Entre Penas y Gracias

El impacto de los medios de comunicación en la legislación penal peruana

2011-10-02T03:52:00.000-07:00

Como peruanos nos hemos acostumbrado a recibir principalmente dos clases de noticias diarias: corrupción de funcionarios y delincuencia común. Es más, dependiendo del corte –moderado o sensacionalista– del medio de comunicación, la prensa se orienta por uno u otro tema. Así, los programas de investigación enfatizan los problemas de corrupción que subyace a muchos órganos del Estado mientras que algunos periódicos brindan una “orgía informativa” que gira en torno a algún robo o asesinato. Estos últimos, incluso, publican fotografías ciertamente repulsivas o testimonios escalofriantes muchas veces de modo innecesario. Al margen de lo bizarra que puede resultar cierta información, es muy saludable e importante el rol de la prensa peruana pues a través de sus denuncias e investigaciones evitamos aquellos vacíos donde se gesta la impunidad.

El problema se origina cuando el Congreso, lejos de ser un órgano donde se legisla de manera reflexiva y autocrítica, se convierte en el colofón de la noticia. En efecto, de un tiempo a esta parte –quizás por el posicionamiento de las redes sociales–, en el Legislativo se vienen presentando gran cantidad de proyectos de ley que inciden en materia penal a los pocos días que algún caso policial se convierte en tema del momento –o trending topic para los amantes del Twitter–.

Así, en exactamente dos meses de labor parlamentaria, de los 228 proyectos de ley presentados por el Congreso, 40 inciden en materia penal –los cuales he resumido en el cuadro ubicado al final de este artículo–. En términos de política criminal, esto es alarmante no sólo por la cantidad de normas propuestas sino también porque muchas de éstas no son más que un placebo legal utilizado por algunos congresistas para calmar el malestar (justificado) de la población. Ahora bien, los proyectos de ley inciden principalmente en dos ejes –reflejo casi perfecto de las noticias que día a día se publican y discuten–:

Humor vs. Delincuencia. Fuente: Karrycartoons

a) Seguridad Ciudadana.- Existen 21 proyectos de ley que inciden en delitos como robo, secuestros y homicidio a través de los cuales se propone modificar el delito, incrementar las penas y eliminar o disminuir los beneficios penitenciarios.

¿Y la seguridad? Fuente: El Otorongo

b) Corrupción de Funcionarios.- Existen 09 proyectos de ley a través de los cuales se pretende convertir en imprescriptibles esta clase de delitos, endurecer las sanciones –tanto las penas como la inhabilitación consecuente– y reducir los beneficios penitenciarios.

Fuera los corruptos (Parte II). Fuente: Andrés Edery

Lamentablemente, la comisión de estas dos clases de delitos no se evitará con estos proyectos de ley. Es más, de aceptarse muchas de estas propuestas se generaría un caos de interpretación jurídica que en vez de ayudar perjudicará al operador.

Tal es el caso del Proyecto de Ley No. 00241 propuesto por Octavio Salazar mediante el cual se propone crear nuevas agravantes para el delito de robo con el objeto de sancionar a los delincuentes que “identifican y estudian a sus víctimas encontrándolas vulnerables llevando sumas de dinero retiradas de bancos, financieras (…)”. No olvidemos que la carga de la prueba recae en el acusador por lo que no me imagino cuán complicado sería para la fiscalía demostrar que los delincuentes identifican a sus víctimas, que las estudian -¿qué significa estudiar?- y además que las encuentran vulnerables para después de todo ello recién robarles. Sin duda, cualquier ciudadano podría pensar que proyectos como estos fortalecerán la seguridad ciudadana pero no es así. Quienes nos dedicamos al Derecho Penal sabemos que estas propuestas, a la larga, traerán más impunidad o que, sencillamente, no serán utilizadas por los operadores jurídicos.

Antes de continuar, miremos qué noticias han sido las más alarmantes y cómo ha respondido el Congreso:

a) Atentado contra la hija de Renzo Reggiardo: El 04 de agosto, inescrupulosos asaltantes atentaron contra la familia del Congresista Renzo Reggiardo provocando que una de sus menores hijas quedara gravemente herida. Después de una ola de información periodística y de la indignación popular, el 09 de agosto el Congresista Amado Romero Rodríguez presentó el Proyecto de Ley No. 00015/2011 por el cual se pretende eliminar los beneficios penitenciarios para los delitos cometidos contra los menores de edad y el delito de robo agravado.

Chamba es chamba pe´ varón. Fuente: El Otorongo

b) El Caso Romina Cornejo: Si bien el atentado sufrido por la niña Romina Cornejo se efectuó el año pasado, fue recién en agosto del 2011 en que la fiscalía acusó a los “marcas” investigados. Sin embargo, la prensa mostró su entendible rechazo frente a la decisión del Poder Judicial de devolver el expediente a la fiscalía para que emita un nuevo pronunciamiento por diversos errores cometidos. Esto ocurrió en las dos primeras semanas del mes pasado, lo que coincidió con el robo denunciado por la abuela de la niña Cornejo por parte de otros “marcas” que pertenecerían a la misma banda.

Si a estos hechos le sumamos que el 23 de agosto, una banda de “marcas” le robó 11 mil soles a un anciano de 88 años tras su cobro en la ONP; que el 07 de setiembre, otra banda de “marcas” robó 66 mil nuevos soles, secuestró y violó a una mujer en San Isidro; y que el 09 de setiembre, dos “marcas” asaltaron a un cambista robándole 120 mil nuevos soles en Surco; el resultado es que durante las dos últimas semanas de agosto y la primera de setiembre, la prensa puso en evidencia la inseguridad a la cual estamos sometidos por este tipo de bandas.

La respuesta del Congreso no se hizo esperar. Así, el 15 de agosto, mediante el Proyecto de Ley No. 00103/2011 el Congresista Rodríguez Zavaleta propuso la creación del delito de marcaje o reglaje, mientras que el 21 de setiembre a través del Proyecto de Ley No. 00241/2011 Octavio Salazar propuso la incorporación de nuevas agravantes para tipificar de manera particular esta modalidad delictiva.

Mala "Marca". Fuente: El Otorongo

c) El caso de las falsas alarmas de explosivos: Durante la segunda y tercera semana de setiembre, coincidiendo con la fecha en la que se capturó al terrorista Abimael Guzmán, todos los noticieros informaron sobre las llamadas telefónicas a través de las cuales se alertaba la existencia de bombas ubicadas en diversos barrios capitalinos principalmente. El Congreso respondió mediática y rápidamente. Así, el 19 de setiembre se presentó el Proyecto de Ley No. 00227/2011 por el cual se propone incorporar un nuevo delito a la legislación penal: el terrorismo blanco.

Amenaza de bomba. Fuente: El Otorongo

d) El Caso de Walter Oyarce: Tres días después del deplorable asesinato del hincha aliancista Walter Oyarce en el Estadio Monumental, el Congresista Daniel Abugattas ha declarado que se presentará un proyecto de ley para sancionar con ocho años de cárcel la violencia en los espectáculos deportivos.

Hasta cuándo. Fuente: El Otorongo

¿Por qué considero que todos estos proyectos son innecesarios? Porque nuestra legislación actual sí permite procesar y sancionar a quienes atentan contra la seguridad ciudadana y a aquellos funcionarios corruptos, de manera correcta y adecuada. Y es que no es un secreto que elevar las penas o disminuir los beneficios penitenciarios no son los mecanismos adecuados para combatir estos tipos de delitos. Así, en un artículo anterior publicado en este portal expliqué las razones por las que considero que la verdadera forma de combatir la delincuencia es a través del fortalecimiento del nuevo modelo de proceso penal y no a través de simples modificaciones que incidan en el derecho penal material o de ejecución penal. Sin embargo, mientras los congresistas quieran seguir siendo los protagonistas mediáticos que día a día inundan nuestras pantallas a través de proyectos de ley muchas veces innecesarios e improvisados, la (verdadera) lucha contra la delincuencia no progresará.

P.L.	Título del Proyecto de Ley	Fundamento
000008	Ley que incorpora el delito de feminicidio al Código Penal	Seguridad ciudadana
000015	Ley que elimina los beneficios penitenciarios para los delitos contra menores de edad y el delito de robo agravado	Seguridad ciudadana
000022	Ley que restituye la vigencia de la Ley 29153, Ley que crea una Nueva Comisión Especial Revisora del Código Penal	Reforma del Código Penal
000026	Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	Seguridad Ciudadana
000027	Ley que modifica el artículo 162 del Código Penal, relativo a la interferencia de las comunicaciones	Interferencia de las Comunicaciones
000034	Ley de los delitos informáticos	Delitos Informáticos
000045	Ley que promueve el registro y el apoyo a las rondas campesinas en el marco de la seguridad ciudadana	Seguridad Ciudadana
000069	Ley que modifica delitos de robo agravado, secuestro y extorsión, elimina beneficios penitenciarios a dichos delitos y amplía plazos de la investigación preparatoria	Seguridad ciudadana
000079	Ley de Reforma Constitucional prescripción	Corrupción
000081	Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú	Seguridad Ciudadana
000082	Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC	Política Criminal
000083	Ley que modifica los artículos 194 y 195 del Código Penal referidos al delito de receptación	Seguridad Ciudadana
000084	Propone imponer sanción a las autoridades que no instalen ni convoquen a Consejo de Seguridad Ciudadana	Seguridad Ciudadana
000085	Ley de creación del observatorio nacional del delito y la violencia	Política Criminal
000088	Ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico específicamente en las zonas declaradas en emergencia	Narcotráfico
000090	Ley que modifica el artículo 41 de la Constitución Política y los artículos 57 del Código Penal y 42 del Código de Ejecución Penal	Corrupción
000091	Ley Corrupción Cero que modifica los artículos 32, 36 y 80 del Código Penal	Corrupción
000103	Ley que incorpora el artículo 317-A al Código Penal, referido al Delito de Marcaje o Reglaje	Seguridad Ciudadana
000106	Ley contra los Crímenes de Odio	Seguridad Ciudadana
000147	Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Registro Nacional Forense de Perfiles Genéticos	Seguridad ciudadana
000150	Ley de Reforma Constitucional estableciendo la inhabilitación perpetua para funcionarios públicos	Corrupción
000151	Ley de Reforma Constitucional declarando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción	Corrupción
000163	Ley que protege a los consumidores de la concertación de precios y sanciona penalmente las conductas que atentan contra la libre competencia	Libre competencia
000166	Ley que modifica los artículos 186, 195 y 444 del Código Penal	Seguridad Ciudadana
000168	Ley que propone crear la Comisión Revisora del Código de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario Nacional	Reforma del Código de Ejecución Penal
000176	Ley que modifica diversos artículos de la Ley que Regula el Proceso de Pérdida de Dominio, dado mediante Decreto Legislativo 992 modificado por la Ley 29212	Corrupción / Seguridad Ciudadana
000177	Ley que plantea modificaciones a la Legislación Procesal Penal vigente	Corrupción / Seguridad Ciudadana
000183	Ley que modifica el artículo 38 del Código Penal e incorpora la inhabilitación perpetua	Corrupción
000190	Ley que fomenta el desarme por posesión ilegal o irregular de armas de fuego y otros y modifica diversos artículos del Código Penal	Seguridad Ciudadana
000195	Ley que modifica el numeral 5 artículo 108 del Código Penal	Seguridad Ciudadana
000196	Ley que modifica el numeral 11 artículo 20 del Código Penal	Seguridad Ciudadana
000204	Ley para incrementar la pena por interferencias y escuchas telefónicas	Interferencia de las Comunicaciones
000224	Ley mujeres a una vida sin violencia, que incorpora el delito de femenicidio al código penal	Seguridad Ciudadana
000227	Ley que incorpora en el Código Penal el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública - terrorismo blanco	Terrorismo
000234	Ley de prevención de la salud psicológica para disminuir la inseguridad ciudadana	Seguridad Ciudadana
000238	Ley de Reforma Constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción	Corrupción
000241	Ley que modifica los artículos 189 y 200 del Código Penal	Seguridad Ciudadana
000256	Ley de creación de Establecimientos Penales Productivos en la República del Perú	Reforma penitenciaria
000260	Ley que modifica el artículo 147 del Código Penal sobre sustracción de menor de edad	Atentados contra la patria potestad
000266	Ley que incrementa la pena al delito de violencia y resistencia a la autoridad	Seguridad Ciudadana

El Top Ten de la Corrupción: Primera Parte

2011-06-12T12:13:00.000-07:00

1. El Perú y la lucha contra la corrupción

Karry en Karry Cartoon

Han pasado casi tres meses desde que publiqué la última entrada y en este tiempo, el Perú vivió un suceso electoral inusual. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta ostentaban características preocupantes para la ciudadanía e incluso para la democracia. De un lado, se encontraba Ollanta Humala Tasso, un militar de izquierda cuya campaña fue criticada por los vínculos que lo han unido al gobierno venezolano de Hugo Chávez. Del otro, Sofía Fujimori Higuchi, la hija del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori quien, en el 2009, fue condenado por crímenes de lesa humanidad y graves actos de corrupción.

Finalmente, gracias al apoyo de distinguidos intelectuales –entre los que figuran el premio nobel Mario Vargas Llosa y el escritor BryceEchenique- y de movimientos ciudadanos como el colectivo No a Keiko, el pueblo peruano eligió a Humala Tasso. El alto grado de corrupción que se dio durante el gobierno de su padre representó uno de los puntos más frágiles de la campaña de la señora Fujimori y fue una de las razones por la que muchos indecisos orientaron su voto al candidato nacionalista.

Como penalista me enfrento a diario contra la corrupción y sé que es un problema sistemático enquistado no sólo en el Ejecutivo sino entre los principales operadores de justicia. Es por esta razón que esta entrada se dirige al nuevo gobierno y a los electos congresistas pues una dura labor les espera en los próximos cinco años.

Espero que así como la ciudadanía se unió para no elegir a Fujimori se una también para luchar contra ese cáncer llamado corrupción porque a través de los blogs y las redes sociales podemos pelear contra aquel flagelo. Si no iniciamos una batalla frontal contra ella, jamás podremos vencerla.

Alberto Montt en "Dosis Diarias".

2. Los diez presidentes más corruptos, según Transparencia Internacional

En abril de este año, en diversos medios de información como el diario argentino La Nación o la revista peruana Lawyer se anunció que la ONG Transparencia Internacional publicó el 18 de aquel mes un informe sobre los gobernantes más corruptos del mundo. Lamentablemente, yo no he podido ubicar dicho documento. Sin embargo, sí encontré el Informe Global de la Corrupción del 2004 cuyo eje temático fue Corrupción Política y en el cual se encuentra la misma lista de ex mandatarios investigados o condenados por corrupción que apareció en los citados reportajes. Así, será a partir de esta publicación que comentaré el caso de los diez gobernantes que se caracterizan por ser los más corruptos de las últimas décadas.

Lamentablemente, un presidente peruano figura en el top ten. En este sentido, espero que el nuevo gobierno se caracterice por su transparencia y que invierta la imagen proyectada desde hace más de un quinquenio. En esta primera parte se recordarán a los dictadores Mohammed Suharto, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Sani Abacha y Slobodan Milosevic.

a) Mohammed Suharto (Indonesia)

Haji Mohammad Suharto

Después del golpe de estado de 1965 que contó con el apoyo de la derecha militar, conservadores islámicos y de la CIA, Suharto fue nombrado presidente interino por el parlamento provisional de Indonesia país al que gobernó desde el 12 de marzo de 1967 hasta el 21 de mayo de 1998. En el régimen del genocida se asesinaron aproximadamente a un millón de opositores y se habrían robado entre US$ 15,000 y 35,000 millones de dólares. En 1998, el FMI aprobó una ayuda de US$ 43 mil millones de dólares a cambio de una severa y profunda reforma económica. Esto provocó una rebelión popular que trajo el fin del gobierno de Suharto.

Lamentablemente, Suharto nunca fue condenado y falleció el 27 de enero de 2008 gozando de injusta impunidad. Tras su muerte, Siti Hadijanti Rukmana, la hija mayor del tirano, se limitó a decir que "si tuvo debilidades, pedimos que se le perdonen".

Fuente: New America Media

b) Ferdinand Marcos (Filipinas)

Ferdinand Edralin Marcos

Marcos ganó las elecciones presidenciales en 1965 y continuó en el poder hasta el 25 de febrero de 1986. En su gobierno instauró una Ley Marcial que estuvo vigente hasta 1981 y gracias a la cual pudo encarcelar a diversos adversarios. Recientemente se han descubierto seis víctimas de presuntos crímenes políticas siendo el primer hecho de estas características en descubrirse desde que la comisión de derechos humanos informó haber recibido información de que cientos de filipinos fueron ejecutados sumariamente bajo el régimen depuesto de Marcos.

Transparencia Internacional informa que los fondos supuestamente malversados por su familia giran entre US$ 5,000 y 10,000 millones de dólares. Vale decir que años después de su muerte se ha desatado una gran polémica ya que se intenta trasladar sus restos que yacen en una cripta en Honolulú a un panteón filipino reservado para los héroes nacionales.

Fuente: European Pressphoto Agency

c) Mobutu Sese Seko (Zaire)

Mobutu Sese Seko

Este tirano nació bajo el nombre de Joseph-Désiré Mobutu y, con el apoyo de Estados Unidos, lideró el golpe de estado a través del cual se derrocó al presidente Kasavubu, nombrándose presidente por cinco años. Después de ganar las elecciones presidenciales, le cambió el nombre a la República del Congo por el de Zaire y, en 1972, él mismo se cambió el nombre a Mobutu Sese Seko Nkuku Wa Za Banga ("El guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista, dejando el fuego a su paso"), y Mobutu Sese Seko como versión corta.

El gobierno de Mobutu duró 31 años pues en mayo de 1997 fue derrocado por Laurent Kabila, luego de lo cual tuvo que abandonar su país y buscar refugio en Marruecos –donde falleció meses después–. Se calcula que este tirano amasó US$ 5,000 millones de dólares.

Billete de 10 Nuevos Zaires del Banco de Zaire

d) Sani Abacha (Nigeria)

Sani Abacha

El general Sani Abacha, director de Personal de las Fuerzas Armadas de Nigeria, llegó al poder en 1993 tras liderar un golpe de Estado. Durante los cinco años en los que ejerció el gobierno, prohibió los partidos. Tras su muerte, en 1998, el gobierno nigeriano inició una investigación en contra de su familia por enriquecimiento ilícito ya que les acusaba de tener US$2,500 millones en cuentas personales de bancos en Suiza, el Reino Unido, Luxemburgo y Liechtenstein.

El gobierno de Sani Abacha se caracterizó por graves violaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca la ejecución del activista Ken Saro Wiwa. El 10 de Noviembre de 1995, Ken Saro Wiwa fue condenado a muerte en Nigeria junto a otros ocho dirigentes de la etnia Ogoni. Amnistía Internacional lo denunció y trató de evitar las ejecuciones mediante una campaña internacional. La acusación de desórdenes e incitación a la violencia en una jornada de protestas, en la que paradójicamente las autoridades habían evitado que Ken Saro Wiwa participara, pretendía ocultar el verdadero motivo de preocupación del Gobierno nigeriano: las denuncias crecientes contra los impactos medioambientales de las explotaciones petroleras en el delta del Níger.

La principal operadora en la zona, la angloholandesa Shell, rechazó inicialmente pedir clemencia al Gobierno nigeriano, como Amnistía Internacional le solicitó, alegando que era un asunto político fuera de su competencia. Cuando la presión de la campaña internacional de Amnistía Internacional aumentó, el presidente de Shell envió finalmente una carta al presidente de Nigeria. Llegó el día antes de la ejecución pero ya era demasiado tarde.

e) Slobodan Milosevic (Yugoslavia)

Slobodan Milosevic

En mayo de 1989, Slobodan Milosevic asumió la presidencia de la antigua Yugoslavia. Se le atribuye además de provocar tres guerras que destruyeron el país -Eslovenia (1991), Croacia (1991-1995) y Bosnia (1992-1995)-, haber perpetrado los graves crímenes de genocidio y de limpieza étnica. Esos conflictos dejaron aproximadamente 250 mil muertos y más de dos millones de desplazados, cientos de ciudades destruidas y un rastro atroz de violaciones, torturas y desapariciones, razón por la que se le denominó el “Carnicero de losBalcanes”.

