ESTUDIO JURIDICO M.A.SANDRIA

DERECHO CIVIL - Desalojo

2024-05-20T07:21:00.000-07:00

En el marco de un intento de desalojo, un fallo declaró nulo el contrato entre el entre las partes, tras comprobarse que el demandado es analfabeto y que los trazos en el documento no pueden considerarse una firma válida.

En la causa "P. F. C/ A. A. S/ PROCESO ABREVIADO", el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes declaró nulo el contrato de comodato para proteger a una persona analfabeta, en el marco de un juicio por desalojo.

El demandante inició un juicio de desalojo contra un adulto mayor para que éste le restituyera el inmueble que ocupaba junto a su esposa en una zona rural del municipio de Mercedes. El demandante manifestó que el contrato de comodato firmado tenía un plazo de dos años. Como prueba adjuntó el documento que llevaba la firma del adulto mayor certificada por escribano público.

El demandado, por medio de sus abogados apoderados, dijo que nunca compareció a la Escribanía a suscribir el contrato y que era analfabeto. Aseguró que lo que existía era un contrato de permuta.

Tras analizar las pruebas, el juez Gustavo Buffill determinó que los trazos insertados por el demandante en el contrato no configuraban una firma válida. “La rúbrica es el modo habitual que tiene una persona de escribir su nombre y apellido para expresar su voluntad a un texto”, señaló al respecto.

“Ahora bien, los trazos o signos que inserte en un papel una persona analfabeta -quien siquiera sabe dibujar su nombre- no pueden ser considerados una “firma” en el sentido indicado. Esto quiere decir que esos signos o trazos en el papel no implican una manifestación de voluntad”, agregó el juez.

“Si A.A. no lee ni escribe, ¿Cómo se entera del contenido?”, se preguntó el magistrado.

En ese sentido, el juez destacó que “el propio escribano debió advertir que A.A. era analfabeto, porque su documento nacional de identidad carecía de firma. Como experto en formas jurídicas, el notario está obligado a guiar y controlar el desarrollo del acto con plena transparencia, legalidad y tecnicismo con operaciones jurídicas previas, durante y posteriores al acto”.

En ese orden de ideas, el contrato escrito de comodato constituía un acto jurídico de nulidad absoluta por falta de firma. “Aunque exista autoría material de los signos gráficos no se trata de una firma legal”.

El juez declaró la nulidad absoluta del contrato de comodato y rechazó la demanda de desalojo. En este caso en particular, profundizó el fallo, se debe declarar la nulidad porque se está frente a un contrato en el que interviene una persona adulto mayor y analfabeta y por tanto, vulnerable, por lo cual resultan afectados los intereses generales de la sociedad, y el orden público en los términos del art. 386 del CC y C de la Nación.

DERECHO DE FAMILIA - Cuota de Alimentos en porcentajes y no en suma fija.

2024-04-08T09:06:00.000-07:00

Juzgado de Familia hace lugar al pedido de una madre que cuida de manera exclusiva a su hija y, oportunamente, acordó una cuota mediante porcentajes. "Es público y notorio que la economía de nuestro país no mantiene un peso constante", sostuvo la jueza.

En la causa “Ñ.V.L. C/ S.M.E.S/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA”, el Juzgado de Familia 7 de Cipolletti, Río Negro, ordenó que la cuota alimentaria de una menor se fije en porcentajes y no en sumas fijas, debido a la inflación del país.

La demanda fue interpuesta por la madre de la menor, quién explicó que la cuota se fijó cuando la niña contaba con 8 años y que actualmente sus necesidades son totalmente diferentes ya que entró en la adolescencia.

El fallo remarcó que “es público y notorio que la economía de nuestro país no mantiene un peso constante, sino que por el contrario, el proceso inflacionario que generalmente se encuentra presente, y en especial en estos últimos meses, hace que la capacidad adquisitiva decrezca”.

En 2018, en mediación, se fijó una cuota de $4.000 sin actualización. Con el paso del tiempo ella llegó a un acuerdo verbal con el papá de su hija. Él se comprometió a depositar entre 50 y 70 mil pesos mensuales, pero la madre sostuvo que los depósitos son irregulares y que no guardan proporción con los ingresos del progenitor.

La mamá adujo que ejerce el cuidado de su hija de forma casi exclusiva, ya que la joven visita a su padre solo durante fin de semana por medio. En consecuencia ella asume casi todo el costo de vida. Enumeró gastos de comida, de educación, pago de internet, habitación, vestimenta y calzado, actividades recreativas y principalmente todo lo referido al cuidado y atención de su salud.

"A los fines de resolver el presente, consideraré el Interés Superior de la adolescente. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión "interés superior del niño niña y adolescente" implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida", agregó la jueza Marissa Lucia Palacios.

Al finalizar, la magistrada aclaró: “he de considerar que es conveniente que la prestaciones alimentarias sean fijadas en porcentajes y no en sumas fijas a fin de evitar una devaluación del monto a pagar y evitar que el alimentado se vea compelido a iniciar frecuentes incidentes de aumento de prestación alimentaria”.

DERECHO DE FAMILIA - Responsabilidad Alimentaria de los Abuelos

2024-03-08T07:05:00.000-08:00

Un hombre saldó una deuda de 800 mil pesos en concepto de cuota alimentaria que debía cuando demandaron a su madre. El fallo destacó la importancia de no promover el incumplimiento de los obligados principales.

Tras citar a su madre, un deudor alimentario se puso al día con lo que debía. Ocurrió en la causa “G.D.I. C/ B.G.E. S/ ALIMENTOS” en trámite ante el Juzgado de Familia de Cipolletti, Río Negro.

Cuando se inició el trámite de alimentos en el fuero de Familia de Cipolletti se fijó una cuota alimentaria equivalente al 51,44% del valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, no debiendo ser nunca inferior a los $15.000 mensuales. De todas formas, desde marzo de 2019 y hasta 11 de septiembre de 2021 el padre acumuló una deuda de $801.723,09.

Por ese motivo, fue incluido en el el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Río Negro y Neuquén, y la madre de la niña le reclamó la cuota alimentaria a la abuela paterna. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso el padre se puso al día con la cuota y eso eximió a su propia mamá de asumir las obligaciones.

El fallo destacó que la legislación prevé la responsabilidad subsidiaria de los abuelos solo en casos donde se demuestra el incumplimiento o la imposibilidad del progenitor de cumplir con su obligación.

La defensa de la madre argumentó que, ante la falta de cumplimiento del padre, la abuela paterna debería asumir subsidiariamente dicha obligación, basándose en el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la posibilidad de reclamar alimentos a los ascendientes en caso de incumplimiento por parte de los progenitores.

Sin embargo, la sentencia resolvió en contra de esta petición, señalando que el padre del menor, a pesar de haber acumulado una deuda significativa en concepto de alimentos adeudados, había retomado el cumplimiento de su obligación alimentaria desde septiembre de 2023. Esta acción por parte del padre eliminó el fundamento para reclamar una obligación alimentaria subsidiaria de la abuela paterna.

En este caso, al estar el padre cumpliendo nuevamente con su responsabilidad, no se justificaba cargar a la abuela paterna con la obligación alimentaria.

Además, se subrayó la importancia de no promover el incumplimiento de los obligados principales, en este caso, los padres, ya que ello podría llevar a una desresponsabilización en cuanto al cuidado y sustento de los menores.

DERECHO ADMINISTRATIVO SANTA FE. DECRETO Nro. 38/2023

2024-02-01T05:17:00.000-08:00

Suspende la ejecución de los actos administrativos y contratos en la Administración Pública

SANTA FE, 13 de Diciembre de 2023

Boletín Oficial, 15 de Diciembre de 2023

Vigente, de alcance general

Id SAIJ: S20230000038

Visto

Lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25917 -modificada por Ley N° 27428- que establece el "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal" al que adhirió la Provincia por medio de las Leyes Nros. 12402 y 13871; la Observación Legal N° 0046/2023 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe; y lo resuelto por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Santa Fe; y

Considerando

Que la Ley Nacional N° 27428 modificó la Ley N° 25917 introduciendo -entre otras reformas- en el Capítulo II, denominado "Reglas Cuantitativas- el artículo 15 bis, el cual establece que "durante los dos (2) últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente" y -dejando a salvo precisas excepciones- dispone que "[a] los efectos de la aplicación del presente artículo, se entenderá por incrementos del gasto corriente de carácter permanente, a aquellos gastos que se prolonguen por más de seis (6) meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural";

Que la Provincia de Santa Fe se encuentra adherida al "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal" establecido por la Ley N° 25917 y, en igual sentido, adhirió en forma expresa a las modificaciones introducidas por la referida Ley N° 27428, lo que se formalizó -respectivamente- por medio de las Leyes Nros. 12402 y 13871;

