía de llamar a este sacerdote a su despacho o simplemente reunirse con él y externarle su posición en razón a tal o cual tópico es especial denota de su eminencia reverendísima una falta de tolerancia excesiva hacia lo que debería ser su norte ya que se trata de alguien que está a favor de la mayoría igualitaria de la sociedad que compone la Republica Dominicana.

Es en esta tesitura que podemos entonces notar que están más que claros los papeles o roles que debe jugar cada uno en esta etapa de la fiesta de democracia y en medio del enaltecimiento de los valores y más aun de los derechos fundamentales que tiene cada quien a hacer su trabajo, con apego a las normas y costumbres que emulan la constitución, las leyes, los usos y las costumbres de nuestro país.

Dicho esto podemos entonces implorar primero de Dios como estandarte de los hombres en la tierra y luego de los que están llamados a cumplir su palabra y su voluntad, emular el fiel cumplimiento y apego a los principios y valores que poseen personas como el padre Serrano, discípulo aventajado del Papa Benedicto XVI, padre de la Iglesia Católica y Obispo Emérito de Roma.

Pst. Jmv.-

2014-01-31T09:40:00.004-04:00

FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, sin la Ley 13-07.

1-El Derecho Administrativo como ciencia

Es el Derecho Administrativo desde que fue advertida su existencia se le conoció como una rama importantísima de la ciencia jurídica que rige la actividad del estado para el cumplimiento de los fines y la determinación de los medios para llevarlos a cabo en beneficio de todos los administrados.

2-Noción de Derecho Administrativo

Conjunto de principios jurídicos que regulan la actividad del Estado y la de todas aquellas entidades que se proponen realizar fines de interés general bajo la dirección, intervención, fiscalización o inspección de una autoridad publica.

3-Lo que significa la palabra Administración

En el Diccionario de la Academia Española la palabra administración se deriva de la latina Administrativo. Administrar viene de ad, que significa a, y ministrare, que significa servir, proveer, ejercer un cargo.

Para Gascón y Marín la Administración se refiere:

a) A la gestión económica, al cuidado de la hacienda:

b) a la función Ejecutiva del Estado,

c) a los servicios para la ejecución de las leyes, menos las de administración de justicia, d) a la actividad del Estado o del gobierno para el cumplimiento de sus fines.

4-Finalidad del Derecho Administrativo

Es una rama del Derecho Publico que tiene por objeto el estudio de la Administración pública, de los organismos y funcionarios en sus distintas manifestaciones con apego a la Constitución y a las leyes del país.

6-Ciencia de la Administración

Los autores italianos distinguen la Ciencia de la Administración no solo del Derecho Administrativo, sino de la Ciencia Política.

7-Las Fuentes del Derecho Administrativo

La palabra fuente en sentido amplio significa manantial que brota de la tierra. Pero en el lenguaje jurídico la palabra fuente se refiere al principio o al fundamento de donde fluye el Derecho.

Fuentes formales del Derecho, tales como: la Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia y la Doctrina.

Las fuentes del Derecho Administrativo se pueden distinguir según la forma como se manifiestan. Las fuentes de Derecho escrito y no escrito, y según el órgano de donde dimanen Ley, Reglamento, Costumbre.

Tomando podemos jerarquizar las fuentes de esta manera: Leyes constitucionales, leyes ordinarias, los reglamentos, la costumbre, las prácticas administrativas, los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia.

7-Relación del Derecho Administrativo con otras Ciencias

Es incuestionable que el Derecho Administrativo es una rama del Derecho Publico, y por esa razón tiene que relacionarse de manera muy fundamental con el Derecho Constitucional, con el Derecho Financiero, con el Derecho Penal, como el Derecho Internacional Publico, como el Derecho Político, con la teoría Administrativa, y en fin, con las demás ramas del Derecho privado sobre todo, con el procedimiento, en lo tocante a la manera de hacer valer y defender los derechos ante los tribunales administrativos.

8-El Derecho Administrativo como ciencia, utiliza el método analítico para descomponer, examinar y comentar la legislación positiva y para ello se auxilia de las demás ramas del Derecho.

9-Codificación del Derecho Administrativo

Se ha escrito mucho acerca de si el Derecho Administrativo puede ser objeto de codificación, como lo han sido el Civil, el Comercial, el Penal y el Procesal.

La mayoría de los autores consideran muy difícil la codificación de disposiciones generales.

10-El Estado y la Administración:

La doctrina de Montesquieu establece que en cualquier Estado organizado existen tres poderes: El legislativo, que es ejercido por el Congreso Nacional, es decir, a través de los diputados y senadores, El Ejecutivo, que es ejercido por el Presidente de la Republica, y el Judicial, que es ejercido por todos los tribunales del tren judicial.

Esos tres poderes ejercen conjuntamente lo que se ha dado en llamar la Administración pública, aunque de acuerdo con nuestra Constitución y demás leyes, la mayor parte de los deberes y atribuciones relativos a las funciones administrativas, están a cargo del Presidente de la Republica y sus Secretarios de Estado.

11-La Función Administrativa y el Servicio Público

Es muy corriente identificar la función administrativa con la acción de satisfacción de las necesidades públicas, pero sobre todo, con la gestión y el funcionamiento de los servicios públicos.

12-En que consiste la Función Administrativa

Es la que se manifiesta a través de todos los actos de los funcionarios e instituciones públicas, para la realización de los fines del Estado dentro de la Constitución y las leyes del país.

13-Tiene Personalidad la Administración Pública.

La Administración puede concebirse desde el punto de vista meramente subjetivo: Quien administra, o desde el punto de vista objetivo. Fin u objetivo en el que recae la acción del administrador.

14-Poder Ejecutivo y Poder Administrativo

El empleo como sinónimo de los términos Poder Ejecutivo y Poder Administrativo, ha determinado a considerar la Administración pública como Poder.

Si interpretamos el Art. 4 de nuestra Constitución, concluimos forzosamente diciendo que solamente existen tres poderes: El legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

15-Manifestación del Poder en la Función Administrativa

La administración cumple con sus fines muchas veces sin necesidad de acudir a otro poder.

16-Importancia de la Función Administrativa

En nuestro país la Administración pública se ha concentrado prácticamente en el Poder Ejecutivo, vale decir, en manos del Presidente de la Republica.

17-El Presidente de la Republica como Jefe de la Administración publica.

Si analizamos el ArtRepublica.

18-Los órganos de la Administración en la Republica Dominicana

La actividad de la Administración pública se realiza a través de los diferentes órganos que establece la Constitución de la Republica. En ese sentido, cabe mencionar el primer lugar el Poder Ejecutivo, luego el Congreso Nacional, La Suprema Corte de Justicia, Los Secretarios de Estado y los Ayuntamientos.

Aparte de los órganos fundamentales que hemos señalado, nuestra Carta Sustantiva señala también la Junta Central Electoral, la Junta Monetaria, el Banco Central y la Cámara de Cuentas, según lo explica Troncoso de la Concha obra citada), la conformación del sector publico incluyendo los organismos autónomos y descentralizados, es la siguiente: Presidencia de la Republica, Consejo Nacional de Desarrollo, Consultaría Jurídica, Biblioteca Nacional. Son autónomos del gobierno.

Organismos Descentralizados y autónomos: Banco Central, Banco de Reservas, Banco de los trabajadores, Banco Agrícola, Cruz Roja Dominicana.

19-El principio de legalidad y la Administración

Todos los actos administrativos deben ser realizados dentro de las normas que sean de autoridad que sean competentes, el acto debe ser legal de lo contrario seria nulo.

20-Noción de Legalidad

Es la cualidad de lo que es conforme a la ley. Entendiendo Ley en su sentido más amplio, es decir, el de Derecho.

Por su parte, Rene Mueses (obra citada) nos dice que el fundamento jurídico del Derecho Administrativo descansa en dos principios de buena administración pública:

a) Principio de Legalidad.

b) Principio de Incompetencia.

Nuestra Constitución en su Art. 99 lo plantea así: Toda autoridad usurpada, esto es, sin competencia legal, es ineficaz y sus actos son nulos.

21-Las Reglas cuyo Respecto se Impone a la Administración.

Que todo los actos deben hacerse de frente a la constitución.

22-Las Inflexiones al Principio de la Legalidad.

Sufre ciertas inflexiones o temperamentos en el caso en que intervengan circunstancias excepcionales para modificar el alcance o el contenido del mismo.

23-Los Caracteres Específicos de la Legalidad Administrativa

La legalidad no comprende únicamente las reglas impuestas a la Administración desde el exterior, sino las que la propia Administración formula, especialmente en el ejercicio de su Poder reglamentario.

24-Régimen Jurídico de la Administración

La organización administrativa del Estado obedece a un proceso institucional acomodado a las necesidades de la nación.

25-Los Actos de Gobierno y el Principio de la legalidad de la Administración

El Art. 7, letras b), c) y d), de la ley 1494, puntualiza que “los actos que dicten o realicen los poderes del Estado en uso de atribuciones constitucionales, los actos de las autoridades militares relacionado con los miembros de los cuerpos correspondientes y los actos relativos a la conservación de la seguridad y el orden publico, no corresponde conocerlos al Tribunal Superior Administrativos” es decir, que no tiene competencia para estatuir sobre los recursos contra dichos actos.

23-Que se entiende por exceso de poder

Es una decisión ejecutiva y legal

27-La Desviación de Poder

Es cuando el autor del acto utiliza sus poderes para fines distintos de aquella para lo que la Ley se las confirió.

28-Caracteres generales del Recurso por Exceso de Poder.

Es un recurso de anulación, Es un recurso dirigido contra una decisión administrativa, No puede estar fundado más que en la legalidad, Es de orden público, Garantiza una legalidad de un Estado de Derecho.

29-Jurisdicción competente para conocer el Recurso por Exceso de Poder.

El Tribunal Superior Administrativo, será la jurisdicción competente para conocer y decidir, en primera y ultima instancia, las cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, rescisión, interpretación, celebrados por el Estado, los establecimientos públicos, el Distrito Nacional, las comunes y distritos municipales con personas o empresas particulares.

30-Condiciones de Admisibilidad del Recurso por Exceso de Poder

Según la clasificación tradicional, las condiciones de administración se definen en relación:

1. A la naturaleza del acto recurrido.

2. A la cualidad del demandante.

3. A las formas y plazos del recurso

30-Garantía de los ciudadanos frente a la Administración

1. Garantía Sociales, consiste en la moralidad, las costumbres, la relación de los pueblos, etc.

2. Garantía Políticas, están constituidas por los principios políticos como el equilibrio político de los poderes, el sistema de interpretación, la contraposición de los órganos, etc.

