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La reforma de la Administración en la encrucijada

noreply@blogger.com (ocortes) — Tue, 22 May 2012 15:26:00 +0000

Hace unas semanas mi buen amigo Antonio Diaz publicaba un post que os recomiendo: "¿Y si el ajuste es la reforma?". En él recordaba que siendo los ajustes en determinados ámbitos necesarios, lo verdaderamente importante es aprovechar el momento que vivimos para hacer reformas de calado en el ámbito de lo público. Y citaba cuatro líneas de actuación: 1) reordenación de servicios; 2) reorganización interna; 3) dirección pública profesional y 4) gobierno abierto.

Los que me seguís habitualmente habréis reconocido que esos precisamente son algunos de los asuntos nucleares de los que vengo hablando en este blog durante los últimos años. En mi opinión la reforma de la Administración es un asunto pendiente desde hace años, mucho antes de que aflorara esta crisis galopante que tanto nos agobia. Una reforma cuyo objetivo prioritario debería ser reforzar el valor y el papel de lo público desde un cambio a fondo en sus estructuras, tanto en la forma de hacer política como en la forma de funcionar de las Administraciones: nueva estructura administrativa, nuevo modelo de empleo público, extensión de la gestión por resultados y gobierno abierto. Una reforma que remueva cimientos, que suponga un cambio sustancial en las mismas raices identitarias de nuestro sector público tan ancladas en las patologías burocráticas. Una reforma que necesita tiempo y consenso, y un liderazgo intenso y persistente desde quienes estén al mando del proceso.

Desde el gobierno se anuncia una reforma de la Administración para las próximas semanas, meses. Las señales que estamos recibiendo no van precisamente en la línea comentada en el párrafo anterior. Por un lado lo que hemos visto: gobernando más que nunca a base de norma (decretos-ley) como vía directa para transformar la realidad social (error); o una ley de Transparencia que nace opaca casi desde su génesis inicial. Por otro lo que está por venir, que ya veremos: se habla de la reducir aún más el sector público español, pasando del actual poco más de un 40% del PIB (nivel medio-bajo de la OCDE) a un escaso 35%; de un plan de privatizaciones, poniendo en el mercado para una gestión más ¿eficiente? lo que hasta ahora ha venido siendo patrimonio de todos; de una reforma que va a ser "dolorosa" , con (previsibles) despidos y reducciones de sueldo (directas o enmascaradas) para los empleados públicos.

Es decir, frente a una reforma que apueste por un sector público robusto, avanzado y de calidad que contribuya a la riqueza y progreso del país, lo que parece que nos viene es un sector público más reducido que siga funcionando como siempre. Como decía Antonio, el ajuste parece ser la reforma. Va a ser que sí.

Evaluación y democracia participativa

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 16 May 2012 16:16:00 +0000

Hace unos días pude asistir a la conferencia de la profesora Sonia Ospina "La evaluación de los resultados en la gestión pública". Muy interesante, sobre todo por la perspectiva de una persona del otro lado del charco que ha desarrollado gran parte de su actividad académica investigando la institucionalización de programas de evaluación en diferentes países latinoamericanos.

La profesora Ospina incidió en el cambio de cultura que supone la evaluación. Principalmente porque no se trata de enfatizar - a través de la "monitorización"- en procesos o el cumplimiento de esta u otra ley, sino hacerlo en los ciudadanos, mediendo la efectividad (impacto) y calidad de los programas públicos. A tener en cuenta: es una decisión con un importante matiz político (no sólo técnico) y el miedo al resultado suele provocar distorsiones: falseo o bajada de objetivos (para que todos cumplan). Por ello, para cumplir el expediente se suele optar por sistemas de control (procesos, personas, etc.) , no de evaluación, que son mucho menos comprometedores y más fáciles de implementar.

Pero es la evaluación, según Ospina, quien refuerza la capacidad del estado e involucra a toda la sociedad, en el sentido que es ésta quien plantea las exigencias en la rendición de cuentas; y para ello está una evaluación centrada en la mejora de las decisiones políticas y la asignación de los recursos que son de todos.

Repasando de forma comparada las mejores prácticas en los países latinoamericanos concluyó que existían dos modelos: el modelo Plan, de enfoque más estratégico en el nivel de las políticas públicas; y el modelo Presupuesto, de enfoque más instrumental en el nivel de la asignación del gasto. La realidad es que uno adolece lo que tiene el otro, siendola solución más equilibrada la de un sistema mixto.

Habló de tres países que tienen institucionalizada la evaluación: Brasil, Chile y Colombia. Y a los tres se les plantean los mismos desafíos: asegurar la crecibilidad (desarrollo técnico) del sistema y que la sociedad dé a los resultados un mayor uso.

Escuchando a la profesora Ospina suspiraba yo por tener en nuestro país hubiera una concienciación y apoyo real al máximo nivel para evaluar políticas publicas. Y más con lo que nos estamos jugando.

¿Incentivos o recortes?

noreply@blogger.com (ocortes) — Mon, 07 May 2012 16:25:00 +0000

Después de años trabajando una de las cosas que he aprendido es lo difícil que es incentivar a las personas para que logren sus objetivos con altos niveles de excelencia. En primer lugar porque los incentivos/castigos tienen que ver con las motivaciones / expectativas, y ambas varían con la persona; en este sentido es habitual pensar que pensar en incentivos / castigos económicos (bonus, subidas de sueldo), o en introducir de mecanismos de competencia entre colegas de una empresa. Pero pensemos que no siempre los individuos se sienten motivados por ganar más o por competir; reconozcamos que incluso en una etapa de la vida se tienen unas necesidades y en otras éstas pueden cambiar.

Por otra parte la vinculación del incentivo con objetivos no siempre es sencilla. No lo es el concretar un objetivo en parámetros cuantitativos, o el conciliar las aspiraciones individuales con las organizativas y dentro de éstas hacerlo en diferentes niveles orgánicos. Se plantean conflictos de intereses que hay que conciliar para que el sistema funcione con éxito.

Pero el que sea complicado evaluar y premiar / castigar no implica que no haya que hacerlo. Frente a la pasividad y la desidia es necesario agitar las organizaciones, pero agitarlas de forma inteligente para que se genere una espiral de energía favorable que conduzca al éxito corporativo. La respuesta a esta necesidad que ha venido desarrollando el mundo de empresa y sus departamentos de recursos humanos han sido complejos sistemas de evaluación del desempeño y mecanismos de premio/sanción. Auténticas maquinarias burocráticas (tanto mayores cuando más lo sean las organizaciones) que tienden a homogeneizar y a cortar por el mismo rasero a profesionales que son personas, cada una con inquietudes propias. La realidad acaba siendo -y esta es mi experiencia- que la mayoría de estos sistemas acaban teniendo derivadas no deseadas en términos de desmotivación y deterioro del clima laboral; o acaban colándose en ellos cierta subjetividad y favoritismo donde además se acaba desfigurando la figura del jefe mentor / líder generador de confianza por otra de jefe controlador / evaluador / aplicador de la maquinaria.

Asumiendo que las organizaciones públicas mantienen rasgos similares a las organizaciones privadas, también es preciso resaltar algunas diferencias. Su propia dinámica interna es caldo de cultivo para la pasividad, frustración y falta de perspectiva de los profesionales; por otra parte las jefaturas olvidan con demasiada frecuencia elementos clave como su papel de desarrolladores de personas o gestores de la confianza. Debido a estas patologías es más necesaria aún dicha agitación positiva para "espabilar" a muchos profesionales públicos y sacarles su máximo rendimiento. Pero miedo dan soluciones como las que a modo "globo sonda" se publicaron hace unos días en prensa y que parece consistir en vincular parte de la retribución actual (cobrada bajo el concepto "productividad mensual") al cumplimiento de unos objetivos. Recordemos que ese concepto de "productividad mensual" en un sueldo de 2500 euros netos de un profesional publico de nivel medio-alto supone unos 400 euros, cuantía que se viene cobrando de manera fija mes a mes. Es decir, el mensaje que se desprende es que para seguir ganando lo mismo tendrás que cumplir una serie de objetivos (mucho más complejos de establecer que en mundo privado) y de no cumplirlos ganarás menos, es decir, sufrirás un nuevo recorte. Algo muy diferente de lo que ocurre en las empresas donde la intención es justo la contraria: si ganas 2500 y cumples unos objetivos podrás ganar 400 más. Se insinúa por tanto un sistema que para todos aquellos que legítimamente quieran o necesiten ganar más es cero incentivador (como máximo ganarás lo mismo) y muy atemorizador (como no llegues sufrirás un nuevo recorte). Un sistema que bajo el noble epígrafe de "incentivar el rendimiento" esconde otros objetivos: ¿reducir el gasto de personal para cumplir el déficit?.

