Son 28 los inventores chiapanecos que buscan patentes, entre ellos Federico Antonio Gutiérrez Miceli, quien ideó un complemento alimenticio para prevenir el cáncer y una crema de Neem para el rejuvenecimiento de la piel.
De igual forma, Jorge Luis Camas Anzueto creó el diseño electrónico de una fuente de corriente automática para sintonizar una longitud de onda de un láser FDB, y Mario Alberto López Miceli, quien desarrolló un método y sistema para cultivo in vitro co-indicador de presencia nutrimental mediante el empleo de sales de bajo punto de saturación, entre otros creadores.

Explicó que el programa académico de esta licenciatura busca aprovechar y utilizar recursos tecnológicos innovadores en diversos ámbitos como la didáctica, la gestión escolar, la administración, la comunicación interna y externa, entre otros aspectos vinculados con la educación.
Chávez Moguel, exhortó a los egresados de las distintas áreas de bachillerato a consultar la página web www.unach.mx donde podrán acceder a la convocatoria, a fin de que a partir del lunes 20 de mayo y hasta el siete de junio, puedan solicitar la ficha para el examen de admisión en la dirección electrónica www.aspirantes.unach.mx.
De igual forma, invitó a los interesados en cursar este programa académico para que acudan a la Dirección de Desarrollo Académico de la UNACH, en Calle Hule 269, fraccionamiento Jardines de Tuxtla o bien se comuniquen al teléfono 01 961 617 80 00, extensiones 1851 y 1853, donde obtendrán mayores informes.
Al hablar sobre la importancia de cursar esta licenciatura a distancia, expuso que las instituciones educativas requieren profesionales capaces de analizar, evaluar e implementar proyectos de intervención tecnológica, así como de agentes dinamizadores que promuevan el uso de las tecnologías de información y comunicación como herramientas básicas para la enseñanza y el aprendizaje.
Refirió que a través de esta licenciatura se pretende dar una formación que no solo capacite al estudiante en el manejo y aplicación de las Tecnología de la Información y la Comunicación, sino que contribuya, principalmente, a la construcción de una identidad por medio de la práctica profesional innovadora apoyada en las citadas herramientas.
Informó que en la modalidad a distancia se privilegia el trabajo independiente del alumno a través de la plataforma que proporciona la Universidad Virtual, por lo que se hace referencia que el 75 por ciento de los contenidos del programa se abordan en línea, 15 por ciento a través de videoconferencia y 10 por ciento de manera presencial.
El egresado de la Licenciatura en Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, tendrá también la capacidad de gestionar recursos financieros públicos y privados para su aplicación en este ámbito, así como realizar investigación básica para la creación de modelos pedagógicos que integren estas tecnologías en la educación.

Ciudad de México, 16 de mayo 2013.-Johana Cecilia Albores Pérez, fotógrafa del “Diario Meridiano 90” de Comitán, Chiapas, reportada como desaparecida desde el lunes 13 de mayo, fue localizada el miércoles por la noche y desde la madrugada del jueves 16 de mayo se encuentra con su familia.
Johana fue privada de la libertad por una persona que desde hace meses solía acosarla, motivo por el cual las autoridades ministeriales montaron exitosamente un operativo para rescatarla.
Antes de reunirse con su familia, Johana fue llevada a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y retenida por varias horas en la Fiscalía Especializada de Combate a la Delincuencia Organizada del Estado sin permitirle asistencia jurídica de un abogado.
El argumento que ofreció la agente del Ministerio Público que llevó el caso, fue que “era mayor de edad” y no requería acompañamiento legal. La autoridad agregó que debido a que la persona que la privó de la libertad no ejerció violencia física para retenerla, no había delito que perseguir y que la dejaría en libertad.
“Pusieron muchas trabas burocráticas y actuaron con insensibilidad”, sostiene Fredy Martín Pérez, periodista y tío de Joahana al ser entrevistado por ARTICLE 19.
De conformidad con el artículo 20, apartado C, de la Constitución en México, las víctimas del delito tienen derecho a contar con asesoría jurídica, sin que exista condicionante por edad o algún otro motivo.