3. Garantía Jurídicas, tienen por objeto la defensa de los derechos e intereses legítimos de los particulares y son puestas en movimiento instancia de los interesados.

4. Garantías Administrativas, resultan de la buena marcha de la administración, del buen funcionamiento de los servicios públicos, que es la razón de ser del Derecho Administrativo.

31-Definición de Policía

Fuerza publica encargada de la ejecución del conjunto de reglas impuestas a los ciudadanos por la autoridad pública, con el objetivo de hacer reinar el orden, la tranquilidad y la seguridad en el Estado.

32-Titulares del Poder de la Policía

El Presidente de la Republica Art.55 de la Constitución

El Congreso Nacional

Los Ayuntamientos Municipales

33-La Policía Administrativa

Servicio publico que tiene por objeto asegurar, mantener o restablecer el orden publico sea previniendo los desordenes mediante reglamentos, ordenes y gastos apropiados, sea reprimiendo las violaciones del orden publico por el empleo directo de la fuerza material.

34-Finalidad de la Policía Administrativa

Su finalidad es la de conservar el orden, la seguridad, la tranquilidad, la salubridad, la moralidad, las buenas costumbres y lo servicios públicos.

35-Los principales instrumentos jurídicos de la Función Administrativa

Los actos administrativos

Los hechos administrativos

Las operaciones administrativas

Los contratos estatales

36-Los primeros principios del Dominio Público

Manuel Amiama en su Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana, pagina 164, conceptúa el Dominio Publico como: “es una de bienes inmuebles que deben estar permanentemente a disposición del publico o de ciertos servicios públicos”.

37-La Doctrina del Dominio Público en el Siglo XIX

La teoría del Dominio Publico, comienza a tomar cuerpo, en el sentido jurídico en el siglo XIX, como sabemos ya, la mayoría de los países importantes habían hecho sus revoluciones democrático-burguesa

38-Disposiciones del Código Civil y la Constitución sobre el Dominio Público.

El Código Civil en sus Artículos 538 al 541, contiene una serie de disposiciones relativas al Dominio Publico.

39-Criticas Formuladas por la Doctrina a las Disposiciones del Código Civil y de la Constitución.

La doctrina dominicana esta unificada en criticar las disposiciones del Código Civil y la Constitución, sobre el Dominio Publico.

40-No es Exacto Decir que el Dominio Publico a Nadie Pertenece

Las cosas tienen que gozar de un titular, sujeto de Derecho Publico.

41-Características de los Bienes del Dominio Público

Las más notables son la inajenabilidad y la imprescriptibilidad. Es decir, no se pueden vender como tampoco adquirir por prescripción, ya que esas cosas los sacarían de su status.

42-Distinción entre el Dominio Público y el Dominio Privado

Dominio Publico, integrado con bienes indispensables para utilidad publica, y, en consecuencia, sujetos a un régimen jurídico excepcional, especialmente protector de la afectación de la cosa a su destino de utilidad publica (inajenabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, protección penal contra las usurpaciones y liberación de las cargas de vencidad.

Dominio Privado, integrado con todas las dependencias del Dominio Publico, y sujeto al mismo régimen jurídico que los Bienes de los particulares.

43-Fundamento Jurídico del Dominio Público

Para Troncoso de la Concha dice “es la inalienabilidad y la imprescriptibilidad, consagrada por el Código Civil en su articulo 2226, el cual establece que “no puede prescribir el dominio de las cosas que no están en el comercio.

44-Los frutos y productos del Dominio Público

Todas las cosas accesorias que se desprenden de los bienes inmuebles del Dominio Publico, pueden ser susceptibles de dar frutos y productos.

45-La Desafectación de los Bienes del Dominio Público

El Dominio Publico es una forma de propiedad especial privilegiada de los entes públicos.

46-La inembagabilidad de los Bienes del Estado

La doctrina esta unificada en el sentido de afirmar que los Bienes del estado inembargables.

47.- El Tribunal Superior Administrativo.

Según los términos del Art. 11 de la Ley No. 1494, el Tribunal Superior Administrativo tendrá su asiento en Santo Domingo y se compondrá por un Juez, Presidente, Vicepresidente y tres jueces, nombrados por el Decreto del Poder Ejecutivo. Y el Ministerio público estará representado por el Procurador General Administrativo.

Mediante la Ley No. 2690 del 26 de enero de 1951 las funciones del Tribunal Superior Administrativo pasaron a ser ejercidas por la Cámara de Cuentas.

48.- El apoderamiento del Tribunal Superior Administrativo.

Según los términos del Art. 22 de la Ley 1494, el apoderamiento del Tribunal Superior Administrativo para el conocimiento y decisión de todo caso se hará por una instancia del recurrente dirigida al Presidente del Tribunal o por el recurrente o por el Procurador General cuando se trate de un recurso relativo a contratos administrativos o concesiones.

49- El papel del Procurador General Administrativo.

Es que se le beben comunicar todos los expedientes de los asuntos contenciosos de que conozca el Tribunal y su dictamen escrito será indispensable en la decisión de todo asunto por el Tribunal.

50.- La sentencia del Tribunal Superior Administrativo.

Después que las partes hayan puntualizado sus conclusiones por ante el Tribunal, el Presidente del Tribunal Administrativo, hará que el Secretario ponga a disposición de los Jueces el expediente completo para su estudio.

51- La Notificación de la sentencia y sus efectos.

Habíamos señalado anteriormente que todas las sentencias del Tribunal Superior Administrativo deben ser notificadas por correo certificado de entrega especial.

Esa notificación será hecha por el Secretario del Tribunal de los cinco 5 días de su pronunciamiento al procurador General Administrativo y a la otra parte. Dentro de los cinco 5 días de recibir la notificación, el Procurador General Administrativo comunicara la sentencia.

52- Recursos contra la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo.

Las sentencias del Tribunal Superior Administrativo solo están sujetas al recurso de revisión y al recurso de casación. Revisión, son conocida por el Tribunal Superior Administrativo; Casación.Son conocidas por la Suprema Corte de Justicia.

53.- La Inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Superior Administrativo. El Art. 7 de la Ley No. 1494, en su letra a) puntualiza que las “las cuestiones que versen sobre inconstitucionalidad de las leyes reglamentos, decretos, resoluciones o actos, no corresponde conocerlas al Tribunal Superior Administrativo”.

Licdos. José Miguel Valdez & Jenny Grullón, abogados especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional.

2014-01-15T09:57:00.002-04:00

La Constitución Dominicana define al Estado Dominicano como un “estado unitario”, esto es que a diferencia de otros estados que se definen como plurinacionales por poseer dentro de su territorio a nacionales de diferentes naciones, el Estado Dominicano, solo está integrado por una única nación: la dominicana.

La anterior caracterización no implica exclusión sino inclusión pues, por ejemplo, el tema recurrente respecto del tema de la nacionalidad, tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas, resulta que Haití nunca ha reconocido, en la práctica, la existencia del Estado Dominicano, a la inversa, siempre ha entendido que el territorio dominicano le pertenece, esto es, que la República Dominicana es parte integrante de la nación haitiana, sin embargo, cuando se hurga en su constitución se descubre que nunca han poseído herramienta alguna que permita establecer que los dominicanos gozan de algún estatus al interior del Estado Haitiano, lo cual prueba que buscan aniquilar la dominicanidad.

Por el contrario, la Constitución Dominicana, si posee herramientas que le permiten integran legal y constitucionalmente, a los ciudadanos haitianos –o de otras nacionalidades- que deseen nacionalizarse dominicanos (arts. 19 y 20 de la Constitución). Dicho de otra manera, El Estado Dominicano posee instrumentos legales que permiten garantizar los derechos de los extranjeros en la República Dominicana, siempre que los mismos no pretendan convertirse en una minoría étnica que busque reconocimiento de Derechos de Minorías, pues ello equivaldría a violar el principio constitucional según el cual, el Estado Dominicano, es un Estado Unitario.

El Derecho internacional contempla, respecto de los extranjeros, el derecho del estado receptor a definir bajo el principio de la libre determinación, las condiciones de atribución de su nacionalidad a extranjeros, esto es, la manera en cómo un estado otorga su nacionalidad, está definido en el ámbito internacional, como una prerrogativa del derecho interno de cada estado, lo que implica que está íntimamente ligado al principio de soberanía como a los intereses particulares del estado receptor y a su historia. Son estas determinantes las que definen las reglas a aplicar a los extranjeros. Recuérdese que está en condición de extranjero, aquel que no está ligado a un estado en cuyo territorio se encuentra, de forma irregular, por el vinculo de la nacionalidad, es decir, aquel que no cumple los requisitos que el derecho interno del estado receptor exige para la obtención de dicha nacionalidad, por estar atado a los requisitos de otro estado del cual es originario, o que cumpliéndolo, no los ha tramitado ante los órganos de rigor de forma legal.

Es por esto que el Derecho internacional ha buscado proteger a los individuos que se encuentren en situación de extranjeros. El DIP ha procedido a proteger de dos maneras, primero, por medio de tratados bilaterales entre el estado originario y el estado receptor y, Segundo, mediante tratados multilaterales. Las relaciones dominico-haitianas están plagadas de tratados bilaterales sobre contratación de mano de obra haitiana en territorio dominicano sin que se pueda establecer que, en ninguno de ellos, exista mecanismo que permita a los nacionales haitianos en tránsito de trabajo, adquirir la nacionalidad dominicana. Este es un hecho jurídico irrefutable, bajo las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre migrantes de 1949, de Naciones Unidas, convenciones europeas como el Schengen, etc. Por tanto, alegar que la Sentencia 168-13, viola el DIP, no es probar que sea cierto tal argumento, por el contrario, es fácil probar su falsedad.

Otra categoría de extranjeros, son los refugiados, tampoco puede probarse que el Estado Dominicano, o cualquiera de sus órganos hayan violado convención alguna sobre los derechos de los refugiados. Los cuales se caracterizan por tener origen en catástrofes naturales, políticas y económico-ambientales. Pero no por ello pueden ser nacionalizados como pertenecientes al Estado receptor a menos que éste así lo consienta, pues se debe recordar, que las relaciones u obligaciones de los estados, en el ámbito internacional, están regladas por el Derecho de los tratados, más claramente, por el consentimiento u autorización expresa del estado en cuestión.