Un sector público improductivo, con matices

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 25 Apr 2012 10:05:00 +0000

Hace unas semanas asistí en el Ayuntamiento de Madrid a la conferencia "Recursos Humanos en contexto de crisis" que impartió el profesor Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Os transcribo algunas de las notas que tomé por si son de vuestro interés; por supuesto son afirmaciones y datos sujetos a todo tipo de opiniones.

El profesor Longo inció su intervención reivindicando la necesidad e importancia del sector público, en estos momentos más que nunca. Por ello precisamente urge su reforma y más concretamente en el ámbito del empleo público que supone un 12% del PIB y es la partida más importante (en porcentaje) del gasto público.

¿Tenemos una Administración sobredimensionada? Si nos referimos exclusivamente al tamaño no. Ofreció datos que demuestran que España está algo por debajo de la media de los países de la OCDE en número de empleados públicos. Pero también se refirió a la evolución en la primera década del siglo XX, donde España incrementó su nómina de trabajadores sensiblemente más que la media de los países avanzados; así mientras que en la AGE la reducción ha existido pero escasa, el crecimiento de el empleo autonómico fue elevado después de las transferencias. No obstante, este crecimiento fue desigual: mientras que en Cataluña se llegó hasta una ratio de 3,3 empleados por cada 100 habitantes, en Extremadura lo es de 8,8. Por último, incidió que en España el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos es menor que en la OCDE.

¿Tenemos una Administración productiva? Según Longo no: la masa salarial pública ha crecido (en términos agregados) hasta el 2010 por encima de la media del país mientras que el trabajador público trabaja en promedio menos que la media europea. Posteriormente matizó estos números macro, refiriéndose que el salario superior a la media y el número de horas inferior se produce en segmento menos cualificado del empleo, mientras que en el más cualificado (representa un porcentaje menor) podría ser al contrario.

¿Tenemos un empleo público efectivo? La falta de efectividad de nuestras Administraciones se debe, en su opinión, a déficits en la gestión del empleo público. No existen mecanismos adecuados para gestión de personas. ¿Por qué? El modelo es uniforme y rígido, la burocracia un corsé demasiado apretado, la tasa de cualificación muy baja y no hay una cultura de management implantada.

¿Qué reformas son posibles? A corto plazo lo único que veremos son ajustes. Pero a medio-largo plazo deberíamos pasar del recorte a las reformas. Por ejemplo, pasar de un modelo único y homogéneo de empleo público a otro donde convivan diferentes modelos. Implantar prácticas avanzadas que equilibren mérito y flexibilidad: tecnificar plantillas, sistemas de valuación, flexibilidad en la compensación, dirección pública con gestores dotados de estabilidad y autonomía, diferenciados de los cuerpos y protegidos de la colonización pardtidista.

La condena de la empresa pública

noreply@blogger.com (ocortes) — Tue, 17 Apr 2012 14:41:00 +0000

Lo que podían ser tiempos de renovadas brisas modernizadoras en la gestión pública se están mostrando en tiempos de regresión. Podríamos hablar del empleo público y de la paralización total de iniciativas destinadas a su reforma mediante un desarrollo inteligente del Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero hoy toca hablar de involución en otro ámbito distinto (aunque relacionado) como es el modelo organizativo del sector público. Tantos años de crisis como llevamos, tantos años como se viene cuestionando la proliferación de determinadas formas organizativas como agencias o sociedades mercantiles públicas. Se vende un crecimiento desorbitado de las mismas motivado por la decisión nada inocente de eludir los sistemas clásicos de control en aspectos clave como la gestión económico-presupuestaria o de personas, práctica ésta tendente a favorecer el enchufismo y el mal uso de los recursos públicos.

Esta asociación real, fortuita o intencionada, ha producido un efecto inmediato: el ciudadano vincula empresas públicas o agencias a un crecimiento desproporcionado e injustificado del sector público unido a la idea de despilfarro o corrupción.

No tengo ninguna duda que malas prácticas las ha habido -seguramente no unas cuantas sino bastantes más - pero para curar la rabia no es preciso matar al perro criminalizando formas jurídicas que tienen toda su razón de ser en el complejo mundo de la gestión pública.

No olvidemos que la utilización de estructuras descentralizadas en el sector público - recomendado por organismos internacionales respetados como la OCDE - responde a la necesidad de adaptar las monolíticas burocracias públicas a las exigencias planteadas por una creciente actividad destinada a la prestación de servicios, actividad ella sensiblemente diferente a la tradicional de ejercicio de autoridad para la que el modelo clásico centralizado y anclado en el procedimiento había sido concebido. Esta necesidad imperiosa de flexibilizar estructuras aconseja adoptar nuevas formas jurídicas de organización como por ejemplo la agencia o empresa pública, regidas por reglas próximas al derecho privado y donde el control no se realiza ex-ante del proceso sino en virtud de unos objetivos-resultados asignados al ente descentralizado. En mi opinión una vía interesante, preferible en la mayoría de las veces al atajo de la privatización pura y dura de la gestión de servicios.

Evidentemente los excesos cometidos deben ser corregidos, las unidades organizativas vacías de contenido liquidadas y las redundancias optimizadas. Pero el peligro es cuestionar el fondo de la cuestión: ¿queremos un sector público flexible, ágil y eficiente que pueda cumplir con éxito su misión de servicio ? Si la respuesta es afirmativa, no queda otra que reconocer la valía de agencias o empresas públicas, potenciarlas y corregir los defectos observados (por ejemplo, intensificando los controles). En caso contario, retornar a modelos administrativistas de gestión o directamente privatizar supondrá renunciar a una eficacia en la gestión y la consiguiente pérdida de retorno en términos de valor público para la sociedad. Nada más y nada menos.

El desprestigio del funcionario

noreply@blogger.com (ocortes) — Fri, 13 Apr 2012 09:49:00 +0000

Por su interés reproduzco el artículo publicado en La Vanguardia el 12 de abril del 2012

El desprestigio del funcionario, de Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano en La Vanguardia

Hace unas semanas, en un funeral, cuando se hizo el merecido elogio del fallecido se destacó algo así como que había trabajado con gran compromiso y dedicación y, se añadió, “no como un funcionario”. Hasta ahí podíamos llegar. Tenemos un problema. Un serio problema. Algo va mal, muy mal, cuando “funcionario” solo se usa como manera de insultar o descalificar a alguien. Una funcionaria de dedicación y convicción –pero también con buenas dosis de frustración– comentaba no hace mucho que cuando su hija le planteaba cómo enfocaba sus estudios universitarios y su carrera profesional ella le decía “sobre todo, no te hagas funcionaria”.

Tenemos no uno, sino dos problemas. Dos serios problemas. Por una parte, la consolidación del estereotipo sobre los funcionarios, como si fueran unos vagos y acomodados recalcitrantes. Y, en el contexto de la crisis actual, esto se adereza con el mensaje de que son unos privilegiados. Que hay fundamento empírico para que según qué valoraciones no cabe la menor duda, y no perderemos el tiempo en ello. Que algunas prácticas sindicales no ayudan precisamente a disolver algunos estereotipos, tampoco lo negamos. Pero hay multitud de funcionarios con vocación y compromiso de servicio público desaprovechados y desanimados en una estructura de la administración pública cuya reforma es una de las más clamorosamente y reiteradamente incumplidas promesas electorales. Una administración en la que demasiado a menudo si trabajas bien no pasa nada, y si trabajas mal, tampoco. Los directivos y profesionales con vocación de servicio público en la administración pública no son, como se decía antes, ni vagos o maleantes ni –como se podría deducir del CV de la mayoría de actuales ministros del Gobierno de España– políticos agazapados a la espera de o en transición a cargos políticos. Pero la falta de reformas en la administración y la falta de reconocimiento y valoración del trabajo específico de directivos y profesionales con vocación de servicio público hace más penosa y depresiva su situación y más lacerante el uso de “funcionario” como forma de desconfianza, insulto o desprecio.

En los últimos tiempos, por ejemplo, se ha puesto de moda lamentarse hipócritamente cuando algunas encuestas nos revelan que nuestros jóvenes preferirían ser funcionarios. No lo tenemos tan claro. Los jóvenes no quieren ser funcionarios: lo que quieren es tener un trabajo estable, que es muy distinto. Claro que hay quien confunde estable y garantizado de por vida, pero ante lo que está cayendo algunas jeremiadas de opinador profesional no son más que cinismo. ¿Tan irracional e irresponsable es que alguien aspire a un mínimo de estabilidad laboral? Y, claro, la gente mira a su alrededor y encuentra la estabilidad donde la encuentra. Aún no hemos constatado nunca que alguno de los que se lamentan de que haya un número significativo de jóvenes que dice querer ser funcionario profiera este lamento desde una situación personal de precariedad e incertidumbre laboral. Algunos de quienes se lamentan son a su vez funcionarios.

