La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT) ha aprobado una resolución por la que desestima una petición de DTS Distribuidora de TV Digital (Canal+) para que le sean aplazados pagos pendientes por la tasa de financiación a RTVE.

Son en total 5,19 millones de euros: 2,8 millones por un pago a cuenta de octubre de 2011 y 2,31 millones por la aportación anual de ese ejercicio. Canal+ ha fundamentado su solicitud de aplazamiento “en una situación puntual, económico-financiera, que le impide de forma transitoria efectuar en los plazos establecidos los pagos de las deudas”.

Pero el Consejo del regulador, en una resolución aprobada en su reunión del pasado 10 de mayo, determina que la plataforma de Prisa no ha acreditado debidamente atravesar una situación negativa de tesorería que le impida efectuar el pago dentro del plazo ni otros requisitos como “la carencia de bienes suficientes para garantizar la deuda”, “la afectación del mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva como consecuencia de la ejecución del patrimonio” y/o “la producción de graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública”. “Si tales condicionantes no han quedado acreditados por quien tiene el interés o la carga de demostrarlos, no era factible ni objetivamente lógica la concesión del aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda”, ha indicado la resolución.

Por otro lado, el Consejo de la CMT del 10 de mayo también había acordado desestimar recursos de Telefónica Móviles y Telefónica Telecomunicaciones contra el pago de aportaciones por el canon a RTVE correspondiente a 2011, que estaban basados en los mismos argumentos de inconstitucionalidad de ese gravamen que vienen esgrimiendo las ‘telecos’ contra la tasa.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido dejar claro a la oposición que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pese a su predomino informativo, no ejerce un monopolio en el campo de los derechos de la propiedad.

En respuesta al diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, el Gobierno confirma que tiene previsto cambiar la regulación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en línea con el sentido de las iniciativas comunitarias y las conclusiones de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, creada en la anterior legislatura en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso.

“Considerando que tanto en el ámbito comunitario como en el interno existe una coincidencia -que no incluye la constitución de una entidad pública- respecto a problemas como su transparencia y gobernanza, el Gobierno desarrollará instrumentos jurídicos que puedan dar solución a los problemas planteados, que en todo caso deberán ajustarse a la normativa comunitaria”, avanza.

Eso sí, el Ministerio subraya que en la actualidad existen ya en España ocho entidades de gestión de derechos (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AISGE, AIE, AGEDI y AGEDA) que han obtenido la oportuna autorización administrativa, quedando abierta la autorización de nuevas entidades con pleno sometimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

“Por tanto, legalmente, no se puede hablar de situación monopolística, atendiendo a las especiales circunstancias que representa la protección de la propiedad intelectual y su consideración como razón de interés general, y al procedimiento administrativo legalmente establecido para la autorización de las entidades de gestión”, remarca el Ejecutivo.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha lanzado una consulta pública para establecer el futuro marco regulatorio entre los operadores móviles que tienen red propia y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que alquilan estas redes para ofrecer servicios a sus clientes. La propuesta tiene como objetivo adaptar la regulación a las condiciones establecidas por el Ministerio de Industria en la reciente subasta de espectro y reforzar el entorno competitivo manteniendo el acceso de los OMV a las redes móviles.

Una vez terminada la era de Teddy Bautista (al menos, oficialmente) Antón Reixa es el nuevo presidente de la SGAE. El polifacético autor gallego (Vigo, 1957) ha conseguido imponerse al otro candidato a liderar la institución, el compositor madrileño José Miguel Fernández-Sastrón. Así lo han decidido esta tarde los miembros de la recién elegida junta directiva, donde la candidatura de Reixa, (AUNIR, Autores por la Refundación) consiguió 14 puestos frente a los nueve que obtuvo la de Fernández-Sastrón (DOM, De Otra Manera).

Reixa, miembro del grupo Os Resentidos, se enfrenta ahora a la ardua tarea de limpiar la imagen de la SGAE después de la investigación policial y judicial por el presunto desvío de fondos en la entidad por el que Bautista y otros miembros de la cúpula directiva de la sociedad fueron imputados.

Además del lavado de imagen, el nuevo presidente de la sociedad deberá afrontar la desinversión de los teatros Arteria. Se trata de una descomunal inversión de 255 millones de euros, de los cuales 145 son créditos de bancos que implican un coste anual de 18 millones al año. Asímismo debe ocuparse de la adecuación de los derechos de autor en el mundo digital.

