Gonzalo Casanova Ferro

Turismo: El camino de la discapacidad a la accesibilidad

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Wed, 16 Mar 2011 12:52:00 +0000

0.- Marco Conceptual

El presente trabajo tiene por objeto explicitar a modo de resumen y dentro del amplio régimen regulatorio que considera a las personas con discapacidad, cuales son las normas que de modo directo o indirecto cruzan los ejes vinculados al ejercicio turístico revelando su grado de articulación con la integralidad del sistema para verificar así hasta donde las reglas legales pueden ser consideradas suficientes o bien merecen alguna rectificación o profundización según el caso.

Para ello partimos de la conceptualización de la temática no sin antes advertir que para entender cabalmente el universo de aspectos que componen la materia sería necesario considerar otros niveles más allá de los jurídicos (el rol de las ong, la cuantificación de las personas con discapacidad, algunos aspectos clínicos e institucionales, etc.) que deliberadamente nos salteamos para abocarnos a lo estrictamente normativo, sin perjuicio de soslayar algunos aspectos del régimen previsional o cuestiones que coadyuvan al sistema sin ser parte de su núcleo central. Para ello es necesario recorrer el espinel legal que compone el sistema de integración de personas con necesidades especiales haciendo hincapié en su base constitucional. Luego describimos las referencias específicas de las normas de Turismo para desde allí plantearnos arribar a alguna conclusión que sirva para reflejar los esfuerzos actuales y permita seguir perfeccionando el modelo de integración que la sociedad debe a todos sus ciudadanos.

La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) órgano consultivo de Naciones Unidas, en la Asamblea General celebrada en Manila, el 27 de septiembre de 1980, recogió el derecho al turismo con las mejores condiciones de acceso y sin discriminación, tras afirmar en su punto 4to. que: “el derecho a la utilización del tiempo libre y en particular, el derecho de acceso a las vacaciones y a la libertad de viajar y de turismo, consecuencia natural del derecho al trabajo, son reconocidos como elementos de expansión de la persona humana por la Declaración Universal de los DD.HH., como también por la legislación de una gran cantidad de países. Esto significa para la sociedad, el deber de crear, para el conjunto de ciudadanos, las mejores condiciones prácticas de acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividades. Un esfuerzo de este tipo, debe ser concebido en armonía con las prioridades, instituciones y tradiciones de cada país en particular.” Y esta fue la primera vez que a nivel internacional se asoció el término turismo al de accesibilidad.

Al hablar de discapacidad en Argentina debemos remitirnos al art 2 de la ley 22.431: “se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.” Por su parte el artículo 1ro. de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad: “discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.” Y finalmente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad resume que: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

Adviértase que si bien las definiciones son semejantes, no son idénticas: la primera habla en términos de adjetivo: “personas discapacitadas” y las otras en términos de circunstancia “la discapacidad” amen de la sutileza de la temporalidad sin más precisiones y la consideración de las circunstancias personales que incluyen la definición de la Convención.

Y aunque se reconoce a todas las personas el derecho al turismo con las mejores condiciones de acceso y sin discriminación, en la práctica, la existencia de barreras que impiden o limitan el acceso de las personas discapacitadas es una realidad en todos los destinos turísticos.

El discurso dominante que hoy propone políticas inclusivas y de integración ha recorrido un derrotero interesante desde el llamado “Modelo de Rehabilitación” pasando por el vigente “Sistema de Protección integral” hasta el actual “Sistema de Prestaciones Básicas”. En sentido lato: haciendo eje en la persona con discapacidad hasta trasladarlo a la propia sociedad.

En el “Modelo de Rehabilitación” planteado en los años 70 la persona con discapacidad constituía el centro del “problema”; el sujeto era visto como alguien que poseía una anomalía, una desviación que le impedía realizar las actividades que realizaban las personas que, por el contrario si respondían al estándar de “normalidad”; dicho en otros términos la discapacidad oscilaba entre el sustantivo y el adjetivo. Se era discapacitado o minusválido, la discapacidad no constituía parte de una circunstancia sino de una definición muy cercana a la estigmatización.

En una segunda etapa, planteada una década más tarde y por influencia de los organismos internacionales (especialmente Naciones Unidas) se plantea el “Sistema de Protección Integral” donde si bien se sigue partiendo de un criterio “rehabilitador” este centra su acción en la responsabilidad del Estado.

Finalmente y sin resignar la segunda etapa en los 90 se restringe el accionar público y se desplaza la responsabilidad hacia las obras sociales e instituciones de medicina pre paga, estamos entonces frente al “Sistema de Prestaciones Básicas”

Ahora bien; el sector turístico (quizás por su énfasis en los atractivos naturales y culturales y las circunstancias territoriales que les dan continente) a la hora del análisis siempre ha partido de un criterio amplio centrado en el Destino. Y lógicamente para que un destino sea catalogado como accesible, debe abarcar el conjunto de instalaciones y servicios que configuran la oferta turística (agencias de viaje, oficinas de información, alojamientos, medios de transporte, estaciones, puertos, aeropuertos, restaurantes, lugares de ocio, etc.) Requisito éste no siempre reglamentado. O lo que es peor; donde el reflejo coincide con el resto del sistema: las leyes existen pero no se cumplen.

La mera existencia de barreras en una de estas instalaciones ya estaría coartando el acceso de las personas discapacitadas a un destino turístico en igualdad de condiciones. ¿De que sirve que un destino cuente con playas accesibles si no lo son los medios de transporte o los alojamientos que lo integran?

La “accesibilidad” en materia turística puede tener distintas acepciones. El sector puede referirse a ella como el derecho genérico que todo ciudadano posee para disfrutar de su tiempo de ocio o bien como sinónimo de conectividad, es decir de accesibilidad a los destinos o en un sentido meramente económico vinculado a la ecuación costo/beneficio.

Sin embargo la ley nacional de Turismo Nro. 25.997 señala en su artículo 2do. que la “accesibilidad” se relaciona estrictamente con un principio rector que propende “a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades.” Y en este sentido siempre que se comenta este apartado se lo vincula directamente con el artículo 37mo. del mismo cuerpo legal que establece como deber de la autoridad de aplicación (para el caso el actual Ministerio de Turismo) la instrumentación de normativas y procedimientos que tiendan a la efectiva protección de los derechos del turista.

Así planteado lo que llamamos turismo accesible podría definirse como “el complejo de actividades, originadas durante el tiempo libre orientado al turismo y a la recreación activa y pasiva, que posibilitan la plena integración de cualquier persona, más allá de sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, en un ambiente abierto o cerrado, ya sea en un ámbito cultural o disfrutando de la naturaleza” o como lo señala estrictamente la denominada ley de “Turismo Accesible” Ley Nro. 25.643 del 2002 en su art.1ro. : “…es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida.”

Que las personas con algún tipo de discapacidad puedan estar en igualdad de condiciones para el ejercicio de cualquiera de sus derechos es el saneamiento de una brecha que se perfecciona como acto de justicia donde no alcanza con fijar políticas públicas, hace falta la voluntad política y de la conciencia colectiva.

1.- Régimen legal

Como toda enumeración la presente es perfectible y adolece de las omisiones propias de la subjetividad. Sumamos el antecedente de la Ley 20.475 que entendemos hecha luz sobre el enfoque relativamente primitivo del tema; no obstante dejar asentado que si hubiera que remontarse a los antecedentes remotos de la intervención estatal respecto del tema de la discapacidad deberíamos pensar en la sanción de la ley 1666 de 1885 que en su momento fundara el Instituto Nacional de Sordomudos. Descartamos aquí el nivel resolutorio por considerar que excede el objetivo del trabajo y nos centramos en leyes y decretos vinculados estrictamente con el tópico de la discapacidad. Dejando en consideración aparte aquellas normas que se vinculan tangencialmente al tema (Educación Superior, Cheque, Nutrición y alimentación nacional, obras sociales, etc.) En un orden cronológico, se pueden mencionar entonces:

Tipo de Norma Año Tema

Ley Nº 20.475 1973 Previsión Social: Régimen especial para minusválidos.

Ley 22.431 y ley 24.314/94 1981 Sistema de Protección Integral de Discapacitados

Decreto 498 1983 Reglamenta la Ley 22.431

Reforma Constitucional 1994 Inclusión inc. 23 del art. 75

Decreto 762 1997 Decreto Creación del Sistema Único de Prestaciones básicas

Ley 24.901 y Decreto 1193/98 1997 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad .

Ley 25.346 2000 Día Nacional de las Personas con Discapacidad.

Síntesis:

1. Ley Nº 20.475 (1973) Régimen especial para minusválidos

§ Dictada durante la última etapa del gobierno de facto autoproclamado Revolución Argentina, considera “minusválidos”, a los efectos de esta ley, a aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa una disminución mayor del 33%.

§ Establece que los minusválidos afiliados al régimen nacional de previsión, tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 20 años de servicio y 45 años de edad cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia, o 50 años como trabajador autónomo, siempre que acrediten, fehacientemente, que durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica prevista en el artículo 1º.

§ Les reconoce la jubilación por invalidez, en los términos de las leyes 18.037 y 18.038 (XXIX – A, 47, 65) cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les permita desempeñar.

2. Ley 22.431 (1981) y ley 24.314 (1994). Sistema de Protección Integral de Discapacitados.

§ Dictada durante la primera etapa del gobierno de facto autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, crea un Sistema de Protección Integral de las personas discapacitadas, “tendiente a asegurarles su atención médica, su educación y su seguridad social, así como concederles franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales” (Art. 1)

§ Desde entonces hasta el 2011 ha sido modificada o complementada por otras 92 normas. No obstante sus modificaciones más significativas han sido las leyes 24.308 y 24.314 de 1994, la ley 24.901 de 1997 la ley 25.504 del 2001, la ley 25.635 del 2002 y la ley 25.689 del 2003

§ Define la discapacidad tal como lo mencionáramos ut supra. (Art. 2)

§ Establece que el Certificado Único de Discapacidad expedido en principio por el Ministerio de Salud de la Nación, que acreditará en todo el territorio nacional la existencia de la discapacidad, naturaleza y grado, así como las posibilidades de rehabilitación. (Art.3)

§ Considera la prestación por parte del Estado mediante sus organismos, a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de obras sociales, los servicios de rehabilitación integral, formación laboral o profesional, préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual, regímenes diferenciales de seguridad social, escolarización, orientación individual, familiar y social.

§ Establece funciones de implementación al Ministerio de Bienestar Social de la Nación (Art 5)

§ Contratación laboral por parte del Estado en una proporción no menor al 4% (Art. 8)

§ Reemplaza expresamente la expresión “minusválidos” por “discapacitados” (Art. 25)

§ El Capítulo IV sobre Accesibilidad al medio físico, fue modificado por la Ley 24. 314.

3. Decreto 498 (1983) Reglamentación Ley 22.431

§ Dictado en la última etapa del gobierno de facto ya mencionado el decreto supedita la entrega del certificado de discapacidad a la evaluación de una Junta Medica con facultades amplias y delega al Ministerio de Salud la posibilidad de establecer el organismo que expedirá el mencionado certificado. (Art. 3)

§ Impone a los organismos del estado nacional, empresas del estado, etc. la responsabilidad de brindar trabajo a las personas con discapacidad manteniendo el cupo del 4 % (Arts. 8, 9, 11 y 12)

§ Establece, a los efectos de la rehabilitación las prestaciones medico asistenciales básicas. ( Art. 15)

§ Fija a las empresas de transporte de todo tipo, (terrestres, ferroviarias o subterráneas) la obligación de brindar un pasaje gratuito definitivo a quienes cumplan con los requerimientos que exige la ley para dicho trámite. (Art. 20)

§ Determina que en toda obra pública que se destine a actividades que supongan libre acceso deberán preverse medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad; sea que se trate de circulación vertical (rampas, ascensores, etc.) horizontal (pasillos, puertas, etc.) o servicios sanitarios. (Art.22)

4. Reforma Constitucional (1994)

§ Como producto del llamado Pacto de Olivos celebrado en 1993 entre los líderes del partido Radical y el Justicialista fue que el Congreso sancionó la ley 24.309 que a su vez dio forma legislativa al denominado “Núcleo de Coincidencias Básicas”. Este consistía en trece tópicos pétreos por los cuales debió votarse en conjunto y una serie de temas habilitados para el debate de la Convención Constituyente impuestos por ley (cuando la propia Constitución otorgaba a la propia Convención la facultad de determinar el contenido y sentido de las modificaciones). Como tantos otros temas de la época no se discutía la necesidad de la reforma (que finalmente vio la luz en 1994) pero sí el procedimiento para llevarla adelante.

§ Dentro de la parte orgánica de nuestra Constitución y como parte de las competencias del Congreso Nacional el Art. 75 posee tres incisos claramente vinculados a las políticas de derechos humanos: el 22, 23 y 24. El primero otorgando jerarquía constitucional a los tratados de DDHH y el último condicionando la aprobación de los tratados de integración con organismos supraestatales a que se respete el orden democrático y los DDHH. Ahora bien, dos son los verbos empleados en el inc. 23: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

Se plantea aquí un rol estatal como nivelador frente a situaciones de desigualdad; en ambos párrafos la hipótesis es que éste debe proporcionar los medios conducentes a garantizar la igualdad de oportunidades y donde no basta regular sino que además se requiere de medidas pro activas.

§ La jerarquización entonces de los tratados internacionales de DDHH asegura que, una vez ratificados se tornen vinculantes para todos los órganos del Estado.

5. Decreto 762 (1997)

§ Crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, siendo la Comisión nacional asesora para la integración de personas discapacitadas el organismo regulador del mismo.

§ Inviste al Servicio Nacional de Rehabilitación como responsable del registro nacional de personas con discapacidad y a la Superintendencia de Servicios de Salud como responsable de la supervisión y fiscalización del nomenclador de prestaciones básicas (prevención, rehabilitación, educativas, asistenciales, técnicas y de transporte)

§ Impone al área de Programas especiales del Ministerio de Salud y Acción Social la responsabilidad de la administración del Fondo Solidario de redistribución.

6. Ley 24.901 (1997) y Decreto 1193 (1998)

§ Con el objeto de proporcionarle integralidad al sistema de cobertura se define una estructura operativa compuesta por:

1.1. Directorio del Sistema Único del que participan:

§ Comisión Nacional Asesora –CONADIS- (dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que a su vez depende de la Presidencia de la Nación)

§ Secretaria de Desarrollo Social

§ Administración de Programas Especiales

§ Superintendencia de Servicios de Salud

§ Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad (dependiente del Ministerio de Salud)

§ Consejo Federal de Salud

§ Programa Nacional de Garantía de Atención Medica

§ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

§ Superintendencia de Riesgos del Trabajo

§ Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

§ 2 representantes de instituciones sin fines de lucro dedicadas a discapacidad

1.2. Registro Nacional de Personas con Discapacidad

1.3. Registro Nacional de Prestadores de Servicios

1.4. Nomenclador de prestaciones básicas

1.5. Programa de atención a personas discapacitadas carenciadas de todo el país

§ Las obras sociales asumen la obligación de cubrir la totalidad de las prestaciones básicas enunciadas en la ley

§ Las personas no incluidas dentro del sistema de obras sociales recibirán las prestaciones a través de los organismos del Estado nacional (o provinciales adheridos a la ley 24.901)

§ Define la población beneficiaria referenciando la ley 22.431

§ Independientemente de considerar un régimen alternativo para el grupo familiar y eventuales prestaciones complementarias, las llamadas prestaciones básicas se distinguen en:

5.1. Preventivas

5.2. De rehabilitación

5.3. Terapéuticas educativas

5.4. Educativas

5.5. Asistenciales

§ Corresponde al Ministerio de Salud a través del Servicio Nacional de Rehabilitación establecer los criterios y otorgar los respectivos certificados de discapacidad.

7. Ley 25.346 (2000)

§ Declara el 3 de Diciembre día nacional de las personas con Discapacidad en respuesta y adhesión al llamamiento hecho por la 89ª. Asamblea plenaria de Naciones Unidas (A/Res/47/88)

2.- Convenciones Internacionales:

Tipo de Norma Año Tema

Ley 25.280 2000 Incorpora Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Ley 26.378 2008 Incorporación a nuestro ordenamiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Síntesis:

1) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Aprobada por Ley 25.280 (B.O. 4/8/2000)

Esta Convención sancionada en julio de 1999 en la ciudad de Guatemala, en su breve articulado hace un inventario de las principales políticas públicas que pueden tener con la promoción de derechos, de las personas con discapacidad y exhorta a los gobiernos a ponerlas en práctica.

Establece un Comité de Seguimiento integrado por los gobiernos, cuya primera reunión se realizó en Panamá en febrero de 2007 y la segunda en la ciudad de Brasilia, en julio de 2008.

Tiene como fin la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Así como propiciar su plena integración en la sociedad.

Entiende el término discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Delimita el término de discriminación contra las personas con discapacidad, eentendiéndolo como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Por su parte, especifica que no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Compromete a los Estados Parte a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la accesibilidad, la prevención de la discapacidad, su detección temprana, tratamiento, educación, formación ocupacional a fin de asegurar un nivel óptimo de independencia, la sensibilización de la población a través de diversas campañas de educación destinadas a eliminar prejuicios, estereotipos propiciando el respeto hacia las personas con discapacidad.

2) Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Aprobada por Ley 26.378 (B.O. 9/06/2008)

Tanto la Convención como su Protocolo Facultativo, fueron aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU, el 13 de diciembre de 2006 (A/ RES/ 61/ 106), entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.

Conforme lo establece su artículo 1, el propósito de la Convención consiste en promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan:

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Los principios generales que se establecen son:

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

La no discriminación.

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas

La igualdad de oportunidades

La accesibilidad

La igualdad entre el hombre y la mujer

El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

El artículo 9 se refiere a la “accesibilidad”.

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) desarrollar, promulgar y supervisión de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braile y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Artículo 30: sobre la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:

a) tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;

b) tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;

c) tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional;

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad

Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para las personas con discapacidad a materiales culturales.

Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con los demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.

A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

d) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y , a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;

f) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;

g) Asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación de actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;

h) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.

Protocolo Facultativo

Establece un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención.

Se crea un mecanismo de protección de los derechos, a través de un sistema de denuncias y un sistema de informes.

El sistema de Informes prevé la presentación de al Comité por parte de los Estados Partes, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate.

El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.

Por su parte, el procedimiento de denuncias está establecido en El Anexo II: Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, establece el procedimiento para el Comité por denuncias, trámite de las mismas y comunicaciones a los Estados Nacionales sobre las mismas.

Reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte a la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.

3.- Turismo:

Tipo de Norma Año Tema

Ley 25.643 2002 Ley de Turismo Accesible

Ley 25.997 2005 Ley Nacional de Turismo

Síntesis:

Ley 25.643 (2002). Ley Nacional de Turismo Accesible.

§ Sancionada en septiembre después de la grave crisis del 2001, habiendo renunciado Adolfo Rodríguez Saa y bajo la también breve presidencia de Eduardo Camaño

§ Esta ley define en su Art. 1ro. al turismo accesible como el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida

§ Remite y amplia el concepto de persona con movilidad y/o comunicación reducidas a las comprendidas en el artículo 2° de la Ley 22.431, como también aquellas que padezcan alteraciones funcionales por circunstancias transitorias, cronológicas y/o antropométricas.

§ Establece obligación de agentes de viaje, deber de las Agencias de Viajes de informar a las personas con movilidad y/o comunicación reducidas y/o grupo familiar y/o acompañante sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiere encontrar en la planificación de un viaje que obstaculizaran su integración física, funcional o social y, a su vez, comunicar a los prestadores de servicios turísticos sobre las circunstancias referidas en el artículo 2° a los fines de que adopten las medidas que las mismas requieran.

§ Señala en el Art. 4to. que Las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse de conformidad con los criterios del diseño universal establecidos en la Ley 24.314 y decreto reglamentario 914/97, gradualmente en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación.

§ Agrega que los prestadores que cumplimenten las condiciones del párrafo anterior deberán ser identificados con los símbolos de accesibilidad adoptados por Ley 19.279 y normas IRAM 3722, 3723 y 3724, emitido por la Secretaría de Turismo de la Nación y/o los organismos en quienes las provincias deleguen dichas funciones, previa consulta con la autoridad competente.

§ Finalmente, establece que deberá adecuar el material institucional de difusión de la República Argentina para la comprensión gráfica, visual y/o auditiva por parte de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas.

Ley 25.997 (2005). Ley Nacional de Turismo.

§ En su Art. 2do. plantea los principios rectores de la ley a saber: Desarrollo social económico y cultural; desarrollo sustentable; calidad; competitividad y accesibilidad

§ Entiende la accesibilidad como la propensión a eliminar las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades

§ Explicitada en esta fórmula amplia la accesibilidad ha tenido en la doctrina tres lecturas posibles: Como sinónimo de conectividad; como expresión de un derecho al descanso de cualquier persona física o bien (y en armonía con el plexo normativo) como eliminación de las barreras que impidan el acceso al turismo a los sectores más vulnerables, en especial el de las personas con discapacidad.

§ Dos son las herramientas que provee la ley para el cumplimiento de los fines mencionados. Una surge del Art. 37mo. Que permite a la autoridad de aplicación instrumentar procedimientos eficaces tendientes a la protección de los derechos del turista. Otra surge del Título 5to. referido al Turismo social específicamente en el Art. 39no. Se obliga a la autoridad de aplicación a elaborar un Plan de Turismo Social para “…promover la prestación de servicios accesibles a la población privilegiando los sectores más vulnerables…”

4.- Ejes de la experiencia turística

Por citar los ejes más asociados a un desplazamiento con estas características. A modo de ejemplo: la búsqueda de un alojamiento adecuado, la posibilidad de tener un servicio de guiado especial o simplemente un trato comunicacional eficaz; la necesidad de desplazarse hasta el destino y en el destino permitiendo el reconocimiento y la riqueza que surgen de un traslado sin condicionamientos y finalmente atendiendo a algunas de las discapacidades que afectan las funciones digestivas (celiaquez o diabetes por citar los casos más frecuentes) y la propuesta de menús alternativos.

¿Qué normas rigen en estos casos? O dicho de otra forma ¿Qué aspectos se completan con leyes o decretos del propio sistema de protección a personas con discapacidad y cuales con normas locales o de menor jerarquía?

Obsérvese el presente cuadro; que no pretende agotar el tema sino dar una respuesta a algunas de estas hipótesis:

Tipo de Norma Año Tema

Estructura Ley 24.314/Decreto 914 1994/1997 Establece el mínimo de habitaciones especiales

Ley N° 962 CABA 2005 Código edificación urbana

Comunicación Ley 24.421 1995 Teléfonos para hipoacusicos

Ley 25.643 2002 Señalética

Ley 26.522 Art. 66 2009 Servicios de Comunicación Audiovisual - Accesibilidad

Ley 26.653 2010 Accesibilidad a la información en páginas Web

Transporte Decreto 467 1998 Sistema de protección integral de las personas discapacitadas - Transporte

Ley N° 429 / Ley N° 2510 CABA 2000/2007 Permiso de acceso a transporte y lugares públicos con perro guía

Ley Nº 438 / Ley N° 1080 CABA 2000/2003 Reserva de espacios de estacionamientos

Ley 25.644 2002 Unidades accesibles para personas con movilidad reducida

Ley Nacional N° 25.635 2002 Derecho de gratuidad en el transporte público. Terrestre y de un acompañante

Decreto N° 38 2004 Certificados para transporte terrestre nacional de media y larga distancia

Reglamentación de empresas aéreas Asiento extra por afección física

Reglamentación de empresas aéreas Traslados de personas con movilidad reducida en aviones

Alimentación Ley N° 66 CABA 2005 Carta de Menú en Sistema Braile

Ley N° 1906 CABA 2005 Prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes

Ley N° 3373 CABA 2010 Impone a la máxima autoridad de salud varias obligaciones entre ellas promover una opción para celiacos en bares, restaurantes y confiterías

Reglamentación de empresas aéreas Menús especiales

Estructura:

Al momento de determinar la accesibilidad al medio físico la ley 24.314 contempla tanto las barreras físicas urbanas como las barreras arquitectónicas. En este último caso y por vía reglamentaria se avanza sobre los alojamientos estableciendo:

una tabla con una cantidad de “habitaciones especiales” según el número de habitaciones convencionales acondicionadas para personas con movilidad reducida.

La disposición de un sanitario especial en las zonas de información y recepción

Aclara que en los albergues se dispondrá de dormitorios ubicados en niveles accesibles, fijando también una cama por cada cincuenta convencionales y recomendando que los servicios sanitarios estén próximos a los dormitorios.

Varias observaciones. Dudamos que el mejor criterio sea dividir camas o habitaciones en especiales y convencionales. Pero asumiendo que así fuera ¿se puede acceder fácilmente al hotel?, una vez allí, ¿de qué sirve tener una habitación “especial” si no puedo llegar hasta ella? O bien ¿Qué sucede si solo la habitación es accesible y el resto del hotel está lleno de barreras físicas? ¿Y si por razones de seguridad la arquitectura del establecimiento no permite modificaciones como las requeridas? Más aún ¿Por qué pensar que el hotel solo debe considerar a las personas con movilidad reducida? La ley desconoce que cada jurisdicción regula sus propios establecimientos y por lo tanto el término “albergues” puede hacer referencia a una modalidad de alojamiento distinta según la provincia o municipio de que se trate o bien puede no existir como modalidad con lo cual se vuelve de cumplimiento imposible.

Es necesario apelar lógicamente a los Códigos de edificación locales para entender las consideraciones de accesibilidad que pueden y deben efectivizarse, sin perjuicio del tipo de espacio que se trate.

Comunicación:

En un sentido amplio, considerando el acto de intercambio de información como esencial para el desenvolvimiento del ser humano y la vida de relación podemos clasificarla en oral, escrita, aumentativa, alternativa, táctil, sonora o bien basada en tecnologías (teléfonos, computadoras, etc.) Vayan algunos ejemplos que cumplen con estas premisas: Folletos, mapas y manuales en Braile, con tipografías grandes o maquetas de atractivos turísticos, ascensores automatizados, teléfonos con señales luminosas, maquetas de atractivos culturales o naturales, planos en relieve de recorridos, personal capacitado en lenguaje de señas, son solo algunos de los muchos recursos que empresas, prestadores y sector público emplean para atender a las personas con algún tipo de discapacidad.

La ley 24.421 impone a las empresas telefónicas la obligación de proveer a las personas hipoacúsicas o con impedimento del habla y en un tiempo determinado de un servicio especial a tarifa común. Pero esto no es una obligación que rija para un prestador que pretende brindar este servicio a sus clientes.

La ley 25.643 impone a los prestadores turísticos (téngase presente lo explicado respecto de la ausencia de sanciones) la carga de identificar los espacios en base a la Ley 19.279 y normas IRAM 3722, 3723 y 3724. La primera vinculada con el símbolo internacional para conductores de automotores con discapacidad y las normas IRAM con la simbología estandarizada para identificar discapacidad motriz, auditiva y visual

Finalmente en lo que a medios tecnológicos se refiere señalar dos iniciativas que ya practican muchos prestadores y que hoy se tornan obligatorias también para el sector público:

Rescatando el sentido lato que mencionábamos al inicio es que el Art. 66 de la ley 26.522 impone a las emisiones de televisión abierta y señales locales el deber de incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos

Según surge de la ley 26.653 y dentro del sistema de acceso a la información pública todos los organismos del Estado o vinculados a él están obligados a que la información de las respectivas páginas Web, puedan ser comprendidas y consultadas por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas

Transporte:

En materia de vehículos urbanos y suburbanos de corta y media distancia el transporte automotor público de pasajeros se planteó un sistema de renovación de unidades que debían contar con características especiales para sillas de ruedas y dos asientos de uso prioritario para personas con movilidad y/o comunicación reducidas, evitando cualquier tipo de barreras que dificultara el desplazamiento. Ahora bien como el plazo para la renovación total de las unidades (vencido en el 2002) fue de cumplimiento imposible se hizo necesario identificar mejor las unidades adaptadas e imponer a las empresas la publicación de las frecuencias de dichos móviles.

Del lado del pasajero y para el transporte público en general se impusieron también derechos y obligaciones: el de viajar gratuitamente con la posibilidad de extender el beneficio a un acompañante y el de exhibir el correspondiente certificado de discapacidad

En la órbita local los denominados “perros de asistencia” debidamente registrados y con identificación visible tienen acceso a los espacios públicos y a los transportes públicos de pasajeros, sin que esto implique generar gasto alguno por este concepto para la persona con necesidades especiales

Dentro de la normativa de la ciudad si la persona con discapacidad tuviera su propio vehículo se le autoriza la reserva de espacio en la vía pública para estacionamiento con algunas restricciones (Padecer en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta dificultad de traslación). Beneficio extensible al ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, colateral en primer grado o tutor de la persona con discapacidad

En materia de transporte ferroviario y demás servicios concesionados resulta interesante recordar el caso Verbrugghe. Se trató entonces de una acción de amparo colectiva contra el Estado nacional (Ministerio de Economía, Secretaría de Transporte) y contra la empresa TBA. Fue el caso de una docente con una incapacidad motora que para llegar desde a su lugar de trabajo utilizaba habitualmente la línea Mitre. La colocación de molinetes y expendedoras violaba la ley 24.314, ya que implicaba modificaciones en el ámbito físico urbano que empeoraban las condiciones de accesibilidad.

En septiembre de 2000, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo de Cámara que había condenado a la empresa "[...] a ejecutar las obras necesarias para habilitar en todas las estaciones del ramal Mitre accesos alternativos a los molinetes, que permitan a las personas con discapacidad motora o movilidad reducida, acceder al servicio en condiciones igualitarias al resto de los usuarios [...] en un plazo no mayor de 60 días". También dejó firme la condena al Estado Nacional a "[...] fiscalizar la efectiva realización de las obras y la adecuación a la normativa vigente".

También en el caso del transporte aéreo puede que una persona con lesiones o por su contextura física requiera de un asiento extra. En estos casos corresponde al pasajero probar su condición y al servicio médico de la aerolínea expedirse al respecto. Eventualmente constituirá una política de la empresa cobrar o no por este servicio que en el caso de nuestra aerolínea de bandera es gratuito.

Cuando se trata de personas con movilidad reducida las empresas aéreas deben interactuar con el aeropuerto; de allí que el ORSNAal momento de medir los estándares de calidad chequee además de la disponibilidad de toilettes, estacionamiento, rampas, accesibilidad y teléfonos, también la existencia de metodologías de embarque y desembarque para personas con impedimentos.

Alimentación:

Muchos Restaurantes, Confiterías y Bares poseen menús en Braile, u opciones para diabéticos y celiacos; en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires las leyes 66, 1906 y la 3373 imponen en los primeros dos casos a los establecimientos y en el último a la máxima autoridad de salud promover este tipo de opciones.

Al igual que con el tema de traslados de personas con movilidad reducida o del segundo asiento para personas corpulentas este es otro tema en el que cada línea aérea posee su propia política. Así por ejemplo, Aerolíneas Argentinas lo incluye dentro de sus servicios especiales con ciertas restricciones (en función de los destinos, la clase, avisando con anticipación, etc.) otras empresas imponen un cargo mínimo o simplemente varían las restricciones.

5.- A modo de conclusión:

Como hemos visto el sistema normativo que considera a las personas con discapacidad posee ramificaciones complejas que consideran cuestiones, clínicas, laborales, educativas, crediticias, etc. producto de los tiempos políticos en que se dictaron y los respectivos aprendizajes institucionales que se han dado a lo largo de estos años.

El sistema que tiene una evolución y lógica propias que hoy pivotea sobre el eje de las leyes 22.431 y 24.901 sin perjuicio de las normas que pueden considerarse parte del mismo. Los cambios no son casuales; responden no solo a que el concepto mismo de discapacidad ha mutado, sino también a la mirada social de la cuestión. Y lo que al inicio era el “problema de los disminuidos” se fue transformando en un cargo de responsabilidad social por accesibilidad.

Las normas específicas del Turismo aparecen en este segundo periodo, por lo tanto se insertan en la dimensión social. Y en este sentido la ley nacional de Turismo, desde su amplitud y carácter principista parece ser lo suficientemente generosa como para abarcar el concepto tal y como se plantea desde el sistema de protección a las personas con discapacidad.

La Ley 25.643 merece en cambio otro análisis. Desde un punto de vista político constituye un acierto desde el lugar de llamar a la reflexión sobre un área de actuación tan necesaria para cualquier sujeto como es la del ocio y el tiempo libre; entendido este como recreativo o reparador; por otro lado implica un adelanto reconocer y remitir algunos temas –la señalética por ejemplo- resueltos en pautas de conducta de menor jerarquía que las legales. En lo demás resulta bastante perfectible:

A) Considerar que el “Turismo Accesible” se agota en el deber de información del agenciero, en el ajuste a los criterios de diseño universal por parte de los prestadores y en la adecuación del material de difusión no deja de ser un reduccionismo bien intencionado pero reduccionismo al fin.

B) La redacción del segundo párrafo del Art. 4to resulta confusa ya que podría interpretarse que el IRAM fuera un órgano dependiente de la Secretaria de Turismo (hoy Ministerio) o bien que éste puede generar una normalización o señalética propia al margen de los estándares nacionales y/o universales. En ningún caso es correcto.

C) También es prescriptiva pero carece de sanciones para quien incumpla sus postulados.

D) Y finalmente, sancionada en un clima de inestabilidad política jamás fue reglamentada.

¿Por qué a la ciudadanía le debe interesar el tema de la accesibilidad? Porque constituye una deuda social más allá del sector al que se pertenezca. Ahora bien, hay un doble interés desde la actividad turística: uno del sector público por lograr la integración e inclusión social y otra del sector privado por captar este segmento de personas que generalmente no se desplazan solas y que en términos globales representan un nicho interesante. Esta doble mirada no puede sino integrarse desde la Ética y la Calidad integral aplicada al Destino, la infraestructura y el servicio. Y en este sentido no solo está claro reconocer el desconocimiento que muchos ciudadanos tienen acerca de la totalidad de sus derechos sino también la imposibilidad de dar cumplimiento a algunas normas.

A la hora de la experiencia concreta en algunos casos (como en la disposición de habitaciones “especiales”) la ley puede resultar escasa o ambigua. Y así como en materia de alojamiento se consideran más las discapacidades motrices y no otras; también en materia comunicacional se cubren muy bien las discapacidades auditivas y no así las visuales. Por lo que el sistema, por las razones expuestas de evolución, concepciones, etc. tampoco parece presentarse con una lógica integral. En cuanto al transporte terrestre parece estar bastante cubierto no así el transporte por agua o el aéreo donde existe anomia o en el mejor de los casos las disposiciones dependen de la buena voluntad de las empresas. Y finalmente en el caso del transporte ferroviario ha sido la Corte la que ha tenido que marcar el norte.

Como hemos visto la legislación nacional muchas veces adolece de lagunas, generaliza o simplemente no alcanza y la necesidad de fijar pautas surge o bien de las legislaturas locales o bien de los propios particulares. Lo que plantea una heterogeneidad de posibilidades en función de la fuerza coactiva de cada modelo reglamentario. Y esto sin mencionar el latiguillo de que muchas veces la norma existe pero no se cumple.

El Ministerio de Turismo de la Nación viene impulsando el tema desde dos ángulos. Infraestructura y Sensibilización. Incorporando los criterios de accesibilidad en la formulación de todas las obras en la que es participe: unidades de información turística, instalaciones, señalética y revalorización del patrimonio. Y formulando conciencia desde el área de Gestión de Calidad, desarrollando en conjunto con el Servicio Nacional de Rehabilitación lo que en esta materia se conoce bajo el criterio de referenciales (recomendaciones de adhesión voluntaria que una vez implementadas y cumplidas se someten a una auditoria y ponderación que si la superan son calificadas con un distintivo) Las primeras fueron las Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos y recientemente las que cubren todo el arco de Servicios Turísticos

¿Hace falta entonces reformular o bien dictar una nueva ley de Turismo Accesible? Si la respuesta fuera positiva es evidente que esta norma debería poder articular con el resto del sistema y considerar todos los aspectos de una experiencia de viaje. Sin perjuicio de lo cual y como puede observarse, muchas de las iniciativas que se visualizan como deseables para el desarrollo de la actividad no han surgido por la fuerza coactiva de la ley sino por la convicción de una comunidad en permanente estado de aprendizaje, sea desde el Estado, desde la gestión de una aerolínea, de la inquietud de un hotelero o de la preocupación de algún gastronómico. La ley en todo caso ayuda, acompaña, acelera…pero en verdad es la conciencia la que verdaderamente motoriza los cambios.

Child Protection, Tourism and normative answers

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Sun, 07 Nov 2010 04:10:00 +0000

Child Protection, Tourism and normative answers
By Gonzalo Casanova Ferro

Introducing the issue
The exploitation of human beings in any form,
particularly sexual, especially when applied to children,
conflicts with the fundamental aims of tourism
and is the negation of tourism.
Art. 2, Section 3, Global Code of Ethics for Tourism

The OAS has just incorporated to its scheme of work 2010/2012 the Argentinean initiative of tending to penalize the user or consumer of the exploitation of persons.
On the occasion of the 39th Council´s Meeting of the MERCOSUR the presidents of the party states issued a joint statement in which (among other things) they highlighted the importance of interchanging experiences regarding protection against all forms of exploitation, in particular labor and sexual; apart from expressing their approval of the subscription of the “Buenos Aires declaration on trafficking in persons aiming at any kind of exploitation”.
As it can be clearly seen, there is an evident state policy and a regional tendency as regards the protection of human rights, which implies a logical correlation concerning the censure of any kind of exploitation.
It is not possible to consider the problem of sexual exploitation of children (within any time or scope) but as part of a greater and more complex phenomenon, which is human exploitation. Without prejudice to this, if what we expect is to part from a positive framing, it can also be faced as another challenge to the legal system of child protection, an issue we will go further into once we formulate the answers to this criminal phenomenon.
We shall here take the first statement which will allow us to consider a couple of difficulties when the time comes to deal with the problem either in the national or the international field:
A) On the one hand, it is necessary to highlight that this phenomenon (exploitation) is obviously preexisting to tourism development, and where its side of sexual exploitation of children barely constitutes the tip of the iceberg which cuts through several dimensions; reason why the normative which ponders it is often generic and divided up into several regulations. (Generally modifying or incorporating types to the Criminal Code of each country; such is the case of El Salvador – by Decree 210/03 – Panama – by Law 16/04 - or Guatemala – by Decree 14/05)
Whereas in Argentina, the issue is dealt with from a variety of approaches which contemplate the double dimension: on one hand, the rights protection[1] and on the other hand, exploitation (labor, sexual, and trade, trafficking and sale of children and adolescents[2]). Without prejudice to care for denominations, we will avoid stigmatizing the sector associating it to an illicit activity.
In other cases when the political will, the public pressure or the different NGOs which deal with the issue have promoted a specific normative, this is focused on a single legal body that shall be interpreted and read in harmony with the rest of the normative system. (Such cases as Costa Rica – law 7899/99 – or Colombia – law 679/01)
B) On the other hand, it is also clear that the scenery of this crime or trials could take place in several spaces: the intimacy of a home, a town, an educational institution or as it is quite clear, in the tourism field. And although in the latter there is censure by the sector, which understands the disvalue contradicting the essential Human Rights, and the very meaning of the touristic activity. The sentence is amplified when Tourism constitutes not only the scenery, but when in addition unlawfulness is incorporated to the same offer, i.e. when a destination, an operator, a hotel or any type of provider promotes themselves and trade from the sexual exploitation of children.

