Afortunadamente para los peruanos, frente a dicha alternativa hemos valorado en mayor medida, en los últimos años, la libertad. Y en el último Índice de Libertad Económica (publicado por la Fundación Heritage y el prestigioso Wall Street Journal) el Perú destaca en el puesto 45 de 179, situándonos en una privilegiada posición de cara al futuro. Y es que, aunque para algunos aún cueste aceptarlo, las correlaciones positivas entre dicho indicador y variables representativas de calidad de vida son más que evidentes (para aquellos que gustan de los guarismos, la relación entre libertad económica e ingresos per cápita es 0.67).

Más allá del puesto, que al final es sólo un indicador relativo, lo importante es que hemos mejorado en el último año en 3 puntos, situándonos por ello entre los 15 países con mejores reformas en dicho plazo. De los 10 indicadores utilizados, entre los que destacan libertad comercial, libertad empresarial y el respeto a la propiedad privada, hemos mejorado en 6, sólo retrocediendo en los ámbitos de libertad fiscal y monetaria, los cuales se explican por el difícil entorno macroeconómico mundial.

Los enemigos de la libertad, que sin duda existen y abundan por nuestros lares, sostienen que dichas libertades sólo benefician a unos pocos en desmedro de muchos. Eso es, sencillamente, falso: la libertad económica no sólo beneficia a todos, sino que beneficia en mayor medida a los más pobres, para quienes pequeños incrementos en sus ingresos significan sustanciales mejoras en su calidad de vida. La pobreza a nivel mundial se ha reducido durante la última mitad del siglo XX más que en toda la historia pasada junta; en el Perú, dichas mejoras en el Índice han significado reducir la pobreza de 55% en 1990 -cuando se hicieron las reformas- al 36% actual. Aún falta mucho por hacer, sin duda; empero, para esos 5 millones de peruanos que han franqueado la brecha, la diferencia es fundamental: menor mortalidad infantil, mayor acceso a escolaridad, mejores niveles de sanidad, entre otras. Como advertimos, la libertad no es poca cosa.

Como bien sentencia Bastiat, ese genio de mediados del siglo XIX, cuando la ley y la moral se contradicen mutuamente, los ciudadanos enfrentan la cruel alternativa entre perder su sentido de moral o perder su respeto por la ley. ¿Cómo explicarle a un niño de doce años que el personaje de la carátula -apuntando con su arma- no es un veterano delincuente sino más bien alguien elegido para impartir justicia? ¿Qué nos espera cuando el representante del Colegio de Abogados ante el CEPJ alardea de su poder e influencias? ¿Cuándo las pruebas serán suficientes para condenar, como en el terrible asesinato del periodista Alberto Rivera?

Todas éstas, y todas aquellas interrogantes similares con las que hemos coexistido los últimos no-sé-cuantos-años, se traducen en una sencilla pregunta: ¿Por qué nuestro sistema judicial –jueces, legisladores, abogados y otros- actúa así? La respuesta, creo, es muy sencilla: porque no hay otra; son omnipotentes: ellos diseñan el sistema, lo administran, y entre ellos se califican. O sea, que entre bomberos no se pisan la manguera; hoy por ti, mañana por mi. ¿Y quienes se benefician? Pues, todo aquél que sepa rastrearse, engatusar, atracar, digerir y luego expectorar los restos sin rubor.

En el interín, nuestros mercados –y las decisiones de los mismos- se trasladan de las cajas registradoras y oficinas comerciales a las salas del Congreso, a una recámara oculta en algún pasillo escondido del Poder Judicial, o a una suite en algún hotel de cinco estrellas.

De acuerdo a un estudio de Lars Feld y Stefan Voigt, la tasa de crecimiento de un país emergente como el nuestro se podría incrementar en 2,6% anual si tuviésemos una mejor administración de justicia. Es decir, sólo mejorando nuestra calidad institucional -en el ámbito- legal podríamos alcanzar a Chile en tan sólo 12 años (actualmente, manteniendo las tasas de crecimiento promedio, lo haríamos en 28 años).

