Homero y el Derecho

Org. Internacionales

2013-04-26T19:00:00.002-03:00

Tridimensional

2013-04-26T18:29:00.000-03:00

Responsabilidad Internacional

2013-04-26T18:18:00.002-03:00

Derecho Internacional Publico 1

2013-04-26T17:58:00.002-03:00

CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS.

2013-04-11T14:14:00.001-03:00

Desarrollo y análisis.
Clasificación de los tratados.

A) Bilaterales: celebrado entre 2 sujetos de DI
   Multilaterales: entre más de 2 sujetos.
B) Abiertos: permite la incorporación de Estados que no participaron en la negociación del tratado.
   Cerrados: no permiten que se incorporen Estados que no participaron en la negociación.
C) Tratado ley: crean normas generales susceptibles de ser aplicadas a un número indefinido de situaciones jurídicas.
   Tratado contrato: crea normas jurídicas particulares, referentes sólo a una situación jurídica determinada, que supone generalmente prestaciones distintas entre las partes y a menudo se pueden ejecutar de una sola vez.
D) Operativo: puede aplicarse en forma directa debido a que sus normas no necesitan de reglamentación. Para operar en el derecho interno solo hace falta una ley de incorporación.
Programático: no puede aplicarse en forma directa. Necesita de una ley que los reglamente. (Incorporación + reglamentac)
E) Con procedimiento en debida forma: tratados en los que se sigue un proceso formal que lleva a un acto ulterior a la adopción del texto, en que se manifestará el consentimiento.
Procedimiento simplificado: la adopción del texto y su autenticación, mediante la firma comporta en ese mismo momento el consentimiento para el negocio jurídico sea fuente de obligaciones y derechos para las partes.

Estructura de la convención.
1- Introducción.
2- Definición de los términos empleados.
3- Cuerpo principal normativo: conclusión del tratado, etapas.
4- Normas necesarias para la entrada en vigor del tratado y su modificación. Interpretación y solución de controversias.

Principios consagrados.
•    Autonomía de la voluntad.
•    Igualdad jurídica de los Estados.
•    Buena Fe.
•    Carta de ONU.

Ámbito de validez.
•    Personal: entre Estados y por escrito.
•    Temporal: desde la entrada en vigor con relación a ese Estado.
•    Territorial: sobre la totalidad de su territorio y espacios sometidos a su jurisdicción.

Definición.
Tratado: “Acuerdo de voluntad internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional (art.2).

Conclusión de los tratados. Etapas.
1- Celebración del tratado.      a) negociación
                                 b) adopción texto
                                 c) autenticación texto
2- Manifestac. Consentimiento.   a) ratificación
                                 b) firma
                                 c) canje instrumentos
                                 d) adhesión
3- Reservas.
4- Entrada en vigor.

Plenos poderes: documento emanado de la autoridad competente del Estado, por el que se asigna a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del estado para obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Funcionarios que no necesitan plenos poderes.

Reserva: “Declaración unilateral hecha por un Estado al obligarse por un tratado, -al momento de manifestar su consentimiento- con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.

Estado negociador: interviene en la negociación y adopción del texto.

Estado contratante: el negociador o no que manifiesta su consentimiento de obligarse por el tratado, aunque el tratado no haya entrado en vigor.

Estado parte: contratante cuando el tratado entro en vigor.

Tercer Estado: ajeno al tratado.

1- Celebración del tratado.
a) Negociación. Etapa de elaboración del tratado, llegar a un acercamiento para celebrarlo.
b) Adopción del texto. Etapa de redacción del tratado.
c) Autenticación del texto. Los representantes dan fe que el texto que tienen a la vista es el que elaboraron: firma, rúbrica u otro mecanismo acordado.
2- Manifestación del consentimiento.
•    Ratificación: instrumento de ratificación, canje o depósito.
•    Firma.
•    Canje de instrumentos: oferta y aceptación (notas reverales).
•    Adhesión: un tercer estado hasta entonces, manifiesta su voluntad de ser parte.
4- Entrada en vigor.
•    Entra en vigor de la manera y en la fecha que se disponga en el tratado o que hayan acordado los Estados negociadores.
•    A falta de disposición o acuerdo, tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.
•    Comienza a aplicarse el tratado.
•    Se torna obligatorio, es decir jurídicamente exigible su cumplimiento y acarrea responsabilidad internacional su violación.

Enmienda y modificación.
Enmienda: cambio en su texto con respecto a todas las partes del tratado.
Modificación: algunos de los Estados parte acuerdan cambiar alguna disposición del tratado sólo con relación a ellos, en sus relaciones mutuas.

Régimen de las nulidades de los tratados.
1.    Tratado válido
2.    Representante con capacidad.
3.    Consentimiento libre y conscientemente otorgado.
4.    Objeto lícito.

Causales de nulidad.
1-Incapacidad del representante
Violación de una norma constitucional relativa a la capacidad para celebrar tratados (art. 46). NULIDAD RELATIVA.
Restricción de poderes (art. 47). NULIDAD RELATIVA.
2-Falta de consentimiento.
a)Dolo (ART. 49). Nulidad relativa.
b)Corrupción en el representante (art.50) Nulidad relativa.
c)Error (art. 48) Nulidad relativa.
d)Coacción sobre el Estado (art. 51), Nulidad absoluta.
e)Coacción sobre el representante. (art.52) Nulidad absoluta.

3- objeto ilícito.
a)jus cogens emergente (art. 53) Nulidad absoluta.
b)jus cogens existente (art. 71 Nulidad absoluta.

Nulidad.
a)Es nulo el tratado cuya nulidad queda determinada en virtud de la presente C.
b)Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica (69 inc.1).
c)Nulo ab initio: tratar retrotraer la situación a la existente antes de la celebración.
d)Actos realizados antes alegar nulidad, no resultarán ilícitos, volver al statu quo ante.

Nulidad absoluta- consecuencias.
a)Carecen de fuerza jurídica ab initio.
b)No pueden confirmarse.
c)No puede dividirse, cae todo.
d)Restablecer el status quo anterior.
e)Actos realizados de buena fé no se consideran ilícitos.
f)Dolo, corrupción y coacción no puede exigir el status quo ante.
g)jus cogens obliga eliminar las consecuencias de todo acto ejecutado y ajustar su conducta y relaciones a la norma de jus cogens.

Nulidad relativa- consecuencias
a)El tratado puede confirmarse o convalidarse por acuerdo de partes o por comportamiento consecuente.
b)Puede afectar sólo a una parte o cláusula del tratado.
c)Vicio de la voluntad, el tratado carece de fuerza jurídica entre el estado afectado por el vicio y las otras partes, pero no entre ellas.

Terminación.
1.Deja de estar en vigor, ser jurídicamente obligatorio.
2.Por voluntad de las partes:
    a)Fecha o momento señalado en el texto.
    b)Todos los Estados lo acuerdan.
3.Por aplicación de normas de DI:
    a)Violación grave si es bilateral.
    b)Cambio fundamental en las condiciones.
    c)Cumplimiento se torna imposible.
    d)Aparición de una norma de jus cogens.

Suspensión.
Es de orden temporal.
El tratado deja de producir efectos, pero permanece en vigor.

Los tratados y los terceros Estados.

Principio General: los tratados solo crean obligaciones y derechos para las partes.
1- Derechos para terceros:
    a)Existencia de una disposición del tratado.
    b)Que el tercer Estado acepte el derecho.
2- Obligaciones para terceros:
    a)Existencia de una disposición del tratado.
    b)Acepte expresamente y por escrito.

Interpretación.
    a)De buena fe conforme al sentido corriente de los términos en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin.
    b)Contexto: además del texto, su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiera al tratado, entre todas las partes y todo instrumento de alguna/s parte/s con motivo de la celebración del tratado.
    c)Todo acuerdo o práctica ulterior o toda norma de DI aplicable en las relaciones de las partes.

Bibliografía.
Podestá Costa, Luis y Ruda, José. Derecho internacional Público, t.2. Edit. Tea, Buenos Aires, 1985.Gutierrez Posse, Hortensia. Guía para el conocimiento de los elementos de DIP. Edit. La Ley, Buenos Aires, 2006.Derecho de la Comunidad Internacional. T.1. Edit. Depalma, Buenos Aires, 1974.

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

TP. Internacional Publico 2013

2013-03-15T13:40:00.002-03:00

Estado de necesidad (diferentes autores) - Civil II - Obligaciones

2012-09-13T12:45:00.001-03:00

Jorge Mosset Iturraspe

Responsabilidad Civil

Capitulo IV

Pag, 77 a 81

El estado de necesidad, denominado a veces, “de emergencia” o “de peligro” existe respecto a los particulares y también respecto del estado cuando:

1- Se encuentra la eventual victima ante la inminencia de sufrir un mal grave, un menoscabo importante en si persona o en sus bienes o respecto del estado

2- Además de ello, el daño que se cierne o amenaza aparece como extraño o ajeno a quienes serían sus víctimas; el evento se muestra como accidental o fortuito.

3- No se encuentran medios para su evitación.

4- Finalmente, el necesitado, o sea quien padece la situación, no tiene por su oficio o cargo, el deber de sufrir el daño.

En estas circunstancias, tan especiales, como puede deducirse fácilmente, el amenazado actúa, para evitar el mal propio, o bien de un tercero para evitar el mal ajeno.

En primer lugar, el presupuesto factico. El status nacessitatis, que justifica la conducta. Debe ser una situación en la cual se cae o a la que se llega, sin culpabilidad; no imputable al necesitado, extraña a él, fortuita, inevitable, urgente y grave

¿No será necesario examinar cómo fue que se llegó a la insolvencia, indigencia o estado menesteroso, tanto del deudor incumplidor como del que pretende satisfacer sus necesidades a costa de un tercero obligado a alimentarlo?.

Esto nos llevaría, en grandes trazos, a distinguir del vago del desocupado.

Se debe profundizar acerca de la denominada Facultad Eligendi; el necesitado actúa voluntariamente, con libertad, en la elección del bien salvaguardado.

Si caemos en la cuenta acerca de la existencia de estructuras injustas que llevan a situaciones injustas, de dependencia, opresión, miseria, etcétera, no pueden extrañarnos algunos comportamientos denominados “necesitados” la razón de su justificación.

Si el perjuicio se causa a un tercero en beneficio de la comunidad, es razonable y justo que el beneficiario o el estado respondan ante el tercero perjudicado, la licitud no obsta al resarcimiento, que el juez determina en atención a las circunstancias del caso, muy especiales, claro está.

Jorge joaquin llambias

Tratado de derecho civil

Parte general

Vicios de los actos voluntarios

Pag. 445 a 448

Después de haber estudiado los actos humanos que constituyen el vicio de la violencia, corresponde examinar ahora lo que se podría denominarse la violencia objetiva, es decir, la coacción resultante de los acontecimientos exteriores.

Se trata de saber si cuando el agente ha obrado bajo la coerción de necesidades apremiantes, cuya satisfacción es impostergable, resulta admisible la invocación de esos factores extraños al sujeto, como determinantes de un vicio de la voluntad para invalidar el acto obrado.

El punto ha sido examinado por lo general en orden de la responsabilidad del agente, a cuyo respecto se ha sostenido que el acto necesario, no es ilícito y por lo tanto no compromete la responsabilidad de su autor, el cual solo estaría obligado a reparar el daño derivado del hecho necesario, en la medida que su enriquecimiento.

Se ha observado que esa solución no sería viable sino cuando el sacrificio del bien ajeno produjese la conservación del bien propio salvado. De ahí que se aconseje la distribución del daño por la vía legal entre el causante material del mismo y aquel en cuyo interés el daño hubiera sido cometido.

No interesa considerar al estado de necesidad como supuesto de irresponsabilidad del agente sino como posible vicio de la voluntad para anular el acto jurídico.

Postura tradicional: si no mediaban acciones imputables a alguien, dirigidas a provocar la coacción moral de la persona cuyo consentimiento se deseaba arrancar, no había vicio de violencia.

Esta solución como dice De Gasperi denotaba “una concepción estrecha de la violencia, limitada al dominio de los vicios del consentimiento, cuando se la ejerce por una voluntad humana con el designio de arrancar el consentimiento.

La situación varía en el año 1887 a raíz de un fallo dictado por la corte de casación francesa. Se trataba de un contrato de salvamento de un buque en riesgo de naufragio por un precio muy elevado, en el que la corte decidió que “cuando el consentimiento no es libre, cuando presta bajo el imperio del temor inspirado por un mal considerable y presente, el contrato celebrado queda viciado y es anulable.

Esta solución ha sido aprobada por todos los autores. Según ella la violencia objetiva constituye vicio de la voluntad, cuando se ha abusado del peligro exterior en que se encuentra la víctima, para obtener de ella un lucro desmesurado.

Josserand va aún más lejos, el autor enseña que así como el error es causa de nulidad de los contratos, cualquiera sea su origen, de igual modo, tratándose de violencia, no hay que distinguir la intencional de la que provienen de un estado de necesidad, ya que ella debe ser estimada por el temor que inspira o sea por un vicio en el consentimiento de la víctima.

Por nuestra parte entendemos la opinión de jossenrand ya que era aplicable a nuestro derecho, aun antes de la ley 17.711, según el artículo 900.

Consiguientemente si las circunstancias exteriores han resultado en extremo duro y apremiante, (hambre, peligro inminente de muerte, etc.) es dable ver en ellas un factor que ha afectado sustancialmente la libertad del agente.

En suma, entendemos que en el régimen del código de velez era dable invocar la falta de suficiente libertad causada por los acontecimientos externos, como vicio de la voluntad si se reunían requisitos:

1- Temor fundado

2- De sufrir un mal grave e inminente, ya en persona o en los bienes.

3- Daño importante causado al agente por el acto cuya nulidad se pide.

La ley 17.711, los actos obrados en el estado de necesidad son inválidos siempre que el autor del acto en esa situación hubiese experimentado un daño importante a causa de la explotación de su estado por el otro contratante.

________________________________________________________________________________

Comprendió de derecho de las obligaciones

Pedro N. Cazeau – Felix trigo Represas.

Pag. 455 a 457

Estado de necesidad se define por la existencia de una situación fáctica de peligro grave e inminente, que amenaza a una persona o a sus bienes, que solo puede ser conjurada para salvaguardar los mismo, ocasionando un daño a otros, a un tercero.

D, justicia personal o autoayuda: próximo a la legitima defensa, aunque no identificable con esta, se encuentra el instituto que en algunas legislaciones modernas recibe el nombre de autoayuda, el cual no es sino la expresión jurídicamente controlada, del “hacer justicia por mano propia!”.

En estos casos, el acto realizado aparece legitimado y es licito, aunque produzca un daño a tercero o desconozca un derecho expresamente establecido, dado que el fundamento radica también en la imposibilidad en que se encuentra el interesado de requerir y esperar la intervención del estado.

En contra ha sostenido Llamabias, que la figura no funciona en el ámbito de la responsabilidad civil, pues queda absorbida o por la legítima defensa, o bien por el estado de necesidad.

Requisitos para que se la legitime la justicia personal son:

1- Que mediante ella se intente proteger una prestación reconocida por el derecho, un interés jurídicamente protegido.

2- Que exista peligro de que sin el empleo de ese medio, dicha pretensión o interés jurídicamente protegido se frustre, o se dificulte en buena medida su efectivización

3- Por las circunstancias del caso no pueda requerirse u obtenerse en tiempo útil el auxilio de la autoridad pública.

En nuestro país, si bien la legislación vigente no prevé esta figura, en cambio la misma fue contemplada en el anteproyecto de Bibiloni – bajo la inspiración de lo establecido por los artículos 229 y 230 del código civil alemán.

De acuerdo al artículo 1071, primera parte, del código civil “el ejercicio regular de un derecho propio, o el incumplimiento legal no puede constituir como ilícito ningún acto (redacción según la reforma de la ley 17.711/68). En esto supuestos en consecuencia también queda excluida la responsabilidad civil del acto dañoso, por no ser ilícito el mismo.

T.P. BOLILLA V - Civil II - Obligaciones

2012-09-13T12:44:00.000-03:00

1.- Concepto de incumplimiento absoluto y defectuoso.

Incumplimiento absoluto: cuando el deudor no cumple o hace lo contrario a lo permitido. Incumplimiento relativo, cuando el cumplimiento tiene defectos de modo, tiempo o lugar.

2.- Enumere los tipos de plazo que requieren interpelación.

Actualmente solo se requiere en el plazo tácito. Art. 509. En las obligaciones a plazo expreso, la mora es automática. En las obligaciones con plazo tácito (resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación. En las obligaciones sin plazo, el juez a pedido de parte lo fijara en procedimiento sumario.

3.- Además de la mora; que otros efectos produce la interpelación? Fundamente.

La función de la interpelación es la constituir prueba.

4.- ¿Qué principio domina la forma de la interpelación? Fundamente.

La interpelación es el estreñimiento que hace el acreedor para hacer cumplir al deudor.

5.- ¿Cómo se perfecciona el requerimiento judicial?

Principalmente que deje prueba de la interpelación y no tiene que dejar duda de que se exige el pago, también se tiene que estipular un plazo o tiempo.

6.- ¿Cuándo debe interpelarse al deudor en las obligaciones de no hacer? ¿Por qué?

Ante el incumplimiento se resuelve a favor del acreedor, pues el deudor a no abstenerse de la acción entra en mora automática con el acreedor. Art 1203

7.- Una vez constituido en mora, el deudor, igualmente podría consignar el pago? ¿Cuándo? ¿Por qué? Fundamente.

Si, el deudor constituido en mora tiene el derecho de liberarse pagando, para liberarse de las acciones del acreedor y repeler las acciones de este. Art 505

8.- En caso de incumplimiento doloso del deudor, cuando puede ser dispensado? Fundamente.

Art. 513 el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimientos de la obligación, cuando estos resultaren de caso de fuerza mayor.

Ej., el deudor deber entregar una cosecha de trigo a su acreedor, pero por causas climáticas las cosecha se pierde.

9.- En que momento puede pactarse la cláusula de irresponsabilidad por parte del deudor, en caso de incumplimiento por culpa de éste?.

Que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o este hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquel constituido en mora.

10.- ¿Cuáles son las características del hecho fortuito o fuerza mayor?

Art. 514 Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que provisto, no ha podido evitarse.

11.- ¿Cuál es la diferencia entre caso fortuito y la teoría de la imprevisión?

El caso fortuito trae consigo una imposibilidad absoluta de ejecutar las obligaciones; mientras que en la imprevisión hay sólo imposibilidad relativa, pues el deudor puede cumplir su obligación pero hace un sacrificio económico desconsiderado. La imprevisión no lleva forzosamente a la extinción de la obligación.

Apunte IV - Derecho Constitucional -

2012-09-06T10:07:00.003-03:00

Derecho a la identidad

Son intereses que antes no eran advertidos, las primeras declaraciones de derecho.

¿ De qué hablamos cuando hablamos de identidad?.

Conjuntos de valores que hacen a la persona, pueden ser estáticos (permanecen inalterables) o dinámicos (van cambiando en su vida). Uno es un contexto social, hay muchas identidades. Las identidades nos igual pero nos diferencian, Somos diferentes por ser diferentes. Es un derecho implícito desde la constitución de 1853 y a su vez integran el Art. 19 C.N.

Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

EL proyecto de vida es personal, lo encontramos en el Art. 33.

Art. 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

>>Cuando hablamos de identidad indígena hablamos de identidad como pueblo.<<

Identidad personal es un conjunto de elementos que hacen a la persona igual s si mismo y diferente a otras.

ESTATICOS DINAMICOS (cambian durante la vida)

Nombre Genero (Sico- social)

Genero (biológico) Creencias (religiosas, políticas)

Nacionalidad Personalidad (actitudes)

Carac. Físicas Profesión

Huellas dig, Valores culturales

<< Cuando se vulnera la identidad, se vulnera uno o todos.>>

Durante la dictadura de facto 1976/1983 fueron violados los derechos de identidad de personas que fueron sacados y muchos de ellos (niños) cambiada su identidad.

¿Cómo asociarlo con los textos Normativos? (Art. 33, 19 y 75)

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Estos tienen el mismo valor normativo, pues la constitución los iguala

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

C.A.D.H Artículo 17. Protección a la Familia

Artículo 18. Derecho al Nombre

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

C.D.N Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Muchas veces cuando los derechos no están expresados en la constitución, se recurre a los fallos o como se expresan organismos superiores.

En el año 2008 la corte argentina en el caso de un chico que había sido apropiado y anotado como hijo biológico, esta no recurrió a la extracción compulsiva (ADN) pero si acepto la recolección (cabellos, otros). Era justo que el estado quien en principio violo sus derechos, no fuera o tendría que ser el mismo que lo vuelva a vulnerar.

Identidad de genero

La ley de identidad de género plantea el problema de porque el estado tiene que decir quien soy?.

Esto trae un gran problema para personas TRANS que no tienen acceso a salud, educación, etc.

Ley 26.743 de identidad de género. Establécese el derecho a la identidad de género de las personas. Sancionada: Mayo 9 de 2012 Promulgada: Mayo 23 de 2012.

ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

La ley se puede dividir en 3 partes.

Prevee el cambio registral de sexo.

Prevee el cambio registral sin el cambio de sexo

Prevee los tratamientos hormonales y quirúrgicos sin autorización judicial.