Que ante la posible existencia de actos administrativos y contratos dictados en el período de tiempo al que refiere el mencionado artículo 15 bis de la Ley N° 25917 y, potencialmente, contrarios a tal disposición es necesario proceder a suspender los efectos de un conjunto muy puntual de actos y contratos que se encuentren -prima facie- en esa situación y, paralelamente, dar inicio a un procedimiento de revisión de tales actos y contratos que se desenvuelva con estricto respeto de los principios de tutela administrativa efectiva, del debido procedimiento y de autotutela y anulación de oficio contemplados en el artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 4174/2015 (incisos 1, 10 y 12);

Que, asimismo, se verifica -también en términos potenciales- que podrían existir una serie de actos y contratos que, no obstante no encontrarse dentro del período al que refiere el mencionado artículo 15 bis de la Ley N° 25917, podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez, por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada caso, como fue sostenido con claridad en un precedente muy reciente (17.11.2023) de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la ciudad de Santa Fe (A. y S., T. 86, pág. 442), pero que ya afirmado por ese Tribunal (A. y S. T. 76, pág. 136) y de la Observación Legal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe N° 46/2023 de fecha 26.10.2023;

Que en ese contexto, resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo Provincial tome las medidas necesarias para revisar los actos administrativos y contratos referidos, analizar su legitimidad y adecuación al ordenamiento jurídico administrativo vigente -incluyendo, en los casos que corresponda, las normas pertinentes del "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal"- con el objeto de reestablecer -en los supuestos que así lo ameriten- la vigencia de la juridicidad de la actuación de la Administración Pública Provincial;

Que a tales fines se dispone la suspensión de una serie de actos administrativos y contratos precisamente identificados -de acuerdo a las pautas que brindan los artículos 1° y 3° del presente-, contemplando que, de modo previo a la suspensión, debe notificarse y otorgarse una vista de tres (3) días hábiles a los eventuales afectados para que expresen lo que consideren conveniente (art. 2°);

Que, asimismo, se constituye una Comisión en el ámbito del Ministerio de Economía para que desarrolle la tarea de revisión de los actos administrativos y contratos a los que refiere el presente, estableciéndose tanto su ámbito de actuación, atribuciones y pautas de colaboración con las reparticiones pertinentes (arts. 5°, 7°, 8° y 10), su integración (art. 6°) y su plazo de actuación (art. 11);

Que de igual forma, se contemplan otras medidas destinadas a analizar las asignaciones de funciones de mayor jerarquía determinantes del otorgamiento del Suplemento por Subrogancia en cada una de las áreas y entes que se identifican (arts. 12,13 y 14) y se dispone la suspensión de la realización de nuevos llamados a concurso para la cobertura de cargos vacantes y de la todas las convocatorias en marcha, que no se encontraren concluidas con las correspondientes designaciones resultantes del proceso selectivo, y correlativa toma de posesión de los designados (art. 15);

Que, por lo demás, existen antecedentes de procedimientos administrativos de revisión como el que aquí se instituye, el más reciente establecido por el Decreto N° 89/2019 dictado por el Sr. Gobernador que culminó su mandato el día 9 de diciembre de 2023;

Que, en talcontexto corresponde adoptar disposiciones que permitan conciliar los intereses legítimos de los agentes estatales al desarrollo de su carrera administrativa, con la orientación que cada gobierno quiera darle a su gestión, en el marco de las atribuciones que le reconocen la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo dictada en su consecuencia y el programa de gobierno que eligió la ciudadanía por medio del voto en las elecciones generales;

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas a este Poder Ejecutivo por el artículo 72, inciso 1) de la Constitución Provincial;

POR ELLO: EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Suspéndase la ejecución de los actos administrativos y contratos comprendidos en el Artículo 5° del presente decreto que correspondan a la competencia del Poder Ejecutivo, hayan sido dictados dentro del plazo previsto en el Artículo 15 bis de la Ley N° 25917 -incorporado por Ley N° 27428- a la que la Provincia de Santa Fe se encuentra adherida por medio de las Leyes 12402 y 13871, y refieran a personas sin vinculación jurídica de empleo público o contractual previa con la Administración Pública Provincial; no considerándose a esos efectos el desempeño como Autoridades Superiores o Personal de Gabinete.

ARTÍCULO 2°: Las suspensiones establecidas en el artículo precedente serán instrumentadas por las áreas respectivas previa vista de tres (3) días hábiles a los eventuales afectados, para efectuar su descargo; cumplimentado lo cual remitirán lo actuado a consideración de la Comisión creada por el artículo 5° del presente.

ARTÍCULO 3°: Los titulares de las áreas comprendidas en los alcances del presente decreto conforme la delimitación de su artículo 5° evaluarán los casos en los que pueden proceder jurídicamente a la rescisión unilateral de los contratos de locación de servicios personales vigentes en su ámbito de competencia, cuando se verifique que no ha existido efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos de los términos contractuales pactados o el plazo de vigencia del vínculo contractual se superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político; sean éstas identificadas o no en tal caso como correspondientes al encuadramiento de Autoridades Superiores o Personal de Gabinete. Previo a hacer uso de las facultades que se le confieren por el presente artículo, los funcionarios comprendidos en el mismo darán vista de las actuaciones respectivas a la Comisión creada por el artículo 5°.

ARTÍCULO 4°: Lo dispuesto por el artículo precedente será procedente cualquiera sea el encuadre legal bajo el cual hayan sido concertados los contratos allí aludidos. A esos fines, cada una de las áreas comprendidas en el presente decreto efectuará un relevamiento del personal contratado de su dependencia, al amparo de algunos de los marcos legales que, a título meramente enunciativo, se enumeran a continuación:

a) Artículos 8° y 9° de la Ley N° 8525.

b) Artículo 169 de la Ley N° 12510 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 2038/13.

c) Artículo 116 inciso c) apartado 4) de la Ley N° 12510 y concordantes del Decreto N° 1104/16.

d) Artículo 4° del Régimen aprobado por Decreto N° 4447/92, y mismo número del aprobado por Decreto N° 201/95.

e) Ley 20744 y sus modificatorias, de Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 5°: Constitúyase en el ámbito del Ministerio de Economía una Comisión que tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos que hayan sido emitidos con posterioridad a la fecha que surja de la aplicación del plazo previsto en el artículo 15 bis de la Ley N° 25917 -incorporado por Ley N° 27428- a la que la Provincia de Santa Fe se encuentra adherida por medio de las Leyes 12402 y 13871 y que dispongan designaciones de personal en carácter de personal permanente; designaciones de personal en carácter de titulares en cargos subrogados; otorgamientos de nuevos suplementos y contratación de servicios de personal en carácter transitorio -cualquiera fuera su encuadre legal- afectando a esos fines cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada y horas cátedra de la Administración Pública Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado Provincial y Otros Entes Públicos que se corresponden con las jurisdicciones enumeradas en el artículo 4, apartados A- 1 y B de la Ley N° 12510

ARTÍCULO 6°: La Comisión cuya creación se dispone en el artículo precedente estará integrada por el titular de la Sindicatura General de la Provincia o quien designe en su reemplazo; por el Fiscal de Estado de la Provincia o quien designe en su reemplazo; por la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública; por la Subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, quien la coordinará.

ARTÍCULO 7°: La Comisión queda facultada a solicitar la cooperación de todas las áreas comprendidas en los alcances del presente decreto quienes estarán obligadas a colaborar con la consecución de las tareas a cargo de la Comisión y el logro de los objetivos de su creación.

En esa línea la Comisión podrá requerir información y documentación, establecer plazos para que la misma sea producida o acompañada, solicitar informes o dictámenes y, en general, realizar todos los actos que estime necesarios y sean conducentes para el desarrollo de las tareas que se le asignan por medio del presente.

ARTÍCULO 8°: La Comisión analizará la legitimidad de los actos administrativos y contratos a que refiere el presente y su conformidad con lo establecido en la Ley Nacional -incorporado por Ley N° 27428- a la que la Provincia de Santa Fe se encuentra adherida por medio de las Leyes 12402 y 13871.

ARTÍCULO 9°: En el marco de las tareas y objetivos que se le asignan por medio del presente, la Comisión podrá proponer, en forma fundada, la revocación de los actos administrativos o extinción de los contratos que se consideren ilegítimos o contrarios al ordenamiento jurídico vigente y proyectar los actos que resulten necesarios a tales fines.

Las autoridades pertinentes evaluarán las sugerencias y propuestas de la Comisión.

En el desarrollo de los procedimientos de revisión a que refiere el presente se deberá resguardar el derecho de defensa de las personas que pudieran resultar afectadas y se deberá recabar dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico que corresponda en cada caso y eventualmente de la Fiscalía de Estado, de conformidad a lo previsto por el Decreto N° 132/94.

