Si estás pensando en dar el salto al mundo de la investigación avanzada, cursar un doctorado en el área de economía y empresa es, sin duda, una de las decisiones más ambiciosas que puedes tomar. No se trata solo de obtener un título, sino de sumergirse en un ecosistema donde se analizan los comportamientos sociales y los mercados para encontrar soluciones a los retos actuales. Es un camino exigente, pero que te abre las puertas a niveles de especialización que muy pocos alcanzan.

A lo largo de los años, diversas instituciones académicas han ido puliendo sus programas para adaptarse a la normativa vigente y a las necesidades del sector productivo. Lo que antes eran programas dispersos, ahora se han consolidado en estuduras doctorales integrales que aprovechan la experiencia de profesorados veteranos y la frescura de nuevas metodologías, garantizando que el alumnado tenga un respaldo sólido para desarrollar su tesis con éxito.

Ámbitos de Especialización y Líneas de Investigación

La investigación en este campo no es lineal, sino que se ramifica en diversas direcciones para cubrir todo el espectro económico. Se pone mucho énfasis en lograr decisiones eficientes dentro del entorno empresarial, buscando siempre optimizar los recursos. Además, hay un interés creciente por temas como el crecimiento sostenible, la productividad y cómo las redes sociales influyen en el bienestar general.

Otro pilar fundamental es el estudio de los mercados y el comportamiento estratégico de las organizaciones, donde la innovación empresarial juega un papel estrella. También se dedican esfuerzos considerables a la economía sectorial, analizando cómo funcionan industrias específicas y cómo impactan las políticas públicas en el cambio estructural y la economía circular.

¿Quién puede acceder a estos programas?

Para entrar en este juego, lo normal es que el candidato haya completado un grado y un máster universitario, sumando al menos 300 créditos ECTS en total. Lo ideal es que el perfil sea académico o investigador, preferiblemente en ADE o Economía, aunque no es una regla inamovible. Hay espacio para gente que venga de otras ramas, como ingenierías, matemáticas o incluso sociología, siempre que tengan una afinidad clara con la materia.

En algunos casos, si el alumno no tiene la base suficiente en economía (menos de 10 ECTS), es posible que tenga que hacer algunos complementos de formación. Estos créditos adicionales sirven para nivelar los conocimientos y asegurar que nadie se quede atrás al empezar la investigación propiamente dicha. Es una forma de garantizar que todos hablen el mismo lenguaje técnico.

El proceso de selección y admisión

Entrar no es cuestión de suerte, sino de méritos. Las comisiones académicas suelen mirar con lupa el expediente académico del aspirante, dándole un peso importante a las notas del grado y del máster. Pero no todo son números; también se valora muchísimo la motivación a través de una carta de interés donde el candidato explique qué quiere investigar y por qué su proyecto tiene valor científico y académico.

• Dominio del inglés: Se suele pedir un nivel B1 o B2, ya que la ciencia se escribe en inglés.
• Capacidad cuantitativa: Se valoran las asignaturas de análisis cuantitativo aplicadas a las ciencias sociales.
• Trayectoria previa: Las publicaciones en revistas indexadas y la asistencia a congresos suman puntos valiosos.
• Apoyo docente: En algunas universidades es imprescindible contar con una carta de compromiso de un director de tesis antes de inscribirse.

Para los que ya tienen un contrato predoctoral adjudicado, esto suele suponer una ventaja competitiva en el baremo de puntos. Al final, la admisión puede depender de la disponibilidad de plazas y de qué tan bien encaje la propuesta del alumno con las líneas de investigación del profesorado.

Competencias del egresado y futuro profesional

Al terminar el doctorado, el profesional no solo es un experto en su tema, sino que ha desarrollado una capacidad crítica brutal. Sabe enfrentarse a la incertidumbre y tomar decisiones basadas en información limitada, algo que es oro puro en el mundo real. Además, se fomenta el uso de la Ciencia Abierta, haciendo que el conocimiento sea accesible y útil para la sociedad, no solo para los libros de texto.

En cuanto a dónde acabar, el abanico es sorprendentemente amplio. La opción más clásica es la docencia en universidades o la investigación en centros públicos. Sin embargo, el sector privado valora enormemente a estos perfiles para puestos de alta dirección, consultoría estratégica o en empresas dedicadas a las energías renovables y la innovación. El hecho de saber gestionar proyectos complejos y analizar datos hace que el doctor sea un activo muy codiciado.

La trayectoria de quienes pasan por estos programas demuestra un éxito rotundo, con egresados posicionados en universidades tanto nacionales como extranjeras y otros liderando sus propios emprendimientos. La combinación de rigor académico y visión empresarial permite que estos profesionales lideren la transformación económica y social desde diversos frentes, consolidando el conocimiento científico como motor de progreso.

La Universidad de La Rioja ha celebrado la investidura de Antonio Fernández de Buján y Fernández como doctor honoris causa, un reconocimiento que pone el foco en una vida dedicada al estudio del Derecho y que se ha materializado en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. El acto académico sirvió para destacar la figura de un jurista muy vinculado al Derecho Romano y a la formación de nuevas generaciones.