With no ratified international instruments and second-order international institutions dismissed with reference to tourism[3], we shall then start from the conceptualization of the issue; highlighting four possible institutional or conceptual views: from Security, the CSR[4], the ILO [5] and the WTO[6].
We shall later determine at national level the double juridical frame where these questions are introduced (Crime Persecution and Punishment and Child Protection), either from the normative or from the institutional aspects. We will especially bring up the three founding Congresses summoned by the UNO and the OAS.
Afterwards, we shall consider which have been the legislative proposals, evaluating and summarizing each of them.
And finally, we shall go through the contents of the public policy which attempts, from the tourism sector, to give an answer to such a complex issue.
One last remark: all through this work and according to the most internationally acceptable criteria, whenever we use the term “childhood” or “adolescence” we will mean any physical person under 18[7], without prejudice to Art. 127 from the Civil Code considering the category “Adult Children” (range 14-21 years old).

Conceptual Approaches
Subject to the case, what do international instruments say about sexual exploitation of children regarding tourism? The generalized expression is summed up in three acronyms according to the body or the time of the document: CSA[8], CSEC[9] or CSECA[10].
Nevertheless, it has not always been a univocal concept. In the Stockholm Declaration of 1996 it was defined as: “sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object”. Notice that the special emphasis (and the weakness) of this concept is placed on the intermediation (which could not exist).
Years later (2004), at the Meeting after the Second World Congress against CSEC it was redefined as: “the use of girls and boys in sexual activities remunerated in cash or in kind, and also pornography, the trafficking of girls, boys and adolescents for the sex trade”. It is worth mentioning that the figure of the intermediary was suppressed, not that they do not deserve to be sanctioned; but in order to provide with a broader and much more generic concept of a complex reality with a multiplicity of possibilities and actors.
In the field of the MERCOSUR, already in 2006 and within the PWF (permanent working group) called Niñ@sur, a different approach was proposed, splitting each concept into:
Trafficking: “the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of underage persons, inside or outside national territory, for the purpose of exploitation…”
Sale: “any act or transaction whereby the child or adolescent is transferred by a person or group of persons to another for remuneration or any other consideration”.
Sexual Exploitation: “the promotion, supply or utilization of underage persons in sexual activities in exchange for remuneration or any other kind of retribution or promise of remuneration”.
Sexual abuse: “the realization of sex or lecherous acts by means of violence, threat, coercive abuse or intimidating behavior in a subordination, authority or power relationship, or taking advantage of the victim´s not being able to freely consent for the action”
Child Pornography: “any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes…”
Notice then that although clarity is achieved, the tendency to segregate may lead to a point where the phenomenon we are trying to describe fades out. So far, regardlessly of the evolution of the definition, there are several predominant approaches nowadays. Let us point out two conceptual and two institutional approaches, by way of example:
Security:
The definitions that set the basis for security spring from normative and sociological criteria. Sexual abuse of children is seen as part of a much more complex network which always goes hand in hand with unlawful assembly and overlapped offences which become a threat for the community´s security. In this context, children are only the top of the iceberg which deserves to be dismantled applying all the severity of the law.
Corporate Social Responsibility:
The varied interpretative spectrum of the CSR which ranges from the will to recycle paper used in a company to performing community labor which has nothing to do with the aim of any company, allows to visualize the issue as strictly sociological, and therefore, to respond to it from the intention to sensitize and to train the sector. Its purpose is that any employee or manager may be able to detect any anomaly where a child may be involved and therefore know what to do about it.
ILO:
Logically, this body starts from a conception which subsumes sexual abuse as a completely disvalued way of child labor[11]. The main measure, adopted in 1999 by the “Convention 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst ways of child labor” by means of which the States Party commit to define criminally some crimes of sexual exploitation of children in the domestic law, is a clear expression of a concept likely to be formulated with the best intention, though widely discussed. On the other hand, also in the frame of the “International Program for the Eradication of Child Labor”, actions have been carried out regarding the sexual exploitation of children.
WLO:
The WLO combines several ideas starting from a positive formulation: “The protection of children…” is the first term of the equation; against “…the exploitation in travels and tourism”. Thus outlined, two aspects must be highlighted. First, it is about any kind of exploitation (labor, psychological, etc. and especially sexual). And second, it can take place in a tourist travel or not. The very comprehensiveness of the definition allows the possibility to set much wider strategies and actions.

Legal frame
National
Some authors have dealt with the issue in relation to minority and right splitting it into what happened in the boundaries of Family Law and the Juvenile Court, assuming that in the latter proceedings had acquired a distortive arbitrariness of the warranty settlement and that therefore they demanded a reform which would crystallize in law 26.061[12]. It is said, then, that after the “tutelage” vision of childhood came the “integral protection” obviously influenced by the Convention on the Rights of the Children and Adolescents. Nevertheless, the regulation as well as its regulatory decree (1293/05) has been subject to severe observations. After setting this clear, let us say that the legal network of child protection is reflected in this chart:

National Regulations
Title
National Constitution Art. 75 subsection 22
Convention on the Rights of the Child
Criminal Code and supplementary regulations
Crimes: Abuse and sexual violence, of recruitment or harboring of a person for the purpose of impairing their sexual identity, corruption of children, prostitution, pornography, people trade, sex abuse in the frame of international crimes
Criminal Procedural Rules of the Nation
Rules: Related to testimonial declaration of children, to the acknowledgement of places or things in which children are involved.
Law 25.179/99
Approval of the Inter- American Convention on International Trade in Children adopted in Mexico
Law 25.763/03
Approval of the Protocol regarding the sale of children, child prostitution and exploitation of children in pornography, complement to the United Nations Convention on the Rights of Children
Law 26.061/05
Integral Protection of the Rights of Children and adolescents
Ministry of the Interior Decree 314/06
Issuing of the Program “Victims against violence”
Ministry of Justice and Security and Human Rights Decree /07
Program of prevention of the trading in persons and aid to the victims. Goals.
Law 26.364/08
Prevention and punishment on the trade in persons and aid to the victims

Notice some examples to the local regulations where, or words to that effect, the theory of integral protection is fully summarized.

Local
Local Regulation[13]
Title
CABA
Law 114 and 2443/07
Integral Protection of the Rights of Children and Adolescents of Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Eradication of the commercial sexual exploitation of children and adolescents
Bs. As. Law 12.607
Integral Protection of the Rights of Children and Youth of Buenos Aires province
Chubut Law 4.347
Integral Protection of the Child, Adolescents and the Family of Chubut Province
Mendoza Law 6.354
Integral Protection of Children and Adolescents
Neuquén Law 2.302
Integral Protection
Salta Law 7.039/99
Integral Protection of the Child

International
In this same sense and tightly linked to the issue we are dealing with, Argentina has ratified the following international Instruments:
International Bodies
Title
UNO
· Agreement for the repression of the trade in persons and the exploitation of prostitution (GA-UNO, 1949)
· Convention on the elimination of any kind of discrimination against women (GA-UNO 1979)
· Convention on the Rights of the Child (GA-ONU, 1989)
· Statute of the International Criminal Court (Procedural Code-ONU, 1998)
· Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women (1999)
· Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (GA-UNO, 2000)
· UN Convention against transnational organized crime (GA-UNO, 2000)
· Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, which supplementing the UN Convention against transnational organized crime (GA-UNO, 2000)
ILO
· Convention182 on the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor (ILO-IPEC 1999)
OAS
· Inter-American Convention on the International Trade in Children (GA-OAS, 1994)
· Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (GA-OAS, 1994)
MERCOSUR
(Common Market of the Southern Cone)
· Agreement against the illegal trade in migrants among the State Parties of MERCOSUR (2004)
· Agreement against the illegal trade in migrants among the State Parties of MERCOSUR, Bolivia and Chile (2004)

Institutional Frame
The next question would then be: Which is the institutional network and what initiatives have been developed in order to protect the underage?
v Federal Council of Childhood, Adolescence and Family (FCCAF) [14]

It is a federal body specialized in minority and family issues of the provincial
states, of Ciudad Autónoma de Buenos Aires, and of the NSCAF , which is in
charge of designing public policies on minority and family, especially
infants and adolescents protection as victims of crimes (such as trade, traffic, or
sexual exploitation and child pornography; migration issues and child labor,
among others).

v Ministry of Social and Environmental Development. National Secretary
of Childhood, Adolescence and Family (NSCAF)

This National Secretary is the body specialized in the rights of
children and adolescents of the National Executive Power and the rector
body of related public policies. Although by means of Decree 416/06 it
set its dependence to the National Ministry of Social Development, it is a
body with full autonomy since it relies on an autonomous budget and a
presiding member of the National Council of Coordination of Social
Policies, an institutional area where dependencies with ministerial ranks
participate. Finally, it integrates and presides the Federal Council of
Childhood, Adolescence and Family (FCCAF).
Among its main functions, it provides the report introduced in art. 44 of the
Convention on the Rights of Children, and together with FCCAF, the
National Plan for Action in minority issues.
Specifically regarding the sexual exploitation of children, let us point out:
- The 2008 report made under the art.44 terms of the Convention on the Rights of Children contains a special chapter devoted to this issue.[15]
- The development of an Action Program for the prevention and struggle against children sexual exploitation and trade in the area of the Triple Frontier, endorsing an Agreement of Cooperation among Argentina, Brazil and Paraguay in order to articulate struggling actions against sexual exploitation of children in this area. Likewise, a Protocol to Common Intervention was devised for sexual exploitation and child labor victims in the same area, designing a campaign of common communication in Spanish, Portuguese and Guarani.
- Cooperation with the damaged, required by the Victim´s Aid Office of the National General Attorney´s Office (VAO) articulated with the International Migration Organization (IMO).

v Ministry of Justice, Security and Human Rights
The main programs and initiatives for the prevention and struggle against the sexual exploitation of children and trade in persons carried out in the boundaries of this office are the following:
- Program for the Prevention of Trade in Persons and aid to their Victims.
- Rescue Office and Escort to the Persons Damaged by the Trade.
- National Registry Office of Information on Missing Underage Persons of the National Program for the Prevention of Children Recruitment and Traffic and the Crimes against their Identity of the Human Rights Office.
- Special unit for the promotion of the eradication of sexual exploitation of children and adolescents of the Human Rights Office.
- Program “Victims against Violence”.
- National Program for the prevention and eradication of the trade in persons.
- Specific units for the prevention and investigation of crime against trade in persons in the security forces.
- Help center for the victims of sexual violence of the PFA (Federal Police of Argentina)
- Studies

v Ministry of Labor, Employment and Social Security

The following initiatives stand out:
- Light of Infancy Program to prevent and eradicate the commercial sexual exploitation of children (CSEC)
- National Committee for the eradication of child labor (NCECL)

v National General Attorney´s Office

- Prosecutor´s Office for the Investigation of Crimes against the Sexual Integrity and Child Prostitution, another one for the Investigation of Extortive Recruiting and Trade in Persons
- Council of integral aid to the victim of the crime
- Specific instructions to the prosecutors on the investigation of sexual exploitation and trade in persons crimes; and on the protection of victims or underage witnesses in the criminal proceedings
- Agreement on Cooperation between the National General Attorney´s Office and the International Migration Organization (IMO) regarding the trade in persons (2008)
- Agreement on Cooperation between the National General Attorney´s Office and the National Migration Body regarding migration (2008)
- Letter of Commitment in favor of the rights of children and adolescents as an object of commercial sexual exploitation (2000) and the Action Plan in favor of the Rights of Children as object of commercial sexual exploitation (2000)
- Program of Investigation of crimes related to the sexual exploitation of children and adolescents via Internet (2001)

v National Ministry of Tourism

The activities carried out regarding sexual exploitation in tourism are:
- Liable Tourism and Infancy Program
- National Committee of the Code of Conduct against the Sexual Exploitation of Children and Adolescents in Travels and Tourism

World Congresses
1) First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (Stockholm, 1996): has given birth to the Stockholm Declaration, by means of which the participating States have committed, among other things, to promulgate the criminal character of infant sexual exploitation and other forms of sexual exploitation, establishing the criminal responsibility of the suppliers, clients and intermediaries in prostitution, traffic and infant pornography, involving the possession of infant pornography material; to guarantee infant victims remain exonerated from all guilt, before the eventuality they might be punished as criminals; to establish legislation and public policies to protect children from this practice; to reinforce communication and cooperation among the authorities in charge of the enforcement of the law, with NGOs and international organizations in order to struggle against this calamity.
Likewise, when it comes to the sex tourism issue, they have committed to develop and apply legal measures in order to consider as crimes the acts committed by the citizens of the countries of origin against children of the foreign countries (extraterritorial criminal laws) and to mobilize the business sector, involving the tourism industry, against the use of their networks and institutions for the sexual exploitation of children; also to promote extradition and other legal covenants to guarantee for the responsible suspects of these crimes in the destination country be processed either in their origin or destination country.
2) Second World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (Yokohama, 2001): this Congress has raised the World Commitment of Yokohama, the States renewed their commitment claimed in the Declaration and Action Program of Stockholm, specially committing themselves to take proper measures to face the use of new technologies, particularly regarding infant pornography in Internet.
3) Third World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (Rio de Janeiro, 2008): after it ended, the Pact of Rio de Janeiro was approved to Prevent and Eliminate the Sexual Exploitation of Children and Adolescents. Nevertheless, this Pact enunciates some advances at world level; it signals some deficiencies in several States, as for instance, that laws do not define or adequately penalize the different forms of sexual exploitation of children according to international guidelines; that the lack of research and judgment has to do, in some cases, to the lack of regulation on extradition, judicial assistance or to the lack of rules on extraterritorial jurisdiction, as well as that the right of children to express their opinion in every judicial and administrative proceedings is not always acknowledged.

Legislative Proposals

Part One
Draft Bills in the National Chamber of Deputies
2006. Parliamentary Procedure Nº97 (07/21/06) File: 4126-D-2006. Initiated in Deputies. Signing parties: Sartori, Diego Horacio.

Annexation of art. 125 ter to the Criminal Code (tourism companies that promote or facilitate minor prostitution)

This project envisages a modification inside chapter III (crimes against sexual integrity); title III, Book Two of the Criminal Code, by means of the incorporation of art. 125 ter, written as follows:
“Tourism Companies such as travel agencies, circuit guides, hoteliers, airways, carriers, and agents related to the activities mentioned, who promote or facilitate the prostitution of underage persons, shall be sanctioned with absolute disability of their license, plus a fine, which in all cases shall be fixed according to the circumstances of the case, and the share capital of the company committing the above mentioned crime.”

Among its fundamentals it can be highlighted the consideration that child prostitution related to tourism is in fair rise in our country, introducing a very complex situation since there are several factors intervening, being it a task very difficult to eradicate. There are indicators showing that the favorable currency exchange makes an attractive aspect for which our country seems to have positioned at a high rank in the road to infant sexual tourism, aggravated by poverty and social exclusion to encourage this business.
In several countries there are severe laws against sexual abuse of minors and these citizens’ acts are condemned even when they practice them in foreign countries where they are not forbidden. In Central America, persons dedicated to recruiting underage persons for sex labor are prosecuted; they usually offer the service to tourists who come from the USA. The purchase of the service is not penalized but rather the person who offers it; extending the issue to several countries, as to whether what should be considered illegal is the selling of services or their acquisition.
It is worth mentioning that this increasing exploitation also has its origin not only in the demand from pederast tourists, who seek pleasure in children, but in that it carries with it the trust that in a child there will be less probability of getting contagious diseases or AIDS. The younger a child is introduced into prostitution, the greater the physical and psychical damages.
According to international and national agencies reports, they warn on the growth of this sexual tourism practice in our country, with special incidence in Iguaçu, taking advantage of the touristic infrastructure of Cataratas and the triple Frontier, but also spread into other provinces as well as in Capital Federal.
The degree of participation of travel agencies, tour organizers and hotels, who use implicit or explicit advertising, showing the cities where child prostitution is extended via internet, manifests a concealed way privileged in travel agencies to win adepts. Laws must sanction the whole operative chain that sells tourism packages with sexual aims, or that these should happen later.[16]

2006. Parliamentary Procedure Nº170 (11/09/06) File: 6748-D-2006. Initiated in Deputies. Signing parties: Bianco, Lía Fabiola; Iturreta, Miguel Ángel; Bosch de Sartori, Irene.
Prohibition on the promotion of touristic packages including children and adolescents prostitution or sexual exploitation. Annex I: Code of Conduct for the prevention of sexual trade of children.

It establishes that the provider of tourism services mentioned in art.1 of Law 18.829 and other physical or juridical persons, who organize national and international tourism, are not allowed to offer in their tourism packages, either explicit or implicit, plans or programs including sexual exploitation or prostitution of children and adolescents.
It contemplates that the National Secretary of Tourism be the institution enforcing this law, who, with the aim to prevent and denunciate sexual abuse or exploitation of children, shall examine and watch the providers of touristic services above mentioned. As well as it shall regulate and watch the fulfillment of the Code of Conduct established in the Annexation I to this Law, to which all tourism services providers and other physical or juridical persons who might organize national and international tourism must adhere. It establishes fines ranging from $10,000 to 1,500,000 and/or suspension, cancellation of license and closing of premises, depending on the severity of the infraction, without prejudice to the sanctions contemplated in Law 18.829, when some of the following behaviors take place:
- To report and coordinate visits to places providing sexual services with children and underage adolescents
- To advertise sexual touristic services with underage persons
- To allow the entrance of children and adolescents into bars, similar businesses and other tourism premises with prostitution or sexual abuse purposes
- To violate the established regulation in the Code of Conduct for the Prevention of the Sexual Trafficking of Children
It contemplates that the money collected through fines be allotted to the Federal Council of Childhood, Adolescence and Family, to finance activities or programs for the Prevention and eradication of the Exploitation sexual Tourism and Prostitution of Children.

Annexation I on its part, establishes that the Code of Conduct for the Prevention of Sexual Trafficking in Children, setting certain parameters of ethical behavior –in consonance with the National Constitution, International Instruments of Human Rights and the Convention for the Rights of Children –that companies, persons and services, direct or indirectly linked with the tourism industry, must adopt regarding the struggle against the infant-juvenile sexual exploitation. Among the obligations established for these subjects, we can find:
- Taking measures to avoid dependent or intermediary laborers offering sexual contact with underage
- Developing ethical company policies against any form of infant-juvenile sexual exploitation
- Reporting, sensitizing and orienting on the terms agreed in this Code and the established by the national legislation regarding the prohibition of infant sexual tourism
- Acting against any act shaping sexual exploitation of children and adolescents, denouncing the suspicious acts and informing to their superiors and public authorities on what persons are involved in such behaviors
- Establishing clauses which explicitly declare the rejection to any form of sexual exploitation of children in the contracts with the different areas of hotels, agencies and other providers of tourism services
- Disavowing any advertisement with erotic character related to tourism
- Training themselves and public officials, by means of courses, conferences, etc., on everything referred to this Code and on the rights of children and adolescents, the consequences produced by the sexual exploitation of children, the punishments determined for acts of corruption and infant prostitution, national and international campaigns related to infant sexual tourism
Likewise, it contemplates that the persons in charge of hotels must act with special celerity in their commercial relationships with the different areas of the tourist activity so that they do not back persons or companies involved in seduction or sexual abuse of children and adolescents.
In the elaboration of this contract, the company must advertise that they are actively dedicated to the protection of children and adolescents; as well as that their sexual exploitation is a crime and that sexual contact with them is forbidden in their premises.
Finally, it contemplates for the physical and juridical persons who adhere to it, a duty of divulgation of the contents of this Code, as well as the ideas of rejection of the sexual exploitation of children by means of signs, guides, brochures, passages, internet pages, etc. They must also cooperate in the development and application of a process of evaluation and monitoring of the instrument, favoring its permanent updating.

2007. Parliamentary Procedure Nº20 (03/28/07) File: 1088-D-2007. Initiated in Deputies. Signing parties: Iglesias, Roberto Raúl.

Modification of the Criminal Code art.128 (crimes against sexual integrity)
This legislative project proposes to the modification of art.128 of the CC, it being written as follows:
“Any person, who provokes, reveals, finances, offers, trades, distributes or publishes, by any means, pornographic images exhibiting underage persons; any person who organizes live shows with pornographic scenes, in which such minors participate, and any person who finances any of these activities shall be sentenced from 2 to 6 years in prison.
Any person who possesses images of the ones above mentioned shall be sentenced from 6 months to 4 years in prison.
Any person giving access to pornographic shows or providing with pornographic material to children under 14 years old shall be sentenced form 1 month to 3 years in prison.
In the cases mentioned in the first paragraph the punishment shall be from 10 to 15 years recruitment or imprisonment when any of the following circumstances should combine:
1) Children under 13 are involved
2) Pornographic material representing children who are victims of sexual or physical violence
3) The guilty person should belong to any organization or association, even of a transitory character, dedicated to the production of such activities
4) There should mediate deceit, violence, threat, authority abuse or any other means of intimidation or coercion, as well as if the author should be a parent, relative, tutor or a cohabitant, in charge of their education or tutelage.”

We can point out, among its fundamentals, that our present legislation on this issue leaves some vacuum which allows the acting of those who dedicate themselves to the interchange of pornographic material, since the sanction regulation only reprimands those who produce, publish and distribute, unlike those possessing such infant pornographic material.

From the analysis of art.128 of the CC we can differentiate three criminal types:
- That who produces or publishes pornographic images exhibiting underage persons and that who organizes live shows with pornographic scenes in which they participate;
- That who distributes such images;
- That who facilitates the access for children under 14 to pornographic shows, or provides them with pornographic material.”

In view of this, and in order not to leave any legal vacuum, it remains necessary to also incorporate as proscribed behaviors, the possession of such material, meaning the very possession with no intention of distribution or trading it, since, otherwise, there would not be consumption, business networks would not exist and by consequence, none of the financing of any of the related activities, either.
Likewise, fines corresponding to the mentioned crimes are raised, and several cases by which the punishable type is aggravated are incorporated.
This project emphasizes that infant pornography is, together with its spreading via internet,
a transnational crime, linked to infant sexual tourism and prostitution, trafficking in children and women or other forms of sexual abuse of minors.

2007. Parliamentary Procedure Nº78 (06/27/2007) File: 3143-D-2007. Initiated in Deputies. Signing parties: Ingram, Roddy Ernesto.

Prevention of sexual exploitation of children and adolescents in tourism

The object of this law consists of taking measures to avoid and eradicate the sexual exploitation of children and adolescents in tourism, prescribing that the physical or juridical persons who carry out the activities included in the Annexation I: “Activities under the uniform international classification of the tourism activities of the WTO” to law 25.997 – National Law of Tourism – must report to their clients the legal consequences of crimes against the sexual integrity of children and adolescents, included in title III of book two of the National Criminal Code.
It prescribes that the enforcement bodies shall be the National Secretary of Tourism and it shall exercise its faculties of supervision and inspection, consulting and coordinating with the Federal Council for Tourism.
It shall supervise and examine the activities of tourism promotion in order to prevent and denunciate cases of prostitution, sexual abuse and exploitation of children, defined as crimes against the sexual integrity, they should know of. In this sense it establishes that it shall:
- Set rugulations in agreement with what is established by the Declaration of the WTO on prevention of the organized sexual tourism
- Advertise and promote the “Code of Conduct for the protection of children from sexual exploitation in tourism and in the travel industry”, approved by the WTO and UNICEF
- Invite physical and juridical persons involved in the mentioned activities to adhere to the referred Code of Conduct
- Keep record of the persons adhered to the Code of Conduct, gather information provided by them in agreement with code
- Set agreements with governmental and non-governmental organizations to guarantee the fulfillment of this Code of Conduct
It is expected that those not fulfilling the established duty of information will be fined up to $5,000, and in case of recidivism the fine shall be raised up to $20,000, affecting the sum resulting from the application of fines on the financing of control programs and prevention of sexual exploitation.

2007. Parliamentary Procedure Nº104 (08/15/07) File: 4039-D-2007. Initiated in Deputies. Signing parties: Arnold, Eduardo Ariel; Lusquiños, Luis Bernardo; Leguizamón, Aníbal Ernesto; Marino, Adriana; Sarghini, Jorge; Cassese, Marina; Pinedo, Federico; Vanossi, Jorge Reinaldo.

Criminal Code: incorporation of art. 125 bis (sexual tourism crime)

This legislative project contemplates the definition of sexual tourism crime, envisaging the incorporation of a last paragraph to art.125 bis of the CC, stating that:

“Whenever there are native or foreigner physical or juridical persons intermediating in the perpetration of a crime, the physical persons and participating members of the social administration body shall deserve the punishments contemplated in this article in the capacity of author.”

Among its fundamentals, it worth mentioning the concern for the situation of infancy in this country and the consideration that almost 50% of the population is under the line of poverty, not having their basic needs satisfied. This is considered a structural situation for its magnitude, since the present macroeconomic state does not seem encouraging for the stability of family nucleuses increasingly involving kids, who consequently become part of the chain of abuse, violating thus the most basic rights of infancy, by means of physical, psychological violence or both, often using children as a means of survival for the family group or simply to get economic benefits, for the price of their own physical or psychological integrity. It is claimed that, unfortunately, the criminal sanction may not seem effective enough, since it neither fights the causes nor gives solutions for the needs. But the threat of the use of power against all active or passive participants in the abuse of children constitutes a dissuasive element which allows to attack on the direct consequences generating such situation.[17]
In this sense, the mechanism under infant prostitution sharpens when it is used as aggregated value in the trading in products, involving other persons, from the hotel manager who consents, to the agency who promotes, where the minor is used as wheel to a gear whose only aim is to make profit, directly or indirectly, out of infant abuse and violence.

2008. Parliamentary Procedure Nº100 (08/14/08) File: 4250-D-2008. Initiated in Deputies. Signing parties: Gil Lozano, Claudia; Alcuaz, Horacio; Carca, Elisa; Pérez, Adrián; Reyes, María Fernanda.

Awareness and information system on the prohibition of sexual tourism

The object of this law is to inform and raise awareness on the prohibition of the sexual tourism in Argentina.
It prescribes that in all long distance transport terminals (air, terrestrial, railroad and fluvial, as well as taxi companies, car rental agencies, underground lines heads and interurban trains and in their wagons, there must be a notice, clear and legible, in Spanish as well as in English, which reads “SEXUAL TOURISM IS FORBIDDEN IN ARGENTINA”.
In this sense, it contemplates that this writing shall be on any advertising media that such providers and/or physical and/or juridical persons use as a means to promote their services. The breakers of this law shall be punished with a fine worth the 15% of their last annual income, license suspension and/or company closure, until the infraction detected is regularized.
Such sanctions shall apply with a previous abstract of judgment according to proceedings prescribed by Law 18.829. And the amount collected from the fines will be destined for the National Program for Prevention and Eradication of the Trade in Persons and aid to their Victims”, created by Decree 1281/07 or for whatever program replaces it in the future, and to the National Secretary of Childhood, Adolescence and Family or for the governmental body replacing it in the future.
As far as it is concerned, the National Secretary of Tourism and Sports or the institution replacing it in the future is defined as the enforcement body, in order to prevent and denounce sexual tourism; it must examine and watch physical or juridical persons, cited in art. 2 and 3 of the project.

It stands out, among its foundamentals that Argentina is becoming a country intensely demanded for the development of sexual tourism, or at least, this situation is gaining public notice. At the same time, regions with greater vulnerability are laying bare for the recruiting of children and adolescents, evidencing the close ties among sexual tourism, trade of persons and sexual exploitation, as complementing businesses.[18]
It adds, in this sense, that international obligations assumed by our country as of the subscription of “Protocol of Palermo” have lead to the sanction of Law 26.364 known as the “Law on the Trade in Persons”. Nevertheless, it points out that this law is insufficient in several senses, since it excludes sexual tourism as part of the definitions of exploitation with trade aims (art. 4), it does not hinder the punishment of its precursors and persons responsible due to complementarities supra mentioned.
So, insofar as the WTO, body our country is a member of since 1975, has settled the creation of a Code of Ethics in 1999 to prevent sexual exploitation in tourism. This empowers and, in a certain way, compels Argentina to make campaigns for the prevention and eradication of this activity.
Thus, this project is oriented to warn tourists and citizens in general on the prohibition of sexual tourism in national territory, on the administrative and penal consequences its involvement might bring as well as for those physical or juridical persons that, in relation to the activity, avoid exhibiting the notice in the terms established by this law.

2008. Parliamentary Procedure Nº149 (10/23/08) File: 5984-D2008. Initiated in Deputies. Signing parties: Morante, Antonio; Morejón, Manuel. [19]

Prevention of the sexual exploitation of children and adolescents in tourism

This legislative project aims at taking informative and preventive measures on the prohibition and the consequences of the sexual exploitation of children and adolescents, as well as the trade in persons in Argentinean territory, in transport terminals, in public tourism offices and in means of transport.
Among its regulations it prescribes the obligation to exhibit the clear and legible notice in a visible place. It must be in Spanish, English and Portuguese, and read: “THE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, AND THE TRADE IN PERSONS IN ARGENTINA IS A CRIME SEVERELY PUNISHED”.
It contemplates that it be implemented in national or international airports, port and terrestrial terminals, means of public transport, frontier passages, tourism public offices and official media of promotion of the country.
As far as it is concerned, as an enforcement authority at the Ministry of Justice, Security and Human Rights of the Nation, it can enlarge the supra mentioned places, according to the strategic needs of the corresponding area and establishing the above mentioned notice.
It is worth mentioning that among the foundations of this draft bill is the prevention of sexual tourism of children and adolescents considered as the exploitation of minors by tourists, involving complicity, by direct action or omission, of tourism service providers, or anyone intervening in the commercialization chain of tourism services, apart from the traditional procuring, with sexual aims.
In this sense, it is considered that the promotion of this sort of activities ranges from the sale of tourism packages offered abroad, to the direct contact with the victims in the destination place. In the first case, apart from the usual services such as tickets, food, accommodation and tour, the sex of the partner can also be chosen.
Considering that in the world 2 million children are potential victims of this modality of tourism; and that AIDS and its fear of contagion drives likewise thousands of “customers” to believe the risk diminishes with the younger.[20]
Insofar as the sexual exploitation of children and adolescents is not divulged in the media, and whenever any information transcends, often uncertain or incomplete, it considers urgent to take measures in order to fit in the international regulations on the subject matter, since these crimes framed in the orbit of tourism exceed the countries borders demanding more protection. [21]

Parliamentary Procedure Nº47 (05/14/09) File: 2356-D-2009. Initiated in Deputies. Signing parties: Areta, María Josefa; Storni, Silvia.

Prohibition on the admission of underage persons to places offering lodging

It consists of regulating the entrance of children and underage adolescents – when they are not accompanied or expressly authorized by their parents, tutors, guardians or legal supervisors -, into places offering lodging service, such as hotels, apart hotels, motels, hostels, residencies, lodging houses and/or any other place providing any kind of lodging services.

- It prescribes that for the particular case of motels/hostels or the like, its entrance and lodging is expressly forbidden.
- All houses providing lodging services have to require, from the person registering with children or underage persons, documentation crediting their filial bonds or written authorization by their parents or legal tutors. This authorization shall have to account for the time the child should be lodged, and it must be certified by a notary public or competent authority.
- It contemplates that every place keeps records with numbered pages and photocopies of the supra referred documentation, it should also register the domicile of the minor; all this shall be exhibited whenever the competent authority demands it.
- It orders the exhibition of notices in Spanish, English and Portuguese, of the current disposition, together with phone numbers where to denounce the abuse of children, warning on the punishment of the providing or cover-up of these actions.
- For the non-fulfillment of these dispositions, it contemplates sanctions as:
o Fines up to 100,000 pesos
o Closing down of premises and/or suspension of permit or authorization to operate for a term up to 4 years
o Cancelling of authorization to operate of definitive closing down of premises; all this without prejudice to the corresponding criminal responsibilities.[22]

Part two
Draft bills in the National Senators Chamber

2003. Draft Bill 121. File Nº324/03. Perceval. María Cristina. On prevention of sexual tourism of children and adolescents.

ARTICLE 1º. - The current law aims at taking measures to prevent and eradicate the sexual exploitation of children and adolescents in tourism.
ARTICLE 2º. – By children and adolescents, contemplated in art. 1º, it is understood all persons under 18 years old.
ARTICLE 3º. – The physical or juridical persons who carry out the activities contemplated in article 1º of Law 18.829, in the national or international scope, any national or international means of transport, hotels and lodging houses, bars, cafés and restaurants, must inform their clients on the legal consequences of exploitation and sexual abuse of children and adolescents contemplated in Title III of the Second Book of the Criminal Code of the Nation. The manner in which this information should be provided will be managed by the authority competent in each of the subjects mentioned in the first paragraph.
ARTICLE 4º. – The National Secretary of Tourism and the corresponding competent authorities or institutions, according to the subject in each jurisdiction, will be in charge of enforcing the current law. In compliance with the law, they shall supervise and examine the activities of touristic promotion in order to prevent and denounce prostitution, sexual abuse or exploitation of children and adolescents within the scope of the current law and as defined in the Title III, book II of the Criminal Code of the Nation. Likewise, juridical and physical persons breaking the dispositions of the current law must be denounced.
The enforcement body shall exercise the power of supervision and examination together and in coordination with the provincial governments, of Ciudad Autónoma of Buenos Aires and the different jurisdictions.
ARTICLE 5º. – The Secretary of Tourism of the National Presidency shall have to draw up a code of conduct within A HUNDRED EIGHTY(180) days this law comes into force, with respect towards what has been established by the Declaration of the WTO on the prevention of the Organized Sexual Tourism (El Cairo, 1995), which shall be strictly complied by the physical or juridical persons mentioned in article 3º of the current law.
ARTICLE 6º. – The enforcement body shall impose a fine up to FIVE THOUSAND PESOS ($5,000) on to the physical or juridical persons mentioned in art. 3º who do not comply with the current law. Sanctions shall be applied by means of the procedure established in the present regulation.
ARTICLE 7º. – The corresponding enforcement body shall specifically affect the amounts resulting from the imposing of the fines contemplated in this law, on the financing of programs of control and prevention of the sexual exploitation of infants.

2005. Draft Bill 125. File Nº3339/05 Isidori, Amanda Mercedes. On the prevention of the defined sexual tourism.

It proposes an amendment to the National Law of Tourism, including art. 37 bis on Sexual Tourism, written as follows: “The enforcement body of the current law, in coordination with the Federal Council for Tourism, the Argentinean Chamber of Tourism, the competent public bodies and other involved sectors, shall issue and follow a policy of prevention of the defined “sexual tourism”, aiming at protecting the vulnerable citizens, especially children and adolescents, from the sexual exploitation offered as part of the national and/or international tourism services.
The enforcement body of the current law shall set a mechanism of reception of denunciations regarding the offering of sexual tourism services, which shall be derived to the competent authority. In case they do not do it, the responsible authorities shall incur in breach of duty of public officer.
Without prejudice for other corresponding actions, the enforcement authority shall impose sanctions on the tourism providers who should have offered sexual tourism services”.

2006. Draft Bill 124. File Nº1789/06 Basualdo, Roberto Gustavo. By which the National Program on the Prevention of Infant Sexual Tourism is created.

This law aims at the creation of the National Program on the Prevention of Infant Sexual Tourism in the whole national territory. We can highlight among its objectives:
- Contributing to the eradication of all sorts of infant sexual abuse
- Issuing and promoting juridical, legislative, political, administrative and cultural measures which foster the protection of the rights of children before any form of sexual exploitation
- Impelling to cooperation among the countries receiving and delivering tourism, in order to eradicate infant sexual tourism
- Raising awareness on citizens, governmental and non-governmental organisms on the issue, in order to promote policies to face these situations
- Broadcasting campaigns to fight the phenomenon as well as promoting its denunciation
- Supporting the development of institutional mechanisms aimed at the prevention and attention of the diverse forms of sexual exploitation of minors
- Impelling the development of studies and research on this issue
- Supporting preventive and aiding actions developed by the NGOs of the civil partnership
- Implementing a documentation and data base center regarding the issue of infant sexual tourism, to which other related organisms can access and add information

2007. Draft Bill 125. File Nº2587/07 Perceval, María Cristina. Biased to the preservation and punishment of the exploitation of minors in the defined sexual tourism frame.

This draft bill aims at taking measures aimed at preventing and punishing the exploitation of children and adolescents in tourism. In this sense, it defines sexual exploitation of minors in tourism as the organization of travels using the structures and networks of tourism, with the purpose of providing national and foreign tourists with the exploitation of children and adolescents from the destination place. Likewise, it establishes for the operators of tourism services the duty of informing on the legal consequences of this exploitation.

2008/2010 Reproduction draft bill 126. It reproduces the draft bill by which the National Program for the Prevention of Infant Sexual tourism is created. Draft Bill. File: 348/2010 Basualdo, Roberto.

This draft bill repeats the one described in item 3.

Role of Tourism
In the SFPST[23] as well as in law 25.997 it is clearly expressed that one of the principles ruling the activity is constituted by the “Sustainable Tourism”. Then, it is about encouraging a tourism development in harmony with the cultural and natural resources in order to guarantee its benefits for the current community as well as for the future generations; and this applied to the environment, the community and the economy. So child protection clearly assumes this principle which the current Ministry of Tourism has made theirs since 2004.
Due to the possibilities and capabilities of the sector to face this issue and without prejudice to inter-ministerial articulations with specific organisms, there have been two priority approaches: in the institutional aspect of the WTO and in the conceptual aspect of the CSR.
In 1997 the WTO created the Task Force to Protect Children from the Sexual Exploitation in Tourism – this group is presently lead by the very WTO who keeps biannual meetings, March-ITB, Berlin, Nov.-WTM, London. Argentina has representation in the Executive Committee leading the governmental area for America. And an identical position in the Regional Task Force spontaneously born at Brazil´s request and presently lead by Ecuador.
The program lead by the Ministry has the fundamental objective of implementing actions which protect and promote the Rights of Children and Adolescents in the scope of Tourism, and the prevention to avoid any direct or indirect connection within the Touristic Sector in situations of damaging of the Rights of Infancy in general and the labor or sexual Infant Exploitation in particular. Briefly said: Training and Awareness Raising.
On August 19th 2008 the then Secretary of Tourism[24] became the first public body in the world who subscribed The Code[25]. A very brief instrument of adhesion inspired in the Code of Ethics of the WTO and consisting of six basic items attempting to link the organizational strategy and view to the good practices for the protection of minors through criteria of social responsibility. The AFEET[26], ECPAT[27], SAVE THE CHILDREN[28] and UNICEF[29] participated in the committee of enforcement.
Nevertheless, the international system turned out to be hard to apply thus methodologically formulated, that is why in 2009 the Ministry reformulated the criteria to adapt them to the then national reality and began a long task of Argentinean institutions and companies subscription to a “National Code of Conduct”
NATIONAL CODE OF CONDUCT
1) To establish an ethical policy regarding the protection of the Rights of children and adolescents.
2) To educate and train company staff
3) To introduce a clause in the contracts with providers which informs on the rejection of the commercial sexual exploitation of children, and the adhesion to the Code of Conduct for the protection of the Rights of children and adolescents as a tool of company social responsibility.
4) To provide travelers with information on the campaign of prevention of the commercial sexual exploitation of children in travels and tourism, by means of catalogues, brochures, films in the airplane, announcements on TV, labels on the tickets, etc. according to the outlines by the National State regarding the issues of children and adolescents.
5) To provide the local agents with “key” information of the place the perform their activity
6) To evaluate and issue an annual report on the actions developed to implement these criteria

By way of conclusion
“Jesus said: let the Little children come tome,
and do not Hinder them,
for the kingdom of heaven belongs to such as these.”
Mathew 19:14

If, as we said at the beginning, the apparent problem is the exploitation of man by men[30]; in its cruelest version which is the sexual exploitation of children[31], it is not an exaggeration to think we are facing another variant of what Jean Paul II defined as “culture of Death”, since that is what it is: a sustained and systematic infanticide, where the most vulnerable (minors) have to put up with an endless number of crimes ranging from reduction to slavery, physical, psychical and moral damaging, abuse, rape to, finally, death.[32]

Prolonging another work, Eva Giberti claims that between writing an article on the problem of infant sexual exploitation and helping an underage victim there is a vacuum the imagination does not manage to represent[33]. Bearing this in mind, do we give our possible contribution for the cause of the most defenseless.