ARTÍCULO 10: Sin perjuicio de la pauta temporal establecida en el artículo 6° del presente decreto, la Comisión podrá proceder al análisis de actos administrativos o contratos emitidos o celebrados con anterioridad a la fecha que surja de la aplicación del plazo previsto en el artículo 15 bis de la Ley N° 25917 -incorporado por Ley N° 27428- a la que la Provincia de Santa Fe se encuentra adherida por medio de las Leyes 12402 y 13871, cuando se detecten vicios de ilegitimidad susceptibles de incidir en su validez.

ARTÍCULO 11: La Comisión constituida por el presente Decreto tendrá un plazo de sesenta (60) días corridos para concluir su labor, prorrogable por el Ministro de Economía a solicitud de la misma.

ARTÍCULO 12: Los señores Ministros, Secretarías de Gobernación y autoridades máximas de los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado provincial cuyo personal estuviere comprendido en los alcances del Escalafón General aprobado por Decreto N° 2695/83 deberán proceder al análisis, en sus respectivas áreas de competencia, de las asignaciones de funciones de mayor jerarquía determinantes del otorgamiento del Suplemento por Subrogancia contemplado en el artículo 61 del mismo, dispuestas con anterioridad al presente decreto.

ARTÍCULO 13: A los fines indicados en el artículo precedente deberán tener en cuenta la nueva distribución de las competencias funcionales de las áreas de gobierno dependientes de este Poder Ejecutivo resultantes de la Ley Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo de Santa Fe N° 14224 y las modificaciones que en su consecuencia juzguen necesario introducir en las estructuras orgánico-funcionales correspondientes, y en las dotaciones de personal de las áreas respectivas.

ARTÍCULO 14: Las disposiciones de los Artículos 12 y 13 precedentes serán de aplicación, en lo pertinente, al personal comprendido en los Escalafones aprobados por los Decretos Nros. 4447/92 (artículo 95) y 201/95 (artículo 96) y sus modificatorios.

ARTÍCULO 15: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Firmantes: PULLARO-Bastía

DERECHO DE FAMILIA - CUOTA DE ALIMENTOS HASTA LOS 25 AÑOS

2024-01-29T07:21:00.000-08:00

Para los alimentos, no alcanza con querer estudiar

La Cámara de Necochea confirmó una sentencia que hizo cesar la cuota alimentaria de un hijo mayor de 21 años que no logró acreditar que estudiaba o no podía trabajar. La jóven manifestó interés en comenzar la carrera de Diseño Gráfico.

Un juez ordenó el cese de la cuota alimentaria a favor del hijo que ya era mayor de edad ante el pedido del progenitor tras comprobarse que el mismo no había continuado los estudios terciarios o universitarios, constando únicamente la realización de algunos cursos independientes en un centro de formación laboral y en la UBA, en concreto uno sobre manipulador de alimentos, otro sobre operación de máquinas para la confección de indumentaria y otro de community manager, sin que se acredite la extensión horaria o la carga horaria para poder concluir si los mismos le impidieron conseguir empleo, algo que tampoco se había acreditado.

Y dado que en el expediente únicamente constaba la intención de seguir la carrea de Diseño gráfico no se demostró que exista una inscripción, ni tampoco se probó que exista una imposibilidad de proveerse los medios necesarios para la subsistencia o proseguir los estudios.

La sentencia fue apelada por la parte contraria que se agravió de la incorrecta valoración probatoria y la denegación de pruebas que consideraba relevantes y solicitaba se realicen en segunda instancia, a la vez que alegó su estado de vulnerabilidad, la falta de solidaridad familiar, y que no se tenga en cuenta la situación sanitaria de pandemia y la existencia de un expediente de violencia, además de que los cursos realizados constituían estudio de preparación profesional como dispone la normativa que no habla de carreras universitarias o terciarias pese a su voluntad de lograr ese objetivo.

En los supuestos de los alimentos del mayor de 21 años la carga probatoria se invierte, recayendo la prueba sobre quien pretende el sostenimiento de la cuota alimentaria (art. 710 CCCN) porque precisamente la obligación alimentaria cesó, lo que no constituía una interpretación contraria a la perspectiva de derechos humanos como se alegaba, al tener esos alimentos (art. 663 CCCN) características diferentes a los debidos a los hijos menores de esa edad.

El caso conocido como “B.H.E. c/ B.F.A. s/ Incidente de Alimentos”, llegó al estudio de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, donde los magistrados Laura Alicia Bulesevich, Ana Clara Issin y Fabián Marcelo Loiza decidieron confirmar lo resuelto.

Estimaron que la petición de realizar pruebas en cámara (replanteo probatorio) debía rechazarse por lo dispuesto en los arts. 255 inc 2 y 270 CPCC, ya que cuando el recurso se otorga en relación como en este tipo de proceso esa posibilidad esta denegada y reservada a los casos donde el recurso se otorga libremente, además la demandada había consentido la denegatoria de la prueba que ahora pretendía producir, siendo aplicable el principio de preclusión por no haber impugnado esa decisión en la instancia previa.

Por otro lado recordaron que en los supuestos de los alimentos del mayor de 21 años la carga probatoria se invierte, recayendo la prueba sobre quien pretende el sostenimiento de la cuota alimentaria (art. 710 CCCN) porque precisamente la obligación alimentaria cesó, lo que no constituía una interpretación contraria a la perspectiva de derechos humanos como se alegaba, al tener esos alimentos (art. 663 CCCN) características diferentes a los debidos a los hijos menores de esa edad.

Por ende, debía probar la inscripción en la matricula y acreditar el horario de la cursada o el cumplimiento de diversas obligaciones curriculares que imposibilitan una actividad rentada para sostenerse en forma independiente, siendo insuficiente la expresión de anhelo de cursar una carrera universitaria, sumado a que los cursos acreditados databan del año 2022, sin probar la cursada de estudios que le impidan proveerse de los medios necesarios para sostenerse en forma independiente.

Aclararon para cerrar, que lo referido a su salud no estaba en discusión porque el pago del tratamiento psicológico y psiquiátrico se pactó por fuera de la cuota alimentaria en el convenio de las partes, por lo que no estaba controvertido ni podía debatirse en este proceso.

DERECHO CIVIL - Robo en vehículo estacionado en garage de supermercado. Responsabilidad de la Empresa

2022-09-05T07:36:00.000-07:00

Clientes iniciaron una acción judicial contra el supermercado Jumbo, tras haber sufrido un robo en el vehículo de su propiedad que estaba guardado en el estacionamiento del comercio mientras ellos realizaban sus compras. Los mismos se encontraron con la ventana del automóvil destrozada y las pertenencias de su interior habían sido sustraídas, entre ellas las notebooks con las que trabajaban, siendo además los mismos dependientes de la empresa Telecom Personal S.A. por lo que adquiría relevancia la información corporativa sensible que contenían dichos equipos, a lo que se anexaba trabajos de la maestría y otros datos importantes.

Explicaron que la situación los expuso frente a sus empleadores al punto de casi perder sus empleos, y que las notebooks si bien fueron reemplazadas por la empresa empleadora les dieron equipos usados lo que afecto a su trabajo. Indicaron también que de las filmaciones del estacionamiento surgía que el robo aparentemente lo cometieron personas que circulaban en un Corsa que no había ingresado a la zona comercial, pero que las imágenes eran muy malas lo que dificultaba identificar la patente y por interponerse un muro, tampoco se llegaba a ver el delito, lo que les indicaba que esa persona puedo conocer la ubicación de las cámaras.

Consideraron que la empresa tenía responsabilidad por no brindar seguridad a sus clientes y que el video fílmico fue editado por lo que reclamaron daño directo ($66.599), moral ($400.000) y punitivo ($300.000).

Iniciados los autos “P. R. D. Y Otro Contra Cencosud Sa Sobre Ordinario”, Cencosud contestó rechazando la acción e informando de la fusión de varias empresas entre las que estaba la demandada. Puntualizó que las notebooks no eran de propiedad de los actores sino de su empleador (como surgía de un correo electrónico) y como fueron reemplazadas no correspondía el reclamo, además de que no acompañaron pruebas de su propiedada, mencionó la responsabilidad el garajista sobre los efectos dejados en el interior del vehículo y rechazó los daños.

El juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda, condenado a la empresa a pagar algunas sumas por daño material ($4900 por un bolso + $1400 por una mochila + $70 por la emisión de un nuevo dni + $4100 por el efectivo que estaba dentro del auto) más intereses, pero destacó que si bien no se configuró un contrato de garaje, existió una relación que podría asimilarse a la del depósito por su gratuidad, pero solo en apariencia pues de esta operatoria surge un fin lucrativo que supera el pago de un canon al ofrecer la playa de estacionamiento con la finalidad de facilitar el negocio principal, lo que genera una obligación de guarda, custodia y restitución de los vehículos depositados.

“El uso del estacionamiento gratuito implica una oferta que se integra con la aceptación de quien se aviene a utilizarlo, naciendo así un vínculo contractual determinante de la responsabilidad del centro comercial”, siendo aplicable el art. 1375 CCCN que regula la responsabilidad derivada del depósito necesario, por lo que la empresa debía responder por los bienes dejados en el interior, no siendo aplicables los eximentes por cuanto no consideraba que fuera una prestación gratuita por la ventaja económica que supone para su titular, por lo que el carácter oneroso de la prestación importa la responsabilidad objetiva por la unidad estacionada y las cosas de su interior (art. 1372 CCCN).

