Isabel Durán, natural de Madrid, es Diplomada en Gestión y Administración Pública y anteriormente ha trabajo en otros buffetes de abogados, así como en la Administración.

Un nuevo escándalo de protección de datos ha salpicado a las operadoras telefónicas. En esta ocasión, a Orange, filial de France Telecom, que ha sido sancionada con 50.000 euros por emitir varios cargos a la libreta de ahorro de un niño de 10 años.

La denuncia, que fue presentada por la madre del menor tras percatarse de varios cargos a favor de Orange en la cuenta de ahorro infantil de su hijo, dio origen a una investigación por parte de los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Tras realizar las averiguaciones oportunas, se constató que la filial de France Telecom habría girado hasta un total de 6 facturas entre julio de 2010 y marzo de 2011, la última de ellas, de 295 euros, 4 meses después de presentar la denuncia, “por no cumplir la permanencia asociada”.

Las alegaciones que realizó Orange han sido rechazadas en su totalidad por la AEPD, quien afirma rotundamente que, “en modo alguno, France Telecom ha acreditado que comprobara la edad de la denunciante, ni ha aportado documento alguno que lo acredite, como pudiera ser la solicitud del DNI, o incluso el propio DNI, sino que se apuntó el número del DNI (también erróneo) y comenzó a facturar un servicio a la cuenta bancaria proporcionada, sin realizar ninguna comprobación”.

Dicho de otro modo, según la resolución, la operadora en ningún momento se preocupó en comprobar que los datos bancarios y personales eran correctos. La AEPD considera que France Telecom debería haber realizado las acciones necesarias para evitar que, como en este caso, los datos personales de un niño causaran alta en su sistema.

“Nadie puede alegar su propia torpeza” recuerda la sentencia, ni repercutir en el potencial cliente los errores derivados de llos mecanismos empleados para la contratación, como se deriva del propio artículo 10 Ley General de Consumidores y Usuarios, por lo que es la entidad quien tiene que asumir los riesgos de la contratación a distancia, minimizando éstos a través de la implantación de protocolos de actuación determinados que impidan supuestos como el ocurrido.

Sin embargo, la sanción de 50.000 euros se queda corta según Samuel Parra, socio de la firma ePrivacidad, empresa especializada en la protección de la privacidad en internet, quien indica que “las infracciones graves en materia de protección de datos pueden ser castigadas con multa de entre 40.001 y 300.000 euros; en este caso, la AEPD optó por quedarse en la parte inferior de la horquilla, pese a existir motivos suficiente y ejemplarizantes para haber impuesto la sanción en cuantía muy superior”.

La conselleria de Cultura de la Generalitat anunció ayer la creación de un registro de entidades de derechos de la propiedad intelectual, que gestionan los derechos de autor, necesario para crear una sociedad de derechos de propiedad intelectual en Cataluña. Es lo que podría entenderse como una Sgae de Sgaes catalanas porque se acogería a asociaciones privadas, sin ánimo de lucro que tienen como objetivo la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial. Una manera de asegurarse que el dinero recogido por los artistas catalanes gracias a sus obras pueda quedarse en Cataluña y no gestionarse en Madrid.

Con este anuncio, la conselleria que dirige Ferran Mascarell despliega el artículo 155 del Estatut, que establece que la Generalitat tiene la competencia en materia de propiedad intelectual para los registros de derechos generados en Cataluña y para la protección de estos derechos.

El Estatut dice que «corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual». El funcionamiento de este registro estará coordinado con el que también posee el Estado. En este sentido, el Govern tiene la obligación de comunicar al Estado las inscripciones efectuadas en su registro autonómico.

Hasta la fecha, se contaba en Cataluña con un registro de la propiedad intelectual en el que se daban de alta los derechos sobre obras, ya fueran científicas y literarias, composiciones musicales, obras teatrales, coreografías, obras cinematográficas y audiovisuales, esculturas, pinturas o dibujos, entre otros muchos soportes.

