La inteligencia artificial ha irrumpido en las aulas con una velocidad vertiginosa, generando tantas expectativas como inquietudes. Mientras algunos la presentan como una aliada para personalizar el aprendizaje y liberar a los docentes de tareas repetitivas, otros advierten que puede convertirse en una vía para delegar el esfuerzo intelectual y erosionar capacidades fundamentales como el pensamiento crítico o la creatividad. En los últimos meses, instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la UNESCO han puesto el foco en estos riesgos, mientras que países como España e Italia ya han comenzado a adoptar medidas concretas para integrar la tecnología sin dejar de proteger el proceso educativo.

El debate no se limita a si las herramientas de IA generativa deben entrar o no en los centros. La cuestión de fondo es cómo evitar que los estudiantes terminen “subcontratando” su pensamiento a una máquina. El MIT, en un informe reciente, utiliza la expresión “rendición cognitiva” para describir la situación en la que el alumno, ante un obstáculo, externaliza el problema a un sistema que le ofrece una respuesta inmediata, pero le priva del proceso de razonamiento que conduce al verdadero aprendizaje. Esta preocupación también aparece en el último premio de la UNESCO sobre TIC en educación, que ha galardonado proyectos que fomentan el pensamiento crítico frente a la IA. La organización lleva tiempo alertando de que la velocidad de evolución de estas herramientas supera la capacidad de adaptación de los sistemas educativos.

El riesgo de externalizar el pensamiento

Los expertos coinciden en que el peligro no está en la herramienta en sí, sino en el uso que se hace de ella. Cuando un estudiante utiliza la IA para eludir el esfuerzo de comprender y elaborar, pierde la oportunidad de equivocarse, contrastar y reconstruir sus propias ideas, que es justamente donde se produce el aprendizaje significativo. El informe del MIT subraya que una dependencia excesiva puede afectar a la memoria, al dominio profundo de las disciplinas y a la capacidad de análisis. La UNESCO, por su parte, ha hecho de este tema el eje central de su edición de 2026 del Premio para la utilización de las TIC en la educación, reconociendo proyectos que demuestran cómo docentes y estudiantes interactúan con la IA de manera que se fortalezcan la creatividad y el juicio crítico, en lugar de debilitarlos.

Para evitar este escenario, no se trata de volver a métodos del pasado, sino de rediseñar la evaluación y la enseñanza. Tal como proponen tanto el MIT como la UNESCO, es necesario dar más peso a las defensas orales, los proyectos, los portafolios y la resolución de problemas reales, donde el proceso sea tan importante como el resultado final. Si una máquina puede producir un texto impecable en segundos, la respuesta ya no demuestra conocimiento; por eso, la evaluación debe centrarse en cómo se ha llegado a esa respuesta, qué fuentes se han contrastado y de qué manera se defiende el razonamiento propio.

Respuestas de España e Italia

Mientras el debate teórico avanza, algunos países ya han empezado a mover ficha. En Italia, el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, ha dejado clara su postura: “Primero está la inteligencia humana, después la artificial”. El gobierno italiano ha prohibido los teléfonos móviles en las aulas y ha impulsado una reforma que devuelve protagonismo al libro, al papel y a la lapicera. Valditara atribuye el retroceso en los resultados de PISA de varios países europeos al uso excesivo de lo digital y defiende que la IA debe usarse con cautela y siempre como apoyo a un proceso que coloque en el centro el esfuerzo y el razonamiento. Además, su ministerio organizará en octubre un congreso internacional sobre IA y educación en el lago de Como, con el objetivo de explorar cómo interactuar de manera responsable con estas tecnologías.

En España, la situación es algo distinta. Según un estudio del Ministerio de Educación, los alumnos españoles son los que más utilizan la IA en Europa dentro del ámbito educativo. Sin embargo, los expertos advierten de que los centros no están preparados para implementarla de forma pedagógica y que prohibir su uso solo conduce a que se emplee a escondidas. Armand Pujadó, cofundador de CentelIA Education, recomienda no castigar su uso, sino enseñar a utilizarla con criterio. También se ha señalado que el uso inadecuado puede generar frustración y ansiedad entre los jóvenes, tal como indica Natalia Ortega, directora de Activa Psicología. Mientras tanto, la UNESCO IESALC insiste en que las instituciones de educación superior presentan importantes lagunas para afrontar esta transformación y demanda marcos específicos de competencias digitales y éticas para docentes y estudiantes.

ECTEL 2026: una hoja de ruta para la tecnología educativa

En este contexto, la celebración de la European Conference on Technology-Enhanced Learning (ECTEL) 2026 en Valencia (del 14 al 18 de septiembre) cobra especial relevancia. Bajo el lema “Mindful TEL: Learning Technologies Shaped with Intention”, la conferencia reunirá a unos 200 especialistas para debatir cómo garantizar que el diseño de las tecnologías educativas mantenga los valores humanos y la intención pedagógica. Entre los ponentes destacan nombres como Cristina Conati, de la University of British Columbia, experta en IA explicable; Rupert Wegerif, de la Universidad de Cambridge, que aboga por tecnologías que potencien la inteligencia colectiva; y Katie Stasaski, de Google DeepMind, que trabaja en modelos lingüísticos orientados a la pedagogía.

La catedrática de la UNED y responsable de la organización local, Olga C. Santos, subraya que “no podemos quedarnos al margen de estos cambios” y que la universidad debe contribuir a decidir cómo queremos incorporar la IA, con qué objetivos y manteniendo siempre las necesidades de las personas en el centro. Esta idea de una tecnología “consciente” y orientada a la equidad resuena con las recomendaciones del MIT y la UNESCO: la innovación no puede imponerse por sí misma, sino que debe moldearse con intención educativa.

En definitiva, la inteligencia artificial en educación plantea un desafío que trasciende lo técnico. La respuesta no pasa por demonizar ni idolatrar la tecnología, sino por repensar qué significa aprender y enseñar en un mundo donde las máquinas pueden generar respuestas convincentes pero incapaces de comprender el contexto, las emociones o los matices del pensamiento humano. La oportunidad está en aprovechar la IA para potenciar las capacidades que nos hacen humanos: la curiosidad, la creatividad, el juicio crítico y la colaboración. Como sostiene el propio MIT, si una máquina puede responder, la pregunta decisiva es qué debemos enseñar ahora a los seres humanos. La respuesta parece orientarse hacia aquello que ninguna tecnología puede automatizar: la capacidad de formular preguntas, de dudar, de defender ideas propias y de aprender a lo largo de toda la vida.

Cuando hablamos de formación técnica de alto nivel en Chile, es imposible no mencionar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso. Este centro académico no se ha quedado parado y ha sabido evolucionar desde su creación en 2011, consolidándose como un pilar fundamental para quienes buscan una enseñanza que combine la teoría con la práctica más exigente, siempre con la mirada puesta en el desarrollo tecnológico y social del país.