¿Reformas pendientes? Ahí tienen una que es políticamente viable y económicamente necesaria.

Según información del diario El Universal de Caracas, la oposición podría alcanzar hasta 54.5% (90 curules) en las próximas elecciones parlamentarias de setiembre, lo cual permitiría a la misma elegir a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, limitando con ello los atropellos legales que acontecen casi a diario.

Frente a dicho escenario, el dictador ha salido a la palestra de manera enfática, llamando a los venezolanos a escoger sus bandos: o están con él y su revolución socialista, o están en contra de la misma. De seguidilla, ha llamado a las autoridades locales a formar milicias armadas ciudadanas a fin de defender “la revolución bolivariana”.

Todo ello en un ambiente enardecido por las agresiones perpetradas a diario por el dictador contra la propiedad privada y la libertad individual. Esta semana, cuatro entidades bancarias más han sido expropiadas, arrasando secundariamente con los ahorros de los ciudadanos de a pie (dado que en las intervenciones expropian adicionalmente las cuentas que cuenten con más de tres mil euros, pudiendo el ahorrista exigir sólo la devolución de un máximo de 3,082 euros).

Venezuela se encuentra en un punto crítico, no sólo en el plano político y económico, sino también el social. Según la firma inglesa Pharo Management, especializada en inversiones en mercados emergentes, el sistema bancario venezolano explotará inevitablemente, con lo cual ningún sector estará a salvo. Recordemos que ya están tomados, además del sistema financiero, los medios, el sector petrolero, minero, industrial, telefónico y de alimentos. Bajo cualquier visión crítica, el modelo del Socialismo al Siglo XXI (tan estupendamente implementado en Venezuela, exportado exitosamente a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y tan promocionado por algunos a nivel local) estaría en crisis terminal.

El problema no es tanto “lo que aparenta la historia”, sino “la persona involucrada en la trama”. Chávez no dejará el poder así Venezuela se hunda a niveles furtivos. El dictador, en su megalomaniático delirio, está convencido de su papel histórico en la revolución socialista mundial. Difícilmente dará paso democráticamente, y dado su despótico pensar, no huiría sin dar batalla. ¿Comienza el fin? Lo dudo; creo más bien que empieza la peor parte de esta historia.

Revisando la data histórica, el Perú ha transitado diversas autopistas entre 1955 y el 2009. Siguiendo la taxonomía del economista William Baumol, el Perú vivió hasta 1962 (gobierno de don Manuel Prado y Ugarteche) un estilo de capitalismo oligárquico y de grandes firmas; desde 1963 hasta 1990, el Perú transitaría una senda de socialismo en mayor o menor medida, desde las prácticas irresponsables y proteccionistas del belaundismo, pasando por el comunismo velasquista, hasta el modelo estatista y autárquico que primó hasta 1990; de ahí en adelante, el Perú vive una mezcla de capitalismo emprendedor y de grandes empresas (más notable sin duda desde el 2001).

Lo central hoy es, sin duda, la consolidación de este modelo, tanto para los grandes capitales como para los más necesitados, quienes sin duda se benefician del modelo. Existe, sin embargo, una razón menos visible de por qué mantener el actual modelo es beneficioso para todos los peruanos: el tipo de modelo económico pule las prácticas empresariales existentes y crea parámetros de comportamiento. Así, por ejemplo, el modelo estatista y expropiador de 1963-1990 creó un empresariado mercantilista, incapaz de mirar el largo plazo dado que la consigna era sobrevivir -y los que podían, prosperar- en base a la relación con el Estado. El actual modelo, en cambio, obliga -a grandes y pequeños- a preocuparse por variables claves en el algoritmo del crecimiento empresarial: prácticas gerenciales, productividad, organización, planeamiento estratégico, comunicaciones, aprendizaje y conocimiento, entre otras.

