EL RETO DE CONSTRUIR ESTADO Y NACION

DINERO Y PODER ABSOLUTO, ES CORRUPCION: UN CASO TIPICO EN CHORRILLOS

2012-11-29T13:34:00.000-08:00

Pruebas al canto: Miyashiro es corrupto

El re-eleccionismo municipal, tan pernicioso como la corrupción, propicia la acumulación de dinero mal habido y poder absoluto en los espacios locales del país, desvirtúan la voluntad del pueblo y alteran la competencia electoral, usan el soborno para la compra de conciencias en sectores de pobreza extrema de la población, propician políticas públicas torcidas e interesadas, se valen de la extorsión y el chantaje y debilitan aún más la frágil democracia diseminando su podredumbre a otros niveles del Estado, tales como el JNE, el Poder Judicial, la Policía Nacional y otros.

No obstante, la discusión y el debate sobre un tema tan acuciante, no tiene la relevancia equivalente al peligro que representa. Es por estas razones, que el edificio democrático que debería cimentarse en los espacios locales, pareciera derrumbarse a nivel del Estado en su conjunto; si se persiste, en que el voto ciudadano se decide más como resultado del dinero gastado en propaganda política masiva o por el que aportan quienes dictan las decisiones del estado, alejando al gobierno de sus compromisos electorales.

En el caso del distrito de Chorrillos y el de otros con alcaldes vitalicios como Los Olivos, Chosica, etc., por la coima, la corrupción y el mal uso de los dineros y recursos públicos, es sintomático y repudiable ver los siguientes vicios:

La propaganda impulsiva e insolente como consecuencia del poder y el dinero, reemplaza al debate y al programa, haciendo que se pierda la calidad de la opción electoral.
El dinero compra votos y favores y con ello aumenta el carácter clientelista de una elección.
Los lobbys con los proveedores del estado (municipalidad) semejan carteles mafiosos, estos abastecen material propagandístico, vehículos e inclusive facilitan víveres a sectores en pobreza extrema para comprar los votos.
Se genera una poderosa red de corrupción a nivel local.
Se usan con impunidad los recursos del Estado, vehículos y funcionarios públicos al servicio de la entronización de un poder mafioso.
Es común escuchar a los electores justificar su actitud cómplice y permisiva con frases como la de: “roba pero trabaja” o “roba pero hace obra”.
El impacto del dinero mal habido y el poder afianza la delincuencia o la formación de grupos de matones al servicio del autoritarismo y poder de turno.
Las normas y las buenas prácticas para una eficaz gobernanza para afirmación de la democracia y la sostenibilidad del desarrollo, son solo, tinta y papel mojado.

Por ende, los ciudadanos de los espacios locales sometidos al autoritarismo ladrón y corrupto en lo que va del siglo XXI, no conocen lo que es “acceso y transparencia a la información”, “rendición de cuentas”. Los mecanismos de participación ciudadana en la formulación de los presupuestos participativos, los Concejos de Coordinación Local (CCL), la convocatoria y el funcionamiento del CODISEC, siguen siendo mitos, en tanto a los vecinos se les roba sus viviendas, se les asalta en las calles y lugares como los apacibles “Humedales de Villa” se han convertido en botaderos de cadáveres como parte de una criminalidad, que con sus actos, abona a favor de alcaldes ladrones y corruptos.

El pez por su boca muere

Municipalidad de Chorrillos podrida en corrupción

¿Qué nos está pasando a los peruanos y en especial a los Chorrillanos? ¿Cuál es el rol de las autoridades del Poder Ejecutivo, como instancia de Gobierno Nacional y que de los Congresistas? La perpetuidad en un cargo público, así sea, por elección popular, significa concentración de poder y de dinero mal habido; la democracia implica, el acceso sustantivo al poder del Estado mediante autoridades públicas electas en elecciones limpias y libres, en sufragio universal con libertad de expresión, acceso a la información, libertad de asociación; la democracia supone una cierta forma de organización del poder en la sociedad, también implica la vigencia del estado de derecho, la democracia exige que las opciones ciudadanas aborden cuestiones relativas al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida y de ninguna manera, el enquistamiento en un cargo público de ladrones y mafiosos.

Cuentas Cafae: el robo del siglo

El ciudadano Augusto Miyashiro Yamashiro, sobreviviente y miembro activo del régimen más corrupto y ladrón de la historia del Perú, el fujimontesinismo, gobierna Chorrillos desde hace 16 años ininterrumpidos y al ritmo de la prepotencia, el chantaje y los dineros mal habidos de la corrupción. En todos estos años de ejercicio del poder, jamás ha rendido cuentas de las innumerables obras ejecutadas, tampoco ha observado los mecanismos que la ley franquea a la participación de los ciudadanos, El CODISEC, colegiado supuestamente normado para velar por la seguridad y la convivencia de sus vecinos y del cual es su Presidente, nunca ha sido convocado, Chorrillos, es uno de los lugares más inseguros y peligrosos de Lima y sus vecinos son víctimas de asaltos en la vía pública y el robo de sus viviendas.

Tratar los temas de los innumerables procesos de ilícitos penales, en que se encuentra involucrado y de los cuales se libra por el uso de malas artes, avergüenza y son repudiables, para muestra citaremos algunos de ello:

El uso y aplicación de fondos de Un Millón de dólares (US.$ 1.000.000) provenientes de la venta de 263 Hectáreas de terrenos ubicados en la Herradura y La Chira, a la empresa Gremcitel y de los cuales no ha rendido cuentas e inclusive fue denunciado por sus regidores, librándose de la vacancia del cargo de manera fraudulenta.
El robo de 190 mil soles de la Municipalidad de Chorrillos y del cual se responsabilizó irregularmente al trabajador Ángel de la Cruz Unocc, en el año 2010 y el cual nunca fue aclarado.
El pago a 1200 personeros en las elecciones municipales del año 2006, incluido alimentación con dineros provenientes de la Municipalidad de Chorrillos.
El desvío de fondos de manera ilícita a dos cuentas corrientes del banco Continental por 45 millones de soles, autorizados mediante Resolución de Alcaldía y en proceso de investigación fiscal.
Denuncia por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito por el monto de 8 millones de soles, causa en proceso de investigación.

Desafíos y lucha contra la corrupción

Es necesario promover el conocimiento público del tema que nos ocupa, descorrer el velo de un escenario sucio y corrupto que todos conocen, pero que pocos están dispuestos a mostrar o discutir. Por el bien de todos los chorrillanos, de su juventud y de su niñez, ha llegado la hora de actuar.

Porque el NO, en lugar del SI, en la Revocatoria…

2012-11-07T19:04:00.005-08:00

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, es oponerse a la parálisis, al caos y a la anomia social y política de nuestra Ciudad Capital, lo es también, evitar el despilfarro de más de 200 millones de soles, que se pueden transferir para el combate del hambre, la desnutrición y la tuberculosis que laceran a cientos de miles de niños pobres de las zonas alto andinas del Perú y lo más importante, evitar que dos imbéciles mercenarios y serviles de intereses políticos corruptos, pretendan darnos lecciones de democracia.

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, implica también hacer un severo llamado de atención a la incompetencia o lentitud de la administración edil en la solución urgente de los problemas que asfixian a los limeños en la congestión del transporte urbano, mejora de la infraestructura vial, la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, es recordarle con respeto a la alcaldesa Susana Villarán que el día lunes 3 de enero del 2011, al asumir el mandato edil, prometió convertir a Lima en “La gran ciudad del Pacífico” con espacios públicos seguros para jugar y ver crecer a nuestros niños y niñas y con inclusión para nuestros jóvenes; en una ciudad en donde su Asamblea Metropolitana - que no funciona- se constituya en espacio de convergencia para brindar seguridad a los pobladores de Lima a través de cinco ejes de gestión estratégica de concertación, eficiencia, principio de autoridad, inclusión y transparencia.

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, es apoyar incondicionalmente al ordenamiento integral y a la formalización del comercio ambulatorio de la Parada y del transporte urbano, con buses modernos, no contaminantes y con paraderos establecidos para poner fin a más de 30 años de informalidad y muerte en las pistas con inescrupulosos lucrando con la vida y el dolor y la desgracia de la gente.

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, es decirle a las empresas encuestadoras – como DATUM que concluye que el 65% de la población de Lima votaría por revocar a Susana Villarán- que los peruanos y en particular los limeños no somos estúpidos ni manipulables, recordarles que, según el cuadro que anexamos al final de esta Nota, en la Elecciones Municipales del 2010 y que ganaría Susana Villarán, ninguna de ellas, hasta 1 mes antes de la elección le daba más de 5/6% y con lo cual demostramos los genes mafiosos de dichas encuestadoras.

Estar a favor del ¡NO! en la Revocatoria, es revelar el asco que nos producen nuestros políticos y su connivencia dolosa con las encuestadoras mafiosas y sus arreglos bajo la mesa; cuando se escucha a Lourdes Flores, candidata de Unidad Nacional por la alcaldía de Lima, totalmente irritada al enterarse de la última encuesta de Apoyo que la pone a unos puntos de diferencia de Susana Villarán. En el audio se puede escuchar a Lourdes Flores diciendo: “La Alcaldía de Lima es lo que menos le importa y que “Métanse la Alcaldía al poto“ (escuchar audio: http://www.encuestas.com.pe/audio-en-el-que-se-escucha-a-lourdes-flores-irritada-al-enterarse-de-las-encuestas-de-apoyo/

Finalmente y al igual que distinguidas personalidades como Armando Villanueva, Luis Bedoya Reyes o Lourdes Flores, que no dudan en expresar su desacuerdo con la revocatoria, lo cual no significa aprobar la gestión de Villarán. No está demás decir, que el tema de fondo en este proceso, será el rechazo a la “viveza criolla” de aquellos que busca medrar de la ubre pública; sin importarles que la democracia y el Estado son tan frágiles y que la anomía social y política, se encuentra a la vuelta de la esquina; en un Perú, en dónde los que ejercen el poder por mandato del pueblo y los poderosos se desplazan jactanciosos en medio del ulular de sirenas de vehículos oficiales y escolta incluida, sin conciencia de sí, en el océano de fango en formación de una anomia en la que, un día de estos perecerán ahogados. En tanto mueren de risa, sin saber nada de lo que pasa frente a sus narices y de su desgraciada ignorancia e impudicia.

Sondeo de opinión Elecciones municipales de Lima de 2010

Fecha	Encuestadora	Lourdes Flores	Alex Kouri	Susana Villarán	Humberto Lay	Fernando Andrade
03/2010	IOP [1]	34%	24%	4%	-	6%
03/2010	Apoyo [2]	31%	30%	3%	-	4%
03/2010	UL [3]	32.9%	27.6%	4.6%	-	5.4%
04/2010	IOP [4]	41%	28%	6%	-	6%
04/2010	CPI [5]	31.5%	30.4%	3.5%	-	3.8%
04/2010	Apoyo [6]	30%	28%	4%	-	3%
05/2010	IOP [7]	28%	28%	2%	-	2%
05/2010	CPI [8]	34%	31.5%	3%	2.2%	3.6%
05/2010	Apoyo [9]	33%	29%	4%	6%	3%
05/2010	CPI [10]	32.2%	25.7%	2.7%	4.1%	3%
05/2010	IMA [11]	33%	27%	4.8%	5.4%	2%
06/2010	CPI [12]	35.8%	24.8%	5.5%	6.5%	2.9%
06/2010	IOP [13]	38%	23%	4%	5%	5%
06/2010	Apoyo [14]	35%	24%	2%	6%	5%
06/2010	Idice [15]	34.8%	30.2%	5.3%	6.2%	7.1%
07/2010	IOP [16]	37%	22%	4%	6%	4%
07/2010	CPI [17]	35.1%	22.1%	3.8%	3.4%	3.6%
07/2010	Apoyo [18]	36%	23%	4%	6%	5%
08/2010	Datum [19]	42%	19%	4%	7%	4%
08/2010	Datum [20]	39%	18%	8%	9%	4%
08/2010	CPI [21]	33.1%	21.1%	8.1%	4.9%	3.8%
08/2010	IMA [22]	36.4%	19%	9.7%	5.2%	1.9%
08/2010	Apoyo [23]	32%	24%	9%	9%	3%
08/2010	Datum [24]	40%	-	14%	8%	4%
08/2010	IOP [25]	34%	17%	12%	10%	6%
08/2010	IMA [26]	41.4%	-	17.5%	9.7%	4.5%
08/2010	Idice [27]	34.6%	-	19.1%	12.6%	9%
08/2010	Datum [28]	35%	-	22%	8%	5%
08/2010	CPI [29]	33.4%	-	19.2%	6%	2.8%
08/2010	Apoyo [30]	30%	-	19%	11%	5%
09/2010	IMA [31]	34.8%	-	21.7%	8%	7.2%
09/2010	IOP [32]	33%	-	27%	10%	5%
09/2010	Datum [33]	29.2%	-	22.9%	7.7%	10%
09/2010	CPI [34]	30.1%	-	24.4%	7%	3.6%
09/2010	Idice [35]	33%	-	25%	13%	11%
09/2010	Imasen [36]	32.2%	-	30.2%	6.8%	6.5%
09/2010	Apoyo [37]	31%	-	33%	8%	3%
09/2010	IMA [38]	33.8%	-	27.9%	6.3%	6.8%
09/2010	Datum [39]	34.5%	-	33.7%	7.3%	6.5%
09/2010	PUCP [40]	26%	-	32%	7%	5%
09/2010	Apoyo [41]	26%	-	32%	6%	8%
09/2010	CPI [42]	28.1%	-	35.7%	5.8%	3.4%
09/2010	PUCP [43]	26%	-	41%	5%	5%
09/2010	Idice [44]	31.5%	-	31.1%	8.3%	5.6%
09/2010	Datum [45]	26.7%	-	34.4%	5.9%	6.3%
09/2010	Apoyo [46]	28%	-	40%	8%	4%
10/2010	Apoyo [47]	36.4%	-	37.1%	8.4%	5.7%

Resultados al 100% de actas contabilizadas

Candidato	Partido Político	Votos	Porcentaje
Susana Villarán	Fuerza Social	1,743,712	38.393%
Lourdes Flores	Partido Popular Cristiano	1,705,690	37.555%
Humberto Lay	Restauración Nacional	391,126	8.612%
Fernando Andrade	Somos Perú	192,693	4.243%
Fernán Altuve	Cambio Radical	170,378	3.751%
Alex Gonzales	Siempre Unidos	153,905	3.389%
Gonzalo Alegría	Acción Popular	91,828	2.022%
Luis Iberico	Alianza Para el Progreso	48,432	1.066%
Raúl Canelo	Partido Fonavista del Perú	44,038	0.970%
	Total de Votos Válidos	4,541,802	89.040%
	Votos Blancos	198,017	3.882%
	Votos Nulos	361,015	7.078%
	Total de Votos Emitidos	5,100,834	100%

Porque el NO, en lugar del SI, en la Revocatoria…

2012-11-07T19:04:00.003-08:00

Sondeo de opinión Elecciones municipales de Lima de 2010

Fecha	Encuestadora	Lourdes Flores	Alex Kouri	Susana Villarán	Humberto Lay	Fernando Andrade
03/2010	IOP [1]	34%	24%	4%	-	6%
03/2010	Apoyo [2]	31%	30%	3%	-	4%
03/2010	UL [3]	32.9%	27.6%	4.6%	-	5.4%
04/2010	IOP [4]	41%	28%	6%	-	6%
04/2010	CPI [5]	31.5%	30.4%	3.5%	-	3.8%
04/2010	Apoyo [6]	30%	28%	4%	-	3%
05/2010	IOP [7]	28%	28%	2%	-	2%
05/2010	CPI [8]	34%	31.5%	3%	2.2%	3.6%
05/2010	Apoyo [9]	33%	29%	4%	6%	3%
05/2010	CPI [10]	32.2%	25.7%	2.7%	4.1%	3%
05/2010	IMA [11]	33%	27%	4.8%	5.4%	2%
06/2010	CPI [12]	35.8%	24.8%	5.5%	6.5%	2.9%
06/2010	IOP [13]	38%	23%	4%	5%	5%
06/2010	Apoyo [14]	35%	24%	2%	6%	5%
06/2010	Idice [15]	34.8%	30.2%	5.3%	6.2%	7.1%
07/2010	IOP [16]	37%	22%	4%	6%	4%
07/2010	CPI [17]	35.1%	22.1%	3.8%	3.4%	3.6%
07/2010	Apoyo [18]	36%	23%	4%	6%	5%
08/2010	Datum [19]	42%	19%	4%	7%	4%
08/2010	Datum [20]	39%	18%	8%	9%	4%
08/2010	CPI [21]	33.1%	21.1%	8.1%	4.9%	3.8%
08/2010	IMA [22]	36.4%	19%	9.7%	5.2%	1.9%
08/2010	Apoyo [23]	32%	24%	9%	9%	3%
08/2010	Datum [24]	40%	-	14%	8%	4%
08/2010	IOP [25]	34%	17%	12%	10%	6%
08/2010	IMA [26]	41.4%	-	17.5%	9.7%	4.5%
08/2010	Idice [27]	34.6%	-	19.1%	12.6%	9%
08/2010	Datum [28]	35%	-	22%	8%	5%
08/2010	CPI [29]	33.4%	-	19.2%	6%	2.8%
08/2010	Apoyo [30]	30%	-	19%	11%	5%
09/2010	IMA [31]	34.8%	-	21.7%	8%	7.2%
09/2010	IOP [32]	33%	-	27%	10%	5%
09/2010	Datum [33]	29.2%	-	22.9%	7.7%	10%
09/2010	CPI [34]	30.1%	-	24.4%	7%	3.6%
09/2010	Idice [35]	33%	-	25%	13%	11%
09/2010	Imasen [36]	32.2%	-	30.2%	6.8%	6.5%
09/2010	Apoyo [37]	31%	-	33%	8%	3%
09/2010	IMA [38]	33.8%	-	27.9%	6.3%	6.8%
09/2010	Datum [39]	34.5%	-	33.7%	7.3%	6.5%
09/2010	PUCP [40]	26%	-	32%	7%	5%
09/2010	Apoyo [41]	26%	-	32%	6%	8%
09/2010	CPI [42]	28.1%	-	35.7%	5.8%	3.4%
09/2010	PUCP [43]	26%	-	41%	5%	5%
09/2010	Idice [44]	31.5%	-	31.1%	8.3%	5.6%
09/2010	Datum [45]	26.7%	-	34.4%	5.9%	6.3%
09/2010	Apoyo [46]	28%	-	40%	8%	4%
10/2010	Apoyo [47]	36.4%	-	37.1%	8.4%	5.7%