La distinción fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la institución riojana y responde a su aportación al conocimiento jurídico, a la normativa y a la doctrina judicial española, además de a su trabajo para actualizar y proyectar los estudios de Derecho Romano. Con este paso, el profesor se incorpora a una nómina de doctores honorarios en la que también aparecen nombres como Mario Vargas Llosa, Federico Mayor Zaragoza y Pablo Sainz-Villegas.

Una carrera ligada al Derecho Romano

Nacido en Lugo en 1953, Fernández de Buján es catedrático de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Madrid. Alcanzó la cátedra con 29 años, una circunstancia que entonces llamó la atención por su juventud y que anticipaba una trayectoria académica de largo recorrido.

Su producción científica es amplia: suma 30 libros y más de 450 artículos doctrinales relacionados con el Derecho Romano, el Derecho Procesal y el Derecho Civil. Sus intereses investigadores se han dirigido también al Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano, así como a la jurisdicción voluntaria, un terreno en el que su nombre es una referencia para varias generaciones de juristas.

Méritos que sostienen la distinción

El reconocimiento de la Universidad de La Rioja no se limita a la cantidad de publicaciones. La institución ha valorado de forma especial su contribución a la ciencia jurídica y a la difusión del Derecho Romano, una labor que ha combinado la investigación con la enseñanza y la transmisión de conocimientos a sus discípulos.

A lo largo de su carrera ha recibido distinciones como la Medalla Castelao, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Además, cuenta con otros nueve doctorados honoris causa concedidos por universidades nacionales e internacionales, lo que da una idea del alcance de su magisterio.

Su incorporación al claustro de doctores de la UR permite situarlo junto a personalidades que ya cuentan con esta consideración, entre ellas Mario Vargas Llosa, Federico Mayor Zaragoza y Pablo Sainz-Villegas. La lista completa es más amplia, pero estos nombres sirven para entender el nivel de los homenajes que acumula la universidad.

El acto de investidura

La ceremonia se celebró en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, un espacio académico que acogió la investidura y los discursos propios de este tipo de reconocimientos. La rectora, Eva Sanz Arazuri, tuvo un papel destacado en la bienvenida al nuevo doctor honoris causa.

El catedrático Alfonso Agudo Ruiz actuó como padrino del homenajeado y fue el encargado de pronunciar la laudatio, el discurso en el que se repasan los méritos académicos y personales de quien recibe la distinción. Su intervención sirvió para subrayar la relevancia de una figura muy vinculada al Derecho Romano.

El acto concluyó con el Gaudeamus Igitur, un cierre musical habitual en las ceremonias universitarias que puso el broche a una jornada marcada por el reconocimiento institucional. Con ello, Fernández de Buján quedó incorporado oficialmente al claustro de doctores de la Universidad de La Rioja.

Claves de una investidura académica

• Nombramiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja.
• Trayectoria reconocida en Derecho Romano, legislación y jurisprudencia española.
• Ceremonia académica en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.
• Laudatio a cargo de Alfonso Agudo Ruiz y bienvenida de la rectora Eva Sanz Arazuri.

La investidura de Antonio Fernández de Buján como doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja supone el reconocimiento a décadas de trabajo en el Derecho Romano y en la formación de juristas. Su cátedra temprana, su extensa producción científica, los galardones acumulados y su presencia en una nómina de honoris causa de primer nivel explican por qué la institución riojana ha querido destacar su figura. La ceremonia en el Edificio Quintiliano, con la laudatio de Alfonso Agudo Ruiz y el cierre del Gaudeamus Igitur, puso el marco académico a un homenaje que consolida su lugar entre los grandes referentes de la disciplina.

La Formación Profesional está atravesando una etapa de cambios profundos. Ya no se trata solo de acumular contenidos en el aula, sino de demostrar que el alumnado sabe aplicar lo aprendido, resolver situaciones reales y desenvolverse con garantías en un entorno profesional. Ese giro hacia la práctica se aprecia en normativas, programas de FP que refuercen su carácter dual y proyectos de calidad que están poniendo el foco en las competencias y en la conexión con las empresas.

El nuevo rumbo afecta tanto a estudiantes jóvenes como a personas adultas que buscan reciclarse o acreditar la experiencia acumulada durante años. La formación a lo largo de la vida gana presencia, y las administraciones impulsan mecanismos para reconocer habilidades, orientar trayectorias y facilitar el acceso a titulaciones oficiales sin perder exigencia académica.

Un modelo más práctico y conectado con el tejido productivo

Uno de los rasgos que más se repiten en las iniciativas recientes es la voluntad de que el aprendizaje salga del aula y se acerque a la realidad de las empresas. La colaboración entre centros y tejido productivo se plantea como una vía para que el alumnado aplique conocimientos en contextos reales, desarrolle hábitos de trabajo y llegue al mercado laboral con una experiencia más ajustada a lo que se demanda. En este esquema, la FP Dual y su alianza con las empresas ocupa un lugar central: combina formación teórica y estancia en empresas, de modo que el estudiante aprende mientras participa en la actividad ordinaria de un negocio.

