Nos alegran los aumentos, pero creemos que son insuficientes y por eso decimos que en el Congreso seguiremos adelante con el proyecto de ley para llevar las jubilaciones básicas al 82 % del salario mínimo. Esto es porque, a pesar de los anuncios, los jubilados siguen siendo perjudicados por la inflación que el gobierno se empecina en negar.

Les dan aumentos a los jubilados, y les quitan poder adquisitivo con una inflación de alimentos que ronda el 30 % anual. Creemos que una ley debe establecer la actualización de haberes y su financiación, para no dejarlo librado a la buena voluntad del poder de turno.

En buena hora el Ejecutivo ha modificado su actitud inicial con jubilaciones y asignación por hijo. Hace más de un mes presentamos un proyecto de Ley con la diputada Graciela Camaño para actualizar la Asignación a $ 250, dándole movilidad, y ampliándola a 7 hijos y a los hijos de los monotributistas de la primera categoría. Como viene ocurriendo en el pasado, el Gobierno reacciona tomando los planteos opositores, luego de criticarlos.

La Presidenta afirma que el gobierno ha puesto el piso de seguridad social más amplio de Latinoamérica. Me permito marcar que también tenemos la inflación más elevada de la región, que perjudica especialmente a familias humildes. Y esto mientras han fracasado en reducir trabajo en negro (cerca 40 %), fuente central que explica el mantenimiento de niveles elevados de pobreza.

“Que el gobernador se ponga de acuerdo con sí mismo. Un día habla y pide públicamente que presentemos propuestas superadoras. Le respondo poniendo a su disposición nuestros planes, proyectos, ideas y a nuestros equipos técnicos. Entonces lo rechaza y manda a sus funcionarios a descalificar”.

“Hace lo mismo que hizo cuando perdió las elecciones y nos convocó al diálogo para hacerle creer a la gente que era más civilizado que los Kirchner. Pero en vez de un diálogo serio fue una maniobra de distracción para disimular la paliza que les había dado el electorado. Nunca leyeron las propuestas ni nos volvieron a convocar, como tampoco supieron leer la derrota en las urnas ni saben leer las demandas de millones de bonaerenses abandonados por el Estado”.

“Estoy cansado de que los empleados de Scioli digan que no tenemos planes. Muchos de nuestros planes fueron puestos a disposición de su Gobierno y muchos proyectos fueron presentados en el Congreso nacional y la Legislatura bonaerense. Pero ellos ni los leyeron ni les interesa porque no les importa la Provincia, sus problemas ni su gente. Sólo les importa congraciarse ante los Kirchner, que son sus patrones, los que les manejan la política y la caja”.

“Para que no pregunten más cuál es mi plan, a Scioli y a sus funcionarios les digo: Mi plan es gobernar bien para que los bonaerenses dejen de ser tratados como clientela y pasen a ser respetados como ciudadanos. Y que a Buenos Aires se la mire como la Gran Provincia Argentina que es y no como un padrón electoral manejado desde la Casa Rosada”.

“Scioli tiene mis equipos para trabajar para la Provincia, pero si no quiere que sus funcionarios trabajen y quiere que debatan también los tiene para debatir”.

“A la gente le comunico que todos nuestros proyectos, planes y propuestas pueden ser leídos en nuestras páginas de Internet www.franciscodenarvaez.com y www.mibancavirtual.com“.

No se trata de una alianza ni de una propuesta electoral conjunta, sino de articular los ejes para el desarrollo de la Argentina: acuerdos básicos sobre qué rumbo deberían tomar el país en materia de combate contra el narcotráfico, la inseguridad, cómo debe ser la política social, la educación, la salud, la producción y las relaciones exteriores. Debemos trabajar en acuerdos políticos e institucionales básicos, y estar dispuestos a gobernar con los mejores, para que estas ideas se conviertan en realidades.

Proponemos esto con el compromiso de que ese entendimiento sea respetado a la hora de gobernar, sea quien fuere el elegido por la ciudadanía en 2011. Ya hemos demostrado en la Cámara de Diputados que hay otra forma de recorrer este camino, basándose en las ideas y los consensos.

Nos moviliza la búsqueda de coincidencias. No es momento de hablar de candidaturas, sino de buscar consensos en torno a cómo resolver los problemas de la gente. Pongamos fin a las mezquindades que ubican a las ambiciones de poder por encima de las urgencias de nuestra sociedad.

De Narváez respondió de esta manera al mandatario bonaerense, quien el sábado dijo que esperaba que los dirigentes “pongan el esfuerzo en propuestas superadoras”.