[1] www.unhchr.ch/
[2] Protection of the Rights of Children and Adolescents facing labor and sexual exploitation, trade, trafficking and sale. Ministry of Justice and Human Rights. March 2007
[3] See the annual report 2009 of the OTAERTP (Office of Treasurer of Aid to Extortive Recruitment and Trade of People) dependent to the Ministry Public Treasury, called Commercial, Sexual Exploitation, and other forms of Violence or Sex Abuse on children and Adolescents.
[4] Corporate Social Responsibility
[5] International Labor Organization
[6] World Tourism Organization
[7] According to Art. 1 of the Convention on the Rights of the Child
[8] Child Sexual Abuse
[9] Commercial Sexual Exploitation of Children
[10] Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents
[11] See “Programación de los Derechos de la Infancia” by Gerardo Sauri Suarez in the work piece “Explotación Sexual Comercial Infantil “ compiled by Raquel Pastor Escobar and Raquel Alonso Nogueira UBIJUS Mexico D.F. 2008
[12] See “La dimensión política de la ley 26.061 de Laura Cristina Musa en Protección integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Emilio García Méndez compiler Fundación Sur, Ediciones del Puerto Buenos Aires 2008
[13] See “La protección a la infancia como derecho público provincial” Coordinator Mary Beloff - Buenos Aires Ad-Hoc Editorial 2008
[14] The FCCAF was created by Law 26.061 and regulated by decree 416 on April 17th 2006. It went on duty on December 15th 2006.
[15] See http://www.desarrollosocial.gov.ar/pdf/InformeONU.pdf

[16] Nevertheless this legislative Project is still being processed, and although up to this date sexual tourism or sexual tourism of children has not been defined as an autonomous offence, Law 26.364 for the Prevention and y the Sanction of the Trade in Persons and Aid to their Victims, passed on April 9th de 2008, introduced modifications on the definition of crimes against sexual integrity.

[17] It is mentioned in the Project that Latin America, as well as other Asian countries as Thailand or Ceylon, has become a tourist destination for sexual aims. Brazil, in order to avoid crime has issued an unusual hard criminal law, but effective enough to fight infant prostitution; and above all to penalize the activities of hose who organize and promote crimes against infancy with a commercial character.

[18] It is worth to mention that the ITO considers that approximately 3.500 children and adolescents who live in the Triple Frontier are involved in the different ways of sexual exploitation, work in the streets –especially in the whole Paso Fronterizo de la Amistad- and they are recruited by the exploitation networks which make them work in cabarets, brothels, tourism hotels and discotheques of the area. In the same direction is the report given by Clelia Ávila, legislator from Chaco, who claims that the recruitment for the supply of sexual tourism comes 90% from the provinces of Chaco, Formosa, Corrientes and Misiones, where children, adolescents and grown ups are abducted for sexual exploitation in other places, such as the south of the country or in Capital Federal.
[19] This very legislative Project is also under File 0098-D-2010.
[20] According to data extracted from the foundations, it is statistically considered that in Latin America only, in 1999, Costa Rica received 5000 tourists with specific aims of infant exploitation, tourists from the States being 80% of the arrests related to sexual tourism of children. This matter enslaves millions of children in the whole world: 500,000 in India, 100,000 in Thailand, 100,000 in Philippines, 100,000 in Taiwan, 500.000 in Brazil, 300,000 in USA.
[21] Among the foundations of this project, it is properly mentioned, that the destinations of the sexual tourism of children change as fast as protection measures are taken in a country. So the people involved in taking these services chose a different country. For instance: Thailand began to commit to a policy of protection of their minors and the abusers who traditionally chose this destination, began to travel to Cambodia (world statistics from Costa Rica, India, Thailand, Philippines, Taiwan, Brazil, USA)

[22] This draft bill has relied on the collaboration of the NGO Civil Partnership: Prevention of Abuse and Ill-treatment of Minors and the Handicapped, with the support of Alejandro Molina, ex civil judge, Defender of Minors in the National Chamber regarding the Civil, the Commercial and Labor, ex President of the National Board of Minority and Family, who have introduced a byelaw in October 2008 in the city council of San Isidro, Bs. As. Likewise, according to the legislative project, for its elaboration there have been contributions from the team Área de Género and Human Rights of Women of the Institute of Human Rights of the Faculty of Law and Social Sciences of the Universidad Nacional de La Plata.
[23] Strategical Federal Plan for Sustainable Tourism issued in 2004/05 and with scope expectancy towards 2016
[24] The change of structure from Secretary into Ministry realized by means of Decree 919 of 2010
[25] www.thecode.org nowadays The Code is a NGO born from a project of ECPAT(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
[26] www.afeetargentina.org.ar Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas
[27] www.ecpat.net
[28] www.savethechildren.org.ar
[29] www.unicef.org/spanish/
[30] See on the analysis of the victim´s situation the work “Delitos Sexuales sobre Menores” by Pedro A. Gutierrez. Ediciones La Rocca. Bs. As. 2007
[31] Monni Piero, El Archipiélago de la Vergüenza, España Editorial BAC 2004
[32] First World Congress against the commercial sexual exploitation of children – Declaration Nº 9 Stockholm, Sweden from August 27th to 31th 1996 - http://www.csecworldcongress.org/
[33] Prostitución Infantil, tráfico de menores y turismo sexual. Luis G. Blanco Bs. As. Editorial Ad Hoc 2008

Protección de la Niñez en Turismo

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Wed, 18 Aug 2010 06:35:00 +0000

Protección de la Niñez, Turismo y respuestas normativas
Por Gonzalo Casanova Ferro

Definir el problema
La explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas,
especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños,
vulnera los objetivos fundamentales del Turismo y
constituye una negación de su esencia.
Punto 3 del Art. 1 del Código de Ética Mundial para el Turismo

La OEA termina de incorporar a su plan de trabajo 2010/2012 la iniciativa argentina de tender a la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas.

Con motivo de la 39na. Reunión del Consejo del MERCOSUR los presidentes de los estados partes emitieron un comunicado conjunto en el que, (entre otras cosas) subrayaron la importancia de intercambiar experiencias en materia de protección contra todas las formas de explotación, en particular la laboral y sexual; además de expresar su beneplácito por la suscripción de la “Declaración de Buenos Aires sobre trata de personas con fines de cualquier forma de explotación”.

Como puede observarse existe una clara política de estado y una tendencia regional en materia de protección de derechos humanos lo cual implica un lógico correlato en materia de censura hacia cualquier forma de explotación.

No es posible considerar el problema de la explotación sexual infantil (en cualquier tiempo y ámbito) sino como parte de un fenómeno mayor y más complejo, cual es el de la explotación humana. Sin perjuicio de esto, si lo que se pretende es partir de un encuadramiento positivo se puede encarar también como un desafío más, al sistema legal de protección de la niñez, idea sobre la cual avanzaremos a la hora de formular las respuestas a este fenómeno delictivo.

Tomaremos aquí la primera afirmación que nos permitirá entonces considerar un par de dificultades a la hora de abordar el problema sea en el ámbito nacional o internacional:

A) Por un lado es necesario subrayar que éste fenómeno (el de la explotación) es obviamente preexistente al desarrollo turístico y donde su faz de explotación sexual infantil constituye apenas la arista de un iceberg que atraviesa varias dimensiones; motivo por el cual la normativa que lo contempla suele ser más bien genérica y está repartida en diversas normas. (Generalmente modificando o incorporando tipos al Código Penal de cada país; tal el caso de El Salvador – por Decreto 210/03 – Panamá – por ley 16/04 – o Guatemala – por decreto 14/05 - )

En Argentina en cambio, el tema se abarca desde una multiplicidad de enfoques que contemplan la doble dimensión: de la protección de los derechos por un lado [1] y la explotación por el otro (laboral, sexual, la Trata, el Tráfico y la Venta de Niños, Niñas y Adolescentes[2]). Sin perjuicio de cuidar las denominaciones evitando estigmatizar al sector al asociarlo con una actividad ilícita.

En otros casos cuando la voluntad política, la presión publica o las distintas ONG que se ocupan del tema han impulsado una normativa especifica, ésta se concentra en un solo cuerpo legal que deberá interpretarse y leerse en armonía con el resto del sistema normativo. (Tales los casos de Costa Rica – ley 7899/99 – o de Colombia – Ley 679/01)

B) En segundo término, también está claro que el escenario de este delito o concurso de ellos podría darse en múltiples espacios: la intimidad de un hogar, un pueblo, un establecimiento educativo o bien claro está, en el ámbito turístico. Y si bien en este ultimo escenario se genera una censura por parte del sector, que entiende el disvalor de la conducta que contradice los mas elementales Derechos Humanos, y el sentido mismo de la actividad turística, la condena se amplifica cuando el Turismo constituye no solo el escenario, sino cuando además la ilicitud se incorpora a la oferta misma, es decir cuando un destino, un operador, un hotel o cualquier tipo de prestador se promociona y comercializa a partir de la explotación sexual infantil.

Descartados instrumentos internacionales no ratificados e instituciones internacionales de segundo orden en referencia al turismo[3], partiremos entonces de la conceptualización del tema. Destacando cuatro posibles miradas institucionales o conceptuales. Desde la Seguridad, la RSE[4], la OIT [5] y la OMT [6].

Luego determinaremos a nivel nacional el doble marco jurídico donde se inserta esta problemática (La sanción y persecución del delito y la protección de la niñez) tanto sea desde lo normativo como desde lo institucional. Haciendo mención especial de los tres Congresos fundacionales convocados por la ONU y la OEA.

Seguidamente, consideraremos entonces cuales han sido las propuestas legislativas. Evaluando y resumiendo cada una de ellas.

Y finalmente revisaremos el contenido de la política pública que intenta desde el sector turístico dar respuesta a un tema complejo como es el planteado.

Una última aclaración: A lo largo de este trabajo y conforme los criterios internacionalmente más aceptados, cuando mencionemos el termino “niñez” u “adolescencia” nos estaremos refiriendo a toda persona física menor de 18 años[7] si perjuicio que el Art 127 del Código Civil considere la categoría de “Menores Adultos” (entre 14 y 21 años cumplidos)

Enfoques Conceptuales

Hechas las reservas del caso ¿Qué dicen los instrumentos internacionales sobre la explotación sexual de niños en referencia al ámbito turístico? La expresión generalizada se resume en tres siglas según el organismo o la época del documento: ESI[8], ESCI[9] o ESCNNA[10]

Sin embargo el concepto no siempre ha sido unívoco. En la Declaración de Estocolmo de 1996 se definía como: “el uso de menores con fines sexuales a cambio de dinero o de favores en especie, en una relación en que intervienen el cliente, el intermediario o agente y otras personas que se benefician del comercio de niños para estos propósitos”. Obsérvese que el acento (y debilidad) de este concepto está puesto en la intermediación (que puede no existir).

Años más tarde (2004), en la Reunión de seguimiento al II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y adolescencia se redefinió como: “la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración de cualquier otra retribución, y también la pornografía, el turismo sexual, el trafico de niñas, niños y adolescentes”. Vale decir que se suprimió la figura del intermediario, no porque este no merezca ser sancionado sino para dar un concepto mucho más genérico y abarcativo de una realidad compleja con multiplicidad de posibilidades y actores.

En el ámbito del MERCOSUR ya en el 2006 y dentro del GTP (grupo de trabajo permanente) denominado Niñ@sur se propuso un enfoque distinto, escindiendo cada concepto en:
Trata: “la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o recepción de personas menores de dieciocho años de edad, desde o hacia el extranjero o dentro del territorio nacional, con fines de explotación…”
Venta: “cualquier transacción en virtud de la cual un niño, niña o adolescente es transferido/a por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”
Explotación Sexual: “la promoción, facilitación o utilización de personas menores de dieciocho años de edad en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier otra retribución o promesa de remuneración”.
Abuso sexual: “la realización de actos sexuales o libidinosos mediando violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”
Pornografía infantil: “toda representación, por cualquier medio de una persona menor de dieciocho años, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales…”

Obsérvese entonces que si bien se gana en claridad, la tendencia a desagregar puede llevar a un punto donde se desdibuje el fenómeno que se pretende describir. Ahora bien, independientemente de la evolución de la definición; varios son hoy los enfoques predominantes. Marquemos dos conceptuales y dos institucionales a modo de ejemplo:

· Seguridad:
Las definiciones que hace eje en la seguridad parten de un criterio normativo y sociológico. El abuso de menores se ve como parte de una trama mucho más compleja que siempre viene de la mano de asociaciones ilícitas y concurso de delitos que devienen en una amenaza para la seguridad de toda la comunidad. En este contexto los menores son solo la punta de un iceberg que merece ser desmontado aplicando toda la severidad de la ley

· Responsabilidad Social Empresaria:
El variado arco interpretativo de la RSE que va desde la voluntad de reciclar el papel que se usa en la empresa hasta realizar tareas comunitarias que nada tienen que ver con el objeto de la sociedad comercial que se trate permite visualizar el problema como estrictamente sociológico y por lo tanto responder a este desde la voluntad de sensibilización y capacitación al sector. Su finalidad es que cualquier empleado o gerente pueda detectar una anomalía donde pueda estar vinculado un menor y sepa a su vez que hacer al respecto.

· OIT:
Como es lógico este organismo parte de una concepción que subsume el abuso sexual como una forma absolutamente disvaliosa de trabajo infantil[11]. La medida principal adoptada en 1999 por el “Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación” por medio del cual los Estados parte se comprometen a tipificar penalmente en el derecho interno algunos delitos de explotación sexual de menores es una clara expresión de un concepto seguramente formulado con la mejor de las voluntades aunque ampliamente discutido. Por otra parte, también en el marco del “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil” se han llevado a cabo acciones relacionadas con la explotación sexual infantil.

OMT:
La OMT combina varias ideas partiendo de una formulación positiva: “La protección de la niñez …” es el primer termino de la ecuación; contra “…la explotación en los viajes y el turismo” Así planteado, dos aspectos deben señalarse. Primero se trata de cualquier tipo de explotación (laboral, psicológica, etc. y especialmente sexual) y segundo se puede dar en un viaje turístico o no. La apertura misma de la definición favorece la posibilidad de plantear estrategias y acciones mucho más amplias.
Marco legal

Nacional
Algunos autores han tratado el tema de la relación entre minoridad y derecho dividiéndolo entre lo que sucedía en el ámbito de la Justicia de Familia y los Juzgados de Menores, entendiendo que en este último los procedimientos habían adquirido una discrecionalidad distorsiva del régimen de garantías y que por lo tanto reclamaban una reforma que vendría a cristalizarse en la ley 26.061[12]. Se dice entonces que a la visión “tutelar” de la infancia le sucedió la de la “protección integral” influida obviamente por la Convención de Derechos de los Niños, niñas y adolescentes. No obstante tanto la norma como su decreto reglamentario (1293/05) han sido objeto de severas observaciones. Hecha esta aclaración digamos que el tramado legal de protección de la niñez se refleja en el siguiente cuadro:

Normas Nacionales
Titulo
Constitución Nacional Art. 75 inc 22
Convención sobre los Derechos del Niño
Código Penal y normas complementarias
Delitos: Abuso y violencia sexual, de sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su identidad sexual, corrupción de menores, prostitución, pornografía, trata de personas, sexuales en el marco de crímenes internacionales
Código Procesal Penal de la Nación
Reglas: Relativas a la declaración testimonial de menores, al reconocimiento de lugares o cosas en el que intervengan menores.
Ley 25.179/99
Aprobación de la Convención Interamericana sobre Trafico Internacional de menores adoptada en México
Ley 25.763/03
Aprobación del Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, complemento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
Ley 26.061/05
Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Resolución MI 314/06
Creación del Programa “Las victimas contra las violencias”
Resolución MJS y DH/07
Programa de prevención de la trata de personas y asistencia a sus victimas. Objetivos
Ley 26.364/08
Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas

Obsérvense algunos ejemplos de normas locales donde palabras más o menos se resume la teoría de la protección integral en todos sus aspectos.

Local
Normas Locales[13]
Titulo
CABA
Ley 114 y 2443/07
Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

Bs. As. Ley 12.607
Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven de la provincia de Buenos Aires
Chubut Ley 4.347
Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la Provincia de Chubut
Mendoza Ley 6.354
Protección Integral del Niño y del Adolescente
Neuquén Ley 2.302
Protección Integral
Salta Ley 7.039/99
Protección Integral del Niño

Internacional
En este mismo sentido y estrechamente vinculado a la temática que nos ocupa, la Argentina ha ratificado los siguientes Instrumentos Internacionales:

Organismos Internacionales
Titulo
ONU
· Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (AG-ONU, 1949)
· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (AG-ONU, 1979)
· Convención sobre los Derechos del Niño (AG-ONU, 1989)
· Estatuto para la Corte Penal Internacional (CDP-ONU, 1998)
· Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999)
· Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (AG-ONU, 2000)
· Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (AG-ONU, 2000)
· Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (AG-ONU, 2000)
OIT
· Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (CIT-OIT 1999)
OEA
· Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (AG-OEA, 1994)
· Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (AG-OEA, 1994)
MERCOSUR
· Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR (2004)
· Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile (2004)

Marco institucional

La siguiente pregunta que cabría hacerse sería entonces ¿Cuál es el tramado institucional y que iniciativas han desarrollado en aras de la protección de los menores?.

v Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF)[14]
Se trata de un órgano federal especializado en temas de minoridad y familia de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la SENNAF, encargado de diseñar las políticas públicas relacionadas a cuestiones de minoridad y familia, especialmente en lo relacionado con la protección de la infancia y adolescencia como víctima de delitos como ser la trata, el tráfico, o la explotación sexual y la pornografía infantil, problemáticas relacionadas con las migraciones y trabajo infantil, entre otras.

v Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)
Esta Secretaría Nacional es el órgano especializado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia del Poder Ejecutivo Nacional y órgano rector de las políticas públicas en la materia. Si bien mediante el Decreto 416/06 dispuso su dependencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es un órgano con amplia autonomía al contar con una partida presupuestaria autónoma y ser miembro titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, espacio institucional en el que participan dependencias con rangos ministeriales. Por último, integra y preside el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
Entre sus principales funciones, se encuentra elaborar el informe previsto en el art. 44 de la Convención de los Derechos del Niño, y junto a COFENAF, el Plan Nacional de Acción en temas de minoridad.
Específicamente en lo que respecta a la explotación sexual infantil se destaca:
- el informe 2008 preparado en los términos del art 44 de la Convención de los Derechos del Niño, contiene un capitulo especial dedicado a esta temática. [15]
- el desarrollo de un Programa de Acción para la prevención y combate de la trata de niños y explotación sexual infantil en la zona de la Triple Frontera, refrendándose un Acuerdo de Cooperación entre Argentina, Brasil y Paraguay a fin de articular acciones de combate contra la explotación sexual infantil en esta zona. Asimismo se confeccionó un Protocolo de Intervención Común frente a víctimas de explotación sexual y laboral infantil en la misma zona, diseñándose una campaña de comunicación común en español, portugués y guaraní.
- la cooperación con damnificados, a solicitud de la Oficina Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación (OFAVI) en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

v Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Los principales programas e iniciativas para la prevención y lucha contra la explotación sexual de menores y trata de personas llevadas a cabo en el ámbito de este ministerio son los siguientes:
- Programa de Prevención de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas:
- Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
- Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad de la Secretaría de DD.HH.
- Unidad especial para la promoción de la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de la Secretaría de DD.HH.
- Programa “Las Víctimas contra las Violencias”
- Programa nacional contra la prevención y erradicación de la trata de personas
- Unidades especificas para la prevención e investigación del delito de trata de personas en las fuerzas de seguridad
- Centro de atención a víctimas de la violencia sexual de la PFA
- Estudios

v Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Se destacan las siguientes iniciativas:
- Programa Luz de la infancia para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil (ESCI)
- Comisión Nacional para la erradicación del trabajo infantil de Argentina (CONAETI)

v Procuración General de la Nación
- Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, otra para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas
- Oficina de asistencia integral a la víctima del delito
- Instrucciones especificas a los fiscales en relación con la investigación de delitos de explotación sexual y trata de personas; y sobre la protección a víctimas o testigos menores de edad en el procedimiento penal.
- Convenio de Cooperación entre la Procuración General de la Nación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en materia de trata de personas (2008)
- Convenio de Cooperación entre la Procuración General de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones en materia migratoria (2008)
- Carta de Compromiso a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes objeto de explotación sexual comercial (2000) y el Plan de Acción a favor de los Derechos de los Niños objeto de explotación sexual comercial (2000)
- Programa de Investigación de delitos vinculados con la explotación sexual de niños y adolescentes a través de Internet (2001)

v Ministerio de Turismo de la Nación
Las actividades llevadas a cabo en relación a la explotación sexual en el turismo son:
- Programa turismo responsable e infancia
- Comité Nacional del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo

Congresos Mundiales
1) Primer Congreso Mundial contra la Explotación sexual comercial de niños (Estocolmo, 1996): ha dado nacimiento a la Declaración de Estocolmo, mediante la cual los Estados intervinientes se han comprometido entre otras cosas, a promulgar el carácter delictivo de la explotación sexual infantil y otras formas de explotación sexual, estableciendo la responsabilidad criminal de los proveedores de servicios, clientes e intermediarios en la prostitución, tráfico y pornografía infantil, comprendida la posesión de material pornográfico infantil; garantizar que las víctimas infantiles queden exoneradas de toda culpa, ante la eventualidad de que sean castigadas como criminales; establecer legislación y políticas públicas para proteger a los niños frente a esta práctica; reforzar la comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, con ONG´s y organizaciones internacionales a fin de luchar contra este flagelo.
Asimismo, en lo que respecta a la problemática de turismo sexual, se han comprometido a desarrollar y aplicar medidas legales para considera como delito los actos cometidos por los nacionales de los países de origen contra niños de los países de destino (leyes penales extraterritoriales) y movilizar al sector de negocios, comprendida la industria turística, contra el uso de sus redes y establecimientos para la explotación sexual comercial de niños; como también, promover la extradición y otros convenios legales para garantizar que los presuntos responsables en la comisión de estos delitos en el país de destino, sea procesada o en su país de origen o en el país de destino.
2) Segundo Congreso Mundial contra la Explotación sexual comercial de Niños (Yokohama, 2001): este Congreso ha dado origen al Compromiso Mundial de Yokohama, los Estados renovaron su compromiso afirmando en la Declaración y el Programa de Acción de Estocolmo, comprometiéndose especialmente a adoptar medidas adecuadas para enfrentar el uso de nuevas tecnologías, en particular la pornografía infantil en Internet.
3) Tercer Congreso Mundial contra la Explotación sexual comercial de Niños (Río de Janeiro, 2008): a su culminación, se aprobó el Pacto de Río de Janeiro para Prevenir y Eliminar la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. Este Pacto, no obstante enuncia algunos avances a nivel mundial, señala ciertas deficiencias existentes en varios Estados, como ser, que las leyes no definen y criminalizan adecuadamente las diferentes formas de explotación sexual de niños de acuerdo con pautas internacionales; que la falta de investigación y juzgamiento se debe, en algunos casos, a falta de regulaciones en materia de extradición, asistencia judicial o a falta de normas sobre jurisdicción extraterritorial, así como que el derecho de los niños de expresar sus opiniones en todos los procedimientos judiciales y administrativos, no siempre está reconocido.

Propuestas Legislativas

Primera Parte
Proyectos legislativos en la Cámara de Diputados de la Nación

2006. Tramite Parlamentario N° 97 (21/07/06) Expte: 4126-D-2006. Iniciado en Diputados. Firmantes: Sartori, Diego Horacio.

Incorporación del artículo 125 ter al Código Penal (empresas dedicadas a la actividad turística que promuevan o faciliten la prostitución de menores)

En este proyecto se prevé una modificación dentro del capítulo III (delitos contra la integridad sexual) del título III, Libro Segundo del Código Penal, mediante la incorporación del art. 125 ter, redactado de la siguiente manera:
“Las empresas dedicadas a la actividad turística tales como agencias de viaje, guías de circuitos, hotelerías, aerolíneas, transportistas, y operadores afines a la actividad mencionada, que promovieren o facilitaren la prostitución de menores de dieciocho años de edad, serán sancionadas con inhabilitación definitiva de su licencia, más una multa, en todos los casos cuyo valor se fijará evaluando las circunstancias del caso, y el capital social de la empresa que cometa el mencionado delito”

Entre sus fundamentos se destaca la consideración de que la prostitución infantil relacionada con el turismo está en franco aumento en nuestro país, presentando una situación muy compleja por ser varios los factores que intervienen en que sea una tarea difícil de erradicar.
Se señala que el tipo de cambio favorable constituye un atractivo por el cual nuestro país parece haberse posicionado en la ruta del turismo sexual infantil, agravado por la pobreza y la exclusión social para fomentar este negocio.

En numerosos países existen leyes severas contra los abusos sexuales a menores y se condenan estos actos a los ciudadanos aunque lo practiquen en otro país donde no estén prohibidos. En Centroamérica, se persigue a las personas que se dedican a la captación de menores para trabajos sexuales, que normalmente ofrecen a turistas provenientes generalmente de EEUU. No se penaliza la adquisición de servicios, más bien se reprime a quien los ofrece, existiendo la problemática en muchos países, acerca si lo que debe ser considerado ilegal es la venta de servicios o su adquisición.

Interesa destacar que esta creciente explotación, tiene también su origen, no solo en la demanda de turistas pederastas, que experimentan placer en la relación sexual con niños o niñas, sino que conlleva una seguridad de que en el niño habrá menos posibilidad de contagio de enfermedades venéreas y de sida. Cuando más temprana es la edad en que el niño es introducido a la prostitución, mayores son los daños físicos y psíquicos que le producen.

Según informes de organismos nacionales e internacionales, advierten el crecimiento de esta práctica de turismo sexual infantil en nuestro país, con especial incidencia en Iguazú, utilizando la infraestructura turística de la zona de Cataratas y la Triple Frontera, pero también expandida en otras provincias así como también en Capital Federal.

El grado de participación de agencias de viajes, organizadores de tours y hoteles, que utilizan publicidad implícita o explicita, quienes muestran por Internet las ciudades donde la prostitucion infantil está extendida, manifiesta una forma encubierta que se ganó un lugar en las agencias de viaje para captar adeptos. Las leyes deben sancionar a toda la cadena operativa que vende paquetes turísticos con fines sexuales, o que éstos posteriormente sobrevengan. [16]

2006. Trámite Parlamentario N° 170 (09/11/06) Expte: 6748-D-2006. Iniciado en Diputados. Firmantes: Bianco, Lía Fabiola; Iturrieta, Miguel Angel; Bosch de Sartori, Irene.

Prohibición del ofrecimiento de paquetes turísticos que incluyan explotación sexual o prostitución de niños, niñas y adolescentes. Anexo I: Código de Conducta para la prevención del tráfico sexual infantil.

Establece que los prestadores de servicios turísticos enunciados en el art. 1 de la ley 18.829 y demás personas físicas o jurídicas que organicen turismo nacional o internacional, no podrán ofrecer en sus paquetes turísticos, expresa o tácitamente, planes o programas que incluyan explotación sexual o prostitución de niños, niñas y adolescentes.
Prevé que la Secretaría de Turismo de la Nación sea la autoridad de aplicación de la presente ley, quien con el objeto de prevenir y denunciar el abuso sexual o la explotación sexual de niños deberá inspeccionar y vigilar a los prestadores de servicios turísticos enunciados; así como será la encargada de regular y vigilar el cumplimiento del Código de Conducta establecido en el Anexo I de esta ley, al que deberán adherir todos los prestadores de servicios turísticos y demás personas físicas o jurídicas que puedan organizar turismo nacional e internacional.
Establece multas de $ 10000 a $1.500.000 y/o suspensión, cancelación de licencia y clausura del local, según la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley 18.829, cuando se cometan alguna de las siguientes conductas:
- informar y coordinar visitas a lugares donde se presten servicios sexuales con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años
- publicitar la prestación de servicios turísticos sexuales con menores de 18 años
- permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a bares, negocios similares y demás establecimientos turísticos con fines de prostitución o de abuso sexual.
- Violar las normas establecidas en el Código de Conducta para la Prevención del Tráfico Sexual Infantil.
Prevé que lo recaudado a través de la aplicación de las multas sea destinado al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, para financiar actividades o programas para la Prevención y Erradicación de la Explotación y Turismo Sexual y Prostitución Infantil.

El Anexo I por su parte, establece el Código de Conducta para la Prevención del Tráfico Sexual Infantil, instaurando ciertos parámetros de conducta ética -en consonancia con la Constitución Nacional, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño- que empresas, personas y servicios, directa e indirectamente vinculados a la industria del turismo, deben adoptar en relación a la lucha contra la explotación sexual infanto juvenil.
Entre las obligaciones que se establecen para estos sujetos se encuentran:
- Adoptar medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o intermediarios, ofrezcan contactos sexuales con menores de 18 años.
- Desarrollar políticas empresariales éticas contra cualquier forma de explotación sexual infanto juvenil.
- Informar, sensibilizar y orientar sobre los términos pactados en este Código y lo establecido en la legislación nacional en relación a la prohibición del turismo sexual infantil.
- Actuar contra todo acto que configure explotación sexual de niños y adolescentes, denunciando los hechos sospechosos e informando quienes son las personas involucradas en tales conductas, a sus superiores y a las autoridades públicas.
- Establecer en los contratos con las diversas áreas de hoteles, agencias y otros prestadores de servicios turísticos, cláusulas que declaren explícitamente el rechazo a cualquiera de las formas de explotación sexual de niños.
- Repudiar cualquier publicidad de carácter erótico vinculada al turismo.
- Capacitarse y capacitar funcionarios y/o asociados mediante cursos, conferencias, etc. Sobre lo referente en este Código y sobre los derechos de los niños y adolescentes, las consecuencias producidas por la explotación sexual infantil, las penas establecidas para los hechos de corrupción y prostitución infantil, campañas desarrolladas nacional e internacionalmente relacionadas con el turismo sexual infantil.
Prevé asimismo, que los responsables de hoteles deben actuar con especial celeridad en sus relaciones comerciales con las distintas áreas de la actividad turística para que no favorezcan a personas o empresas involucradas con seducción y abuso sexual de niños y adolescentes.
En la elaboración del contrato, el establecimiento deberá publicar que se dedica activamente en la protección de niños y adolescentes; así como que la explotación sexual de los mismos es un crimen y que el contacto sexual con éstos está prohibido en sus dependencias.
Finalmente, se prevé para las personas físicas y jurídicas que se adhieran, un deber de divulgación del contenido de este Código, así como de las ideas de rechazo a la explotación sexual infantil a través de carteles, guías, folletos, pasajes, páginas de Internet, etc, debiendo asimismo cooperar en el desarrollo y aplicación de un proceso de evaluación y monitoreo de los objetivos del instrumento, propiciando su permanente actualización.

2007. Trámite Parlamentario N° 20 (28/03/07) Expte: 1088-D-2007. Iniciado en Diputados. Firmantes: Iglesias, Roberto Raúl.

Modificación de Código Penal art. 128 (delitos contra la integridad sexual)

Este proyecto legislativo propone establecer la modificación del art. 128 del CP, quedando redactado de la siguiente manera:
“Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que produjere, divulgare, financiare, ofreciere, comerciare, distribuyere o publicare por cualquier medio, imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de 18 años; el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores y el que financiare cualquiera de esas actividades.
Será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que tuviere en su poder imágenes de las descriptas en el párrafo anterior.
Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años.
En los supuestos del primer párrafo la pena será de 10 a 15 años de reclusión o prisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1) se utilicen niños menores de 13 años
2) el material pornográfico represente a niños que son víctimas de violencia física o sexual
3) el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades
4) mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente, encargado de su educación o su guarda.

Se señala entre sus fundamentos, que nuestra legislación actual en este tema deja vacíos que permiten el accionar a quienes se dedican al intercambio de material pornográfico, pues la norma penal sólo reprime al que produce, publica y distribuye, no así a quien posee dicho material pornográfico infantil.
Del análisis del art. 128 del CP se diferencian tres tipos penales:
- el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhiban menores de 18 años y el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que éstos participen;
- el que distribuyere dichas imágenes;
- el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos a menores de 14 años, o les suministrare material pornográfico.
Ante ello y a fin de no dejar vacío legal alguno, sostiene que es necesario incorporar también como conductas punibles, la tenencia de dicho material, entendiendo por tal la simple tenencia sin finalidad de distribución y/o comercialización, pues sino no habría consumo, las redes de negocios no existirían y conjuntamente el financiamiento de cualquiera de las actividades por el mismo.
Asimismo, se incrementan las penas correspondientes a los delitos descriptos, y se incorporan diversos supuestos por el que el tipo penal se agrava.
Este proyecto hace hincapié en que la pornografía infantil con la difusión existente mediante Internet, es un delito trasnacional, vinculando a ello la prostitución infantil y el turismo sexual, el tráfico de mujeres y niños u otras formas de abuso sexual de menores.

2007. Trámite Parlamentario N° 78 (27/06/2007) Expte: 3143-D-2007. Iniciado en Diputados. Firmantes: Ingram, Roddy Ernesto.

Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo

El objeto de esta ley consiste en implementar medidas destinadas a prevenir y propender a la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo, disponiendo que las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el Anexo I: “Actividades comprendidas conforme la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de Turismo” de la ley 25.997 – Ley Nacional de Turismo- deben informar a sus clientes las consecuencias legales de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, comprendidas en el título III del libro segundo del Código Penal de la Nación.

Se establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo de la Nación y ejercerá sus facultades de supervisión e inspección, en consulta y coordinación con el Consejo Federal de Turismo.
Deberá supervisar e inspeccionar la s actividades de promoción turística con el objeto de prevenir y denunciar los casos de prostitución, abuso sexual o explotación sexual de niños, tipificados como delitos contra la integridad sexual que lleguen a su conocimiento, en tal sentido se establece que deberá:
- redactar normas concordantes con lo establecido por la Declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la prevención del turismo sexual organizado,
- publicitar y promover el “Código de Conducta para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes”, aprobado por la Organización Mundial del Turismo y UNICEF,
- invitar a las personas físicas y jurídicas vinculadas con las actividades mencionadas, a adherir al Código de Conducta referido,
- llevar un registro de adherentes a dicho Código de Conducta, recibir información que proporcionen sus adherentes en cumplimiento del mismo,
- suscribir convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para garantizar el cumplimiento de este Código de Conducta.
Se prevé por su parte, que quienes incumplan el deber de información establecido serán sancionados con multa de hasta $5.000, y en caso de reincidencia se podrá incrementar a $20.000.-, debiendo afectarse la suma que resulte de la aplicación de multas, a la financiación de programas de control y prevención de la explotación sexual.

2007. Trámite Parlamentario N° 104 (15/08/07) Expte: 4039-D-2007. Iniciado en Diputados. Firmantes: Arnold, Eduardo Ariel; Lusquiños, Luis Bernardo; Leguizamón, Anibal Ernesto; Marino, Adriana; Sarghini, Jorge; Cassese, Marina; Pinedo, Federico; Vanossi, Jorge Reinaldo.

Código Penal: Incorporación del art. 125 bis (delito de turismo sexual)

Este proyecto legislativo prevé la tipificación del delito de turismo sexual, previendo la incorporación de un último párrafo al art. 125 bis del CP, estableciendo que :

“Cuando mediare intermediación de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras para la perpetración del delito, las personas físicas y los miembros integrantes del órgano de administración social serán pasibles de las penas contempladas en el presente artículo en calidad de autor”.

Entre sus fundamentos, se destaca la preocupación por la situación de la infancia en el país y la consideración de que alrededor del 50 % de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, no teniendo satisfechas las necesidades básicas. Esta situación por su magnitud es considerada estructural, ya que el estado macroeconómico actual no resulta alentador para la estabilidad de los núcleos familiares, involucrando cada vez más a los niños, quienes consecuentemente pasan a formar parte de la cadena de abusos, violándose los más elementales derechos de la infancia, a través de la violencia física, psicológica o ambas, utilizándose muchas veces a los niños como medio de supervivencia del grupo familiar o como mero medio de obtención de beneficios económicos, a precio de su propia integridad física o psicológica.
Se sostiene que lamentablemente, la sanción penal es un recurso que puede parecer poco eficaz, ya que no combate las causas ni otorga soluciones a la medida de las necesidades, pero la amenaza al uso de la fuerza contra todos los participantes activos o pasivos en el maltrato a niños, constituye un elemento disuasor que permite atacar las consecuencias directas que genera tal situación. [17]
En tal sentido, el mecanismo que mueve la prostitución infantil se agudiza cuando se utiliza como valor agregado de comercialización de otros productos, involucrando a otras personas, desde el hotelero que consiente, a la agencia de viajes que promueve, en donde el menor es utilizado como engranaje en una cadena cuyo fin es la obtención de lucro, directa o indirectamente, a costa de la violencia y maltrato infantil.

2008. Trámite Parlamentario N° 100 (14/08/08) Expte: 4250-D-2008. Iniciado en Diputados. Firmantes: Gil Lozano, Claudia; Alcuaz, Horacio; Carca, Elisa; Pérez, Adrián; Reyes, María Fernanda.

Régimen de alerta e información de la prohibición del turismo sexual.