Y frente al escándalo que les genera a algunos tamaña insensatez juvenil, se contraponen los míticos y mitificados valores que atesoran los emprendedores. Necesitamos potenciar, reforzar, facilitar y apoyar a los emprendedores. Sin ellos no saldremos de la crisis. Todo lo que sea crear condiciones para el desarrollo empresarial y emprendedor será poco. Pero reconocer todo lo anterior no nos debe hacer olvidar algo cada vez más constatable: el discurso a favor del espíritu emprendedor se está usando como una forma de culpabilización. Es como si se dijera a tanta y tanta gente: si las cosas no te van bien, tu verás; a ver si espabilas, porque de ti depende todo. Hay que valorar, potenciar y reforzar el esfuerzo y la iniciativa, y combatir una cierta pasividad acomodaticia que siempre espera que venga alguien a resolverme los problemas. Pero no todo el mundo puede, quiere –ni debe– ser emprendedor. Y hay que combatir la tendencia creciente a reducir los problemas sociales a (in)capacidades personales. Es como si la nueva ideología dominante consistiera en predicar que las cosas están mal, pero que cada uno es el único culpable de lo que le pasa.

Pues bien (y para decirlo provocativamente): ojalá hubiera más jóvenes que, de verdad –pero de verdad–, quisieran ser funcionarios. Porque aquí es a donde queríamos llegar. El uso de “funcionario” como insulto y desprecio esconde y expresa el gran problema que tenemos entre manos: la desvaloración de lo público, de la orientación al bien común y, más concretamente, del servicio público. Y esto es algo que nunca nos deberíamos permitir. Necesitamos una administración pública más ágil, eficiente, transparente, orientada a resultados, respetuosa con el ciudadano y a su servicio; con una actitud que no sea prepotente pero tampoco servil con el ciudadano, al que también hay que educar en los deberes de una ciudadanía responsable y no reducirlo a ser un demandante insaciable de servicios públicos. Todo esto requiere algo fundamental: el reconocimiento, la valoración, la promoción y el prestigio del servicio público, de los servidores públicos, de los… funcionarios.

El uso generalizado y peyorativo de “funcionario” como un arma de desprestigiomasivo no es más que un estúpido modo de erosionar y disolver nuestra propia condición de ciudadanos.

Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano, profesores de Esade (URL).

La transparencia opaca

noreply@blogger.com (ocortes) — Mon, 02 Apr 2012 15:33:00 +0000

Ahora más que nunca está de moda la transparencia. Tanto es así que el gobierno ha incluido un proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno en sus primeros cien días de ejercicio. Sin duda una buena noticia que la transparencia y el buen gobierno entren en la agenda legislativa con tanta fuerza.

Digo bien ("entrar en la agenda legislativa") porque siempre han estado instalados en el discurso político, en la retórica de los portavoces de todos los partidos, pero no tanto en las leyes y mucho menos en los hechos. Nunca se había promovido una ley de transparencia (sí códigos de buen gobierno) y menos en tan breve periodo de acción gubernamental. La frustración con el sí-pero-no que el anterior gobierno se trajo con una iniciativa similar contrasta con la firme decisión mostrada por los que les sustituyeron. Hasta aquí aplausos y felicitaciones a nuestros dirigentes.

La sorpresa viene cuando uno pasa de los titulares de prensa y la referencia del Consejo de Ministros a conocer en detalle el proyecto de ley aprobado hace unos días y que pronto inciará su senda parlamentaria. Comprobamos entonces cómo realmente estamos hablando de:

Una transparencia en apariencia, porque la propia ley pone cortapisas a las posibilidades que los ciudadanos tienen de obtener información.
Una transparencia viciada donde se sigue otorgando a la Administración un papel preminente en la relación con el ciudadano.
Una transparencia limitada, al estar enfocada al control económico de la acción de gobierno y no como un compromiso amplio y decidido con el gobierno abierto.
Una transparencia anticuada, por estar considerada como un procedimiento más del poder burocrático tradicional que la Administración ejerce frente a sus administrados.
Una transparencia opaca, donde por ejemplo se piden aportaciones pero no se permite a los ciudadanos ver cuáles son, opinar sobre las mismas y comprobar si se han tenido en cuenta o no.
Una transparencia engañosa, porque se habla de transparencia pero no se ponen los medios para que las decisiones públicas en su conjunto sean cristalina de cara a los ciudadanos; todas, no sólo las burocráticas (p.ej. procedimientos de contratación) sino también las políticas puedan ser conocidas en detalle y evaluadas por los ciudadanos.

El profesor de Harvard, Steve Kelman, en ESADE

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 21 Mar 2012 06:42:00 +0000

“Cómo liderar el cambio en el sector público”

El Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE organiza un seminario con uno de los profesores más destacados de la John F. Kennedy School of Government de Harvard University, institución líder en el conocimiento sobre gestión pública.

Una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones públicas en las sociedades modernas. Para lograr organizaciones públicas orientadas a resultados, flexibles y responsables, y capaces de gobernar los mercados de manera estratégica, serán necesarias reformas y cambios en todos los niveles de gobierno.

El seminario Liderar el cambio proporciona a los participantes los conocimientos más actuales en torno al liderazgo y la gestión del cambio necesarios para hacer frente a las transformaciones ineludibles. El seminario utiliza técnicas participativas y estudios de casos para construir sobre las experiencias de los participantes y reflexionar sobre situaciones reales. El Prof. Kelman facilita magistralmente el grupo y proporciona los marcos conceptuales y su conocimiento experto a los participantes.

Todos los participantes del seminario recibirán una copia de la última obra del Prof. Kelman: Unleashing change [Desencadenando el cambio].

Inscripción aquí

CPP: el reto de compartir objetivos

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 14 Mar 2012 15:43:00 +0000

Dentro de la actividad que viene desarrollando el Club Dirección Pública de ESADE ayer celebramos una evento dedicado a la colaboración público-privada en el ámbito de la innovacion. La CPP es una de nuestras líneas de trabajo y procuramos organizar un acto al año referente a este asunto. El invitado fue Alejandro Arranz, director de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Madrid, que nos explicó el proyecto Madrid Catedral de Nuevas Tecnologías.

No me voy a referir en este post a los detalles del proyecto. Los podéis consultar en la web. Me interesa destacar cuál fue la experiencia que Alejandro nos contó en el desarrollo del mismo.

En primer lugar, la necesidad (objetivos). Desde el punto de vista de la Administración el proyecto responde a un interés público: la recuperación de un espacio urbano degradado para a partir de aquí, promocionar la innovación, favorecer una cultura empresarial que estimule el emprendimiento y contribuir al crecimiento del tejido empresarial en sectores de alto valor añadido. Para crear este valor público se ha realizado una importante inversión cuyo retorno difícilmente podrá ser medido con los parámetros habituales que se manejan en el sector privado.

Una cuestión importante y siempre delicada en las CPP - todavía no resuelta en este proyecto- es la capacidad de atraer a socios privados y , sobre todo, hablar todos un mismo lenguaje para poder alcanzar objetivos compartidos a largo plazo. Una vez la infraestructura está prácticamente terminada el reto es darle contenido. En este sentido el enfoque ha ido variando con el tiempo: inicialmente se concibió como un espacio para que grandes empresas del sector mostraran sus capacidades; posteriormente como espacio de encuentro entre tecnología y ciudadanos; finalmente como un centro que facilite el ecosistema necesario donde emprendedores, académicos, clubs de innovación y otros actores puedan interactuar. Este último es el enfoque actual, un enfoque abierto donde la intención del Ayuntamiento no es tutelar la infraestructura sino facilitar los cauces para que la iniciativa privada le dé el uso más oportuno.

Por último, una mención a la complejidad jurídica y al excesivo alargamiento de plazos del proyecto. Según Alejandro casi lo más fácil ha sido hacer la obra. Las dificultades derivadas por la quiebra de la empresa que ocupaba la fábrica sobre la que se asienta La Catedral y la posterior ordenación urbanística han costado casi 8 años. Tiempo que él mismo nos reconoció como excesivo para proyectos de este tipo. No me extraña tantos cambios de enfoque en este enfoque.

La Catedral de la Innovación de Madrid

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 08 Mar 2012 15:42:00 +0000

El próximo martes en el Club Dirección Pública ESADE Alumni desgranaremos el proyecto denominado "La Catedral de la Innovación", la iniciativa más relevante del Ayuntamiento de Madrid de los últimos años en materia de promoción tecnológica y de la innovación.