Con la creación del registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Cataluña, ahora también se posibilita que en la comunidad se registren no sólo las obras, sino también las sociedades que gestionen los derechos de propiedad intelectual en Cataluña.

Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual son entidades de iniciativa privada, sin ánimo de lucro, que tienen por objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de diversos autores o de otros titulares de derechos de propiedad intelectual.

Cataluña es por ahora la única autonomía que se ha atrevido a plantear abiertamente la posibilidad de crear una Sgae propia. Hay motivo en función de las cantidades. En el informe presentado el pasado año, la Sgae aseguró que logró recaudar en Cataluña en 2010 un total de 63,4 millones de euros, un 7,36 por ciento más que en el año anterior y que representa una quinta parte de la cifra ingresada en toda España. Los ingresos generados por el sector de las artes escénicas, 3,5 millones, experimentaron un aumento de casi el 10 por ciento respecto a el año 2009.

«Notablemente mejorable»
El pasado mes de enero, Ferran Mascarell afirmó que aunque hay que defender los derechos de autor con firmeza, la forma en que la Sociedad General de Autores y Editores gestiona las tarifas es «notablemente mejorable». Mascarell hizo estas declaraciones en el transcurso de una reunión con el presidente de la Asociación Catalana de Municipios y el de la Federación de Municipios de Cataluña que le trasladaron su inquietud por el afán recaudatorio de la Sgae. Los responsables de las dos entidades afirmaron que la Sociedad General de Autores «no se ajusta a los criterios públicos» en su política de amasar fortuna. Mascarell les apoyó en sus críticas, pero en ningún momento hizo público su intención de crear un registro de propiedad intelectual propio.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT) ha aprobado una resolución por la que desestima una petición de DTS Distribuidora de TV Digital (Canal+) para que le sean aplazados pagos pendientes por la tasa de financiación a RTVE.

Son en total 5,19 millones de euros: 2,8 millones por un pago a cuenta de octubre de 2011 y 2,31 millones por la aportación anual de ese ejercicio. Canal+ ha fundamentado su solicitud de aplazamiento “en una situación puntual, económico-financiera, que le impide de forma transitoria efectuar en los plazos establecidos los pagos de las deudas”.

Pero el Consejo del regulador, en una resolución aprobada en su reunión del pasado 10 de mayo, determina que la plataforma de Prisa no ha acreditado debidamente atravesar una situación negativa de tesorería que le impida efectuar el pago dentro del plazo ni otros requisitos como “la carencia de bienes suficientes para garantizar la deuda”, “la afectación del mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva como consecuencia de la ejecución del patrimonio” y/o “la producción de graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública”. “Si tales condicionantes no han quedado acreditados por quien tiene el interés o la carga de demostrarlos, no era factible ni objetivamente lógica la concesión del aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda”, ha indicado la resolución.

Por otro lado, el Consejo de la CMT del 10 de mayo también había acordado desestimar recursos de Telefónica Móviles y Telefónica Telecomunicaciones contra el pago de aportaciones por el canon a RTVE correspondiente a 2011, que estaban basados en los mismos argumentos de inconstitucionalidad de ese gravamen que vienen esgrimiendo las ‘telecos’ contra la tasa.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido dejar claro a la oposición que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pese a su predomino informativo, no ejerce un monopolio en el campo de los derechos de la propiedad.

En respuesta al diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, el Gobierno confirma que tiene previsto cambiar la regulación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en línea con el sentido de las iniciativas comunitarias y las conclusiones de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, creada en la anterior legislatura en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso.

“Considerando que tanto en el ámbito comunitario como en el interno existe una coincidencia -que no incluye la constitución de una entidad pública- respecto a problemas como su transparencia y gobernanza, el Gobierno desarrollará instrumentos jurídicos que puedan dar solución a los problemas planteados, que en todo caso deberán ajustarse a la normativa comunitaria”, avanza.

