Por consiguiente, debo partir por discutir las 4 preguntas de don Cesar. Comparto, sin dudas, las 3 primeras: es esencial que el (la) candidato (a) sea una persona decente, honesta, sin un pasado turbio, abierta al escrutinio y al control, que no sólo sepa qué quiere hacer desde el puesto sino qué nos demuestre por qué cree estar capacitada para el cargo, y que defienda, por encima de todo, las libertades y el respeto a los derechos individuales.

Discrepo, eso sí, con la cuarta pregunta: compartiendo la meta (enriquecer a los más necesitados), creo que redistribuir la riqueza es una pésima manera de –supuestamente- enriquecer a un grupo, sean estos muchos o pocos. La riqueza no se redistribuye, se produce; redistribuyendo, que no es otra cosa que alterando los resultados del mercado en base al uso de la fuerza, lo que se crean son incentivos contrarios a la creación de riqueza o capital, razón por la cual las políticas redistributivas suelen tener un efecto secundario –las famosas “consecuencias no esperadas”- contraproducente.

Dicho esto, reformularía la cuarta pregunta de la siguiente manera “Quién promueve la creación de riqueza, respetando los alcances del cargo”. Desde la municipalidad se pueden promover diversas políticas públicas de extrema importancia para el desarrollo económico nacional; de hecho, el reporte Doing Business del Banco Mundial, altamente correlacionado al crecimiento económico de un país, esta estructurado en variables, muchas de las cuales recaen en el ámbito municipal.

Que las anteriores gestiones no hayan hecho uso de estos indicadores no es motivo para seguirlos ninguneando; por ejemplo, cae dentro de las funciones ediles la zonificación, mecanismo a través del cual puedes incentivar o desmotivar la actividad económica; de igual manera, los permisos y las regulaciones municipales modifican la velocidad de la destrucción creativa, abre espacios para la corrupción, así como impacta en las oportunidades comerciales de los vecinos; vía la regulación de sectores específicos (transporte, comercio, espectáculos, etc.) se define el estilo de vida; entre otros.

Por ello, el cargo edil puede ser una palanca importante de cambios en la calidad de vida de millones de personas, o tan sólo un puesto cosmético, irrelevante o –peor aún- de festines inmundos.

Esta visión no es extraña en nuestros lares; para quién se ha desarrollado bajo reglas autárquicas y proteccionistas, “la manufactura debe estar protegida de prácticas desleales”, término que supone condiciones inmorales o ilegales. En mi opinión, que una empresa apueste a las economías de escala -reduciendo márgenes en determinado mercado a fin de marginar cómodamente en otros- no supone un acto de inmoralidad; parte de la función empresarial es manejarse vía los beneficios agregados corporativos, lo que incluye aprovechar todas las oportunidades globales al alcance de la firma. Para las empresas peruanas que se están internacionalizando, esto será –pronto- una verdad de perogrullo.

En todo caso, sería bueno que Don David –y sus patrocinados- critique por un instante los supuestos beneficios de restringir el libre comercio. Imaginemos que, efectivamente, una empresa de confecciones china practica el dumping localmente. Don David se pregunta: ¿Quiénes se perjudican? Y responde, rápidamente: los empresarios –accionistas- del sector de confecciones local, los trabajadores y otros stakeholders. La reacción natural del proteccionista es construir una barrera al ingreso de dicha producción. No obstante, existen diversas maneras de mejorar la competitividad del sector confecciones sin perjudicar el libre mercado y, de paso, mejorar la competitividad local de manera horizontal: se puede, por ejemplo, desregular el mercado laboral, mejorar la calidad institucional, reducir los costos de formalización, ampliar el stock de infraestructura, mejorar la calidad educativa, entre otros. Dichas mejoras, notémos, incrementan la competitividad de todos los sectores, no sólo aquellos afectados por la práctica en cuestión.

Ahora, no sólo don David debería sugerir éstas mejoras; también podría preguntarse: ¿Y quiénes se beneficían de la práctica china? Pues, en primer lugar, los consumidores del producto final. Millones de peruanos –e intuyo que Don David es uno de ellos- se benefician del ingreso de estas prendas, las cuales aumentan el portafolio de opciones, a mejores precios y –a veces- con mejor calidad. Y si profundizamos aún más, observaríamos que los más beneficiados son aquellos peruanos de menores ingresos, para quienes el precio es el vector –en la toma de decisión- de mayor relevancia.

Ahora, pregunto ¿Quién se beneficia con ésta demanda? El proteccionismo sólo ha servido, históricamente, a un grupete de incompetentes empresarios y, de pasadita, ha beneficiar a uno que otro político profesional.