En 2001 el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milosevic al Gobierno formado por el que subió al poder Vojislav Kostunica tras ganar las elecciones del 2000, aunque Yugoslavia no había reconocido en ese momento la jurisdicción de dicho tribunal. El 28 de junio de 2001, tras dos tensas jornadas de resistencia, Milosevic aceptó una entrega pactada en Belgrado y fue trasladado a La Haya, sin que se llevase a cabo en Yugoslavia un juicio sobre dicha extradición, tal y como señalaba la legislación penal yugoslava.

El 11 de marzo de 2006, Milosevic falleció en su celda sin que su juicio culminara. Si bien la versión oficial de su muerte fue que el tirano murió de un paro cardiaco, su defensa especuló que fue envenenado mientras que otro sector asumió que se había suicidado. Sea como fuese, Milosevic tampoco respondió por los US$ 1,000 millones de dólares que habría malversado.

A warm welcome

Como se puede apreciar, un factor común a estos cinco mandatarios no sólo es el alto grado de corrupción que significó su gobierno sino la perpetración de graves crímenes que quedaron en la impunidad. La siguiente entrada está reservada para Jean Claude Duvalier (Haiti), Alberto Fujimori (Perú), Pavlo Lazarenko (Ucrania), Arnoldo Alemán (Nicaragua) y Joseph Estrada (Filipinas).

Twitter y la lucha por la democracia

2011-03-20T23:38:00.000-07:00

1. Introducción

Fuente: Geek and poke

Atrás quedaron los correos enviados entre amigos para coordinar una salida u organizar una fiesta ya que todo se puede twittear. Lejos estamos de las llamadas que recibíamos en nuestros cumpleaños, ahora sencillamente vemos inundando nuestro muro con innumerables muestras de cariño que, muchas veces, no superan las veinte palabras. Y es que desde hace algunos años, las redes sociales se han convertido en una parte muy importante de nuestra vida. Así, actualmente Facebook cuenta con más de 700 millones de usuarios mientras que Twitter ya supera los 200 millones.

Cuando se creó Sixdegrees, la primera red social de internet (1997), nadie se imaginó el impacto que tendría la web 2.0 en el mundo. Hoy aún nos sigue sorprendiendo la utilidad que pueden tener redes como Facebook o Twitter pues además de insertarnos a la comunidad virtual o permitir promocionar una marca o producto, han servido para hacer frente a la censura de estados totalitarios y, actualmente, vienen jugando un rol protagónico en la lucha contra los desastres naturales. En esta entrada, conmemorando el quinto aniversario de Twitter, comentaré algunos casos emblemáticos que nos permiten reflexionar sobre el rol de Twitter en la lucha por la democracia.

A modo de homenaje, este video demuestra la razón por la quese hizo famoso el microblogging. Sin embargo, como ya he dicho, sus funciones y utilidades sobrepasaron todas aquellas ideas por las que fue concebido.

2. Irán vs. Twitter: Cuando las redes sociales vencieron la censura


Autor: John Cole. Publicado en Washington Post

En junio del 2009, se llevaron a cabo las elecciones en Irán, un país con 23 millones de internautas y una comunidad virtual con más de 6,000 blogs. La disputa giró entre el conservador Mahmud Ahmanideyad y el reformista Mir-Hossein Mousavi. Si bien ambos emplearon las redes sociales en su campaña, debido a la popularidad del reformista, el Gobierno -dirigido por Mahmud desde el 2005- bloqueó el acceso a las redes sociales y los principales blogs opositores.

Al interrumpir las fluctuaciones de internet y el servicio móvil, se bloqueó el acceso al Facebook, Myspace, Yahoo Messenger -que es muy popular en Irán-, Youtube, entre muchos otros. La prensa escrita, televisiva y radial fue censurada pues se prohibió informar sobre las innumerables protestas ciudadanas que existían. Incluso, según informa El País, muchos reporteros extranjeros fueron detenidos y expulsados al informar sobre el presunto fraude electoral por el cual el oficialismo se quedó en el poder. La censura llegó a tal punto que el 17 de junio de 2009, los Guardianes de la Revolución amenazaron a la prensa y a los blogueros con emprender fuertes acciones legales.

Sin embargo, esta censura sistemática gubernamental no pudo con el pequeño pajarito azul. Así, debido a los sencillos requerimientos del Twitter, el Estado no pudo bloquearlo. De ahí que cientos de micro - mensajes por minuto mantenían comunicados a los manifestantes y, a la vez, permitía que el resto del mundo se informase sobre las temerarias acciones gubernamentales.

"Alto o lo twitteo"

3. El rol de Twitter en la lucha contra Mubarak

Fuente: La Nuez. 01 de febrero de 2011

El 11 de febrero de este año, Hosni Mubarak renunció al gobierno egipcio. Así, después de 18 días de duras e inaplacables protestas -denominadas como la "revolución de los jóvenes" o la "revolución blanca"-, dicho gobernante abandonó su cargo. Como se sabe, las protestas se iniciaron el 25 de enero por el exceso de brutalidad policial, las leyes de emergencia, las altas tasas de desempleo, el deseo de aumentar el salario mínimo, la carencia de viviendas y alimentos, la inflación, la corrupción, la falta de libertad de opinión y las pobres condiciones de vida.

Ahora bien, a partir del éxito que tuvo la revolución de Túnez gracias al uso del Twitter, el gobierno egipcio bloqueó esta red social desde el 25 de enero. Sin embargo, a los pocos días, se hizo público el apoyo del gigante Google. De este modo, puso en funcionamiento un nuevo servicio que permitía a los egipcios subir mensajes a Twitter sin necesidad de estar conectados a internet. Según informó la BBC, el servicio funcionaba marcando un número de teléfono internacional, en el que se dejaba un mensaje de voz que luego ea subido a la red social. Esta herramienta fue desarrollada por un grupo de ingenieros de Google, Twitter y SayNow.

El resultado ya lo conocemos: Mubarak renunció y dejó el poder tras casi 30 años de gobierno debido a la enorme presión impulsada a través de las dos principales redes sociales. Creo que la caricatura titulada "el pasado conoce el futuro" explica la importancia del uso de estas herramientas para la consolidació de la democracia.

Fuente: Shaping Youth. 12 de febrero de 2011

4. Twitter se enfrenta al Narcotráfico mexicano: Un desafío que recién comienza

Lamentablemente, la violencia que ha desatado el narcotráfico en ciertas regiones mexicanas es conocida por todo el mundo. En el artículo titulado "Cómo reducir la violencia en México", el consultor en políticas públicas, Eduardo Guerrero, demuestra que entre el 2007 y el 2010, las ejecuciones en México ascendieron alarmantemente de 5,000 muertes por año a más de 11,000.

Fuente: La República

En este contexto, el 17 de setiembre de 2010, el periodismo mexicano sufrió un duro golpe. Luis Carlos Santiago Orozco, quien tenía 21 años y ejercía como becario en la sección de fotografía de El Diario de Juárez, fue asesinado cuando se encontraba en un vehículo estacionado en el centro de la ciudad. En su edición dominical de esa semana, bajo la editorial ¿Qué quieren de nosotros?, El Diario de Juárez no sólo reconoció como autoridades de facto a las organizaciones criminales que operan en la ciudad sino que además exigió saber cuáles eran las reglas con las que los periodistas debían de trabajar.

Este es un fragmento de dicha editorial que muestra las secuelas que causa la violencia en el periodismo mexicano -reconocido por el Instituto Nacional de la Prensa como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo-:

Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.
Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.
Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.
Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.

Fuente: BBC Mundo. 21 de setiembre de 2010

Dos semanas después de esta lamentable tragedia, en un reportaje especial de la BBC, titulado: "México: Twitters y Blogs para luchar contra la censura del narco", se dio a conocer, una vez más, la importancia del Twitter y de los blogs en la lucha contra el narcotráfico. De este modo, los twitteros -que por lo general son jóvenes universitarios- reportan los actos de violencia que presencia. Así, por ejemplo, bajo el hashtag #balacera se informa sobre los tiroteos que hay en la ciudad. Gracias a Twitter, la población se mantiene informada sobre los actos de violencia local que a diario ocurren.

5. A modo de reflexión

Hoy, se cumple un lustro desde que Jack Dorsey creara Twitter y el mundo entero recuerda su mensaje inaugural: "Just setting up my twttr". Gracias a su continua y rápida evolución, su trino ha permitido derrocar a dictadores como Ben Ali en Túnez y Mubarak en Egipto. Y es que el canto de esos millones de pájaros azules que revolotean el ciberespacio impide que las dictaduras y el crimen organizado silencie a la población. Considero, sin duda alguna que Twitter es una herramienta imprescindible en la lucha a favor de la democracia pues "el tweet es más poderoso que la espada".

¡Feliz cumpleaños Twitter!

Fuente. The Washington Post

Entre Pilatos y Menem: Alan García y el posible indulto de Alberto Fujimori Fujimori

2011-03-08T16:27:00.000-08:00

Por la fiesta, el procurador tenía costumbre

de conceder al pueblo la libertad de un preso, el

que ellos quisien. Había entonces un prisionero famoso,

llamado Barrabás. Estando ellos reunidos, les preguntó

Pilatos: ¿A quién queréis que ponga en libertad...?

(Mateo 27, 15-17)

1. Introducción

Indulto o amnistía. Fuente: El Otorongo

En los evangelios según San Mateo se sitúa el indulto con más trascendencia religiosa que recuerda la historia: El perdón negado a Cristo y otorgado a Barrabás. Después de casi dos mil años, un gobernante peruano se ha inspirado en la decisión de Poncio Pilatos para, al parecer, intentar perdonar los crímenes cometidos por Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori. Así, a propósito de la campaña electoral y a raíz de una entrevista formulada por el diario El Comercio, Alan García deslizó la posibilidad de indultar "por razones humanitarias" a Alberto Fujimori si es que el pueblo, mediante referéndum, lo respalda:

Me niego a ser un carcelero cruel por eso soy muy cuidadoso de no maltratar a una persona que puede tener una sentencia. Si la situación (de Fujimori) se agravara habría que consultar con el país porque es un tema nacional, no depende de mí.

En esta entrada, analizaré la propuesta de García; sin embargo, antes de abordar dicha misión es necesario recordar un suceso parecido que aconteció en Argentina hace algunos meses. Me refiero a la anulación del indulto concedido por Carlos Saúl Menem al General Videla.

2. El Caso del ~~General~~ Dictador Jorge Rafael Videla

¿Fujimori o Videla? Fuente: El Otorongo

Jorge Rafael Videla Redondo es un ex militar argentino que ocupó el cargo de "Presidente de Facto" durante la Junta Militar de 1976 - 1981. Esta época de dictadura militar fue auto denominada como "Proceso de Reorganización Nacional" que se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

En 1985, después del restablecimiento de la democracia argentina, el General Videla fue procesado y sentenciado a cadena perpetua por la desaparición y asesinato de miles de ciudadanos durante su gestión presidencial. Sin embargo, sólo tuvieron que transcurrir cinco años para que recobrase su libertad. Así, con la supuesta finalidad de "superar los conflictos pasados", Carlos Menem lo indultó mediante el Decreto 2741/90 del 29 de diciembre de 1990.

El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina confirmó la decisión de los dos tribunales inferiores al ratificar la nulidad del indulto concedido al General Videla al ser inconstitucional:

8) Que, cabe subrayar, que esta Corte ha precisado que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tarea en la que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (Fallos: 330:3248, considerandos 20 y 21). Con tal comprensión esta Corte remarcó mediante la cita de diversos precedentes de aquel tribunal internacional la obligación del Estado Argentino no sólo de investigar sino también de castigar los delitos aberrantes, deber que no podía estar sujeto a excepciones.

12) Que no obsta a ello, como pretenden los recurrentes, que en aquel caso se tratara de procesados y no de condenados como aquí, pues allí se señaló que "los delitos que implican una violación de los más elementales principios de convivencia humana civilizada, quedan inmunizados de decisiones discrecionales de cualquiera de los poderes del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que debe disponer el Estado para obtener el castio", y que "... cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto, él resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de investigar, y de establecer responsabilidades y sanción; del mismo modo, si se trata de indultos a condenados, igualmente se contraviene el deber que tiene el Estado de aplicar sanciones adecuadas a la naturaleza de tales crímenes" (considerando 31 del fallo citado)

La experiencia argentina nos demuestra cómo debe operar la justicia penal frente a escenarios de violencia sistematizada pues no es posible "agraciar" a los violadores de derechos humanos. Antes de continuar, debo precisar que el 23 de diciembre de 2010, Videla -a los 85 años de edad- recibió su segunda condena a prisión perpetua por haber participado en los hechos ocurridos entre abril y octubre de 1976 en el penal General San Martín, donde más de treinta presos políticos fueron asesinados. El siguiente video demuestra cuánto impacto tuvo la segunda sentencia en los familiares de las víctimas y en la ciudadanía:

3. ¿Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad?

Fuente: El Otorongo

En la Sentencia del 07 de abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República condenó a Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad. En el parágrafo 771 de la resolución aludida, se establece claramente que los crímenes cometidos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta sín son delitos de lesa humanidad:

717) Ahora bien, a partir de lo expuesto resulta evidente que los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son también delitos contra la humanidad. Fundamentalmente, porque ellos se cometieron en el marco de una política estatal de eliminación selectiva pero sistemática de presuntos integrantes de grupos subversivos. Esta política, de un lado, fue diseñada, planificada y controlada desde los más altos niveles de poder del Estado, y ejecutada por agentes públicos -efectivos de inteligencia militar- que se sirvieron del aparato castrense para hacerlo; y, de otro lado, conforme a sus objetivos, afectó a un número importante de personas indefensas de la población civil.

Esta conclusión es absolutamente compatible con lo establecido en la Parte II de esta Sentencia. Está probado que fue una decisión de Estado ordenada o aprobada por el Jefe de Estado, que se ejecutó por los organismos de inteligencia militar -Destacamento Especial de inteligencia Colina y DINTE- dirigidos finalmente por el SIN, y que contó con todo el apoyo oficial concebible, cuyo objetivo final fue la desaparición forzada y/o ejecución arbitraria o extrajudicial de presuntos subversivos, de los que dos hechos significativos -que no los únicos- precisamente fueron Barrios Altos y La Cantuta.

Con ello no se hace sino coincidir, a partir del cúmulo de pruebas ya analizadas, con las decisiones de la CIDH y el Tribunal Constitucional que, igualmente calficaron estos actos de crímenes contra la Humanidad según el Derecho Penal Internacional.

En dicho acto, se condenó a Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos homicidio calificado (asesinato), bajo la agravante de alevosía en agravio de (1) Luis Antonio León Borja, (2) Luis Alberto Díaz Ascovilca, (3) Alejandro Rosales Alejandro, (4) Máximo León León, (5) Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, (6) Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, (7) Filomeno León León, (8) Lucio Quispe Huanaco, (9) Tito Ricardo Ramírez Alberto, (10) Teobaldo Rosas Lira, (11) Manuel Isaías Ríos Pérez, (12) Nelly María Rubina Arquiñigo, (13) Odar Mender Siguentes Núñez, (14) Benedicta Yanque Churo, (15) Javier Manuel Ríos Rojas, (16) Juan Gabriel Mariño Figueroa, (17) Bertila Lozano Torres, (18) Dora Oyague Fierro, (19) Robert Teodoro Espinoza, (20) Marcelino Rosales Cárdenas, (21) Felipe Flores Chipana, (22) Luis Enrique Ortiz Perea, (23) Richard Armando Amaro Condor, (24) Heráclides Pablo Meza, (25) Hugo Muñoz Sánchez; lesiones graves en agravio de (1) Natividad Condorcahuana Chicaña, (2) Felipe León León, (3) Tomás Livias Ortega y (4) Alfonso Rodas Alvitres; y secuestro en agravio de (1) Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y Samuel Edward Dyer Ampudia. En la página 706, la Sala Especial precisa que: "los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal".

Inmediatamente después de la lectura de sentencia, Keiko Fujimori -la hija del condenado y, hoy, candidata presidencial que (increíblemente) ocupa el segundo lugar en las encuestas- manifestó que de ganar las elecciones, indultaría a su padre. Después de casi dos años, esta proposición se vuelve a repetir pero, esta vez, en voz del saliente Presidente de la República, Alan García Pérez.

4. La (mediática) propuesta de García

Indulto por 28 de julio. Fuente: El Otorongo

Menem, al iniciar su gobierno, indultó a Videla cuando este cumplía recién 5 años de reclusión. García, casi al finalizar su mandato, pretendería indultar a Fujimori quien, coincidentemente, lleva el mismo tiempo de detención que su homólogo argentino. Sin embargo, aprendiendo de la experiencia argentina, sostengo jurídicamente que el indulto es inconstitucional.

En primer lugar, no se puede ignorar el hecho que Perú haya suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigencia el 28 de julio de 1978. De acuerdo a los artículos 1.1 y 25 de dicho cuerpo normativo, es deber del Estado garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y obtener una reparación del daño sufrido.

En segundo lugar, de modo ilustrativo, en la Sentencia del 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que las leyes de Amnistía promulgadas en el gobierno de Fujimori -a través de los cuales benefició a los miembros del Grupo Colina que participaron en la matanza de Barrios Altos- son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos. Así, al igual que en el presente caso, se reconoció que no es posible perdonar las graves violaciones de los derechos humanos:

41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.

En tercer lugar, es necesario traer a colación el Voto razonado del Magistrado Sergio García Ramírez, quien en la Sentencia del Caso Barrios Altos acertadamnte puntualizó que "las disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repgunan a la conciencia de la humanidad". Lamentablemente, en la Sentencia No. 04053-2007-HC/TC emitida el 18 de diciembre de 2007 por el Tribunal Constitucional, en un voto singular, los magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos dejan abierta la posibilidad de agraciar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad:

Así, en el caso de que el ejercicio de la gracia presidencial incida en personas procesadas por la comisión de “delitos constitucionalizados” (como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, delitos de lesa humanidad, entre otros) el control jurisdiccional debe ser de grado intenso precisamente por la relevancia constitucional que el constituyente –y no sólo el legislador– expresamente ha establecido para su persecución y sanción. Ello implica, en primer lugar, que no se traspasen los límites formales y materiales que se derivan de la Constitución. En segundo lugar, la existencia de una motivación explícita y suficiente que debe ser fácilmente apreciable en la resolución suprema que concede la gracia presidencial. En tercer lugar, el cumplimiento escrupuloso del procedimiento establecido en las normas pertinentes.

Creo que lo expuesto en estas líneas fortalece las razones por las que el posible indulto de Fujimori sería inconstitucional. Creo, además, que Alan García o el futuro Presidente peruano debe de aprender de la historia constitucional argentina para no incurrir en el mismo grosero error con el que Menem hizo sufrir a nuestro pueblo hermano. Las razones humanitarias que motivan a García no pueden ser tomadas como fundamento o justificación para cometer un acto de impunidad. Si el cáncer que padecería Alberto Fujimori avanza, lo máximo que podemos permitir como Estado social y democrático es que el sentenciado reciba un trato acorde a su estado de salud, nada más.

Creo que es momento de tomar en cuenta el noble discurso del penalista ilustrado Cesarea Beccaria: "A medida que las penas se hacen más suaves, la clemencia y el perdón se hacen menos necesarios. ¡Feliz la nación en la que fueran funestos! Pues la clemencia, virtud que a veces ha sido para algún soberano el sustitutivo de todos los deberes del trono, debería ser excluida en una perfecta legislación, en la que las penas fuesen suaves y el método de juzgar regular y expedito" y, a su vez, releer la historia constitucional argentina.

El Derecho Penal frente al maltrato animal

2011-02-20T18:55:00.000-08:00

"La grandeza de una Nación se mide por la forma en que trata a sus animales"

Mahatma Gandhi

I. Introducción

WWF. Fuente: El Otorongo

Hoy, 20 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y desde hace varias semanas pensé escribir alguna reseña sobre esta celebración; sin embargo, en los últimos días, cambié de opinión al comprobar que las personas podemos reflexionar y ver más allá de nuestros propios gustos e intereses. En efecto, es fácil ver a un ser humano que sufre y sentir malestar o incomodidad -y, en muchos casos, hasta empatía- pero es muy difícil trasladar ese sentimiento a los animales. Por eso, con mucha esperanza escribo esta entrada pues sé que todos los seres humanos, algún día, dejaremos de creer que la Tierra es "nuestro" planeta y entenderemos que, al igual que el resto de seres que la habitan, sólo somos parte de ella.

Antes de continuar, debo agradecer a Fiorella, mi enamorada, por transmitirme día a día ese amor incondicional por la naturaleza y, en particular, por los animales. Gracias a ella, no sólo entendí que adoptar un perro es mejor que comprarlo sino que, además, como seres supuestamente racionales, tenemos un deber de protección especial sobre el resto de animales. Por eso, desde aquí reprocho todo acto de crueldad y me uno a esa gran cruzada de protección frente al maltrato animal.

