Historias de lo público

Chile ante el pasillo

2020-10-27T22:53:00.002-03:00

[Autor: Carlos Figueroa. Fuente: Wikimedia Chile]

¿Qué país puede preservar sus libertades si a sus gobernantes no se les advierte, de vez en cuando, que su pueblo conserva el espíritu de resistencia?

La pregunta anterior se la hacen Daren Acemoglu (MIT) y James A. Robinson (Universidad de Chicago) en su libro El pasillo estrecho: Estados, sociedades y libertad, a lo largo del cual desarrollan la siguiente tesis: la libertad, la prosperidad y el bienestar solo evolucionan si se produce un delicado equilibrio – el pasillo estrecho – entre un Estado que controla la violencia, hace cumplir las leyes y proporciona servicios públicos esenciales y una sociedad que lo limita, lo controla y se enfrenta a él y a las élites políticas.

En otras palabras, “un Estado fuerte es necesario para una vida en la que las personas tienen poder para hacer elecciones y luchar por ellas. Una sociedad fuerte y movilizada es necesaria para controlar y encadenar al Estado fuerte.” Así, para que el Estado rinda cuentas es necesario que la sociedad se movilice y se implique activamente en la política.

Dicen Acemoglu y Robinson que es central que la sociedad se organice y, si hace falta, se rebele contra el Estado y las élites para defender y reclamar lo que se le prometió, incluso “a través de medios no institucionales”.

HACE UN AÑO

Hace un año, el fin de semana del 18 de octubre de 2019, la sociedad chilena se rebeló contra el Estado. A un coste altísimo: dieciocho personas muertas y cerca de dos mil detenidos solo durante aquel fin de semana, cuantiosísimos daños materiales en todo el país y una fractura social muy difícil reparar.

En caliente, pocos días después, escribía un artículo sobre lo que, a mi juicio, habían sido los desencadenantes de aquel movimiento: la extrema desigualdad del país y un sistema que la fomenta (o, al menos, no la combate); un modelo productivo que no ha sabido evolucionar; una clase política alejada de la realidad (algo extensible a las élites económicas); y un deterioro democrático general, algo nada específico de Chile.

Algunos meses más tarde, tras leer Una teoría de la democracia compleja – Gobernar en el siglo XXI del filósofo político Daniel Innerarity, me di cuenta de que lo que ocurría en Chile respondía perfectamente a esa teoría de un desgaste de nuestros sistemas democráticos, concebidos “en la época de los estados nacionales, la organización jerárquica, la división del trabajo y la economía industrializada, un mundo que en buena medida ha quedado superado por la tecnología digital, deslocalizada, descentralizada, data-driven y estructurada en forma de red”.

Entre otros elementos de ineficiencia del sistema político que pueden generar una regresión democrática, Innerarity señala uno que caracteriza muy bien la situación en Chile:

El gran problema de nuestros sistemas políticos no es la inestabilidad en general sino aquella debida a que no se realizan los cambios necesarios.

A que no se realizan los cambios necesarios. A que el entramado político e institucional es, a efectos prácticos, una “vetocracia” en la que la posibilidad de bloqueo es infinitamente mayor que la capacidad de construcción, “para regocijo de aquellos a quienes beneficia el statu quo”.

Sea como fuere, el resultado de aquella movilización fue el inicio de un proceso constitucional – la vigente Constitución de Chile data de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet – que este pasado domingo recibió un gran espaldarazo, con la apabullante victoria en el plebiscito convocado al efecto de los partidarios de redactar una nueva Constitución: un 78,3% frente al 22,7% que se opusieron.

Queda por delante un largo proceso de casi dos años: elección de la asamblea constituyente, redacción del nuevo texto y plebiscito ratificatorio. Pero ya se ha dado un paso de gigante. Dicen Acemoglu y Robinson que “la libertad casi siempre depende de la movilización social y de la capacidad para lograr un equilibrio de poder con el Estado y sus élites”. Esto es exactamente lo que ha pasado en Chile en el último año.

¿Y AHORA QUÉ?

De alguna manera, el camino recorrido estos últimos doce meses representaba el tramo fácil. Porque es más fácil identificar lo que no queremos que saber lo que deseamos; hay más rechazo que elección, más descarte que preferencia.

El problema es que Chile hoy, más que estrategias de cambio, lo que tiene son, en palabras de Innerarity, “gestos improductivos, una agitación que es compatible con el estancamiento, escenificaciones sin consecuencias, impulsos estériles, falsos movimientos”; más que liderazgos que intenten encauzar el desorden, “simulacros de cambio, no solamente compatibles con la falta de cambio, sino en muchas ocasiones estimuladores para no cambiar porque ya hemos conseguido algo que se le parece”.

Presenta, además, una polarización que no hace sencillo construir. Las élites conservadoras – las tres comunas – ignoran con demasiada facilidad las asimetrías del poder constituido y tienen demasiado miedo a las posibilidades que abre cualquier proceso constituyente, cualquier intervención abierta del pueblo; de ahí su escaso entusiasmo ante las reformas constitucionales, los movimientos sociales, los plebiscitos o la participación en general, como acaba de quedar de manifiesto. Los populistas, por el contrario, acostumbran a sobrevalorar esas posibilidades y a desentenderse de sus límites y riesgos. Unos dan las alternativas por imposibles y otros, por evidentes. Para los primeros, cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento; para los segundos, la espontaneidad popular es necesariamente buena.

¿Cómo abordar entonces esta nueva etapa de construcción? Asumiendo que el futuro requiere un equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad. Que el Estado y sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les impone la sociedad y diferentes sectores de la sociedad tienen que aprender a trabajar juntos a pesar de sus diferencias.

Entendiendo que es en este balance, en este pasillo estrecho, donde el Estado y la sociedad se equilibran mutuamente. Y que este equilibrio “no tiene que ver con un momento revolucionario. Es una lucha constante y diaria entre los dos. Esta lucha aporta beneficios. En el pasillo, el Estado y la sociedad no sólo se enfrentan, también cooperan. Esta cooperación genera en el Estado la capacidad de proporcionar cosas que la sociedad quiere y fomenta una mayor movilización social para controlar esta capacidad”.

¿Estará Chile a la altura del desafío planteado por Acemoglu y Robinson? ¿Será capaz de mantenerse en el pasillo, garantizando el equilibrio entre “unas instituciones estatales poderosas y centralizadas y una sociedad asertiva y movilizada capaz de resistir ante el poder del Estado y de encadenar a sus élites políticas”?

Vienen unos meses decisivos para el futuro del país. Un futuro que pasa por que todos entendamos que el alcance de la nueva Constitución depende mucho menos de lo que en ella esté escrito que de la capacidad de la gente corriente para construirla y defenderla. Veamos si somos capaces de interiorizarlo.

Ocho cosas que nos recuerda el COVID19

2020-03-29T16:21:00.000-03:00

[Ilustración en The Economist por Stephanie Franziska Scholz]

La semana pasada escribía unas cuantas reflexiones aleatorias sobre todo lo que nos está sucediendo. Siete días después, da la sensación de que, poco a poco y con algunas notables excepciones, los países van convergiendo hacia formas de respuesta consistentes, si bien con muchísimas variantes en cuanto a la intensidad/gradualidad de las medidas. Parece también que la ciudadanía ha tomado ya conciencia y, mayoritariamente, nos estamos comportando como cabría esperar. Van a ser meses muy complicados.

Desde el encierro en nuestras casas, asistimos a cómo los acontecimientos se precipitan, a cómo la (des)información nos inunda, a cómo las reacciones nos atropellan (buena parte de ellas atropellan la razón también) generando muchos ámbitos sobre los que pensar. La pandemia está suponiendo un colosal aprendizaje acelerado para todos. Sin embargo, quizás, las claves más relevantes no están en lo que el COVID19 nos enseña, sino en aquello que tenemos delante de los ojos y que nos negamos a ver, en aquello que el COVID19 nos recuerda. Siguen algunas de esas claves, tan aleatorias como las de la semana pasada.

1. Que el hooliganismo político es nefasto para la sociedad

Me encanta el concepto de hooligans políticos que acuña Jason Brennan. Los describe así en Contra la Democracia: "son los hinchas fanáticos del mundo de la política. Tienen una visión del mundo sólida y muy establecida. Pueden argumentar sus creencias, pero no pueden explicar otros puntos de vista [...] Consumen información política, aunque de un modo sesgado. Tienden a buscar información que confirme sus opiniones preexistentes pero ignoran, evitan y rechazan [...] cualquier evidencia que [las] contradiga [...]. Sus opiniones políticas forman parte de su identidad."

Este hooliganismo nos lleva a bloques monolíticos de creencias, alineadas con nuestro equipo. Dice Brennan: "Consideremos los siguientes temas: el control de armas, el calentamiento global, cómo ocuparse de Estado Islámico, la baja de maternidad obligatoria y remunerada para las mujeres, el salario mínimo, el matrimonio homosexual, el currículo común y la quema de la bandera. Si conozco tu postura en uno de estos temas, puedo predecir con un alto grado de fiabilidad cuál es tu postura en todos los demás.”

Pues, efectivamente, el COVID19 no escapa al hooliganismo. Este gráfico, elaborado a partir de una encuesta de civiqs, me parece espeluznante. En Estados Unidos, si eres demócrata, toca preocuparse; si eres republicano, tranquilo. Muy probablemente, encuestas de este estilo en otros países arrojarían resultados similares. ¿Puede avanzar una sociedad así de polarizada?

2. Que la capacidad de los Estados es decisiva en nuestro bienestar

Me parece muy bueno este artículo de Jesús Fernández-Villaverde en El País. Pone de manifiesto, muy en línea con el punto anterior, que "Durante mucho tiempo [...] el debate de política económica se ha centrado en una dicotomía maniquea entre más y menos Estado. ¿Deben de ser los impuestos altos o bajos? ¿Deben los Estados controlar totalmente la educación y la sanidad o hay espacio para la iniciativa privada? ¿Cuánta regulación tiene que existir en el mercado de trabajo?"

Como muchas veces, nos hacemos las preguntas equivocadas. Y así es muy difícil encontrar las respuestas correctas. Lo realmente fundamental es que los Estados puedan movilizar los recursos humanos y financieros necesarios, sepan coordinar las actuaciones de los distintos grupos sociales, lideren la creación de consensos y legitimidades amplias que sustenten los objetivos. Que gestionen con base en la evidencia y abandonen los sesgos del gobierno de turno.

Es fundamental resolver la problemática de la capacidad de los Estados. Dice Fernández-Villaverde que tenemos Estados grandes, pero poco capaces (o, quizás, poco capaces precisamente por ser excesivamente grandes). Si no somos capaces de remediarlo, no será posible afrontar los grandes desafíos de largo plazo: el cambio climático, el impacto de la digitalización, el envejecimiento poblacional o la crisis democrática.

3. Que hemos fracasado con los sistemas de información en Salud

Sí, tenemos que asumirlo. El COVID-19 ha puesto de manifiesto que, en su acepción más estricta, tenemos unos nefastos sistemas de información en Salud. Quizás tengamos buenos registros médicos electrónicos; puede que hasta en algunos lugares se interopere de manera razonablemente buena. Pero no tenemos la capacidad de explotar y poner en valor esa información. Ni en el día a día asistencial ni mucho menos en una situación de pandemia.

No hay más que ver lo difícil que ha resultado operativizar la agregación de información entre las diferentes redes de salud en algunos países para proporcionar información mínimamente fiable sobre lo que está ocurriendo en la pandemia. En la mayoría de las ocasiones, la agregación se produce sobre datos con 24 ó 48 horas de antigüedad a partir de procesos manuales. Por no hablar de los diferentes criterios de codificación que se aplican incluso en redes de salud de un mismo país.

Esa ausencia de información válida y fiable provoca, en otro orden de cosas, que la mayor parte de artículos científicos que están tratando de arrojar algo de luz sobre la situación se tengan que basar en datos históricos. Si no se hubiera producido el brote de SARS en 2003, probablemente estaríamos incluso más perdidos.

4. Que los sistemas de salud se han quedado anclados en el siglo XX

Más camas, más personal sanitario, más hospitales de campaña, más ventiladores. Igual que en 1918 o que en 1968. Pese a todos los avances médicos y tecnológicos del último medio siglo, la respuesta a la pandemia ha sido, esencialmente, la misma.

Salvando todas las distancias, en la planificación ordinaria de los sistemas de salud asistimos a situaciones similares: más hospitales, más consultorios, más médicos. El resultado: sistemas de salud hipertrofiados, ineficientes e insostenibles económicamente (algo, esto último, sobre lo que se lleva clamando al menos una década: véase este informe del WEF).

Las enfermedades crónicas matan a 40 millones de personas todos los años, el 70% de todas las muertes del planeta, según la OMS. Y, en edades tempranas, afectan especialmente a los países de menor nivel de ingresos. Añadamos a lo anterior el progresivo envejecimiento de la población. La necesidad de avanzar en la integración sociosanitaria, en especial en los colectivos más vulnerables. De hacer frente a la escasez de profesionales sanitarios en un contexto de hiperespecialización.

Hay que abordar ya el cambio de modelo: no podemos seguir basándolo en modificaciones incrementales a diagnósticos y tratamientos. Hay que girar drásticamente hacia la prevención; hacia los modelos orientados a crónicos; hacia las redes líquidas que rompan las paredes de hospitales y centros de salud, incluidas las unidades de críticos, llegando hasta el hogar; hacia aplicar tecnología para dar soporte a la toma de decisiones médicas en tiempo real. Hacia, de verdad, abandonar el más de lo mismo.

No menor es la necesidad de cambio en el modelo económico. Abandonemos el debate simplista salud pública - salud privada. Vayamos al fondo. La gestión basada en producción y optimización de capacida desplegada ya no es válida. Hay que implementar urgentemente la atención médica basada en valor. Disponemos del marco para hacerlo desde hace quince años.

5. Que podemos anteponer otras prioridades a lo económico

Ha tenido que llegar un virus que está matando a decenas de miles de personas en todo el mundo para que entendamos - casi todos - que lo económico no es lo único. Que podemos orientar nuestras políticas a enfrentar otros desafíos, aunque la economía sufra.

¿Estaremos de verdad tomando nota? ¿Cabría pensar ahora, de verdad, en poner políticas en marcha para combatir la crisis climática? ¿En, de verdad, intentar transformar los esquemas de movilidad urbana para luchar contra la congestión? ¿En, de verdad, aprender de la crisis?

6. Que la Unión Europea tiene cada vez menos de Unión

Ha sido muy triste asistir al lamentable espectáculo de los países de la Unión Europea combatiendo la pandemia cada uno por su cuenta (como si los virus entendieran de fronteras), incluso limitando la exportación de material médico. Más bochornosa todavía es la disputa que se está produciendo estos días al respecto de una estrategia de recuperación económica única. António Costa, primer ministro de Portugal, lo ha dicho sin pelos en la lengua: "repugnante". Quizás debiéramos pensar en dejar de llamarla "Unión" y volver al nombre que, parece, nunca debió abandonar: Mercado Común.

7. Que parece que las vacunas sí sirven para algo

Increíblemente, todavía es necesario incidir sobre este tipo de cosas.

Estimados antivacunas. Ahora ya sabéis lo que pasa cuando aparece una enfermedad y no estamos vacunados, así que ya podéis dejar de incordiar e id a cascarla por ahí.
— JM Mulet (@jmmulet) March 17, 2020

8. Que no debemos descartar una pandemia de analfabetismo funcional

Para mí ha sido una enorme sorpresa comprobar cómo conceptos matemáticos que entendía básicos - una curva exponencial, una escala logarítmica - se han manifestado como una maravillosa novedad para muchísima gente. Nunca sobra que nos recuerden lo importante que es la Educación.

Reflexiones aleatorias en tiempos de pandemia

2020-03-22T13:58:00.000-03:00

[Reuters - Jeenah Moon]

Es tiempo de pandemia, tiempo de quedarse en casa. Tiempo de escuchar música, de revisitar aquellas viejas películas, de leer. Tiempo, cada vez más, de ser crítico y poner criterio para escoger lo que se lee. Tiempo, sobre todo, de pensar. Y, por qué no, de escribir sobre lo que se piensa.

Queríamos autos voladores y tenemos 140 caracteres...

Esta frase que pronunció Peter Thiel en Yale es, de algún modo, el lema de los tecnoescépticos. Es realmente apasionante el debate entre estos y los tecnoutópicos en relación con el impacto efectivo de las tecnologías disruptivas en nuestra economía y, por extensión, en nuestra sociedad.

En este artículo recopilé algunas intervenciones en TED de algunos de los economistas más destacados en este debate, capitaneados por Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, de un lado, y por Robert Gordon, del otro. Setenta minutos que merece la pena invertir.

¿Pero qué ocurre en el ámbito de la salud? ¿Hemos sido capaces de aplicar las tecnologías de la información a la actividad asistencial y a la gestión de la salud pública al ritmo al que aquellas han ido evolucionando? ¿Hemos logrado mejorar nuestros sistemas de salud gracias a las indudables capacidades que aportan los sistemas de información?

La primera de las siguientes imágenes corresponde a un hospital de emergencia desplegado en Kansas en 1918 durante la epidemia de gripe que asoló el mundo. La segunda es el recinto ferial de Madrid, hoy 22 de marzo de 2020, habilitado como hospital provisional para pacientes leves de COVID-19. Hay un siglo de evolución tecnológica entre ambas fotos. Un siglo. Pero la respuesta sigue siendo la misma: más ubicaciones físicas, más camas, más médicos, más equipamiento. Una respuesta lineal frente a dos fenómenos - la extensión de la infección y la evolución de la tecnología - exponenciales.

¿Será esta crisis, por fin, el detonador de una inversión sostenida en tecnologías para la gestión de la salud que nos ayuden a llegar al siglo XXI? ¿O nos mantendremos en un estéril debate ideológico: salud privada contra salud pública?

Me gustaría pensar que el ruego, casi me parece oír el grito desesperado, de los trabajadores de los hospitales de Bérgamo - epicentro de la pandemia en Italia - será escuchado: necesitamos un plan de largo plazo para la próxima pandemia. Y añado al ruego: una inversión decidida en tecnología para afrontar los grandes desafíos de los sistemas de salud en todo el mundo: sostenibilidad económica, envejecimiento de la población o prevalencia de la cronicidad, entre otros.