Resultados al 100% de actas contabilizadas

Candidato	Partido Político	Votos	Porcentaje
Susana Villarán	Fuerza Social	1,743,712	38.393%
Lourdes Flores	Partido Popular Cristiano	1,705,690	37.555%
Humberto Lay	Restauración Nacional	391,126	8.612%
Fernando Andrade	Somos Perú	192,693	4.243%
Fernán Altuve	Cambio Radical	170,378	3.751%
Alex Gonzales	Siempre Unidos	153,905	3.389%
Gonzalo Alegría	Acción Popular	91,828	2.022%
Luis Iberico	Alianza Para el Progreso	48,432	1.066%
Raúl Canelo	Partido Fonavista del Perú	44,038	0.970%
	Total de Votos Válidos	4,541,802	89.040%
	Votos Blancos	198,017	3.882%
	Votos Nulos	361,015	7.078%
	Total de Votos Emitidos	5,100,834	100%

Porque el NO, en lugar del SI, en la Revocatoria…

2012-11-07T19:04:00.001-08:00

Sondeo de opinión Elecciones municipales de Lima de 2010

Fecha	Encuestadora	Lourdes Flores	Alex Kouri	Susana Villarán	Humberto Lay	Fernando Andrade
03/2010	IOP [1]	34%	24%	4%	-	6%
03/2010	Apoyo [2]	31%	30%	3%	-	4%
03/2010	UL [3]	32.9%	27.6%	4.6%	-	5.4%
04/2010	IOP [4]	41%	28%	6%	-	6%
04/2010	CPI [5]	31.5%	30.4%	3.5%	-	3.8%
04/2010	Apoyo [6]	30%	28%	4%	-	3%
05/2010	IOP [7]	28%	28%	2%	-	2%
05/2010	CPI [8]	34%	31.5%	3%	2.2%	3.6%
05/2010	Apoyo [9]	33%	29%	4%	6%	3%
05/2010	CPI [10]	32.2%	25.7%	2.7%	4.1%	3%
05/2010	IMA [11]	33%	27%	4.8%	5.4%	2%
06/2010	CPI [12]	35.8%	24.8%	5.5%	6.5%	2.9%
06/2010	IOP [13]	38%	23%	4%	5%	5%
06/2010	Apoyo [14]	35%	24%	2%	6%	5%
06/2010	Idice [15]	34.8%	30.2%	5.3%	6.2%	7.1%
07/2010	IOP [16]	37%	22%	4%	6%	4%
07/2010	CPI [17]	35.1%	22.1%	3.8%	3.4%	3.6%
07/2010	Apoyo [18]	36%	23%	4%	6%	5%
08/2010	Datum [19]	42%	19%	4%	7%	4%
08/2010	Datum [20]	39%	18%	8%	9%	4%
08/2010	CPI [21]	33.1%	21.1%	8.1%	4.9%	3.8%
08/2010	IMA [22]	36.4%	19%	9.7%	5.2%	1.9%
08/2010	Apoyo [23]	32%	24%	9%	9%	3%
08/2010	Datum [24]	40%	-	14%	8%	4%
08/2010	IOP [25]	34%	17%	12%	10%	6%
08/2010	IMA [26]	41.4%	-	17.5%	9.7%	4.5%
08/2010	Idice [27]	34.6%	-	19.1%	12.6%	9%
08/2010	Datum [28]	35%	-	22%	8%	5%
08/2010	CPI [29]	33.4%	-	19.2%	6%	2.8%
08/2010	Apoyo [30]	30%	-	19%	11%	5%
09/2010	IMA [31]	34.8%	-	21.7%	8%	7.2%
09/2010	IOP [32]	33%	-	27%	10%	5%
09/2010	Datum [33]	29.2%	-	22.9%	7.7%	10%
09/2010	CPI [34]	30.1%	-	24.4%	7%	3.6%
09/2010	Idice [35]	33%	-	25%	13%	11%
09/2010	Imasen [36]	32.2%	-	30.2%	6.8%	6.5%
09/2010	Apoyo [37]	31%	-	33%	8%	3%
09/2010	IMA [38]	33.8%	-	27.9%	6.3%	6.8%
09/2010	Datum [39]	34.5%	-	33.7%	7.3%	6.5%
09/2010	PUCP [40]	26%	-	32%	7%	5%
09/2010	Apoyo [41]	26%	-	32%	6%	8%
09/2010	CPI [42]	28.1%	-	35.7%	5.8%	3.4%
09/2010	PUCP [43]	26%	-	41%	5%	5%
09/2010	Idice [44]	31.5%	-	31.1%	8.3%	5.6%
09/2010	Datum [45]	26.7%	-	34.4%	5.9%	6.3%
09/2010	Apoyo [46]	28%	-	40%	8%	4%
10/2010	Apoyo [47]	36.4%	-	37.1%	8.4%	5.7%

Resultados al 100% de actas contabilizadas

Candidato	Partido Político	Votos	Porcentaje
Susana Villarán	Fuerza Social	1,743,712	38.393%
Lourdes Flores	Partido Popular Cristiano	1,705,690	37.555%
Humberto Lay	Restauración Nacional	391,126	8.612%
Fernando Andrade	Somos Perú	192,693	4.243%
Fernán Altuve	Cambio Radical	170,378	3.751%
Alex Gonzales	Siempre Unidos	153,905	3.389%
Gonzalo Alegría	Acción Popular	91,828	2.022%
Luis Iberico	Alianza Para el Progreso	48,432	1.066%
Raúl Canelo	Partido Fonavista del Perú	44,038	0.970%
	Total de Votos Válidos	4,541,802	89.040%
	Votos Blancos	198,017	3.882%
	Votos Nulos	361,015	7.078%
	Total de Votos Emitidos	5,100,834	100%

Porque el NO, en lugar del SI, en la Revocatoria…

2012-11-07T19:02:00.001-08:00

Sondeo de opinión Elecciones municipales de Lima de 2010

Fecha	Encuestadora	Lourdes Flores	Alex Kouri	Susana Villarán	Humberto Lay	Fernando Andrade
03/2010	IOP [1]	34%	24%	4%	-	6%
03/2010	Apoyo [2]	31%	30%	3%	-	4%
03/2010	UL [3]	32.9%	27.6%	4.6%	-	5.4%
04/2010	IOP [4]	41%	28%	6%	-	6%
04/2010	CPI [5]	31.5%	30.4%	3.5%	-	3.8%
04/2010	Apoyo [6]	30%	28%	4%	-	3%
05/2010	IOP [7]	28%	28%	2%	-	2%
05/2010	CPI [8]	34%	31.5%	3%	2.2%	3.6%
05/2010	Apoyo [9]	33%	29%	4%	6%	3%
05/2010	CPI [10]	32.2%	25.7%	2.7%	4.1%	3%
05/2010	IMA [11]	33%	27%	4.8%	5.4%	2%
06/2010	CPI [12]	35.8%	24.8%	5.5%	6.5%	2.9%
06/2010	IOP [13]	38%	23%	4%	5%	5%
06/2010	Apoyo [14]	35%	24%	2%	6%	5%
06/2010	Idice [15]	34.8%	30.2%	5.3%	6.2%	7.1%
07/2010	IOP [16]	37%	22%	4%	6%	4%
07/2010	CPI [17]	35.1%	22.1%	3.8%	3.4%	3.6%
07/2010	Apoyo [18]	36%	23%	4%	6%	5%
08/2010	Datum [19]	42%	19%	4%	7%	4%
08/2010	Datum [20]	39%	18%	8%	9%	4%
08/2010	CPI [21]	33.1%	21.1%	8.1%	4.9%	3.8%
08/2010	IMA [22]	36.4%	19%	9.7%	5.2%	1.9%
08/2010	Apoyo [23]	32%	24%	9%	9%	3%
08/2010	Datum [24]	40%	-	14%	8%	4%
08/2010	IOP [25]	34%	17%	12%	10%	6%
08/2010	IMA [26]	41.4%	-	17.5%	9.7%	4.5%
08/2010	Idice [27]	34.6%	-	19.1%	12.6%	9%
08/2010	Datum [28]	35%	-	22%	8%	5%
08/2010	CPI [29]	33.4%	-	19.2%	6%	2.8%
08/2010	Apoyo [30]	30%	-	19%	11%	5%
09/2010	IMA [31]	34.8%	-	21.7%	8%	7.2%
09/2010	IOP [32]	33%	-	27%	10%	5%
09/2010	Datum [33]	29.2%	-	22.9%	7.7%	10%
09/2010	CPI [34]	30.1%	-	24.4%	7%	3.6%
09/2010	Idice [35]	33%	-	25%	13%	11%
09/2010	Imasen [36]	32.2%	-	30.2%	6.8%	6.5%
09/2010	Apoyo [37]	31%	-	33%	8%	3%
09/2010	IMA [38]	33.8%	-	27.9%	6.3%	6.8%
09/2010	Datum [39]	34.5%	-	33.7%	7.3%	6.5%
09/2010	PUCP [40]	26%	-	32%	7%	5%
09/2010	Apoyo [41]	26%	-	32%	6%	8%
09/2010	CPI [42]	28.1%	-	35.7%	5.8%	3.4%
09/2010	PUCP [43]	26%	-	41%	5%	5%
09/2010	Idice [44]	31.5%	-	31.1%	8.3%	5.6%
09/2010	Datum [45]	26.7%	-	34.4%	5.9%	6.3%
09/2010	Apoyo [46]	28%	-	40%	8%	4%
10/2010	Apoyo [47]	36.4%	-	37.1%	8.4%	5.7%

Resultados al 100% de actas contabilizadas

Candidato	Partido Político	Votos	Porcentaje
Susana Villarán	Fuerza Social	1,743,712	38.393%
Lourdes Flores	Partido Popular Cristiano	1,705,690	37.555%
Humberto Lay	Restauración Nacional	391,126	8.612%
Fernando Andrade	Somos Perú	192,693	4.243%
Fernán Altuve	Cambio Radical	170,378	3.751%
Alex Gonzales	Siempre Unidos	153,905	3.389%
Gonzalo Alegría	Acción Popular	91,828	2.022%
Luis Iberico	Alianza Para el Progreso	48,432	1.066%
Raúl Canelo	Partido Fonavista del Perú	44,038	0.970%
	Total de Votos Válidos	4,541,802	89.040%
	Votos Blancos	198,017	3.882%
	Votos Nulos	361,015	7.078%
	Total de Votos Emitidos	5,100,834	100%

La Revocatoria el alto precio de la corrupción

2012-11-03T10:41:00.000-07:00

¿Pueden creer los limeños en su sano juicio, que detrás de la iniciativa del ciudadano Carlos Vidal y el abogado Marco Tulio Gutiérrez para revocar el mandato de la alcaldesa Susana Villarán y de sus Regidores, exista una sana y benéfica intención? Sencillamente ¡NO!

Si bien es cierto la revocatoria, tal lo dispone la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos-Ley N° 26300- no necesita causal política, bastan motivaciones puramente políticas y vaya, que estas, se han conseguido dinamitando a la actual gestión ni a bien, esta se había iniciado, se estigmatizó a Susana Villarán de Villaragana, caviarona, ineficaz e incapaz de gobernar con políticas públicas efectivas, en un claro afán de minimizar o eludir procesos de denuncia sobre graves irregularidades cometidas por la administración Castañeda en los casos de Comunicore y otros pagos de altas comisiones a OEI, UNOPS, PNUD., con el solo propósito de evadir los mecanismos de control y por lo cual, ahora paga con el alto precio de su revocatoria. ver el siguiente link: http://www.voltairenet.org/article168946.html

¿Quién pierde con el proceso de Revocatoria y quienes ganan? Por lo sostenido anteriormente, ganarían quienes están detrás del proceso, o sea, los implicados en gravísimos procesos de corrupción y perdería la Ciudad de Lima, al verse paralizadas obras en inversión e infraestructura, como Vía Parque Rímac, todo un ejemplo de inversión privada en la capital y cuyo presupuesto asciende a 600 millones de dólares, que serán invertidos por la empresa de capitales brasileños Lamsac y se postergarían o dilatarían otros de gran envergadura y de capital importancia para mejorar la calidad de vida de todos los limeños como los de: La modernización del comercio mayorista, el ordenamiento de vías importantes, el empadronamiento y organización de taxis, la reforma del transporte público de pasajeros, entre otros.

¿De qué Lima y de que desarrollo hablan los revocadores? No será de esa Lima psicótica y neurótica de indefensos ciudadanos espantada por esas feroces gavillas de delincuentes y rateros que hemos visto en el desalojo de La Parada y en la asonada de saqueos en toda Lima, felizmente conjurada con sus aciertos y desaciertos por la actual administración edil y la PNP y que hoy mira absorta la baja de sus oficiales y la revocatoria de su alcaldesa o de esa Lima, cuyo caos en el transporte, empieza a ver con esperanza, que viajar decente y con buen trato empieza a hacerse realidad.

Por último, queremos decir que las sociedades y en especial los individuos, necesitan tener esperanzas para el futuro y viven mejor si hay conciencia en la estructura social, si hay gobernabilidad con cohesión social y autoridades legítimas; decir también, que Nuestro Perú se construirá como ejemplo y se alzará a la gloria de nuestros ancestros: Cuando supere su crisis de sinceridad y sus taras de identidad; las del blanquito criollo, que aún cree sentirse heredero de la riqueza rápida y fácil; Cuando cada ciudadano y cada institución hagan lo que deban y tengan que hacer; Cuando los políticos sirvan con decencia y vocación y no mientan para llegar al poder; el gobierno gobierne con ejemplo y no roben, el Congreso legisle buenas leyes para que se cumplan, la Universidad valore la cátedra y enseñe sin separatas y no siga estafando a los jóvenes; Cuando las escuelas eduquen, los estudiantes estudien y los trabajadores trabajen y si son de la administración pública mejor, sin robarse los lápices y útiles de oficina; el día que los sicariatos de algunas malas autoridades regionales dejen de asesinar y se les castigue ejemplarmente . Finalmente Cuando Lima, sea sólo la capital y las provincias olvidadas, algo más que un resto mal visto del Perú; Cuando la patria valga y se le respete y no sea más, como decía Arguedas “El muro donde orinan los coroneles”; Cuando la denuncia sea investigada y el sinvergüenza castigado; Cuando la realidad de este Perú dolido, sea más que un simple slogan; Cuando las Instituciones sirvan al país, las leyes se apliquen sin distingos a todos por igual y los jueces, fiscales y policías dejen de ser cómplices del delito. Entonces el Perú, será de nuevo el ombligo de la América toda y será grande y generoso de verdad, pero desde la sinceridad de la verdad por siglos negada, la objetividad de la justicia y la fe en Dios y en nuestros hijos y los que ellos, que con dignidad traerán a esta tierra bendita. Por eso y muchas cosas más, solo nos resta decir: Que la Revocatoria es un acto de insensatez política y un imperdonable distractivo de la corrupción que lacera los cimientos del desarrollo de nuestra Nación...

Entre Conga y La Parada: La patria no vale nada

2012-10-30T21:47:00.000-07:00

LA PARADA-Jueves, 25 de Octubre 2012

La barbarie de “La Parada” provocada con delincuentes rentados por los grandes comerciantes y azuzada por conocidos políticos, con amagos y rumores de saqueos, caos y violencia en la ciudad de Lima, felizmente conjurada por la Alcaldesa de Lima Susana Villarán, con el apoyo de la PNP,-hay que reconocerlo- nos recuerda que hace 193 años “LA PATRIA NO VALE NADA”. Todo ello como embriogénesis maligna de un Estado inepto, infestado de corrupción crónica e indiferente en el cumplimiento de los fines primarios que se le reconoce, con una población, que es asaltada día a día por la inseguridad, el miedo al caos y la violencia generalizada, como resultado de una pirámide de ingresos inicua y plana en su base, pero afilada en su punta y que refleja la miserable desigualdad entre peruanos. Quienes gobiernan se resisten a entender, que en el Perú de hoy, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, entre ellos, el lumpen, la delincuencia, el crimen organizado también crece y son rentados por los primeros e incluso por el Estado, que con urgencia hay que reformar.