Lo curioso, al menos para el anecdotario local, es lo compasivos que han sido estos empresarios con los actores del pasado. Algún cínico dirá que se hicieron fortunas durante los años de estatismo; eso no es cierto. Velasco expropió -a mano armada- a diestra y siniestra (agro, banca, minería, industria, medios, pesca, entre otros), y los gobiernos de Belaunde y García, si bien relajaron los controles y las prohibiciones, retornaron muy pocos sectores a las manos apropiadas en el sector privado -léase, a sus verdaderos propietarios. El Perú de hoy es re-creado por el esfuerzo y la creatividad de peruanos exitosos; ni por un minuto crean que la tuvieron o que la tienen fácil gracias al Estado Peruano.

Según informa este sábado El País, un informe encargado por la Fundación Bofill a un equipo de expertos ha puesto de manifiesto cómo funciona la educación en los “distintos tipos” de familia que se han analizado. En este sentido, esta clasificación se compone de las “extrovertidas y progresistas”, las “introvertidas y tradicionales”, las “conflictivas” y las “armónicas y convivenciales”.

Las denominadas familias “progresistas” no han salido muy bien paradas en este informe, que revela que en ellas “hay un notable desestimiento de la educación de los hijos, que se delega en la escuela, en personal auxiliar domiciliario”. Además, incide en que en esta concepción familiar es donde más “conductas antisociales” se dan en los hijos.

Los expertos consideran que estos “progresistas” rechazan la pena de muerte, defienden el aborto, la eutanasia y la legalización de la marihuana, y trabajan más fuera de casa”.

En el lado opuesto, están las familias “tradicionales” y la “convivencial”, que son las que despiertan más elogios en cuanto a la educación de sus hijos. De la primera destaca que tienen “los valores de siempre”, autoridad fuera y dentro de la familia. De la segunda añade que en ellas hay un buen clima familiar y que suelen optar “por el castigo como correctivo”.

Tal y como indica su nombre, las familias “conflictivas” son las que más problemas presentan y en ellas no existe un buen clima familiar y “carecen de normas de convivencia en casa a la hora de ir a dormir”.

Algunos misólogos identifican el crecimiento económico con la génesis de todos los males imperantes; apuntan, tercamente, que el crecimiento no es la panacea, y que el mismo sólo puede llevar a la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. La data que sustente lo contrario les es, por decir lo menos, trivial. No contentos con ello, sueltan, a veces, curiosas propuestas encaminadas a promover un estado de “crecimiento cero”, seguido de nuevos y mayores clamores por redistribuir la riqueza actual. En otras palabras, que ya el mundo está lo suficientemente enriquecido para colmar las necesidades de todos los seres humanos y que, por lo tanto, la solución estriba en la adecuada distribución de los frutos logrados.

El sofisma, realmente, recae en un pequeño error de percepción: la pregunta, en el fondo, no es otra que ésta: ¿por qué los individuos están interesados en producir más? Dicha pregunta, en el agregado, supone la variable “crecimiento”. La respuesta no es otra que para mejorar su calidad de vida vis a vis su anterior modo o estilo de vida. Y esa búsqueda por mejoras en la calidad de vida es la que incentiva -o motiva- el interés por producir más.

Los incentivos, como bien dice William Easterly, son los que promueven la acción humana. Los humanos no producen por placer; de ser así, pagaríamos por trabajar. Tampoco producimos por codicia, como los insensatos sostienen. Los mayores niveles de producción originan excedentes que, al intercambiarlos -normalmente a través del sistema monetario-, nos permiten obtener otros bienes y servicios que mejoran nuestra calidad de vida.

Esa es la conexión lógica: necesidades -léase carencia de bienes- crean motivos para producir, y mayores niveles de producción nos permiten intercambiar -léase mejorar nuestra calidad de vida. Produciremos hasta el punto en que el reposo tenga mayores réditos que la producción. Entonces, sí hay límites naturales a la producción, con lo que el miedo indirecto a la autoextinción es una nimiedad.