Cuando el carro se ha roto, todos te dirán por dónde no tenías que haber pasado...

De entre las lecturas de estos días, me está gustando Deshaciendo Errores, de Michael Lewis. El libro recorre la vida de Daniel Kahneman y Amos Tversky, psicólogos israelíes que investigaron cómo los seres humanos emitimos juicios y formulamos predicciones en contextos de incertidumbre. Kahneman ganó el premio Nobel de Economía en 2002 (seis años después de la muerte de Tversky).

Kahneman y Tversky trabajaron desde los años setenta en los sesgos cognitivos que condicionan nuestra toma de decisiones, llevándonos a cometer errores en los juicios que emitimos. Uno de los que trabajaron inicialmente fue el sesgo de retrospección, que nos condiciona fuertemente una vez que conocemos el resultado de los acontecimientos. O sea, lo que ya decían los turcos hace muchísimo tiempo: cuando el carro se ha roto...

Añadamos al sesgo de retrospección el sesgo de confirmación y el hooliganismo político de Jason Brennan y tendremos un estupendo retrato de lo que ocurre en las redes sociales y los medios de comunicación: basura viral generada por epidemiólogos sobrevenidos y partidismos simplistas. Es la paradoja de la verdad en la era digital. Para muestra, un botón:

Hemos generado una sociedad que se ha olvidado del color gris. Todo es blanco o negro, no hay grados, no hay matices, no hay puntos de encuentro. Daniel Innerarity le ha puesto palabras a esto: "La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad."

La gestión política del desconocimiento

Otra de las lecturas de estos días es el reciente ensayo de, precisamente, Daniel Innerarity: "Una teoría de la democracia - Gobernar en el siglo XXI", teoría que traté de aplicar a la situación social que enfrenta Chile desde hace unos meses.

Innenarity pone el dedo en la llaga señalando que complejidad del siglo XXI tiene muy poco que ver con las complicaciones de la época en la que se concibieron nuestras principales nociones políticas. Dice, acertadamente, que el problema central de nuestro tiempo es cómo adaptar nuestra venerable democracia al mundo actual sin sacrificar ninguno de sus principios. Y advierte: el futuro de la democracia depende de su capacidad de articular la creciente complejidad y desarrollar formas de gestionar unos sistemas sociales interdependientes, con propiedades emergentes y riesgos de difícil identificación y gestión.

Tenemos que acostumbrarnos a que gobernar es gestionar el desconocimiento más que el conocimiento.

Y, sin duda, sabemos mucho menos de lo que nos gustaría sobre la situación a la que nos enfrentamos con el COVID-19. Ni siquiera los mayores expertos en enfermedades infecciosas de Estados Unidos son capaces de ponerse de acuerdo en las magnitudes que debe esperar el país, incluso en algo tan próximo como los casos reales que hay ahora mismo...

Ante esta situación, creo que lo responsable es la comprensión ante la dificilísima toma de decisión que deben afrontar los gobiernos y las autoridades competentes en materia de salud. Máxime cuando estamos observando estrategia tan diferentes entre países.

Debemos ser indulgentes en el qué, sí, pero inflexibles en el cómo. No es de recibo la desconcertante - siendo generosos en el término - gestión de la crisis que estamos observando. No hablo de Donald Trump ni de Boris Johnson, de los que no se puede esperar mucho más.

Hablo de España y el incesante baile de inconsistencias en la información entregada por unas y otras instituciones. Si no somos capaces de unificar datos básicos, ¿podemos articular una respuesta coordinada a la crisis? Si no somos capaces de ser transparentes con un dato esencial, el número de tests realmente llevados a cabo, ¿podemos reclamar confianza en la toma de decisiones?

Hablo de Chile y la dantesca situación del pasado fin de semana:

Alcaldes del Gran Santiago - siete millones de habitantes - declarando unilateralmente la suspensión de las clases en los colegios públicos de su comuna: a media mañana del domingo 15 de marzo suponía que, al día siguiente, parte de la ciudad tendría clase y otra parte no. Mientras tanto, los colegios privados deberían decidir individualmente qué hacer.
Al mismo tiempo, el Comité Asesor Presidencial de expertos recomendaba no suspender las clases en ese momento.
Dos horas más tardes, el Presidente Piñera, contra la opinión de su comité de expertos, decretaba la suspensión de las clases en todo el país...
...menos de 24 horas después de que su Ministro de Salud dijera esto en un canal tan institucional y adecuado para comunicar decisiones relevantes como Twitter

¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos sus hogares es una medida razonable?
— Jaime Mañalich (@jmanalich) March 15, 2020

¿Están nuestros gobiernos preparados para gestionar la complejidad y el desconocimiento? Me da la sensación de que no están preparados ni siquiera para gestionar evitando la chapuza permanente.

¿Y qué pasa después?

Dentro de unas semanas - espero que las hipótesis más optimistas que hablan de estos plazos frente a las que plantean períodos de más de tres meses - la pandemia estará bajo control. Todavía no tenemos idea de a qué costo humano y económico, que en cualquier caso será muy elevado, elevadísimo.

Confío - quizás ilusamente - en que, como mencionaba más arriba, la crisis contribuya a generar un cambio radical en la manera en la que utilizamos la tecnología en los sistemas de salud. No me cabe ninguna duda de que se habilitaran las medidas económicas para que la recuperación post-pandemia sea lo más rápida posible, muy probablemente a costa de los de siempre.

Pero, ¿qué pasa con las redes y mecanismos de protección social, que van a sufrir el mismo estrés que actualmente están soportando las redes de salud? ¿Vamos a seguir planteando medidas paliativas, del tipo "más camas, más hospitales" de 1918? ¿Más subsidios condicionados, más rebajas puntuales y temporales de impuestos?

Nos encaminamos a un cambio radical de nuestro contexto laboral derivado de la digitalización de los procesos productivos. Todavía no hay acuerdo al respecto del impacto real en el empleo, pero ya es un hecho que este proceso va a ser un vector más en el incremento de la desigualdad a nivel global.

Lamentablemente, en los próximos meses nos vamos a encontrar con un "laboratorio" enorme de personas que habrán perdido sus empleos, de pequeñas empresas que habrán tenido que cerrar, de un colapso de oferta derivado del gran parón que estamos afrontado. ¿No sería este el momento de ensayar esquemas que, inevitablemente (quizás en un lustro, quizás en una década), vamos a tener que evaluar y aplicar? ¿No sería el momento de quitarnos dogmas de encima y empezar a hablar de modelos de renta básica universal o de impuesto negativo sobre la renta? ¿No podríamos, por una vez, pensar un poco en el largo plazo?

La situación de Chile desde una teoría de la democracia compleja

2020-03-10T18:29:00.000-03:00

[Autor: Carlos Figueroa. Fuente: Wikimedia Chile]

Acabo de terminar la lectura de “Una teoría de la democracia compleja – Gobernar en el siglo XXI”, de Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática.

El libro comienza con una frase demoledora

La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad.

y, en respuesta crítica a la “rebelión contra la complejidad” que caracteriza a la política dominante hoy día, busca elaborar una teoría de la democracia compleja. Durante la obra, profundamente conceptual, por momentos ardua, Innerarity reflexiona sobre los cambios que deben producirse en nuestros sistemas democráticos para ser funcionales a la realidad actual.

Aborda perspectivas múltiples e interrelacionadas, desde la aceleración del presente “que disminuye la constancia de las premisas sobre las que se asienta nuestra visión de la realidad y a partir de las cuales adoptamos las decisiones” hasta el cambio profundo de nuestras sociedades: “la maquinaria de la democracia moderna fue construida en la época de los estados nacionales, la organización jerárquica, la división del trabajo y la economía industrializada, un mundo que en buena medida ha quedado superado por la tecnología digital, deslocalizada, descentralizada, data-driven y estructurada en forma de red”.

En definitiva, trata de elaborar un marco conceptual que nos ayude a abordar una discusión inevitable para nuestra salud democrática:

Este es el gran debate de los años venideros: cómo asegurar la vigencia de los valores democráticos en unos nuevos entornos tecnológicos que de entrada parecen ponerlos en riesgo y a cuyas ventajas no sería muy inteligente renunciar.

Es posible que más adelante escriba sobre las – muchísimas – reflexiones a las que incita el libro. Pero quiero quedarme aquí con lo que, a mi juicio, es un magnífico retrato de la situación que atraviesa Chile desde el mes de octubre pasado.

Me ha parecido extraordinariamente llamativo cómo es posible trazar una semblanza tan acertada desde lo conceptual y lo teórico, desde lo abstracto y lo filosófico, desde la distancia. Pero lo cierto es que es posible, tanto que me atrevo a estructurar ese dibujo en tres momentos: las causas de la movilización, el desorden del impulso cívico y los riesgos del proceso constituyente.

Las causas

Dice Innerarity que, tras el descrédito de la democracia, lo que hay es debilidad política, falta de confianza, negativismo de los electores y oportunismo de los agentes políticos. Hay un problema de desconfianza: se ha sobrepasado un umbral por encima del cual las democracias no pueden funcionar aceptablemente.

Incide en que hay una conexión directa entre la ineficiencia del sistema político y la creciente insatisfacción ciudadana que puede originar una regresión democrática: “si nuestros sistemas políticos se muestran incapaces de resolver los problemas de la desigualdad, de garantizar la seguridad sin comprometer los derechos humanos o promover el crecimiento económico, la posibilidad de confiar en quien prometa esos resultados sin preocuparse demasiado por los formalismos democráticos está siendo una tentación irresistible en muchos lugares del mundo” (según el Latinobarómetro 2018, en algunas circunstancias el 15% de los latinoamericanos preferirían un gobierno autoritario a uno democrático). Y, finalmente, señala:

El gran problema de nuestros sistemas políticos no es la inestabilidad en general sino aquella debida a que no se realizan los cambios necesarios.

El impulso cívico

El detonante del cambio en Chile ha sido el impulso cívico. Un movimiento que ha sido capaz de disparar un proceso constituyente pero que ha tenido una dramática contrapartida en términos de vidas humanas y, también, de impacto económico y de erosión de los ya escasos puentes de diálogo existentes. Y es que buena parte de los fracasos de la política y su particular impotencia tienen que ver con que el impulso cívico no ha tenido quien lo articule políticamente.

Ninguno de los agentes políticos chilenos ha sido capaz de articular “dos lógicas distintas que deben combinarse, pero ninguna de las cuales está en condiciones de sustituir a la otra: la de la espontaneidad social que protesta o exige y la lógica política que racionaliza y pone en práctica”. Es más fácil identificar lo que no queremos que saber lo que deseamos; hay más rechazo que elección, más descarte que preferencia.

El problema es que Chile hoy, más que estrategias de cambio, lo que tiene son “gestos improductivos, una agitación que es compatible con el estancamiento, escenificaciones sin consecuencias, impulsos estériles, falsos movimientos”; más que liderazgos que intenten encauzar el desorden, “simulacros de cambio, no solamente compatibles con la falta de cambio, sino en muchas ocasiones estimuladores para no cambiar porque ya hemos conseguido algo que se le parece”.

La agitación social es mucho más atractiva que la disciplina burocrática.

El plebiscito y el proceso constituyente

En poco más de un mes, el 26 de abril, se celebrará el plebiscito que, en el probable caso de que venza el “Apruebo”, dará inicio a un proceso constituyente. Y sobre esta trayectoria también es posible encontrar mensajes que muy bien harían en considerar los agentes democráticos del país.

En primer lugar, rescato un mensaje que creo que resume perfectamente la actitud de las élites políticas chilenas en estas semanas previas y que, por acertado, reproduzco literalmente:

Los conservadores ignoran con demasiada facilidad las asimetrías del poder constituido y tienen demasiado miedo a las posibilidades que abre cualquier proceso constituyente, cualquier intervención abierta del pueblo; de ahí su escaso entusiasmo ante las reformas constitucionales, los movimientos sociales, los plebiscitos o la participación en general. Los populistas, por el contrario, acostumbran a sobrevalorar esas posibilidades y a desentenderse de sus límites y riesgos. Unos dan las alternativas por imposibles y otros, por evidentes. Para los primeros, cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento; para los segundos, la espontaneidad popular es necesariamente buena.

En segundo lugar, el autor desarrolla una profunda crítica a la insuficiente componente deliberativa de la democracia directa y de las formas plebiscitarias, tildándolas de “instrumentos de carácter apolítico” que gozan de mayor prestigio del que se merecen, que forman parte de ese tono general de democracia sin política que nos caracteriza y que nos hace calificar de pantomima “cualquier proceso político del que no resulte un campo de batalla sembrado de cadáveres y con unos pocos que se alzan con la victoria total”.

Por ello, otorga la razón a los conservadores “cuando critican a quienes parecen considerar la democracia como una sucesión de big bangs constituyentes” si bien establece que “su obsesión con la estabilidad se ha revelado paradójicamente como la mayor fuente de inestabilidad”, tachándolos de ventajistas:

Los que velan celosamente por el orden establecido aprovechan este momento para argumentar que cualquier modificación debe llevarse a cabo a través de los cauces legales establecidos, pero no nos dan ninguna respuesta a la pregunta acerca de qué hacer cuando ese marco predetermina el resultado. La legalidad es un valor político cuando incluye procedimientos de reforma de resultado abierto; si no, apelar a ella es puro ventajismo.

En fin, cierro con una última reflexión que, en última instancia, es la que debiera ser considerada por unos y otros, desde la prudencia y la altura de miras, con independencia del resultado que se produzca el 26 de abril. Pero, no sé por qué, me temo que estas lecciones de teoría democrática no van a encontrar entre la clase política chilena a sus alumnos más aventajados.

Solo quien haya entendido que las instituciones democráticas tienen su justificación en la igualdad y no en el mero orden o en el mero cambio será capaz de pensar la democracia fuera del marco mental que unos y otros quieren imponernos.

Siete libros para entender el mundo de mañ... de hoy

2019-11-17T13:19:00.003-03:00

Cuentan que los chinos de la antigüedad, cuando querían desearle lo peor a su enemigo, usaban como maldición un enfático "¡Ojalá te toque vivir tiempos interesantes!". No sé si, en la actualidad, algún contubernio de magos orientales agazapados tras la Gran Muralla continúa conjurando el embrujo con todo su poder. Pero, sea o no ése el motivo, la realidad es que esta tercera década del siglo XXI que ya asoma a la vuelta de la esquina va a ser cualquier cosa menos aburrida. Por cuatro motivos.

En primer lugar, por la enorme crisis democrática que estamos viviendo. Latinoamérica se convulsiona, a sobresalto semanal, de Bolivia a Honduras, pasando por Ecuador o Chile, hasta hace nada sinónimo de estabilidad institucional en la región. Pero en los países más ricos la cosa no está mucho mejor: el impeachment de Donald Trump, la batalla entre los tres poderes del Estado desencadenada en el Reino Unido por Boris Johnson (*) o el ascenso generalizado de la ultraderecha en Europa.

En segundo, por la crisis del capitalismo, profundamente herido tras la explosión de la burbuja financiera de finales de la pasada década. En un escenario de vertiginoso crecimiento de la desigualdad y de extrema concentración de la riqueza, cada vez son más las voces que invitan a salvar al capitalismo de sí mismo.

Por si los dos factores anteriores no fueran suficientemente interesantes, la acelerada digitalización de nuestras vidas y economías está generando un conjunto de cambios que, en buena medida, no somos capaces de prever: en la salud, en la educación, en el envejecimiento y la longevidad, en el transporte, en casi toda la actividad empresarial, en los propios cimientos de una sociedad acostumbrada a organizarse en torno al empleo y la remuneración asociada al mismo.

Sin embargo, el tremendo impacto de estas tres transformaciones en paralelo puede verse reducido a algo irrelevante si mantenemos la flagrante irresponsabilidad que, como especie, estamos mostrando ante la emergencia climática. Una reacción urgente es necesaria pero, lamentablemente, no se percibe por ninguna parte en las cercanías de los centros de decisión.

Tiempos interesantes, sin duda. Muy interesantes. Tiempos en los que, además, la desinformación, la manipulación y el dogmatismo campan a sus anchas por redes sociales y medios de comunicación. En consecuencia, creo que es una obligación para cada uno de nosotros formarnos un criterio sobre la magnitud del problema y de los cambios asociados. Es por ello que me parece positivo compartir algunos libros que he leído en los últimos tiempos y que, en mi opinión, ofrecen una excelente perspectiva para entender lo que se nos está viniendo encima.

Sobre el impacto de lo digital en nuestra sociedad, mis autores favoritos son los profesores de la MIT Sloan School of Management Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee. De entre su obra, me quedo con "La segunda era de las máquinas", una impecable reflexión sobre el impacto social y económico que la acelerada digitalización y la exponencial evolución tecnológica está teniendo y va a tener en el corto y medio plazo. En su momento, ya escribí una reseña sobre esta lectura.

Desde una aproximación muy distinta, eminentemente científica pero también con calado humanista, el físico, cosmólogo y profesor del MIT Max Tegmark escribe "Vida 3.0: ser humano en la era de la Inteligencia Artificial". La tesis de Tegmark es que el desarrollo de la IA vendrá marcado en sus límites únicamente por lo que establezcan las leyes de la física, lo que posibilita un escenario enormenente amplio, ante el cual tenemos dos opciones: intervenir desde ya mismo para tratar de obtener el retorno lo más beneficioso posible o ir a parar a donde la corriente nos lleve. También escribía algo, hace no mucho, acerca de este libro.

Continuando con la perspectiva humanista, la que más ha despertado mi interés (me temo que aquí no voy a sorprender a nadie) es la de Yuval Noah Harari. Claramente, "21 lecciones para el siglo XXI" es un libro que conviene revisitar con frecuencia para no perder de vista la importancia de las preguntas - me gusta entenderlo como preguntas - que a lo largo de sus páginas se plantean. Sin embargo, del historiador israelí me quedo con "Sapiens: de animales a dioses" y la construcción histórica que hace de los más profundos comportamientos humanos, determinantes para comprender muchas de las situaciones que vivimos hoy como especie.