Tambien prevee la ley como proceder cuando la persona es menor de edad.

Requisitos:

1- Acreditar edad 18 años.

2- Solicitar en el registro, amparo en la ley.

3- Nuevo nombre

4- No es necesario acreditación quirurigica.

Esto evita los exámenes sicológicos compulsivos a someter a la persona.

>>>>>>>Es un derecho que se ejerce una sola vez<<<<<<

Critica: la ley sale de la lógica dual hombre-mujer, un sector no se identifica con esto.

T.P. BOLILLA IV - Civil II - (Obligaciones)

2012-09-05T13:03:00.002-03:00

1.- Concepto del efecto de las obligaciones y efecto de los contratos.

Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que derivan de la obligación, poner al deudor en la necesidad de cumplir, en cambio los efectos de los contratos son crear, modificar o extinguir obligaciones.

2.- Cuando la obligación es oponible al tercero?

Si en la obligación tuviera fecha cierta.

3.- Teniendo en cuenta el artículo 503, ¿Por qué el art. 504 faculta a un tercero a exigir el cumplimiento de la obligación?

Porque lo pone en calidad de acreedor.

4.- Enumere los derechos del deudor.

Derecho a exigir la colaboración del acreedor

Derecho a pagar y quedar liberado luego del pago

Derecho a repeler las acciones del acreedor

5.- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el objeto en las obligaciones de dar, en el caso del cumplimiento forzado?

Que la cosa exista, este en el patrimonio del deudor y este debe tener la posesión de la misma.

6.- en las obligaciones de hacer ¿cuál es el límite que admite la ley? Fundamente.

El cumplimiento forzado, hasta no ejercer violencia sobre la persona del deudor. Art. 629

7.- En el cumplimiento de la obligación por otro, cuál es el campo propio de ésta facultad del acreedor en las obligaciones de dar?

De dar cosas incierteas, fungibles o no fungibles, sumas de dinero

8.- Y en las obligaciones de hacer?

Hay que distinguir si esa obligación puede o no ser cumplida por un tercero, si no puede ser cumplida (un pintor de cuadros), la obligación se transforma en un daño.

9.- ¿Por qué es necesaria la autorización judicial en la ejecución por otro de la obligación?

Por qué haria justicia por mano propia.

10.- ¿Siempre es necesaria la autorización judicial? ¿Por qué?

No, en casos de urgencia.

11.- ¿Con que se vincula la ejecución forzada colectiva?

Con la quiebra. Una impotencia del deudor de hacerse cargo de sus deudas.

12.- Dictada la sentencia de concurso ó quiebra ¿Qué sucede con el curso de los intereses? ¿Existe alguna excepción? En caso afirmativo, enumere.

Se suspende el curso de todos los intereses Produce el vencimiento de todos los plazos. Las excepciones son en caso de interés garantizado por hipoteca o prenda

13.- Enumere en qué casos puede aplicarse la astreinte.

En los casos que se busca vencer la resistencia del deudor al cumplimiento de la sentencia.

14.- ¿Cuál es el punto de partida de la astreinte?

Ejecutoria y notificados.

15.- ¿Cuándo cesan las astreintes?

Extincion de la obligacion principal. Art.525

16.- ¿Qué son las acciones directas?

Las acciones directas es cuando se va contra el deudor del deudor de la obligación

17.- ¿Cuál es el fundamento de la acción directa? Fundamente.

Es una acción excepcional, el fundamento es el de enriquecimiento sin causa. Art. 1645 y voluntad de las partes Art. 504

18.- Enumere las condiciones que deben darse para el ejercicio de la acción directa.

Para ejercer la acción directa es que esa crédito sea expedito y exigible, las acciones con plazos pendientes, también tiene que estar subsistente, creditos homogeneos, no embargados.

T.P. BOLILLA II - Civil II - (OBLIGACIONES)

2012-09-05T13:02:00.001-03:00

1.- Enumere los elementos de la obligación.

El conjunto de factores que hacen a la conformación de la obligación. Se los puede dividir en diferentes clases

a) elementos esenciales

a.1) elementos intrínsecos

a.1.1) sujeto (acreedor y deudor)

a.1.2) objeto (la prestación)

a.2) contenido

a.2.1) vinculo

a.3) extrínseco

a.3.1) causa fuente.

b) no esencial, causa final.

2.- ¿Qué son los sujetos de la obligación?

Son las personas entre las cuales se establece la relación jurídica, serán activos (acreedor) o pasivo (deudor) según la posición jurídica. El acreedor exige la prestación debida, en cambio el deudor (pasivo) es la persona que pesa el deber de prestación.

Existen situaciones jurídicas que pueden generar entre las dos partes de la relación, como el caso de la compra venta, un vínculo mixto.

3.- ¿Qué tipo de capacidad se requiere siempre para que la obligación sea válida? ¿Cuál es la consecuencia de su ausencia?

Tanto la calidad de acreedor como deudor, puede ser investida en principio, por todo sujeto de derecho, tanto personas físicas como jurídicas. Para que la obligación sea los sujetos tengan capacidad de derecho. En cuanto a la capacidad de hecho, no es en verdad necesaria, faltando la capacidad de obrar al sujeto, puede ser realizado por intermedio de sus representantes legales.

4.- ¿En qué consisten las obligaciones ambulatorias ó propter rem? ¿Se encuentran legisladas? Fundamente.

En cuanto gravan indeterminadamente al poseedor de una cosa (art. 2416, código civil) siendo variable la titularidad de esa relación jurídica real, resulta también que cambia también la calidad de sujeto de la obligación a medida que la cosa se transmite a distintas personas. Por lo tanto quedan determinados como sujetos de la obligación, quienes en cada momento tengan la posesión de la cosa.

5.- ¿En qué consiste el objeto de una obligación? Fundamente.

El objeto de la obligación, es la prestación. La prestación es la conducta (acción u omisión) debida por el deudor, esa conducta, puede consistir en dar, hacer, o no hacer. La prestación también tiene a su vez su objeto: aquello que se debe dar (la cosa), hacer (el hecho) o no hacer (la omisión).

Corresponde distinguir entre el objeto de la obligación, que es la prestación (dar, hacer o no hacer); y el objeto de la prestación, que es la cosa, hecho u omisión debidos.

6.- ¿Qué sucede ante la ausencia del objeto?

Se produce la ausencia de la conducta debida en la obligación y esta queda inexistente.

7.- Enumere los requisitos para la existencia del objeto:

Los requisitos son: determinación, licitud y contenido patrimonial.

Determinación: la obligación debe ser determinada o determinable.

Licitud: tiene que ser lícito y estar determinado dentro del orden jurídico

Contenido patrimonial: el objeto de la prestación sea susceptible de apreciación pecuniaria.

8.- El interés del acreedor, siempre debe ser pecuniario?

El contenido patrimonial como requisito de la prestación, ha sido exigido por la doctrina tradicional. Esa teoría clásica fue criticada especialmente por ihering, generando una segunda postura, según la cual los bienes ideales también puede ser objeto de la obligación. Basta que la obligación represente para el acreedor un interés serio y legitimo.

9.- ¿Qué es el vínculo?

El vínculo jurídico es el nexo de derecho que une al acreedor con el deudor, sujetando este a ciertos poderes de aquel.

10.- ¿Qué es la causa fuente?

El hecho dotado por el ordenamiento jurídico con virtualidad suficiente para establecer entre el acreedor y el deudor el vínculo que los liga.

11.- ¿Cuándo la obligación es sin causa? Fundamente.

Nunca Art. 499

12.- ¿Cómo se denomina la presunción del art. 500?

Aunque la causa no este expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

Si se hubiera omitido incluir la causa en el contrato, preceptivamente se presume su existencia, salvo que el deudor prueba lo contrario, lo que implica que no se trata de una presunción.

13.- Defina al Orden Público.

Es el conjunto de principios que inspiran un ordenamiento jurídico que reflejan los valores esenciales de la comunidad en sentido social político y económico en un momento cierto y que fundamentan su derecho positivo

Apunte III - Derecho Constitucional -

2012-09-04T17:47:00.001-03:00

Derecho constitucional Argentino

El poder

Histórico comparativo viéndolo del lado de la gobernabilidad. Distintas formas de gobierno durante el constitucionalismo moderno.

Una lista de derechos, un gobierno consensuado en un pueblo. Para consagrar la soberanía del pueblo, junto aparecen dos cosas, representación política y la división de poderes.

En la representación política el pueblo elige a sus representantes, esa representación se da por lo menos en el orden legislativo. Es decir una democracia indirecta, además los órganos se dividen en tres.

· Hay distintas formas de ver la representación del pueblo.

· 1- mirada restringida

· 2- mirada radical.

La mirada restringida, desconfía de las mayorías, entonces pone distancia. La mirada radical, en cambio desconfía de las elites dirigentes.

Esto impacta en los diseños de las constituciones.

· Las formas de gobierno, es la relación que se establece entre los distintos órganos de gobierno.

Siglo XVIII àFormas de gobierno clásicas

Monarquía parlamentaria en Inglaterra

1793 constitución república jacobina

1787 Constitución de Philadelphia, Rep. Presidencialista

De estos prototipos aparecieron divisiones.

Ya en américa del sur en el siglo XIX se adopta la republica Presidencialista, tomando el modelo de EEUU, con una variante Híper-presidencialista.

En el siglo XX, posterior a la 2º guerra mundial, en Alemania e Italia, se adoptan la republica parlamentarista. Con las constituciones de 1947 italiana y la Alemana de 1949. Después en Europa aparece el caso francés, una república semi-presidencialista de la 5º republica.

1- Monarquía parlamentaria:

El poder ejecutivo es bicéfalo, está dividido, en un jefe de estado (rey) y jefe de gobierno (primer ministro). Ese jefe de gabinete responde ante el parlamento, más precisamente ante la cámara de los comunes, el parlamento lo elige y lo hace demitir, medianamente mediante el voto de desconfianza y la moción de censura.

El jefe de gabinete, el primer ministro, tiene la posibilidad de disolver a las cámaras y convocar a una nueva.

2- En la republica parlamentaria no hay rey y el jefe de estado es elegido por el parlamento.

3- El presidencialismo (siempre republicano), el ejecutivo está en un solo órgano que tiene legitimidad propia, directa o indirecta, se lo elije por un periodo de tiempo.

El poder legislativo tiene legitimidad propia y es independiente del ejecutivo, tampoco puede ser disuelto por este. El ejecutivo puede si serlo por medio del juicio político, aunque se tiene que invocar.

En Francia con la constitución del año 1 (constitución jacobina) el pueblo soberano elegía a un grupo de personas y estos elegían a los representantes, dando otra forma de relacionarse con el pueblo.

La Constitución francesa de 1793 fue creada por los jacobinos, basada en la democracia social: soberanía popular, sufragio universal directo y atención preferente al derecho a la existencia. El gobierno que sucedió a su promulgación fue presidido por Robespierre e incluye entre los derechos del hombre y del ciudadano el tan discutido derecho de rebelión, como consecuencia de todos los demás derechos.

El sistema de elección de los diputados de la Asamblea Legislativa era el siguiente: se clasificaba a los varones franceses (las mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía) en "ciudadanos activos" (los que pagaban impuestos directos equivalentes a 3 días de trabajo, tuviesen más de 25 años y residieran desde hacía más de un año en su comarca) y "ciudadanos pasivos" (quienes no pagasen impuestos). Sólo los "ciudadanos activos" elegían a los electores de su departamento. Dichos electores eran quienes escogían a los diputados provinciales para la asamblea. En 1791, Francia contaba con 4.298.360 ciudadanos activos que representaban 61% de los hombres y 15% de la población total.A este tipo de elección se le llama censitaria (sólo pueden votar los más ricos) e indirecta, puesto que los diputados no son votados directamente por todos los que tienen derecho al voto, sino a través de sus representantes.

Constitución francesa de 1958

La Constitución francesa de 1958, de 4 de octubre, es el texto fundador de la V República, vigente en la actualidad. Aquí tomamos en cuenta la Ley Constitucional de 1940, que no siempre se le considera una constitución completa de pleno derecho, en virtud de la Quinta República o por el Parlamento en el Congreso, ya sea directamente por el pueblo a través de la expresión del referéndum. Fue adoptada por referéndum el 28 de septiembre de 1958 y es el decimoquinto texto fundamental (o el vigésimosegundo si se cuentan los textos que no se aplicaron) de Francia desde la Revolución francesa.
La Constitución es la norma suprema del sistema jurídico francés y organiza las autoridades públicas, define su papel y sus relaciones. Se modificó en diecinueve ocasiones desde su publicación, bien por el Parlamento reunido en Congreso o directamente por el pueblo a través de referéndum: las normas relativas a la revisión de la Constitución están previstas por la propia Constitución.

Jefe de estado (poderes reales y efectivos)

Sistema bicéfalo

El jefe de estado electo por el pueblo y el jefe de gobierno es elegido por el parlamento.

El jefe de estado disuelve al parlamento

Apunte - Clasificacion de derechos - (Arg.)

2012-09-04T14:19:00.000-03:00

Clasificación de derechos

Hay una clasificación que nace del ABC de los procesos constitucionales, al usar esta clasificación se comete el error de que se dé una jerarquización de derechos de 1º y 2º.

Otra tipo de “clasificación” que los hace interdependiente e interrelacionados e indivisibles, no supone jerarquía pero los ordena por su género.

Derechos personalísimos

Derechos Civiles extra patrimoniales

Otros Art. 14 C.N.

Derechos civiles

Derechos civiles patrimoniales Art. 14 más Art. 17 C.N.

Votar

Derechos políticos elegir

Ser elegido

Derechos Políticos

Derechos cívicos Partidos políticos Art. 38 C.N.

Individuales Art. 14Bis 1º p.

Laborales

Grupales (sindicalismo)

Derechos sociales (DESC)

Seguridad social Art. 14bis 3ºp.

Extra laborales

DDHH Art.25 Vida Digna

Amparos colectivos Art. 43 C.N.

Derechos colectivos

Diferenciales (pueblos indígenas Art. 75 in. 17)

Vida

Integridad Personal

Derechos Personalísimos Honor

Intimidad

Identidad

DERECHO AL CULTO

OTROS DERECHO A TRANSITAR Art. 14 C.N.

LIBERTAD DE EXPRESION

Todos los derechos tienen una vía para que se cumplan, Habeas Data, Habeas Corpus, etc.

Derechos Civiles O personales: En principio fueron los que aparecieron con el inicio del constitucionalismo, son derechos negativos, pues el deber de abstracción.

Derechos Políticos: Nacieron con las revoluciones Burguesa, son derechos individuales (a cada persona), que tienen un elemento grupal (Para todas las personas) y positivo (elecciones y sus prestaciones).

Derechos sociales: Son individuales. Derecho positivos o de prestación. Son derechos de hacer o de dar. Un derecho como la huelga, no es positivo pues no tiene prestación y se ejerce pues el otro se abstiene de no participar.

Derechos Colectivos: es un conjunto de derechos más o menos amplio, que están vinculados. El derecho tiene qué ser indivisible (el medioambiente), su protección es indivisible. La afectación es común a muchas personas. Ej. Derechos del consumidor

¿Qué problema tiene el ejercicio de estos derechos?

Problema CERO: Problema de los derechos Vs. Democracia.

1- Problema de interpretación (como y quienes interpretan los derechos?)

2- Incumplimiento masivo de los derechos. ¿Qué pasa cuando un derecho es masivamente violado y además históricos?.

3- Reglamentación de derechos

4- Operatividad de derechos.

5- Colisión de derechos

El problema uno nace con el constitucionalismo moderno, el paso del tiempo y el cambio generacional. Tiene el inconveniente que alcance tienen y que contenido. Unos dicen que hay que ver el momento y el autor de la norma. ¿Quién la interpreta?.

El segundo problema, el incumplimiento masivo, remite a la dificultad de los medios. (ej. Las cárceles o la limpieza del riachuelo). Esto es si el estado tiene los medios para cumplir.

La reglamentación, como tercer problema, es que los derechos no son absolutos, los derechos pueden y deben ser reglamentados. El poder de policía de el estado como reglamentador de derechos, surge del art. 14 C.N.

El cuarto problema, la operatividad de derechos. El derecho operativo puede ser exigido, pero hay derechos que si no son reglamentados, “no se pueden exigir” (esto es solucionable). Hay derechos constitucionales que necesitan reglamentación posterior, pero desactiva derechos sociales pues el estado cumple los derechos que quiere.

Quinto y último punto, la colisión de derechos, un problema muy común, que generalmente se da. Un antagonismo de derechos desde el principio del constitucionalismo. En la declaración de derechos y los ciudadanos, en el art.4 los franceses pensaban que eso no sucedería. Diferente es la colisión intra-derechos.

Ej. “El derecho a la salud, el estado está obligado a dar servicio de salud, pero no puede cumplir a todos”.

Colisión = derechos distintos contrapuestos.

Titulares de distintos derechos, distintas clases de derechos y categoría.

A mayor cantidad de derechos, mayor cantidad colisiones, es inevitable que pase y es inevitable buscar una solución. Uno de los derechos va a perder contra el otro. Son contingentes y concretos. Un conflicto en abstracto es interesante, pero en una situación contextual es diferente.

El problema es de qué manera encontramos una solución. Es necesario buscar buenas razones para justificar.

La jerarquía de derechos es una via de solución, es muy difícil tener una lista a priori de una jerarquía de derechos.

Diferentes opiniones en la jurisprudencia

Una postura seria:

1- Derecho a la dignidad y sus derivados (INTIMIDAD)

2- Derecho a la vida, a la saludo, a la integridad personal.

3- Derecho a la libertad

4- Derecho al honor

5- Otros derechos personalismos, identidad, nombre.

6- Derecho a la información

7- Derecho a la asociación

8- Derecho a aprender y enseñar

9- Derechos patrimoniales.

Tambien se organizan si son más o menos reglamentados.

“que sería una sociedad si faltara un derecho”?

Otra clasificación posible seria

1- Derecho a la vida

2- De más derechos derivados de la vida (salud, integridad).

3- Demás derechos personalísimos

4- Derechos personales o civiles

5- Derechos patrimoniales

Las jerarquías pueden ser controvertidas y no ameritan un debate, en la argumentación.

Apunte Derecho Constitucional

2012-09-04T10:11:00.000-03:00

El constitucionalismo moderno nace en el siglo XVII y XVIII, en las revoluciones en Francia y Estados Unidos, con las revoluciones burguesas, fenómeno occidental capitalista. Repercutiendo en Latinoamérica, quienes en el siglo IXX tomaron sus precedentes.

Las ideas básicas del constitucionalismo del norte:

a) Listado de derechos (derechos constitucionales)

b) Un gobierno elegido y con consenso de la sociedad, asegurando la lista de derechos.

Lista de derechos

Regula la vida política

Gobierno consensuados

Disposiciones

Clausulas reforma

Regula a la constitución en si misma

Disposiciones de emergencia

Momentos del constitucionalismo

El constitucionalismo se pude dividir en cuatro etapas las que llamaremos A, B, C, D.

A) Constitucionalismo clásico

B) Constitucionalismo social

C) Constitucionalismo internacionalizado

D) Nuevo constitucionalismo

Carta derechos Inglaterra 1689

Orígenes

Declaración de independencia Filadelfia 1776

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789

El primer constitucionalismo liberal burgués

A- Constitucionalismo Clásico

La Carta de Derechos (en inglés, Bill of Rights) es el término por el que se conocen las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas limitan el poder del gobierno federal, y garantizan los derechos y libertades de las personas. Entre los derechos y libertades que la Carta de Derechos garantiza se encuentran los siguientes: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad religiosa, la libertad de petición, y el derecho a tener y portar armas; el derecho a no ser sometido a registros e incautaciones irrazonables, o a castigos crueles e inusuales; el derecho a no testificar contra uno mismo, al debido proceso, y a un juicio rápido con un jurado imparcial y local. Además, la Carta de Derechos establece que “la enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no debe ser interpretada para negar o menospreciar otros retenidos por el pueblo.”
La Carta de Derechos también reserva a los estados o al pueblo todos los poderes no delegados al gobierno federal. Estas enmiendas entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, cuando fueron ratificadas por tres cuartas partes de los estados.
Trece años (1789) después en Paris los franceses se plantean los derechos del ciudadano.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano

(26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

· La concepción de sujeto Aristocrática, individualista

· El sujeto era el hombre adulto (no la mujer), culto, propietario, heterosexual y blanco.

Nota: en el sur del continente americano ya llega todo el conjunto (francés - norteamericano), las constituciones ya tendrían derechos civiles, pero se suma el pasado colonial.

B- Constitucionalismo social

México: con la revolución de 1910 (revuelta indígena y de campesinos) en 1917 se sanciona la constitución, fue la primera constitución de la historia en incluir los derechos sociales, dos años antes que la Constitución de Weimar de 1919.
Mantiene los derechos civiles del constitucionalismo clásico y agrega los sociales.

Título primero

El título primero está dividido en cuatro capítulos que contienen 38 artículos (del 1 al 38). El capítulo I trata sobre los derechos humanos y sus garantías, el capítulo II trata de los mexicanos y la nacionalidad mexicana, el capítulo III trata de los extranjeros y el capítulo IV de los ciudadanos mexicanos. Los artículos más relevantes del título primero son:

Artículo 3. Referente a la educación. Establece el tipo de educación que se impartirá en el país, la cual será: laica, gratuita, democrática y nacional.