Alejadro Arranz, director general TIC del Ayuntamiento nos contará detalles del proyecto. Básicamente la Catedral consiste en una red de centros de innovación abierta, distribuida por distintos puntos de la ciudad de Madrid, apoyados en una importante plataforma web colaborativa y en un gran centro de 20.000 m2 de superficie como buque insignia de toda la red. Este nodo central se sitúa en la histórica fábrica de ascensores Boetticher y Navarro, quebrada en 1992, cuyas obras de reconstrucción está finalizando el Ayuntamiento de Madrid. Una vez rehabilitada, la antigua nave Boetticher se convertirá en un gran centro tecnológico, que desarrollará actividades de innovación empresarial, formativas, congresuales y colaborativas. Por otro lado, el propio complejo de edificios de La Catedral será un espacio "demostrador", en una doble vertiente: en primer lugar, por las actividades que acogerá, centradas en la creación de mercado en materia de smart cities, y, en segundo lugar, por la aplicación en el edificio de las últimas tecnologías en telecomunicación, energéticas y de sostenibilidad.

Actualmente, los trabajos de construcción se encuentran en un estado muy avanzado, y se inicia una nueva fase de contratación, que incluye el equipamiento y la dotación final del centro, la definición concreta de sus contenidos y actividades, así como la gestión integral del mismo y su funcionamiento.

La contratación de estos servicios, la dotación de equipamientos y la provisión de contenidos y actividades a esta red de centros son, por su complejidad y su alcance, un claro ejemplo en el que la colaboración público-privada puede proporcionar a la Administración un mecanismo de contratación idóneo para la consecución de los objetivos de promoción tecnológica y de innovación perseguidos, así como una gestión más eficaz de los recursos públicos.

Acto gratuito. Inscripción aquí

Coto a los directivos públicos

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 29 Feb 2012 15:34:00 +0000

Siendo como es una organización de personas, el talento es la base para el éxito de la Administración en las próximas décadas. Atraerlo y retenerlo se convierte en una necesidad - diría yo - estratégica, mayor aún si hablamos de los puestos directivos desde una perspectiva de dirección pública profesionalizada.

La tozuda realidad nos muestra, sin embargo, una tendencia más bien contraria. Tendencia que se agrava con algunas de las medidas tomadas en el transcurso de esta crisis de nunca acabar.

Hablemos por ejemplo de aquellas que afectan directamente a retribución y ceses de directivos públicos.

En cuanto a la retribución el Gobierno ha fijado - para puestos directivos- un tope máximo en el sueldo base de 105.000 euros anuales (según el tipo de organización) , que pueden verse incrementados por un complemento de puesto e incentivos de gestión. Un sueldo relativamente superior al de los más altos cargos políticos - aparte habría que preguntarse si están bien remunerados - pero que , aún asumiendo que lo público no puede ni debe equiparase con lo privado (tampoco en salarios), puede considerarse insuficiente si en algunos puestos de lo que se trata es de atraer el talento de los mejores profesionales en un determinado sector . Con la que está cayendo - ajuste y desprestigio de lo público - es sin duda una medida "popular" que despierta simpatías en el ciudadano medio, atosigado por todas partes; también bienvenida en todo lo que pueda aportar de transparencia, claridad y coto a posibles excesos en unas cuantías que directa o indirectamente pagamos todos.

Similar razonamiento aplica a la cuestión de los ceses o extinciones de contratos laborales de alta dirección. En el primer caso es lógico que no exista indemnización, al tener el empleado público la posibilidad de volver a su puesto de origen. Pero en el segundo, la indemnización de siete días por año con un tope de seis meses para profesionales que en un momento dado decidieran aceptar un puesto directivo público viniendo del sector privado pudiera antojarse escasa y más por las circunstancias "de riesgo" no estrictamente dependientes de resultados de gestión que vienen asociadas a la naturaleza de lo público (p.ej. cambios políticos). Esa mayor incertidumbre o volatilidad en la función directiva pública no sólo no se ve compensada - para profesionales del sector privado- en la cuantía de extinción sino que ésta se reduce drásticamente, reconociendo no obstante que tampoco eran de recibo para ciertos puestos públicos blindajes astronómicos ni opacos a la opinión pública. Esa mayor prima de riesgo dificultará contar en lo público con ciertos profesionales de prestigio.

Conclusión: si entendemos la dirección pública como un espacio abierto al conocimiento profesional experto y no como un guetto de funcionarios cargados de trienios son medidas discutibles puesto que dificultarán la capacidad de atraer y retener talento en el sector público. Sin embargo en términos de transparencia e higiene en la gestión son medidas necesarias, sensatas y razonables.

La reforma laboral en el sector público

noreply@blogger.com (ocortes) — Tue, 21 Feb 2012 17:09:00 +0000

Hace unos días el Gobierno aprobó su reforma laboral. La presentó como reforma estructural para crear empleo y sentar las bases de un crecimiento que nos ayude a salir de la crisis. Afectados millones de asalariados por cuenta ajena cuya relación laboral se regula por el Estatuto de los Trabajadores y millones de desempleados a los que se les presenta como esperanza que puedan encontrar un empleo. Hasta aquí los objetivos que persigue el Gobierno. Por ver está si se cumplen, ojalá que sí; sería el mejor indicador que salimos de este agujero negro en que nos encontramos.

Pero esta reforma laboral escondía una sorpresa en ese universo de disposiciones adicionales que las normas incluyen y casi nadie se lee: cambios de profundidad que afectan al empleo público, concretamente al personal laboral y directivo al servicio de las Administraciones.

En relación al personal laboral se plantean para el sector público fórmulas legales que le dotan de una consideración equivalente a la de empresa privada y que permiten despidos y ceses fáciles y relativamente baratos. Paradógico que si para el grueso de la reforma se alega que mayor flexibilidad y coste laboral más reducido puede animar a los empresarios a contratar , en el caso del sector público esto simplemente no aplica. Por tanto, aplicada a las Administraciones es una reforma que no puede entenderse de otra forma que como instrumento facilitador del adelgazamiento de plantillas de laborales fijos al servicio de la Administración o cualquiera de sus entes, organismos o sociedades mercantiles.

¿Necesario? Quizá , no estoy seguro. Se habla de centenares, miles, de entidades públicas cuyo mapa se pretende redimensionar. La mayor parte de ellas son de pequeño tamaño con un personal escaso. El personal laboral fijo representa un porcentaje menor en el sector público si lo comparamos con los funcionarios de carrera que ocupan la mayoría de los puestos. Se concentra principalmente en las grandes empresas estatales (Correos - la de mayor plantilla- , Renfe, Aena, Paradores, RTVE, ADIF, RED.es , Ineco, etc.) , la mayor parte de ellas con problemas económicos debidos a diversas razones, pero todas con un denominador común: en su mayor parte soportan una obligación de servicio público escasamente compensada vía presupuestos. Entidades y empresas públicas de gran tamaño y nivel de empleo que garantizan cohesión social y que no se van a cerrar, a lo sumo privatizar y ya veremos cómo y cuándo. Muchas de ellas además en permanente "ERE oculto" con jubilaciones y otras salidas de personal cuyos puestos se amortizan, con niveles de reducción de empleo de decenas de miles de efectivos en los próximos años. Hipotéticos EREs adicionales que facilitaría esta reforma laboral no servirían más que para comprometer aún más un servicio que prestan y en la mayoría de los casos bien valorado por los ciudadanos. Hay otras vías más efectivas de ajuste no traumático, las cuales se vienen poniendo en marcha desde hace años en los ámbitos donde el empleo público de personal laboral es más numeroso

¿Oportuno? Quizá, no estoy seguro. Los problemas financieros son graves pero si la fábrica de parados de nuestra economía funciona a destajo , meterle una marcha más incluyendo también al sector público como productor de desempleo es cuando menos discutible. Y más teniendo en cuenta que en el sector público la dimensión social tiene una importancia superlativa en relación a la económica, puesto que el intangible aportado por la primera se ha de valorar en relación al beneficio en la segunda. Por otra parte poner en juego los valores de calidad y estabilidad en el empleo público puede ser contraproducente: primero, porque lo público es primordial mandando señales a la economía , también en lo relativo a condiciones laborales; segundo, porque la estabilidad es garantía de continuidad, objetividad e independencia, atributos imprescindibles cuando nos referimos a organizaciones públicas, también aquellas dotadas de personal laboral. Tercero, porque si hablamos de una necesidad perentoria de equilibrar la composición funcionario /laboral de las entidades públicas - hacia una mayor laboralización en determinados puestos - y esto ya de por sí es un importante paso adelante en flexibilización, una mayor precarización del empleo laboral añade aún más incertidumbres.