Ojalá don David, sus patrocinados y el Tribunal Constitucional recapaciten en esto.

Lo primero que habría que destacar es el origen de tan abultada tasa –al 12%, constante, se duplica el PBI cada 6 años-; si analizamos por sectores, Construcción (22,70%) y Manufactura (21,61%) son los que más aportan. No obstante, el análisis sectorial por variaciones aporta muy poco –en cuanto a información- sobre lo relevante, que son las políticas públicas detrás del crecimiento. Sin duda, las tasas de los sectores mencionados son muy importantes, empero sólo representan al 6,23% y al 14,33% respectivamente del PBI total (promedio 2009). Servicios y Comercio, los sectores más importantes de toda economía moderna, representan 56% del PBI, por lo que no debemos dejar de señalar las reformas pendientes y necesarias a fin de impulsar dichos sectores (laborales, tributarias, institucionales, regulatorias, entre otras).

Lo segundo a tratar es sobre la sostenibilidad y los riesgos -de mantenerse las actuales tasas de crecimiento-, si hubiesen. China, para tomar un ejemplo, creció a tasas mayores al 10% durante más de 25 años; Japón, Corea del Sur y Taiwán confirman la viabilidad del ejercicio chino. Es decir, sí es sostenible crecer a tasas elevadas por periodos extensos. Los riesgos se presentan no en las altas tasas, sino en las políticas detrás de las mismas. Me explico: si el crecimiento está basado en reformas que mejoran la productividad local, la calidad institucional, el ambiente de negocios, todo ello en un marco de prudencia fiscal y monetaria, pues se puede crecer a dos dígitos sin generar riesgos de algún tipo. En cambio, si el crecimiento está soportado sólo por un mayor gasto público -vía impuestos o inflación-, entonces sin duda existen riesgos y lo mejor es bajarle las revoluciones a la maquina. ¿Es este nuestro caso? La data fría dice que la economía aún no está “recalentada”; empero, el crecimiento de la inversión pública (67%) está muy por encima de la privada (24%) –generando un efecto “crowding out”-; ergo, los problemas potenciales son diversos: baja calidad del gasto público, espacio para corrupciones –Q.E.P.D. SNIP-, cuellos de botella –calidad institucional, regulatorios, etc-, entre otros.

Si deseamos crecer de manera sana y sostenible a este ritmo es indispensable hacer reformas, aquellas que quedaron pendientes en 1997.

Señalemos un ejemplo. En 1965 el estado peruano amparaba la propiedad de 20 empresas; en 1990, contaba en sus filas 226. El gobierno del dictador Velasco Alvarado se constituyó, sin duda, en el principal promotor de dicha ambición; no obstante, ni los gobiernos “democráticos” del don Fernando Belaunde ni de su sucesor, don Alan García, devolvieron las empresas confiscadas a sus antiguos dueños (hecho que, de paso, desnuda la poca coherencia que tenemos los peruanos hacia con el principio de propiedad y el sistema democrático).

En todo caso, más allá de las anécdotas, lo cierto es que la administración estatal de dichas 226 empresas durante el periodo 1970-2006 produjeron pérdidas por US$11,534 millones y un Valor Actual Neto (VAN) de US$47,689. Este monto, abultado sin duda para un país pobre como el nuestro, sólo incluye las pérdidas empresariales de las empresas estatales no-financieras para dicho periodo, lo cual significa que podríamos añadir las perdidas en dicho sector, así como otras de índole colateral –léase, efectos en las reservas, moneda, costos judiciales, entre otros.

Así las cosas, los peruanos deberíamos tener claro cuales son los costos de oportunidad que asumimos cada vez que a un político profesional se le ocurre la peregrina idea de insertar al estado en el ámbito empresarial. Pudimos, por ejemplo, construir 63,000 kilómetros de carreteras, pagar la totalidad de la deuda pública y cerrar, simultáneamente, el 73% de la brecha de infraestructura que tenemos hoy con Chile, o –sencillamente- comprar SONY Corp.

Vale la pena recordar esta cifras (Instituto Acción, 2007) ahora que personas como don Luis Negreiros nos quieren hacer creer que la participación del estado en el Muelle Norte de nuestro primer puerto es una buena idea. Sencillamente, no lo es. Y es que, como bien dice la economista Mary Shirley, el problema no es que sean -los burócratas- incompetentes (aunque muchos lo son) sino el sistema de incentivos que enfrentan.

Permitamos que el mercado y la competencia hagan su trabajo; obliguemos –de paso- al estado ha hacer el suyo: brindar seguridad y administrar adecuadamente la justicia.