Entre CONGA Y LA PARADA, hay un Estado ágil para las decisiones fundamentales relativas a la gran propiedad, la inversión pública amarrada, la determinación de políticas económicas con “perro del hortelano” incluido. Y hay otro Estado, “el social”, para mantener a raya el descontento y la grita social mediante la politización de las necesidades, la manipulación y la propaganda. No ha podido, en cambio, cumplir con sus deberes elementales para con la democracia; hacer crecer y distribuir, hacer respetar al Perú como nación, cumplir con dar igualdad ante la ley y calidad de ciudadanos a las crecientes masas de peruanos.

En este contexto y sin mezquindad, hay que desearle éxitos a la gestión de Susana Villarán por lo de la Parada, ahora y casi de inmediato en la “ordenación del transporte urbano y la seguridad ciudadana”; la carga de problemas heredados es muy grande, la ciudad de Lima, no es, expresión, ni modelo de articulación y armonía, sino de segregación, exclusión y con frecuencia de caos y violencia. Dentro de este análisis, no podemos dejar de decir, que Lima se ha convertido en una gran urbe conurbada y policéntrica con más de 10 millones de habitantes y en donde, si bien es cierto, que la modernidad y el crecimiento económico de los últimos años, ha dejado sentir sus impactos en la ciudad capital; que no obstante, subsisten altos niveles de inequidad, pobreza y pobreza extrema, que interpelan el modelo de desarrollo que se observa en esta última década. Lima jamás ha tenido un modelo de planificación, existe un déficit acumulado de cobertura y gestión de servicios básicos, que las distintas administraciones metropolitanas y distritales han venido postergando desde hace varias décadas.

La visión de Lima – Ciudad, tiene como base la gestión política, administrativa y del territorio, en tal sentido, tenemos que reconocer que, el cierre de La Parada se ubica en la dirección correcta, ella se dispuso en ese lugar, allá por los años cincuenta del siglo pasado, cuando los aún extramuros de la ciudad de Lima así lo imponían, además, si apenas contaba con un millón de habitantes. Hoy Lima concentra el 30% de la población nacional, la mitad, en distritos que hace cuarenta años no existían u ocupaban un espacio muy limitado. La Lima del siglo XXI demanda no solo modernos y grandes edificios, viaductos y pasos a desnivel, sino transformar con imaginación las relaciones entre quienes viven en ella, articulando sus lazos con las demás regiones, convirtiéndose en una ciudad que defina con precisión el rumbo del proceso de descentralización y de regionalización del país.

Es por eso, que el impulso de consolidar un mercado mayorista de alimentos formal y organizado, empieza a recoger el apoyo y el reconocimiento de todos los limeños que ven en la medida, una posibilidad de mejorar la calidad y los precios en la distribución de los alimentos de primera necesidad, poniendo a raya a grupos de poder económico y mafias, que con el apoyo de malos políticos y de la mayoría de medios de comunicación, cuyos protervos fines, es impulsar la revocatoria en el cargo de Susana Villarán en detrimento de los intereses de las grandes mayorías de limeños, en especial de los más pobres y excluidos de la ciudad.

¿EL CAMBIO Y LA ESPERANZA OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA?

2011-12-19T21:05:00.000-08:00

En su primer mensaje el Presidente Ollanta Humala 28.07.11 conmovió a la nación peruana al decir…..“Que los ciudadanos sufrimos el abandono de los políticos por causas de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad, que necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción sea sancionada, que la realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos” y en un arranque de entusiasmo le dijo a la nación que presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad. Sostuvimos en ese entonces no lejano, que semejante tarea, no solo merecía ser aplaudida, sino también apoyada, con el sólo propósito de que la palabra empeñada de “cambio y esperanza”, en el proceso de construcción de un nuevo Estado-Nación, no se convierta en una nueva frustración nacional, en otra oportunidad perdida.

Cuidado: Improvisando se camina al fracaso

Ante el entusiasmo presidencial y la ausencia de planes, la PNP no se hizo esperar, es así, que el actual Premier Oscar Valdez, entonces Ministro del Interior y a solo 15 días de iniciado el gobierno, lanzó oficialmente el Servicio Policial Retén y Franco como una de las primeras medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y por medio del cual se colocaba en las calles a un mayor número de efectivos, a la fecha, esta ligera e improvisada medida no ha dado ningún resultado. http://www.larepublica.pe/15-08-2011/pnp-lanzo-servicio-policial-reten-y-franco-en-regiones-del-pais.

Ahora bien y sin entender que el problema de la indefensión ciudadana y el incremento de los índices de delincuencia y criminalidad en el país, no son coyunturales, sino estructurales y retroalimentados por la corrupción y falta de moral y formación policial, el gobierno ha creado el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana DECRETO DE URGENCIA Nº 052-2011; el Congreso de la República tampoco ha querido estar ausente en la improvisación que gobierna el país y lanzó al Congresista Reggiardo como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Congresal y como si esto no fuera suficiente con fecha 1° de Diciembre se anuncia ante el país, sin mayor relevancia la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual busca servir de instrumento orientador del accionar de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. Es decir, los lineamientos establecidos en este documento servirán para que en los ámbitos regionales y locales se diseñen y ejecuten los respectivos planes de seguridad ciudadana a partir de Enero del 2012. De esta manera se espera que desde una forma planificada y desde un punto de vista integral, se reduzcan los niveles de inseguridad en el país y ante lo cual no dudamos que se trata de otro saludo a la bandera, sin prever que improvisando se camina al fracaso.
Entonces, y cuando no han concluido los primeros seis meses de gobierno, pareciera que una pesadilla Kafkiana invade el sueño del “cambio y la esperanza “y si nos preguntásemos ¿Por qué mecanismos se ha perpetuado y se acentúa aún más hoy, la desigualdad, el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fracaso en la educación y la salud? ¿Por qué, el discurso reclamando el cambio de ilustres pensadores de los inicios del siglo pasado como Haya de la Torre, J. C. Mariátegui, Basadre continúan teniendo vigencia, como si el tiempo no hubiera transcurrido y sin que se imponga el sentido común?...La respuesta es inmediata para una minoría que tiene voz y poder, se traduce en “seguridad jurídica” para sus inversiones, aunque estas destruyan el medio ambiente y asolen los pueblos más alejados con una cuota de más pobreza y abandono por un trato desigual en el reparto de la riqueza, aumentando la brecha de desigualdad entre pobres y ricos, entre la ciudad y el campo y la otra es, porque el sistema democrático no ha logrado instaurarse en el Perú; es decir la democracia ejercida por ciudadanos plenos coexistentes en un Estado ausente perverso y lastrado por la corrupción que el Presidente Humala prometiera desterrar y no alentar decretando estados de emergencia.

No obstante lo aciaga de la situación que nos acecha, los peruanos de este siglo, nos resistimos a aceptar la sentencia Gonzales Pradiana de que “El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo brota el pus”, con Ollanta Humala, asumimos que el Perú es un organismo vivo, en crecimiento, con dolencias y malestares propios de su juventud. Incompleto, quizá, pero de ninguna manera enfermo terminal o desahuciado, nosotros entendemos desde una perspectiva real, que nuestro país es absolutamente viable. “Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad”, tal y como lo señalaba Jorge Basadre.

Lo lamentable sin reparar atrás, es que el gobierno de Ollanta Humala depositario de la confianza, de la fe y la esperanza, de los indignados de este país, por un rostro más humano del modelo económico que los arrincona y excluye económica y socialmente, empiezan ya a distanciarse peligrosamente, porque ven en él, insolvencia y falta de resolución para emprender las reformas ofrecidas de acercar al Estado a los más pobres y al ver, el innegable y sumiso favor a las grandes empresas a seguir destrozando el medio ambiente, en su afán mercantilista de seguir enriqueciéndose a costa del futuro de los más pobres.

Se impone una base mínima de bienestar

Por la salud del país y su crecimiento, el gobierno debe optar por incrementar la competitividad a partir de una base mínima de bienestar; lo cual debe acompañarse de un mayor énfasis en políticas de alcance local y sectorial que se diferencien y complementen. Por esta vía, el gobierno, las fuerzas económicas nacionales en su conjunto, deberían ser partícipes, tanto de la competencia como del progreso, anticipándose precautoriamente al conflicto y a sus secuelas, como el estado de emergencia y el congelamiento de sus transferencias presupuestales, tal y como ha sucedido en Cajamarca.

Lo sostenido aparentemente parece simple y es que dichas formulaciones no han sido parte de la política, ni de la historia de la Nación. El Perú sigue siendo un país fragmentado y escindido. Es imperativo que la Integración del país debe ser argumentada y comprobada y su marcha irreversible; hay que mostrar esta flagrante y lacerante desarticulación para repetir hasta la saciedad, propuestas irrebatibles, como la necesidad de descentralizar e integrar el territorio en nuevos moldes regionales transversales, para evitar conflictos entre empleo y competitividad, de enfrentamientos y derramamientos de sangre innecesarios, de respeto en los casos de inversión minera de la consulta previa de los pueblos, dejando al margen la prepotencia pública y privada, también la militarización y el autoritarismo con el fin de terminar con la exclusión y la pobreza o en su defecto de plantear el desarrollo sostenible a partir de las circunstancias concretas. Estamos a tiempo de entender y ojalá que el Presidente Ollanta Humala no claudique ante la promesa de su palabra empeñada y que opte por la gloria de la historia, antes que por la traición de sumisión y servicio a los grupos de poder, condenando al Perú a otra oportunidad perdida.

Sustituir Serenazgo medieval por nueva Policía Urbana

2011-09-08T18:08:00.000-07:00

La Lima de Hoy, ni la sombra de la de 1940

El día Lunes 5S por la noche, en pleno corazón financiero de San Isidro, una empresaria con tres meses de gestación fue asaltada por tres hampones, que la secuestraron, le arrebataron primero S/.30,000, luego como en casa se la llevaron hasta San Martín de Porres, donde la obligaron a retirar S/.36,000 más, no conformes la llevaron a una vivienda donde la violaron los malditos y luego la abandonaron en una desolada calle en la peligrosa zona de Los Barracones, en el Callao. ¿Y la Policía y el Serenazgo?.

Así, de esta manera y mientras el crimen y la delincuencia campea y asola nuestras ciudades victimizando a ciudadanos indefensos, a nuestra policía, jueces y fiscales, no les inmuta “el desafío del cambio”, las nuevas tecnologías, ni el futuro; los unos como sonámbulos deambulan por las calles y los otros por los pasillos de la judicatura como si nada hubiese cambiado desde hace cincuenta años y como si nada hubiese de cambiar jamás; a los gobiernos y a los políticos que se suceden tras escándalos, cada cinco años, al parecer tampoco les interesa el futuro y prefieren dejar las cosas como hace 200 años y para colmo, con ínfulas cacasenas anuncian su retorno. A la pollina prensa amarilla solo le importa el interés de pocos, a los serviles plumíferos el refile, la sangre y el escándalo para vestir titulares y cobrar, llenar alforjas y de paso socavar políticamente al régimen de turno.

Hoy en el mundo, en este mismo momento, la evolución tecnológica, cultural y social, es extraordinariamente rápida, es por ello, que necesitamos un patrón que nos permita comparar procesos sumamente diversos, y ese patrón, es el tiempo. Sin el tiempo, el cambio nada significa. El tiempo puede concebirse como los intervalos durante los cuales ocurren los acontecimientos; así durante las últimas cinco décadas hemos sido testigos de la urbanización expansiva de nuestras ciudades. Lima que en 1940 según el INEI tenía 849.171 pobladores (12.1%), hoy en el 2011 cuenta con más de 9 millones de habitantes, el 30% de la población del Perú; sin embargo y en cuanto a las instituciones encargadas de la seguridad vecinal o ciudadana, estas aún siguen inspiradas en rezagos valorativos de la edad media y del siglo XIX.

Aprender a convivir en la ciudad

Concluida la primera década del siglo XXI en un marco de auspicioso crecimiento económico y luego de transitar dos de violencia subversiva y de dictadura, los peruanos y el Perú se han puesto de cara al futuro, en el presente, nadie añora los apagones, menos “los coche bomba”, tampoco la dictadura ladrona y asesina, es más, nadie desea “la frustración” de una nueva oportunidad perdida.

El Perú de hoy apostó por “el cambio y la esperanza” por la equidad, por la inclusión social y por ser un referente del desarrollo en la región; lamentablemente la corrupción pública de policías, jueces y fiscales, la delincuencia, el crimen organizado y fuerzas extrañas conspiran y amenazan con lastrar las esperanzas de cambio de nuestra sociedad, estamos seguros que el pueblo honesto ya se puso de pie para impedirlo.

No obstante, sentimos que el miedo por la indefensión invade como una sombra oscura a nuestra sociedad y que la improvisación gubernamental en todos sus niveles, es la mejor aliada de la inseguridad en la ciudad y en el país, en especial, porque los ciudadanos no creen en la policía y en los responsables de administrar justicia.

Entendemos que la seguridad ciudadana y la convivencia en los espacios públicos, no es fácil, se requieren normas y pautas mínimas a fin de que sean posibles. Lamentablemente hay indiferencia y corrupción en los municipios, no hay, en los dos mil existentes, distritales y provinciales en el Perú, uno que haya sido capaz de inspirar y decretar una ordenanza de civismo, de rendición de cuentas, de participación de la ciudadanía organizada, menos de transparencia y de acceso a la información pública y los espacios de concertación son letra muerta.

No hay señales en la administración pública, en especial de los alcaldes que ejercen el poder del estado, en las prácticas de la mediación, más que la regulación, en la negociación más que la sanción. Y evitar contribuir a estigmatizar por su aspecto a los jóvenes presentes en el espacio público, confundiendo frecuentemente comportamientos expresivos más o menos discutibles con delitos o faltas que requieren sanción inmediata, por su dejadez o ineptitud.

Finalmente, debemos señalar los comportamientos que se refieren a la preservación del hipócrita contexto visual. ¿Los que piden limosna, los sin hogar, las prostitutas, los niños de la calle, los que distribuyen publicidad o limpian el parabrisas del auto, los recicladores, que al igual que los gallinazos coloniales y republicanos y que operan a la sombra de la noche limeña, etcétera, ¿son realmente una causa de inseguridad? ¿La pobreza, la marginalidad, la exclusión social dan miedo?. Reconocer que no somos el espectro de una sociedad consumista o de bienestar y aceptar sin vergüenza, que no resulta agradable convivir en el espacio público con las expresiones, normalmente extremas, de quienes han quedado fuera del circuito del consumo formal de una ciudadanía y que las administraciones consideran más usuarios, clientes y electores que ciudadanos. La forma más indigna de tratar a esta población excluida es considerarlos colectivamente como un peligro potencial o una agresión a nuestra sensibilidad, estigmatizarlos. Hay otras formas de actuar, las políticas de protección y de integración, indudablemente, y las preventivas en muchos casos. Pero también la tolerancia, la aceptación de su existencia, la madurez democrática de no tener miedo, de mostrar nuestras faltas, las víctimas de nuestro modelo de sociedad. Es el verdadero civismo" y es por eso que debemos de cambiar.

El “Sereno” en el escenario de la historia

El Sereno como servidor de los “burgos” o urbes apareció en Europa medieval, como respuesta a las necesidades de seguridad de los comerciantes emergentes y vecinos de la época, vigilante recorría infatigablemente las calles amuralladas anunciando con su proclama los peligros públicos y otras noticias de interés vecinal.

En el siglo XVI el Virrey Hurtado de Mendoza, llamado también el Márquez de Cañete creo el servicio de Serenazgo en el Perú, a semejanza del que existía en España y otros países de Europa, debido a que los efectivos de la Guardia del Virrey por escasez de presupuesto no cubrían las vacantes requeridas para velar el Orden Interno y la Seguridad del ciudadano, quedando bajo las órdenes de la guardia del Virrey, apoyando en la seguridad y percibiendo sus haberes por parte del Cabildo, lo que en la actualidad son los Gobiernos Locales o municipios.

La Institución del Serenazgo tenía como funciones principales a cumplir: el cuidado del vecindario, el mantenimiento del orden, la solución de pleitos vecinales, el suministro de agua potable, efectuar rondas nocturnas, detención de vagos y delincuentes, prender y apagar los faroles que alumbraban las calles, anunciar a viva voz el discurrir de las horas nocturnas y acontecimientos como incendios, robos, inundaciones y otras emergencias.

En el año 1805, fue creado en la ciudad de Lima un Cuerpo de Policía de Seguridad cuyos integrantes se denominaron "Serenos", nombre a semejanza del usado en tiempos virreinales, encargados de velar por el bienestar de la población y durante los primeros años de la República todavía se encontró a los Serenos con la responsabilidad del mantenimiento del orden.