En lo que se refiere al plano de las instituciones y el gobierno, ha capturado mi atención la reflexión crítica de Jason Brennan, profesor de Estrategia, Economía, Ética y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, en "Contra la democracia". En esencia, Brennan entiende la democracia no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio de la elección del mejor gobierno posible. Es evidente - no solo lo dice Brennan: lo pensamos unos cuantos y lo demuestran Trump, Johnson y la caterva de populistas que están al frente de nuestros gobiernos - que este instrumento no está generando muy buenos resultados últimamente. Y, por tanto, debería explorarse la búsqueda de nuevas herramientas que nos permitan mejores elecciones, combatiendo, entre otros factores, los profundos desconocimiento y fanatismo que imperan entre el electorado, acrecentados por la cada vez más sencilla manipulación informativa.

¿Por qué fracasan los países? A responder esta pregunta dedican su libro homónimo el economista del MIT Daron Acemoglu y el de la Universidad de Chicago James Robinson. La obra recorre extensamente el planeta de norte a sur y de este a oeste, igual que recorre los tres últimos milenios de Historia, para repasar casos que sustentan la tesis de los autores, de Roma a los mayas, de Mobutu a Mao. Dejo el enlace a la reseña que publiqué en su día.

Finalmente, el plano económico. Tampoco voy a pecar de innovador en este apartado. Para mí, el economista francés Thomas Pikkety hace un retrato preciso del insostenible incremento de la desigualdad y la concentración de la riqueza durante el último siglo en "El capital en el siglo XXI", ante la pasividad de gobiernos e instituciones, ante la insuficiencia redistributiva de políticas tributarias y sociales.

Las que ahora cito para cerrar no son libros, pero sí lecturas de actualidad muy convenientes sobre el rol de las empresas en todo este contexto. Por una parte, la sucinta declaración de la Business Roundtable (que acoge a casi dos centenas de CEOs de las principales corporaciones norteamericanas) acerca de que el propósito de las empresas debe ser servir a todos sus grupos de interés, no solo a los accionistas. Y, complementariamente, un artículo publicado en el New York Times por Marc Benioff (CEO de Salesforce, una de las empresas más exitosas en el contexto digital) que encabeza con una frase contundente:

El sistema actual ha llevado a una profunda desigualdad. Para solucionarlo, necesitamos que las empresas y los ejecutivos valoren el propósito junto con el beneficio.

Lamentablemente, todavía no he encontrado ninguna lectura sobre la crisis climática que huya del increíble fanatismo que rodea esta discusión. Agradeceré cualquier recomendación al respecto, así como nuevas propuestas de libros, de perspectivas distintas que ayuden a sobrellevar mejor estos tiempos interesantes.

(*) De hecho, la mera circunstancia de que Donald Trump y Boris Johnson encabecen los gobiernos de dos de los países más poderosos del planeta es, en sí mismo, una muestra inequívoca de crisis democrática.

[Imagen de apertura: Noupload en Pixabay]

Chile: finales de octubre de 2019

2019-10-23T19:14:00.001-03:00

[Fotografía: Elvis González para EPA / The Guardian]

[20 de octubre de 2019]

Comienzo a escribir estas líneas el 20 de octubre de 2019 en Santiago de Chile. Es un agradable domingo de primavera: a las siete y cuarto de la tarde, con más de veinte grados, luce un sol radiante. Sin embargo, no estoy disfrutando de cualquiera de los parques santiaguinos ni de su perspectiva sobre la cordillera de los Andes, todavía con nieve; me siento delante del computador en el salón de mi domicilio de Las Condes, una de las comunas de la ciudad que – junto con Lo Barnechea y Vitacura – conforman lo que se denomina el “barrio alto”: el lugar en el que vivimos, trabajamos y nos divertimos las clases acomodadas, casi siempre de espaldas a la realidad del resto del país.

No estoy encerrado en casa porque quiera: el General Iturriaga – Jefe de la Defensa Nacional en el estado de emergencia que rige desde ayer – ha decretado el toque de queda. Mis libertades están restringidas de tal forma que ni siquiera puedo salir a la calle a disfrutar del sol dominical. En 2019. En Chile.

Ya oscurece. En televisión, el Presidente Piñera interviene. Todavía en medio de fuertes disturbios, lejos de lanzar un mensaje de unidad o de asumir responsabilidades, dice: “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso”. Pocas horas más tarde, el General Iturriaga se verá obligado a afirmar que él no está en guerra con nadie. El hashtag #NoEstamosEnGuerra se hace viral.

[21 de octubre de 2019]

Regreso a casa tras una jornada atípica de trabajo en una ciudad semidesierta. Al salir del Metro, que opera una sola de sus líneas al 20% de capacidad, me cruzo con tanques del Ejército y soldados fuertemente armados que observan a varios cientos de ciudadanos en plena cacerolada. En dos horas comenzará un nuevo toque de queda.

Las revueltas que se produjeron durante el fin de semana copan los medios de todo el mundo. Arrecian desde todas partes las críticas al Gobierno por su nefasta gestión de la crisis. Da la sensación, en cualquier caso, de que lo peor ha pasado. El costo es altísimo: 18 personas muertas, cerca de dos mil detenidos, cuantiosísimos daños materiales en todo el país y una fractura social que va a ser muy difícil reparar.

La historia económica de Chile en las últimas cuatro décadas es, sin lugar a dudas, un éxito. Partiendo de una posición muy rezagada en el momento en que el golpe de estado de Pinochet derroca al gobierno de Salvador Allende, es hoy el país latinoamericano con mayor ingreso per capita, se acerca en no pocos aspectos a estándares europeos, es miembro de pleno derecho de la OCDE, se encuentra abierto plenamente al comercio internacional y su índice de pobreza por ingresos se desplomó del 40% al 9% en treinta años (aunque según otros índices multidimensionales esta cifra se eleva al 20%).

De la mano de las recetas neoliberales de los Chicago boys, desde los setenta Chile diseña y pone en marcha políticas que, apoyadas en la riqueza en recursos naturales del país, provocan este milagro económico. Los parámetros macro del país y los indicadores medios o agregados (subrayo lo de medios o agregados) evolucionan de manera espectacular. Con la llegada de la democracia, los diferentes gobiernos de uno y otro color mantienen en lo esencial los principales pilares del sistema.

A lo anterior hay que añadir una estabilidad institucional totalmente excepcional en el contexto latinoamericano y una disciplina fiscal que se mantiene como un elemento clave de gestión pública, con independencia de la ideología del gobierno de turno. En este contexto, el pavoroso despliegue del populismo en Latinoamérica no es capaz de atravesar los Andes ni el desierto de Atacama.

Pero Chile es un país extremadamente desigual.

[22 de octubre de 2019]

La ciudad se va normalizando. Sigue sin haber colegio, pero algunos comercios y locales de hostelería abren sus puertas; hay más tráfico en la calle. El ejército sigue custodiando las entradas a las pocas estaciones de Metro operativas, pero con menor presencia que ayer. Las diferentes manifestaciones que se producen a lo largo y ancho de la ciudad son pacíficas. Llego a casa a las 19:58, dos minutos antes de la entrada en vigor de un nuevo toque de queda. Por el camino, me pregunto: ¿por qué tengo que caminar apresuradamente por la calle, casi correr, – el Metro cerró sus puertas a las 18:30, no hay taxis – con la presión de que, si me retraso un poco, voy a poder ser detenido?

El Presidente Piñera, tras dialogar con los principales líderes de la oposición – aquellos que se acercan al Palacio de la Moneda a dialogar: algunos anteponen el interés partidista a la situación del país – anuncia una Nueva Agenda Social. Si bien aporta medidas positivas, como el incremento de la pensión básica solidaria en un 20%, del ingreso mínimo garantizado hasta los 350.000 pesos o un seguro de enfermedades catastróficas para limitar el techo de gasto de las familias en esta situación, es a todas luces insuficiente: un conjunto de fuegos de artificio de fácil digestión sin ninguna medida estructural.

Es más, pese a que el Ministerio de Hacienda indica que los recursos necesarios para dicha agenda rondarán los USD 1.200M, solo se plantea una minúscula alza tributaria a las rentas más altas por USD 160M (menos de un 0,1% del PIB), muy por debajo de los recursos necesarios para el plan anunciado que, necesariamente, exigirán recortes en otras áreas. Ni un solo atisbo de cambio estructural, ni de modificaciones sustanciales de la carga impositiva: más de lo mismo.

[23 de octubre de 2019]

Como consecuencia de los sucesivos toques de queda, las operaciones del aeropuerto de Santiago se han visto muy afectadas estos días, aunque ya casi están normalizadas. Debería haber viajado a Dallas por motivos laborales esta noche, pero mi vuelo se ha visto reprogramado a las once de la mañana. Nueve horas a bordo de un avión que me permiten pensar y escribir con calma.

¿Por qué ha explotado Chile? Se ha escrito mucho y muy bien al respecto (en The Guardian, El País o el New York Times, por solo citar algunos medios internacionales, y también en la prensa chilena, que no se caracteriza precisamente por ser crítica los poderosos), pero vaya aquí mi granito de arena.

1. LA EXTREMA DESIGUALDAD Y UN SISTEMA QUE LA FOMENTA (O AL MENOS NO LA COMBATE)

Chile es el país más desigual de la OCDE. Más incluso que México. Mucho más que Estados Unidos. Muchísimo más que cualquier país Europeo. Además, su sistema redistributivo fracasa totalmente en este aspecto, dado que el índice de Gini apenas varía después de impuestos y transferencias, algo que solo ocurre en México y Turquía a esa escala. El siguiente de gráfico de Our World in Data es elocuente.

Es decir, lo que hace que Chile sea un caso extraordinario no es tanto la desigualdad en sí misma, sino que el Estado chileno hace menos que cualquier otro desarrollado para reducir la desigualdad económica a través de impuestos y transferencias. Y este es uno de los motivos fundamentales por los que Chile es el país más desigual de la OCDE.

Algunas referencias adicionales: la mitad de la población gana 500 dólares o menos al mes y el 70% no llega a ingresar 800 mensuales. El quintil de menores ingresos no alcanza los 150 dólares mensuales. Las personas que se jubilan solo reciben un tercio de su ingreso promedio durante la vida laboral, una de las tasas más bajas de la OCDE.

Lo anterior se produce en un contexto de “privatización de la vida cotidiana”, en palabras del sociólogo de la Universidad de Chile Carlos Ruiz. El sistema de pensiones se basa en un sistema de cuenta individual que gestionan entidades privadas (AFPs), de la misma manera que las Isapres – también privadas – gestionan los seguros de salud. El acceso a la universidad genera elevados niveles de endeudamiento entre los estudiantes (deben en conjunto USD 4.500M), los servicios básicos se prestan a través de monopolios regulados que permiten rentabilidades elevadas y el carácter oligopólico de la oferta en general produce que, por ejemplo, los chilenos deban pagar los precios de los medicamentos más altos de Latinoamérica.

Quizás ahora se entienda mejor por qué tildo la Nueva Agenda Social de fuegos de artificio.

2. UN MODELO PRODUCTIVO QUE NO HA SABIDO EVOLUCIONAR

Chile es un país muy rico en recursos naturales. Es, de largo, el primer productor mundial de cobre, posee una de las principales reservas mundiales de litio, su industria agroalimentaria (fruta, salmón, vino entre otros) es fuertemente exportadora. Además, su privilegiada naturaleza le otorga una posición inmejorable en energías renovables (especialmente solar) o en observación astronómica.

La que ha sido una de las palancas principales al desarrollo económico de Chile es hoy, quizás, su principal problema. Por dos motivos. En primer lugar, el país no ha sido capaz de desarrollar una industria de valor añadido alrededor de los recursos naturales. Al contrario que Australia o Canadá, Chile exporta cobre, no minería. Y, en consecuencia, no le queda sino moverse al vaivén de los vientos de la coyuntura internacional. Mientras China crecía a altísimo ritmo y devoraba cualquier materia prima, todo iba bien. Ahora…

En segundo lugar, la economía crecía a tan buen ritmo que el país nunca tuvo la diversificación de su matriz productiva como una prioridad en su agenda. La inversión en I+D de Chile es un paupérrimo 0,35% del PIB, menos de un tercio proveniente del sector privado. La productividad está estancada, con la minera cayendo. La trampa de los ingresos medios ha devorado al país.

Es más, en el contexto de la digitalización acelerada, de la cuarta revolución industrial y de las tecnologías disruptivas, nada apunta a que la cosa pueda ser diferente. El Gobierno de Chile – como tantos otros – todavía no se ha dado cuenta de la urgencia de adoptar políticas transversales orientadas a crear las condiciones para anticiparse al nuevo contexto digital (las nuevas dinámicas de mercado, el impacto en los ámbitos laboral y educativo, las necesidades regulatorias), para darle forma al futuro inmediato antes de ser devorado por él, para establecer marcos suficientes que impulsen la competitividad y el crecimiento.

3. UNA CLASE POLÍTICA ALEJADA DE LA REALIDAD

Dice Lucía Dammert, socióloga de la USACH, que la brecha entre las élites políticas y los ciudadanos es uno de los principales elementos comunes en América Latina. Chile, por supuesto, no es ajeno a este hecho. Su clase política vive – o traslada la sensación de que lo hace – en una suerte de realidad paralela: hace apenas dos semanas, el presidente Piñera – una de las mayores fortunas del país – calificaba a Chile (no sin parte de razón, como veíamos antes) como “un verdadero oasis” en América Latina.

Esta desconexión de la realidad cotidiana resulta en declaraciones que demuestran la insensibilidad – no por incompetencia, sino por desconocimiento, desinterés o lejanía – hacia los problemas de la gente. Este mismo mes, cuatro días después de que las tarifas de la electricidad subieran un 10%, el Ministro de Hacienda invitaba a los románticos a regalar flores porque su precio había caído un 3,5%. A propósito del alza de los precios del Metro – detonante de las protestas –, el Ministro de Economía sugería madrugar para poder aprovechar la hora valle. Anecdótico, probablemente, pero significativo y desafortunado cuando la sociedad está al borde del hartazgo.

No es solo desconexión. Es también endogamia, como refleja muy bien este artículo de Daniel Matamala: dos tercios de los ministros del gabinete estudiaron en los seis mismos colegios católicos del barrio alto de Santiago; el ministro del Interior y mano derecha del presidente es su primo Andrés Chadwick.

Y, además de endogamia, algo a mitad de camino entre infalibilidad e impunidad. El propio ministro del Interior, máximo responsable de la seguridad del país, considera que no tiene ninguna responsabilidad política en lo acontecido.

4. EL DETERIORO DEMOCRÁTICO GENERAL

Este factor tampoco es exclusivo de Chile, un país en el que vota el 49% de la ciudadanía. El Latinobarómetro 2018 muestra el declive del apoyo a la democracia en la región, otorgado por menos de la mitad de los latinoamericanos (un 48%).

Pero sí es interesante el matiz que incorpora Juan Pablo Luna: la desigualdad ante la que protestan los chilenos no es solo ni principalmente la socioeconómica.

Es también la desigualdad ante la ley y la percepción, recurrente, de injusticia y abuso entre quienes viven muy cerca en términos físicos, pero a décadas de distancia en términos de las garantías que poseen respecto a sus derechos básicos de ciudadanía civil y social.

Paradójicamente, el sensacional esfuerzo de despliegue de la red de Metro por la ciudad, ha acortado las distancias físicas y temporales entre los desiguales, contribuyendo acercar y visibilizar las enormes desigualdades existentes en Santiago.

En fin, fenómenos globales como la fatal combinación entre la creciente capacidad manipuladora de las redes sociales y buena parte de los medios, por una parte, y la enorme incultura política de buena parte de la ciudadanía, por otro, no son en absoluto de ayuda. Como no lo es un aspecto particular del sistema de gobierno chileno: un período presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección, lo que exacerba – si cabe – el cortoplacismo político.

[Fotografía: Mauricio Osorio]

¿Mi conclusión? Lo ocurrido estos días ha abierto una cicatriz profundísima en la sociedad chilena que no va a ser fácil cerrar. Pero la buena noticia es que, con todo, el país está en una excelente posición – no un oasis, pero sí un punto de partida muy sólido – para diseñar, construir e incorporar los elementos necesarios para, en terminología muy chilena, nivelar la cancha. Para ello, solo es necesaria una condición, aunque no menor: la altura de miras y el sentido de Estado de la clase política.

Hace apenas cinco días – ha parecido un mes – la subida de 30 pesos (4 céntimos de euro) del precio de un billete de Metro generó un estallido social sin precedentes en la historia democrática de Chile. Ojalá sirva para sentar las bases de un país mucho mejor de lo que ya es.

[Leo a través de la WiFi del avión que hoy, a partir de las 22:00, habrá un nuevo toque de queda en Santiago: el quinto consecutivo.]

Ser humano en la era de la IA: la necesaria visión de un físico

2019-09-03T18:47:00.000-04:00

Últimamente son numerosos los libros que se publican con reflexiones al respecto del presente y el futuro en la realidad de la inteligencia artificial: los más vienen a visitar lugares comunes sin verdaderas aportaciones originales; los menos construyen con puntos de vista o aproximaciones diferentes, novedosas. Entre estos últimos se encuentra Vida 3.0: ser humano en la era de la Inteligencia Artificial, del físico, cosmólogo y profesor del MIT Max Tegmark.

Lo que más me ha gustado del texto de Tegmark proviene, precisamente, de las disciplinas en las que es experto. Así, descendiendo al nivel atómico y a los estratos más básicos de la materia, explica cómo la información, la memoria pueden adquirir entidad propia, con independencia de que su sustrato físico sea carbono o silicio; y que, en tanto la computación es una transformación desde un estado de memoria hasta otro, lo mismo ocurre con la inteligencia y el aprendizaje. El único límite a su desarrollo es el que establecen las leyes de la física.

En el extremo opuesto, en sus capítulos finales el libro proyecta el impacto del advenimiento de la IA a escala cosmológica, tanto temporal como espacialmente, vinculando con conclusiones asombrosas la capacidad de cómputo y los agujeros negros, recordándonos los tenues límites entre materia y energía.