Peor es la pobreza imperante en algunos recodos del orbe. Y por eso es que debemos de seguir produciendo y progresando. El movimiento que promueve el “crecimiento cero” sólo apunta a aniquilar los incentivos que mueven a los seres humanos, una pésima noticia para los más pobres y necesitados.

El mandatario aclaró el miércoles que “desde hace tiempo” ha hecho esa “sencilla reflexión” sobre modificar el método de medición de la economía, incluso cuando el PIB registró un crecimiento consecutivo durante 22 trimestres, hasta el pasado marzo.

Puso como ejemplo del cariz “capitalista” de los métodos de medición de la economía que el Banco Central de Venezuela (BCV-emisor) atribuyera el derrumbe en 4,5 por ciento del PIB entre julio y septiembre pasados a la bajada de la producción petrolera del país, derivada del cumplimiento de los recortes acordados en el seno de la OPEP.

“Uno de los impactos más fuertes que incidió en la caída del PIB es la caída del llamado PIB petrolero (…) ¡pero la caída del PIB es el recorte!” de la producción acordado en la OPEP para evitar, como lo ha hecho con “éxito”, el derrumbe de los precios del crudo, aseguró.

Ante ese escenario “desde el punto de vista capitalista” se indicaría “que para que el PIB crezca tenemos que aumentar la producción” petrolera, lo que llevaría al piso los precios del crudo, “y no tendríamos ni para pagar sueldos el próximo año”, argumentó el mandatario.

Venezuela es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y redujo desde el 1 de enero pasado su bombeo diario en 364.000 barriles, lo que dejó su cuota de producción en alrededor de los tres millones de barriles diarios de acuerdo a datos oficiales venezolanos.

También citó que, de acuerdo a los métodos de cálculos actuales, la inflación cerró en 30,9 por ciento en 2008, pero ese indicador “es cero” en Mercal, la red gubernamental de venta de alimentos a precios bajos, y ello no lo toma en cuenta el BCV, afirmó el mandatario.

“No podemos permitir que se sigan calculando estas cosas con los viejos métodos del capitalismo (…) es perjudicial”, más ahora, cuando en Venezuela que se encuentra “en transición hacia el socialismo”, explicó Chávez.

Analistas venezolanos atribuyeron la caída económica del tercer trimestre, además de a los recortes en la producción petrolera, “a la muy incoherente política económica” basada en una supuesto exceso de regulación por parte del Estado, que ha generado una inflación galopante y la destrucción del aparato productivo. Venezuela lleva desde hace tiempos sumida en una estanflación (recesión económica más inflación) y en una dura guerra comercial con sus países vecinos.

Tal vez por eso la heredera del fujimorismo tiene cerca de 25% de intención de voto.

En todo caso, estamos expuestos a diario a la creencia de que más infraestructura significa, en lato, menos pobreza. ¿Es eso verdad? Según la teoría moderna, no tanto. Y lo pongo en términos relativos porque la mayor dotación de capitales físicos es, sin duda, mejor que la ausencia de los mismos. Empero, tampoco significa la panacea. Japón es un excelente ejemplo de ello.

Y en el Perú, ¿cómo estamos? Bueno, al igual que la gran mayoría de países subdesarrollados, tendemos a creer que la razón principal de nuestra condición económica es la falta de infraestructura y de educación. Sí, son un componente de la misma. Empero, y según un estudio muy profundo del McKinsey Global Institute sobre dicho tema, en Brasil -un referente idóneo para un país como el nuestro- dicha deficiencia sólo explica el 8% de la brecha en productividad con Norteamérica. El restante 92% lo explica la ausencia de adecuados métodos productivos.