En este último punto, Reixa siempre se ha mostrado a favor de defender los derechos de autor y al mismo tiempo de implicar en el debate a las operadoras de telefonía, que, hasta ahora, “se han mantenido ajenas” al mismo.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha atribuido recursos públicos de numeración adicional para los agentes interesados en la prestación de servicios de consulta telefónica sobre números de abonados.

Esta resolución responde a la petición de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en relación a la demanda actual y futura de los servicios de guía de abonados, ya que la ocupación del rango 118 –número desde el que se ofrece servicios de consulta sobre esos datos– en la actualidad es del 88,75%.

Así, este nivel de ocupación podría impedir la entrada de nuevos prestadores por falta de numeración disponible, ya que en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas hay actualmente 82 operadores inscritos para la prestación del SCTNA ( plataforma diseñada por la CMT).

En concreto, en esta plataforma los operadores que tienen numeración (fija o móvil) vuelcan sus ficheros con los datos de sus abonados para que las empresas que elaboran guías telefónicas, tanto impresas como electrónicas, servicios a través de los 118 o servicios de emergencias (112) puedan recopilar dicha información para elaborar sus directorios y prestar servicios de consulta.

De acuerdo con la CMT, sólo pueden acceder a los datos y descargárselos las entidades habilitadas por la normativa y autorizadas por el regulador de telecomunicaciones y sólo para tres fines: la elaboración de guías telefónicas, los servicios de consulta sobre esos datos, como el 118, y los servicios de emergencias, como el 112.

Los usuarios que quieren seguir apareciendo en las guías, pero no quieren que les llamen para recibir publicidad, pueden solicitar a su operador que su número no se use con fines comerciales.

Además, un usuario puede pedir a su operador no aparecer en las guías telefónicas o en los servicios de consulta, aunque es necesario que los servicios de emergencias sí accedan a esos datos.

En todo caso, se permite consultar el teléfono de un abonado, pero no se puede acceder a la información inversa, es decir, a quién pertenece un determinado número.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, (CMT), el regulador del sector, ha aprobado las nuevas normas para reducir los plazos para la portabilidad de la telefonía fija y el ADSL desde los cinco días laborales actuales hasta un día laborable. La nueva portabilidad deberá estar operativa antes del 1 de julio de 2013.
La portabilidad en un día para la telefonía móvil fue aprobada el pasado año y comenzará a funcionar el próximo 1 de junio.

Con el nuevo procedimiento para la portabilidad fija el cliente sigue teniendo la posibilidad de solicitar al operador que la portabilidad se realice en una fecha posterior. Asimismo, el operador receptor (el que gana el cliente) estará obligado a informar al usuario de la fecha límite para que éste pueda, si lo desea, cancelar la portabilidad.

Si la portabilidad de la telefonía fija lleva aparejada también el cambio de proveedor de banda ancha, lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, el plazo total desde la petición del abonado hasta el cambio efectivo de operador puede ser más amplio. En este caso, la portabilidad numérica se ejecutará una vez esté preparada la infraestructura de la red.

En el caso de una portabilidad de ADSL, el operador que pierde al cliente y el que lo gana deben coordinarse, previamente, para hacer trabajos conjuntos en la central telefónica.

Acelerar la migración del ADSL
Además, la CMT ha decidido, también, revisar el procedimiento de provisión del servicio para reducir al máximo los plazos necesarios para cambiar de operador. Así el usuario podrá ver reducido el plazo total si suscribe un contrato de banda ancha y telefonía fija.

Además, para evitar fraudes como el slamming (las altas en una compañía no solicitadas por el cliente), cuando un operador crea que su cliente está siendo víctima de una portabilidad no solicitada, podrá requerir al operador receptor que cancele la portabilidad en curso si cuenta con la autorización expresa –por escrito, con consentimiento verbal o con firma electrónica- del abonado.

Paraíso de la portabilidad
España es uno de los países europeos con mayor número de portabilidades. En 2011 se alcanzó la cifra de 1,97 millones de números portados en telefonía fija y de 5,58 millones de móvil.
España, Francia, Reino Unido y Dinamarca son los únicos países de la UE que, hasta ahora, han aprobado los procedimientos para que la portabilidad numérica se pueda realizar en 1 día laborable, tanto para telefonía móvil como fija.