Pero lo que hoy traigo a este artículo no es nada de lo anterior, sino una serie de reflexiones que se producen en el capítulo del libro que se centra en el futuro próximo, en los años y décadas más inmediatos. El que se inicia tras una frase de Irwin Corey:

Si no enderezamos el rumbo pronto, acabaremos allí donde estamos yendo

Tegmark repasa los avances más recientes de la IA y razona sobre su aplicación a ámbitos comunes de la esfera pública como la justicia, la salud, el empleo, la seguridad o la legislación. Y deja lanzadas muchísimas preguntas de calado que deberían formar parte de las agendas políticas de todos los gobiernos y legislativos del mundo.

Al inicio de la reflexión, formula preguntas muy generales

¿Cómo podemos modificar nuestros sistemas legales para que sean más justos y eficientes y no pierdan comba respecto a los cambios tan rápidos que se producen en el panorama digital?
¿Cómo podemos acrecentar nuestra prosperidad a través de la automatización sin privar a la gente de ingresos o del sentido de su vida?

que luego va concretando a medida que avanza por las diferentes temáticas. Por ejemplo, plantea el sueño de tener un sistema de justicia eficiente, rápido e imparcial optimizado a través de la tecnología:

Algunos expertos sueñan con automatizar [la justicia] por completo mediante robojueces: sistemas de IA que aplican incansablemente los mismos elevados estándares legales a cualquier sentencia sin sucumbir a errores humanos como sesgos, fatiga o carencia del conocimiento más actualizado.

Ahora bien, si los robojueces tuvieran sesgos, errores o fuesen hackeados,

¿Sentiría todo el mundo que entiende el razonamiento lógico de la IA lo suficiente para respetar su decisión? El machine learning es más eficaz que los algoritmos tradicionales, pero a costa de resultar inexplicables. Si los acusados quieren saber por qué han sido condenados, ¿no deberían tener derecho a una respuesta mejor que "entrenamos al sistema usando una enorme cantidad de datos y esto es lo que decidió"?

Pero un buen sistema de justicia no se basa solo en la correcta aplicación de las leyes, sino que el contenido de estas resulta esencial. Es evidente que la evolución de nuestro marco normativo debe ser cada vez más ágil dado el ritmo que marca la tecnología y que, sin duda, expertos en ésta deben ser partícipes activos en la función legislativa. Ahora bien,

¿Debería ir eso seguido de sistemas de ayuda a la toma de decisiones basados en IA para votantes y legisladores, y a continuación directamente de robolegisladores?

El de la justicia y las leyes es solo uno de los ámbitos de discusión sobre el futuro inmediato que plantea Tegmark. También escribe acerca de la tensión entre privacidad y libertad de información que ya vivimos en nuestros días ¿Dónde deberíamos trazar la línea entre justicia y privacidad, entre la protección de la sociedad y la libertad personal? ¿Es positiva o conduce a un estado orwelliano la combinación de identificación biométrica potenciada por IA y cámaras en los espacios públicos? ¿Debemos sentirnos acosados por esta ubicación permanente o aliviados porque nos pueden defender cuando el deepfake se generalice?

O sobre la posible concesión de derechos a las máquinas. Cuando un vehículo autónomo cause un accidente, ¿quién debería ser el responsable? ¿sus ocupantes, su dueño, su fabricante, la empresa de mobility as a service? ¿o el propio automóvil? Y si otorgáramos a la máquina responsabilidad civil, ¿deberíamos otorgar algún otro derecho u obligación jurídica?

Particularmente inquietante es el apartado dedicado a las armas, a su regulación y a su empleo por parte de los ejércitos y las fuerzas de seguridad. ¿Debemos permitir que los países desarrollen armas cada vez más letales basadas en IA (complementada por otras tecnologías como los drones)? ¿Debemos normalizar un futuro no tan lejano de armas autónomas como ahora estamos normalizando el de vehículos autónomos? ¿Cómo garantizaríamos que se mantuvieran siempre al servicio de la ley y la justicia? ¿O, simplemente, que no fueran defectuosos? Algunas perspectivas no son precisamente tranquilizadoras:

Por supuesto, el capítulo también se centra en el impacto de la disrupción tecnológica en el empleo y, como consecuencia inmediata, en la desigualdad, algo que ya hemos traído por estas páginas en otras ocasiones. Y pasa superficialmente por el impacto en otras áreas, igualmente relevantes, que se deriva de la combinación de la IA con otras tecnologías como IoT, blockchain, impresión 3D o biotecnología: en los sistemas de salud y su sostenibilidad y acccesibilidad; en el rol de los países en desarrollo en las cadenas globales de producción si no conforman habilitantes digitales; en el ámbito financiero, cuestionando los paradigmas actuales de la moneda, los mercados financieros y los bancos centrales; o en la movilidad urbana, tanto para el transporte de personas como de mercancías, a través de vehículos autónomos.

En general, las respuestas a los interrogantes que se generan sobre esta temática adolecen de dos problemas: en primer lugar, porque proponen frenar, retrasar o prohibir un desarrollo tecnológico que es imparable (y, en las condiciones adecuadas, deseable); en segundo, porque suelen plantear respuestas de blanco o negro. Prohibamos la videovigilancia biométrica en las calles o demos carta blanca a cualquiera para hacerlo.

Como indica Tegmark, la decisión no es de todo o nada, sino que tiene que ver con el grado en que queremos desplegar la IA en nuestra vida y la velocidad a la que hacerlo. Volviendo a la justicia, el libro concreta los siguientes interrogantes

¿Queremos que los jueces dispongan de sistemas de ayuda a a la toma de decisiones basados en IA, como los médicos del mañana? ¿Queremos ir más allá y que los robojueces dicten sentencias que puedan apelarse ante jueces humanos, o queremos llegar hasta el final y cederles también la decisión última a las máquinas?

Desde luego, la respuesta a estas preguntas y todas sus equivalentes es cualquier cosa menos sencilla. Requiere una reflexión profunda, sosegada, multidisciplinar y global. Es decir, requiere tiempo, mucho tiempo. La mala noticia es que no estamos sobrados de ese tiempo y, pese a ello, nos estamos dando el lujo de perderlo, porque el desarrollo tecnológico no detiene su frenético progreso: antes al contrario, lo acelera.

Quizás debiéramos esperar que las aportaciones de un físico y cosmólogo a los dilemas que genera la IA se limitaran a la independencia de la inteligencia de su sustrato material o a las posibilidades de su expansión por el Universo cuando pueda viajar a velocidades cercanas a la de la luz.

Afortunadamente, Max Tegmark tomó conciencia de la importancia de abordar de manera inmediata los interrogantes que se ciernen sobre el futuro más inmediato, de anticiparnos. Por ello, co-fundó el Future of Life Institute, en el que se encuentra respaldado por Erik Brynjfolsson, Nick Bostrom, Elon Musk o Martin Rees, entre otros. Su misión es catalizar y apoyar iniciativas para salvaguardar la vida y desarrollar visiones optimistas del futuro, incluidas maneras positivas de que la humanidad dirija su propio curso considerando las nuevas tecnologías y sus desafíos. Su lema es un tanto más drástico...

Technology is giving life the potential to flourish like never before... or to self-destruct. Let's make a difference!

Efectivamente, el tiempo se agota si queremos ser nosotros quienes escribamos la historia del futuro que nos depara la tecnología. En realidad, no creo que tengamos opción: el impacto será tal - está siendo tal - que no nos podemos permitir el lujo de dejar el futuro inmediato sin timón, a merced de la marea. Reparafraseando a Irwin Corey, si no enderezamos el rumbo pronto, acabaremos allí donde la corriente nos lleve. Estaremos de acuerdo en que es un riesgo que no conviene correr...

[Acreditación de la foto de cabecera: sujins]

España y la anormalización del transporte urbano

2019-01-23T18:11:00.000-03:00

Asistimos estos días, en Madrid y Barcelona, a un nuevo episodio del empeño del sector del taxi por ponerle puertas al campo, colapsando ambas ciudades con una huelga indefinida coincidente con dos de los eventos de negocios más importantes que se celebran en ambas ciudades: Fitur y el World Mobile Congress, respectivamente. El espectáculo está siendo bochornoso.

Por una parte, un colectivo atrincherado en un esquema monopólico regulado, con ingresos protegidos y escudado normativamente ante la competencia, algo que pudo tener sentido en su momento pero que hace tiempo ha dejado de tenerlo. Y que plantea peticiones absurdas, como establecer un tiempo mínimo entre que se solicita el Uber/Cabify de turno y éste puede atender la petición (¡se habla de horas!). El siguiente paso lo dará el comercio pidiendo que Amazon tarde al menos tres días en realizar sus entregas.

De fondo, el verdadero motivo: la especulación y la consiguiente burbuja de las licencias de taxi, cuyo precio en el mercado secundario ha aumentado casi un 150% en Barcelona (ajustado por inflación), según este artículo de El Confidencial del cual he extraído la gráfica siguiente. Una burbuja concentrada en muy pocas manos: el monopolio dentro del monopolio. Una burbuja que solo se sostiene por una regulación que restringe artificialmente la oferta en un entorno de actividad que debería estar plenamente liberalizado (pero no lo está, como tantos otros en España).

Pero el mayor drama es la actuación de las diferentes administraciones, con independencia de la etapa de gobierno (éste es un problema enquistado desde hace ya varios años). Una actuación, desde mi punto de vista, cobarde y miope.

Cobarde porque cede, una vez más, ante las presiones del lobby incumbente para mantener sus prerrogativas; porque defiende los (supuestos) derechos de una parte en perjuicio de los de otra y, sobre todo, en perjuicio del interés general de los consumidores.

Cobarde, porque cada nivel de la administración trata de quitarse el problema de encima para endosárselo a otro. El marco jurídico español establece que la gestión de las licencias del taxi corresponde a los municipios. Hasta ahora, Uber o Cabify operan bajo licencias VTC (también restringidas en número), cuya gestión era competencia hasta la fecha del Ministerio de Fomento, quien muy hábilmente se la ha endosado a las comunidades autónomas vía decreto: ya no es mi problema, ahora es el tuyo. Si la solución no parecía sencilla, imaginemos en lo que puede derivar con una norma local en cada ciudad y diecisiete normas autonómicas diferentes. Esta situación solo admite una descripción: se está eludiendo la responsabilidad política que conlleva manejar una actividad vital en los entornos urbanos.

Miope, porque actúa a golpe de urgencia y de presión, pero sin atacar el problema de fondo: la existencia de un mercado artificialmente restringido sin un motivo para que sea así. Porque desaprovecha la oportunidad de transformar completamente el marco normativo eliminando las citadas restricciones e incorporando criterios justos y uniformes de tributación, seguridad, empleo, calidad y aprovechamiento de las posibilidades de la tecnología (a través de la explotación de los datos que esta actividad genera en provecho de la planificación de la movilidad urbana o de las posibilidades de mejora de la calidad del servicio que reciben los consumidores).

Miope, especialmente, porque renuncia a abordar integralmente uno de los principales problemas de la áreas metropolitanas: la movilidad. Las ciudades de todo el mundo asisten a una revolución tecnológica que presenta un inmenso potencial de mejora de las condiciones de movilidad, tanto de personas como de mercancías, que culminará con la cada vez más cercana llegada del vehículo autónomo. Las autoridades españolas no son capaces de verlo, de aprovechar la oportunidad que ello supone y de dos de sus derivadas inmediatas: el fortalecimiento del emprendimiento tecnológico asociado y el impacto ambiental.

Mi estado de frustración ante esta situación se eleva porque, coincidiendo con los días álgidos de la huelga, llegan a mis manos dos lecturas.

Por un lado, la consulta pública que la Autoridad de Transporte de Singapur ha lanzado para actualizar la normativa de lo que denomina transporte punto a punto (P2P). Un gobierno, el de Singapur, que lleva interviniendo activamente en la modernización del sector desde 1998, año en el que desregula tarifas para, en 2003, liberalizarlo completamente. Desde entonces, ha continuado avanzando en esta línea. En el texto sometido a consulta, la Autoridad de Transporte reconoce el importante rol del transporte P2P y cómo los viajeros se benefician de una oferta más adecuada a la demanda, al tiempo que los conductores tienen más opciones para emplearse. Todo ello, bajo el marco regulador adecuado.

Por otro, leo en TechCrunch un artículo titulado "Welcome to the abnormalization of transportation", del cual he tomado el título de este post y que relata cómo se está viviendo este mismo proceso en Estados Unidos. Comienza así:

Incluso sin coches voladores, Los Ángeles se encuentra en medio de una transformación radical en la movilidad. Todos los barrios, desde el centro hasta Silicon Beach, han sido alfombrados con bicicletas y scooters. La revolución de Uber y Lyft se enfrenta a la competencia de varios vehículos de dos ruedas y Via lanzará pronto su servicio de ridesharing. Flixbus apunta a la ciudad como su centro para el servicio de autobuses privados interurbano. Y el lujoso autobús de Cabin (en la foto) viene ofreciendo una alternativa premium a Megabus desde y hacia San Francisco desde hace ya meses.

Los Ángeles no es una excepción entre las ciudades norteamericanas. Al contrario, es Arizona quien se lleva la palma como laboratorio para el ensayo de innovaciones, particularmente del vehículo autónomo. El contraste es pavoroso.

El artículo cierra con tres recomendaciones destinadas a los responsables políticos para lograr sistemas de transporte más equitativos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Recomendaciones que harían muy bien en leer las autoridades españolas:

No está nada claro cómo estas tecnologías disruptivas y multimodales encajarán entre sí. Ni es sencillo determinar cuál es el marco normativo adecuado para gobernar este rompecabezas. Pero sobre lo que no hay la más mínima duda es sobre su potencial. Hay que experimentar, interiorizar que la certidumbre regulatoria es un problema en el contexto digital.
No hay que elegir entre ganadores y perdedores. Los únicos ganadores deben ser el ciudadano y el medio ambiente. Si alguien se ha dedicado a especular con licencias, en un mercado artificialmente restringido, deberá asumir las consecuencias. Debemos dejar que el mercado determine si estas tecnologías tendrán éxito y qué compañías deben implementarlas. Las ciudades deben desempeñar un papel de orquestador, facilitando las conexiones entre las nuevas tecnologías y la infraestructura de tránsito existente, estableciendo marcos justos pero flexibles. La alternativa es matar la innovación antes de que nazca.
Es necesario afrontar el desafío, no deshacerse de la responsabilidad asociada. El futuro de la movilidad urbana pasa por la innovación tecnológica. Es la apertura de miras, no las sanciones ni las restricciones, la que permitirá a las ciudades dar la bienvenida a este futuro del transporte y aprovechar todo su potencial transformador.

Los gobiernos - también los latinoamericanos - deben, de una vez por todas, tomar conciencia plena de la necesidad de una reflexión urgente y profunda sobre el impacto que las tecnologías disruptivas están ya teniendo en numerosos ámbitos, entre ellos el de la movilidad urbana. Deben desplegar una acción política enérgica, urgente y sostenida en el medio plazo. Y no, desde luego, enfocada a medidas impositivas o restrictivas que alejen la inversión en innovación y el empleo calificado hacia otras latitudes.

Es cierto que el nuevo contexto digital viene a generar una elevada situación de incertidumbre económica y social. Pero mantenerse anclados en los paradigmas del pasado, agarrarse al statu quo no puede ser una opción. Los gobiernos deben asumir de manera inequívoca su responsabilidad de liderazgo en la transformación digital de ciudades y países; deben anticiparse, no reaccionar, a los cambios económicos y sociales que están en proceso.

La anormalización del transporte es un enorme desafío para gobiernos locales y legisladores. Pero, sin duda, es un camino que vale la pena recorrer. Con valentía.

[Imagen de apertura: CityAirbus]

Bullshit, ignorancia y democracia

2018-10-25T14:34:00.001-03:00

En apenas un par de días han caído en mis manos un puñado de textos que, individualmente, habrían simplemente captado mi atención; en conjunto, han generado un sentimiento de desasosiego que me lleva a escribir estas líneas.

Roger Senserrich rescata en Politikon un ensayo de los años ochenta: On Bullshit, de Harry G. Frankfurt, el cual me he comprado inmediatamente. Lo hace para traer a colación la situación de mentira permanente que se ha instalado en la política estadounidense en la era Trump, acrecentada en estas semanas finales de campaña electoral, y ante la cual los medios de comunicación no saben cómo reaccionar.

El mentiroso es alguien que ha hecho un esfuerzo para saber qué es verdad; su problema es que esa verdad no le conviene. Un mentiroso está haciendo algo reprobable, pero lo hace conscientemente. Un bullshitter, por el contrario, es pura, completamente cínico. El discurso racional le importa un comino, ya que la realidad le importa un comino. Un político que base su campaña en bullshit es un político que tiene un respeto nulo por sus oponentes, la evidencia empírica o sus propios votantes.

Probablemente, el fenómeno que apuntaba hace un par de días @politibot a partir de una encuesta de Pew Research sea un muy buen caldo de cultivo para lo anterior: los estadounidenses, especialmente los de mayor edad, tienen serias dificultades para distinguir hechos de opiniones. Por ejemplo, casi la mitad de los mayores de 50 años interpretan la afirmación "los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son un problema muy grande para el país" como un hecho, no como una opinión. Atención a dos de los factores que identifica el estudio como raíz de esta situación:

Beyond digital savviness, the original study found that two other factors have a strong relationship with being able to correctly classify factual and opinion statements: having higher political awareness and more trust in the information from the national news media.

Por otra parte, Estudios de Política Exterior analiza las claves para la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas de este próximo fin de semana, absolutamente esenciales para el futuro de Brasil y, por extensión, de Latinoamérica. Entre las cuatro más importantes, destaca la whatsappización de la campaña - para la difusión de bullshit presuntamente financiado por empresas privadas, que ha llevado a que la candidatura de Bolsonaro sea impugnada - y la intervención de la iglesia evangélica predicando desde los púlpitos un determinado sentido de voto.

Una de las cuestiones más problemáticas en esta campaña electoral ha sido la táctica de utilización de Whatsapp por Bolsonaro para diseminar fake-news. Las noticias falsas y la desinformación han contaminado de forma muy preocupante la esfera pública. Una campaña sucia y altamente eficaz basada en la difamación que echa por tierra las formas clásicas de hacer campaña.