Para ARTICLE 19 resulta sumamente grave que se restrinjan los derechos fundamentales de las personas agraviadas por la comisión de delitos, pues eso configura un trato revictimizante. El proceder de las autoridades de Chiapas, configura una violación directa al derecho que tiene Johana a la verdad, justicia y reparación del daño debido a la privación de la libertad que sufrió.
Con este tipo de acciones, la Fiscalía de Chiapas falta a sus deberes para investigar de manera seria, exhaustiva e imparcial la privación de la libertad ilegal que sufrió Johana.
Para ARTICLE 19 resulta preocupante que lejos de garantizar la integridad física y emocional de la fotógrafa y brindarle certeza jurídica sobre la investigación de su caso, el prolongado traslado a la capital del estado y la falta de explicación de las razones por las cuales la Fiscalía atrajo la averiguación previa, develan la impericia de la Procuraduría de Justicia de Chiapas para respetar y garantizar los derechos de las víctimas del delito.

La familia de Johana Cecilia Albores Pérez, la joven fotoreportera que permaneció poco más de 48 horas desaparecida, anunció que fue localizada sin daño físico y rescatada en un operativo coordinado por la Fiscalía Especializada de Combate a la Delincuencia Organizada (Fecdo) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un domicilio del municipio de Comitán y fue trasladada a Tuxtla Gutierrez para rendir su declaración.

La joven quien es hija de la directora del diario Meridiano90 de la ciudad de Comitán, Rosy Guadalupe Perez,  relató que fue  retenida con engaños, presiones y amenazas en la vivienda de Javier Pérez Pérez,  un taxista que  meses atrás  solía acosarla y molestarla  en diversas ocasiones y maneras cuando la encontraba sóla.

Explicó que el sujeto le quitó su celular y la agredió sicológicamente para evitar  que se comunicara con su familia o amigos.
Luego de ser encontrada por la policia, permaneció en la  FECDO en Tuxtla Gutiérrez, hasta las 3 de la mañana en donde, aún antes de que ella iniciara su declaración se le  insistió en su responsabilidad de su propia retención y se le dijo que  “por ser ella mayor de edad y debido a que el sujeto no  ejerció violencia física para retenerla, no había delito que perseguir, él  sería puesto en libertad”.

La familia afirmó que  “las autoridades manifestaron una total falta de sensibilidad”,  con el mismo argumento sobre su edad superior a los 18 años, no se le permitió a ninguno de sus familiares estar con ella  y ni siquiera que el abogado Abraham Gómez, estuviera presente durante su declaración.

Agotados por la burocracia de la fiscalia, la insensibilidad del personal de la fiscalía pese a que ella no dejaba de llorar y considerando como prioridad reestablecer la estabilidad emocional de Johana, sus familiares optaron por suspender la  solicitud de consignación del detenido y la Fiscalia únicamente levanto un acta circunstanciada, permitiendo su libertad.

La familia continuara el proceso de la averiguación previa  número 1299/FS94T2/2015 abierta el día de su desaparición en Comitán y de manera inmediata solicitó una orden de restricción para impedir que el agresor se acerque a Johana. 

Así mismo la familia buscará la atención sicológica y de especialistas médicos que requiera y que  las autoridades alegando que era muy tarde, no le proporcionaron antes de obligarla a rendir su declaración.

Johana Albores Pérez, fotógrafa, 18 años, estuvo dos días desaparecida.

Si bien es de reconocerse y agradecerse la diligencia de la autoridades para encontrarla luego de la fuerte presión mediática de la sociedad, es también reprobable la actitud posterior de quienes no siguieron los protocolos establecidos en las leyes mexicanas para tratar casos de violencia hacia la mujer o hacia otros grupos vulnerables.

Situación que al dejar en la indefensión legal y física a las víctimas ha provocado el alarmante aumento en feminicidios tal como denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su informe que establece que de 58 mil mujeres que sufrieron violencia y buscaron ayuda legal, sólo un siete por ciento la recibió.