EEUU ha sacado a España de la lista de vigilancia de los países permisivos con la piratería en internet, porque argumenta ha hecho esfuerzos para impedir la violación de los derechos de propiedad intelectual. “EE UU aplaude la adopción de las medidas incluidas en la ley Sinde para combatir la piratería en internet”, explicó el Departamento de Comercio estadounidense. España sale así de una lista negra en la que fue incluida en 2008, y entra en el capítulo de “avances positivos”.

La llamada Ley Sinde, que fue impulsada por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, entró en vigor el pasado 1 de marzo, tras ser aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE, PP y CiU. Esta permite a los propietarios de derechos de autor denunciar páginas web que vulneren la propiedad intelectual. Una acción que podría acarrear el cierre de dichas webs. A principios de abril, la Comisión de Propiedad Intelectual surgida tras aprobarse la ley ya había recibido unas 300 solicitudes de cierre de páginas web.

El informe de Washington mantiene, sin embargo, su preocupación respecto al posicionamiento de la Fiscalía General del Estado de 2006 en España porque parece “despenalizar la distribución P2P de materiales que infringen el copyright”. Y urge a España “a tomar medidas para remediar este significativo problema”.

a Comisión Europea ha abierto este miércoles una investigación en profundidad por las “dudas” sobre si la compensación de España a las televisiones terrestres por los costes extraordinarios de liberar el dividendo digital se ajusta a la normativa comunitaria sobre ayudas públicas.

“La liberación del dividendo digital crea enormes oportunidades para una mejor utilización del espectro, pero tenemos que garantizar que esas oportunidades están disponibles de manera equitativa y respetan la normativa de la UE sobre ayudas estatales”, ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Bruselas estudiará, en particular, si el plan español “es proporcionado y necesario”. “En esta fase, la Comisión tiene también sus dudas sobre si esta medida puede favorecer a las emisoras terrestres con respecto a otras tecnologías”, según ha explicado en un comunicado.

De hecho, España propone reasignar únicamente las frecuencias digitales terrestres, sin tener en cuenta las plataformas alternativas, que también estarían disponibles y en condiciones de liberar el dividendo digital, según resalta el Ejecutivo comunitario.

La apertura de una investigación en profundidad proporciona a las partes interesadas la posibilidad de presentar observaciones sobre la medida propuesta y aumenta la seguridad jurídica de los beneficiarios de la ayuda sin perjuicio del resultado del procedimiento.

En España, los servicios de radiodifusión tienen que ser reasignados, con el fin de liberar espacio de banda para mejorar la prestación de servicios de comunicación electrónica. Para garantizar la continuidad de los servicios de radiodifusión, las autoridades españolas exigen a las televisiones que emitan simultáneamente en ambas frecuencias durante un período transitorio de 6 a 24 meses, mientras los ciudadanos adaptan su infraestructura de recepción.

Bruselas examina en concreto el plan español para compensar a las televisiones terrestres los costes extraordinarios de la emisión simultánea.

España también notificó un régimen de ayuda a las comunidades de propietarios de edificios que permitirá realizar las inversiones necesarias para mantener la recepción de canales de televisión en abierto tras la reasignación de frecuencias. La Comisión ha aprobado estas subvenciones tras concluir que la ayuda estaba disponible con independencia de la plataforma o las tecnologías de transmisión utilizadas y cumplía el principio de neutralidad tecnológica.

La Mesa del Congreso ha aceptado este martes la petición del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia, acortando todos los plazos parlamentarios a la mitad, el proyecto de ley que permitirá privatizar las televisiones autonómicas.

Eso sí, la decisión no se ha adoptado por unanimidad pues el PSOE había votado en contra acusando al Gobierno de haber tenido congelado dos meses el anteproyecto, con los informes preceptivos correspondientes del Consejo Económico y Social (CES) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para ahora acelerar de golpe toda la tramitación parlamentaria.

El PSOE ha dejado ver su hartazgo por el hecho de que el Gobierno esté abusando, a su juicio, de la figura del decreto ley para aprobar sus proyectos, limitando la capacidad de maniobra de la oposición, y que en el caso audiovisual se agrava con la reforma unilateral de la Ley de RTVE para cambiar la elección de su presidente, un decreto ley aprobado también el pasado viernes.

