Derecho al olvido y protección de datos

¿Son justas las tasas judiciales?

2013-05-09T21:05:00.000+02:00

Hace un par de semanas participé en un interesante debate (en catalán) en Televisión de Girona (TVGI), donde argumenté las profundas desigualdades que se producen por culpa de la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales. Adjunto el vídeo del debate aquí por si puede ser de interés.

Abogado especialista en derecho al honor

2013-04-28T09:00:00.001+02:00

En el marco del II Congreso FODERTICS, que se celebró en Salamanca en marzo de este mismo año, se me formuló una pregunta acerca del alcance del derecho al olvido digital y sobre la increíble “confusión” que se está creando entorno a los límites del llamado derecho al olvido y también del derecho a la protección de datos personales.

He decidido escribir algunas rayas sobre esta cuestión en esta entrada o post, apuntando el leitmotiv del que será un futuro artículo científico que si todo va bien verá la luz en el marco de un proyecto liderado por Derecho en Red, y con la finalidad de obtener cierto feedback.

La “confusión” a la que hago referencia parte quizás de la habilidad que ciertos consultores, abogados y expertos en privacidad tienen, que consiste en enfocar los problemas siempre desde la óptica del derecho a la protección de los datos personales. Así, cuando se publican unos datos personales en un Boletín Oficial en Internet, a ojos de consultores, abogados y expertos, se produce un conflicto entre la transparencia administrativa y el derecho a la protección de datos personales. Para los más poéticos, el conflicto se produce entre el derecho a saber y el derecho al olvido.

Sin embargo, la cuestión de fondo es determinar el daño que se produce con la difusión de esos datos personales mediante la versión digital del Boletín oficial, cuantificarlo y esclarecer si es o no ilegítimo. Cuando se vinculan los datos personales de un profesor de instituto al hecho de hacer pipí u orinar en la vía pública, el daño no se produce sobre el derecho a la protección de datos personales strictu sensu, no sólo porque el tratamiento de esos datos se realiza en el marco de una fuente accesible al público (obsérvese que incluso a mí me cuesta dejar de lado el marco conceptual de la protección de datos), sino fundamentalmente porque el daño se produce sobre el honor y reputación del profesor que hizo pipí.

Convendremos que la actividad consistente en relacionar el nombre y apellidos de una persona con el hecho de orinar en la vía pública ocasiona un menoscabo del buen nombre, honra, reputación o consideración ajena del profesor. Y es que a pesar de tener un currículo brillante y una capacidad pedagógica notable, se le conoce más por su incontinencia urinaria.

La conservación y divulgación online de esa información veraz, incluso cuando carece de interés público y notoriedad, y su posicionamiento estratégico en los resultados de búsqueda de los buscadores web, ocasiona un daño sobre el honor y reputación del profesor. No sobre el derecho a la protección de datos personales.

Esa misma confusión se produce, por ejemplo, cuando el camping Els Alfacs reclama a Google el “derecho al olvido” por las fotos que este indexa de un accidente que ocurrió en el camping tiempo ha. No hay protección de datos que valga, y menos tratándose de una persona jurídica, pero es lógico que la reputación del camping se puede ver afectada si un alemán busca “camping Els alfacs” en Google y lo primero que encuentra son fotos con llamas, gente quemada y muertos en el sitio donde tenia previsto pasar las vacaciones de verano. Un daño en la reputación digital del camping, que se traduce sin lugar a dudas en una importante disminución de los ingresos.

Se trata de daños sobre el honor y reputación de las personas, eso sí, después habrá que acreditar que el daño es ilegítimo, es decir, que no hay ningún otro interés jurídico-constitucional en juego que obligue al ciudadano a soportarlo. Y lo más complejo, habrá que determinar quién es el responsable de ese daño, si quien publica la información en origen o quien la facilita e indexa (cuestión esta nada pacífica sobre la que ya me he mojado en anteriores entradas).

A todos los afectados, personas físicas o jurídicas, en casos parecidos a los comentados, hay que aconsejarles que se busquen un abogado especialista en derecho al honor. No es nada tan poético como el “derecho al olvido” ni tan rentable como la protección de datos personales, pero no menos importante.

Escrache, intimidad y Estado de Derecho

2013-03-28T09:00:00.000+01:00

El “escrache” es un término de origen sudamericano, que hace referencia a la práctica consistente en señalar públicamente a los que se considera causantes de un problema, para que tomen medidas para acabar con el mismo. Podríamos afirmar que el escrache ha llegado a España de la mano de grupos de personas afectadas por los desahucios. Las protestas se han centrado hasta la fecha contra diputados del PP, siendo el caso más notable el escrache que sufrió la familia de Esteban González Pons, cuando los protestantes se plantaron delante de su casa y llamaron a la puerta profiriendo insultos durante casi una hora, cuando dentro de la misma sólo se encontraban los hijos del político. Como reacción desde diferentes foros públicos se ha abierto un debate sobre la “legalidad” del escrache, desde donde se señala que éste traspasa los límites de la intimidad y es un peligro para la familia de los políticos.

No estamos ante nada nuevo, ni hacen falta respuestas que nuestras leyes no prevean expresamente. En un Estado de Derecho, si un individuo amenaza a un político o a su familia con causar un mal que constituye un delito en el marco de un “escrache”, debería aplicarse un tipo penal parecido al del art. 169 del Código Penal. En un Estado de Derecho, si un individuo impide a un político o a su familia con violencia hacer lo que la ley no prohíbe debería aplicarse un tipo penal parecido al del art. 172 del Código Penal. En un Estado de Derecho, los cargos públicos también tienen derecho a la intimidad personal y familiar, a proteger esa esfera más íntima de la mirada del ojo ajeno, lo que impide a todas luces la persecución de lo que se debate en la esfera pública hasta la puerta del domicilio del cargo en cuestión, y traspasar la responsabilidad de la decisiones o elevar el debate a la esfera más estrictamente familiar. En un Estado de Derecho, los responsables de los daños ocasionados por una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar del cargo político deberían responder civilmente de los mismos, por los daños y perjuicios ilegítimos que se hayan podido ocasionar.

Lo que sucede, sin embargo, es que vivimos patas arriba. Parafraseando a Eduardo Galeano: “al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies”. Ese es el mundo actual, al revés. Lo que sucede es que nuestro querido Estado de Derecho está cada vez más deslegitimado, y resulta realmente complicado exigir el cumplimiento de las leyes cuando, sin ir más lejos, quién las hace las incumple.

En un Estado de Derecho, o mundo ideal de las cosas, los diputados nunca aprobarían leyes que vulneran derechos fundamentales. No obstante, se aprobó la Ley de Tasas Judiciales siendo palmariamente contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Se trata del ejemplo más claro, pero encontramos fácilmente muchos más, a veces incluso se modifican derechos fundamentales mediante Reales Decretos. En un Estado de Derecho, o mundo ideal de las cosas, los gobernantes nunca se aprovecharían, y si lo hacen, no saldrían de rositas, de ese poder para su propio beneficio. Sin embargo, las tramas de corrupción en España van en auge (Gürtel, ERE, Campeón, ITV, Millet, Dívar, Nóos y Urdangarín, Bárcenas, etc.) y crece la sensación de que nuestro ordenamiento jurídico no responde adecuadamente contra todo ello. Y el problema llega cuando esa sensación no es en realidad una sensación sino una realidad. En un Estado de Derecho, o mundo ideal de las cosas, la coacción financiera no tiene cabida, esto es, las leyes las hacen los representantes y no el poder privado, y los bancos son responsables de sus decisiones, entre las que se encuentran todas las políticas que llevaron a la crisis financiera, de la que se ha salido a base de ayudas que pagan los representados sin que quede muy clara su aceptación.

En este estado de cosas, ¿pueden los desahuciados dialogar con un Estado deslegitimado, con altas dosis de corrupción y con un progresivo desmantelamiento de las más preciadas garantías democráticas que tanto costaron reconocer en nuestro país? Difícilmente. La corrupción destruye los pilares sobre los que se asienta la legitimidad del sistema político democrático. Cómo se va a debatir y razonar democráticamente con representantes tan alejados de la ciudadanía (un estudio publicado recientemente afirma que un 89% de los ciudadanos encuestados apoya las campañas de escrache), con políticos corruptos o con legisladores que prescinden totalmente de las garantías constitucionales cuando de lo que se trata es de aprobar las leyes. Ningún tipo de diálogo sereno se puede producir entre la ciudadanía y un Estado que cada vez menos tiene de “Social, Democrático y de Derecho”. El escrache se presenta así como una respuesta “cívica”, es decir, de la ciudadanía, frente a determinados comportamientos totalmente reprochables desde una óptica democrática. Dice el Sr. Rajoy que el escrache es absolutamente antidemocrático, seguramente sí, pero quizás menos antidemocrático que las acciones y comportamientos contra los que lucha.

El derecho al olvido no es absoluto

2013-03-01T10:00:00.000+01:00

Hace un par de días, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional, publicó un interesante artículo en el diario El País titulado “El derecho al olvido no es absoluto”. La lectura atenta del citado artículo me ha llevado a plantearme una serie de interrogantes e ideas que no puedo resistirme a comentar, aunque sea en este humilde foro.