Los periodistas Rosy Guadalupe Pérez y Fredy Martín Pérez, así como el gremio de trabajadores de los medios de comunicación agradecemos profundamente a quienes se preocuparon y ocuparon con diversas acciones en la localización de Johana, quién, como cientos de mujeres fue victima de violencia, antes, durante y lamentablemente después de su secuestro. Afortunadamente sobrevivió y confiamos en que una vez descubierta la situación reciba el apoyo necesario para dejar atrás ese capítulo. Nuevamente Gracias.

Nota original como la publicó «El Heraldo de Chiapas».
Chiapas al borde del colapso por inexperiencia de Manuel Velasco

No existen aún acciones para el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 El Heraldo de Chiapas 11 de abril de 2013
FERMÍN RODRÍGUEZ

Portada del lunes 11 de abril.

(OEM-Informex).- Cuatro meses han bastado para que la inexperiencia en la administración pública de parte del gobernador Manuel Velasco Coello haya generado una parálisis económica que mantiene al borde del precipicio a la clase empresarial y la productividad en el campo, además de que los empleos van a la baja lo que ha generado desesperación entre la ciudadanía.
Ciudadanos entrevistados por Organización Editorial Mexicana (OEM) lamentaron que en este primer cuatrimestre no haya aún tareas concretas para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo que dé visión de futuro y crecimiento en la entidad y por tanto prevalezca la desorganización gubernamental. “No hay anuncios oficiales de construcción de obra pública de primer nivel”, señalaron.
El supuesto pronunciamiento de una inmediata rehabilitación de la red carretera, no se ve para cuando pueda concretarse pues empresarios y constructores tienen parado su equipo y sin trabajo a su gente. Además de que el gobierno les adeuda cuantiosas facturas, por lo que hasta el momento la maquinaria sigue varada y la mano de obra esperando que haya dinero para ponerse a trabajar.
Lamentaron que la ingobernabilidad y la falta de mano dura para aplicar la justicia estén generadas por la falta de un gabinete de funcionarios confiables y de primer nivel que debieron haberse designado y entrado en funciones desde el primer minuto del 8 de diciembre de 2012.
Otros tuxtlecos cuestionados manifestaron su inconformidad por “tener un gabinete legal y ampliado parchado, con hombres que están trabajando para cubrirse las espaldas por la forma en que derrocharon el dinero en el sexenio de Juan Sabines. No es posible que a cuatro meses del nuevo gobierno no se sepa en qué se invirtieron más de 40 mil millones de pesos que se heredaron como deuda. Simplemente el ‘joven’ gobernador no ha mostrado contundencia para gobernarnos. Se nota que la inexperiencia le está ganando la batalla”, manifestaron
Baste mencionar que en la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, que son las dos dependencias que deben generar gobernabilidad y certeza en el transitar político y legal de la entidad, permanecen en manos de funcionarios puestos por Juan Sabines; lo cual ha provocado recurrentes críticas pues argumentan que no existe autoridad para desprenderse de las herencias del gobierno pasado, o bien, se está protegiendo los intereses de un gobierno que despilfarró los recursos públicos dejando al estado en bancarrota.

VACÍO DE PODER

La economía está paralizada porque la inversión pública no fluye hacia los sectores productivos ni a las obras de infraestructura; por el contrario, las deudas del gobierno con el sector de la construcción siguen pendientes y son fuente de constante reclamo para que se cumplan con los pagos atrasados.
Por su parte, los comerciantes también están asfixiados por la falta de circulante y por la ausencia de programas oficiales que fomenten las actividades empresariales. El inicio de año ha sido devastador para muchos negocios, porque las ventas han disminuido mucho más que en años anteriores.
La inconformidad social ante un gobierno que carece de brújula para satisfacer las necesidades más urgentes de los chiapanecos es creciente. En las últimas semanas, la capital ha sido escenario de numerosas marchas de protesta de organizaciones campesinas y urbanas, cuyos reclamos van desde la reactivación de apoyos gubernamentales, exigencias de justicia y seguridad pública, hasta demandas para que se encarcelen a los exfuncionarios públicos que saquearon las arcas estatales.
Pese a estas circunstancias, el gobierno de Manuel Velasco se ha mostrado incapaz de dar respuestas a estos problemas que muestran vacío de poder y que podrían llevar a la ingobernabilidad.