Eso sí, el Ministerio subraya que en la actualidad existen ya en España ocho entidades de gestión de derechos (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AISGE, AIE, AGEDI y AGEDA) que han obtenido la oportuna autorización administrativa, quedando abierta la autorización de nuevas entidades con pleno sometimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

“Por tanto, legalmente, no se puede hablar de situación monopolística, atendiendo a las especiales circunstancias que representa la protección de la propiedad intelectual y su consideración como razón de interés general, y al procedimiento administrativo legalmente establecido para la autorización de las entidades de gestión”, remarca el Ejecutivo.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha lanzado una consulta pública para establecer el futuro marco regulatorio entre los operadores móviles que tienen red propia y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que alquilan estas redes para ofrecer servicios a sus clientes. La propuesta tiene como objetivo adaptar la regulación a las condiciones establecidas por el Ministerio de Industria en la reciente subasta de espectro y reforzar el entorno competitivo manteniendo el acceso de los OMV a las redes móviles.

Una vez terminada la era de Teddy Bautista (al menos, oficialmente) Antón Reixa es el nuevo presidente de la SGAE. El polifacético autor gallego (Vigo, 1957) ha conseguido imponerse al otro candidato a liderar la institución, el compositor madrileño José Miguel Fernández-Sastrón. Así lo han decidido esta tarde los miembros de la recién elegida junta directiva, donde la candidatura de Reixa, (AUNIR, Autores por la Refundación) consiguió 14 puestos frente a los nueve que obtuvo la de Fernández-Sastrón (DOM, De Otra Manera).

Reixa, miembro del grupo Os Resentidos, se enfrenta ahora a la ardua tarea de limpiar la imagen de la SGAE después de la investigación policial y judicial por el presunto desvío de fondos en la entidad por el que Bautista y otros miembros de la cúpula directiva de la sociedad fueron imputados.

Además del lavado de imagen, el nuevo presidente de la sociedad deberá afrontar la desinversión de los teatros Arteria. Se trata de una descomunal inversión de 255 millones de euros, de los cuales 145 son créditos de bancos que implican un coste anual de 18 millones al año. Asímismo debe ocuparse de la adecuación de los derechos de autor en el mundo digital.

En este último punto, Reixa siempre se ha mostrado a favor de defender los derechos de autor y al mismo tiempo de implicar en el debate a las operadoras de telefonía, que, hasta ahora, “se han mantenido ajenas” al mismo.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha atribuido recursos públicos de numeración adicional para los agentes interesados en la prestación de servicios de consulta telefónica sobre números de abonados.

Esta resolución responde a la petición de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en relación a la demanda actual y futura de los servicios de guía de abonados, ya que la ocupación del rango 118 –número desde el que se ofrece servicios de consulta sobre esos datos– en la actualidad es del 88,75%.

Así, este nivel de ocupación podría impedir la entrada de nuevos prestadores por falta de numeración disponible, ya que en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas hay actualmente 82 operadores inscritos para la prestación del SCTNA ( plataforma diseñada por la CMT).

En concreto, en esta plataforma los operadores que tienen numeración (fija o móvil) vuelcan sus ficheros con los datos de sus abonados para que las empresas que elaboran guías telefónicas, tanto impresas como electrónicas, servicios a través de los 118 o servicios de emergencias (112) puedan recopilar dicha información para elaborar sus directorios y prestar servicios de consulta.

De acuerdo con la CMT, sólo pueden acceder a los datos y descargárselos las entidades habilitadas por la normativa y autorizadas por el regulador de telecomunicaciones y sólo para tres fines: la elaboración de guías telefónicas, los servicios de consulta sobre esos datos, como el 118, y los servicios de emergencias, como el 112.

Los usuarios que quieren seguir apareciendo en las guías, pero no quieren que les llamen para recibir publicidad, pueden solicitar a su operador que su número no se use con fines comerciales.