II. Perú, tierra de hermosas costumbres pero también de prácticas abominables

Según cifras reveladas por PROMPERÚ, Perú celebra anualmente más de 3,000 fiestas populares que giran en torno a un santo patrón y que se inscriben dentro de un calendario cristiano adoptado en la época colonial, pero cuidadosamente fusionado a las creencias mágico-religiosas de una religión particular. Así, en nuestra fértil tradicional cultural tenemos la festividad de la entrega de varas, el chiaraje, el Qoyllur Rit'i, el Inti Raymi, la fiesta de la Vírgen del Carmen, la Fiesta de las Cruces, la Fiesta de San Juan, la Pachamama Raymi, el Yaku Raymi, entre muchísimas otras.

Lamentablemente, aún existen muchas costumbres donde se someten a tratos crueles e injustificados a los animales. Sin embargo, al parecer, poco a poco, las autoridades van concientizándose sobre la abominabilidad de dichas prácticas y las van extirpando de nuestro territorio:

a) El jalapato.-

El jalapato es una brutal festividad que se celebra cada año en Jauja (Junín). En esta práctica, el mayordomo -poblador que organiza el evento- elige un pato al cual se emborracha dándole de tomar mucho licor para luego atarlo de las patas a una especie de patíbulo. En la fiesta, las parejas que acompañan al mayordomo danzan hasta dicho patíbulo para colgarse del cuello del pobre animal -de allí la procedencia de su nombre-. La fiesta llega a su clímax cuando alguna pareja logra desgarrar la cabeza del pato, siendo elegidos como los mayordomos del año siguiente.

En el video que se muestra a continuación, su autor cubrió al pato para evitar herir susceptibilidades; sin embargo, se muestra cuánta acogida ha tenido esta festividad:

Este año, felizmente, gracias a la Asociación Humanitaria Protectora de Animales y a las cartas enviadas por los señores Carlos Tolentino y Victoria García, esta práctica ha sido prohibida en Yauyos. Así, este año solo se realizó una exhibición con un grupo de chalanes, quienes montados a caballos daban vueltas y vueltas alrededor del pato que fue elevado dentro de una canastilla, de la cual colgaban varias cintas que fueron jaladas una a una al ritmo de la reconocida banda Glorias del Túpac.

Celebración del Jalapato realizada el 23 de enero de 2011. Fuente: Correo

El diario Correo informa que aunque muchos adultos gritaban que estrangulen al pato y los niños observaban con espanto el triste desenlace, lo cierto es que no hubo tal sacrificio y estos animales fueron bajados airosos y terminaron siendo acariciados por los pequeños.

b) Sacrifico del cóndor de mala suerte.-

Primer escudo peruano (1821-1825)

El cóndor andino es la segunda ave voladora más grande del mundo -sólo es superada por el albatros viajero- y es el símbolo del escudo nacional de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador -incluso, el cóndor andino junto a la vicuña aparecen en el primer escudo peruano-. Por desgracia, en la provincia de Urubamba (Cuzco), los pobladores creen que si un cóndor aterriza sobre sus cultivos traerá mala suerte. Para contrarrestar el maleficio, afirman que se debe asesinar al noble animal y rociar el campo con su sangre.

Hace algunos días, gracias a la pronta llamada del poblador Roni Mamani Martínez, la policía ecológica logró rescatar a un cóndor capturado por la comunidad. Finalmente, según Radio Progamas del Perú, este noble animal fue entregado a la Policía Ecológica de Pisac y a los representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. La loable actuación del señor Mamani demuestra que no debemos ser cómplices silenciosos del maltrato animal pues podemos actuar y defender -de diferentes formas y modos- a las distintas especies animales con las que convivimos.

Cóndor rescatado en Urubamba. Fuente: RPP

c) Tauromaquia.-

"Llamar fiesta a un rito tan sangriento como una corrida de toros
es lo contrario de llamar sacrificio al rito incruento de la misma"

Antonio Gala

Fuente: Fotolog

Los toros aparecen en los diferentes relatos mitológicos de la historia humana como símbolo de la fuerza. Así, encontramos al becerro de oro de la Biblia, el toro del cielo del poema sumerio Gilgamesh, el toro sagrado de los Hatti, el Apis egipcio, el toro de Creta, el Minotauro, el toro en que transmutó Zeus para raptar a la princesa Europa, entre muchos otros. Por desgracia, esa fuerza que lo caracteriza fue utilizada, desde tiempos inmemoriables, por los "toreadores" o "matatoros" españoles para realizar prácticas como las que hoy conocemos -y condenamos-.

Perú, debido a la influencia española que sufrió tras su invasión y conquista, incorporó muchas costumbres hispánicas a sus tradiciones. Así, el 30 de enero de 1766, durante el gobierno del virrey Manuel de Amat y Juniet se fundó la Plaza de Acho -la más grande plaza de las 56 oficiales donde se practica la tauromaquia en nuestro país-. Actualmente, lejos de sumar adeptos, las salvajes corridas de toros son rechazadas mayoritariamente en Perú -de acuerdo a una encuesta realizada en el 2004, el 72,7% de la población de Lima y Callao rechaza los espectáculos taurinos-.

Las corridas de toros no sólo importan innecesario dolor a los toros y caballos que participan en el espectáculo sino, incluso, antes del ruedo estos animales son maltratados brutalmente para aparentar que sus ejecutores son más bravos y diestros de lo que realmente son. El video que presento a continuación contiene imágenes escalofriantes que pueden herir la susceptibilidad de muchos pero que retratan el salvajismo de esta práctica.

En el 2005, el Tribunal Constitucional peruano dio un paso muy importante al reconocer que los espectáculos taurinos no constituyen manifestaciones que el Estado debe de promover. Así, en la Sentencia No. 00042-20004-AI/TC del 13 de abril de 2005, el Supremo Intérprete precisó de manera clara que:

Como ha señalado supra este Colegiado, el Estado social y democrático de Derecho asume, en primer lugar, el deber de respetar las manifestaciones culturales; en segundo lugar, de promoverlas; y, en tercer lugar, el deber de no promover aquellas manifestaciones culturales que vulneran los derechos fundamentales, los principios constitucionales o los valores constitucionales ya señalados supra.

Pues bien, en cuanto a los espectáculos taurinos en los que el toro es "asesinado", este Colegiado debe precisar que ellos no constituyen manifestaciones "culturales" que el Estado tiene el deber de promover. Ello porque es un espectáculo que, al someter, innecesariamente, el maltrato cruel y posterior muerte de un animal, afecta el derecho fundamental a la tranquilidad y al bienestar de las personas (artículo 2, inciso 1 de la Constitución) que se interesan por la protección y el buen cuidado de los animales.

Además, nuestro ordenamiento proscribe, expresamente, el maltrato a los aniamles estableciendo inclusive responsabilidades de naturaleza penal; de ahí que el causar sufrimiento y maltratos crueles e injustificados a los animales, va en contra de la propia naturaleza racional del ser huamno y no se condice con los valores morales y de la ética con la que debe actuar.

Imitando las loables prácticas de activistas españoles -que lograron que las corridas fuesen prohibidas, desde enero del 2012, en Cataluña-, en el Perú existen actualmente diversas organizaciones que intentan concientizar a la población sobre esta vituperable práctica. Entre ellas, destaco la labor del "Comité de las Vacas Viudas" y de "Perú Antitaurino". Quizás, algún día, estas instituciones puedan lograr su objetivo y prohibir no sólo las corridas de toros sino también la Yawar fiesta -en donde se amarra un cóndor andino al lomo del toro esperando que el primero le dé muerte-. Recomiendo la canción "Sangre en la arena" de Orlando Belis pues muestra, desde otro punto de vista, el sufrimiento al cual sometemos a estos indefensos animales:

III. El Derecho Penal y la proscripción del maltrato animal

Según recuerda el Equipo de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 23 de setiembre de 1977, en Londres, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas aprobaron la “Declaración Universal de los Derechos del Animal”, cuya versión final fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y, posteriormente, adoptada por la ONU y la UNESCO. Este avance demostró la preocupación mundial existente en torno a la protección de los animales -tanto domésticos como salvajes-, los cuales han sido objeto de maltratos y abusos durante muchos siglos.

Fuente: El Otorongo

En el Perú, no fue sino hasta el 22 de mayo del 2000 que se expidió la Ley Nº 27265, “Ley de Protección a los animales domésticos y animales salvajes mantenidos en cautiverio” que incorporó, en su Segunda Disposición Final y Transitoria, el artículo 450-A del Código Penal con lo que se elevó la protección jurídica de aquellos:

Art. 450-A CP.- El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con sesenta días - multa. Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos sesenta días-multa.

El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier modalidad.

Lamentablemente el tipo penal a través de la cual se "protege" a los animales no es más que una norma simbólica por las siguientes razones:

En primer lugar, a partir de un análisis sistemático, el bien jurídico protegido no es la "integridad física" de los animales sino las "buenas costumbres". En efecto, este ilícito se encuentra rotulado en el mismo título que las siguientes faltas: perturbación de la tranquilidad pública; hacer proposiciones inmorales o deshonestas en lugares públicos; suministrar bebidas o tabaco a menores de edad; obsequiar, vender o consumir bebidas alcohólicas en días u horas prohibidas; y, destruir plantas que adornan jardines, alamedas, parques y avenidas.

En segundo lugar, de acuerdo a nuestra legislación penal, el maltrato animal no es un delito sino únicamente una falta. Esto trae los siguientes inconvenientes: prescribe después de un año de investigación -esto dificulta la persecusión y posterior sanción pues en Perú, los proceso penales duran cuando menos dos años-; sólo responde el autor, no el cómplice ni el instigador; por más cruel y vejatorio que sea el maltrato, su autor no recibirá pena privativa de libertad sino únicamente días - multa; es decir una mera sanción pecuniaria.

El 21 de agosto de 2010, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley No. 04248, a través de la cual promueve la "Ley de Protección y Bienestar Animal". La finalidad de este interesante proyecto, según su Artículo I, se busca garantizar el bienestar y la protección de toda especie de animales vertebrados domésticos o silvestres, promoviendo la participación de todos los actores sociales involucrados. De manera más concreta, reconoce que su objeto es "proteger la vida y la salud de los animales, impedir el maltrato, la crueldad, causados por el el ser humano, directa o indirectamente, que les ocasiones sufrimiento innecesario, lesión o muerte innecesaria así como fomentar la piedad, el respeto a la vida y los derechos de los animales a través de la educación. Además, se velará por su bienestar para prevenir accidentes y enfermedades que afectan a sus poblaciones y aquellas trasmisibles al ser humano".

Respecto a las festividades y actuaciones aquí descritas, el Proyecto de Ley es claro y enfático al precisar, en el artículo 21.b, que se encuentra prohibido:

La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público o privado donde se obligue o condicione a los animales, a realizar actividades que no sean compatibles con su comportamiento natural y se afecte su integridad física y bienestar.

Sólo se podrá realizar exhibiciones de animales en lugares acondicionados, que cumplan medidas de seguridad, para prevenir accidentes en las personas y en los animales y autorizados por los sectores competentes, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias específicas.

Sin lugar a dudas, no sólo estamos avanzando como sociedad al sentir, poco a poco, empatía por el resto de habitantes del planeta sino que además buscamos mecanismos que impidan que aquellos que no lo sienten, cuando menos, respeten la naturaleza animal. En este sentido, frente a los tratos brutales y crueles promovidos por un pequeño sector social, aparece el Derecho Penal para sancionar estos actos. Este Proyecto de Ley, pese a las deficiencias jurídico penales que contiene como por ejemplo, mantener como falta el trato cruel a los animales y no elevarlo a la categoría de delito o regular las sanciones de manera desproporcionada -pues si bien la sanción de maltrato se elevaría a entre 60 a 180 días multa, ello no encuentra un correlato con los 5 años de pena privativa de libertad que podría recibir el autor si causa la muerte del animal, razón por la que la sanción del tipo base, desde mi opinión, debería ser elevada también sustancialmente-, es un gran avance en la lucha contra el maltrato animal.

Fácil sería decir que sólo nos queda esperar el resultado legislativo al cual se arribe; sin embargo, no debemos de olvidar que detrás de las corridas de toros y otros eventos nada culturales, existe una potente maquinaria económica para quienes este Proyecto quizás representa un grave peligro al ir en contra de sus vanos y fútiles intereses. Es este el momento en el que debemos de trabajar con más tenacidad y esfuerzo para que los logros obtenidos no desaparezcan. Es este el momento en que el derecho sancionador -administrativo y penal- debe fortalecerse para equilibrar un terreno hasta ahora demasiado inclinado.

El Perú y la lucha contra la corrupción

2011-01-17T15:07:00.000-08:00

1. Introducción

Fuente: El Otorongo

El pasado 09 de diciembre se celebró el Día Internacional Anticorrupción y, con ocasión a tal evento, la BBC realizó una encuesta titulada “El Mundo Habla”, la cual fue dirigida por la empresa Globescan. Se entrevistaron a 13,353 adultos de 26 países –en América Latina participaron Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú- y el resultado arrojó que la corrupción no sólo es el problema global que más conversaciones genera sino también uno de los que más preocupa.

De acuerdo al ranking de la “Percepción Mundial de la Corrupción” del 2010, de 178 países evaluados por la ONG Transparencia Internacional, Perú se encuentra en el puesto 78 –donde 1 es menos corrupto y 178 es más corrupto-. A nivel local, en agosto del año pasado, Proetica publicó los resultados de la “Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú” realizada a 5,900 personas. De dicha encuesta, cabe destacar los siguientes resultados:

La pobreza, el desempleo y la inflación han dejado de ser los problemas principales y han tomado su lugar la corrupción en primer lugar (51%) y la delincuencia en segundo (41%)
La tolerancia hacía la corrupción, medida a partir de las actitudes hacia diversas situaciones, nos indica que la mayoría de entrevistados se muestra “tolerantes” hacia actos de corrupción, mientras que alrededor de la cuarta parte evidencia un “rechazo definido”.
La mitad de los encuestados dice no saber dónde realizar una denuncia en caso de corrupción.
En caso de realizarse la denuncia, la mayoría de ciudadanos percibe que el trámite es poco o nada efectivo.
El gobierno de Fujimori (36%) y el primer gobierno de García (32%) son considerados como los más corruptos.
El Congreso (46%), la Policía (45%) y el Poder Judicial (38%) son las entidades más corruptas del Perú.

2. ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra la corrupción?

Fuente: El Otorongo

A partir de las cifras antes expuestas, fácilmente se infiere que, a nivel local y mundial, la corrupción es uno de los problemas que más le preocupa a la ciudadanía. Si esto es así, ¿qué debe hacer el Estado para combatir este flagelo?

a) El endurecimiento de penas.- Hay quienes sostienen que el Estado debe endurecer las penas o eliminar los beneficios penitenciarios[1].

b) La adopción de un proceso penal ágil y transparente.- De otro lado, hay quienes sostienen que la adopción de un sistema procesal acusatorio de rasgos adversariales –en el que exista separación de funciones, inmediación judicial en el debate oral, prime la oralidad y la publicidad– disminuirán la tasa delincuencial.

Ahora bien, siguiendo a Isaac Ehrlich[2], podría decir que para que una persona actúe ilegalmente será suficiente que el beneficio marginal esperado del delito supere al valor marginal esperado del castigo en términos monetarios. Por esta razón, un incremento de las variables vinculadas con el sistema de justicia criminal (probabilidad de ser capturado y condenado) reducirá el tiempo de actividades ilegales al elevar el coste esperado del castigo. Dicho de otro modo, de nada serviría aumentar la severidad de las penas o de su ejecución si la probabilidad de castigar al delincuente es baja pues, en la realidad, no tendrá ningún tipo de efecto disuasorio. En cambio, si el proceso es eficiente y eficaz no sólo se desincentivará al delincuente sino que se reforzará el sentimiento de seguridad ciudadana.

A partir de lo expuesto, se colige que la mejor manera de enfrentar la corrupción y, en general, la delincuencia, es a través de un proceso penal ágil y transparente como el recogido por el Nuevo Código Procesal Penal peruano (NCPP) –publicado mediante el Decreto Legislativo No. 957 del 29 de julio de 2004–.

3. El adelantamiento del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para los delitos de corrupción de funcionarios


Fuente: El Otorongo

El 30 de abril y el 03 de agosto del 2010, el Poder Ejecutivo y Judicial presentaron los Proyectos de Ley No. 04002 y 04189, respectivamente, a través de los cuales solicitaron al Congreso el adelantamiento de la entrada en vigencia del NCPP:

a) El primer Proyecto sentó sus bases en dos ejes centrales: (a) la aplicación progresiva del NCPP en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cuzco, Madre de Dios, Cañete, Ica, San Martín, Cajamarca y Amazonas ha tenido resultados satisfactorios, evidenciando procesos sin dilaciones y dando lugar a sentencias oportunas; y (b) de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –que entró en vigencia en el Perú el 14 de diciembre de 2005–, se debe considerar la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, así como los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los mismos.

b) El segundo Proyecto, tomando como base el primero, propuso que el adelantamiento no recaiga en cualquier delito de corrupción sino únicamente sobre (i) aquellos perpetrados por organizaciones delictivas o (ii) que produzcan repercusión nacional. En el Proyecto se señala que el adelantamiento propuesto por el Ejecutivo fue objetado por Sala Plena “sobre la base de consideraciones relacionadas al aspecto logístico y en la necesidad de una adecuada organización del modelo que pensaba implementarse”.

En base a las dos características antes expuestas, el Poder Judicial propuso el adelantamiento del NCPP a los siguientes delitos: secuestro, trata de personas, interceptación telefónica, turismo sexual infantil, pornografía infantil, extorsión, extracción ilegal de bienes culturales, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, genocidio, desaparición forzada, espionaje, colusión, peculado, cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho trasnacional, tráfico de influencias, terrorismo, lavado de activos y contrabando.

Pese a que el Proyecto presentado por el Poder Judicial se sustentaba en una propuesta más concreta, finalmente, se aprobó el primero. Así, el 17 de setiembre de 2010 se publicó en El Peruano la Ley No. 29574 –“Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos”–, precisando que el adelantamiento referido sería a los 120 días de la publicación.

El sábado 15 de mayo, entre bombos y platillos, en Lima y Callao, entró en vigencia el NCPP para los siguientes delitos:

Concusión (Art. 382 CP)
Cobro indebido (Art. 383 CP)
Colusión (Art. 384 CP)
Patrocinio ilegal (Art. 385 CP)
Peculado doloso y culposo (Art. 387 CP)
Peculado por uso (Art. 388 CP)
Malversación de fondos (Art. 389 CP)
Retardo injustificado de pago (Art. 390 CP)
Rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad (Art. 391 CP)
Cohecho pasivo propio (Art. 393 CP)
Cohecho pasivo impropio (Art. 393 CP)
Cohecho pasivo específico (Art. 395 CP)
Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (Art. 396 CP)
Cohecho activo genérico (Art. 397 CP)
Cohecho activo trasnacional (Art. 397-A CP)
Cohecho activo específico (Art. 398 CP)
Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (Art. 399 CP)
Tráfico de influencias (Art. 400 CP)

Enriquecimiento Ilícito (Art. 401 CP)

4. El Tribunal Constitucional y el NCPP

Fuente: El Otorongo

Una de las características más importantes del NCPP es la agilidad con la que se resuelven los procesos y, de ahí, su gran utilidad en la lucha contra la delincuencia. Así, dependiendo de su complejidad, el Art. 342 NCPP establece dos plazos de duración de la investigación preparatoria –etapa en la que el Fiscal reúne los elementos de convicción necesarios para decidir si acusa o no al investigado–:

a) Investigaciones ordinarias.- 120 días naturales. Por causas justificadas, el Fiscal puede prorrogarlo hasta por un máximo de 60 días naturales.

b) Investigaciones complejas.- 8 meses; sin embargo, puede prorrogarse por igual plazo si es que el Juez de la Investigación preparatoria lo autoriza.

Muchos procesos anticorrupción requieren, sin duda alguna, investigaciones complejas debido a la gran cantidad de actos de investigación que deben de realizarse, a la gran cantidad de investigados involucrados, a las innumerables gestiones a efectuarse fuera del país, entre otras razones. Sin embargo, el NCPP dota de diferentes mecanismos que permiten afrontar este sombrío panorama.