Coincido en muchos puntos con el autor, especialmente en la contundencia del título del artículo, y por un doble motivo. Primero, nunca está de más y menos en los tiempos que corren, recordar en la tribuna pública que no existen derechos absolutos que en caso de conflicto siempre prevalezcan por encima de otros bienes e intereses jurídico-constitucionales. Segundo, tal y como se presenta la cuestión en el debate público europeo por parte de los medios y las instituciones, parece que los ciudadanos vayan a ser capaces de exigir un efectivo derecho al olvido. Sin embargo, la realidad dista mucho de ello ya que el ejercicio del derecho de oposición y cancelación de los datos personales puede verse limitado por multitud de circunstancias, así a bote pronto se me ocurren dos (se trata de un numerus apertus): se pueden haber hecho copias de la información ilícita y haberse almacenado en equipos informáticos (1); se puede publicar información en un servidor ubicado en el extranjero (por ejemplo, en Panamá) y esperar estirado en una hamaca a que venga la AEPD a sancionarte y obligarte a cumplir la normativa europea sobre protección de datos (2). Para que se entienda, aunque el legislador europeo decidiese aprobar leyes que establezcan que “el derecho al olvido es un derecho absoluto” (cosa que lógicamente no hace en ningún caso la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos) eso no tendría ningún tipo de consecuencia práctica. Existe otra Ley para Internet, y esa es el código.

Otra idea de Marc Carrillo que comparto plenamente es que los particulares ejercen una pretensión legítima cuando solicitan borrar sus datos personales en la red “en los casos en los que su aparición no haya sido por voluntad propia, sino como consecuencia de figurar en un archivo, público o privado, y el motivo de ello carezca de interés público”. Si no son datos personales noticiables, y no están relacionados con un asunto de interés público, ¿qué motivo justificaría que un ciudadano deba soportar ese tratamiento inconsentido de sus datos? Es el caso de las sanciones administrativas, la publicación digital de las cuales persigue notificar al sancionado, en ningún caso se trata de destrozar su reputación, honor y buen nombre. ¿Qué finalidad cumple la conservación de esos datos en el formato digital, y lo que es peor, la libre accesibilidad a ellos a través de los motores de búsqueda?

En el artículo se apunta la “solución” que los responsables en origen utilicen la herramienta robots.txt, no obstante, como he tenido oportunidad de defender en otras ocasiones, se trata de una solución parcial y errónea. El último ejemplo es el de la Casa Real (casareal.es), que ha usado la herramienta robots.txt para evitar que aparezca en los buscadores la url “casareal.es/ES/FamiliaReal/Urdangarin”, información que en su día la propia Casa Real publicó sobre “Urdangarín”, así como otras url’s en otros idiomas sobre el mismo personaje. Será decisión de los buscadores si se indexa o no esa información relacionada con “Urdangarín”, pero si se visita la url casareal.es/robots.txt sabremos precisamente qué información la Casa Real pretende que “olvidemos”. Con lo que el olvido no se produce por ningún lado, sino que precisamente se demuestra que se ha pretendido “ocultar” o “olvidar” una determinada información.

Finalmente, a mi modo de ver la responsabilidad de los buscadores en esta cuestión sigue estando injustificada. Es el responsable del tratamiento de los datos en origen quién debe decidir qué publica y qué no, sería incoherente extender esa responsabilidad a los buscadores en la medida que estos actúen con un algoritmo imparcial y como meros intermediarios que no pueden ni deben tener control y acceso a lo que terceros publican en la red. Lógicamente los buscadores, como Google, publicitan bienes y servicios, y realizan ingentes tratamientos de datos personales sin consentimiento de sus titulares, pero hacerles responsables por informaciones publicadas por terceros que son lícitas en origen me parece una locura. Y sin son informaciones ilícitas en la página o plataforma web donde se publicaron por vez primera, entonces que se cancelen en origen.

Protección de datos y libertad sindical

2013-02-27T12:07:00.000+01:00

Recientemente he tenido acceso a una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 9 de enero de 2013, de la que ha sido ponente el Sr. Javier Bermúdez Sánchez, por la que se revoca una multa de 3.000 euros impuesta por la AEPD al sindicato UGT de Galicia por tratar datos sin consentimiento del afectado.

Los hechos son los siguientes: el representante de los trabajadores de un ayuntamiento de Galicia en representación de UGT procedió a la colocación en el tablón, que se encuentra en la planta baja del Ayuntamiento y destinado a asuntos sindicales, de una copia de la resolución de la Alcaldía relativa a la concesión de una gratificación de 901,14 euros concedida al titular de los datos personales. La AEPD sancionó porque esa misma resolución de Alcaldía ya había sido publicada correctamente en el tablón del Ayuntamiento y en formato digital en la página web del propio Ayuntamiento.

En este supuesto, ¿era necesario, legítimo e indispensable el tratamiento de datos realizado por parte de UGT cuando esa resolución ya había sido doblemente publicada en el tablón del Ayuntamiento y en su página web?

Según la Audiencia Nacional, la conducta del sindicato está amparada por el derecho a la libertad sindical si bien matiza que este debe ser ponderado con el derecho fundamental a la protección de datos, y señala como decisivo el ámbito de la difusión de la información contenida en el boletín informativo. La verdad es que parece mentira la facilidad con la que el derecho a la protección de datos entra en colisión con otros bienes jurídico-constitucionales. Afirma la Audiencia Nacional que la difusión realizada por UGT “cumple la finalidad referida de informar a los trabajadores por sus representantes, circunscrito a ese ámbito laboral, constituye una difusión adecuada y necesaria, en virtud de la libertad sindical y no excede del derecho a informar a los trabajadores, y asimismo es ejercicio de la transparencia en el gasto público”. Sin embargo, deja entrever que si UGT hubiese publicado esa resolución en un boletín informativo digital, entonces el derecho a la protección de datos prevalecería, ya que excedería el ámbito laboral, al ser consultable por terceros y a lo que habría que añadir el llamado efecto multiplicador de los buscadores web.

La tutela de la propiedad intelectual en Internet

2013-02-11T21:18:00.001+01:00

Mañana por la mañana tendré el placer de impartir una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona titulada "El papel de los buscadores en la tutela de la propiedad intelectual en Internet".

Aquí os dejo mi presentación PREZI de la ponencia, por si es de vuestro interés.

El derecho al olvido en Internet

2013-01-29T13:38:00.003+01:00

La Red Derecho TICs ha compartido en YouTube los vídeos de algunas de las ponencias que se impartieron en el Congreso de la Red que se celebró en el mes de octubre del año pasado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Comparto aquí dos ponencias (la mía y la de Lorenzo Cotino) relacionadas con el derecho al olvido en Internet y sus límites.

La AEPD y la función autocompletar de Google

2013-01-23T14:13:00.000+01:00

Hace relativamente poco la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictó una resolución en la que por vez primera se estimó un procedimiento de tutela del derecho de oposición de un ciudadano contra un “tratamiento de datos personales” llevado a cabo mediante la función autocompletar de Google.

La “función autocompletar”, conocida como “Google Suggest”, consiste en sugerencias de términos para completar una búsqueda que propone el propio buscador, es decir, al inserir el nombre de una empresa o el nombre y apellidos de una persona, el buscador propone una o varias palabras. Los términos que el buscador propone no responden necesariamente a los contenidos disponibles en la red, sino que depende de lo que otros ciberusuarios hayan tecleado con anterioridad. Así, por ejemplo, cuando alguien busca “leire pajin” el motor de búsqueda de Google propone “leire pajin es hija de felipe gonzalez”, y cuando alguien busca “felipe gonzalez” el citado buscador propone “felipe gonzalez falangista”. Evidentemente, estas sugerencias permiten asociar ideas de tal manera que pueden perjudicar la fama de una persona o una empresa, o suponer un auténtico ataque para su reputación.

En España, al menos hasta la fecha, nuestros tribunales no han tenido la posibilidad de exigir la reparación de los daños causados por el buscador en relación a la función “autocompletar la búsqueda”, pero en perspectiva comparada, algunos tribunales europeos ya han reconocido tal extremo. Sirva como ejemplo que en Francia, en el año 2009, se condenó a Google por asociar la palabra “estafa” —arnaque— a la empresa Direct Energie; en Italia, a principios del año 2011, una sentencia del Tribunal de Milánconsideró que responsable a Google por los daños derivados de la asociación de los datos de una empresa con la palabra “estafa” —truffa—.

Los hechos del supuesto que resolvió la AEPD son los siguientes: al teclear el solicitante de la tutela su nombre y apellidos en Google, el motor de búsqueda asociaba dichos datos con el término “gay”, considerando el interesado que ello da lugar a un resultado “molesto y ofensivo” hacia su persona que se convierte en “una puerta a la difamación”. Sin embargo, algo se me escapa, y es que si la asociación errónea de dichos datos, en términos del propio afectado, ocasiona un daño ilegítimo sobre su honor, ¿por qué acude el interesado a la AEPD? ¿Acaso la AEPD tutela algún otro derecho que no sea el derecho a la protección de datos? ¿O es que se ha convertido la AEPD en un tribunal capaz de resolver sobre injurias y daños contra el honor de las personas?