Concluyó que se acreditó que realizaron una compra en el lugar, y que no se podía exigir a los actores mayores recaudos para demostrar su versión de los hechos, cuando la demandada no ofreció “como prueba un material fílmico que desvirtuara que los hechos no acontecieron el 29.8.2017 tal como lo relataron en la demanda, sino que únicamente se incorporó el que trajeron los accionantes y respecto del cual el perito informático concluyó que era de baja calidad y que estaba muy editado” y por ello desatendió su carga de aportar mayores pruebas, estando en mejor posición para hacerlo. Sin embargo, rechazó el daño moral y punitivo.

Tras la apelación de ambas partes, la causa llegó a la Cámara Comercial, donde los magistrados Ernesto Lucchelli, Alejandra Noemi Tevez y Rafael Francisco Barreiro decidieron hacer lugar parcialmente a los agravios del actor y condenaron a la demandada a abonar por daño moral $20.000 más intereses y por daño punitivo $100.000.

Del desarrollo argumentativo se desprende que por un lado el juez Lucchelli, expresa en su voto que el art. 1372 aplicable al caso “exige una denuncia respecto de aquellos efectos de valor superior al que ordinariamente lleven los pasajeros, pero en el caso concreto, dudo que pueda atribuírsele tal carácter a las mochilas y demás elementos personales y de trabajo” y al mismo tiempo remarcó que cuando los argumentos de las partes se contradicen, el juez debe construir la versión fáctica que “más se acomode a a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación” y teniendo en cuenta el esfuerzo procesal que asumieron los actores en contraposición a la mera negativa de la demandada, es que permite tomar por válida la versión de los primeros.

El estacionamiento implica un beneficio adicional para la empresa por lo que “parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el art. 1198 del Código Civil, que aquéllas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados”.

Respecto a la responsabilidad agregó que el estacionamiento implica un beneficio adicional para la empresa por lo que “parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el art. 1198 del Código Civil, que aquéllas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados”.

En cuanto a los daños agregó que revistió importancia la prueba indiciaria o de presunción, por lo que conforme los hechos “resulta verosímil la sustracción de los bienes que se encontraban en el interior de la unidad” a la vez que la omisión de la demandada de acompañar material fílmico para esclarecerlo contribuye a estimar las perdidas. Que el daño moral era perceptible sin embargo sin inclinó por rechazar el daño punitivo.

Del voto de la jueza Alejandra Tevez, se agrega entre otros argumentos, una inclinación por aplicar la multa por daño punitivo en $100.000, explicó que “en el caso, la accionada desatendió el deber se seguridad que se encuentra compelida a brindar dentro del establecimiento“ exhibiendo además “una actitud desaprensiva al colocar al consumidor en un derrotero de reclamos y, finalmente, obligó a promover la presente acción judicial (LDC:8 bis), todo lo cual vino a dilatar de modo injustificado e innecesario la solución del entuerto.” Sumado a ello, incumplió la carga del art. 53 LDC “de aportar los elementos de prueba que obrasen en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.

Finalmente, por su parte el magistrado Barreiro, compartiendo los fundamentos del primer voto, con el agregado del daño punitivo del segundo voto. (DJ)

A los fines de evitar confusiones, se hace saber a todas aquellas personas que visitan el blog que:Las consulta por temas que involucran situaciones particulares tienen un costo establecido por la Ley Nº 6767, artículo 22, y su modificatoria Ley Nº 12.851 (legislación vigente en la provincia de Santa Fe, República Argentina) y se realizan en entrevistas personales. Por Favor, requiera mayor información por e-mail o telefónicamente.

DERECHO COMERCIAL: Suspenden aumento en cuota de Prepaga, basado en la edad del demandante

2022-08-19T09:16:00.000-07:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó a Swiss Medical a suspender el aumento en su cuota basado en la edad del demandante.

El Tribunal integrado por Pablo Damián Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto ratificó la resolución del juez de primera instancia y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la prestataria contra la denuncia de miembros de un grupo familiar afiliado a la prepaga, entre cuyos integrantes se encuentra una persona mayor de 60 años, por quien la empresa aumentó la cuota mensual que venían abonando.

La sentencia rechazó todos los argumentos de la empresa y destacó que "la contratación, en este sentido, no solo resulta ser masiva y estandarizada, sino que además las condiciones y modalidades de la prestación son pre-dispuestas de forma unilateral por la empresa, convirtiéndose en nula la posibilidad de negociación individual".

En el fallo, los jueces entendieron que "el aumento en razón de la edad aplicado por la empresa de medicina prepaga claramente involucra el derecho constitucional a la salud y revela, de acuerdo a lo señalado por la señora Fiscal General en su dictamen, que concurren en la especie una suficiente verosimilitud del derecho y un ostensible peligro en la demora".

Al respecto, explicaron que "aunque estuvieran previstos contractualmente los incrementos en razón de la edad podrían resultar abusivos en los términos del art. 37 inc. a) y b) de la LDC [Ley de Defensa de los Consumidores], que al igual que la Ley 26.682 [Marco Regulatorio de Medicina Prepaga] es de orden público, ya que desnaturalizarían las obligaciones e importaría una renuncia o restricción de los derechos del consumidor con su consecuente ampliación de los derechos de la otra parte".

Además, "la incertidumbre y preocupación que la situación aquí expuesta presumiblemente genera al asociado, es susceptible de justificar un periculum in mora, aún cuando la medida adoptada pueda implicar la ejecución de gran parte de la pretensión material antes de la sentencia", agregaron los camaristas.

DERECHO DE FAMILIA: INCIDENTE de aumento de cuota alimentaria: RECHAZADO

2022-07-25T07:49:00.001-07:00

En el expediente “T. M. D. Y O. C/ C. J. M. S. S/ Incidente De Aumento De Cuota Alimentaria”, tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz se interpuso un recurso de casación por parte de la actora contra la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de aumento de cuota alimentaria respecto de una de las hijas, otorgándola respecto de las demás, por ser la primera mayor de edad.

El recurso argumentaba que las resoluciones no precisaban que ley estaban aplicando, ya que la demanda se inició con el código civil viejo y los argumentos pareciera que toman como referencia el código civil y comercial vigente, además agregó que tanto las sentencias como la demandada han reconocido la condición de alumnas regulares y carga horaria de las jóvenes en la universidad, por lo que entendía se aplicaba el art. 663 CCCN nuevo solicitando se ofrezca prueba en base a ese artículo cuando la demanda se inició con el código anterior, lo que violaría el principio de congruencia.

Además, agregaban que con el otro código debía ser el demandado quien probara que sus hijas podían desempeñarse laboralmente, por lo que es incongruente que se reconozca que el hijo mayor se capacita y debe percibir una cuota, pero se le deniega por no demostrar en la demanda lo que no era una exigencia legal en ese momento.

También cuestiono la forma en que se valoraron los ingresos del alimentante, pasando por alto que el mismo ocultó lo más que pudo la situación para intentar abstraerse del pago y además no se tomaron en cuenta otros ingresos.

Los ministros del Tribunal Superior entendieron que en primer lugar había que rechazar la “adhesión” al recurso que realizó uno de los hijos, puesto que en primer lugar estaba fuera de plazo, pero además el código procesal de esa provincia no prevé el instituto de la adhesión, por lo que no existiendo una presentación que además puntualice los agravios que le genera, la misma debe ser descartada.

Analizado el recurso efectivamente opuesto, expresaron que “la parte recurrente se limita a indicar que el fallo impugnado omitió pronunciarse con relación a la ley aplicable sin desarrollar un esquema argumental concreto y específico de lo que es objeto de crítica”, por lo que “omite explicar por qué le causa agravio el vicio indicado y sobre todo de qué modo debió modificarse el interlocutorio en crisis en tal aspecto”, ya que además se observa que la Alzada pese a no especificar, “resolvió el tema sometido a su competencia a la luz de las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir del 1º de agosto de 2015, conforme fuera peticionado por la recurrente en su apelación”

En cuanto al art. 663 el tribunal advirtió que la recurrente no hizo mención a este planteo al apelar, por lo que la Cámara no iba a resolver sobre algo que no fue introducido, siendo un tema novedoso en esta instancia y por lo tanto extemporáneo, por lo que su tratamiento en esta instancia seria incongruente si no se planteó ante la alzada.

Agregaron que en el caso el aumento de cuota era una situación jurídica que se venía gestando, no se había consumido, sino la perdura en el tiempo por lo que la nueva regulación resultaba aplicable (CCCN), pero que igualmente dicha normativa solo recepta antecedentes jurisprudenciales que en este caso no resultan novedosos, ya que desde antes se exigía como prueba “que se está cursando una carrera de forma regular, el rendimiento del alumno y la carga horaria que insume el cursado como dato que permitía poner de relieve la imposibilidad de acceso a un empleo”.