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Referente a la familia, establece derechos de salud y vivienda, alimentación y esparcimiento.

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,comercio ó trabajo que le acomode, siendo lícitos.

Artículo 27. Pertenecen a la nación las tierras, aguas y recursos naturales comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo o encima de la tierra. Regula el manejo de las tierras y recursos de la Nación.

Título sexto

El título sexto contiene 1 artículo (el 123), que trata trabajo y de la previsión social.

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Este artículo comprende todo lo referente a lo laboral.

Los nuevos derechos sociales, la familia, la educación, el trabajo.

Esto será tomado por Europa al final de la primera guerra mundial en la constitución de Weimar

La Constitución de Weimar fue una constitución de Alemania sancionada el 11 de noviembre de 1919, que estableció una república federal con nueve estados y la elección de un presidente por votación popular, el cual a su vez tenía la facultad de elegir al canciller para que formara un gobierno. El presidente podía disolver el gabinete y vetar las leyes del poder legislativo. Sus facultades incluían la facultad de intervenir los estados federales, con el fin de prevenir problemas de orden social.
La Constitución de Weimar junto a la Constitución de México sancionada dos años antes, dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores.
La cuestión social, se produce tras quebrar la idea de la igualdad social, demostrando que los trabajadores vivían en una situación inferior y deprimida. Esto supone que el derecho social se redefina y establezca que la justicia se realiza únicamente en el caso que se establezca un tratamiento desigual. Es así, como tanto la Constitución de Weimar como la OIT, en 1919, establecen los principios del derecho social.

Art.165 Los obreros y empleados serán llamados a colaborar al lado de los patronos y con igualdad de derechos en la regulación de las condiciones laborales y retributivas, así como en todo el desarrollo económico de las fuerzas productivas. Serán reconocidos las agrupaciones de ambas clases y sus acuerdos

Para defensa de sus intereses sociales y económicos tendrán los obreros y empleados representaciones legales en consejos obreros de empresa, así como en los consejos obreros de distrito, agrupados por sectores económicos, y en un consejo obrero del Reich.

Los consejos obreros de distrito y el consejo obrero del Reich, unidos con las representaciones de los patronos y demás clases interesadas, formarán consejos económicos de distrito y un consejo económico del Reich con competencia sobre todas las cuestiones de orden económico y de cooperación en la ejecución de las Leyes socializadoras. Los consejos económicos de distrito y del Reich estarán constituidos de forma que se hallen representados en ellos todos los grupos profesionales importantes, en proporción de su importancia económica y social.

Los proyectos de Leyes político-sociales y político-económicos de interés fundamental deberán, antes de ser presentados, ser sometidos por el Gobierno del Reich a informe del consejo económico del Reich. A su vez, el consejo económico tendrá derecho a solicitar por sí mismo tales proyectos de Ley. Si el Gobierno no los hiciese suyos, habrá, no obstante, de presentarlos al Reichstag con indicación de su parecer. El consejo económico podrá, a través de uno de sus miembros, defender ante el Reichstag sus proyectos.

Podrán ser transferidas a los consejos obreros y a los consejos económicos facultades de control y de administración en las esferas competenciales que tengan asignadas.

Es de competencia exclusiva del Reich regular la organización y atribuciones de los consejos obreros y de los consejos económicos, así como sus relaciones con otras corporaciones sociales autónomas.

En la década del 40 (1940) es tomado por varios países latinoamericanos.

La Constitución Argentina de 1949 fue una reforma realizada a la Constitución argentina en ese año, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). Mediante dicha reforma la Argentina incorporó a su Constitución los llamados derechos de segunda generación que caracterizan al constitucionalismo social y estableció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, amplió el ámbito de la justicia militar y permitió la reelección indefinida del Presidente y del Vicepresidente de la Nación, entre otras reformas. La Constitución de 1949 fue derogada luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, por una proclama del dictador Pedro Eugenio Aramburu.
Posterior a 1945 (final de la segunda guerra) nacen los Derechos Humanos.

C- Constitucionalismo Internacionalizado

Las declaraciones de derechos dejan de ser locales y fronteras adentro. Los nuevos derechos aparecen con fuente internacional que en paralelo también protegen a la persona.

La segunda guerra mundial pone límites a los derechos nacionales. Que el Holocausto puso sobre relieve.

Primero fueron con forma de declaraciones, ONU (declaración Universal de los derechos Humanos), OEA (declaración de deberes y derechos Americanos), resumiendo las ETAPAS A y B del constitucionalismo.

Regional

Tratado de derechos

Universal

Tienen que ser aprobados por los estados.

La paradoja de la protección se busca solucionar con los tratados.

Pactos generales

Lista derechos

Pacto Int. Derechos civiles y políticos

Organi A y P (REVISAR)

1966-PACTOS

Conjunto DESC

Pacto Int. Der. Económicos y sociales

Lista de derechos

Llegan a américa del sur y en la década del 90 se incorporan en la constitución una cláusula que llamaron a los derechos humanos.

· Derechos al ambiente

· Derecho a los pueblos indígenas

D- Nuevo Constitucionalismo

En parte de américa del sur se está dando un nuevo constitucionalismo con cualidades diferentes.

Neo-Constitucionalismo

· Surge la plena – multinacionalidad

· Pluri-nacionalidad

El constitucionalismo en Argentina

Clásico (liberal)

Social

Constitucionalismo

Internalización

4º Etapa

En la argentina ese proceso de expansión se fue dando:

A) 1853

B) 1940

C) 1994

Constitución 1853. Constitucionalismo Clásico

1º parte dogmática, 1º capitulo declaraciones, derechos y garantías apareciendo en el constitucionalismo clásico que van desde el 14 al 20, derechos civiles usando la categoría de habitantes, por la afirmativa TODOS LOS HABITANTES y por la negativa NO HABITANTES.

Los atributos estaban en los artículos 14 al 16 incluido, en este último artículo se completa el listado de derechos (ante la ley).

Completando con el art.17 uso y disposición de la propiedad, civiles genéricas, patrimoniales o no.

El art.18 eran garantías vinculadas al debido proceso.

En el art. 20 se refieren a los derechos de los extranjeros con la reforma de 1860 se incorpora el art. 30 tomado de la constitución de Philadelphia, derechos civiles patrimoniales y no patrimoniales.

En el art. 64 in.15 de la const. De 1853 estaba el trato para los indios.

“Proveer la seguridad de la fronteras (entendidas como las interiores)”

Arreglado y modificado con el in. 17 de la actual constitución.

Constitucionalismo Social 1940

En la reforma de 1949 y en la reforma de 1957

En 1949 se reforma la primera parte sumando los derechos sociales. Tenía titulares y derechos distintos, siendo derechos de prestación. Una nueva función del estado que interviene en economía y en lo social.

La primera parte se llamó derechos fundamentales y los capítulos 3 y 4 se suman a la parte dogmática.

El capítulo 3 era un solo artículo el 37. Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, la educación y cultura.

El capítulo 4 trataba de función social del capital Art. 38, 39 y 40.

En materia indígena el art. 68 in. 15 deroga la segunda parte de la de 1853 “Proveer a la seguridad de las fronteras.”.

El art. 37 del trabajador, la familia y la ancianidad, la educación, quedo dividido en 4 partes.

Era una constitución del tipo social por el sujeto.

Parte I eran 10 derechos del trabajador.

Parte II era la familia como sujeto de derecho. Derechos como la potestad compartida, atención de la madre y el hijo.

Parte III Derechos de la ancianidad son asistencia, vivienda entre otros.

Parte IV Educación y cultura se tratan en este capítulo, como parte a cumplir por el estado, también estaba dividido en 10 in.
Articulo 37 parte 4 punto 2

…” La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado. “…

La función social del capital, la propiedad

La propiedad tiene una función social, el estado puede intervenir en la propiedad privada como función del estado Art. 38

…” La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.”…

Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social

Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

El 7 de abril de 1956 se deroga esta constitución y restablece la de 1853

En la reforma de 1957, sin congreso el gobierno militar convoca a una convención constituyente, según Sampay se trataba de poner el Art. 40 pero solo se agregó el Art. 14bis. Dividido en tres párrafos.

1º Párrafo: derechos de los trabajadores (participación en las ganancias)

2º Párrafo: Derecho de los gremios (sindicatos), incorporando el derecho a la huelga.

3º Párrafo: Seguridad social y protección de la familia.

De esta forma se volvía al constitucionalismo social.

La reforma de 1994 se ingresando a las internalización de los derechos

Aparecen los nuevos derechos y garantías, agregando en lo dogmático modificando los artículos del 36 al 43. También aparecen los derechos de los indígenas Art. 75 in. 17 párrafo 1 y 2. En el in. 22 del mismo artículo es la jerarquización de los derechos humanos.

Derechos Políticos

Art. 36 párrafo 4 “atentara así mismo contra el sistema democrático quien incurriere en un grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento”

Art. 37 Derecho político, “sufragio universal libre y obligatorio.

Art. 38 Partidos políticos, organización y otros.

Art. 39 y 40 forma semi-directa de democracia.

Art. 41 derechos ambientales.

Art. 42 derechos del consumidor y usuarios

Art. 43 nuevas garantías, amparos, habeas data, habeas corpus.

En el Art. 75 in 22, entrada de los derechos humanos a la constitución

· Párrafo 2 menciona sus instrumentos y dice que tiene jerarquía constitucional,

· Párrafo 3 dice que el congreso puede aumentar las lista

Tratados

Instrumentos internacionales

Declaraciones

Declaraciones: Instrumentos que emana de organizaciones mundiales que no necesita ser incorporado por las partes.

Tratados: Tiene que los estados ratificarlos entre las partes, además tienen órganos para su cumplimientos.

Pactos (general) a una clase o categoría de derecho

Tratados se subdividen convenciones – a un aspecto concreto

Accesorios – a otro o a un protocolo

Pronuncionamiento de Urquiza

2011-11-17T02:52:00.003-03:00

Pronuncionamiento de Urquiza

El pronunciamiento de Urquiza fue una proclamación formulada el 1 de mayo de 1851 en la ciudad de Concepción del Uruguay, República Argentina, por el general Justo José de Urquiza. Por aquel entonces el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, tenía la suma del poder público y ejercía las relaciones exteriores de las provincias de la Confederación Argentina. Cada año Rosas presentaba la renuncia al cargo, a sabiendas de que ésta sería rechazada. El pronunciamiento de Urquiza consistió en la efectiva aceptación de la renuncia de Rosas por parte de la Provincia de Entre Ríos, que reasumía su capacidad de conducir su comercio y relaciones exteriores con otras naciones hasta tanto no se formalizara la constitución de una República.

Asimismo, se suprimió el uso del eslogan "¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!", que era reemplazado por "¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los enemigos de la organización nacional!".

Algunos de los puntos del pronunciamiento eran los siguientes:

1. Que es la voluntad del pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía delegadas en la persona del excelentísimo señor gobernador y capitán general de Buenos Aires, para el cultivo de las relaciones exteriores y dirección de los negocios generales de paz y guerra de la Confederación Argentina, en virtud del tratado cuadrilátero de las provincias litorales, fecha 4 de enero de 1831.

2. Que una vez manifestada así la libre voluntad de la provincia de Entre Ríos, queda ésta en actitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta tanto que congregada la Asamblea Nacional de las demás provincias hermanas, sea definitivamente constituida la república.

El pronunciamiento de Urquiza fue respaldado por el gobernador correntino Benjamín Virasoro. Rosas no lo aceptó, y permaneció en el cargo. Esto llevó a una hostilidad abierta entre dichas provincias, tras la cual Entre Ríos y Corrientes comenzaron a formar el Ejército Grande con la ayuda de Uruguay y el Imperio del Brasil. Al año siguiente tuvo lugar la Batalla de Caseros, en la cual tuvo lugar la derrota de Rosas.

Segundo Gobierno de Rosas. La Suma del Poder Público

2011-11-17T02:52:00.001-03:00

Segundo Gobierno de Rosas. La Suma del Poder Público. Significado. Características.

La oposición de los partidarios de Rosas hizo imposible el gobierno del Dr. Maza, y entonces la Sala de Representantes nombró gobernador por segunda vez a Rosas, el 7 de marzo de 1835, entregándole la suma del poder público, con obligación de conservar y defender el culto católico y sostener la causa de la federación que los pueblos habían proclamado en el Tratado del 4 de enero de 1831.

Rosas aceptó el nombramiento, pero pidió que el pueblo expresara su conformidad.

Los días 26,27 y 28 de marzo se realizó el plebiscito y sólo contados votos negaron la ratificación de las facultades extraordinarias.

La sociedad lo aduló en su exaltación al poder y poco a poco el ambiente se fue preparando para el régimen dictatorial. Las clases más baja le rindieron adoración y el servilismo se extendió a todas las clases sociales.

Desde un punto de vista puramente económico, el advenimiento de la dictadura se explica por un proceso natural, resultante de quebrantos que había sufrido la hacienda pública y la economía privada en el transcurso de los años de anarquía. Comerciantes, hacendados y propietarios, aspiraban a un gobierno fuerte.

El decreto del gobernador delegado Felipe Arana, del 16 de setiembre de 1840, declaró embargables los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de los unitarios, para reparar los daños causados a los federales por la gente de Juan Lavalle. Se explica la lucha enconada que le hicieron los unitarios. Vencer a Rosas significaba derrocar un gobierno de fuerza y recuperar los bienes.

La situación económica de la provincia, obligó a realizar un reajuste general del presupuesto, cuyas consecuencias alcanzaron a la instrucción pública.

Se redujo el número de escuelas en la ciudad, fundada en la necesidad de suprimir escuelas en los barrios de gente rica para poder atender a la instrucción de los niños pobres.

Al Colegio de niñas huérfanas, dependientes de la Sociedad de Beneficencia, se le prohibió recibir pensionistas, porque su costo excesivo era quitado a la instrucción gratuita de los pobres.

Se trataba, entonces de dar mayor extensión a la enseñanza de los niños pobres.

A comienzos de 1838, una situación de hecho planteó un nuevo y grave problema económico: el bloqueo del puerto.

El gobierno comunicó a los establecimientos educativos la imposibilidad de mantener la instrucción pública. Los estudios debían ser costeados por aquéllos que podían hacerlo.

También la Universidad debió mantenerse con las cuotas de los alumnos. Fue necesario establecer la rotación de cursos y los catedráticos dictaron gratuitamente sus lecciones.

Los niños pobres se vieron alejados de la escuela, por una absoluta indiferencia por la instrucción.

Desde 1831 Rosas comenzó a imponer el tipo de instrucción “religios federal”, a lo que quedó reducida toda su preocupación en cultura. La Universidad fue desquiciada.

Rosas también abolió la reforma eclesiástica de Rivadavia.

Las relaciones exteriores sufrieron graves perturbaciones, a las cuales no fueron ajenas las actividades de los emigrados en Montevideo, pero Rosas defendió con sólida energía los derechos del país y la integridad del territorio nacional.

En 1837 estalló la guerra contra el general Santa Cruz, presidente de Bolivia, en cuyo territorio se organizaban fuerzas unitarias. Esto trajo una complicación en las relaciones con Francia, porque el vicecónsul Aimé Roger, reclamó por la detención del súbdito francés Hipólito Bacle. La reclamación fue hecha en términos que obligaron a entregarle los pasaportes.

Roger también había reclamado porque Rosas obligaba a los extranjeros con dos años de residencia a prestar servicios en la Guardia Nacional. Como el ministro Arana rechazó las pretensiones francesas, Francia declaró bloqueado el puerto, el 28 de marzo de 1838.

Los emigrados en la Banda Oriental, que preparaban la expedición libertadora de Juan Lavalle se aliaron con el agente francés, contribuyendo al triunfo del ejército sitiador de Montevideo, mandado por el general Fructuoso Rivera, que fue proclamado Presidente de la República.

La llegada del barón de Mackau, ministro plenipotenciario francés dio nuevo curso a los acontecimientos. Con la intervención del ministro inglés se firmó el tratado de paz el 28 de octubre de 1840, por el cual Rosas se comprometió a reconocer la indemnización por las pérdidas sufridas por los súbditos franceses, a permitir el ingreso de los unitarios que se habían levantado en armas y a mantenerse neutral en las cuestiones internas de la Banda Oriental, a condición de que el bloqueo fuese levantado y restituida la isla Martín García.

La cuestión de la Banda Oriental se complicó al terminar el período constitucional del general Rivera, quien inició la guerra civil contra su sucesor, general Oribe, apoyado por Rosas, mientras Rivera era apoyado por los emigrados argentinos.

Los agentes francés e inglés alarmados por los perjuicios que ocasionaría el sitio de Montevideo, por el general Oribe, protestaron ante Rosas, por intervenir en la política oriental, con violación del tratado Mackau, pero Rosas decretó el bloqueo del puerto de Montevideo por el almirante Guillermo Brown. El Almirante inglés desconoció el bloqueo y secuestró la escuadra de Buenos Aires.

Mientras esto ocurría, Corrientes se aliaba contra Rosas con el dictador del Paraguay. Rosas prohibió la navegación de los ríos y fortificó el paso del Tonelero en la Vuelta de Obligado, donde se libró combate el 20 de noviembre de 1845.

La cuestión oriental fue solucionada por el tratado Le Predour, firmado en 1850 con el enviado francés. El bloqueo francés fue levantado y Rosas retiró sus tropas del sitio de Montevideo.

La cuestión con Chile tuvo origen en la expedición chilena enviada en 1843 para tomar posesión del Puerto del Hambre, con ánimo de apropiarse todo el estrecho de Magallanes. Rosas protestó en 1847 y encomendó a Pedro de Ángelis la reunión de antecedentes probatorios del derecho argentino, pero el asunto quedó pendiente.

El primero en encabezar un reacción armada fue el gobernador de Corrientes, Berón de Astrada, en comunicación con los unitarios de Montevideo, pero fue vencido y muerto en Pago Largo, el 31 de marzo de 1839, por el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe.

En el seno de la Asociación de Mayo comenzó a gestarse un movimiento revolucionario, cuyo jefe era el coronel Ramón Maza, hijo del presidente de la legislatura, en combinación con el movimiento que debía operarse en el sur de la provincia, pero fue descubierto y el coronel Maza ejecutado el 28 de junio de 1839. El día anterior el doctor Maza murió asesinado en su despacho, en momentos en que redactaba la renuncia. De ese asesinato se ha culpado a Rosas, pero existe también la sospecha de que pudiera ser obra de los conjurados.

La revolución en el sur debía estallar en el momento en que el general Lavalle, auxiliado por barcos fraceses, invadiese la provincia, Lavalle desembarcó en Martín García, pero faltándole el apoyo francés se dirigió hacia Entre Ríos. El 29 de octubre de 1839, estalló el movimiento en el sur, dirigido por Manuel Rico en Dolores, Pedro Castelli en Chascomús y Ambrosio Crámer en Monsalvo, pero desbaratada la revolución en Buenos Aires y faltándole el apoyo de Lavalle, fue fácilmente vencida el 7 de noviembre en la batalla de Chascomús.

Los sucesos del 39, hicieron extremar los rigores de la tiranía.

Lavalle, después de ligeros éxitos en Entre Ríos y Corrientes, invadió la provincia a principios de 1840. Pero como la campaña no se sublevó a su favor, se retiró a Santa Fe.

En 1840, Marco Avellaneda organizó la coalición de las provincias del Norte, formado por Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. Por decreto del 7 de abril desconoció a Rosas como gobernador de Buenos Aires y le retiró la autorización para mantener las relaciones exteriores. Fueron derrotados el 28 de noviembre en Quebracho Herrado, en la provincia de Córdoba y deshecho nuevamente en Faimallá.

Deshecho el ejército de Lavalle, un batallón correntino atravesando Chaco, llegó a su provincia, donde el general Paz preparaba un nuevo ejército contra Rosas.

Corrientes no se había dado por vencida. Con el auxilio de 4000 paraguayos, el gobernador Joaquín Madariaga preparó un nuevo ejército y lo puso a las órdenes del general Paz. Urquiza invadió la provincia y después de vencer a Madariaga, firmó el tratado de Alcaraz, por el cual Corrinetes y Entre Ríos quedaban aliadas y se reconocían autónomas. Rosas desaprobó el tratado y Urquiza invadió nuevamente la provincia en 1847, venciendo a Madariaga en Potrero Vences.

El 1ero. de mayo de 1851 tuvo lugar el “Pronunciamiento de Urquiza”, y el 3 de febrero de 1852, Urquiza y Rosas se enfrentaron en Caseros. El ejército rosista fue fácilmente derrotado.

Rosas huyó a embarcarse en un barco inglés, el Conflict, se trasladó a Inglaterra, estableciéndose en Southptom, donde murió el 14 de marzo de 1877, a los 84 años de edad.

Pacto Federal

2011-11-17T02:51:00.001-03:00

Pacto Federal: antecedentes, polémica, rosas – patrón, análisis del pacto.