Un caso particular, es el de los apátridas, cuyo estatus en el DIP lo contiene la Convención de Nueva York de 1954, tampoco en ésta puede encontrarse alguna transgresión del Estado Dominicano o uno de sus órganos. Por tanto, invocar la aplicación pura y simple de los artículos 26 y 74 sin someterlos a la tasación de los también artículos constitucionales 3, 9, 10, 11, 18, 19, 21 y 25, es puro oportunismo mercadológico, o, todavía peor, es caer en el marco del art. 23 de la propia constitución en combinación con el art. 76 del Código Penal Dominicano.

En conclusión, la Sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional Dominicano (TCD), lo único que hace es establecer el procedimiento a seguir por los extranjeros para adquirir la nacionalidad dominicana y regularizar su estatus jurídico, conforme al contenido de los artículos 25 y 19, el primero, define lo que el Derecho Dominicano entiende por extranjero y el 19 contempla el proceso de naturalización que debe cumplir todo aquel que desee optar por la naturalización, esto es, convertirse en ciudadano dominicano, llegando a una licencia tal que les reconoce su afinidad cultural con su país de origen. Por tanto hace aplicación de normas y principios válidos tanto ante el DIP como ante el derecho interno de los estados, conforme a los usos y costumbres internacionales, la doctrina y la jurisprudencia.

Pertenece al profesor Dr. David La Hoz 13-01-2014

2014-01-15T09:54:00.003-04:00

BUSCAN FIJAR RESPONSABILIDAD A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS POR DAÑOS A VEHÍCULOS EN PARQUEOS.-

PARA TALES FINES FUE SOMETIDA UNA RESOLUCIÓN AL CONSEJO DE PROCONSUMIDOR

Santo Domingo

La directora de Pro Consumidor sometió al Consejo de esa entidad una propuesta de resolución con el propósito de regular el uso de los parqueos en plazas comerciales, de tal manera que no haya perjuicio contra los usuarios y consumidores en caso de sufrir el robo de propiedades de los mismos.

Un comunicado de Pro Consumidor indica que “tras estudiar varias jurisprudencias internacionales y sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, queda clara la responsabilidad civil de los establecimientos donde los ciudadanos acuden como clientes y sufren robos en los parqueos donde se han estacionado”.

Dice que la propuesta de resolución plantea que se prohíba la colocación de letreros que exoneren de responsabilidad a los propietarios, administradores y sus representantes por robo de vehículos de motor y los objetos dejados en su interior, mientras estén estacionados dentro de los parqueos del establecimiento.

La directora de la entidad, Altagracia Paulino, presentó en octubre del 2011 una propuesta de resolución que será reintroducida ante el nuevo Consejo Directivo con el fin de que se regule la situación que afecta a los consumidores y usuarios de plazas comerciales.

“Los estacionamientos, aún sea gratuitos, constituyen una prestación accesorio y complementaria a la prestación principal lo cual genera una obligación de custodia y guarda del vehículo” precisa Pro consumidor.

Señala la entidad que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en torno a los estacionamientos como un servicio cuyo ofrecimiento se deriva de la oferta realizada, donde la publicidad tiene un papel preponderante en la percepción de los consumidores.

Paulino recordó que el proveedor tiene la obligación de garantizar la protección efectiva de los intereses económicos de los consumidores o usuarios a través de un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios,. Indica el artículo 33, literal (d), de la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

Paulino se refirió también a una sentencia de la Corte de Apelación de Chile, en la que dice: “no es posible concluir que el servicio de estacionamiento constituya un servicio anexo, adicional o diferente a la venta de bienes y servicios sino que forma parte de la misma oferta”.

De modo que lo conveniente es que los establecimientos dispongan de un sistema que garantice la seguridad del cliente y de sus bienes.

“Los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y todas las personas que intervienen en la producción y la comercialización de bienes y servicios, serán responsables solidariamente conforme al derecho civil, de las indemnizaciones que se deriven de las lesiones o pérdidas producidas por la tecnología, por instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas a la utilización de dichos productos o servicios”, precisa el artículo 102 de la Ley 358-05, en lo que respecta a la responsabilidad civil.

2014-01-13T09:40:00.001-04:00

INDOCAL NOMBRA PRO CONSUMIDOR ÓRGANO SANCIONADOR.

La Ley 166-12, del mes de abril de 2012, contenida en la Gaceta Oficial No. 10681, de fecha 13 de julio de 2012, contiene una serie de novedades en materia de metrología y calidad que van a repercutir y dan al traste directamente y positivamente en el sector consumo de la Republica Dominicana capitaneado por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor “Pro Consumidor”, por lo que debemos conocerla y porque no también comentarla para conocimiento del público en general (especialmente jueces, ministerio público, abogados y profesionales ligados al derecho de consumo en la Rep. Dom.), pues la misma consolida a Pro Consumidor como la instancia administrativa encargada de sancionar administrativamente, a todo proveedor de bienes y servicios que incurra en violaciones a las normas, disposiciones y patrones de calidad y metrología en todo el territorio nacional en consonancia con la Ley No. 358-05 sobre Protección General de los Derechos del Consumidor o Usuario.

Veamos entonces:

Articulo 112.- De las Sanciones: Procedimiento sancionatorio por incumplimiento. La venta de bienes y servicios de mala calidad o que violen los niveles de inocuidad y seguridad establecidos RT; las instalaciones o los sistemas productivos que no cumplan con las buenas prácticas de higiene, manufactura y agrícolas, establecidas en las normas y reglamentos técnicos nacionales o internacionales, y las mediciones de cualquier tipo, sujetas a control legal, no evaluadas o verificadas por el INDOCAL, son hechos que constituyen, para los fines de esta Ley, violaciones graves.

Párrafo: Las violaciones mencionadas en el artículo anterior, y otras que pudieran ser establecidas mediante Reglamento, serán sancionadas por Pro Consumidor y/o los demás organismos reguladores estatales de acuerdo con sus atribuciones legales, siempre que dichas sanciones se fundamenten en las actas de verificación de los dictámenes técnicos del INDOCAL.

Ley No. 166-12 que crea el SIDOCAL

José M. Valdez, Abogado/técnico en Derecho de Consumo.-

2014-01-08T10:32:00.001-04:00

Consejos imprescindibles del libro “Life's Little Instruction Book” que en español significa “Pequeño Libro de Instrucción de Vida”, publicación que rápidamente se convirtió en un best seller traducido a varios idiomas.

Gracias José Arturo por compartirlo conmigo y por permitirme compartirlo con mis amigos y relacionados.

He aquí los consejos:

Hijo:

• Cásate con la persona correcta. De ésta decisión dependerá el 90% de tu felicidad o tu miseria.

• Observa el amanecer por lo menos una vez al año.

• Estrecha la mano con firmeza, y mira a la gente de frente a los ojos.

• Ten un buen equipo de música.

• Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un compañero de tenis: busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa.

• Desconfía de los fanfarrones, nadie alardea de lo que le sobra.

• Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa.

• Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema para cada solución.

• Maneja coches que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una buena casa.

• Recuerda que no existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.

• No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a alguien que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe.

• Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche (dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza).

• Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir.

• Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más pesado.

• Haz lo que creas que sea correcto, sin importar lo que otros piensen.

• Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el momento en que ya no te dejará hacerlo.

• Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas.

• Ubica tus pretensiones en el marco de tus posibilidades.

• Recuerda el viejo proverbio: sin deudas, no hay peligros ni problemas.

• No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios.

• Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. El que no vive para servir, no sirve para vivir.

• Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno.

• Confía en la gente, pero cierra tu coche con llave.

• Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también “el gran riesgo”.

• Nunca confundas riqueza con éxito.

• No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos.

• No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices.

• Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos paguen parte de sus estudios.

• Haz dos copias de las fotos que saques y envíalas a las personas que aparezcan en las fotos.

• Trata a tus empleados con el mismo respeto con que tratas a tus clientes.

• No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta.

• No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene.

• Nunca compres un colchón barato: nos pasamos la tercera parte nuestra vida encima de él.

• No confundas confort con felicidad.

• Nunca compres nada eléctrico en una feria artesanal.

• Escucha el doble de lo que hablas (por eso tenemos dos oídos y una sola boca).

• Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a amigos.

• Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos.

• Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento.

• Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: disfruta mientras lo recorres.

• Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles.

• La persona de mayor riqueza no es la q más tiene sino la que menos necesita.

• La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo.

2014-01-07T14:59:00.001-04:00

EL PODER JUDICIAL A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.-

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes.

Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes.

Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

Artículo 150.- Carrera judicial. La ley regulará el estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad; así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial.

Párrafo I.- La ley también regulará la Escuela Nacional de la Judicatura, que tendrá por función la formación inicial de los y las aspirantes a jueces, asegurando su capacitación técnica.

Párrafo II.- Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela. Sólo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección.

Artículo 151.- Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley.

1. La ley establecerá el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de jueces y funcionarios del Poder Judicial. El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político partidista;

2. La edad de retiro obligatoria para los jueces de la Suprema Corte de Justicia es de setenta y cinco años. Para los demás jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se establecerá de acuerdo con la ley que rige la materia.

CAPÍTULO I
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 152.- Integración. La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización. Estará dividida en salas, de conformidad con la ley.

Artículo 153.- Requisitos. Para ser juez o jueza de la Suprema Corte e Justicia se requiere:

1. Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad;

2. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

3. Ser licenciado o doctor en Derecho;

4. Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos podrán acumularse.

Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:

1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria;

2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley;

3. Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes;

4. Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquiera otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes.

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Artículo 155.- Integración. El Consejo del Poder Judicial estará integrado de la forma siguiente:

1. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá;

2. Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma;

3. Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;

4. Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares;

5. Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.

Párrafo I.- Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo.

Párrafo II.- La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo.

Artículo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. Tendrá las siguientes funciones:

1. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley;

2. La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial;

3. El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia;

4. La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial;

5. El traslado de los jueces del Poder Judicial;

6. La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;

7. El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial;

8. Las demás funciones que le confiera la ley.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

SECCIÓN I
DE LAS CORTES DE APELACIÓN

Artículo 157.- Cortes de apelación. Habrá las cortes de apelación y sus equivalentes que determine la ley, así como el número de jueces que deban componerla y su competencia territorial.

Artículo 158.- Requisitos. Para ser juez de una Corte de Apelación se requiere:

1. Ser dominicano o dominicana;

2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

3. Ser licenciado o doctor en Derecho;

4. Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeñado como juez de Primera Instancia durante el tiempo que determine la ley.