En mayo de 1842, la prefectura realizó una licitación para brindar servicio de Serenazgo, con la condición que los tributos por este rubro no fuesen tan elevados.

En el siglo XX, el 26 de Abril de 1958 la Municipalidad de San Isidro, ubicada en los extra-muros de la ciudad amurallada, promulgó un Decreto de Alcaldía, para el cobro de Arbitrio de Serenazgo, llamado en ese entonces “Cuerpo Municipal de Patrulla”, siendo ratificado por el Concejo Provincial de Lima el 20 de Noviembre del mismo año. Por diversos motivos ese Arbitrio fue suspendido en el año de 1964.

El 13 de Diciembre de 1990 la Municipalidad de San Isidro, dispone el reinicio de las cobranzas del arbitrio de Serenazgo, considerando que es deber del Municipio fomentar el bienestar de los vecinos, para lo cual señala la necesidad de reforzar la acción de la Policía Nacional con este nuevo servicio.

Este relanzamiento del servicio por parte de la comuna de San Isidro, fue imitado por la Municipalidad de Miraflores con el entonces alcalde Alberto Andrade, luego del cual muchos municipios continuaron con el ejemplo.

A manera de Conclusión y Propuesta de una Policía Urbana

El espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano; consiguientemente resulta propicio desmontar las viejas armazones mentales de un serenazgo medieval y colonial y dotar a nuestras ciudades de una “policía urbana”

También se debe precisar la necesidad de una nueva cultura municipal y policial solidaria, que fomente la implicación y la colaboración ciudadana, que haga al ciudadano más protagonista de su propia protección, y establecer marcos de diálogo y comunicación más estrechos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, que propicien un mayor cauce de información de indicios o sospechas. La lucha contra la delincuencia tiene como hemos visto, componentes esenciales que van más allá de la acción policial o judicial. En este sentido, es necesario implicar más a las administraciones, especialmente a las locales, en políticas integrales de seguridad que incluyen aspectos tan diversos como protección social y comunitaria ante la ola de asaltos y robos a viviendas, urbanismo, educación o iniciativas de ocio alternativo para los jóvenes, preservación de espacios públicos, parques y plazas, para impedir que sean tomados por drogadictos y jóvenes alcohólicos, turismo entre otros muchos aspectos. Para ello es esencial que los alcaldes asuman la seguridad ciudadana como una responsabilidad fundamental para garantizar la convivencia y la calidad de vida en sus ciudades.

Esta especial complejidad de la seguridad en el ámbito urbano tiene su máxima expresión en el fenómeno emergente de las grandes ciudades. Así, la creciente colaboración entre Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales podría avanzar en el futuro hacia una mayor integración operativa de Policía Nacional y Policía Local en las grandes capitales bajo la autoridad funcional de los alcaldes.

La Seguridad Ciudadana y el Marco Constitucional y Legal

La responsabilidad del Estado en cuanto a las políticas sociales y en particular, la de la seguridad ciudadana, consisten en “asegurar a todos los miembros de la comunidad unos niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades”. En este sentido la Constitución Política en su artículo 166° señala: La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.

El Artículo 195° de Texto Constitucional Reformado, establece que: Los gobiernos locales tienen competencia para...”organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad”. El Artículo 197°señala: “Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”.

La Ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades. Art.85: Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana.

La Ley 27238 - Ley Orgánica de la Policía Nacional. Artículo 70°: La Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en esta materia. DS 008-IN que instituye su Reglamento. Artículo 9° (4): La Policía Nacional organiza y capacita a la comunidad en seguridad ciudadana.

La Ley 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El DS. 105-2,002-PCM, del 17 OCT 2002, institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional.

La RS 0965, de OCT- 2001, que crea la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional.

La RS. No. 0120-2002-IN 17 Marzo 2003 que designa a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existen riesgos o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello.

La Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacio público. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.

Inoperancia y Corrupción Policial-Judicial–Penal no frenarán delincuencia

2011-09-05T14:01:00.000-07:00

PNP camino a la Reestructuración

En el Perú, ni el “Plan Bratton”, ni el ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, tampoco los denodados y solitarios esfuerzos del Presidente Ollanta Humala, que acaba de crear un Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana con un aporte inicial de 200 millones pondrán fin a la peligrosa “ola expansiva” del delito y el crimen que medran la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Y esto porque la policía y nuestro sistema judicial-penal están carcomidos por la inoperancia y la corrupción. Nuestro Estado para un proceso de “Gran Transformación” requiere de urgentes procesos de modernización y reforma, no solo a nivel de la administración pública, como siempre se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política, hoy no hay un solo Partido Político sólido, por tanto; nos encontramos al borde de “la anomia”.

No se evidencia capacidad ni imaginación en diseño de políticas

públicas

“Mejor discierne un peruano de a pie, que cien ilustrados burócratas insensibles”. En el Perú mucho se dice, pero poco se hace y es que, en el actual contexto de nuestro Estado-Nación, es casi imposible diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas.

Como todos sabemos, “Las Políticas Públicas o Sociales”, son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos nacional, regional, local y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA

LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Con espíritu crítico, pero reflexivo, hay que señalar que las propuestas del actual gobierno ante la creciente demanda social de seguridad, no son el resultado de la formulación de un diagnóstico, menos de la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un “Plan de Lucha contra la Delincuencia”. El Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial, solo se atisban loables iniciativas de los titulares de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial.

La eficacia, la eficiencia y la equidad son los principios normativos que sirven de fundamento a toda política. La evaluación de las mismas requiere la implementación prolongada en el tiempo de la política social específica, para evaluar la eficacia, la eficiencia y la equidad de una política, es necesaria la opinión de los sectores público y privado, a fin de aproximarse a un análisis más objetivo de los resultados de la implementación de una política social en particular.

Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito y el crimen se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unifique las estadísticas de delincuencia, realizar encuestas de victimización periódicas y ofrecer análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.

En cualquier caso, el conjunto de las estadísticas disponibles en nuestro país muestran un crecimiento constante de las infracciones penales, especialmente las menos graves, en la última década de crecimiento económico, así como un repunte de la delincuencia, incluidas formas cada vez más violentas y organizadas, en los últimos diez años.

En esta evolución hay tres fenómenos que resultan especialmente preocupantes y los cuales hay que detener. En primer lugar, el alta tasa de delincuencia que se extiende en todo el país, en segundo lugar, la proliferación de grupos de delincuentes organizados y en tercer lugar, el acelerado clima de corrupción que se observa en la policía, los entes encargados de la administración de justicia, los gobiernos regionales y locales.

Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país, están asociados peligrosamente con la inoperancia y complicidad de nuestro sistema judicial - penal y la corrupción institucional que lastra la eficacia en la prevención policial.

La excesiva lentitud de la Justicia y el escaso número de sentencias condenatorias en función del número de delitos esclarecidos está generando una sensación de impunidad ante la delincuencia que resulta destructivo para nuestra convivencia. Se amerita la mención de casos emblemáticos. (Fefer, Abencia Meza, Ciro Castillo etc.,)

Sin embargo, el aumento de la delincuencia y el crimen organizado provoca reacciones impensadas y apartadas de un planeamiento estratégico, haciendo creer que sólo pueden ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Nada más falso, en el último quinquenio, se han creado hasta 15 centros de instrucción policial, se ha incrementado en veinte mil, el número de efectivos, pero nadie midió los efectos de estas medidas y la delincuencia en el Perú avanza; lo cual afirma la convicción de una necesaria e inmediata re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una moderna Policía Local, que asimile al viejo Serenazgo y con el auspicio rector e inicial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En definitiva, fenómenos como el crecimiento expansivo de nuestras ciudades en los últimos 50 años y la globalización están generando un sentimiento de frustración sin respuesta, de creciente inseguridad en las ciudades y al interior del país. A nivel mundial, el Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad y en el caso de Perú, no habrá el aval sostenido para su crecimiento e inclusión social, si es que antes, no somos capaces de resolver la seguridad ciudadana de todos los peruanos.

PERU: Delincuencia sin Plan de Seguridad Ciudadana

2011-08-28T11:07:00.000-07:00

Vectores que alimentan la Inseguridad y la delincuencia

A falta de un diagnóstico sobre la inseguridad y la delincuencia y peor aún de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; Cuando en nuestro país, a un General de la Policía, Ministro del Interior se le descubre saliendo de un hostal en evidente comisión de actos impropios a su investidura; cuando a otro General, Director General de la Policía Nacional se le denuncia por acoso a una oficial subalterna; cuando a sotto voce se murmura que en la división de logística del Mininter, opera una mafia organizada compuesta por altos oficiales, que pide cupos por compras y se trafica hasta con el combustible de los vehículos policiales; cuando en las comisarías no hay ni papel, ni gasolina para sus unidades de patrullaje y vemos a los policías en determinadas zonas de la ciudad coimeando a los conductores ó a las patrullas de carreteras recurseandose de la manera más vil y grosera; cuando los peruanos vemos que un gobierno cambia hasta cinco ministros del Interior, un sector tan sensible a la coima y la corrupción; cuando vemos que a un Congresista de la República, porque delincuentes comunes balean cobarde y salvajemente a su menor hija, se le nombra de inmediato Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y raudo anuncia a los medios que hay que endurecer sanciones para delincuentes con armas e incentivos de 100 dólares para quienes devuelvan las armas de fuego; cuando escuchamos absortos al Fiscal Supremo de la Nación, decir que ante la ola delincuencial hay que reabrir el Frontón; cuando para colmo de males, vemos a un reciente ex mandatario denunciar públicamente la incursión de delincuentes en la vivienda de su ex –esposa y no presenta la denuncia de rigor para las estadísticas criminales; cuando los ciudadanos del Perú se ven impelidos a enrejar sus calles y urbanizaciones ante la ola de robos y asaltos a sus viviendas ante la indiferencia de malos alcaldes cómplices del crimen; cuando Fiscales, Policías, Jueces, Alcaides y personal penitenciario sigan siendo cómplices del delito; cuando vemos a un presidiario ex – Presidente de la República, disfrutando privilegios para hacer parrilladas con Congresistas en un Penal; y cuando por la prensa los ciudadanos nos enteramos que un inoperante Contralor General de la República, responsable de cautelar el buen uso y aplicación de los dineros públicos clama por leyes para penalizar a los funcionarios públicos ladrones de estos dineros o cuando vemos que tenemos Congresistas de la República, encargados de dar leyes y fiscalizar su cumplimiento, casi analfabetos que a las justas aprendieron a leer. A los ciudadanos del Perú, nos invade una sensación de impotencia, miedo y frustración, al extremo de decir “sálvese quien pueda”.

El gobierno y administración pública no tienen capacidad ni imaginación en diseño de políticas públicas

Desde este espacio, he sostenido que la decisión del Presidente Ollanta Humala, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), es plausible, encomiable y digno de ser apoyado. Pero ante lo descrito líneas arriba, considero un deber mencionar, que al hacerlo, puede dar un peligroso salto al vacío, y es que, en el contexto de nuestro Estado-Nación, resulta muy difícil diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas. Por lo que, es evidente y urgente, la necesidad de impulsar urgentes procesos de modernización y reforma del Estado, no solo a nivel de la administración pública, como normalmente se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política; Por todo esto, en el Perú, es inconcebible y lamentable en los momentos actuales seguir improvisando o copiando modelos de realidades ajenas a nosotros, no más “Plan Bratton”, menos el colmo de la señora Fujimori, que en campaña electoral, nos quiso meter por las narices al ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, como experto en seguridad ciudadana ver: http://www.youtube.com/watch?v=PHVdDH2Hos8.

Por lo general, todos hablan de políticas públicas, pero pocos saben a ciencia cierta, que son, para que sirven, como se diseñan y que consideraciones intervienen en su elaboración, implementación, administración, control y ajuste entre otros aspectos. El enfoque expuesto permite una primera definición de políticas públicas. Según Dye (1998), son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA

LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.- algunas ideas

La respuesta oportuna del Gobierno del Presidente Ollanta Humala a esta creciente demanda social de seguridad, hay que decirlo, no es el resultado de la formulación de diagnóstico, menos a la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un Plan de Lucha contra la Delincuencia. Este Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial.

Las reformas legislativas a proponerse dentro de un Plan tentativo, pasan por la puesta en marcha de los denominados juicios rápidos de forma que delitos como robos, hurtos, robos de vehículos y otros delitos flagrantes se enjuicien de forma inmediata o en un plazo máximo de 15 días. Las faltas, por su parte, deberán juzgarse en el propio Juzgado de Turno en el transcurso de unas horas luego de la detención. Los juicios como en el caso español o de la UE podrán celebrarse además en ausencia del imputado cuando la pena solicitada no exceda de dos años y podrán practicarse pruebas antes del acto del mismo.

Como en el caso de otras experiencias analizadas, El Plan debe establecer a su vez una nueva regulación más estricta de la prisión provisional de forma que combinada con una mayor rapidez de la acción de la Justicia se eviten las actuales tasas de multi – reincidencia de escaperos, ladrones de celulares, pandilleros, marcas y se acabe con el sentimiento de impunidad que puedan tener muchos delincuentes. Hay además la urgente necesidad de un endurecimiento del Código Penal frente a algunas formas de delincuencia.

En materia de extranjería, en los casos de tráfico de drogas “burriers” y con la opinión de los expertos se debe introducir dos medidas de impacto judicial penitenciario sumamente eficaz, al tiempo que ayuda a descongestionar nuestros centros penitenciarios en donde un gran número de presos son extranjeros. La primera medida consiste en regular la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión cuando los extranjeros se encuentren procesados. La segunda es obligar a la expulsión en casos de condenas mayores a seis años, salvo supuestos de excepcional naturaleza.

En un segundo bloque, se debe plantear la exigencia ciudadana sobre algunas medidas en relación con la mejora de la Administración de Justicia. Es menester exigir a los titulares del poder judicial y del Ministerio Público, priorizar la calidad, antes que la cantidad, para que plantear la creación de nuevas plazas de jueces en el ámbito penal y de nuevas plazas de fiscales, si muchos de los actuales son deshonestos o ímprobos, en este caso, es pertinente generar incentivos económicos a la eficacia y eficiencia de Jueces y Fiscales; así como la implantación de reformas organizativas para mejorar la eficacia contra el delito, todos los avances logrados en este campo, aun siguen siendo insuficientes.

El tercer bloque de medidas tiene que ver con la mejora de la operatividad de las fuerzas de seguridad, antes que incrementar sus contingentes, purgando a los efectivos corruptos. El primer objetivo en este campo es lograr una mayor presencia policial en las calles, tal y como se ha planteado de manera permanente y no como se observa en la actualidad, que ya no se ve policías en las calles, al parecer todos han vuelto al servicio de entidades privadas y financieras quebrando el principio de autoridad al nivel de la presidencia de la República..

La segunda medida es la puesta en marcha de programas territoriales y sectoriales específicos en aquellos lugares o actividades que resultan especialmente vulnerables a la acción de la delincuencia, como el programa para la seguridad en los barrios, el plan de seguridad para el comercio, los programas de atención al turismo o el programa de lucha contra el narcotráfico. En esta misma línea, se debe buscar adaptar la actuación policial al nuevo régimen de Juicios Rápidos y potenciar las Unidades de investigación dedicadas a combatir el crimen organizado.

Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.

Los Municipios, la delincuencia y el Plan de Seguridad Ciudadana

En nuestra anterior entrega, hemos sostenido que estamos convencidos de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.

En tal sentido, nos sentimos obligados a precisar la necesidad de una nueva cultura municipal y policial que fomente la implicación y la colaboración ciudadana, que haga al ciudadano más protagonista de su propia protección, y establecer marcos de diálogo y comunicación más estrechos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, que propicien un mayor cauce de información de indicios o sospechas. La lucha contra la delincuencia tiene como hemos visto, componentes esenciales que van más allá de la acción policial o judicial. En este sentido, es necesario implicar más a las administraciones, especialmente a las locales, en políticas integrales de seguridad que incluyen aspectos tan diversos como protección social y comunitaria ante la ola de asaltos y robos a viviendas, urbanismo, educación o iniciativas de ocio alternativo para los jóvenes, preservación de espacios públicos, parques y plazas, para impedir que sean tomados por drogadictos y jóvenes alcohólicos, turismo entre otros muchos aspectos. Para ello es esencial que los alcaldes asuman la seguridad ciudadana como una responsabilidad fundamental para garantizar la convivencia y la calidad de vida en sus ciudades.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unificara las estadísticas de delincuencia, realizara encuestas de victimización periódicas y ofreciera análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.

Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país tiene más que ver con la inoperancia de nuestro sistema penal que con la falta de eficacia en la prevención policial.

La necesaria reforma del sistema penal incluye reformas legislativas imprescindibles, como el tratamiento de la multirreincidencia, el endurecimiento de penas para determinados delitos, como lo pide el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Reggiardo o la posibilidad de expulsión inmediata de los extranjeros delincuentes en el segmento del tráfico de drogas. Pero estas reformas deberán ir acompañadas de una modernización de la Administración de Justicia, verdadero cuello de botella de cualquier reforma legislativa.