En estas circunstancias, no extraña en absoluto el gráfico que publica El Orden Mundial - basado en el informe 2017 del Latinobarómetro - sobre el nivel de satisfacción de los brasileños con su democracia: poco más de uno de cada diez afirma sentirse satisfecho o muy satisfecho, mientras decide si votar a un populista de ultraderecha que no cuestiona la dictadura (esto es opinión) o al partido al que pertenecen los dos anteriores presidentes de la república, uno en la cárcel y la otra destituida (esto son hechos). Lamentablemente, el panorama no es mucho más halagüeño en el resto de la Región, sorprendiendo la benevolencia de los ciudadanos de algunos de los países mejor calificados.

Del otro lado del Atlántico, en España llueve sobre mojado. El nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) levantó una gran polémica por su evidente militancia partidista. Casualidad o no, Tezanos decidió cambiar la metodología de estimación de intención de voto en las encuestas electorales; casualidad o no, desde entonces las encuestas otorgan un resultado a su partido mucho más favorable al consenso de las encuestas privadas, de las cuales se distancia mucho en medio de grandes críticas técnicas al nuevo método, como publica hoy El País en el artículo de Kiko Llaneras Un CIS insólito.

A la vista de estos datos, lo razonable es tomar las estimaciones del CIS con cautela. No son cifras homologables a las demás. [...] ¿Deberíamos dejar de interpretar esos datos como un intento de estimar el voto más probable de los españoles? Creo que sí.

¿Estamos ante la mayor crisis de la democracia en su historia? ¿Están la clase política y los medios de comunicación alimentando la paradoja de la verdad en la era digital? ¿Que las políticas educativas en buena parte de los países sean más un arma arrojadiza que una política de Estado contribuye a perpetuar un contexto de ignorancia que favorece esta situación?

Una reflexión profunda acerca de las respuestas es más urgente y necesaria que nunca.

[Acreditación de la imagen de cabecera]

El futuro de la educación superior

2018-09-29T19:15:00.003-03:00

La Universidad enfrenta fenómenos de todo tipo que desafían ya no solo la forma de operar de instituciones en muchos casos multicentenarias, sino incluso su propia existencia. Por una parte, están las tensiones económicas – a las que no son ajenas universidades públicas ni privadas – y también las demográficas. Por otra, las tendencias económicas, sociales y laborales que conjuntamente impulsan la globalización económica y la disrupción tecnológica. En tercer lugar, las posibilidades de la tecnología en el ámbito docente, que hacen cada vez más innecesario que miles de profesores en todo el mundo impartan la misma clase de una determinada materia matemática, química o lingüística.

En este contexto de profundo cambio, que lleva a algunos expertos a anticipar una fuerte reducción del número de universidades durante la próxima década, está abierta una profunda reflexión sobre su rol. Profunda e imprescindible: según la UNESCO, en 2025 habrá alrededor de 250 millones de estudiantes universitarios que requerirán instituciones académicas modernas y con una propuesta de valor plenamente adaptada a la realidad del mercado laboral y del entorno de emprendimiento que se proyecta hacia mediados de siglo.

La Universidad del 2030 debe concebirse como un ecosistema dinámico y abierto de aprendizaje y emprendimiento. Un ecosistema en el que los silos se difuminan, un ecosistema mucho más líquido que en la actualidad. Las actividades deben fusionarse y abrirse: docencia, investigación, transferencia, fomento del emprendimiento deben ser tratadas como un todo armónico en el que tienen cabida profesores e investigadores, alumnos y emprendedores, empresas y profesionales.

Pero la eliminación de la estanqueidad incide también en otros ejes. En el docente, en el que fronteras disciplinares y curriculares cada vez tienen menos sentido. En el geográfico, porque la mejor clase de cualquier tema está al alcance de cualquier estudiante en cualquier momento por medios digitales; y también porque la movilidad internacional de alumnos, profesionales y emprendedores es una tendencia en auge. Incluso en el temporal, porque la cada vez más necesaria actualización permanente de capacidades está convirtiendo a la Universidad en crecientemente intergeneracional. Caminamos hacia universidades globales y enormemente flexibles para hacer frente a demandas cada vez más diversas desde todas las perspectivas: intergeneracional, intercultural, interdisciplinar.

Paradójicamente, en este escenario de diversidad extrema, en el plano formativo la clave va a pasar por la personalización de la formación, por la individualización de metodologías y recursos de aprendizaje. La tecnología y un profesorado más volcado a la gestión de comunidades de emprendimiento, innovación y aprendizaje que a la docencia como la entendemos hoy día serán los factores decisivos.

En definitiva, el gran desafío que afronta la Universidad es reinventarse completamente para preparar a los estudiantes de hoy de cara a unas profesiones de mañana que todavía no conocemos. En palabras de Joseph Aoun, de la Northwestern University, a proporcionar una educación superior a prueba de robots.

[Acreditación de la imagen de cabecera: Emilie Foyer]

El sistema penitenciario en Latinoamérica: los desafíos de un problema invisible

2018-08-01T16:06:00.002-04:00

Durante dos días he tenido la oportunidad de participar, invitado por el BID, en el taller de innovación "Cárceles más humanas - soluciones tecnológicas centradas en la rehabilitación de las personas". Una experiencia muy provechosa, fundamentalmente por la diversidad de perfiles, realidades y geografías presentes: autoridades de las instituciones penitenciarias de diferentes países latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, El Salvador o Costa Rica), expertos europeos, representantes de empresas tecnológicas y de ONGs vinculadas a la reinserción de los egresados del sistema penitenciario. Intensas horas de reflexión colectiva que pusieron de manifiesto los importantísimos desafíos existentes y plantearon cómo la tecnología puede contribuir a resolverlos.

Quizás el principal problema que tiene el sistema penitenciario en América Latina es su invisibilidad. Y es invisible porque, pese a su importancia capital, ni a las autoridades políticas ni a los ciudadanos nos gusta mirar hacia él. No nos gusta conocer el insoportable nivel de hacinamiento en las prisiones. Ni que el 40% de los internos todavía no tienen una condena firme. Nos incomoda saber que más de la mitad de la población privada de libertad tiene problemas derivados de la droga o el alcohol, adicciones que persisten; que casi un tercio ya había sido condenada previamente, pero vuelve a delinquir porque no tiene oportunidades de insertarse socialmente.

Tampoco somos conscientes de que, en los últimos quince años, el número de privados de libertad en Latinoamérica se ha incrementado cerca de un 150% mientras los índices de criminalidad no descienden. Paralelamente, el populismo político penitenciario clama por un aumento de penas de prisión - tipología y duración - alentado por la opinión pública; aumento de penas que, bajo el esquema actual, no conducirán sino a mayor hacinamiento en las cárceles y a menores oportunidades de reinserción.

No nos gusta saberlo, pero el círculo vicioso Vulnerabilidad/Exclusión -> Delito -> Prisión -> Vulnerabilidad/Exclusión es un drama que afecta a 1,5 millones de familias en la región; un drama que seguirá creciendo si no se produce un cambio drástico de paradigma en la política penitenciaria, pasando de un foco de vigilancia y custodia a un foco de rehabilitación e inserción totalmente centrado en la persona.

Penal de La Esperanza, El Salvador. Foto: Pau Coll - RUIDO Photo

Es imposible enunciar en un breve artículo la totalidad de desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios latinoamericanos, pero sí me gustaría destacar algunos de los que se situaron en el centro del debate durante el taller, empezando por las condiciones de vida de los internos.

Cuantitativamente, la infraestructura carcelaria es insuficiente y obsoleta, generando escenarios de superpoblación - cuando no hacinamiento - agravados también por la exigua dotación de personal, lo cual redunda en situaciones de criminalización de delincuentes menores o inadecuado tratamiento de adicciones. Cualitativamente, la infraestructura está orientada a la custodia y la seguridad, mucho menos a la rehabilitación; de manera similar, en lo relativo a los funcionarios, el perfil policial y de vigilancia no está suficientemente balanceado con la dotación pertinente de profesionales educativos, sanitarios, de asistencia social o psicológica o, al menos, con una capacitación básica en estas materias. Conceptualmente, el énfasis se pone en la vigilancia y el control, cuando debiera estar situado en modificar conductas asociadas al riesgo delictual y en otorgar a los internos herramientas que faciliten su posterior reinserción.

Quizás el desafío mayor corresponda precisamente con la reinserción de los egresados del sistema, el que debiera ser su principal objetivo. Muchas mejoras son necesarias en la gestión de la transición entre la situación de interno y el egreso, en el acompañamiento activo del proceso de reinserción y en el seguimiento de largo plazo. En fin, en el diseño e implementación de políticas de inclusión post-penitenciaria que, por su propia naturaleza, deben ser de carácter marcadamente transversal, implicando a los servicios sociales, de empleo, de salud y de vivienda, entre otros.

Un tercer factor es la escasez y falta de calidad de la información con la que cuentan las autoridades para el ejercicio de su función. En no pocas ocasiones, hay carencias en datos elementales de gestión, como una identificación fehaciente y completa de la población penitenciaria o de todos los actos administrativos y judiciales vinculados a su condena, frecuentemente gestionados en papel y con rudimentarios esquemas de intercambio de información entre las instituciones implicadas. A partir de esta base tan frágil, usos más avanzados orientados al perfilamiento y conocimiento exhaustivo de los privados de libertad, para el diagnóstico y programación específica del trabajo con ellos, pese a ser esenciales, están todavía lejos de ser una realidad.

Pero, probablemente, el mayor desafío lo encontremos en el propio diseño de políticas. A día de hoy, es posible afirmar que la política penitenciaria en Latinoamérica es, en general, una política aislada basada en un modelo custodial y punitivo, en el que - salvo alguna excepción - tanto los mecanismos de reinserción como los sistemas alternativos de cumplimiento de penas (es cierto que motivados por una buena dosis de "pereza judicial") distan mucho de alcanzar el nivel de presencia y efectividad que sería deseable.

Es necesario y urgente un cambio paradigmático en la política penitenciaria, que debe pasar a ser un eslabón más de una política general de lucha contra el delito, que comienza en la prevención - muy vinculado al tratamiento de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con un importante factor intergeneracional - y termina en mecanismos activos de inclusión post-penitenciaria, ambos los dos principales focos de énfasis.

Estimaciones del BID sitúan el gasto penitenciario en América Latina en unos 14.000 millones de dólares anuales: una cantidad que, a la vista de los resultados y los desafíos pendientes, está muy malgastada. Y la responsabilidad no se encuentra, ni mucho menos, únicamente en las instituciones penitenciarias, que en muchas ocasiones pelean solas contra el citado populismo político penitenciario, la desidia judicial y una opinión pública que no mira, pero, cuando lo hace, es para echar más leña al fuego.

Un millón y medio de familias merecen una segunda oportunidad. Muchas de ellos se contentarían, al menos, con que les diéramos la primera.

Un "Ministerio de lo Digital" no es el camino

2018-07-27T14:04:00.000-04:00

El mundo de esta primera mitad del siglo XXI viene caracterizado por el cambio. Por el ritmo del cambio, en una aceleración permanente, pero también por la complejidad e incertidumbre crecientes que incorpora.

Los gobiernos tienen que gestionar ciclos económicos más cortos, factores globales mucho más poderosos que continuamente amenazan con distorsionarlos, innovaciones tecnológicas disruptivas con un impacto enorme – inmediato y de largo plazo – en todos los ámbitos de la vida. En los países en desarrollo, estos desafíos vienen a sumarse a las carencias todavía por resolver en materias tan esenciales como las infraestructuras básicas, la lucha contra la pobreza, el desarrollo urbano o la educación, por citar solo algunos.

Al mismo tiempo, las expectativas del ciudadano crecen en relación con la prestación de servicios públicos de mayor calidad, que deben ser equiparables en su nivel de adopción tecnológica a los del sector privado. También demanda la ciudadanía resultados de gestión, participación y coherencia política, en un entorno en el que el ámbito de actuación de los gobiernos se hace más amplio, difuminando sus límites, y en el que el acceso a la información está, de forma inmediata, al alcance de la sociedad civil.

No resulta sencillo, desde luego, transformar las estructuras y dinámicas de gobierno para responder a las crecientes expectativas en un entorno de vertiginoso cambio. Transformarlas radicalmente, además, porque en las últimas décadas las administraciones latinoamericanas han respondido a duras penas al aumento en la complejidad de gestión que supone la multidimensionalidad de la acción de gobierno – las respuestas ya no son admisibles desde una visón sectorial, sino que en la mayoría de los casos requieren acción transversal –, la paulatina descentralización competencial y el propio crecimiento de estructuras administrativas.

Este último, el de la fragmentación institucional, es un problema que se ha venido agudizando durante los últimos años, en los que hemos asistido a la proliferación de estructuras verticales que ha venido a profundizar en la compartimentación de la gestión, cuando lo que la situación demanda es todo lo contrario: una visión holística y una fuerte coordinación de las políticas públicas.

Estos factores – rapidez del cambio, complejidad creciente de la gestión, expectativas ciudadanas al alza, inercia hacia la fragmentación institucional – implican que la aproximación tradicional a las estructuras de gobierno no sea útil para hacer frente a los desafíos del contexto digital.

Los Gobiernos necesitan ser capaces de responder a los nuevos retos y demandas de la sociedad de manera rápida, eficiente y efectiva; de anticiparse a los cambios promoviendo la acción legislativa adecuada; de transformar su manera de prestar servicio incorporando ágilmente las innovaciones tecnológicas a su operación; de mantener el acercamiento al ciudadano a través de la descentralización, recuperando la visión integral de la acción gubernamental.

En 2018, el hilo conductor de la acción transversal de gobierno no puede ser otro que lo digital. Plantear políticas públicas en salud, seguridad ciudadana, transparencia o movilidad urbana sin considerar como elemento nuclear el impacto de la inteligencia artificial, la analítica de datos o el Internet de las cosas es cerrar los ojos a los factores más influyentes hoy y, cada vez más, mañana. Hacerlo en educación, pensiones, empleo o transformación productiva es, sencillamente, no haber entendido las fuerzas que van a moldear el resto del siglo XXI.

Disponer de una arquitectura institucional que garantice esa consideración es, por tanto, indispensable para no perder el tren del futuro. Y, a mi juicio, esa arquitectura institucional debe cumplir cuatro requisitos.

En primer lugar, la condición sine qua non, el liderazgo al máximo nivel, el liderazgo presidencial. La magnitud de la transformación es tal y su impacto a todos los niveles tan profundo, que solo desde el liderazgo del máximo nivel político, solo desde el impulso presidencial, será posible alinear a todos los actores necesarios para afrontar el desafío de incorporarnos al futuro.

Después, una institucionalidad fuerte, pero no redundante ni sectorial. ¿Cómo materializar esta institucionalidad? Un “Ministerio de lo Digital”, si bien siempre es positivo que exista en tanto unidad ejecutora de ciertas políticas, no es la solución. Porque su propia existencia contribuye a aumentar la fragmentación y los enfoques sectoriales antes que transversales; porque lo digital tiene que estar plenamente imbricado en las diferentes políticas sectoriales, no impulsado o fiscalizado por un tercero; y porque ya existe el Centro de Gobierno, quien posee los mecanismos y capacidades de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar la visión integral y coherencia de la estrategia y su despliegue. Con un mandato inequívoco, en forma de Agenda Presidencial, y con los recursos humanos, económicos y normativos adecuados, el Centro de Gobierno es la institución transversal adecuada para conducir la acción de los diferentes ministerios sectoriales, sin que ello suponga en absoluto limitar su autonomía en la ejecución.

En tercer lugar, la asimilación de que el sector privado es un aliado, no un rival. En el diseño conjunto de las políticas, en la co-ejecución, en el monitoreo y, por supuesto, en la financiación.

Y, finalmente, unas estructuras operativas que garanticen la correcta ejecución de las políticas: el éxito de la acción de gobierno pasa, necesariamente, por garantizar la implementación de las políticas diseñadas. Y, lamentablemente, muchas veces se infravalora la dificultad de llevarlas a la práctica, de hacer que las cosas ocurran.

Latinoamérica, pese a todas las dificultades que enfrenta, es una región que prospera. Sin embargo, el nuevo contexto digital viene a generar una elevada situación de incertidumbre económica y social. Mantenerse anclados en los paradigmas del pasado, agarrarse al statu quo no puede ser una opción. Solo queda afrontar con decisión el tránsito a la economía digital, reconociendo los riesgos que entraña, tratando de que el camino fortalezca a la Región y no deje a nadie olvidado. Y, en este contexto, la arquitectura institucional que guíe la acción de gobierno es absolutamente esencial.

La tecnología: punto de encuentro entre el desarrollo económico y el social

2018-03-25T20:56:00.000-03:00

Dice el BID en su informe Panorama de las Administraciones Públicas de Latinoamérica y Caribe de 2017: “Las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos.” Tras señalar que América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo, concluye: “Los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.”

Efectivamente, los gobiernos latinoamericanos vienen articulando su agenda política en torno a dos grandes ejes, pero no han logrado que ambos dialoguen. Es más, en algunos casos (en las recientes presidenciales chilenas, sin ir más lejos) se presentan ante la ciudadanía en la discusión pública - equivocadamente - como prioridades contrapuestas y casi irreconciliables.

En una esquina del cuadrilátero se encuentra el conjunto de políticas sociales y de igualdad de oportunidades. La entrega de servicios públicos esenciales (educación, salud, justicia, seguridad…), la modernización del Estado en sentido amplio (transparencia, empleo público, descentralización, eficiencia…) y las políticas sociales propiamente dichas (familia y prestaciones sociales, empleo, pensiones…) conforman este gran epígrafe de la acción de gobierno.

En la opuesta, la agenda de crecimiento económico y competitividad, encaminada a acelerar la transición desde una matriz productiva basada en los recursos naturales hacia la economía digital basada en el conocimiento. Acá encontramos las políticas en materia de capital humano, productividad empresarial, innovación y emprendimiento, internacionalización económica, modernización del mercado laboral, etc.

Desde mi punto de vista, dos ejes de acción transversales – desarrollo tecnológico aplicado por una parte e impulso serio de la evolución a la economía digital por otra – serían la base no solo para potenciar individualmente cada uno de los dos grupos de políticas, sino para dar coherencia global y compatibilizar las agendas de desarrollo económico y social.