Esa conexión no beneficia solo a quien estudia. Las empresas pueden incorporar perfiles formados conforme a sus necesidades y participar en el proceso formativo, mientras que los centros obtienen información valiosa sobre lo que ocurre fuera de las aulas. La coordinación entre docentes y responsables de empresa resulta clave para que las prácticas no se conviertan en un trámite, sino en una parte coherente del itinerario educativo. Por eso, varias propuestas insisten en ampliar la presencia de compañías locales en los programas duales y en ordenar mejor los puestos formativos disponibles.

Evaluación y acreditación: demostrar lo que se sabe hacer

La evaluación también está cambiando. Cada vez se presta más atención a los resultados de aprendizaje y a la capacidad de resolver tareas propias de una profesión. Evaluar por competencias implica observar conocimientos, destrezas y actitudes, y no limitarse a una media de calificaciones. El seguimiento continuo y la recogida de evidencias permiten detectar dificultades a tiempo y ofrecer oportunidades de recuperación, sin que eso suponga rebajar el nivel de exigencia.

En paralelo, se extienden los procedimientos para reconocer oficialmente la experiencia de quienes no tienen un título. La acreditación de competencias permite que personas con años de trabajo o con formación no formal puedan demostrar lo que ya saben hacer. Este reconocimiento puede abrir la puerta a un certificado, a mejorar las condiciones laborales o a continuar estudiando un ciclo formativo. La lógica es clara: aprovechar el saber acumulado y convertirlo en una base para seguir avanzando.

Este enfoque exige rigor. Los equipos docentes deben documentar sus decisiones, valorar evidencias y actuar con transparencia. La compensación de módulos, cuando existe, no equivale a un aprobado automático ni a un regalo administrativo: requiere condiciones, límites y una valoración colegiada. Del mismo modo, las pruebas para obtener títulos de Técnico y Técnico Superior mantienen su papel como vía reglada para acreditar la cualificación ante el sistema y el mercado laboral.

Más oportunidades para adultos y personas sin titulación

El interés por la FP no se limita a quienes llegan desde la educación secundaria. Las aulas de Formación Profesional acogen cada vez más a adultos que desean cambiar de rumbo, completar una asignatura pendiente con su formación o mejorar su posición dentro de una empresa. Muchos llegan después de años trabajando en sectores como la hostelería, la administración, la jardinería, la automoción o los servicios, y descubren que necesitan una titulación para promocionar o para adaptarse a nuevos requisitos.

La acreditación previa suele ser el primer escalón. A partir de ahí, algunas personas continúan con un ciclo medio, saltan a uno superior o se plantean la docencia como salida profesional. La experiencia cotidiana se convierte así en punto de partida, pero no en el final del recorrido: el objetivo es seguir sumando formación reconocida. También hay quienes cursan enseñanzas para adultos en niveles iniciales, secundaria o bachillerato, lo que muestra que la formación permanente se ha convertido en una puerta bastante más amplia que antes.

Las historias detrás de estos itinerarios son variadas. Hay profesionales que llevaban décadas en el mismo oficio y querían un certificado que ordenara su trayectoria; otros habían abandonado los estudios por circunstancias familiares o laborales y aprovecharon una segunda oportunidad; y también existen perfiles que encadenan cursos para ampliar horizontes. La motivación profesional aparece casi siempre, aunque a veces el impulso sea simplemente demostrar que nunca es tarde para aprender.

Calidad, coordinación local y mirada a largo plazo

Además de la formación y la evaluación, la calidad del sistema se ha convertido en un asunto prioritario. Los modelos de autoevaluación y mejora continua ayudan a revisar la enseñanza, los recursos, los espacios y la orientación profesional. La participación del alumnado mediante encuestas, propuestas a tutoría o representación en órganos de centro permite detectar necesidades y ajustar actuaciones. No se trata solo de cumplir documentos, sino de escuchar, comprobar resultados y corregir lo que no funciona.

En el ámbito local, la coordinación entre ayuntamientos, institutos, empresas y administraciones autonómicas se presenta como una herramienta útil para ajustar la oferta a las necesidades del territorio. Las mesas técnicas de FP permiten compartir información sobre puestos formativos, prácticas y oportunidades de inserción, así como animar a las empresas a acoger alumnado. Del mismo modo, programas específicos para jóvenes sin titulación ofrecen formación básica en oficios concretos, con titulaciones en los ciclos de FP Básico, con módulos profesionales y una estancia práctica en empresas, lo que puede facilitar el primer contacto con un sector.

La suma de todos estos cambios dibuja una FP menos compartimentada y más flexible. El eje común es la combinación de exigencia, acompañamiento y aprendizaje aplicado. La normativa autonómica, las pruebas de titulación, los sistemas de calidad y los proyectos duales no caminan necesariamente al mismo ritmo, pero apuntan en una dirección parecida: que la formación profesional responda mejor a lo que el alumnado necesita y a lo que demanda el entorno productivo.