Una cuestión de confianza

noreply@blogger.com (ocortes) — Fri, 03 Feb 2012 10:45:00 +0000

Ayer conocíamos la noticia del relevo en la dirección general de Tráfico. Hoy Pere Navarro será sustituido después de ocho años en el cargo; un periodo en los que los resultados en términos de seguridad vial (muertos en carretera) han sido espectaculares. No es que lo diga yo; es incluso reconocido por el propio ministro que ayer mismo calficó el trabajo de Navarro como "excepcional". Pero el ministro tenía que justificar el cese y lo hacía amparándose en la "normalidad institucional" y la "necesidad de una nueva etapa tras tanto tiempo".

Si nos atenemos a cuáles son los criterios que tradicionalmente se usan en España para la designación de cargos directivos en el sector público no debe sorprendernos este relevo ya que efectivamente forma parte de esa "normalidad institucional". Ahora bien, ¿es cuestionable esa "normalidad institucional"? En mi opinión, sí.

La confianza política es un elemento decisivo para formar equipos de gobierno. Tiene todo el sentido del mundo que exista para los primeros niveles (ministros, consejeros, secretarios de estado, etc.) cuya labor fundamental es marcar el rumbo en base a un mandato otorgado por los ciudadanos. El cómo se plasme ese mandato, con qué valores y balance de preferencias / renuncias es precisamente lo que corresponde al nivel político de la Administración. Cohesión y solidez en los equipos son imprescindibles y para ello la confianza política es necesaria.

Lo cuestionable es que este modelo sea extensible a todos los niveles directivos y - dentro de ellos - a todos los ámbitos sectoriales en que actúan. Porque aquí hablamos de otra cosa, hablamos que a este nivel lo prioritario es dirigir la Administración en el rumbo marcado por el político pero con un margen de responsabilidad y la obligación de mostrar resultados. O hablamos de ámbitos concretos donde la materia no debería estar sujeta al choque de visiones ideológicas (¿estamos de acuerdo en que todos queremos que muera menos gente en carretera?) o simplemente es de tal nivel técnico que lo que se require es un conocimiento experto ajeno de simpatías partidistas.

Pone esto de manifiesto la necesidad de una dirección pública profesional con un enfoque renovado, también en el asunto de la confianza. Cambiar confianza política por confianza profesional parece imprescindible en cierto tipo de puestos. La pregunta es: ¿están nuestros políticos preparados para ello?

¿Profesionalizar? la dirección pública

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 26 Jan 2012 15:53:00 +0000

Desde múltiples y variados ámbitos - esta bitácora uno de ellos- se reclama con insistencia la profesionalización de la dirección pública.

Ahora bien, ¿qué significa "profesionalizar"? ¿entendemos todos lo mismo cuando utilizamos ese termino? Me temo que no. El que les habla entiende profesionalizar como la institucionalización de un marco específico propio para el ejercicio de funciones directivas en la Administración. ¿Esto que quiere decir? En primer lugar hablamos de una perspectiva gerencial, orientada a la obtención de resultados mediante la gestión de proyectos y el liderazgo de las personas a su cargo. Esto supone tomar decisiones, arriesgar, negociar, torear crisis, orientar, motivar y conectar personas. Pero también, refiriéndonos en concreto a la esfera pública, dirigir a los que te dirigen (políticos) y conocer la maquinaria administrativa para sacarle el máximo partido.

Mi discrepancia está con aquellos que conciben la profesionalización de la dirección pública como la última estación de la carrera administrativa de altos funcionarios de carrera, con ánimo de bilandar este espacio al nepotismo de los políticos. Bajo mi modesta opinión este punto de vista supone seguir anclado al viejo enfoque de la Administración pública burocrática de finales del siglo XIX, uno de cuyos rasgos fundamentales es la continua disputa entre políticos y élites administrativas por el control de mayores cuotas de poder en los niveles superiores de la Administración.

Nos encontramos por tanto con un concepto, el de dirigir, que va ligado a un nuevo modelo de Administración postburocrática que debe ser el característico para afrontar los complejos desafíos públicos de los tiempos que corren. A diferencia de administrar o dictaminar, que siendo perfectamente necesarios en determinados ámbitos de la creación de valor público, no pueden malentenderse como lo que no son en un renovado enfoque de Administración del siglo XXI.

Por tanto, siendo dirigir necesariamente diferente a administrar o dictaminar es erróneo concluir que de forma necesaria la profesionalización de la función directiva deba suponer que ésta deba ser automáticamente ocupada -a modo de meta profesional- por esos administradores o expertos técnicos que nutren los altos cuerpos administrativos. Obviamente, tras la debida formación o reciclaje (a dirigir se aprende) puede serlo, pero no porque caducos blindajes normativos así lo impongan.

El reto precisamente es salirse de esta dinámica, cosa que en ciertas Administraciones hoy parece ciertamente utópico. O si no, a los nombramientos de estas semanas me remito.

Píldora sobre #ogov: ciudadanos, ¿nacen o se hacen?

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 19 Jan 2012 16:56:00 +0000

Un gobierno abierto se basa en una ciudadanía madura, responsable, consciente de su identidad como sujeto político e implicada en la construcción de lo público. Esta me parece una base indiscutible e innegociable para poder construir el gobierno abierto. Mucho más que abrir canales de participación o ventanas al secretismo. Sin duda es importante hacerlo; pero , ¿de qué sirve si la sociedad está instalada en esa mezcla explosiva de infantilismo, ignorancia y dejadez?

La pregunta es: esta ciudadanía, ¿nace o se hace?. Rotundamente lo segundo: la ciudadanía se hace, desde la educación familiar, escolar, social y también en el debate público que todos los días inunda los medios de comunicación. Un debate en el que políticos y tertulianos son protagonistas y en el que uno no sabe bien - o mejor sí que lo sé pero no quiero ni imaginarlo- cuál es el juego que se pretende. ¿Idiotizar aún más a la sociedad para poder utilizar después el viejo argumento de que la gente no participa o si la invitamos a hacerlo en temas sensibles (por ejemplo, medidas impopulares) el resultado va a ser disparatado?

Por tanto, el sistema político y social tradicional nos viene ofreciendo, cada vez más, un menú envenenado, un círculo vicioso mortal de necesidad para avanzar en el camino del gobierno abierto. Únicamente el poder de las redes y espacios libres de interacción y debate como internet garantizan un contrapoder necesario para la existencia y desarrollo de una ciudadanía cívica y responsable.

Esa ciudadanía, sí, que es la verdadera base del gobierno abierto.

AAPP: 12 peticiones para 2012

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 12 Jan 2012 16:29:00 +0000

Pasados uvas y Reyes, el año nuevo y la existencia de renovados equipos al mando de las instituciones públicas me han animado a escribir una lista de deseos para el ámbito que trata este blog, la modernización de las Administraciones públicas. A ver qué os parece:

Que el cortoplacismo no ciegue el cambio profundo que demandan nuestras AAPP. Apostar por innovación en el sector público no es una paranoia, es una necesidad, pero lleva su tiempo.
Ley de Transparencia sí, pero no como estación de llegada del gobierno abierto sino como punto de partida.
No confundir la legitimidad que da el voto en unas elecciones con la imprescindible participación ciudadana en las políticas públicas. Hacerlo, en los tiempos que corren y con las herramientas existentes puede ser suicida para cualquier gobernante.
Que las reducciones lineales (hachazos) dejen paso a revisión meniculosa de las partidas de gasto (cirujía fina) que valoren coste-beneficio entendiendo éste no sólo en términos económicos, sino también en términos de valor público.
Mantener el compromiso con el gobierno electrónico, como canal de un mejor servicio a los ciudadanos pero sobre todo (está pendiente) como vía de reorganización interna y reducción del gasto.
Hacer de la congelación en la oferta pública de empleo la excusa (motor necesario) para una revisión de las relaciones de puestos de trabajo, especialmente en el bloque administrativo de las AAPP.
No olvidar que las agencias no son sólo un foco de gasto incontrolado. Tienen sus ventajas, y muchas, para modernizar la gestión pública.
Pensar bien que a largo plazo los procesos de enajenación de patrimonio público tienen sus impactos (y a veces no compensan la caja que pueda hacerse a corto)
Colaboración público-privada sí, pero aprovechamiento de los recursos públicos existentes y mejora de su gestión también.
Legitimar y dar prestigio al trabajo público. Motivar es imprescindible, más aún en las actuales circunstancias de congelación-recortes salariales.
Institucionalizar la función directiva profesional en el sector público. Cinco años más tarde ya es hora de desarrollar el artículo 13 del EBEP.
Y por último, que el ajuste no haga olvidar a nadie la importancia de un sector público potente y de calidad para la importancia económica y social de cualquier país.

El peligro de la reposición cero

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 29 Dec 2011 15:40:00 +0000

Mañana están convocados los sindicatos de función pública en el ministerio para que el flamante secretario de Estado les explique algunas de las medidas inmediatas que va a tomar el nuevo gobierno: previsiblemente, congelación salarial y tasa de reposición cero en la oferta de empleo público.