Lo que realmente hace que esta facultad destaque sobre el resto es su obsesión por hacer las cosas bien. No se trata solo de dar clases, sino de haber montado todo un sistema de gestión de calidad que garantiza que tanto la administración como la docencia funcionen como un reloj suizo, asegurando que los futuros ingenieros salgan al mercado laboral con una preparación competitiva y actualizada.

Un sello de calidad reconocido mundialmente

Un hito que marca un antes y un después en su trayectoria es haber sido la primera facultad de su tipo en Chile en conseguir la certificación ISO 9001:2008. Este reconocimiento, otorgado por la prestigiosa firma SGS, no es un simple papel colgado en la pared, sino la prueba de que sus procesos de soporte administrativo y gestión están optimizados al máximo. Gracias al proyecto FIAC UVA1102, lograron implementar un modelo de gestión académico-curricular basado en competencias y créditos transferibles, lo que supone un salto cualitativo en la formación.

Este estándar de excelencia no se quedó solo en la estructura general, sino que se extendió a diversas escuelas. Así, las especialidades de Construcción Civil, Ingeniería Civil, Informática, Oceánica e Industrial fueron pioneras en certificarse. Además, las áreas de Ingeniería Biomédica y Medioambiente están plenamente integradas en este ecosistema de calidad, siguiendo la hoja de ruta para su certificación oficial.

Estructura académica y oferta formativa

La facultad es un ente robusto que agrupa una variedad de disciplinas esenciales para el mundo moderno. Actualmente, cuenta con el respaldo del Instituto de Ingeniería Matemática y diversas escuelas especializadas donde se desarrolla una actividad frenética de investigación y vinculación con el medio. Sus programas no son estáticos; se someten a un proceso de mejoramiento continuo que incluye la revisión de matrices de tributación, el diseño de rúbricas para evaluar competencias y la actualización constante de los planes de estudio.

• Construcción Civil: Enfocada en la infraestructura y el desarrollo urbano.
• Ingeniería Civil: El núcleo de la formación técnica multidisciplinar.
• Ingeniería Civil Informática: Clave para la transformación digital actual.
• Ingeniería Civil Oceánica: Aprovechando la naturaleza costera de la región.
• Ingeniería Industrial: Optimizando procesos y gestión de recursos.
• Ingeniería Biomédica y Medioambiente: Atendiendo los retos de la salud y la sostenibilidad.

Cómo funciona la maquinaria interna

Para que todo esto ruede, la facultad ha dividido sus procesos en cuatro grandes bloques. Primero están los de realización del servicio, donde entran la actualización curricular y la gestión de egresados y prácticas para titulados. Luego vienen los procesos de servicio administrativo, que gestionan desde la programación académica hasta las homologaciones de asignaturas para los alumnos.

No podemos olvidar la gestión de recursos, que se encarga de que haya presupuesto y de contratar a los mejores profesores, ni mucho menos la revisión por la dirección, donde el Decano supervisa que todo se cumpla según lo previsto. Actualmente, el equipo directivo está liderado por Gianni Olguín Contreras como Decano, acompañado por Ricardo Soto De Giorgis en la Vicedecanía y Lorena Jorquera Martínez en la Secretaría de Facultad.

Filosofía y visión de futuro

La política de calidad de la institución es clara: la excelencia es un valor esencial. No se conforman con lo logrado, sino que buscan ser un faro de buenas prácticas para el resto de las facultades de la universidad. Su objetivo es que tanto alumnos como proveedores perciban este compromiso con la calidad, asegurando una trazabilidad total de sus procesos y cumpliendo estrictamente con la legislación chilena para la educación superior.

Además de la academia, la facultad se vuelca a la comunidad. Un ejemplo claro es su participación en Territorio UV San Antonio, donde colaboran junto a entidades como el Fab Lab y la Facultad de Medicina, demostrando que la ingeniería tiene un impacto social directo y tangible en las regiones donde operan.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso se posiciona así como un centro de vanguardia que, mediante la certificación ISO y una estructura académica diversificada, garantiza una formación profesional de primer nivel, impulsando la innovación y el conocimiento técnico en beneficio de toda la sociedad.

El interés por la Formación Profesional en España no deja de crecer. Según los últimos datos, el número de estudiantes que eligen los Ciclos Formativos de Grado Medio ha superado todas las previsiones, consolidando esta vía educativa como una alternativa cada vez más atractiva para los jóvenes y también para quienes buscan una reconversión laboral.

Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señala que en el curso 2024-2025 la matrícula en estos ciclos representó el 37,1% del total de estudiantes de Bachillerato y CFGM, la cifra más alta de los últimos veinte años. Este dato refleja un cambio de tendencia que se viene observando desde hace tiempo, aunque con matices importantes que conviene analizar.

Un crecimiento sin precedentes en los ciclos de grado medio

El avance es especialmente notable entre los varones, donde el porcentaje alcanza el 42,5%, frente al 29,7% de hace dos décadas. También ha subido con fuerza entre las mujeres, hasta el 31,6%, muy por encima del 21,8% del curso 2002-2003. Estos números indican que la elección de la FP como itinerario postobligatorio está calando en todos los perfiles.

Sin embargo, detrás de esta media se esconden comportamientos distintos según la edad. El informe de Funcas distingue dos fases expansivas: la primera, durante la crisis económica, cuando muchos adultos volvieron a las aulas; y la segunda, más reciente, protagonizada por jóvenes de 16 y 17 años, justo después de la ESO.

El análisis por edades: el tirón de los más jóvenes

En la fase más reciente, el aumento de matrícula en CFGM se concentra en edades tempranas. Entre los 16 y los 17 años, el número de estudiantes se ha disparado: en casi 100.000 personas en el primer grupo y en 25.000 en el segundo, con incrementos del 180% y del 43% respectivamente. Estos guarismos reflejan un cambio en la toma de decisiones tras la Educación Secundaria Obligatoria.

De hecho, el peso de los CFGM sobre el total de estudiantes de Bachillerato y de estos ciclos en edades de 16 a 17 años ha pasado del 14% al 24,5% en el caso de los 16 años, y del 4,4% al 15,2% en los 17 años. Todo ello se debe a un crecimiento absoluto de la matrícula en FP mayor que el de Bachillerato.

El Bachillerato no pierde terreno

Uno de los datos que más llaman la atención es que el auge de la FP no ha ido en detrimento del Bachillerato. Las tasas de escolarización en esta rama, que conduce a la universidad, se han mantenido estables en niveles máximos después de la crisis. En cambio, las correspondientes a CFGM han subido con fuerza: a los 16 años se pasó del 3,1% en 2015-2016 al 9,8% actual; y a los 17, del 10,1% al 18,7%. El aumento de la escolarización en secundaria superior se ha producido por la vía de la FP sin vaciar las aulas de Bachillerato.