¿No es racional pensar que, por ejemplo, la transformación digital de la salud pública, además de mejorar sustancialmente la calidad de ésta, podrá inducir innovación y empleo cualificado y, en tanto problemática compartida en toda la Región, exportaciones de valor añadido?

La clave principal está en la acción transversal de gobierno

Pero la necesaria transversalidad choca de bruces con el funcionamiento en silos - descoordinados en buena parte de los casos, incongruentes y hasta contradictorios en no pocas ocasiones - de los diferentes ministerios y departamentos de gobierno. Transformar económica y socialmente un país requiere una mirada integral al impacto que la adopción creciente de tecnologías digitales puede generar en el mismo:

Desde una perspectiva completa de la Administración Pública, en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y acorde su peso en la economía del país (en torno al 25% del PIB).
Considerando las tecnologías digitales como palancas transversales de productividad y desarrollo económico y social.
Considerándolas, asimismo, como habilitadores esenciales en la mejora de la calidad y capilaridad de los servicios públicos.
Bajo un prisma de cooperación público-privada, como único mecanismo viable para el desarrollo digital de un país.
Y como política de impulso desde la demanda de una industria específica, la de las tecnologías digitales, llamada a cobrar un peso cada vez más relevante en la matriz productiva y laboral latinoamericana.

Sí, es imprescindible una evolución clara en la consideración de las políticas de desarrollo digital y modernización del Estado: es tiempo de que dejen de ser un capítulo más en programas y agendas y se conviertan en un instrumento efectivo para lograr un impacto transversal en la acción de gobierno. Lo cual, por cierto, nunca será posible sin un liderazgo claro en su diseño y ejecución, tanto orgánico como político y presupuestario: algo de lo que estamos muy lejos en la gran mayoría de los países.

Según mi manera de verlo, el enfoque adecuado para estas políticas debe combinar tres aproximaciones:

La pragmática, basada en la adopción de las tecnologías digitales en aquellos ámbitos (de servicio público y/o actividad económica) que se pueden beneficiar de la misma directamente y en el corto/medio plazo.
La audaz, basada en la búsqueda de espacios de transformación y leapfrogging, desde una mirada tanto de cambio de modelo productivo, exportación de valor añadido y apalancamiento en las ventajas comparativas del país, como de mejora radical de los servicios públicos.
La estructural, basada en establecer políticas transversales que sirvan como soporte de largo plazo a los diferentes ámbitos de actuación que se proponen seguidamente.

Los espacios para actuar

Así pues, tenemos hasta el momento las siguientes ideas: política integral y transversal al gobierno, liderazgo efectivo cercano a los centros de decisión y combinación de perspectivas pragmáticas, audaces y estructurales. Ahora bien, ¿cómo, a qué y cuándo aplicar esas ideas?

Para no hacer eterno este artículo, la respuesta a esa pregunta quedará para uno próximo. Simplemente introduzco en la siguiente figura un framework para las políticas de desarrollo digital que enmarca las ideas presentadas en los párrafos anteriores y que creo puede dar respuesta al desafío de ordenar la acción de gobierno en este ámbito:

Arquitectura institucional transversal al gobierno
Medidas basales o estructurales de medio y largo plazo
Iniciativas para la adopción y la innovación digitales (al igual que para el punto anterior, los contenidos de los cuadros son meramente ilustrativos)
Espectro de actuación que abarca desde los servicios públicos hasta la economía digital

Regreso al punto de partida. No, no es ni mucho menos imposible conciliar la búsqueda de la mejora de oportunidades y la reducción de la desigualdad con la transformación del modelo productivo y el impulso del crecimiento económico. Y, muy probablemente, la principal clave para lograr esa conciliación es la tecnología.

[Referencias de las imágenes: cabecera salud e intermedia industria 4.0]

Las factorías de followers y el mea culpa de Jack Dorsey

2018-03-04T12:36:00.000-03:00

Hace unos días, se hacía público el auto del fiscal Robert S. Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que condujeron a Donald Trump a la Casa Blanca. Y sus conclusiones parecen claras: se habría orquestado una potente (y cara) maquinaria rusa a través de las redes sociales para, efectivamente, tratar de influir en el resultado del proceso electoral.

Poco antes, el New York Times destapaba, en un magnífico artículo, el negocio de las factorías de followers, la nueva economía negra 2.0: millones de dólares destinados a fraude en redes sociales que incluye cuentas y seguidores falsos, bots insaciables y robo de identidades, ante la inacción, pasividad, indiferencia o incluso complicidad de Twitter, Facebook y demás.

Devumi, una compañía que promete “acelerar tu crecimiento social” y que tiene por clientes a online influencers que van desde deportistas y cocineros a artistas y políticos, ha vendido 200 millones de seguidores en Twitter a 39.000 clientes, facturando más de seis millones de dólares. Tras el artículo del Times, el Fiscal General de Nueva York abrió una investigación sobre Devumi. Casualmente, el servicio de venta de followers de Devumi aparece como no disponible en su web (aunque sigue vendiendo suscriptores para canales de YouTube).

La realidad es que las redes sociales empezaron siendo un lugar estupendo para relacionarte con tus amigos y familiares, para dar rienda suelta inofensivamente a esa tendencia al exhibicionismo que todos tenemos, e incluso para relacionarnos con nuestros cocineros, futbolistas, cantantes o marcas favoritos. Pero, como dice María Ramírez, ahora son una máquina de propaganda y un mortal enemigo de los medios tradicionales en la captura del ingreso por el click. Sea el click que sea, eso no importa: el precio lo paga el discurso público.

We’re committing Twitter to help increase the collective health, openness, and civility of public conversation, and to hold ourselves publicly accountable towards progress.
— jack (@jack) 1 de marzo de 2018

Esta misma semana, el fundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, entonaba - ¡al fin! – un mea culpa que sonaba sincero. Dorsey dice varias cosas interesantes:

Nos encantan los mensajes y conversaciones instantáneos, públicos y globales. Eso es Twitter y por eso estamos aquí. Pero no predijimos ni comprendimos completamente las consecuencias negativas en el mundo real. Las reconocemos ahora, y estamos decididos a encontrar soluciones integrales y justas.

Hemos sido testigos de abusos, hostigamiento, ejércitos de trolls, manipulación a través de bots y humanos coordinados, campañas de desinformación y cámaras de eco cada vez más divisivas. No estamos orgullosos de cómo las personas han aprovechado nuestro servicio ni de nuestra incapacidad para abordarlo lo suficientemente rápido.

Lo que sabemos es que debemos comprometernos con un conjunto riguroso e independiente de métricas para medir la “salud” de las conversaciones públicas en Twitter. Y debemos comprometernos a compartir nuestros resultados públicamente para beneficiar a todos los que participan de la conversación.

Todo lo anterior no hace sino acentuar la crisis de la verdad en la era digital que comentábamos en un artículo anterior: la desinformación en las redes sociales es un problema muy serio. Y la independencia de los medios, otro más grave aún. Nos enfrentamos a una paradoja: la tecnología ha hecho la información instantánea, directa y ubicua… en perjuicio de la verdad.

Ya, pero ¿dónde están las raíces de este problema? Todo apunta a dos lugares. Por una parte, al comportamiento humano – limitada atención y menor criterio – en un contexto de inundación informativa.

No, no es una mera apreciación intuitiva y gratuita. Scientific American explica en este artículo cómo incluso en un mundo perfecto, donde todo el mundo quiere compartir noticias reales y es capaz de evaluar la veracidad de cada publicación, las noticias falsas todavía llegarían a miles (o incluso millones) de personas, simplemente debido a la sobrecarga de información. O, más prosaicamente:

It is often impossible to see everything that comes into one’s news feed, let alone confirm it. If you live in a world where you are bombarded with junk—even if you’re good at discriminating— […] you still may share misinformation.

El modelo matemático original se publicó en Nature bajo un título sumamente descriptivo: “Limited individual attention and online virality of low-quality information”. Sus autores sostienen que tres factores explican la incapacidad de una red para distinguir la verdad de la falsedad, incluso aunque los individuos puedan: la enorme cantidad de información que existe, la cantidad limitada de tiempo y atención que podemos dedicar a ella y la estructura de las redes sociales subyacentes. Los tres conspiran para difundir la peor información a expensas de la mejor. El modelo establece una correlación muy débil entre la calidad y la popularidad de la información; predice, además, que la información de mala calidad tiene tanta probabilidad de hacerse viral como la de buena.

La segunda causa tiene que ver con los modelos de negocio asociados al así llamado capitalismo digital, modelos que fomentan el sensacionalismo, el click por el click, la viralidad por encima de la veracidad. The Guardian – obviamente juez y parte en este dilema – publicaba hace un año un artículo demoledor contra la voracidad de los gigantes digitales, de los frightful five.

The problem is not fake news but a digital capitalism that makes it profitable to produce false but click-worthy stories

Y hasta aquí lo fácil: la descripción de la solución y el atrevimiento para intentar sentar las causas. ¿Por dónde van las soluciones, entonces?

Quizás lo más sencillo sea identificar por dónde NO van las soluciones. Desde luego, por lo antes indicado, parece que no nos podemos fiar al comportamiento humano. Y menos en un contexto en el que las redes sociales evolucionan y van ocupando paulatinamente el lugar que le correspondía a la televisión: son las encargadas de entretenernos más que de informarnos, de hacernos sentir más que de hacernos pensar.

Tampoco parece que el camino sea contratar ejércitos de humanos que, como en Google o en Facebook, se dediquen a revisar manualmente la credibilidad de las informaciones. Aunque, sin duda, sería una gran fuente de empleo: la compañía de Mark Zuckerberg ya dispone de más de 8.000 empleados dedicados a estas labores.

Y me da auténtico pánico pensar en leyes, regulación e intervención gubernamental sobre contenidos en redes sociales. Con una China y los patéticos intentos del gobierno de España para emularla ya nos llega.

Es más que probable que la solución pase por el desarrollo tecnológico, por la aplicación de inteligencia artificial y algorítmica a los contenidos, sus fuentes y sus patrones de difusión a través de Facebook o Google. El propio Jack Dorsey en su tweet hace referencia a medir algorítmicamente la “salud” de las conversaciones en Twitter, a partir de una propuesta de Cortico, una iniciativa surgida del MIT Media Lab cuya meta es precisamente esa: desarrollar métricas de salud de las conversaciones públicas mediante de big data y analítica avanzada. ¡Pero ojo con el big data y con los robots censores!

Mientras la ciencia de datos avanza en su aplicación a esta problemática, una solución transitoria y parcial puede provenir de sitios independientes que verifiquen la veracidad de las principales noticias publicadas conforme a unos principios claros y auditados; sitios como Snopes, Politifact o factcheck.org. Aunque, ¿quién vigila al vigilante? Quizás el crowdsourcing pudiera contribuir a avanzar en este terreno.

Otros proponen migrar los canales. Iniciativas como Politibot, un chatbot a través de Facebook Messenger que incluso se atreve a desafiar las cámaras de eco (por cierto, yo interactúo diariamente con él y merece mucho la pena); o tratar de solventar la mínima fricción de los formatos de las redes sociales a través de podcasts o píldoras de vídeo que ralenticen la naturaleza de la interacción por parte de los usuarios.

Y, finalmente, hay quien piensa que los dos puntos anteriores son el medicamento que suaviza los síntomas pero no ataca de raíz la enfermedad. Que la única solución es repensar los fundamentos del capitalismo digital.

We need to make online advertising – and its destructive click-and-share drive – less central to how we live, work and communicate

Suena muy bien, pero ¿cómo se definen los nuevos fundamentos? ¿quién y cómo los aplica? ¿cuánto tiempo tardará en implantarse si es que realmente se puede implantar?

Desde luego, las soluciones no son sencillas. Pero, como dice Jack Dorsey, si no reconocemos que el problema es grande y nos comprometemos a buscarlas inmediatamente, quizás dejen de ser complejas y se vuelvan inexistentes.

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Historias del 2017

2017-12-29T10:36:00.000-03:00

2017 ha sido un año lleno de historias, de acontecimientos y de noticias de interés para los que seguimos el mundo de las políticas públicas en el contexto digital. Creo que no es malo cerrarlo con un compendio de algunas de las que han ocupado este espacio. ¡Feliz 2018!

El impacto en el empleo y en las redes de seguridad de los países ante el cambio que se avecina ha sido uno de los debates del año. Al respecto, varios artículos han venido a incidir sobre las diferentes perspectivas de este crucial tema:

La Renta Básica Universal ha surgido con fuerza como instrumento que ayude a mitigar los efectos de la automatización en el mercado laboral. El año partía con pilotos en varios países del mundo (Finlandia, Canadá, Holanda) y ha sido pródigo en discusiones acerca de la RBU, incluido su impacto económico.

Creo que que los que pregonan grandes apocalipsis robóticas que terminarán con el empleo para los humanos están equivocados. Sí habrá - está habiendo - transformaciones enormes de los puestos de trabajo tal como los conocemos hoy. El gran problema, a mi juicio, es el incremento de la desigualdad que esta transformación está trayendo aparejada. El gran desacoplamiento es ya una realidad desde los años 90. O impulsamos a un cambio profundo de políticas públicas (laborales, educativas, de protección social), o quizás estemos asistiendo a la extinción de la clase media.

El debate más controvertido, junto con el de la RBU, ha sido el de un hipotético impuesto a los robots que grandes voces han defendido. Mi opinión es que sería un grave error que las políticas tributarias y los desarrollos normativos pusieran freno a la innovación tecnológica. No, no creo que los robots tengan que pagar impuestos (otra cosa es que sea necesario reformular la tributación del capital, que cada vez captura una mayor parte del crecimiento). Es más, considero imprescindible un drástico cambio en la mentalidad regulatoria sobre la economía digital.

En el entorno empresarial, 2017 también ha sido un año pródigo en historias interesantes:

Este ha sido el año de la definitiva irrupción de las grandes tecnológicas en los diferentes ámbitos de la actividad económica, rompiendo para siempre con las fronteras tradicionales entre sectores de actividad. La adquisición de Whole Foods por parte de Amazon, la fusión entre lo digital y lo físico, ha disparado el temor por las Frightful Five (Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft).

La inteligencia artificial y el Big Data (junto con blockchain, el rey del hype estos últimos doce meses) parecen la solución a todos los males de la humanidad. Nadie discute su potencial, aunque hay voces que alertan y opinan que, bajo una pátina de tecnología y matemáticas semimágicas, estamos construyendo weapons of math destruction.

Pero si en 2017 ha habido una víctima del contexto digital, esa ha sido la verdad. La vorágine de las fake news no es sino un síntoma de que la tecnología ha hecho la información instantánea, directa y ubicua... en perjuicio de la verdad.

Por supuesto, las instituciones públicas no podían quedarse a la zaga:

La gestión pública no es, ni mucho menos, ajena a las transformaciones derivadas de lo digital, incluyendo el impacto en el empleo derivado de la adopción tecnológica. ¿Asistiremos a la uberización de la administración pública?

Si hay un país latinoamericano que lo está haciendo bien en materia de modernización administrativa, ése es Argentina. El año pasado inició una batalla para acabar con la tiranía del papel. Varios meses después, es evidente que esa batalla la está ganando y ya se ha permitido dar un ultimátum a los organismos públicos que aún usan papel.

Desgraciadamente, todavía hay ámbitos de acción en los que queda mucha guerra por delante para que podamos ver una aplicación efectiva de la tecnología. El de la gestión de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales es uno de ellos.

Finalmente, ante un concepto del que se habla mucho más de lo que se avanza, el de las Smart Cities, una afirmación: a los alcaldes sí les importa la tecnología, pero aún no lo saben.

También lecturas, claro. Lo que están escribiendo Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee son ya clásicos imprescindibles para entender lo que está pasando. La Segunda Era de las Máquinas es uno de mis libros de cabecera, al igual que su sucesor Machine, Platform, Crowd. Para quien prefiera escuchar a leer, la hora y cuarto que le llevará ver estas cinco charlas TED para entender el futuro que nos viene estará muy bien invertida.

En un plano muy distinto, pero no menos interesante, ¿Por qué Fracasan los Países? invita a una reflexión sobre nuestras instituciones. Sus autores, Daron Acemoglu y James Robinson, son contundentes: "los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. No lo hacen bien, no porque se equivoquen o por su ignorancia, sino a propósito."

Y para terminar, un par de notas sobre Latinoamérica y el camino que necesariamente deberá recorrer para evolucionar en sus bases productivas:

En mayo tuve la oportunidad de participar en el primer diálogo público-privado de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, promovida por el BID. Un desafío apasionante que, de afrontarse con éxito, marcará una senda de transformación imparable en Chile, Perú, Colombia y México.

Pocas semanas después, CNN Chile me invitó a opinar sobre la economía de servicios en el futuro inmediato de Latinoamérica. En un contexto en el que la transformación digital acrecienta hasta el extremo las diferencias en productividad entre los más innovadores y todos los demás, es esencial formar las bases - de capital humano, de capital social - para abandonar de una vez por todas estructuras económicas fuertemente apalancadas en la explotación de los recursos naturales.

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Por qué la certidumbre regulatoria es un problema en la economía digital

2017-12-27T16:57:00.000-03:00

La semana pasada vivíamos un nuevo capítulo de la encarnizada batalla legal que Uber pelea en Europa desde hace varios años. El Tribunal de la UE dictaminó que es una empresa de transporte y no un servicio digital, decisión que genera los siguientes efectos:

En la práctica, ninguno. En España, de donde proviene la denuncia por parte de las asociaciones del taxi, tanto Uber como Cabify operan (y podrán seguir operando) mediante licencias VTC. Incluso la tan cacareada prohibición del servicio en Londres no ha sido efectiva ni, probablemente, lo llegue a ser.

Los lobbies de la obsoleta industria del taxi cantan una victoria que no es tal, presionando para que se limite la liberalización de licencias, atrincherándose en sus propios intereses monopolísticos. El Estado, de momento, consiente protegiendo vía autorización administrativa oligopolios regulados ineficientes, cerrados a la competencia y que penalizan a los usuarios finales.