El Pacto por la Justicia, ahora en manos del CONASEC como máxima instancia, abre una perspectiva alentadora en este terreno. Estas reformas deben incluir a su vez una potenciación de las unidades de policía judicial que mejore la calidad de los atestados y las diligencias policiales. Pero aún más esencial que todo esto es un cambio de mentalidad que resalte la función social del poder judicial en la lucha contra la delincuencia. Socialmente, hay que recuperar el valor de la responsabilidad individual, acabando con la idea de que el individuo no es culpable de nada, porque la responsable es la sociedad en su conjunto. La reinserción debe seguir siendo un valor fundamental en todo nuestro ordenamiento judicial y penitenciario, pero ese objetivo debe ser compatible con la defensa de la seguridad, la convivencia y la paz social a las que tienen derecho todos los ciudadanos. Esto implica, entre otros muchos aspectos, una actitud menos tolerante con determinadas conductas incívicas que no siendo de gran gravedad sí implica un deterioro de la convivencia y en muchas ocasiones son preámbulo de acciones delictivas más graves.

Sin embargo, el aumento de la delincuencia en su demarcación provoca que las nuevas demandas de unidades especializadas sólo puedan ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Esto nos hace prever un incremento ó mejor tal vez, la re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una nueva Policía Local en el futuro.

En definitiva, fenómenos como la globalización están generando un sentimiento de creciente inseguridad en las sociedades democráticas. El Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad.

Seguridad Ciudadana: cogiendo a la corrupción por los cachos

2011-08-21T22:44:00.000-07:00

Al lanzar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente Ollanta Humala no sólo ha cumplido con su palabra empeñada, ha puesto el dedo en la llaga en un Estado enfermo y ha saltado pus.

Al asumir la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, ante la presencia de los titulares del Congreso, Daniel Abugattás; del Poder Judicial, César San Martín; del Ministerio Público, José Peláez Bardales, además de los miembros del gabinete ministerial; la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Luis Agois; o sea, la “crema y nata” del ejercicio del poder del Estado en el país y por tanto, responsables directos de la lucha en contra de la delincuencia criminal y del flagelo de la corrupción que campea en el Estado y en la Administración Pública; al hacerlo de esta forma, el Primer Mandatario, ha notificado públicamente a estos burócratas “señorones” y les ha dicho, que no admitirá omisiones, ni complicidades en la lucha contra la corrupción en sus sectores.

Y es que con indignación ha señalado, que la población está harta de que los delincuentes utilicen el espacio público para agarrarse a balazos y de ser víctimas del robo de una billetera o una cartera. "El pueblo está cansado de mucha teoría y pocas acciones", al Congreso le ha pedido "mayor drasticidad en las penas", en especial de aquellos delitos que se cometan con armas de fuego y en contra de la integridad física de los niños y la aprobación de una propuesta de ley, para la creación de un Servicio Policial Voluntario. Al Poder Judicial y en presencia de su titular, César San Martín, demandó a los jueces que no permitan que los delincuentes usen vacíos jurídicos para salir de prisión. "Yo le digo al doctor San Martín que muchas veces un juez corrupto puede ser más peligroso que un delincuente", en ese sentido, que los jueces corruptos deben ser procesados por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) "para que se vayan a acompañar a los delincuentes en lugar de soltarlos para que pongan en zozobra a la sociedad". Al Ministerio Público, le ha dicho que muchas veces, por buscar la investigación perfecta, "no cumplimos con la obligación de denunciar el delito y al delincuente ante el Poder Judicial". Al Ministro del Interior, Óscar Valdés, realizar una evaluación de todos los generales de la Policía Nacional. Tiene usted un plazo de 60 días para darme los resultados de la evaluación de todo el alto mando de la PNP", además, ordenó una reorganización del Ministerio del Interior y una reestructuración de las escuelas de formación de policías. "Tengo entendido que hay casi 18 escuelas; ya están proliferando y lo están agarrando como un negocio". Lo que ha que ha hecho el Presidente Ollanta Humala, es coger a la corrupción por los cachos o por los cuernos y los burócratas allí presentes han tratado de eludir su responsabilidad, como siempre lo hacen sin vergüenza alguna.

Para los peruanos, cansados hasta el hartazgo, las palabras del Presidente de la República, equivalen a decir: !BASTA YA¡ a un MININTER, mafioso en su aparato logístico e indiferente con la policía a su cargo; a un Ministerio Público que crece y crece haciendo metástasis, El Poder Judicial, rémora de la justicia y guarida de jueces ímprobos y deshonestos; al Ministerio de Justicia, inoperante, burocrático y sin imaginación, con prisiones en el centro de la ciudad, al INPE impresentable y el infrahumano hacinamiento de los penales que administra, escuelas del crimen organizado y de los marcas; incluida las corruptelas en el que están atrapados muchos policías, fiscales, jueces y personal penitenciario, tampoco los miserables estipendios con los que se remunera a un contingente policial escasamente preparado

Para la sociedad civil, la arenga presidencial, si presupone cambios profundos en las perversas estructuras jurídico-sociales, institucionales y políticas, con la participación protagónica de la sociedad civil, garantizando la desprivatización de un Estado excluyente que funciona como garante de intereses de pocos, para dotarlo de una misión que responda a los intereses de la nación a la que se debe; hacerlo de esta forma y no de otra, equivale a poner los caballos detrás de la carreta, consiguientemente mantener el estatus quo de un Estado débil y corrupto y por tanto ajeno, a los grandes males que afectan a los ciudadanos, a la nación y a la República en su conjunto.

Empeñar al Estado y al Perú como nación, en la “Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana” (Política de Estado N° 7 del Foro del Acuerdo Nacional), impone como condición sine qua non, la “Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente” (Política de Estado N° 24), que vele por la construcción de un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas e incrementar cobertura y calidad de servicios públicos en todos sus niveles. Para lograr tales objetivos en este empeño nacional, se debe impulsar una verdadera “Descentralización Política, Económica y Administrativa para propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú” (Política de Estado N° 8); para exigir que el Estado sea eficiente en su tres niveles (Nacional, Regional y Local). Sólo y así se podrá “Reducir la Pobreza” (Política N° 10); “la Promoción de la Seguridad Alimentaria” (Política N°15); se garantizará “El Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental”. Finalmente, con seguridad ciudadana se podrá garantizar la paz y un país estable para las inversiones, el turismo y el desarrollo económico sostenible; será factible y posible entonces “El Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología” (Política N° 20); el “Desarrollo en Infraestructura y Vivienda” (Política N° 21) y finalmente accesibles los derechos de salud y a la Seguridad Social (Política N° 13); El acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo (Política N°14), el fortalecimiento de la familia y la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Políticas N° 16 y 18.

Entonces comprenderemos la dimensión de la inédita actitud y el reto del mandatario de la nación de presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que sin corresponderle, salta de la prédica al ejemplo, señalando el camino, de que mayores deben ser las responsabilidades de Ministros, Presidentes Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, de quienes, hay que exigir, el irrestricto respeto y cumplimiento de lo que establece el mandato de sus leyes orgánicas en el ejercicio del poder, sino cumplen, habrá que exigir del pueblo sus revocatorias, dos millares de alcaldes ineptos, salvo honrosas excepciones, no hacen nada por la seguridad de sus vecinos o hacen muy poco y no respetan el acceso y la transparencia de sus actos, menos la participación ciudadana por encontrarse envueltos en escandalosos actos de corrupción, dilapidando o robando con la obsecuencia ominosa de la Contraloría General de la República, los dineros públicos que le pertenecen a todos los peruanos.

En esta dirección y tal como lo pretende el Presidente Humala, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad histórica, no sólo de dictar y perfeccionar las normas, sino fiscalizando su cabal cumplimiento, en el entendido, de que descentralizar es cambiar el equilibrio de la organización política del Estado, redistribuyendo el ejercicio del poder hacia las instancias subnacionales y locales, con el propósito de legitimar la gobernabilidad y el sistema democrático, afirmando el acceso a la información y la participación de la ciudadanía. Comprendiendo a cabalidad, que más allá de los perniciosos voluntarismos, es saber a conciencia ¿De qué país hablamos? ¿Qué clase de Estado queremos construir?, ya que no es posible entender el rol del PERU y de su gobierno, en el camino hacia su proceso de desarrollo, sin el debate y la discusión que nos permita consensuar “Nuestra Visión de país” que anhelamos los peruanos, de nuestra manera de entender su desarrollo y su gestión como un territorio sinérgico de su diversidad social, cultural y económica; dejando atrás las armazones de la prehistoria que retroalimenta segregación, exclusión y con frecuencia violencia y caos, para comprometernos con la construcción del Desarrollo Humano mediante la articulación y la armonía.

Seguridad Ciudadana motor de la transformación del Perú

Estamos seguros, que el presente es un tiempo extraordinario que desafía nuestra imaginación y creatividad e impulsa nuestra actitud y disposición hacia el cambio y la innovación. Tomemos al reto de la Seguridad Ciudadana, como el motor de la gran transformación y para ello tenemos que dejar de ver y pensar en una Lima Centralista, como el espacio físico de territorio egoísta, en donde se ubican las entidades que centralizan el poder económico, político y cultural; en concreto, nos referimos a los omnímodos poderes de la Banca y las Finanzas, los medios masivos que privatizan la información de acuerdo a sus intereses, los poderes del Estado y el Gobierno Central, ajenos e indiferentes casi siempre a los problemas cotidianos de la gente, la primus jerarquía de la Iglesia Católica, la Defensa Nacional con mandos, cuarteles y escuelas enclavados dentro de una ciudad que nos les pertenece, las grandes empresas pesqueras, mineras, gasíferas y petroleras e inclusive las de comunicación masiva; que son, no se sabe a nombre de quien, los que toman las decisiones cruciales en nuestro país, como si el destino de nuestra nación fuera de su pertenencia. Esta concepción errática de Lima es la que predomina en la mente de los peruanos que viven en otras regiones del Perú, y que la ven como enemiga, depredadora de sus riquezas y traba para la descentralización y regionalización del país. Es por estas razones y por la falta de VISION DEL PERU, que fragmenta al territorio y lo divide en compartimentos desarticulados e ingobernables, tal y como ocurre en Lima, dividida en distritos segregados y provincias desarticuladas y en donde, ni siquiera es viable una propuesta integral de seguridad ciudadana, debido a leyes que impiden una gestión del territorio y no alientan para nada la cooperación y solidaridad entre pares –ciudades y provincias– acorde con la realidad económica y social, los flujos y los nexos que existen en este territorio regional y entre sus habitantes.

La Municipalidad, el desarrollo local y la seguridad ciudadana

Para todos los peruanos vecinos y miembros de una comunidad, no hay precedentes en la historia de la república, de los ingentes recursos económicos, financieros y presupuestales, de los que gozan hoy en día, los 1826 municipios distritales y las 194 municipalidades provinciales y a diferencia de casi 2000 mil funcionarios- alcaldes que ejercen el poder del Estado, los peruanos de a pie, los vecinos de nuestros distritos, si, estamos persuadidos de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.

Lamentablemente, estos aspectos no han sido entendidos por los dos mil alcaldes y más de doce mil regidores que se nutren de suculentos sueldos y de dietas, sin entender la función, para los que han sido elegidos, ya sea por desconocimiento de lo que mandan las normas ó porque están dedicados al usufructo del poder otorgado por el pueblo.

Finalmente y para entender la propuesta del Presidente de la República Ollanta Humala e impedir que fracase en su cometido, es necesario mandar a la cárcel, a por lo menos 500 alcaldes involucrados en casos de corrupción y que se encuentran comprendidos en procesos de determinación de responsabilidades aperturados por la Contraloría General de la República y acto seguido, exigir el cumplimiento de lo que manda expresamente las normas sobre seguridad ciudadana y que las enunciamos para una mejor comprensión:

· Son competencias y funciones metropolitanas especiales de la Municipalidad de Lima, LEY N° 27972, Artículo N° 161 del la Ley Orgánica de Municipalidades:

8. En materia de Seguridad Ciudadana

8.1-Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, con arreglo a la ley de la materia.

· Las Municipalidades del Perú, en materias de Seguridad Ciudadana ejercen las siguientes funciones Ley Orgánica De Municipalidades 27972 ART.85°:

1.-Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.1.- Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a ley.

· 2.- Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.1.- Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía Nacional al servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.

Lamentablemente, son muy pocas las Municipalidades del Perú, que cumplen con eficiencia lo que dispone la Ley, en materia de Seguridad Ciudadana.

La Libertad ó Prostitución de Expresión en Perú

2011-08-11T20:03:00.000-07:00

Escribo esta nota, provocado por un ex asalariado de la dictadura del fujimontesisnismo de los años 90, hoy escribiente y dizque director de un periodicucho limeño, que al interrogarse ¿Dónde está el mandatario? Dice muy suelto de huesos y sinvergüenza…”una sombra de dudas comienza a cubrir Palacio de Gobierno sobre las razones que tendría el presidente Ollanta Humala para no expresarse ante la opinión pública”…Luego se refiere de manera ramplona al Señor Premier Salomón Lerner, aludiéndolo que acompañado de tres miembros de su Gabinete, leyó una declaración del Presidente Humala sobre la crisis internacional. Y vuelve a interrogarse… ¿Por qué no salió el propio mandatario a dar su declaración? prosigue con insolente procacidad al decir y refiriéndose al padre del Mandatario Humala, “El papá sigue hablando”, continúa despotricando, balbuceando e interrogándose epilépticamente “Comienza el copamiento” en medio de sus severos espasmos el infeliz servil del gobierno más corrupto de la historia del Perú, logra alcanzar al Presidente del Congreso y lo acusa de tener otro traductor, para terminar jadeante de rabia y casi yerto enfilando sus baterías inmundas y lleno de rabia contra la alcaldesa Susana Villarán.

Critica este escribiente plumífero de marras en su editorial, las medidas de reestructuración policial a efectos de mejorar la seguridad ciudadana, anuncia en sus interiores… Advierten politización en Comandancia del Ejército y extenuado copula rendido a los pies de la hija del asesino y ladrón preso en Diroes y cual vulgar sirviente, con fotografía a color incluida, lanza el titular “Humala está nervioso y temeroso por nuevo cargo”. Hasta aquí no más, no nos vamos a centrar en la “prostitución” como acto de comercio sexual, sino en el análisis y reflexión de la prostitución que hacen de la libertad de expresión, algunas empresas y periodistas de los medios de comunicación al amparo de la legislación vigente y que repercute negativamente en la visión que debe tener nuestra sociedad (medios de comunicación como agentes socializadores).

Lo que tratamos de comprender y tal vez hacer comprender a través de la lectura y el debate ulterior, es la “guerra sucia”, a lo cual se dedican estos medios y periodistas al servicio de la vil corrupción, perpetrando atenazar al régimen para propiciar su descrédito y posterior derrumbamiento. Entonces concluimos, que esa es la consigna falaz de este mal ejercicio de la libertad de expresión; felizmente el régimen de Ollanta Humala y el de Susana Villarán, así parecen haberlo entendido, la guerra está declarada y guerra avisada no mata gente, mata a corruptos y de eso se trata.

Finalmente debemos señalar, que en este espacio, nos ocupamos de cuestionar al “Estado ausente”, a aquel que lo seguimos mirando como un organismo débil, malformado desde su nacimiento, perverso y corrupto; el mismo que no ha logrado constituirse en un instrumento de ordenación y vigilancia del contrato social, capaz de distribuir con justicia y eficacia, y de cumplir con sus funciones elementales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y promoción del empleo, en ese sentido no ha llegado a superar condiciones mínimas y sus omisiones son notables, no contribuyendo los medios de comunicación a través de la tan cacareada “libertad de expresión” a la consecución de sus nobles fines.

Es así, que para una minoría, dentro de ellos los medios de comunicación, el Estado es una fuente esencial de recursos, por procedimientos rentistas cada vez más visibles, escandalosos y censurables. No sólo se trata de disponibilidad de información, sino de expresa divulgación de la manera en las que se negocia los intereses nacionales, eso para esta prensa sucia, amarilla, corrupta y prostituida es de poca trascendencia por el culto al libre mercado, en estos casos, no importa que el ciudadano pueda enterarse cuando se trata de negociar el interés nacional.

No queda duda, que la libertad de expresión ha sido vulgarmente tergiversada, al extremo de entenderse como la libertad de los medios informativos, sin negar la importancia que han tenido en la vigilancia de los intereses nacionales y denuncias de actos de corrupción, convirtiéndose en algunos casos en bastiones de la defensa de los derechos civiles y de la moralidad pública. Lo criticable, es la manera como sin impudicia se convierten en instrumentos del poder con gran autonomía, asociados a intereses adversos al bien de la sociedad o de franca corrupción, la profusión de la prensa amarilla, la devaluación de la calidad educativa en los mensajes de la televisión de señal abierta, son ejemplos de lo que no debería ser la comunicación de masas. La prensa, en el balance ha dejado de ser un referente para la formación de las personas, en especial de jóvenes y de niños, que debiera apuntar a la construcción de una sociedad mejor.

En el Perú, la sociedad civil peruana tiene una clara idea de lo que significa “la libertad de expresión” como bien supremo de información para formar opinión pública, esta no es patrimonio privado de negocios inescrupulosos de la comunicación y de sus intromisiones mercenarias para envilecer la política, tal y como sucedió con Jaime Bayly y toda la prensa nacional, que en aberrante contubernio trataron de satanizar e impedir el triunfo electoral de Ollanta Humala y de Susana Villarán, en los últimos dos proceso electorales.