El objeto de esta ley consiste en informar y alertar sobre la prohibición del turismo sexual en Argentina.
Establece que en todas las terminales de transporte de larga distancia (aéreo, terrestre, ferroviario y fluvial así como en las compañías de taxis, agencias de autos de alquiler, cabeceras de líneas de subterráneos y trenes interurbanos y en sus vagones, debe exhibirse una leyenda, con letra clara y legible, en idioma español e inglés, “EL TURISMO SEXUAL ESTÁ PROHIBIDO EN LA ARGENTINA”
En tal sentido, prevé que esta leyenda deberá integrar cualquier medio publicitario que dichos prestadores y/o personas físicas y/o jurídicas utilicen a los fines de promocionar sus servicios, siendo los infractores a sus disposiciones sancionados con una multa que equivaldrá al 15% de los ingresos declarados en el ejercicio del último año, suspensión de licencia y/o clausura del local, hasta tanto se regularice la infracción detectada.
Dichas sanciones se aplicarán previo sumario conforme el procedimiento establecido por la ley 18.829 y lo recaudado a través de la aplicación de multas será destinado al “Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas de Trata”, creado por Decreto 1281/07 o al Programa que en el futuro la reemplace, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o al organismo gubernamental que en el futuro lo reemplace.
Por su parte, se designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación o el organismo que en el futuro la reemplace quien, con el objeto de prevenir y denunciar el turismo sexual, debe inspeccionar y vigilar a las personas físicas y/o jurídicas que cita el art. 2 y 3 del proyecto.

Se señala entre sus fundamentos, que Argentina se va convirtiendo en un país intensamente buscado para el desarrollo del turismo sexual, o al menos, esta situación va cobrando estado público a la par que se desnudan las regiones de mayor vulnerabilidad para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, poniendo en evidencia la profunda vinculación existente entre el turismo sexual, la trata de personas y la explotación sexual en tanto negocios que se complementan.[18]
Agrega que en tal sentido, las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país a partir de la suscripción del “Protocolo de Palermo” han conducido a la sanción de la Ley 26.364 conocida como la “Ley sobre Trata de Personas”. No obstante ello, señala que esta ley es insuficiente en varios sentidos, porque excluye al turismo sexual como parte de las definiciones de explotación a los fines de la trata (artículo 4), no obstaculiza el castigo de sus precursores y responsables debido a las complementariedades existentes supra mencionadas.
Entonces, por cuanto la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo del cual nuestro país es miembro desde 1975, ha resuelto la creación de un Código Ético en 1999 para prevenir la explotación sexual en el turismo, ello faculta y en cierta medida obliga a la Argentina a realizar campañas de prevención erradicación de esta actividad.
De este modo, este proyecto se orienta a alertar a los turistas y a la población en general, sobre la prohibición del turismo sexual en el territorio nacional, sobre las consecuencias administrativas y penales que puede acarrear su involucramiento así como para aquellas personas físicas o jurídicas que, vinculadas a la actividad turística, eviten colocar la leyenda en los términos planteados en esta ley.

2008. Trámite Parlamentario N° 149 (23/10/08) Expte: 5984-D-2008. Iniciado en Diputados. Firmantes: Morante, Antonio; Morejón, Manuel. [19]

Prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en turismo

Este proyecto legislativo tiene por objeto establecer medidas informativas y preventivas sobre la prohibición y las consecuencias de la explotación sexual de niños y adolescentes, así como la trata de personas en el territorio argentino, en terminales de transporte de pasajeros, en oficinas turísticas públicas y en medios de transporte.
Entre sus disposiciones establece la obligación de exhibir en lugar visible, una leyenda que en letra cara y legible, en idioma español, ingles y portugués, diga: LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y LA TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA ES UN DELITO SEVERAMENTE PENADO”.
Prevé que sea implementado tanto en aeropuertos nacionales e internacionales, terminales portuarias, terminales de transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oficinas públicas de turismo y medios oficiales de promoción del país.
Designa por su parte, como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación, pudiendo ésta ampliar los lugares supra mencionados, acorde a las necesidades estratégicas del área correspondiente y establecer el formato de leyenda referido.

Cabe mencionar que entre los fundamentos de este proyecto de ley, se encuentra la prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes considerada como la explotación de menores por parte de turistas, involucrando la complicidad, por acción directa u omisión, de prestadores de servicios turísticos o cualquiera que intervenga en la cadena de comercialización de servicios turísticos, además del tradicional proxenetismo, con la finalidad de satisfacer deseos sexuales.
En tal sentido se considera que la promoción de este tipo de actividades va desde la venta de paquetes turísticos ofrecidos en el exterior, hasta el contacto directo con las victimas en el lugar de destino. En el primer caso, además de los servicios corrientes como ser pasajes, alimentación, alojamiento y giras, también se elige el sexo del acompañante.
Estimando que en el mundo 2 millones de niños son victimas potenciales de esta modalidad de turismo y que el sida y el miedo a su contagio impulsa asimismo a miles de “clientes” a creer que el contagio de esta enfermedad es más difícil con los más pequeños.[20]
Por cuanto la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no se difunde en los medios de comunicación, y cuando alguna información trasciende, generalmente es poco confiable o incompleta, considera que urge tomar medidas a los efectos de estar en consonancia con las normas internacionales en la materia, ya que estos delitos enmarcados en la órbita del turismo, exceden la frontera de los países exigiendo más protección.[21]

2009. Trámite Parlamentario N° 47 (14/05/09) Expte: 2356-D-2009. Iniciado en Diputados. Firmantes: Areta, María Josefa; Storni, Silvia.

Prohibición del ingreso de menores de 18 años a establecimientos que ofrecen servicio de alojamiento

Su objeto consiste en regular las condiciones de ingreso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años -cuando no estén acompañados o autorizados expresamente por sus padres, tutores, curadores o responsables legales-, a lugares que ofrecen servicio de alojamiento, como ser hoteles, apart hoteles, moteles, hostels, residenciales, hospedajes y/o cualquier otro establecimiento que preste servicios de alojamiento de cualquier tipo y/o modalidad.

- Se establece que para el caso particular de los albergues transitorios o similares, queda expresamente prohibido su ingreso y alojamiento;
- Todos los establecimientos que brinden servicios de alojamiento deberán requerir a la persona que se aloje acompañada de niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, documentación que acredite vínculos filiatorios o autorización escrita de padres o responsables legales. Esta autorización deberá constar el tiempo en que el menor permanecerá alojado, debiendo encontrarse certificada por escribano o autoridad competente.
- Se prevé que todos los establecimientos lleven un registro foliado con fotocopias de la documentación supra referida, debiendo asimismo registrar el domicilio del menor, todo lo cual deberá ser exhibido cuando la autoridad competente lo requiera.
- Ordena la exhibición de carteles en español, inglés y portugués, de la presente disposición, junto a teléfonos de los organismos donde denunciar el abuso de menores, advirtiendo que la facilitación o encubrimiento de estos hechos están penados.
- Para el incumplimiento de sus disposiciones, se prevén sanciones de:
o multas de hasta pesos cien mil
o clausura del establecimiento y/o suspensión de la habilitación o autorización para funcionar por un plazo de hasta 4 años
o cancelación de la habilitación para funcionar o cierre definitivo del lugar; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiesen corresponder.[22]
Segunda Parte
Proyectos legislativos en la Cámara de Senadores de la Nación

2003. Proyecto Legislativo 121 Expediente N° 324/03. Perceval, María Cristina. Sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes.
ARTICULO 1°.- La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.ARTICULO 2°.- Se entiende por niños, niñas y adolescentes, contemplados en el artículo 1°, todas aquellas personas menores de dieciocho años de edad.ARTICULO 3°.- Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 18.829, en el ámbito nacional o internacional, los medios de transporte, sea cual fuere su modalidad, sea nacional o extranjera, los hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje, los bares, confiterías y restaurantes, deberán informar a sus clientes las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes comprendidas en el Título III del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.La forma del suministro de esta información será implementada por la autoridad competente en cada una de las materias enunciadas en el párrafo primero.ARTICULO 4°.- La Secretaría de Turismo de la Nación y las autoridades u órganos competentes que corresponda según la materia, en cada jurisdicción serán los encargados de aplicar la presente ley. En cumplimiento de la misma, deberán supervisar e inspeccionar las actividades de promoción turística con el objeto de prevenir y denunciar la prostitución, el abuso sexual o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la presente ley y tipificadas en el Titulo III, libro II del Código Penal de la Nación. Asimismo se debe denunciar y sancionar a las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley. La autoridad de la aplicación podrá ejercer la facultad de supervisión e inspección en forma conjunta y coordinada con los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las distintas jurisdicciones.ARTICULO 5°.- La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación deberá redactar un código de conducta dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de esta ley, respetando lo establecido por la Declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la prevención del Turismo Sexual Organizado (El Cairo, 1995), que será de estricto cumplimiento por las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 3° de la presente ley .ARTICULO 6°.- La autoridad de aplicación podrá aplicar una multa de hasta CINCO MIL PESOS ($ 5.000) a las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 3°, que no den cumplimiento a lo previsto en la presente ley .Las sanciones serán aplicadas mediante el procedimiento que se establezca en la reglamentación de la presente.ARTICULO 7°.- La autoridad de aplicación que corresponda según la materia, deberá afectar específicamente, las sumas resultantes de la aplicación de las multas previstas en esta ley, a la financiación de programas de control y prevención de la explotación sexual infantil.

2005. Proyecto Legislativo 125 Expediente N° 3339/05 Isidori, Amanda Mercedes. Sobre prevención del denominado turismo sexual.

Propone una modificación a la Ley Nacional de Turismo, incluyendo el art. 37 bis sobre Turismo Sexual, redactado de la siguiente manera: “La autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con el Consejo Federal de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, los organismos públicos competentes y demás sectores involucrados, elaborarán y seguirán una política de prevención del denominado “turismo sexual”, con el objeto de proteger a la población vulnerable, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, de la explotación sexual, ofrecida como parte de los servicios turísticos nacionales y/o internacionales.
La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá un mecanismo de recepción de denuncias relativas a la oferta de servicios de turismo sexual, las cuales derivará a la autoridad competente. En caso de no hacerlo, las autoridades responsables incurrirán en falta a los deberes de funcionario público.
Sin perjuicio de otras acciones correspondientes, la autoridad de aplicación podrá aplicar sanciones a los prestadores turísticos que hayan ofrecido servicios de turismo sexual”.

2006. Proyecto Legislativo 124 Expediente N° 1789/06 Basualdo, Roberto Gustavo. Por el que se crea el Programa Nacional para la Prevención del Turismo Sexual Infantil.

La ley tiene por objeto la creación del Programa Nacional de Prevención del Turismo Sexual Infantil en todo el territorio nacional. Se destacan entre sus objetivos:
- contribuir a la erradicación de todas las formas de abuso sexual infantil,
- confeccionar y promover medidas de índole jurídica, legislativa, política, administrativa y cultural que fomenten la protección de los derechos del niño frente a cualquier forma de explotación sexual,
- impulsar la cooperación entre los países emisores y receptores de turismo a los fines de erradicar el turismo sexual infantil
- concientizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre esta problemática, a fin de que se promuevan políticas para hacer frente a estas situaciones,
- efectuar campañas de difusión a través de medios de comunicación masiva, para combatir el fenómeno como así también, promover la ejecución de denuncias.
- Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a la prevención y atención de las diversas formas de explotación sexual de menores.
- Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones en la temática
- Apoyar las acciones preventivas y asistenciales desarrolladas por las ong s de la sociedad civil
- Implementar un centro de documentación y base de datos sobre la temática de turismo sexual infantil, al que podrán acceder e incorporar información todos los organismos involucrados.

2007. Proyecto Legislativo 125 Expediente N° 2587/07 Perceval, Maria Cristina. Tendiente a la preservación y sanción de la explotación de menores en el marco del denominado turismo sexual.

Este proyecto legislativo tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
En tal sentido, define como explotación sexual de menores en el turismo a la organización de viajes utilizando las estructuras y redes del sector del turismo, con el propósito de facilitar a los turistas nacionales y extranjeros la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes residentes del lugar de destino. Asimismo, establece para los operadores de servicios turísticos, el deber de informar sobre las consecuencias legales de esta explotación.

2008/2010 Reproducción de proyecto legislativo 126. Reproduce el proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional para la Prevención del Turismo Sexual Infantil. Proyecto de ley Expte. 348/2010 Basualdo, Roberto.

En este proyecto se reitera el descripto en el punto 3.-

Rol del Turismo

Tanto en el PFETS[23] como en la ley 25.997 se expresa claramente que uno de los principios rectores de la actividad lo constituye el “Desarrollo Sustentable”. Se trata entonces de incentivar un desarrollo turístico en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios tanto a la comunidad actual como a las futuras generaciones y esto aplicado al medio ambiente, la comunidad y la economía.
Por lo tanto la protección de la niñez se subsume claramente en este principio que desde el 2003 el actual Ministerio de Turismo ha hecho suyo.

Por las posibilidades y competencias del sector para afrontar esta problemática y sin perjuicio de la articulaciones interministeriales con los organismos específicos, dos han sido los enfoques que se han priorizado. En lo institucional el de la OMT y en lo conceptual el de la RSE.

En 1997 la OMT creo el Grupo de Acción (Task Force) para Proteger a los Niños de la Explotación Sexual en Turismo – Grupo actualmente liderado por la propia OMT que mantiene reuniones bianuales, Marzo-ITB, Berlín, Nov.-WTM, Londres. La Argentina posee representación en el Comité Ejecutivo liderando el área gubernamental para la región de América. Y una idéntica posición en el Grupo de Acción Regional surgido espontáneamente a instancias de Brasil y actualmente liderado por Ecuador.

El programa liderado por el Ministerio tiene por objetivo fundamental la implementación de acciones que protejan y promuevan los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del Turismo y la prevención para evitar cualquier vinculación directa o indirecta dentro del Sector Turístico en situaciones de vulneración de los Derechos de Infancia en general y de Explotación Infantil, laboral o sexual en particular. Dicho escuetamente: Capacitación y Concienciación.

El 19 de Agosto del 2008 la entonces Secretaria de Turismo[24] se convirtió en el primer organismo público en el mundo que suscribió The Code[25]. Brevísimo instrumento de adhesión inspirado en el Código de Ética de la OMT y consistente en seis puntos elementales que pretenden vincular la visión y la estrategia organizacionales a las buenas practicas para la protección de los menores a través de criterios de responsabilidad social. En el comité de implementación participaron AFEET[26], ECPAT[27], SAVE THE CHILDREN[28] y UNICEF[29]

Sin embargo el sistema internacional resultaba de difícil aplicación tal como se formulaba metodologicamente, por ello en 2009 el Ministerio reformuló los criterios para adaptarlos a la realidad nacional y empezó una larga tarea de suscripción de organismos y empresas argentinas a un “Código de Conducta Nacional”

CODIGO DE CONDUCTA NACIONAL
1) Establecer una política ética en lo que se refiere a la protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2) Educar y formar al personal de la empresa
3) Introducir una cláusula en los contratos con proveedores, en la que se informa el rechazo a la explotación sexual comercial infantil y la adhesión al Código de Conducta para la protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, como herramienta de responsabilidad social empresaria.
4) Proporcionar información a los viajeros por medio de catalogos, folletos, películas en vuelo, anuncios en TV, etiquetas en los billetes, etc. sobre la campaña de prevención de la explotación sexual comercial en viajes y turismo, en concordancia a los lineamientos del Estado Nacional en relación a los temas vinculados a niñas, niños y adolescentes.
5) Proporcionar información a los agentes locales “clave” de la localidad en la que desempeña su actividad
6) Evaluar y emitir un informe anual que contenga el reporte de las acciones desarrolladas para implementar estos criterios.

A modo de conclusión
“Más Jesús les dijo: Dejad que los niños vengan a mi
y no se los impidáis porque de los que son como estos
es el Reino de los Cielos.”
Mateo 19:14

Si, como decíamos al inicio el problema evidente es la explotación del hombre por el hombre[30]; en su variante más cruel cual es la explotación sexual de la niñez[31], no es exagerado pensar que estamos frente a una variante más de aquello que alguna vez Juan Pablo II denominó “cultura de la muerte” ya que se trata ni más ni menos que de eso: un infanticidio sostenido y sistemático, donde los más vulnerables (los menores) padecen un sinnúmero de delitos que van desde la reducción a servidumbre, los daños físicos, psíquicos y morales, el abuso, la violación y finalmente la muerte.[32]

Prologando otro trabajo comentaba Eva Giberti que entre escribir un artículo sobre el problema de la explotación sexual infantil y asistir a una victima menor de edad existe un vacío que la imaginación no alcanza a representar[33].Conscientes de esto, vaya entonces nuestro aporte posible a la causa de los más indefensos.

[1] www.unhchr.ch/
[2] La Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a la explotación laboral, sexual, la Trata, el Tráfico y la Venta Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 2007
[3] Véase al respecto el informe anual 2009 de la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) dependiente del Ministerio Publico Fiscal denominado Explotación Sexual, Comercial y otras formas de Violencia o Abuso Sexual sobre niñas, niños y Adolescentes
[4] Responsabilidad Social Empresaria
[5] Organización Internacional del Trabajo
[6] Organización Mundial del Turismo
[7] Siguiendo el Art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño
[8] Explotación Sexual Infantil
[9] Explotación Sexual Comercial Infantil
[10] Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
[11] Ver Programación de los Derechos de la Infancia de Gerardo Sauri Suarez en la obra Explotación Sexual Comercial Infantil compilada por Raquel Pastor Escobar y Raquel Alonso Nogueira UBIJUS Mexico D.F. 2008
[12] Ver La dimensión política de la ley 26.061 de Laura Cristina Musa en Protección integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Emilio García Méndez compilador Fundación Sur, Ediciones del Puerto Buenos Aires 2008
[13] Ver “La protección a la infancia como derecho público provincial” Coordinadora Mary Beloff - Buenos Aires Editrorial Ad-Hoc 2008
[14] El COFENAF fue creado por la ley 26.061 y reglamentado por el decreto 416 de 17 de abril de 2006. Entró en funciones el 15 de diciembre de 2006.
[15] Ver http://www.desarrollosocial.gov.ar/pdf/InformeONU.pdf

[16] No obstante este proyecto legislativo aun se encuentra en trámite, y si bien a la fecha no se ha tipificado el turismo sexual o turismo sexual infantil como delito autónomo, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada el 9 de abril de 2008, introdujo modificaciones en la tipificación de delitos contra la integridad sexual.

[17] Se menciona en el proyecto que América Latina al igual que otros países asiáticos como Tailandia o Ceilán, ha pasado a ser un destino turístico por motivos sexuales. Brasil para combatir el delito ha implementado una ley penal de dureza inusitada, pero de resultado efectivo para combatir la prostitución infantil y sobre todo para penalizar las actividades de quienes organizan y promueven los delitos contra la infancia con carácter comercial.

[18] Interesa mencionar que la OIT considera que aproximadamente 3.500 niños/as y adolescentes que viven en la Triple Frontera están vinculados con las distintas formas de explotación sexual, trabajan en las calles –especialmente en todo el Paso Fronterizo de la Amistad- y son reclutados por las redes de explotación que los obligan a trabajar en cabarets, prostíbulos, hoteles turísticos y discotecas de la zona. En la misma dirección se encuentra la denuncia realizada por la legisladora chaqueña Clelia Ávila, quien sostiene que el reclutamiento para el abastecimiento del turismo sexual proviene en un 90% de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, donde niños/as, adolescentes y personas adultas son secuestradas para ser explotadas sexualmente en otros lugares, como el sur del país o la Capital Federal.
[19] Este mismo proyecto legislativo, lleva también el nro de Expediente 0098-D-2010.
[20] Según datos extraídos de los fundamentos, se estima estadísticamente que en Latinoamérica sólo en 1999, Costa Rica recibió 5000 turistas con intenciones específicas de explotación infantil, constituyendo los estadounidenses el 80% de los arrestos relacionados con turismo sexual infantil. Esta problemática esclaviza a millones de niños en todo el mundo: 500.000 en la India, 100.000 en Tailandia, 100.000 en Filipinas, 100.000 en Taiwán, 500.000 en Brasil, 300.000 en EE.UU.
[21] Entre los fundamentos del proyecto, se menciona precisamente, que los destinos del turismo sexual infantil cambian conforme se inician esfuerzos de protección en un país, viéndose obligados quienes utilizan estos servicios, a optar por un país distinto. Ej. Tailandia comenzó a comprometerse con una política de protección de sus menores y los abusadores que tradicionalmente elegían este destino, comenzaron a viajar a Camboya. (estadísticas mundiales de países Costa Rica, India, Tailandia, Filipinas, Taiwán, Brasil, EEUU)

[22] Este proyecto de ley ha contado con la colaboración del equipo de la ONG Asociación Civil: Prevención del Abuso y Maltrato a Menores y Discapacitados, con el apoyo de Alejandro Molina, ex juez civil, Defensor de Menores ante la Cámara Nacional en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo, ex Presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, quienes han presentado un proyecto de Ordenanza en octubre de 2008 en el municipio de San Isidro, Prov. De Bs. As. Asimismo, según consta en el proyecto legislativo, para su elaboración se han recibido aportes del equipo Área de Género y DDHH de las Mujeres del Instituto de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
[23] Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable formulado en el 2004/05 y con un horizonte temporal al 2016
[24] El cambio de estructura de Secretaria a Ministerio se concretó mediante Decreto 919 del 2010
[25] www.thecode.org The Code es hoy una ong surgida de un proyecto de ECPAT(End Child Prostitution, Chile Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
[26] www.afeetargentina.org.ar Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas
[27] www.ecpat.net
[28] www.savethechildren.org.ar
[29] www.unicef.org/spanish/
[30] Véase sobre el análisis de la situación de la victima el trabajo Delitos Sexuales sobre Menores de Pedro A. Gutierrez. Ediciones La Rocca. Bs. As. 2007
[31] Monni Piero, El Archipielago de la Vergüenza, España Editorial BAC 2004
[32] Primer Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños – Declaración Nº 9 Estocolmo, Suecia 27 al 31 de Agosto 1996 - http://www.csecworldcongress.org/
[33] Prostitución Infantil, tráfico de menores y turismo sexual. Luis G. Blanco Bs. As. Editorial Ad Hoc 2008

Turismo de Calidad y Experiencia Normativa

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Wed, 17 Sep 2008 04:02:00 +0000

Introducción
Desde una perspectiva sistémica y moderna podría decirse que las normas de Calidad configuran un sistema normativo ya que participan de las características de completitud, independencia y coherencia que estos requieren[1], no obstante y desde una perspectiva Kelseniana quedarían fuera de consideración de los sistemas jurídicos en la medida que sus enunciados carecen de elementos coercitivos.
Lo que trataremos de graficar en el presente trabajo es que la precedente afirmación requiere de ciertas consideraciones y reservas; para ello recorreremos el espinel del denominado Sistema Argentino de Calidad Turística para luego abordar la relación entre enunciados de uno y otro universo.

SACT (Sistema Argentino de Calidad Turística)
El SACT es una propuesta metodológica que puede ser adecuada y aplicada a las disímiles realidades y características de cada destino y sus correspondientes grupos sociales. Se trata de un grupo de herramientas que se adaptan a un determinado perfil del destinatario y sus componentes respecto de su nivel de inmersión en la cultura de la calidad.
El SACT es una estrategia llevada a su nivel operativo, orientada hacia la difusión de la calidad tanto en la prestación de servicios como en el cuidado ambiental, a través de la promoción de prácticas efectivas para el uso racional de los recursos.
Sus objetivos se plantean en dos niveles:
· Desarrollar la competitividad del sistema turístico argentino a través de estándares internacionales de calidad, preservando la sustentabilidad social, económica, cultural y ambiental;
· Implementar entre los actores del sistema turístico nacional un modelo de gestión por resultados mediante el diseño de procesos que respondan al cumplimiento de las misiones institucionales y que puedan ser evaluados fácilmente por los usuarios.

Las herramientas, programas o propuestas de sistemas de gestión de calidad[2] que se plantean no son constituyen un conjunto pétreo sino dinámico e inclusivo, que puede adaptarse a las necesidades de destinos, sectores y productos.
En este esquema el cuadro que conforma el SACT se presentaría de la siguiente manera:

Beneficiarios
· Destinos: espacios geográficos que poseen un atractivo tal capaz de generar la necesidad de movilizar a las personas hacia ese lugar, invirtiendo un gasto en el lugar del pernocte. Las herramientas SACT para destinos buscan implantar la cultura de la calidad y la mejora continua desde una perspectiva integral, favoreciendo la estructuración del destino y la coordinación público – privada en pos del beneficio general.
· Sectores: agrupamientos de actividades productivas que por sus características generales, comparten un mismo rubro. Por ejemplo: hotelería, gastronomía, transporte, etc.
· Productos: aquellos conformados por un conjunto de atributos, valores, símbolos y/o contenidos susceptibles de ser puestos en mercado para satisfacer una experiencia o vivencia deseada por el cliente. La implementación de las herramientas SACT permitirá fortalecer sus sistemas de gestión de manera integral y diferenciarse a fin de mejorar su capacidad de comercialización y competitividad.

Niveles:
Los niveles de aplicación de la cultura de la calidad son:
· Nivel Inicial: es el primer estadio del proceso de inmersión en la cultura de la calidad. Este nivel estará recomendado para aquellos beneficiarios que comienzan a desandar el camino de la calidad por primera vez. En estos casos, será necesario facilitar una sensibilización inicial a partir de la cual se establezcan los niveles mínimos de comprensión de los temas y criterios vinculados con la gestión de la calidad. Implica la facilitación de las metodologías y herramientas del SACT de forma asistida y bajo un continuo seguimiento de parte de equipos técnicos, que aseguren la correcta implementación de la herramienta correspondiente.
· Nivel Avanzado: a este segundo nivel podrán acceder aquellos beneficiarios que ya están trabajando en procesos de estandarización y sistematización de sus procesos de gestión, pero que por el nivel de maduración de sus sistemas de gestión de la calidad, están preparados a avanzar hacia el cumplimiento de nuevos requisitos. En esta instancia, si bien los procesos de mejora continua ya han comenzado, el objetivo de la implantación de las herramientas de este nivel de inmersión será el de fortalecer y consolidar estos procesos de ordenamiento de la gestión y mejora continua.
· Nivel de Excelencia: a este último nivel del SACT accederán aquellos actores que poseen sistemas de gestión de la calidad consolidados y que pueden demostrar efectivamente la instauración y funcionamiento de sus sistemas de calidad.

Herramientas[1]

SIGO
El SIGO fue diseñado por expertos en gestión de la calidad de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo, especialmente orientado a las MIPYMES. Si bien toma el modelo del Sistema LAJACONET (Latin American - Japan Consulting Network), ha desarrollado una lógica propia que lo convierte en un sistema de gestión sistémico basado en los valores humanos.
El Sistema Inicial de Gestión Organizacional – SIGO, tiene como objetivo fundamental apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios turísticos para conducir la dirección de sus negocios hacia la modernización, mediante la adopción de sistemas de gestión y estándares de calidad y servicio de clase mundial, a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, y alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad.
El SIGO se orienta principalmente a mejorar y resolver cinco aspectos básicos de la operación de las empresas turísticas:
· Liderazgo: todo cambio organizacional comienza por el liderazgo. La adopción de un nuevo sistema de gestión en las empresas implica el compromiso del propietario o gerente, quienes serán capacitados para desplegar el sistema dentro de la empresa.
· Desarrollo Humano: creando las condiciones necesarias para que el personal libere su potencial y haga contribuciones significativas, impulsando a la empresa a alcanzar y mantener su nivel de competitividad.
· Procesos: aplicando una metodología para resolver los problemas operativos, se obtiene una clarificación de los procesos de la empresa, favoreciendo la integración y evitando el desperdicio.
· Sistema de Gestión: aplicando un modelo que permita a las empresas un direccionamiento claro y un conocimiento amplio de qué esperan sus clientes; promoviendo una adecuada planificación y la definición de objetivos claros para todos los que trabajan en la empresa.
· Sistema de Información y Diagnóstico: Desarrollando un tablero de comando que permita conocer la situación de su entorno y de su condición interna, mediante la construcción de indicadores que sirvan de guía y permitan alinear los diferentes tipos de mediciones que cada área tiene e integrarlos en un sistema de información, con el cual el empresario pueda tomar las decisiones adecuadas y establecer las políticas o directrices del negocio.

BUENAS PRÁCTICAS
Este programa es producto de un acuerdo entre la Secretaria de Turismo de la Argentina y la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio de España.
Basado en una serie de manuales sectoriales el Programa Buenas Prácticas en Destinos es una metodología que está basada en la gestión del espacio físico y de la prestación del servicio, evitando conceptos y enfoques excesivamente técnicos por cuanto está dirigido a empresas y prestadores de pequeña y mediana envergadura.
El carácter facilitador del BBPP permite acceder o emprender el camino hacia la implantación de sistemas de certificación de la calidad y se complementa con la perspectiva de destino turístico con la que está estructurado, contribuyendo a la vertebración de los sistemas de información, coordinación y actuación público-privada.
El Programa Buenas Prácticas en Destinos tiene como objetivo fundamental aumentar la competitividad del destino, mediante la iniciación a los diversos subsectores beneficiarios, en la gestión de la calidad.
La creación de conciencia de servicio entre los actores turísticos se concreta a partir de la metodología y el uso de herramientas especialmente diseñadas desde una visión holística del destino.
Hasta el momento se han implementado en Tilcara y Purmamarca, la comarca Virch/Valdez, San Rafael, Las Heras, Mendoza y el Partido de la Costa.

DIRECTRICES
La directriz es una pauta voluntaria de acción que bajo la forma de recomendaciones y especificaciones técnicas extraídas de la experiencia y de los avances tecnológicos y científicos, se adapta a múltiples realidades. En términos de calidad constituyen un referencial que se acompaña con un sistema de autodiagnóstico y un Manual de Aplicación. Limitado a un producto determinado, hasta el momento se han desarrollado 3 Directrices de playas, termas y accesibilidad en hoteles.
En tal sentido, el diseño y posterior aplicación de Directrices en el sector Turismo procura alcanzar los siguientes objetivos:
· contribuir a garantizar la calidad ambiental, social y cultural, y la calidad del servicio, solucionando problemas y atenuando impactos a partir su implementación;
· establecer pautas específicas para la gestión de la calidad y la gestión ambiental de cada sector de actividad seleccionado;
· proveer un marco de referencia para la optimización en la prestación de servicios;
· promover el desarrollo de sistemas de calidad que contemplen de manera integral la satisfacción del usuario, la seguridad en el trabajo y la preservación de los recursos naturales, culturales y el respeto a la comunidad anfitriona;
· establecer pautas de acción para las intervenciones físicas en el territorio;
· proponer acciones de concientización de los diversos actores involucrados en la actividad;
· mejorar la calidad de productos y servicios, permitiéndole mantener y/o actualizar los estándares alcanzados a lo largo del tiempo.

PROGRAMAS PARA LA GESTION DE LA EXCELENCIA
Constituido por tres niveles, donde el último equivale haber alcanzado el Premio Nacional de la Calidad
Esta serie de programas son el resultado de un convenio de colaboración suscripto en el 2003 entre la CAT y la Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FÚNDECE), y mas tarde, en agosto de 2004, en el marco de este Convenio, firmó con la Fundación Premio Nacional a la Calidad (FUNDAPRE)[2], un nuevo acuerdo a fin de desarrollar de manera conjunta un Modelo de Gestión de Excelencia para Empresas de Turismo.
Hasta el presente si bien varias empresas han participado de los dos primeros niveles solo un prestador (el Hotel Intercontinental) ha alcanzado la máxima distinción.

NORMAS SECTORIALES
Habiendo desarrollado un acuerdo estratégico con el Instituto Argentino de Normalización – IRAM[3], orientado a mejorar la calidad de los servicios turísticos, desarrollando una serie de normas sectoriales que contemplen no solo el sistema de gestión sino también la preservación del medio ambiente y la seguridad.

Durante el primer año de se desarrollaron las siguientes normas:

Comisión
Grupo de Trabajo
Normas a estudiar
Alojamiento turístico

Hotelería

IRAM-SECTUR 42200 Hotelería
Bed & Breakfast
IRAM-SECTUR 42220 Bed & Breakfast
Cabañas

IRAM-SECTUR 42210 Cabañas
Áreas Naturales
Áreas Naturales Protegidas
IRAM-SECTUR 42300 Áreas Naturales Protegidas
Turismo aventura y ecoturismo
Senderismo y
Montaña
IRAM-SECTUR 42500
Senderismo y Montaña

IRAM-SECTUR 42510
Alta Montaña
Cabalgata y Cicloturismo
IRAM-SECTUR 42520 Cabalgata

IRAM-SECTUR 42530 Cicloturismo
Rafting y
Canotaje
IRAM-SECTUR 42540 Rafting

IRAM-SECTUR 42550 Canotaje
Gastronomía
Restaurantes
IRAM-SECTUR 42800 Restaurantes

Durante el año 2008, las normas que se desarrollarán son:

Comisión
Grupo de Trabajo
Normas a estudiar
Turismo aventura y ecoturismo

IRAM-SECTUR 42560 Navegación turística con embarcaciones a motor
IRAM-SECTUR 42570 Excursiones todo terreno

IRAM – SECTUR 42701 Especialista en rafting
IRAM SECTUR 42702 Especialista en canotaje
IRAM SECTUR 42703 Especialista en cabalgata
IRAM SECTUR 42704 Especialista en cicloturismo
IRAM SECTUR 42705 Coordinador de Turismo Estudiantil
Alojamiento turístico
Alojamientos
Para-Hoteleros
IRAM-SECTUR 42230 Hostels
IRAM-SECTUR 42240 Campamentos
IRAM-SECTUR 42250 Alojamiento de Turismo Rural
Museos
Museos
IRAM-SECTUR 42400 Museos
Eventos
Eventos
IRAM SECTUR 42900 Organización de eventos

CLUBES DE EXCELENCIA
Pensado para aquellos prestadores que deciden acceder a conformar un cluster único, donde podrán poner en práctica los principios del asociativismo buscando cooperar para el desarrollo de economías de escala en todas las fases de la cadena de valor.
Los Clubes de Excelencia que se conformen permitirán la creación de un producto con un distintivo de calidad que los identifique como una oferta única capaz de brindar a los turistas una plena satisfacción de sus expectativas.
Este distintivo de calidad, les permite además desarrollar y sostener sus estrategias de marketing y comercialización para mejorar su posicionamiento y favorecer su competitividad en el mercado.

Normas Jurídicas y Normas de Calidad
Como adelantáramos en la introducción está claro que desde un sentido amplio normas jurídicas y normas de calidad participan del mismo universo en tanto constituyen casos de uso prescriptivo del lenguaje.[4]

Sin embargo sus diferencias no son pocas. Ambas parten de presupuestos distintos. Las normas jurídicas mas allá de su causa, surgen para completar el sistema, su presupuesto es que no haya una norma con el mismo objeto y alcance independientemente de su carácter reactivo, preventivo o tutelar; en cambio las normas de calidad parten de otro supuesto y es que las normas jurídicas existen y se cumplen, y donde el valor “calidad” cumple una función de plus, de valor agregado al que se llega por adhesión.

Lo mismo podríamos afirmar acerca del origen. Las normas jurídicas pueden surgir de una necesidad política, administrativa, social, etc. pero siempre es el órgano administrativo quien la impulsa, sanciona y promulga (sea en forma expresa o tacita), las normas de calidad en cambio se plantean desde la necesidad de una parte interesada e involucrada directamente con la actividad que se trate.

Ahora bien, si partimos del concepto que una norma jurídica es una pauta de conducta obligatoria emanada de autoridad competente notaremos que poco tiene que ver con la idea de norma de calidad. Estas constituyen un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que establece, para usos comunes y repetitivos, REGLAS, CRITERIOS O CARACTERÍSTICAS para las actividades o sus resultados, procurando la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado.

Las normas de calidad entonces, para que puedan considerarse tales se deben aprobar por consenso, consenso que no se expresa necesariamente en un determinado quorum sino en la voluntad de trabajo conviviendo con las diferencias que puedan suscitarse dentro de los limites que marcan los organismos reconocidos y capaces de liderar este tipo de construcciones técnicas y en conjunto con todas las partes interesadas del propio sector turístico.

Los actores y procesos para la elaboración de normas jurídicas variarán según se trate de una reforma constitucional, una ley, un decreto, una resolución o una circular. En cambio en la elaboración de normas de calidad hay tres actores que siempre deben estar representados: productores, consumidores y los intereses generales. En cuanto a los procedimientos si bien podrán variar según se trate de normas de alcance nacional o internacional seguramente atravesarán las cinco etapas clásicas de elaboración:
A) Reunión de antecedentes
B) Formación del grupo de trabajo que habrá de construir la norma a lo largo de un tiempo determinado
C) Validación interna
D) Apertura a discusión pública
E) Aprobación definitiva
F) Difusión

En lo que se refiere al alcance, mientras las normas jurídicas están dirigidas a toda la sociedad, son vinculantes, casuísticas y según del tipo de norma que se trate: generales, oponibles y presumiblemente conocidas por todos. Por su parte las normas de calidad están orientadas a un solo sector, son especificas y siempre acotadas o bien a sistemas de gestión; productos, procesos, servicios, competencias laborales o simplemente pueden constituirse como un mero referencial terminológico.

Finalmente, mientras las normas jurídicas son obligatorias, las de calidad son voluntarias. Y así éstas ultimas requieren de la adhesión a un determinado proceso de implementación que eventualmente podrá derivar (o no) en una certificación.

Confluencias

De lo expresado surge, que si bien pueden existir confluencias entre normas que son de distinto tipo, en verdad conceptualmente son muy distintas; las normas de calidad no pretenden llenar vacíos legales ni mucho menos tornarse en obligatorias. Sin perjuicio de lo cual es necesario reconocer que en la practica el grado de cruzamiento es tal que muchas veces el limite se presenta sumamente difuso.

Una primera situación se da como fenómeno de complementariedad, es decir cuando la norma jurídica impone el cumplimiento de una norma de calidad como parte de un menú de requisitos. Por ejemplo la Resolución 858 del 2007 en su art. 7° expresa: “Todas aquellas Agencias de Viaje que deseen ser admitidas en la Sección Especial del Registro de Agentes de Viaje conforme lo establece el Artículo 1º de la presente, deberán presentar ante este organismo constancia de la certificación de su sistema de Gestión de Calidad y/o Ambiental, cuyo alcance debe incluir los procesos principales para prestar los servicios turísticos ofrecidos.” En otros términos, se establece que para estar en el Registro oficial de Agencias de Viajes Receptivas (Registro que también es voluntario) y acceder así a los beneficios de promoción y asistencia técnica, es necesario acreditar una certificación internacional. Obsérvese que no indica cual ni establece sobre que procesos pero lo deja si, establecido como condicionante del cumplimiento de acceso a la norma jurídica.