Ahora bien, el 11 de agosto de 2010, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia No. 02748-2010-HC (Caso Izquierdo Alexander Mosquera). Dicho pronunciamiento es totalmente cuestionable pues, lejos de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia en el Perú, no hace sino criticar el plazo de investigación establecido en el Art. 342 NCPP, tildándolo de irreal:

(…) se advierte que el plazo de investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, no se condice con la realidad social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos que por la complejidad del asunto exceden los ocho meses, que pueden ser prorrogados por igual plazo.

Por esta razón, este Tribunal estima que el plazo previsto en el artículo referido debe ser modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se puede ordenar la conclusión de la investigación preparatoria. De ahí que, se le exhorte al Congreso de la República a que modifique el plazo del artículo mencionado (investigación preparatoria en casos complejos) de acuerdo a la capacidad de actuación del Ministerio Público, sin que ello suponga la afectación del derecho al plazo razonable.

Si bien la Sentencia restringió su análisis a los delitos de lavado de activos y de tráfico ilícito de drogas, lo cierto es que dicho pronunciamiento podría ser empleado por muchos mal intencionados operadores –fiscales o abogados– para manifestar que el plazo de investigaciones complejas de corrupción de funcionarios es inconstitucional. Así, lejos de fortalecer el NCPP, sólo se deteriorará pues o dicho plazo, en la práctica, será flexibilizado o el Congreso lo modificará. Cualquiera de las dos decisiones sólo desnaturalizará el proceso.

Pese a lo expuesto por el TC y a modo de conclusión, debo confesar que considero que el Perú está avanzando en la lucha contra la corrupción y que es tiempo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial demuestren que con inteligencia y prudencia se puede enfrentar tan grave problema gubernamental.

[1] Así, por ejemplo, a mediados del 2010, a propósito de la lucha contra la delincuencia común, el Congreso presentó 15 proyectos de ley a través de los cuales se endurecía el Código Penal y de Ejecución Penal: Proyectos de Ley No. 04198/2010-CR, 04200/2010-CR, 04205/2010-CR, 04215/2010-CR, 04217/2010-CR, 0422/2010-CR, 0423/2010-CR, 0424/2010-CR, 0425/2010-CR, 0426/2010-CR, 0427/2010-CR, 0428/2010-CR, 0430/2010-CR, 0437/2010-CR, 0439/2010-CR. En el siguiente artículo se analizan estas propuestas: ELÍAS PUELLES, Ricardo. “¿Cuáles es la mejor manera de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?”. Publicado el 25 de agosto de 2010 en el Blog “El Cristal Roto” - Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

[2] MARTÍN SEGURA, José Aureliano y José Luis NAVARRO ESPIGARES. “Metodología econométrica para el análisis económico del delito. Los modelos de datos de panel”. En: “Revista Española de Investigación Criminológica”. Artículo 3, Número 5 (2007).

La captura de José Enrique Crousillat: De indultado a prófugo de la justicia

2011-01-10T06:00:00.000-08:00

1. Introducción

Fuente: El Otorongo. 01 de enero de 2010

El 08 de agosto del 2006, la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció al empresario José Crousillat a ocho años de pena privativa de libertad por haber vendido la línea editorial de América Televisión al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Asimismo, ordenó el pago de 80 millones de nuevos soles por concepto de reparación civil[1].

Desde fines del 2009, este personaje ha estado en el ojo de la tormenta pues fue indultado por el Presidente Alan García; sin embargo, algunos meses después, la gracia fue dejada sin efecto y el empresario pasó a la clandestinidad, hasta el día de hoy, que fue ubicado y capturado.

2. El indulto concedido

Después de tres años de haberse sentenciado a Crousillat, mediante la Resolución Suprema No. 285-2009-JUS del 10 de diciembre de 2009 se indultó al referido empresario por motivos humanitarios. Se sostuvo que (1) Las condiciones carcelarias podían colocar en grave riesgo la vida y la salud de Crousillat y (2) El favorecido tenía 77 años al momento de ser agraciado. Estas dos consideraciones se ampararon en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracias por Razones Humanitarias –respecto al segundo supuesto, la norma sólo exige que el favorecido tenga más de 65 años–:

[D]on José Enrique Crousillat López Torres se encuentra inmerso en el segundo y el cuarto supuesto de la referida norma [Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracias por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena] pues se trata de un adulto mayor de 77 años quien sufre de cardiopatía hipertensiva moderada, enfermedad vascular cerebral, enfermedad ateromatosa de arterias carotideas severa, fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular controlada con antiaritmicos (amiodarona), portador de marcapaso definitivo modo VVl, anti-coagulado, obesidad, síndrome ansioso depresivo por lo que las actuales condiciones carcelarias a la que se encuentra sometido ponen en riesgo la vida, integridad física y salud del solicitante al no contar con las instalaciones necesarias para su recuperación o tratamiento, afectándose de forma directa su derecho a una vida digna conforme a lo establecido en el Informe Médico emitido por el doctor Juan E. Dyer de fecha 05 de junio de 2009.

Fuente: La República

En resumidas cuentas, se expuso que la avanzada edad del solicitante y la naturaleza de las condiciones carcelarias ponían en grave riesgo su integridad física. Sin embargo, apenas se levantó el resguardo policial, Crousillat abandonó la clínica donde estuvo internado los últimos ochos meses por la supuesta gravedad de su salud y se dirigió a la casa de una de sus hijas[2].

Esta recuperación fue irónicamente tildada de “milagrosa” pues si no regresó a la cárcel fue por su estado de salud, el cual mejoró rápidamente en cuanto se enteró que el indulto había sido aprobado.

Al ser entrevistado, el abogado de Crousillat manifestó que su patrocinado viajaría a Argentina para reunirse con su familia y que “lo que va a hacer es dedicarse a la actividad que siempre ha hecho: las telenovelas y ese tipo de cosas”[3]. Asimismo, indicó que la reparación civil impuesta “ha quedado sin efecto por el derecho de gracia” pues, según el letrado “cuando la pena se extingue, el Estado deja de ejercer la acción que le corresponde. Consecuentemente, como no hay pena, no hay reparación civil[4]”. Esta es una clara señal de impunidad pues se pretende extender los efectos de una figura que únicamente perdona la sanción penal impuesta, no la civil pues ésta subsiste a la medida.

A través de diversos medios de prensa, la población manifestó su total desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno. Así, por ejemplo, el ex procurador Vargas Valdivia señaló que este indulto traía consigo “un mensaje desalentador no sólo para lucha contra la corrupción, sino la institucionalidad del país”[5]. Por su parte, el ex presidente Toledo indicó que “ojalá que no exista algún arreglo con el Presidente Alan García detrás del indulto concedido al condenado por corrupción José Enrique Crousillat”[6]. Como se puede ver, al Gobierno no le importó que la medida adoptada trajese consigo el descontento y malestar ciudadano.

Algunas semanas después, el diario “La República” dio a conocer que para la concesión del indulto no se valoraron las evaluaciones efectuadas por las juntas médicas penitenciarias de la Oficina Regional del INPE en el que recomendaron el traslado de Crousillat al centro penitenciario al encontrarlo estable –incluso, los médicos hallaron al paciente haciendo pesas y sometido a actividad física intensa y trabajo en máquinas-[7]. De esta manera, para que el Gobierno concediera la gracia tuvo que justificar su decisión en una evaluación particular presentada por la defensa del solicitante[8] y un informe médico en el que intervinieron dos galenos del Ministerio de Salud y de Essalud, no del INPE. Así, sólo con estos dos informes, y no con los expedidos por la Junta Médica del INPE, es que se concluyó que Crousillat debía ser perdonado judicialmente.

3. La revocación del indulto

Fuente: Caretas

Como siempre he manifestado, soy un detractor de las gracias presidenciales ya que la facultad de perdonar la sentencia impuesta es excesiva por lo que no debería recaer en las manos del Presidente de la República.

En el caso bajo análisis, no se benefició a Crousillat por ser un enfermo terminal sino por tener más de 65 años y porque las condiciones de la cárcel podían poner en grave riesgo su vida y salud. Realizo esta precisión pues en las semanas siguientes a la concesión de la gracia aludida, la prensa publicó un sinnúmero de artículos donde cuestionaban la salud del indultado.

Tres meses después de la concesión del indulto –de forma precisa, el domingo 14 de marzo de 2010– a través de la Resolución Suprema No. 056-2010, el Gobierno dejó sin efecto el indulto concedido a José Enrique Crousillat. Mediante una lamentable línea argumentativa, el Ejecutivo sostuvo que las sucesivas apariciones públicas del indultado demostraban que gozaba de buena salud, hechos que desvirtuarían las razones que motivaron su perdón:

Que, después de su liberación, el ex recluso Crousillat López ha hecho sucesivas apariciones públicas mostrándose en un aparente buen estado de salud lo que desvirtúa la causa por el que fue solicitado su indulto; (…)

Que, siendo esta la causa que motivó la gracia presidencial, resulta pertinente tomar las medidas correctivas a fin de que no se desnaturalice el sentido del indulto;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Suprema No. 285-2009, que concedió el indulto por razones humanitarias al recluso José Enrique Crousillat López Torres.

Artículo 2°.- Comunicar la presente Resolución Suprema al Ministerio Público y al Poder Judicial, a fin de que dispongan lo pertinente conforme a sus atribuciones.

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministerio de Justicia

Nunca antes en la historia peruana, un Presidente había dejado sin efecto un indulto otorgado. Quizás el Presidente García lo hizo porque un día antes, el Segundo Juzgado Penal Especial ordenó la detención de Crousillat. Quizás porque la opinión pública así lo exigía. Sea como fuese, el remedio fue más caro que la enfermedad pues la Resolución Suprema No. 056-2010 no se encuentra debidamente motivada. En efecto, se agració al beneficiado (1) por tener más de 65 años y (2) porque las condiciones carcelarias ponían en grave riesgo su vida y salud, no porque fuese un moribundo. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo se amparó en las apariciones públicas para “dejar sin efecto” la gracia?

El indulto nunca debió haber sido otorgado. Si el Ejecutivo deseaba enmendar el error, debió haber publicado una Resolución en la cual explicase de manera pormenorizada las verdaderas razones que lo llevasen a adoptar tal decisión pero lamentablemente no lo hizo. ¿Qué hacía a Crousillat especial de entre todos los internos que comparten su misma situación –tener más de 65 años y que las condiciones carcelarias ponen en riesgo su vida y salud–? No lo sabemos. El Presidente García nos debe también esa explicación pues no puede apañar el indulto con su posterior derogación.

4. La captura de Crousillat

Desde el 13 de marzo de 2010, José Enrique Crousillat se mantuvo en la clandestinidad. Sin embargo, el día de hoy a las 03:30 am, el prófugo empresario fue ubicado y detenido en un departamento ubicado en el departamento 202 de la Avenida La Paz 1459, Miraflores. Inmediatamente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y posteriormente a las Oficinas de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú.

Mucho se especula sobre su captura. Hay quienes sostienen que se trata de una cortina de humo para apaciguar la tempestad que cubre al partido de gobierno y otros manifiestan que sólo se trata de una exitosa labor de la Policía Nacional del Perú. Sea como fuese, lo cierto es que aquella sensación de impunidad que generó el indulto concedido a un empresario condenado por corrupción debe llegar a su fin y los principales involucrados –entre ellos, el Presidente de la República– nos deben una larga y pormenorizada explicación.

[1] Como se recuerda, el empresario trató de impedir que la diligencia se realice aduciendo motivos de salud. Para impedir esto, los vocales de la Sala se trasladaron a la Clínica donde estaba internado para leerle su sentencia. LA REPÚBLICA. “Condenan a ocho años de prisión efectiva a José Enrique Crousillat”. Lima: La República, 2006. Consulta: 01 de octubre de 2010.

<http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,119278/Itemid,/>

[2] PERÚ.21. “Indulto hizo milagros en la salud de E. Crousillat”. Lima: Diario Perú 21, 2009. Consulta: 01 de octubre de 2010.

<http://peru21.pe/impresa/noticia/indulto-hizomilagros-salud-crousillat/2009-12-13/263185>

[3] EL COMERCIO. “Crousillat se encuentra en casa de una de sus hijas y se dedicará a las telenovelas”. Lima: El Comercio, 2010. Consulta: 01 de octubre de 2010.

<http://elcomercio.pe/noticia/380533/indultado-crousillat-ya-se-encuentra-casa-sus-hijas-informo-su-abogado>

[4] RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ. “José Enrique Crousillat no pagaría S/. 80 millones de reparación civil”. Lima: Radio Programas del Perú, 2010. Consulta: 01 de octubre de 2010.

<http://elcomercio.pe/noticia/381016/jose-enrique-crousillat-no-pagaria80-millones-reparacion-civil>

[5] LA REPÚBLICA. “Ojalá que indulto a Crousillat no sea un arreglo”. Lima: Diario La República, 2010. Consulta: 01 de octubre de 2010.

<http://www.larepublica.pe/politica/15/12/2009/ojala-que-indulto-crousillat-no-sea-un-arreglo>

[6] Ibíd.

[7] “Los doctores coinciden de manera contundente en las tres evaluaciones en que el resto está clínicamente estable y debe retornar inmediatamente a su establecimiento penitenciario de origen”. Artículo titulado: “Indulto a Crousillat fue una trafa”. La República. Domingo 27 de diciembre de 2009. p. 3.

[8] “Se añade al expediente de su indulto el informe del doctor de cabecera de Crousillat que indica que su paciente tiene un síndrome ansioso depresivo, por lo que recomienda que por ningún motivo debe reingresar al centro penitenciario porque de no seguir el tratamiento se pone en riesgo su vida”. Ibid.

Billy The Kid: 129 años sin perdón

2011-01-06T11:13:00.000-08:00

1. Introducción

Hoy, 06 de enero, se celebra la Epifanía ante los Reyes Magos -o, simplemente, la Fiesta de Reyes- y el fin de la Navidad. Esta celebración -al igual que la Pascua, el Día de la Independencia, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y el Año Nuevo- es muy importante entre los internos de diversos centros penitenciarios pues el gobernante de turno aprovecha esta ocasión para conceder innumerables gracias.

En Paraguay, por ejemplo, tras el comunicado titulado "El Gobierno concedió indultos por Fin de Año y de Reyes", se dio a conocer que el Presidente Lugo otorgó 85 indultos a través del Decreto No. 5.936.

Me califico como un detractor de las gracias presidenciales pues creo en la independencia del Poder Judicial y que el indulto o la conmutación de la pena no es más que una intromisión injustificada -salvo por razones humanitarias- en la justicia penal. Por esta razón, hace algunos días me llamó la atención una nota de prensa que circuló por todo el mundo pues creo que es una clara manifestación de cómo la concesión de las gracias presidenciales ha degenerado: el indulto póstumo solicitado a favor del vaquero Billy The Kid.

En las líneas siguientes analizaré la leyenda que se teje sobre aquel mítico personaje y el indulto gestionado al interior del Gobierno de Nuevo México.

2. La leyenda de Billy The Kid, la leyenda

The Simpsons Treehouse of horror 13

Una figura emblemática de la cultura popular norteamericana es, sin lugar a dudas, Billy The Kid. Este personaje ha sido fuente de inspiración de libros, más de veinte películas, documentales y música -por ejemplo, el célebre Bon Jovi lo nombra en "Billy get your guns", mientras que el grupo argentino Attaque 77 compuso, en su memoria, la canción titulada "Como Billy The Kid"-. Este ícono también ha aparecido en diversas series de televisión como "The tall man", "Maverick" y "Los Simpsons" -en "The Simpsons Treehouse of horror XIII", Billy The Kid aparece convertido en zombie-.

Quizás por este raigrambre popular es que durante ocho años, el gobierno de Nuevo México recibió gran cantidad de peticiones de indulto a favor de Billy The Kid, también conocido como Henry Antrim o William H. Bonney.

3. Los crímenes de The Kid

William H. Bonney o Billy The Kid

No se sabe la fecha exacta del nacimiento de Billy The Kid, sin embargo, se cree que fue el 23 de noviembre de 1859. En 1877, tras la muerte de su madre y luego de ser abandonado por su padrastro, Billy viajó a Nuevo México, donde encontró trabajo en el rancho de John Tunstall y Alexander McSween.

En este escenario, se produjo la Guerra del Condado de Clinton. Esta pugna se dio entre dos grupos: Uno encabezado por Tunstall -a quien Billy consideraba un padre-, McSween y John Chisum; y, de otro, el Ring of Santa Fe liderado por L.G. Murphy. Este último grupo contrató al Sheriff Brady para que asesinara a Tunstall. Poco tiempo después, Billy The Kid se vengaría asesinando a Brady y a su ayudante.

Se dice que el famoso pistolero del oeste acabó con la vida de 21 personas y que ennumeraba a cada una de ellas. No obstante, lo cierto es que sólo se ha podido demostrar el homicidio de 4 de ellos: Dos en defensa propia y dos guardias al fugar de prisión -suceso ocurrido el 09 de abril de 1881-. Los 17 restantes murieron en tiroteos donde Billy participó secundado por diversos bandoleros por lo que se hace difícil determinar quién ocasionó las muertes que se le atribuyen.

Tres meses después de su fuga, de forma precisa el 14 de julio de 1881, Billy The Kid fue asesinado por el Sheriff Patt Garret. Se han tejido muchas versiones sobre este suceso, incluso hay quienes afirman que Billy The Kid no murió ese día ya que creen que escapó y que falleció recién a los 90 años; sin embargo, el asesinato en manos de Garret es el relato más aceptado. Sea como fuese, Billy The Kid es uno de los personajes del viejo oeste más recordados e, incluso, admirados.

4. El indulto prometido

Para poner fin a la Guerra del Condado de Clinton, el Gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, ofreció una amnistía a favor de todos los sobrevivientes de tal evento. En el caso de Billy The Kid, para ser indultado o perdonado de los diversos homicidios que se le atribuían, el Gobernador solicitó que declarase como testigo en otro juicio por asesinatos que estaba siendo ventilado. Según dice la leyenda, Billy The Kid testificó en dicho juicio pero el Gobernador no lo indultó. Todo lo contrario, lo arrestó; sin embargo Billy logró huir asesinando a dos guardias.

5. Lo siento Billy: Ni indulto ni perdón

Durante 8 años, el Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson recibió varias solicitudes de indulto a favor de Billy The Kid. Todas ellas se basaron en el supuesto indulto ofrecido en 1881. Por esta razón, el Gobernador -quien confesó ser un amante de la historia- encomendó a la abogada Randi McGinn el estudio de la petición de indulgencia. Dicha letrada, quien recibió la ayuda de historiadores y aficionados, presentó la solicitud formal de indulto el 14 de diciembre de 2010.

Frente a los reclamos de los descendientes de los sheriff asesinados por Billy y pese a que la propuesta era apoyada por gran parte de la población, el 30 de diciembre, el Gobernador de Nuevo México -ciudad que promociona el tour "Billy The Kid territory"- decidió rechazar el indulto solicitado. Así, en el último día de su gobierno, Richardson apareció en la Cadena ABC informando su decisión:

"He decidido no indultarlo porque no se puede llegar a una conclusión y debido a la ambigüedad histórica acerca de por qué el gobernador Wallace renegó de su promesa (...) El romanticismo me inclinaba a otorgar el perdón, pero los hechos y las evidencias no lo sustentan, y como gobernador debo actuar con responsabilidad en el otorgamiento de indultos."

No puedo creer que durante ocho años se recibiera gran cantidad de solicitudes de indulto a favor de The Kid y que el Gobierno de Nuevo México se prestase a esto. Sin embargo, así sucedió y la gracia póstuma solicitada a favor del famoso Billy fue descartada. Con mucha prudencia y razón, el 01 de enero de este año, la nueva gobernadora, Susana Martínez respondió si analizaría nuevamente la propuesta de la siguiente manera: "Tenemos muchas otras cosas en qué pensar". Estoy de acuerdo y creo que, en general, el Poder Ejecutivo debe de alejarse de la administración de justicia pues la tramitación y concesión de gracias no es más que una intromisión.

El peligro de los fuegos artificiales: No hagas explotar tus fiestas

2010-12-24T18:49:00.000-08:00

1. Introducción

Estos días celebramos Navidad y Año Nuevo, y uno de los elementos más característicos de estas fechas es, sin duda alguna, el uso de fuegos artificiales. Muchos quedamos ensimismados observando el cielo lleno de luz y color pues representan alegría y festividad. Sin embargo, por alguna razón que aún no comprendo, gran cantidad de personas aprovechan estas festividades para emplear verdaderos artefactos explosivos. Estos últimos, como el "calaverón" -producto que contiene un cuarto de kilo de pólvora-, han ocasionado cientos de mutilaciones y muertes infantiles.