Este fenómeno está ligado a la mejora de las tasas de idoneidad en la ESO, así como a la flexibilización de los requisitos de acceso a los CFGM desde el curso 2014-2015, incluyendo la posibilidad de llegar desde la Formación Profesional Básica.

El reto de la titulación

A pesar del éxito en la matriculación, los resultados en titulación no avanzan al mismo ritmo. Mientras que el peso de los CFGM en la matrícula conjunta es del 36,9%, el de los titulados solo alcanza el 31,1%. Esta diferencia evidencia que aún queda camino por recorrer en la finalización de los estudios, un aspecto que los expertos consideran prioritario.

En este sentido, el informe de Funcas apunta que una mayor propensión a cursar FP debería traducirse también en un aumento de los titulados en grado medio, lo que a su vez impulsaría el acceso a grados superiores. Sin embargo, la brecha entre matrícula y titulación sugiere que todavía hay margen para mejorar la permanencia y el éxito académico en estos programas.

En conjunto, el panorama que dibuja el estudio es positivo: la Formación Profesional se ha consolidado como una vía con alta demanda, especialmente entre los más jóvenes, y sin perjudicar al Bachillerato. Aún así, el sistema debe centrarse en mejorar las tasas de graduación para que el entusiasmo por esta modalidad se traduzca en beneficios reales para el mercado laboral y la empleabilidad de los estudiantes.

La Consellería de Facenda e Administración Pública ha decidido plantar cara a la picaresca tecnológica que ha ido ganando terreno en los procesos selectivos. Si hace unos años el temido ‘pinganillo’ o las chuletas en papel eran el principal quebradero de cabeza para los tribunales, ahora el desafío llega desde dispositivos mucho más sofisticados: relojes inteligentes, gafas con cámara, microauriculares y hasta sistemas con inteligencia artificial. Para atajar esta deriva, la Xunta ha anunciado un refuerzo de la vigilancia con equipos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos y materiales ferromagnéticos, entre otras tecnologías no intrusivas.

Estas medidas se estrenarán ya este próximo fin de semana en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda (Pontevedra), donde está prevista la celebración de varias pruebas selectivas. La decisión llega después de que la Administración autonómica detectara un aumento de intentos de fraude amparados en la cada vez más reducida dimensión de los artilugios electrónicos, que en muchos casos pasan desapercibidos incluso para los vigilantes más experimentados. El objetivo no es otro que garantizar la igualdad de condiciones entre todos los aspirantes y que el mérito y la capacidad sigan siendo los únicos criterios para hacerse con una de las codiciadas plazas de empleo público.

Controles periódicos y expulsión ante la mínima sospecha

El plan de la Consellería pasa por realizar controles periódicos durante la realización de los exámenes y también a la salida de los aseos interiores, uno de los puntos donde tradicionalmente se han producido más incidentes. Estos controles se llevarán a cabo con equipos pasivos de detección, es decir, que no emiten ningún tipo de radiación ni resultan invasivos para los aspirantes. La propia Xunta incide en que todas las actuaciones respetarán en todo momento la dignidad, la intimidad y los derechos de los participantes, y que se ajustarán a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Eso sí, las advertencias son contundentes: la mera posesión de un dispositivo prohibido, aunque esté apagado o sin uso, será motivo directo de expulsión del examen y comportará la anulación del ejercicio. También se contempla la expulsión para aquellos que se nieguen de forma reiterada a someterse a los controles requeridos por el personal responsable. La participación en el proceso selectivo implica, desde el primer momento, el conocimiento y la aceptación de todas estas medidas antifraude, así como la obligación de seguir las instrucciones que dicten los vigilantes.

Una lista interminable de objetos vetados

La relación de materiales no permitidos en las aulas de examen es amplia y no deja resquicio a la duda. Además de los clásicos teléfonos móviles, la lista incluye relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, videocámaras, dispositivos con inteligencia artificial o conectividad inalámbrica, auriculares y microauriculares, gafas inteligentes, cámaras de cualquier clase, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización y cualquier sistema que permita transmitir o recibir datos. Tampoco se admiten bolsos de mano, mochilas, gorros, pañuelos, paraguas, libros, soportes de almacenamiento de información e incluso pendientes o piercings magnéticos.

La única excepción a esta regla general son aquellas personas que, por razones clínicas debidamente justificadas, tengan autorizada una adaptación de medios. En ese caso, deberán acreditar la necesidad del dispositivo antes de acceder al recinto. Para el resto, la recomendación es acudir con lo justo y necesario: el DNI o documento identificativo, un lápiz del número 2 y una goma de borrar. No se habilitará servicio de custodia ni de depósito de objetos, así que todo aquello que no esté permitido deberá dejarse en casa.

Esta no es la primera vez que la Administración autonómica adopta medidas de este tipo. Ya el pasado mes de junio, con motivo de las oposiciones de educación en Galicia, se introdujeron controles aleatorios con detectores de metales. La novedad ahora es que los equipos son mucho más sofisticados y permiten detectar señales de radiofrecuencia y campos electromagnéticos, lo que dificulta enormemente que alguien pueda colar un dispositivo sin ser detectado.

El calendario de exámenes ya está marcado en rojo

Paralelamente al refuerzo de la vigilancia, la Xunta va despejando las dudas sobre las fechas clave de los próximos procesos selectivos. Este fin de semana, el recinto de Silleda acogerá las pruebas correspondientes a cuatro cuerpos de la Administración autonómica. El sábado 19 de septiembre será el turno del cuerpo Superior (A1) a las 9:00 horas y del cuerpo de Gestión (A2) a las 15:30. El domingo 20 se celebrarán los exámenes de Administrativo (C1) a las 9:00 y de Auxiliar Administrativo (C2) a partir de las 15:30, con llamamiento único.

Estos exámenes llegan después de que el pasado 25 de noviembre de 2025 se publicara en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria más reciente para el cuerpo Auxiliar Administrativo, que incluye las plazas de la OEP 2022 y 2024. Según las bases de la convocatoria, la primera prueba no podía tener lugar antes de los seis meses posteriores a su publicación, y la planificación orientativa de la propia Xunta situaba la fecha del primer ejercicio en el 20 de septiembre, tal como finalmente ha confirmado la Consellería el pasado 8 de septiembre.

De cara al próximo año, el calendario orientativo publicado el 3 de marzo de 2026 apunta que la primera prueba del proceso selectivo de 2027 en turno libre se celebrará el 27 de junio, mientras que la de promoción interna tiene fecha prevista para el 30 de mayo de 2027. La convocatoria de Auxiliar Administrativo por el turno de promoción interna, por su parte, verá su primer ejercicio el 30 de mayo de 2026.