En el texto de la resolución la AEPD discute si Google realiza o no un tratamiento de datos con la función autocompletar. Claro que Google hace un tratamiento de datos, no hay ninguna duda, de hecho el funcionamiento del buscador exige hacer copias actualizadas de todo el contenido disponible en la red, lógicamente, datos incluidos, para poder indexarlo. Y la asociación de palabras, imagino, se hace con un algoritmo neutral que el buscador propone atendiendo a las últimas búsquedas de los usuarios. Si se considera que ese tratamiento de datos vulnera el derecho a la protección de datos, entonces se me hace imposible imaginar algo que haga Google que no suponga una vulneración del derecho a la protección de datos.

Mi opinión es que la AEPD se equivoca palmariamente al estimar la tutela del derecho de oposición. Si la función autocompletar, con su algoritmo neutral, ocasiona un daño al asociar a un nombre y apellidos la palabra “gay”, lógicamente lo hará sobre el honor de la persona que no es “gay”, no sobre la persona que lo es, y en cualquier caso no sobre su derecho a la protección de datos personales. El ciudadano tiene las vías oportunas para reclamar una indemnización por esa lesión, tal y como sucedió con las empresas francesa e italiana que reclamaron por la vinculación de sus marcas con la palabra “estafa”, pero acudir a la AEPD me parece erróneo y descabellado, aunque a la práctica, como vivimos en el mundo al revés, efectivo.

Derecho al olvido y medios de comunicación

2013-01-10T16:25:00.000+01:00

El pasado 3 de diciembre de 2012 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictó una resolución sobre el llamado derecho al olvido relacionado en este caso con las publicaciones digitales de los tradicionales medios de comunicación, más concretamente, de la prensa escrita. El diario El País denegó la solicitud de cancelación de los datos a un particular cuyos datos personales aparecían relacionados con una noticia que explicaba unos hechos sobre los que ha recaído sobreseimiento en sede penal. La solicitud fue denegada al entender que las informaciones que contienen los datos personales fueron publicadas de conformidad con el derecho a dar y recibir información libremente, recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española.

Con todo, se trata de una resolución singular, si bien no es la primera de la AEPD en este sentido, en la que la Agencia realiza una recomendación a los medios comunicación para que estos tengan en cuenta en la publicación digital de noticias que contengan datos personales la relevancia pública de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable y la obligación de no divulgar información adicional.

Me parece una recomendación excelente, en la medida en que se afirman cosas como que “los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, el derecho a la libertad de información con la aplicación de los principios de protección de datos personales”, que los medios de comunicación deben “reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es inexistente en la actualidad”, y que “El País, S.L. debería usar medidas informáticas para que, en el caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda en internet”.

Todo ello merece, a mi juicio, una doble consideración. Primero: si son ciertos los hechos que en la resolución se comentan, el titular de los datos personales debería acudir a los juzgados y tribunales y presentar una demanda contra el medio de comunicación por causar un daño ilegítimo sobre su honor y reputación. Si el diario El País mantiene en su versión digital una noticia que contiene datos personales vinculados a la comisión de un ilícito penal, esto conlleva un daño incontestable en su honor. Sin embargo, sólo será un daño ilegítimo en caso que los datos personales y los hechos a los que se le vinculan no sean veraces –que no tiene porque serlo si resulta que al final el caso acabó con un sobreseimiento– y que la noticia no tenga relevancia pública “actual” –que seguramente tampoco la tiene por el simple paso del tiempo–. En ese último caso, es decir, si la noticia no tiene un interés público actualizado, la difusión de los datos personales vinculada a un "pasado" y “supuesto” ilícito penal puede causar un daño ilegítimo sobre el honor del titular de los datos, que debería dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios. En cualquier caso, actúa muy bien aquí la AEPD al no entrar a valorar todo este asunto, ya que ni puede ni debe; se trata de derechos fundamentales y sólo nuestros juzgados y tribunales pueden entrar a ponderarlos atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

En segundo lugar, de la interpretación de la AEPD se desprende, al menos a mi juicio, un criterio fundamental relacionado con el derecho al olvido y la tarea de los motores de búsqueda, entendiendo que la responsabilidad por lo publicado está en la publicación en origen (diario El País) y no en el buscador que es quién da difusión a todo lo que se divulga en la red. Es el diario quién, a juicio de la AEPD, debería arbitrar medidas “informáticas” –se refieren a los robots.txt como si fuese una panacea universal– para evitar la indexación de la noticia por los motores de búsqueda. Se trata de un criterio coherente muy en la línea del art. 17, apartado segundo, de la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos. Si lo publicado en origen es ilegítimo lo continuará siendo cuando el contenido es indexado por los buscadores, lo que no tiene lógica alguna es que el mismo tratamiento de datos, en origen se considere legítimo, y en segunda instancia ilegítimo, cuando precisamente es el primer tratamiento el que produce el daño y facilita ulteriores tratamientos.

Google y la propiedad intelectual

2013-01-04T13:11:00.002+01:00

A finales del mes pasado leí una interesante noticia en la que se afirmaba que Google en 2012 ha retirado más de 50 millones de links que infringían la propiedad intelectual al facilitar el acceso y descarga de contenidos protegidos por los derechos de autor. Para ser más preciso, se detallaba que el buscador está procesando medio millón de links o enlaces al día, y retirando aquellos que efectivamente remiten a contenidos infractores de la propiedad intelectual. Se trata del servicio DMCA de Google, un servicio que el buscador ofrece y que permite que los titulares de los derechos de autor notifiquen la infracción, si bien antes de retirar el enlace, el administrador del sitio web afectado o el proveedor del contenido afectado puede presentar una reclamación contra la notificación.

Precisamente, hace unos meses, en el seno de un debate académico sobre las libertades informativas en Internet que se celebró en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, surgió la cuestión de cómo Google estaba haciendo esfuerzos notables, procesando y retirando enlaces a los contenidos infractores de los derechos de autor en Internet, mientras que paralelamente no acepta reclamaciones de particulares que solicitan la retirada de contenidos que afectan a la intimidad, honor y al derecho a la protección de los datos personales.

¿Existe una doble vara de medir de Google en la retirada de resultados según se trate de motivos de copyright o motivos de privacidad?

Mi opinión, tras un interesante debate que mantuve con Yago M.-Abascal, es que ese tratamiento dispar está más que justificado por un doble motivo: primero, por la diferente naturaleza de los derechos en cuestión y en conflicto, si lo hay —cabe recordar que no hay discriminación en tratar de manera desigual aquello que es diferente—; segundo, por el también dispar procedimiento de tutela de los derechos.

Respecto el primer argumento: la propiedad intelectual y los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen y a la protección de los datos personales tienen diferencias notables. Los segundos son derechos fundamentales reconocidos ex constitutione o jurisprudencialmente, esto último en el caso de la protección de datos, basados en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; mientras que existe un fuerte debate doctrinal sobre la naturaleza de la propiedad intelectual, y se observan hasta tres posibilidades: (1) que el art. 20.1.b) de la CE consagra un derecho a la creación y producción intelectual totalmente distinto y desconectado del derecho de autor —STS de 9 de diciembre de 1985—; (2) que la protección del derecho moral de autor estaría ubicada en el art. 20.1.b) de la CE —STS de 3 junio de 1991—, mientras que la protección de los derechos patrimoniales y de explotación estarían recogidos en el art. 33 de la CE; (3) que el derecho de autor está protegido constitucionalmente en su integridad.

Pero lo realmente relevante es que la vulneración de la intimidad, el honor, la propia imagen y la protección de los datos personales en Internet, normalmente se produce a causa de un exceso o extralimitación de las libertades informativas. En cambio, no sucede lo mismo con la propiedad intelectual. Para que se comprenda fácilmente, la retirada de resultados a obras protegidas no lesiona, en la gran mayoría de casos, ningún derecho del webmaster, ni del autor del blog, ni del medio de comunicación, etc., ya que la publicación no está amparada en las libertades informativas. Por contra, cualquier retirada por motivos relacionados con difamación o privacidad sí requiere una valoración o ponderación caso por caso de los derechos e intereses legítimos y jurídico-constitucionales que están en juego; una ponderación que sólo pueden realizar nuestros juzgados y tribunales —lo que excluye lógicamente a los buscadores en la realización de esa tarea—.

Cualquier retirada de un contenido en Internet que eventualmente pueda afectar al honor, a la intimidad, a la propia imagen o a la protección de datos personales, en caso de conflicto con las libertades informativas, debe ser previamente autorizada por un juez o tribunal. Los particulares pueden poner en conocimiento del responsable del blog o del webmaster la ilicitud del contenido, con lo que se produciría un “conocimiento efectivo” de la misma, pero esto afectaría al responsable de la publicación en origen y en su caso al webmaster, lo que es una cuestión polémica, pero no al buscador, ya que si este retirara enlaces sin una declaración previa de ilicitud estaría llevando a cabo un acto de censura incompatible con el papel neutral que debe jugar como intermediario.