¿Y como determinante de dicha ausencia encuentra a quién? Pues al Estado. Y acá no se trata de un tole tole libertario; los altos impuestos, sumados a la excesiva carga regulatoria, impiden a las empresas formales desplazar del mercado a las empresas informales de baja productividad (tal como en el Perú, la mayor parte de la economía brasileña es informal). Sólo en un país como el nuestro puede quebrar una empresa que ostenta el 95% del mercado.

Eso sucedió localmente con Blockbuster, cadena de alquiler de videos que con dicho porcentaje del mercado quebró frente a la informalidad.

En el Perú, para seguir con los ejemplos de contradicciones, estamos acostumbrados a escuchar sobre la falta de infraestructura como principal freno a nuestro desempeño económico y, consecuentemente, de nuestro desarrollo.

Eso no es cierto. Las regiones con mayor dotación de infraestructura son, simultáneamente, las regiones con mayor número absoluto de pobres. Lima, La Libertad y Piura se encuentran en el primer cuartil de dotación de capital físico, y en estas regiones vive, asimismo, la mayoría de los pobres del Perú. Es decir, nuestros pobres viven rodeados de infraestructura, pero no tienen acceso a la misma. ¿Discriminación empresarial? Por supuesto que no. Al igual que en Brasil, acá sobra Estado.

Asunto parecido ocurre con la expresión “laissez-faire” que según las mentes distraídas, mal informadas y partidarias de la regimentación humana, alude al caos y al desorden cuando en verdad surgió como un grito de comerciantes que le pedían al gobierno que los dejaran en paz para realizar actividades lícitas y competitivas. Acuñó la expresión de marras Gournay (Jacques Claude Marie Vincent), un comerciante exitoso del siglo dieciocho bien adentrado en los principios de la ciencia económica y en las enseñanzas de Cantillon y de John de Witt. Sabía que los mercados libres producen los mejores resultados para las masas y las necesarias coordinaciones a través de los precios, y que las interferencias del aparato estatal indefectiblemente conducen a faltantes y pobreza generalizada. Como una nota al pie, consigno que mi casa en Buenos Aires (San Isidro) se llama “Laissez-Faire”.

Anne Robert Jacques Turgot, amigo de Gournay y, a su vez, influido por Ferdinando Galiani, Hume y Josiah Tucker, fue en la época el mayor difusor de la teoría del lasseiz-faire y fue el que le brindó el mayor rigor intelectual, lo cual resumió en un extenso tributo rendido a aquel amigo a raíz de su muerte prematura y en sus trabajos titulados Plan para los impuestos en general (inconcluso, 1763), Observaciones sobre el ensayo de Saint-Péravy (1767), Reflexiones en la formación y en la distribución de la riqueza (1766), Crítica a la presentación de J.J. Graslin (1767), Acerca del valor y el dinero (inconcluso, 1769), Ensayo sobre el préstamo a interés (1770) y Carta al Abate Terray (1773). No hay texto de pensamiento económico que no dé cuenta de este personaje pero a los efectos de estas líneas nos surtimos en la obra de Schumpeter, muy especialmente en la documentación que aparece en el primer tomo de la de Murray N. Rothbard, en el libro de Henry William Spiegel y, más bien para adentrarse en el contexto, en el primer capítulo del trabajo de Gide y Rist.

En algunos casos se lo suele asimilar a Turgot con los fisiócratas pero, salvo ciertas consideraciones sobre la importancia del valor de la tierra (a pesar de sus por entonces novedosas consideraciones sobre rendimientos decrecientes), no puede equiparárselo a las teorías de Quesnay, Mirabeau y Dupont de Nemours, ni siquiera con las de Mercier de la Riviere. Junto con Turgot, es cierto que todos tenían especial aversión por los absurdos controles y reglamentaciones mercantilistas —inspiradas principal aunque no exclusivamente en concepciones colbertianas— y las criticaban por igual, pero Turgot contaba con conocimientos mucho más sólidos de la economía y, consecuentemente, desarrolló tesis más sofisticadas y liberadas de falacias y contradicciones propias de la fisiocracia.