Está, en principio, el problema del alcance del término, que no es otro que la incapacidad del mismo de albergar la compleja estructura económico-política imperante en un país. Por ello, debemos estar consientes de lo que asumimos al reducir la vasta estructura de variables que componen un “modelo” a un solo término (sea neoliberal, socialista, estatista o cualquier otro), reducción que termina –inevitablemente- constituyendose en absurda.

Luego está el problema del historicismo del modelo, y me refiero por ello al problema que surge al identificar una estructura de políticas bajo un mote que identifica los limitados ajustes que son capaces de producir los actores políticos durante su mandato. Esto es: el modelo económico vigente, en cualquier realidad estudiada, es la resultante de políticas establecidas hace decenas de años, ajustadas por los distintos gobernantes en cada periodo político, de tal forma que el resultado actual no es un modelo específico, sino la evolución –con avances y retrocesos- que decantan en un mix de mayor o menor grado de cada mote que describa el actual proceder.

Finalmente, está el problema de la identificación del origen del modelo. Es intuitivo, al hablar de un modelo, homologar al mismo con el mandatario de turno, alimentando con ello la inexacta creencia que el “modelo” imperante es el resultado de las acciones específicas del mandatario en cuestión, cuando -como hemos visto- a lo mucho es responsable de los ajustes que -sobre el complejo equipaje de normas e instituciones que provienen de gestiones anteriores- ha realizado.

Así las cosas, tildar a determinado proyecto como “neoliberal”, “socialista” u otro adjetivo es, por decirlo menos, un penoso ejercicio de simplificación y generalización que debe ser ponderado. Sí, es cierto que ayuda reducir ciertos proyectos a un solo mote, y de hecho no podemos criticar el ejercicio –ya que, indudablemente, facilita y economiza la transferencia de información-; empero, tanto el informante como el informado deben estar conscientes de las limitaciones del término.

Dicho esto, sería muy mezquino sostener que el segundo gobierno aprista fue en general malo: reformas importantes en el área de educación y trascendentales proyectos de infraestructura -culminados y otros trazados-; el mantenimiento de la independencia otorgada a los ámbitos fiscales y monetarios, así como una responsable y equilibrada política exterior desde Cancillería; la culminación de los Tratados de Libre Comercio y la apuesta por encaminarnos globalmente como una Marca País, son probablemente los aspectos más destacables que deja éste gobierno.

Sería, de igual manera, exagerado calificarlo como exitoso. Ganada la estabilidad económica y social durante el gobierno anterior, este pudo ser un lustro de reformas importantes que nos catapulten –de manera directa- a un programa de crecimiento y desarrollo sostenido, uno que nos encamine -de una vez por todas- a ser parte de los llamados “desarrollados”, tarea que sin duda tomará más tiempo del que algunos suponen, pero que será imposible de lograr si seguimos retrazando las reformas pendientes. Lamentablemente, ésta era una oportunidad tendida: los recursos disponibles, la crisis que ameritaba las reformas, y un gobierno con mayoría para realizarlas.

El listado, obviado en el discurso presidencial, incluye una seria reforma laboral –dirigida a promover la competitividad- y tributaria -dirigida a formalizar la economía emergente-; una reforma de las instituciones claves que aseguren la protección de la propiedad privada, así como del Estado de Derecho; una reforma del estado que ajuste al mismo al tamaño de nuestra economía -y no al revés como es hoy en día-; reformas indispensables en los marcos regulatorios que incentiven la productividad del sector Servicios, punta de lanza de toda economía desarrollada; devolver a manos privadas aquello que no compete al rol del estado; erradicación de todo arbitrario beneficio otorgado; entre otros.

Muchos creen que el camino al desarrollo está garantizado; lamentablemente, las cosas no funcionan así. Uno no llega a un destino para el cual no se ha preparado. Si queremos un Perú desarrollado sólo queda actuar en concordancia; y nosotros, pues recordemos que el voto refleja nuestra propuesta respecto a qué Perú queremos.

La masiva y unilateral intervención del BCR, que desde el segundo trimestre del 2009 no ha vendido un solo dólar –solamente ha comprado–, no ha podido detener la tendencia a la baja. Al comenzar el segundo trimestre del 2009 el dólar se cotizaba a 3.16 soles; al cierre del año, a 2.89 soles; y últimamente se cotiza alrededor de 2.82 soles. El temor que motiva la intervención –que no es sino el temor de ciertos grupos particulares, tales como los exportadores o los profesionales independientes que facturan sus servicios en dólares, o de los bancos que han prestado soles a clientes que reciben dólares– es que el tipo de cambio siga cayendo.