Por el contrario, en el supuesto de retirada de contenidos protegidos por los derechos de autor, como en la mayoría de los casos no existe conflicto con las libertades informativas, basta con acreditar que eres titular de un derecho y que no has autorizado una explotación del mismo ni está dentro de un límite a los derechos de la propiedad intelectual para que el buscador retire el enlace.

El segundo argumento, de carácter procedimental, es que las solicitudes de retirada de resultados por infracción de derechos de autor deben de ser remitidas siempre bajo pena de perjurio y no requieren ninguna valoración subjetiva por parte de los buscadores. Se trata, como decía anteriormente, de acreditar la titularidad de un derecho y que no se ha autorizado la explotación del mismo para evitar la difusión inconsentida de ese contenido.

¿Referéndum ilegal o consulta legítima?

2012-12-30T12:06:00.002+01:00

El diario El Punt Avui me ha publicado hoy un artículo que he titulado una qüestió de legitimitat, donde reflexiono sobre la legalidad y legitimidad del referéndum sobre la independencia de Catalunya. El artículo lo he escrito en catalán, aquí la versión original, si bien lo he traducido al castellano para poder compartirlo en esta entrada del blog, y así recibir cierto feedback (o eso espero) de los lectores.

Una cuestión de legitimidad

Una de las principales conclusiones que se puede extraer del resultado de las elecciones celebradas el 25 de noviembre en Cataluña —107 escaños, contando lógicamente también los del PSC— es que existe una amplia mayoría social que desea la celebración de un referéndum mediante el que Cataluña pueda decidir libremente su futuro. Y todo parece indicar que el gobierno resultante encarará esta cuestión como prioritaria, no sólo por su propia voluntad, sino por la presión parlamentaria que pueden ejercer los nuevos “aliados” de ERC.

Desde una óptica estrictamente legal, me refiero a la aquiescencia de la consulta con el ordenamiento jurídico vigente, la celebración de un referéndum de estas características resulta del todo imposible. La Constitución de 1978, como la gran mayoría de las constituciones en perspectiva comparada, no contempla la existencia de un derecho a decidir unilateralmente una parte del territorio nacional, ya que en cierto modo sería absurdo que la propia Carta Magna pusiese en duda la unidad o indivisibilidad del sujeto que se constituye a través de ella. Además, el Tribunal Constitucional, en la STC 103/2008 que declaró inconstitucional la Ley Vasca 9/2008, que pretendía la realización de una consulta no vinculante a la ciudadanía vasca el 25 de octubre de 2008, tuvo la ocasión determinar que el principio democrático de la voluntad popular no puede prevalecer por encima del texto constitucional, recordando que el único titular de la soberanía es el pueblo español —art. 1.2— y que en cualquier caso el artículo 149.1.32 CE deja en manos del Estado la autorización de la convocatoria de cualquier clase de referéndum.

Habla el Tribunal Constitucional de legalidad, pero vale la pena señalar que legalidad y legitimidad material no son precisamente lo mismo, siendo la segunda sólo alcanzable mediante el reconocimiento general, es decir, cívico o ciudadano, de las leyes aprobadas y de la actuación los poderes públicos. Que un ordenamiento jurídico que se define como democrático no permita la participación formal de la ciudadanía en asuntos de interés cívico, como es la determinación de lo que una mayoría social pretende convertirse, resulta paradójico.

Algunas voces insisten en la ilegalidad del referéndum por inconstitucional, lo que merece una triple reflexión. Primero: no hay nadie menos preparado para ejercer funciones públicas que aquél que el único argumento que es capaz de presentar para hacer frente a las pretensiones de los demás es la supuesta “inconstitucionalidad” de una medida. Se trata de una preocupante falta de capacitación y preparación de nuestra clase política. Lo que se espera de los políticos son argumentos de fondo, ya sean para el sí o por el no, pero no una mera declaración de inconstitucionalidad preventiva. En segundo lugar, la Constitución no es ni debería ser un texto perpetuo, inmutable o perenne. Las constituciones son normas supremas, escritas o no, que ordenan las sociedades y fijan los límites y las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, y entre estos últimos y los ciudadanos. De lo anterior se deriva que ningún texto constitucional es eterno, sino todo lo contrario, esto es, que siempre deberá ser reinterpretado y si hace falta, reescrito, para reflejar las transformaciones sociales y la voluntad mayoritaria. No existe Constitución si esta se convierte en una mera hoja de papel, como señalaba Ferdinand Lassalle, en la medida en que una amplia mayoría social, la misma que la Constitución pretende ordenar, no se siente representada, no la entiende o no comparte mucho de sus extremos. En tercer lugar, y en combinación de las dos anteriores, hay que recordar que este texto sagrado e intocable es el mismo que hace un año fue objeto de una reforma exprés por la vía del art. 167, orquestada desde Alemania, pactada en una llamada nocturna entre el presidente y el jefe de la oposición y votada sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Fue una reforma legal, sin duda, pero tengo mis dudas sobre su legitimidad.

Con todo, la legitimidad de la consulta prima facie es evidente. Preguntar al titular de la soberanía, que es el pueblo, no debería ser considerado nunca algo ilegítimo. No obstante, el grado de legitimidad no depende tanto del qué como del cómo. El gobierno de la Generalitat deberá ser especialmente cuidadoso en el proceso, tratando de actuar de manera imparcial y transparente. Vale la pena recordar, en esta misma línea, que el año 1998 el Tribunal Supremo Canadiense determinó que, aunque la secesión unilateral era inconstitucional, un resultado claramente positivo en el Quebec seria determinante para que el gobierno federal negociara la independencia. Interpuso sólo algunas condiciones, más que coherentes, entre las que se encontraba la exigencia de evitar ambigüedades en la pregunta y acatar principios generales como el respeto a las minorías y los derechos individuales. Esperemos que el gobierno sea capaz de aglutinar todos estos ítems y facilitar que esta amplia mayoría de catalanes que quieren decidir sobre su futuro puedan hacerlo libremente, si bien no en el marco de un proceso estrictamente legal, si en el marco de un proceso legítimo, teniendo en cuenta que el primer adjetivo no siempre resulta tan necesario como el segundo.

EL TESTRA y la protección de datos personales

2012-12-27T10:52:00.000+01:00

Hace unas semanas el diario El País publicó una noticia sobre la notificación de las multas de tráfico vía el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (en adelante, TESTRA), en la que se exponía que determinadas sentencias judiciales han anulado sanciones administrativas porque estas debieron publicarse en el Boletín Oficial Provincial. La noticia en un primer momento se publicó bajo el titular “Internet no vale para notificar multas de tráfico”, que después fue substituido por “Invalidadas multas de tráfico notificadas por Internet”.

Como ya detectó con gran celeridad Javier Sempere en este interesante post, la redacción de la noticia y especialmente del titular no aclara el tema en cuestión, de hecho induce al error. Me atrevería a decir que se produce un error doble.

En primer lugar, es imposible que ningún juez con un mínimo sentido común afirme que “Internet no vale para notificar multas de tráfico”, ya que desde enero del 2009, Internet no sólo sirve para notificar de todo, sino que es la única manera de notificar cualquier cosa. Me refiero lógicamente al Boletín Oficial del Estado, que sólo se publica en versión digital desde el 1 de enero de 2009, extremo que ya se preveía en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que fecha del 2007.

En segundo lugar, tal y como señala Javier Sempere, los tribunales que han anulado determinadas sanciones del TESTRA han considerado que esa plataforma digital no era el diario oficial procedente para publicar multas anteriores al 24 de noviembre de 2010. El motivo lo encontramos en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, en materia sancionadora, que afectó a los artículos 78 y 79, permitiendo la notificación vía el TESTRA, y que entraron en vigor al terminar el plazo de 1 año. Todo ello implica que sólo son de aplicación los artículos 78 y 79 que facultan la notificación de las multas de tráfico vía TESTRA a aquellas notificaciones a que den lugar los procedimientos sancionadores en materia de tráfico iniciados con posterioridad al 24 de mayo de 2010, y cuyos intentos se produzcan con posterioridad al 24 de noviembre de 2010.

Por ese motivo los tribunales han anulado algunas sanciones de tráfico notificadas vía el TESTA con anterioridad al 24 de noviembre de 2010.

Sin embargo, lo que realmente debería ser noticia en el caso del TESTRA es que a veces, sólo a veces, las administraciones públicas son capaces de mostrar su mejor faceta y facilitar la vida a los ciudadanos a la par que tutelar otros bienes jurídicos que están en juego como la protección de los datos personales. Más concretamente, el TESTRA es un modelo de privacidad en el diseño, que entró en funcionamiento mientras en la Comisión Europea aún se debatía sobre su concepto.

¿Qué es la privacidad en el diseño?