Artículo 159.- Atribuciones. Son atribuciones de las cortes de apelación:

1. Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley;

2. Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios;

3. Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.

SECCIÓN II
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Artículo 160.- Juzgados de primera instancia. Habrá los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, con el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley.

Artículo 161.- Requisitos. Para ser juez de primera instancia se requiere:

1. Ser dominicano o dominicana;

2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

3. Ser licenciado o doctor en Derecho;

4. Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeñado como Juez de Paz durante el tiempo que determine la ley.

SECCIÓN III
DE LOS JUZGADOS DE PAZ

Artículo 162.- Juzgados de paz. La ley determinará el número de juzgados de paz o sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma como estarán organizados.

Artículo 163.- Requisitos. Para ser juez de paz se requiere:

1. Ser dominicano o dominicana;

2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

3. Ser licenciado o doctor en Derecho.

CAPÍTULO IV
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS

SECCIÓN I
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Artículo 164.- Integración. La Jurisdicción Contencioso Administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso administrativos de primera instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley. Los tribunales superiores podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurribles en casación.

Párrafo I.- Las y los jueces de los tribunales superiores administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de cortes de apelación.

Párrafo II.- Las y los jueces de los tribunales contencioso administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de primera instancia.

Artículo 165.- Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes:

1. Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter;

2. Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia;

3. Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles;

4. Las demás atribuciones conferidas por la ley.

Artículo 166.- Procurador General Administrativo. La Administración Pública estará representada permanentemente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el Procurador General Administrativo y, si procede, por los abogados que ésta designe. El Procurador General Administrativo será designado por el Poder Ejecutivo. La ley regulará la representación de los demás órganos y organismos del Estado.

Artículo 167.- Requisitos. El Procurador General Administrativo deberá reunir las mismas condiciones requeridas para ser Procurador General de Corte de Apelación.

SECCIÓN II
JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS

Artículo 168.- Jurisdicciones especializadas. La ley dispondrá de la creación de jurisdicciones especializadas cuando así lo requieran razones de interés público o de eficiencia del servicio para el tratamiento de otras materias.

CAPÍTULO V
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Párrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Párrafo II.- La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya.

Artículo 170.- Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad.

SECCIÓN I
DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 171.- Designación y requisitos. El Presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. Para ser Procurador General de la República o adjunto se requieren los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. La ley dispondrá la forma de designación de los demás integrantes del Ministerio Público.

Artículo 172.- Integración e incompatibilidades. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, y por las y los demás representantes establecidos por la ley.

Párrafo I.- El Ministerio Público estará representado ante la Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República y por las y los procuradores adjuntos, de conformidad con la ley. Su representación ante las demás instancias judiciales será dispuesta por ley.

Párrafo II.- La función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista.

SECCIÓN II
DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 173.- Sistema de carrera. El Ministerio Público se organiza conforme a la ley, que regula su inamovilidad, régimen disciplinario y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus órganos de gobierno, garantizando la permanencia de sus miembros de carrera hasta los setenta y cinco años.

SECCIÓN III

DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 174.- Integración. El órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual estará integrado de la manera siguiente:

1. El Procurador General de la República, quien lo presidirá;

2. Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República elegido por sus pares;

3. Un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus pares;

4. Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares;

5. Un Fiscalizador elegido por sus pares.

Párrafo.- La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo.

Artículo 175.- Funciones. Las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público son las siguientes:

1. Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público;

2. La administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público;

3. Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República;

4. Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran;

5. Trasladar a representantes del Ministerio Público, provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previstas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República;

6. Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Ministerio Público pueda cumplir las atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes;

7. Las demás funciones que le confiera la ley.

CAPÍTULO VI
DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LA ASISTENCIA LEGAL GRATUITA

Artículo 176.- Defensa Pública. El servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución.

Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal.

2013-12-10T16:00:00.000-04:00

LA POTESTAD SANCIONADORA DE PRO CONSUMIDOR Y SU JUICIO POR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA.

Es muy importante hacer de conocimiento a toda la comunidad jurídica sobre la potestad sancionadora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor “Pro Consumidor”.

En ese sentido es preciso significar en primer lugar que:

El artículo 51 de La 358-05, que creó a Pro Consumidor.“La directora ejecutiva tiene competencia de oficio o ante denuncia para intervenir en los casos de inexactitud del peso y medida de los productos y servicios que se oferten en el mercado”.

Constitución de la República precisa en el artículo 53 que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley 358-05.

En ese mismo orden el artículo 52, expresa: “la Dirección Ejecutiva promoverá además, la adopción generalizada del sistema métrico decimal, conforme a los compromisos internacionales asumidos en la materia, a los fines de sustituir cualquier otro sistema de pesos y medidas que todavía continúe aplicándose en el país”.

La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05 en su artículo 22 establece que Pro Consumidor, está facultado para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado y sus actuaciones pueden ser de oficio o a denuncia de parte según la misma norma. La misma ley especifica que “Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

Mientras que los artículos 22, 23, 27,42, 51 y 105 de la ley 358-05 establecen las atribuciones que tiene la Dirección Ejecutiva, como órgano competente para conocer por vía administrativa de los casos que entren en conflictos con esta ley, y establecen que en caso de encontrar violaciones a las disposiciones de la misma deberá ejecutar acciones correctivas y las penalizaciones contempladas en la ley siempre observando el debido proceso.

El artículo 43 de la ley, se referirse a la adulteración y eliminación de fechas de vencimiento de productos, será sancionado por la Dirección ejecutiva con la incautación de los productos, multas y reparación de daños.

El artículo 136, al referirse al financiamiento de la Institución, el literal c, establece que se financiara con el 50% de a multas impuestas a los infractores de las disposiciones de la presente ley.

En otro orden está el interés público y el bienestar general que prevalecen ante cualquier precepto, criterio o principio que pueda sustentar una decisión administrativa o jurisdiccional, sobre todo, cuando la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05 se define como de orden público, imperativa y de interés social.

La Ley 358-05 es un instrumento jurídico tan claro que establece una diferenciación entre las responsabilidades civiles, penales y de orden administrativo, según los artículos 104 y 105, de la ley 358-05 por lo que otorga facultad a la Autoridad Administrativa que es Pro Consumidor, para actuar tanto por la vía administrativa, como de manera concurrente o separada, y cuando lo entienda pertinente, por los tribunales civiles y penales.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 138 los principios de la Administración Pública “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

El Estado de Derecho es el imperio de la Ley. De una ley que vincula y somete a todos, incluidos los poderes públicos, y que los somete, como dice nuestra Constitución, de forma plena. Quienes se encargan de controlar que, en efecto, la Administración actúa respetando la Ley y el Derecho son los Tribunales de justicia (…)”.

El artículo 112 de la Constitución estipula que “Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares”.

Finalmente no podemos dejar de mencionar los preceptos claramente establecidos en los artículos 109, 110, 111 y siguientes de la Ley 166-12 del diecinueve (19) de julio de 2012 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), mediante la cual confiere al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor “Pro Consumidor” de potestad suficiente tanto de autoridad reguladora de inspección como sancionadora. Que mas es lo que necesitan nuestros distinguidos, capaces y versados jueces del ordenamiento jurídico dominicano para hacer cumplir, proteger y salvaguardar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el constitucionalmente consagrado Derecho de Consumo.

José Miguel Valdez, Abogado/avezado en Derecho de consumo.