Lo que se está poniendo a prueba es la capacidad del sistema para adaptarse sin perder rigor. La FP del futuro inmediato parece llamada a medir el aprendizaje de forma más completa, a estrechar la relación con las empresas y a reconocer competencias adquiridas fuera del aula. Si esas piezas encajan, el alumnado tendrá más oportunidades para titularse, reciclarse y acceder a empleos con mejores condiciones; y las empresas, perfiles mejor preparados para afrontar los retos de su actividad. La clave estará en que la flexibilidad no diluya la exigencia y en que la colaboración no se quede en una declaración de intenciones.

Si perteneces a un pueblo originario y buscas apoyo económico para seguir formándote, la Beca Indígena es una oportunidad fantástica para aliviar los gastos escolares. Este beneficio está pensado para que nadie se quede atrás por falta de recursos, permitiendo que los estudiantes mantengan su cultura mientras avanzan en sus estudios académicos.

Para conseguir este apoyo, no basta con tener la voluntad; hay que cumplir ciertos trámites administrativos y estar atento a los plazos. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para navegar el proceso de solicitud sin complicaciones y asegurar tu plaza.

Requisitos fundamentales para acceder

Antes de lanzarte a rellenar formularios, lo primero es asegurar que tú y tu núcleo familiar estéis correctamente registrados en el Registro Social de Hogares. Este paso es innegociable, ya que es la herramienta que utiliza el Estado para validar tu situación socioeconómica.

Si no sabes si ya estáis inscritos, puedes echarle un vistazo rápido en el portal web oficial de registrosocial.gob.cl. Si prefieres el trato humano o tienes problemas con la web, puedes acercarte directamente a la Municipalidad de tu domicilio, independientemente de si el centro educativo donde estudias se encuentra en otra comuna.

Cómo realizar la solicitud paso a paso

Una vez que el tema del registro social esté solventado, el siguiente movimiento es entrar en el Portal de Becas de Junaeb. Todo el proceso se gestiona de manera digital a través de su formulario online, lo que hace que el trámite sea bastante más ágil.

Es vital que anotes las fechas en el calendario. Por lo general, el periodo de postulación y renovación se abre el 1 de diciembre y cierra el 31 de enero, aunque a veces dan un respiro extra hasta el 4 de febrero. No lo dejes para el último minuto porque las webs suelen colapsar.

Un detalle fundamental: asegúrate de proporcionar un correo electrónico personal y válido. Junaeb utiliza este canal para notificarte sobre el estado de tu solicitud, así que revisa la bandeja de entrada y la carpeta de spam con frecuencia para que no se te pase ninguna noticia importante.

¿Quiénes deben postular de nuevo?

No todo el mundo tiene que hacer el trámite cada año, pero hay excepciones clave. Aquellos alumnos que ya gozaban de la beca el curso anterior pero que ahora saltan a un nuevo nivel educativo deben volver a inscribirse obligatoriamente.

Esto aplica específicamente para quienes terminan la Enseñanza Básica y entran en la Enseñanza Media, así como para los que finalizan la secundaria y comienzan su etapa en la Educación Superior. En estos casos, el sistema requiere una nueva validación de tu situación.

Qué hacer si interrumpes tus estudios

La vida da vueltas y puede que, por diversas razones, no puedas continuar con tus clases regulares. Si esto sucede y cumples con los requisitos, tienes la opción de solicitar la suspensión de la beca para no perder el beneficio definitivamente.

Para ello, debes descargar el anexo denominado Solicitud de suspensión desde el portal de becas, completarlo con las fechas exactas de inicio y término de tu pausa académica y subirlo nuevamente a la plataforma. También tienes la alternativa de entregarlo físicamente en la Dirección Regional o Oficina Provincial de Junaeb, o en tu municipalidad.

Si Junaeb acepta tu petición, tu cupo quedará guardado para el siguiente proceso de renovación. Mucho ojo con esto: si no avisas que has dejado de estudiar y sigues cobrando el dinero, estarás cometiendo una irregularidad y tendrás que devolver cada céntimo recibido indebidamente.

Para obtener esta ayuda es imprescindible estar en el Registro Social de Hogares, realizar la inscripción online en el portal de Junaeb durante los plazos establecidos y mantener actualizados los datos de contacto para gestionar correctamente tanto la renovación como cualquier posible suspensión de los estudios.

El último tramo de la etapa preuniversitaria se ha llenado de propuestas que salen del aula. Universidades e instituciones de distintas zonas de España organizan torneos, certámenes y premios para que los estudiantes de Bachillerato pisen el campus, conozcan instalaciones y prueben habilidades que luego les van a hacer falta en sus estudios superiores.

No se trata de actividades decorativas ni de simple entretenimiento. Detrás de estas convocatorias hay un objetivo bastante práctico: acercar la vida universitaria y el mundo profesional a unos chavales que están a punto de tomar decisiones sobre su futuro. La fórmula varía, pero el fondo se repite: participación, convivencia y aprendizaje fuera del horario lectivo.

Deporte para conocer el campus

Una de las vías más visibles son los encuentros deportivos. En las instalaciones de un campus universitario se han reunido grupos de distintos centros para competir en modalidades tan variadas como bádminton, fútbol 7, pádel, tenis de mesa o vóley arena. La idea es que los participantes descubran deportes populares y otros menos habituales, sin perder el carácter recreativo de la jornada.