Pacto Federal del 4 de enero de 1831

Deseando los Gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos estrechar cada vez más los vínculos que felizmente los unen y, creyendo que así reclaman sus intereses particulares y los de la República han nombrado para este fin sus respectivos diputados, a saber: el Gobierno de Santa Fe, el señor D. Domingo Cullen; el de Buenos Aires, al Sr. D. José María Rojas y Patrón, y el de Entre Ríos, al Sr. D. Antonio Crespo. Quienes después de haber canjeado sus respectivos poderes, que se hallaron extendidos en buena y debida forma; y teniendo presente el tratado preliminar celebrado en la ciudad de Santa fe el 23 de febrero último entre los Gobiernos de dicha provincia y la de Corrientes; teniendo también presente la invitación que con fecha 24 del expresado mes de febrero hizo el Gobierno de Santa Fe al de Buenos Aires, y la convención preliminar ajustada en Buenos Aires el 23 de marzo del año anterior entre los Gobiernos de esta provincia y la de Corrientes, asi como el tratado celebrado el 3 de mayo último en la capital de Entre Ríos entre su Gobierno, y el de Corrientes; y finalmente, considerando que la mayor parte de los pueblos de la República, ha proclamado del modo más libre y espontáneo la forma de gobierno federal, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1° Los Gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos ratifican y declaran en su vigor y fuerza los tratados anteriores celebrados entre los mismos Gobiernos en la parte que estipulan la paz firme, amistad y unión estrecha y permanente, reconociendo recíprocamente su libertad, independencia y derechos.

Artículo 2° Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga, bien sea en el territorio de cada una de las tres provincias contratantes o de cualquiera de las otras que componen el Estado argentino.

Artículo 3° Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se ligan y constituyen en alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión o preparación de parte de cualquiera de las demás provincias de la República (lo que Dios no permita), que amenace la integridad e independencia de sus respectivos territorios.

Artículo 4° Se comprometen a no oir ni hacer proposiciones ni celebrar tratado alguno particular una provincia por si sola con otra de las litorales ni con ningún otro Gobierno sin previo avenimiento expreso de las demás provincias que forman la presente federación.

Artículo 5° Se obligan a no rehusar su consentimiento expreso para cualquier tratado que alguna de las tres provincias litorales quiera celebrar con otra de ellas o de las demás que pertenecen a la República, siempre que tal tratado no perjudique a otra de las mismas tres provincias o a los intereses generales de ellas o de toda la República.

Artículo 6° Se obligan también a no permitir que persona alguna de su territorio ofenda a cualquiera de las otras dos provincias o a sus respectivos Gobiernos y a guardar la mejor armonía posible con todos los Gobiernos amigos.

Artículo 7° Prometen no dar asilo a ningún criminal que se acoja a una de ellas huyendo de las otras dos por delito, cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del Gobierno respectivo que lo reclame como tal. Entendiéndose que el presente artículo sólo regirá con respecto a los que se hagan criminales después de la ratificación y publicación de este tratado.

Artículo 8° Los habitantes de las tres provincias litorales gozarán recíprocamente la franqueza y seguridad de entrar y transitar con su buque y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una, ejerciendo en ellas su industria con la misma libertad, justicia y protección que los naturales de la provincia en que residan, bien sea permanente o accidentalmente.

Artículo 9° Los frutos y efectos de cualquier especie que se importen o exporten del territorio o puertos de una provincia a otra por agua o por tierra, no pagarán más derechos que si fuesen importados por los naturales de la provincia, adonde o de donde se exportan o importan.

Artículo 10° No se concederá en una provincia derecho, gracia, privilegio u exención a las personas y propiedades de los naturales de ella que no conceda a los de las otras dos.

Artículo 11° Teniendo presente que alguna de las provincias contratantes ha determinado por ley que nadie pueda ejercer en ella la primera magistratura sino sus hijos respectivamente, se exceptúa dicho caso y otros de igual naturaleza que fueren establecidos por leyes especiales. Entendiéndose que en caso de hacerse por una provincia alguna excepción ha de extenderse a los naturales y propiedades de las otras dos aliadas.

Artículo 12° Cualquier provincia de la República que quiera entrar en la Liga que forman las litorales será admitida con arreglo a lo que establece la segunda base del artículo primero de la citada convención preliminar celebrada en Santa fe a veintitrés de febrero del precedente año, ejecutándose este acto con el expreso y unánime consentimiento de cada una de las demás provincias federadas.

Artículo 13° Si llegare el caso de ser atacada la libertad e independencia de alguna de las tres provincias litorales por alguna otra de las que no entran al presente en la federación, o por otro cualquier poder extraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales, con cuantos recursos y elementos estén en la esfera de su poder, según la clase de la invasión, procurando que las tropas que envíen las provincias auxiliares sean bien vestidas, armadas y municionadas, y que marchen con sus respectivos jefes y oficiales. Se acordará por separado la suma de dinero con que para este caso deba contribuir cada provincia.

Artículo 14° Las fuerzas terrestres o marítimas, que según el artículo anterior se envíen en auxilio de la provincia invadida, deberán obrar con sujeción al Gobierno de ésta, mientras pisen su territorio y naveguen sus ríos en clase de auxiliares.

Artículo 15° Interín dure el presente estado de cosas, y mientras no se establezca la paz pública de todas las provincias de la República, residirá en la capital de Santa fe una comisión compuesta de un diputado por cada una de las tres provincias litorales, cuya denominación será «Comisión representativa de los Gobiernos, de las provincias litorales de la República Argentina», cuyos diputados podrán ser removidos al arbitrio de sus respectivos Gobiernos, cuando lo juzguen conveniente, nombrando otros inmediatamente en su lugar.

Artículo 16° Las atribuciones de esta comisión serán:

Primera: Celebrar tratados de paz a nombre de las expresadas tres provincias, conforme a las instrucciones que cada uno de los diputados tenga de su respectivo Gobierno y con la calidad de someter dichos tratados a la ratificación de cada una de las tres provincias.

Segunda: Hacer declaración de guerra contra cualquier otro poder a nombre de las tres provincias litorales, toda vez que éstas estén acordes en que se haga tal declaración.

Tercera: Ordenar se levante el ejército en caso de guerra ofensiva y defensiva y nombrar el general que deba mandarlo.

Cuarta: Determinar el contingente de tropas con que cada una de las provincias aliadas deba contribuir conforme al tenor del artículo 13.

Quinta: Invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las litorales y a que por medio de un Congreso general federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, y el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad, y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias.

Artículo 17°. El presente tratado deberá ser ratificado a los tres días por el Gobierno de Santa Fe, a los seis días por el de Entre Ríos y a los treinta, por el Gobierno de Buenos Aires.

Dado en la ciudad de Santa Fe, a cuatro del mes de enero del año de Nuestro Señor mil ochocientos treinta y uno.

(Fdo.):
Domingo CULLEN
José María ROXAS y PATRÓN
Antonio CRESPO

Liga Unitaria del interior

2011-11-17T02:50:00.003-03:00

Liga Unitaria del interior.

La Liga del Interior y el Pacto Federal

Si bien el general Paz había salido desde Buenos Aires hacia Córdoba con el objeto de realizar allí una acción conjunta con el general Lavalle, muy pronto trascendió el límite de su misión, trocándolo en un verdadero programa logrado al conjuro de las armas, que intentaba el establecimiento de una liga con sede en Córdoba. La invasión a la Provincia de Córdoba fue altamente precisa. Ocupó la ciudad y estaba dispuesto a darle lucha a Bustos, pero éste se apresuró a delegarle el gobierno sin darle combate. Paz pudo triplicar el ejército y en La Tablada, derrotó con bravura a Quiroga.

Paz representa un esfuerzo organizativo diferente tanto al preconizado por el grupo unitario, como al de los caudillos federales o al de Rosas.

Con Paz en Córdoba se fue creando una Liga que llegó a reunir a la mayoría de las provincias. A comienzos de 1830 la montonera había sido destruida por Paz, que llegaría a imponer un Supremo Poder Militar, pero que creía en la organización del país mediante una constitución.

La Liga unitaria se fue constituyendo mediante los siguientes pactos:

del 3/4/1830, entre Córdoba y Mendoza: Mendoza se sometía a Córdoba.

Del 16/4/1830: entre San Juan y Córdoba: la primera se sometía a la segunda.

La liga o tratado de paz, amistad y alianza ofensiva y defensiva entre Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja (5/7/1830): no determina sistemas políticos pero impulsa la organización constitucional de la república.

Tratado de comercio del 6/7/1830, complementa el anterior y es el último eslabón previo a la liga del interior.

En estos momentos existían tres centros políticos dominantes: a) la “Liga Unitaria del Interior”(nueve provincias), b) en el Litoral, predominio de López; c) en Buenos Aires se elegiría a Rosas gobernador.

El Tratado del 31 de agosto de 1830, recoge el material aportado por los

Pactos antecedentes. No hace referencia a una forma determinada de gobierno, tampoco se establece uno, sino un supremo poder militar.

El Tratado fue firmado por nueve provincias (Mendoza, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba, Catamarca y La Rioja).

En el preámbulo se expresa como finalidad la seguridad y común defensa

de las provincias ante las iniciativas de España u otro poder que intentara invadirlas, también alcanzar la organización política, bajo el sistema constitucional que adoptare la mayoría de las provincias, unidas en Congreso.

El tratado se limitaba a establecer una forma autocrática, denominada “Supremo Poder militar”.

Este Supremo Poder Militar, de carácter provisorio, comandaba todas las fuerzas de las provincias signatarias. Todos los armamentos y pertrechos existentes en esas provincias quedaban a disposición de dicho poder. Este Poder tenía como atribuciones: a) conferir empleos militares; b) garantizar la defensa y seguridad de las provincias contratantes; c) inversión de los fondos; d) sofocar tumultos; e) sostener el sistema representativo existente en las nueve provincias. Se designaba a José María Paz para ejercer el S.P.M., que duraría en el ejercicio de sus funciones hasta la instalación de una autoridad nacional, y si no estuviera instalada a los ocho meses, las provincias estarían en libertad para continuarlo o suspenderlo, aunque en caso de guerra continuaría hasta el fin del conflicto. Se formaba una caja militar para afrontar los gastos, compuesta por la cuarta parte de las rentas ordinarias de cada provincia, excepto Córdoba que concurría con las dos terceras partes. El Jefe Supremo daría cuenta de la inversión de los fondos. Las erogaciones estipuladas se declaran supletorias al Tesoro Nacional.

Los temas del tratado son casi exclusivamente de orden militar; los referidos a la organización del país, accesorios o tangenciales. Nada se expresa acerca de la constitución o características de la Representación Nacional.

Se trata de una verdadera autocracia sólo limitada en el tiempo. Con este poder Paz se alistaría a las batallas decisivas cuando, por un golpe fortuito, quedaría alejado definitivamente de la escena y la organización del país sobre las bases por él proyectadas se derrumbarían pronto.

Las provincias litorales frente al Supremo Poder Militar.

La Banda Oriental se daba su Constitución en 1830, complementaria de su independencia de 1828. Esto satisfacía los intereses de Brasil e Inglaterra, liquidándose la aspiración confederativa artiguista.

Las provincias litorales, privadas de la influencia artiguista, quedaban cada vez más en situación de dependencia con Buenos Aires.

Entre Ríos, era territorio muy semejante a la de la provincia Oriental, caracterizadas ambas por una pluralidad de Cabildos. Era una provincia esencialmente pastoril. Por decreto de Posadas, de 10 de marzo de 1814 se separó de la provincia de Corrientes. Desde entonces se diferenciarían bastante, aunque al momento de los primeros pasos de la firma del Pacto Federal, las dos dependían preponderantemente de los ingresos de la aduana.

Corrientes languidecía. Paraguay se había aislado y Misiones quedaba bajo influjo de Brasil.

En 1830 las provincias argentinas se hallaban en una situación compleja, concretada en dos frentes antagónicos. Tanto la Liga del Interior como el Pacto Federal, se alcanzaron superando, mediante pactos previos, situaciones antagónicas.

Buenos Aires, en situación de privilegio, llegaría a transformarse en centro político y económico. Los territorios del interior llegaron a ser complementarios de Buenos Aires. No se expandían y habían perdido la estructuración que le proporcionara la economía colonial. Buenos Aires, único puerto, fortalecía su comercio exterior. A esta situación hegemónica había llegado Buenos Aires gracias al trabajo de Rivadavia y Lavalle. La lucha por la preservación de Buenos Aires explica el acercamiento de Lavalle a Rosas y su alejamiento de Paz y López. En Buenos Aires no existían caudillos ni montoneras a la manera de las provincias litorales o del interior.

El primer Tratado previo al Pacto Federal en el suscrito el 18 de octubre de 1829; Luego, el Pacto entre Santa Fe y Corrientes (23 de febrero de 1830); entre Buenos Aires y Corrientes (23 de marzo de 1830); entre Corrientes y Entre Ríos (14 de mayo de 1830).

Mediante estos tratados las provincias litorales se van nucleando frente a los acontecimientos, que no eran otros que la formación de la liga del interior..

Así se forma el bloque de las nueve provincias del Interior unidas y el de las cuatro litorales del Paraná, que, además, revelaban paridad en las armas. Los triunfos militares de José María Paz en La Tablada y Oncativo, revelaban una superioridad incuestionable de aquél en lo estratégico. Vencida la montonera, el adversario debió adoptar una nueva disciplina militar. La aparente superioridad de Paz, sin embargo, se derrumbó por la conciencia federalista que finalmente se impuso, a pesar de todo.

Demichelli, citado por Galletti, destaca ocho coincidencias básicas de los tratados previos al Pacto Federal:

liga ofensiva-defensiva entre las cuatro Provincias litorales

regulación por el Tratado del Cuadrilátero

sistema de gobierno federal

admisión de otras provincias si adhieren al sistema federal

admisión de otras no federales si dan garantías de cambiar de política

convocatoria a Congreso en Santa Fe

Buenos Aires regirá las relaciones exteriores

Navegación de los ríos en el estado que tenía el 30 –11-1828.

Las reuniones comenzaron el 20 de julio y las negociaciones hasta el 30, fracasaron. En dichas reuniones participaron: José María Roxas y Patrón, por Buenos Aires; Domingo Cullen, por Santa Fe; Diego Miranda, por Entre Ríos; y Pedro Ferré, por Corrientes. Se encomendó a Roxas y Patrón y Ferré la redacción del proyecto de tratado para ser sometido a la comisión.

Ferré estableció tres puntos:

Permanencia de una Representación de las provincias ligadas, hasta tanto se organizase la Nación, con atribuciones determinadas

Esta representación procuraría la organización general del país

La misma debería reglar el comercio extranjero y la navegación de los ríos Paraná y Uruguay

Roxas expresó no tener facultades suficientes para decidir sobre estas materias. Desde un comienzo, la discusión era de fondo: se trataba de la organización definitiva del país. ¿Hasta dónde alcanzaba el mandato de lo representantes? Este fue el primer punto de discusión planteado por el representante porteño, que más parecía una excusa dilatoria que in argumento institucionalmente válido.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se determinó que cada uno de los comisionados proyectara lo que creyera conveniente. Roxas presentó un memorándum y Ferré un proyecto de gran amplitud. Pese a los esfuerzos de las tres provincias restantes por llegar a un acuerdo que contemplara la faz económico- financiera, Buenos Aires mantuvo la intransigencia, arguyendo carecer de poderes suficientes. Finalmente, Ferré se retiró y con él la provincia de Corrientes.

Roxas y Patrón fijaría una posición favorable a los intereses porteños. Procurando sostener la ventaja comparativa del puerto único, argumentó que Buenos Aires es quien paga la deuda nacional contraída en las guerra, sostiene las representaciones exteriores, provee a la seguridad de costas y ríos, etc. Instaba a las provincias a unirse en pos de la producción agropecuaria; en caso contrario peligraba el comercio exterior en el que predominaba el comercio de cueros.

No ignoraban las provincias que mantener la hegemonía política de Buenos Aires acarreaba mantener el statu quo económico. Buenos Aires se sostenía en la abundancia de campos baratos y el libre acceso a los mercados extranjeros; la postura de Ferré subvertía ambos postulados , pretendiendo proteger los intereses provinciales contra los más vitales intereses de Buenos Aires.

También señaló Roxas que las rentas aduaneras, recaudadas por Buenos Aires, apenas alcanzaban a cubrir los intereses del empréstito con Inglaterra. Y, ya que las provincias no podían auxiliar a Buenos Aires en el pago de los compromisos internacionales, lo menos que cabía era mantener la situación como estaba. Por último, manifestó sus objeciones contra el libre comercio, defendiendo como única industria del litoral a la ganadería. Así sostuvo que cualquier desequilibrio comercial sería neutralizado con una expansión de la industria ganadera, casualmente, eje de la economía porteña. Cualquiera sea el sistema económico (librecambista o proteccionista) estaría limitado a los límites de la provincia portuaria.

Ferré, contestando a Roxas, propuso la prohibición absoluta de importar algunos artículos que produce el país y habilitar otros puertos más que el de Buenos Aires. Ferrá planteaba, en 1830, que el modelo impuesto, que perduraría por largos años, era el de un país pastoril, monoproductor y de economía dependiente. Esto favorecía el crecimiento de determinadas clases sociales en detrimento del país.

Proponía, en cambio, una política proteccionista, que implicaba el establecimiento, a largo plazo, de una economía diversificada.

Las discusiones en torno al Pacto Federal se centran en dos problemas inescindibles: el institucional y el económico.

El diputado por Santa Fe, Domingo Cullen, presentó un proyecto transaccional, que tampoco fue aceptado por Buenos Aires, por cuanto insistía en la organización federal del país.

Decididos López y Rosas a celebrar el pacto, el 4 de enero de 1831 lo suscriben José María Roxas y Patrón, por Buenos Aires; Domingo Cullen por Santa Fe y Antonio Crespo por Entre Ríos. Corrientes adherirá al Pacto por ley del 19 de agosto de 1831, luego del alejamiento del representante correntino.

En su redacción final consta de 17 artículos. En los considerandos refiere expresamente a los tratados preliminares, que brindaban la base historicista de la adhesión unánime a la forma federal de estado. En el artículo 1 ratifican los tratados anteriores suscriptos entre los mismos gobiernos.

Carácter del pacto: unión permanente, paz y amistad (art.1) y alianza ofensiva defensiva (art.2)

Obligaciones recíprocas: no celebrar tratado alguno una provincia por sí sola con otra de las litorales, ni con otro gobierno, sin previo consentimiento de las demás provincias que forman la federación, y no rehusar arbitrariamente el consentimiento a tales tratados; no dar asilo a criminales que acuda a alguna de ellas huyendo de las otras dos por cualquier clase de delito.

Derechos de las firmantes: Igualdad y reciprocidad de derechos entre las signatarias. La única excepción que se establece es la posibilidad de que alguna de las provincias firmantes determine que sólo los naturales de ellas puedan acceder a la primera magistratura. Expresamente se mencionan: entrar y transitar con sus buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una; ejercer su industria; igualdad de derechos y tributos por frutos y efectos que se importen o exporten.

Adhesión de otras provincias: cualquier provincia de la República que quisiera entrar en la liga será admitida, siempre que su voto sea por el sistema federal y que en el acto de adhesión se contara con el expreso y unánime consentimiento de cada una de las demás federadas.

Comisión Representativa:

Composición: un diputado de cada provincia

Residencia: Santa Fe

Designación: arbitrio de cada gobierno

Duración: lo que cada gobierno considerara oportuno

Atribuciones: taxativamente determinadas en el art.16 del Pacto ( celebrar tratados de paz a nombre de las tres, sometiéndolos a su ratificación; declarar la guerra en nombre de las tres, previo acuerdo con tal declaración; levantar ejércitos en caso de guerra ofensivo-defensiva y nombrar al general al mando; determinar contingentes de tropas; invitar a todas las provincias de la República a reunirse en federación con las pactantes y llamar a un Congreso General federativo para organizar el país. Para que la invitación fuera viable se requería: a) que estuvieran en plena libertad y tranquilidad; b) para, reunirse en federación con las demás litorales; c) y para que, por medio de un Congreso general federativo, se constituyera el país.

Carácter del Congreso: General, federativo y constituyente

Esto constituye una síntesis de una de las etapas más significativas de nuestra historia constitucional. Recomiendo profundizar los contenidos en la bibliografía sugerida en el programa de la materia.

Rosas, facultades extraordinarias

2011-11-17T02:50:00.001-03:00

Llegada de Rosas, facultades extraordinarias. Pensamiento político, carta de la hacienda de Figueroa

Rosas, que luego del acuerdo con Lavalle fue gobernador de Buenos Aires desde 1829 a 1831, gobernó correctamente y ordenó un poco las cosas. Su gobierno coincidió con una tremenda sequía que hubo en Buenos Aires y en las provincias del área, pero significó el fin de la guerra civil en Buenos Aires. Después de haber llevado a cabo la conquista del desierto se negó a ser gobernador, porque Rosas quería gobernar solamente con facultades extraordinarias. En su opinión, el estado de las cosas no permitía a un gobernante controlar la situación si no tenía la suma del poder público, si no era un dictador.