¿Qué ha ocurrido para que el tipo de cambio caiga como lo ha hecho en los últimos 15 meses? Para empezar, hemos tenido un superávit comercial (exportaciones menos importaciones) de casi 6,000 millones de dólares el año pasado, que es casi el doble que el superávit comercial del 2008 y que sigue creciendo en el 2010. Quiere decir que le vendemos al resto del mundo mucho más de lo que el resto del mundo nos compra a nosotros.

Algo tenemos que hacer con los dólares que nos quedan entre manos. Lo natural sería que los invirtiéramos en el exterior: depositándolos en una cuenta en Miami, comprando acciones en la bolsa de Nueva York, adquiriendo una empresa en Argentina o un departamento en París. Si la inversión en el exterior fuera equivalente al superávit comercial, la oferta y la demanda de dólares se habrían equilibrado y el tipo de cambio se habría mantenido estable. Pero el hecho es que mientras los peruanos invertían en el exterior poco más de 4,000 millones de dólares en el 2009, había inversionistas extranjeros que querían invertir mucho más, arriba de 5,700 millones de dólares, en el Perú. O sea que, lejos de compensar el superávit comercial, la inversión neta del exterior hacia el Perú aumentaba la oferta de dólares en el mercado interno. Y en el primer trimestre de este año, los peruanos desinvirtieron más de 600 millones dólares en el exterior, mientras que los extranjeros traían casi 1,700 millones más.

Frente a estos movimientos de capitales, es poco o nada lo que el BCR puede hacer. Su actitud, podríamos decir, es quijotesca. Significativamente, gran parte de la inversión extranjera que ha llegado al Perú en todo el 2009 y el primer trimestre del 2010 no es inversión de portafolio (compra de bonos o acciones), que podría calificarse, a riesgo del calificador, de “especulativa”, sino inversión directa en la compra de propiedades y empresas o en aportes de capital a operaciones ya existentes.

¿Qué pasaría, entonces, si se dejara libre el tipo de cambio? Pasaría que, mientras el Perú sea una plaza de inversión más atractiva que otras, seguirían llegando más dólares de los que se van. El mercado internacional está diciendo que se puede hacer un uso más productivo de los recursos en el Perú que en otros lados. El tipo de cambio seguirá cayendo mientras haya un flujo neto de inversiones hacia el país. La única manera de equilibrarlo y estabilizar el tipo de cambio es mediante un déficit en la balanza comercial. Eso quiere decir: exportar menos e importar más.

Exportar menos puede parecer un contrasentido, pero es lo que se requiere para reorientar algunos recursos productivos hacia su uso más valioso, que hoy parecería estar en el mercado interno. El verdadero contrasentido es la intervención en el mercado cambiario, que en la medida en que consiga atenuar la caída del tipo de cambio, les está diciendo a los empresarios que sigan utilizando recursos en actividades menos productivas. Cuando el BCR compra los dólares a un precio mayor que el que se establecería en un mercado libre, les está dando a ciertos exportadores una rentabilidad que el mercado no les daría.

Es fruto del desconocimiento que mientras las autoridades políticas y monetarias y los líderes empresariales y los medios ensalzan las virtudes del Perú como un destino para la inversión, al mismo tiempo muestren preocupación e inclusive exijan que se tome acción contra lo que no es sino una consecuencia lógica de esas virtudes: la caída del tipo de cambio o, dicho de otra manera, la apreciación de nuestra moneda.

Alberto Abadie, de la Universidad de Harvard, presentó hace unos años (2004) un interesante estudio sobre las raíces del terrorismo a nivel mundial, tanto sobre el que acontece a nivel local como el que actúa a nivel internacional. Según la data recabada y analizada, el riesgo de ataques terroristas no es más alto en países de bajos ingresos –y de mayores desigualdades, medido vía el Coeficiente de Gini- que en aquellos de altos ingresos; si bien estudios como el de Alesina y otros (1996) sugerían una mayor probabilidad de violencia en países de menores ingresos, éstas estaban referidas a violencia social y crisis política, no así a fenómenos del tipo terrorista. Los resultados de Abadie, en todo caso, van de la mano de otros estudios que no encuentran mayor relación entre brotes de violencia terrorista e ingresos, tales como los de Krueger y Laitin (2003) y Piazza (2004).

No obstante, al relacionar el riesgo de violencia terrorista con libertad política -como variable- se encuentra una relación no-lineal, semejante a una U invertida. Abadie interpreta este hallazgo de la siguiente manera: por un lado, las practicas represivas comúnmente aplicadas en países autoritarios minimizan las posibilidades de brotes de acción subversiva; por otro, en periodos de transición política –léase, durante la transición de un régimen autoritario a uno más democrático- los gobiernos son percibidos como débiles, razón por la cual la inestabilidad política es mayor y las condiciones para el brote terrorista se acentúan. El surgimiento de Sendero Luminoso, a mediados de 1980, en pleno proceso de transición política, es un ejemplo de ello.