La segunda situación es la que identificamos como de referencia cruzada donde pueden darse dos posibilidades o bien las normas jurídicas incorporan elementos propios de las de calidad o bien las normas de calidad incorporan referencias a normas jurídicas.
Un ejemplo del primer caso podemos hallarlo en la Resolución 228/05 de Clasificación de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Río Negro donde su art. 39 expresa que:
“El sistema de puntaje esta constituido por tres componentes a saber:
parámetros edilicios, equipamiento y servicios, los cuales tienen una importancia relativa en el puntaje final de aproximadamente: 50%, 30% y 20%, respectivamente.-
Se aplicarán los siguientes principios generales:
1) A los efectos de lo normado en este Artículo entiéndase por:
a) Indicador de Calidad: es el conjunto de parámetros adicionales a los requisitos mínimos que se consideran una mejora respecto de éstos y que otorgan puntaje adicional que se establece como un incremento proporcional sobre el puntaje básico del requisito”
En este esquema, la voluntad del legislador pretende evitar una plantilla clasificadora de carácter pétreo y basada solo en criterios de infraestructura aplicable a la categorización de alojamientos; suplantándola por un sistema mucho más dinámico que permita un aggiornamiento y fiscalización periódicos mediante una tabla de puntaje integral y donde los criterios de calidad puedan aportar un diferencial.

Como ejemplo de la segunda alternativa presentamos entonces la redacción de la Norma IRAM/SECTUR 42520 destinada a la prestación del servicio de Cabalgatas; aquí la norma de calidad expresa:
“4.1 Organización
La organización debe:
a) identificarse con un nombre o razón social;
b) disponer de un domicilio, para la recepción de documentación del cliente, teléfono, correo electrónico y sitio web, que facilite la tramitación de reservas, contrataciones, gestión de reclamos y, procesamiento y archivo de la documentación correspondiente a la actividad;
c) designar un responsable técnico con conocimiento de la actividad que puede ser el mismo titular de la organización;
d) disponer de clave de identificación tributaria otorgada por autoridad competente;”
Como es presumible desde el punto de vista estrictamente técnico, este último requisito es redundante ya que la norma de calidad, como lo venimos comentando, parte del supuesto de que se cumplen todos los requerimientos legales. Sin embargo en una realidad heterogénea con altos índices de informalidad no es raro (y hasta comprensible) que el grupo de trabajo que se ocupo de la actividad haya considerado útil y necesario hacer dicho señalamiento.

Finalmente podemos anotar una relación singular, cual es la de simbiosis y aquí nos remitimos a la constitución de un Grupo de Trabajo para la elaboración de Técnicas Legislativas[5]. Donde se pretende establecer los requisitos de calidad necesarios para la redacción de textos normativos legales. La intención de esta norma consiste en que, al cumplirse sus requisitos, un texto normativo se presente: claro, preciso, conciso y lógicamente compatible con el sistema jurídico vigente. Gráficamente:
“Economía de normas
Debe verificarse que se ha utilizado la menor cantidad posible de normas. Ejemplo: un sistema de dos normas que establezca que ‘los perros de menos de dos años deben tener collar’ y también que ‘los perros de dos años o más deben tener collar’ puede reemplazarse sin alterar el resultado, por una sola norma que diga: ‘todos los perros deben tener collar’.”

Conclusión

El turismo argentino ha sabido priorizar la calidad desde distintos ángulos consagrándola con foco en la satisfacción de la demanda nacional e internacional como principio rector en la Ley Nacional de Turismo[6], presentándola como eje estratégico a la hora de formular el PFETS 2016 (Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable[7]) institucionalizándola en la estructura orgánica de la Secretaria de Turismo de la Nación[8] y como protagonista exclusiva en el actual SACT (Sistema Argentino de Calidad Turística)

Como vimos este Sistema, práctico pero a la vez complejo, constituido por un conjunto de herramientas pensadas para distintos destinos, prestadores y realidades implica un trabajo de sensibilización y cambio cultural que requiere de la voluntad y consenso de los destinatarios finales.
Por ello las normas de calidad no tienen por objeto cubrir lagunas ni resolver ambigüedades jurídicas.
Sin perjuicio de ello es necesario reconocer el estrecho vínculo que se da entre normas jurídicas y normas de calidad muchas veces justificado políticamente en virtud de la flexibilidad y adaptación de estas últimas.
Creemos entonces que si la propuesta oficial se orienta a presentar la calidad no solo como una inversión de gestión o un diferencial de marketing sino también como un elemento de inclusión social la relación mas deseable tiene que apuntar a una forma de complementariedad no invasiva donde ambos tipos de normas se retroalimenten en aras del crecimiento sectorial y la tutela de los derechos del consumidor

[1] Cada una de las empresas que participan del Sistema recibe una placa de identificación visual y participa de los beneficios de promoción (Directorio de empresas, catalogo de programas, asistencia técnica, etc.

[2] FUNDAPRE fue creada el 15 de marzo de 1993 de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.127, sancionada en agosto de 1992. En su Art. 8 la Ley establece que la Administración del Premio Nacional a la Calidad para el sector privado, “será ejercida por una fundación creada con ese objeto por esta Ley”. Es el Ministerio de Economía de la Nación la autoridad de aplicación del Premio.

[3] El IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) es una asociación civil sin fines de lucro, reconocida por la legislación nacional como el organismo nacional para las actividades de normalización. www.iram.com.ar

[4] Introducción al análisis del Derecho. Carlos S. Nino – Editorial Astrea 2da. Impresión Bs. As. 1984
[5] NORMA IRAM Nº 30701
[6] Ley Nº 25.997 Art.
[7] 2016.turismo.gov.ar
[8] Decreto Nº 1635/2004

[1] Introducción a la metodología de las Ciencias Jurídicas y Sociales.– Alchourron Carlos E. y Bulygin Eugenio. Editorial Astrea 2da edición 1993
[2] Esta última denominación es la técnicamente más apropiada, no obstante se evita para no generar confusiones con el sistema general.

The Global Code of Ethics for Tourism (GCET) in Argentinean Legislation

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Wed, 26 Mar 2008 03:51:00 +0000

By Gonzalo A. Casanova Ferro
Introduction

“...all who work in the tourist sector are called to
create structures that make tourism healthy, popular
and economically sustainable, always keeping
clearly in mind that in every activity, hence, also in
tourism, the ultimate goal must always be respect
for the human person, in the interests of the
common good..” Cardinal Angelo Sodano on the
occasion of World Day of Tourism, Vatican
09/25/05

Tourism is generally defined as the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited. This phenomenon which exponentially grows year after year and which in our country has become the third or fourth source of exportation requires a strategic policy that projects its positive effects and minimizes the negative ones from the environmental point of view as economical or psychosocial[1].
The Code of Ethics proposed by the WTO (from now on GCET or Code) intends to be part of the policy above mentioned; for that reason and in view of legislative initiatives, we understood the issue deserved a brief reflection on its implications and the will to point out that, when it comes to international affairs, even the mere support manifestations weave a plot of implicit and explicit rights and obligations which can and must be in accordance with the rest of the normative system. For that reason we have provided an outline answering three basic queries:
a) Determining what the Code of Ethics consists of
b) Defining how it becomes part of our legislation and
c) Considering its features.

Argentina-UN/WTO relationship

In 1970 and by recommendation of the UN General Assembly Res.2529 (XXIV), the International Union of Official Travel Organizations (IUOTO) at a meeting in Mexico City adopted the Statute text proclaimed on 27 September. Two years later, in 1972 when our country was about to close the last phase in the institutional interruption self-proclaimed as “Argentinean Revolution” and, under the presidency of General Lanusse, Law 19.644 (by which the WTO statutes were approved )was sanctioned. Only one reserve* was then formulated: Should the statutes be applied to territories whose sovereignty was debated between two or more signatory or non-signatory states, it could not be interpreted as alteration, resignation or abandonment of the position each one had until that moment.
Argentina keeps some sort of reinforced entailment with the international tourism policies. On one hand, because it is a founding member of the UN since 1945; and, on the other hand, because it is also a member of the WTO since 1975 (Maria E. Martínez de Perón), i.e. before the latter became a specialized agency of the former, this happened in December 2003 by A/RES/58/232.
Already in 1986, when democratic institutions were restored, not only was the Argentinean State incorporation not questioned as a full member of the WTO, but also by Law 23.409 and at the request of Don Francisco Manrique (head of the agency at that moment), approval was given to the amendment to Art.38 of the original by-laws with a view to:
1) make the Arabic Language official and
2) modify paragraph 12 of the finance regulation Annex, so the members contribution total (determined by the General Assembly) is informed to them six months before the financial year during which the General Assembly is held; and two months before the remaining financial actions.

Law and Ethics
“Do not neglect to show hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it.” (Hebrews 13:2)

* (Civil declaratory judgment reserving or excluding a specified right)
Starting from the conception of man as a transcendent and social being; we shall understand that human actions can be ruled by the Law as well as by Ethics.
If we understand Ethics as the science of the human beings acts aimed at their last end, we shall consider it as a speculatively2 practical science. Put in other words, it is not about a knowledge aimed at learning just for the sake of learning, but learning in order to direct the action. Practical philosophy as Maritain3 would say. From this point of view, it would be made up of two essential parts: a “general” part which analyzes the morals´ foundations, and a “particular” part which consists of applying the moral principles to concrete situations of human activity taking place at an individual level, as well as at a family or social level. And it is about this last dimension we are talking about when we refer to the Code of Ethics.
The infraction of a moral rule can hurt the feelings of a whole community; thus, incest or cannibalism could provoke a violent disapproval of society; but a simple domestic lie, or someone not helping a sick parent does not necessarily cause the environment´s anger; even less if the fact does not transcend the individual, as for instance a reckless judgment on someone. Morals spread over the scope of private intentions, while the law demands interaction and alterity4 .
In practice we know that behaviors not legally sanctioned (or even encouraged), are not necessarily good from a moral point of view; and, counter sensu, it can happen that behaviors positively valued by Ethics have a legal sanction.
State, then, is not the creator of Morals; if it was, a law supporting genocide would ipso facto be ethically correct. 5
Legal regulations start from the State´s coactive power and standardize sanctions. That is why we also say that the State is the juridically organized Nation. Legal regulations only apply to and contemplate verifiable sustainable acts. Ethics regulations, on the other hand, value the totality of human acts; or, put in other words, the way individuals use their freedom in order to decide their own fate.
In general terms, Law and Ethics constitute normative systems destined to rule behaviors. They are lay constructions or acknowledgements, product of human experience. Since Morals precede the Law, moral laws are the function of man´s nature.

2 Marini, Pablo. Christian Ethics – Vol. I Morals Foundations. Universidad Libros Bs. As. 2006
3 Maritain Jacques. Introduction to Philosophy – Club de lectores Bs. As. 1999
4 National Constitution: Art. 19.- Those private human actions neither offending the order or public morals, nor harming a third party, are only reserved to God, and so exempt from the authority of the magistrates. The inhabitants of this Nation are neither compelled to do what the Law does not say, nor deprived from what it does not forbid.
5 Gomez Perez, Rafael. Juridical Deontology – EUNSA. Pamplona 1982

Code Structure
"With international tourism forecast to nearly triple in volume over the next 20 years, members of the World Tourism Organization believe that the Global Code of Ethics for Tourism is needed to help minimize the negative impacts of tourism on the environment and on cultural heritage while maximizing the benefits for residents of tourism destinations." Francesco Frangialli, Secretary-General of the World Tourism Organization
Along the years several documents, declarations and manifestos have tried to underscore the importance of ethical dimension in the tourism development. That is why it was necessary to get a synthesis which, enriched by all stakeholders, would serve as institutional reference. It was a long but linear road; the WTO tells of a double objective: to give answers to new challenges and to provide a frame of reference for the global development of the activity.
People not always realize that the Code of Ethics is not just the titles of its 10 articles but also its writing, addressees and content.
Its writing turns out more descriptive than prescriptive; it is expressed in affirmative non-inductive formulas, what makes it different from professional deontological codes. And this is not just chance, for while the latter refer to the concrete activity of a specific stakeholder; the Code of Ethics for Tourism takes into account a variety of behaviors of several stakeholders who interact directly or indirectly with the whole sector, in code of rights and obligations.
Finally, the last article proposes a series of integrational instruments, which incite stakeholders to refer any disputes concerning the application or interpretation of the Global Code of ethics for Tourism for conciliation to an impartial third body, known as the World Committee on Tourism Ethics, which deserves special consideration.
Origins and Evolution
Between 17 and 24 October 1997 the WTO General Assembly was arranged in Istanbul (Turkey). During the meeting, and when dealing with the future of the organization, though it was clear it would keep its intergovernmental character, it was also set up the need for giving the private sector a greater protagonism. Consequently and since then it became implicit the need for preparing a draft for the Code of Ethics, for which a Special Committee would gather in Cracow (Poland) on 7 October 1998 on the occasion of the Quality Improvement Committee. The project would go under a series of validation instances: first, it was reviewed by the WTO counselor, then by the Board of Management and finally, by the Executive Council at its 60th meeting. After these instances, the project was circularized among the WTO members for them to make remarks and suggestions.
Between 27 September and 1 October 1999 the XIII WTO General Assembly took place in Santiago (Chile). In the meeting and in strive for responsible sustainable tourism; the Code was adopted as we know it nowadays.

Data sources
Reasserting Article 3 of the WTO Statutes6, direct sources were taken into consideration, such as:
· Convention on Customs Facilities for Tourism, July 4th 1954, and related Protocol,
· IX WTO General Assembly (Buenos Aires) Resolution, concerning travel supply and tourist security, October 4th 1991,
· Manila declaration on World Tourism, October 10th 1980, IV WTO (Sofia) General Assembly by which the Tourism Bill of Rights and the Tourist Code were adopted, on 26 September 1985,
· Ottawa´s International Conference in 1991, approved in 1993 by the UN Statistical Commission
· Rio de Janeiro´s Declaration on environment and development, June 13th 1992,
· XI General Assembly of the WTO (Cairo) Statement on the prevention of organized sex tourism, October 22th 1995,
· Manila Declaration on the Social Impact of Tourism, May 22th 1997

6 WTO Statute Art. 3: “The fundamental aim of the Organization shall be the promotion and development of tourism with a view to contributing to economic development, international understanding, peace, prosperity, and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.”

And indirect data sources:
· Universal Declaration of Human Rights, December 10th 1948,
· International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, December 16th 1966,
· International Covenant on Civil and Political Rights, December 16th 1966
· International Convention on Air Transport, signed at Warsaw, October 12th 1929,
· Convention on International Civil Aviation (also known as Chicago Convention), December 7th 1944, as well as Tokyo, Hague, and Montreal Conventions adopted with this protocol;
· Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, November 23th 1972,
· Convention on the Rights of the Child, January 26th 1990,
· General Agreement on Trade in Services (GATS), April 15th 1994,
· Convention on Biodiversity, January 6th 1995,
· Stockholm Declaration against Commercial Sexual Exploitation of Children, August 28th 1996,
· Conventions and Recommendations by the International Labor Organization in the area of collective conventions, prohibition of forced labor and child labor, defense of the rights of indigenous peoples, and equal treatment and non-discrimination in the work place.
National Antecedents
In Argentina 2000, during De La Rua´s presidency of the coalition called Alianza (Alliance), the Boards of Foreign Affairs, Religion and Tourism, the motion of explicit assent to the Code was voted and approved by initiative of Deputy Alejandro Bailan (from Cordoba). But it did not prosper in Senators Chamber.
Between 24 and 29 September 2001, after the global crisis produced by the twin towers incident, the XIV WTO General Assembly was held in Seoul (Korea) and Osaka (Japan) during which a World Committee on Tourism Ethics was created. It was made up of twelve non-governmental personalities and twelve deputies, national State Members of the WTO, chosen according to competence in tourism and the related areas.
The Committee was proposed to act as an “observatory” for the problems which might arise from the application of the Code and for the solutions proposed; thus, providing a synthesis of the reports given by the Regional Boards. Completing data was also provided by the Secretary-General and the Affiliate Members, including, when convenient, proposals aimed at modifying or completing the World Code of Ethics for Tourism.
In December 2001 by a UN resolution, the case was recorded, underscoring the need to promote a responsible sustainable tourism. Governments were invited to participate, encouraging the WTO to promote its contribution, and asking the Secretary-General to keep the Board informed about the application of the Code.
In January 2002 the WTO made an amendment to the appendix which determines the composition and functions of the World Committee on Tourism Ethics by A/14/RES Amendment 2.
In October 2003 the XV WTO General Assembly was organized in Beijing (China), where the Board´s authorities were finally gathered and decided that the first meeting would be held in Italy, encouraging them to develop a project for the settlement of disputes, apart from reducing the number of deputies to eleven.
In December 2003 the institutional event above mentioned took place and changed the WTO´s status. The UN incorporated it as a specialized body. This new condition allowed it to participate as an effective member in the UN System Chief Executives Board for Coordination, in addition to being invited to the UN General Assembly, Economy and Social Council and Security Council debates, to which it could also present proposals.
Again in Argentina in 2007 under Kirchner´s presidency, two PJ projects propose adhesion to the Code of Ethics. One project was Alejandro Fernandez´ (Santa Cruz senator), who proposed a pure and simple adhesion; the other one was Rody Ingram´s (Chubut deputy), who adds to the project a singular proposal: On one hand it imposes to the application authority, National Secretary of Tourism, the establishing of a policy, regulations and publication of the Code, without noticing that such competences are implicit in the National Tourism Law Nº 25.997; and, on the other hand, it generates a charge of information in the physical or juridical persons who participate in the travel industry deserving to be sanctioned for breach of contract, clearing away the fact that this is not a code of professional work. And even when it raises very similar postulates, the generic vagueness of the information duty makes this last set of articles impossible to apply.

Table I
UNO-WTO/Argentina Relationship Evolution
Event
Regulation
Observation
Argentina is one of the 51 UNO founding members
San Francisco Act October 24, 1945
Despite diplomatic oppositions Argentina provoked towards WW II
Argentina´s adhesion to WTO
Law 19.644/72
Approval of the WTO Statutes
Law 23.409/86
Approval of the modification of statutes and finance rules adopted in Torremolinos, Spain, 09/25/79.
WTO General Assembly
Resolution A/RES/364(XII)
Meeting in Istanbul in 1997 where they requested to seek further input from the private sector.
WTO General Assembly
Resolution A/RES/406(XIII)
Meeting in Santiago de Chile in 1999 the Code is adopted
Honorable Argentine National Congress –Chamber of Deputies
Regular Sessions Agenda 191 / File 1620-D-2000
The UCR proposes adhesion to the Code
WTO General Assembly
Resolution A/14/RES438(XIV)
Seoul (Korea) and Osaka (Japan) in September 2001 creates the World Committee on Tourism Ethics as the authority of implementation, interpretation and evaluation of the Code.
UN General Assembly
Resolution A/RES/56/212
In December 2001 the UN reported the interest raised by the Code and invited governments to incorporate it in their respective legislations and practices.
WTO General Assembly
Resolution A/14/RES Corr.2
January 2002

Corrigendum 2 to the Annex of Seoul and Osaka meetings. September 2001
WTO General Assembly
Resolution A/RES/469(XV)
October 2003 Beijing (China) Report of the authorities appointed to make up the World Committee on Tourism Ethics
WTO becomes specialized fully entitled body
12/26/03 by UN General Resolution A/RES/58/232
Specialized bodies are independent, they dictate their own Acts of Parliament, their budget, their assemblies; they define their own staff, and editorial operations. They also write annual and biannual reports for the Economic and Social Council. Nevertheless, the General Assembly is empowered to examine its own budget and formulate recommendations.
Filing before the Honorable Argentine National Congress – Chamber of Senators
Draft Bill by Senator Nicolás Fernández. File 1583/07
The PJ proposes adhesion to the Code.
Filing before the Honorable Argentine National Congress – Chamber of Deputies
Draft Bill by Deputy Rody Ernesto Ingram. File 2804-D/07
The PJ proposes adhesion to the Code setting up some charges of information and pecuniary sanctions for breach of contract

The Code of Ethics for Tourism
It is simply expressed as:
ARTICLE 1Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societiesARTICLE 2Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment ARTICLE 3Tourism, a factor of sustainable developmentARTICLE 4 Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancementARTICLE 5Tourism, a beneficial activity for host countries and communities ARTICLE 6Obligations of stakeholders in tourism development ARTICLE 7Right to tourism ARTICE 8Liberty of tourist movements ARTICLE 9Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry ARTICLE 10Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism

Synthesis and Integration
As previously mentioned, the Code of Ethics is a net of rights and obligations aimed at everyone who is directly or indirectly related to the sector, that is why we consider it simpler to deal with it according to stakeholders, so that we can didactically isolate each of them7 and identify its articulation with the rest of the normative.

7 In the Code “Tourism Development Agents” is mentioned giving a large interpretation of the term which comprehends any physical or juridical person directly or indirectly related to the sector.
Within this context the GCET invites everyone to:
· Cooperate with the application of the Code
· Promote sustainable tourism based on respect for local traditions and customs
· Protect the environment and natural resources with sustainability purposes
· Admit limitations on vulnerable spaces
· Respect the right to tourism
And, in particular,
To governmental authorities to:
· provide protection for tourists and visitors and their belongings
· facilitate information, prevention, protection, insurance and health assistance inherent to the travel environment
· conceive Tourism as a privileged means of individual and collective fulfillment
· Respect for Human Rights
· protect the most vulnerable groups
· reject the exploitation of human beings in any form, particularly sexual, especially when applied to children, the elderly, the handicapped, ethnic minorities and indigenous peoples
· promote displacement
· encourage development modalities allowing to save natural resources
· distribute movement and time with consensus to planned school holidays
· conceive infrastructure protecting natural heritage and biodiversity
· encourage public access to cultural heritage deriving resources for its upkeep
· stimulate the development of crafts and folklore activities
· raise the standard of living of the populations of the regions visited
· inform citizens about external movement conditions
· develop social tourism
· facilitate family, youth, student and senior tourism and tourism for people with disabilities
· facilitate visa procedure, health and customs formalities, consular information, etc
· taxes and levies penalizing the tourism industry should be gradually phased out
· guarantee the rights of salaried and self-employed workers

tourists and visitors to:
Respect diversity
Avoid legal transgression or behaviors which might be offensive or harmful
Gather information before traveling on the characteristics of the country they are visiting
Liberty to move within their countries, In compliance with international law and national legislation
Use available mass media
Benefit from the same rights as the citizens of the country visited
Have access to allowances of convertible currency

Tourism professionals to:
Respect natural heritage and local population in the development of ecotourism
Protect public security and prevent accidents
Facilitate objective honest information on the destiny places and their conditions
Proceed according to laws in force and contractual obligations

workers in the sector to:
Acquire initial and continuous education and competent legal protection
Practice their profession freely

Workers and entrepreneurs in the tourism industry to:
Enter (small and medium-sized firms, specially) the activity with minimum legal or administrative restrictions
Interchange experience between issuer/receiver countries
avoid (in case of defacement) misusing dominant position
liberty of investment and commercial transaction

educational institutions to:
Introduce syllabi exposing the value of touristic interchange

specialized press to:
Issue honest and balanced information on events and situations that could influence the flow tourists

local communities to:
Equitably participate in economic, social and cultural benefits the activity might bring
Learn and know tourists

As we can see from this merely enunciative listing, many of the principles here exposed are already embedded in our legislation and regulations; be it in the Tourism National Law 25.997, in the Federal Plan for Sustainable tourism, in the Resolutions, or in draft planning.
Thus, sustainable tourism promotion, accessibility, or social, economic and cultural development can be found in Art. 2`s principles of the National Law; tourist protection in Art. 37; and social tourism in articles 38 to 40 of the same legislative body. The right to a balanced healthy environment, fit for human and productive activities development can be found in Art. 41 of the National Constitution, or the acknowledgement of Human rights in Art. 75, clause 22. Or workers rights also covered by the Constitution and by the collective bargaining agreements. To sum up, many, not to say every item arising from the GCET are and have been recepted by the set of rules governing the Argentinean touristic activity. The question posed is simple: Is it necessary to adhere to the Code? And if so, how?

Art. 10
Invites stakeholders in tourism development to recognize the role of international institutions and, among which the WTO ranks first, and non-governmental organizations with competence in the field of tourism promotion and development, the protection of human rights, with due respect for the general principles of international law. Recommending states as well as stakeholders to incorporate it in the manner they consider most appropriate and to consequently inform the Committee.
So far so good. In this context the institutional proposal has been the following:
A) As mentioned above, in 2001 a body was created: the World Committee on Tourism Ethics, empowered to interpret, apply and evaluate the GCET disposition (obviously, in addition to its main task, to promote and monitor its application)
B) And to establish a mechanism for consultation and conciliation for the settlement of disputes in relation to interpretation or application of the GCET

Logically, since we are dealing with a system of voluntary adhesion, answers from the different states have been varied. According to opinion polls made by the WTO in 2005, 68 countries had already incorporated the Code principles, in laws, resolutions, strategical plans, etc. In other cases its broadcast worked as a trigger for the creation of national or sectorial8 codes, tourist9 protection offices or national committees in charge of its application10.
The manner of acceptance has not been homogeneous either: Some countries gave a written notification of the official assent to the GCET, others made official declarations or broadcast it directly in the official broadcast institution; and finally, there are those who endorsed it via official bodies. Thus interpreted the WTO the Agenda 191/File 1620-D2000, Chamber of Deputies of the Honorable Argentine National Congress.
When it comes to the Committee, it is necessary to focus on the reading of guidelines for the settlement of disputes where (though it is still a draft set of procedures and so, any kind of critic would be premature) it is established that “Disputes not jointly submitted by all the Parties involved shall not be considered by the Committee. However, matters concerning the general application of ethical principles in tourism may be submitted unilaterally to the Committee and may include references to specific disputes insofar as they illustrate the principles in question, and provided that the submitter of the matter is not involved in the disputes cited.”

8 Ucrania (A/16/20 Add.1 2005)
9 Panama (A/16/20 Add.1 2005)
10 Jordania (A/16/20 Add.1 2005)
Thus planned and with no further consideration, the procedures seem to give the Committee an unrestrained capacity of revision that should be studied in its fair interpretation and measure to avoid an inappropriate interference in relation to procedures in local jurisdictions.

Conclusion
As we have demonstrated, coincidence between GCET postulates and much of the expressed by the laws in force lead to think that a legal written adhesion would be in complete harmony with our state policy. And it would be an extra gesture of Argentina’s will to stand as a global touristic destiny. However, and according to legislative projects mentioned above, we still hold the idea that: we should not add to the Code a punitive system it still does not require, and we do need to make reserves to Art. 10 which would help preserve our jurisdiction and competence.
[1] Burbridge, Horacio A. Tourism in the light of the social documents of the Church. Episcopal Commission on Migrations and Tourism. Episcopal Conference Argentina Bs. As. 2001

El Código de Ética de la OMT en la legislación Argentina

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Thu, 17 Jan 2008 10:38:00 +0000

Por Gonzalo A. Casanova Ferro

Introducción

“…los que trabajan en el sector turístico están llamados a realizar estructuras que lo hagan sano, popular y económicamente sostenible, teniendo siempre bien claro que en toda actividad, y por tanto también en el turismo, el fin primario debe ser siempre el respeto de la persona humana, en el contexto de la búsqueda del Bien Común.” Cardenal Ángel Sodano con motivo de las Jornadas Mundiales de Turismo, Vaticano 25/09/2005

Convencionalmente se define turismo como el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual durante un periodo superior a las veinticuatro horas e inferior a un año, por un motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada. Este fenómeno que crece año a año exponencialmente y que en nuestro país se ha llegado a convertir en la tercera o cuarta exportación requiere de una política estratégica que potencie sus efectos positivos y minimice los negativos tanto desde el punto de vista medio ambiental como económico o psicosocial[1].

El Código de Ética propuesto por la OMT (en adelante CEMT o Código) pretende ser parte de la política antes mencionada, por ello y en vistas de algunas iniciativas legislativas entendimos que el tema ameritaba una breve reflexión sobre sus implicancias y la voluntad de exponer que, en materia internacional aun las meras manifestaciones de adhesión van urdiendo un tramado de derechos y deberes implícitos y explícitos que pueden y deben guardar congruencia con el resto del sistema normativo. Por ese motivo hemos planteado un esquema que diera respuesta a tres interrogantes básicos: a) Determinar en qué consiste el Código de Ética y b) Definir de qué manera éste se integra a nuestra legislación y c) Considerar sus particularidades.

Relación Argentina-ONU/OMT

En 1970 y por recomendación de la Asamblea General de la ONU Res. 2529 (XXIV) la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) reunida en la ciudad de México adoptaba el texto del Estatuto proclamado el 27 de Septiembre. Dos años más tarde, en 1972 cuando nuestro país estaba a poco de cerrar la última fase de la interrupción institucional autoproclamada como “Revolución Argentina” y bajo la presidencia del Gral. Lanusse; se sancionaba la Ley 19.644 por la cual se aprobaron los Estatutos de la OMT. Una sola reserva se formuló entonces: en caso de aplicarse (los Estatutos) a territorios cuya soberanía fuera discutida entre dos o más Estados firmantes o no del mismo, no podría ser interpretada como alteración, renuncia o abandono de la posición que cada uno hubiera tenido hasta ese entonces.

La Argentina mantiene una suerte de reforzada vinculación con las políticas internacionales de turismo. Por un lado porque es miembro fundador de la ONU desde 1945 y por otro porque también es considerada estado miembro pleno de la OMT desde 1975 (gobierno de Maria E. Martínez de Perón) es decir desde antes que ésta última deviniera en organismo especializado de la primera; hecho que ocurrió en diciembre del 2003 por A/RES/58/232.

Ya en 1986, restauradas las instituciones democráticas, no solo no se cuestionó la incorporación del Estado argentino como miembro pleno de la OMT sino que por Ley 23.409 y a instancias del entonces titular del organismo Don Francisco Manrique, se dio curso a la aprobación de la modificación que se efectuara sobre el Art. 38 de los estatutos originarios con vistas a 1) incorporar el idioma árabe como lengua oficial y 2) modificar el párrafo 12 del Anexo de reglas de financiación para que la suma total de la contribución que deben hacer los miembros y que es decidida por la Asamblea General se comunique a ellos seis meses antes del ejercicio financiero durante el cual se celebre la Asamblea General y dos meses antes de los demás ejercicios financieros.

Ética y Derecho.
"No olvidéis la hospitalidad; gracias a ella, algunos, sin saberlo, acogieron ángeles" (Hb 13,2)

Partiendo de una concepción del hombre como ser social y trascendente; hemos de entender que las acciones humanas pueden estar reguladas tanto por el Derecho como por la Ética.

Comprendida la Ética como la ciencia de los actos humanos considerados en su orientación hacia el Fin último, hemos de entenderla como una ciencia especulativamente práctica[2]. Dicho de otra forma, no se trata de un saber que se propone simplemente conocer por conocer, sino conocer para dirigir la acción. Filosofía práctica diría Maritain[3]. Desde este punto de vista estaría compuesta por dos partes esenciales: la “general” que analiza los fundamentos del orden moral y la “particular” que consiste en la aplicación de los principios morales a situaciones concretas de la actividad humana que se dan tanto a nivel individual, como familiar o social. Y es sobre esta última dimensión sobre la que hablamos cuando hacemos referencia al Código de Ética.

La infracción a una norma moral puede herir los sentimientos de toda una comunidad, así el incesto o el canibalismo podrían generar una reprobación enérgica de la sociedad; pero una sencilla mentira domestica, o el hecho que alguien no asista a un familiar enfermo no necesariamente registra la reacción del entorno; menos aún si el hecho no trasciende al sujeto, como por ejemplo formular un juicio temerario sobre alguien. La moral se extiende al mundo de las intenciones privadas, mientras que el Derecho exige interacción y alteridad[4]. En la práctica sabemos que conductas que no son sancionadas por el Derecho (o más aún, que quizás son alentadas) no son por ello necesariamente buenas desde el punto de vista Moral y a contrario sensu puede suceder que conductas valoradas positivamente por la Ética tengan una sanción jurídica. El Estado entonces no es el creador de la Moral, si así lo fuera una ley que avalara el genocidio sería ipso facto éticamente correcta.[5]

La norma legal parte del poder coactivo del Estado y uniforma las sanciones. Por ello también decimos que el Estado es la Nación jurídicamente organizada. La norma legal solo se aplica y contempla los actos verificables, constatables. La norma ética, en cambio valora la totalidad de los actos humanos o dicho de otra forma el empleo que el sujeto hace de su libertad para conseguir su sino.

En términos generales Derecho y Ética constituyen sistemas normativos destinados a regular conductas, son construcciones seculares o reconocimientos producto de la experiencia humana. La moral antecede al Derecho, por lo que las leyes morales son función de la naturaleza del hombre.

Estructura del Código

Ante la previsión de que el turismo internacional llegue casi a triplicar su volumen en los próximos veinte años, los Miembros de la Organización Mundial del Turismo están convencidos de que el Código Ético Mundial para el Turismo es necesario para ayudar a minimizar los efectos negativos del turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural, al tiempo que se aumentan al máximo sus beneficios para los residentes de los destinos turísticos.
Francesco Frangialli, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo

A lo largo de los años numerosos documentos, declaraciones y manifiestos han tratado de subrayar la importancia de la dimensión ética en el desarrollo de la actividad turística. Por ello se vio la necesidad de lograr una síntesis que enriquecida por todos los actores sirviera de referente institucional. El camino fue prolongado pero lineal; la OMT dio cuenta de un doble objetivo: Brindar respuestas a los nuevos desafíos y ofrecer un marco de referencia para el desarrollo mundial de la actividad.

No siempre se repara en que el Código de Ética no son solo los títulos de sus 10 artículos sino también su redacción, destinatarios y contenido.

La redacción resulta más descriptiva que prescriptiva, se expresa en formulas de afirmativas y no inductivas, lo cual lo diferencia de los Códigos deontológicos profesionales y el detalle no es casual, ya que mientras estos últimos se dirigen a la actividad concreta de un actor determinado el Código de Ética del Turismo considera una multiplicidad de conductas de varios actores que interactúan directa o indirectamente con todo el sector, en clave de derechos y obligaciones.

Finalmente; el último de los artículos propone una serie de instrumentos de integración que invitan a someter los litigios relativos a la aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el Turismo a un tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del Turismo, el cual merece una consideración especial.

Origen y evolución.

Entre el 17 y 24 de Octubre de 1997 se realizó la XII Asamblea General de la OMT en Estambul (Turquía). En la misma y al tratar sobre el futuro de la organización si bien quedó claro que conservaría su carácter de organismo inter gubernamental, también se estableció la necesidad de darle un mayor protagonismo al sector privado. Consecuentemente y desde entonces quedó implícita la necesidad de empezar a preparar un borrador de Código de Ética para lo cual se conformó un Comité Especial que se reuniría en Cracovia (Polonia) el 7 de octubre de 1998 con ocasión de la reunión del Comité de Apoyo a la Calidad. El proyecto pasaría por diferentes instancias de validación: primero lo revisó el consejero jurídico de la OMT, luego el Consejo Empresarial y finalmente el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión. Finalizadas estas instancias el proyecto se circularizó entre los miembros de la OMT para que expresaran observaciones y sugerencias.

Entre el 27 de Septiembre y 1 de Octubre de 1999 se realizó la XIII Asamblea General de la OMT en Santiago (Chile). En ella y en procura de un turismo sustentable y responsable fue que se adoptó el Código tal como llega a nuestros días.

Fuentes

Reafirmando el Art. 3 de los Estatutos de la OMT[6], se atendió a fuentes directas tales como:
· Convención sobre las facilidades aduaneras para el turismo, del 4 de julio de 1954, y Protocolo asociado,
· Resolución de la IX Asamblea General de la OMT (Buenos Aires) relativa a la facilitación de los viajes y a la seguridad de los turistas, del 4 de octubre de 1991,
· Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, del 10 de octubre de 1980,- Resolución de la VI Asamblea General de la OMT (Sofía) por la que se adoptaban la Carta del Turismo y el Código del Turista, del 26 de septiembre de 1985,
· Conferencia Internacional de Ottawa de 1991aprobada en 1993 por la Comisión de Estadística de ONU
· Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del 13 de junio de 1992,
· Resolución de la XI Asamblea General de la OMT (El Cairo) sobre la prevención del turismo sexual organizado, del 22 de octubre de 1995,
· Declaración de Manila sobre los Efectos Sociales del Turismo, del 22 de mayo de 1997

Y fuentes indirectas:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948,
· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966,
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de1966,
· Convenio de Varsovia sobre el Transporte Aéreo, del 12 de octubre de 1929,
· Convenio Internacional de Chicago sobre la Aviación Civil, del 7 de diciembre de 1944, así como las convenciones de Tokio, La Haya y Montreal adoptadas en relación con dicho convenio,
· Convenio relativo a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, del 23 de noviembre de 1972,
· Convención sobre los Derechos del Niño, del 26 de enero de 1990,
· Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, del 15 de abril de 1994,
· Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 6 de enero de 1995,
· Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual comercial de los niños, del 28 de agosto de 1996,
· Convenios y recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del Trabajo en relación con los convenios colectivos, la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la defensa de los derechos de los pueblos autóctonos, la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo,

Antecedentes Nacionales

En Argentina en el año 2000 bajo la presidencia del Dr. Fernando de la Rúa de la entonces coalición denominada Alianza, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto junto con la de Turismo, por iniciativa del Diputado cordobés Alejandro Bailan se vota y aprueba la moción de adhesión explícita al Código que no llegará a prosperar en senadores.

Entre el 24 y 29 de Septiembre del 2001 luego de la crisis mundial provocada por el ataque a las torres gemelas se realizó la XIV Asamblea General de la OMT en Seúl (Corea) y Osaka (Japón) en la que se aprobó la creación de un Comité Mundial de Ética del Turismo. Compuesto por doce personalidades independientes de los gobiernos y por doce suplentes, nacionales de Estados Miembros de la OMT, elegidos en función de su competencia en el ámbito del turismo y en los ámbitos conexos.

El mismo se propuso actuar como "observatorio" de los problemas que surgieran en la aplicación del Código y de las soluciones que se propongan. Efectuando una síntesis de los informes establecidos por las Comisiones Regionales completándolos con los datos reunidos por él con ayuda del Secretario General y con la colaboración de los Miembros Afiliados, incluyendo, cuando proceda, propuestas encaminadas a modificar o completar el Código Ético Mundial para el Turismo.

En diciembre del mismo 2001 en Resolución adoptada por Naciones Unidas se toma nota de interés del caso, subraya la necesidad de promover un turismo responsable y sostenible, invita a los gobiernos a participar, alentando a la OMT a promover su seguimiento y pidiendo al Secretario General mantenga informada a la Asamblea sobre la aplicación del Código

En enero del 2002 la OMT realiza una corrección en el anexo que determina la composición y funciones del Comité Mundial de Ética del Turismo por A/14/RES Corr.2

En octubre del 2003 la OMT se realizó la XV Asamblea General de la OMT en Beijing (China) donde se integran finalmente las autoridades del Comité y decidiendo que la primera reunión se realizaría en Italia y encomendándole el estudio de un proyecto de conciliación para la solución de litigios, además de llevar a once el numero de suplentes.

En diciembre del 2003 se dio el acontecimiento institucional que mencionáramos oportunamente y que cambio el rango de la OMT. Naciones Unidas la incorpora como organismo especializado. Esta nueva condición le permite participar como miembro efectivo en la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación amén de ser invitada a los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y del Consejo de Seguridad, a los que podrá presentar propuestas.