2013-09-06T14:47:00.004-04:00

El Oficial de Cumplimiento: funciones, rendición de cuentas y responsabilidades 1. Funciones. Las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento establecidas en los diferentes cuerpos normativos son, en esencia, similares. A modo de resumen, señalamos los siguientes: a) Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. b) Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, conocimiento de la banca corresponsal, según corresponda. De igual modo, verificar la aplicación de los procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, gerentes y trabajadores. c) Revisar periódicamente las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de operaciones y de los procedimientos implementados para la exclusión de clientes del mencionado registro, cuando corresponda. d) Revisar las opiniones independientes y otras evaluaciones realizadas sobre los clientes a ser excluidos del registro de operaciones, cuando corresponda. e) Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. f) Promover la definición de estrategias para prevenir el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. g) Revisar periódicamente las Listas sobre personas involucradas en actividades terroristas de las Naciones Unidas, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa. h) Revisar periódicamente la Lista OFAC de personas vinculadas con actividades de narcotráfico o terrorismo, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa. i) Revisar periódicamente la Lista de Países y Territorios no Cooperantes del GAFI, a fin de detectar si algún cliente está haciendo operaciones desde o hacia dichas jurisdicciones. j) Tomar las acciones necesarias para asegurar que el personal de la empresa cuente con un nivel de capacitación apropiado que le permita detectar operaciones inusuales y sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual para la Prevención. k) Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual para la Prevención. l) Llevar un control de las operaciones comunicadas por el personal como inusuales. m) Analizar las operaciones inusuales detectadas con el objeto de determinar si podrían ser calificadas como sospechosas. n) Calificar, cuando corresponda, las operaciones inusuales como sospechosas. o) Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en representación del sujeto obligado. p) Ser el interlocutor del sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. q) Emitir informes trimestrales sobre su gestión como Oficial de Cumplimiento al Presidente del Directorio u órgano equivalente del sujeto obligado, cuando corresponda. r) Emitir informes semestrales sobre la situación del sistema de prevención y su cumplimiento dentro del sujeto obligado, cuando corresponda. s) Emitir informes anuales sobre la situación del sistema de prevención y su cumplimiento, cuando corresponda. t) Las demás que sean necesarias para vigilar el cumplimiento del sistema de prevención. El Oficial de Cumplimiento tiene a su cargo responsabilidades que, aún cuando no aparezcan en el texto legal de manera expresa, son conexas y no debe restársele importancia, y pueden dividirse en funciones legales, operativas y de análisis. Las funciones legales son aquellas establecidas en la propia norma. Son funciones legales, las siguientes: a) Vigilar el cumplimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. b) Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y conocimiento del trabajador. c) Definir las estrategias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. d) Proponer señales de alerta. e) Revisar las tipologías. f) Elaborar los reportes de operaciones sospechosas. g) Capacitar al personal. h) Ser el interlocutor del sujeto obligado ante la UIF-Perú. i) Elaborar y presentar informes trimestrales, semestrales y anuales. j) Llevar el control de las operaciones comunicadas por el personal. k) Llevar el control de las operaciones inusuales. l) Llevar el control de las operaciones sospechosas. m) Atender los requerimientos de las autoridades. n) Elaborar los registros de operaciones. Las funciones operativas son las que alimentan el Sistema de Prevención y mantienen su vigencia. a) Custodiar los registros de operaciones y documentos de cumplimiento. b) Revisar las bases de riesgo, tales como la Lista OFAC, la Lista ONU y la Lista GAFI. c) Revisar y actualizar la base negativa de personas. d) Llevar un control de las operaciones registradas. e) Llevar un control de los documentos de análisis de operaciones inusuales. f) Elaborar estadísticas. g) Hacer seguimiento y monitoreo de operaciones y clientes. h) Revisar los contenidos de la capacitación. i) Alimentar las diferentes bases de datos. j) Elaborar memorandos y directivas. k) Actualizar el registro de clientes PEP. l) Establecer variables de riesgo de la actividad del sujeto obligado, por cliente y por sus operaciones. Las funciones de análisis son aquellas que implican evaluación, tratamiento, procesamiento y calificación de información. a) Calificar las operaciones inusuales como sospechosas. b) Analizar la información de riesgo para determinar su carácter inusual. Este listado de funciones detalladas en sus tres vertientes no son limitativas y su contenido varía positiva o negativamente según sean las necesidades de la prevención del lavado de activos, el tamaño del sujeto obligado y el nivel de especialización y conocimientos que posea el responsable de cumplimiento. Todas las responsabilidades detalladas líneas arriba así como aquellas tareas conexas deberán constar en un Plan o Programa de Trabajo elaborado por el Oficial de Cumplimiento, que deberá ser puesto en consideración del Directorio u órgano equivalente del sujeto obligado, y aprobado antes del 31 de diciembre de cada año para su oportuna ejecución. El Plan o Programa de Trabajo debe contener además de las responsabilidades anotadas, la metodología a emplearse para las revisiones del nivel de cumplimiento del sistema de prevención, las actividades a desarrollarse, y los plazos y fechas para la ejecución de las mencionadas responsabilidades. Los sujetos obligados regulados por la Resolución SBS Nº 486-2008 no requieren elaborar un Plan o Programa de Trabajo, sin embargo, aunque la norma no lo establezca pero por una cuestión de orden y planificación, es pertinente que el Oficial de Cumplimiento diseñe un Plan o Programa de Trabajo que contenga cada una de las responsabilidades que le competen. 2. Rendición de cuentas. El desarrollo de las funciones por parte del Oficial de Cumplimiento trae como contrapartida la rendición de cuentas, esto es, el acto por medio del cual su trabajo es puesto en conocimiento del Directorio u órgano equivalente del sujeto obligado y del órgano supervisor. El Oficial de Cumplimiento puede rendir cuentas de su trabajo de diferentes maneras: 2.1. Rendición de cuentas por imperio de la Ley. Son aquellas que se realizan por mandato de la Ley. Entre éstas tenemos:  Informes trimestrales.  Informes semestrales.  Informes anuales. 2.2. Rendición de cuentas a instancia de parte. Son aquellas que no están reguladas por la Ley y se producen como consecuencia de pedidos de información sobre determinados asuntos. Entre éstas tenemos:  Información solicitada por el Directorio u órgano competente del sujeto obligado  Información solicitada por los auditores internos y externos.  Información solicitada por la autoridad competente. 2.3. Rendición de cuentas predeterminadas. Son aquellas que no las ordena la Ley ni se realizan a instancia de parte, sino que se elaboran en cumplimiento de un plan o programa de trabajo. Se denominan también informes de gestión. 3. Responsabilidades. El Oficial de Cumplimiento tiene una responsabilidad tripartita. Revisemos cada una de ellas. 3.1. Responsabilidad administrativa. Para el ejercicio de sus funciones, el Oficial de Cumplimiento debe desarrollar una serie de acciones que establece la regulación anti lavado. El incumplimiento de esas funciones genera responsabilidad administrativa para el Oficial de Cumplimiento. La responsabilidad administrativa del Oficial de Cumplimiento se presenta cuando éste incumple con las funciones que le asigna la Ley y este incumplimiento es advertido por el órgano supervisor. 3.2. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil del Oficial de Cumplimiento se presenta cuando el cliente reportado, por alguna circunstancia, deduce que la atribución que se le hace de realizar prácticas de lavado de activos y que le ha causado perjuicio, ha sido originado en un eventual reporte efectuado por el Oficial de Cumplimiento de un determinado sujeto obligado. El cliente perjudicado, en ejercicio de su derecho de acción, puede iniciar contra el Oficial de Cumplimiento y el sujeto obligado un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios (art. 1969 del Código Civil, indemnización de daño por dolo o culpa). Un aspecto fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan responsabilidad civil sin lugar a dudas es el aspecto objetivo del daño causado, pues solamente cuando se ha causado un daño de configura jurídicamente un supuesto de responsabilidad civil, produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la obligación legal de indemnizar, bien se trate del ámbito contractual o extracontractual, ya que en caso contrario no existirá ningún sustento para el nacimiento de dicha obligación (Lizardo Taboada Córdova, Elementos de Responsabilidad Civil, Editorial Grijley, segunda edición, Lima, 2003, pág. 60). En la responsabilidad civil extracontractual, el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que configure el supuesto de responsabilidad civil extracontractual (Lizardo Taboada Córdova, op. cit., pág. 84), donde el daño causado es la afectación del negocio por la imagen o reputación desfavorable ante un proceso judicial sin sustento real; y, la conducta antijurídica sería el Reporte de Operación Sospechosa enviado a la UIF-Perú, posteriormente judicializado, sin mayores argumentos objetivos sólidos de sospechosa respecto de la ilicitud sobre el origen de los fondos utilizados. 3.3. Responsabilidad penal. Una de las principales funciones del Oficial de Cumplimiento consiste en calificar a una operación inusual como sospechosa y comunicarla a la UIF-Perú a través del Reporte de Operación Sospechosa y dentro del plazo que establece la Ley. No reportar una operación calificada como sospechosa por parte del Oficial de Cumplimiento, trae como consecuencia que éste quede incurso en la comisión del delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, previsto y sancionado por el artículo 4º de la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. De aplicación en el Perú---gracias al Dr. Jose Arbulu Ramirez