Un aspecto adicional del cual aún no somos concientes es el daño colateral que su empleo trae consigo. Así, pese a que no existen cifras oficiales, su uso produce contaminación ambiental ya que la polvora con la que se fabrican es una sustancia explosiva, combustible y contaminante. Estas características ocasionan contaminación sonora, lumínica y del aire. Por esta razón, como diría mi enamorada, nosotros festejamos pero nuestro planeta llora.

En este breve artículo analizaré cuáles son los pirotécnicos más peligrosos que se encuentran en el mercado peruano y cuál es la forma con la que el Estado lo enfrenta.

2. Pirotécnicos peligrosos

En Perú se comercializan ingentes cantidades de pirotécnicos elaborados a base de pólvora, fósforo blanco y plomo. Muchos de estos artefactos son fabricados artesanalmente y sin ningún tipo de control; sin embargo, se venden de manera indiscriminada a grandes y pequeños -quienes los compran sin suponer el peligro que representan-. Por esta razón, lamentablemente, estos artefactos ya han causado decenas de accidentes. Así, por ejemplo, a inicios de diciembre, un cohetón le voló los dedos de la mano a un niño de 13 años mientras jugaba.

La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, el Ministerio Público, el Cuerpo de Bomberos del Perú, el Sistema Nacional de Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo, la División de Explosivos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Educación han iniciado una campaña para detener la venta de los siguientes devastadores artefactos:

El "Avión de perlas", pequeño producto de fabricación china.
El "Bin Laden", detonante hecho a base de pólvora y de frabricación artesanal.
Las "Bolitas mágicas" que al hacerlas contactar entre sí emiten chispas y gases tóxicos.
El "Cohetecillo", detonante de forma cilíndrica.
El "Cohetón", según su tamaño y lugar de fabricación se llaman: "huanuqueños", "chiclayanos", "cohetón rojo" o "cohetón de troya". Estos productos lanzan esquirlas en un radio de 13 metros.
La "Chapana" y el "Chapanón", productos cuya cavidad está rellena al 90% de pólvora casera.
El "Jala Pita", envuelto en papel en forma cilíndrica con extremos unidos a hilos que al jalar producen un efecto sonoro.
La "Fogueta", pirotécnico inestable, tiene doble carga explosiva y está llena de 300 gramos de pólvora combinada con clorato, aluminio y piedra molida cuya fabricación proviene de Brasil.
La "Rata Blanca", artefacto compuesto principalmente de pólvora cloratada y aluminio en polvo, confinado en papel, caña o carrizo o presentado con la figura de una rata. Dependiendo de su tamaño puede tomar el nombre de "Mamarrata" -la cual mide 15 centímetros y cuyo estruendo puede ser escuchado en un radio de seis cuadras-.
El Calaverón, producto que contiene un cuarto de kilo de pólvora, mide 10 centímetros y puede mutilar a una persona. Es un artefacto que ha "evolucionado" de la "calaverita" a la "calavera" y, ahora, al "calaverón".

A inicios de diciembre, la DICSCAMEC presentó en diversos medios de televisión, los principales productos pirotécnicos comercializados -prohibidos y permitidos- para que los usuarios sepan a qué atenerse:

3. La regulación que sanciona penalmente la fabricación, comercialización y el uso ilegal de productos pirotécnicos

El 29 de diciembre de 2001, una tragedia enlutó las fiestas navideñas peruanas: En un área comercial tugurizada del centro de Lima, se produjo un gran incendio que causó 277 muertos, 247 heridos, 10 millones de dólares en pérdidas y un gran dolor en el pueblo peruano. A las 19.15, la demostración de un artefacto pirotécnico hecha por un vendedor informal desató un incendio de proporciones dantescas debido al hacinamiento de la zona y que en ella se guardaban 900 toneladas de pirotécnicos.

Frente a este desastre, se cuestionó la Ley No. 26509 del 20 de julio de 1995, tildándola de flexible pues sancionaba con no más de 4 años de pena privativa de libertad a quien "importare, fabricare o comercializare los productos pirotécnicos denominados rascapié, cohete, cohetecillo, rata blanca y similares". Así, en el Congreso se presentaron los Proyectos de Ley No. 1684, 1686, 1690, 1692, 1694, 1703, 1707 y 1766/2001-CR, los cuales desembocaron en la Ley No. 27718 del 09 de mayo de 2002, "Ley que regula la fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de pirotécnicos".

Actualmente, el Código Penal peruano sanciona la comercialización y el uso ilegal de productos pirotécnicos en el artículo 279-C:

Art. 279-C.- El que ilegalmente fabrica, importa, exporta, deposita, tranporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que venden estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y trescientos sesenta y cinco días multa.

La pena será no menor de cinco ni mayor de diez años, si a causa de la fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de productos pirotécnicos, se produjesen lesiones graves o muertes de personas.

Por razones obvias, el artículo 279-C nos remite a una norma extrapenal -el Decreto Supremo No. 014-2002-IN- ya que es la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil quien determina qué productos se encuentran prohibidos. Esta norma hubiese sido "letra muerta" si es que el Estado no hubiese tomado acciones concretas de política criminal para hacer frente a esta ilegal actividad.

Así, en noviembre de este año se lanzó la "Campaña Navidad Segura" a través de la cual más de 1000 personas -entre policías, miembros del serenzago y funcionarios del Ministerio Público y de Defensa Civil- y 42 perros buscan pirotécnicos en el centro de la ciudad. Gracias a campañas como esta, se ha logrado mitigar las graves consecuencias que los fuegos artificiales traen consigo. Sin embargo, sólo depende de nosotros, evitar que se produzcan desastres y accidentes como los aquí descritos ya que a través del Derecho Penal podremos sancionar a los responsables pero no prevenir que las lesiones y muertes ocurran.

Antes de finalizar, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos mis seres queridos -en particular, a mi maravillosa enamorada Fiorella, a mi familia y a mis grandes amigos-, a todos los que me han acompañado este año a través de este portal y con quienes espero poder seguir contando. A todos ustedes, ¡Feliz Navidad!

Enlaces recomendados:
1. Grandes incendios urbanos: Mesa Redonda, Lima 2001. De: Juan L. Arce-Palomino.
2. A. Latina: Tragedias de Navidad. De: BBC Mundo
3. Ley No. 27718 del 09 de mayo de 2002, "Ley que regula la fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de pirotécnicos".

La creación de nuevos delitos como mecanismo de control carcelario

2010-11-24T18:30:00.000-08:00

1. Introducción

Cuando en 1882, Fran Von Liszt diseñó el Programa de Marburgo, no se hubiera podido imaginar cómo los centros penitenciarios -donde se tratarían a los “delincuentes no ocasionales pero corregibles” [1]- colapsarían a tal punto que muchas de aquellas instituciones llegarían a ser catalogadas como “crímenes del Estado contra el pueblo" [2]. Así, una de las características más visibles de nuestra realidad penitenciaria es la presencia de un número importante de internos en situación de especial vulnerabilidad. Así, muchos de ellos padecen enfermedades graves como Sida, tuberculosis, insuficiencia renal crónica, cáncer, etcétera; todo lo cual se ve agravado debido a las condiciones de los centros penitenciarios: hacinamiento –debemos tener presente que la población penitenciaria en 1994 ascendía a 19,399, mientras que a setiembre del presente año, ésta asciende a 45,373 [3]-, insuficiencia de asistencia médica especializada, consumo de drogas, escasa alimentación, entre otros problemas comunes a la realidad penitenciaria latinoamericana.

A esta crisis penitenciaria se han sumado diversos problemas de seguridad como micro comercialización de estupefacientes, prostitución, corrupción y violencia interna. Sin embargo, dicha problemática se ha agudizado a tal punto que al interior de los establecimientos existen verdaderas organizaciones criminales que, a través de diversos medios electrónicos como celulares y blackberrys planean extorsiones, robos y secuestros.

2. El Caso Piedras Gordas

Hace algunas semanas, el programa periodístico "Punto Final" transmitió un interesante reportaje titulado "Ampay en Piedras Gordas". En él se puede ver a un recluso instalando una antena con la finalidad de mejorar las comunicaciones celulares que realizan los internos, vulnerando el sistema de bloqueo del centro penitenciario de máxima seguridad.

Según el programa periodístico, la antena se construyó rústicamente pero a pesar de ello fue suficiente para que los internos se comuniquen con el exterior y planifiquen robos, secuestros y extorsiones. Se dice además que el responsable habría recibido ayuda de un trabajador del INPE para mover los bloqueadores de los celulares intalados en el penal a fin de habilitar las comunicaciones celulares. Recomiendo el reportaje pues demuestra la fragilidad del sistema de seguridad de nuestros establecimientos penitenciarios:

Frente al acérrimo y entendible cuestionamiento de la prensa, el pasado 02 de noviembre, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley No. 4427/2010. A través de dicho Proyecto se incorporarían dos nuevos delitos a nuestro Código Penal: (i) El ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación al interior de centros de detención o reclusión –Artículo 415-A CP[4]– y (ii) El sabotaje de los equipos de seguridad penitenciarios en los establecimientos penitenciarios –Artículo 415-B CP [5]-. . Sin embargo, ¿es necesario tipificar nuevos delitos para enfrentar la crisis penitenciaria? o ¿son popuestas presentadas sin el mayor análisis jurídico penal? A continuación analizaré cada una de los delitos sugeridos por el Ejecutivo.

3. Primera propuesta: La tipificación del ingreso indebido de equipos de seguridad

La modalidad básica del primer ilícito sancionaría con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años al que “indebidamente ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso a un lugar de detención o reclusión, equipos, sistemas de comunicación o sus componentes que permitan la comunicación celular, radial o vía internet”. Lamentablemente, esta primera modalidad adolece de, cuando menos, tres errores.

En primer lugar, esta norma vulneraría el artículo 16 del Código Penal pues se sancionaría con la misma pena la consumación y la tentativa. En efecto, para el legislador, deberían recibir el mismo castigo quien “ingresa” o “intenta ingresar” artículos de comunicación prohibidos. Una norma como la analizada, además, lesionaría el principio de lesividad previsto en el artículo IV del cuerpo normativo antes referido pues la “intención” no lesiona bienes jurídicos penalmente protegidos.

En segundo lugar, la redacción del ilícito no guarda ningún tipo de relación con la finalidad deseada: evitar la planificación de delitos desde el interior de los centros penitenciarios. A través de un ejemplo se entenderá esta crítica. Imaginemos que dos abogados ingresan a un establecimiento penitenciario portando sus respectivos celulares pese a que se les ha indicado que no pueden hacerlo. Uno de ellos lo hace porque espera una llamada y el otro para colaborar con un interno que pertenece a una banda de extorsionadores. Se entiende que estos ingresos son “indebidos”; sin embargo, la primera conducta podría ser sancionada administrativamente y la segunda penalmente –pues el segundo letrado actuaría como cómplice primario del delito de extorsión o, de comprobarse su pertenencia a la banda, por el delito de asociación ilícita para delinquir–. El problema con este último caso radica en la probanza de los hechos pero eso no es fundamento suficiente para la creación de un ilícito penal tan vagamente redactado.

En tercer lugar, si la posesión de celulares por parte de los internos sólo constituye una falta disciplinaria grave según el artículo 25 del Código de Ejecución Penal, ¿por qué ingresar estos equipos constituiría un delito? Como se puede apreciar, esta norma vulneraría la coherencia interna de nuestra legislación penal y penitenciaria.

4. Segunda Propuesta: La tipificación del Sabotaje de equipos de seguridad penitenciarios

El segundo tipo penal sancionaría al que dentro de un establecimiento penitenciario, vulnera, impide, estorba o de cualquier otra forma entorpece el funcionamiento de los equipos de seguridad penitenciarios. En este caso, la sanción oscilaría ente doce y dieciséis años de pena privativa de libertad.

La crítica a este tipo penal viene dada por la excesiva rigurosidad con la que se castigaría esta conducta. Los artículos 414 y 415 del Código Penal sancionan el favorecimiento a fuga y el amotinamiento con sanciones que, en su tipo base, ascienden como máximo a cuatro años de pena privativa de libertad. Ahora bien, ¿por qué el sabotaje de equipos de seguridad podría sancionarse con hasta dieciséis años?, ¿acaso no es más grave que un interno se fugue o que realice un motín al interior del centro penitenciario?

El problema que existe al interior de este Proyecto de Ley es la política criminal adoptada por el gobierno: la amenaza o amedrentamiento como mecanismo de control social. En efecto, el Ejecutivo considera que la sanción disuade pues en el Proyecto de Ley, textualmente afirma que “con el fin de conseguir que los miembros de la comunidad omitan o ejecuten, según el caso, tales actos [ilícitos] se recurre a la amenaza con una sanción”. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad pues la única forma de evitar el ingreso de objetos prohibidos o el sabotaje de equipos penitenciarios es a través de un mejor control administrativo, nada más.

Con mucha razón sostiene Laura Zuñiga que “la mera prevención fundada en la intimidación y la disuasión mediante el temor a la amenaza del castigo, configura una Política Criminal autoritaria y regida por el miedo[6]”. Aplaudamos la preocupación del Ejecutivo, miremos al interior de los penales –pues los internos siguen formando parte de nuestra Sociedad– y mejoremos la seguridad penitenciaria para evitar que la delincuencia continúe desarrollándose pero, en ese camino, no olvidemos que la Política Criminal también debe respetar los límites propios de un Estado Social y Democrático de Derecho así como los derechos fundamentales. De lo contrario, nos aproximaremos a una Política Criminal represiva [7].

[1] MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal: Parte General”. Octava edición. Barcelona: Editorial Reppertor, 2008. p. 91.

[2] Expresión empleada por el Presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Cezar Peluso. SMINK, Verónica. “Las cárceles causan polémica en el Cono Sur”. BBC MUNDO, 20 de abril de 2010.

[3] Fuente: Oficina de Estadísticas del INPE. Noviembre de 2010.

[4] Art. 415-A CP.- El que indebidamente ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso a un lugar de detención o reclusión, equipos o equipos de sistemas de comunicación o sus componentes que permitan la comunicación celular, radial o vía internet, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Si el agente se vale de su condición de autoridad, servidor o funcionario público para cometer el hecho punible descrito, la pena privativa será no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación, conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del Código.

La pena privativa de la libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años para aquel que ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso indebido de materiales o componentes que puedan utilizarse en la elaboración de antenas, receptores u otros equipos que permitan o faciliten la comunicación celular, radial o Internet. Si el agente se vale de su condición de autoridad, servidor o funcionario público para cometer el hecho punible descrito, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación, conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del Código.

[5] Art. 415.B CP.- El que dentro de un establecimiento penitenciario vulnera, impide, estorba o de cualquier otra forma entorpece el funcionario de los equipos de seguridad penitenciarios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de dieciséis años.

Si el agente se vale de su condición de autoridad, servido o funcionario público para cometer o permitir que se cometa el hecho punible descrito, la pena privativa será no menor de diez ni mayor de quince años e inhabilitación, conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del presente Código.

[6] ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “Política Criminal”. Madrid: Editorial Colex, 2001. p. 39.

[7] Ibid. p. 40.

Ilícitos contra el patrimonio: Una propuesta desde el Congreso

2010-11-22T01:19:00.000-08:00

Ordenadores en red. Por: Enrique Ventura

1. Introducción

El 17 de octubre de este año, publiqué un artículo titulado "Ilícitos contra el patrimonio: Acredite la preexistencia de sus bienes, por favor". En él, luego de analizar los artículos 245 del Código Procesal Penal de 1991 y 201 del Nuevo Código Procesal Penal, llegué a la conclusión que dicha regulación era innecesaria pues en nuestro país, la justicia penal se rige por la regla de la sana crítica y no de la tarifa legal. De ahí que fuese absurdo prescribir normas en las que se exigiera que el agraviado debiese acreditar la preexistencia de los bienes que fueron objeto de robo, hurto u otro ilícito contra el patrimonio.

Un mes después, exactamente el 18 de noviembre, el Congresista Isaac Meckler presentó el Proyecto de Ley No. 4478/2010-CR titulado "Proyecto de Ley que facilita las denuncias en los delitos contra el patrimonio". A través de este Proyecto, según su Exposición de Motivos, "se cumple con definir los medios con los cuales debe de acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito". Sin embargo, ¿es esto necesario?

2. El Proyecto de Ley No. 4478/2010-CR

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley coincide con la crítica que desde este portal efectuáramos hace un mes: "Resulta preciso regular los alcances con los cuales el denunciante, víctima de un delito contra el patrimonio, puede acreditar la preexistencia del bien, por cuanto en la práctica durante la investigación policial, los operadores del proceso solicitan restrictivamente los comprobantes de pago como único medio para acreditar el hecho". Coincido plenamente con esta afirmación pues es una deformación que ha sufrido nuestro sistema de administración de justicia penal.

En aquella oportunidad, sostuve que la derogación de los artículos analizados "eliminaría aquella creencia absurda según la cual sólo se puede acreditar la preexistencia del bien a través de facturas o boletas. Además, se flexibilizarían los criterios de probanza -a favor del agraviado- pues se podría acreditar dicha preexistencia a través de fotos, testimonios u otros medios idóneos que contribuyesen a la misma finalidad". En el Proyecto de Ley se sostiene de manera similar que "se propone integrar en la presente regulación lo indicado por el Código Procesal Civil en el Artículo 192, donde regula sobre los medios probatorios típicos, estableciendo que los mismos comprenden: la declaración de parte; la declaración de testigos; los documentos; la pericia; y la inspección judicial; así mismo, debe incorporarse lo expuesto como medios probatorios atípicos los que están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Al respecto, es viable considerar como determinante para acreditar la preexistencia del bien, la declaración de parte que formula el denunciante donde describe minuciosamente las características y detalles que ostentaba el bien". Así, se reconoce que existen diversas formas de acreditar la preexistencia del bien.

Siguiendo esta línea argumentativa, el Congresista Mekler propone la modificación de los artículos 245 del Código Procesal Penal de 1991 y 201 del Nuevo Código Procesal Penal en los siguietnes términos:

Art. 245 CPP de 1991.- En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito. Para tal fin, rigen como medios probatorios los regulados en el Código Procesal Civil, en los artículos 192 y 193.

Art. 201 NCPP.- 1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. Para tal fin, rigen como medios probatorios los regulados en el Código Procesal Civil, en los artículos 192 y 193.
2. La valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro medio.

3. Mi propuesta: La derogación de los artículos 245 CPP de 1991 y 201 NCPP
Definitivamente, el Proyecto de Ley presentado por el Congresista Mekler contribuiría a eliminar aquella barrera construida por la Policía y la Fiscalía -razón por la que desde este portal saludo su iniciativa y preocupación- pues estos operadores no se seguirían escudando en que la única forma de acreditar la preexistencia del bien es a través de comprobantes de pago.

No obstante, esta modificación es superflua pues para acreditar la existencia de cualquier delito de nuestro Código Penal se puede recurrir a los medios probatorios típicos y atípicos previstos en los artículos 192 y 193 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria al ordenamiento procesal penal-. No hay por qué pensar que los ilícitos contra el patrimonio deben ser tratados de manera especial o que revisten una naturaleza distinta al resto. En consecuencia, sería mucho mejor suprimir estas normas innecesarias que simplemente modificarlas.

La percepción mundial de la corrupción en el 2010

2010-10-30T10:10:00.000-07:00

1. Introducción

La corrupción afecta todos los aspectos de nuestra vida sin que nos demos cuenta: la salud, la educación, el sistema judicial, la política, el sector privado, el acceso a la información. Lo que pasa es que la corrupción no respeta a nadie: No importa cuán grande o pequeño sea un país pues, de una u otra forma, siempre existirán élites políticas e inversionistas corruptos.

Cada año, desde 1995, la ONG Transparency International, elabora un índice mundial de percepción de la corrupción. Para ello cuenta con la información proveniente de trece fuentes distintas preparadas por 10 instituciones independientes. En el 2010, la evaluación sobre el alcance de la corrupción en cada país estuvo a cargo de (7) expertos de país -Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollor, Bertlesmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insigth y el Banco Mundial- y (3) líderes empresariales -IMD, Political an Economic Risk Consultancy y el Foro Económico Mundial-.