Teniendo por ineludible el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, tal y como están establecidos (4.4% PIB 2012 y 3% 2013), es inevitable tener que recurrir a ajustar el capítulo I (gastos de personal). De ahí que las medidas actuales y futuras vayan a ir encaminadas en esa doble vía de tocar sueldo y efectivos.

Parece por tanto oportuno matizar varias cuestiones:

Si bien las medidas de congelación / reducción salarial tienen un efecto más o menos inmediato sobre el presupuesto de gastos no ocurre lo mismo con los ajustes de plantillas vía tasa de reposición. En este caso depende del ritmo de jubilaciones en los próximos años.
Tan cuestionable puede ser el pensar que una subida de impuestos indirectos aumente la recaudación como que la reducción del gasto en el capítulo I tenga un impacto positivo sobre el déficit. El menor poder adquisitivo de más de tres millones de empleados públicos inevitablemente se notará en el consumo, por ello en el crecimiento económico y finalmente en la recaudación. Los efectos de las medidas de mayo 2010 en términos de crecimiento los estamos viendo en estos últimos y próximos trimestres.
Hachazos lineales como "tasa de reposición cero" no es precisamente lo que se necesita en estos momentos. Es precisa cirujía fina, mucho más compleja, pero más efectiva en abordar con más rigor el problema presupuestario y limitar efectos colaterales no deseados.
Pensemos que 600.000 empleados públicos tienen más de 55 años y se jubilarán en los próximos años. Una tasa de reposición cero planteada de forma indiscriminada puede afectar muy seriamente a la estabilidad y eficacia del sector público.
Sin embargo sí que se presenta una gran oportunidad para dar la vuelta como un calcetín a la estructura de las plantillas públicas, nutridas en exceso de puestos de escaso valor y escasas de perfiles técnicos especializados y de gestión.
Por ejemplo, un objetivo operativo en el equilibrio de las cuentas públicas debería ser el incremento de la recaudación vía lucha contra el fraude. ¿Existen un número suficientes inspectores de hacienda? Me atrevo a afirmar un rotundo NO. ¿Tiene sentido una tasa de reposición cero en este colectivo? Seguramente tampoco . Aunque os dejo para vuestra reflexión un ejercicio "imposible": identificar quiénes son aprobados a las oposiciones a inspección de hacienda en los últimos 25 años y ver cuántos de ellos están ejerciendo funciones directas o indirectas de inspección. Nos llevaríamos grandes sorpresas.
En relación con el punto 5: un ajuste radical debe producirse en puestos como de la zona media-baja de la pirámide. Algunos ejemplos: "portero mayor", "conductores", "jefe de negociado de tramitación nivel 16", "auxiliar administrativo", etc. que afloraron como la espuma en pasadas décadas y hoy carecen de sentido. Reposición cero durante muchos años . Sin ningún complejo.
Es el momento oportuno de desarrollar el art. 13 del EBEP referente a la dirección pública profesional. La creación de un Estatuto marco para todas las Administraciones que dote a esta figura de una necesaria institucionalización es imprescindible.
¿Por qué -ya que estamos- no plantearse seriamente qué tipo de relación (si administrativa o laboral) deben tener los empleados públicos según su grupo profesional? El EBEP lo permite. Si desde el 1 de enero 2011 para los nuevos funcionarios desaparece clases pasivas y se integran en el régimen general a efectos de pensiones, ¿por qué por ejemplo desde el 1 de enero 2013 no puede ocurrir que el cuerpo general administrativo pase a ser "grupo profesional administrativo" y los nuevos que ingresen accedan como laborales fijos al servicio?
¿Por qué, ya que estamos pidiendo sacrificios a los empleados públicos, reorganizando estructuras y plantillas no se para en seco la campaña de desprestigio y ataque a lo público y a sus trabajadores y se pone en marcha una de legitimación y prestigio del servicio público con el objeto de que la ciudadanía comprenda su importancia y le otorgue su simpatía y reconocimiento?

La incómoda presencia de AAPP en Hacienda

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 22 Dec 2011 15:29:00 +0000

Los cambios de gobierno suelen traer aire fresco a la res pública. Todo lo nuevo (nombres, estructuras, discursos, e intenciones) despierta inicialmente el tirón y la ilusión en que los problemas públicos latentes acaben -si no resueltos- sí al menos enfocados de otra manera para una más pronta resolución.

Como sabéis ayer tomó posesión el nuevo presidente del gobierno Mariano Rajoy. Centrándonos en la temática de este blog -el sector público- su discurso de investidura estuvo repleto de alusiones a la reforma de las AAPP como uno de los ejes prioritarios de su agenda. Casi todas ellas relativas a medidas que parecen tener más que ver con el cortoplacismo del ajuste presupuestario que con la visión a largo de dotar a este país de una Administración pública moderna y eficaz , equiparable a la de países más avanzados como por ejemplo los nórdicos.

Quizá la intención de unir Hacienda y Administraciones Públicas sea porque los esfuerzos de futuro en el ámbito de reforma administrativa se vayan a centrar únicamente en el control presupuestario dejándose a un lado otros aspectos transcendentales como el avance de la Administración electrónica, el desarrollo del Estatuto del Empleado Público, la implantación de la dirección pública profesional, la reforma organizativa o ya fuera de este ámbito la vertiente más política de las relaciones entre diferentes niveles territoriales que llevaba a cabo la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Ojalá no sea así y los esfuerzos reformistas anunciados por el nuevo presidente lo sean realmente, pero en el sentido de que supongan un fuerte torrente innovador en el funcionamiento de nuestras Administraciones. Una reforma de fondo más allá de simples medidas de recorte presupuestario que acaben llevando a justamente lo contrario, al debilitamiento del sector público que a largo plazo desencadene un desmembramiento de nuestra sociedad.

#20N: Valoraciones de una campaña extraña

noreply@blogger.com (ocortes) — Fri, 16 Dec 2011 09:33:00 +0000

Recientemente hemos vivido una campaña electoral diferente por dos factores: el momento y la certeza de conocer el candidato ganador. Precisamente por ello desde el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni decidimos reunir a expertos en comunicación política para conocer sus valoraciones de esta extraña contienda electoral.

Luis Arroyo, presidente de la Asociación de Comunicación Política, calificó la campaña de anodina y no ilusionante. Lo cual en una campaña de cambio sorprendería, si no fuera porque los ánimos de los ciudadanos andan un tanto deprimidos. Como experto valoró en poco innovador el planteamiento de los partidos mayoritarios: el que se veía vencedor, Partido Popular, mantener sin errores una posición de ventaja ganada hace mucho tiempo; el que luchaba por acordar distancias, Partido Socialista, una campaña de libro basada en mucha pedagogía complementada con mítines. Y es que -según Arroyo- las campañas importan poco y no cambian significativamente el sentido del voto: fue la crisis y, sobre todo, una errónea gestión de expectativas del presidente Zapatero lo que precipitó el cambio de gobierno.

Gabriel Elorriaga fue el director de campaña del Partido Popular en las dos últimas elecciones. En su opinión este partido ha logrado una estabilidad y fidelidad electoral muy importante en los últimos quince años, gracias a aciertos propios y a errores del rival como por ejemplo el proceso de relevo en su liderazgo. Destacó también que ha sido una campaña sujeta a nuevas normales legales: reducción de los plazos y sin publicidad en la precampaña. Las campañas al final las gana aquel que logra imponer su agenda (lo que se habla) ya que tanto el PP como el PSOE tienen construidos desde hace mucho tiempo atributos de marca que en campaña son imposibles de cambiar.

Pilar Cernuda, periodista política, se centró en lo que, en su opinión, hizo bien el candidato ganador y no tan bien el perdedor. Rajoy partió de una muy mala situación interna en 2008 que superó con un equipo nuevo, desconocido y sin experiencia. Se afianzó en parte gracias a los errores del rival que supo gestionar con sus ya famosos "silencios". Según Cernuda a Rubalcaba le condenó - además de la gestión de la crisis- una errónea estrategia de comunicación: perdió el apoyo de Prisa, falló el equipo y su posicionamiento en una imagen "asamblearia".

Gestión pública vs. gestión privada

noreply@blogger.com (ocortes) — Fri, 09 Dec 2011 09:30:00 +0000

Últimamente oímos con demasiada frecuencia y desde foros muy diversos la supuesta superioridad de la gestión privada frente a la pública a la hora de dar respuesta a las necesidades sociales. Una idea -que a fuerza de ser repetida- va camino de convertirse en dogma incontestable. De hecho, cada vez está incorporándose con más fuerza a discurso y acción política; algunos ni lo disimulan.