“Nuestra preocupación es mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, combatir la inseguridad y el narcotráfico; luchar contra la pobreza creciente; mejorar la infraestructura de la Provincia. Están mis equipos a disposición para aportar nuestros planes a sus funcionarios pero si usted necesita hacerlos debatir en vez de ponerlos a trabajar, mis equipos van a debatir”, señaló el diputado nacional del peronismo federal en alusión al gobernador.

El dirigente opositor también dijo que podía enviar a los funcionarios bonaerenses sus 221 proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación (41 proyectos de ley) o los 8 proyectos presentados en el último año en la Legislatura bonaerense sobre seguridad y justicia. “También le podemos remitir la ley de emergencia agropecuaria votada por el Congreso y vetada por el Gobierno Nacional, que beneficiaba a la Provincia”, abundó.

“Nosotros trabajamos en el ámbito parlamentario, que es el lugar que nos dio la ciudadanía en la última elección. Pero Scioli ya está en el gobierno y su función es poner en práctica todas las herramientas que tenga a mano para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, señaló De Narváez.

“Por eso –agregó-, si el gobernador necesita planes, ideas o propuestas, pongo a su disposición nuestros equipos. Y si lo que quiere es debatir, también. Nosotros nos preparamos para gobernar bien y sin improvisaciones”, remarcó.

Recordó que “en 2009, después de perder la elección, nos convocaron a dialogar. Fuimos y llevamos nuestras propuestas. Se comprometieron a crear comisiones de trabajo y dijeron que nos llamarían, pero no lo hicieron”, recordó finalmente.

“En ocasiones, Scioli es obligado a inaugurar hasta cinco veces una obra que después el gobierno nacional no termina. Inaugura la presentación del proyecto, inaugura el cartel, inaugura el comienzo de la obra. Después, quien decide en la provincia es Kirchner y no el gobernador”, comentó De Narváez en respuesta a declaraciones del mandatario bonaerense.

“Lo que crece en la Provincia es la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza y la mortalidad infantil. Los hospitales están colapsados, no hay obras de infraestructura en el interior y en el conurbano sólo aumentan los asentamientos precarios y villas de emergencia, sin calles, sin agua potable, cloacas ni otros servicios esenciales. ¿Cuál es el trabajo de equipo del que habla Scioli? Si ni siquiera puede garantizar que los hogares más pobres tengan una garrafa de gas en pleno invierno”, señaló el diputado peronista federal.

Comentó luego que a Scioli “le impusieron ser gobernador de Buenos Aires cuando en verdad él se preparaba para ser jefe de Gobierno de la Ciudad; entonces no entiende la Provincia y deja que se la gobiernen los Kirchner”.

“Nosotros creemos que hay que terminar con la improvisación en la política, por eso estamos trabajando con equipos técnicos y políticos para gobernar bien. No se puede llegar al gobierno sin saber qué es lo que se va a hacer, ni cómo, ni con quién”, explicó De Narváez.

El dirigente opositor también apuntó que “la falta de soberanía política e independencia económica le cuesta a la Provincia 17.500 millones de pesos anuales, que les corresponden a los bonaerenses y Scioli tiene miedo de reclamarlos. Mientras, el déficit ronda los 7.000 millones y las obras que se deciden en la Casa Rosada y no en La Plata son para la compra de voluntades a cambio del dinero que manda la Nación como si fuera una dádiva”, aseveró.

En los hechos, sólo se inspeccionaron un 29 % de las industrias radicadas en la cuenca, no hay mediciones del aire, no hay metas para reducir el vertido de líquidos contaminantes, y no se ha implementado un sistema de información para el ciudadano (como pidió la Corte).

Según el último informe presentado por ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) en dos años se removieron sólo el 50% de los barcos hundidos; sólo se inició el saneamiento del 15 % de los más de 230 basurales existentes en la cuenca; se inspeccionaron sólo el 30% de las industrias instaladas en la zona (encontrando 79 contaminantes). No se concretó un plan integral de tratamiento de los residuos ni se tomaron medidas para relocalizar a las personas que viven en basurales.

Hay casi un millón de hogares ubicados alrededor del río, que están en riesgo. El 55% de ellos no tiene cloacas y el 35% no posee agua potable, lo cual aumenta aún más el riesgo de deterioro en la salud. Las enfermedades afectan particularmente a los chicos; el índice de mortalidad infantil en la zona (14,3) está 2 puntos por encima del índice provincial (12,3).

No desaprovechemos la oportunidad histórica que abrió, con su fallo, la Corte Suprema de Justicia. Es imperioso mejorar la calidad de vida de las miles de familias que sufren la contaminación. Es tiempo de comenzar a trabajar en planes concretos e iniciar una Política de Estado para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo.