Como la Legislatura de Buenos Aires no quiso darle estas atribuciones, Rosas no aceptó ser reelegido. Varios gobernadores interinos se sucedieron y, a fines de 1834, llegó a Buenos Aires la noticia de una guerra civil entre dos provincias federales: Tucumán y Salta. Rosas convocó al hombre más prestigioso del interior, Juan Facundo Quiroga, quien entonces vivía en Buenos Aires, y le pidió que fuera como delegado del gobierno de la provincia para pacificar la situación. Luego de varios días de conferencias, Quiroga partió hacia el norte y Rosas se quedó en una estancia de San Andrés de Giles, la Hacienda de Figueroa, donde redactó un largo documento fechado el 20 de diciembre de 1834, que llegó a manos de Quiroga cuando éste estaba en Santiago del Estero.

Se trata de la famosa carta de la Hacienda de Figueroa, uno de los pocos documentos donde Rosas explica su pensamiento político que, en síntesis, es el siguiente: el país no está todavía en condiciones de organizarse constitucionalmente bajo un régimen federal. Ni siquiera existen los elementos básicos para hacerlo. Recién sale de una guerra civil, las provincias están destrozadas, las cicatrices son aún muy hondas. Si se convoca a un congreso, se va a llenar de unitarios, “de logistas y de pícaros” y el resultado será un nuevo fracaso. Además, se necesita dinero y no lo hay. Por otro lado ¿dónde se reuniría el congreso? En Buenos Aires, no; eso provocaría de inmediato la desconfianza del interior, como siempre ha ocurrido. Y, ¿qué tipo de constitución se haría? Dejemos que las cosas se vayan arreglando con el tiempo.

El pedido de mediación de Quiroga

Por la controversia suscitada en las provincias del norte entre Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, y Pablo Latorre gobernador de Salta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Maza, decide enviar un mediador que zanjar las diferencia entre dichos gobernadores.

La designación recae sobre Facundo Quiroga, de gran ascendencia en las provincias del interior, y este, antes emprender la misión, le pide opinión a Rosas:

"Buenos Aires, diciembre 14 de 1834

Señor Juan Manuel de Rosas.

Amigo de mi distinguido aprecio: son las nueve de l noche, hora en que se me ha solicitado de parte del Señor Gobernador para que marche a buscar la paz y orden que se ha alterado por desgracia en los pueblos de Tucumán y Salta. Yo estoy dispuesto a marchar en el momento que se quiera, previa su aprobación, y es por esto espero me dé francamente su opinión.

Soy de usted atento servidor y amigo.

Juan Facundo Quiroga."

Las relaciones de Rosas y Quiroga

Esta breve carta da cuenta de la importancia que Quiroga daba a las opiniones de Rosas, y muestra la buena predisposición y amistad entre ambos caudillos, hecho que algunos detractores trataron de disimular y distorsionar.

Rosas acompaña en su viaje a Quiroga hasta San Antonio de Areco, donde conferencias extensamente durante el día 17 de diciembre. Debido a la premura de las circunstancias, al día siguiente Facundo Quiroga emprende de se viaje al norte, y Rosas queda en la Hacienda de Figueroa, donde redacta una extensa carta que alcanzaría en viaje al mediador, donde le satisface a Quiroga dándole “francamente su opinión”.

En principio Rosas le da su opinión sobre el conflicto y la forma conveniente de llevar a cabo su misión; en una segunda parte, se explaya sobre una serie de argumentos y razones sobre conveniencia de no dictar prematuramente una Constitución, y de postergar el dictado hasta la pacificación y organización de las provincias.

Los detractores de Rosas usan esta carta como argumento para “demostrar” que Rosas intentaba “convencer” a Quiroga de su posición, sobre la que “supuestamente” estaban en desacuerdo. Aún en el caso que Rosas tratara de "convencer", no veo que tenga de malo hacerlo con palabras y argumentos fundados, en lugar de hacerlo como los unitarios, "a palos y cueste lo que cueste", según le aconsejara el minitro Julián Segundo de Agüero a Ridadavia.

Pero esa deducción unitaria es antojadiza y tendenciosa, y no se apoya en ningún documento de la época. Por el contrario, de toda la correspondencia entre Rosas y Quiroga surge la armonía entre ambos caudillos, y hablando de la necesidad de postergación del dictado Constitucional, en la carta que le escribe en estas circunstancias, le estampa la frase textual: “acuerdo en que hemos estado siempre”, lo que no da lugar a dudas.

Rosas no “trataba” de convencer a Quiroga, sino que más bien le hacia una “ayuda memoria” de guía para la misión que cumplía, dándole “francamente su opinión”.

Por su argumentos, su trascendencia y por las circunstancias previas e inmediatas en que fue redactada ( Barranca Yaco ), la llamada de la “Carta de la Hacienda de Figueroa”, pasa a ser un documento invalorable

El Período Rivadaviano y el Congreso de 1824/27

2011-11-17T02:45:00.001-03:00

Ley Provincia de buenos Aires 1824 y tratado con Inglaterra.

El Período Rivadaviano y el Congreso de 1824/27

El proceso de centralización unitaria fue llevado hasta sus últimas consecuencias por el “grupo rivadaviano”. El unitarismo muestra coherencia y cohesión, en oposición a la heterogeneidad del federalismo. A través de la presidencia de Rivadavia se ensayará un ordenamiento centralista del Estado.

El período rivadaviano puede ser dividido en tres etapas:

· Actuación personal de Rivadavia en el primer Triunvirato (formación de junta para organizar la compañía de seguros y el Banco de Descuentos, decretos de exportación e importación; exención de derechos a la carne salada; inmigración; levantamiento de plano topográfico de la provincia para repartir tierras).

· Durante el gobierno de Martín Rodríguez.

· Presidencia (Guerra con el Brasil y Constitución de 1826)

Para algunos, el proceso significa la puesta en marcha de un profundo plan de modernización del país; Rivadavia constituiría el arquetipo del reformista liberal que proyectó un país que no pudo realizarse ni concretarse.

Para otros Rivadavia representa la continuación de la política borbónica en el Plata y su acción, en el escenario de la provincia de Buenos Aires de ciertas formas de despotismo ilustrado. Rivadavia es un fruto de la Ilustración, discípulo de Rousseau, transferido a Bentham.

Pretende realizar un primer ensayo de liberalismo signado por la Ideología, la solidaridad social, el utilitarismo de Bentham, Condillac, etc.

Rivadavia era un reformista, un progresista. Creyó en las conquistas del pensamiento, mediante una administración ordenada (Ley, conciencia, razón).

Su sistema de ideas tenía como motor la razón, pero la ley, muchas veces, no se correspondía con las circunstancias de hecho. Y, por sobre todo, las reformas tendían a favorecer a la provincia de Buenos Aires y aun a ciertos sectores, en detrimento del resto del país. Los errores devenían del desajuste entre los esquemas racionales y su aplicación. Además, el grupo rivadaviano no obedecía ni representaba al mandato popular. Surgían de élites cerradas.

Se creía en la posibilidad de realizar mejoras generales “desde arriba”, a la manera del despotismo ilustrado. Le faltaba la sutil e instintiva captación del pueblo.

La grandeza y la caída de Rivadavia quizás estén dadas por su falta de sensibilidad “política”, que requiere un sentido de la realidad concreta. No vale institucionalizar para un futuro, sino para un presente, aunque siempre con miras al futuro.

Con Martín Rodríguez, y principalmente luego de la firma del Tratado del Cuadrilátero, Buenos Aires vuelve a obtener primacía y pretenderá constituirse en centro hegemónico del país. El programa de acción unitario sería el logro de una Constitución para todo el país, desde Buenos Aires y teniéndola como centro. Se hace necesario expandirse territorialmente para garantizar el comercio interprovincial.

Esta expansión se logró financiando y organizando expediciones contra los indios. Al no guardar relación esta expansión con la demográfica, para obtener mano de obra se pensó en el aporte inmigratorio.

Con la expansión del territorio se aumentaron los establecimientos ganaderos y las estancias se transformaron en empresas capitalistas. Se incrementó el comercio exterior e interprovincial; Buenos Aires se desarrolló pronto y se transformó en el centro financiero y comercial de la nación. Las reformas tendrían centro en la Capital y Provincia con exclusión del resto del país. Llega a plasmar un orgulloso aislamiento, sintiéndose motor y factor decisivo del territorio nacional que, por lo demás, parece ignorar su existencia.

La finalidad de Martín Rodríguez era la elaboración, al menos para Buenos Aires, de una política capaz de:

· Promover el DESARROLLO INTERNO de la comunidad

· Asegurarse RECONOCIMIENTO Y APOYO de POTENCIAS EXTRANJERAS (en especial Gran Bretaña y Estados Unidos).

Para ese logro Rivadavia diseñó una política financiera tendiente a reunir y concentrar en apoyo del Estado los intereses de los acreedores, internos y externos. Creía que éstos apoyarían así la independencia y se convertirían en fuente de recursos para promover la educación, la inmigración, la expansión territorial, las obras portuarias y los servicios portuarios. Estas reformas se inician con la fiscalización del gasto por organismos especiales del ministerio de hacienda y la formulación del presupuesto de gastos e ingresos, la contribución directa, consolidación de la deuda, creación del correo.

La misión Zavaleta: resultado. Convocatoria al Congreso. Ley Provincial de noviembre de 1824.

El lustro que se extiende desde la disolución del Congreso de Tucumán a principios de 1820 a la reunión del Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de La Plata, a fines de 1824, es un intenso proceso histórico. Comprende el estallido de la anarquía, la organización institucional de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, y el fracaso del Congreso Nacional de Córdoba que llegó a reunir diputados de diez provincias. El fracaso de ese Congreso fue motivado por el retiro de los diputados de la Provincia de Buenos Aires, conforme a las instrucciones del nuevo ministro Rivadavia, observando que era imposible constituir de inmediato, en 1821, la autoridad Nacional, en virtud de que en todo el país no había en quien depositarla, que no podía dársele fuerzas bastantes y la falta de fondos no permitía exigir ese sacrificio a los pueblos que yacían en la miseria. La unión de Buenos Aires con las Provincias del Litoral, se afianzaba cada vez más no sólo como consecuencia de la desaparición de Artigas del escenario político sino por la gravedad de la invasión portuguesa. Una de sus altas expresiones había sido el Tratado del Cuadrilátero, de enero de 1822.

El ministro Rivadavia había designado comisionados al interior para conseguir la adhesión de las Provincias al Congreso Nacional, a reunirse en Buenos Aires. El deán Zavaleta pasó a Cuyo, donde la idea fue acogida con entusiasmo. El general Las Heras y el doctor Cossio se dirigieron al Norte y al litoral, y el plan también se abrió camino. Opusieron resistencia las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Bustos y Quiroga encabezaron la oposición al Congreso a reunirse en Buenos Aires alegando que se proponía desconocer las autonomías provinciales y dictar una constitución unitaria.

En las instrucciones del deán Zavaleta se fijaban las siguientes bases:

· Reunión de todas las provincias en una nación administrada bajo el sistema Representativo;

· Cada Provincia estaría en un orden de paz, de conformidad los pueblos con los gobiernos respectivos.

Algunas variantes se observan en las instrucciones a Cossio, pues éste debía gestionar la adhesión de las Provincias del Litoral para desalojar a los portugueses de Montevideo y obtener el concurso del Paraguay para nombrar el Ministro Plenipotenciario que se enviaría a España con el fin de acordar el Tratado definitivo de paz y amistad, de acuerdo con el convenio preliminar de 4 de junio de 1823, desconociéndose en cierto modo la soberanía del Paraguay. El general Las Heras fue comisionado a las provincias del Alto Perú, para lograr el retiro de las fuerzas realistas y su adhesión y unión a las demás provincias.

En el mensaje del Ministro Rivadavia a la Junta de Representantes, en febrero de 1824, explica las dos razones de urgencia que hacían necesaria la reunión del Congreso Nacional: el estado interior del Perú, motivado por la guerra de la Independencia, especialmente en el altiplano, y la situación a que habían llegado las relaciones con el Brasil que continuaba reteniendo la Provincia Oriental. La ley fue promulgada el 5 de marzo de 1824. Por ella se facultaba al Gobierno a invitar a los pueblos de la Unión a reunir lo más pronto posible la Representación Nacional y a tomar todas las medidas conducentes a la realización de ese acto. La base de la representación sería la misma que la adoptada por el Reglamento Provisorio de 3 de diciembre de 1817, es decir, un diputado por cada 15.000 hombres y las elecciones se harían conforme la ley de sufragio universal del 14 de agosto de 1821. Los pueblos expresarían por medio de sus gobiernos, el lugar en que sesionaría el Congreso Nacional. La mayoría señaló a Buenos Aires. El 2 de abril de 1824, el general Las Heras sucedía en el mando de la provincia de Buenos Aires al general Rodríguez. Rivadavia dejaba de ser Ministro y se alejaba del país en viaje a Europa. En la Provincia de Buenos Aires, renacía el espíritu federal, y a fines de ese año (13/11/24) la Junta de Representantes dictaba una ley por la que se reservaba el derecho de aceptar o rechazar por su parte la Constitución “que presente” el Congreso Nacional. Tales son los antecedentes inmediatos que explican la reunión del Congreso Nacional, cuya primera sesión preparatoria se celebró el 6 de diciembre.

Instalación del Congreso.

El 6 de diciembre de 1824 se reunieron en sesión preparatoria veintitrés diputados, presididos por el deán Funes (miembro más anciano) y actuó como Secretario Dalmacio Vélez (miembro más joven), quien como diputado por San Luis, se iniciaba en la vida política del país.

La apertura de sesiones se realizó el 16 de diciembre en cuya primera sesión fue recibido un memorándum firmado por el Gobernador Las Heras y el Ministro García saludando a la representación nacional, y explicando la labor que la Provincia de Buenos Aires había desplegado en las relaciones con las potencias extranjeras a nombre de las demás provincias y los actos relativos a asuntos de interés general en que había intervenido desde 1820. En lo relativo a relaciones internacionales el Dr. García destaca la actitud de los Estados Unidos que había reconocido nuestra independencia, en contraste con la política del Brasil que retenía bajo su mando Provincia de Montevideo. Declara que en Europa, la Santa Alianza no podía reconocer como legítimos los gobiernos americanos cuya autoridad se basaba en los derechos simples y naturales de los pueblos, pero la Gran Bretaña se disponía a reconocer la independencia de las nuevas repúblicas.

Efectivamente, el 2 de febrero de 1825 se firmaba el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires. Llevado al Congreso se inició la discusión el 12 de febrero. En este tratado se declaraba perpetua amistad entre los dominios y súbditos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. Se reconocía para ambas partes una recíproca libertad de comercio y navegación, beneficios que para los habitantes de las Provincias Unidas se extendían también a todos los dominios de la Corona Británica fuera de Europa. En materia de derechos de importación debía regir en ambos países igualdad de tratamiento para la introducción de sus respectivos productos. Otros artículos trataban de la nacionalidad de los buques de comercio, del nombramiento de los cónsules, de los derechos de los individuos de ambos países, estableciéndose para los súbditos británicos residentes en las Provincias Unidas el derecho de disponer libremente de sus bienes y propiedades. Quedaba igualmente reconocido para ambas partes el principio de la libertad de conciencia y de cultos en los dos estados. Por fin las provincias se comprometías a cooperar con Gran Bretaña en la abolición total del comercio de esclavos. A pesar de las reservas expresadas por algunos diputados, se autorizó por decreto al Poder Ejecutivo para ratificar el tratado.

La batalla de Tacuarembó (14/1/1820) significó la derrota definitiva de Artigas, al tiempo que la anexión de la Banda Oriental, como Provincia Cisplatina al Imperio de Brasil. A partir de dicha anexión, las autoridades nacionales iniciaron gestiones diplomáticas para obtener la solución del conflicto.

Alvear fue encomendado a los Estados Unidos de América. Allí se entrevista con el Ministro Canning (3/7/1824), solicitando la mediación de los Estados Unidos en el conflicto. El 19 de octubre de 1824, el Presidente John Adams accede a actuar como mediador. En abril de 1825, Alvear regresa, habiendo concluido exitosamente su gestión.

Posteriormente, Alvear es encomendado junto con Díaz Vélez para negociar con Bolívar una estrategia conjunta para la resolución de los conflictos de la Banda Oriental, Moxos y Chiquitos. Esta negociación se vería frustrada por la guerra.

El envío de José Valentín Gómez a la Corte de Río, y el fracaso de su gestión, presagiaba la guerra. Gómez presentó un petitorio a la Corte de Río, exigiendo la inmediata evacuación de la Banda Oriental. Se comprometía, en cambio, a la firma de un tratado de amistad y buenas relaciones en modo estable, y a indemnizar al Brasil por los daños sufridos.

La gestión de Valentín Gómez concluyó con una agónica protesta invocando el derecho de gentes, y debió regresar al país prácticamente huyendo.

El 19 de abril de 1825, los “treinta y tres orientales”, comandados por Lavalleja recuperan el territorio usurpado por los brasileños.

El 25 de agosto del mismo año en el Congreso de la Florida los orientales declaran la nulidad de su anexión con Brasil, su unidad con las demás provincias argentinas y la formación de un gobierno libre.

Mientras Brasil organizaba la reconquista, el 25 de octubre de 1825, el Congreso Nacional reconoce la reincorporación de la Banda Oriental.

El 4 de noviembre el Congreso elabora una Declaración de principios al Emperador del Brasil. Por ella, se comprometía a no atacar sino para defenderse y obtener restitución de puntos aún ocupados; también a proveer a la defensa y seguridad de la Provincia Oriental; asimismo se expresaba que dependía del Emperador establecer la paz.

La actitud de la Corte del Brasil, distó mucho de la pacificación requerida: invadió nuevamente y se dispuso a apresar buques y bloquear los puertos.

El 1º de enero de 1826, triunfando la posición pacifista de Valentín Gómez, el Congreso sanciona una ley autorizando a resistir la acción del Imperio a la República. El Ministro García había sugerido otra, autorizando la utilización de los medios que hace lícitos el derecho de guerra.

El 24 de agosto de 1826 Francisco de la Cruz plantea a J.M. Forbes la aplicación de la doctrina Monroe al caso. El pedido fue denegado luego de concluida la guerra, el 1º de marzo de 1828.

Principales leyes dictadas por el Congreso.

· La ley fundamental.

· La ley de Consulta.

· Ley de Presidencia.

· Ley de Organización de Ministerios.

· Ley de Capitalización.

· Ley de Disolución de los Poderes de la Provincia de Buenos Aires.

· El Banco Nacional.

· Consolidación de la Deuda.

· Enfiteusis.

Debates sobre el régimen electoral y la forma de Estado.

En la sesión del 22 de diciembre, tuvo entrada el Proyecto de Ley Fundamental del diputado Acosta por Corrientes.

Se trata de una de las grandes leyes argentinas. En la exposición de motivos se deja constancia de la importancia del “Proyecto de Ley Fundamental o artículos de perpetua unión” que reproduce el Pacto con que se unieron las Provincias desde el día que proclamaron su Independencia –era pues a modo de un nuevo Pacto Interprovincial- e indique sus atribuciones y objetos, señale la ruta que se ha de seguir, establezca las bases de la reorganización del nuevo Estado y provea a sus necesidades.

Se iniciaban las deliberaciones en un momento excepcional; se había librado en Ayacucho, la última batalla contra el poder español; Alvear en Estados Unidos y Rivadavia en Inglaterra, actuaban eficazmente defendiendo nuestros intereses, y los orientales preparaban la expedición de los 33 Libertadores.

El autor del Proyecto retiró el suyo pasándose a considerar el dictamen de la Comisión (Funes, Zavaleta, Castellanos, Paso, Frías y Vélez). Se aprobó el artículo 1º que dice así:

“Las Provincias del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen por medio de sus diputados y del modo más solemne el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en Nación independiente y protestaban de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos sus recursos para afianzar su independencia nacional y cuanto pueda contribuir a la felicidad general”.

El artículo 2º:

“Su denominación en lo sucesivo será Provincias Unidas del Sud de América”,

Fue objeto de una ilustrada discusión, y suprimido por el Congreso, decidiendo que todas las resoluciones tuviesen este encabezamiento

“El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acorado y decreta lo siguiente...”

En la siguiente sesión se aprobó como artículo 2º:

“El Congreso General de las Provincias Unidas es y se declara constituyente”

Por el artículo 3º se declara

“Por ahora y hasta la promulgación de la Constitución que ha de reorganizar el Estado, las Provincias se regirán interiormente por sus propias instituciones”.

El artículo 4º quedó redactado, luego de las objeciones del diputado Gómez, en los siguientes términos:

“Cuanto concierna a los objetos de la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional y a las relaciones exteriores de las provincias con cualesquiera otro gobierno, nación o Estado Independiente, es del resorte privativo del Congreso General”.

Se aprobó el artículo 5º que dice:

“El Congreso expedirá provisoriamente las disposiciones que se hicieren indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.”

El Congreso aprobó el artículo 6º que establece:

“La Constitución que sancionare el Congreso, será ofrecida oportunamente a la consideración de las Provincias y no será promulgada ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada”.

Ningún artículo generó tanta discusión como el 7º:

“Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda éste provisoriamente encomendado al Gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes:

1ª. Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros y autorización de nombrarlos.

2ª. Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.

3ª. Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el artículo 4º.

4ª. Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptúe convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado.

Por un último artículo se mandaba comunicar esta ley a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.

La mayoría de las provincias adhirieron a la Ley Fundamental.