Respecto a las pruebas, solo se acompaño constancias de alumno regular sin pruebas sobre la continuidad de los estudios, cuantos años dura la carrera, cual era la carga horaria, o si el cursado “le impedía proveerse de medios necesarios para sostenerse de manera independiente”. Por ello resolvieron rechazar la adhesión al recurso y también el recurso, confirmando la sentencia de Cámara. DJ.

DERECHO CIVIL - La mujer conviviente de un asegurado fallecido cobra la indemnización de su seguro de vida.

2022-06-29T06:05:00.001-07:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial reconoció la legitimidad de la mujer conviviente de un fallecido y ordenó a la aseguradora abonarle el seguro de vida.

El hombre se desempeñaba como electricista en una compañía proveedora de electricidad, contrató un seguro de vida, pero al completar el formulario omitió consignar las identidades de los beneficiarios. En diciembre de 2016, sufrió un accidente cuando iba a su trabajo y falleció.

La mujer reclamó el pago pero la empresa de seguros no efectuó el pago por considerar que no estaba legitimada para ello por no ser heredera legal del asegurado fallecido.

El fallo destacó que "en materia de interpretación de las cláusulas de los contratos de seguro que designan el beneficiario, se ha señalado que se debe tener en cuenta cuál ha sido la voluntad real del asegurado y que en caso de duda acerca del beneficiario de un seguro de vida, deben ser investigadas todas las circunstancias que permitan establecer la voluntad del asegurado".

Frente a ello, los jueces Alejandra Tevez, Rafael Barreiro y Ernesto Lucchelli tuvieron en cuenta el artículo 3° de la Ley de Defensa del Consumidor que establece que “la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.

En ese marco, los camaristas añadieron que el artículo 145 de la Ley de Seguros "establece los beneficiarios para el caso que no haya una designación expresa" y "surge que la determinación de las personas beneficiarias por institución legal es efectuada en la Ley de Seguros en favor de quienes el legislador ha presumido de los afectos directos del asegurado".

Por ese motivo, consideraron que se debe “interpretar que el asegurado haya tenido la intención de beneficiar a quienes conformaban su núcleo de afectos en el momento que contrató”, más allá de los “herederos legales” ya que “quien legítimamente pudo creer que la designación comprendía a la persona con quien se encontraba unido en concubinato.”

DERECHO COMERCIAL - Un nuevo reves contra los Planes de Ahorro

2022-06-13T08:05:00.001-07:00

El Defensor del Pueblo en San Juan logró una cautelar que retrotrae el precio de las cuotas de planes de ahorro y ordena a las empresas a abstenerse de ejecutar. El caso llegó a la Corte de Justicia de la provincia, que rechazó el recurso interpuesto por no tratarse de una sentencia definitiva.

En la provincia de San Juan, el Defensor del Pueblo interpuso una medida cautelar contra el “Circulo de Inversores S.A.U. de Ahorro Previo para Fines Determinados (CISA) que fue otorgada por el juez de grado.Logró una cautelar que retrotrae el precio de las cuotas de planes de ahorro y ordena a las empresas a abstenerse de ejecutar. El caso llegó a la Corte de Justicia de la provincia, que rechazó el recurso interpuesto por no tratarse de una sentencia definitiva.

La misma por un lado era de “no innovar” en relación al importe de las cuotas de los Planes de Ahorros, ordenando a los administradores de planes de ahorro y/o financieras a aceptar el pago de las sucesivas cuotas en un monto equivalente al 70% del valor de cada cuota emitida en el mes de enero de 2021, sin considerar el seguro de vida y el seguro automotor, que deberán seguir abonándose en forma normal desde esa fecha en adelante y hasta la sentencia definitiva, actualizándose las cuotas del plan mediante la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento; y por el término de 180 días a partir de la fecha.

Por un lado era de “no innovar”... ordenando ... a aceptar el pago de las sucesivas cuotas en un monto equivalente al 70% del valor de cada cuota emitida en el mes de enero de 2021...

Y por otro lado la medida era “innovativa” mandando que las accionadas se abstengan de considerar en mora por falta de pago y de iniciar el cobro ejecutivo o ejecución prendaria con registro.

La demandada interpuso un recurso con numerosos planteos, reclamó la incompetencia del juez, la falta de legitimación activa, la omisión de ponderar la RG 14/2020, la inexistencia de verosimilitud en el derecho (no se acreditó la imposibilidad de pago de cada ahorrista en particular, y que los mismos tenía otras opciones como rescindir), que tampoco había peligro en la demora (las ahorristas podía ceder, vender, dejar de pagar o inclusive reactivar el plan posteriormente), que cada deudor debía iniciar la medida cautelar por su cuenta, que era improcedente la prohibición de ejecutar y que la medida cautelar debía enmarcarse en la doctrina de gravedad institucional de la CSJN.

La cámara confirmó la medida

La cámara confirmó la medida y sostuvo que procesalmente solo procedía el mismo contra la sentencia definitiva y la que dicta medidas cautelares, por lo que se limitaron a analizar los agravios referidos a la cautelar.

Así, analizaron que respecto a la verosimilitud del derecho, no se cuestionó la afectación negativa entre salarios y valor de cuotas, que quitaba liquidez a los deudores por las variables macroeconómicas, estaba desfazada y el valor móvil era fijado por la empresa, tampoco se cuestionó el aumento de las cuotas; por otro lado había peligro en la demora porque el aumento en los ingresos quedo por debajo del aumento de las cuotas, frustrando la posibilidad de cumplir los contratos lo que generaría que en definitiva los bienes sean rematados y el fin del contrato se pierda.

Por todo ello que debía analizarse y probarse en el trámite, se inclinaban por mantener la cautelar. Contra la resolución CISA interpuso el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

La Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, con el voto de Daniel Gustavo Olivares Yapur al cual adhirieron Marcelo Jorge Lima y Guillermo Horacio De Sanctis, rechazaron el recurso al entender que “para analizar el caso, es necesario por mandato del artículo 4 de la LP 59-O, que se encuentre configurado el carácter de sentencia definitiva...

La Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, con el voto de Daniel Gustavo Olivares Yapur al cual adhirieron Marcelo Jorge Lima y Guillermo Horacio De Sanctis, rechazaron el recurso, al entender que “para analizar el caso, es necesario por mandato del artículo 4 de la LP 59-O, que se encuentre configurado el carácter de sentencia definitiva, entendiendo por tal la que pone fin al pleito o hace imposible su continuación y aquélla que causa evidente perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, si la resolución recurrida clausura toda posibilidad de acceso a la justicia”.

Como se trata de una cuestión cautelar no existe definitividad, tampoco el recurrente probó las consecuencias gravosas que le provoca, que se invoque que se trata de materia federal tampoco se advierte que así sea, por otro lado, la misma cámara deja algunos agravios afuera por considerar que se deben tratar en la sentencia definitiva lo que refuerza la idea de que no existe tal carácter.

DERECHO CIVIL - No es mi auto, ni tampoco son mis datos - DENUNCIA DE VENTA

2022-06-06T06:41:00.000-07:00

La Justicia de Río Negro falló a favor de una mujer que vendió un auto en 2015 y la denuncia nunca fue asentada por el Registro del Automotor, motivo por el cuál aparecía como deudora de patente. Ahora, la agencia tributaria local deberá rectificar los datos.

En la causa "V.M.S.C/ AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA S/ HABEAS DATA", el Juzgado Civil, Comercial y de Sucesiones de Villa Regina, provincia de Río Negro, ordenó a la Agencia de Recaudación Tributaria que no atribuya a una mujer una deuda por patentes a una mujer que vendió el auto hace más de siete años.

La demandante relató vendió su auto Zuzuki Fun en 2015 a un hombre de Zapala y a pesar de que presentó la denuncia de venta en el Registro de la Propiedad del Automotor, la información nunca llegó a la base de datos de la Agencia de Recaudación Provincial, por lo que figuraba como deudora de una importante suma del Impuesto Automotor.

Frente a ello, la jueza Claudia Vesprini ordenó al organismo provincial a que "en el término de 5 días sustituya al sujeto obligado al pago del impuesto automotor" y que ese cambio de nombre sea retroactivo al 5 de agosto de 2015, fecha de la denuncia de venta que hizo la mujer ante el Registro de la Propiedad Automotor.

El fallo dispuso además que la deuda acumulada no podrá ser atribuida a la señora y que la Agencia deberá "tomar razón" del nombre y los datos personales del hombre que compró el auto.

"A consecuencia de la omisión del cambio de titularidad, que fue notificada correctamente, se ha generado una deuda que aún permanece en cabeza de la actora, ante los incumplimientos del adquirente del vehículo, lo cual no resulta legítimo atento haber cumplido la Sra. Verdecchia con la denuncia de venta obrante en autos", se lee en la sentencia.