Entre partidos y actividades, los estudiantes tienen ocasión de ver de cerca aulas, cafeterías, zonas comunes y equipamientos deportivos. Es una manera de romper la distancia entre el instituto y la universidad y de presentar hábitos saludables como parte normal de la vida académica, no como un extra aislado.

Oratoria y debate en sede institucional

El debate se ha convertido en otro de los grandes reclamos. Hay finales que se disputan en salones institucionales y que obligan a los equipos a preparar temas de actualidad con cierta profundidad. Un ejemplo reciente fue una pregunta sobre la eficacia de las políticas ambientales europeas, que los participantes tuvieron que defender desde posturas sorteadas minutos antes de empezar.

Premios para despertar vocaciones investigadoras

Otra pata de estas iniciativas son los premios a trabajos de investigación. Facultades y departamentos convocan certámenes para reconocer proyectos de Bachillerato en áreas como Economía, Empresa y Sociología. Los estudiantes presentan estudios sobre temas cercanos, desde la precariedad laboral hasta la privacidad digital o la evolución de la violencia de género.

Estos galardones suelen incluir pequeñas dotaciones económicas o tarjetas regalo, pero el valor principal está en el proceso: aprender a investigar, citar, analizar datos y exponer conclusiones. Para el profesorado que acompaña los proyectos, también supone un reconocimiento a la excelencia académica y al trabajo conjunto entre estudiantes y docentes.

Competencias que también cuenta la universidad

Aunque cada actividad tenga su propio formato, todas comparten una idea: medir lo que se aprende fuera del examen. Hablar en público, cooperar, analizar información, argumentar o mantener una rutina saludable son competencias transversales que las universidades valoran y que el alumnado puede empezar a entrenar antes de matricularse.

También hay un componente de orientación. Ver un campus lleno de estudiantes, asistir a una final en una sala institucional o recibir un premio en una facultad ayuda a hacer tangible una etapa que muchas veces se percibe lejana. No resuelve todas las dudas, pero sí pone nombre y cara a lo que viene después.

La mezcla de deporte, oratoria e investigación deja un mapa bastante claro: el Bachillerato ya no se limita a preparar la selectividad. Las universidades y las instituciones están abriendo sus puertas con propuestas que buscan alumnos más autónomos, con criterio y acostumbrados a trabajar en equipo. Si la participación se mantiene y las convocatorias llegan a centros muy distintos, estas actividades pueden convertirse en una pieza estable del paso hacia la educación superior.

La Consejería andaluza ha llevado a la reunión con los sindicatos una primera relación de especialidades que quiere incluir en las oposiciones docentes. Se trata de una previsión todavía sin carácter definitivo, ya que la convocatoria oficial no ha visto la luz y el reparto de plazas por materia sigue en el aire.

El documento se centra en cuatro cuerpos: Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Las cifras finales no están cerradas y dependerán de la oferta de empleo público y de las jubilaciones que se incorporen al proceso.

Maestros: todas las especialidades y un suelo de 800 plazas

En el cuerpo de Maestros, la intención es convocar todas las especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera en Inglés y Francés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Esa lista coincide con la que se ha venido manejando en los últimos encuentros y no deja fuera ninguna de las materias clásicas.

Para este cuerpo se habla de al menos 800 plazas aseguradas procedentes de la oferta de empleo anterior. La cantidad definitiva podría subir, pero el desglose por especialidad aún no se ha concretado y conviene tomar el dato con cautela hasta que se publique el decreto correspondiente.

También hay previsiones para Música y Artes Escénicas. En la parte instrumental y musical aparecen Arpa, Clarinete, Trompeta, Fagot, Viola, Viola da Gamba, Flamenco, Dicción y Expresión Oral, Literatura Dramática y Expresión Corporal. En artes escénicas se incluyen Indumentaria, Estética e Historia del Arte, Interpretación en el Teatro del Texto y Técnicas Gráficas para la Escena.

Secundaria: materias previstas y la sombra de Geografía e Historia

En Secundaria, la relación incluye Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés, Griego, Latín y Alemán, además de materias de Formación Profesional como Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos y Productos en Madera y Mueble, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y Sistemas y Aplicaciones Informáticas. No se descarta añadir Navegación e Instalaciones Marinas, aunque esa posibilidad todavía no está confirmada.

El punto más delicado es la ausencia de Geografía e Historia. La especialidad no figura en la previsión que se ha trasladado a los sindicatos, lo que ha generado malestar entre aspirantes y docentes. No es la primera vez que queda fuera, y esa circunstancia añade presión a un proceso que todavía no tiene calendario cerrado.

En Artes Plásticas y Diseño se prevén especialidades como Bordado y Encaje, Fotografía y procesos de reproducción, Moldes y Reproducciones, Talla en Piedra y Madera, Técnicas Cerámicas, Técnicas de Grabado y Estampación y Técnicas de Patronaje y Confección. Son materias con un número reducido de plazas en comparación con las áreas más demandadas, pero forman parte del mapa que la Administración quiere llevar a la convocatoria.