PAida Suárez Chávez e Itzel Fernández García, corresponsales

En Hidalgo, 6 de cada 10 adolescentes son sexualmente activas e inician su primera relación sexual sin protección Pese a ello, el abasto de métodos anticonceptivos apenas alcanza 6 por ciento de la cobertura para menores de 20 años, aunque Yuri Nallely Becerra Grande, especialista de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) dijo que el abasto y distribución está asegurado.
Mientras la cobertura a nivel estatal es de 58.5 por ciento, para las adolescentes se ubica en 6 por ciento, por lo que no es de extrañar que 29.3 por ciento de quienes se ubican entre los 15 y 19 años, dijeran que su embarazo no fue planeado, mientras que el 25.5 por ciento no lo deseó de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, (ENADID).
La falta de acceso a los métodos anticonceptivos y la prevalencia de tradiciones culturales como el pedir permiso para usar métodos anticonceptivos puede estar ligada a la elevada tasa de fecundidad en este grupo poblacional.
De acuerdo con el Diagnóstico sobre los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de las y los jóvenes indígenas del estado de Hidalgo realizado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres en 2010, 4 de cada 10 mujeres entrevistadas (de 198) de entre 15 y 19 años de edad de las regiones de la Huasteca, Otomí, Tepehua y del Valle del Mezquital, debe pedir permiso a su pareja para utilizar algún método anticonceptivo, en tanto que 3 de cada 10 hombres también lo considera así.
Mientras la fecundidad en adolescentes en Hidalgo fue de 72.1 hijos por cada mil mujeres en ese rango de edad, en estas comunidades del diagnóstico fue de 16.1. La entidad concentra 14.81 por ciento de hablantes de lengua indígena (369 mil).
Conocimiento y acceso a anticonceptivos
El mismo estudio refiere que
existe un amplio conocimiento de métodos de anticoncepción; el más conocido es el condón y señala que la juventud vincula el uso de métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo, con la finalidad evitar infecciones de transmisión sexual y planificar el número de hijas e hijos que desean tener, y agrega que obtienen información sobre los métodos en la secundaria y Centros de salud.
En tanto, la SSH informó que en esta entidad el método más solicitado y distribuido es el preservativo masculino, toda vez que de los 597 mil métodos anticonceptivos adquiridos el año pasado, 84.7 por ciento fue el condón. Los métodos inyectables, el dispositivo intrauterino y el parche dérmico apenas alcanzan el uno por ciento, mientras que los hormonales no tienen ni el uno por ciento de distribución.

En el caso de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) durante 2012, el 0.42 por ciento fue entregada en ese año.
Vale la pena recordar que una investigación realizada en 2011 por las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reveló que sólo la mitad de las unidades médicas del sector salud en Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, brinda a las mujeres la PAE, método eficaz para evitar embarazos no deseados después de una relación sexual sin protección o por violación.
Según este estudio, los prestadores de servicios en esas entidades negaron el anticonceptivo a las usuarias con el argumento que la PAE aún no llegaba a su unidad de salud o que había “desabasto”.
En la investigación se asienta que la negación de la PAE en los servicios de salud para el caso de Hidalgo -hasta ese año- fue de 37.5 por ciento. La principal denuncia de las organizaciones civiles es que en esta entidad las unidades carecían de personal autorizado, el servicio sólo se brindaba en un horario específico, y se solicitaba a las usuarias receta médica para autorizar la PAE.
En 2008 la Ss de esa entidad adquirió 2 mil pastillas de anticoncepción de emergencia, y para 2009 aumentó a 2 mil 700. El presupuesto que gastó en métodos anticonceptivos en 2008 fue de 972 mil pesos y para el año siguiente destinó un millón 82 mil pesos. Para 2012 Yuri Nallely Becerra Grande, no supo decir cuál fue el monto destinado.

De acuerdo con la funcionaria, durante 2012 se entregaron alrededor de 501 mil, 480 condones masculinos. A la población menor de 20 años de edad, se les entregaron 6 condones mensuales. El diagnóstico refiere que las mujeres de las zonas rurales e indígenas obtienen los métodos como condones, pastillas y dispositivos en el sector salud, mientras que los hombres los adquieren por cuenta propia, aunque no precisa cuántos.