Además, un usuario puede pedir a su operador no aparecer en las guías telefónicas o en los servicios de consulta, aunque es necesario que los servicios de emergencias sí accedan a esos datos.

En todo caso, se permite consultar el teléfono de un abonado, pero no se puede acceder a la información inversa, es decir, a quién pertenece un determinado número.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, (CMT), el regulador del sector, ha aprobado las nuevas normas para reducir los plazos para la portabilidad de la telefonía fija y el ADSL desde los cinco días laborales actuales hasta un día laborable. La nueva portabilidad deberá estar operativa antes del 1 de julio de 2013.
La portabilidad en un día para la telefonía móvil fue aprobada el pasado año y comenzará a funcionar el próximo 1 de junio.

Con el nuevo procedimiento para la portabilidad fija el cliente sigue teniendo la posibilidad de solicitar al operador que la portabilidad se realice en una fecha posterior. Asimismo, el operador receptor (el que gana el cliente) estará obligado a informar al usuario de la fecha límite para que éste pueda, si lo desea, cancelar la portabilidad.

Si la portabilidad de la telefonía fija lleva aparejada también el cambio de proveedor de banda ancha, lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, el plazo total desde la petición del abonado hasta el cambio efectivo de operador puede ser más amplio. En este caso, la portabilidad numérica se ejecutará una vez esté preparada la infraestructura de la red.

En el caso de una portabilidad de ADSL, el operador que pierde al cliente y el que lo gana deben coordinarse, previamente, para hacer trabajos conjuntos en la central telefónica.

Acelerar la migración del ADSL
Además, la CMT ha decidido, también, revisar el procedimiento de provisión del servicio para reducir al máximo los plazos necesarios para cambiar de operador. Así el usuario podrá ver reducido el plazo total si suscribe un contrato de banda ancha y telefonía fija.

Además, para evitar fraudes como el slamming (las altas en una compañía no solicitadas por el cliente), cuando un operador crea que su cliente está siendo víctima de una portabilidad no solicitada, podrá requerir al operador receptor que cancele la portabilidad en curso si cuenta con la autorización expresa –por escrito, con consentimiento verbal o con firma electrónica- del abonado.

Paraíso de la portabilidad
España es uno de los países europeos con mayor número de portabilidades. En 2011 se alcanzó la cifra de 1,97 millones de números portados en telefonía fija y de 5,58 millones de móvil.
España, Francia, Reino Unido y Dinamarca son los únicos países de la UE que, hasta ahora, han aprobado los procedimientos para que la portabilidad numérica se pueda realizar en 1 día laborable, tanto para telefonía móvil como fija.

EEUU ha sacado a España de la lista de vigilancia de los países permisivos con la piratería en internet, porque argumenta ha hecho esfuerzos para impedir la violación de los derechos de propiedad intelectual. “EE UU aplaude la adopción de las medidas incluidas en la ley Sinde para combatir la piratería en internet”, explicó el Departamento de Comercio estadounidense. España sale así de una lista negra en la que fue incluida en 2008, y entra en el capítulo de “avances positivos”.

La llamada Ley Sinde, que fue impulsada por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, entró en vigor el pasado 1 de marzo, tras ser aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE, PP y CiU. Esta permite a los propietarios de derechos de autor denunciar páginas web que vulneren la propiedad intelectual. Una acción que podría acarrear el cierre de dichas webs. A principios de abril, la Comisión de Propiedad Intelectual surgida tras aprobarse la ley ya había recibido unas 300 solicitudes de cierre de páginas web.

El informe de Washington mantiene, sin embargo, su preocupación respecto al posicionamiento de la Fiscalía General del Estado de 2006 en España porque parece “despenalizar la distribución P2P de materiales que infringen el copyright”. Y urge a España “a tomar medidas para remediar este significativo problema”.