La fotografía que deja este primer borrador es la de unas oposiciones amplias en Maestros, con todas sus especialidades y un suelo de 800 plazas, y una Secundaria que mantiene una nómina extensa de materias pero deja fuera Geografía e Historia. Todo ello sigue pendiente de la convocatoria oficial, del reparto definitivo de vacantes y de las fechas, así que la última palabra aún no está escrita.

La criminología aplicada a la seguridad urbana ha vuelto a colocarse en el centro de un debate que interesa a municipios de toda España. Adrián Jiménez Ribera, profesor de la Universidad Católica de Valencia, y José Martínez Espasa, comisario jefe de la Policía Local de Gandía, presentaron una obra que aborda cómo prevenir y gestionar alteraciones del orden público. La cita sirvió para poner sobre la mesa una idea incómoda: la planificación urbana y policial no siempre va al mismo ritmo que los problemas de convivencia.

El punto de partida es claro. La disciplina criminológica no solo estudia el delito, sus autores y las circunstancias que lo rodean; también puede ayudar a anticipar reacciones violentas y diseñar respuestas proporcionadas. Esa doble utilidad, más teórica en unos casos y muy práctica en otros, explica por qué la seguridad urbana exige algo más que presencia policial cuando se producen episodios de tensión callejera.

Alertas en redes y previsión de disturbios

Uno de los asuntos que más atención recibió fue la capacidad de prever disturbios. Jiménez Ribera sostuvo que las fuerzas de seguridad españolas carecen de planes específicos para afrontar situaciones de violencia callejera como las registradas en Barcelona y Bilbao. A su juicio, una crisis de la magnitud de la vivida en Francia pillaría al país con escasa preparación, lo que dejaría a la población y a los servicios públicos en una posición vulnerable.

Sin embargo, el propio experto recordó que ya existen herramientas criminológicas para trabajar en ese terreno. El análisis de mensajes de odio en plataformas sociales permite calcular el grado de peligrosidad de una reacción entre colectivos agitadores y anticipar cómo puede responder la población. De hecho, en Barcelona los servicios de inteligencia lanzaron una alerta dos días antes de los sucesos, advirtiendo de que la situación iba a ser delicada. Es decir, el problema no radica tanto en detectar señales como en convertir esas señales en decisiones operativas.

Del ciberespacio a la calle

José Martínez Espasa puso el acento en que el mundo digital debe entenderse como parte del escenario urbano. Las policías vigilan de forma constante la radicalización violenta en Internet, pero las ciudades también tienen que adelantarse. El panorama de la ciberseguridad y sus retos ya no es un añadido a la seguridad ciudadana, sino un terreno que condiciona la prevención y la respuesta ante concentraciones conflictivas.

En esa línea, el comisario defendió combinar videovigilancia, labor policial y colaboración vecinal. Una ciudad cohesionada, dijo, está en mejores condiciones de superar episodios graves de alteración del orden y de reducir su impacto posterior. También animó a avisar a la policía cuando se reciba un mensaje privado por WhatsApp, TikTok u otra red social que pueda estar relacionado con una quedada para provocar disturbios o con la organización de una acción violenta. Esa información, en ocasiones, llega por canales a los que la policía no accede con facilidad.

Un enfoque que desborda a la policía

El diagnóstico de Jiménez Ribera apunta a una dificultad de fondo: aunque ciertos altercados masivos pueden preverse, faltan los pasos siguientes. No basta con identificar el riesgo; hay que planificar cómo se gestiona la crisis. La seguridad, en su opinión, está demasiado delegada en los cuerpos policiales, que tienen limitaciones y no siempre pueden reaccionar con la rapidez necesaria. Por eso reclama un planteamiento integral en el que entren también el sector privado, los comercios y otros actores urbanos.

El primer paso sería hacer un diagnóstico ajustado a cada municipio. España, advirtió, tiende a copiar soluciones de otros lugares sin comprobar si encajan con las circunstancias locales. Antes de aplicar un modelo importado conviene saber qué ocurre en cada ciudad, qué recursos hay, cuáles son las prioridades y qué margen real existe. Después toca preguntarse qué ha funcionado fuera y por qué, y si ese éxito sería trasladable o necesitaría adaptaciones.

Recursos limitados y respuesta local

Cuando la plantilla policial es escasa, el profesor plantea fórmulas de cooperación entre municipios, apoyos temporales y pequeños intercambios para cubrir necesidades excepcionales. El problema es que el modelo actual de seguridad en España se apoya más en reaccionar que en planificar. Algunas ciudades cuentan con planes e iniciativas, pero en localidades medianas o pequeñas suelen faltar recursos y la gestión diaria acaba dependiendo de la experiencia, la intuición y la respuesta sobre la marcha.