2. Los mejores y peores resultados en la lucha contra la corrupción
El desarrollo económico de un país no refleja necesariamente la transparencia de sus funcionarios ni de sus operaciones. Así, pese a que Brasil, Rusia, India y China siguen creciendo económicamente de manera apabullante, lo cierto es que la corrupción continúa siendo un flanco muy débil para ellos. Por ejemplo, Rusia es el miembro más corrupto de la G-20, lo que llevó a su presidente a reconocer en julio de este año que su administración no había progresado en la lucha de este mal.

El siguiente cuadro muestra el top ten de los países con mejores políticas anticorrupción y transparencia. Lamentablemente, ningún país latinoamericano figura en la tabla pues el que más se acerca es Chile, ubicado en el puesto 20.

Ranking mundial	País
1	Dinamarca
1	Nueva Zelandia
1	Singapur
4	Finlandia
4	Suecia
6	Canadá
7	Holanda
8	Australia
8	Suiza
10	Noruega

Ejemplos de empeoramiento, a comparación de los resultados obtenidos en años anteriores, son: Argentina, Bielorrusia, Israel, Luxemburgo, Polonia y Zimbawe. La siguiente tabla muestra cuáles son los 10 países peores ubicados en el ranking. Es interestante destacar que Venezuela se ubica en el puesto 164 de los 178 países evaluados.

Ranking mundial	País
168	Guinea Ecuatorial
168	Burundi
170	Chad
171	Sudán
172	Turkmenistán
172	Usbekistán
175	Irak
176	Afganistán
176	Myanmar
178	Somalia

3. Latinoamérica: Un continente muy corrupto

Sólo dos de los 21 países latinoamericanos se encuentran debajo de la media de corrupción mundial: Chile y Uruguay. Lejos de mejorar, desde el 2002, 12 países empeoraron, 2 se mantuvieron estables y 6 mejoraron. Quizás, como dice Mariana Martínez, "América Latina fue, es y será corrupta". Espero que el cuadro preparado a continuación nos ayude a entender cómo son percibidos nuestros países en relación al resto del continente americano y nos incentiven a colaborar en la lucha contra el flagelo de la corrupción:

Ranking regional	Ranking mundial	País
1	6	Canadá
2	17	Barbados
3	21	Chile
4	22	Estados Unidos
5	24	Uruguay
6	33	Puerto Rico
7	41	Costa Rica
8	44	Dominica
9	69	Brasil
9	69	Cuba
11	73	El Salvador
11	73	Panamá
11	73	Trinidad y Tobago
14	78	Colombia
14	78	Perú
16	87	Jamaica
17	91	Guatemala
18	98	México
19	101	República Dominicana
20	105	Argentina
21	110	Bolivia
22	116	Guyana
23	127	Ecuador
23	127	Nicaragua
25	134	Honduras
26	146	Haiti
26	146	Paraguay
28	164	Venezuela

4. Unión Europa y Europa Occidental

Según los resultados del Informe, más del 75% de los estados europeos tienen problemas de corrupción. Con mucha razón sostiene el historiador económico.

Ranking regional	Ranking mundial	País
1	1	Dinamarca
2	4	Finlandia
2	4	Suecia
4	7	Holanda
5	8	Suiza
6	10	Noruega
7	11	Islandia
7	11	Luxemburgo
9	14	Irlanda
10	15	Austria
10	15	Alemania
12	20	Reino Unido
13	22	Bélgica
14	25	Francia
15	26	Estonia
16	27	Eslovenia
17	28	Chipre
18	30	España
19	32	Portugal
20	37	Malta
21	41	Polonia
22	46	Lituania
23	50	Hungría
24	53	República Checa
25	59	Letonia
25	59	Eslovaquia
27	67	Italia
28	69	Rumania
29	73	Bulgaria
30	78	Grecia

El historiador económico Joel Mokyr sostiene, con mucha razón, que la corrupción es el peor enemigo del desarrollo pues un Gobierno ineficiente paraliza la innovación tecnológica y acaba por naufragar en la corrupción. En el 2003, un alto funcionario del Banco Mundial aseguró que la corrupción cuesta anualmente US$ 1,5 billones de dólares y que esta cifra podría duplicarse en muy poco tiempo. Espero que podamos frenar este lamentable incremento y que los estados ejecuten políticas sanas pues existen países de ricos en manos de gobiernos pobres y países de pobres en manos de gobiernos ricos.

Quienes estén interesados en conocer más resultados, pueden acceder al Índice de percepción mundial de la corrupción del 2010, publicado por la ONG Transparency International:

Ilícitos contra el patrimonio: Acredite la preexistencia de sus bienes, por favor.

2010-10-17T19:44:00.000-07:00

1. Intoducción
¿Quién no ha sido víctima de un hurto o un robo? Yo recuerdo que en el 2005, cuando salía del gimnasio de la universidad, dos sujetos me amenazaron con una pistola sólo para robarme unas zapatillas recién estrenadas. Algunos meses después, un ladrón no muy hábil entró a mi casa por la madrugada pero el ruido que hizo fue tan fuerte que despertó a toda mi familia. Inmediatamente prendimos las luces y al revisar cada piso nos dimos cuenta que la cerradura de la puerta auxiliar estaba forcejeada. Especulamos que después regresaría. Ambos casos quedaron en la anécdota pues nunca nos enteramos si quiera que se iniciara la investigación policial respectiva.

Según el Anuario Estadístico del Ministerio Público, en el 2009, a nivel nacional se registraron 23,596 denuncias por delitos contra el patrimonio, de las cuales 9,242 correspondieron a robos y 7,247 a hurtos. En Lima, a su vez, se ingresaron 20,354 denuncias por delitos contra el patrimonio. De esta cifra, 4,994 fueron hurtos; 4,314, estafas; 3,425, robos; y 1,185, daños. De otro lado, según las Estadístas Anuales de la Policía Nacional del Perú, el número de faltas contra el patrimonio cuadriplica la cantidad de delitos a nivel nacional. En efecto, en el 2009 se registraron 79,895 casos. De estos, Lima reportó 24,775 hurtos simples y 7,431 daños simples.

Las cifras son claras pues demuestran que los delitos y las faltas contra el patrimonio son los ilícitos que se han cometido en mayor cantidad tanto a nivel nacional como local. Espero que esta entrada sea útil para evitar que futuros hurtos o robos queden en simples anécdotas como, imagino, le sucedió a la familia que se vio obligada a colocar este cartel en la entrada de su casa:

2. La diferencia entre los delitos y las faltas contra el patrimonio
En el Perú, el hurto, el robo, el abigeato, la apropiación ilícita, la receptación, la estafa, el fraude en la administración de personas jurídicas, la extorsión, el chantaje y la usurpación son considerados como delitos contra el patrimonio. En cambio, el hurto y el daño simple, el hurto famélico, la penetración breve en terreno ajeno, el ingreso de animales en inmueble ajeno y la organización o participación en juegos prohibidos son faltas contra el patrimonio.

Existen diferencias genérica entre los delitos y las faltas pues las segundas, además de no encontrarse sancionadas con pena privativa de la libertad, no se sanciona la tentativa -sólo en el caso de las lesiones, el hurto y el daño contra el patrimonio-, sólo responde el autor y la acción penal prescribe ordinariamente al año -es decir, si el Fiscal no toma conocimiento de los hechos en menos de un año, estos no podrán ser investigados-.

Para diferenciar si el hurto o el daño ocasionado será tratado como un delito o una falta, nuestro Código Penal establece un criterio objetivo -llamado por los penalistas, "condición objetiva de punibilidad"- basado en el valor del bien sustraído o dañado. Así, si dicho valor sobrepasa una remuneración mínima vital -que, actualmente, es de S/.550.00 (más o menos US$193.00 dólares americanos)- entonces será un delito; de lo contrario, sólo una falta.

En el Perú, el Grupo Parlamentario Nacionalista presentó el Proyecto de Ley No. 04225 a través del cual se busca eliminar esta diferencia pues, según sus autores, incentiva la delincuencia "al minoreo" y lesiona el derecho a la igualdad de las víctimas. Sea como fuese, esta diferencia se encuentra vigente.

3. La preexistencia del bien materia del delito
El Código Procesal Penal de 1991 y el Nuevo Código Procesal Penal regulan un requisito, para mí, innecesario. Así, el artículo 245 del primer cuerpo normativo prevé que: "En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito".

En el mismo sentido, el artículo 201 del Nuevo Código Procesal Penal establece que: "1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 2. La valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su simplicidad o evidencia".

Imaginemos que un ladrón ingresa a nuestra casa y, como en "The Big Bang Theory", se lleva nuestra lap top y nuestras consolas de video juego. Ahora, pensemos en que estamos caminando por una calle concurrida y nos sustraen nuestro iPhone 4. Está demás decir que el monto que representan estos bienes suman más de 550 nuevos soles. ¿Qué tendríamos que hacer además de acudir a la policía? Según muchos fiscales y policías peruanos, deberíamos buscar y presentar las facturas o boletas que acrediten su existencia. De no conseguirlo, lamentablemente, muchos representantes del Ministerio Público archivan las investigaciones desde un inicio sosteniendo que el agraviado no ha demostrado la preexistencia del bien materia del delito. No creo que esta sea la solución adecuada pues es un escudo legal que emplean muchos fiscales -a veces, a solicitud del denunciado- para archivar la investigación sin el mayor esfuerzo.

Yo creo que es innecesario regular expresamente que se debe acreditar la preexistencia del bien pues no podría sentenciarse a nadie si es que no se ha demostrado que determinada conducta reune todos los elementos del delito -tanto objetivos como subjetivos-. Así, aún cuando el artículo 245 del Código Procesal Penal de 1991 y el artículo 201 del Nuevo Código Procesal Penal se derogasen, la Fiscalía debería probar la existencia del bien materia del delito. Creo que dicha derogación eliminaría aquella creencia absurda según la cual sólo se puede acreditar la preexistencia del bien a través de facturas o boletas. Además, se flexibilizarían los criterios de probanza -a favor del agraviado- pues se podría acreditar dicha preexistencia a través de fotos, testimonios u otros medios idóneos que contribuyesen a la misma finalidad.

El criterio que expongo ha sido recogido por el Tribunal Constitucional pues en la STC No. 0198-2005-HC/TC del 18 de febrero de 2005 sostuvo que: "Respecto al alegato del recurrente de que no se habría demostrado la preexistencia del bien materia del delito, este colegiado considera que, aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional (“Sana Crítica”). En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado (“Tarifa Legal”). En ese sentido, prima facie la valoración de las pruebas corresponde únicamente a la justicia ordinaria, no siendo la justicia constitucional competente para determinar si ha quedado demostrada la responsabilidad penal del imputado".

Entonces, respondo nuevamente la pregunta formulada líneas arriba: Si sufrimos un hurto, un robo o cualquier otra ilícito contra el patrimonio, debemos de acudir a la Policía o al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Además, para colaborar con la investigación y evitar que esta se archive, deberíamos de buscar alguna forma de acreditar la preexistencia del bien materia del delito: presentar boletas, facturas, testigos, fotografías, órdenes de compra, etcétera. Por otra parte, el rol de la Fiscalía o de la Policía debería ser más activo. Así, deberían comunicarse con los agraviados solicitándoles la acreditación bajo comentario antes de archivar la denuncia pues de lo contrario se seguirán dejando impunes muchos ilícitos cometidos contra la ciudadanía.

4. Una propuesta adicional: El uso de las redes sociales como herramienta para la prevención y el combate de la delincuencia
Sin duda alguna, el uso de las redes sociales como Facebook y Twitter se ha multiplicado exponencialmente. Basta con recordar algunas cifras: Facebook nació en el 2004, al 2005 contaba con 1 millón de seguidores y al 2009 superó los 350 millones. Twitter, por su parte, ya cuenta con 100 millones de usuarios. Sin embargo, los miembros de esta última gastan 69 minutos diarios en ella -14 minutos más que los de Facebook-. Esto demuestra y confirma que la redes sociales son una revolución.

La Policía de algunos países no ha ignorado esta realidad y ha comenzado a emplearla. En un reportaje de la BBC titulado "¿Quiere saber qué hace la Policía? Entre a Twitter" se ejemplifica esta afirmación a través de los casos de Manchester (Reino Unido), Nezahuacoyotl (México) y Nueva Delhi (India). Pese a que estas ciudades son aún pilotos de prueba, se han alcanzado excelentes resultados. Por ejemplo, en la primera ciudad, en un día se registraron 3,205 incidentes mientras que en la segunda, la Policía lanza consejos de seguridad.

En estos tiempos, creo que las redes sociales podrían jugar un rol más importante. Quizás la Policía y la Fiscalía peruana podría emplear el Twitter o el Facebook para registrar denuncias o incidentes, comunicarse con las víctimas a través de ellos o, simplemente, brindar consejos para saber cómo actuar frente a ilícitos tan comunes como los cometidos contra el patrimonio. Quizás, dentro de algún tiempo, podamos leer en el muro de estas instituciones algo como esto: "Si es víctima de un hurto, comuníquese con nosotros y traiga todos los elementos que demuestren que el bien perdido".

¿Seguridad ciudadana? Análisis crítico de las propuestas municipales: Segunda Parte

2010-10-01T15:16:00.000-07:00

Iberico, Altuve, Alegría, Flores, Gonzáles, Lay, Canelo, Villarán y Andrade

Nos encontramos a un par de días de las elecciones y ciertos candidatos han prometido hasta lo imposible para ganarse algunos votos. Si bien en materia de seguridad ciudadana hay varias propuestas comunes -como la instalación de más cámaras de seguridad o la especialización del serenazgo- lo cierto es que también existen particularidades que hacen más o menos interesantes a algunas de ellas. Al analizar las propuestas planteadas por los nueve candidatos a la comuna limeña, he considerado sus intervenciones en radio o televisión, sus exposiciones en los debates realizados el 16 y 27 de setiembre y, principalmente, sus planes de gobierno. A todos aquellos que estén interesados en profundizar el estudio de la seguridad ciudadana, les recomiendo el libro "Inseguridad ciudadana en Lima: ¿Qué hacer?" de Gino Costa y Carlos Romero, el cual fue presentado el 27 de setiembre -un día después de la publicación de la primera parte de esta entrada-. Sin más preambulos, paso a describir y, en algunos casos a analizar, las principales propuestas planteadas por nuestros candidatos:

1. Acción Popular (Gonzalo Alegría)

El plan de gobierno del hijo del literato Ciro Alegría gira en torno a cuatro ejes: Dimensión económica, Dimensión social, Dimensión Territorial Ambiental y Dimensión Institucional. Lamentablemente, no ha independizado sus propuestas sobre seguridad ciudadana ya que ya que tan sólo ha expuesto algunas ideas generales ubicadas en el área de Dimensión Social (a, b y c) y en los planteamientos esbozados en el debate municipal (d, e y f):

a) "Ni un niño en la calle". Propone que serenazgo, en colaboración con la Policía Nacional y el INABIF patrullen las calles para evitar la mendicidad, el abandono y cualquier abuso infantil. En este punto, debo de advertir que la percepción de la mendicidad infantil en nuestra ciudad ha bajado de 26% en agosto 2007 a 14% en julio de 2010; sin embargo, creo que las acciones no sólo deben estar destinadas a evitar la mendicidad o abuso infantil sino sobre todo combatir a aquel cáncer que utiliza a los niños y adolescentes para tales propósitos -labor que indiscutiblemente es de la Policía Nacional-.

b) "Primer empleo, primera vivienda". Se crearía la gerencia municipal de jóvenes que velaría porque los jóvenes limeños accedan a puestos de trabajo estables y a programas de financiación a largo plazo. Sin duda alguna esta es una propuesta sólida que encuentra respaldo en los estudios realizados por Vanderschueren, Lunecke y Eissmann.

c) "Acoge Lima". Programa antiviolencia familiar que asistiría a madres y esposas maltratadas para el empleo de casas de acogida. Siguiendo el trabajo elaborado por Gino Costa, sugeriría que las Municipalidades coordinen con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para que cada distrito cuente con (i) Un Centro de Emergencia Mujer, (ii) una casa de refugio, (iii) Una red de mujeres que ayuden a otras mujeres a salir de la red de violencia y (iv) un servicio de tratamiento psicológico de agresores.

d) Creación de la Central Municipal de Seguridad que costaría 280 millones de nuevos soles.

e) Creación de un único teléfono para recibir denuncias

f) Creación de Cooperativas de ex presidiarios a través de cooperación popular para que trabajen para la municipalidad, por lo menos, durante un año. Esta propuesto, desde mi punto de vista, debería complementarse con otra más: La eliminación de los antecedentes judiciales después de cumplida la totalidad de la pena impuesta pues de lo contrario el ex presidiario arrastrará un estigma que reducirá sus posibilidades de inserción laboral.

2. Alianza para el Progreso (Luis Iberico)

El Plan de Gobierno de Luis Iberico, por lo menos en materia de seguridad ciudadana, me parece uno de los más concienzudos, quizás sea porque fue Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Sin embargo, nuestro próximo alcalde o alcaldesa deberá, por lo menos, revisar el análisis de los problemas identificados por este candidato. Sin embargo, al momento de ofrecer propuestas concretas, su Plan no llega a cubrir todas las expectativas que genera. Entre las propuestas más significativas pero muy poco desarrolladas se encuentra:

a) La creación del Concejo de Seguridad Vial Metropolitano orientado a reducir la cantidad de muertes por accidentes de tránsito.

b) La creación de un escuadrón de la Policía que fortalezca la presencia policial en la ciudad.

c) Elaboración de planes preventivos destinados a impulsar el deporte, arte, recreación.

3. Fonavistas del Perú (Raúl Canelo)

Las propuestas de Raúl Canelo se han divido en dos grupos: Acciones de prevención (a, b y c) y Control Administrativo de actividades ilícitas (d y e). Lamentablemente, el candidato no desarrolla concretamente sus propuestas pues se limita a exponer algunas generalidades.

a) Programa sólido de alternativas para la niñez y la juventud.

b) Recuperación sostenida y sostenible de los espacios públicos.

c) Fortalecimiento de la relación autoridad - ciudadano.

d) Creación de un verdadero observatorio del crimen. Toda vez que esta es una propuesta común con casi todos los candidatos, aprovecho la oportunidad para resumir las características que según Gushiken debería tener:
- Articular los sistemas de información existentes, que incluyen, entre otros, el fiscal, el policial, el municipal, el de medicina legal y el de salud pública.
- Trabajar con fuentes primarias de datos.
- Basarse en los distrital para generar información metropolitana.
- Tener un diseño modular, de manera que se desarrolle progresivamente.
- Solicitar a sus fuentes sólo la información imprescindible.

e) Coordinación eficaz entre la Policía y el Serenazgo.

4. Partido Democrático Somos Perú (Fernando Andrade)

Aún cuando no pude acceder al Plan de Gobierno sino únicamente a su Ficha Resumen, lo cierto es que los problemas detectados en seguridad ciudadana se encuentran bien identificados ya que la población ha sido víctima de delitos contra el patrimonio (75%), pandillaje (7,3%), microcomercialización de drogas (5,2%), violaciones (4,1%), secuestros (2,2%), violencia en el hogar (1%), entre otros. A partir de estos problemas, se construyen cinco pilares básicos:

a) Aplicación del Plan Bratton: Somos Perú propone aplicar el plan elaborado por The Bratton Group Inc en julio del 2002. Para ello, sugieren el desarrollo de un sistema de administración policial similar al COMPSTAT de Nueva York que consiste en la elaboración de informes policiales semanales a partir de los cuales se desarrolla estrategias y se planifican los patrullajes. Siguiendo el mismo Informe, se debería tener un sistema de registros único donde se almacene la información recepcionada por el Serenazgo y la Policía.

b) Educación cívica, atención juvenil, readaptación de pandilleros y prevención de delitos: Somos Perú impulsaría la creación de patrullas juveniles compuesta por pandilleros para reincorporarlos a las actividades laborales de la comunidad, realizar campañas para evitar la deserción escolar, entre otros.

c) Lucha contra la impunidad del delito menor: Se propone, muy peligrosamente, extender los mecanismos legales para sancionar con pena privativa de la libertad los delitos menores. Si bien se hace referencia a la pena de inhabilitación y al trabajo comunitario, lo cierto es que se resalta la cárcel como sanción. Al respecto, debo rechazar esta propuesta pues los centros penitenciarios desocializan al individuo y, además, existen mecanismos más eficientes a través de los cuales se puede lograr el mismo (cuestionable) objetivo: la resocialización.

d) Información e investigación: Sugieren crear un central provincial de información que proporcionará toda la información necesaria para las investigaciones penales en tiempo real. Identificar las zonas más peligrosas de la ciudad a través de un sistema automatizado de registro y atención -propuesta contemplada también en el Plan Bratton-.

e) Participación ciudadana e integración Estado - población: Potenciar el sistema de patrullaje mejorando la coordinación con la Policía, impulsar el plan "Serenazgo sin fronteras" -si bien el Serenazgo se creó mediante la Ordenanza Municipal No. 638 del 2004, el Serenazgo sin fronteras tuvo una suerte de primera etapa a partir del 2009 en la cual comprende sólo a los distritos colindantes de Cercado de Lima-. Creación de un sistema de apoyo a la víctima.