El principio de privacidad a través del diseño significa que la protección de la intimidad, de la reputación y de los datos personales de los individuos se tiene en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías, desde su concepción hasta su despliegue, utilización y eliminación final. La positivización de tal principio tendría efectos en la elaboración de los sistemas tecnológicos, que deberían ser diseñados y configurados respetando la esencia del derecho fundamental a la protección de los datos personales. Este principio ya figuraba en la Comunicación de la Comisión «Una Agenda Digital para Europa» núm. COM(2010) 245, de 26 de agosto de 2010, y en el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos núm. (2010/C 280/01), de 16 de octubre de 2010. El último avance en relación con la positivización del principio de la privacidad en el diseño lo encontramos en la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos. En concreto, el artículo 23 de la propuesta establece las obligaciones del responsable del tratamiento que emanan de los principios de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

¿Por qué el TESTRA es un modelo de privacidad en el diseño?

El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) es un tablón electrónico que permite que los ciudadanos consulten las notificaciones por sanciones de tráfico que no hayan podido practicarse en el domicilio del interesado por estar éste ausente, por haber cambiado de domicilio sin haberlo comunicado, etc. El sistema permite que los ciudadanos, sin necesidad de certificado digital ni DNI electrónico, puedan consultar los edictos publicados en el TESTRA. De hecho, con tan solo teclear su DNI, NIE, o CIF, el tablón electrónico muestra al ciudadano si tiene o no edictos publicados, y toda la información relativa a cada uno de los edictos, es decir, qué Administración ha ordenado la publicación, por qué infracción, qué plazos tiene para defenderse, etc.

No obstante, lo realmente garantista del sistema es que el ciudadano puede solicitar que los datos personales contenidos en los edictos publicados en el TESTRA no sean accesibles para el resto de los ciudadanos; para hacerlo simplemente debe darse de alta en la lista de excluidos. Para realizar esa alta sí que el programa exige disponer de DNI electrónico o de certificado digital. Lógicamente, aparecer en la lista de excluidos no altera el edicto original custodiado por la DGT, que es el que se debe entregar a los Juzgados o Tribunales que lo soliciten, pero la lista de excluidos permite que el ciudadano controle sus datos personales relacionados con sanciones de tráfico, pudiendo impedir su consulta y conocimiento a terceros. Precisamente por ello es un sistema de privacidad en el diseño, ya que permite y facilita controlar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros, relacionado lógicamente con las sanciones de tráfico, y nos ayuda a configurar y mantener nuestra reputación e identidad digital.

Lo anterior se combina a la perfección con la Dirección Electrónica Vial, que permite que los ciudadanos reciban vía email o SMS en su teléfono móvil, las notificaciones de procedimientos sancionadores, y otros avisos y comunicaciones de su interés. Con ese sistema, la notificación se da por recibida con el envío del email o del SMS, lo que evita la posterior inclusión de ésta en el TESTRA.

Farewell of Institute of Federalism in Fribourg

2012-12-21T15:29:00.000+01:00

These last months I had the incredible pleasure to be a guest researcher of the Institut of Federalism, at University of Fribourg, Switzerland. I have completed a four months research stay from September until now, and I also made a short visit on May-June of this same year.

Through this post I'd like to sincerely thank the kind attention of all the team of Institut du Fédéralisme during my stage. Especially, the patience with the certifications and letters of invitation of Yvonne Heiter-Steiner, the legal orientation both Professor Eva Maria Belser and Professor Nicholas Schmitt, and the last but not least Maurizio Maggetti for its helpful comments and insights. I also want to highlight the great experience sharing insights with other guest researchers and Swiss young researchers, especially Yam Sharma from Nepal, Nahusenay Belay from Ethiopia, and Ramon Setz from Switzerland, to whom I sent my best regards and all the best.

I share here some pics of the farewell dinner with the amazing fondue and the traditional "meringues" with a fribourgeoise special cream.

The tied autonomy after the Spanish Constitutional Court Ruling 31/2010

2012-12-18T15:25:00.000+01:00

Aquí os dejo mi presentación PREZI de la ponencia que manana realizaré en el Institut du Fédéralisme, de la Université de Fribourg, sobre el Estado Autonómico y los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/2010.

Derecho al olvido y personas fallecidas

2012-12-14T12:06:00.001+01:00

Hace unos días recibí un interesante correo de un profesional de la protección de datos que está realizando su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, en el que me preguntaba mi opinión sobre la posibilidad de reconocer el llamado derecho al olvido también a las personas fallecidas.

La cuestión no es baladí, viendo casos mediáticos recientes como el de Amanda Todd, los perfiles de las redes sociales de la chica asesinada en El Salobral (Albacete) o algunas de las chicas fallecidas en la fiesta celebrada en el Madrid Arena, que salieron a la luz en los medios de comunicación pública. ¿Tienen derecho, una vez muertas, a desaparecer del sistema, de Internet? ¿Quién puede cancelar sus datos? ¿Se puede exigir a los buscadores, a Google, que retiren enlaces por ejemplo a imágenes del torso desnudo de la adolescente fallecida Amanda Todd?

Mi opinión es que toda esta cuestión escapa al debate del llamado derecho al olvido, y la respuesta correcta no debe ir en ningún caso por la vía de la protección de datos, sino por los daños en el honor y memoria del difunto y por la vía de la herencia digital.

Una de las tesis que sostengo en el libro que escribí sobre el derecho al olvido en Internet es que se trata de un derecho que nace dentro de los artículos 10.1 y 18.4 de la Constitución, en el marco de la protección de datos personales -las facultades de cancelación y oposición a tratamientos inconsentidos e ilegítimos-, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En la medida que eso sea así, o en la medida que su reconocimiento se produzca dentro del derecho a la protección de datos -parece que así va a ser en el futuro reglamento europeo, al menos en la redacción actual de la propuesta europea-, estamos hablando de un derecho personalísimo, es decir, sólo las personas físicas "vivas" pueden ejercer ese derecho frente a terceros. Téngase en cuenta que el artículo 32 del Código Civil dispone que “la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”.

Aunque hace ya unos años la Agencia Española de Protección de Datos dictó un interesante informe sobre la aplicación de las normas de protección de datos a los datos de personas fallecidas, disponible aquí, en el que se argumentaba que las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos para notificar el óbito y solicitar la cancelación de los datos, esta es una facultad más que limitada, y no parece la vía más eficaz para recabar la tutela de lo que sucede en las redes sociales y lo que enlazan los motores de búsqueda. Estoy convencido que en la mayoría de casos las redes sociales y los motores de búsqueda actúan sin problemas al conocer que se está divulgando información que causa un daño a la memoria del difunto y a sus familiares y personas más allegadas.

Si bien es cierto que el derecho al honor también es un derecho personalísimo, nuestra doctrina ya ha tenido la oportunidad de reconocer que tales derechos pueden ser eventualmente aplicados, ejercidos o reclamados por los familiares del difunto, en la medida que la memoria defuncti constituye una prolongación de la personalidad. En realidad, en los casos citados más arriba, no se produce un daño sobre el derecho a la protección de los datos personales, sino un daño sobre la memoria de Amanda Todd y las demás chicas. Luego lo lógico es que los familiares reclamen por la vía del honor frente a quién divulgó y mantuvo la información de manera ilegítima, para obtener una doble tutela: en sentido negativo, para expulsar ciertas informaciones de Internet para siempre, es decir, hacía el futuro; en el positivo, para obtener una indemnización por el daño causado.

Otra vía es la gestión de la herencia digital, que tuve ocasión de comentar en otro post, mediante la designación en vida del albacea digital que seria depositario de las claves de acceso del difunto, con lo que se evitarían muchos problemas.

Google y la libertad de expresión

2012-12-08T18:36:00.001+01:00

Desde el 3 de diciembre hasta el 14 de este mismo mes se celebra en Dubái la World Conference on International Telecommunications, que pretende revisar la actual regulación internacional de las telecomunicaciones. En concreto, tal regulación consiste en un tratado global ideado en teoría para facilitar la interconexión e interoperabilidad de los servicios de información y comunicación, así como para garantizar la generalización, disponibilidad y eficacia de esos servicios. En este marco de reforma del “tratado global de las telecomunicaciones”, que a día de hoy resulta anticuado por señalar directrices tan sólo útiles para las telecomunicaciones básicas, no para Internet, sólo tienen voto los Estados. No tienen prerrogativas como esas los demás actores que operan en Internet, que a la práctica facilitan que la información sea divulgada a gran velocidad sin censura previa. Precisamente por ello Google ha iniciado una intensa campaña advirtiendo de las posibles conclusiones perjudiciales que se adopten en este nuevo tratado global de las telecomunicaciones, si tenemos en cuenta que entre los Estados que van votar se encuentran algunos paradigmas de la censura y represión, como podrían ser las comunistas Cuba y Corea del Norte, entre otras dictaduras.