Diecinueve convocatorias más y unas 1.200 plazas en juego

En paralelo a la celebración de estos exámenes, la Xunta ha dado a conocer el calendario orientativo para lo que resta de año y ha confirmado que todavía tiene pendientes de convocatoria un total de 19 procesos selectivos que suman alrededor de 1.200 plazas. Así lo avanzó la directora xeral de Emprego Público, Nuria Aguilar, en su comparecencia en el Parlamento de Galicia, donde defendió la consolidación de una política de personal sólida y planificada. Hasta el momento, y a lo largo de este 2026, ya se han aprobado 22 procesos que sumaban 804 plazas.

El mes de septiembre centrará la atención en dos convocatorias en acceso libre: 16 plazas de la escala de veterinaria (grupo A1) y 3 de personal ayudante de archivos, bibliotecas y museos (grupo A2). Ya en octubre tocará el turno a seis procesos: personal subalterno con 50 plazas, agentes técnicos de gestión ambiental con 65, cuidadores con 108, personal de limpieza con 305 y auxiliares de cocina con 30. En diciembre están previstas las convocatorias del cuerpo superior de administración general (30 plazas), cuerpo de gestión (30), administrativo (11) y auxiliar administrativo (46), además de 11 plazas para guardias fluviales, 2 para entrevistadores y 1 para profesor de escuela politécnica.

En cuanto a la promoción interna, la primera convocatoria se publicará en el DOG en octubre e incluirá 148 plazas del cuerpo administrativo de administración general (grupo C1). El mes de noviembre traerá las convocatorias de inspectores de consumo (6 plazas), cuerpo superior de administración (38), cuerpo de gestión (85) y auxiliar administrativo (323). La directora xeral también informó de que la Xunta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSXG que condenó a la Administración gallega por el abuso de temporalidad de una interina, alegando una modificación de la doctrina respecto a la jurisprudencia europea.

Estas medidas de control y la previsión de fechas han sido recibidas con satisfacción por los representantes de la oposición en el Parlamento, aunque no todos los grupos las han valorado igual. El PSdeG y el BNG han aprovechado la comparecencia para cargar contra la gestión de la función pública y denunciar el abuso de las comisiones de servicio, mientras que la Xunta defiende que la renovación de los equipos de vigilancia y la publicación de calendarios orientativos son una muestra del compromiso de la administración autonómica con la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Con el refuerzo de los sistemas de detección de dispositivos electrónicos, la publicación de calendarios claros y la oferta de cerca de 2.000 plazas entre el presente ejercicio y lo que queda de año, la Xunta de Galicia da un paso decidido para que los opositores gallegos puedan competir en igualdad de condiciones y para que quienes intenten hacer trampas no tengan ni la más mínima oportunidad. La recomendación para todos los aspirantes es clara: dejad los dispositivos en casa, llevad solo el DNI, un lápiz y una goma, y confiad en el estudio y la preparación como única vía hacia una plaza pública.

La comunidad educativa vasca sigue removida después de que el informe PISA revelara un desplome en los resultados académicos de los estudiantes de 15 y 16 años. La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha reconocido en una entrevista que el balance es “muy malo” y que el modelo de inmersión en euskera puede ser uno de los elementos que explique la caída, aunque ha matizado que no se deben simplificar las causas.

Sus palabras han abierto un intenso debate entre el Gobierno vasco, la oposición y los sindicatos. Mientras el Ejecutivo autónomo insiste en que se necesita un análisis riguroso, EH Bildu considera un error vincular la enseñanza en euskera con el bajo rendimiento y exige explicaciones inmediatas en el Parlamento.

Un sistema que ha pasado de liderar a la cola

Los últimos datos de la evaluación internacional sitúan a Euskadi en una posición muy desfavorable en lectura, matemáticas y ciencias, algo que contrasta con el papel destacado que la comunidad solía tener hace una década. Tanto Bengoetxea como el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, han coincidido en calificar los resultados de “preocupantes” y en subrayar que “no es momento de buscar culpables, sino de entender qué ha ocurrido”.

La vicelehendakari ha señalado que la inmersión lingüística es solo una pieza de un puzzle mucho más complejo. Ha mencionado también el abuso de las pantallas, la falta de atención del alumnado y las diferencias entre centros públicos y concertados como posibles desencadenantes. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ya se ha reunido con expertos y, según han confirmado ambos consejeros, se intensificarán los encuentros para diseñar un plan de mejora.

Reunión con directores de centros

El Departamento de Educación ha convocado a unos 900 directores de colegios e institutos vascos en una jornada bajo el lema “Evaluación educativa y mejora del sistema”. El objetivo, según fuentes del departamento, es analizar con ellos las causas del bajo nivel y acordar estrategias compartidas. Se trata de un primer paso para tomar decisiones basadas en evidencias antes de aplicar cambios en las aulas.

Esta reunión masiva ha sido vista con buenos ojos por algunos sectores, pero también ha generado escepticismo. Desde la oposición se pide que no quede en un simple acto simbólico y que se concreten medidas reales. El sindicato ELA ha insistido en que la inversión educativa es insuficiente y en que no se han abordado problemas estructurales como la alta temporalidad del profesorado o la falta de recursos en centros de alta complejidad.

EH Bildu exige comparecencias

La coalición abertzale ha registrado en el Parlamento una batería de iniciativas para que el debate no se quede en declaraciones. Reclama la comparecencia urgente de Bengoetxea, de la consejera de Educación Begoña Pedrosa y del Foro de Expertos en Evaluación. El parlamentario Josu Aztiria ha calificado de “irresponsable” relacionar la inmersión lingüística con los malos resultados sin aportar datos objetivos, y ha recordado que el Gobierno vasco aún no ha desarrollado el acuerdo educativo que debería haber transformado el sistema.

Desde su punto de vista, culpar al euskera de la caída en PISA es un “atajo” que desvía la atención de las responsabilidades políticas. EH Bildu defiende que el modelo de inmersión, bien aplicado, es una herramienta para la cohesión y que el problema está en la falta de medios y en la desigualdad entre centros.

Los sindicatos también apuntan al fondo

El sindicato ELA ha ido más allá y ha vinculado los malos resultados con la falta de inversión y la precarización del profesorado. Según ELA, el departamento ha rechazado implantar de forma real el modelo de inmersión en euskera y ha suspendido cursos de formación como los de IRALE, lo que dificulta que el profesorado esté preparado para atender la diversidad lingüística y aplique consejos para aprender euskera de manera efectiva.

También denuncia que el acuerdo laboral firmado en 2025 no incluye mejoras sustanciales en las ratios de alumnos por aula, un factor que considera clave para mejorar la calidad educativa. La organización sindical sostiene que la educación pública necesita un refuerzo urgente y en que las políticas actuales van en dirección contraria a los intereses de la comunidad educativa.