Lo que se plantea, a nivel general, es la existencia de un intercambio –trade off- entre libertades políticas y riesgo de violencia terrorista; las soluciones óptimas no estriban, por supuesto, la reducción de las primeras, empero la primera razón de ser del estado es brindar seguridad sobre la vida y propiedad de sus ciudadanos.

El surgimiento del terrorismo en el Perú tuvo más que ver con la oportunidad política y la insana convicción ideológica de un grupo de asesinos dispuestos a todo para llegar al poder; empero, el punto central sigue vigente: ¿Cómo lograr, bajo un régimen democrático, asegurar la vida de los ciudadanos minimizando el riesgo de la violencia terrorista?

No es una broma. He amanecido extremadamente sincero y romántico. Miren. El Estado desgracia con sus ocurrencias. Si Jorge y Carlos creen que la felicidad está en lograr los mismos derechos que Alberto y María se equivocan, pues éstos viven encadenados más allá de sus propias voluntades. ¿Y dónde está la igualdad de derechos?, me dirán. Respondo: ¿Toda lo que está en la legislación es propio del derecho? Entiendo que el derecho no es otra cosa que la misma libertad, precisamente lo que el matrimonio promovido desde el Estado niega a través del derecho de familia (por cierto, en este rubro no existe igualdad alguna entre las partes en litigio).

Los grupos y particulares que promueven el matrimonio entre homosexuales no asumen que su marginalidad no es un pecado, sino una bendición. Son libres de entrar y salir de la relación cuando quieran. No tienen más amarras que el propio amor, las ganas o la necesidad de acompañarse. Por lo mismo, ya tienen de por sí un gigantesco universo de motivos para pensarlos mil veces antes que hacer añicos sus uniones. No necesitan del Estado para hacerlas más férreas. Es lo contrario, las torna forzadas, hipócritas e insinceras: ¿Me quieres por mí mismo o por lo que te puede tocar en el reparto según el abogado?

Cuando las estadísticas resaltan la elevada tasa de divorcios a nivel mundial (exclusivamente heterosexuales), los grupos de presión gay intentan ir contracorriente. Y lo están logrando. Y lo lograrán. ¿Serán ellos el más duro filón del “hasta que la muerte nos separe”? Ríase. Sí, suelte las carcajadas. Destorníllese de risa. También se separarán. Claro que lo harán… Y ahí conocerán lo que la ley les facturará.

Vean. Hasta antes de la “moda” del matrimonio estatal, las uniones conyugales eran un asunto completamente privado. No había más fórmula y modo que el que las parejas establecían de acuerdo a sus viejas costumbres. Por entonces el casorio era tan importante y sagrado que todo quedaba en el ámbito de la familia y de la propia comunidad. No existía ninguna injerencia legal. Todo era un concierto de moralidad tan eficaz que nadie discutía su naturaleza. Claro, por entonces el amor no contaba. Igualmente, el credo católico-romano-apostólico tampoco se discutía.

Verdad. Fue la reforma protestante la que obligó a que el “sacramento” del matrimonio (entre hombre y mujer, las únicas posibles por entonces) se concretasen vía el aval del Estado. Será éste, desde su faz confesional, el que le otorgue a la Iglesia el monopolio del fondo y de la forma nupcial. Una alianza que durará hasta bien entrado el siglo XX, pues sólo la Iglesia oficiaría matrimonios. Ello hasta que las corrientes laicas propicien la ruptura entre el clero y el poder político. Erróneamente, en esa ruptura se le atribuyó al Estado la facultad de casar. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Es la otra cara del laicismo: pretender reemplazar a la Iglesia haciendo del feligrés un ciudadano. La misma cosa. Ovejas del Señor.

¿Y el amor? Nada. Es a partir de fines del siglo XVIII e inicios del XIX que las personas van logrando el derecho de poder escoger por su cuenta y riesgo (¡y qué riesgo!) su propia compañía. Antes la decisión era familiar, pues lo que se buscaba era proteger y/o acrecentar el patrimonio. Como decían las abuelas de entonces: “No te preocupes mi niña, ya aprenderás a quererlo, es un buen partido”. Al fin y al cabo, somos animales de costumbres. Al pasar el tiempo, la inicial llorosa niña aprendía a “amar” al marido al que la habían entregado. Así, eso de elegir la “otra mitad” es de reciente data. Muy breve y frágil. Por lo mismo, lo del amor y del matrimonio como casi sinónimos es tan raro como discutible. Algunos dicen que no van de la mano, que son antagónicos. Yo no lo sé.