Martínez Espasa añadió que la prevención seria exige trabajar la exclusión social y la frustración juvenil. Muchos jóvenes que participan en altercados masivos no actúan por una única causa. Es necesario indagar en sus motivaciones: económicas, sociales, de barrio o de otro tipo. La base educativa resulta fundamental, pero también la formación de quienes ya han dejado la edad escolar. La formación profesional, ocupacional y en valores democráticos puede ayudar a que personas agraviadas con la sociedad se sientan más integradas y no respondan con violencia.

Evaluar sin copiar recetas

La propuesta no termina en la intervención policial. Implica medir si las medidas aplicadas han servido y corregir lo que no funcione. Sin evaluación, las ciudades repiten actuaciones por costumbre o por imitación, sin saber si realmente reducen el riesgo. Tampoco se trata de convertir cada municipio en un laboratorio, sino de aprovechar lo aprendido y adaptarlo a la escala y a los medios disponibles.

El reto, en definitiva, es pasar de una seguridad que llega tarde a otra que intenta leer el contexto antes de que estalle el conflicto. Eso implica observar redes, escuchar a la ciudadanía, coordinar administraciones y atender las causas sociales que alimentan la tensión. La criminología, en este marco, no funciona como una receta mágica, sino como una caja de herramientas para entender y prevenir el delito y sus derivadas urbanas.

Prever no equivale a resolver. La experiencia de Barcelona, las advertencias sobre una crisis grave y la falta de planes en municipios pequeños muestran que la seguridad urbana necesita diagnóstico, cooperación, tecnología, trabajo social y evaluación. La criminología aporta criterios para ordenar ese rompecabezas, pero su utilidad depende de que las administraciones pasen de la improvisación a una planificación sostenida y comprobable.

Si eres un profesional peruano con un expediente académico brillante pero sientes que el bolsillo no te acompaña para dar el salto a un posgrado internacional, presta mucha atención. Existe una oportunidad llamada Beca Bicentenario, diseñada específicamente para que el talento no se quede en el camino por falta de pasta y pueda transformarse en un motor de cambio para el país.

Lo más chulo de este programa es que rompe con muchos de los moldes tradicionales de las ayudas al estudio. No importa cuántas velas hayas soplado en tu último cumpleaños, ya que no existe un límite de edad para presentarse, abriendo la puerta a cualquier experto que quiera seguir formándose en las mejores universidades del mundo.

¿En qué consiste realmente esta ayuda?

Básicamente, es una inversión del Estado en su capital humano. El objetivo es captar a personas con un rendimiento académico sobresaliente que, debido a sus limitados recursos económicos, no podrían costearse una maestría o un doctorado en el extranjero. La idea es que, una vez que vuelvan con todo ese conocimiento bajo el brazo, busquen la manera de generar oportunidades de desarrollo reales para el Perú.

Requisitos y perfil del candidato

Para entrar en el juego, no basta con tener ganas; hay que demostrar que se es un fuera de serie en los estudios. El programa busca perfiles que hayan destacado en su formación previa y que tengan una vocación clara de servicio hacia su nación. Es fundamental que el candidato pueda justificar que sus ingresos no son suficientes para afrontar los costes de una vida universitaria en otro país.

• Poseer un título profesional reconocido.
• Haber mantenido un promedio académico elevado durante la carrera.
• Tener la capacidad de adaptarse a entornos internacionales exigentes.

Gestión de la solicitud y tiempos

Si te animas a probar suerte, es vital que estés muy pendiente de los canales oficiales de PRONABEC. Allí es donde se publican las convocatorias, los plazos de entrega de los papeles y los formularios de solicitud. No te duermas en los laureles, porque los tiempos de postulación suelen ser estrictos y cualquier error en la documentación podría dejarte fuera de la partida.

El proceso implica una revisión exhaustiva de los méritos y una validación de la situación económica del solicitante. Una vez superadas estas etapas, los seleccionados podrán acceder a una financiación que cubre gran parte de los gastos de manutención y matrícula en instituciones de prestigio global.

Esta iniciativa representa un puente dorado para aquellos académicos que quieren alcanzar la excelencia sin que el dinero sea un impedimento, permitiendo que profesionales de cualquier edad regresen al Perú para impulsar la innovación y el progreso social y técnico del país.

La formación de conductores profesionales afronta una vuelta de tuerca en el control de la asistencia a los cursos CAP. Los centros homologados no solo tienen que impartir la enseñanza, sino que deben dejar constancia de que el alumno ha estado donde tenía que estar, tanto en clase presencial como en aula virtual o a bordo de un vehículo.

La nueva resolución destinada a los centros de formación concreta cómo deben ser los sistemas de control de acceso, cómo guardar la información y de qué manera remitirla a los servicios de inspección. El objetivo es que la administración pueda comprobar con claridad quién ha realizado cada período formativo y que no haya zonas grises en la trazabilidad de los fichajes.

Registro diario y datos que debe contener cada curso

Los sistemas tienen que garantizar el registro diario de la jornada formativa de cada alumno. Ese registro debe incluir la hora concreta de inicio y finalización de cada período dentro de la jornada, se imparta la formación en aula, en aula virtual o en un vehículo. No basta con anotar la presencia del día: hay que reflejar los tramos horarios efectivos.