Nuevamente en Argentina ya en el año 2007 bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirchner dos proyectos del PJ proponen la adhesión al Código de Ética el del senador por Santa Cruz Nicolás Alejandro Fernández que propone una adhesión pura y simple y el del diputado por Chubut Rody Ingram que agrega a su proyecto una propuesta singular: Por un lado impone a la autoridad de aplicación, Secretaria de Turismo de la Nación el establecimiento de una política, normas y publicidad sobre el Código desconociendo que dichas competencias están implícitas en la ley nacional de turismo Nº 25.997 y por otro genera una carga de información en las personas físicas o jurídicas que actúan en la industria de viajes pasible de ser sancionada por incumplimiento obviando que no se trata de un código de obrar profesional. Y aún cuando formula postulados muy semejantes, la imprecisión genérica del deber de información tornan a este último articulado de imposible aplicación.

Cuadro I
Evolución Relaciones Argentina/ONU-OMT
Acontecimiento
Norma
Observaciones
Argentina es uno de los 51 estados fundadores de la ONU
Acta de San Francisco 24 de Octubre de 1945
Pese a las resistencias diplomáticas que había suscitado la postura Argentina frente a la II guerra mundial
Adhesión Argentina a la OMT
Ley 19.644/72
Aprobación de los Estatutos de la OMT
Ley 23.409/86
Aprobación de la modificación de los estatutos y reglas de financiación adoptadas en Torremolinos, España, el 25/09/79.
Asamblea General de la OMT
Resolución A/RES/364(XII)
Reunión celebrada en Estambul en 1997 donde se requiere focalizar en la participación del sector privado.
Asamblea General de la OMT
Resolución A/RES/406(XIII)
Reunión celebrada en Santiago de Chile en 1999 donde se ADOPTA el Código
Honorable Congreso de la Nación Argentina – Cámara de Diputados
Sesiones Ordinarias Orden del día 191 / Expte. 1620-D-2000
El bloque de la UCR propone la adhesión al Código
Asamblea General de la OMT
Resolución A/14/RES438(XIV)
Seúl (Corea) y Osaka (Japón) en septiembre del 2001 Crea el Comité Mundial de Ética del Turismo como la autoridad de interpretación, aplicación y evaluación del Código.
Asamblea General de ONU
Resolución A/RES/56/212
En diciembre del 2001 la ONU tomó nota del interés suscitado por el Código e invitó a los gobiernos a que lo incorporen en sus respectivas legislaciones y practicas
Asamblea General de la OMT
Resolución A/14/RES Corr.2
Enero de 2002

Corrigendum 2 al Anexo de las Reuniones realizadas en Seúl (Corea) y Osaka (Japón) en septiembre del 2001
Asamblea General de la OMT
Resolución A/RES/469(XV)
En octubre del 2003 en Beijing (China)Se toma nota de las autoridades designadas para integrar el Comité Mundial de Ética del Turismo
Conversión de la OMT en organismo especializado de pleno derecho de la ONU
26/12/03 por Resolución General de Naciones Unidas A/RES/58/232
Los organismos especializados son autónomos, dictan su propia carta orgánica, su presupuesto, su junta de gobierno, definen su personal y sus operaciones editoriales. También, redactan informes anuales y bienales para el Consejo Económico y Social. No obstante la Asamblea General está facultada para examinar sus presupuestos y formular recomendaciones.
Presentación ante el Honorable Congreso de la Nación Argentina – Cámara de Senadores
Proyecto de ley del Senador Nicolás Fernández. Expte. 1583/07
El PJ propone la adhesión al Código.
Presentación ante el Honorable Congreso de la Nación Argentina – Cámara de Diputados
Proyecto de ley del Diputado Rody Ernesto Ingram. Expte. 2804-D/07
El PJ propone la adhesión al Código estableciendo algunas cargas de información y sanciones pecuniarias por incumplimiento

El Código de Ética de la OMT

Se expresa muy sencillamente:

Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y sociedades
El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo
El turismo, factor de desarrollo sostenible
El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad
El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino
Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico
Derecho al turismo
Libertad de desplazamientos turísticos
Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico
Aplicación de los principios del CEMT

Síntesis e integración

Tal como venimos sosteniendo el Código de Ética es un tramado de derechos y obligaciones dirigido a todos aquellos vinculados directa o indirectamente al sector, motivo por el cual consideramos más claro dividir su tratamiento en función de los actores de modo de poder separar didácticamente cada uno de ellos[7] e identificar su articulación con el resto de la normativa.

En este contexto el CEMT invita a todos a:
· Cooperar en la aplicación del Código
· Promover un turismo sustentable basado en el respeto por las costumbres y tradiciones locales
· Salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales con fines de sustentabilidad
· Admitir limitaciones en espacios vulnerables
· Participar equitativamente de los beneficios de la actividad
· Respetar el derecho al turismo

Y en particular,

A las Autoridades gubernamentales a:
· Asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes
· Facilitar los medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos
· Concebir el turismo como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo
· Respetar los DDHH
· Velar por los grupos más vulnerables
· Rechazar la explotación de seres humanos, en particular de niños, mayores, minusválidos y minorías étnicas
· Fomentar los desplazamientos
· Incentivar las modalidades de desarrollo que permitan ahorrar recursos naturales
· Distribuir el movimiento y tiempo con programaciones consensuadas de las vacaciones escolares
· Concebir las infraestructuras protegiendo el patrimonio natural y la diversidad biológica
· Fomentar el acceso público a los bienes culturales derivando recursos para su mantenimiento
· Estimular el desarrollo de actividades artesanales y artísticas
· Contribuir a mejorar el nivel de vida de las poblaciones visitadas
· Informar a los ciudadanos sobre las condiciones de desplazamiento hacia el extranjero
· Desarrollar el turismo social
· Fomentar y facilitar el turismo de familias, jóvenes, mayores, estudiantes y minusválidos
· Facilitar los trámites de visado, formalidades sanitarias, aduaneras, etc.
· Evitar impuestos que penalicen al sector
· Garantizar los derechos de los trabajadores asalariados y autónomos

A los turistas y visitantes a:
· Respetar la diversidad
· Evitar transgresiones legales o conductas que puedan resultar chocantes o hirientes
· Recabar información desde antes de su salida sobre las características del país que se disponen a visitar
· Circular con arreglo al derecho internacional y las leyes de cada país
· Utilizar los medios de comunicación disponibles
· Gozar de los mismos derechos que los ciudadanos del país que visiten
· Disponer de asignación de divisas convertibles

A los prestadores a:
· Respetar el patrimonio natural y la población local en el desarrollo de ecoturismo
· Velar por la seguridad y prevenir accidentes
· Facilitar una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino sus condiciones
· Actuar conforme a las normas vigentes y las obligaciones contractuales asumidas

A los trabajadores del sector a:
· Adquirir una formación inicial y continua adecuada y protección legal suficiente
· Ejercer libremente su profesión

A los empresarios del sector a:
· Acceder (especialmente a las pymes) a la actividad con mínimas restricciones legales o administrativas
· Intercambiar experiencias entre países emisores y receptores
· Evitar (en caso de las multinacionales) abusar de la posición dominante que puedan ocupar
· Ejercer la libertad de inversión y operación comercial

A las instituciones educativas a:
· Introducir programas de estudios que expongan el valor de los intercambios turísticos

A la prensa especializada a:
· Difundir información veraz y equilibrada sobre acontecimientos y situaciones que puedan influir en la frecuentación turística.

A las comunidades locales a:
· Participar equitativamente en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporte la actividad
· Aprender y conocer a los turistas

Como puede apreciarse de este listado meramente enunciativo muchos de los principios aquí expuestos ya están contenidos en nuestra legislación y ordenamiento; sea en la Ley Nacional de Turismo 25.997, en el Plan Federal de Turismo Sustentable, en Resoluciones o programas en vías de ejecución.

Así es como la promoción del turismo sustentable, la accesibilidad o el desarrollo social, económico y cultural pueden hallarse en los principios que marca el Art. 2 de la Ley Nacional; la protección al turista en el Art. 37, el turismo social en los artículos que van del 38 al 40 del mismo cuerpo legal. El derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para el desarrollo de las actividades productivas en el Art. 41 de la Constitución Nacional, o el reconocimiento de los DDHH en el Art. 75 inc. 22. O los derechos de los trabajadores amparados también por la Constitución y por los convenios colectivos de trabajo. En resumen muchos, por no decir la totalidad de los puntos que surgen del CEMT son y fueron receptados por el conjunto de normas que rigen la actividad turística argentina. La pregunta que se impone es sencilla ¿Es necesario adherir al Código? Y de ser así ¿de qué forma?

El Art. 10

Invita a todos los actores a reconocer el papel de los organismos internacionales y en particular de la OMT y las ONG competentes en los campos de la promoción y del desarrollo del turismo y la protección de los DDHH haciendo hincapié en el derecho internacional. Recomendando tanto a los Estados como a las empresas del sector a incorporarlo por la vía que consideren más apta e informar al Comité en consecuencia.

Ahora bien, en este contexto la propuesta de institucionalización ha sido la siguiente:

A) Como mencionáramos, en el 2001 se creando un organismo: El Comité Mundial de Ética del Turismo; encargado de la interpretación, aplicación y evaluación de las disposiciones del CEMT (naturalmente se suma a su tarea principal la obligación de difundirlo y monitorear su aplicación)
B) Y estableciendo un mecanismo de consulta y conciliación para la solución de litigios en cuanto a la interpretación o aplicación del CEMT

Logicamente, tratándose de un sistema de adhesión voluntaria las respuestas de los distintos Estados miembros han sido variadas. Conforme a los resultados de la encuesta que la OMT realizó en el 2005, sesenta y ocho países ya habían incorporado los principios del Código, en leyes, resoluciones, planes estratégicos, etc. En otros casos su difusión actuó como disparador para la creación de códigos nacionales o sectoriales[8], oficinas de defensoría del turista[9] o comités nacionales encargados de su aplicación[10].

La forma de aceptación tampoco ha sido homogénea: algunos países notificaron por escrito la aceptación oficial del CEMT, otros hicieron declaraciones oficiales o lo publicaron directamente en el órgano de difusión oficial y finalmente están quienes lo refrendaron por organismos oficiales. Así interpreto la OMT la Orden del día 191 / Expte. 1620-D-2000 del la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina.

En lo que hace a la tarea del Comité es necesario detenerse en la lectura de las directrices para el examen de litigios donde (si bien aún se trabaja en los aspectos procedimentales y por tanto toda crítica es pasible de ser tildada de prematura) se establece que “El Comité no examinará los litigios no presentados conjuntamente por todas las partes involucradas. No obstante, los asuntos relativos a la aplicación general de principios éticos en el ámbito del turismo podrán presentarse unilateralmente al Comité, pudiendo incluirse referencias a litigios concretos, en la medida en que sirvan de ilustración de los principios en cuestión y siempre que la instancia que presente el asunto no esté involucrada en dichos litigios”

Así planteado y sin más consideraciones el procedimiento pareciera conceder al Comité una desmesurada capacidad de revisión que debería estudiarse en su justa interpretación y medida para evitar una injerencia poco feliz respecto de lo actuado en jurisdicciones locales.

A modo de conclusión

Tal como hemos demostrado la coincidencia entre los postulados del CEMT y mucho de lo expresado por la normativa vigente lleva a pensar que una adhesión legal expresa, estaría en plena consonancia con nuestra política de estado y sería un gesto más de la voluntad Argentina de posicionarse como destino turístico global. No obstante y conforme los proyectos legislativos mencionados sostenemos lo expresado acerca de que: no debiéramos agregarle al código un régimen punitivo que no necesita, ni corresponde y sí debiéramos hacer las reservas del Art. 10 que sirvan a la preservación de nuestra jurisdicción y competencia.
[1] Burbridge, Horacio A. El Turismo a la luz de los documentos sociales de la Iglesia. Comisiòn Episcopal de Migraciones y Turismo Conferencia Episcopal Argentina Bs. As. 2001
[2] Marini, Pablo. Ética Cristiana – Volumen I Fundamentos de la Moral. Universidad Libros Bs. As. 2006
[3] Maritain Jacques. Introducción a la Filosofia – Club de lectores Bs. As. 1999
[4] Constitución Nacional: Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
[5] Gomez Perez, Rafael. Deontologia Juridica – EUNSA. Pamplona 1982
[6] Estatuto OMT Art. 3: “El objetivo fundamental será la promoción y el desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad de los países, el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.”
[7] En el texto del Código se habla de “Agentes de Desarrollo Turístico” dando una interpretación amplia al termino que comprende a todas aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas directa o indirectamente al sector.
[8] Ucrania (A/16/20 Add.1 2005)
[9] Panamá (A/16/20 Add.1 2005)
[10] Jordania (A/16/20 Add.1 2005)

La Enseñanza del Derecho en las carreras de Turismo

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Thu, 13 Dec 2007 01:24:00 +0000

Introducción

Somos de la idea que el Turismo representa muchísimo para el desarrollo estratégico de cualquier Estado. Creemos que su difusión y concienciación debe estar presente tanto en la educación formal como no formal; dicho lo cual nos abocaremos al tema de la enseñanza legal en el nivel superior y orientada a los alumnos de Turismo.

Desde una perspectiva histórica no es errado afirmar que los programas de Turismo en América Latina en general y en nuestro país en particular son más o menos recientes y por lo tanto su reflexión está, desde el punto de vista científico en estado embrionario. Tan reciente es, que la UBA no ha podido aún (o no ha querido, o no la han dejado) incluir una oferta académica de carácter universitario[1]. El primer dilema de la carrera turística (y que aún se discute) ha sido si se debía plantear una licenciatura en Turismo que contuviera los conocimientos de Hoteleria, o si se trataban como dos licenciaturas distintas con un tronco común; no es el objeto del presente dilucidar semejante enigma, pero sí es importante subrayarlo ya que incide directamente en los contenidos de la materia jurídica que se pretenda introducir.

Tampoco está demás aclarar que previa a cualquier discusión y por razones de mercado las Universidades, se vieron ante la disyuntiva de incorporar a sus Facultades o Departamentos las carreras vinculadas a la industria de la hospitalidad. La segunda pregunta entonces fue: ¿Dónde? Así algunas universidades, optaron por una perspectiva humanista y las agregaron a sus facultades de ciencias sociales[2]. Otras, desde una visión más técnica se inclinaron por anexarlas a su departamento de Demografía[3], o bien al departamento de Geografía[4]. Las más recientes decidieron crear departamentos o facultades autónomas[5], otras sujetaron su ubicación a causas estructurales[6]. Y finalmente, hubo instituciones que desde una interpretación más cercana a lo empresarial las ubicaron en el ámbito de las Ciencias Económicas[7]; situación que dicho sea de paso coincide con la definición política de nuestro país[8].

Pero si era un problema ubicar la carrera de Licenciado en Turismo dentro de una Facultad, no era menos problemático ubicar una materia de Derecho dentro de las respectivas Licenciaturas (En Hoteleria y/o Turismo)

Desde los inicios del planteo curricular se vio como obvio, que no podía estar ausente la materia normativa que completara la visión del futuro profesional, con el marco regulatorio del sector. Y si bien, con algún acierto, en general se coincidió en que este saber debía ubicarse en el último o ante último año de la carrera, no siempre se trabajó sobre las cuestiones fundamentales sobre las que debiera basarse toda asignatura, es decir: ¿Qué se enseña?, ¿Cómo se enseña? y ¿Para qué se enseña?.

De allí que hasta hace unos años no fuera extraño tomar un programa de cualquier universidad y verificar que los ejes temáticos del mismo eran una suerte de curso de derecho civil, resumido y acelerado con algunas referencias a las leyes de hoteleria y agencias de viajes. Nada más contradictorio ni alejado de los contenidos, habilidades y valoraciones que el educando debiera incorporar en esta etapa de su formación. La idea subyacente pareciera haber sido: “Debe haber una materia de Derecho, no sabemos bien cómo o para qué; que el contenido lo ponga el Abogado que la dicte” y así es como hemos visto el dislate de ver alumnos de Turismo tratando de dilucidar el grado de los derecho habientes dentro de una sucesión compleja, o cuestionándose las diferencias entre el divorcio y la separación de hecho y otras lindeces por el estilo. La experiencia, así planteada, demás está decirlo ha resultado frustrante para todos.

No resulta difícil pensar que este problema hubiera podido evitarse si se hubiesen tomado como referencia experiencias pedagógicas similares y ya probadas; como por ejemplo la de los docentes de derecho dentro de carreras de ciencias económicas y viceversa que hace tiempo debieron trabajar superando este tipo de obstáculos en aras de una visión integradora.

El Derecho no es una panacea que resuelve todos los males del sector, sin embargo los atempera, los modula, los canaliza y en este sentido, por tratarse de una actividad transversal como lo es el Turismo, bueno es, que la materia esté al cierre de la formación académica. El derecho será motor o traba según como sepamos construirlo todos los ciudadanos que participamos de él.

¿Qué se enseña?

Superada la etapa de diagnóstico se plantearon dos cuestiones: 1) ¿Existe una materia a la que podamos denominar: “Derecho Turístico” o simplemente nos hallamos frente a una de las tantas actividades que requieren de una cierta regulación específica. Y, seguidamente 2) ¿Desde qué contenidos debiera partir el planteo mismo de la materia?

Para el primer interrogante algunos autores, (siguiendo seguramente la línea de pensamiento sajona del Travel Law) arriesgaron la primera hipótesis centrándose en el actor “agente de viajes” como generador principal de nuevas figuras contractuales, así Puig y Vitta[9] pudieron afirmar la existencia de un “... Derecho Turístico que ya no se siente encuadrado en los moldes tradicionales del derecho civil o comercial y que solo parcialmente es receptado por el derecho de la navegación en sus dos especies aérea y marítima.”; no obstante creemos que para definir la autonomía de una rama del derecho es necesario descubrir si los principios que la informan son axiológicamente originales como para constituir una construcción jurídica sistemática, completa y cerrada, haciendo innecesario recurrir a principios de otra rama[10].

Como puede apreciarse el debate, que aún sigue abierto, va más allá de una veleidad academicista, ya que según se opte por una u otra postura condicionará también el desarrollo curricular.

La segunda cuestión también tuvo respuestas disímiles;

1) algunos entendieron que debían asumir que los alumnos contaban o debieran contar con una sólida formación cívica que permitiera entrar de lleno en las distintas acepciones del derecho;

2) otros plantearon que si bien esto era lo que “debía ser” no era lo que en el aula se percibía y que por lo tanto la propuesta era “recuperar” el conocimiento que permitiera enmarcar la actividad. Es decir, mal puedo desarrollar y exponer el tema del “Derecho” cuando el estudiante carece de las nociones elementales de “Estado”, “Nación”, etc..

3) una minoría (quizás más presionada por una carga horaria limitada que por necesidades académicas curriculares) se inclinó por ir directamente al núcleo de los contenidos, mencionando quizás en el proceso pero dejando librado a la iniciativa del estudiante el trabajo de reconstruir o incorporar los conceptos básicos.

¿Cómo se enseña?

Salvando aquí del debate pedagógico sobre si los contenidos determinan o no la metodología; admitamos si, que al menos la condicionan. Tres son a nuestro criterio los factores que coadyuvan a la forma de enseñar:

A) La formación docente; la materia dictada por abogados padece las virtudes y defectos de la formación de éstos ya que los cursos de especialización sobre Turismo y Derecho son escasos, cuando no nulos; sin poder lógicamente satisfacer esta demanda con propuestas extranjeras que son, obviamente acordes a las legislaciones propias de los países oferentes.

B) Lo institucional. En un sentido estructural en dos niveles;

1) Desde el nivel macro las variables que pueden ser:
i. “carga horaria”,
ii. “incumbencias”,
iii. “Nivel” (Universitario o Terciario Universitario) van a obrar de filtro y selección a la hora de establecer prioridades curriculares y
iv. “Ubicación” de la carrera respecto de la Facultad o Departamento de la cual depende. Dicho de otra forma: si la Licenciatura en Turismo depende de un departamento o facultad de Ciencias Naturales los contenidos de las materias en general y las jurídicas en particular podrán ser diferentes de otra que dependa de un departamento o facultad de Ciencias Económicas.
2) “La cultura institucional” también aporta a que la materia no pueda, (o no deba) ser tratada como un compartimiento estanco; sino más bien articularse como engranaje de otras que le son claves en la interpretación global del problema. Así Políticas Turísticas, Turismo Social, Planeamiento, etc. alimentan y se alimentan de la normativa.

C) Lo Político. Los programas no pueden ser una mera producción de laboratorio, o el resultado más o menos lúcido de la experiencia de dos o tres profesionales del área. Han de ser sí, una producción científica y académica pero que refleje y se enmarque dentro de los contornos más amplios de una propuesta política seria, que den al sector el verdadero lugar de “política de estado”, muy por encima de las declamaciones coyunturales y en armonía con las directivas de la OMT a la cual estamos incorporados.[11]

En resumen: Las estrategias que en la práctica hemos podido observar son variadas y merecen considerarse sin dogmatismos, así:

1) Muchos programas europeos en general y españoles en particular han tratado la materia desde las distintas ramas del derecho, por lo que no es raro hallarse frente a un “Derecho Privado del Turismo” o un “Derecho Internacional Público del Turismo”, etc.

2) En nuestro país, siguiendo la tradición de nuestros tratadistas algunos han conformado una Parte General y otra Especial; vale decir que mientras en la primera se dictan los conceptos fundantes de la materia en la segunda se apunta a los temas específicos (hoteleria, agencias, etc.)

3) Algunos docentes se han centrado en la transmisión de las leyes, otros han pensado en el tradicional método de casos y algunos hemos optado por técnicas mixtas.

4) Pero así como es un problema saber desde donde se parte, también lo es saber hasta donde se llega. En algunas propuestas se ha visto la incorporación de tópicos comerciales complejos como el de los “Tiempos Compartidos”; que si bien es cierto están estrechamente vinculados al fenómeno turístico, no lo es menos que obligan a largas consideraciones jurídicas para poder ser comprendidos en su totalidad. En otras se ha visto con preocupación la ausencia de temas como “Patrimonio Natural y Cultural” por entender que estos “excedían” lo requerido para la formación profesional, opinión con la que nos permitimos disentir por considerar que se trata de uno de los ejes de la materia donde precisamente cuadran todas las nociones de “sustentabilidad”.

¿Para qué se enseña?

Lo primero en la intención es lo último en la ejecución, decían los antiguos. La respuesta al para qué, generalmente está contestada en aquello que algunos pedagogos denominan “objetivos”, sin embargo la mayoría de las veces su formulación resulta tan abierta y general que muchas veces puede acusársela de ambigua.

¿Quién hace este primer planteo? ¿Quién marca los objetivos de cada materia?: La Universidad ¿cómo? Consensuandolos con el docente, con el especialista (o al menos así debiera) ¿dónde? En el plan de la materia primero y en las incumbencias generales después ¿por qué? por delegación.

Con dudosa técnica legislativa la ley 24.521 de Educación Superior en su Art. 42 al hablar de “competencias” delega la fijación de éstas en las instituciones universitarias. Esto ha producido un aquelarre de superposiciones con otras carreras (por ejemplo de Guías) o confusiones (por ejemplo entre Lic. en Turismo y Lic. En Hotelería) Dificultad que solo podría hallar su limite si la carrera fuera declarada de “interés público”. Este status obliga tanto al Ministerio de Educación como al Consejo de Universidades a determinar las incumbencias profesionales de la carrera que se trate. Dando así, parte a la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) en la calificación institucional, de esa forma se anularían ofertas académicas distorsivas y se valorizaría la profesión a partir de aquellas propuestas que posean el minimun de calidad requerida. (Es por ello que, no obstante la carga que significa para los privados la supervisión estatal, varias Universidades vienen bregando para que la carrera sea declarada de “interés publico”)

Expresados verbalmente los objetivos más o menos comunes (ni exclusivos ni excluyentes) que surgen de los distintos programas son:

Cognitivos:
1) Dominar los conceptos básicos del Derecho.
2) Relacionar los distintos tipos sociales con los marcos jurídicos de cualquier emprendimiento
3) Analizar casos jurisprudenciales

Procedimentales:
4) Diagnosticar el régimen de responsabilidad frente a situaciones particulares
5) Decidir entre apelar al sistema judicial y/o a los sistemas alternativos de solución de conflictos.
6) Aplicar y cooperar en la confección de las distintas modalidades contractuales del sector.

Valorativos
7) Interesarse por el patrimonio natural y cultural
8) Trabajar interdisciplinariamente
9) Respeto por las normas

Del otro lado del banco, los estudiantes también tienen su percepción sobre las distintas respuestas a este interrogante. En las encuestas anuales que solemos realizar en los cursos (siempre muy significativas) suelen darnos algunas pistas:

A) Para la vida
B) Para completar mi formación profesional,
C) Para poder determinar cuando necesitaré de un abogado o no,
D) Para poder contar con otra herramienta de gestión,

Como se ve y pese a la generalización, instituciones y alumnos no están (al menos sobre este punto) demasiado distanciados. Efectivamente el conocimiento cívico es útil y necesario en cualquier instancia de la vida ciudadana pero dentro de las carreras de Turismo adquiere un valor instrumental ineludible.

Así, una actividad que pretende ser modelo e impulsora del desarrollo lleva implícito el respeto por el marco regulatorio que la contiene. No porque (como dijimos al inicio) este vaya a resolver todos sus problemas, pero si porque cualquier actividad que se maneje con “reglas de juego claras” tiene mayor oportunidad de crecimiento y generar inversión.
Nuestra Propuesta

Es sencilla y se basa en dos ejes: Integración e Investigación.
ü Creemos que debe hablarse de un Derecho Aplicado al Turismo desde una multiplicidad de actores;
ü Que se deben suplir ciertas carencias reales que los estudiantes normalmente “arrastran” del Polimodal y por lo tanto esto requiere de una carga horaria promedio;
ü Que en la medida que se invierta en investigación habrá posibilidad de desarrollar los contenidos de la materia.
ü Que es necesario generar foros académicos y una oferta de cursos que permitan completar la formación docente que requieren los abogados a efectos de brindar un enfoque multidisciplinario;
ü Que el currículo debe, sin perder originalidad e integrarse a la planificación general del Estado y ésta a su vez articularse en las líneas de la OMT.
ü Que debe impulsarse la carrera de Licenciado en Turismo como de “interés público” jerarquizando su nivel de estudios y despejando las zonas grises de sus “competencias”
[1] Durante la gestión de Daniel Scioli como secretario de Turismo se inició un expediente en la UBA pero finalmente no progresó
[2] Por ej.: Caece, Champagnat, Universidad Nac. de Misiones, Universidad Atlántida, etc.
[3] Por ej.: Univ. J. F. Kennedy,
[4] Por ej.: Universidad Nacional del Sur
[5] Por ej.: Universidad de Palermo, Morón, Abierta Interamericana
[6] Por ej.: La Usal ubicó su licenciatura en la Facultad de Historia y Letras y Univ. Nacional de la Patagonia la ubicó en Humanidades en su sede de Usuahia y en Cs. Economicas en su sede de Esquel
[7] Por ej.: Uade, Universidad Nac. de Mar del Plata, Universidad de Belgrano, Univ. De la Marina Mercante, etc.
[8] Ley 25.198/99 y Estatuto de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Art. 59
[9] Puig, Adela M y Vitta Juan Pablo. Legislación y contratos turísticos. 2da. Ed. Valletta Ediciones 1998
[10] Aftalión, Marcelo E. Acerca de la pretendida autonomía de las ramas jurídicas. La Ley 16/06/1966
[11] Leyes 19.644/72 y 23.409/86

Turismo en la Argentina

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Tue, 13 Nov 2007 01:31:00 +0000

Una perspectiva histórica y jurídica

Resumen:

El Turismo como actividad ha tenido y tiene un tratamiento heterogéneo por parte de los estudiosos del derecho. Cronológicamente el mundo jurídico da cuenta del fenómeno considerándolo como una facultad, es decir un derecho. Los abordajes actuales, si bien no prescinden de esta categorización, prefieren enfocarlo desde la consideración económica en general o como simple génesis de nuevas modalidades contractuales. La tendencia a considerar la actividad turística como cuestión de estado requiere entonces de un esfuerzo político normativo y la puesta en común de criterios básicos que sirvan a consolidarla en este sentido.

Palabras clave: Derecho, legislación turística argentina, contratos turísticos, política turística, derecho al turismo

Introducción

El término “turismo” padece de tantas conceptualizaciones como ciencias lo consideran parte de su campo de estudio[1] y también cada ciencia encara dicho tema con prismas propios. Así, si pensaramos al derecho y al turismo como grandes conjuntos de conocimientos advertiríamos que si bien existe una intersección bastante clara donde podríamos ubicar normas específicas como las de hotelería o agencias de viaje etc. también es cierto que se perfilan contornos grises donde la simple aplicación de normas subsidiarias requiere de algunas reservas. Así por ejemplo la responsabilidad por daños que le puede caber al hotelero no es exactamente la misma que la de cualquier comerciante o el rol de intermediario del agente de viajes no tiene no tiene contornos tan claros como en otras actividades.
Es necesario entender que las formas que el mundo jurídico adopta para analizar al turismo, condicionan la lectura e interpretación de dicho fenómeno, como también es preciso saber que el mundo jurídico viene condicionado por un marco histórico, político y económico. Por ello, el presente trabajo pretende acercar una posible respuesta a estos cuatro interrogantes:
a) ¿Cuáles son estos abordajes posibles?
b) ¿Cómo se gestaron históricamente estas visiones?
c) ¿Cuáles son los caracteres de cada una de ellas? Y
d) ¿Cómo se presentan hoy cada una de estas perspectivas?

Los abordajes

Si bien el rango constitucional del derecho al turismo puede inferirse tanto del artículo 33 que menciona los derechos implícitos en armonía con la libertad de locomoción consagrada para todos sus habitantes en el art. 14; desde la perspectiva de las fuentes del derecho argentino (Ley, jurisprudencia, doctrina, etc.) las lecturas posibles desarrolladas hasta el momento, se orientan en tres sentidos, que no son ni exclusivos ni excluyentes; ver al turismo: como facultad, como actividad económica y/o como génesis de nuevas modalidades contractuales.

El Derecho al Turismo:

Admitiendo las cuatro etapas del desarrollo turístico que señalan Lickorish y Jenkins[2]a saber a) Desde el medioevo hasta el siglo XVII b) Del desarrollo de los medios de transporte hasta 1914 c) El período de entreguerras de 1918 a 1939 d) Y finalmente el despegue producido desde 1945 en adelante; consideramos a éste último período como nuestro punto de partida. Podemos decir que en nuestro país históricamente para fines del siglo XIX, no se hablaba de turistas sino de “viajeros”; tema que solo tuvo consideraciones a nivel local o cuando mucho provincial; no así en cambio, ocurrió con el hospedaje, donde algunas normas referidas a la actividad del “posadero” fueron receptadas en nuestro Código Civil (promulgado en septiembre de 1869) y que aún hoy conservan vigencia interpretativa sobretodo en materia de responsabilidad[3]. Esto es así, por que para aquella época y hasta fines de la segunda guerra mundial el turismo existía como fenómeno pero se restringía a las clases más elevadas, el caso del Tigre o Mar del Plata; principal centro turístico del país[4] fue en este sentido un caso paradigmático. Es a mediados de la década del 40 entonces, que el turismo mereció un tratamiento jurídico nacional, el fin de la IIª Gran Guerra, el desarrollo de los transportes y una gran movilidad social presentaban las condiciones necesarias para un desarrollo sostenido. En Argentina se asociaba el derecho al turismo(no sin confusión) con el derecho al descanso reconocido a todos los trabajadores, sobretodo despajes de la sanción de la Constitución de 1949 que contemplaba la “debida recuperación por el reposo” y una suerte de “derecho al bienestar” destinado tanto al trabajador como a la figura familiar, (entendida ésta como unidad económica), consagrando el derecho al descanso libre de preocupaciones “y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales que imponen la necesidad de elevar el nivel de vida” [5]en el marco de lo que sociológicamente se conoció en todo el mundo como el “Estado de Bienestar”. Estado que con el impulso del llamado “turismo social” pretendió acercar este beneficio a una clase obrera recientemente industrializada y que debía ser permanentemente subsidiada ya que carecía de recursos suficientes. Se inició pues una nueva experiencia sindical en materia de gestión hotelera y turística como así también se impulsaron, desde el estado distintos proyectos vacacionales como las piletas de Ezeiza, la ciudad de los Niños en La Plata, etc. todos estos, restringidos a los trabajadores como suerte de un espacio propio y en expansión. No existía un organismo ad hoc para encargarse de ésta área sino que fue por medio del Instituto Nacional de Acción Social y la División “Turismo y Vacaciones” de la Fundación Eva Perón[6] que se canalizó material e ideológicamente esta concepción del turismo como facultad.
La ley 14.303 sancionada el 25 de junio de 1954 y destinada a organizar los ministerios, asignaba al de Transporte en la última de sus funciones: “la promoción, planeamiento, organización y atención de los servicios de turismo nacional e internacional”.
Pero lamentablemente el monopolio estatal de estos emprendimientos constituyó al mismo tiempo su fortaleza y debilidad. Con la interrupción constitucional perpetrada en el año 55 por la entonces llamada “Revolución Libertadora” y superado el breve período presidido por el General Eduardo Lonardi; el nuevo titular del Ejecutivo, el General Pedro E. Aramburu o bien congeló la mayor parte de estas iniciativas, o bien fueron deliberadamente desarticuladas. Así, los complejos de Chapadmalal en la costa Atlántica, Embalse Río Tercero en Córdoba y Alta Montaña en Mendoza se transfirieron a la Dirección General Inmobiliaria[7] sin darles una adecuada continuidad.
No obstante, en el transcurso de este gobierno militar se seguía entendiendo el derecho al turismo como subsumido en la idea de descanso laboral y por tanto sujeto a una adjetivación social. El 11 de abril de 1956 el decreto ley 6.325 reorganizó las dirección nacional de Parques Nacionales pasando a depender del Ministerio de Agricultura y transfiriendo las funciones específicas de fomento y organización a la temprana Dirección Nacional de Turismo oficina dependiente como dijimos del Ministerio de Transportes.
En 1957 el decreto ley 8.014 reestructuró el ministerio de Transportes promoviendo la creación de 3 reparticiones centralizadas a saber: a) la de defensa nacional, b) el servicio de informaciones y c) la Dirección Nacional de Turismo y finalmente el decreto ley 12.028 del 1º de octubre de 1957 organizó la Dirección Nacional de Turismo dándole una estructura acorde a sus múltiples funciones e incorporando una comisión asesora que entre otros miembros tendría representantes tanto de la Dirección de Parques Nacionales como de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y lugares históricos. Adviértase desde entonces, la idea de incorporar institucionalmente el concepto cultural y patrimonial a la temática turística.
Para el año 58 divididos los ánimos entre el apogeo de la guerra fría y el crecimiento económico, el gobierno del Dr. Arturo Frondizi asume de la mano de un acuerdo con el justicialismo y un discurso “desarrollista”. La promesa de “despegue” económico de este modelo resultaba sumamente atractiva (una especie de revolución industrial unida directamente a cambios drásticos en los medios de producción) auspiciaba que podía llegar a producir resultados decisivos en un período de tiempo relativamente breve. La idea era impulsar la industrialización (sobre todo de la industria pesada) para que este sector generara un efecto dominó influyendo en el resto de la economía y expandiendo otros sectores antes de que se apagara el ímpetu del sector originario[8]; uno de los sectores influidos, claro está, sería el de la llamada “industria sin chimeneas” En este escenario se decidió blanquear el contenido de los “decretos-leyes” del gobierno de facto y por ley del Congreso Nº 14.574 dar vida y reconocimiento a la Dirección Nacional de Turismo que dependía por aquel tiempo de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El esquema estructural si bien no dista mucho del propuesto por el decreto ley 12.027 deja asentado claramente que el “turismo social” sería solo una “sección” dentro de una problemática mayor. Y éste, tal vez sea el punto de inflexión para marcar una nueva perspectiva.