El transporte se regula al nivel nacional. Quiere decir que, en la Unión Europea, 28 países desarrollarán 28 normas distintas. Y que, en algunos como en España, gobiernos autonómicos y locales dispondrán de sus propias normas subnacionales. Una fragmentación regulatoria inmanejable, en un mercado de servicios (sean de transporte o de cualquier otro ámbito) cada vez más global y que, por tanto, demanda normas globales. La legislación europea golpea los tímidos intentos de la Comisión por establecer líneas comunes en torno a la economía P2P y su potencial de generación de empleo y crecimiento económico.

La propia justicia europea vuelve a contradecirse a sí misma. En 2016, la Administración española (probablemente la más protectora con los operadores incumbentes en cualquier ámbito de mercado) sancionaba a la empresa francesa de carsharing Blablacar por no tener autorización para ofrecer un servicio de transporte público. Apenas seis meses después, en febrero de este año, un juez da la razón a Blablacar y le permite seguir operando porque es "una plataforma virtual que pone en contacto a personas".

Mientras tanto, en Estados Unidos, Lyft ofrece servicios sin conductor en Boston y Google, a través de su filial Waymo, hace lo propio en Phoenix. En Europa lobbies y legisladores se empeñan en proteger los intereses establecidos; del otro lado del Atlántico, las empresas tecnológicas innovan y prueban en real el ~~futuro~~ presente del transporte al tiempo que startups de la movilidad florecen sin mayores trabas, sin que nadie intente ponerle puertas al campo.

En este contexto, no es de extrañar que en la carrera digital el ganador sea Estados Unidos. Porque Europa es incapaz de generar un marco legal unificado que, de una vez, proteja al que arriesga a través de la innovación frente a los gigantes incumbentes. Y porque se empeña en convertir la mayor fortaleza del viejo continente - la riqueza de su diversidad cultural - en la ya citada desesperante fragmentación regulatoria. Los datos son elocuentes (Fuentes: WEF y NY Times).

Es evidente que regular la realidad vertiginosamente cambiante de la economía digital no es fácil en absoluto. Pero no es menos cierto que los esfuerzos de los gobiernos por fomentar la innovación y el emprendimiento de base tecnológica se diluyen como un terrón de azúcar en el amargo café de la legislación general y de los intereses económicos. ¿Por qué?

Por una parte, está la estructura en silos ministeriales de los gobiernos. La mayoría de las veces, el uno no sabe lo que está haciendo el de al lado. Con una mano se crean e impulsan agendas de fomento de la innovación y desarrollo digital que con la otra se frenan - si no se anulan - con medidas sectoriales. Esta estructura no puede funcionar en una economía en la que las fronteras entre sectores de actividad se están difuminando hasta desaparecer en no pocos casos. Estamos ya en un mundo de ecosistemas digitales que no entiende de límites administrativos.

Por otra, los viejos paradigmas sobre la legislación quizás deban cambiar. Es posible que la permanencia y la estabilidad, el largo plazo, ya no sean lo más conveniente. Podría ser que debiéramos empezar a entender la legislación como un proceso iterativo, imperfecto pero dinámico. La velocidad de los cambios, la inmediata escalabilidad que genera el efecto de red de la economía digital, las cada vez menores barreras de entrada a nuevos competidores invitan a asumir riesgos, a evolucionar hacia una regulación anticipatoria. Quizás haya llegado el momento de gestionar el riesgo regulatorio, en lugar de evitarlo; de cuestionar si la aplicación de principios tradicionales, como el de precaución, podría inhibir la innovación productiva de manera calamitosa.

En tercer lugar, los mercados regulados pueden tener sentido en determinadas circunstancias técnicas, económicas o de servicio. Pero las cosas cambian, y mucho, con la tecnología. ¿Por qué mantener cerrado un mercado para eternizar un servicio mediocre? ¿Por qué no abrirlo a nuevos competidores que, apalancándose en la tecnología, pueden incrementar sustancialmente calidad, precio y eficiencia?

Finalmente, con la revolución digital el foco legislativo no ha mostrado la capacidad de adaptarse. ¿De verdad lo relevante es si Uber es una plataforma digital o una empresa de transporte? Cuesta creerlo en la época del florecimiento de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de los vehículos autónomos o de la ciberdelincuencia. Cabría pensar que el legislador deba poner algo menos de foco en las presiones de la industria hotelera contra Airbnb y prestarle más atención a cómo va a controlar los cárteles algorítmicos.

¿Y cómo se sitúa Latinoamérica en este contexto? Como indica Pedro Farías, debatiéndose entre la regulación inteligente y la burocracia. Efectivamente, las dudas e incertidumbres que afectan a Europa no están ausentes en la región. La polémica con Uber, sin ir más lejos, afecta a países como Argentina o Chile. En este último, el parlamento se encuentra tramitando una legislación específica en esta materia que, siendo una buena noticia en sí misma, arroja tantas luces como sombras.

Sin embargo, prefiero destacar la importantísima oportunidad que afronta la región. Desde las instituciones multilaterales, se están impulsando muy relevantes políticas comunes para la economía digital, desde un mercado único digital latinoamericano comparable en población al europeo - y que choca, cómo no, con la "obsolescencia" de marcos regulatorios nacionales "demasiado heterogéneos" - hasta la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, con uno de sus ejes prioritarios enfocado a la normatividad común.

Sí, Latinoamérica enfrenta la oportunidad de quemar etapas en su competitividad evitando los errores cometidos por otros, en beneficio de su desarrollo económico y social. Pero ello pasa necesariamente por un cambio en la mentalidad regulatoria de gobernantes y legisladores. Por que entiendan que la regulación preventiva no es el único camino, ni siquiera el mejor. Que los entornos abiertos, el apoyo a la innovación y la competencia, junto con la tecnología, son el camino para el desarrollo de la economía de la región y del futuro laboral de los latinoamericanos.

Parafraseando a Ignacio de León, quizás la mejor forma de lidiar con la economía digital es trabajar de cerca con sus actores, con la serenidad del domador de elefantes, en lugar de entrar en pánico al verlos entrar en la cristalería.

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La paradoja de la verdad en la era digital

2017-11-19T16:36:00.000-03:00

Los recientes acontecimientos en Cataluña en torno a su proceso de independencia han puesto de manifiesto, en toda su crudeza, la crisis de información – crisis de verdad creo que es más acertado – que asola a la sociedad digital.

Como dice Alex Grijelmo, se ha llegado a la paradójica situación de que la gente ya no se cree nada y a la vez es capaz de creerse cualquier cosa. Incluso algo que admite tan poca discusión y que es tan fácilmente comprobable como el lugar de nacimiento del presidente de Estados Unidos genera controversia durante meses.

En este contexto, varios neologismos han llegado para quedarse. Fake news, posverdad, clickbait o fact-checking vienen a unirse a conceptos como cámara de eco en una dramática descripción del menú diario de desinformación de cualquier ciudadano de la calle.

Hay quien le echa la culpa a Twitter y a Facebook. Evidentemente, las redes sociales son parte del problema, pero solo parte. Son inmensas distribuidoras – que no creadoras, aunque sin duda cómplice necesario – de titulares en los que lo de menos es la verdad y lo de más los clicks, alimentadas por la limitada atención y el menor criterio que sus lectores ponemos en un contexto de inundación informativa.

Pero, en mi opinión, el meollo de la cuestión está en la deriva de los medios de comunicación – los tradicionales en su traumática reconversión y los nativos digitales –, quienes todavía no han encontrado su espacio, su formato y su viabilidad en el contexto digital.

La prensa ya no es un diseminador de noticias e información, dice Owen Jones en The Guardian. Es un sofisticado vehículo de adoctrinamiento político y lobbysmo, en defensa de los intereses de los grandes grupos económicos que los poseen, ya sean periódicos o cadenas de televisión. Es cierto, la buena información es cara. Pero la independencia es todavía más cara.

Finalmente, los propios gobiernos y los poderes políticos en general se unen a la bacanal de desinformación cada vez con más alegría. Mientras con una mano promueven políticas de transparencia, con la otra distorsionan la realidad – cuando no abiertamente mienten – en favor de sus intereses. Algunos lo hacen varias veces al día, casi cada vez que abren la boca o utilizan Twitter.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de febrero de 2017

El círculo se cierra regresando a Google y a Facebook, a los gigantes digitales que los medios de comunicación sitúan en el epicentro del fenómeno: la muerte de los medios tradicionales – la televisión es casi un objeto de museo entre los millennials, solo superado por el periódico de papel – en favor del capitalismo digital y de unos modelos de negocio que fomentan el sensacionalismo, el click por el click, la viralidad por encima de la veracidad.

You will find more statistics at Statista

Se encuentre donde se encuentre el problema, el hecho es que los medios en su conjunto moldean los términos del debate público y, en consecuencia, influyen decisivamente en los comportamientos de la sociedad. La situación no es trivial: hasta los procesos electorales en los países más desarrollados del mundo ven cuestionada su legitimidad.

No, la situación no es en absoluto trivial: está afectando a la salud democrática incluso allí donde se encuentra más consolidada.

En un nuevo artículo repasaremos qué se está haciendo o se plantea hacer para abordar este escenario de crisis de la verdad. Mientras, a modo de inmejorable epílogo, recomiendo una lectura interesantísima que retrata de maravilla la realidad de la información en nuestra década.

Juan Luis Cebrián es el Consejero Delegado del Grupo Prisa, uno de los principales grupos de comunicación en España, propietario del otrora prestigioso diario El País o de la Cadena Ser, principal emisora de radio española. En una reciente intervención pública, ha dicho Cebrián muchas verdades. Ha alertado del impacto de la posverdad en la democracia. Dice que en Internet, convertido en un basurero de opiniones, impera la falta de rigor y la credibilidad. Indica que estamos ante un cambio fundamental en la formación de la opinión pública, que enfrenta la cada vez más difícil tarea de distinguir lo auténtico de lo que no lo es.

Pero, aun reconociendo que la prensa escrita atraviesa por una crisis terminal, sin encontrar un modelo para sobrevivir, dispara a todo cuanto encuentra – desde la pasividad del Gobierno hasta los sistemas organizados para generar desinformación y chantajes – sin el menor atisbo de autocrítica.

Que así piense quien durante 40 años ha liderado el más importante diario de España, ejemplo palpable del deterioro de los medios antes mencionado (y envuelto en una reciente polémica en cuanto a su control en una situación económica muy complicada), es a mi juicio tremendamente sintomático.

Sí, la desinformación en las redes sociales es un problema muy serio. Y la independencia de los medios, otro más grave aún. Nos enfrentamos a una paradoja: la tecnología ha hecho la información instantánea, directa y ubicua… en perjuicio de la verdad.

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La fe ciega en el Big Data ¿debe terminar?

2017-09-03T15:12:00.000-03:00

Algorithms are opinions embedded in code. Los algoritmos son opiniones embebidas en código. Una de las muchas frases para la reflexión que deja Cathy O'Neal, la matemática y científica de datos canadiense, en su TED Talk titulada "The era of blind faith in big data must end". Una charla que invita a un análisis profundo sobre la creciente ubicuidad de los algoritmos en las situaciones más cotidianas, desde la concesión de un crédito hasta la selección de personal en cualquier empresa.

Una de las tesis que desarrolla O'Neil en su charla es que los algoritmos trasladan, consciente o inconscientemente, los prejuicios (biases) existentes en el entorno en el que se definen: desde la definición del objetivo o éxito que buscan hasta los incorporados en la data histórica de la que se nutren. Y que, por tanto, si no hacemos nada, las mujeres verán cómo nuevas barreras se interpondrán en su desarrollo profesional y las minorías raciales seguirán siendo injustamente tratadas en las ciudades estadounidenses. Estamos desarrollando, bajo una pátina de tecnología y matemáticas semimágicas, weapons of math destruction.

Es cierto, los algoritmos participan ya de las decisiones médicas en los casos más complejos. O en la determinación de si se le concede o no un seguro a una persona. Los afamados economistas del MIT Brynjolfsson y McAfee sitúan los algoritmos y el big data en el centro de la revolución que está por venir en su nuevo libro, Machine, Platform, Crowd. Mientras, Elon Musk y Mark Zuckerberg discuten sobre si es necesaria o no una regulación sobre la inteligencia artificial.

Cathy O'Neal es más práctica. Acuña términos alarmantes para sensibilizar: del lavado de dinero al lavado de datos (data laundering). Pero, al contrario que otros loquesea-escépticos, propone soluciones y ámbitos de trabajo para que algoritmos, big data e inteligencia artificial - evidente e inevitablemente elementos clave, en positivo, del futuro que nos viene por delante - se libren de prejuicios: auditoría algorítimica, integridad de la información, precisión y exactitud, efectos de largo plazo de su utilización.

Dos llamadas, dos mensajes cierran la charla. A los científicos de datos, O'Neal les pide que no pretendan ser los árbitros de la verdad. Al resto de la audiencia la conmina a exigir que los señores de los algoritmos rindan cuentas, sean transparentes, no se escondan detrás de cajas negras matemáticas.

Interesantísimo debate el que tenemos que afrontar. Yo, por si acaso, ya me he comprado la versión Kindle de "Weapons of Math Destruction".

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BioHIC, Hub de Salud de Concepción: la fuerza de la colaboración, la fuerza de la innovación

2017-06-24T12:24:00.001-04:00

La región del Biobío, ubicada en el centro-sur de Chile, es la segunda más poblada del país – tras la Metropolitana de Santiago – con alrededor de dos millones de habitantes, de los que aproximadamente la mitad viven en su capital, el Gran Concepción, también la segunda aglomeración urbana tras Santiago.

El área portuaria de Talcahuano alberga importante industria pesada – siderúrgica y astilleros –, mientras el resto de la actividad es esencialmente pesquera, agrícola y forestal. En términos de PIB per cápita, el Biobío se sitúa en la mitad inferior de las regiones chilenas.

En este contexto geográfico y económico, durante los últimos meses se ha venido gestando una alianza público-privada en torno a la innovación tecnológica llamada a jugar un papel muy importante en la transformación del modelo productivo del Biobío. Ahora, el resultado de este trabajo conjunto se ha hecho visible.

Ayer nació BioHIC (Biobío Health Innovation Center), el Hub Digital de Salud de Concepción. Un polo de innovación abierta que aglutina, en torno al Hospital Guillermo Grant Benavente (el hospital público más grande de Chile, con mil camas y un área de influencia de dos millones de personas), a las seis universidades públicas y privadas más importantes de la ciudad, al tejido emprendedor del Biobío y a everis. Su propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.

Con el apoyo del Ministerio de Economía de Chile a través de CORFO, BioHIC parte con el objetivo de apostar por la innovación en el sector de la salud e impulsar el ecosistema de emprendedores regional y nacional, una línea de acción más para el desarrollo productivo de industrias digitales inteligentes. Con dedicación exclusiva a desarrollos tecnológicos en el sector, se pretende que BioHIC se posicione como un polo de innovación en Salud referente para Chile y toda América Latina.

BioHIC nace con un propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.

El Hub de Salud de Concepción es el segundo nodo de la red de polos de innovación tecnológica que everis impulsa en toda Latinoamérica, tras el Hub Digital de Temuco, proyecto exitoso que ya genera 400 empleos calificados en la Araucanía y exporta el 70% de su producción, situando a Temuco como en el centro de la economía de servicios de alto valor que trata de impulsar el Gobierno de Chile.

Ambas iniciativas tienen un punto en común, decisivo además tanto en su concepción como en su posterior desarrollo: la cooperación entre el Gobierno, la Academia y la empresa privada. Sí, por sorprendente que parezca, la triple hélice puede girar cuando existen las voluntades.

Si en Temuco la Macrofacultad de Ingeniería que conforman las universidades de La Frontera, Talca y Bío-Bío es un socio fundamental del Hub Digital, en Concepción son hasta seis entidades las que aportan su capacidad investigadora y de generación de talento: la propia Universidad del Bío-Bío, la de Concepción, la del Desarrollo, la Federico Santa María, la San Sebastián y la Católica de Concepción.

Desde el lado del Gobierno, en ambas iniciativas CORFO y los gobiernos regionales se han volcado en aunar puntos de vista y sumar fuerzas para hacer los proyectos posibles. Y en Concepción, la dirección del Hospital y de los Servicios de Salud de la región han visto la inmensa oportunidad de transformarse en beneficio último de la ciudadanía.

Multinacionales tecnológicas, pequeños emprendedores cargados de ideas e ilusión, universidades públicas y privadas, Gobierno. Todos juntos, cuando hay un horizonte y un propósito común, pueden hacer grandes cosas. Pueden convertir oportunidades en realidades de desarrollo en un entorno abierto y cooperativo. Pueden, por qué no, transformar regiones completas. ¡Éxito para BioHIC!

Amazon, Whole Foods y el temor a las Frightful Five

2017-06-18T12:39:00.003-04:00

El pasado viernes, Amazon anunciaba la adquisición de Whole Foods por 13.400 millones de dólares. Whole Foods está lejos de ser una cadena de alimentación más: calificada como paraíso hipster, trabaja solo con alimentos orgánicos y su CEO, John Mackey, es uno de los impulsores del capitalismo consciente.

La primera reacción de los mercados no deja de ser interesante. Tras el anuncio, la acción de Amazon se disparó al alza y su valor bursátil se incrementó en 15.600 millones de dólares, lo que hace que virtualmente la operación le haya salido gratis.

Bezos: "Alexa, buy me something from Whole Foods"

Alexa: "Buying Whole Foods"

Bezos: Shit
— Jeff Lewis (@ChicagoPhotoSho) 16 de junio de 2017

En apenas un par de días se han escrito ríos de tinta sobre la adquisición. Quizás el más interesante es el de Neil Irwin en el New York Times, en el que habla del rumbo de colisión entre Amazon y Walmart: la una parte de lo virtual y camina hacia lo físico, la otra recorre el camino opuesto, tras la adquisición de compañías como Bonobos. Ambas pretenden vendernos cualquier cosa, en tiendas tradicionales o a través de la web. ¿Qué ocurrirá con la inevitable colisión?

El artículo habla de los mercados winner-takes-all (o, al menos, winner-takes-most) a los que nos lleva lo digital y de las cada vez más decisivas economías de escala. Según un informe del año pasado del Council of Economic Advisors de Barack Obama, en todas las industrias la cuota de mercado de los cincuenta mayores players se ha incrementado significativamente en los últimos quince años.