A 2010 vivían en Hidalgo- según el Consejo Estatal de Población- 854 mil 366 personas de 12 a 29 años. De éstos 411 mil 965 (48.5 por ciento) eran hombres, y 442 mil 381 (51.5 por ciento), mujeres.

Son resultado de 6 años de aleccionamiento, de condicionamiento operante. De malas prácticas. Quienes tienen lengua y cerebro, no lo usan o bien no quieren usarlo. Entre ellos, el mayor acto de voluntad se reduce a la posibilidad de musitar las palabras “sí, señor” y nada más.

El Congreso del Estado, sólo por citar un ejemplo, es nada más que una caja de resonancia. La barriga de un kraken que devora adversarios y los convierte en súbditos. Misma historia durante más de una década. Sus integrantes, salvo contadas y honrosas excepciones, gustan del mutismo selectivo a excepción de cuando reciben la línea de un guión previamente establecido.

Ahí están Noé Castañón Jr. y Fernando Cal y Mayor, de partidos en el poder, capaces únicamente de recitar obviedades.

Congreso del Estado de Chiapas.

El problema de personajes como estos no es su filiación al poder, sino su fútil mimetismo con el mismo. No es obsceno que sean oficialistas, sino que intenten venderse como representantes populares cuando sólo son un par de integrantes más del poder.

Lo mismo va para otros sectores, ya bien “sociales” que empresariales. Acostumbrados a la comparsa, alejados ya de su previo ingrediente social, asumen con docilidad su evidente incapacidad de opinar. De actuar.

México

Alrededor de 66 mil mujeres son asesinadas por razones de género cada año en todo el mundo, pese a ello sólo 160 países cuentan con leyes que sancionan la violencia de género y no todas incluyen la tipificación del feminicidio.

En el panel “Asesinatos de mujeres por razones de género, incluido los feminicidios” –realizado durante la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)–, representantes de la ONU consideraron que la inacción de las autoridades contribuye a la perpetuación de la alta tasa de feminicidio a nivel global.

Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, consideró que la falta de investigaciones, así como de juicios y sanciones por actos de violencia de género, crea un entorno de impunidad y de poca confianza en el sistema judicial de los países. Lo que transmite el mensaje de que las agresiones contra las mujeres son aceptadas y toleradas.

De acuerdo con el informe 2012 de Rashida Manjoo, retomado en el evento, de 2004 a 2009 los asesinatos dolosos de mujeres representaron la quinta parte de las víctimas totales de homicidio.

Por su parte Michelle Bachelet, aún directora ejecutiva de ONU Mujeres, denunció que las mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de violencia en muchos países, sumado a ello que son revictimizadas cuando piden justicia y no se les garantiza.

La ex presidenta de Chile consideró que hay una “cifra negra” de feminicidio, ya que en la mayoría de los países no se han diseñado protocolos de registro adecuados para contar con cifras clasificadas, lo que impide conocer la magnitud de la violencia.

Bachelet urgió a los gobiernos a fortalecer los sistemas de justicia, capacitar tanto a jueces como a policías para eliminar los estereotipos y los prejuicios que existen hacia las mujeres.

Insistió en la creación de marcos jurídicos adecuados y exhaustivos para que mujeres y niñas vivan libres de violencia, por lo que los países que no lo han hecho deben tipificar de manera urgente el feminicidio.

Como estrategia para detener este tipo de violencia, Bachelet planteó la intervención temprana de la policía en la atención e investigación de los tipos de violencia en sus etapas iniciales, es decir, cuando se presenten lesiones de bajo grado o incluso denuncias de amenazas.

El personal judicial debe desarrollar su capacidad de respaldar la evaluación del riesgo al que están expuestas las mujeres, para dar medidas de protección adecuadas y que eviten que las agresiones y violencia constantes puedan terminar en el asesinato de una mujer.

Del mismo modo, recalcó que las autoridades deben garantizar a las sobrevivientes y a sus familiares atención integral, así como fomentar cambios en las actitudes, creencias y comportamientos que perpetúan la violencia con el fin de prevenirla.