Gobierno, Estado, políticas públicas y corrupción

2011-08-10T19:58:00.000-07:00

En su mensaje a la nación, el Presidente Ollanta Humala ha sostenido que los ciudadanos sufrimos el abandono de los políticos por causas de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad. Ha señalado que necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción sea sancionada, que la realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos. Para la ejecución de las políticas públicas nacionales, el gobierno realizará reuniones descentralizadas. En el caso concreto de Lima, que ha crecido de forma desordenada y caótica, daremos continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad y en el caso de los inmigrantes ha ofrecido la defensa consular de los peruanos en el exterior; así como, presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad para darle un carácter multisectorial, entre muchas otras medidas de política anunciadas. Semejante tarea, no solo merece ser aplaudida, sino también apoyada, con el sólo propósito de que la palabra empeñada en el proceso de construcción de Estado-Nación, no se convierta en una nueva frustración nacional.

Ahora bien, sin el ánimo de promover contradicciones de ningún género con lo dicho por el Mandatario Humala y tratando los temas propuestos desde un enfoque tradicional de Estado-Nación, se debe reconocer que resulta muy difícil diseñar y gestionar políticas públicas efectivas, más aún sabiendo que, ni el gobierno nacional, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente de la ciudadanía para diseñar y gestionar políticas. Entonces, resulta justificada la decisión de la nueva administración acerca de la urgente necesidad de impulsar procesos de modernización y de Reforma del Estado, no solo a nivel de la administración pública como generalmente se entiende, sino también a nivel del gobierno y de nuestra propia cultura política.

Lo señalado sin duda alguna, implica un esfuerzo y una tarea sin precedentes, si consideramos que el país se encuentra inmerso en un proceso de descentralización con niveles de gobierno regional y local, en cuyas instancias es difícil, por no decir imposible, hallar un solo referente que aplique diseños y gestión de políticas públicas. Sobre el particular, es importante acotar que, en los 26 Gobiernos Regionales reconocidos por su ley de creación N° 27867 y su ley modificatoria N° 27902 para regular la participación de los alcaldes y la sociedad civil; las 194 Municipalidades Provinciales y las 1826 distritales, regidos por su ley N° 27972, todos hablan de políticas públicas, pero muy pocos saben a ciencia cierta que son, para que sirven, como se diseñan y que consideraciones intervienen en su elaboración, implementación, administración, control y ajuste entre otros aspectos. Además carecen de capacidades para solventar proyectos de inversión tanto regional, como a nivel local, tampoco se evidencia capacidad, menos calidad en la ejecución del gasto.

Si al dramático estado de las capacidades en los gobiernos regionales y locales, le añadimos la controversial política de tener que articular la gestión sectorial del gobierno nacional, que separa y divide a otra de carácter espacial – territorial, encontramos que el avance de las unidades de gobierno descentralizado será largo, penoso y difícil. El nuevo gobierno como una forma de reparar decisiones irresponsables de la administración anterior, debería reactivar el Consejo Nacional de Descentralización (CND) creado por mandato de la Ley de Bases de la Descentralización-Ley 27783, artículos 23 y 24, con la finalidad de supervisar, conducir y monitorear el proceso, lamentablemente esta institución fue criticada como burocrática e ineficaz por el gobierno de Alan García. Por lo que, el 24 de enero de 2007, el CND fue abolido y reemplazado por la Secretaría de Descentralización, como dependencia adscrita al Despacho del Primer Ministro, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, Artículos Nº 1, 3.

El proceso de descentralización, es uno de los más profundos que haya emprendido el Estado peruano y debe replantearse en sus estrategias para lograr competitividad y equidad, en el desarrollo del país como una forma de acabar con la exclusión, la marginalidad y la pobreza, evitar la corrupción que empieza a propagarse en cada uno de estos espacios, debido a los ingentes recursos presupuestales (Véase gráficos 1 y 2) que estos manejan y ante las carencias de un ente de control inoperante como lo es, la Contraloría General de la República

A Manera de conclusión

 Diferentes estudios muestran que la confianza en las instituciones públicas, tanto de Perú, como de América Latina, tiende a ser, en promedio, la más baja del mundo1. Si bien en Perú, la introducción de la gestión por resultados parece ser el elemento prevaleciente para reconstruir esta confianza pública, mejorar la calidad de las políticas públicas es un paso clave que contribuye al mismo objetivo.

 En el Perú, la administración del Presidente Ollanta Humala para poder cumplir con sus ambiciosas metas, debe enfrentar al menos cinco desafíos importantes: (i) Capacidad técnica insuficiente en el centro del gobierno para formular políticas o evaluarlas ex–ante o ex-post – por centro de gobierno nos referimos a la autoridad política en la cumbre del poder ejecutivo, usualmente ubicado en la oficina del primer ministro o presidente, pero es importante destacar que las secretarías centrales (por ejemplo, oficinas de gabinete) y ministerios (por ejemplo, Hacienda) brindan soporte administrativo vital al centro; (ii) Poca coordinación entre políticas sectoriales, lo que conlleva a políticas inconsistentes e incoherentes; (iii) Bajos niveles de impugnabilidad durante la formulación de políticas, ya sea dentro del ejecutivo, desde el legislativo o desde fuera del sector público; (iv) Desconexión entre la formulación y la implementación de las políticas; y (v) Si bien la política influye fuertemente en la formulación de políticas públicas en el caso de Perú, estas deben ser consensuadas en el Foro del Acuerdo Nacional.

1 Blind (2006) y Arizti et al. (2010)
2 LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN L A OCDE: IDEAS PARA A MÉRICA L ATINA.

En la era Humala: El Perú de cara al futuro

2011-08-03T11:45:00.000-07:00

El Perú es un país con un Estado excluyente, perverso y de profundas desigualdades, peligrosamente fracturado en dos mitades social y políticamente y en dónde no obstante su complejidad, la percepción del grueso de sus ciudadanos sigue siendo la apuesta por el cambio y la esperanza. En este contexto, no están ausentes las expectativas de quienes están dispuestos a fomentar el desorden y el caos social. Tampoco las tentaciones extremistas de algunos, ni las imprevisiones, que pueden provocar un estado de “anomia” con imprevisibles consecuencias políticas, sociales y económicas, en el caso de no exhibir celeridad en sus actos más puntuales de gestión, tales como la seguridad ciudadana y la inclusión social.

Apenas iniciada la gestión del Presidente Ollanta Humala, este y su Primer Ministro Lerner en particular, de acuerdo a lo que se puede apreciar, ya se encontrarían, esperemos que no, ante un presente cargado de incertidumbres, pero final y felizmente, al frente de la nave llamada PERU y de cara al futuro. Estamos seguros de que será para bien de todos los peruanos, en especial de la juventud y de los que menos tienen.

En un breve diagnóstico sobre el Perú, en su primer mensaje a la nación, ha señalado el Presidente Humala con humildad y sencillez que trasciende desde ya la historia…”Nuestro país trabajador, honrado y diverso, se encuentra fracturado y herido. Sufre el abandono de los políticos y de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado que le ha dado la espalda al interior del país, un Estado que sufre de mal de altura o soroche y que se niega a subir los andes y extenderse en nuestra amazonia. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad. Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más estado, más patria y que la corrupción sea sancionada….Sin embargo, transformar el país no es tarea fácil. No solo porque el cambio es siempre una tarea de multitudes, sino porque también implica enfrentar y superar nuestros problemas, proponer una nueva manera de convivir”.

En un tema medular y crucial para la construcción de un nuevo Estado-Nación y reconocido como la “gran Transformación” ha sostenido:…”Evoco aquí nuevamente la figura de Haya de la Torre y su legado, plasmado singularmente en la Constitución de 1979, la ultima constitución de origen democrático, a la que muchos no la han respetado y por eso la olvidan, que constituye para mí una verdadera inspiración por su contenido nacional, democrático y de libertad”.

También como fundamento de la funcionalidad del país, ha mencionado que su administración será un gobierno para todos y recordando a Mariátegui, no habrá calco ni copia, sino creación heroica y eso es lo que el Perú espera desde hace 190 años y se hará a través de un Estado promotor del crecimiento y del progreso social, priorizando la educación, salud y nutrición infantil, mejorando las condiciones de trabajo, en especial de los CAS y servicios no personales, invirtiendo en infraestructura, en escuelas, en postas médicas, en cunas y mejorando el salario básico.

Importante y fundamental para una nueva “visión de país” han sido sus expresiones:….”Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio. Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá, no lo dudo, y repito no lo dudo, que esta significativa contribución beneficie a todo el país.

En cuanto a la necesidad de reforzar un “Estado de bienestar” ha sostenido que:…Reconstruiremos una verdadera Marina Mercante del Perú para ejecutar lo que dispone la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional. Fortaleceremos el SIMA y ENAPU como empresas eficientes y buscaremos que la construcción de más aeropuertos se oriente también hacia el fomento el turismo. Tomaremos las medidas necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia, sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país. En el campo de la infraestructura, se proseguirá con la ejecución de obras viales como los proyectos IIRSA Interoceánica del Sur, Interoceánica del Norte, los programas Costa-Sierra y apoyaremos la elaboración y construcción de proyectos ferroviarios. El gobierno nacional será el principal aliado de los gobiernos regionales y locales. Una de nuestras primeras medidas será la instalación de un mecanismo de relación fluida del gobierno con los presidentes regionales, incluyendo el reconocimiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales.

Para la ejecución de las políticas públicas nacionales, el gobierno realizará reuniones descentralizadas buscando el diálogo con las autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad. Los compromisos de mutua obligación serán objeto de seguimiento desde el gobierno. Consolidaremos el proceso del presupuesto participativo. Fomentaremos la vigencia de los Consejos de Concertación Local y Regional ahora debilitados y en algunos casos hostigados, como expresión de un enfoque de gestión compartida. En el caso concreto de Lima, que ha crecido de forma desordenada y caótica, daremos continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad.

El gobierno siente que uno de los graves problemas que provoca temor y frustración en las personas es el de la inseguridad. Se arrastran en ello 30 años de fracasos y muy pocos éxitos y los que sufren las consecuencias de la violencia del crimen organizado, el narcotráfico y el pandillaje son los más pobres. Queremos cambiar esa historia de ausencia de liderazgo político y la carencia de una política de estado eficaz en esta materia. Es necesario desterrar la idea de que la inseguridad es un problema exclusivo de la policía. Por eso anuncio que así como el Presidente de la República preside el Consejo de Defensa Nacional, presidiré también un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad para darle un carácter multisectorial.

Activaremos un Servicio Policial Voluntario, equiparemos y conectaremos a las comisarías a la red digital, estableceremos penales fuera de Lima y de las principales zonas urbanas del país implementaremos el trabajo físico para condenados por graves delitos…. En mi gobierno no habrá perdón para violadores, ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña.

La corrupción es para nosotros un elemento que debilita al Estado y afecta su desarrollo. Es, por lo tanto, un problema de seguridad. En tal sentido, defiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública; y defiendo la eliminación de los beneficios penitenciarios en los casos de corrupción.

A MANERA DE CONCLUSION

Hasta aquí, todo lo expresado por el Presidente Ollanta Humala, nos permite recordar y reconocer que lo local, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de los actores sociales e institucionales y como instancias de gobierno y construcción social del desarrollo, es la dimensión más adecuada porque en él, se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergias generadoras de desarrollo.

En este siglo XXI, en que asistimos a la mayor y más acelerada revolución científica y tecnológica, nuestro país, no puede seguir a la espera de los más profundos cambios de sus actuales estructuras jurídicas, sociales, institucionales y políticas, en búsqueda de nuevos parámetros de equidad para acceder a los beneficios a favor de la mayoría de peruanos, en momentos en que la aspiración de justicia recorre cada uno de los rincones del país como sustento ético de generación en generación y hoy más que nunca vigente, pero también factible.

Sí hemos llegado hasta aquí, es porque hemos escogido el cambio y la esperanza por encima del miedo y la mezquindad oportunista de algunos y además porque estamos seguros de que el presente, es un tiempo extraordinario que desafía nuestra imaginación y creatividad, nuestra actitud y disposición hacia el cambio, la innovación y la competitividad del Perú, que exige de nosotros el leal compromiso en la búsqueda del largo plazo en pos del desarrollo humano y sostenible.

Finalmente lo dicho por el nuevo Presidente de nuestra nación aún joven, nos debe orientar al fortalecimiento y protagonismo de la sociedad civil, mediante la transferencia de poder y capacidad de decisión hacia los espacios locales y regionales, hasta hoy concentradas de gran manera en estructuras estatales y de gobierno egoístas perversas y corruptas, muy bien el ordenamiento territorial y el apoyo al transporte para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no debemos asustarnos cuando se nos habla de impulsar el apoyo al SIMA-PERU y a la creación de una poderosa marina mercante nacional, así como de la creación de una Línea de Bandera con el propósito de fortalecer un Nuevo Estado Nación de Bienestar. Aquí no se trata solo de reformar el Estado, como hasta hoy se ha hecho y se sigue pregonando “achicándolo” o empequeñeciéndolo para servicio de unos pocos, reduciendo y castigando el salario de sus trabajadores o rematando sus bienes o empresas al mejor postor previamente elegido, sino de transformar la perversa relación que nos han impuesto ante la sociedad. Se trata de desprivatizar al Estado Peruano, que ha funcionado como garante de un modelo neoliberal y de los intereses de unos cuantos, para dotarlo de una misión que responda a los intereses de la sociedad peruana a la que se debe. Se trata de convertirlo en un instrumento facilitador y promotor del acceso a las oportunidades, en especial de los que hoy están excluidos y en la pobreza.

Lima perversa y corrupta, un fracaso más que importa*

2011-06-16T12:42:00.000-07:00

¿Mientras la tierra Aymara se incendia, en el Perú fracturado y desigual del siglo XXI, la frivolidad perversa y opulenta de los que se sienten dueños de la heredad colonial borbónica, - No la de Haya de la Torre, que clamó por la integración de los pueblos y la justicia social - enclavan la imagen del “Cristo del Pacífico” en el otrora “Cerro Bermejo ó mejor conocido como Morro del Solar”. No les importa que el Perú se desangre y desoyen el grito libertario de J. G. Condorcanqui en Tinta y Tungasuca.

¿En el Perú de hoy (2011), es posible la descentralización y la regionalización para acabar con la desigualdad y la pobreza y alcanzar el tan soñado desarrollo sostenible y humano para todos los peruanos, sobre su actual ordenamiento administrativo y territorial departamental?

¡Definitivamente no!

En el Perú, a lo largo de su historia hemos tenido doce (12) Constituciones. En el 2002, una vez más con la Ley N° 27680 se reformó la Constitución de 1993 y se crearon Gobiernos Regionales en cada circunscripción departamental, inclusive la Provincia Constitucional del Callao (24)-Art. 30° de la Ley 27783-Ley de Bases de la Descentralización; en esta norma, también se estableció la conformación y creación de regiones en base a la integración o fusión de dos ó más circunscripciones departamentales colindantes y mediante consulta a la población vía referéndum. La primera consulta señalada en la Ley debió llevarse a cabo en el segundo semestre del 2004, ésta recién se realizaría el 30 de Octubre del 2005, no alcanzando el necesario apoyo electoral, el segundo acto de consulta señalado en la norma legal, solo se haría seis años después, o sea, en el 2011, pero como están las cosas y con un nuevo gobierno (Junio 2011), este proceso seguirá postergándose; por tanto; aún no se ha conformado en todo el Perú ninguna región propiamente dicha, tal y como lo señala la ley de bases N° 27783 en su Artículo 28°.

También, para supervisar, conducir y monitorear el proceso, la Ley de Bases de la Descentralización-Ley 27783, artículos 23 y 24, creó el Consejo Nacional de Descentralización (CND). Sin embargo, esta institución fue criticada de ser burocrática e ineficaz por el gobierno de Alan García 2006-2011. Por lo que, el 24 de enero 2007, el CND fue abolido y reemplazado por la Secretaría de Descentralización, como dependencia adscrita al Despacho del Primer Ministro, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, Artículos Nº 1, 3.

No obstante los esfuerzos para lograr la anhelada integración regional del Perú, en el año 2010, se realizaron nuevas elecciones para elegir a autoridades regionales y municipales, las mismas que han iniciado sus mandatos el 1° de Enero del 2011, sumergidos en el desconcierto y el desconocimiento de un proceso que al parecer, se perfila como una frustración nacional más.

Historia y evolución del ordenamiento administrativo territorial

Durante el incario, el ordenamiento administrativo territorial, como fundamento, social, económico y político, fue el de los “Suyos”. Durante gran parte de la época colonial, las acciones y el dominio del territorio se concentraron en la Sierra. Con la Declaración de la Independencia en 1821, éste se trasladó a la Costa y durante el siglo XX, se centralizó excluyentemente en Lima y es por eso, que el notable poeta Colónida A. Valdelomar con culta ironía diría: "El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy yo."