Los fichajes individuales deben agruparse por el curso al que asista cada persona. Para cada curso, el centro debe consignar el identificador del centro, el código del curso, las fechas y horas de inicio y fin de cada período lectivo y la identificación del alumno. Esa estructura permite ordenar la información y evita que los registros queden como un montón de datos sueltos.

Envío automático y conservación de los registros

Cuando el centro utilice un sistema informático, este debe poder generar de forma automática un fichero de registro de asistencia para remitirlo a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril. La resolución precisa también cómo almacenar y remitir esa información a los servicios de inspección, de modo que el procedimiento sea homogéneo y verificable.

Los registros de cada sesión deben conservarse durante dos años y permanecer a disposición de los Servicios de Inspección de Transporte. Durante ese tiempo, los centros tienen que poder mostrar los fichajes y los datos de los cursos impartidos, algo especialmente relevante en un ámbito donde la asistencia efectiva forma parte de la propia validez de la formación.

Presencial, aula virtual y formación a bordo

Las exigencias no se limitan a las clases tradicionales. La resolución las extiende a la formación impartida presencialmente en aula, mediante aula virtual o a bordo de un vehículo. En cualquiera de esos formatos, el centro debe poder acreditar el paso de cada alumno por los períodos formativos y mantener la coherencia entre el curso y sus fichajes.

El marco también busca facilitar la labor de control a la inspección. Por eso, los registros deben estar organizados por curso y vinculados a la identificación del alumno y del centro, de manera que se pueda contrastar la actividad formativa real con la documentación disponible. La idea es que el sistema no dependa de anotaciones dispersas ni de comprobaciones improvisadas.

Qué supone para los centros CAP

Para los centros homologados, el cambio implica revisar sus métodos de fichaje y asegurarse de que la información se genera, se guarda y se remite con garantías. No vale con tener un listado de firmas o un control interno si luego no se puede exportar, ordenar y poner a disposición de la inspección en las condiciones exigidas.

La resolución afecta a la formación de conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y refuerza la necesidad de que los centros mantengan un control documental constante. En la práctica, el alumno debe quedar identificado en cada curso y cada jornada, y el centro debe conservar esa huella administrativa durante el plazo previsto.

El nuevo esquema pone el acento en la fiabilidad de los registros y en la conservación de la información durante dos años. Los centros CAP tendrán que alinear sus sistemas con unas exigencias comunes, ordenar los fichajes por curso y asegurar que la inspección puede consultar los datos sin dificultades, también cuando la formación se desarrolla en aula virtual o a bordo de un vehículo.

El proceso de promoción interna para acceder a plazas de arquitectura en la Administración aragonesa avanza con dos trámites que interesan de lleno a las personas aspirantes. Por un lado, ya se conoce quiénes formarán parte del tribunal que evaluará las pruebas; por otro, se ha publicado la relación provisional de admitidos y excluidos. Son dos pasos que permiten hacerse una idea más clara de cómo va a desarrollarse la selección.

La convocatoria se enmarca en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de la escala de arquitectura, y se dirige a quienes buscan promocionar por la vía interna. La información disponible afecta tanto a la organización de las pruebas como a la comprobación de que cada solicitud ha quedado correctamente registrada.

Tribunal para las pruebas de promoción interna

La Dirección General de Función Pública ha cerrado la designación del órgano que valorará el proceso selectivo. En total, diez personas, entre titulares y suplentes, asumirán la tarea de evaluar a quienes optan a las plazas de arquitectura por promoción interna. La resolución oficial deja así resuelto un punto clave para el desarrollo de las pruebas.

El tribunal tendrá que encargarse de las distintas fases de evaluación y de velar por el correcto funcionamiento de un proceso que busca cubrir vacantes en la escala de arquitectura. La designación de sus integrantes supone un avance relevante, aunque todavía quedan pasos hasta la resolución final. Para los aspirantes, conocer los nombres del tribunal ayuda a saber quién estará al frente de las pruebas.

Lista provisional de admitidos y excluidos

La otra novedad destacada es la publicación de la relación provisional de personas admitidas y excluidas. Este listado permite comprobar si la solicitud ha sido aceptada o si, por el contrario, figura alguna incidencia. Se trata de un trámite habitual en este tipo de convocatorias y conviene revisarlo con atención para no dejar pasar posibles errores.

La lista provisional corresponde al proceso de promoción interna para arquitectos en la Administración aragonesa y se suma a la designación del tribunal ya conocida. Quienes participan en la convocatoria deben comprobar sus datos y, en caso de detectar alguna discrepancia, actuar dentro del plazo previsto. Es un paso administrativo, pero puede resultar decisivo para seguir adelante en la selección.

Con el tribunal ya designado y la lista provisional sobre la mesa, el proceso de promoción interna para arquitectos en Aragón entra en una fase de comprobación y preparación. Las personas interesadas tienen ante sí un escenario más definido: por un lado, saben quién evaluará las pruebas; por otro, pueden verificar su situación en la relación de admitidos y excluidos. Todo apunta a que las siguientes actuaciones estarán centradas en resolver incidencias y en avanzar hacia la celebración de las pruebas.