More and more businesses in the modern economy show positive returns to scale: The biggest companies have a huge advantage over smaller players. That tends to tilt markets toward a handful of players or even a monopoly, rather than an even playing field with countless competitors.

Las grandes compañías que optimicen el manejo de las cadenas logísticas podrán hacer valer esa ventaja de manera progresivamente más pronunciada, optando a vender cualquier cosa en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasará cuando, además, la mayor parte de la fabricación pueda ser realizada por robots en la ubicación más conveniente?

Interesante, pero, ¿qué tiene que ver esto con lo público? ¿no es otro movimiento del ámbito corporativo?

Bueno, de entrada, hay quien se pregunta ya si los gigantes tecnológicos son una amenaza política y económica. Si semejante concentración de capital e información no supone o puede suponer en el corto plazo que estas compañías “capturen la economía”. Y, ojo, que el precedente de la aplicación de las normas antimonopolio a Microsoft no está tan lejano. Pero, a día de hoy, ¿debería quedar a criterio de la justicia estadounidense cualquier medida de impacto evidentemente global? ¿debería realmente ponerse algún freno a las compañías que lideran la innovación tecnológica en el planeta?

Recientemente, otro artículo del NYT bautizaba como The Frightful Five a Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon. La ubicuidad de esta última empieza a ser impresionante.

We are, all of us, in inescapable thrall to one of the handful of American technology companies that now dominate much of the global economy.

Pero no se trata solamente de cuotas de mercado. El fenómeno va también de empleo. Es cierto que Amazon está creando una gran cantidad de empleo neto. Pero, al mismo tiempo, la progresiva robotización de almacenes y tiendas físicas marca el camino hacia un futuro no muy lejano en el que el 6% de la fuerza laboral estadounidense, empleada en el retail, verá peligrar su medio de vida (solo considerando a los cajeros, más de tres millones de personas afectadas).

Podemos verlo como el gran desacoplamiento, la extinción de la clase media o, en palabras de Richard Florida, el futuro de la service class. Pero lo que no podemos hacer es ignorarlo.

Sí, podría parecer que los movimientos corporativos de Amazon deberían despertar el interés de los que diseñan las políticas públicas. Antes de que sea demasiado tarde…

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Historias de la semana: desde Argentina hasta Irlanda, batallas y cambios inevitables

2017-06-09T20:15:00.000-04:00

Esta semana, el Gobierno de Argentina lanzaba un ultimátum al papel, tras haber incorporado en tiempo record a 23 ministerios y otras 50 agencias públicas a la gestión documental electrónica. Parece que la batalla contra la tiranía del papel, en Argentina, la están ganando los buenos.

Si la modernización administrativa está costando sangre, sudor y lágrimas, si tiene que vencer resistencias pasionales, entonces el rediseño radical de la acción de gobierno que traerá la progresiva implantación de las tecnologías cognitivas promete emociones intensas.

En especial por el fuerte impacto que, previsiblemente, generará en el empleo público. Cientos de miles de funcionarios del Estado en el Reino Unido o hasta 1.200 millones de horas de trabajo en Estados Unidos pueden verse afectadas por esta uberización del servicio público. Paradójico cuando, en estos tiempos de atonía macroeconómica, en países como Chile es la Administración la que tira de las estadísticas salariales y laborales.

Es posible que todavía tengamos que esperar un tiempo para que el escenario anterior empiece a manifestarse significativamente. Bastante más probable es que sea en esos espacios entre lo público y lo privado en los que veamos un progreso tecnológico acelerado: por ejemplo en los aeropuertos, sobre la base de tecnologías biométricas para la seguridad o el embarque. O en los procesos logístico-aduaneros, en los que blockchain tiene un futuro prometedor, y cuya modernización efectiva tiene una importancia clave en la economía latinoamericana.

La participación pública en los procesos de adopción tecnológica por parte del tejido productivo – además, claro está, de en los suyos propios – debe tener un efecto adicional, considerando que la innovación de punta en las tecnologías emergentes en buena medida no reside en las grandes multinacionales, sino en las startups. Si los gobiernos latinoamericanos, de una vez por todas, adoptaran prácticas de compra pública de innovación, el emprendimiento de base tecnológica recibiría un impulso indudablemente mucho mayor que con las actuales políticas de fomento. Sí, una de las claves para que la innovación privada crezca reside en la compra pública (no perdamos de vista que la compra de bienes y servicios por parte del Estado explica entre el 10% y el 15% del PIB).

Treinta y cuatro startups por cada 100.000 habitantes. 146 nuevas startups diarias. Dos de cada tres nuevos empleos en empresas tecnológicas. No es el área de la Bahía de San Francisco, no. Es un pequeño país de verdes campiñas que atrae la mayor inversión en blockchain de Europa. Pese a sus escasos cinco millones de habitantes, Irlanda es un gigante europeo de la tecnología. El tamaño no importa.

Mientras otros países centran sus esfuerzos en hacer bonitos eventos en los que parezca que hay un vibrante ecosistema de emprendedores tecnológicos, otros, como Irlanda, se dedican a crearlo de verdad.

Pero la realidad, lamentablemente, es otra en la mayoría de países. Mi abuela solía decir que “mucho ayuda el que no estorba”. Continuamente me acuerdo esa frase cuando leo noticia tras noticia sobre la patética actuación de unos gobiernos incapaces de entender que tratar de ponerle puertas al campo de la mano de los lobbies incumbentes y obsoletos no va a detener el progreso tecnológico; solo lo va a frenar en perjuicio de sus propios ciudadanos.

Un informe de la DG Grow indica que la economía colaborativa (yo prefiero llamarla economía P2P) suponía ya 4.000 millones de euros en la Unión Europea en 2015, duplicándose año a año. De mantener este ritmo, alcanzará un 6% del PIB europeo en 2020. Además, en países como Francia o Croacia, más del 10% de las personas han ofrecido servicios a través de plataformas como Uber o Airbnb. Más de una de cada diez.

Indica el Banco Mundial que, dado que las tecnologías siempre encuentran una manera de romper las barreras, las políticas diseñadas para facilitar la transición de los trabajadores desplazados hacia nuevos empleos y adaptar las instituciones del mercado laboral a las nuevas formas de trabajo son más efectivas para fomentar el desarrollo económico que las medidas regulatorias destinadas a prevenir cambios inevitables. O sea, lo de las puertas y el campo pero mucho mejor dicho.

Y hasta, quién sabe, puede que Uber se convierta en un aliado en la distribución de la carga impositiva que soportan unos y otros…

Someone traveling from a wealthy neighborhood to another tony spot might be asked to pay more than another person heading to a poorer part of town, even if demand, traffic and distance are the same

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Seis meses después... ultimátum argentino al papel

2017-06-05T22:33:00.000-04:00

Hace unos seis meses, bajo el título Acabando con la tiranía del papel, contaba cómo el Gobierno de Argentina, partiendo de la experiencia adquirida durante la etapa de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA), estaba iniciando una complicada batalla en búsqueda de la generalización del documento electrónico en la Administración Federal. Cerraba el artículo con la siguiente frase, no exenta de un mensaje crítico hacia aquellos empecinados en la reingeniería de procedimientos ad infinitum:

En fin, una experiencia merecedora de ser tomada como indiscutible referencia, por eficaz y por innovadora. Innovadora por ese foco en el documento, factor clave para terminar con la tiranía del papel. Y, de paso, con la tiranía del proceso.

Apenas medio año después, La Nación publicaba este fin de semana una nota con un titular elocuente: "Ultimátum a los organismos públicos que aún usan papel". El Ministerio de Modernización, al frente del proceso de despapelización, otorgaba un último plazo a un grupo de instituciones que todavía no se unen a los 23 ministerios y media centena de organismos descentralizados que ya emplean la gestión documental electrónica (GDE).

Y es que, pese a los rezagados, los números que acompañan al Plan de Modernización del Estado, poco más de un año después de su aprobación por decreto, son sobresalientes. Más de 1.500 expedientes incorporados a GDE, 12 millones de documentos digitales creados, por encima del millón de trámites gestionados, 85.000 funcionarios públicos usuarios del sistema, dos centenares de trámites disponibles en línea que han sido utilizados por 300.000 ciudadanos y empresas.

Otra particularidad muy relevante del proyecto de modernización argentino es la reutilización de soluciones. Además del GCABA y el Gobierno Federal, hasta siete provincias - algunas tan relevantes como Buenos Aires, Mendoza o Santa Fé - están en proceso de implantación del sistema de gestión documental electrónica, superando las tan lamentables como frecuentes barreras a la cooperación entre diferentes niveles del Estado.

Impulso político al máximo nivel, trabajo integrado entre los equipos legales y tecnológicos, y estrategia enfocada a un objetivo claro - la eliminación del papel, en detrimento en primera instancia de la optimización de procesos o de la puesta de servicios en línea - pero abordado integralmente, son las tres claves de un proceso modernizador sin parangón en Latinoamérica por su velocidad e impacto.

Citaba en el artículo anterior una frase acuñada por algunos de los integrantes del proyecto que lidera el Ministerio de Modernización, tan acertada como poética:

La reforma administrativa es una revolución paradigmática en cualquier gobierno y, como tal, siempre será pasionalmente resistida.

Bien, parece que la resistencia en la Administración Federal Argentina está siendo vencida. Aunque de vez en cuando sea necesario un ultimátum...

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La economía de servicios en el futuro inmediato de Latinoamérica

2017-05-28T18:24:00.000-04:00

El impacto de lo digital en la competitividad es tan importante que un retraso en su adopción puede ser fatal para empresas y economías enteras, en especial en los países en vías de desarrollo. La transformación digital acrecienta hasta el extremo las diferencias en productividad entre los más innovadores y todos los demás.

Por eso, las instituciones latinoamericanas se han puesto a trabajar. La Alianza del Pacífico, con el apoyo del BID, está elaborando su Agenda Digital, que deberá ser aprobada en la próxima Cumbre de Presidentes que se celebrará en Cali el 28 de junio. Por otra parte, la CEPAL y la CAF impulsan eLAC 2018, la Agenda Digital para Latinoamérica y el Caribe. Cabría preguntarse, por cierto, si existe la necesaria coordinación entre ambas iniciativas.

Las agencias de innovación de los países que componen la Alianza del Pacífico tampoco están de brazos cruzados. Apenas hace un par de meses, se puso en marcha la Red de Agencias de Innovación InnovaAP, con el propósito de dialogar, coordinar e implementar políticas concretas para apoyar a los emprendedores e innovadores de los cuatro países.

En este contexto de transformación digital, de economías abiertas con cada vez mayor sesgo hacia los servicios, de transformación de los modelos productivos de países todavía muy apalancados en los recursos naturales, de capital humano y de capital social, tuve la oportunidad de participar en el programa E-Chile de CNN y la Fundación País Digital.

Conducido por Pelayo Covarrubias, el diálogo contó con la participación del Subsecretario de Hacienda del Gobierno de Chile, Alejandro Micco. Durante casi media hora pudimos conversar sobre los desafíos que afronta Chile en la economía de servicios y repasar algunos de los proyectos de cooperación público-privada que everis está desarrollando en diversas regiones del país.

Un placer poder formar parte de esta imprescindible discusión, que se puede contemplar íntegra en el siguiente vídeo.

A los alcaldes sí les importa la tecnología (pero aún no lo saben)

2017-05-26T18:45:00.002-04:00

A los alcaldes estadounidenses les importa muy poco la tecnología. Y, además, cada vez les importa menos. El informe State of the Cities 2017 que elabora la NLC (entidad que agrupa a más de 1.600 ciudades norteamericanas) lo deja muy claro: la tecnología y los datos son la menor de las preocupaciones de los alcaldes y, además, desciende sostenidamente en el escalafón por tercer año consecutivo.

Si buscáramos trasladar este mismo análisis a Latinoamérica, con necesidades básicas todavía lejos de ser cubiertas en buena parte de los casos, nos encontraríamos muy seguramente con la misma cruda realidad: a los dirigentes políticos no les importa la tecnología.

¿Seguro que no les importa?

Volvamos a echarle un vistazo al gráfico anterior. La principal preocupación de los mayors es el desarrollo económico. Y, si entramos a revisar el informe, vemos que dentro de este apartado aparecen en las dos primeras posiciones la creación de puestos de trabajo y la atracción de negocios.

Entonces, si no lo he entendido mal, en el mundo de la economía digital, en el nuevo escenario laboral que perfila la segunda era de las máquinas, la preocupación es enorme por los empleos, la actividad empresarial y el crecimiento económico. Pero la tecnología solo asoma allá por el vagón de cola. No está mal.

Esta desconexión entre el poder político y la nueva realidad económica cotidiana que esculpe el desarrollo tecnológico tiene su ejemplo paradigmático en la guerra del taxi: el empecinamiento en mantener un monopolio conceptualmente obsoleto por obra de la tecnología, a cambio de no enfrentarse al ruidoso lobby que lo respalda, no impide el lento declinar de un tipo de negocio en extinción en menoscabo de la calidad de servicio que reciben los ciudadanos. Lo decía ya muy bien Roger Senserrich hace cinco años:

El patrón esencial de muchas reformas que deberíamos ver es, en esencia, muy parecido a una hipotética reforma del sector del taxi. Un grupo de interés atrincherado con ingresos protegidos que vive protegido de la competencia gracias a mala legislación.

Si en lo casi anecdótico observamos este inmenso desajuste entre la visión del siglo XX y la realidad del XXI, no cabe extrañarse de que – en lo verdaderamente estructural y esencial – ya haya quien habla de la nueva crisis urbana: el actual modelo de ciudades en el mundo desarrollado es una fuente de tensión cada vez más relevante de desigualdad social e, incluso, de pérdida de competitividad de las naciones.

Pero el desarrollo económico es solo una de las diez mayores preocupaciones de los alcaldes estadounidenses. La seguridad ciudadana, la educación, la infraestructura para el transporte, la energía y la salud – ámbitos todos ellos que no pueden concebirse a estas alturas sin una base eminentemente tecnológica – también desvelan sus noches, mientras vehículos autónomos y robots repartidores empiezan a formar parte del paisaje urbano.

No, no es que a los dirigentes públicos no les importe la tecnología. El verdadero problema es que no saben que les importa, que les tiene que importar. Por el bien de todos, más vale que se vayan dando cuenta rápido…

[Acreditación de la imagen de cabecera]

Una necesaria Agenda Digital para la Alianza del Pacífico

2017-05-18T20:06:00.000-04:00

La cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico celebrada en Puerto Varas (Chile) el pasado mes de julio arrojaba una excelente noticia: se establecía el mandato presidencial de elaborar e implementar una Agenda Digital de la Alianza del Pacífico.

Fruto de ese mandato, acaba de celebrarse en Santiago el Primer Diálogo Público-Privado de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico. Dos días de intenso trabajo, intercambio de opiniones y, sobre todo, conversación constructiva en los que he tenido el privilegio de participar.

Los desafíos que tienen que afrontar los cuatro países son inmensos, a la altura de la oportunidad que supone un espacio de integración económica, social y de innovación de 220 millones de habitantes y un PIB de casi dos billones de dólares con una fuerte base cultural común.

Cuatro son los ejes programáticos en torno a los que se estructura la elaboración de la Agenda Digital:

La economía digital, entendida como una componente transversal indivisible de la economía global.
El ecosistema digital, elemento habilitante de la economía digital, con un marcado peso de la normatividad común.
El gobierno digital, llamado a permitir que las administraciones respondan adecuadamente y se anticipen a las necesidades de los ciudadanos.
Y la conectividad digital, sobre la que se sustenta todo lo anterior.

Los temas de debate fueron numerosísimos, enriquecidos por las diferentes perspectivas en juego cuando a la mesa están sentados los gobiernos, las entidades multilaterales, las asociaciones gremiales, las empresas de servicios tecnológicos, los grandes gigantes de Internet o algunos de los protagonistas de la economía P2P, como Uber o Airbnb.

Así, el mercado digital de la Alianza, el apoyo a la innovación y el emprendimiento digitales, la ciberseguridad, las grandes infraestructuras de telecomunicación, el capital humano, la neutralidad de la red, los servicios al ciudadano, los datos abiertos... todos los tópicos obligados cuando se discute sobre esta materia estuvieron presentes en el diálogo.

Más allá de los contenidos específicos de los que se dote a la Agenda y de la priorización que se otorgue a las diferentes políticas diseñadas, existen desafíos que, a mi juicio, son decisivos en el buen transcurrir de la misma.

Empezando por su diseño estratégico, que debe ser puesto al servicio del objetivo principal de la Alianza:

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes

Es imprescindible evitar la creación de una agenda que sea la suma de agendas nacionales y que tampoco puede ser la suma de agendas temáticas en torno a los ejes programáticos definidos, ambos errores muy presentes en las políticas nacionales. La transversalidad y los esfuerzos compartidos deben tener una presencia marcada en la Agenda Digital.

Precisamente la transversalidad es otra de las claves. Transversalidad nacional y temática, como ya se ha indicado. Transversalidad público-privada, tanto en el diseño y ejecución de las políticas como en la consideración del impacto de las medidas: las fronteras entre lo público y lo privado, en el ámbito digital, son cada vez más difusas. Transversalidad temporal, en el sentido de que sean políticas de Estado, permanentes, no sujetas a los vaivenes de los gobiernos de turno.

En tercer lugar, la imprescindible armonización de normativas, políticas y estándares. Desde esquemas tributarios y medios de pago hasta regulación de servicios digitales y de creación de empresas; desde bandas de espectro y tratamiento de la privacidad, hasta espacios de cualificaciones profesionales y compras públicas de servicios.

Y, last but not least, la gobernanza de la Agenda Digital, la definición de los instrumentos multilaterales - financieros, regulatorios, institucionales - que marcarán la diferencia entre otro bonito documento y una política que pueda transformar la realidad social y económica de la Alianza del Pacífico. Un modelo de gobernanza, por cierto, en el que la presencia privada se me antoja esencial. Sin duda, un reto no menor a la vista de los cócteles institucionales asociados al desarrollo digital en alguno de los países miembros.

En fin, un apasionante desafío por delante. Un desafío que, de afrontarse con éxito, marcará una senda de transformación imparable en Chile, Perú, Colombia y México. De momento...