Todo este escenario ha generado un clima de incertidumbre de cara al próximo curso escolar, con padres y docentes a la espera de que las administraciones pasen de las palabras a los hechos. La inmersión lingüística en euskera, que durante años fue un símbolo de normalización, ahora se ha convertido en un frente abierto en el debate educativo, con posturas encontradas sobre su influencia en el rendimiento académico.

En cualquier caso, todos los actores coinciden en que un diagnóstico serio y consensuado es imprescindible. El desafío está en encontrar un equilibrio entre la defensa del euskera y la mejora de los resultados académicos, sin que una cosa vaya en detrimento de la otra. Solo a partir de un análisis riguroso y de medidas concretas será posible revertir esta tendencia y recuperar la confianza en el sistema educativo vasco.

La Comunidad de Madrid ha anunciado un decreto por el que los ayuntamientos podrán delegar en el Ejecutivo regional la organización de las oposiciones de nuevo ingreso de Policía Local y Municipal, ya sea de forma completa o solo en determinadas fases. Por su parte, Aragón ya ha celebrado la primera prueba de su segundo proceso selectivo unificado, que oferta decenas de plazas en municipios de las tres provincias. Estos movimientos apuntan a un cambio de modelo que podría replicarse en otras zonas del país.

Un cambio de rumbo en la selección de policías locales

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado en el Debate del Estado de la Región que su Gobierno pondrá en marcha un proceso selectivo único para los 110 cuerpos de Policía Local y Municipal existentes en la comunidad. La medida, enmarcada en la Estrategia de Seguridad Integral (ESICAM179), permitirá a los ayuntamientos suscribir convenios de colaboración para que la Comunidad asuma todo el procedimiento o partes concretas, como exámenes teóricos, pruebas psicotécnicas o evaluaciones físicas. El objetivo es evitar que los municipios con menos recursos se queden sin agentes por falta de capacidad técnica o por la lentitud de los procesos.

La centralización también persigue reducir las dilaciones burocráticas y los recursos judiciales que en ocasiones paralizan la incorporación de nuevos policías. Así, las localidades de menor tamaño, que a menudo carecen de la estructura administrativa necesaria, se beneficiarán de una ventanilla única que simplificará la gestión y garantizará criterios técnicos homogéneos. Con ello, el Gobierno autonómico espera que las plazas se cubran con mayor rapidez y que las plantillas se mantengan completas.

Aragón ya celebra su segundo proceso unificado

En Aragón, el pasado sábado se celebró en Zaragoza la primera prueba del segundo proceso selectivo unificado para el ingreso en las Policías Locales de varios municipios. Según ha informado el Gobierno de Aragón, 385 aspirantes se presentaron al examen, de un total de 526 inscritos. La prueba consistió en un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el temario establecido. Quienes superen esta primera fase continuarán con las pruebas físicas, psicotécnicas y un ejercicio práctico, en un calendario que se extenderá hasta finales de noviembre.

Esta convocatoria unificada oferta 43 plazas de Policía Local en 24 municipios de las tres provincias aragonesas. La distribución es la siguiente:

• Huesca: 15 plazas en Barbastro, Benasque, Binéfar, Fraga, Graus, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Sallent de Gállego y Sariñena.
• Teruel: 11 plazas en Alcañiz, Alcorisa, Andorra y Calamocha.
• Zaragoza: 17 plazas en Alagón, Calatayud, Daroca, Ejea de los Caballeros, Gallur, La Puebla de Alfindén, Mallén, Pedrola, Tarazona y Zuera.

Este modelo permite a los opositores optar a plazas de diferentes localidades sin necesidad de examinarse en cada una por separado, mientras que los ayuntamientos ven reducida su carga administrativa. Además, la convocatoria contempla que estos 24 consistorios puedan ampliar las plazas mediante una adenda al convenio antes de que el tribunal publique la lista de aprobados. Se trata de una fórmula que se puso en marcha por primera vez en 2025 y que tiene buena acogida entre los aspirantes.

La transformación digital llega a las policías locales

Además de la centralización de los exámenes, Madrid ha presentado VinfoPol, una herramienta informática de gestión policial que se ofrecerá de manera gratuita a todos los municipios de la región. Este software digitaliza y unifica las tareas diarias de los agentes, desde la tramitación de atestados hasta la gestión de denuncias y partes de servicio, mejorando la coordinación entre los distintos cuerpos y con los centros de emergencias autonómicos. La implantación de esta plataforma busca una interoperabilidad real entre las policías locales de localidades vecinas.

Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo madrileño, en la Comunidad existen actualmente alrededor de 110 cuerpos de Policía Local y Municipal que suman más de 10.700 efectivos. Además, se han contabilizado unos 40 procesos selectivos independientes en marcha, una cifra que evidencia la necesidad de unificar esfuerzos. Con el nuevo decreto, se espera evitar la repetición de exámenes y permitir que los aspirantes obtengan una puntuación válida para varios municipios a la vez, lo que acelerará la cobertura de vacantes.

La tendencia a centralizar las oposiciones de Policía Local gana terreno en distintas regiones y promete simplificar la vida tanto a los aspirantes como a los ayuntamientos. Aragón ya ha demostrado que es posible celebrar un examen común para decenas de plazas repartidas en múltiples localidades, mientras que Madrid se prepara para lanzar su propio proyecto con apoyo tecnológico. La clave está en lograr procesos más ágiles, transparentes y eficientes, con el objetivo final de reforzar la seguridad en las calles de una manera más rápida y equitativa.

La evaluación internacional PISA 2025, publicada este martes por la OCDE, ha sentado como un jarro de agua fría en el sistema educativo español. El país ha registrado su peor marca histórica en las tres competencias evaluadas (Lectura, Matemáticas y Ciencias), confirmando que la tendencia a la baja iniciada hace una década no solo no se frena, sino que se agrava. Los casi 30.000 estudiantes de 15 y 16 años examinados en 956 centros han dejado una fotografía desoladora, especialmente en lo referido a la comprensión lectora.

Este batacazo no es exclusivo de España, pero aquí se amplifica. Mientras el promedio de la OCDE cae 27 puntos en lectura desde 2015, España pierde 45 puntos en lectura. La organización internacional apunta directamente al uso de pantallas y a la irrupción de la inteligencia artificial generativa como factores determinantes de un declive que ya se veía venir desde primaria, y que ha acabado por situar al país muy por debajo de sus vecinos europeos, aunque aún mantiene algún que otro brote verde en materia de equidad y actitudes sociales.

Un desplome generalizado y sin precedentes

El rendimiento medio en Lectura se ha desplomado hasta los 451 puntos, 10 menos que el anterior peor registro (461 en 2006) y 23 por debajo de la edición de 2022. Esto deja a España a 10 puntos de la media OCDE (461) y 8 de la UE (459). En Matemáticas, la nota cae a 457 puntos, 16 menos que hace tres años, mientras que en Ciencias se alcanzan los 477 puntos, 5 menos que la OCDE y 4 menos que la UE. La pérdida acumulada en una década es de 45 puntos en lectura, 30 en matemáticas y 16 en ciencias, un ritmo de caída que duplica al de los países de nuestro entorno y que ha reducido la diferencia con los países asiáticos, que siguen copando el podio mundial.