2013-08-12T13:29:00.002-04:00

LA DEMANDA EN DIVORCIO Autor: José Miguel Valdez Antes de entrar en lo que es el divorcio, tenemos que hablar un poco de lo que es el matrimonio y sus diferentes maneras de disolución. El Matrimonio se disuelve por dos razones fundamentales, a saber, a) por la muerte de uno de los conyugues ya que, de acorde nuestra disposiciones legales vigentes, ante la desaparición física de una de los sujetos que mantiene vigente el contrato nupcial el vinculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos validos. En consecuencia, tras declararse oficial y legalmente la defunción de uno de los cónyuges, se extingue el matrimonio. b) Por medio del divorcio. DIVORCIO Este puede definirse como el acto de separar, desunir o romper el lazo jurídico del matrimonio entre los esposos por intermedio de una decisión judicial emanada de un tribunal competente. También puede ser definido el divorcio como la sanción judicial resultante de una acción encaminada a obtener la desilusión matrimonio por una de las causa señaladas taxativamente por al ley. El divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del vinculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad judicial facultadas por las leyes para declarar su anulación. EVOLUCION En Roma En el derecho Romano la disolución del matrimonio se conocía como Divortium. Se producía por diversas razones entre las cuales podemos señalar: a) incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; b) Por la muerte de uno de ellos; c) Por la capitis diminutiom; d) Por el incestu superveniens, que se da cuando el suegro adoptaba como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición de hermanos. e) Por llegar al cargo de senador quienes estuviese casado con una liberta, y f) Por la cesación de la affectio maritales, consistente en la voluntad de ambos conyugues de poner término al matrimonio, Esta última causa casi siempre era suplida por el divortium o por el repudio, refiriéndose al concepto repudium la faculta que tenían una de los esposos o realizarlo por mutuo disenso. En Francia El divorcio no estaba originalmente permitido, sin embargo, con la revolución francesa se abrió la posibilidad de dar por terminado el matrimonio mediante el llamado divorcio contrato, toda ves que hasta ese momento el matrimonio era considerado indestructible, eclesiástico y sagrado. Posteriormente se estableció divorcio sanción, y fueron asimilándose diversas ordenanzas que planteaban pedir el divorcio en los casos de: Adulterio, Muerte de uno de los conjugues, cadena pena criminal, abandono del hogar exceso, sevicias e injurias graves entre los cónyuges y por violación graves de los deberes resultantes del matrimonio. En Republica Dominicana En nuestro País se legislo por primera vez en materia de divorcio a partir del año 1897, ya que para el año 1884, con la traducción y adecuación de los códigos franceses esta figura estaba excluida de los mismo y solo estaba previsto lo relativo a la separación personal. Tras luchar contra las fuertes y férreas oposiciones de la iglesia católica y con otros sectores conservadores de la nación, finalmente se impuso la sensatez y, en efecto, el día 6 de mayo del 1884 entro en vigencia la ley de sobre divorcio y separación de cuerpo y bienes, que vino hacer el primer instrumento legal de esa especie imperante en Republica Dominicana. En el año 1899, entro en vigencia una nueva ley detallando mas claramente la razones que motiva el divorcio, tomando como base la legislación anterior. Se introdujeron modificaciones en los años 1921 y 1929, para continuar con la ley 843, del 19 de febrero del 1935 y concluir con la ley 1306-bis de 1937 y sus modificaciones que es la que actualmente nos rige en materia de divorcio. Obtención del divorcio El divorcio se obtiene a requerimiento de ambos esposos cuando los mismo manifiestan de manera inequívoca y en conjunto su deseo de separarse; puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes cuando la vida en pareja se hace insostenible, irreconciliable debido a diferencia de tal magnitud que la única salida viable es la de recurrir a la separación definitiva. Causa del Divorcio La ley 1306-bis plantea como motivo del divorcio, de manera expresa, excluyente y limitativa las causas siguientes: a) el mutuo consentimiento de los esposos; b) la incapacidad de caracteres, justificada por hechos cuya magnitud como causa de infidelidad de los conyugues y de perturbación social suficiente para motivar el divorcio; c) la ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en el capitulo II, Titulo IV, Libro Primero del Código Civil; d) El adulterio de cualquiera de los cónyuges; e) La condenación de uno de los esposo a pena criminal, Obviamente que esa causa solo podría alegarse cuando la sentencia condenatoria haya conseguido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. La misma ley agrega que tampoco puede alegarse esa causa cuando se trato de delitos políticos f) La sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro. La sevicia se refieren a los malos tratos, la violencia las vía de hecho y los golpes ocasionado en perjuicio de otro conyugue, adquiriendo esta causa un carácter también penal rezan por la cual el conyugue infractor le son aplicable las disposiciones de la ley 24-97 siempre que la victima lo solicite por la autoridad correspondiente ya que el tribunal civil que conoce el divorcio no es competente para juzgar en esa materia; g) el abandono voluntario que uno de los esposos haga en el hogar siempre que no recrece en el termino de dos años, teniendo como partida la notificación autentica hecha al conyugue que abandonado el hogar; h) La embriaguez habituar de uno de los esposos, o el uso habituar o inmoderado de droga o estupefacientes. Este último hecho conlleva sanciones penales, por violación a la ley 50-00 sobre drogas y sustancias controladas. Por consiguiente si hacemos abstracción de lo dispuesto en el articulo 5 de la ley 1306-bis en cuanto a que si el hecho alegado por el demandante da lugar a una persecución penal contra el demandado la acción en divorcio queda suspendida asta que el tribunal represivo decida de manera definitiva sobre el asunto alegado. Competencia Según la ley 50-00 Aunque la regla ante señalada era la imperante lo la entrada de la ley 50-00 de fecha 26 del mes de Julio del año dos mil, que establece un nuevo sistema de apoderamiento de los tribunales de primera instancia en los distrito judiciales de santo domingo y de santiago, no debe de tomarse en cuenta lo relativo a la residencia del demandado toda ves que los apoderamiento debe de hacerse a través de un juez presidente de la cámara civiles y comerciales designado por la suprema corte de justicia el cual se encarga de asignar y distribuir los expedientes entre los diferentes jueces utilizando un método computarizado y aleatorio. Demanda en Divorcio por Incompatibilidad de Caracteres Procedimiento La demanda en divorcio debe realizarse por medio de un acto de apoderamiento en el cual se cumplan todas las reglas de forma y de fondo exigidas por la ley, debiendo solo agregarle algunas menciones especiales. Ante de empezar, es necesario que el abogado tenga a mano todos los documento que hará valer como soporte de sus pretensiones: el acta de matrimonio debidamente legalizada, las acta de nacimiento de los menores si los hay, el poder de representación, las publicaciones del aviso del periódico cuando la mujer es la demandada y su residencia es desconocida, la lista de los testigo que se quiere que sean escuchado en la audiencia y cualquier otro documento que sirva de soporte a la demanda. El artículo 4 de la ley de divorcio exige que los documentos sean comunicados al demandado conjuntamente con el acto de emplazamiento. Formalidades del Emplazamiento El emplazamiento de divorcio debe indicar la citación expresa para que el demandado comparezca personalmente o mediante un apoderado con poder autentico al tribunal, en el día previsto y a la hora señalada, razón por la que no se emplaza para que se constituya abogado sino para que se presente al tribunal, por que la citación es a fecha fija. El emplazamiento debe contener la indización de que la audiencia Serra celebrada a puerta cerradas, que se están notificando los documentos en cabeza del acto y debe contener las conclusiones correctamente detalladas, en cuanto a la regularidad y admisibilidad de la misma y sobre todo, a pena de nulidad, lo relativo al pedimento de la guarda de los menores, siempre y cuando fuere procedente. La guarda de los Menores En razón de que ese es uno de los puntos mas impórtate y no menos conflictivo de la demanda en divorcio debemos señalar que el juez debe acoger lo que las partes hayan acordado sobre la guarda de los menores y que a falta de convenio entre los esposo todos lo hijos menores de 4 años deben permanecer al amparo y bajo el cuidado de la madre a menos que el divorcio no se pronuncie contra ella por haber sido condenada a una pena criminal, por cometer sevicia e injurias graves en contra del esposo, por haber abandonado voluntariamente por mas de dos años el hogar o por embriagarse o consumir regularmente drogas o estupefacientes. Los hijos mayores de 4 años, deben ser confiado al cuidado del padre que haya obtenido el divorcio a menos que el tribunal, acorde con las circunstancias, y procurando el bienestar de los menores no lo otorgue a cualquiera de los padres o a uno tercera persona siendo una responsabilidad ineludible de ambos padres velar por la educación y el sostenimiento de los menores independientemente de que tenga la guarda. Emplazamiento a Domicilio Desconocido Puede darse el caso que se desconozca el domicilio de la parte demandada ya sea porque reside en el extranjero o porque aun residiendo en el país no se sabe con exactitud el lugar de su residencia. El emplazamiento a domicilio desconocido tiene una doble finalidad: determinar la competencia, y garantizar el derecho de defensa de la parte demandada. Cuando el demandado reside fuera del territorio dominicano, se consideraba como tribunal competente el lugar de domicilio de la parte demandante, sin embargo las modificaciones procedí mentales introducidas por la ley 50-00 al establecer un mecanismo de apoderamiento aleatorio de los expedientes hacen aplicable a modalidad de determinación de competencia debido a que ya las cámaras civiles y comerciales no tienen una jurisdicción especifica como ante sin importar el lugar de residencia del demandante o el demandado puede ser apoderada aleatoriamente de expediente para cuyo conocimiento no podrán declararse competente, como ocurriría abecés, en que alguno jueces se declaraban incompetente y enviaban el asunto pro ante otro que también se declaraba incompetente porque era al magistrado que originalmente avía declarado la incompetencia a quien correspondía conocer el fondo del mismo, dejando el expediente en el limbo jurídico y provocando significativas perdidas tanto de tiempo como de recurso a clientes y abogados. Notificaciones a Domicilio Desconocido Tan Pronto se determina que la parte demandada tiene domicilio desconocido, el acto de emplazamiento debe acceder con varios traslados: 1, al lugar de la ultima residencia del Emplazo y hacer constar, ya sea hablando con un vecino o una persona que resida en ese mismo domicilio que la persona que se pretende localizar no reside ahí no lo conoce. Algunos autores plantean que debe continuarse indagando en el ayuntamiento, o en cualquier otra oficina publica en la que se pueda obtener conocimiento de esa persona, sin embargo para fines de aplicación practica ese planteamiento resurta tedioso e inaplicable; razón por la cual el alguacil después de realizar el traslado al ultimo domicilio o debe trasladarse al tribunal que va a conocer la demanda y notificar en la secretaria su intención de dejar en la puerta del mismo una copia del acto de emplazamiento procediendo a colocar en un mural destinado a tales fines, debiendo además de notificar copia del acto al procurador fiscal del distrito judicial correspondiente quien procede a visar el original del mismo, todo en virtud del ordinal Séptimo del articulo 69 del código de procedimiento civil. Publicidad en la Citación, en Domicilio Desconocido Si la parte demandada es el esposo, vasta con lo anterior descrito, pero si por la contrario a quien se demanda es a la mujer, entonces debe cumplirse una formalidad previa consistente en publicar durante tres días consecutivo en un periódico de circulación nacional, un aviso indicándole a la mujer que a falta de conocer su residencia se procederá a notificar el emplazamiento en mano del procurador fiscal del distrito judicial correspondiente. El aviso publicado en el periódico debe contener las generales de la parte demandada, su ultimo domicilio desconocido, el día en que se hará el emplazamiento en mano del fiscal, el objetivo de la demanda, la fecha en que se celebrara la audiencia y las generales de la parte demandante. Las tres Publicaciones deben ser registrada y certificada por la editora que publica el periódico porque copia de ellas deben ser notificado conjuntamente con el emplazamiento en manos del procurador fiscal y son una pieza importante del procedimiento ya que si no se cumple con esa formalidad, el tribunal declara irrecibible la demanda en divorcio lo que implica asumir mayores gastos y reiniciar el proceso. En lo que tiene que ver en los emplazamiento a domicilio desconocido debemos ser muy cuidadoso al meno de incoar la demanda para evitar cometer errores que puedan alterar y prolongar un proceso que tiende hacer sencillo, practico y de fácil solución. Celebración de la audiencia La audiencia de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, por ser un asunto de orden publica, se celebra a puerta cerrada y no haber dentro de la sala del tribunal nadie ajeno al proceso o que no sea parte del tribunal. Comparecencia de las Partes El demandante puede comparecer o simplemente hacerse representar por su abogado, procediendo a iniciar de manera detallada al tribunal los motivos, argumento y razones que sustentan su acción judicial, así como hacer valer los documentos y presentar los testigos que quieres que sean escuchados y posteriormente presentar conclusiones al fondo. La parte demandada puede también comparecer personalmente, hacerse representar por un apoderado especial, presentar todos los medios de defensa, los incidentes, nulidades, los medios de in admisión y todo cuanto considere útil para su causa. Puede además presentar testigos, siempre y cuando haya notificado la lista de los mismos a la parte demandante por lo menos dos días antes de la audiencia, tomando en consideración que en esta materia pueden disponer como testigo, sin ser tachado, los parientes y criados de las partes, excepto los hijos y descendiente de los mismos. Como se ve, tanto el demandante como el demandado pueden no comparecer en la audiencia razón por la cual es conveniente que a falta de estos se presente por lo menos un testigo, para que de esa forma los jueces puedan instruir inmediatamente el proceso y evitar dilataciones estériles e innecesarias. Durante el desarrollo del proceso el secretario toma anotaciones y plasma por escrito las incidencias y por menores de las declaraciones de las partes y de los testigos debiendo dicha acta ser firmada por las personas cuyas declaraciones se consignan. Opinión del Procurador Fiscal Por tratarle de una demanda de divorcio y por interesar el orden publico, el tribunal después de haber instruido el proceso, ordena la comunicación del expediente al procurador fiscal para que este proceda a emitir su opinión o dictamen en un plazo de 5 días y lo devuelva al tribunal. Emisión y Contenido de la Sentencia Una ves el expediente esta debidamente instruido y el ministerio publico halla emitido su dictamen, dependiendo de las pruebas aportadas, de la seriedad de la demanda y de los diversos factores que adornen el asunto sometido a su consideración, el tribunal admite o desestima el divorcio. Esa decisión debe estar debidamente motivada y debe de cumplir con los requisitos y formalidades propias emanadas de nuestros tribunales en lo que tiene que ver con los nombres de los jueces, de los abogados, de las partes, sus conclusiones, la exposición sumaria de los hechos, los punto de derecho, los fundamento y el dispositivo. Recursos La ley 1306-bis dispone que las sentencias de divorcio por causa determinada se consideren contradictoria aun en los casos en que la parte demandada no comparezca o que el demandante haga defecto