No sé a vosotros pero a mí los blancos o negros me hacen desconfiar. Por eso el mensaje de la gestión privada como solución milagrosa a los problemas públicos me da que pensar, me despierta dudas sobre qué es lo que de verdad interesa, si no son otras cosas que premeditadamente pretendan ser ocultadas.

¿Blanco o negro? ¿Gestión privada o gestión pública? No vamos a negar que corren tiempos donde con presupuestos recortados el factor "eficiencia" gana peso; y en eso la gestión privada tiene mucho que enseñar a la gestión pública. Tampoco vamos a negar que la gestión pública se ha ganado a peso su desprestigio: la extensión de la burocracia como paradigma dominante en la gestión pública ha provocado ciertas distorsiones, especialmente en la provisión de servicios públicos, precisamente aquellos en que hay un mayor contacto con el ciudadano. En esto, en gestión de servicios, el sector privado también lleva cuerpos de ventaja.

¿Es todo ello suficiente para imponer ese dogma de la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública? En mi opinión no. Los valores economicistas sobre los que se asienta lo privado pueden poner en peligro valores fundamentales en lo público como la cohesión, la igualdad, la eficacia o la imparcialidad. Además, existe un cierto riesgo de que intereses privados acaben por secuestrar intereses públicos que son de todos.

Por ello, mi fórmula es "depende": sí a la gestión privada sí, pero sobre todo sí a una gestión pública reformada, que incorpore lo mejor de lo privado pero sin renunciar a los valores básicos de lo público. Hacerlo de otro modo puede poner en riesgo a largo plazo el desarrollo social y económico de cualquier sociedad.

¿Qué fue de las agencias?

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 01 Dec 2011 16:36:00 +0000

A estas alturas todavía me sigo haciendo esta pregunta. La última vez que oimos hablar de agencias fue en un contexto nada bueno: la polémica en Andalucía sobre la supuesta utilizacióin de este modelo organizacional para la colocación a dedo de miles de amigos como empleados públicos.

No está mal de vez en cuando utilizar un post para desempolvar algunas iniciativas interesantes que duermen el sueño de los justos en el cajón de algún ministerio. Hagamos un poquito de historia: en el año 2006 se pone en marcha una ley que pretendía romper con el vetusto modelo organizativo de la AGE, la ley de agencias estatales, impulsada por el ministro Jordi Sevilla. Lentamente empiezan a aparecer algunas de ellas: primero la Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas, prioridad absoluta de Sevilla; posteriormente el BOE y luego otras como la AECID, de Seguridad Aérea, la de lucha contra el dopaje o la de meteorología. Se habla de desarrollar hasta diez e incluso se sugiere que el propio INAP puede ser una de ellas.

Pronto empiezan a torcerse las cosas: los decretos de creación y desarrollo de cada agencia muestran que en lo único que hay cambios frente a las antiguas direcciones generales u organismo autónomo es en el nombre y poco más; el funcionamiento interno sigue siendo el mismo. Llega el año 2007, cambio de ministro y se paraliza la creación de nuevas agencias . Hasta hoy.

No se escapa a nadie que las agencias tienen muchos enemigos, tanto en el nivel político como en ciertos cuerpos administrativos que no conciben otra Administración pública que la burocracia clásica. Pero son un instrumento de cambio imprescindible para orientar a resultados ciertos ámbitos de la acción pública, desburocratizar y flexibilizar estructuras que no pueden seguir funcionando bajo los viejos patrones administrativos. Por tanto, si en algún momento lo que se pretende es reformar la Administración en profundidad, se deberá retomar con aires renovados esta iniciativa e impulsarla con decisión. ¿Será el próximo gobierno?

La política de la crisis

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 23 Nov 2011 16:38:00 +0000

La designación de tecnócratas al frente de los gobiernos de varios países ha puesto de moda el debate sobre cuáles son más convenientes, si políticos o técnicos al frente de las instituciones públicas. En mi opinión es incuestionable el papel de la política en la dirección de lo público.

Me parece sumamente peligroso, no ya el que que la política pueda ser o esté siendo sustituida por la tecnocracia, sino el mero hecho de que se plantee este debate. ¿Por qué entonces? Quizá se trate de un episodio más de ese saco de episodios inéditos que vienen ocurriendo últimamente, un torpedo más (y ya van unos cuantos) sobre lo público.

La política, por delegación de los ciudadanos (no lo olvidemos, es importante), tiene la legitimidad democrática para dirigir los asuntos públicos. Su servicio a la sociedad se basa principalmente en recabar las distintas necesidades que se producen y resolverlas, gestionando los conflictos, buscando soluciones que cuenten con un respaldo suficiente y repartan los esfuerzos. En estos tiempos de grave crisis, la política es más importante que nunca, precisamente por la tremenda incertidumbre, inestabilidad que nos rodea sino por la ambiguedad y poca definición de los problemas, su carácter transversal y global, y los impactos sobre la igualdad y cohesión social que las distintas soluciones pueden plantear. Salir de la crisis es importante, pero también cómo se sale de la misma y las consecuencias a largo plazo que se puedan ocasionar. No es esa la perspectiva técnica, la cual desde un conocimiento experto aborda soluciones teóricas a los problemas, basadas en planteamientos racionales de decisión. Nada más alejado de la realidad que demandan problemas públicos cada vez más complejos y retorcidos.

Por tanto, no deja de ser cuando menos sorprendente, que cuando más necesaria es la política más se la cuestione y más aparezcan debates de este tipo. Otra paradoja más. ¿Motivos? Hay muchos, algunos que aquí no vienen a cuento. Quizá uno pueda ser el desprestigio de la política. Mis alumnos en la universidad me manifestaban el otro día su alejamiento de la política y su mala opinión de ésta. Nada que os pueda sorprender. Pero les animaba a no confundir política con (partidos) políticos invitándoles a estudiar el caso de Sergio Fajardo, alcalde de Medellín (2004-2007) como ejemplo de lo que la política supone y de cómo cualquier ciudadano teóricamente (si no sufriéramos este sistema partitocrático que tanto ahoga) puede dar el salto a la acción en los asuntos públicos.

Volviendo al inicio, la política sigue siendo no necesaria sino imprescindible. Lo demás supone una anormalidad; una más de las tantas que nos están tocando vivir en estos tiempos difíciles.

#20N: Comunicación política en tiempos de crisis

noreply@blogger.com (ocortes) — Mon, 21 Nov 2011 12:22:00 +0000

Ha terminado la campaña electoral con un claro vencedor. Tal y como se pronosticaba el Partido Popular gobernará los próximos cuatro años. Es tiempo de análisis y balance; abundan todo tipo de tertulias y comentarios, principalmente desde una perspectiva política.

No es esta la longitud de onda del Club de Dirección Pública de ESADE. Nosotros nos interesamos por el análisis y reflexión de todos los asuntos relacionados con la gestión pública pero desde una perspectiva académica. Nos preguntamos cómo ha funcionado la campaña desde la perspectiva de la comunicación, teniendo en cuenta el delicado momento que vive nuestro país.

Un contexto en el que se refuerza la importancia de la estrategia de comunicación y del marketing político , las decisiones estratégicas que estos adoptan, la importancia que dedican a estas cuestiones, cómo las desarrollan y cuáles son los impactos producidos en la sociedad a través de los medios de comunicación social.

Los ponentes que nos acompañarán proceden del mundo de la comunicación, la política y el periodismo.

Luis Arroyo

Presidente de Asesores de Comunicación Pública desde octubre de 2008. Hasta entonces, fue director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y, previamente, director de los gabinetes de Carme Chacón, entonces ministra de Vivienda, y de los dos secretarios de Estado de Comunicación entre 2004 y 2008. Antes de trabajar para la presidencia del Gobierno de España fue consultor independiente, fundador y presidente de MediaTrainers, y director de Asuntos Públicos y Comunicación de Crisis en Edelman. Es sociólogo por la Universidad Complutense, profesor en diversas universidades e instituciones, y fundador y codirector del Curso de Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y el Máster de Marketing Político y Electoral de la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación de España (Dircom). Ha escrito diversos textos sobre comunicación.

Gabriel Elorriaga

Diputado de las VIII y IX legislaturas, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado. Ha sido inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado, así como subdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno (1996-2000) y secretario de Estado de Organización Territorial (2000-2004). Igualmente, fue coordinador de Estudios y Formación del Partido Popular (2003-2004) y secretario ejecutivo de Comunicación del mismo partido (2004-2008). Es patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Pilar Cernuda

Licenciada en Periodismo, ha sido directora de Fax Press, la agencia de noticias y colaboraciones que fundó Manuel Leguineche, hasta septiembre de 2009. Actualmente, colabora con Onda Cero, Telemadrid y ABC. Cubrió durante bastante tiempo la información de la Casa Real y fue corresponsal de ABC en Nueva York. Participa en tertulias de radio y televisión. Es autora de nueve libros y coautora de seis.