La equidad se resquebraja y el alumnado rico también cae

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el descenso ya no afecta solo a los estudiantes de entornos desfavorecidos. El cuarto socioeconómico más alto es el que más retrocede. En lectura, estos alumnos han perdido 33 puntos desde 2022, frente a los 15 del cuartil más bajo. La OCDE habla de un fenómeno inédito en lo que va de siglo, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, admitió que es un hecho «curiosísimo» que analizarán con lupa, pues podría estar vinculado al uso de la IA generativa, más frecuente entre los estudiantes de entornos pudientes.

A pesar de todo, España mantiene un colchón en materia de equidad. La brecha entre ricos y pobres es menor que la media OCDE y UE (71 vs 94 puntos en ciencias). Además, el 13% del alumnado desfavorecido consigue ser «académicamente resiliente», es decir, alcanzar el cuartil superior de rendimiento a pesar de su origen. Algo que, sin embargo, no compensa la sangría generalizada, ni el hecho de que la repetición de curso, una práctica muy extendida en España, siga lastrando los resultados en comparación con el resto de Europa.

Pantallas, IA y falta de atención, los sospechosos habituales

El análisis técnico de la OCDE es minucioso y señala un cambio de hábitos. Los estudiantes fallan en textos largos de más de 400 palabras y contestan rápido y mal, despachando las preguntas para acabar antes. La lectura superficial, mediada por el móvil, se ha impuesto. Los datos muestran que el 86% de los centros españoles ya prohíben los teléfonos, pero la norma no basta, ya que la distracción fuera del aula y el ocio digital pasivo siguen aumentando.

La inteligencia artificial también ha entrado en escena. El uso de chatbots para resumir o redactar trabajos se asocia directamente con peores resultados, y España supera la media OCDE en esta práctica. La OCDE sugiere que la expansión de la IA podría explicar por qué caen más los alumnos de nivel alto, que son sus usuarios más frecuentes. Eso sí, hay matices: países como Japón o Corea, que la usan con moderación, siguen dominando la clasificación, mientras que el organismo internacional concluye que, si se emplea con pedagogía y propósito, no tiene por qué ser perjudicial.

Las comunidades: Madrid y Asturias mandan, el sur resiste

Los datos autonómicos arrojan una enorme polarización. Madrid se corona como la región con mejores resultados en Matemáticas (477) y Ciencias (495), llegando a superar a países como Finlandia o Suecia. Asturias lidera la lectura con 471 puntos. Junto a Castilla y León y Cantabria, estas regiones se sitúan claramente por encima de la media internacional. En el lado opuesto, el País Vasco (419 en lectura) y la Comunidad Valenciana (424) se desploman, acompañadas por Ceuta y Melilla. Cataluña, por su parte, ha quedado excluida de las comparaciones internacionales debido a su alta tasa de exclusión en la muestra, un 23,2%, que invalida sus datos, y la OCDE advierte de un posible sesgo en los resultados de Murcia.

Curiosamente, las comunidades del sur como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha resisten mejor la caída, simplemente porque partían de posiciones más bajas. El secretario de Estado descartó que la LOMLOE tenga la culpa, ya que el desplome es un fenómeno global, aunque reconoció que en España está más agudizado por la falta de recursos y la caída de confianza en la profesión docente. La OCDE también ha puesto el foco en el descenso del apoyo familiar percibido, un indicador que cae en todo el mundo y que empeora la situación.

Este nuevo PISA no deja lugar a dudas. La combinación de una lectura superficial, una dependencia creciente de la IA mal utilizada y un entorno social que presta menos atención a los adolescentes ha pasado factura al sistema educativo español. Aunque la equidad sigue siendo un punto fuerte, la caída generalizada, especialmente en lectura, amenaza con cronificarse. España tiene por delante la difícil tarea de revertir la tendencia, y no solo con medidas normativas, sino recuperando el hábito de la lectura pausada y una mayor presencia del adulto en la vida educativa. El suspenso es histórico, y la solución no será ni rápida ni sencilla.

Cuando hablamos de la etapa de la menopausia, nos metemos en un terreno donde la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, pero donde todavía existen muchas dudas y contradicciones entre los propios médicos. No es solo el fin de la capacidad reproductiva, sino un proceso complejo que afecta a la salud global de la mujer, requiriendo un enfoque que no se quede solo en la superficie.

Para poner orden en este caos, se han desarrollado guías de práctica clínica (GPC) que buscan que, sin importar a qué centro de salud vayas, recibas una atención basada en evidencias científicas sólidas. El objetivo es dejar atrás «yo creo que» para pasar al «la evidencia demuestra que», coordinando el trabajo entre los ginecólogos y los médicos de familia para que la paciente no reciba mensajes contradictorios.

El desafío de la Terapia Hormonal (TH)

Uno de los puntos más calientes en la consulta es, sin duda, el uso de hormonas. Durante años se vieron como la panacea, pero la llegada de ensayos clínicos aleatorizados puso las cosas en perspectiva. Se ha visto que, a largo plazo, los riesgos asociados al tratamiento hormonal pueden superar los beneficios en ciertos perfiles de mujeres, especialmente en lo que respecta a la prevención de enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer.

Por eso, la práctica clínica actual no recomienda un tratamiento estándar para todas, sino que aboga por una personalización extrema. Es fundamental analizar qué síntomas predominan y cuál es el riesgo individual de cada mujer antes de recetar cualquier fármaco, evaluando siempre si existen alternativas no farmacológicas que puedan mitigar los sofocos o la sequedad vaginal.

Gestión de los síntomas y calidad de vida

La menopausia no es una enfermedad, pero sus síntomas pueden hacer que la vida sea un calvario. Los problemas vasomotores, como los famosos sofocos, y los cambios en la mucosa vaginal son los motivos más frecuentes de consulta. Para combatirlos, se han estudiado diversas opciones que van desde estilos de vida saludables hasta fármacos específicos como la veralipride o terapias complementarias.

• Medidas no farmacológicas: Ajustes en la dieta, ejercicio regular y control del estrés.
• Tratamientos farmacológicos: Uso racional de hormonas o fármacos no hormonales según la tolerancia de la paciente.
• Terapias alternativas: Evaluación crítica de su eficacia real frente al efecto placebo.

La clave aquí es que el profesional debe ser capaz de responder con claridad a qué síntomas están causados directamente por la caída de estrógenos y cuáles podrían deberse a otras patologías coexistentes, evitando así diagnósticos erróneos.