En ese marco, la magistrada agregó que "las normas nacionales vigentes (Decreto Ley Nº 6582/1958 y Ley Nº 25.232) obligan a los Registros del Automotor a notificar a todos los organismos oficiales provinciales y/o municipales las denuncias de venta o cesión de automotores a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente".

Finalmente, "antes que valorar la conducta procesal del demandado, que no ha concurrido a obstruir el pleito en ninguna de ambas instancias; entiendo debe imperar la contemplación de la necesidad de litigar que esa parte ha generado a la contraria; primero, para lograr el cometido que hace al objeto de la acción, y ya en esta segunda instancia, exclusivamente por la atribución de las costas", enfatizó la jueza.

El fallo dispuso además que la deuda acumulada no podrá ser atribuida a la señora y que la Agencia deberá "tomar razón" del nombre y los datos personales del hombre que compró el auto.

DJ.

DERECHO DE FAMILIA - La hija es mayor pero necesita alimentos

2022-05-23T06:21:00.000-07:00

La Cámara Civil confirmó un fallo que otorgó alimentos provisorios que debe pagar un progenitor a su hija de 27 años. La joven sufre epilepsia y vive con su madre.

En los autos “G., E. R. y otro c/ M., J. s/Alimentos”, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una decisión que prorrogó -por el plazo de seis meses- y aumentó provisoriamente la cuota alimentaria que debe pagar un progenitor a su hija de 27 años.

En la causa se fijaron los alimentos provisorios en la suma de $10.000, medida que fue prorrogada por el mismo monto. Esta decisión se extendió nuevamente y se aumentó provisoriamente a $18.000 mensuales.

La beneficiaria tiene 27 años y convive con su madre. Desde pequeña sufre epilepsia, además de tener retraso madurativo. También cuenta con certificado de discapacidad emitido por el Gobierno porteño.

Los jueces Paola Mariana Guisado y Juan Pablo Rodríguez destacaron que madre de la joven detenta su cuidado personal, como también resaltaron el tiempo transcurrido desde la fijación del monto y el índice inflacionario operado en ese periodo, “redundan en entender que el monto fijado no resulta excesivo a los fines de las necesidades de la alimentada”.

El progenitor, por su parte, apeló el aumento del quantum oportunamente fijado en concepto de alimentos provisorios, haciendo hincapié en que el incremento decretado radica en un 90 por ciento.

Indicaron, asimismo, que “no puede dejar de señalarse que los alimentos definitivos serán recién fijados en oportunidad de hallarse producida la prueba ofrecida que resulte conducente y que la circunstancia de la fijación de alimentos provisorios y su consecuente aumento, sólo obedece a que la cuota provisoria cumpla su función de aporte a los alimentos a la beneficiaria y mantenga el valor oportunamente fijado pese al transcurso del tiempo y los índices inflacionarios”.

DERECHO CIVIL - IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA DE VENTA DE UN VEHICULO

2022-05-04T07:10:00.000-07:00

El fallo dispuso además que la deuda acumulada no podrá ser atribuida a la señora y que la Agencia deberá "tomar razón" del nombre y los datos personales del hombre que compró el auto.

DERECHO COMERCIAL - VERIFICACION DE CREDITO EN DOLARES (con perspectiva de género)

2022-04-29T07:16:00.011-07:00

La Justicia de Córdoba admitió un crédito quirografario por la deuda de un convenio de liquidación de la comunidad de ganancias pactado en moneda extranjera. El monto deberá calcularse en dólar MEP.

En los autos “L., A. L. – Pequeño Concurso Preventivo”, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de Río Cuarto falló a favor de una la mujer había solicitado la verificación de un crédito quirografario en dólares en el concurso preventivo de su ex-cónyuge.

Según consta en la causa, la deuda había sido originada por el incumplimiento por parte del concursado de obligaciones patrimoniales derivadas de la liquidación de la comunidad de ganancias, en el divorcio vincular entre ambos.

En ese escenario, la jueza Carolina López Selene declaró que la acreencia era admisible y consideró adecuada la cotización del dólar MEP, tras analizar las limitaciones que existen para adquirir moneda extranjera.

También hizo hincapié en la conversión de los dólares a la cotización oficial, la cual no arrojaba una suma “equivalente” en pesos que satisfaga el interés del acreedor o resulte justa.

La sentencia aplicó perspectiva de género para tratar de evitar situaciones “que se vislumbren como desiguales o discriminatorias especialmente para las mujeres cuando pueden quedar al margen de los negocios en las empresas familiares”.

Para la sentenciante, en procura de prevenir la “violencia económica” que constituye disminuir su poder de negociación, “si se aceptara la cotización oficial del dólar a quien, conforme la legislación concursal, carece de privilegio en el reconocimiento de su crédito”.

“El camino hacia la igualdad real contiene múltiples barreras que deben ser visibilizadas; en tanto, esta desigual relación de poder promueve la generación de conductas violentas, tales como la restricción al acceso y control de los recursos económicos, perjudicando a las mujeres principalmente ante una ruptura de pareja, situación que surge de los presentes”, añadió.

DERECHO PACIENTE-CONSUMIDOR

2021-03-16T08:08:00.001-07:00

En una demanda por la muerte de un bebé prematuro, la Cámara Civil enmarcó el reclamo de la mujer contra la obra social y el sanatorio como una relación de consumo. (PACIENTE-CONSUMIDOR)

Se trata de una causa contra una obra social, el sanatorio y el equipo médico por los daños y perjuicios sufridos a causa de la muerte de la hija de la demandante. La menor nació de forma prematura, y durante su internación sufrió una infección con “staphylococcus epidermis” debido a la contaminación de catéteres intravasculares.

La sentencia de primera instancia señaló que el sanatorio y la obra social demandada respondían “por los daños que sufra el paciente siempre que el médico incurra en la omisión de la prudencia y diligencia” y concluyó que el examen de la prueba producida no se acreditó “la culpa de los médicos que como presupuesto de la demanda permitiría responsabilizarlos”.

El caso llegó a la Sala B por el recurso de apelación en los autos “C. E. B. M. c/ Instituto Médico de Obstetricia SA (IMO) y otros s/ daños y perjuicios- resp. prof. médicos y aux- ordinario”. Allí los jueces Claudio Ramos Feijoo y Roberto Parrilli explicaron que como el hecho dañoso que da origen al proceso sucedió antes de la entrada en vigencia del actual CCyC, el caso “debe juzgarse aplicando las disposiciones del Código Civil”, pero en lo que respecta al centro médico y la obra social, la responsabilidad “se juzgará bajo las normas del nuevo Código, en la medida que sean más favorables al consumidor y las de la ley 24.240”.

En el caso se criticó la intempestiva cesárea, sin la suficiente maduración pulmonar del feto, sin verificar que se presentaba una concreta situación de riesgo de rotura uterina en la madre que la justificase y sin suministrar una dosis de rescate de corticoides, lo que “colocó a la niña en una situación de mayor vulnerabilidad que, al concurrir causalmente con la posterior infección hospitalaria por 'staphylococcus epidermidis'" y que “privó a la recién nacida de una chance cierta de sobrevida”.

Para los jueces, “como proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija”. En cuanto a la responsabilidad de los médicos demandados, los magistrados afirmaron que se impone la “necesidad de probar un factor subjetivo de atribución”.

“(…) no sucede lo mismo con la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) y el Instituto Medico de Obstetricia. Es que, entre dichas entidades y E. B. M. C. se configuró una relación de consumo que hace aplicable estatuto del consumidor”, señaló el fallo.

Y añadió: “Es claro que probada la culpa del médico en la atención de la paciente se configurara la violación del deber de seguridad y el incumplimiento contractual de manera irrefragable, pero también lo es, que no será necesario probar esa culpa en todos los casos para que respondan, pues también deberán hacerlo al incumplir otras obligaciones que integran el plan prestacional”.

DERECHO LABORAL - LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DEBEN PACTARSE POR ESCRITO

2021-01-20T05:29:00.002-08:00

Un albañil reclamó el pago del saldo pendiente de la construcción de una vivienda a su propietario, pero para la justicia no pudo probar la relación jurídica ya que el contrato de locación había sido "de palabra".

En autos “ORDINARIO POR COBRO DE PESOS Y DAÑOS: A.J.P. c/ M. D.”, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy rechazó la demanda entablada por un albañil, que reclamaba el pago de una deuda originada en la construcción de la vivienda del accionado, por considerar que no se había acreditado "la relación jurídica y procesal" entre las partes.

La parte demandante (A.J.P) inició una acción por cobro de pesos y daños en contra del encargado del plan de construcción de una obra (M.D), alegando que lo contrató en el 2009 para la realización de una vivienda tipo chalet denominada “El Alfar” en la localidad de Maimará, pactándose el cobro de $115.111. Sin embargo, el contrato no se formalizó por escrito.