Es importante precisar, que mientras en la Colonia, el fundamento de la política de ordenamiento territorial, lo constituía la explotación minera de metales preciosos y en menor medida la agrícola bajo dominio militar; en la república, lo fue el latifundismo agrario-exportador sustentado en el dominio electoral y/o militar; en la actualidad la venimos ensayando en una primera etapa, sobre las jurisdicciones departamentales.

Túpac Amaru, las Intendencias y la creación de los Departamentos

En artículos anteriores hemos sostenido que “Los Estados en el mundo, son las construcciones históricas y heroicas de cada sociedad”; y al “Estado Peruano” lo hemos estigmatizado como un ente débil, excluyente, perverso y ocupado por gobernantes al servicio de grupos de poder y burocracias poco preparadas e indiferentes de la necesidad de construir “una visión de país” y por tanto, ausente desde su fundación en la elaboración de propuestas nacionales de desarrollo, en procura de la felicidad y el bienestar de sus connacionales.

En tal sentido, los peruanos hace 200 años venimos intentando de manera errática la descentralización, como una forma de ordenar el territorio en pos del desarrollo y hoy, en pleno siglo XXI, con una economía en crecimiento sostenido, no hemos sido capaces de hallar las respuestas que generan la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Entonces y ante la vorágine que generan los cambios en la era de “información y el conocimiento”; bien vale la pena preguntarse: ¿Qué es lo que ha fallado en esta urgente necesidad nacional? ¿Qué razón primó para montar sobre los Departamentos creados a partir de 1828 a las actuales 26 regiones?...¿Se fue tan ingenuo al asignar poder político y recursos presupuestales a territorios inviables, a sabiendas que la desarticulación del territorio genera clientelismos políticos, conflictos y retroalimenta la pobreza y la corrupción?

Las respuestas, tal vez las encontremos en la falta de un estudio para la elección de un modelo o diseño apropiado, la oportunidad política, la norma o la ausencia de un Plan Nacional de Descentralización y de Regionalización del país. Muchas pueden ser las causales, pero ninguna justifica la postergación, de la urgente e imperativa necesidad de reestructurar al país, dotándolo de una nueva propuesta de ordenamiento jurídico y administrativo de su territorio a través de la creación de “Geosistemas sostenibles”; en lugar de mantener 26 republiquetas regionales inviables y burocráticas, que por su origen retroalimentan pobreza, violencia política, no facilitan cohesión e integración social, generan inseguridad jurídica e ingobernabilidad, debilitando la legitimidad del Estado.

Dentro de este contexto, quienes nos han gobernado, no han valorado, menos entendido la gravedad de la “disfunción territorial” que acarrea grandes males y conflictos políticos y sociales como los de “Bagua”, “Tía María” o el gravísimo y de imprevisibles consecuencia del pueblo Aymara, en Puno, con bloqueos de carreteras, siendo el más patético, el caso de la reciente ola de “friaje en la zona del Altiplano y al cual, la burocracia centralista del MIMDES, responde como en otros años, con respuestas paternalistas y poco imaginativas como la de: “Llevemos calor a los niños de Puno”.

Finalmente, ha llegado el momento de entender, que un hecho común, tanto, para los Estados Unitarios, Federales ó Regionales, es la supremacía o superposición del Estado a la Sociedad, de la capital a la provincia y de la élite política al conjunto de la población. El sentimiento descentralista como esencia de una “revolución silenciosa” insurge como un grito provinciano, en pos de un nuevo ordenamiento administrativo del territorio, que le permita más democracia y participación en el ejercicio subsidiario de su gobierno, como facilitador del progreso, la innovación, la competitividad y el desarrollo humano.

Túpac Amaru, las Intendencias y la creación de los Departamentos

De Bolívar dijo Neruda: «Despierta cada cien años, cuando despierta el pueblo». El Perú ha tenido que esperar doscientos para que Túpac Amaru vuelva al camino, se le reconozca como el primero de los Libertadores, y se le exalte en su vasta proyección continental. En la imperial ciudad del Cusco, la prometida capital de sus antepasados y hasta Lima han llegado con la ofrenda de sus elogios, Germán Arciniegas, nuevo Cronista Mayor de las Indias nuevas y Boleslao Lewin, polaco peregrino de la verdad histórica. TUPAC AMARU, EN LA CONSTITUCIÓN Andrés Townsend Ezcurra (Revista Oiga, Lima, 1981)

Luego de la sublevación de Túpac Amaru, la dinastía borbónica buscó crear un nuevo modelo territorial de autoridad política a través de las Intendencias⁽¹⁾, como correctivo de los corregimientos abusivos y despóticos y causa de la primera sublevación libertaria de José G. Condorcanqui. Así, en 1782 se crearon las intendencias de Lima, Cusco, Huancavelica, Huamanga, Trujillo, Arequipa, Tarma y Puno. Estos nuevos espacios territoriales eran unidades geoeconómicas de control militar, en un virreinato extenso de más de un millón de habitantes, cuya red carretera era muy rudimentaria y de escasa integración. Así se establecieron unidades territoriales aisladas que debían ser autosuficientes económicamente, más fuertemente centralizadas al poder político de la metrópoli colonial.

Al producirse la Independencia, la Constitución de 1823 mantuvo las Intendencias, posteriormente y con la Constitución de 1828, cuando el debate entre federalistas y unitarios fue ganado por estos últimos, se estableció una nueva fórmula territorial tomada de la Francia republicana: el Departamento (²). Estos sustituyeron a las intendencias coloniales. Los “criollos” que ejercieron el poder, años después de la declaración de la independencia, jamás entendieron que el departamento francés no tenía la extensión nuestra -por eso ellos definieron 96 departamentos en un territorio mucho más pequeño-, ello correspondía a la dimensión de lo que hoy se denomina provincia, siendo además administrada por una Junta democráticamente elegida, en nuestro caso nunca dejó de depender del poder ejecutivo central por medio de su delegado llamado prefecto, a la usanza gala, pero sin su contenido descentralista.

El clamor Provinciano y la creación de los Departamentos

A lo largo de toda la república, los reclamos y las exigencias del Perú «provinciano» fueron respondidas desde el Estado Central con la desmembración territorial de los departamentos: ocho en 1834, once en 1850, catorce en 1856, dieciocho en 1876; veintiuno en 1904; hasta culminar con 24 departamentos en 1980. Esta subdivisión no formaba parte de ninguna distribución administrativa que legitimizara al Estado, sino el producto de algunos intentos románticos por descentralizar en algunos casos y en otros, consecuencia de la propia improvisación política o electoral, escondida bajo normas legislativas. Cuenta Luis Alayza, en su libro Mi país, que un candidato estaba a punto de perder la diputación de una provincia por haber aparecido un opositor incontrastable, el alicaído candidato fue llamado por el Presidente de la República, amigo suyo, quien le dijo: «No importa. Yo dividiré la provincia; y de la banda izquierda del río será para usted.». Así, mientras en la colonia el fundamento de la división territorial era la explotación agrícola o minera, bajo dominio militar; en la república su sustento fue agrario exportador, apoyado en el dominio electoral y/o militar; en la actualidad 2011, las motivaciones son electorales y clientelistas, tal es el caso de la creación de la Provincia de San Juan de Lurigancho en Lima.

⁽¹⁾ cháñame orbe, Raúl, Historia de las Constituciones (1812-1993), Instituto de Investigaciones UTP, Lima, p. 101.

⁽²⁾cháñame orbe, Diccionario de Derecho Constitucional, cit., p. 145.

* Ensayos sobre descentralización y regionalización

Hay Estado en el Perú…. ¿Dónde Está? – II

2011-04-30T23:07:00.000-07:00

Considerando como línea de base a la invasión española – 3 de Octubre de 1492 y según versión de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones, 100 años después se redujo a 600 mil, toda una catástrofe demográfica. Cuatro siglos después – tres de coloniaje y uno de república- la población creció entre 4-5 millones; luego en poco más de medio siglo -1940-2011- creció en cerca de 24 millones, totalizando en la actualidad, una población aproximada de 30 millones.

A tan sólo diez años de cumplir 200 como República independiente y “soberana”, los peruanos del s.XXI, seguimos inmersos en un debate estéril acerca de: Cómo vencer la pobreza y la exclusión de más de diez millones de compatriotas; la inseguridad social y ciudadana que han generado el crecimiento poblacional y de sus ciudades, principalmente Lima; más de un 60% de sus actividades económicas se manejan en la informalidad, un 32 % de los niños de 0 a 5 años, mueren a causa de la desnutrición crónica y de enfermedades que pueden evitarse; la educación y la salud precarizadas físicamente y en calidad. Todo lo señalado, como corolario y cruel paradoja, en uno de los territorios más mega diversos y ricos del planeta, tal vez por los rezagos de un “estado centralista, perverso y perniciosamente corrupto en casi todas las esferas e inmerso, en un proceso descentralizador, que al parecer, terminará siendo otra frustración nacional”.

Ante la dramática situación descrita y las inequidades del crecimiento económico -tan publicitado por los gobernantes de turno- el mismo que no se redistribuye entre los más pobres y olvidados de la tierra; ningún peruano, nacido en este territorio, puede callar su voz, sin dejar de sindicar y condenar la incapacidad de nuestra clase política y de los gobernantes, por no haber diseñado un modelo de Estado Moderno y Científico, tal como lo planteó Haya de la Torre, para bienestar de la nación en su conjunto, que lo articule y precise las líneas maestras de un desarrollo sostenido a largo plazo. En este intervalo, se han ensayado 12 Constituciones y la vigente de 1993 como rectora del contrato social, sigue en cuestión y como si esto fuera poco, la organización política y administrativa a nivel de Departamentos, pésima copia del departamentalismo francés, de los años 20 del siglo XIX, sustenta las bases de un nuevo proceso de descentralización, atrofiado en sus inicios y caminando a tientas hacia un nuevo fracaso.

Según testimonios de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones antes de la invasión española y 100 años después solo era de 600 mil; esto en realidad se consideró como una catástrofe demográfica. No obstante lo señalado, en cuatro siglos —tres de coloniaje y uno de república— la población del Perú creció en alrededor de 4-5 millones de personas, y posteriormente en más de medio siglo - 1940-2011- creció en 24 millones adicionales, totalizando una población aproximada de 30 millones.

Esta explosión demográfica, es coincidente, con intensas transformaciones económicas y sociales en el Perú, producidas sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llevó a cabo el proceso de industrialización por substitución de importaciones. La economía se centralizó progresivamente en Lima y en la Costa, y pese a los múltiples intentos realizados desde fines del siglo XIX, no se logra aún descentralizar eficiente y subsidiariamente el Estado. En el 2011, el Perú se acerca a tener 30 millones de habitantes; un tercio de este total reside en la región de Lima, otro tercio en ciudades y pueblos, y el tercio restante, disperso en el ámbito rural.

En tanto la dinámica económica que ha experimentado el país, no ha guardado correspondencia con la dinámica demográfica. El acelerado crecimiento vegetativo de la población y la intensa migración interna se explican, por la disponibilidad de capitales para las grandes explotaciones agroindustriales, el desarrollo de la industria de consumo y el incremento del comercio interno y externo. La población provinciana se desplazó en busca de oportunidades hacia otras, como Lima o las ciudades de la Costa, que generaban la ilusión de alcanzar mejores niveles de vida y más posibilidades de bienestar. También a partir de la década de 1980, y debido a las sucesivas crisis económicas y políticas y al conflicto armado interno, muchos peruanos se vieron obligados a migrar de las zonas afectadas a las ciudades grandes y a otros países, principalmente a USA, Venezuela, Argentina, Chile, España e Italia entre otros. Se estima que se fueron dos millones de peruanos, buena parte de ellos técnicos o profesionales calificados.

Algunos lectores, encontrarán tal vez exagerado el titular de esta nota…Hay Estado en el Perú…¿Dónde está?, pero al plantearlo, sólo deseamos cuestionar al actual, débil y malformado, pues ni siquiera ha logrado constituirse en un instrumento de ordenación y vigilancia del contrato social, capaz de distribuir con justicia y eficiencia, y de cumplir con sus funciones elementales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y promoción del empleo. En este sentido, no ha llegado a superar condiciones mínimas y sus omisiones son notables. Que duda queda, en los momentos electorales que vivimos, sino la de mirar la ominosa indiferencia, en la forma, en la que los sucesivos gobiernos han conducido los asuntos de Estado, la administración de los recursos nacionales, la definición de políticas de justicia distributiva, el manejo responsable de las finanzas públicas, la soberanía en las decisiones estratégicas para el desarrollo, y organicidad de su estructura y la forma inclemente y miserable de reclutar y pagar a su personal. En la vorágine de los problemas del crecimiento de la población y la escasez de capitales, el Estado peruano ha sido víctima mayor de la incompetencia y por supuesto, de la falta de recursos. Su proceso formativo ha sido frustrado al haberse convertido en objeto de intereses particulares y de corrupción casi generalizada y en agente del abandono de las responsabilidades fundamentales de buen gobierno.

En las últimas décadas y hasta en la actualidad, se viene tratando de contrarrestar los efectos negativos de la pobreza y la exclusión con políticas asistenciales, sin considerar que éstas, retroalimentan el círculo vicioso de la pobreza y de corrupción clientelista. Así, para una minoría que pugna por el poder, el Estado es una fuente esencial de empleo y de recursos, usando y sirviéndose de métodos cada vez más visibles y censurables. Para más de un tercio de la población en indigencia y sin empleo, el Estado es un sistema de asistencia -principalmente alimentaria— así como una fuente de insatisfacciones y un destinatario de variados reclamos.

Para la gran mayoría de los que pugnan por alcanzar el poder, independientes o líderes movimentistas, porque partidos políticos ya no existen. Hay un Estado para las decisiones fundamentales relativas a la gran propiedad, la inversión pública, las concesiones y privatización de lo que aun queda, la determinación de políticas económicas, en síntesis “la política del perro del hortelano”. Y hay otro Estado gendarme o beneficencia, "el social", para "atender a la población", encargado de mantener a raya el descontento social y la protesta mediante la politización de las necesidades, la manipulación y la propaganda sicosocial. Por tanto, el “Estado” que hay en el Perú, no ha podido, en cambio, cumplir con sus deberes elementales para con la democracia: Forjar una visión compartida del Perú como nación y como país, hacer crecer la economía para distribuir, hacer respetar al Perú como nación, cumplir con dar igualdad ante la ley y calidad de ciudadanos a las crecientes cantidades de peruanos y sobre todo acabar con las lacras de la corrupción.

Es por todo lo señalado, tal vez con un poco de valentía, que éste tipo de Estado que aún prevalece en el Perú, no puede convivir con la posibilidad de establecer la igualdad ante la ley, el acceso de los ciudadanos a todo tipo de información y la plena libertad de expresión. Un sistema de justicia imparcial, ágil, transparente, abierto, jamás será compatible con la actual situación. La fiel aplicación de las leyes existentes y la modificación de la normatividad que favorece los tratos preferenciales y la exclusión económica y social, podría remecer los cimientos mismos del Estado y particularmente acabaría metiendo a la cárcel a un número incalculable de gobernantes de los espacios nacional, regional y local y de otros funcionarios rapaces y coimeros de los otros poderes del Estado y de burócratas insensibles que pugnan por todos los recovecos, tras la coima hormiga.

Es verdad, que la incipiente apertura y divulgación general de la información referente a las contrataciones, el establecimiento de precios, las concesiones, las exoneraciones fiscales, es un tema en el que se han producido significativos avances, todavía insuficientes. No solamente se trata de disponibilidad de información, sino también de expresa divulgación de la manera en las que se negocia los intereses nacionales, y en esto último la labor es todavía de poca trascendencia. La posibilidad de que los ciudadanos puedan enterarse, es un importante paso inicial, pero la meta es la existencia de expresa divulgación y convocatoria cuando se trata del interés nacional.

De otra parte, la libertad de expresión se viene ejercitando como libertad de los medios informativos. Éstos han cumplido un importante papel de vigilancia de los intereses nacionales y denuncia de actos de corrupción, convirtiéndose en frecuentes ocasiones en bastiones de la defensa de los derechos civiles y de la moralidad pública. En los últimos tiempos viene siendo de manera creciente instrumentos de poder con gran autonomía, asociados a intereses adversos a la colectividad o de franca corrupción, en las actuales circunstancias electorales, a la gran mayoría de peruanos, no le queda ninguna duda, el parcializado e interesado apoyo a la candidata representante de la corrupción más feroz que haya padecido el Perú en toda su historia, el ingreso del sicario del periodismo Jaime Bayly en la “guerra sucia” electoral, así lo rubrica.

La profusión de la prensa amarilla, la devaluación de la calidad educativa en los mensajes de buena parte de la televisión de señal abierta, son ejemplos de lo que no debería ser la comunicación de masas. La prensa, en el balance actual y de la historia, seguirá siendo un deformador del Estado y un devaluado elemento de referencia para la formación de las personas, que debiera apuntar a una sociedad y por ende a un Perú mejor.