El Turismo como actividad económica:

Sin mayor consenso y con una sucesión de “planteos” militares a cuestas el 29 de marzo de 1962 el gobierno de Dr. Frondizi fue interrumpido por lo que se conoció como el “interregno” del Dr José María Guido, asumiría luego el Dr. Arturo Illia, hombre austero y legalista proveniente de la línea cordobesa del radicalismo. Illia plantearía un régimen de promoción industrial en el marco de un nuevo “Plan Nacional de Desarrollo muy influido por Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); lamentablemente tampoco Illia completaría su mandato, ya que sería derrocado por el General Juan Carlos Onganía, este nuevo proyecto militar se basaba en una pretendida división de tiempos; es decir que entendía su proyección en términos cronológicos y secuenciales partiendo de un tiempo social, pasando a otro económico y finalmente, llegar al político. El factor económico era dirigido por el ministro de economía de entonces: Adalbert Krieger Vasena que enfocó su cartera hacia una concepción neoliberal cuyo mayor objetivo consistía en alcanzar la estabilidad monetaria. Para mediados de 1968 ya se interpretaba que ingresábamos en la segunda etapa razón por la cual se dictó la ley 17.752 de promoción para la construcción de hoteles de turismo internacional que otorgaba múltiples exenciones y deducciones a aquellos inversores (nacionales o extranjeros) que emplazaran establecimientos en ciudades como Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi, etc. siempre bajo un criterio de “dimensiones” bastante criticado hoy en día.
Onganía a su vez sería sucedido el 19 de junio de 1970 por el ignoto Gral. Roberto M. Levingston. De esta última etapa de la autoproclamada “Revolución Argentina” y ya a fines del año 70 surgirán las leyes de Hotelería 18.828 y la 18.829 que regula la actividad de las Agencias de Viajes. No está demás recordar que en rigor estas no son leyes en sentido formal; ya que aquel golpe militar se distinguió de los anteriores por su declarada vocación a perpetuarse en el poder y por lo tanto estimó que nada le impedía alterar la numeración legal ni le requería apelar a la figura del “decreto-ley”. En ese contexto fue que se dictaron “leyes” que no eran tales, ocasionando un sinnúmero de debates acerca de su interpretación y legitimidad. La opinión de la Corte (fundada en razones de seguridad jurídica y según la postura adoptada desde 1947) se inclinó por afirmar que si el congreso no las derogaba seguían vigentes[9].
Levingston también cayó en desgracia y el 26 de marzo de 1971 la Junta de Comandantes nombró presidente a Alejandro A. Lanusse.
En 1972, la convención de la ONU coronó un proceso iniciado en 1970 para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural realizada en Paris e influyó positivamente para que la Argentina (entonces definitivamente en la agonía de la “Revolución”) dictará la ley 19.943 sobre las medidas a adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales adoptando la 16ª Convención de la UNESCO de octubre de 1970. Y actualizando de alguna manera, entre otras, la ley 12.665 de 1940 que en su momento creó la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y lugares históricos como así también la vetusta ley 9.080 de 1913 sobre ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Esta idea de patrimonio sería la culminación mundial de dos hitos[10] 1) La finalización de la primera etapa para salvar los monumentos de Nubia en el Alto Egipto y el Sudán y 2) La Conferencia sobre Medio Ambiente de Estocolmo de 1972; estos hechos forjarían una suerte de conciencia de responsabilidad colectiva que iría evolucionando de lo tangible a lo intangible, del monumento escultórico o edilicio, pasando por la naturaleza, hasta bienes folclóricos, festividades, leyendas, gastronomía etc., etc. Asimismo en octubre del 72 por ley 19.818 se suscribiría la Convención de Bruselas relativa a los contratos de viaje, sin perjuicio de ser ratificada en el ’76; ya entonces, sus considerandos hacían referencia al rol económico y social del turismo..
En 1973 restituido el orden constitucional asumió la presidencia el Dr. Héctor J. Cámpora, que renunciaría al poco tiempo y dejaría su espacio para que pase u fugaz Raúl A. Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados por ley de acefalía frente a la insólita renuncia del presidente, vice y presidente de la Cámara de Senadores) quien a su vez llamó a elecciones para que el 12 de octubre de 1973 asumiera el Gral. Juan D. Perón quién mantendría los ministros de Lastiri y apoyaría a su ministro de economía Bruno Gelbard en sintonía con el llamado “Modelo Argentino” donde se proponía una creciente producción de bienes y servicios y una recuperación de la “independencia económica”
Fallecido el 1º de julio de 1974 en su tercer mandato, el Gral Perón moría en un contexto absolutamente distante al de sus primeros años como gobernante; asumió el gobierno su esposa María Estela Martínez de Perón en un clima de violencia y desgobierno. Poco podía hacerse, aún así, como uno de sus objetivos de gobierno era “propiciar la inversión privada, nacional y extranjera”[11] por septiembre de 1975, la ley 21.056 intentó tímidamente promover el turismo por intermedio de las líneas de transporte...pero en marzo de 1976 un nuevo golpe militar replantearía la situación del país.
El denominado Proceso de Reorganización Nacional (al igual que en su momento, la Revolución Argentina; subordinó la Constitución al Acta de la Revolución) en este caso subordinó la Constitución al “Estatuto del Proceso” profundizando la crisis institucional. Un clima político de represión y una economía liberal dirigida por el Ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, marcaron una línea decisional pendular que se ajustaba según se “renovaban” las cúpulas militares.
Con vistas a que en 1978 Argentina sería sede del Mundial de fútbol, el gobierno militar decidió por decreto 1818/76 ordenar un Registro Hotelero Nacional y recategorizar los distintos tipos de alojamiento, derogando el decreto reglamentario anterior 2253/70.
Al mantener una cotización del dólar sumamente baja que buscaba que el sector industrial pudiera hacer una reconversión tecnológica, modernizando su equipamiento se obtuvo un efecto no deseado. Se abrieron las puertas a productos importados que aniquilaron las industrias locales, hubo fuga de capitales y una singular explosión de turismo aprovechada por la clase media que fue conocida también como la era de la “plata dulce” o del “deme dos”. Cientos de charters con destino a Miami con el solo objeto de comprar electrodomésticos.
Para 1978 hubo también otro tipo de novedades; en el ámbito patrimonial, se dictó la ley 21.836 que adoptó la convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural de la UNESCO mencionada anteriormente. En el ámbito de las agencias de viajes las resoluciones 1 y 444 de aquel año pretendieron focalizar los controles como así también agilizar las normas del registro de los agentes de viaje.
En los ochenta quedaba claro que la Ciudad de Buenos Aires, por sus dimensiones y cantidad de establecimientos requería de una fiscalización especial, es por ello que el entonces Intendente (también conocido como el impulsor de las autopistas) un marino de nombre Osvaldo Cacciotore dictó la Ordenanza Municipal 36136/80 aún vigente.
Para 1981 (año conflictivo en el que se sucedieron tres presidentes, Grales. Videla, Viola y Galtieri) la UNESCO declaraba patrimonio de la Humanidad el parque nacional de Los Glaciares.
En 1982 a días del 2 de abril, día de la recuperación de la Islas Malvinas los medios empezaron a hablar de la posibilidad de brindar especiales facilidades tanto a quienes quisieran hacer turismo en las Islas como (especialmente) para aquellos que quisieran ir a residir allí. Revistas populares como Radiolandia 2000 titulaban[12] “Si piensa veranear en las Malvinas...” y acto seguido ofrecía un mapa con referencias para recorrerlas o proponía traducir al castellano los nombres de las calles.
Finalizando el “Proceso” durante la gestión de facto del Gral. Bignone se tomaron un par de medidas necesarias: a) Mediante resolución 1328 de 1982 se aprobó el reglamento de guías y operadores de excursiones y b) se ratificó, esto ya por vía del decreto 2976 del 11 de noviembre de 1983, el acta constitutiva del Consejo Federal de Turismo consagrando la significación política y territorial que comenzaba a reconocérsele al sector.
Con el retorno al estado de Iure el 10 de diciembre de 1983 el presidente electo Dr. Raúl Alfonsin subió al gobierno con grandes expectativas y un perfil político – económico que tomaba como modelo el de la progresista social democracia europea
En 1984 la UNESCO agregó al listado de sitios declarados patrimonio de la humanidad a las Cataratas del Iguazú.
El gobierno pasó del “Plan Grispun” (por el Ministro de la cartera económica) al “Plan Sourrouille”(nuevo ministro) y de allí, al “Plan Austral” (nuevo signo monetario): en todos fracasó. La crisis lo obligó a renunciar anticipadamente.
El 8 de julio de 1989 si bien el Dr. Carlos Saúl Menem había asumido con un planteo de corte populista, llegado al poder se mostraba muy dispuesto a la “cirugía mayor sin anestesia” refiriéndose especialmente a la llamada reforma del Estado
Durante el primer mandato se planteó una reforma constitucional que posibilitó su reelección. La reforma de 1994 si bien no habla de turismo, si lo hace de patrimonio. Incorporando en su artículo 41 la necesidad de “preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales...” prohibiendo lógicamente el ingreso al territorio nacional de “residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos” En este sentido el texto constitucional en su art. 75 inc. 19 encarga al Congreso de la Nación el dictado de leyes tendientes a proteger “el patrimonio artístico, y los espacios culturales y audiovisuales”
Actualmente, esta vía de reconocimiento también resulta consagrada por el Estatuto de la Ciudad autónoma de Buenos Aires en su art.59: “La ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural.
Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la región.” Y es el art. 80 del mismo estatuto el que deja en manos de la legislatura regular sobre “recreación y turismo”.
Finalizando el gobierno del Dr. Menem, entre noviembre y diciembre de 1999 la ley 25.198 declaró de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica y “El estado...” se comprometió según su artículo 3º a “... proveer al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control de la actividad turística en todo el territorio de la república Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”
El 6 de agosto de 1990 la Unión de Trabajadores Gastronómicos y la Asociación de Hoteles de Turismo acordaron el Convenio Colectivo de Trabajo 130/90 aplicable a las relaciones laborales de todo el territorio reemplazando el 174/75. Se preveían grandes inversiones y el desembarco de numerosas cadenas, Hyatt, Intercontinental, etc.
Desde mediados de los noventa hasta la crisis de fines del 2001, y aún a pesar de ella el turismo se convirtió por su nivel de renta en la segunda exportación del país, de hecho en abril del 2001 se calculaba que detrás de la producción de aceites; los hoteles, agencias y transportes movían valores por 4.500 millones de pesos que (por la ley de convertibilidad entonces vigente se traducían en dólares)[13]. Atrás quedaba la idea de “vender” indiscriminadamente el “producto” “Cataratas o Glaciares”. El Estado advirtió que por medio de la marca “Argentina” podía llegar a competir con Brasil si segmentaba la oferta ofreciendo por ejemplo “pesca” en el mercado de EEUU, “esqui, nieve y montaña” en el mismo Brasil, o “tango” en Paris. El futuro era pues apostar y arremeter contra los mercados externos que más gastaban (EEUU, Alemania, Inglaterra Japón y Francia) y que representaban el 14% de nuestros ingresos en esta área contra el 30% de Brasil.
En función de ello por decreto 1.366 de octubre del 2001 y tomando como precedente la ley 24.414 que autorizaba al Ejecutivo a modificar la ley de Ministerios se elevo a ese rango a la entonces Secretaria de Turismo Cultura y Deporte.
Los lamentables sucesos de diciembre del 2001 desencadenaron un quiebre institucional que terminó con la presidencia del Dr. De la Rua y puso en crisis todo el sistema. Le siguieron en la titularidad del ejecutivo: Ramón Puerta, A. Rodríguez Saa que por decreto 111 del 28 de diciembre del 2001 firmado por el presidente resolvió retrotraer el novel Ministerio al status anterior de Secretaria) Eduardo Caamaño y finalmente Eduardo Duhalde.
La plataforma electoral presentada por el Dr. Néstor Kirchner de mayo del 2003 ratifico la idea de que el turismo debía ser una política de estado, motor de la reactivación económica y generador de divisas; pero no sería hasta fines del 2004, luego de varios cambios y reestructuraciones (entre ellas las de la propia secretaria por Decreto 1635/04) que se podría sancionar la nueva Ley Nacional de Turismo 25.997.
La nueva Ley, basada en principios de sustentabilidad, desarrollo, calidad, accesibilidad, etc. replanteó el esquema nacional en dos niveles, ampliando las facultades de la Secretaria por un lado y redefiniendo su institucionalización por el otro. Creó así: Un Comité Interministerial de Facilitación Turística, Un Instituto Nacional de Promoción Turística e incorporó el Consejo Federal de Turismo como parte de su estructura consultiva.

El Turismo como origen de nuevos contratos:

Gestada entre los 80 y los 90; la Doctrina en general, piensa en el Turismo como un desafío normativo por la novedad de su problemática y como origen de nuevas modalidades e interpretaciones contractuales. Más aún algunos llegan a predecir que tal vez por esta vía se pueda llegar a constituir una nueva rama del derecho donde la figura central (el “eslabón más importante”, como suele decirse) fuera el agente de viajes[14]. Opinión con la que nos permitimos disentir ya que entendemos no basta que una actividad traslade sus particularidades a lo normativo para que este cuerpo de conocimientos sobre las conductas y relaciones que atiende se constituya por sí mismo una posibilidad de ramificación; sino que en todo caso deberá recorrer un largo camino de elaboración de principios propios antes de lograr su autonomía, lo cual no impide que sencillamente se segmente su estudio con fines expositivos o didácticos o se pretenda aglutinar toda la problemática en un solo cuerpo legal. Entre el sinúmero de modalidades contractuales que esta actividad genera podemos mencionar:

1) Los contratos de tiempo compartido
2) Los contratos entre turistas y agencias de viajes
empresas de transporte
hoteles
3) Los contratos entre agencias de viajes y empresas de transporte
hoteles
agencias entre sí

4) Los contratos de hoteles y empresas de transporte
organizadores de eventos
administradores de business center, gimnasio, etc
hoteles entre si

5) Los contratos entre Asociaciones, Sindicatos, etc. con hoteles, agencias de viajes o empresas de transporte.
6) Los contratos del Estado con empresas de transporte, agencias u hoteles para otorgar créditos y beneficios a los turistas
7) Contratos de tour

Otra postura es la que comparten la Dra. Weingarten y el Dr. Ghersi[15] quienes plantean el análisis desde una óptica economicista distinguiendo entre dos aspectos: a) el macroeconómico y b) el microeconómico. Respecto del primero destacan varios ángulos; el ingreso de divisas por parte del turismo internacional, la generación de empleos definitivos y transitorios, el tratamiento y estímulo de las industrias artesanales (particularmente en nuestra zona cordillerana o del noroeste) y el sector servicios (hoteles, guías, transporte, etc.) Y en cuanto al segundo considera que el hecho económico, que es la fuente del contrato conlleva una serie de consideraciones a tener en cuenta: a) se desarrolla en más de una jurisdicción, b) implica movimientos de fondos nacionales e internacionales c) los lugares de ejecución en general difieren con los de contratación d) Una misma red contractual puede ligar a varias empresas.
En cuanto a la caracterización de estos tipos contractuales, aunque refiriéndose estrictamente al “contrato de turismo” apuntará Kemelmajer de Carlucci, que como los códigos no los regulan no es raro que algunas decisiones judiciales los califiquen de “innominados”; no obstante haber “acuerdo doctrinal en que tienen una alta tipicidad social”[16]
Es también, en esta década del 90 que en materia jurisprudencial los temas de responsabilidad ganan un espacio importante, generando doctrina desde sus actores. Así se habla de responsabilidad de las agencias de viajes[17]u hoteles[18]. Y lo mismo ocurre por ejemplo, con temas comerciales específicos de la actividad turística como el “overbooking”[19]o las pautas interpretativas de contratos de reserva de plazas hoteleras[20].

Conclusión

No cabe duda que desde el 45 en adelante la preocupación política por controlar e impulsar esta actividad ha estado más o menos presente. A pesar de ello es justo reconocer que los tiempos de la actividad económica que significa esta industria y los tiempos normativos no han tenido siempre el mismo ritmo, aún cuando se adviertan señales de cambio en el horizonte. Los noventa plantearon un nuevo escenario económico, se diluyeron los rasgos del capitalismo de estado para dar paso a una economía de mercado. El Estado dejo su rol de empresario y comenzó a delegar el de regulador como bien señala Amadazi[21] desgraciadamente la década terminó sin un estudio económico sólido que permitiera conocer la contribución del sector a la economía nacional, sin embargo los más optimistas redondean en un 5 %. Actualmente el “derecho al turismo” puede plantearse como un derecho social o como un derecho colectivo, vale decir de segunda o tercera generación. En el primero de los casos en un marco, cuasi dialéctico que enfrenta el derecho empresario con el derecho del consumidor y en el segundo caso, tal como lo expresa Burbridge[22] entendida la promoción de la cultura como prerrequisito del desarrollo turístico y por lo tanto íntimamente ligados como derechos.
En lo que se refiere a la normativa de patrimonio si bien aún padece de fragmentación respecto del Turismo al menos ha actualizado su protección suscribiendo por ley 25.568 la convención de San Salvador (que trata sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas) y promulgando la ley 25.743 de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y su decreto reglamentario 1022/04)
A nadie escapa que es un sector que seguirá siendo materia prima para innumerables formas contractuales, desde el momento que la falta de tipicidad implicará un esfuerzo jurisprudencial mayor para llenar los huecos interpretativos.
Y en cuanto a su naturaleza económica y social si bien es cierto que hoy por hoy nadie se atrevería a cuestionarla no ocurre lo mismo con su valoración política que como ya hemos podido observar se ha visto sujeta a los vaivenes de las ponderaciones gubernamentales de turno sin que hasta el momento nuestra clase dirigente haya acertado con el lugar que el Turismo debe ocupar en economías que, como la nuestra, pretenden recuperar su calidad de “emergentes” en un mundo globalizado y globalizante que tiene su mirada puesta en los Servicios.
Leyes de regulación hotelera y agencias de viajes nacidas sin representación real y con más de 30 años de vigencia; un patrimonio cultural y natural reglado como compartimentos estancos, una definición de incumbencias de idoneidad débil, una normativa de transporte turístico que no logra desprenderse del transporte de pasajeros; la ausencia de exenciones impositivas; una estructura que se acomoda o se desacomoda según las coyunturas, y un diálogo intermitente entre sectores públicos y privados, quizás estén reclamando por un lado un ordenamiento genérico que dinamice y jerarquice adecuadamente su actividad y la de los profesionales intervinientes, (sabiendo que la misma depende de prerrequisitos básicos como promoción, seguridad, infraestructura, etc.) que tienen más que ver con cuestiones de criterio y sentido común que con cuestiones formales (tales como si tiene o no rango ministerial) y por otro lado una clara definición estadual de integración regional e internacional capaz de sortear las dicotomías de los tiempos gubernamentales.

Bibliografía

[1] Acerenza Miguel Angel
Administración del Turismo Conceptualización y organización. Trillas México 1991
[2] Lickorish, Leonard J. y Jenkins, Carson L.
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[3] Costa Francisco y Cáceres Juan E.
Servicios de Hotelería. Tutela del Consumidor Nº 4 Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza Argentina 2001
[4] Schlüter, Regina G.
El Turismo en Argentina. Del balneario al campo. Ciet. 2001
[5] Alonso Casellas Alberto J.
Correlaciones de las constituciones de 1853 y 1949. Editorial Bibliográfica Argentina 1951
[6] Fundación Eva Peron
Reglamento del Turista s/f
[7] Anales de Legislación Argentina
Tomo XVI-A 1956 Decreto Ley 17.800 20/07/56
[8] Szusterman Celia
Frondizi – Emecé 1998
[9] Bidart Campos, German J.
Manual de Derecho Constitucional Argentino. Ediar 1986
[10] Bolla Gérard
Una convención internacional – El Correo de la UNESCO Agosto 1980 Año XXXIII
[11] San Martino de Dromi, Ma. Laura
Argentina contemporánea de Perón a Menem . Ediciones Ciudad Argentina. Bs. As. 1996
[12] Radiolandia 2000 – 8 de abril 1982
[13] Gorodisch, Mariano.
Como vender la Argentina. Clarín diario – suplemento económico – pag. 2 - 29 de abril del 2001
[14] Puig, Adela M. y Vitta, Juan Pablo
Legislación y Contratos Turísticos. 2da edición Valletta Ediciones. Bs. As.
[15] Weingarten, Celia y Ghersi, Carlos A.
Contrato de Turismo. Derechos y obligaciones de la empresa de turismo Abeledo Perrot Bs. As. 2000
[16] Kemelmajer de Carlucci, Aída
El Contrato de Turismo. Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 3 Editorial Rubinzal-Culzoni Agosto de 1993
[17] Encina Fazio, Marta
Responsabilidad de las agencias de viajes. La Ley Tomo 1990 B pag. 337
[18] Garrido, Roque Fortunato
Hoteles y responsabilidad civil. La Ley Tomo 1981 C secc. Doctrina pag .959
[19] Blas Simone, Osvaldo
Overbooking en el transporte aéreo de pasajeros. EL Derecho 1996 Tomo 168 pag. 356
[20] Barbieri, Pablo Carlos
Los contratos de empresa y las pautas interpretativas de su atipicidad. La Ley Tomo 1996 E.
[21] Amadazi, Enrique
Política Turística Argentina - Turismo, macroeconomía e Instituciones Ediciones Ladevi 1999
[22] Burbridge, Horacio
Política Turística Argentina – El Turismo cultural. Ediciones Ladevi 1999

Argentina: Turismo Estudiantil

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Sat, 13 Oct 2007 00:40:00 +0000

Santiago Aramburu y
Gonzalo Casanova Ferro

Por siempre estudiantes

Existen varias teorías para explicar el origen del Turismo. Algunas de ellas parten de un sino antropológico, otras hablan de una motivación psíquica y finalmente otras intentan imponer una lectura histórica.

De esta última corriente surgen a su vez otras variantes; dos grandes líneas cruzan el marco teórico de quienes aventuran una hipótesis en este sentido: están aquellos que identifican a los primeros turistas entre los antiguos peregrinos que buscaban contemplar algunas de las siete maravillas del mundo, quienes identifican a los medievales que buscaban visitar los lugares santos y por último los que aseveran que en realidad, modernamente, habría que considerar que los primeros turistas fueron estudiantes. Dicho más puntualmente: “egresados”. Se referían así a los jóvenes londinenses de clase media alta del Siglo XVII quienes una vez terminados sus estudios iniciaban un viaje iniciático por las capitales más importantes del continente europeo, antecedente del denominado “Grand Tour”[1]. No se trataba entonces de una actividad ociosa o lúdica sino más bien de un recurso para completar su formación; la idea consistía en conocer mejor las personas y mercados con los cuales interactuarían profesionalmente.

Como fuere, aquí y en el resto del mundo, el turismo tal como lo conocemos en la actualidad se gestó en el siglo XX.

En un principio el viaje turístico pudo ser el producto de la excentricidad de algún poderoso. El privilegio de una elite asociada a la necesidad de aventuras, tiempo libre o el simple recurso para mitigar la abulia de las clases pudientes. Pero a partir de la década del 30 no tardó mucho en ingresar en un período que lo extendió como derecho de las masas trabajadoras, derecho asistido por el llamado Estado de Bienestar y focalizado en los productos “sol y playa” (paquetes rígidos, estacionales y destinados a un publico poco informado). Para finalmente derivar en lo que se ha dado en llamar la NET (Nueva Era del Turismo) que combina y supera las otras dos etapas (gran segmentación del mercado, productos especializados, sistemas de protección al turista, conciencia de sustentabilidad, etc.).

La paradoja consiste en que al recuperar los antecedentes del Turismo aquella vieja costumbre europea reviva como categoría jurídica y de mercado, en un escenario tan austral aunque podría decirse que en condiciones más equitativas, no exenta de luces y sombras.

Nos proponemos entonces analizar qué se entiende en la Argentina por Turismo Estudiantil, quiénes son sus actores y cuál es su rol, atravesando los casos más problemáticos y sus posibles soluciones.

A diferencia de nuestro país, en el resto del mundo las expresiones “turismo estudiantil”o “student travel” pueden representar:

A) Cualquier salida estudiantil acompañada por docentes y de carácter educativo[2];
B) El servicio de determinados organismos para un segmento universitario (que comprende también a los docentes) decididos a viajar a cualquier destino, normalmente fuera de su país de origen y generalmente por razones de estudio[3];
C) el practicado por grupos de estudiantes, con la organización de técnicos en la materia, cuando se disponen a visitar sitios históricos, museos, parques, monumentos, ambientes naturales de importancia, playas, montañas, llanuras, etc. y que les permite conocer de cerca ciertos sitios y actividades de los que se han enterado en forma somera por explicaciones de cátedra[4];
D) el realizado por jóvenes conocedores, que obtienen información a través de Internet, que tienen motivación para la vida en una sociedad globalizada y combinan las experiencias de sus viajes con la aventura, el estudio, el trabajo y el descanso. Viajan para formar parte de una comunidad internacional que esta de viaje[5];

¿Qué se entiende en Argentina por “Turismo Estudiantil”?

Atendiendo a la apresurada redacción de la ley 25.599[6] habrá de entenderse por tal el que surge del art. 2º a saber:

“A los efectos de la presente ley, se entenderá por turismo estudiantil a:
a) Viajes de estudios: Actividades formativas integradas a la propuesta curricular de las escuelas, que son organizadas y supervisadas por las autoridades y docentes del respectivo establecimiento;
b) Viajes de egresados: Actividades turísticas realizadas con el objeto de celebrar la finalización de un nivel educativo o carrera, que son organizadas con la participación de los padres o tutores de los alumnos, con propósito de recreación y esparcimiento, ajenos a la propuesta curricular de las escuelas y sin perjuicio del cumplimiento del mínimo de días de clase dispuesto en el calendario escolar de cada jurisdicción educativa.”

Demás está decir que la antecedente definición ha sido objeto de numerosas críticas. Por un lado parece excesivo incluir sin más reparos los viajes de estudio ya que una interpretación estricta de la norma implicaría que cualquier salida escolar tendría que ser intermediada por un agente de viajes sin importar su duración o la distancia recorrida. Por otro lado, al analizar el segundo inciso se dice que la formula “participación de los padres o tutores de los alumnos” resulta demasiado abierta, pudiendo dar lugar a confusiones o ambigüedades. Como sea, no es nuestra intención resolverlo aquí, sino solamente dejar planteado que tal vez está norma en particular requiera ciertas reconsideraciones.

De todas formas la categoría “Turismo Estudiantil” es una creación legislativa propia de la Argentina que en otros países puede confundirse o bien con el “turismo joven”, destinado a cubrir las vacaciones de ese segmento, o con el “turismo estudiantil de intercambio”, es decir alumnos de distintas nacionalidades que se desplazan en forma cruzada para adquirir la experiencia de un idioma o un sistema educativo distinto al de origen. Lo que nosotros llamamos “turismo estudiantil” en cambio, comprende un fenómeno muy singular que si bien abarca tanto viajes de estudios como de egreso, está muy asociado a esta última categoría, con la época invernal y focalizado en un destino: Bariloche.

Durante décadas el destino del “Turismo Estudiantil” ha sido la ciudad de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro. Nadie duda hoy de su consolidación en lo que a viajes estudiantiles se refiere; fundamentalmente para los egresados del llamado segundo ciclo (polimodal o secundario) de nuestro sistema educativo. Esto, sin perjuicio de que el día de mañana por razones de mercado, económicas o de diferencia cambiaria, pueda perder su liderazgo ante el surgimiento de destinos no pensados para este segmento en la actualidad.

La ciudad ofrece los mismos atractivos que cualquier otro centro urbano: buen alojamiento, variedad de opciones gastronómicas, locales bailables, etc; pero combinados con un escenario natural de privilegio. Fundada en 1902 y perfeccionado su diseño por el arquitecto Alejandro Bustillo en la década del 30’ la ciudad creció rodeada por la belleza del Parque Nacional Nahuel Huapi, su geografía cordillerana poblada de bosques y lagos naturales que la hacen ideal para la practica del esquí, el andinismo, el treeking, y demás actividades relacionadas.

A principios de los años 60’ la ciudad abandonó el estilo alpino bávaro que le imprimiera el arquitecto alemán Hacker, y comenzó su desarrollo vertical[7]. Los 70’ y los 80’ se encargaron de poner al alcance de la clase media esta variedad de deportes de invierno ayudados por grandes transportistas que vieron allí la veta de los viajes de egresados. Su liderazgo se ha mantenido desde entonces, a pesar de los intervalos que significaron las épocas económicas de auge donde hubo que competir con destinos internacionales (especialmente brasileros) o de crisis, que como en el presente donde llevan a ponderar segundas opciones como Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Pese a ello, hoy Bariloche, ve colmada su capacidad en el período de invierno (junio/julio) que coincide con el receso escolar de la mayor parte del país.

Los actores y sus roles

Cinco son los actores que intervienen en la contratación de servicios para el desarrollo del “turismo estudiantil”:

· Los Colegios
· Los estudiantes (y sus representantes legales – padres o tutores –)
· Los prestadores
· Las Agencias autorizadas a operar con “Turismo Estudiantil”
· La Secretaria de Turismo de la Nación
· Las Autoridades de Turismo locales

Los Colegios en general tratan el tema del viaje de egresados como un problema que merece un tratamiento especial.

En un extremo y para deslindar responsabilidades no solo no se admite que los promotores ingresen a las instalaciones, sino que se advierte a padres y alumnos que la contratación de tales servicios corre por su exclusiva cuenta y riesgo; más aún, se desalienta la participación docente y si el viaje coincide con días hábiles (fuera del período de receso invernal) se pasan las faltas correspondientes.

Posiciones moderadas tratan de no intervenir en la negociación, pero si de supervisar la trayectoria de la agencia o agencias que acercan ofertas, sugieren la participación no solo docente sino también la combinación con algún padre o padres acompañantes que cumplan el rol de supervisión y asistencia al grupo de estudiantes que viajan.

Finalmente y como excepción, existen instituciones que contrariando el art. 1 de la Ley 18.829 de Agentes de Viajes y el art. 18 de la Resolución 118/05 organizan sus propios viajes de egresados generalmente en forma solapada o mediante la intermediación de algún docente que “cubre” la infracción institucional. La Resolución 118/05 solo prevé una excepción en su art. 17 y es que el viaje ofrecido se desarrolle en un único día y no incluya el pernocte.

Como la modalidad de pago de este tipo de viajes se hace en cuotas y a lo largo de todo un año los estudiantes inician los sondeos para contratar agencias en ese período. En este sentido, la experiencia de los egresados que los han precedido en la promoción de ese mismo año suele ser importante pero no determinante. Algunos grupos deciden por si y otros consensúan con sus padres. En la Argentina la mayoría de edad se da a los 21 años y solo excepcionalmente algunos actos podrían realizarse alcanzados los 18. El promedio de edad de los alumnos que están analizando sus posibilidades de viaje, normalmente está por debajo de esta edad y por lo tanto serán sus padres o representantes legales quienes terminen firmando el contrato con la Agencia. Más aún, para el caso de ciertos viajes educativos la edad está por debajo de los 14 años.

Los prestadores son los proveedores de servicios directos, hoteleros, transportistas, gastronómicos, instructores de ski, guías, fotógrafos, etc. La agencia mantiene con ellos una relación comercial casi permanente que le permite financiar mejor sus costos a partir de una oferta de volumen y continuidad. Donde los llamados “opcionales” (todo aquello que se vende al estudiante en destino) constituye una parte importante del negocio. Aquí no está demás aclarar que muchas veces la situación económica (en particular el tipo de cambio) puede ser determinante para que los prestadores desatiendan el mercado local, creando distorsiones o debilidad en el sector de las agencias argentinas que trabajan con el segmento de estudiantil.

Para que una empresa de viajes pueda operar en el territorio argentino debe obtener una licencia provisoria o definitiva que requiere cumplir con una serie de requisitos mínimos:
A) Poseer estructura funcional, vale decir instalaciones físicas y la contratación de al menos un idóneo (licenciado en Turismo) registrado que será responsable de los aspectos técnicos de la Agencia.
B) Haber tramitado ante la Secretaria de Turismo de la Nación el correspondiente Permiso Precario y la Licencia Provisoria.
C) Que él o los titulares de la empresa carezcan de antecedentes penales o comerciales que les impidan ejercer el comercio
D) Constituir un Fondo de Garantía que generalmente se integra por un seguro de caución según la ubicación y tipo de agencia que se trate
E) Y finalmente, que el titular este registrado como Comerciante si se trata de un emprendimiento unipersonal, o que esté descripta la actividad en el objeto social, si se trata de una sociedad.

La Agencia de Viajes que además pretende organizar viajes de egresados debe obtener previamente un “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”[8], lo cual implica que además deberán constituir un seguro de responsabilidad civil, de vida, de accidentes personales y otro de cobertura médica total[9], para cada uno de todos los integrantes de cada contingente de estudiantes, que cubra los riesgos desde el inicio hasta la finalización del viaje. Por otro lado también deberán presentar anualmente una declaración jurada con la siguiente información:

a) Personal de la empresa -casa central y sucursales - que atenderá, en al ámbito de la misma, el área de turismo estudiantil, con datos personales y especificación del cargo que desempeña;
b) Nombre, fecha de nacimiento, número de documento y domicilio de las personas que estarán a cargo de la atención, coordinación y control del cumplimiento de los compromisos en los lugares de destino de los viajes. También deberá informarse el domicilio en que desarrollarán su actividad en cada lugar;
c) Programas ofrecidos. Breve síntesis de los servicios a prestar, indicando nombre y domicilio de los distintos prestadores de servicios: hoteles, transportistas y responsables de las excursiones, con aclaración de cantidad de plazas contratadas con cada uno de ellos. Se deben adjuntar ejemplares de la folleteria y material de difusión;
d) Listado del personal que cumplirá la función de coordinador de destino y coordinador de grupo que deberán ser mayores de 21, señalando nombre, número de documento, domicilio, estudios cursados y antigüedad que revista en la empresa;
e) Listado de promotores que se desempeñan en cada agencia, nombre, deberán ser mayores de 18, número de documento y domicilio, estudios cursados, antigüedad que revista en la empresa;
f) Personal autorizado a firmar contratos.
g) El titular de la agencia deberá acompañar fotocopia autenticada del modelo de contrato a utilizar para la venta de los servicios;
h) Pólizas de seguro por responsabilidad civil, accidentes personales y asistencia médica
i) Cantidad de servicios programados para el año en curso -vendidos o reservados-, indicando fecha de salida prevista de los contingentes, establecimiento educativo al que pertenecen, destino, hotel en el que serán alojados, transporte a utilizar y todos los servicios que se incluyen y su certificado de habilitación expedido por la CNRT. Se deberá especificar claramente la calidad, el tipo y la categoría de los diferentes servicios. Asimismo, salvo que se trate del año de iniciación de la actividad, se deberá acompañar una memoria en la que se consigne el detalle estadístico de la actividad realizada el año anterior.

Como mencionáramos la forma de comercialización se realiza por adelantado, fraccionadamente e instrumentada en un contrato escrito, generalmente estandarizado cuyos modelos pueden bajarse de Internet[10].

En los términos de la Ley Nacional de Turismo[11] y la Ley Nacional de Turismo Estudiantil[12], la Secretaria de Turismo de la Nación es la Autoridad de Aplicación. Encargada de fijar las políticas nacionales de la actividad en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Es ante esta institución que los agentes de viajes requieren su licencia, es el organismo que lleva los legajos y ejercita las funciones de contralor, con capacidad para aplicar sanciones por infracción y/o inobservancia de las normas que regulan la actividad, al punto de poder cancelar inmediatamente las certificaciones otorgadas a los transgresores.

Las Autoridades de turismo locales muchas veces poseen mayor cantidad de facultades para ejercer el contralor del destino turístico y de hecho en algunas provincias poseen incluso el rango de Ministerio. Es por ello que en muchas jurisdicciones los inspectores son los propios de la autoridad local y pueden controlar no solo agencias sino también establecimientos hoteleros, gastronomitos, bailables y demás prestadores. En el caso especifico de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche rigen tres normas:

· La Ordenanza 1396-CM-04 que organiza los términos y alcances de un “Certificado de Servicios de Turismo Estudiantil” que otorga a las empresas prestatarias.
· La Res. 39-I-06 que impone una declaración jurada de proveedores y clientes.
· La Res. 1026-I-06 que exige la constancia de inscripción en la AFIP.

Hasta aquí las luces donde pareciera que todo está previsto y controlado; sin embargo la situación del mercado a veces presenta sorpresas poco agradables: empresas que cierran por causas no muy claras y dejan cientos de turistas varados o por viajar.

En rigor y comparativamente hablando las caídas de agencias por causas fraudulentas o mala administración no son tantas. Sobre un total de tres mil ochocientas agencias registradas solo doscientas cincuenta y ocho[13] están habilitadas para comercializar “turismo estudiantil”[14] y de estas solo un promedio de dos anuales en los últimos cinco años registran bajas intempestivas por las causales mencionadas; no obstante ello, la sensación de impunidad y la angustia que provocan tales situaciones en la sociedad, sumado el efecto multiplicador de los medios de comunicación generan una especie de indignación pública sumamente atendible.

Describiremos entonces cuatro casos (probablemente los más resonantes) donde la administración pública podría decirse que fue aprendiendo a resolver las distintas crisis suscitadas por agencias que de la noche a la mañana dejaron de operar. Así, las medidas preventivas hacia la empresa, el tratamiento diferenciado para los pasajeros en curso y los pasajeros próximos a partir, la coordinación con los prestadores directos y autoridades locales, las negociaciones con otras agencias, etc. se vienen optimizando pero no porque la regulación las prevea como herramientas o mecanismo de contención adecuados para este tipo de situaciones sino porque la coyuntura y la continuidad del turismo como política de estado así lo han permitido. Lo preocupante entonces es que estos procedimientos no han tenido aún un correlato normativo y por lo tanto “la solución” ha sido más operativa que institucional.

El caso Río de la Plata S.A

La empresa Río de la Plata poseía dos sociedades: Compañía de Transporte Río de la Plata S.A. y Turismo Río de la Plata S.A. ambas habían contado con licencia de agencia de viajes; no obstante del 97 en adelante se le dictó la baja a la primera y solo operaba esta última. Turismo Río de la Plata S.A. no solo contaba con el prestigio de varios años en el mercado sino que además poseía una infraestructura que le permitía cubrir los servicios de transporte y hoteles con unidades y alojamiento propios.

En agosto del 2002 un incidente preanunciaba lo que sería la caída de uno de los operadores más importantes del turismo estudiantil. Un grupo de padres, alumnos y docentes ocuparon un local de Buenos Aires de la empresa Río de la Plata en respuesta al anuncio de que por la rotura de un micro no podrían viajar al día siguiente. Veinticuatro horas más tarde el problema se resolvía pero las dudas ya estaban instaladas.

En noviembre del 2002 y justamente en dos de los hoteles de Río (El Ausonia Inn y el Ausonia III) se inició un paro gremial de empleados que dio inicio a una escalada de incumplimientos para los estudiantes que ya estaban en destino. Las denuncias ante la Municipalidad de la ciudad de San Carlos de Bariloche y la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la Nación no se hicieron esperar (atento a que el funcionamiento de los hoteles es competencia local y el de las agencias de viajes federal) Los huelguistas llegaron a amenazar con bloquear las rutas de acceso a los micros de Río.

La decisión de la empresa de un intempestivo cambio de Directorio y el cierre de varias de las sucursales motivó la apertura del sumario administrativo en diciembre de ese mismo año; para enero del 2003 ya se preveía la imposibilidad de la empresa para poder hacer frente a los servicios, por ello la Secretaria de Turismo dictó una medida cautelar[15]: la suspensión para operar sin perjuicio de intimar a la agencia a cumplir con los compromisos asumidos aunque restringiéndole la capacidad para operar a futuro. Para entonces la sospecha de estafa estaba instalada y también intervino la justicia penal[16].

La trascendencia de los medios y el volumen económico que manejaba la empresa cuestionada hizo que los hechos se proyectaron al escenario político nacional ingresando no solo en la agenda de varios legisladores sino también en la del Presidente de la Nación (Dr. Eduardo Dhualde); ya que el mismo fue requerido por el Consejo Municipal de Bariloche para que gestionara[17] en la resolución del conflicto con los trabajadores de Río de la Plata que tenían en jaque a toda la ciudad.

Los pasajeros que aún no habían viajado fueron asistidos por otras agencias que en algunos casos reconocieron parte de las cuotas pagadas y en otros tuvieron que negociar o bien por días de estadía o por cantidad de servicios o ambas cosas.

En noviembre del 2003 se iniciaron los remates de los hoteles ordenados por la Cámara del Trabajo de Río Negro[18] pero no fue sino hasta el 19 de septiembre del 2005 que se dictó la quiebra[19].

El caso LAPA Estudiantil S.A. – Generación Aérea

LAPA era una misma empresa pero constituida por dos sociedades distintas, LAPA S.A. a secas y LAPA ESTUDIANTIL S.A..

A principios del 2003 los rumores acerca del estado financiero de la línea aérea resultaban bastante alarmantes; los reclamos laborales entraban en una escalada difícil de cortar. Según afirmaban algunos de sus directivos las razones debían rastrearse fundamentalmente en el precio del combustible aéreo o mejor dicho en los impuestos que lo gravaban, impuestos que dejaban a ésta y otras aerolíneas muy lejos de la línea de rentabilidad (ya de por sí ardua de alcanzar para cualquier emprendimiento aeronáutico)

Frente a esta situación la respuesta de los organismos estatales fue disímil, la Secretaria de Transportes, que era tal vez el organismo idóneo para proponer alguna alternativa hizo entonces mutis por el foro; mientras que la Secretaria de Turismo en cambio, opto por dilatar la renovación del permiso para operar en turismo estudiantil, (una práctica preventiva para estos casos).

