Cartas de vueltas. El blog de Juan A. Cabrera

Podemos evitar el colapso. Si le echamos agallas

2023-10-07T10:27:00.011-07:00

La industria del tabaco lo sabía y lo ocultó durante décadas: el tabaco provoca cáncer. Algunas de estas grandes empresas, particularmente en Estados Unidos, fueron condenadas a pagar indemnizaciones mil millonarias y aún hoy siguen en curso numerosos pleitos. Los ejecutivos de estas empresas, los que tomaban decisiones en favor del consumo de tabaco, nunca fueron a la cárcel como hubiera correspondido con quien tiene un comportamiento criminal.

Hago esta referencia al consumo de tabaco y sus consecuencias y al hecho de que alguien orienta y ejecuta lo que se hace y lo que no (y no una entidad impersonal que opera por inercia y sin intención) porque hoy ya tenemos elementos de juicio suficientes para saber que se han tomado y se siguen tomando decisiones en materia medioambiental que son, sin lugar a dudas, perjudiciales para el planeta y para quienes lo habitamos. Son empresas y los ejecutivos que las dirigen, con denominación social y nombres y apellidos conocidos, los responsables de esta situación y, como en el caso del tabaco, deben ser considerados criminales porque sus decisiones tienden a perpetuar un estado de cosas que amenaza no solo la salud sino la pervivencia misma de la Humanidad. A ellos se unen otros actores en los medios de comunicación, en la política (sorprendente, por citar solo un ejemplo, el de los Verdes alemanes que se han tornado casi pardos desde hace ya tiempo) en las finanzas, en las administraciones de justicia, etc que tienen igualmente distinto grado de responsabilidad y que tampoco son entidades de razón incorpóreas. Son criminales y, puesto que conocen la naturaleza de sus decisiones desde hace años, sus crímenes son premeditados.

Sí, se han dado casos de condenas por delitos medioambientales, pero se circunscriben a episodios concretos e, incluso en tales casos, el castigo dista mucho de ser proporcional. En nuestro país, por ejemplo, la sueca Boliden fue eximida por un juzgado de Sevilla en julio de este año de pagar los 89 millones de euros que costó limpiar la zona contaminada por el vertido de la balsa de residuos de Aznalcollar, incidente que ocurrió hace ya 25 años; por supuesto, nos suenan de nada los nombres de los ejecutivos que fueron negligentes o culposos y cuya conducta provocó el desastre. Nunca se depuraron responsabilidades políticas en el caso del petrolero Prestige y, que yo recuerde, tan solo el capitán del barco acabó en prisión. Los daños que produjeron el superpetrolero Exxon Valdés en Alaska o la plataforma de extracción de crudo Deepwater Horizon en el Golfo de México nunca fueron suficientemente reparados; los directivos de ambas empresas siguen en sus puestos o en otros similares. Todos estos son episodios muy llamativos,sí; son, por así decir, solo la punta del iceberg. Hoy ya es conocido el daño que están produciendo la desforestación y los monocultivos industriales, el uso excesivo de fertilizantes químicos y plaguicidas en la agricultura, la ganadería intensiva y sus emisiones de gases de efecto invernadero, las actividades extractivas de todo tipo en busca de materias primas, etc. Sí, hay un sistema que es el sustrato que explica todo esto (y a eso iremos enseguida) pero conviene no olvidar nunca, reitero, que las decisiones las toman personas y sus motivaciones no son en modo alguno, el interés general; saben lo que hacen y podrían negarse a hacerlo. Hoy la emergencia climática ha dejado de ser algo abstracto, algo que no nos alcanza más allá de las molestias de una ola de calor o una inundación puntual; no, ya está costando vidas y debemos de tomar conciencia de que los responsables, por muy alejados que estén sus despachos de allí donde tiene lugar un auténtico genocidio climático, deben parar y pagar por sus crímenes. El tabaco mata personas, el sistema que degrada el planeta mata cualquier clase de vida, incluida la nuestra.

Reparemos en la estructura de las empresas tal como las conocemos y en como se generan espacios de impunidad. “...los propietarios se esconden detrás de sus ejecutivos y éstos se parapetan tras el deber de atender al interés de los accionistas” (David Lizoain Crímen Climático (Debate 2023) Y cuando todos son responsables nadie lo es.