InfoChiapas

Tuxtla Gutiérrez

Las sirenas empezaron a sonar un par de minutos antes de que el reloj de la Catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez marcara el medio día. El sol caía a plomo sobre la plancha del Parque Central tuxtleco y los termómetros indicaban los 34 grados centígrados aunque la sensación térmica apuntaba a los 38. El simulacro de sismo en Chiapas iniciaba como una interrupción planeada a la rutina del día.

Pasaron casi dos minutos antes de que los primeros trabajadores y trabajadoras del Palacio de Gobierno emergieran con una calma que se antojaba excesiva por la puerta principal del edificio. Chalecos de personal de Protección Civil acompañaban la lenta marcha que se extendió por casi cinco minutos durante una evacuación que simulaba un sismo de 7 grados en la escala de Richter planeada para las 12 horas del día en todo el estado.

El simulacro en Chiapas que debía ser estatal, pasó casi desapercibido para los transeúntes que iban y venían por el corazón de Tuxtla Gutiérrez. Salvo por la presencia de unidades de auxilio de Protección Civil y el numero grupo de personas que empezaban a atiborrar el zócalo, nada parecía anormal.

Algunos de los trabajadores y trabajadoras que salieron del Palacio de Gobierno se saludaban animados mientras buscaban refugio del sol bajo los laureles que parecían escasos ante el número de gente. Los más alegres llamaban con un grito a los vendedores de aguas frescas, fruta enchilada y paletas de hielo. Otros más hacían llamadas telefónicas o se ponían al tanto de los rumores de pasillo con los compañeros de trabajo. Aunque sonaba la versión de que las y los trabajadores debían reunirse en el asta bandera en medio del parque, pocos fueron los que acudieron al llamado y prefirieron guarecerse de los rayos solares bajo las ramas de los árboles.

Simulacro y desmayo

Casi quince minutos después de iniciado el simulacro de sismo en Chiapas y mientras los helicópteros sobrevolaban la zona como parte del ejercicio, personal de Protección Civil se movilizó a un costado de la Catedral de San Marcos. Algunos curiosos se acercaron a ver lo que pensaban era parte del ejercicio. No era así.

Sobre la acera, inconsciente, un joven de unos 17 años yacía desmayado.

Personal de la Unidad de Protección Civil le daba los primeros auxilios mientras intentaban reanimarlo. El calor lo había hecho sucumbir.

–Es un joven de sexo masculino… –un hombre con chaleco de Protección Civil pedía ayuda–, es un caso real, no es simulacro, es un caso real… sí, le levantaron las piernas, parece que fue por el calor… si, es caso real, es caso real –insistía el hombre mientras pedía la llegada de personal para atender al joven.

La anécdota quedó atrás minutos después cuando las y los trabajadores del Palacio de Gobierno volvieron calladamente a sus oficinas con aire acondicionado, buscando alivio del calor asfixiante que se cernía sobre la capital.

Sólo un trámite burocrático

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno vivieron el simulacro. El resto de los edificios del centro capitalino, no. El Palacio Federal, edificio que alberga a diversas dependencias y a Correos de México, rechazó ser parte del ejercicio. Los comercios de las cercanías ni se dieron por enterados de que en Chiapas se vivía un sismo de 7 grados Richter, así fuera simulado y como parte de los ejercicios de autoprotección.

Para muchos, se trató sólo de un trámite al que tenía que someterse la burocracia en un ejercicio planeado y ejecutado desde el gobierno del estado. El gobernador Manuel Velasco Coello participó de un sobrevuelo para ser parte del simulacro de sismo mientras la señal de la radio y televisión oficial transmitía “en vivo” el singular evento para quienes, frescos en sus hogares, quisieran atestiguarlo.

No obstante, como ejercicio de la autoridad, concluyó como casi un éxito de operatividad. Los más de 43 mil elementos armados con casi 3 mil equipos de radiocomunicación, auxiliados con mil 200 unidades médicas en unos 250 edificios públicos, ejecutaron, quizá con una calma que no vivirían si se tratara de un evento real, el simulacro.