Pero parece que el mundo gay sí lo sabe, por ello cada una de las razones aquí anotadas no le van. Les resbala. Quieren boda y pastel con sello de burócrata a como dé lugar. Sueño en rosa. Anhelan morar dentro del “paraíso” estatal porque juzgan que es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Curioso, lo opuesto es lo que sucede con los heterosexuales.

Que el amor no se ponga en duda. Si alguien tiene miedo a la soledad, que se compre un perro. Si otro detesta pagar las cuentas de fin de mes… ¿que la ley actúe? Eso es realmente lo que se mira: las carísimas dádivas del Estado Bienestar. Únicamente desde ese ángulo podría asumirse la dicha nupcial. ¿Que la sociedad asuma lo que los individuos no pueden por sí mismos? Sí es así, entonces recordemos a Eloísa, quien antes de preferir ser la esposa de su amado y muy amputado Abelardo (el amor le costó el pene), entendía que era mejor ser su ramera antes que asesinar al verdadero amor.

No obstante, tanto el Fondo como los demás analistas sostienen que la actual recuperación económica se encuentra sujeta –aún- al riesgo de una crisis financiera sistémica, tanto por el lado de los déficits fiscales como por el lado de la banca privada (lo cual se visibiliza a través de las tasas interbancarias).

Así las cosas, queda claro que la turbulencia persiste, y si deseamos manejarnos prudentemente, debieramos suponer que lo peor está aún por pasar (a fin de tener –si se diera el caso- una estrategia claramente definida frente a ello).

El Financial Times, uno de los más reputados diarios financieros, reclamaba ayer la configuración en la zona Euro de un mecanismo que facilite la salida ordenada de alguno de sus miembros -cualquiera de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España)- en caso sea necesario. Leyendo entre líneas entendemos lo que significa dicha opinión: más temprano que tarde una de las cuestionadas economías buscará mayor flexibilidad en sus cuentas nacionales, dados los proyectos de reformas a los que se enfrentan y los años de austeridad que vienen por delante.

Y mientras que el fondo y otras instituciones reclaman mayor prudencia fiscal, un paquete de reformas labrado con seriedad, una revisión de los sistemas tributarios y laborales que promueva la inversión y la competitividad, así como acciones de reforma en otras variables del complejo algoritmo del crecimiento, algunos países europeos –notablemente España y Grecia- profesan que las reformas emprendidas son suficientes y que ahora es momento de que todos “pongan el hombro”, como si la las cuentas nacionales se tratasen de una actividad deportiva.

Esta visión contemplativa de la realidad financiera global no sólo es propia de algunos países europeos; en Estados Unidos, donde el fanatismo por la expansión monetaria esta tomando ribetes nunca vistos, la realidad contrasta el mensaje gubernamental: los últimos datos sobre productividad marginal de la deuda cruzó recientemente la barrera de la inocuidad, situándose hoy claramente en terreno negativo.

¿Será que hemos llegado al punto donde suponer lo peor tal vez sea insensato?

¿Quiénes buscan enriquecerse? Básicamente, toda persona que actúe buscando mejorar su posición relativa, no frente al resto de individuos, sino vis-à-vis su condición actual; así, nos referimos a cualquier persona que trabaje, sea como profesora de educación cívica o como ejecutivo en una transnacional. Todos ellos, lo admitan o no, buscan enriquecerse, mejorar sus niveles actuales de riqueza de manera que puedan acceder a mejor alimentación, salud, educación, ropa o vivienda.

A quien probablemente quiso denigrar el susodicho analista es al rico, aquél que logró “más de la cuenta”, lo cual es una letanía repetitiva entre progresistas y aquellos que se ufanan de vivir moderadamente, de no necesitar más que un buen café y un buen libro. Sin duda, suena muy poético; empero, dista mucho de cómo actúa el ser humano en la realidad (ellos incluídos).

Esas personas, que denigran al exitoso, ignoran los mecanismos de formación de riqueza (que en resumen, no son otros que atender los deseos de los consumidores –en mejor forma que la competencia- bajo los éstandares de calidad y precio que éstos demanden), así como los beneficios que la sociedad percibe directa e indirectamente de dicho esfuerzo, basado –cuando impera el capitalismo y no el mercantilismo – en trabajo e ingenio, y no en amistades, legados o corruptelas como nuestro analista supone. El éxitoso promedio dista mucho de esa imagen acartonada de gustos superfluos y conocimientos básicos; empero, incluso si así fuese, ese también es su derecho: aquél de vivir la vida como le plazca.