En mayo los diarios anunciaban dramáticamente “CERRO LA EMPRESA Y LOS DIRECTIVOS DESAPARECIERON SIN DAR EXPLICACIONES-LAPA podría dejar sin viaje de egresados a 1.200 chicos”[20] ni una ni otra cosa fueron exactamente así, ni todos los directivos desaparecieron ni los egresados se quedaron sin viajar, de hecho en octubre de ese año (abonando una diferencia de $ 85 y con gestiones de la Secretaria de Turismo mediante) viajo el último contingente[21]; sin embargo antes de arribar a este resultado las idas y vueltas iban a oscilar entre lo trágico y grotesco.

Movilizaciones de padres reclamando frente a la sede de la Secretaria de Turismo, la Comisión de Usuarios y Consumidores de la legislatura porteña gestionando y demandando una solución al Poder Ejecutivo Nacional, ofertas de Aeroandina (principal accionista de la empresa) para reinvertir y renovar los vuelos, si y solo sí, el gobierno congelaba los precios del combustible a 85 centavos de dólar el litro autorizándolos a subir la banda tarifaria un 20 %[22], la suspensión preventiva de su licencia[23] por la cadena de irregularidades en que incurrió la empresa, periodistas que confundían irremediablemente concurso de acreedores con quiebra[24], la incertidumbre de quienes pagaron parte y temían que el sindico terminase reclamándoles el saldo, y la apertura de una eterna causa penal.

Todo esto conformó un enorme dispendio de esfuerzos y voluntades y tinta del que solo se pudo salir en base a un firme reclamo cívico y la buena voluntad de algunos funcionarios.

El caso 5 Cinco Zonas

Al igual que las anteriores Cinco Zonas SRL era una empresa de turismo que se especializaba en la organización de viajes de fin de curso del nivel polimodal.

Operaba normalmente, y no poseía una cantidad excesiva de denuncias que hubieran inducido a pensar lo que más tarde sucedería. Más aún, lo paradójico del caso es que los titulares de la misma empresa habrían iniciado seis denuncias contra diferentes agencias buscando hacer cumplir la normativa turística vigente.

Poseía 7 sucursales distribuidas en todo el país, lo que presupone una estructura más o menos sólida como para movilizar, y de hecho así lo era, una gran cantidad de estudiantes al año. Y según lo manifestado por sus prestadores, tampoco debía grandes sumas de dinero.

En fin, cuando menos se pensaba, sucedió lo inesperado, en un fin de semana la casa central ubicada en la Ciudad Autónoma de Bs. As. y sus 7 sucursales distribuidas en las ciudades de: Gran Bs. As., Córdoba, Mendoza y Salta habían quedado completamente vacías sin previo aviso.

El día lunes 19 de diciembre de 2005 todos los diarios hacían referencia a la desaparición de los titulares de la empresa Cinco Zonas, sin dejar rastro alguno y habiendo vaciando por completo sus oficinas. Para sorpresa de estudiantes, padres, prestadores, autoridades y los mismos empleados que temían por represalias, los titulares de la empresa desaparecieron dejando cerca de 850 chicos varados en la Ciudad de San Carlos de Bariloche y sin la menor posibilidad de retorno. Esto sumado a los pasajeros próximos a viajar; y otros (1200 aprox.) que ya habían empezado a pagar las cuotas del viaje que realizarían durante el año 2006.

El mismo día de la noticia la Secretaria de Turismo de la Nación corroboró mediante un acta de inspección la mencionada situación y declaró la caducidad de la licencia de la empresa por falta de estructura funcional (Resolución N 156/03), tratando de encauzar la situación.

Lo que sucedió luego fueron sostenidas y públicas protestas de padres y estudiantes, especialmente en la provincia de Córdoba ya que de allí eran la mayor parte de los estudiantes perjudicados.

Menos de una semana después, los egresados que se encontraban en la ciudad Bariloche y quienes estaban próximos a viajar pudieron ver sus sueños cumplidos. Mediante la intervención de algunas empresas de turismo, la combinación de la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la Nación y la cooperación de la Agencia de Turismo de Córdoba (Ente provincial encargado del sector turístico) se pudo dar cumplimiento a los contratos de 5 Cinco Zonas previa negociación con los prestadores[25].

Ahora bien, aún faltaba resolver un problema; el de todos aquellos que habían empezado a pagar en el año 2005 con el objeto de viajar a partir de mediados del 2006. Una vez más, algunos decidieron cerrar negociaciones resignando precio y/o servicios y otros prolongaron las conversaciones tratando de mejorar su situación.

El ciclo se repite. Por un lado, el reclamo administrativo ante el Organismo de contralor realizado por varias contingentes damnificados, como así también por los mismos empleados de la empresa.

Por otro, la cuestión judicial que tiene que ver con las denuncias penales realizadas en varios puntos del país contra los titulares de la empresa por el presunto delito de estafa, las cuales se encuentran en trámite.

Y finalmente, la solución al problema en sí, es decir, las diferentes alternativas que tienen y tendrán los damnificados, de acuerdo al momento, el tiempo y la voluntad de quienes con ellos negocien.

El caso Zaiga Travel

Tours & Travel SRL, se había constituido como una sociedad familiar que operaba bajo la denominación comercial de Zaiga Travel. Se dedicaron al turismo estudiantil durante varios años, sin aparentes problemas comerciales, de hecho en el 2005 se le habían realizado inspecciones encontrando en todos los casos que la agencia se hallaba en orden y conforme a la normativa vigente. Un día antes del anuncio oficial la empresa comenzó a informar a sus contratantes que no realizarán más pagos por la imposibilidad de poder cumplir con los compromisos pendientes debido a problemas financieros que los aquejaban. La angustia se extendió sobre los 6000 afectados que fueron tomando conocimiento de ello.

La gran mayoría acudió a buscar una respuesta por parte de la autoridad de aplicación: La Secretaria de Turismo de la Nación y otros acudieron a la propia Casa de Gobierno.

Producto de las reuniones entabladas entre la Secretaria de Turismo de la Nación y numerosas empresas del sector, se comunicó al público que la empresa Flechabus Viajes y Turismo juntamente con la colaboración de sus proveedores de servicios ofrecería nuevos programas de viajes diseñados especialmente para atender a la ya conocida situación. De los 256 contingentes afectados, la mayoría aceptaron los nuevos ofrecimientos.

En cuanto a las actuaciones administrativas, las mismas se iniciaron el 15 de marzo de 2006, y se ordenó por Disposición 453/06 de la Secretaria de Turismo de la Nación, la suspensión para operar de la agencia y la apertura de sumario administrativo, por presunta infracción al artículo 8ª de la Ley de Agentes de Viajes (18.829) la cual terminaría con la cancelación de la licencia. Del mismo día es la denuncia penal presentada ante la Cámara Criminal y Correccional, resultando sorteado el Juzgado 19º, causa 13.888, con intervención de la Fiscalía N 30.

Síntesis

De las experiencias relatadas pueden sacarse algunos criterios:

A) Desde el punto de vista jurídico: Las causas laborales prosperarán en la medida que, como ocurrió en el caso de Río existan bienes. Si en cambio ocurre un vaciamiento como en el caso Cinco Zonas prosperará, pero no habrá de donde cobrarse. Las causas comerciales seguramente culminarán con la quiebra así como la causa administrativa culminará con multa y clausura. Las causas penales por el contrario, se dilatarán en el tiempo ya que generalmente se torna muy difícil probar la adecuación al tipo penal.
B) Desde el punto de vista de los damnificados: Cualquiera sea su situación se ven sometidos a la angustia e incertidumbre propias de quien padece una maniobra dolosa. De hecho aquellos que no hubiesen viajado terminan contratando con otra empresa resignando o bien parte de lo abonado, comodidades, días, excursiones o una combinación de lo descrito.
C) Desde el punto de vista político y de mercado: La dilación entre el hecho dañoso y las distintas soluciones para cada uno de los actores resiente la totalidad del sistema. En definitiva, las acusaciones cruzadas entre organismos, empresas y usuarios son el escenario ideal para que nada cambie.

En búsqueda de la solución

“Nunca es mala la Verdad…lo que no tiene es remedio”, dice la canción. Planteado en otros términos ¿Se puede prever todo? Si, se puede; lo que no se puede es evitarlo. Es decir, puedo tener la mejor legislación vial, puedo tener una buena señalización, un buen semáforo y un policía en cada esquina, y eso no evitará que alguien circule a exceso de velocidad contraviniendo todas esas precauciones. ¿Es evitable que alguien vacíe una empresa? ¿Qué alguien se fugue para no asumir sus
obligaciones? ¿Qué alguien mal administre una empresa llevándola a la quiebra? definitivamente no, pero pueden preverse sus consecuencias, sin perder de vista que obviamente nos hallamos frente a una contratación entre privados y que más allá de las reveses compartidos no deja tratarse de un servicio suntuario. Esto no impide entender que tal como lo señala el Dr Tale[26]el viaje de estudios no debe considerarse como un viaje más sino como un episodio irrepetible y como tal, al verse frustrado merezca la tutela de los tribunales[27]

Ahora bien, pareciera que frente al incumplimiento de una agencia de turismo estudiantil, (sea cual fuere su causa) lo lógico sería acudir al denominado Fondo de Garantía; de hecho la redacción del Art. 13 de la ley 18.829 así lo prevé:
“Las infracciones al Artículo 6º de la presente ley serán sancionadas con suspensión para operar hasta la normalización del fondo de garantía. La sanción se transformará en cancelación de licencia y clausura del local si el fondo no se regulariza en el término de seis (6) meses. En tal caso, se aplicará el saldo del fondo de garantía para indemnizar a los contratos incumplidos.” (el subrayado es nuestro)
Pero para esto existen dos inconvenientes difíciles de sortear sin una reforma legislativa; el primero es el monto y su determinación, el segundo su forma de constitución. Los criterios para determinar el monto de garantía se establecen por tipo de agencia y ubicación geográfica, no por volumen de operación esto determina cifras menores, difíciles de actualizar y que a la hora de resarcir un incumplimiento grave no alcanzarían siquiera para cubrir las costas del proceso. En cuanto a la forma ya hemos comentado que normalmente el fondo se integra por medio de un seguro de caución lo cual determina, como bien ha señalado el Dr. Benítez[28] que ante la imposibilidad factica de determinar quienes habrán de viajar, la Secretaria de Turismo se constituye en beneficiario del mismo y por lo tanto da lugar a la interpretación de que solo puede usarse para satisfacer las multas, contrariando quizás el espíritu de la norma.

Más allá de los reclamos generales que se orientaban al reducir los plazos de la preventa, el debate parlamentario por la búsqueda de una solución definitiva no se hizo esperar. Diputados tomo la posta y varios proyectos captaron la atención de las respectivas Comisiones de Turismo:

a) El proyecto impulsado por el sector privado[29] y el Diputado Heredia (PJ – FPV Córdoba) propuso modificar la ley 25.599 permitiendo que fuera la AAAVyT[30] la que categorizara a las agencias de viajes estudiantiles y que administrara un Fondo de Garantía ad hoc.
b) La UCR reflotó un proyecto del año anterior que ya había presentado la diputada Beatriz Leyba de Martí (Córdoba)[31] y presentó otro por medio de Silvana Giudici[32] (Capital) donde se crea un “Fondo de Contingencia para Viajes Estudiantiles” integrado por un 3 % que las Agencias depositarían sobre el valor de los servicios y programas facturados.
c) El proyecto de Tinnirello Carlos A. y otros por la Red de Encuentro Social de la Capital Federal[33] propuso un sistema de cajas de ahorro inembargables que se abrirían en el Banco Nación en forma conjunta para cada contingente.
d) De Bernardi Eduardo, diputado por Chubut (PJ – FPV)[34] propuso que los contratos de turismo estudiantil fueran aprobados por la Subsecretaria de Defensa del Consumidor a la cual también deberían someterse las cuestiones de consumo que se produjeran por incumplimientos.
e) El ARI en cambio, por intermedio de Ariel Gorbacz propuso la constitución de un Fideicomiso[35]constituido en una entidad bancaria a elección de los estudiantes.

Pero lo cierto es que cualquiera fuera la solución propuesta no podría viabilizarse si previamente no se otorgaban a la autoridad de aplicación las facultades necesarias (tanto para exigir garantías como para llevar la fiscalización más allá del año en curso).

El oficialismo percibió esta necesidad con claridad y obró en consecuencia. La discusión legislativa en la Cámara baja no resultó demasiado ardua. Sobre 153 diputados presentes 136 votaron a favor del dictamen de la mayoría, solo 13 por la negativa y apenas hubo 3 abstenciones. En Senadores el trámite fue igualmente expeditivo.

La nueva Ley

El proyecto de modificación de la ley 25.599 de Turismo Estudiantil que impulsara el Partido Justicialista[36] y que ha sido sancionado el 20 de diciembre del 2006 por Ley Nro. 26.208 consta de apenas 9 artículos que conforman el presupuesto básico e imprescindible para poder acceder a una solución definitiva.

El artículo primero reemplaza el inciso g) del Art. 5º de la Ley 25.599 exigiendo que en la declaración jurada que deben presentar quienes pretendan obtener el correspondiente certificado manifiesten la cantidad de servicios programados, vendidos o reservados no restringido tal información al año en curso como lo hacía anteriormente. Además requiere que se especifique dos datos que no fueron contemplados en el texto original: el precio total y por contingente.

El artículo segundo que reemplaza el artículo 6º de la Ley 25.599 impone un plazo de 15 días hábiles a aquellas agencias que deban notificar modificaciones en sus declaraciones juradas sujetando tal condición a la sanción genérica del art. 10º de la ley 18829.

El artículo tercero sustituye el inciso d) del artículo 7º de la Ley 25.599 ordenando una cuestión que generaba no pocas confusiones. Decía el texto original que los contratos de venta de servicios de turismo estudiantil debían contener entre otros requisitos los siguientes: “Certificación fehaciente de la contratación de un seguro, para cada uno de los contratantes, de responsabilidad civil, de vida, de accidentes y de cobertura médica total, con el detalle de los datos de las empresas aseguradoras contratadas.” La imposibilidad de imponer seguro de vida a menores y la inexistencia de un producto de cobertura médica total tornaban estas obligaciones de cumplimiento imposible. Por lo que el actual texto aclara: “certificación fehaciente de la contratación para cada uno de los turistas que compongan el contingente estudiantil de seguros de accidentes personales que cubra el riesgo de muerte e incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, de asistencia medica y farmacéutica” Explicando que la reglamentación podrá requerir otros instrumentos de protección que en todos los casos deberán cubrir los riesgos físicos desde el inicio hasta la finalización del viaje.

El artículo cuarto es el que viene a resolver el nudo gordiano de la cuestión incorporando el inciso e) al artículo 7º vale decir obligando a la agencia a agregar en el contrato la acreditación de haber constituido garantías suficientes que deberán guardar correspondencia con los montos finales de los servicios comprometidos. Haciendo una enumeración enunciativa del tipo de garantías que podría pedir la autoridad de aplicación, a saber: a) fondos fiduciarios, b) patrimoniales, c) bancarias, d) financieras, e) depósitos, f) seguros de caución.

Asimismo el artículo quinto trae otra novedad, la sustitución del artículo 10º, que si bien confirma la autoridad de la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la Nación, da marcha atrás con lo establecido en el Decreto 1013/02 que en su momento observara el inciso b) del Artículo 10º y los Artículos 11º y 12º del texto original (en particular los dos primeros que conferían competencias a Defensa del Consumidor para resolver cuestiones de consumo en los términos de la Ley 24.240 y normas complementarias). Decreto fundado en el principio por el cual las normas especiales prevalecen sobre las generales.

Finalmente el artículo sexto sustituye el artículo 16º y transforma la obligación de cancelar el “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil” a aquellas agencias que trasgreden las prescripciones de la Ley en una facultad que se otorga atendiendo a lo delicado que puede ser el proceso de cierre de una agencia y a la necesidad de que, aún en proceso de cierre, pueda dar cumplimiento a los compromisos asumidos. Aplica el máximo de sanción previsto en el artículo 10º de la Ley 18.829 y faculta agravar hasta el quíntuplo los casos de reincidencia conforme lo previsto en el artículo15º de la citada norma

El resto del articulado es de forma.

A modo de conclusión: Resolución 237/07

Quedaba entonces por delante el desafío de hallar una solución que asegurara los viajes de los estudiantes, sin imponer medidas que a su vez generaran un efecto contrario de que se pretendía prevenir. Una solución que evitara que los menores corrieran con el riesgo de la operación y que éste retornara al ámbito empresario.

Esta solución fue la planteada por la Resolución 237/07 dictada por la Secretaria de Turismo de la Nación que reglamentó finalmente el Turismo Estudiantil. Lo cual implicó reestructurar A) Los requisitos que se exigían a aquellas agencias que deseaban operar con Turismo Estudiantil. B) Los términos del Contrato. Además de C) Constituir un Fideicomiso privado administrado por Nación Fideicomiso[37] D) Modificar el régimen de Seguros E) Establecer un nuevo régimen para los Coordinadores y F) Fijar las obligaciones en viaje

A) Las principales modificaciones que se introdujeron en las condiciones generales para el otorgamiento de certificado a las agencias que quisieran operar con turismo estudiantil fueron:
• Quitar el vencimiento pudiendo solicitarlo cuando se deseara.
• Requerir que todos los años se presenten las declaraciones juradas para actualizar la información en el legajo de turismo estudiantil.
• Presentar un certificado de contratación de cada servicio contratado de cada uno de los prestadores y en el caso de los comercializadores el compromiso será emitido por el organizador.
• Cada dos meses se deberá presentar un certificado de vigencia de las contrataciones.
• Los comercializadores deberán presentar copia de la adhesión al fideicomiso.
• Los Comercializadores deberán presentar copia del mandato del organizador para que actúen en su representación en los contratos que suscriban.
• Se deberá adjuntar el modelo de cuponera que se utilizará
• Se deberá declarar si se celebrarán contratos con una antelación mayor a 60 días corridos al inicio del viaje y si se realizarán viajes de estudio.
• Quiénes declararen la celebración de contratos con una antelación mayor a 60 días corridos antes del viaje deberán presentar:
• Certificado de pre-compra con calificación o póliza de seguro de caución y/o
• Una carta de intención consignando su disposición a efectuar un aval bancario y/o
• Una carta de intención expedida por una Sociedad de Garantía Reciproca que cuente con la autorización del BANCO CENTRAL DE LA NACION ARGENTINA, consignando su disposición a efectuar esta clase de aval

B) Los términos del Contrato implican que:
Los Servicios incluidos son: transporte, hospedaje, gastronomía, excursiones diurnas- a excepción de las de turismo activo y/o de aventura- y seguros.
Dentro de los 30 días de firmado el contrato los usuarios deberán enviar al agente de viajes, las adhesiones al contrato, del contingente.
El agente cargará los datos del contrato en el sistema aplicativo con una clave de alta que se le dará con el certificado.
Los usuarios tendrán acceso al sistema para poder chequear su contrato.
La adhesión quedará perfeccionada con el PAGO DE LA CUOTA CERO.
La CUOTA CERO será del 6% de cada contrato, cuyo comprobante emitirá el agente y cada pasajero podrá abonarla en sucursales del Banco de la Nación Argentina y Rapipago.[38]
La Cuota Extraordinaria para los viajes del 2006 solo aportarán el 1,5% del contrato ya firmado, pendiente de ejecución.

C) El Fideicomiso por su parte:
Garantizará las obligaciones frente a incumplimientos contractuales,
Los organizadores deberán suscribir el contrato de fideicomiso privado de administración.
El porcentaje sobre el monto total de cada contrato individual será del 6% del mismo.
El aporte deberá ser depositado en moneda de curso legal en la cuenta a nombre del FONDO DE TURISMO ESTUDIANTIL que determine el fiduciario.[39]

D) El régimen de seguros se ajustó a los siguientes parámetros:
RESPONSABILIDAD CIVIL
Monto: PESOS CIEN MIL ($100.000) como mínimo.
Alcance: toda la República Argentina (Incluir destinos en el exterior en el caso de operar con los mismos).
Riesgos Mínimos: Responsabilidad Civil. Incendio, rayo, explosión, descarga eléctrica, escape de gas. Suministro de alimentos. Responsabilidad Civil en transporte de Vehículos de terceros.
ACCIDENTES PERSONALES + COBERTURA ADICIONAL
Monto: PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) como mínimo.
Cobertura Adicional: póliza de Asistencia Médica y Farmacéutica de PESOS CINCO MIL ($5000).
Alcance: cubrir la vida y la incapacidad total o parcial, permanente o transitoria de cada turista usuario.
ASISTENCIA AL VIAJERO
Monto: PESOS CINCO MIL ($5000).
Alcance: Ante casos de emergencias, acreditando el registro y autorización ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

E) Los Coordinadores de grupo deberán reunir las siguientes condiciones:
Mayores de 21 años con estudios de nivel medio o secundario completo.
Certificado de antecedentes criminales y reincidencias expedido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION
Certificado de buena conducta expedido por la policía del domicilio del coordinador

F) Finalmente las obligaciones en viaje serán:
Tener un coordinador cada 35 usuarios o fracción.
Listado completo del contingente emitido por el SISTEMA APLICATIVO DE TURISMO ESTUDIANTIL
Copia del contrato suscripto con cada contingente
Certificado de cobertura de accidentes personales, asistencia médica y farmacéutica y constancia de asistencia al viajero
Ficha médica completada por el médico de cabecera de cada turista

Como puede apreciarse el FONDO DE TURISMO ESTUDIANTIL tiene por misión reintegrar a los representantes de los usuarios la diferencia entre los pagos efectuados a los agentes de viajes y la prestación brindada por otro fiduciante al que el prestador le hubiere reconocido los pagos realizados por el agente de viajes siniestrado. Pero para que esto sea posible era necesario fijar claramente las causales que son:
1. La cancelación del viaje por causas ajenas a los usuarios, sin que ocurran causales de fuerza mayor o caso fortuito.
2. La manifestación por parte del agente de viajes de imposibilidad de incumplimiento de obligaciones por él asumidas.
3. El incumplimiento de pago por parte del agente de viajes de las obligaciones asumidas con los prestadores de servicio o bien la cancelación de reservas confirmadas de los servicios contratados.
4. Hechos u omisiones que provocaren incertidumbre de la realización del viaje o presunción de incumplimiento.
5. Si ocurriera alguno de los puntos anteriores y la SECTUR por razones de gravedad y urgencia así lo resuelva en virtud de las facultades conferidas por el artículo 37 de la Ley Nº 25.997 y demás normas vigentes.

EVOLUCION NORMATIVA DEL TURISMO ESTUDIANTIL

Norma
Fecha
Tema
Res. 135
24/04/1987
Turismo Estudiantil comunicación a la Autoridad de Aplicación
Res. 159
Derogada por Res. 187 y ratificada por Res. 118
12/04/89
Ampliación de Requisitos
Ley 25.599
23/05/2002
Ley Nacional Turismo estudiantil
Decreto 1013
13/06/2002
Observaciones a la ley nacional de Turismo Estudiantil
Res. 175
Derogada por Res. 187 y ratificada por Res. 118
29/01/2003
Implementación del Certificado e instructivo
Disp. 35
Dirección de Modernización y Competitividad – Derogada por Res. 187 y ratificada por Res. 118
24/02/2003
Implementación del modelo de Certificado
Res. 187 Derogada por la 118
09/03/04
Nuevos requisitos para la obtención del Certificado
Res. 118

08/02/2005
Régimen para la obtención del Certificado
Res. 987
24/08/2005
Modificación Res. 118 Actualizó los aranceles para la presentación de solicitudes.
Res. 274
22/03/2006
Modificación Res. 118 Establece que los certificados solicitados se otorgarán a partir del 2 de marzo de cada año o día hábil siguiente.
Res. 451
12/05/2006
Modificación Res. 118. Exigió la presentación de Declaraciones Juradas para los servicios comprometidos al año siguiente y suspendió la recepción de solicitudes por 180 días.
Ley 26.208
20/12/2006
Modificación de la Ley 25.599
Res. 237
15/03/2007
Aprueba la nueva reglamentación de Turismo Estudiantil

[1] Leonard J. Lickorish y Carson L. Jenkins, Una introducción al Turismo, Editorial Síntesis, – España, 1997.
[2] Turismo Estudiantil por el Ing Rafael Ramírez Castellano. http://www.venezuelatuya.com/articulos/turismo0109.htm
Ecoturismo Estudiantil por Antonio W. Salas http://www.imacmexico.org/ev_es.php?
[3] http://studenttravel.about.com/
Promotora de Integración y de Turismo Educativo Juvenil: http://www.intej.org/
[4] Ing Rafael Ramírez Castellano Op cit.
[5] “Nuevos Horizontes en el turismo independiente, juvenil y estudiantil”, Greg Richards y Julie Wilson, junio 2004. Informe para la Internacional Student Travel Confederation (ISTC) y la Association of Tourism & Leisure Education (ATLAS).
[6] El Decreto 1013/02 observó los artículos 10,11 y 12 por contrariar la Ley 24.240, el código Civil y la propia Constitución Nacional.
.
[7] Schlüter Regina G., El turismo en Argentina Del Balneario al campo, CIET, Buenos Aires, 2001.
[8] Si bien las Resoluciones hablan de categorías en términos de organizadoras o comercializadoras esto no es estrictamente así ya que las categorías deben interpretarse en armonía con el Decreto 2182/72 que reglamenta la ley 18.829, la cual solo considera tres tipos de agencias: la Empresa de Viajes y Turismo (EVT), la Agencia de Turismo (AT) y la Agencia de Pasajes (AP).
[9] La normativa no considera ciertas limitaciones propias de la legislación de seguros respecto de los menores y de las condiciones de la operatoria comercial.
[10] www.turismo.gov.ar
[11] Ley 25.997
[12] Ley 25.599
[13] Cifras a enero del 2006 provistas por la Secretaria de Turismo de la Nación.
[14] Según el Boletín Nº 196 de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) del 12/10/2005 citando a su vez un informe de la Secretaría de Turismo de Río Negro que afirmaba “las otrora líderes del mercado, como Río de la Plata y El Rápido Argentino no sobrevivieron a la crisis económica y hoy las empresas que mas estudiantes traen (a Bariloche) son Travel Rock y Flecha Bus, que trasladarán y prestarán servicios al 40% de los jóvenes”.
[15] Disposición 79/03.
[16] Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 31 Secretaria Nº 119.
[17] Resolución Nº 004-PCM-2003.
[18] Aguilar Nair Marco y otros c/Transportes Automotores Río S.A. y otra s/sumario.
[19] Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 25 Secretaria 50.
[20] Clarín Diario, 24/5/2003, Constanza Durán.
[21] Clarín Diario 2/10/2003 Otra empresa se hizo cargo de 800 chicos
Viajan los egresados que no llevó LAPA
[22] Mensajero Periódico Turístico Feliz domingo para todos 9 de junio del 2003
[23] Disposición 487/03 de la Secretaria de Turismo de la Nación
[24] No fue sino hasta el 8 de marzo del 2004 que el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14 Secretaria 28 dicto la quiebra de la empresa
[25] Clarín Diario, Jueves 22 de diciembre del 205, Marta Platía.
[26] Tale Camilo, Contrato de Viaje Tomo II. Editorial Hammurabi – Buenos Aires 2005
[27] Cam. Civ y Com. La Plata, Sala II, 11/3/93, “Lucero, Carlos y otro c. Quilmas Tur S.A.”, JA, 1994-I-232.
[28] Kemelmajer de Carlucci, Aida y Benítez, Diego. Turismo, Derecho y Economía Regional. Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires 2003.
[29] Nº expediente 3007-D-2006 / Tramite Parlamentario 64
[30] Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
[31] Nº expediente 6874-D-2005 / Tramite Parlamentario 186
[32] Nº expediente 1339-D-2006 / Tramite Parlamentario 22
[33] Nº expediente 2874-D-2006 / Tramite Parlamentario 61
[34] Nº expediente 1484-D-2006 / Tramite Parlamentario 25
[35] Nº expediente 0862-D-2006 / Tramite Parlamentario 16
[36] Nº expediente 53/06
[37] www.nacionfides.com.ar
[38] www.cuotacero.com.ar
[39] www.turismoestudiantil.gov.ar

LAW TEACHING IN TOURISM

noreply@blogger.com (Gonzalo Casanova Ferro) — Sat, 15 Sep 2007 23:15:00 +0000

Introduction

We think Tourism represents a great deal for any state strategical development. We believe its diffusion and awareness must be so much present in formal as in informal education; thus, we will take over the law teaching issue in higher levels and oriented to tourism students.

From a historical perspective, it is not wrong to assert that Tourism syllabi, in South America in general and in our country in particular, are fairly new. And therefore the reflection on it remains, from a scientific point of view, in an embryonic state.

So recent is it that the National State has not been able (neither it did not want to, nor has it not been allowed) to include a university academic offer[1]. The first dilemma of the touristic career (still under debate) has been whether Tourism Ph.B., which comprehends hotel Management knowledge should be set forth, or it should be dealt with as two separate Ph.Bs with a common trunk. Although it is not our purpose to elucidate such an enigma, it is important to emphasize it, since it directly affects on any juridical subject content we should try to introduce.

We would also like to clear up that, previous to any discussion and for market reasons, Universities have come across the disjunctive as to incorporate careers related to hospitality industry into their faculties or departments. The second question was then: Where? Thus, some universities, chose a humanistic perspective and added them to their social sciences faculties[2]. Others, from a more technical view, tended to attach them either to their Statistics department[3], or to the Geography department[4]. The newest ones decided to create independent departments or faculties[5], others submitted their location to structural causes[6]. And finally, there were institutions who, from an interpretation closer to management, set them in the Economics environment[7]; situation which, by the way, coincides with our country’s political definition [8].
But if it was such a problem to set the Tourism Ph.B. at Social Sciences Faculty, none the less problematic was it to set a Law subject into the respective Ph.B. degrees (Hotel Management or Tourism).

From the curricular layout beginnings, it seemed obvious that the normative subject, which gave unity to the whole vision of professional future, could not be absent from the sector’s regulatory frame. And although, to some extent, almost everyone agreed to set this knowledge in the last career grades, the main issues every subject should be based on were not usually dealt with, i.e.: What is taught?; how is it taught?; and what for?
No wonder just until a few years ago one could take any university program and notice that its core themes were some sort of fast and summarized Civil Law course, with some reference to Hotel Management laws and travel agencies. Nothing more contradictory or detached from the content, skills and appreciations students should incorporate during this stage of development. The underlying idea seems to have been: “Should there be a Law subject, we do not know how or what for; then let the lawyer who gives it place its content”. And thus we have seen such nonsense as Tourism students trying to elucidate the right-possessor’s degree in a complex succession, or wondering about the differences between divorce and de facto separation or the like. Posed this way and stating the obvious, the experience has become frustrating for everyone.

It is not difficult to think this problem could be avoided, had they taken similar and tested pedagogical experiences as reference. Such as, for example, Law teachers from Economics and vice versa who long ago had to work getting over this kind of obstacles for the sake of a holistic vision.

The Law is not some panacea for all sector’s evil, nevertheless it soothes, modulates and directs them. And since we are dealing with a transverse activity as Tourism, it is sensible insert this subject at the end of the academic studies. The Law will work as an engine or as a hindrance, depending on how we build it as participating citizens.

WHAT

Following the test period two inquiries were made: 1) Is there some subject we can call: “Tourism Law” or are we just facing one of the many activities which require some specific regulation? And, after that 2) from which content should the very subject layout spring?

For the first question some authors (they certainly followed the Saxon Travel Law trend of thought) risked the first hypothesis focusing on the “travel agent” actor as the main generator of new contractual figures, so Puig andVitta[9] were able to assert the existence of a “…Tourism Law which is no longer framed in the traditional Civil or Commercial Law matrixes that is only partially concealed by the Navigation Law in both its species aerial and maritime”. Nevertheless, we think that in order to define the autonomy of a branch of the Law, it is necessary to discover whether the principles which govern it are axiologically original so that they make up a complete and closed systematic juridical construction, and make it unnecessary to appeal to the principles of another branch[10].

As we can see, the debate, still open, goes beyond an academic whim; since whether we choose one posture or the other it will suit the curricular development.

The second question also had dissimilar answers;

1) some understood they should assume students counted or should count on a solid civic formation which allows them to fully go into the different meanings of the law.
2) others proposed that although this was what “it should be” it was not what they perceived within the classroom; therefore the proposal was to “recover” the knowledge to frame the activity. That is to say, I can not develop or expose the “Law” theme if the student lacks the basic notions of “State”, “Nation”, etc…

3) a minority (probably more pressed by a limited time schedule than by curricular academic needs) tended to go straight to content nucleus; mentioning maybe during the process, but leaving it to the student’s initiative, the reconstruction task or the basic concepts incorporation.

HOW

Avoiding the pedagogical debate on whether content determines methodology or not; let’s admit at least they condition it. From our point of view, there are three factors that help in the way of teaching:

A) Teacher’s formation; the subject as given by lawyers bears their formation’s virtues and faults. This is because there are few or no Tourism and Law specialization courses; therefore this demand can not be reached with foreign proposals which obviously suit their own country’s legislations.
B) The institutional. In a structural sense on two levels;

1) From a macro-level variables can be:
i. “time schedule”,
ii. “duty”,
iii. “Level” (University or Further Education) will operate as filter and selection when it comes to establishing curricular priorities and
iv. “Setting” the career regarding the faculty or department it belongs to. Put in other words: if the tourism Ph.B. belongs to a Natural Sciences faculty or department its subject content in general, and the juridical ones in particular can be different from another one which belongs to an Economics faculty.

2) “Institutional culture” also prevents the subject from being dealt with as a water-tight box, but be into gear with others which are a key issue in the global problem interpretation. Thus Tourism Policies, Social Tourism, Programmed Learning, etc. feed and are fed by the normative.

C) The Political. Programs can not merely be a laboratory’s production, or a more or less lucid result of a couple of professionals´ experience. They should be a scientific and academic production reflecting and framed into a wider and serious political proposal, and giving the sector a real “state policy” status, highly above occasional speech and in harmony with the OMT directives to which we belong. [11]

To sum up: The strategies we have been looking through are diverse and deserve to be considered without dogmatism, as follows:

1) Several European programs in general and Spanish ones in particular have dealt with the issue from the different Law branches, so it is not odd to find a “Tourism Private Law” or a “Tourism Public International Law”, etc.

2) In our country, following our treatise writer’s tradition, some have established a General Part and a Particular Part; it is as much as saying that while the first one involves the subject’s founding concepts, the second one aims at the specific themes (Hotel Management, agencies, etc.)

3) Some teachers have focused on Law transmission, others have thought of the traditional case method and some of us have opted for mixed techniques.

4) But even if it is difficult to know where to start from, so it is to know where to arrive at. We have seen some complex proposals including trade issues, such as “Time shares”, which although they are closely connected to the touristic phenomenon, it is not thus since they compel us to long juridical considerations in order to comprehend them all. In other proposals it is worrying the lack of themes such as “Natural and Cultural Heritage” by understanding they exceed the required for the professional formation. We shall disagree with such an opinion, since we consider it axial in the subject into which every notion of “sustainability” fits.

WHAT FOR

“First in the intention, last in the execution”, as the old saying goes. The what-for-answer is usually given in that which some teachers call “objectives”, nevertheless most of the times its formulation may be so open and general that it produces ambiguity.

Who utters this first statement? Who outlines each subject’s objectives? : the University. How? Going to the polls with the teacher, with the specialist (or at least they should) Where? In the subject’s outline first, and in the general incumbencies afterwards. Why? By proxy.

With a dubious legislative technique, the 24.521 Higher Education Law, in its 42nd Article speaks of “competences” and delegates their resolution to university institutions. This has produced a chaos of overlapping careers (e.g. Guides) or confusion (e.g. between Tourism Ph.B and hotel Management Ph.B.). This could be solved just by declaring the career of “public concern”. This status compels both the Ministry of Education as well as the Council of universities to specify any careers professional incumbencies. Thus, giving some part to the CONEAU (National Commission of Evaluation and University Accreditation) in the institutional qualification, misleading academical offers could be avoided and the profession would be appraised as of those proposals having the minimum required quality. (That is why, no matter how difficult state supervision is for the private sector, several universities have been struggling for the career to be declared of “public concern”).

As verbally expressed, the somehow shared objectives (neither exclusive nor excluding) arising from the different programs are:

Cognitive:
1) To master the Law basic concepts
2) To relate the different social types with any enterprise’s juridical frame
3) To analyze jurisprudential cases

Procedural:
4) To diagnose responsibility regulations in particular situations
5) To decide whether to appeal to the judicial system and/or to the alternative systems of conflict solution
6) To apply and cooperate with the making of the different sector’s contract modalities

Appreciative:
7) To show interest in the cultural and natural heritage
8) To work interdisciplinary
9) To show respect for the rules

Sitting from the other side, students also have their own perception on the different answers. They usually give us some hints in the annual poll (always so significant):

A) For life
B) For the completion of my professional formation
C) For determining whether I will need a lawyer or not
D) For being able to count on another management tool

As we can see and despite generalization, institutions and students are not (at least on this point) so disconnected. Civic knowledge is indeed useful and necessary at any instance of citizenship, but in the context of a Tourism career it becomes unavoidably instrumental.

Thus, such an activity, intended to be a model and a development impeller, implies respect for the regulatory frame it is embedded in. Not because (as we said at the beginning) it is going to solve its problems, but because any activity dealt with a “fair play” has greater growth opportunity and generates inversion.

OUR PROPOSAL

- We think it should be talked about a Tourism Applied Law from a multiplicity of actors;
- That certain real deficiencies students normally “drag” from Technical school should be replaced, and therefore this requires an average time schedule;
- That as long as we invest on research, it will be possible to develop subject content;
- That it is necessary to generate academic forum and a courses offer which allows the completion of teacher formation lawyers need to give a multidisciplinary approach;
- That curricula must, without losing originality, integrate with the State’s general planning; and this planning should also articulate with the OMT guidelines;
- That the Tourism Ph.B. career should be proposed as of “public concern”, giving it study level hierarchy and removing shady-zones from its “competences”.

[1] During Daniel Sioli’s management as Tourism Secretary proceedings were taken at the UBA but they did not progress.
[2] e.g.: Caece, Champagnat, Universidad Nac. de Misiones, Universidad Atlántida, etc.
[3] e.g.: Univ. J. F. Kennedy,
[4] e.g.: Universidad Nacional del Sur
[5] e.g.: Universidad de Palermo, Morón, Abierta Interamericana
[6] e.g.: USAL set its Ph.B. at Social Sciences Faculty; Univ. Nacional de la Patagonia set it at Humanities in its seat of Ushuaia and at Economics in its seat of Esquel.
[7] e.g.: UADE, Universidad Nac. de Mar del Plata, Universidad de Belgrano, Univ. De la Marina Mercante, etc.
[8] 25.198/99 Law and Ciudad Autónoma de Bs. As. 59 Art. Statute.
[9] Puig, Adela M y Vitta Juan Pablo. Legislación y contratos turísticos (Legislation and touristic contracts). 2nd. Ed. Valletta Ediciones 1998
[10] Aftalión, Marcelo E. Acerca de la pretendida autonomía de las ramas jurídicas (On the assumed autonomy of juridical branches) . 16/06/1966 Law
[11] 19.644/72 and 23.409/86 laws