5. Partido Descentralista Fuerza Social (Susana Villarán)

Susana Villarán ofrece directamente reducir la tasa de homicidios de 12,1 a 9 por cada cien mil habitantes, incrementar el número de policías comunitarios en la calle, reducir la corrupción en las Comisarías y generar un ambiente de seguridad para todos los limeños. Su propuesta descansa en seis ejes que, lamentablemente, no llega a desarrollar:

a) Liderazgo, conducción y concertación.

b) Reformar la Ley Orgánica de Municipales y de la Policía Nacional del Perú para que el Acalde Metropolitano ejerza un control efectivo en materia de seguridad ciudadana. Además, propone crear una Policía Metropolitana como complemento de la PNP.

c) Más Policías, más equipados. Fomentar el programa "A la Policía se le respeta". Rendición de cuentas mensuales a la comunidad.

d) Prevención social de delito a través del fomento de actividades educativas y la promoción del programa patrullero juvenil.

e) Política interinstitucional contra la impunidad.

f) Fortalecimiento y apoyo explícito al trabajo de las juntas vecinales. Incentivar a sus miembros con seguros de vida y salud -en el Plan de Gobierno no se explica de dónde provendrían los fondos con los que se cubrirían estos seguros-. Creo que, a diferencia de otros planes de gobierno, el de Villarán incide en un aspecto fundamental: la prevención comunitaria. Rescato las observaciones hechas por Gino Costa pues para un desarrollo óptimo se debe tener en consideración:
- Capacitación de las Juntas Vecinales por la Policía.
- El equipamiento de las Juntas Vecinales, para asegurar su rápida y fluida comunicación con la comisarías y los serenazgos. Con este fin se debería propocionar alarmas, pitos, linternas y chalecos.
- La creación de un sistema de alerta temprana complementario al vecinal, integrados por los vigilantes privados, los taxistas y mototaxistas, los comerciantes, la comunidad educativa y los trabajadores municipales, con el propósito de colaborar con la Policía y el Serenazgo.

6. Partido Popular Cristiano (Lourdes Flores)

Luego de reconocer que las estrategias actuales en seguridad ciudadana de Lima metropolitana se encuentran desarticuladas, que los recursos para combatir los principales problemas son insuficientes y que los ciudadanos no se encuentran debidamente organizados, Lourdes Flores manifiesta que su actuación girará en torno a tres ejes: el liderazgo político, la prevención y la intervención.

a) Liderazgo político en materia de seguridad ciudadana. El PPC propone que se refuercen las funciones de conducción y liderazgo establecidas en la Ley de Seguridad Ciudadana; designar a un general de reciente ascenso como responsable de la Policía asignada a Lima metropolitana comprendiendo en su alcance a las Comisarías, las DIVINCRIs, la Policía de Tránsito, el Escuadrón de Emergencia, las UIAT, la Policía de Turismo y Ecología y la Policía de Familiares y Menores.

b) Prevención. En el Plan de Gobierno se reconoce correctamente que las acciones preventivas son de responsabilidad por excelencia de la Autoridad Municipal. Por ello, propone la ejecución de cuatro acciones genereles:

- Prevención Social: Diseño de un mapa de riesgo social en Lima Metropolitana; trabajar acciones concretas con grupos vulnerables a violencia doméstica, violencia juvenil, drogadicción, etcétera; implementar actividades preventivas a nivel escolar; desarrollar estrategias de comunicación bajo el lema "Lima Segura", creación de una oficina municipal donde se puedan devolver los objetos encontrados en las calles y vehículos.

- Prevención Comunitaria: Creación del voluntariado en seguridad ciudadana.

- Prevención Situacional: Invertir en tecnología para la ciudad (cámaras, central de emergencias, observatorio del delito) y promover la recuperación de los espacios públicos.

- Prevención Policial: Capacitar a los miembros del Serenazgo en base a tareas formativas brindadas por la Escuela de la Policía, promover la doctrina de la "Policía Comunitaria".

c) Intervención. Para luchar contra la delincuencia, el PPC propone coordinar con las municipalidades distritales la aprobación de sus respectivos planes operativos locales; poner en marcha el plan cuadrante -zonificar el territorio en cuadrantes-; impulsar el patrullaje integrado -policía y serenazgo-, modernizar las comisarías; censar e integrar a los agentes de vigilancia privada y agentes de seguridad de cuadra al Sistema de Seguridad Ciudadana; coordinar con el Poder Judicial para que se instalen juzgados en la comsiarías que se encargen de las faltas; entre otras.

7. Partido Político Cambio Radica (~~Alex Kouri~~ - Fernán Altuve)

No sé quién asesoró a este partido político pero resulta demás cuestionable que consideren que entre los problemas externos que contribuyen a la formación de las pandillas se encuentren los siguientes: "la influencia de los medios de comunicación (tv, radio, periódicos, cine, internet, revistas, etc.), la marginación y segregación social, la búsqueda de diversión y sensaciones agradables (vestirse a la moda, escuchar música estridente, utilizar su propia jerga, concurrir y bailar en las discotecas), la desersión escolar, la desocupación". Creo que es ridículo considerar que bailar en las discotecas o escuchar música estridente contribuye a la formación de las pandillas. Bueno, entre las principales propuestas que recoge este Plan de Gobierno, encontramos:

a) Políticas públicas de los factores condicionantes de la violencia e inseguridad (¿cerrarán las discotecas?).

b) Establecimiento del Centro Metropolitano de entrenamiento del Serenazgo.

c) Incremento de equipos de televigilancia.

d) Gestionar con el Poder Judicial y el Gobierno Central, la implementación de los juzgados de tránsito.

e) Promover y gestionar ante el Congreso de la República, un sistema judicial rápido y eficiente que sancione y los delitos menores; sin embargo, debo señalar que el sistema ya existe pues se encuentra contenido en el Nuevo Código Procesal Penal.

f) Implementación del Programa de Defensa Civil, Cultura de Prevención y Gestión de desastres. Esta es la única propuesta novedosa que tiene el plan de Cambio Radical pues el resto de partidos no consideran el calamitoso estado en el que se encuentran los inmuebles ubicados en Lima Cercado.

8. Restauración Nacional (Humberto Lay)

El pastor Lay estructura su Plan de Gobierno en materia de seguridad ciudadana en cuatro ejes: liderazgo, prevención, disuación y represión:

a) Liderazgo. Según el Plan presentado, el Alcalde vigilará que cada municipalidad forme su Comité distrital de seguridad ciudadana

b) Prevención. Propone restablecer en las currículas escolares, los cursos de valores y cultura cívica; realizar campañas intesivas de promoción de valores, con el apoyo de los medios de comunicación social, universidades, empresa privada, etcétera; sugiere establecer convenios con instituciones como Cedro, Alianza para un Perú sin Drogas para, conjuntamente con las empresas privadas y la Iglesia, recuperar a los jóvenes pandilleros; intensificar y promocionar la práctica deportiva; capacitar a los jóvenes en micro - empresa; entre otros.

c) Disuasión: Perfeccionar el Serenazgo; apoyar a las municipalidades que aún no cuentan con este sistema a través de puestos de auxilio y/o caravanas de seguridad; implementar sistemas de seguridad más sofisticados; y proponer leyes más drásticas contra la delincuencia -tolerancia cero-. No existe fundamento legítimo válido que permita sostener que sólo a través de leyes drásticas se puede combatir la delincuencia; todo lo contrario, medidas de este tipo resultan desproporcionadas y pueden, incluso, fomentar que los delincuentes actúen con mayor ferocidad -con más detalle en: "¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?"-.

d) Represión: Restauración Nacional propone crear módulos de acción rápida, intensificar los operativos en los fumaderos, centros de microcomercialización y lugares "donde se atente contra la moral y las buenas costumbres", proponer leyes más drásticas para el delito de receptación -en términos del Plan, comprar y vender cosas robadas-.Creo que antes de pensar atacar los "fumaderos", sería bueno identificar los centros de microcomercialización de drogas ya que cada distrito registra cantidades sustancialmente diferentes: La Victoria (119), Comas (112), San Juan de Lurigancho (106), Cercado (78), Rímac (69) y San Martín de Porres (48), El Agustino (31), Breña e Independencia (24), Lince (22), Barranco (19), Miraflores (16) y Surquillo (16).

9. Siempre Unidos (Alex Gonzáles)

Si bien Alex Gonzáles es recordado por haber llevado un helicóptero de juguete al debate municipal para sostener "su propuesta imbatible" de combatir la delincuencia desde el aire, lo cierto es que su Plan de gobierno ofrece algunas propuestas más reales:

a) Creación de la Escuela Metropolitana de Capacitación y Formación de miembros del Serenazgo.

b) Apoyar el proyecto piloto de Los Olivos denominado "Servicio Civil Voluntario", a través del cual se involucra a los jóvenes recién egresados de secundaria en temas de seguridad ciudadana.

c) Capacitar a los jóvenes en la creación de micro - empresas y así, en términos del Plan, "eliminar la frustración que es la madre de las drogas, pandillaje, delincuencia juvenil, corrupción y prostitución".

d) Impulsar la iniciativa de una Policía Metropolitana.

El domingo 03 de octubre se realizarán las elecciones municipales. A través de este medio, le pido a nuestro futuro alcalde o alcaldesa que aplique las mejores propuestas que cada partido político ha presentado pues la unión de todas ellas y, sobre todo, la participación y fiscalización ciudadana conseguirán que Lima metropolitana sea la ciudad segura que todos deseamos. A todos los interesados, les recomiendo la lectura de los planes de gobierno propuestos por los nueve candidatos.

1. Plan de Gobierno de Acción Popular
2. Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso
3. Plan de Gobierno de Fonavistas del Perú
4. Formato resumen del Plan de Gobierno de Somos Perú
5. Plan de Gobierno del Partido Descentralista Fuerza Social
6. Plan de Gobierno del Partido Popular Cristiano
7. Plan de Gobiernode Cambio Radical
8. Resumen del Plan de Gobierno de Restauración Nacional
9. Plan de Gobierno de Siempre Unidos

¿Seguridad ciudadana? Análisis crítico de las propuestas municipales: Primera Parte

2010-09-26T22:37:00.000-07:00

¿Alcalde, qué hacemos? Fuente: El Otorongo

El 16 de setiembre, hace 10 días, se llevó a cabo el debate municipal organizado por la Asociación Civil Transparencia, donde los nueve candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana expusieron sus propuestas. La discusión giró en torno a cuatro ejes: Buen gobierno, Seguridad ciudadana, Transporte y Tema libre. Debo de advertir que en esta entrada no realizaré un análisis político de las propuestas y, mucho menos, del debate. Mi opinión será jurídica y girará en torno a la "Seguridad Ciudadana", procurando ser, en todo momento, objetivo y crítico pues la política criminal de una ciudad no es un juego -de ahí que las propuestas presentadas por cada uno de los candidatos deben ser contratastadas con la realidad y analizadas minuciosamente.

Por fines meramente metodológicos, he dividido esta entrada en dos partes. En la Primera Parte abordaré algunos presupuestos iniciales que deben ser tomados en cuenta al momento de analizar las propuestas de los nueve candidatos a la alcaldía. Así, desarrollaré el concepto de seguridad ciudadana; los principales problemas que flagelan Lima Metropolitana; la estructura orgánica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; las funciones que, por ley, le competen a nuestro Alcalde; y, finalizaré, comentando algunas experiencias vividas en Sudamérica. A partir de estas breves aproximaciones pretendo esclarecer un panorama que pemanece sombrío pues mucho se puede prometer pero, muy poco, cumplir.

En la Segunda Parte de esta entrada, analizaré las propuestas esbozadas en los Planes de Gobierno de los nueve postulantes a la Alcaldía de Lima Metropolitana.

1. ¿Qué es la seguridad ciudadana?

Seguridad Ciudadana. Fuente: El Otorongo

Para comprender cuál es la mejor estrategia que el próximo alcalde debe implementar, es imprescindible manejar una definición para lo cual recurriré a la Ley No. 27933 -vigente desde el 11 de febrero de 2003-. Así, según su artículo 2, la seguridad ciudadana es "la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos".

Al analizar los alcances de este concepto, el Tribunal Constitucional ha expresado que: "Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que, para la Constitución representa la Seguridad Ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal, suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la Seguridad Ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo". (STC No. 05664-2009-HC/TC)

A partir de estas definiciones, puedo decir que la seguridad ciudadana es un bien jurídico colectivo que, a través de la protección de derechos como la vida, integridad, tranquilidad, propiedad o libertad personal brindada por el Estado con la participación de la ciudadanía, garantiza el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad.

2. ¿Cuáles son los principales problemas que reporta la seguridad ciudadana de Lima metropolitana?

En Lima, más del 90% de la población percibe que vive en una ciudad insegura y amenazada -quizás sea porque un tercio de los limeños han sido víctima de delitos, sean estos robos sin violencia, atracos (robos con violencia y armas) y secuestros al paso-. Así, día a día, llegan a nuestros oídos, de una u otra forma, terribles accidentes de tránsito, asaltos, robos, homicidios. Es como si el crimen tomara por asalto la ciudad. Frente a esta crisis, la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana -CONASC- expidió el "Plan Operativo Nacional de Seguridad Ciudadana 2010" de donde extraigo los principales problemas que atentan contra la Seguridad Ciudana de Lima Metropolitana -y que el próximo alcalde o alcaldeza deberá enfrentar-:

Problemas de seguridad ciudadana	Evidencias empíricas y/o indicadores
Pandillaje	- Hay un total de 12,128 jóvenes y adultos que integran 410 pandillas en Lima Metropolitana. - Son responsables de 5,318 hechos delictivos. - Lima Sur y Lima Norte concentran la mayor cantidad de hechos delictivos cometidos por pandillas: 2,235 hechos delictivos y 1,070 faltas. - Los tres principales delitos cometidos por pandillas son: delitos contra el patrimonio (1,620 casos), agresión (1,264 casos) e interrupción del libre tránsito (840 casos).
Violencia Familiar y Sexual	- La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2004-2005), reporta que 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años en el Perú ha sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja.
Pornografía y/o comercio sexual infantil	- Durante el 2007, se ubicó más de 120 foros de habla hispana de pornografía infantil en internet (Redes de entre 80 y 150 miembros y otros conformados por más de 500 a 750 miembros). - El 30% de los consumidores de pornografía infantil termina poniendo en práctica lo que ve en estos contenidos. - Una de cada 5 fotografías pornográficas en Internet es de una menor de edad. La edad promedio de un menor de edad a la industria pornográfica es de 12 años pero va bajando.
Consumo de alcohol y drogas	- El número de adictos a las bebidas alcohólicas pueden pasar del millón de personas.
Infracciones al reglamento de tránsito	- Durante el 2007, se produjeron 79,792 accidentes de tránsito en todo el país. El 60% ocurrió en Lima. En el 2008, las cifras fueron similares - En el 2009, se registraron 86,026 accidentes de tránsito en todo el país. - De cada 4 personas que mueren por accidentes de tránsito, 3 mueren a causa de atropellos y 1 por efectos del choque. - Cuatro de cada 10 accidentes de tránsito son ocasionados por medios de transporte público.

3. ¿Quién está a cargo de la defensa de la seguridad ciudadana?

Es muy poco conocido que la Seguridad Ciudadana en nuestro país se encuentra regulada en la Ley No. 27933 y su Reglamento. Dicha Ley creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), el cual se encuentra compuesto por (1) el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, (2) el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, (3) el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y (4) el Comité Municipal de Seguridad Ciudadana. El siguiente cuadro aclara el panorama que debe ser tomado en cuenta pues muestra la conformación de cada instancia del SINASEC, a través del cual podremos apreciar qué otras instancias deben comprometerse para garantizar nuestra Seguridad Ciudadana:

Instancias que integran el Sistema de Seguridad Ciudadana	Conformación
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana	- El Ministro del Interior o su representante (Preside). - El Ministro de Justicia o su representante - El Ministro de Educación o su representante. - El Ministro de Salud o su representante. - El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. - Un representante de la Corte Suprema de Justicia. - El Fiscal de la Nación o su representante. - El Defensor del Pueblo o su representante. - Dos Presidentes Regionales o sus representantes. - El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante. - Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor número de electores o sus representantes. - El Director General de la Policía Nacional del Perú o su representante. - El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional o su representante. - Dos representantes de los gremios que agrupan a las empresas de seguridad privada.
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana	- Presidente de la Región (Preside) - La autoridad política de mayor nivel de la región. - El Jefe Policial de mayor graduación de la región. - La autoridad educativa del más alto nivel. - La autoridad de salud o su representante. - Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. - Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. - El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. - Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana	- Alcalde Provincial (Preside) - La autoridad política de mayor nivel de la localidad. - El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. - La autoridad educativa del más alto nivel. - La autoridad de salud o su representante. - Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. - Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. - El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. - Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia. - Un representante de las Juntas Vecinales. - Un representante de las Rondas Campesinas.
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana	- Alcalde Municipal (Preside) - La autoridad política de mayor nivel de la localidad. - El Comisario de la Policía Nacional a cuya jurisdicción pertenece el distrito. - Un representante del Poder Judicial. - Dos alcaldes de centros poblados menores. - Un representante de las Juntas Vecinales. - Un representante de las Rondas Campesinas.

4. ¿Cuáles son las funciones del Alcalde de Lima Metropolitana en seguridad ciudadana?

En materia se de seguridad ciudadadana, según la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, al Alcade de Lima Metropolitana, además de las funciones y atribuciones que tiene como director del Comité Provincial dentro del SINASEC, asume la que le corresponde como director del Comité Regional. Dentro de ellas, destacan las siguientes:

a. Formular la política provincial y regional de seguridad ciudadana.

b. Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar el mapa provincial de la incidencia delictiva de la jurisdicción.

c. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas al respecto.

d. Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y/o las Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarías de su ámbito de competencia territorial, procurando que dichas actividades sean integradas.

e. Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana.

f. Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los integrantes de los Comités Distritales de su ámbito de competencia territorial, a fin de coordinar y analizar de manera integral las políticas, planes y programas de seguridad ciudadana.

g. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven el desempeño de los efectivos policiales.

h. Fomentar el debate público sobre seguridad ciudadana.

5. Experiencia comparada: La seguridad ciudadana en Santiago de Chile y Buenos Aires

a) Santiago de Chile.- Santiago ha desarrollado una Red de Seguridad Integral coordinada por la Dirección de Seguridad e Información, que mantiene un permanente contacto e intercambio de antecedentes y planificación de operativos seguidos con la Comisaría de Carabineros, la Comisaría de Menores, la Comisaría de Asuntos de Familia y la Brigada de Investigación Criminal.

La Red está integrada por una Central de Comunicaciones y un Servicio de Línea Gratuito -que atiende denuncias y sugerencias las 24 horas del día-. Santiago, además, cuenta con 33 casetas o Centros de Seguridad e Información que es atentido también las 24 horas del día. El objetivo de estas casetas además de prevenir los ilícitos y disminuir la inseguridad, es brindar información sobre museos, correos, plazas, parques, etcétera.

Santiago cuenta con móviles de seguridad parecidos a nuestros "serenazgos"; sin embargo, además de colaborar con los carabineros (policía) cuentan con funciones más especializadas como: elaborar informes relativos a las veredas, pistas, tapas de desagüe; responder las solicitudes derivadas del sistema "Aló Santiago"; informar el estado de señalización, semáforos e iluminación; detectan, informan y colaboran con los carabineros para erradicar a los lavadores de carros no autorizados, comerciantes informales, ebrios y prostitutas; y, detienen, dentro de lo posible a los delincuentes que son encontrados en flagrancia.