Pero para un grupo de analistas, una vida sin Sartre o un buen asado en familia es una vida vacía, incluso equivocada. Y claro, dicha suposición ruega que les preguntemos ¿Equivocada en base a qué? ¿Es moralmente mejor quién trabaja para leer a Nabokov que aquél que busca poseer un automóvil? Claramente no. Cada persona elige bajo que éstandar considerarse -o no- exitoso. Y si al más pobre en Huancavelica le consultamos si desearía enriquecerse, probablemente diga sí y pregunte cómo.

Dice mucho de una sociedad cómo ésta trata a sus pobres; empero, también habla de ella cómo trata a los exitosos, productivos y emprendedores.

Sin duda, se ha dado el primer paso para que los asesinos de antaño se sientan henchidos de razones y argumentos en su defensa. Y la tendrán. Así es, durante todo el sangriento proceso subversivo iniciado en mayo de 1980 los febriles seguidores de Guzmán vociferaban que la legalidad y el estado de derecho no eran más que una imposición de la clase burguesa que no estaban dispuestos a respetar. Ellos se consideraban la avanzada de la “otra clase”, del proletariado. Desconocían la Constitución y las leyes. Clamaban por el imperio del poder de la política por sobre el derecho. En suma, jugaban a ser los bárbaros.

Ello es lo que parió la izquierda. Puntualmente, los vástagos de José Carlos Mariátegui. Tan sólo seguían el manual. Si optaron por la lucha armada no fue por una mala interpretación marxista, sino por mera coherencia: Marx proclamó más fuerte que nadie que la violencia era la partera de la historia. Y a ella se sometieron, sobre todo cuando se sabían lejos de alcanzar el favor de las masas vía elecciones. Cuestión de táctica, de estrategia al estilo cromañón.

Del otro lado, una de las cartas más sólidas de la ciudadanía y de las fuerzas del orden fue precisamente el salvaguardar aquél orden político y constitucional que la subversión repudiaba. Un orden caótico, corrupto, débil e imperfecto, pero que a codazos y trompicones pugnaba por ser democrático. No era poca cosa luego de doce años de dictadura militar. Doce años de mano dura que a la vez fue permisiva con estas mismas sectas de antisociales; un lastre que no se cura en poco tiempo, especialmente cuando nuestra historia es prolífica en autocracias y dictaduras.

No por pura exquisitez Jean François Revel remarcaba el escaso bagaje existencial como la fragilidad de las democracias modernas, el único sistema donde la artera disidencia es permitida. Su novedad es cierta, es un experimento muy reciente como para osar compararse con otros regímenes. Universo de esquemas que no soportan al discordante tan fácilmente como la democracia, refugio preferido de una infinidad de “antis” y de “contras”. Ámbito donde la opinión es sacra y el individuo y la propiedad pasan a ser pilares fundacionales. Precisamente los frenos a las apabullantes mayorías, lo que marca la diferencia con el estrepitoso fracaso del demos griego.

Real, la admirada democracia ateniense fracasó porque el “pueblo” carecía de límites a sus acaloramientos e impulsos. Tal como se ve hoy entre nosotros cuando los legisladores se escandalizan al enterarse por la prensa que un grupo de senderistas reclaman la libertad del “Presidente Gonzalo” dentro de la Universidad de San Marcos. ¿Alguna novedad? Que se sepa, los secuaces de Abimael nunca dejaron de existir. Muchos menos los del MRTA. Ambos conviven con el resto del país desde hace mucho, y en todos los ámbitos.

Pero el problema no está en lo que los diarios y noticieros señalen, sino cuando desde el gobierno y el Parlamento se invocan remedios impropios de un auténtico estado de derecho. Tal es el caso del pedido de reinstauración del delito de apología del terrorismo y el ramplón “apartheid” legal tanto para los ex condenados como para los ideológicamente indeseables. Al respecto, ¿alguien verdaderamente cree que ese es el mejor de los remedios? Por lo pronto, el linchamiento al adversario no es propio de demócratas. Lo propio de estos (y lo más eficaz) es enfrentarlos con argumentos y con una noción de derechos no discriminatoria.

En suma, ¿cómo reprocharles su incivilidad y barbarie si es que al primer sobresalto procedemos a desfigurar la Constitución y las leyes? ¿Que no son ideales, quién lo duda? Hasta se puede decir que son una rémora al progreso, pero es parte del aprendizaje de las sociedades regirse a través de instituciones y no por personales arrebatos. Procedamos desde ellas, pues si actuamos al estilo del Ministerio de Educación y las demandas ultramontanas de la señora Cabanillas flaco favor le haremos al sistema representativo.