Es cierto que los que trabajamos desde la perspectiva de la privacidad y la protección de los datos personales hemos criticado algunos extremos de determinados servicios que presta Google. No se trata estrictamente de su política de privacidad, sino del eventual e hipotético control y retención de datos personales que proceden de la utilización de servicios cada vez más interrelacionados, como pueden ser el Gmail, servicios para empresas como el Google calendar, el drive y el docs, el Google+, el navegador Google chrome, blogger, el propio motor de búsqueda relacionado con nuestra IP, youtube, etc., y la sistematización y tratamiento conjunto de todos esos datos. El robot de Google analiza incluso nuestros emails y correos electrónicos si usamos Gmail (prueben por ejemplo escribir un correo con la palabra adjunto y no adjunten ningún documento, al enviarlo verán como Google les alerta del error), y nos ofrece publicidad atendiendo a nuestras preferencias o necesidades, también las expresadas en nuestras e-conversaciones privadas o confidenciales. El problema, como digo, en realidad no radica en el control, retención y sistematización de todos esos datos, sino en la transparencia de lo que se hace con ellos. Es decir, no hay prueba alguna de que esos datos sean cancelados pasado un determinado tiempo ni tampoco que sean utilizados para finalidades ilegítimas o ilegales. La transparencia, tanto si se retienen los datos como si no, permitiría saber si estamos delante de un Big Brother o Gran Hermano que todo lo sabe, e incluso en esa situación, la ciudadanía podría decidir libremente continuar utilizando sus servicios. Es decir, no es para nada descabellado imaginar un Big Brother querido, deseado y aceptado por todos. Con ello al menos se evitarían los chilling effects o efectos perjudiciales que se producirían en el caso de que realmente exista un gran panóptico pero que nadie sea consciente o al menos conocedor de su existencia.

Sin embargo, no es menos cierto que Google juega un papel clave en el desarrollo, auge y crecimiento de las libertades informativas en el contexto de Internet. La Red de Redes facilita la difusión global de información sin censura previa; sólo las limitaciones técnicas y las dificultades económicas para el acceso a las redes con conexión pueden actuar como barreras prácticas. Y en ese contexto, el papel de los intermediarios es más que relevante. Google a través de su motor de búsqueda ha tratado de dar siempre la mejor respuesta a las búsquedas de los ciudadanos, atendiendo a sus preferencias y facilitando encontrar lo que se busca. Organizan la información del mundo y la hacen accesible y útil de manera universal, que no es poca cosa. No es de extrañar que sea el buscador más utilizado, ya que acostumbra a dar las mejores respuestas, de calidad, a nuestras búsquedas. Indexa todo lo que encuentra en la red y lo hace aplicando un algoritmo de búsqueda que es “neutral”, en la medida que debe ser aplicado y se presupone que así se hace, con igualdad para todos los ciberusuarios. Si alguien intenta hacer trampas o alterar el resultado neutral, por ejemplo comprando enlaces o tratando de modificar su posicionamiento en el buscador mediante prácticas perniciosas, Google lo sanciona y lo relega en sus resultados de búsqueda.

Todo ello debería ser tenido en cuenta, máximo cuando se pretende regular las comunicaciones en Internet. Que la International Telecommunications Union (en adelante, ITU) no tenga en cuenta la voz y el voto de partes implicadas como Google, que juegan un papel clave en la configuración y generalización de las libertades informativas a nivel global, me parece absurdo e incoherente. Regular la red sin tener en cuenta a sus agentes principales resulta un acto insensato, de hecho, con independencia del sentido de lo que se vote en la conferencia el resultado no puede ser en ningún caso satisfactorio. Estoy en este sentido totalmente de acuerdo con Vinton Cerf, uno de los padres visionarios de Internet, asesor de Google. Así que paga la pena en esta ocasión señalar las bondades de la campaña de Google Take Action que trata de defender la libertad de los usuarios, especialmente las informativas, en Internet. No creo que se trate de una mera batalla para mantener la “hegemonía informática”, como algunos sostienen, ya que con indiferencia de lo que diga y regule la ITU, Google va a seguir conservándola, la hegemonía, mientras los usuarios sigan valorando mejor los servicios que estos prestan en relación con los que realizan otros intermediarios que operan en Internet. También me parece un disparate lo de la “tasa google”, me refiero a la propuesta de ley alemana que exige el pago de una licencia por parte de los motores de búsqueda a editores y medios de comunicación por el mero hecho de proporcionar resúmenes de sus entradas en la página de resultados. Google actúa como un intermediario y lo único que hace es facilitar que la gente acabe acudiendo a las páginas de los medios de comunicación y editores, así que no veo la lógica de tasar por esos resúmenes cuando precisamente lo que hacen es incentivar que los ciberusuarios acaben entrando en las páginas de los editores y medios de comunicación. El mundo al revés, que decía Eduardo Galeano, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies.

A raíz de todo lo anterior, y esta es ya una reflexión estrictamente jurídica, me viene a la cabeza la cuestión del papel que juega Google en garantía de la libertad de expresión y las demás libertades informativas, y si ello debería tenerse en cuenta en la ponderación con otros derechos fundamentales en casos de conflicto. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 12/1982, advirtió que las libertades de información y expresión persiguen una “comunicación pública libre”, directamente e intrínsecamente vinculada al principio democrático, la preservación de la cual exige “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven” (en el fundamento jurídico tercero). Esto significa que los poderes públicos tienen un deber de inacción, el de no estorbar la libertad de los medios de comunicación, y otro de acción, el de tomar las medidas que estimen oportunas “para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle”. Los medios de comunicación actúan como garantía institucional de la opinión pública libre, y precisamente por ello gozan de una posición preferente en el ejercicio de sus tareas, que ayudan a configurar esa esfera pública que alberga debate y raciocinio sobre los asuntos de interés cívico. No es cuestión baladí, y en ningún caso esto implica que los ciudadanos individualmente considerados no seamos titulares del derecho de informar y de la libertad de expresión. Simplemente implica que los medios de comunicación social al realizar sus propósitos actúan como garantía institucional de las libertades informativas y de la conformación de la opinión pública libre. ¿Si lo medios de comunicación, según el TC, tienen tal consideración, por qué motivo no otorgar esa misma posición “preferente” o “privilegiada” a actores e intermediarios en Internet, como Google, que a día de hoy ayudan y facilitan la conformación de la opinión pública en mayor medida a lo que hacían en el año 1982 los tradicionales medios de comunicación social? ¿Por qué no reconocer a Google esa dimensión más amplia de las libertades informativas, en su condición de intermediario que facilita la difusión y localización de la información en Internet? En determinados debates y foros jurídicos algunos autores, especialmente Lorenzo Cotino, se han mostrado favorables al reconocimiento de Google como garante institucional de las libertades informativas, por el hecho de organizar y sistematizar tal cantidad de información y hacerla accesible y útil para las personas que la buscamos. Me parece una idea coherente y razonable. Quizás sería una buena idea atribuirle esa situación especial, como garante institucional de la libertad de expresión, en la medida que sean capaces de adoptar, también, la transparencia en la retención o no de los datos personales y en el tratamiento que realizan sobre ellos.

La publicidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la protección de los datos personales

2012-12-05T14:12:00.001+01:00

Aquí os dejo un vídeo con mi ponencia La publicitat relativa de les resolucions judiciales i el dret a la protecció de les dades personales, realizada en el seminario Informació, Justícia i Protecció de dades personals, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona el 24 de octubre de 2012. ¡Espero sea de vuestro interés!

Justicia para ricos

2012-11-26T13:37:00.002+01:00

Con gran celeridad nuestro siempre prudente legislador ha aprobado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales, con la que se pretende cobrar por ejercer un poder del Estado, el judicial. Han escuchado bien; se trata de cobrar dinero a cambio de ejercer una función que sólo puede ejercer el Estado, la de impartir justicia. La propia exposición de motivos de la citada Ley menciona que impartir justicia equivale a la “prestación de servicios en régimen de Derecho público” (en el II motivo) -qué locura, insisto, la justicia es una función del Estado, no un servicio público- y añade, como principal motivación de la nueva regulación “incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales” (en el III motivo), esto es, descongestionar nuestros tribunales a costa de incentivar la autotutela, la justicia privada o el pacto entre las partes. De este modo, para poder acudir a nuestros tribunales primero habrá que pagar una cantidad dineraria, según el procedimiento y la instancia de que se trate. Más concretamente, la Ley establece lo siguiente:

Las excepciones a ese nuevo marco son pocas y están reguladas en el artículo 4 de la Ley de Tasas Judiciales.

Una vez hechas las presentaciones, vayamos al fondo del asunto. Sorprende el tenaz esfuerzo de nuestro legislador para ir cargándose lenta pero progresivamente las garantías jurídico-constitucionales que nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege, en especial, la ya difunta tutela judicial efectiva. Hace escasamente un año fue la Ley Sinde-Wert, me refiero a una disposición final inserida dentro de la Ley de Economía Sostenible (la cuadragésima tercera), la que estableció que una comisión administrativa que depende del Ministerio de Cultura puede ponderar derechos fundamentales en conflicto (libertades informativas versus propiedad intelectual, aunque este último, no es fundamental en todos sus extremos). Es cierto que la disposición final no lo dice en estos términos, pero es la deducción lógica que se deriva de permitir que una instancia administrativa pueda decidir el cierre de páginas web sin autorización de nuestros tribunales. Si alguien debe decidir ese cierre, aunque sea cautelarmente, son los tribunales civiles o penales, estos últimos en los casos más graves. He escrito más en profundidad sobre esto en el marco de un seminario italo-español celebrado en Bolonia, si bien la monografía colectiva coordinada por Germán Teruel no verá la luz, según me comenta, hasta enero o febrero de 2013.