La lucha contra la osteoporosis y las fracturas

Una vez que entramos en la posmenopausia —ese periodo que arranca con la última regla y se extiende unos 10 años—, el riesgo de que los huesos se vuelvan frágiles se dispara. La osteoporosis es un enemigo silencioso porque no duele hasta que ocurre la primera fractura, lo que hace que el cribado de la densidad mineral ósea sea una herramienta vital.

No se trata de hacer densitometrías a todo el mundo sin sentido, sino de identificar a aquellas mujeres con factores de riesgo predisponentes. La guía clínica establece algoritmos claros para decidir cuándo es el momento exacto de realizar la prueba y cómo actuar según los resultados para evitar caídas que puedan terminar en una rotura de cadera o vértebras.

La importancia de la formación y la difusión

Tener un documento perfecto guardado en un cajón no sirve para nada. Uno de los grandes problemas ha sido que, a pesar de contar con el respaldo de instituciones como el Centro Cochrane Iberoamericano o la semFYC, la difusión de estas recomendaciones a veces se queda coja. Si el médico de cabecera no conoce la última actualización, la práctica clínica no cambia.

Para que estas guías realmente impacten en la salud de las mujeres, es necesario que las sociedades científicas se mojen más en la formación continuada. No basta con publicar un artículo en una revista especializada; hace falta que la información llegue al día a día de la consulta, eliminando la variabilidad injustificada en los tratamientos.

La coordinación entre los distintos niveles asistenciales, apoyada en una metodología rigurosa y transparente, es la única vía para asegurar que la atención a la mujer en la menopausia sea óptima. Al final, lo que se busca es integrar la prevención de la osteoporosis, el manejo inteligente de los síntomas y la vigilancia del riesgo cardiovascular en un solo plan de salud coherente que mejore la longevidad y el bienestar femenino.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha dado inicio este fin de semana al proceso selectivo para ingresar en el cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana, una convocatoria que llega con cifras de récord y un cambio de calendario que marca un antes y un después. 15.697 aspirantes están llamados a las aulas, mientras que la administración autonómica oferta un total de 1.959 plazas de ingreso libre, lo que sitúa la competividad en uno de los niveles más altos de los últimos años.

Las dos partes escritas de la primera prueba están programadas para los días 12 y 19 de septiembre, con sedes repartidas entre Alicante, Castellón y Valencia. La decisión de trasladar las oposiciones a septiembre, acordada con las organizaciones sindicales, busca aliviar la carga de trabajo de los docentes que forman parte de los tribunales durante los meses de junio y julio, además de permitir una planificación más eficiente de todos los procedimientos administrativos que rodean al sistema educativo.

Un calendario pensado para mejorar el proceso

El cambio de fechas no es un capricho. La Conselleria defiende que celebrar las pruebas en septiembre, en lugar de hacerlo al final del curso escolar, aporta ventajas tanto para los opositores como para la propia administración. Los aspirantes han tenido el verano por delante para repasar y preparar los exámenes con más margen, mientras que los tribunales podrán trabajar sin la presión añadida del cierre de curso.

Además, esta nueva organización permite cerrar antes de que empiece el curso otros procesos fundamentales como la determinación de puestos, las comisiones de servicio o la adjudicación de vacantes. La administración también ha querido destacar que los recursos de alzada podrán resolverse antes de la asignación definitiva de las plazas, lo que refuerza la seguridad jurídica y da más tranquilidad a los participantes.

72 tribunales y liberación total del profesorado evaluador

Otra de las grandes novedades de esta edición es que, por primera vez, todos los miembros de los tribunales quedarán liberados de sus funciones docentes durante el desarrollo de las oposiciones. Una medida que, según la Conselleria, garantiza una dedicación plena a la evaluación y contribuye a que los criterios se apliquen de forma más homogénea en todos los casos.

En total se han constituido 72 tribunales en el conjunto del territorio valenciano: 23 en la provincia de Alicante, 8 en Castellón y 41 en Valencia. Los docentes que formen parte de estos órganos serán sustituidos en sus centros habituales por profesorado interino, una solución que permite mantener la actividad educativa sin contratiempos mientras se desarrolla el proceso selectivo.

La coordinación entre tribunales es uno de los aspectos que más se ha trabajado en esta convocatoria. La administración considera que un periodo de trabajo más amplio y unas condiciones laborales mejores para los evaluadores se traducen en un proceso más justo y mejor organizado para todos los implicados.

Las universidades como principales sedes de examen

Los aspirantes se reparten este año entre los campus universitarios de las tres provincias. En Alicante, las pruebas se celebran en la Universidad Miguel Hernández (UMH), tanto en el campus de Sant Joan como en el de Elche, en función de la especialidad. En Castellón, la Universitat Jaume I (UJI) acoge a los opositores, mientras que en Valencia los exámenes se desarrollan en aularios de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el IES Veles e Vents de Torrent.

La elección de estos espacios responde a la necesidad de contar con instalaciones amplias y bien equipadas para recibir a miles de candidatos durante las dos jornadas de examen. La logística es clave en un proceso de estas dimensiones, y desde la Conselleria aseguran que se ha trabajado para que todo esté a punto.

1.959 plazas y una distribución desigual por especialidades

La oferta de plazas de esta convocatoria alcanza las 1.959, de las cuales un 10% está reservado para personas con discapacidad. Educación Primaria es la especialidad que más plazas concentra, con un total de 750, seguida de Educación Infantil con 475. El resto del reparto queda de la siguiente manera: Pedagogía Terapéutica con 229, Lengua Extranjera Inglés con 158, Audición y Lenguaje con 137, Educación Física con 125 y Música con 85.

Sin embargo, el número de aspirantes no siempre guarda proporción con las plazas ofertadas. A pesar de que Primaria ofrece más puestos, es Educación Infantil la especialidad que registra una mayor participación, con 5.229 candidatos para 475 plazas. Le sigue muy de cerca Educación Primaria, con 4.562 opositores, y Pedagogía Terapéutica, con 2.512.

El resto de aspirantes se distribuye entre Audición y Lenguaje (1.346), Lengua Extranjera Inglés (835), Educación Física (815) y Música (398). Estos datos confirman el enorme peso de Infantil y Primaria dentro del sistema educativo valenciano, ya que entre ambas especialidades suman más de 9.700 aspirantes, casi dos tercios del total.

Incidencias puntuales en una jornada marcada por los nervios

La primera jornada de exámenes no estuvo exenta de contratiempos. La prueba de Educación Infantil sufrió un retraso de aproximadamente dos horas en toda la Comunitat Valenciana, debido a la demora en el llamamiento de tres tribunales de Alicante, según confirmaron fuentes de la Conselleria. Los exámenes de una misma especialidad deben comenzar de forma simultánea en todas las sedes, y ese desajuste obligó a los aspirantes a esperar en las aulas.