Buenos Aires aceptó la misión que se le encomendaba por artículo 7º

Esta Ley Fundamental, es ella misma una breve constitución de carácter orgánico, porque ratifica los ideales de Independencia y de organización republicana de Mayo y Julio, porque comprende y resuelva las cuestiones en los órdenes interno y exterior que convulsionaban el país, constituye un Gobierno Nacional Provisorio, y señala las direcciones políticas e institucionales a adoptarse para sancionar la Constitución definitiva. Fue sancionada el 23 de enero de 1825.

En esta ley queda manifiesto el accionar de Buenos Aires. Una vez que la ley es adaptada a sus objetivos, la Junta de Representantes la acepta prontamente.

Ley de Consulta (21/6/1825):

Era una especie de sondeo, mediante el cual el Congreso podría estar en condiciones de determinar la forma de estado y obtener el ulterior consentimiento de las provincias. Esta ley determinaba que debía consultarse previamente a las provincias acerca de la forma de gobierno que creyeran más conveniente para afianzar el orden, la libertad y la prosperidad nacional. Ella sería la base para conformar la constitución aunque dejando a salvo el derecho de aceptarla o no conforme con la ley fundamental. La opinión de las provincias se daría a través de sus juntas o asambleas representativas, constituyéndose en casos de no existir.

Las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero (posteriormente, también Santa Fe), se manifestaron por la forma federal; Salta, Tucumán y La Rioja, por un gobierno de unidad o concentrado; Catamarca, San Luis y Corrientes, adherían a las deliberaciones del Congreso; Buenos Aires, Entre Ríos, la Banda Oriental y Misiones, no emitieron opinión.

Corrientes y Entre Ríos, luego (1826) se manifestaron inequívocamente por la forma federal.

Ley de Presidencia:

Se originó en un proyecto de resolución del diputado Bedoya, solicitando a la Comisión de Negocios Constitucionales las bases para la creación del poder ejecutivo permanente. En sesión del 3 de febrero la Comisión presentó dos proyectos de ley: de ejecutivo nacional y ministerios para el despacho de los negocios del Estado.

Fundamentación (diputado Gómez):

· Ejecutivo provisorio carente de suficiente fuerza para afrontar los conflictos, especialmente los internacionales.

· Tropas de provincia declaradas nacionales

· Recursos para sostener la guerra por la Banda Oriental

· Banco Nacional bajo autoridad del gobierno nacional

· El EJECUTIVO HABÍA ADQUIRIDO FUERZA, pero no de modo completo

Se iría robusteciendo con el dictado de la Constitución, como también la autoridad legislativa.

Moreno solicitó que se difiriera el proyecto: el nombramiento o designación de un ejecutivo permanente era de resorte de la Constitución del Estado. Lo más que podría hacerse era crear otro ejecutivo provisorio. Además, la representación provincial era insuficiente (las provincias no habían completado la representación, duplicada por ley del 19 de noviembre de 1825).

No obstante las posturas en contrario, el proyecto fue aprobado por 30 votos contra 5.

Consta de siete artículos. Determinaba que, siendo oportuna y urgente la instalación del ejecutivo nacional permanente, debería nombrarla el Congreso por simple mayoría de diputados presentes. El electo tendría el título de presidente de la Provincias Unidas del Río de la Plata, con tratamiento de excelencia y honores de jefe supremo del Estado, durando en sus funciones el tiempo que estableciera la Constitución, el que se computaría desde la toma de posesión. El electo debía prestar juramento y se comprometería a cumplir la Constitución que se sancionase, proteger la religión católica y defender y conservar la integridad e independencia del territorio de la unión bajo forma representativa republicana. Sus facultades serían las mismas del ejecutivo provisorio y las que ulteriormente se le otorgaran. Gozaría de una compensación anual de veinte mil pesos.

En sesión del 7 de febrero de 1826 se procedió a la elección: Rivadavia fue electo con 35 votos, 1 por Alvear, 1 por Juan Antonio Lavalleja y 1 por Juan Antonio Arenales. Al día siguiente el Congreso recibió el juramento.

Organización de ministerios:

El 6 de febrero se sancionó, denominada Ley de subdivisión de los ministerios nacionales. Creaba cinco ministerios:

· Gobierno Julián S. De Agüero

· Negocios extranjeros Manuel José García

· Guerra

· Marina Carlos María de Alvear

· Hacienda Salvador María del Carril

El presidente podía reunir dos departamentos en un solo ministro, según lo demandare el estado de sus negocios. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Las Heras, se desmantelaba.

Ley de capital:

El 9 de febrero, Rivadavia envía al Congreso un proyecto de ley declarando a Buenos Aires capital del Estado, se ampliaban sus límites que quedaban bajo exclusiva e inmediata dirección de la legislación nacional y del Presidente de la República, declaraba nacionales todos los establecimientos de la Capital, todas las acciones, deberes y empeños contraídos por Buenos Aires, organizándose una provincia en el resto de ésta e ínterin quedaba su territorio bajo la inmediata dirección de las autoridades nacionales.

En dictamen de 22 de febrero, la Comisión aconsejaba la aprobación del proyecto. El proyecto fue aprobado por 25 de votos a favor contra 14 en contra.

Argumentos a favor:

· el país debía tener una cabeza

· imposibilidad de gobernar el país desde una ciudad que no fuera declarada capital

Argumentos en contra:

· no podría ser dada sin previo dictado de la Constitución

· la provincia no podía abandonar sus instituciones hasta que la ley constitucional viniera a reemplazarla

· La desmembración de Buenos Aires significaba su extinción como provincia

No obstante la aparente adhesión de Buenos Aires, en la sesión del 25 de febrero tuvo entrada la queja de su gobierno contra el Presidente por infracción al art. 3º de la Ley fundamental y 1º de la Ley provincial. Pero la queja era tardía y la aprobación del proyecto en marcha arrasaría con la provincia. Su poder reservado sería arrasado.

Según la ley Capital. Ésta ocupaba un territorio mayor aún que el del Gran Buenos Aires. El resto de la provincia era casi un desierto.

Disolución de los poderes de la provincia de Buenos Aires: en cumplimiento de la Ley Capital, el Congreso dictó una ley por la cual declara:

Que el gobierno de la provincia ha cesado en sus funciones

· Corporaciones, tribunales y jefes de oficinas provinciales, se ponen a disposición del respectivo ministerio

· Que los ministros impartan las órdenes que demande el servicio público

· Que el ministro de gobierno queda especialmente encargado de la ejecución de la presente.

Banco Nacional:

Esta ley data del 28 de enero de 1826. La Comisión

de hacienda expresaba, al discutirse la ley de su creación, que las bases del mismo eran las determinadas para establecimientos de igual clase, pero combinadas con las particulares circunstancias de nuestro estado. Se trataba de incorporar organismos estables para lograr un reordenamiento en los intereses públicos y privados. La ley, compuesta de siete títulos y artículos adicionales, cuenta entre sus principales disposiciones:

· Autoriza al ejecutivo para establecer un Banco Nacional (“Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata”), con un capital de diez millones de pesos (tres millones: empréstito de la Provincia de Buenos Aires; uno: Banco de Descuentos; suscripción pública por un año de acciones de doscientos pesos cada una.

· Acciones del gobierno: proporcional al capital aportado.

· Asamblea general de accionistas con votos proporcionales

· Administración a cargo de un directorio

· Administraciones subalternas con fondos acordados por la principal

· Podía acuñar moneda siguiendo normas de la legislatura y en la cantidad que asignara el gobierno

· Deberes y privilegios especiales del banco, etc.

Consolidación de la deuda:

Por leyes del 15 de febrero de 1826 y del 16 de marzo del mismo año, se consolida la deuda anterior al 1º de febrero de 1820 procedente de servicios nacionales.

Se garantizaba por la Nación el cumplimiento de las Leyes de 1821, dadas por la Provincia de Buenos Aires para la consolidación de la deuda general del Estado y creación de fondos públicos. Las tierras y más bienes inmuebles de propiedad pública quedaban hipotecadas al pago del capital e intereses de la deuda nacional.

Enfiteusis:

Fundamentos de la ley del 18/5/1826.

· Tierras públicas sujetas al pago del capital e intereses de la deuda interior del Estado y de los 15 millones del fondo público nacional (Ley del 27/10/1825).

· La enfiteusis es el único recurso para hacer productivas dichas tierras.

· Inseguridad y desventajas locales de esos terrenos.

· Falta de capitalistas empresarios que aumenten la demanda

· La venta de los terrenos no alcanzaría a cubrir la mitad de los dos créditos expresados

La enfiteusis importa el desmembramiento más grande que pueda soportar el derecho de propiedad. Además, en caso de venta, el enfiteuta tiene derecho de preferencia.

La ley del 18/5/1826 determina que las tierras de propiedad pública cuya enajenación se había prohibido en el territorio del Estado se darán en enfiteusis por un término no menor de veinte años desde el 1º de enero de 1827.

· Primeros diez años: canon 8% pastoreo, 4% pan llevar, del valor anual estimado de la tierra

· Fijación del valor: jury de cinco propietarios, presidido por un juez

· Vencidos los diez años: canon fijado conforme a pautas que establecería la legislatura

En sesión del 9 de diciembre comenzó a tratarse el Proyecto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de setiembre por el que se dividía en dos la Provincia de Buenos Aires, una al Norte (Provincia del Paraná) con capital en San Nicolás y otra al Sur (Provincia del Salado) con capital en Chascomús. De inmediato se propuso que el Congreso suspendiese la consideración de este Proyecto hasta la reunión de la primera Legislatura constitucional o hasta la aceptación de la Constitución por los pueblos. También se expuso que no podía admitirse, por anti-político y perjudicial a la Provincia de Buenos Aires, la que dejaría de existir por una ley que la despedazaba. Se agregó que tal proyecto tendía a dividir los intereses y sentimientos de los habitantes de la Capital de los de la campaña y los de ésta entre sí y que estos hechos tenían una trascendencia tan grande que podrían traer consigo una guerra civil.

Este hecho tiene importancia para comprender la oposición a Rivadavia y su caída. Fue uno de los motivos del rompimiento de relaciones de Rosas con Rivadavia, relaciones que se habían debilitado durante 1826, por el mutuo desacuerdo en relación a la política con los indios.

Firmada la Constitución por el Congreso el 24 de diciembre, el Congreso reanudó sus sesiones el 13 de enero de 1827.

Los comisionados a las provincias para presentarles la Constitución fueron:

· Juan Ignacio de Gorriti a Córdoba

· Mariano Andrade a Santa Fe

· Dalmacio Vélez Sársfield a San Juan

· Diego Zavaleta a Entre Ríos

· Manuel Tezanos Pinto a Santiago del Estero

· Manuel Antonio de Castro a Mendoza

· Francisco Remigio Castellano a La Rioja

Todas las provincias – con excepción de la Provincia Oriental – rechazaron la Constitución de 1826. En los primeros meses de 1827, hicieron pronunciamiento fundado de su voluntad.

Tales antecedentes explican que en mayo de 1827 se acordara el Tratado de alianza ofensiva y defensiva de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y Banda Oriental por el que se comprometían a la organización del país en un nuevo Congreso bajo la forma federal y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Tucumán a adherirse a la liga. Por el artículo segundo de este Tratado las provincias citadas desechaban la Constitución dictada por el Congreso, sobre la base del sistema de unidad en oposición a la voluntad general de las Provincias. Si por este acontecimiento u otro cualquiera (artículo 3º) el gobierno de Buenos Aires titulado nacional, intentase hacer la guerra a alguna o algunas de las provincias federales por sí o por medio de los gobiernos que lo reconocen, todas las demás provincias de la Confederación auxiliarían a las invadidas. Las Provincias Federadas pondrían todos sus recursos para destruir las autoridades nacionales “que están causando los males de que todo el país se resiente” e invitarían a las demás provincias que no estuvieran en la liga a formar un nuevo Congreso para constituir el país bajo la forma de gobierno federal. Los diputados se reunirían en Santa Fe y allí decidirían el lugar más apropiado para seguir sus sesiones en cualquiera de los pueblos de la República a excepción de Buenos Aires. Por un artículo se obligaban a sostener la integridad del territorio contra el Imperio del Brasil.

Esta liga de Provincia contra el Gobierno de Buenos Aires se organizaba por el caudillo Bustos en el momento en que el enviado del Gobierno al Brasil, Dr. Manuel José García firmaba una Convención preliminar de Paz que precipitaría la caída del Presidente Rivadavia.

El 27 de julio de 1827 la Junta de Representantes de Córdoba dictaba la ley conforme a la cual:

· Notificaba sus anteriores resoluciones sobre la renuncia de los diputados;

· La provincia de Córdoba se abstenía por ahora de tratar los últimos acontecimientos de Buenos Aires, como la erección del Poder Ejecutivo Provisorio, hasta ponerse de acuerdo con las demás federadas;

· Autorizar al Poder Ejecutivo de Córdoba para que invitar a todos los Estados de la Unión y también al de Buenos Aires, si “volvía al estado primitivo de Provincia”, a la celebración de un Congreso General para el mes de setiembre en el lugar que eligieran las provincias;

· El Poder Ejecutivo emplearía toda su influencia para hacer terminar la guerra civil.

Las provincias se alzaron contra Buenos Aires, sintiéndose lesionadas por la tendencia centralizadora y absorbente de su gobierno, como se demuestra con pruebas documentales del rechazo de la Constitución de 1826 y del acuerdo para “destruir” las autoridades nacionales de la Capital y organizar el país bajo el régimen federal.

Las negociaciones de paz con Brasil se trataron en varias sesiones secretas del Congreso General Constituyente.

En la primera de ellas, celebrada el 9 de noviembre de 1826, se hizo una exposición completa de sus antecedentes más inmediatos que ilustran el sentimiento argentino de lograr la paz, pero de mantener la integridad del patrimonio territorial, con la Banda Oriental. Se relató en ella la actuación del General Alvear en Inglaterra, Estados Unidos y Perú. El gobierno se preparaba por todos los medios para la guerra sin abandonar las vías de una transacción honrosa y con ese objeto se comisionó a Bernardino Rivadavia para solicitar la mediación de Inglaterra, manifestando la decisión del país de emplear la fuerza si otro modo honroso no se terminaba esa cuestión con el Emperador del Brasil, pero que por entonces la citad nación no había querido hacerse cargo de la mediación, dado que su injerencia en los gobiernos de América podía despertar celos o desconfianzas en la Santa Alianza. Después había sido nombrado Manuel Sarratea para promover nuevamente esa mediación y el Gabinete inglés quiso saber si el Gobierno argentino estaba dispuesto a dar alguna indemnización a la Corte del Brasil por los gastos originados en la ocupación de la Banda Oriental, y Sarratea, que no tenía autorización sobre ese asunto, dio su opinión particular favorable de que la Argentina no se opondría a esa indemnización “por el bien de la paz y recuperación de la Banda Oriental”, que después ratificó nuestro gobierno.

Lord Ponsomby, había sido designado por Inglaterra para esa negociación y en el Brasil supo que el Emperador no quiso admitir la mediación inglesa ni hacer proposición alguna de paz. Al venir a Buenos Aires, Lord Ponsomby, frustradas las tentativas de paz, propuso al gobierno argentino las siguientes condiciones:

Que la provincia oriental se constituyera en Estado Independiente, y se conservara así por el término de quince años, garantida su independencia por ambas partes contratantes, y que durante ese tiempo la Banda Oriental no podía ser incorporada a ninguno de los dos Estados ni a otro alguno. El gobierno contestó que no admitiría ninguna proposición mientras el Emperador del Brasil no adoptase alguna base para esta negociación.

La segunda sesión secreta tuvo lugar el 25 de junio de 1827, en la que el Ministro de Relaciones Exteriores expuso que todas las medidas para celebrar la paz habían fallado, que el Gobierno había sido sorprendido con la convención preliminar firmada por nuestro ministro diplomático, el Dr. García, que su conducta “había sido altamente desaprobada”, habiendo “traspasado sus instrucciones y firmado la ignominia de la República”. El Ministro insistió en que el Gobierno no había enviado los tratados al cuerpo legislativo para deliberar sobre ellos, si debían o no ser ratificados porque eran “en si mismos bastante ignominiosas para que el Congreso se ocupare de ellos”, que la mente del Gobierno era sólo que el Congreso reflexionara seriamente, por los documentos leídos, del estado de la República, “de la necesidad de un gran sacudimiento queríamos conservar el honor nacional y tener patria”. Un primer dictamen de la Comisión especial nombrada para aconsejar al Gobierno, fue rechazado en la sesión secreta del 27 de junio y al día siguiente se aprobó un nuevo dictamen por unanimidad, en el que se expresaba que el Congreso había visto con no menor sorpresa y asombro que el Poder Ejecutivo, la convención preliminar celebrada y firmada por el Plenipotenciario Dr. García. No vacilaba en expresarse así en apoyo del justo rechazo que el Poder Ejecutivo había opuesto a la citada convención.

El Ministro García reconoció que se había colocado “en aquel caso raro en que un Plenipotenciario debe hacer un gran servicio a su Gobierno sin comprometerlo y exponerse a ser desaprobado”, y resultó vano todo intento de justificación de su conducta.

En su renuncia a la Presidencia de la República, Rivadavia pudo decir que su vida entera la había consagrado a la Independencia y que reconocer la legitimidad de la dominación del Brasil en la Provincia Oriental, sería sancionar el derecho de conquista, derecho diametralmente opuesto al que se debe reconocer en América: que cada país pertenece a sus pobladores. Dicha renuncia fue presentada y aceptada el 28/6/1827, por 48 votos a dos.

La labor gubernativa y legislativa continuaba desarrollándose sin interrupción desde la iniciación de 1827, en tanto se unían las provincias contra el Gobierno nacional.

En la proclama de Rivadavia al Pueblo, conjuntamente con la comunicación de su renuncia, explicaba que el ciudadano a quien se confió la misión en el Brasil, traspasando la autoridad de que estaba revestido; “nos ha traído en vez de un tratado de paz, la sentencia de nuestra ignominia y la señal de nuestra degradación”.

Con el deseo de hacer cesar la guerra civil, restableciendo la unión de las Provincias y conseguir la cooperación de todas para el éxito de la guerra, la Comisión especial presentó un Proyecto de Ley aprobado el 3 de julio de 1827.

La ley disponía:

1º) Se procedería a designar un nuevo presidente provisional de la República hasta la reunión de la Convención nacional a que se refiere el artículo 7ª;

2º) Funciones: paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional;

3º) Facultades de Ley con respecto al Banco Nacional;

4ª) Dirección del gobierno de la ciudad y territorio de Buenos Aires, hasta verificar lo dispuesto en el artículo 10ª.

5º) El Congreso no tratará otros negocios que los del artículo 2º, a no ser en algún caso urgentísimo;

6º) Las Provincias que hubiesen retirado a sus diputados, podían insistir en su remoción y quedarían cesantes;

7º) El Poder Ejecutivo Nacional procederá a invitar a las Provincias a la más pronta reunión de una Convención Nacional, compuesta por ahora de un diputado por provincia, en el lugar que ellas eligiesen;

8º) Facultades de la Convención: reglar su representación, nombrar Presidente de la República, proveer cuanto estime conveniente y recibir los votos de las Provincias sobre la aceptación o repulsa de la Constitución o sobre diferir su pronunciamiento,

9º) El Congreso quedaría disuelto al instalarse la Convención;

10º) Se reconstruía la Provincia de Buenos Aires;

11º) Se recomendaba a las Provincias la conservación de un cuerpo deliberante hasta la instalación de un nuevo congreso;

12º) Presidente: esfuerzos para hacer cesar la guerra civil;

13º) Presidente: guerra nacional y concurrencia a ella de todos los pueblos.

Candidatos a Presidente: Lavalleja, Vicente López; Teodoro Bustamante; José Pico.

El 5 de julio se designó a Vicente López por 45 votos. Rudecindo Alvarado, tuvo 9 votos, Antonio Lavalleja, 4; Mariano Necochea, 1.

El Dr. López renunció al cargo. Ésta fue rechazada por 48 votos a tres. Aquí el Dr. López aceptó el cargo. Prestó juramento el 6 de julio.

La presidencia interina de López no alcanzó a durar dos meses. El acto de gobierno más importante fue la elección de diputados para la Legislatura Provincial, llevada a cabo el 24 de julio. Se realizaron en orden y con concurrencia de votantes.

El 12 de agosto resultó electo Gobernador y Capitán General el Coronel Dorrego. La Junta de Representantes dictó la ley por la que se ordenaba la remoción de los diputados de la Provincia de Buenos Aires que actuaban en el Congreso Nacional. El Coronel Dorrego fue autorizado para considerar la situación general del país con el Comisionado de la Provincia de Córdoba y hacer llegar a las Provincias hermanas sus sentimientos para estrechar la unión y crear un centro tal como lo demandaban el respeto y dignidad de la República.

El 18 de agosto de 1827 se celebraba la última sesión del Congreso General Constituyente.

1º) El Congreso recomendaba a la Legislatura de Buenos Aires y su gobierno, la dirección de la guerra y las relaciones exteriores y la satisfacción y pago de la deuda;

2º) Congreso y Gobierno Nacional quedaban disueltos;

3º) El Presidente del Congreso haría entrega de su archivo al Presidente de la Junta de Representantes de la Provincia.