Y ahora, con la Ley de Tasas Judiciales, nuestro legislador asesta el golpe definitivo al derecho a la tutela judicial efectiva. Todos tenemos derecho, dice la Constitución en el art. 24, a un juez imparcial predeterminado por la Ley. Eso ha dejado de ser cierto en la medida que el acceso a la justicia que imparte ese juez imparcial queda restringido a aquellos que tienen capacidad económica suficiente para poder pagar las tasas. Según la exposición de motivos de la Ley de Tasas Judiciales el derecho a la tutela judicial efectiva no es incompatible con las tasas ya que el citado derecho no debe confundirse “con el derecho a la justicia gratuita”. No puede ser más cínico nuestro legislador. La justicia nunca ha sido gratuita señores, las partes procesales pagan honorarios de abogados, procuradores y demás. Lo que se pretende con las tasas judiciales es que las partes, además de todo lo anterior, paguen una cantidad para que uno de los poderes del Estado, el judicial, realice su función, que no es otra que la de impartir justicia. No se trata de pagar por un servicio, se trata de pagar por algo que es propio, inherente y exclusivo del Estado, la función de impartir justicia para el caso concreto.

Para que las tasas sean compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva deberían pasar dos cosas. La primera: que Merkel llame al presidente del gobierno exigiendo una reforma exprés de la Constitución y de su art. 24, y que éste a su vez la acorde con el líder de la oposición con una llamada a las 00.00h. Ya saben, por razones de extrema urgencia y necesidad. Me refiero a repetir el “exitoso” proceso de reforma constitucional culminado el 27 de septiembre de 2011, si bien en esta ocasión, maldita sea, habrá que preguntar al pueblo, teniendo en cuenta que al retocar y cambiar algo del título I, Capítulo II, Sección I, no se puede optar por la vía de reforma ordinaria del art. 167 CE sino por la agravada del art. 168 CE. Recuerden que todo ello es muy importante ya que la legitimidad de la Constitución está en juego. La segunda: que el artículo 24 de la Constitución, una vez reformado, proponga el nuevo “derecho relativo a la tutela judicial efectiva”, que establezca que “todos los ciudadanos que tengan dinero suficiente podrán acceder libremente a la justicia”. También se podría optar por un nuevo redactado en sentido negativo: “Los muertos de hambre no tienen derecho a un juez imparcial predeterminado por la Ley”. Hagan apuestas, si lo desean, sobre cuál de los dos redactados agrada más a nuestro legislador.

En ese estado de cosas, las tasas judiciales y el derecho a la (relativa) tutela judicial efectiva serian compatibles. Pero a día de hoy, querido legislador, no se vislumbra compatibilidad alguna entre el 24 de la CE y las tasas, porque es inconcebible que estas últimas se apliquen cuando a unos, el pago de las mismas les resulta anecdótico, y a otros, el pago les va a resultar imposible. ¿Quién va a financiar el pago de las tasas judiciales a alguien que no tiene la capacidad económica para hacerle frente? Nadie, ¿verdad? No estamos hablando de una cantidad irrisoria precisamente, por ejemplo, cuando nos referimos a 800 euros por presentar un recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil. El acceso a la justicia queda vedado así a la gran mayoría de los españoles, esos que no vivieron por encima de sus posibilidades, sino que han visto como otros lo hacían y lo continúan haciendo a costa de ellos. Justicia (sólo) para ricos.

Y un apunte final sobre la técnica legislativa que consiste en regular cuestiones que nada tienen que ver con una determinada Ley en las disposiciones finales de la misma. El último ejemplo es la propia Ley de Tasas Judiciales y su disposición final cuarta, mediante la que se quita la paga extra de diciembre a los funcionarios de Justicia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. ¿Qué tiene que ver el acceso a la profesión de abogados con la mediación en asuntos civiles y mercantiles? Nada. ¿Qué tiene que ver una instancia administrativa que cierra páginas web con la Economía Sostenible? Nada. Se trata de una técnica rastrera, mediocre y apestosa, con la que se debería acabar por el bien de la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Y después de todo, ¿qué nos queda? Esperar. Esperar que nuestro Tribunal Constitucional sea capaz de recuperar parte de la credibilidad perdida, y aproveche esta magnifica ocasión para empaquetar la Ley de Tasas Judiciales y mandarla bien lejos. Del legislador, sin embargo, nos tenemos que encargar nosotros, los ciudadanos. Nos corresponde a nosotros empaquetarlo en los próximos comicios y evitar que los causantes de tal desaguisado puedan continuar campando a sus anchas y lo que es peor, destrozando las garantías jurídicas de un ordenamiento democrático que tanto han constado construir en nuestro país.

Podeu llegir aquest post en català

Entre el derecho al olvido de la accesorio y el derecho a saber lo relevante

2012-11-16T11:08:00.002+01:00

Los próximos 22 y 23 de noviembre de 2012 se celebra el interesante congreso La privacidad: ¿un lastre para la innovación tecnológica? en el Salón de Grados, Campus La Merced, de la Universidad de Murcia. He tenido el placer de ser invitado como ponente por el comité científico del congreso, cosa que me hizo especial ilusión ya que mi primera participación formal (presentando una comunicación) en un congreso fue precisamente en el SICARM que se celebró en Murcia a principios del 2011, y soy plenamente consciente de la calidad de los ponentes que en él participaran.

Mi ponencia se titula "Entre el derecho al olvido de la accesorio y el derecho a saber lo relevante: boletines oficiales, buscadores web y privacidad en el diseño", y aquí enlazo mi presentación PREZI por si queréis echarle un vistazo a aquello de lo que voy a hablar. ¡Espero que os guste!

Entre el derecho al olvido de la accesorio y el derecho a saber lo relevante on Prezi

The so-called right to be forgotten: meaning, scope and boundaries within the European Proposal for a General Data Protection Regulation

2012-11-10T18:42:00.004+01:00

El próximo lunes impartiré una ponencia en el Joint Research Centre de la Comisión Europea, situado en Ispra (Italia), sobre "el derecho al olvido en Internet: significado, alcance y límites en la propuesta europea de reglamento general de protección de datos". Se trata del Workshop on Right to Be Forgotten: Ethical Considerations, en el que participaran expertos, investigadores y académicos sobre la polémica cuestión de llevar el habeas data hasta sus últimas consecuencias en Internet. Podéis consultar el programa completo del Workshop en el enlace de más arriba.

Aquí os dejo también la presentación PREZI, en inglés, de mi ponencia para pasado mañana. ¡Espero que os guste!

The so-called right to be forgotten: meaning, scope and boundaries within the European Proposal for a General Data Protection Regulation on Prezi

Derecho digital y protección de datos

2012-11-09T11:48:00.003+01:00

Os adjunto un programa de la Xarxa Tendències donde me entrevistan sobre el derecho en las redes sociales y el valor económico de nuestros datos personales. Espero que os guste.

Aprovecho la ocasión para recomendaros los audios del congreso Red Derecho TICs que se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, a mediados del mes pasado. Entre otras, se puede escuchar mi ponencia, la de Lorenzo Cotino, y la de Ángel Cobacho, todas ellas relacionadas con el derecho al olvido en Internet y su necesaria ponderación con las libertades informativas.

¿Por qué el derecho al olvido en Internet es necesario?

2012-10-20T11:45:00.001+02:00

A principios de los años noventa, una viñeta cómica del The New Yorker alertaba que on internet nobody knows you're a dog (en concreto, un perro que utiliza un ordenador le comenta a otro que en Internet nadie sabe que eres un perro). Desde entonces, se ha repetido hasta la saciedad que el anonimato en Internet dificulta sobremanera la persecución de los delitos que se realizan en la red. Sin embargo, tal premisa ha dejado de ser cierta en la medida que cada vez existen más medios para controlar el rastro que dejamos de nuestro paso por Internet. De hecho, la realidad actual combina los "anónimos", aquellos que o bien son capaces de operar en la red con la IP "anonimizada" o "falseada" o bien publican información en servidores ubicados en países en los que las leyes, si existen, tienen menos valor que un pagaré de Ruiz Mateos, con los "expuestos", esto es, el resto de mortales sin conocimientos avanzados de la web. La sobreexposición ciudadana al universo 2.0 a la que me refiero queda patente en este vídeo al que he tenido acceso gracias a Ángel Cobacho:

De ese modo, la consagración del derecho al olvido como un derecho de oposición y cancelación resulta necesaria si se pretende acabar con la progresiva exposición del ser humano al ojo ajeno.

El carácter relativo del derecho al olvido en la red y su relación con otros derechos, garantías e intereses legítimos

2012-10-05T15:19:00.003+02:00

Ya está disponible el programa definitivo del congreso nacional monográfico Libertad, transparencia y política en Internet: ejercicio, amenazas y garantías, que se celebrará en Madrid, el 18 y 19 de octubre de 2012, en el Centro de EstudiosPolíticos y Constitucionales. En él participarán profesores, investigadores y abogados especialistas, reunidos en tres mesas de debate y reflexión centradas en la generalización de las libertades informativas a todos los usuarios de la red y sus consecuencias políticas y jurídicas; en la privacidad y la propiedad intelectual frente a la transparencia, libertad de expresión e información en la red; en la noción jurídica de Open Government, esto es, la transparencia, participación y acceso a la información a través de las TICS.