A.J.P señaló que inició a las obras bajo la dirección técnica del arquitecto S.B.G, completándose la mayoría de la obra hasta que, por falta de pago de la mano de obra contratada, M.D dio por finalizado el contrato, quedando una deuda de $ 39.981,89.

La defensa de A.J.P precisó que las partes celebraron un contrato verbal debiéndose tener presente la finalidad de las partes, para aplicar la normativa aplicable, transcribiendo el art. 1143 del Código Civil. Así, calificó la relación jurídica como un contrato de locación de obra.

El patrocinio de M.D, por su parte, aclaró que el demandante no celebró ningún contrato de locación de obra ni de servicios con él, y finaliza: “no existe un contrato escrito firmado por ambos ni acordaron verbalmente”.

“Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos” (art. 1193, Cód. Civil)

La Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy, integrada por los jueces Esteban Javier Arias Cáu, Lis Marcela Valdecantos Bernal y Juan Pablo Calderón concluyó que no estaba probada "la relación jurídica sustancial y procesal entre las partes" debido a que no había contrato de obra firmado. "La actora señala que se trató de una contratación verbal, conforme los usos y costumbres; mientras, que la demandada niega cualquier tipo de contratación con el actor", resumieron los camaristas.

Los magistrados citaron que en la celebración del vínculo jurídico el art. 1193 establece un valladar expresando que “los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos” (art. 1193, Cód. Civil).

“Así las cosas, por los argumentos vertidos, propicio el rechazo de la demanda en virtud de no haberse acreditado la relación jurídica procesal ni sustancial” concluye la resolución.

DERECHO DE FAMILIA - Régimen de Comunicación - Cumplimiento

2020-10-30T07:40:00.000-07:00

El Juzgado de Familia de Cipolletti multó económicamente a uno de los progenitores de un menor por incumplir con el régimen de comunicación, a pesar de haber recibido varias advertencias antes de llegar a esta instancia.

Los progenitores del niño habían acordado un cuidado personal compartido y alternado, que implicaba, entre otras cosas, que el hijo debía pasar periodos de tiempo con cada uno según la organización y posibilidades de la familia. Surge del expediente que, desde diciembre de 2019, se dieron advertencias judiciales sobre el incumplimiento del régimen homologado en su momento.

El fallo destaca que los verdaderos titulares del derecho al régimen comunicacional son los niños, niñas y adolescentes”, y no los progenitores.

Según los detalles de la causa, el 10 de diciembre último, por ejemplo, se lo intimó a denunciar su domicilio real y allí se hizo hincapié en la obligación de informar al otro progenitor sobre cuestiones de educación, salud, y cualquier otra relativa a la persona y bienes de su hijo.

Sobre ello, el Código Civil y Comercial, que regula las relaciones familiares, establece en el artículo 557 medidas para asegurar el cumplimiento del derecho de comunicación.

La norma fija que ante incumplimientos reiterados el juez o jueza de familia tiene facultades para adoptar medidas y asegurar la eficacia, que en este caso se optó por una sanción económica.

El fallo destaca que los verdaderos titulares del derecho al régimen comunicacional son los niños, niñas y adolescentes”, y no los progenitores.

La multa equivale a un salario mínimo, vital y móvil y, al respecto, el titular del juzgado sostuvo que "los hijos tienen derecho de continuar la relación con el progenitor o la progenitora no conviviente, de mantener ese vínculo afectivo estrecho a pesar de no vivir bajo el mismo techo, de seguir vigente la relación paterno-filial con una adecuada comunicación intrafamiliar”.

Si bien en un primer momento la multa era de cinco salarios, la sentencia consideró las circunstancias extraordinarias que atraviesa el país a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 y resolvió reducirla.

DERECHO CIVIL - El Pagaré y la Defensa del Consumidor

2020-08-11T09:28:00.003-07:00

Un fallo de la justicia rionegrina determinó que las personas particulares que prestan dinero a intereses deben cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor.

La Civil de General Roca ratificó la protección de las normas de Defensa del Consumidor a las personas que toman préstamos con particulares y se obligan a devolver el dinero y los intereses mediante la firma de pagarés que no reflejan ningún detalle de la operación ni de las condiciones de contratación.

En la causa se analizó el caso de un hombre que exigía el pago de un préstamo y la justicia detectó que la misma persona, en otro expediente, había intentado ejecutar otro pagaré, por igual monto, con la misma fecha y el mismo domicilio, pero a nombre de la hija del deudor.

La sentencia destaca que las personas que se dedican con alguna regularidad al préstamo de dinero a intereses, sin ser una entidad financiera ni estar registradas comercialmente como prestamistas, igualmente quedan obligadas ante los deudores por la Ley de Defensa del Consumidor.

La mujer involucrada declaró que fue ella la que tomó el préstamo y que el ejecutante les hizo firmar contratos y pagarés en blanco a ella y a su padre a quien también ejecutó, por lo que la jueza de anterior instancia entendió que “se trataría de la misma deuda que se estaría ejecutando en dos procesos distintos”.

La Cámara remarcó que "la protección al más débil de la relación de consumo no sólo se aplica cuando el préstamo proviene de un banco o entidad financiera, sino también cuando lo hace un particular en el marco de un contrato de préstamo para consumo (también llamado contrato de mutuo) de naturaleza comercial".

En esa línea, los jueces añadieron que “en la línea en la que venimos enfatizando de protección del consumidor, sin que quepa limitar la tutela efectiva de sus derechos porque el ejecutante no es un banco o una empresa financiera, ni se encuentra inscripto como prestamista u otra actividad lucrativa. Antes bien, hay que ser particularmente precavidos frente a quienes desarrollan con cierta habitualidad actividades de préstamo dinerarias sin contralor alguno”.

Como el contrato de mutuo y los respectivos pagarés no cumplen los requisitos de la Ley de Defensa del Consumidor, el hombre que pretende ejecutarlos sólo podría hacerlo mediante un proceso “ordinario” en el que deberá demostrar con documentación el origen y la causa de la deuda, quedando vedado para el caso el proceso ejecutivo que pretendió impulsar con un pagaré incompleto.

De esta manera, los magistrados definieron que el pagaré que se pretendía ejecutar no era un “título hábil” para reclamar el pago, y declaró su nulidad.

DERECHO DE FAMILIA - Derecho de Comunicación

2020-08-05T08:15:00.001-07:00

La justicia de Goya rechazó el pedido de una madre para restringir la comunicación del papá con sus hijos, ya que el centro del conflicto reside entre los padres.

En los autos "U. M. J. c/ J. J. C. s/ derecho de comunicación (art.652)", la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya, provincia de Corrientes, no hizo lugar al pedido de restricción del régimen de comunicación del padre con los menores, al haberse demostrado apto para ejercer dicho rol, residiendo el conflicto en la relación con la peticionante.

Las titulares de la Cámara, Gertrudis Marquez, Liana Aguirre y Mercedes Palma de Balestra, resolvieron que, tanto el padre como la madre, continuarán ejerciendo la responsabilidad parental en forma compartida, aunque los menores permanezcan bajo el cuidado personal y conviva efectivamente en forma principal con uno de ellos.

Para las juezas, ambos padres están en condiciones de asumir sus roles y el conflicto es generado por su incapacidad de comunicarse de una manera adecuada, sin asumir que sus dificultades de relación repercuten desfavorablemente en los niños.

"No corresponde atarse a una vetusta premisa de que es la madre quien únicamente tiene el cuidado personal de los hijos y el padre sólo frecuenta o visita a éstos, en determinadas oportunidades conforme las posibilidades de los niños y su progenitora", resaltaron las magistradas.

Al respecto, agregaron que el Código Civil y Comercial busca que ambos padres se involucren en los cuidados de su prole en forma efectiva, sin perjuicio de que las personas menores de edad residan principalmente en uno de ambos domicilios.

Las camaristas consideraron que se debe poner un pie de igualdad a ambos progenitores con la finalidad de favorecer la presencia de ambos en la vida de los hijos, "conforme la preferencia legal respecto de la asignación del cuidado personal de los hijos estipulada".

DERECHO DEL CONSUMIDOR - Telefonía Celular - aumentos de abonos

2020-07-27T09:26:00.002-07:00

La Cámara Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, provincia de Corrientes, hizo lugar a la apelación interpuesta por un consumidor contra la empresa Claro por los cambios unilaterales en el precio del servicio que realizó la compañía en el año 2017.

Los miembros del Tribunal utilizaron como prueba las facturas emitidas por la empresa, que demuestran el aumento. “Si bien el usuario no acompañó desde los orígenes la factura señalada, se debe a que no la tenía, y eso surge del acta notarial, el escribano allí transcribe datos virtuales. Por otra parte, esa acta notarial no fue redargüido de falsedad por la firma”, expresaron al respecto.

El fallo condenó a Claro a pagar $ 25.000 en concepto de daño punitivo y otros $25.000 en concepto de daño moral por no haber advertido al cliente el aumento en la facturación de modo fehaciente.