Sus contribuciones pueden resumirse en once puntos centrales. En primer lugar, igual que haría posteriormente Adam Smith, subrayaba que el motor de todas las transacciones y el progreso estriba en el interés personal que en una sociedad libre hace que se atiendan del mejor modo posible los intereses del prójimo ya que para incrementar sus patrimonios deben ofrecer bien y servicios a terceros. Por ende, en este contexto, el interés personal siempre coincide con el interés general puesto que “es la única manera de asegurar, por un lado, el precio suficiente para estimular la producción y, por otro, que el consumidor obtenga la mejor mercancía al precio más bajo posible”.

En segundo lugar, se oponía al control de precios ya que escribía que “el gobierno debe proteger siempre la libertad natural del comprador a comprar y al vendedor para vender”. En tercer término, mantenía que los fraudes debían ser castigados pero enfatizaba que los procesos abiertos sirven de aprendizaje a las partes, así “el consumidor que es trampeado aprenderá por experiencia y cesará de comprarle al comerciante tramposo quien perderá su reputación”. Y en este mismo sentido subraya que “el pretender que el gobierno prevenga los fraudes sería como querer que se entreguen almohadas para todos los niños que pudieran caerse [...] Se pierde de vista que todas las regulaciones son confiadas a hombres que pueden tener más interés en cometer fraudes o en convivir con el fraude ya que el fraude que cometerían estaría cubierto por el sello de la autoridad pública [...] y consecuentmente la nación estará cargada con el peso para salvar a gente indolente que no se toman el trabajo de averiguar ellos al efecto de no ser trampeados”.

Cuarto, Turgot se refiere repetidamente al conocimiento disperso que no puede ser sustituido por ninguna autoridad: no hay necesidad de probar que cada individuo es el único juez competente acerca del uso [de lo suyo]. Solo el tiene el conocimiento particular y la persona más sabia solo podría argumentar a ciegas con el [...] Resulta completamente imposible el dirigir a través de reglamentaciones y continuas inspecciones la multitud de transacciones que por su inmensidad no pueden ser conocidas las que dependen de infinidad de circunstancias cambiantes que no pueden ser manejadas ni previstas”.

Quinto, alude a los pseudoempresarios que viven de las protecciones de la competencia que le brinda el poder político a contramano de los intereses de los consumidores, así escribe que “No hay empresario que no le gustaría ser el único vendedor de su mercancía. No existe ramo comercial en los que operan en el no quisieran eliminar la competencia y que no busquen algún argumento sofista para hacer creer a la gente que eso está en el interés del país, por lo menos en lo que se refiere a los productos que vienen del exterior que presentan como los enemigos del comercio nacional. Si los oímos, y los hemos oído muy seguido, todos los ramos del comercio estarían infectados de este tipo de monopolios. Estos tontos no ven los efectos [de la extensión de esa idea] a los productos locales”, lo cual bautiza como la guerra de la opresión recíproca”.

Sexto, elabora en cuanto a los efectos nocivos de los siempre crecientes gravámenes sobre la producción y el consumo y concluye que “Parece que las finanzas públicas, como un monstruo voraz, está al acecho para hacerse del botín de la riqueza de la gente.” Séptimo, se anticipa a la teoría subjetiva del valor y a la idea de los costos de oportunidad al poner énfasis en “las cambiantes necesidades de las personas” y que el valor “no es susceptible de medición”: “el agua a pesar de la necesidad que hay por ella y de la multiplicidad de satisfacciones que proporciona al hombre, no se valora ya que la encuentra en abundancia”. Además señala que “La superioridad en el valor de lo que estima adquiere una persona respecto de lo que entrega a cambio, resulta esencial en el intercambio y el solo motivo del mismo”.