Hay Estado en el Perú.... ¿Dónde está? –I

2011-04-29T11:20:00.000-07:00

Para entender la política y a los “políticos” en el país en que vivimos y más allá de lo leído en los “Diálogos” de Platón, acerca de la estructura de un “Estado ideal” y el bienestar de la gente ó de la introducción de la palabra “Estado”, hecha por Maquiavelo, en su célebre obra El Príncipe. Con seguridad podemos afirmar, que “Los Estados en el mundo, son las construcciones históricas y heroicas de cada sociedad”; tal y como lo fueran y lo son: El Estado Inglés y el alemán.

En el Perú de hoy, el Estado es débil, excluyente y perverso por voluntad e interés, de quienes ostentan el poder de su gobierno, por tanto ausente para las grandes mayorías en materias de empleo, educación y salud, seguridad y empedrado de facinerosas fechorías y oscuras intenciones que el mañana de seguro tendrá que decantar y condenar.

Es por eso que, Manuel González Prada consideraba a la nación peruana como un «organismo enfermo». Las causas de la enfermedad las encontraba en la exclusión de población mayoritaria del país: los indios que forman el verdadero Perú: «La nación –escribió– está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera». Pero esta población no había sido incorporada a la nación pues se mantenía la escisión impuesta por la conquista española entre la república de los indios y la república de los españoles, división que la Revolución de la Independencia no eliminó sino acentuó. Observaba que el indio no era un ciudadano, «no tiene derechos sino obligaciones» y estaba sometido a un «verdadero régimen feudal» que tenía su núcleo en la hacienda y en el hacendado o gamonal. Por eso consideraba que la forma de gobierno que existía en el país no podía llamarse república democrática porque «dos o tres millones de individuos viven fuera de la ley»58.

En tal sentido y con la finalidad de concatenar el proceso científico e histórico de la construcción del Estado en el Perú y de su conducción estratégica, debemos entender que la fundación del APRA, en el primer tercio del Siglo XX, sustenta su origen en la crítica del Estado en el Perú como punto de partida de su proyecto político. En los análisis de V. R. Haya de la Torre, este problema tenía dos ejes principales: por una parte, el señalamiento de la contradicción entre la realidad histórico-social –feudal o semifeudal– y el sistema político –liberal y democrático–; y por otra, la constatación de la profunda y permanente inestabilidad del Estado desde la Revolución de la Independencia, pues éste no representaba a la nación peruana. La explicación de estos dos hechos los encontraba en la forma como se había constituido el Estado en el Perú. Para Haya de la Torre, con la conquista española se estableció el feudalismo en el Perú, donde el poder era ejercido por los grandes propietarios terratenientes. La Revolución de la Independencia no sólo no modificó ese orden social sino que lo afirmó, pues lo liberó del control de la metrópoli73.

Por tanto y como visión retrospectiva de la historia de nuestro país en el tema que nos ocupa y ante la debacle electoral (10Abril 2011) del Partido que nos legara para la construcción de un Estado Científico y con justicia social y sobre todo en lo que respecta al desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas. Como no decir, sin duda alguna, que, quien mejor encarnó el sentimiento nacionalista y democrático de las capas medias fue Víctor Raúl Haya de la Torre (1895- 1979). En 1919, como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, llevó adelante la lucha por la reforma universitaria, tan necesaria el día de hoy. En 1920, con la Federación de Obreros Textiles funda la «Universidad Popular González Prada» en Lima y en Vitarte, poniendo en ejecución un acuerdo del Primer Congreso de Estudiantes (Cuzco, 1919). En 1923, impulsa el movimiento de oposición a la consagración del Perú al Corazón de Jesús, ceremonia promovida por el gobierno de Leguía con el objeto de legitimar su segundo mandato presidencial. Ese mismo año es deportado con el pretexto de que conspiraba para derrocar al gobierno. En 1924, en México, establece las bases programáticas y organizativas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Todas estas actividades estuvieron inspiradas por un profundo sentimiento anti oligárquico y de amor por el Perú.

Desde aquellos tiempos, para Haya de la Torre, el Estado en el Perú no sólo era antidemocrático sino que, además, tenía un carácter antinacional, puesto que estaba sometido a la voluntad del imperialismo a pesar de declararse soberano e independiente. Sostenía, que el Estado «dentro de su presente arquitectura económica feudal o semifeudal-capitalista depende ineludiblemente del imperialismo, se convierte en su instrumento de dominación en nuestros países y no puede hallar otra dirección económica que la de entregarse a la esclavitud que le impone el imperialismo»76. En consecuencia, el Estado no expresaba los intereses de la nación sino que, por el contrario, constituía el instrumento que utilizaba el imperialismo para oprimirla. El imperialismo, además de explotar económicamente al país, lo «subyuga y explota también como nación» al despojarlo de su «soberanía nacional» y de su «libertad nacional». Por eso, para Haya de la Torre, la revolución antimperialista tendría como tarea principal «peruanizar el Estado»; esto es, rescatarlo del dominio imperialista y convertirlo en la expresión de los intereses de las mayorías nacionales77.

Señalaba Haya de la Torre, por su carácter extranjero, el imperialismo necesitaba del concurso de los grupos internos de poder para ejercer su dominio. Este papel lo desempeñó la clase terrateniente, la que «a cambio de una política de concesiones, empréstitos y otras operaciones» se convertiría en intermediaria del capital extranjero, deviniendo, día a día, en su «agente y súbdito». Esta asociación constituiría la estructura del poder en el Perú78.

Si la Revolución de la Independencia, en el siglo XIX, trajo como consecuencia el predominio de la clase feudal en el control del Estado, la presencia del imperialismo, en el siglo XX, significó su consolidación. Este hecho tuvo como consecuencia la constitución de un «indefinido y bamboleante » aparato estatal, pues, a diferencia de lo ocurrido en los países europeos, donde el Estado es «el producto de una clase», en el Perú ha sido la expresión de un pequeño grupo, de una oligarquía donde predominaban «personas que tienen algo del caníbal y del señor civilizado»79. Un Estado débil e inestable, extraño a las mayorías nacionales y representando únicamente a una minoría «no es una institución definida, una máquina lista».

Consiguientemente y para validar la sentencia de la ausencia del: Estado en el Perú… ¿Dónde Está?; es que intentamos desde una óptica política, una breve descripción y análisis de los condicionantes del proceso histórico y social del Perú. Sin recordar este escenario, a sus actores y sus dificultades no es posible comprender las complicaciones del tan cacareado crecimiento, el desarrollo y la competitividad que los peruanos y en especial, la de aquellos que viven fuera de Lima demandan, en primer lugar, reformando y vigorizando el papel del Estado subsidiario, descentralizándolo y haciéndolo más eficiente en su proceso de construcción de una economía más sostenible, competitivas en el espacio local, regional y nacional y mirando de cara al futuro, la esperanza de un país globalizado, más equitativo y con justicia social.

Finalmente e inspirado en las lecciones que nos legara Haya de la Torre y en el artículo, “Perú: ¿por qué podría ganar Ollanta Humala?”- AMÉRICA Economía – 13/04/2011- Eco. Roberto Pizarro79. La renuncia del APRA a su propia historia, a sus convicciones social-demócratas, se convirtió en un suicidio político. Al igual que los socialistas chilenos, han recibido el repudio de los sectores populares. Alan García continuó con entusiasmo la política de crecimiento y dejó de lado la distribución. No revisó los errores de su vecino chileno. Simplemente copió. Al final de cuentas en ambos “milagros” los beneficios del crecimiento se han acumulado en una minoría. En cambio, la mayoría observa con desencanto que los frutos del trabajo rinden escasamente, mientras la educación y salud se muestran inservibles para los pobres y costosas para los sectores medios.

Igual que Chile en los años 90, el Perú es el país que más crece en América Latina. La macroeconomía anda bien. Revela un reducido déficit fiscal, elevadas reservas internacionales, inflación baja y aumento de las inversiones. Pero, el crecimiento se basa en la exportación de materias primas, con escasa diversificación, salarios congelados, empleo precarizado y 60% de los trabajadores en la informalidad. El último informe de Oxfam (Informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009) destaca que el crecimiento económico no ha beneficiado a las poblaciones excluidas del país, mientras las desigualdades sociales persisten. Si los gobiernos quisieran eliminar la pobreza sólo con el crecimiento económico (por la vía del derrame) se necesitarían más de 80 años de aumento del PIB, por encima de los 5 puntos, para alcanzar tal propósito.

Al mismo tiempo, se informa que las empresas que operaron en los últimos años en el país lograron utilidades superiores a las de las 500 empresas más rentables del planeta, mientras los sueldos cayeron en tres puntos porcentuales en esta época de bonanza.

A mayor abundamiento, Michael Porter, gurú de los negocios, en una conferencia ante el empresariado peruano, manifestó una opinión muy crítica respecto del modelo económico peruano. Destacó que su patrón productivo, concentrado en recursos naturales, no era capaz de generar suficiente empleo y que las desigualdades y la baja productividad eran en extremo preocupantes (diario La República, 27-12-2010). Agregó que la reducida inversión en ciencia y tecnología (0,2% del PIB) y los bajos niveles de educación colocaban en cuestión la competitividad y frenaban el desarrollo. En definitiva, las buenas cuentas macroeconómicas resultan insuficientes, porque no dan sostenibilidad al crecimiento a mediano plazo y no garantizan el desarrollo. Adicionalmente, el crecimiento sin distribución genera tensiones sociales e inestabilidad política.

Los resultados de las elecciones revelan el profundo malestar de la sociedad peruana. En particular, la insatisfacción de los desamparados con un modelo económico que se muestra generoso con los que tienen más y avaro con los humildes. Ojalá que luego de concluido el balotaje electoral, el 5 de Junio, el gobierno que se instaure en el Perú a partir del 28 de Julio, interprete el legado de Haya de la Torre, acerca de la construcción de un Estado que reconozca la igualdad de todos los peruanos y su afán de justicia social y que devele de una vez por todas, la nefasta forma de gobernar una nación, con Toledo se construyó el segundo piso del fujimorismo y con García el tercero, siempre de espaldas a las necesidades de la nación y con un gran tufo de soberbia y corrupción.

MANUEL GONZÁLEZ PRADA Y VÍCT OR RAÚL HAYA DE LA TORRE, César Germaná.

58 Manuel González Prada. Horas de lucha. Op. cit.: 184.

73 V. R. Haya de la Torre. «Política Aprista», en Obras Completas. Op. cit. T. V: 56.

76 V. R. Haya de Torre. «El Antimperialismo y el APRA», en Obras Completas. Op. cit. T. IV: 88.

77 V. R. Haya de la Torre. «Política aprista». Op. cit. T. V: 66.

78 V. R. Haya de la Torre. «El antimperialismo y el APRA». Op. cit. T. IV: 148.

79Perú: ¿por qué podría ganar Ollanta Humala?

AMÉRICA Economía – 13/04/2011- Eco. Roberto Pizarro.

Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ministro de Planificación y Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).

El reto de la Descentralización en el Perú

2011-04-04T07:48:00.000-07:00

Perú: La necesidad imperativa de articular y alimentar sinergias en pro de la integración

A manera de presentación o introducción de este espacio de análisis, reflexión, debate y a tan sólo 10 años de cumplirse el Bicentenario de la Independencia del Perú -1821. La descentralización y la Regionalización, aún siguen siendo un viejo y caro anhelo provinciano y de los peruanos en general, en el afán de construir, un estado más eficaz y más eficiente, más allá de las endebles e interesadas variantes, que se han intentado en nuestro ordenamiento constitucional sin mayor éxito.

La Constitución de 1933 creó los Consejos Departamentales que nunca funcionaron, largos años después y estando vigente la Constitución de 1979; durante el régimen del Presidente Alan García 1985-1990, se crearon once regiones, en forma vertical, apurada e improvisada, sin visión de país, al final del gobierno y sin la organización debida; las mismas que se convertirían en causales para que la dictadura de Fujimori acabara con la naciente e incipiente organización regional; muy a pesar de que la Constitución de 1993 proclamaba, que la descentralización tenía que ser un «proceso permanente» orientado a lograr «el desarrollo del país» -art. 188, texto original-, postergó el inicio del proceso de regionalización, prolongando sin fecha y sin plazo, la vigencia de los famosos Consejos Transitorios de Administración Regional creados tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 como imposición auoritaria del poder central en todo el territorio nacional.

Luego de la caída del régimen autoritario el año 2000 y la subsiguiente recuperación de la democracia, nos encaminamos otra vez, en un nuevo intento de desconcentración del poder central, este proceso se inicia con la reforma integral de los artículos 188° - 199° del Capítulo XIV de la Constitución de 1993 relativo a la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades (Ley N^° 27680 del 7 de marzo del 2002), reforma que considera por primera vez a la descentralización como «una forma de organización democrática», la que a su vez, constituye una «política permanente de Estado» y cuyo objetivo es el «desarrollo integral del país» a lograrse de manera gradual «conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales» (art. 188° del Texto Reformado), y que a su vez, precisa, el papel que deben cumplir las regiones y las municipalidades, en aras de lograr el bienestar de todos los peruanos.

A la reforma del texto constitucional, le ha seguido todo un listado normativo, tal como la Ley de Bases de Descentralización (Ley N^e 27783, del 16 de julio del 2002), la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley N^° 27867 del 16 de noviembre del 2002) y la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N^° 27972, del 26 de mayo del 2003). Por cuanto y no obstante, los vacíos que observan, en este complejo conjunto de normas, resulta indudable que el proceso descentralizador en nuestro país, se ha puesto en marcha.

¿Camina el Perú, en la dirección correcta?. En la necesidad de intentar una respuesta a semejante interrogante; nos dirigimos desde la misma base de la sociedad civil, para presentar para su debate y discusión el presente blogg denominado “Ideas para un Perú Mejor”, permitiéndonos abarcar los más diversos tópicos que suscita el actual proceso de descentralización, tanto en lo que respecta a la nueva regionalización y su carencia de diseño, como en lo referente al papel que en aquella cumplen los más tradicionales gobiernos locales y que pareciera haberse detenido en el actual gobierno y en presente proceso electoral, tan pobre y carente de aportes por parte de casi todos los candidatos, en materia de descentralización y regionalización y que se oriente a reformar el Estado Peruano, aún excluyente e incapaz de llevar el ejercicio del poder, a los lugares más próximos a la gente y resolver subsidiariamente de una vez, la pobreza y la desnutrición de casi un tercio de nuestra población.

Los riesgos de una descentralización mal hecha, o carente de diseño, son muchas y muy conocidos: la creación de una nueva burocracia igualmente ineficiente y centralista por analogía, la atomización perniciosa de la República en 26 gobiernos regionales inviables, los conflictos con el gobierno central y entre los propios entes departamentales y distritales, las expectativas insatisfechas por la limitación de los recursos que conduzcan a conflictos sociales, la persistencia populista y electorera de creación de nuevas provincias, como la de San Juan de Luringancho, más allá, de las justas y necesarias reivindicaciones de su población sin proyecto alguno, la ausencia de capacidades, para un planeamiento del desarrollo, etc. De allí la extrema importancia que este proceso se desenvuelve bajo el leit motiv de la «eficiencia y la eficacia», pues un nuevo fracaso descentralizador nos puede conducir a nuestra desintegración como nación, tirando por la borda todo lo avanzado hasta hoy gracias al crecimiento económico.

Como fuere, lo que nunca se debe olvidar es que la descentralización es una larga y antigua aspiración nacional que requiere de un sincero espíritu de renuncia de adecuadas cuotas de poder que todos los que lo ostentan deben estar dispuestos a ceder por el bien del conjunto del país.

No obstante y como corolario de todo lo que exponemos como prolegómeno de un largo y desconocido camino por recorrer, en busca del bienestar de todos y cada uno de los peruanos y en instantes en que nuevas autoridades regionales y municipales, se adentran en un tercer período de gestión, iniciando sus responsabilidades como gobernantes regionales y locales 2011-2014, sigue vigente y presente entre nosotros los peruanos, el desafío de tener que orientarse y tomar decisiones en un contexto, marcado por el silencio y la discusión ausente de un debate de cuestiones, que no solo es, nuevo para ellos, sino para todos los peruanos, al no contar con “una visión de país” y en particular, con un plan de desarrollo del Perú como país, más allá de lo que se pueda haber avanzado en la actualidad por un CEPLAN, desgraciadamente impulsado tardíamente y sin compromiso al final del gobierno de Alan García.

Debemos decir, que destacan entre esas cuestiones, las supuestas o reales amenazas, en relación de lo “local” y lo “global”; los nuevos escenarios, enfoques y propuestas sobre la descentralización, el desarrollo local sostenible, el tan gaseoso desarrollo humano, las características de las municipalidades del siglo XXI; la planificación estratégica y si es prospectiva, mejor, las metodologías para promover el desarrollo económico local, tan ausente, como en el caso de Chorrillos; la gestión sostenible de los recursos naturales; la lucha contra la pobreza social; la gobernabilidad local, ciudades y ciudadanía, los nuevos conceptos sobre la gerencia pública, el liderazgo y la administración municipal y regional.

No obstante lo señalado, debemos afirmar que el proceso de descentralización en marcha, es el único camino viable y por tanto reconocer que, “La descentralización, es la revolución silenciosa” pacífica y democrática, a la cual aspiran los peruanos, en pos del bienestar de todos los peruanos.