CiU, el tercer partido con representación en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, ha optado por abstenerse, dejando al PP como único defensor del trámite acelerado de la reforma de la Ley Audiovisual, han informado fuentes parlamentarias.

Este proyecto de ley ha generado otra disputa entre ‘populares’ y socialistas en la Mesa del Congreso pues el PP había defendido su remisión a la Comisión de Industria, dado que va firmado por su titular, José Manuel Soria, mientras que el PSOE había exigído su debate en la Comisión Constitucional, al ser una reforma de la Ley Audiovisual que allí se había aprobado y por afectar a competencias autonómicas. El PP, esta vez con apoyo de CiU, impuso su criterio.

El Consejo de Ministros había aprobado el pasado viernes el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque “no se permitirán desequilibrios en los presupuestos”, según había avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PSOE también ha denunciado no haber sido consultado sobre las personas de la Mesa del Congreso que participarán en un foro parlamentario con Portugal que se celebrará próximamente y al que se ha decidido que acudan los vicepresidentes tercero y cuarto de este órgano: la ‘popular’ Dolors Montserrat y el diputado de CiU Jordi Jané.

Los socialistas han planteado la necesidad de que exista un criterio objetivo y general sobre la participación en este tipo de cónclaves que el Congreso decidió mantener con Portugal, Francia, Polonia y Alemania en la pasada legislatura y que desconocen si continuarán en la presente.

Asimismo, los miembros del PSOE en el órgano de gobierno de la Cámara Baja han planteado la conveniencia de que al margen de que la vicepresidenta primera del Congreso, la ‘popular’ Celia Villalobos, haya asumido la organización de la diplomacia parlamentaria, debería establecerse un modelo general para gestionar este tipo de foros.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha rechazado sendos recursos de Telefónica y Vodafone contra la tasa que las operadoras de telefonía están obligadas a pagar para financiar a RTVE y que las ‘telecos’ han llevado ante las autoridades europeas al considerarla injusta.

Concretamente, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en una reunión celebrada el 19 de abril, ha rechazado un recurso de Telefónica contra el pago adicional que la propia CMT había impuesto a Telefónica para completar lo abonado a RTVE por el ejercicio 2010.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la CMT señala que Telefónica “se limita a reproducir literalmente las mismas alegaciones que realizó durante la instrucción del procedimiento, tanto las referidas a la inclusión de ingresos que no deberían tenerse en cuenta para el cálculo de su aportación para la financiación de la CRTVE como las que lo hacen a las supuestas infracciones de normas de mayor rango por parte de la normativa que regula la propia aportación”.

“La reiteración de los mismos motivos que ya han sido tenidos en cuenta de manera extensa e individualizada en el acto recurrido serviría para fundamentar, sin más, la desestimación del recurso”, continúa el organismo regulador, que desde que comenzó a funcionar el nuevo modelo de financiación de RTVE viene rechazando todos los recursos que las empresas de telecomunicaciones han formulado contra la tasa.

En este sentido, en la misma reunión del Consejo de la CMT se desestimó otro recurso de Vodafone España en la que la compañía pedía la devolución del importe de la autoliquidación presentada para 2011 y de los pagos a cuenta de julio y octubre realizados ese mismo año para pagar la tasa de RTVE al entender que la Ley de Financiación RTVE “no se ajusta a derecho y, por tal motivo, perjudica gravemente sus legítimos intereses”.

Ante este argumento, la CMT recuerda que “tal y como ya expuso esta Comisión a Vodafone con ocasión de solicitudes similares, ambas normas constituyen disposiciones de derecho positivo vigentes que deben ser necesariamente aplicadas por la Administración”, y por tanto rechaza el recurso de la empresa de telecomunicaciones.

La ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece que RTVE se financiará mediante un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico y mediante tasas a los canales privados en abierto (el 3 por ciento de sus ingresos brutos), de pago (el 1,5 por ciento de sus ingresos brutos) y a empresas de telecomunicación (el 0,9 por ciento de sus ingresos).

A finales de 2011, la CMT reclamó a las empresas de telecomunicaciones 42,6 millones de euros adicionales a lo que habían abonado en 2010 para financiar RTVE, una decisión que recurrieron las propias operadoras ante el organismo regulador. Actualmente, las autoridades europeas están estudiando si el modelo de financiación de RTVE es acorde a la ley europea ante los recursos planteados por las empresas de telecomunicaciones.