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Cuatro claves para la innovación en la Administración

noreply@blogger.com (ocortes) — Wed, 09 Nov 2011 07:30:00 +0000

Os dejo el último artículo que he publicado en PUBLIC, la revista del Insituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE:

Vivimos tiempos de cambios. La sociedad y el nuevo entorno derivado de la crisis económica y financiera a la que nos venimos enfrentando están dando lugar a nuevos sectores, cambios en las reglas de juego y nuevas pautas de actuación de los diversos actores. Según un reciente informe de la Fundación de la Innovación de Bankinter, titulado El arte de innovar, la innovación es una prioridad estratégica para el 72% de las empresas. No es baladí, por tanto, plantearse cuáles son las claves de la innovación en la Administración.

La innovación necesaria. Tenemos que reconocer la importancia de lo público en la economía de cualquier país, medido en términos cuantitativos –recursos involucrados, dimensión social– o en términos cualitativos, por los ejes de generación de valor público en los que actúa. La sociedad reclama con fuerza una mejora en este sector. Estudios recientes del CIS indican que casi el 40% de los ciudadanos encuestados califican de negativo o muy negativo el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Por último, un tercer factor que hace necesario un fuerte impulso innovador en el sector público es la sostenibilidad del propio sector, para que pueda cumplir la misión que tiene encomendada, con la máxima eficacia y al mínimo coste.

La innovación difícil. El tipo de organización pública presenta inconvenientes cuando se trata de producir un valor público para lo cual es necesario adaptarse continuamente a las necesidades ciudadanas. Nos encontramos, entonces, ante estructuras que están en las antípodas de lo más adecuado para que florezca la innovación. Aún así, no podemos generalizar: no son raros los casos en que, dentro de una misma Administración, existen emprendedores internos –en cualquier categoría– que todos los días encuentran fórmulas imaginativas para hacer más con menos. Otro elemento que condiciona decisivamente la actividad innovadora dentro de una Administración es la política. En ciertas ocasiones –las menos–, puede acelerarla, pero no es lo habitual: innovar supone arriesgar y el riesgo lleva implícita la posibilidad de error.

La innovación realista. No es fácil en una sociedad en la que todo parece ya inventado y en la que la cautela se antepone al riesgo. Pretender innovar obteniendo la "idea del siglo" es aventurado. No tiene por qué. Las pequeñas innovaciones son las más efectivas, porque son más fáciles de obtener y porque van creando paulatinamente el entorno favorable que facilita el resultado deseado.

La innovación de éxito. Es preciso encontrar ecosistemas (procesos e infraestructuras) de innovación en ámbitos en los que, por su propia naturaleza, las personas involucradas, el impacto social, etc., se den las condiciones más adecuadas. Por ejemplo, en todo aquello que suponga relación con el ciudadano (atención, escucha, cogestión, coproducción, etc.).

Además, la innovación como motor del cambio exige una importante actividad de comunicación, basada en lograr complicidades de los diversos actores –internos y externos– involucrados en el proceso, lo cual resulta más evidente a medida que los servicios son más ambiciosos y rupturistas.

El directivo es la pieza imprescindible para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos procesos abiertos. Su reto será identificar colaboradores que se comprometan activamente con la innovación y con liderar el proceso de gestión del cambio que implica.

Existen casos que avalan la posibilidad de innovar a gran escala en el sector público. Cuando se ha pretendido abordar un proceso profundamente innovador, se ha llevado a cabo con éxito. Recordemos el caso de la Agencia Tributaria: la elevada prestancia de los profesionales de esta institución y su compromiso con el proceso innovador nos muestran el camino de una verdadera Administración innovadora.

PP: promesas para una nueva Administración

noreply@blogger.com (ocortes) — Thu, 03 Nov 2011 10:48:00 +0000

" Programa, programa, programa " Eso decía un político español hace ya unos cuantos años. Es época electoral y - ¡como no!- los partidos políticos sacan sus programas electorales; sí, esos supuestos "contratos con la ciudadanía" que en forma de compromisos adquieren los partidos políticos con sus votantes y que la realidad dice que nadie lee y ningún partido - menos en los tiempos que corren - acaba de aplicar verdaderamente. Es por ello que los programas electorales suelen ser una amalgama de buenas intenciones, párrafos biensonantes que casi todo el mundo suscribiría y brindis al sol por los que raramento se rinden cuentas.

En esto llegamos al programa del partido que - según todas las encuestas- tiene las mayores opciones de gobernar, el Partido Popular. Y nos fijamos en la sección "La Administración, motor del cambio" en la que detalla sus propuestas relativas a Administración pública:

Hay parte de la música que me suena bien. Pero no nos engañemos: los programas electorales están para sonar bien. Para ello se hacen, como gancho del voto.

Cinco aspectos que me gustaría destacar:

El hincapié modernizador que se hace sobre el sector público, asumiendo la importancia económica y social del mismo y la necesidad de estar dotados de una Administración de calidad y eficiente.
La apuesta por "una nueva política de recursos humanos, basada en la profesionalidad y en los principios de mérito y capacidad". Hablan de profesionalizar y potenciar la función directiva, "delimitando el personal que ejerce potestades administrativistas" se supone que para identificar los puestos que sí deben ser prestados por funcionarios de carrera. Algo que siempre hemos defendido en este blog; lo que no tengo claro es si esa supuesta profesionalización es la excusa para que el péndulo oscile del abuso de los puestos de confianza a la toma de poder por ciertas élites administrativas que todos conocemos. No es buena ni una cosa ni otra.
"Adoptaremos medidas para superar el modelo de administración burocratizada, formalista y centrada en los procesos, para entrar en el ámbito de la nueva gestión pública, más orientada hacia los resultados y la exigencia de responsabilidades". Suena bien, ¿verdad? Control por resultados y evaluación de las políticas públicas para hacer más eficiente el gasto. Totalmente de acuerdo. En ese sentido prometen reforzar el papel de la AEVAL. Veremos cómo.
Prometen una reorganización administrativa de calado. En varios frentes: el primero el territorial (hay cuestiones identitarias/ideológicas que no entro a valorar en este blog); el segundo "reforzando aspectos estratégicos de planificación y definición de políticas" (me parece absolutamente necesario). Tercero, integrando y dotando de racionalidad las diversas estructuras replicadas que se dedican a Administración electrónica. Cuarto, apostando por la cooperación e interoperabilidad: veremos si el clima político interno - difícil previsiblemente en el ámbito territorial - puede permitir profundizar en este sentido. Sería aconsejable.
En materia de open governemnt da la impresión de que la deseada ley de transparencia puede salir de ese cajón donde ha dormido el sueño de los justos durante los últimos años. No debe ser difícil: hecha está, pudiendo (con algunos retoques) entrar como proyecto de ley en los primeros cien días. Veremos si no queda en eso, una norma en el BOE, o si se profundiza realmente en este asunto a través del portal de transparencia, apertura de datos públicos y demás medidas prometidas.

En el lado opuesto hay otros aspectos que me despiertan dudas:

El planteamiento de la colaboración público-privada: creí que el enfoque de transferencia de responsabilidades al sector privado tan característico de la Nueva Gestión Pública estaba superado por un enfoque más de co-responsabilidad y colaborativo característico de los procesos de nueva gobernanza. El programa da la impresión de pretender generalizar como paradigma dominante el de subcontratación de servicios públicos a empresas privadas "supuestamente" más eficientes, manteniendo - eso sí- la titularidad pública. Otra cuestión es cuando de forma muy sutil se refiere también a privatizaciones puras y duras, enajenando activos públicos mediante su venta al sector privado ya que "los servicios que prestan lo pueden ser más eficientemente para el ciudadano por parte del sector privado". Sorprende cuando este mismo partido se ha opuesto a la privatización de sociedades estatales rentables, como Loterías, que son las verdaderamente golosas para los inversores. Este asunto de las privatizaciones me parece absolutamente discutible. Habrá que ver en qué se queda.
En materia de recursos humanos el impulso reformista no alcanza dos aspectos que me parecen clave : la reforma radical del sistema de cuerpos como organización básica del empleo público y cambios en el modelo de oposición.
La referencia a "ampliar los mecanismos de participación en la disposición de normativas legales y reglamenterias así como la definición de políticas públicas"por breve, vaga y general parece más bien un copia- pega bienquedista que un deseo real. Ojalá me equivoque.
En materia de control sobre la gestión pública hay propuestas un tanto contradictorias: por un lado se enfatiza en la gestión por resultados con controles a posteriori; por otro una ley que endurezca los controles (a priori?) y reforzamiento de algunas figuras como interventores.