Electo Dorrego Gobernador, y teniendo a su cargo la dirección de la guerra, las relaciones exteriores y la hacienda pública en el orden nacional, su obra consistió en primer término en restablecer la unión de las provincias argentinas y hacer efectiva la contribución de hombres y dinero para continuar la guerra con Brasil.

Sus ministros fueron: Manuel Moreno, de Gobierno, José María Rojas en Hacienda, y el General Juan Ramón Balcarce de Guerra y Marina.

La unión de las provincias que sobrevivió a la anarquía de 1820, con el régimen de los Pactos interprovinciales, renacía en la guerra con el Brasil más vigorosa que nunca y que fue base del Pacto Federal de 1831.

Ya en abril de 1827, las Provincias de Cuyo firmaron un pacto de unión y en mayo diez provincias acordaron el pacto de amistad y recíproca tolerancia, constituyendo una liga ofensiva defensiva y desechando la Constitución sancionada por el Congreso, porque adoptaba el sistema de unidad, en oposición a la voluntad general de las Provincias. Tales Provincias invitarían a las demás a un nuevo Congreso, con el objeto de “constituir al país bajo la forma federal”.

El Coronel Dorrego gestionó con varios gobiernos del interior, comenzando por Córdoba, y luego con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, la unión defensiva y ofensiva para continuar la guerra exterior, reconociendo la autonomía de las partes contratantes. La paz y la guerra afectaban inmediatamente los intereses del litoral del país.

La estipulación con Córdoba, fue el primer instrumento necesario para solucionar transitoriamente el problema político interno, y sirvió para mantener el estado de guerra con el Brasil, no sólo por la contribución de soldados y armas, sino porque contrariaba las expectativas del emperador del Brasil, que confiaba en la acefalia de la República.

El 21 de setiembre se firmaron las importantes estipulaciones entre Córdoba y Buenos Aires.

Se reconocían ambas provincias por iguales, con los mismos derechos, comprometiéndose solemnemente en sostenerse, defender las actuales instituciones formando parte de la Nación con la voluntad de cooperar en la guerra con el Brasil. La provincia de Buenos Aires procedería lo más pronto posible al nombramiento de dos diputados para la convención que debería reunirse en Santa Fe o en San Lorenzo con el fin de arreglar los negocios generales del país. Los diputados se pondrían en camino, no bien el Gobernador de Córdoba avisase el día en que se verificaría la apertura de las sesiones. Se concretaban las instrucciones que una y otra provincia darían a sus diputados a la Convención, que eran:

· Nombrar Ejecutivo Provisional para objeto de paz, guerra y relaciones exteriores;

· Autorizar los gastos que demanden dichos asuntos, de los fondos sobre el crédito común;

· Dar bases al Congreso General Constituyente a reunirse después

· Dilucidar las atribuciones y deberes del Congreso;

· Fijar la forma de gobierno, que debe ser federal;

· Proveer a la seguridad del país.

Córdoba mandaría un regimiento de 600 plazas para la guerra y Buenos Aires, los reclutamientos posibles para el Ejército de Operaciones, sosteniendo del modo más decisivo a la campaña “como lo ha hecho hasta ahora”.

En pacto reservado, Buenos Aires convino en hacer efectiva la responsabilidad de las personas que integraban la administración antes del 3 de julio, no permitiendo la salida de ninguna de ellas y de Carlos de Alvear y Valentín Gómez, hasta que respondieran a los cargos que pudieran hacérseles. También Buenos Aires ofrecía remover aquellos empleados que perjudicarían la marcha actual de los pueblos.

En las estipulaciones de Buenos Aires con Santa Fe se contempla ese estado de acefalia nacional (octubre de 1827). Para dirigir la guerra y las relaciones internacionales, se delegaba las facultades en el gobierno de Buenos Aires hasta la reunión de la Convención o Congreso y se compromete a suministrar los recursos necesarios en proporción a la población de la Provincia. Hay constancia de la preferencia de la instalación de una Convención, más bien que un Congreso, así como que la representación por cada provincia sería de dos diputados. Se declaraba explícitamente que era imperiosa la reunión con los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, reconociéndose el significado de la unión entre las cuatro Provincias que en 1822 habían integrado el Tratado del Cuadrilátero. La Junta de Representantes al aprobar la estipulación, suprimió la parte en que se designaba al General Fructuoso Rivera como jefe de la división que debía actuar en territorio enemigo, e hizo adiciones respecto a la organización institucional, concretando que la forma de gobierno a fijarse debía ser federal.

Las estipulaciones con Entre Ríos (4/12) y con Corrientes (3 y 5 de enero de 1828) reproducen las principales cláusulas de las firmadas con Santa Fe.

Los Diputados de las Provincias concurrieron a la Convención Nacional conforme a la Ley del Congreso Constituyente, a reunirse en Santa Fe o en San Lorenzo como lugar más inmediato a la Provincia Oriental. El 31 de julio celebraron la primera reunión los diputados de varias provincias, y ya en ella, la representación de Córdoba planteó una disidencia con el pretexto de que era necesario exponer el objeto de la Asamblea, pero en realidad era porque el General Bustos se oponía a la influencia preponderante de Dorrego. A la actitud de Córdoba se adhirieron los diputados de Corrientes y San Luis, pero no obstante tal oposición, la Representación Nacional se dio por constituida el 25 de setiembre con delegados de nueve provincias. Al día siguiente la Representación Nacional aprobó los Tratados de Paz con el Brasil, que reconocía la independencia del Estado Oriental.

Con el retiro de la diputación oriental, sólo estaban representadas ocho Provincias que al decir del diputado por La Rioja, Lucio Mansilla “formaban las dos terceras partes y tenían derecho a formar cuerpo de nación”.

El grave suceso de la revolución militar de Lavalle produjo una profunda conmoción en el país y especialmente en la Convención Nacional reunida en Santa Fe. En la sesión del 10 de diciembre de 1828, se dio cuenta de la nota del Gobierno de Buenos Aires al de Santa Fe, datada en Cañuelas el 2/12, informando que el ejército sublevado había atropellado a las autoridades constituidas, pedía se sirviera cooperar al restablecimiento de la autoridad del Gobierno, así como también los demás gobiernos provinciales, para sofocar en su origen un atentado que nos volverá a la anarquía e impedirá el cumplimiento del honroso tratado de paz que acababa de celebrarse.

El fusilamiento de Dorrego decidió a los Diputados a organizar un movimiento defensivo a las Provincias, a obtener el envío de las representaciones que no habían sido nombradas por algunas de ellas y a designar un Poder Ejecutivo General que entendiera solamente a nombre de las Provincias en los negocios públicos.

Se intimó a los generales por resolución del 13 de enero de 1829 a que se pusieran a las órdenes de la única autoridad nacional existente en este cuerpo, exigiéndose del Gobierno Provisorio de Buenos Aires que diera cuenta del estado de las relaciones exteriores y cesara en la administración de ellas.

En las sesiones del 19 y 20 de febrero, se declaró que la Representación Nacional, “único poder que hoy tiene la República, inviste la autoridad soberana”. Además esa Representación Nacional tomaría todas las medidas gubernativas necesarias hasta el establecimiento del Poder Ejecutivo.

Sin interrumpir sus sesiones la Representación Nacional, declaró el día 21 anárquica, sediciosa y atentatoria contra la libertad, el honor y la tranquilidad de la Nación, la sublevación militar encabezada por el General Lavalle, calificando la muerte de Manuel Dorrego como “un crimen de alta traición contra el Estado”. Las fuerzas se pusieron a las órdenes del General Estanislao López.

Los acontecimientos originados como consecuencia del avance de las fuerzas unitarias sobre Santa Fe y la penetración del General Paz en Córdoba, provocaron la renuncia del General López y la disolución de la Representación Nacional.

Durante los dieciséis meses del gobierno de Dorrego, se consolidó un clima proclive a su derrocamiento. Se le criticaban los mismos defectos de toda la clase política de la época, siendo muy afectado por la firma de la paz con el Brasil, que produjo un alto resentimiento del ejército. Este último fue el hecho desencadenante. Sus adversarios se multiplicaban: el ejército, antiguos unitarios, los federales (Rosistas y Anchorenistas). Su grupo de poyo sería el “partido popular”.

Lavalle, acompañado por el ejército en su totalidad, se rebeló, haciendo su entrada en la Plaza de la Victoria, en su calidad de jefe del primer ejército, reuniendo la infantería y caballería. Se declaró que el gobierno había caducado y Lavalle fue ungido gobernador en la “elección de los sombreros” celebrada en forma popular en la iglesia de San Roque.

Cargos a Dorrego (manifiesto del 5 de diciembre):

· Desorden de administración; perturbación y sublevación del pueblo.

· Quebrantamiento del orden militar por la designación de Lavalleja como jefe de ejército;

· Usurpación territorial por parte del Alto Perú, sin reacción correlativa por parte del encargado de las relaciones exteriores

· Entrevistas con personeros de Bolívar

· Política económica para enriquecer a algunos funcionarios y gobiernos provinciales

· Despilfarro de los fondos públicos

· Violación de las garantías individuales

· Fraudes electorales

· Corrupción y arbitrariedad judicial

Por sobre todas estas razones subyacía la nueva tentativa unitaria de lograr el Poder y consolidar el régimen abatido por el rechazo de la Constitución de 1826 y la adhesión de las provincias al federalismo.

Se trataba de un levantamiento de carácter militar, cuya fundamentación habría sido avalada por una presunta élite, que le daría sustentos teóricos.

En la proclama del 1º de diciembre se definía como remedio para corregir los extravíos del gobierno; que el ciudadano oportunamente resultase electo por la Asamblea de la iglesia de San Roque, ordenaría la celebración de elecciones libres para la Sala de Representantes.

Luego de la derrota de Dorrego en Navarro, resultó fusilado el 13 de diciembre de 1828.

La improvisación signaría la gestión de Lavalle; unificó todos los ministerios bajo el mando de José Miguel Díaz Vélez; declaró que el Dr. Pedro Pablo Vidal había hecho deserción escandalosa de su silla de presbítero; anuló los contratos celebrados con particulares para traer inmigrantes extranjeros.

En vez de reordenar la provincia se insistía en crear un cuerpo para suplir la Sala: el Consejo de Gobierno (4/5/1829). Se volvía a la antigua división entre ciudad y campaña, ésta alejada cada vez más del gobernador provisorio. Por una parte, el general Paz iniciaría su breve predominio, con el combate de San Roque (22 de abril) haciéndose cargo de la provincia de Córdoba. En Buenos Aires la suerte era esquiva a los unitarios que sufrían derrotas tanto por las huestes de Rosas como de López. El 23 de abril López derrotaba a Lavalle en Puente de Márquez.

Con el objeto de reunir de algún modo la representación provincial, hasta que las circunstancias del país permitan reunirla de modo que la ley ordena. Se decretó la formación del Consejo de Gobierno. Sus funciones eran meramente deliberativas y consultivas, sus miembros eran designados por el propio gobernador y éste podía o no sujetarse a los dictámenes en los asuntos que le fueran consultados. El 6 de julio quedaba disuelto.

La revolución del 1º de enero fue un error histórico sin paliativos. La crisis que de inmediato debió soportar, hizo que Lavalle tomara contactos con diferentes grupos, con el objeto de intentar una pacificación. Las relaciones con las provincias pronto se cortarían. Daría la espalda a López. En la campaña predominaba Rosas, que sabía esperar sin apresuramientos.

La política conciliatoria demuestra la incertidumbre, los titubeos y la debilidad con que Lavalle afrontaba los hechos.

Al llegar San Martín en febrero de 1829, le fue ofrecido el gobierno por Lavalle, lo que aquél rechazó.

Existieron también varias iniciativas de pacificación con López. López se afirmaba en el litoral: había vencido a Lavalle en Puente de Márquez, colocándose al frente de la autoridad soberana ejercida por la Convención nacional; frente a Paz, que se transformaba en su gran contenedor, buscó el equilibrio, intentando una pacificación con Buenos Aires en sus dos alas: Lavalle y Rosas. Paz extendería su hegemonía en el interior.

Lavalle rechazó las propuestas de paz emanadas de López, desconociéndole a éste cualquier carácter nacional.

Las tratativas de pacificación con Rosas fueron elaborándose desde la instalación del Consejo de Gobierno, en el cual predominaba una mayoría adicta a éste. Se llegó a los acuerdos con Rosas casi naturalmente. Rosas se acercaba más a Lavalle que a López.

Lavalle quería forzar esta política de presunta conciliación. Le expresaría Rosas que en la actual lucha no había más que porteños y por lo tanto la conciliación era imprescindible. He allí el origen de la Convención de Cañuelas.

El Convenio de Cañuelas se firmó el 24 de junio de 1829, entre el gobernador provisorio de Buenos Aires, Juan Lavalle, y el comandante general de campaña, Juan Manuel de Rosas, con el objeto de poner fin a las hostilidades en la Provincia.

Es un tratado atípico, firmado entre dos poderes “de facto”, o también, entre dos militares con mando de tropa. Rosas tenía un cargo emergente de la Convención Nacional, desconocida por Lavalle. Eran dos partes en desigualdad de condiciones, aunque en los hechos se les reconocía igualdad de tratamiento.

Es una convención interna entre partes integrantes de una misma provincia. Resolvía:

a) poner término a los disturbios que han afligido a la provincia;

b) restablecer en ella el orden y la tranquilidad perturbadas.

Para eso se convenía: restablecer relaciones entre ciudad y campaña, con cese de hostilidades, y elección de los representantes de la provincia con arreglo a las leyes.

Atribuciones de Rosas:

a) mantener y conservar la seguridad de la campaña;

b) tomar las medidas que considerara convenientes para el logro de tales fines;

c) proveer con noticia del gobierno los empleos establecidos por las leyes para el régimen y policía, hasta la instalación del Gobierno permanente;

d) el gobierno provisorio le auxiliaría con los recursos de todo género necesarios para este servicio.

El gobierno de la Provincia reconocía y se obligaba a pagar las obligaciones del Comandante General para el sostén de las fuerzas de su mando y tanto los jefes como los oficiales de Rosas se beneficiarían con las remuneraciones y distinciones correspondientes a sus rangos. Ningún individuo podía ser molestado por su conducta u opiniones políticas anteriores a la Convención.

Por convenio reservado se establecía que para dar solidez y estabilidad a la Convención se evitaría la lucha de los partidos. Así, la dirección de los negocios públicos debía recaer en personas que puedan aquietar los ánimos e inspirar la confianza de todos.

Se agregaba una lista de cuarenta y siete personas como titulares y dieciséis para suplentes. Se elegiría gobernador a Félix Álzaga, ministro de gobierno a Vicente López y de Hacienda a Manuel García. Se declaraba asimismo que la composición del gobierno y de la Sala de Representantes constituía la base y condición de la efectividad de la Convención.

No obstante la generosidad de las cláusulas, que hacían de Rosas el gobernador de hecho de la Provincia, no lograron satisfacer del todo a Rosas. Los partidarios de Lavalle también se sintieron defraudados.

La Convención de Barracas, del 24 de agosto de 1829, completa la obra de Cañuelas, declarando que ésta intentaba la vuelta a las instituciones sin violencias, con garantías necesarias a las diferentes clases sociales. Echaría las bases de un gobierno provisorio mediante la elección de un “ciudadano escogido entre los más distinguidos del país para consolidar la paz, inspirar confianza y preparar el restablecimiento de las instituciones”.

El gobernador y el Comandante de campaña nombraban un gobernador provisorio cuyas facultades no sólo serán las que ordinariamente corresponden a los gobernadores de provincia sino las extraordinarias necesarias al cumplimiento de la misma y a la conservación de la tranquilidad pública.

Las facultades extraordinarias emergían de la voluntad de los contratantes. El gobernador provisorio debía prestar juramento ante el Presidente de la Cámara de Justicia. La designación recaía, por voluntad de las partes, en la persona de Juan José Viamonte. El gobernador haría de su gobierno una ficción de deprimente chatura; detrás de él gobernaba Rosas.

Creaba un Senado Consultivo, de veinticuatro miembros, elegidos entre los notables del país, en las clases de los militares, eclesiásticos, hacendados y comerciantes. Sus atribuciones se detallarían en un reglamento especial.

El cuerpo tenía carácter provisorio, participando en un gobierno que tenía igual carácter.

El 16 de febrero de 1829, se presentaron dos proyectos en la Convención de Santa Fe. Por el primero se establecía que dicha convención investía la autoridad soberana de la República en los asuntos generales: tomaba ella las medidas conducentes para la tarea de gobierno hasta el establecimiento del Poder Ejecutivo Nacional y encargaba al gobernador de Santa Fe la comunicación del texto legal a las potencias extranjeras. Por el segundo se determinaba que es la única autoridad nacional de la república.

De ambos proyectos se desprende:

a) la cesación de las facultades conferidas por las Provincias al gobernador de Buenos Aires;

b) las facultades delegadas inherentes a la soberanía se reasumían;

c) la representación nacional tendría a cargo temporariamente el manejo de las relaciones exteriores;

d) quedaría encargado de las fuerzas el gobernador de Santa Fe.

Sin embargo, quedaban abiertas las bases para un acuerdo con Buenos Aires, que se concretó luego de la derrota de Lavalle con el tratado de Barracas.

Congreso del 24 y del 26

2011-11-17T02:43:00.001-03:00

Congreso del 24 y del 26: Leyes, guerra con el Brasil, debates de la constitución.

Debates de la constitución de 1826

Este proyecto, preparado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, revelaba desembozadamente las intenciones del oficialismo, que no repararía en medios para imponer el sistema unitario. El Congreso lo discutió de septiembre a diciembre de 1826; aprobándolo por amplia mayoría. La Constitución sancionada reiteraba en gran medida los lineamientos de la que en 1819 mereciera el rechazo provincial. Establecía un régimen basado en la división de poderes, con un poder ejecutivo que sería unipersonal, y dos cámaras (una de representantes elegidos proporcionalmente a la población, y un senado integrado por dos miembros por cada provincia). Se creaba, asimismo, una Alta Corte de Justicia, cuyos componentes designaba el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Si estas normas institucionales no ofrecían mayores reparos, y constituían antecedentes de las que luego se consagrarían en 1853, las referidas a los gobiernos de provincia eran manifiestamente lesivas a la autonomía regional que tan celosamente resguardaban, y constituirían a la postre la causa principal de su fracaso. En efecto, los Gobernadores eran dependientes inmediatos del gobierno central, elegidos por este de ternas propuestas por los consejos de administración provinciales que la Constitución creaba.

La discusión del proyecto alcanzo por momentos alto nivel. La minoría federal, dignamente representada por Dorrego: y Galisteo, afronto la capacidad dialéctica de la mayoría unitaria, entre quienes se destacaron Manuel Antonio Castro, Julián Agüero y Valentín Gómez.

Se enfrentaban así dos concepciones doctrinarias dispares, y también dos distintas expresiones de sensibilidad social, que se harían ostensibles al discutirse el artículo 6^to del proyecto, por el cual se excluía del derecho al sufragio a jornaleros y domésticos a sueldo. Si bien no cabe atribuir a la bancada unitaria un reaccionarismo excesivo, puesto que., en definitiva, sus concepciones sobre el particular no diferían en mucho de los sistemas electorales aplicados en la Francia pos revolucionaria, donde el derecho al voto se limitaba a los propietarios; sorprenden las opiniones de Galisteo y de Dorrego, por los ajustados argumentos de sus avanzadas opiniones en la materia.

El diputado santafesino daría en la sesión del 25 de septiembre de 1826

”Yo creo que este artículo en cuanto a la parte que se contrae a los jornaleros, no les hace justicia; pues siendo verdad que el jornalero y el domestico no están libres de deberes respecto de la República, tampoco debe privárseles de los goces, mucho más cuando la experiencia nos demuestra que de estos jornaleros es generalmente de los primeros que se echa mano para Ia guerra, estando de consiguiente obligados al mayor de los sacrificios, que es el de la vida, deben tener el derecho de sufragar como los demás ciudadanos”.”

Este fervor democrático era compartido por un viejo revolucionario, participe de los sucesos de mayo. Me refiero a Juan José Paso, quien diría que

“en este país donde los peones tienen poco menos libertad e independencia que los amos, conocimientos, alcances, poco más los amos que los peones en donde el jornalero cobra el jornal con el derecho que ello exige, con imperio, haciendo su trabajo, no hallo dependencia que induzca servilidad ”.

Rechazaba así los fundamentos del proyecto, que descansaban esencialmente en Ia dependencia que impedía la libre expresión del voto, pero que apuntaban, obviamente, a una calificación restrictiva de aquel.

Estas elocuentes palabras, de claro contenido republicano, eran una advertencia a los alcances Imitativos del texto que Dorrego explicitaría luego.

Opinaba este que el sistema electoral propugnado tendía a consagrar los privilegios de una verdadera aristocracia del dinero, lo que contrariaba los principios de la democracia representativa, que “fija su base sobre la igualdad de derecho” y señalaba:

“Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase que Proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado, y se advertirá al momento que quien va a tener parte en las elecciones, excluyéndose las partes que se exponen en el artículo, es una pequeñísima parte del país, tal vez no exceda de una vigésima parte”

Estos argumentos eran recogidos por Manuel A. Castro, defensor del proyecto. El representante unitario afirmaba que

“jamás dejara de haber esa aristocracia, de la que no debemos huir, sino darle valor y dejarla correr como un torrente, porque atajarla o contenerla sería perjudicial: la aristocracia de sangre es la que se opone a las leyes: pero las otras no hay poder en la tierra que pueda destruirlas.