por falta de concluir y por consecuencia el único recurso que puede atacarse para atacar una decisión de primer grado es el recurso de apelación. Sin embargo, en grado de apelación, puede validamente interponerse el recurso de oposición contra las dediciones emanadas de ese tribunal de alzada. Las sentencias de divorcio admiten también la posibilidad de interponer recurso de casación el cual es suspensivo de pleno derecho en virtud en las disposiciones contenidas en el articula 12 de la ley 3726 sobre procedimiento de casación. Pronunciamiento del Divorcio Una vez Obtenida la sentencia en ultima instancia o que halla adquirido la autoridad de la cosa juzgada, el beneficiario de la sentencia esta obligado a presentarse ante el oficial del estado civil en un plazo de 2 meses, para pronunciar el divorcio y transcribir el dispositivo de la sentencia en el registro del estado civil, debiendo previamente emplazar a pena de nulidad a la contra parte, para que este presente el dia del pronunciamiento y para que el mismo se haga en su presencia. La parte intimada casi nunca comparece a ese llamado, sin embargo la misma ley contempla sanciones para aquellos oficiales del estado civil que realicen las transcripciones en los registro destinados a esos fines, sin que se haya cumplido cabalmente la formalidad de la citación. Si se deja transcurrir el plazo de 2 meses sin realizar el pronunciamiento correspondiente, se considera la no existencia del divorcio y deberá entonces iniciarse un nuevo procedimiento tendente a obtener el divorcio y por una causa distinta a la originalmente alegada. Publicación del Divorcio En los ocho días siguientes al pronunciamiento del divorcio debe realizarse la publicación en un periódico de circulación nacional del dispositivo, in-extenso, de la sentencia que admite el divorcio, haciendo mención en la misma de lo relativo al pronunciamiento realizado por esta el oficial del estado civil correspondiente. Aunque la mayoría de los abogados no observan depositar en la secretaria del tribunal una copia certificada de la publicación del divorcio, la ley contempla la obligatoriedad de cumplir esa formalidad incluso prevé una sanción penal consistente en una multa para aquellos que la incumplan. Recomendamos a ser acopio de las formalidades legales relativas a la publicación ya que hay algunos jurista que consideran que es a partir de ese momento que empieza a correr el plazo establecido para la demanda en partición, claro, en aquellos casos en que se hayan fomentado bienes, sin embargo nuestra Suprema Corte de Justicia a sostenido que dicho plazo empieza a computarse a partir del momento de la trascripción del dispositivo de la sentencia en el libro del registro civil. Medidas Provisionales en la Demanda de Divorcio Cuando se apodera un tribunal para que conozca y decida sobre una demanda de divorcio, las partes pueden solicitar determinadas medidas provisionales que prevé la misma ley 1306- bis, entre las cuales se encuentran las siguientes: la administración y guarda provisional de los hijos, una pensión ad-litem que garanticen los alimentos en favor de la mujer mientras dure el proceso del divorcio, lo relativo al domicilio de la mujer y medidas afines. Efectos del Divorcio Dentro de las consecuencia inmediata del divorcio se encuentran las relativas a que, cuando los esposos vuelven a contraer nuevas nupcias entre ellos mismos, deben adoptar el mismo régimen que tenían ante del divorcio. La mujer no puede volver a contraer nuevas nupcias durante los 10 meses siguientes, ameno que sea con su antiguo cónyuge, y el esposo contra el cual se ha pronunciado el divorcio por adulterio condenación a pean criminal, sevicia e injurias graves e embriaguez en forma habituar, pierde toda las ventajas que habi9a obtenido durante la vigencia del contrato de matrimonio. Divorcio por Mutuo Consentimiento El divorcio por mutuo acuerdo es aquel mediante el cual las partes se ponen de acuerdo para divorciarse porque no pueden seguir conviviendo pero no quieren someterse a litigio ni contradicciones, sino que acuden por ante un notario publica a los fines de levantar un acta denominada de estipulaciones y convenciones contenido todos los aspecto que a de regular esa separación aparentemente. Condiciones Solo pueden acudir al procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento aquellos esposos que tengan más de dos años y menos de treinta de vida comuna cuando el esposo tenga menos de 60 años de edad y la mujer menos 50; en caso contrario no es admisible este tipo de procedimiento y en consecuencia debe descartarse inmediatamente la posibilidad de llevarlo a cabo por esa vía. Tribunal Competente Para la realización del divorcio por mutuo consentimiento el tribunal competente es el domicilio de las partes en relación con la competencia es conveniente señalar que cuando se trate de los distrito judiciales de Santo Domingo y Santiago estará sujeta a las disposiciones previstas en la ley No. 50-00 que establece un nuevo sistema de apoderamiento para las citadas demarcaciones judiciales. Rol de los Tribunales en Materia de Divorcio por Mutuo Consentimiento El tribunal solo se limita a aprobar y homologar el acuerdo suscrito entre las partes, tras cerciorarse de que dichas estipulaciones son adecuada, correctas y acorde con el orden público y las buenas costumbres. Si el tribunal por una o otra razón no acepta el acta de estipulaciones el tramite de divorcio se suspende hasta tanto sea regularizada la falta que dio origen a la suspensión. En el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento las partes no tienen que decir ante el tribunal las razones íntimas que tienen para divorciarse. Procedimiento Para este divorcio se requiere tener a mono los documento siguientes: a) el acta de matrimonio debidamente legalizada; b) Las actas de nacimiento de los hijos, si los hay; c) Los documento justificativos de propiedad, si los hay; d) Las documentaciones propias de cada caso en particular y sobre todo levantar ante un notario Publico un acto autentico denominado acta de estipulaciones y convenciones. Acta de estipulaciones y convenciones El acta de convenciones y estipulaciones es el documento base de este tipo de divorcio y para su elaboración deben observarse, a pena de nulidad, determinadas formalidades. Las partes, previamente de acuerdo, se dirigen ante un Notario Publico y le manifiestan el deseo de las partes de divorciarse, inmediatamente el Notario procede a elaborar dicho documento, dicho acto debe ser firmado por las partes, conjuntamente con el Notario; el mismo deberá demostrar con su contenido que las partes se han puesto de acuerdo, con relación con los puntos fundamentales que ha de regir esa separación y que comprende lo relativa a: a) a la pensión ad-liten o la mención de la renuncia a la misma por parte de la mujer; b) la guarde de los niños menores de edad; c) la manutención de los hijos, d) la partición de los bienes muebles e inmuebles o la mención de que no fomentaron ningún bien; e) lo relativo al poder otorgado al abogado para que lleve a cabo el procedimiento. Es bueno recalcar que dicha acta es un acto autentico, entendiéndose como el escrito otorgado por el oficial publico con el derecho y capacidad para levantar escritura observando las solemnidades requeridas. La autoridad no es más que el carácter de verdad que la ley imprime a ciertos actos. Solicitud y Fijación de Audiencia Después de haber realizado el acta se procede a realiza una instancia solicitando a la presidencia de la cámara civil y comercial la designación de una sala y obtener la fijación de audiencia, acompañando esa solicitud de los documento que el sirven de base a la demanda de divorcio. Este será depositado con la instancia, el acta de matrimonio original y el acto de nacimiento de los hijos, ante el tribunal civil competente solicitando la disolución de la unión matrimonial. Audiencia y emisión de Sentencia El día de la audiencia, comparece el abogado apoderado quien en representación de ambas partes, y sin que haya contestación litigiosa de ninguna índole, procede a leer las conclusiones de fondo y solicitando que sena acogidos por el tribunal, los acuerdos a que arribaron las partes al momento de levantar el acta de convenciones y estipulaciones. Obtención, Registro y Pronunciamiento de la Sentencia El juez se limita, por regla general, a homologar dicha acta, emitiendo una sentencia que admite el divorcio entre los cónyuges y ordena el pronunciamiento de la misma por ante el oficial del estado civil correspondiente. Después de gestionar y obtener la sentencia en divorcio se procede a registrarla para que tenga fecha cierta y la parte mas diligente, acude ante el oficial del estado civil correspondiente a los fines de cumplimiento de formalidad a la ley del pronunciamiento. Publicación del Divorcio Es Obligatorio Publicar en un Periódico de circulación nacional un extracto contentivo de la sentencia de divorcio. Tras realizarse la publicación del divorcio se obtiene una copia certificada por la dirección del periódico dando constancia de la certeza de la referida publicación e indicando el número y la edición correspondiente. Recursos En los divorcios por mutuo consentimiento no es admisible ningún tipo de recurso emanada por los tribunales, toda ves que la misma se dio como consecuencia de la manifestación voluntaria taxativa, invariable, inequívoca y conjunta de ambos esposos; Quienes al momento de levantar el acta de estipulaciones y convenciones, renuncian implícitamente a revocar tal desitió o acudir por ante un tribunal superior para fines de reformacion o revocación de la sentencia que se origina como consecuencia de dicho acuerdo. En ese mismo sentido, el Art. 32 de la ley 1306-bis plantea que la sentencia que ordena el divorcio por mutuo consentimiento no puede ser apelada. Como se puede observar el legislador niega la posibilidad de incoar el recurso de apelación, sin embargo aunque solo se mencione ese recurso, las prohibiciones es extensiva a los demás recursos ordinarios como extraordinarios. Divorcio a Vapor Este tipo de divorcio se estableció en al republica dominicana mediante la ley No.142 de fecha 4 de junio del año1971, publicada en la gaceta oficial No.9229, siendo en su esencia y en los aspecto procedí mentales similar al divorcio por mutuo consentimiento. Se instituyo en nuestro país para brindar soluciones satisfactorias y ágiles y sobre todo para aquellas personas que contrajeron matrimonio en otra nación pudieran obtener una sentencia de divorcio en país en un tiempo sumamente corto. Quienes Pueden Realizar Este Tipo de Divorcio Este puede ser realizado por dominicanos residentes en el exterior como por extranjero, siendo estos últimos quienes mayormente acuden a este tipo de procedimientos para llevar a cabo su separación. Condiciones Necesarias No se les exige el cumplimiento de las formalidades prevista para los dominicanos que elijen el mutuo consentimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el tiempo ni con la edad de los cónyuges. Obviamente que se requieren que sean Dominicanos residente en el extranjero, que hallan contrito nupcias en otras naciones o que sean nacionales de otros países y que elijan otorgar competencia a un tribunal Dominicano para la terminaciones de su matrimonio. Procedimiento Establecido Hay que tener a mano los siguientes documentos: el acta de matrimonio debidamente legalizada, las actas de nacimiento de los hijos, haberse provisto del poder especial de representación otorgado al abogado actuante, que los esposos hayan realizado el acuerdo de separación, Procurar que todos los documentos propios del caso que se harán valer estén debidamente registrado por el cónsul general de la Republica Dominicana en el país del domicilio de los esposos que pretenden divorciarse y que la firma de dicho funcionario haya sido certificada por la secretaria de estado de relaciones exteriores. Asegurarse de que los documento que Estén en otro idioma sean traducidos al español POR UN TRADUCTOR OFICIAL y que se hagan las legalizaciones correspondientes. Solicitud de la Fijación de Audiencia Se solicita fijación de audiencia indicando al tribunal el día que uno de los cónyuges vendrá al país para acudir al tribunal como forma de que la audiencia sea fijada tomando en consideración esa situación particular, pero no debemos olvidar que el tribunal fijara la audiencia dentro del plazo de los tres dais siguiente a su solicitud. Comparecencia de las partes y su abogado por ante un Notario Publico Luego comparece el o los cónyuges que vengan a la Republica Dominicana por ante un Notario Publico a los fines de proceder a levantar un acto autentico certificando la comparecencia del o los extranjero en representación de si mismos y del abogado actuante en representación del cónyuge ausente, haciéndose constar el contenido del acuerdo levantado originalmente por los esposos y ratificando poder al profesional del derecho pera que el mismo realice el procedimiento hasta pronunciarse el divorcio. Cambio de Divisas Establecidas Un asunto que reviste especial importancia en este procedimiento es el que se refiere al canje de divisa. Para que los tribunales Puedan dictar una sentencia admitiendo el divorcio entre extranjero el abogado, apoderado, tras obtener los documento, debe acudir por un banco comerciar a los fines de canjear la suma de 400 dólares norteamericano, requisito imprescindible para este tipo de divorcio, en el banco comerciar el abogado procede a llenar un formulario denominado B-4, el cual es suministrado por el banco central a dichos bancos comerciales para dichos fines. A quien corresponde hacer el canje es al banco central pero, en rabón de que el banco central no trabaja con clientes ni particulares, sino que el mismo solo maneja cuentas de los bancos, eso motiva la participación como intermediario de los bancos comerciales, los cuales después de recibir los 400 dólares lo remiten al banco central a los fines de que este realice el canje correspondiente en un plazo promedio de 48 horas, debiendo el abogado de volver al día siguiente a retirar el equivalente de ese dinero en pesos dominicanos, conforme a la tasa oficial que rija en ese momento. Obviamente, el banco comerciar cobra una comisión por ese servicio. Es bueno hacer notar que el dinero canjeado no es un impuesto sino un simple canje de divisa, ya que el abogado recibe ese dinero en pesos tan pronto es tramitado y devuelto por el banco central a través del banco comerciar conjuntamente con una comunicación indicando que el abogado cambio en un banco comerciar x, la suma de 400 dólares y que lo recibió por concepto de honorarios, pasando tanto el formulario B-4 como la carta expedida por el banco central a formar parte del expediente contentivo de la demanda en divorcio. Desarrollo de la Audiencia En la audiencia, al igual que como se hace en el divorcio por mutuo consentimiento, el abogado se limita a leer las conclusiones relativas a la aprobación del acuerdo suscrito entre los cónyuges y solicitar la homologación de dichos acuerdo, procurando que el juez este lo suficientemente edificado tanto con el interrogatorio practico realizado al cónyuge compareciente en el expediente y que sirven de soporte a la demanda en divorcio. Emisión de la Sentencia Después de cumplir con todo los requisitos de ley, haberse celebrado la audiencia, haber escuchado la exposición del cónyuge compareciente y el tribunal haber terminado de instruir el proceso, previa verificación de los documentos sometidos a su consideración, el juez apoderado remite su sentencia en lo tres días siguiente. Los divorcios a vapor, en razón de su características sumaria, no son enviado ante el ministerio publico para fines de dictamen sino que se producen sin la necesidad de opinión de ese funcionario judicial. Pronunciamiento de la Sentencia La sentencia obtenida puede ser pronunciada en cualquiera de las oficialias civiles de la jurisdicción del tribunal previa certificación de una copia certificada de la misma. Luego se publica su dispositivo, en un periódico de circulación nacional, Ante de enviar la decisión judicial admitiendo el divorcio es conveniente que se registre por el consulado del país de residencia de los cliente a los fines de que la misma pueda tener validez en esa jurisdicción, sin embargo hay algunos países y estados norteamericano que no admiten los divorcios realizados en la Republica Dominicana, por lo cual es conveniente que el abogado investigue previamente si el país de origen de sus clientes este tipo de divorcio tiene validez.