Además, un accidente de tráfico en la Ronda Nord de València provocó importantes retenciones a primera hora de la mañana, afectando al acceso de los opositores que se dirigían a la Universitat Politècnica de València y a la Universitat de València. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, explicó que se decidió retrasar unos 15 minutos el inicio de los exámenes en algunas sedes para evitar que nadie se quedara fuera por un problema de tráfico ajeno a su voluntad.

CSIF pide transparencia y reclama la OPE de 2027

Coincidiendo con el arranque de las pruebas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha querido alzar la voz. El sindicato reclama a la Conselleria “la máxima transparencia” durante todo el proceso selectivo, desde la publicación de las bases hasta la explicación detallada de las calificaciones finales.

CSIF subraya el esfuerzo y la presión que afrontan los miles de opositores, y considera fundamental que la administración ponga a disposición de candidatos y tribunales todos los medios necesarios para garantizar que los exámenes se desarrollen en las mejores condiciones. Aunque reconoce que en las últimas convocatorias se ha avanzado en este terreno, insiste en que el acceso a la documentación y a los resultados debe ser ágil y sencillo.

Pero las peticiones del sindicato van más allá del presente proceso. CSIF también insta a Educación a empezar cuanto antes la negociación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2027, que estará centrada principalmente en el cuerpo de profesores de Secundaria. La organización defiende una oferta de plazas suficiente para reducir la tasa de interinidad y reforzar así la plantilla de la educación pública valenciana.

Con todo, la primera jornada de las oposiciones ha dejado una imagen clara: miles de docentes dispuestos a pelear por una plaza fija en un sistema que necesita estabilidad y planificación. Las próximas semanas serán decisivas para determinar quiénes logran ese objetivo y quiénes tendrán que volver a intentarlo. La Conselleria, por su parte, asegura que este nuevo modelo organizativo ha llegado para quedarse, y confía en que los resultados acompañen a una convocatoria que, sin duda, marca un punto de inflexión en la forma de gestionar el acceso a la función docente.

El inicio del curso 2026/27 trae consigo un abanico de oportunidades para los estudiantes con discapacidad que quieran continuar formándose. Varias entidades españolas han abierto sus convocatorias de becas con el objetivo de reducir barreras económicas y facilitar el acceso a la educación superior. Desde ayudas específicas para estudios universitarios hasta programas que incluyen acompañamiento profesional, las opciones se adaptan a diferentes perfiles académicos.

En este artículo repasamos las convocatorias más relevantes que siguen abiertas en España para personas con un grado de discapacidad reconocido. Todas ellas exigen cumplir ciertos requisitos, como acreditar un porcentaje de discapacidad mínimo y estar matriculado en estudios oficiales. Los plazos son ajustados, por lo que conviene revisar cada detalle con antelación.

Fundación Adecco: ayudas de hasta 1.500 euros con orientación laboral

La Fundación Adecco mantiene abierta su novena edición del programa de becas, con un presupuesto total de 300.000 euros. Esta iniciativa se dirige a jóvenes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que cursen Formación Profesional, Grado o Máster durante el curso 2026/27. La convocatoria contempla dos modalidades: Unidos 360º, pensada para quienes ya están avanzados en sus estudios, y Unidos START, orientada a quienes comienzan su formación.

En la modalidad de mayor cuantía se pueden recibir hasta 1.500 euros, mientras que la de iniciación ofrece hasta 750 euros. El dinero puede destinarse a gastos como idiomas, certificaciones o material formativo. Pero la ayuda económica no es lo único: las personas seleccionadas acceden a un kit de competencias profesionales, sesiones de consultoría laboral y, en algunos casos, entrevistas con empresas. Esta combinación busca preparar la transición desde las aulas hasta el empleo.

Para poder optar a estas becas es necesario haber nacido en 1996 o después y disponer de un certificado de discapacidad en vigor con un grado igual o superior al 33%. También hay que estar matriculado en FP, Grado o Máster y tener permiso de trabajo y residencia en España. La Fundación Adecco da prioridad a titulaciones relacionadas con sectores con demanda laboral, como ingenierías, informática, biotecnología o áreas sanitarias, aunque no se limita solo a estos perfiles. El plazo para presentar solicitudes termina el 30 de septiembre a las 18:00 horas.

Fundación Universia: 300 becas de 1.000 euros para FP, Grado, Máster y Doctorado

Por su parte, la Fundación Universia ha lanzado su vigésima edición de becas con 300 ayudas de 1.000 euros cada una, lo que supone una inversión conjunta de 300.000 euros. Esta convocatoria está abierta a personas con discapacidad igual o superior al 33% que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de Grado Medio o Superior, incluyendo también títulos propios y doctorado. El objetivo es cubrir necesidades diversas, como tecnología accesible, formación complementaria, desplazamientos o alojamiento.

Los requisitos para participar son ser español o residente en España, tener más de 16 años y estar matriculado durante el curso 2026/27. El proceso de solicitud se realiza íntegramente a través de la plataforma Santander Open Academy. La organización destaca que en la convocatoria anterior el 64% de los becados utilizó la ayuda para formación extra, y un 47% para tratamientos de apoyo. El plazo termina el 28 de septiembre a las 23:59 horas (22:59 en Canarias).

La Fundación Universia quiere llegar a todas las etapas educativas, desde quienes inician una FP hasta quienes realizan una tesis doctoral. La flexibilidad de la ayuda es clave, ya que los gastos asociados a una discapacidad pueden superar los costes habituales de estudiar. Por eso, las 300 becas pretenden equiparar oportunidades y favorecer la empleabilidad posterior.

Fundación ONCE y UWC España: beca para Bachillerato Internacional en el extranjero

La Fundación ONCE y Colegios del Mundo Unido (UWC España) han abierto una convocatoria específica para un estudiante con discapacidad. Se trata de una beca para cursar Bachillerato Internacional durante dos años en uno de los centros de la red UWC repartidos por los cinco continentes. La iniciativa busca que una persona joven pueda vivir una experiencia educativa internacional junto a estudiantes de todo el mundo.

Los candidatos deben estar cursando 4.º de ESO o 1.º de Bachillerato, con el curso anterior aprobado, y haber nacido en 2010 o antes del 1 de septiembre de 2011. Además, se exige nacionalidad española o residencia en España durante los últimos ocho años, junto con un buen expediente académico. El plazo de inscripción finaliza el 5 de octubre a las 13:00 horas.

Esta beca no solo cubre la formación académica, sino que también facilita la convivencia en un entorno multicultural y el desarrollo personal. Ya hay precedentes, como el de la joven almeriense María Codina Amate, que obtuvo una de estas becas para estudiar en el UWC Red Cross Nordic de Noruega. Es una oportunidad única para quienes aún no han llegado a la universidad y quieren dar un salto internacional.