Al respecto, los camaristas agregaron que "Claro no desconoce el tenor del acta notarial, en cuanto a lo que trasfiere el escribano, y eso es razonable, dado que acompaña la factura respectiva. El usuario en todo momento refiere que no se le notificó con anterioridad las modificaciones de los valores y por esto digo que ese es el talón de Aquiles del contrato celebrado por las partes”.

Los magistrados resaltaron que la actividad de consumo exige el deber de información de parte del proveedor hacia el usuario o consumidor. En ese sentido, ante la falta de un contrato expreso y/o constancia o registro de la base de datos de la demandada, siempre da prioridad a la interpretación que cabe en los contratos de consumo: "se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa”.

"El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión", añadieron.

El fallo condenó a Claro a pagar $ 25.000 en concepto de daño punitivo y otros $25.000 en concepto de daño moral por no haber advertido al cliente el aumento en la facturación de modo fehaciente.

CONSULTAS PROFESIONES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS

2020-07-27T09:17:00.000-07:00

CUARENTENA OBLIGATORIA HASTA EL 31 DE MARZO SE 2020

2020-03-20T08:39:00.001-07:00

CORONAVIRUS - PANDEMIA

CUARENTENA OBLIGATORIA - UNA CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

POR FAVOR CUMPLA CON LA MISMA

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"Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo"

Albert Einstein

DERECHO DE FAMILIA - el plazo establecido para contestar la demanda reviste el carácter de perentorio,

2019-12-04T07:55:00.000-08:00

En los autos “G., V. C. vs. P., F. A. por Alimentos”, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta hizo lugar a un recurso de apelación y revocó tres puntos en una providencia que tuvo por contestada la demanda de la ex pareja en un proceso por alimentos.

En el fallo, los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque consideraron que correspondía declarar “extemporánea” la presentación del hombre, quien fue notificado el 25 de abril pero contestó recién el 8 de mayo último.
A los fines de evitar confusiones, se hace saber a todas aquellas personas que visitan el blog que: Las consulta por temas que involucran situaciones particulares tienen un costo establecido por la Ley Nº 6767, artículo 22, y su modificatoria Ley Nº 12.851 (legislación vigente en la provincia de Santa Fe, República Argentina) y se realizan en entrevistas personales. Por Favor, requiera mayor información por e-mail o telefónicamente.

Los magistrados afirmaron que el plazo establecido para cA los fines de evitar confusiones, se hace saber a todas aquellas personas que visitan el blog que: Las consulta por temas que involucran situaciones particulares tienen un costo establecido por la Ley Nº 6767, artículo 22, y su modificatoria Ley Nº 12.851 (legislación vigente en la provincia de Santa Fe, República Argentina) y se realizan en entrevistas personales. Por Favor, requiera mayor información por e-mail o telefónicamente.ontestar la demanda reviste el carácter de perentorio, "no sólo en virtud de los principios que caracterizan al juicio de alimentos, que debe equipararse al juicio más breve previsto por la ley de rito, sino también porque es la regla general que surge del artículo 155 del Código Procesal Civil y Comercial".

La apelación fue presentada por la mujer, quien había iniciado la demanda de alimentos en representación de sus dos hijos menores. En el caso, el a quo dispuso omitir la audiencia prevista en el artículo 651 del Código Procesal Civil y Comercial y ordenar el traslado de la demanda por seis días, asimilando el trámite al proceso sumario, en el que el plazo para contestar la demanda no es perentorio.

En este sentido, los jueces señalaron la importancia de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 651 del CPCC aún en los supuestos de situaciones de violencia familiar, en cuyo caso “se deberá seguir un protocolo de actuación” contenido en la Acordada 12704 de la Corte de Justicia de Salta.

Para los magistrados, "aún en el marco de los procedimientos de violencia familiar, las audiencias se deben celebrar tomando los recaudos pertinentes, por lo que no existe razón para apartarse del procedimiento especial previsto por la ley procesal para los juicios de alimentos".

Y concluyeron: “Cabe recomendar al señor juez, en tanto director del proceso, su conducción por la vía que mejor garantice los derechos en juego, habida cuenta de que la naturaleza de la prestación que se persigue, los sujetos implicados y la particular urgencia impostergable que requiere en su trámite, justifican un trato diferenciado”.
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DERECHO DE FAMILIA - Unión Convivencial_Sin compensación al concubino

2019-11-21T05:59:00.002-08:00

En los autos “C., S. J. P. contra L., J. V. por sumario”, la jueza subrogante del Civil y Comercial de Quinta Nominación de Salta, María Fernanda Diez Barrantes, rechazó la demanda sumaria de un hombre que solicitaba que el heredero de su pareja otorgue una compensación económica ante la ruptura, por defunción, de la convivencia.

La pareja habría iniciado la convivencia, según la demanda, en 2005 hasta el fallecimiento de uno de ellos. El accionante hizo entrega de la llave de la casa al hermano del causante, ya que dicho inmueble también le pertenecía, y por el pedido realizado por éste a que desocupe en forma inmediata el lugar. También refirió que dejó algunas de sus pertenencias, las que luego le fueron devueltas parcialmente.

Mencionó, entre otras cuestiones, que su pareja fue el principal sostén económico. También afirmó que le resulta dificultoso el cobro de la pensión del Anses, debido a la "complejidad de las exigencias requeridas en los casos de uniones convivenciales no inscriptas en el registro".

El accionante afirmó que la ruptura de la unión convivencial, causada por la muerte de su pareja, le produjo un “desequilibrio, tanto emocional como económico”, lo que además le significó un ”empeoramiento en su situación actual, desempleado, con escasa experiencia laboral y portador de una enfermedad terminal infectocontagiosa”.

Por todo ello solicitó la compensación económica, sin embargo, el hermano del fallecido señaló que nunca se formalizó la convivencia señalada por el demandante.

En este escenario, la jueza advirtió que las extensiones de tarjetas otorgadas por el fallecido a favor del superviviente "denotan que efectivamente existió entre ellos un vínculo de confianza y afecto", pero que ello "no implica, necesariamente, una unión convivencial".

Puntualizó que "el presupuesto necesario para que el reclamo de una compensación económica pueda prosperar, es la demostración de la existencia de la unión convivencial y, no encontrándose éste cumplido, la demanda debe ser rechazada", y concluyó que tampoco se puso acreditar el desequilibrio económico como consecuencia de la muerte.

Entre los testimonios recogidos entre vecinos y amigos del fallecido tampoco se pudo corroborar la existencia de tal convencia. "Por ende, no se puede concluir, de manera categórica, que la convivencia referenciada haya sido pública, estable, notoria y permanente y, menos aún, la determinación de los diferentes compromisos y funciones que cada uno pudo asumir al proyecto familiar común", continuó el fallo.

DJ-2019

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2019-07-23T06:35:00.004-07:00

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Fundamentos - Marco Legislativo - Aspectos Procesales - Daños y Perjuicios - Acción de Amparo - Derecho Comparado - Jurisprudencia y Casos Prácticos.

Expone:

Dra. Lorena Bilicic

Abogada penalista; especialista en Derecho Animal. Docente materia Derecho Animal UBA Docente Elementos Derecho Penal y Procesal Penal. Colaboradora Grupo de Investigación de Criminología a cargo del Dr. Norberto Tavonaska Miembro del equipo de legales de ONG Pajaros Caidos (Asoc. Civil de Ayuda a las Aves)...

PROGRAMA

MODULO 1 – INTRODUCCION
• Presentación de los temas del curso.
• Guía Didáctica.
• Análisis de la problemática planteada.

MODULO 2 - FUNDAMENTOS DEL DERECHO ANIMAL
• Derecho Animal. Fundamentos filosóficos.
• El animal no humano como sujeto de derecho.
• Relación entre el Derecho Animal y el Derecho Ambiental.
• Bien Jurídico Protegido.info@grupoprofessional.com.ar
• Cambio de Paradigma. Necesidad de un nuevo lenguaje.

MODULO 3 – MARCO LEGISLATIVO
• Constitución Nacional.
• Código Civil y Comercial de la Nación.
• Código Penal de la Nación.
• Ley 2.786 – Ley Sarmiento.
• Ley 14.356 – Ley Benítez.
• Ley 27.330 - Carreras de Perros.
• Leyes varias sobre la temática.

MODULO 4 - ASPECTOS PROCESALES
• Procedimiento.
• La denuncia. Elementos.
• La Querella. El rol del querellante/particular damnificado en causas de maltrato animal.
• Medios de Prueba. Valoración.
• Mala praxis veterinaria.
• Daños y Perjuicios.
• Acción de amparo.
• Habeas corpus.

MODULO 5 – DERECHO COMPARADO - ANALISIS JURISPRUDENCIAL
• Derecho comparado.
• Casos Prácticos.
• Jurisprudencia en Argentina.
• Legislación y principales doctrinas.
• Evaluaciones

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