Participaré como ponente en la segunda mesa, y hablaré sobre el llamado derecho al olvido en Internet y sus límites (otros derechos, garantías e intereses legítimos), señalando las principales conclusiones que se extraen de la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos. Asimismo, abordaré la polémica cuestión del derecho al olvido ejercido frente a los motores de búsqueda en Internet, proponiendo algunas soluciones que pasan por el mejor (y ponderado) tratamiento de los datos personales en origen y el rediseño de los sistemas públicos y/o privados a tal efecto.

Aquí adjunto mi presentación PREZI.

El carácter relativo del derecho al olvido en la red y su relación con otros derechos, garantías e intereses legítimos on Prezi

Y aquí podéis leer el abstract de mi ponencia:

Con la universalización de las TICs, recordar se ha convertido en la regla y olvidar en la excepción. Ese cambio de paradigma social incorpora desafíos que pueden ser afrontados desde diversos campos del conocimiento —sociología, filosofía, historia y derecho—, y sin embargo, la cuestión se ha planteado en el debate público europeo esencialmente como una cuestión jurídica. De hecho, la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos reconoce en el art. 17 el derecho al olvido en la red como una consecuencia lógica de la aplicación de los principios del consentimiento y de finalidad del tratamiento de los datos; concretándolo en las más que aceptadas facultades de cancelación y oposición. No obstante, ¿cuál es el contenido real del derecho al olvido digital? ¿Cuáles son sus límites? Y, quizás lo más complejo, ¿cuáles son los criterios que deben ayudarnos a ponderarlo con otros derechos, garantías e intereses legítimos? En este trabajo el autor analizará críticamente las respuestas genéricas que la propuesta europea de Reglamento incorpora para todos esos interrogantes, considerando asimismo la aplicación y extensión del derecho al olvido en los supuestos más polémicos: el caso de los motores de búsqueda, las hemerotecas digitales, la publicación digital de los boletines oficiales y los contenidos de las redes sociales.

El derecho a la sobreprotección de los datos personales

2012-09-29T13:20:00.000+02:00

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el avance de la tecnología ha convertido, de manera progresiva, al ser humano en un ser de cristal, transparente. El derecho fundamental a la protección de los datos personales nace como reacción a la progresiva exposición del individuo al ojo ajeno, y en teoría concede al individuo el control sobre sus datos personales —habeas data—, a decidir cuáles pueden ser tratados y consultados por terceros. El ordenamiento jurídico se inclina así por considerar los datos íntimamente vinculados con la identidad de la persona —que no implica necesariamente que se trate de datos íntimos, si bien estos últimos son más sensibles y merecen mejor protección— casi como bienes de su propiedad. Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, orientación sexual, renta, historial médico, número de teléfono, ideología, historia laboral, email, IP, etc. son datos que nos pertenecen, y sólo pueden ser tratados o consultados con nuestro consentimiento, a no ser que exista una finalidad o interés legítimo que justifique el tratamiento. La propiedad de los datos personales garantiza nuestra autonomía y libertad de actuar en el futuro, luego es comprensible que el Tribunal Constitucional Alemán haya reconocido jurisprudencialmente el derecho a la protección de datos —que no observa ningún precepto de la Constitución alemana— basándose en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en los últimos tiempos asistimos atónitos a la utilización de la (sobre)protección de datos como subterfugio para la opacidad en la gestión de la cosa pública. Pongamos algunos ejemplos: el presidente del Consejo de estudiantes de la “Universidad de la Calle” —vamos a anonimizar y disociar los datos del caso, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido— quiere mandar un mensaje a la comunidad que representa, para dar a conocer su posicionamiento en contra de los recortes que está aplicando la rectora de dicha universidad. Para ello, pide la lista de distribución de emails de los estudiantes (atención: no reclama la cesión de todos los emails, sino una única dirección electrónica que reenvia el contenido a todos los emails de los estudiantes). La respuesta de la universidad es “no, no puedo darte esa lista porque la ley orgánica de protección de datos personales no lo permite”. Esa es la interpretación de la LOPD que realiza la responsable administrativa en cuestión, si bien no matiza en qué sentido nuestra actualizada LOPD, que fecha del 1999, limita esa cesión. Lo más chocante es que la LOPD no permita que el presidente del Consejo de estudiantes pueda utilizar la lista de distribución de emails de los estudiantes, a los que representa, pero sí permita que la rectora de la universidad utilice la lista de distribución de emails (por cierto, con insoportable frecuencia) de toda la comunidad universitaria, a la que representa. Casos parecidos, criterios diferentes, si bien en ambos casos desconocidos por la plebe. La (sobre)protección de datos se convierte así como la primera línea del frente, dispuesta a contener las pretensiones legítimas de quienes son administrados.

Segundo ejemplo: un buen padre de familia, José, es multado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de “X”. El inspector lo encontró trabajando y cobrando una ayuda al mismo tiempo, si bien calificó los hechos erróneamente y la resolución de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de “X” sancionó no por trabajar y cobrar prestación a la vez, cuando existe un tipo administrativo específico para esa conducta, sino por omisión de declaraciones obligatorias —tipo genérico, no aplicable al caso en cuestión—. El abogado de José le explica que la Inspección Provincial de “X” a veces acierta, aunque parezca mentira, y lógicamente presenta recurso previo a la vía contencioso-administrativa. Cuando han pasado varios meses (y la administración aún tiene un mes para contestar), el abogado decide llamar a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social “X” para saber el estado de la tramitación del recurso, a fin y efecto de poder acelerar en la medida de lo posible la resolución teniendo en cuenta que José no recibe ninguna prestación ni tampoco trabaja, teniendo menores a cargo y una comunidad familiar que mantener. La Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social “X” explica al abogado que no puede facilitar ningún dato de su cliente por teléfono, por el derecho a la protección de datos personales. El abogado, estupefacto, razona tras la espera de un cuarto de hora al teléfono: “pero si soy yo quién va a facilitarle a usted los datos personales de mi cliente ya que él me los ha cedido a tal efecto: nombre, apellidos, DNI, número del procedimiento sancionador, número de la Seguridad Social, número de cuenta, etc. Usted sólo debe decirme el estado de la tramitación”. La respuesta es no, por la (sobre)protección de datos.

Tercero y último: un banco, aunque parezca mentira en los tiempos que corren, concede una hipoteca a un cliente joven con un salario decente y con un par de buenos avales. Tiene truco, y es el que el piso es propiedad del banco, tras embargo. Antes de hacer la compraventa, el banco, consciente de sus obligaciones legales, se dispone a pagar los recibos pendientes del IBI, correspondientes a un par de anualidades. Mandan a un comercial al ayuntamiento para pagar el IBI, y sorpresa, no le dejan hacerlo por la (sobre)protección de datos. ¿Quién es el “comercial este” para pagar el IBI que está a nombre de otra persona? —piensa el avispado secretario—. “No se nos permite facilitar datos de inmuebles a otra persona que no sea la titular” —añade—. El comercial insiste: “yo sólo quiero pagar los impuestos pendientes, nada más”. Pero la burocracia puede con su buena voluntad, y finalmente desiste; ya saben, la (sobre)protección de datos prevalece sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Todas estas situaciones en las que eventualmente puede verse inmerso un ciudadano no experto en leyes conducen a un desconcierto total. La (sobre)protección de datos impide la realización de millones de trámites administrativos al año, y complica sobremanera el éxito de los mismos. Paralelamente, se observa cómo la el poder gubernativo cada vez incorpora más causas legítimas para tratamientos de datos personales que pueden convertir la excepción —falta de consentimiento— en regla. Hace unos meses, una ciudadana se preguntaba en el diario La Vanguardia:

“¿Mi farmacéutico tiene que saber en qué tramo salarial estoy incluida cuando me dispensa la receta? ¿Los cuidadores externos de las personas dependientes tienen que saber en qué tramo de renta está la persona a quien cuidan cuando acompañan a esta a la farmacia?”. Y añado: ¿los padres de los compañeros de la escuela pública de mis hijos tienen que saber mi nombre, apellidos, DNI y domicilio? “Porque entonces me pregunto: ¿para qué existe algo llamado ley de Protección de Datos?”.

Pues para eso, señores, para la (sobre)protección de datos.

Some insights on the meaning of republicanism and citizenship

2012-08-14T17:52:00.000+02:00

Republicanism is the ideology of governing a nation as a republic, where the powers of state are appointed through general and democratic elections. The meaning of republicanism varies depending on the cultural and historical context, but the original notion of republic (res publica) make us back to Roma. Indeed, enlightenment philosophers saw the Roman Republic as an ideal system, mainly by the firmly recognition of the paper of citizenship on building the future of the nation, albeit it wasn’t included a systematic separation of powers. In the modern era there was a convergence of the notions of democracy, res publica, citizenship and republicanism. Republicanism with an emphasis on liberty, and a rejection of corruption, indicate the rule by the people and by the law.

Lawrence Lessig showed, in this excellent keynote, the sharp gap between theory and practice on republicanism, at least nowadays.