Octavo, sus nociones sobre la teoría del capital, el ahorro y el rol del interés son notablemente modernos y en línea con las tesis de la Escuela Austríaca (lo cual incluye críticas muy bien fundadas a las leyes sobre la llamada “usura”). Noveno, su concepción monetaria: “El dinero no es para nada el resultado de una convención por lo que se intercambia por otros valores; es en si mismo un objeto de comercio, una forma de riqueza porque tiene un valor”. Décimo, proclamaba a los cuatro vientos la trascendencia de la tolerancia religiosa como consubstancial a la paz: “Si imponemos la unidad religiosa y no las diferentes opiniones toleradas, produciremos problemas y guerra civil”. Y undécimo, se oponía al servicio militar obligatorio que respaldaba en el hecho que “la repugnancia al servicio en la milicia está muy generalizado entre la gente”.

Lamentablemente Turgot perdió casi dos años de su tiempo (1774-76) intentando poner orden en las desquiciadas finanzas públicas de la Francia pre-revolucionaria, en definitiva sin éxito puesto que la nobleza se opuso firmemente a que le arrancaran sus privilegios y prebendas. De todos modos, quedan sus valiosos escritos y su influencia en corrientes de pensamiento posteriores.

Y aquellas propuestas que nuestro autor publicitó a contracorriente de la opinión prevalente en su época, nos dan un buen ejemplo para dar rienda suelta a nuevos descubrimientos que contribuyen a fortalecer las autonomías individuales y una mayor productividad y bienestar general. Ningún liberal que se precie de tal sostendrá que se ha llegado a una meta final. El liberalismo es un proceso en permanente ebullición. Por ejemplo, actualmente resulta de gran interés otorgar el alimento necesario a la idea de la privatización del mar y despejar telarañas mentales que caprichosamente se aferran a la noción de que solo pueden asignarse derechos de propiedad a lo que es sólido o a lo que no se mueve (lo cual, entre otras cosas, contradice la apropiación de marcas y de todos los bienes muebles y alteraría la propiedad del subsuelo respecto del petróleo y también del agua). Las nuevas tecnologías permiten la implantación de chips (como hoy se hace con las ballenas) y el llamado alambrado electrónico para reforzar las ya de por si precisas medidas cartográficas en el océano al efecto de establecer avenidas, peajes y propiedades para explotar los cuantiosos recursos marítimos ahora sujetos a la inmisericorde “tragedia de los comunes”, en lugar de aplicar la misma tesis para la ocupación original en tierra firme o la asignación en proporción a los espacios de cada país para luego proceder a la correspondiente subasta.

Turgot no vivió para presenciar la Revolución Francesa y su célebre Declaración de Derechos en la que se incluía, ente otras nociones de libertad, la antes referida igualdad de derechos ante la ley, ni tampoco asistió al derrumbe de la contra-revolución con el terror y el desmantelamiento de las ideas originales y el advenimiento del bonapartismo. En los tiempos que corren es necesario subrayar que la idea de democracia significa el respeto por los derechos de la minoría. Así, para cerrar esta nota, con motivo de los acontecimientos de Honduras, es pertinente citar una parte de una columna periodística de Huber Matos: “Quien violó la Constitución hondureña fue el propio Manuel Zelaya. No solo la violó repetidamente, sino que irrespetó a las autoridades judiciales encargadas de velar por su espíritu y su letra [...] Un golpe de estado no debe quedar impune en ninguna parte del mundo: ni los que nacen en los cuarteles, ni aquellos que, desde el poder y en nombre de la democracia, se llevan a cabo con el siniestro fin de destruirla”. Sin duda que esta condena a los repetidos golpes caprichosos, zigzagueantes y autoritarios no alude a la tradición liberal del derecho lockeano de resistencia, lo contrario eliminaría todas las revoluciones de independencia coloniales, comenzando con la estadounidense que ha sido la experiencia más fértil en lo que va de la historia de la humanidad.