Entre los servicios que brindan, caben destacar los siguientes:

i) Asistencia judicial: Asesoran, orientan y derivan las peticiones a las autoridades correspondientes. Me parece que esta es una herramienta muy útil porque acerca la población a la Administración. Además, colaboran y asisten a los vecinos que hayan sufrido un siniestro, robo, accidentes en la vía pública, etcétera.

ii) Denuncias: Reeciben denuncias relacionadas al tráfico ilícito de drogas (microcomercialización), prostitución clandestina, vehículos mal estacionados, entre otras.

iii) Vigilancia: Ofrecen servicios gratuitos de vigilancia de casas y departamentos cuando los residentes están de vacaciones (tres patrullajes diarios alrededor del inmueble), realizan patrullajes específicos en zonas de preocupación comunal, entre otras.

b) Buenos Aires.- Esta ciudad se encuentra implementando un Plan Integral de Seguridad. Recientemente se ha creado una Policía Metropolitana -que ayuda a la Policía Federal-, la cual se encuentra facultada para intervenir frente a los siguientes ilícitos: lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejecicio ilegal de la medicina. Además, deben de colaborar con las autoridades cuando sean requeridos así como mantener el orden y la seguridad pública.

El Plan Integral, para el monitoreo urbano, mejoramiento del espacio público y prevención, cuenta con un Centro Único de Control y Coordinación, un sistema de cámaras de video, vehículos con GPS; entre muchas otras.

De otro lado, respecto a la prevención social, Buenos Aires cuenta con algunos programas: "Programa Adolescentes" a través del cual se ha acercado el deporte a más de 5 mil jóvenes; "Programa estudiar es trabajar", dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años que reciben subsidios mensuales a cambio de asistir con regularidad al sistema educativo; "Programas de Formación e Inclusión para el Trabajo", mediante el cual se ha asistido a más de dos mil personas.

Nuestro alcalde, a diferencia del que aparece en comics como Batman, no es el llamado a luchar contra el crimen ni contra la delincuencia pues esa es la función del Ministerio Público y la Policía. Sí tiene funciones muy valiosas pero estas no las podrá llevar a cabo sin que se realice una gestión organizada con el resto de actores involucrados en materia de seguridad ciudadana. Espero que esta entrada haya sido útil para aclarar algunos conceptos, comprender qué es y cómo se organiza el SINASEC pues manejar estas pautas nos permitirá realizar un mejor análisis de las propuestas promulgadas por los nueve candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana -las cuales serán examinadas en la siguiente entrada-.

Algunos enlaces recomendados:

Legislación de interés: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Sitios web recomendados: Municipalidad de Santiago de Chile y Municipalidad de Buenos Aires.
Para comprender la relación de la violencia y salud pública, reecomiendo las "Guías para la vigilancia epidemológicas de violencia y lesiones" publicadas por la Organización Panamericana para la Salud.
Amnistía Internacional de Venezuela formuló una interesante propuesta llamada: "Mesas de Seguridad Ciudadana" que sugiero leer.

Tacha electoral (fraudulenta) y Derecho Penal

2010-09-12T19:23:00.000-07:00

Fuente: El Otorongo - Perú.21

El 03 de octubre se realizarán las elecciones municipales en el Perú. Muchas agrupaciones, en vez de presentar una propuesta seria que individualice a sus respectivos candidatos, no han hecho sino entablar una "guerra sucia" contra sus adversarios. Lamentablemente, esta práctica es tan común que ya nadie -o muy pocos- la critica: Insultos, peleas, destapes van y vienen como pan de cada día. Sin embargo, estas elecciones se caracterizan por el reiterado y arduo empleo de un mecanismo legal dirigido contra los postulantes o sus partidos políticos que atacan la formalidad que reviste el proceso de inscripción electoral. Me refiero a las temibles "tachas". A través de ellas, ya se ha logrado anular diversas candidatura, siendo la que causó más impacto la que "sacó de carrera" a Alex Kouri -quien, según las encuestas, era uno de los dos candidatos con más posibilidades de gobernar la capital limeña-.

Tras este hecho, Susana Villarán del Partido Fuerza Social, subió de manera increíble en las encuestas. Ahora, ella y Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano son las que encabezan las elecciones municipales. Sin embargo, hace algunos días ocurrió un hecho repudiable contra la candidata de izquierda: Se presentó una tacha en su contra y en contra de toda su agrupación política empleando un documento falsificado. Esto ya no califica como guerra sucia sino como un ilícito penal que merece ser sancionado. Por esta razón, en esta entrada analizaré las implicancias que un hecho de tal naturaleza trae consigo en el sistema de administración de justicia penal peruano.

a) La tacha:
El 09 de setiembre, un titular abarcó los principales medios de prensa: "Presentan recurso de nulidad contra la candidatura de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima". Se aseguraba que esta tacha podría darle un nuevo giro a los comicios electorales limeños ya que la candidata Susana Villarán -quien hasta el momento ocupa el segundo lugar en las encuestas- podría ser dejada fuera. Según la información difundida, la ciudadana Jessica Sandra Motta Espinoza interpuso recurso de "tacha" contra el partido Fueza Social y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que se declare nula la inscripción de la lista completa de sus candidatos a la Municipalidad de Lima. La tacha se sustentó en que los comicios internos se realizaron después que el JNE inscripción el partido electoral de Susana Villarán.

b) El descubrimiento:
Al día siguiente, Frecuencia Latina transmitió un reportaje especial en el que Jessica Motta no sólo negó haber presentado dicho recurso sino que además manifestó que la firma que aparecía en la tacha no era suya. Recomiendo ver el video adjunto pues muestra el preciso instante en que la agraviada y su madre se enteran de la tacha presentada. La reportera -muy astuta, en términos de rating- la llevó a confrontar al abogado Manuel Arce Farfán, que supuestamente avaló la tacha interpuesta. Luego, a un letrado que le explica qué delito se habría configurado y, finalmente, la conduce al Jurado Nacional de Elecciones a poner en conocimiento estos hechos. Si bien el reportaje fue bueno pues contribuyó al esclarecimiento de un hecho por demás irregular, lamentablemente, el enfoque que se le da desde el Derecho Penal es, cuando menos, mezquino:

c) Los delitos que se configuran y las acciones que debieron emprenderse:
Tras descubrir que la firma que aparece en la tacha es falsa, Jessica Motta y la reportera acudieron al abogado Roberto Miranda. No sé si el consejo del abogado haya sido tal cual se dio a conocer en el reportaje; sin embargo, debo realizar algunas precisiones:

En primer lugar, los delitos que se configuran son dos: falsificación de documento privado (427 CP) y fraude procesal (416 CP). Creo que realizar esta precisión es importante pues, cuando menos, existen dos bienes jurídicos diferentes que han sido lesionados. En el primer caso, en la creación o en el uso del documento fraguado, se lesionó la fe pública. En cambio, en el segundo delito, se lesionó a la administración pública ya que se acudió al Jurado Nacional de Elecciones con una pretensión falsificada, haciéndoles creer a sus funcionarios que se trataba de un documento veraz. Así, por ejemplo, se debe recordar las declaraciones de Ulises Montoya quien sostuvo que la tacha interpuesta debía ser analizada por el Jurado Nacional de Elecciones.

En segundo lugar, el procedimiento difundido en el reportaje -acudir al Jurado Nacional de Elecciones a reportar y denunciar el hecho- no es el más adecuado. En efecto, debieron concurrir a la Policía o a la Fiscalía a denunciar directamente este hecho para que realicen inmediatamente las investigaciones correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones no es un ente que realice investigaciones criminales. Si bien ya ha desestimado la tacha y ha dispuesto que se realicen las investigaciones necesarias, lo cierto es que estas va a demorar innecesariamente -solicitarán los descargos correspondientes a todos los involucrados, etcétera-. Además, podría ocurrir que el JNE, por una u otra razón, concluya que estos hechos son irrelevantes penalmente y nunca los comunique al Ministerio Público. El resultado, mera impunidad. Por esta razón, debió ponerse en conocimiento de las autoridades competentes esta noticia criminal.

En tercer lugar, considero necesario que se inicien las acciones correspondientes contra el letrado Manuel Farfán Arce pues él fue quien supuestamente autorizó o avaló la presentación de la tacha fradulenta y señaló su estudio jurídico como el domicilio procesal de la agraviada. No quiero decir que el abogado sea el autor o el responsable del delito pero, cuando menos, podrá aportar indicios que contribuyan a identificar quién o quiénes son los verdaderos responsables de este suceso criminal. Lamentablemente, en nuestro país, por necesidad, muchos letrados "venden" su firma a precios increíbles -basta ir al Palacio de Justicia y ver a los abogados que ofrecen autorizar documentos por 20 soles (USD$ 6.00) sin leer o saber qué están firmando-.

Espero que en los próximos días, o por lo menos antes de las elecciones municipales, se sepan quiénes están detrás de estos hechos pues muchas versiones se tejen detrás de ellos y, como ciudadanos, necesitamos permanecer informados para poder realizar una mejor elección. Si bien, como decía Mao Tse Tung, "la política es una guerra sin efusión de sangre", lo cierto es que debería combatirse, cuando menos, lícitamente.

Algunas consideraciones adicionales:

Para entender cómo funcionan las "tachas" en los procesos electorales, recomiendo el artículo: "Táchalo, que es realidad: Problemas sobre el sistema de tachas a candidatos municipales", publicado el 05 de setiembre en el Blog "Enfoque Derecho".
Algunas resoluciones que causaron gran impacto en el electorado peruano, en el 2010, que recomiendo revisar son las siguientes: Tacha contra Alex Kouri Bumachar, Tacha contra Luis Valdez Villacorta y Tacha contra Francis Alisson Oyague.
La primera modalidad del delito de falsificación documentaria (creación de documento falso) se encuentra redactado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal en los siguientes términos: El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido si de su uso puede resultar un algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa si se trata de un documento privado.
La segunda modalidad (uso de documento falso) se encuentra redactado en el segundo párrafo del mismo artículo: El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algíun perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.
El delito de fraude procesal se encuentra tipificado en el artículo 416 del Código Penal y su redacción es del siguiente modo: El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Dourado: La ciudad que acabó con la corrupción

2010-09-03T01:01:00.000-07:00

"Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá" - Quinto Horacio (65 aC - 8 dC)

Dourados, una ciudad brasileña del Mato Grosso do Sul, amaneció el 01 de setiembre sin autoridades municipales. En un operativo policial sin precedentes, más de doscientos policías federales detuvieron al Alcalde y su esposa, al Alcalde adjunto, al Procurador General de la Alcaldía, varios concejales y diversos empresarios. El resultado: 29 personas detenidas, 1 juez designado para dirigir el municipio y toda una ciudad conmocionada. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, pero ¿qué pasó en Dourados?

En mayo de este año, el secretario de la Alcaldía y periodista, Eleandro Passaia, denunció una red de corrupción al interior de la municipalidad entregando videos y audios como prueba de su denuncia. Según las investigaciones, el Alcalde retenía el 10% de todos los contratos de obras públicas y utilizaba el dinero para financiar sus campañas electorales. Además, recibía de diversos empresarios 500 mil reales mensuales -más o menos US$ 289,736 dólares americanos-, monto que se repartía entre la cúpula edil. El secretario de la Alcaldía sostiene que tomó la decisión de interponer la denuncia tras enterarse que la esposa del Alcalde se realizó una cirugía estética al tiempo que un niño quedaba ciego por falta de medicamentos en el centro de salud. Sea cual fuese la verdadera intención que lo motivó, finalmente se descubrió -y, al parecer, desbarató- una verdadera organización criminal que opera al interior del Estado. El pueblo brasileño ha dado un admirable paso en la lucha contra la corrupción. ¿Y nosotros?

Según la Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, el 51% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país mientras que el 56% sostiene que es lo que impide lograr el desarrollo. Sin embargo, lo más sorprendente es que sólo se hayan denunciado el 09% de los casos en los que un funcionario público solicitó una propina -o como le llamamos criollamente "una coima"-. Así, gracias a nuestra inactividad, hemos logrado un 91% de impunidad en casos de corrupción. Quizás esto se deba a que tan sólo el 44% de la población sepa dónde denunciar estos hechos, que el 78% crea que las investigaciones sean poco o nada efectivas o que el 44% se consideren víctimas -y no cómplices- de corrupción al aceptar pagar una "coima".

Según esta misma encuesta, el 53% de la población confía en la Defensoría del Pueblo para luchar contra la corrupción y el 39%, en la Iglesia Católica. Lamentablemente, las instituciones que deberían estar llamadas a esta cruzada se encuentran totalmente deslegitimadas: Sólo el 20% de la población -quizás con mucha razón- confía en el Ministerio Público y el 10% en el Poder Judicial y la Policía.

¿Un país sin esperanzas? En el artículo llamado "¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?" publicado el 25 de agosto en "El Cristal Roto" -Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico- señalé que la mejor forma de enfrentar la delincuencia no es el endurecimiento de las penas sino la rápida implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Lo creo porque el nuevo sistema permitirá agilizar las investigaciones y lograr una pena efectiva en un muy corto tiempo, además porque la propia ciudadanía podrá controlar la eficiencia con la que actúan los abogados, los fiscales y los magistrados ya que prácticamente toda la investigación, contrario a lo que sucede ahora, será pública -es decir, mediante audiencias a las cuales cualquier ciudadano podrá asistir-.

Creo que el Perú, y todo país que adopte un modelo acusatorio con tendencia adversarial, podrá hacer frente a la corrupción. Sin embargo, al ser éste un fenónemo enraizado en la ideosincracia de la población, creo que además, es necesario un programa integral de legitimación de las principales instituciones llamadas a combatir la delincuencia -Policía, Ministerio Público y Poder Judicial- ya que, de lo contrario, seguirá existiendo aquel clima de impunidad motivado, principalmente, por la indiferencia de las personas a denunciar los hechos que conocen. Además, resulta de vital importancia que el Ministerio Público, desde ya, adopte una campaña "feroz" de acercamiento a la población para que esta sepa, por lo menos, a dónde acudir y qué esperar de dicha institución.

Quizás, con el tiempo, todos nosotros nos animemos a denunciar los pequeños, medianos o grandes casos de corrupción que conocemos siguiendo el ejemplo del secretario de la Alcaldía de el Dourado y obtengamos muy buenos resultados. Por el bien del país, espero sinceramente que así sea.

¿Se debe eliminar la reducción de pena por confesión sincera y por terminación anticipada del proceso?

2010-08-31T23:17:00.000-07:00

Hace algunos días vi una película muy buena llamada "Law abiding citizen", en ella Jamie Foxx encarna a un fiscal que en las primeras escenas llega a un acuerdo de terminación anticipada con uno de los dos delincuentes que estaban siendo procesados por asesinar a una niña de 3 años. Foxx sostuvo su decisión en una interesante frase: "más vale algo de justicia que nada". Así, mientras que uno fue condenado a pena de muerte, al confeso se le impuso tan sólo 5 años de pena privativa de libertad.

Por esas coincidencias de la vida, al día siguiente, me sorprendió ver que la Célula Parlamentaria Aprista -encabezada por César Zumaeta- presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley que elimina la reducción de la pena por aplicación de la confesión sincera y por la terminación anticipada del proceso. La película protagonizada por Foxx y Buttler estuvo muy bien desarrollada y enfocada. Lamentablemente, el Proyecto de Ley, no. Los congresistas afirman -como es de costumbre, sin el mayor análisis político criminal- que estas figuras contribuyen a la economía procesal pero que "se han convertido también en el refugio de quienes por este medio pretenden reducir la pena o lograr la impunidad". A continuación veremos que no es así:

En primer lugar, la jurisprudencia no exige que la confesión sea únicamente sincera sino -como bien se estipula en el artículo 161 del Nuevo Código Procesal Penal- que además debe ser espontánea, es decir que sea prestada (a) fuera de los supuestos del delito flagrante y (b) cuando no exista abundante prueba de cargo contra el imputado. Estos supuestos -al parecer no comprendidos por el Legislador- son los que impiden que un hecho ilícito quede impune pues gracias a la "confesión sincera" se castiga a un delincuente que quizás pudiese ser absuelto por insuficiencia probatoria. Así, si existe material probatorio que acredita suficientemente la comisión del delito, entonces la confesión será sincera pero no espontánea y, entonces, la reducción de la pena será innecesaria.

En segundo lugar, quizás se esté confundiendo la terminación anticipada del proceso con el plea bargaining norteamericano; sin embargo, se debe tener en cuenta que nuestra institución tiene su origen en el instituto del patteggiamento italiano. Aún cuando en el Proyecto de Ley se hace referencia a una supuesta "eliminación de la reducción de la pena", al ver la modificación propuesta se puede apreciar que ésta se mantiene. En efecto, el procesado que se acoja a este procedimiento seguirá siendo beneficiado con la reducción de una sexta parte de la pena. La lógica es simple: ningún procesado renunciaría a la etapa de enjuiciamiento si es que no recibiría alguna recompensa. Así, ya que el Estado también se beneficia pues la carga procesal se aliviana y se obtiene una sentencia condenatoria -no debe olvidarse que el procesado también podría ser absuelto-, entonces, realiza esta pequeña concesión.

Pregunto ¿qué es lo que cuestiona el Legislador? Respondo: La acumulación de la reducción de la pena por confesión sincera y por terminación anticipada. Sin embargo, como hemos visto, estas dos instituciones responden a fundamentos diferentes. La primera, a un critereio de espontaneidad -que suple la insuficiencia probatoria- y la segunda a un criterio de economía y celeridad procesal -pues se obtiene una sentencia condenatoria evitándose la etapa de enjuiciamiento-. Sin duda, nos encontramos frente a dos instituciones diferentes que pueden -y, para mí, deben- coexistir.

Creo que es tiempo de dejar de hacer proselitismo político -y, sobre todo, de engañar a la población- a través de supuestas "salvadoras" reformas al Código de Procedimientos Penales o al Nuevo Código Procesal Penal. Nuestras normas son, en general, buenas. El problema radica en la escasa preparación de algunos magistrados y en la lamentable campaña de desinformación impulsada por algunos sectores políticos.

Bienvenidos

2010-08-28T00:13:00.000-07:00

Quizás con mucha más ilusión que conocimientos me uno al fantástico -pero aún desconocido para mí- mundo de los bloggers. Debo confesar que esta idea me ha acechado implacablemente hace ya bastante tiempo y que he pasado muchas horas meditando si sería bueno unirme a esta corriente. Realmente es increíble cómo las ideas se pueden transformar en ilusiones y estas, a su vez, en pequeños o grandes proyectos. "Entre Penas y Gracias", mi pequeño proyecto, representa para mí una ventana a través de la cual daré a conocer mis -espero no tan desacertadas- opiniones sobre el apasionante mundo del Derecho Penal. De antemano pido disculpas si es que en más de una ocasión esta ventana se convierte en mi puerta de salida a la desilusionante pero mejorable realidad social, política y jurídica que nos envuelve y atrapa sin el más mínimo remordimiento.

Haberme dedicado más de dos años a la investigación de mi tesis, "Los fines constitucionales de la pena como límite a la concesión de las gracias presidenciales", ha hecho que reflexione si soy o no un ratón de biblioteca y del cyber-espacio. Confieso que aún no lo sé. La duda proviene de la otra cara de la moneda del Derecho Penal: el litigio. En más de seis años, y gracias al estudio donde trabajo, he podido conocer la dura realidad contra la cual nos enfrentamos quienes aún soñamos con un derecho garantista y, sobre todo, transparente. Conocer y conversar con cada una de las partes del proceso -agraviados, investigados, policías, fiscales y jueces; seres humanos muy complejos ante todo- ha esculpido en mí el gran deseo de formar parte de la reforma judicial que, como todos, reclamo pero de la cual por desdén o indiferencia me he alejado. Así, a través de "Entre Penas y Gracias" pretendo además darle un equilibrio a mi vida académica y profesional.

Escoger el nombre del blog fue todo un reto pues no muchos nombres venían a mi mente. Los únicos que se me ocurrían, como "Héroes y Traidores", podían identificar todo menos un blog de Derecho Penal -quizás por eso fueron objeto de más de una justificada burla-. Finalmente, tras varios días y en un golpe de suerte impulsado por mi hermano Juan Diego y mi enamorada, llegó "Entre Penas y Gracias". Creo que el nombre representa la fragilidad de nuestro sistema: El Poder Judicial sanciona a los delincuentes y, muchas veces sin explicación alguna, el Ejecutivo los perdona -crime does not pay-. Lo curioso es que el Poder Legislativo, en complicidad con el Ejecutivo, sea quienes propongan y decidan aumentar la severidad del castigo que este último después perdona.

No podría finalizar esta primera entrada sin agradecer a mi maravillosa enamorada, Fiorella Chinchay Habich, por el increíble e incondicional apoyo que me ha brindado durante todo este tiempo pues sé que sin ella no habría podido dar este gran paso -gracias, amor-.

A todos los que sigan este blog, los invito a ser parte activa de la reforma pues a través de sus comentarios y críticas todos creceremos.

Sean todos ustedes bienvenidos.