Según el reporte oficial, 19 mil 600 planteles educativos participaron en el simulacro de sismo  junto con 350 empresas, aunque ninguna de ellas parecía estar en el centro de la ciudad, donde todo transcurrió con calma. /AFM

InfoChiapas

Tuxtla Gutiérrez

Una disputa legal por la custodia del niño Jorge Gustavo Arrazola Haro cumple seis meses desde que en septiembre de 2012, el menor de edad fuera presuntamente sustraído y retenido por el padre, Juan Carlos Arrazola Vázquez. La querella en los juzgados no ha avanzado debido al tráfico de influencias que llega hasta las más altas esferas en los tribunales estatales.

Así lo asegura María Guadalupe Haro Villaescusa, la madre de Jorge Gustavo. Con el rostro enrojecido por el sol y agobiada por un calor de 35 grados tras haber realizado una caminata en compañía de amigos y familiares por la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, llegó al Palacio de Gobierno estatal para solicitar la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello.

La madre de Jorge Gustavo asegura que las relaciones de Arrazola Vázquez y la tía de éste, Flor de María Coutiño Arrazola, han sido el obstáculo para la correcta actuación de la justicia.

Jorge Gustavo, de siete años, se convirtió en el protagonista involuntario de un drama judicial cuando el 21 de septiembre de 2012 fue ilegalmente retenido por su familia paterna. Aunque la madre del niño realizó las gestiones legales correspondientes, algunas de las cuales resultaron a favor suyo, el padre ha desacatado los mandatos judiciales.

Uno de los acuerdos permitía a la doctora Guadalupe Haro ver al menor dos días a la semana por espacio de dos horas. Sin embargo, el padre, Juan Carlos Arrazola Vázquez, no se presentó a los encuentros desobedeciendo el acuerdo.

Tráfico de influencias de alto nivel

Guadalupe Haro Villaescusa asegura que en el conflicto se han inmiscuido autoridades. Señaló durante los últimos meses de 2012 la intervención directa de Isabel Aguilera de Sabines, esposa del entonces gobernador Juan Sabines Guerrero.

Otro punto que ha enfatizado en la denuncia pública es que su ex pareja, Arrazola Vázquez, está emperantado con autoridades judiciales. La tía de Arrazola, Flor de María Coutiño, es suegra del consejero magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Cal y Mayor Gutiérrez.

A la vez, tanto el padre como sus familiares tienen lazos de amistad con el presidente del propio Tribunal, Oscar Rolando Ramos Robelo, quienes habrían intervenido ante el Juzgado Tercero de lo Familiar para que la jueza Graciela Alcazar Castañón y la secretaria de Acuerdos, Claudia Hernández Pérez, obstaculizaran la acción de la justicia.

La última “piedra en el camino” se dio el pasado fin de semana, cuando un mandato judicial ordenaba la restitución del menor de edad a su madre, en el que la secretaria Hernández Pérez “ocultó” expedientes, según argumentó Haro Villaescusa, impidiendo con ello la actuación judicial.

Que el gobernador haga valer la justicia

Guadalupe Haro realizó, como en ocasiones anteriores, una caminata con mantas en las que se ve la fotografía de Jorge Gustavo. Al medio día de este miércoles, pidió públicamente audiencia ante el gobernador Manuel Velasco Coello para que intervenga en el caso.

“Mi hijo tiene siete años y el daño que se le está haciendo es porque la justicia en Chiapas no actúa en el momento indicado, necesito que el gobernador Manuel Velasco intervenga y me ayude a recuperar a mi hijo como corresponde desde el primer día”.

La madre de Jorge Gustavo ha pedido lo mismo ante el Congreso del Estado, ante los Tribunales, ha llevado su denuncia de inacción judicial que implicaría la colusión de autoridades para no ejercer la acción de la justicia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este día, a quien tocó hacer oídos sordos fue al gobernador Manuel Velasco Coello, quien encabezó eventos en el Teatro de la Ciudad y “supervisó” el simulacro estatal de sismo.

Sobre la plancha del zócalo tuxtleco, frente al Palacio de Gobierno, quedaron extendidas las mantas desde las que se veía el rostro borroso de Jorge Gustavo, de siete años, quien desde hace seis meses es el protagonista involuntario de un drama judicial en el que el tráfico de influencias parece tener más peso que la acción de la justicia. /AFM