Cada uno debe tener tanta parte en la sociedad, cuántos son los elementos con que entra a ella, y siempre se debe suponer que el rico tendrá más interés en la conservación del orden y de las instituciones, porque pierde en ello más que el pobre”

Y terminaba, explicando los fundamentos de la disposición cuestionada, que

“las leyes siempre piden un haber y en todas las constituciones se exige esto para ciertos goces y se excluye de ellos al pobre que no tiene nada”

La opinión de Castro tomaba ejemplo de antecedentes constitucionales europeos, y, como dijimos antes no era sino la concepción liberal burguesa, que hacía de la igualdad ante la ley una abstracción carente de virtualidad practica. Pese a ello, o quizá por ello, el proyecto fue aprobado por 42 votos a 3.

Establecido el sistema electoral, el Congreso comenzó a considerar el artticulo 7º, que consagraba el régimen unitario de gobierno. Ya la aprobación del proyecto presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales había importado una decisión sobre el particular por lo que no extraño que, pese a la denodada defensa del federalismo que hiciera la minoría, el artículo fuera votado afirmativamente por 41 votos a 11.

Estas votaciones, tan favorables a la posición unitaria, resultan sorprendentes, si se tiene en cuenta la actitud asumida por las provincias en oportunidad de las consultas formuladas sobre el sistema de gobierno; y Busaniche, al referirse a sus resultados, ha sostenido que las logró una mayoría regimentada. Pero acaso no fueron designados los diputados por los propios gobernadores o por las legislaturas, lo que obviamente venía a ser lo mismo?

Para explicar el fenómeno de esta disociación entre la posición política de cada provincia y la asumida por sus representantes, debe tenerse en cuenta que muchas veces las designaciones recaían en individuos pertenecientes a los grupos ilustrados, que, obligados a soportar la autoridad de los caudillos; se libraron de ella cuando encontraron un clima propicio para exponer sus verdaderas ideas, alentados, además, por la coincidencia programática que encontraban en otros miembros del Congreso. Pero, además, hay que advertir que no siempre los mandatos otorgados incluían una referencia expresa a la forma de gobierno, demostrando con ello la negligente actitud de los gobernantes al confiar tamaña decisión, a representantes dispuestos, la mas de las veces, a actuar por su propia cuenta..

Tales omisiones en las instrucciones habían sido apreciadas por los integrantes de la mayoría unitaria, que supieron sacar provecho de ellas. El agudo parlamentario que era Valentín Gómez puntualizaba esas circunstancias, al interpretar los resultados de la consulta a las provincias. Decía en la sesión del 15 de julio de 1826, con referencia a la situación de los diputados por Mendoza, que la Legislatura “les ha declarado que a pesar de la opinión de que ella está poseída por la forma de federación, tienen la facultad de opinar libremente por la forma que les parezca más conveniente”; y encontraba igual situación con relación a la delegación de Santiago del Estero, que, aun decidiéndose por la federación, dejaba a Ios representantes en libertad de opinar y someterse a la decisión del Congreso.’”

También EI Tribuno, órgano de marcada orientación federal, señalaba esas particularidades en su edición del 25 de octubre. Aludía el articulista a la ley declarada por el Congreso, que reservaba a este la exclusiva posibilidad de remover a los congresistas. y “habilitó a muchos representantes para obrar según su juicio y conciencia aunque fuese contrariando la voluntad general de sus comitentes, manifestada por actos Ios mas positivos o insinuantes”. También recordaban “los tristes resultados de esta ley’, que ya se han dejado sentir, pues muchos diputados (y entre ellos los seis de Córdoba, que ésta removió después, pero con los cuales el Congreso se ha hecho fuerte) han, tenido el valor impertérrito de pronunciarse por la forma de gobierno de unidad, después de constarles hasta Ia evidencia, que los pueblos sus representados se habían decidido por la federación”. Igual actitud atribuía el periódico a Mansilla, diputado por entonces de Entre Ríos, y señala Rosa con relación a Francisco Acosta, cuyas veleidades centralistas causaban, la indignación del gobernador de Corrientes, Ferré.

Ante tales circunstancias, en cuya narración nos hemos demorado deliberadamente, era posible una discordancia como la apuntada, que, indudablemente, se originaba en el escaso celo de los gobernadores. Pero, a veces, la situación era aun menos clara, y los nombramientos obedecían a propósitos desviados de los objetivos que debían observarse en una convocatoria constituyente. Tal es el caso de los diputados por La Rioja.

Quien fuera designado en primer término, Ventura Vázquez luego, reemplazado por, Santiago Vázquez, ostentaba como único título el de apoderado de la sociedad minera dirigida por Braulio Costa y sus compañeros. Eusebio Gregorio Ruzo, Lucio Mansilla y Patricio del Moral, fueron directamente indicados por aquel especulador porteño a Quiroga, y, como era de esperar, su designación tenía por razón prioritaria la defensa de los intereses de la empresa en que aquellos estaban comprometidos.

En efecto, todos tenían que ver con las especulaciones mineras. Ruzo, que hasta 1825 fuera Gobernador de Catamarca, había otorgado en su provincia concesiones a Costa y sus asociados, circunstancia a la que atribuía la hostilidad de sus adversarios políticos. En cuanto a Mansilla, Iriarte Io sindica, en sus sabrosas Memorias, como al candidato en que pensara don Braulio para abrir sus negociaciones en La Rioja y en igual situación se encontraba, por entonces, del Moral.

Pero esta coincidencia de intereses, con ser criticable, no es el único aspecto particular de Ia gestión de los representantes riojanos. No solo votaron la unidad como Ruzo y Santiago Vázquez, favorecidos por Ia carencia de instrucciones de su mandato, que solo contemplaba la defensa de la religión católica y de las concesiones mineras otorgadas por la provincia; sino que revelaron en sus juicios una violenta animadversión contra los derechos de los pueblos del Interior y sus más destacados representantes.

Lucio Mansilla, por ejemplo, al responder a la defensa del federalismo que hacia Galisteo, diputado santafesino, cuestiona la capacidad de las provincias para gobernarse autónomamente, y afirma, refiriéndose a Santa Fe y a Entre Ríos, que estas “no se gobiernan bajo ningún sistema de gobierno, sino por la espada militar” (sesión del 14.7.1826)... Esa imprudente manifestación, de un torpe autoritarismo, y reveladora de un grado de incomprensión impropio de un representante provincial, no tenia menor gravedad que la expuesta por el citado Vázquez, quien, al aludir a la situación que imperara en la Banda Oriental en la época de Artigas, sostenía que para entonces “era dueño de todo y puede decirse que hasta de los pensamientos, un monstruo feroz” (sesión del 7/10/1826).

Reformas de Rivadavia como Ministro

2011-11-17T02:42:00.003-03:00

Reformas de Rivadavia como Ministro

El 26 de setiembre de 1820 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, su ministro de gobierno fue Bernardino Rivadavia.

El gobierno de Martín Rodríguez fue conocido como la “feliz experiencia” porque representó una etapa de pacificación y prosperidad para Buenos Aires. A pesar de la crisis política desatada después de la batalla de Cepeda, los cambios ocurridos no fueron totalmente perjudiciales para la provincia. El gobierno perdió su condición de nacional pero no los beneficios económicos que poseía: el puerto más importante del país y su aduana, es decir los ingresos más elevados de todo el territorio nacional. El ministro Bernardino Rivadavia llevó a cabo un plan de reformas con la aspiración de crear un estado moderno, y para eso era necesario mejorar la situación financiera, política, militar y cultural de la provincia. En las reformas rivadavianas estaban presentes los principios del liberalismo: libertades políticas, garantías a la propiedad privada, incorporación al mercado mundial (a través de la venta de materias primas derivadas de la ganadería, como el cuero) y limitación del poder eclesiástico. La ley de Prensa dictada en 1821 otorgaba un amplio margen de libertad al periodismo local y provocó la proliferación de nuevos periódicos y papeles públicos en la ciudad.

Reformas administrativas: Una de las reformas más drásticas que realizó Rivadavia en el plano administrativo fue la supresión de los cabildos existentes en la provincia. Lo que el gobierno intentaba hacer era modernizar parte del aparato político-administrativo heredado de la colonia y centralizar la estructura administrativa en manos del poder provincial.

En materia de Justicia, la reforma implementada estableció un régimen mixto: justicia de primera instancia, letrada y rentada, y justicia de paz, lega y gratuita.

Reformas militares: La ley de Reforma Militar redujo drásticamente el aparato militar heredado de la revolución. Se perseguía con ella un doble objetivo: reducir los gastos del Estado frente a un Ejército que resultaba oneroso mantener una vez concluidas las guerras de independencia y reorientar las fuerzas militares hacia nuevos objetivos. El proyecto preveía además que el Ejército estaría constituido por soldados contratados y reclutados, pero las dificultades para cubrir las plazas llevaron rápidamente al reclutamiento de los llamados “vagos y mal entretenidos” para quienes el Ejército significó una dura vía de disciplina. A las fuerzas regulares se sumaron las milicias, reorganizadas por ley en 1823.

Estas dos fuerzas militares fueron destinadas a la frontera sur para defender la campaña de los ataques indígenas. Para el gobierno era indispensable asegurar dicha frontera si pretendía consolidar cierto crecimiento económico: el campo era el proveedor de alimentos para la ciudad y escenario de la incipiente expansión ganadera de aquellos años. De manera que el gobernador Martín Rodríguez organizó una campaña militar contra los indios, con el objetivo de incorporar nuevas tierras y asegurar las ya ocupadas. Los resultados no fueron muy alentadores: los malones siguieron asolando a la campaña bonaerense, dejando como único saldo la fundación del Fuerte Independencia alrededor del cual creció después la ciudad de Tandil.

Reformas eclesiásticas: La ley de Reforma Religiosa suprimió algunas órdenes religiosas, se apropió de sus bienes, prescribió normas rígidas para el ingreso a la vida conventual, suprimió los diezmos (por lo que el Estado se hizo cargo del culto) y sometió a todo el personal eclesiástico a las leyes de la magistratura civil.

Como era de esperarse, ambas reformas (la militar y la eclesiástica) generaron gran descontento entre el personal directamente afectado. Algunos de los desplazados protagonizaron a comienzos de 1823 un motín que fue descubierto y rápidamente reprimido por el gobierno, con lo que quedó frustrado su intento de golpe.

Reformas culturales: La acción cultural desplegada en la gestión de Rivadavia fue tan intensa como en otras áreas. La fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821 fue la medida más destacada en este plano. Pero la reforma apuntó también a la enseñanza media y elemental. A tal efecto se creó el Colegio de Ciencias naturales y se transformó el Colegio de la Unión del Sur en el Colegio de Ciencias Morales. La enseñanza elemental por unos años pasó a depender de la Universidad, a través de su departamento de Primeras Letras, que controlaba la escuelas de la ciudad y la campaña y coordinaba la aplicación del sistema lancasteriano, por el cual los alumnos más avanzados enseñaban los conocimientos elementales a los que recién se iniciaban.

Al mismo tiempo se dio impulso a la Biblioteca Pública y a la fundación de muy diversas sociedades. Se crearon la Academia de Medicina, la de Ciencias Físicas y Matemáticas, la de Música; se dio nuevo impulso a la enseñanza del Derecho con la intensificación de la Academia de Jurisprudencia y la creación del Departamento de Jurisprudencia en 1821; se formó la Sociedad Literaria, responsable de la publicación del periódico más importante de la época (El Argos de Buenos Aires) y de la revista literaria La Abeja Argentina, que publicó la primera antología de poesía local. Se reorganizó además la Casa de Expósitos y se creó la Sociedad de Beneficencia, encargada de la organización de hospitales, asilos y otras obras de asistencia para los sectores más pobres, tarea que les fue asignada a las mujeres de la “alta sociedad porteña”.

Reformas económicas: El propósito racionalizador del Estado se manifestó también la esfera económica. En el campo financiero, una de las primeras acciones desarrolladas por el gobierno fue crear la Bolsa Mercantil y el Banco de Descuentos. El banco estaba autorizado a emitir billetes y, al comienzo, sus acciones pagaron buenos dividendos. Sin embargo, las necesidades del fisco llevaron a una creciente emisión, que a los pocos años condujo al banco a una crisis financiera insalvable.

Otras de las reformas económicas aplicadas en este período apuntó a mejorar la producción rural. A tal efecto, se dictó la ley de enfiteusis y se elaboraron planes de inmigración. La ley de enfiteusis procuraba la instalación de colonos en tierras públicas a las que aquellos tendrían derecho preferencial de compra en caso de que el Estado decidiera venderlas. Esta ley permitió el fortalecimiento de la gran propiedad dedicada mayoritariamente a las actividades ganaderas. Los terrenos entregados en enfiteusis quedaron en manos de hacendados, grandes comerciantes y militares.

El Congreso de 1824: El mandato de Martín Rodríguez llegó a su fin y en su lugar fue designado Gregorio de Las Heras. El Congreso Constituyente fue inaugurado en diciembre de 1824 y comenzó a trabajar en su labor legislativa.

La ley Fundamental: La primera disposición que tomó el Congreso fue dictar la ley Fundamental. Dicha ley declaraba constituyente al Congreso y establecía que hasta que se sancionara una Constitución, las provincias se regirían por sus propias instituciones, y delegarían provisionalmente las funciones del Poder Ejecutivo nacional en el gobierno de Buenos Aires. Pocos días después se firmaba el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que no sólo ratificaba el reconocimiento de la independencia argentina por parte de la potencia europea, sino que, además, buscaba estrechar vínculos a través del tratamiento de nación más favorecida.

Por la ley Fundamental, el gobernador Las Heras quedaba a cargo de las relaciones exteriores (hasta tanto se eligiera presidente) y con facultad de hacer propuestas al Congreso y de ejecutar las decisiones que este tomara. La sanción de la Constitución quedaba postergada a la espera de un momento más favorable y una vez dictada debía proponerse a los gobiernos provinciales, que podrían rechazarla y permanecer al margen de la unión perseguida.

La Ley de Presidencia: Ante la inminencia de una guerra con Brasil, por su ocupación en la Banda Oriental, el Congreso proyectó la creación de un Poder Ejecutivo permanente y Nacional. El 6 de febrero de 1826 fue promulgada la ley de Presidencia: se creaba el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su ejercicio duraría el tiempo que estableciera la futura Constitución.

Al día siguiente fue elegido por votación Bernardino Rivadavia, quien se hizo cargo de la presidencia el 8 de febrero.

Presidencia de Rivadavia (1826-1827): Rivadavia debió asumir su cargo en un clima cargado de tensiones internas y conflicto externo. Por un lado, Brasil había declarado la guerra en diciembre de 1825 al aceptar el Congreso la incorporación de la provincia oriental. Por el otro, el Congreso se hallaba dividido entre quienes pretendían instaurar una forma de Estado centralizada, denominados a partir de ese momento “unitarios”, y quienes buscaban organizar una forma de gobierno que respetara las soberanías de las provincias, denominados “federales”.

La ley de Capitalización: Las tensiones latentes terminaron de dividir las opiniones cuando Rivadavia, tres días después de asumir, propuso al Congreso el proyecto de ley de Capitalización. Dicho proyecto declaraba a Buenos Aires capital del poder nacional, a la que se le subordinaba un territorio federal que iba desde el puerto de Las Conchas (Tigre) hasta el Puente de Márquez y desde allí, en línea paralela al río de la Plata, hasta Ensenada. La provincia de Buenos Aires, separada del distrito federal, se reorganizaba en dos nuevas jurisdicciones: la provincia del Salado, con capital en Chascomús, y la del Paraná, con capital en San Nicolás. Se suprimían, en consecuencia, las instituciones de la provincia creadas en 1821 (la Sala de Representantes y el Ejecutivo provincial).Todos los establecimientos se nacionalizaron junto a las acciones, deberes y empréstitos contratados por la Provincia de Buenos Aires. Lo más alarmante fue para los intereses económicos locales que la provincia perdiera, con la federalización del territorio asignado a la capital, la principal franja para el comercio ultramarino. Con ella se perdía la fuente más importante de recursos fiscales, la Aduana, al quedar está en manos del gobierno nacional.

La Ley de consolidación de la Deuda Pública: La economía de la provincia no era muy ventajosa. El presupuesto estaba destinado en su totalidad a los gastos militares. Existía una importante deuda pública. El Congreso trató el proyecto de consolidación de la deuda pública y de la hipoteca de la tierra fiscal de todo el país. Las tierras públicas quedaban afectadas al pago de la deuda y no podían venderse. Las tierras provinciales pasaban de este modo a manos del Estado nacional.

La Constitución de 1826: El Congreso comenzó a tratar el tema constitucional. Se acordó establecer una república representativa: la monarquía quedaba descartada. El tema espinoso era decidir la organización estatal: ¿federal o unitaria?

El 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución que establecía la forma representativa republicana bajo la unidad de régimen. Los gobiernos provinciales quedaban bajo la total dependencia del presidente de la Nación.

La Constitución fue rechazada en las provincias al no ver satisfechas sus aspiraciones federalistas.

Renuncia de Rivadavia: La situación del presidente Rivadavia se volvió muy delicada:

Las provincias habían rechazado la Constitución de 1826, por lo tanto su autoridad nacional estaba cuestionada. El ministro garcía había firmado un tratado deshonroso, por el cual se reconocía a Brasil la posesión de la Banda Oriental, con el objetivo de finalizar la guerra.

Los terratenientes y comerciantes le quitaron el respaldo por el aumento de impuestos y contribuciones destinados a cubrir gastos de la guerra con el Brasil.

Ante estas circunstancias, Rivadavia se vio obligado a renunciar. Se avecinaban tiempos de disgregación nacional.

Tratado del cuadrilátero

2011-11-17T02:42:00.001-03:00

Tratado del cuadrilátero

El Tratado del Cuadrilátero fue un pacto firmado el 25 de enero de 1822 entre representantes de las provincias argentinas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El tratado buscaba ser un pacto ofensivo-defensivo entre las provincias firmantes ante un ataque luso-brasileño desde la Banda Oriental, lo cual era visto como muy probable. También quería establecer la paz luego de la derrota del caudillo entrerriano Francisco Ramírez, que en 1821 había invadido Santa Fe y Córdoba, sin éxito.

El pacto establecía:

La paz y unión de las cuatro provincias y una alianza ante una posible agresión extranjera, de españoles o portugueses (y brasileños).

La libre navegación de los ríos para las provincias firmantes.

El retiro de los diputados del diminuto congreso de Córdoba.

Cualquiera de las provincias contratantes podía convocar un congreso cuando creyese llegada la oportunidad conveniente.

La alianza de Buenos Aires con las provincias del Litoral, asegurada mediante subsidios a los gobiernos, le dio oportunidad a Buenos Aires de neutralizar al gobernador cordobés Juan Bautista Bustos, quien esperaba una organización del País con un congreso que estableciera ya desde 1825 una Constitución Nacional.

Congreso de córdoba y su fracaso

2011-11-17T02:41:00.003-03:00

Congreso de córdoba y su fracaso

En virtud del artículo 2º del tratado de Venegas, los representantes de los pueblos debían reunirse dentro del término de dos meses en la ciudad de córdoba. Desde principios de 1820 el general bustos trataba de convocar a un congreso general, al margen del de san Lorenzo, establecido en el tratado de pilar. Luego de la firma del pacto de Benegas, la aspiración de bustos se ve satisfecha al conseguir que entre las clausulas de este convenio se fije expresamente la residencia del futuro congreso. Su papel mediador y sobre todo de fiador del compromiso pactado.

La verdad es que bustos trataba de desviar de su centro al movimiento federativo, sacándolo de su órbita. A pesar de todo, sus intenciones eran loables pues participaba del sistema de gobierno propugnado en el acuerdo de pilar, Estanislao Lopez, no se opuso al congreso de córdoba e hizo todos los esfuerzos posibles para lograr el éxito.

Pacto de Benegas

2011-11-17T02:41:00.001-03:00

Pacto de Benegas

Fue suscripto por los representantes de buenos aires y santa fe el 24 de noviembre de 1820

Puso fin a la guerra entre estas dos provincias permitiendo el afianzamiento de López por una parte del gobierno, de Martin Rodríguez por la otra. Se firmo mediante la gestión mediadora llevada a cabo por Bustos gobernador de Córdoba, en la estancia Tiburcio Benega

Articulo 1º habrá paz, armonía y buena correspondencia.

Articulo 2º los mismos promoverán eficazmente la reunión del congreso dentro de dos meses remitiendo a sus diputados a la ciudad de Córdoba.

Articulo 3º será libre el comercio de armas y municiones y todo articulo de guerra entre las partes.

Articulo 4º se pondrán en libertad todos los prisioneros que existieren recirpocamente.

Articulo 5º son obligados los gobiernos a remover, cada uno en su territorio, todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada.

Articulo 6º el tratado tendría aprobación de los gobernadores en el día y seria ratificado dentro de los ocho siguientes.

Articulo 7º quedo como garante la provincia de cordoba.