No perdamos la perspectiva. No fabriquemos víctimas. Sendero empleará cínicamente la legalidad hasta donde le alcance, está en su derecho. De ello no hay que asustarse. Aprendamos de estas lecciones, por más antipáticas y repulsivas que nos sepan. Apuntalemos nuestra siempre frágil democracia expurgando aquello que la contradice y rebaja. Y especialmente, suprimiendo cada uno de esos recovecos estatales que los radicales de la hoz y el martillo han tomado para sí.

Hace pocos semanas observamos como el Poder Judicial, valiéndose una laxa reforma legislativa a favor de los reos por terrorismo, liberaba sin mayores aprietos a una ciudadana norteamericana que planeaba reventar con dinamita el Congreso. Días después, un grupo de amigos de terror se paseaba con insolencia por los pasillos de la universidad más antigua de Latinoamérica, un ícono del conocimiento que debería servir de bisagra del desarrollo más que de caja de resonancia del atraso y la miseria. No habíamos digerido los hechos de la decana y presenciamos como una redada en una penal de mujeres descubría propaganda terrorista en las celdas de quién, en pocas horas, marchaba hacia la libertad.

Sospecho que de los miles de liberados en los últimos años, gracias a la timorata reforma realizada, algunos habrán entendido que las opciones violentas son un contrasentido, una inmoralidad cruel y salvaje; empero, no hay duda que muchos otros siguen empecinados en levantar el puño, coger un arma y arengar a favor de una ideología sanguinaria. Es aquí dónde salta la liebre para aquellos que deseamos un país distinto para nosotros y nuestros hijos: ¿están al tanto de quiénes están realmente reformados y quiénes no? ¿Han ideado un mecanismo de seguimiento o revisión de sus quehaceres una vez que fueron puestos en libertad? ¿Han previsto si la normativa contempla qué hacer en caso de reincidencia? ¿Tendremos que esperar a que un coche bomba nos indique que las acciones armadas han regresado –dado que los enfrentamientos en el interior del país, las pintas, arengas y marchas no han sido, aparentemente, suficientes-?

Mientras la clase política juega a interpretar los hechos, los analistas plantean soluciones ideológicas y algunas ONG’s apuestan a ciegas a la rehabilitación de todo terrorista, la sociedad peruana no puede seguir sentada y cruzada de brazos. Hay momentos en los que cada persona tiene que optar si seguirá siendo un simple espectador del acontecer social y político, o si prefiere alzar la voz y luchar por sus ideales. Hoy es ese día; hoy saldremos algunos a decir: ¡Basta! ¡Queremos vivir en Paz!

Infórmese más sobre este nuevo medio online en:
http://www.periodicoliberal.com/

Partiendo por aceptar que un espacio de la libertad de todo individuo es poderse expresar, equivocado o no, al resto nos queda expresarnos claramente y recordárles, a los que usan el terror como medio, que existimos aquellos que deseamos vivir en paz.

Es una verdad de perrogrullo sostener que la realidad puede, finalmente, ser estirada y manipulada a conveniencia del observador. Pero al final, no hay quien niegue que la jauría terrorista inició el ejercicio de la fuerza: matando, destruyendo a diestra y siniestra, sin importar detalles como raza, credo, nivel socio-económico o posición ideológica. Son los terroristas los que abandondaron, en forma primera, el espacio de las soluciones pacíficas y las sustituyeron por soluciones violentas.

Entonces, a los amigos del terror, debemos decirles esto: si la pasividad -frente a una realidad brutal- primó en la era del terrorismo, hoy no sucederá lo mismo. Para cualquier demostración de amistad que ustedes tengan hacia con el terror encontrarán a un grupo de peruanos parados, con las manos blancas pero no tendidas, al frente. Y si lo que se proponen es buscar la impunidad hacia con sus crueles líderes, pues no la encontrarán entre la sociedad civil. Porque se pueden perdonar los errores; pero perdonar esas actuaciones asesinas, que sólo buscaban perpetuar a un genocida en el poder bajo el pretexto de una lucha de clases, jamás. Y lo dicho no es hablar bajo los efectos del odio o la sed de venganza; es hablar con un mínimo de respeto hacia con los que hoy yacen bajo tierra, por culpa de esas acciones criminales, y no pueden defenderse.

A los amigos del terror hay que decirles ¡Basta! ¡Queremos vivir en paz! Si desean cambiar los destinos del pueblo peruano, para eso existe un modelo en el que compiten las diferentes visiones que sobre el desarrollo se pueda tener, modelo al que ustedes han decidido enfrentar violentamente. Secuestrando bajo al terror a toda una nación no van a conseguir extinguir los frutos del carácter individual del ser humano. Y si de verdad quieren ver un cambio en lo profundo del Perú, partan por asumir que por las vías de la violencia no lo van a conseguir. La sociedad peruana, esta vez, no se los va a permitir.