El acceso de las viviendas a la red cloacal es en Olavarría del 44%, por debajo del promedio provincial (52%). En cuanto al servicio de agua corriente, este llega al 70% de las viviendas, 5 puntos por debajo del promedio provincial. En Azul, el déficit habitacional es de unas 2000/3000 viviendas; del Plan Federal de Viviendas II se anunciaron 600 y todavía no se construyó ninguna. Por eso he dicho que “Scioli le ha entregado el gobierno de la provincia a los Kirchner, mientras gasta un millón de pesos por día en publicidad de cosas que no hace y no resuelve los problemas de la gente”.

Olavarría es el mayor partido ganadero de la provincia, con 675.000 cabezas de ganado bovino. Produce también aproximadamente 250.000 toneladas de cereales.

Azul, por su parte, es una localidad agrícola-ganadera con importante presencia de agroindustria y turismo. El importante crecimiento que ha vivido de la mano del campo durante la última década hace altamente necesaria la construcción de la Autovía 3 hasta el km 300.

De los $20.723 millones que recaudó el gobierno nacional en concepto de retenciones a las exportaciones en el 1° semestre de 2010, solamente se han coparticipado $606 millones a la PBA (2,9%), a través del Fondo Federal Solidario. De ellos, la Provincia transfirió al Municipio de Olavarría $2,3 millones y a Azul 1,7 millones.

Por esto sostengo que es hora de revisar la política de retenciones, recuperando el Congreso la indelegable facultad de fijarlas. Esto explica que promovamos la eliminación inmediata para algunos cultivos (trigo, maíz, regionales) y la reducción gradual de alícuotas para otros (soja), en un marco de solvencia fiscal. En las condiciones productivas de hoy, los actuales niveles de retenciones son insostenibles. Debemos sustituir progresivamente este tributo distorsivo, que castiga la producción, por el impuesto a las ganancias, que se coparticipa a las provincias, y el que más gana, más paga.

Por otro lado, debemos redefinir las funciones y atribuciones de la ONCCA, la cual deberá limitarse a cumplir, estrictamente, las funciones de control para las cuales fuera originalmente creada y dejar de ser un instrumento para castigar la producción. En este sentido, proponemos derogar todas las atribuciones que hoy tiene para intervenir en los mercados, incorporadas a partir de la reforma de 2005, limitando la función al control del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte todos los sectores involucrados en la cadena agroalimentaria.

Consultado por periodistas sobre la situación del jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, antes de iniciar una recorrida por barrios del distrito bonaerense de Vicente López, De Narváez enfatizó que “el camino debe ser el respeto a la Justicia”.

“La descalificación o la especulación política no son caminos que debamos transitar si buscamos la verdad”, sentenció De Narváez, y agregó que “debemos ser responsables y no afectar la independencia de los poderes y las bases del Estado de derecho”.

En ese sentido, explicó: “Debemos ser los máximos defensores del respeto a las instituciones . Es fundamental que tanto el Gobierno de la Ciudad como los bloques opositores también lo hagan”.

“Si las instituciones de la Ciudad Autónoma constituyen una comisión investigadora, nuestros diputados colaborarán en esa circunstancia con el esclarecimiento definitivo, pensando en el honor de las personas y el respeto a los ciudadanos”, consideró luego.

“Creemos y esperamos, por la relación personal y el camino político que recorrimos juntos, que Mauricio va a demostrar su inocencia ante la Justicia”, concluyó De Narváez.

Por un lado la negación sistemática como medio para no encarar el problema: igual que con la inseguridad y la inflación.

Por el otro, negocios poco claros: desde la crisis de 2001 hay emergencia económica: el gobierno fija las tarifas y debe rediscutir los contratos con las prestadoras privadas de servicios públicos.

Con las tarifas han hecho un mamarracho: subsidian a sectores pudientes, que no deben tener subsidios, y desprotegen a los pobres, que sí deben tener subsidios. Pero desfinancian a las empresas como a Metrogas y Transportadora de Gas del Norte. Luego las intervienen para cuando las empresas se presentan en convocatoria, terminen finalmente en manos de grupos económicos amigos de los Kirchner.

Esta crisis está provocada por los Kirchner y sus políticas y es usada por ellos para beneficiar, otra vez, a sus empresarios amigos. Más de lo mismo. Para la gente, los problemas: cortes, poco gas en las hornallas, garrafas a precio oficial muy escasas, colas para nafta, gasoil con cuentagotas. ¿Hasta cuándo?