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Procedimiento de "Deslinde" necesario para transacciones inmobiliarias Desde el 4 de abril de 2007, entró en vigor una nueva Ley de Registro Inmobiliario (Ley No. 108-05). Antes de la promulgación de esta Ley, casi todas las ventas de bienes raíces eran realizadas sin un plano aprobado por el Estado (“deslinde”), debido a que este procedimiento tardaba años en concluir. Sin embargo, esta nueva ley limita las ventas, compras, hipotecas, y formación de condominios sobre inmuebles que no han sido deslindados al poner como requerimiento primordial para ello el que los terrenos estén deslindados. Más que una simple medición del terreno, un deslinde es un procedimiento oficial realizado por un agrimensor autorizado y bajo la supervisión de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. De esta forma, se individualiza su propiedad respecto a otros inmuebles que la rodean, asignándole una designación catastral propia y un Certificado de Título único. Antes del deslinde, su inmueble es oficialmente una porción de terreno dentro de una Parcela mayor, propiedad de varias personas, todos con la misma designación catastral. Los intereses de cada uno de los propietarios de las distintas porciones de terreno dentro de la misma parcela son determinados por su posesión. La gran mayoría de las jurisdicciones inmobiliarias alrededor del mundo solo reconocen y registran la existencia de terrenos deslindados y no permiten, por ende, la transferencia de porciones de terrenos no individualizadas. El propósito de esta nueva Ley de Registro Inmobiliario es precisamente alcanzar los niveles de sofisticación y seguridad que las jurisdicciones del primer mundo han tenido durante muchos años al no permitir la transferencia de los derechos de propiedad sobre los terrenos no deslindados. El nuevo requerimiento de deslinde conlleva cambios tan profundos dentro de nuestro ordenamiento jurídico en materia inmobiliaria que se ha establecido un período de transición de 2 años que contará desde el día 4 de abril de 2007 al 4 de abril de 2009. Durante dicho período, serán posibles las transacciones que tengan objeto terrenos no-deslindados. Sin embargo, llegado el término de dicho plazo, las Oficinas de los Registros de Títulos de los distintos departamentos judiciales no podrán registrar transferencias sobre los que aún estén sin deslindar. A pesar de que esto de por sí es ya una pequeña revolución –pues en el pasado la mayoría de las ventas y transacciones se hacían sobre terrenos no deslindados- la modernización de la ley de Registro Inmobiliario de la República Dominicana va aún más allá al modificar por completo el procedimiento técnico para la realización de los deslindes. Bajo el mandato de la nueva, los agrimensores encargados de realizar un deslinde deberán utilizar un Sistema de Posición Global o G.P.S. para la determinación y ubicación exacta del inmueble. En adición, el nuevo procedimiento, hace obligatoria una etapa judicial por ante el Tribunal de Jurisdicción Original competente, en la cual, mediante la representación de un abogado, el procedimiento se hace contradictorio en relación a los demás co-propietarios dentro de la Parcela y terceros interesados. Esto en contraposición al procedimiento anterior mediante el cual la vasta mayoría de los deslindes se realizaban sin llevar a cabo una etapa contradictoria con los demás co-propietarios o terceros dando así pie al fraude. El procedimiento actual se divide en tres (3) etapas: A) Etapa Técnica: Es aquella mediante la cual el agrimensor, previa notificación a los co-propietarios colindantes y terceros interesados, y con la utilización de un G.P.S., mide, determina y ubica exactamente el inmueble objeto de deslinde. Una vez concluida esta primea fase, los trabajos de campo del agrimensor son sometidos por ante la Dirección Regional de Mensuras competente para su aprobación. De ser aprobados los trabajos técnicos, la Dirección Regional de Mensuras dará al inmueble una designación catastral única y permite la continuación del procedimiento a la segunda etapa. B) Etapa Judicial: Es la que se desarrolla mediante la representación de un abogado por ante el Tribunal de Jurisdicción Original competente. En esta los co-propietarios colindantes y terceros interesados, son invitados a comparecer por ante el tribunal apoderado para que expongan su conformidad u oposición al procedimiento de deslinde. Luego del debate entre las partes, y en caso de ser aprobado nuevamente el deslinde, el juez dicta una resolución ordenando al Registro de Títulos competente cancelar la Carta Constancia que amparaba la porción deslindada, y emitir el nuevo Certificado de Titulo Duplicado del Dueño con la nueva designación catastral otorgada por la Dirección Regional de Mensuras para el inmueble deslindado. Dicha resolución es susceptible de apelación. C) Etapa Registral: En caso de no ser apelada la resolución dictada por el tribunal, esta es ejecutada en el Registro de Títulos competente cancelándose la carta Constancia que amparaba la porción de terreno deslindada y emitiendo el nuevo Certificado de Titulo Duplicado del Dueño con la nueva designación catastral otorgada por la Dirección Regional de Mensuras para el inmueble deslindado. Como explicado anteriormente, a partir del día 4 de abril de 2009, estará prohibida la transferencia de derechos de propiedad sobre terrenos no deslindados. Nuestra recomendación por tanto es que realice la individualización o deslinde de su propiedad. Como mencionamos antes, las Oficinas de los Registros de Títulos no podrán registrar transferencias de propiedades que no estén deslindadas a la fecha de vencimiento del plazo (4 de abril de 2009). En vista de ello, recomendamos a todos nuestros clientes y relacionados que se cercioren de que sus propiedades estén deslindadas para la llegada de dicha fecha, y que en caso de necesitar asistencia para la obtención del deslinde o para confirmar el estado de su propiedad en este sentido no dude en contactarme por cualquier vía.-

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