En el Suplemento Ideas del diario El País del pasado 24 de septiembre hay una entrevista a Wendy Brow autora de Tiempos nihilistas. Pensando con Max Weber (Lengua de Trapo 2023) en la que afirma que no nos tomamos suficientemente en serio la crisis climática y que no cree que “...el pensamiento apocalíptico esté fuera de lugar. Ahora bien, cuando éste impide la acción se convierte en un problema” No volveré a aludir a Brow porque sus intereses están en una clave distinta a la que quiero traer aquí a colación. Pero esa referencia al Armagedon paralizante recuerda por oposición a la idea del “miedo creativo” que Karl Jasper acuñó allá por los años 60 y es lo mismo que explica David Lizoain (op.cit) cuando recuerda las palabras de Walter Benjamin: “Solo se da esperanza a quienes no la tienen” Apostilla Lizoain: “La esperanza es lo que puede motivar la lucha necesaria, aunque haya innumerables motivos para el pesimismo”

La esperanza. Ciertamente es muy necesaria porque cuando uno lee sobre estas materias siempre está al borde del nihilismo y hasta de la depresión.

Cuestión de orden: lo he escrito muchas veces y desde hace tiempo (no es especialmente original, por otra parte): nuestros retos como sociedad planetaria son tres y son indisociables, bien harían quienes se dicen a sí mismos progresistas o de izquierdas y desarrollan sus tareas en cualquier ámbito, hacerlos suyos porque nadie más lo hará salvo, tal vez, con la urgencia de quién se ve al borde del abismo, en cuyo caso sin duda ya será demasiado tarde. Puede que incluso asumirlo así sirva de aguja de marear para quienes, sinceramente, estén preocupados por valores como la justicia, la solidaridad etc y no terminen de encontrar un marco ideológico de referencia, tal vez esa izquierda que amenudo se lamenta por los rincones de andar como pollo sin cabeza, encuentre en todo esto ese marco, esa causa global; urge definirse porque tal vez estemos ante la última oportunidad. Esos retos son la lucha contra el calentamiento global y la sostenibilidad, la migración y la reducción de la desigualdad en todos los órdenes de la vida.

Pero vayamos poniendo los puntos sobre las íes. Y, para eso, sugiero recurrir a Jason Hickel, autor de Menos es Más.Cómo el decrecimiento salvará al mundo (Capitán Swing 2023) una obra en mi opinión extraordinaria que ofrece puntos de vista en los que yo, tal vez algo maleado por ciertos academicismos o lugares comunes no había reparado.

Antes una recomendación, digamos colateral: Capitán Swing acaba de publicar La supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los millonarios tecnológicos, de Douglas Rushkoff. Los muy ricos estarían lucubrando acerca de cómo ponerse a salvo de lo que llaman el evento (el desastre climático) en una suerte de arca de Noé. A mi juicio -y al de Rushkoff- no es más que un delirio pues no hay otra forma de escapar del Apocalipsis que si acaso empeñarse evitarlo y eso es para todos. Pero sí que explica el libro cómo esa gente sabe que los de su clase son los responsables de la catástrofe que a cámara lenta ya está sucediendo y que su interés por lo que no sea otra cosa que salvar su propio culo es nula. Qué debemos hacer los demás con ellos parece claro; nos jugamos nada menos que la supervivencia. Y recuerden siempre el cuento de la rana y el agua caliente porque la rana somos nosotros, no ellos.

Hay mucha literatura solvente sobre todo esto. Nadie que verdaderamente esté interesado podrá decir que no tiene fuentes a las que acudir en busca de información seria y contrastada. En este artículo me he limitado a reseñar algunas de las aportaciones editoriales recientes que me han parecido más significativas.

Algunas afirmaciones que casi diríamos categóricas:

- La crisis climática como consecuencia del calentamiento es una parte del problema. Pero lo que ya está ocurriendo de forma acelerada es el colapso de múltiples sistemas interrelacionados; por ejemplo: la desaparición de numerosas especies de insectos (no solo las abejas) afecta a la polinización y, por tanto, a la diversidad vegetal y a la salud de buena parte de los cultivos tradicionales; la deforestación puede hacer que determinados virus salten a los humanos al perderse el hábitat de animales huesped. Etc.

- No esperemos un cataclismo. Las extinciones en el planeta no se han producido como consecuencia inmediata de un impacto externo inevitable (un volcán, un meteorito...) sino por los efectos concatenados que tal acontecimiento tienen. No, en esta ocasión sucederá poco a poco si no tomamos medidas mucho más rápido de lo que los Estados (porque han de ser los Estados; la industria y el poder económico no lo harán como enseguida veremos) parecen dispuestos. Decimos, “bien, iremos paliando las consecuencias de los fenómenos metereológicos extremos o de las extinciones (si no hay abejas, polinizaremos con maquinaria o a mano) y tomaremos medidas drásticas cuando alcancemos un nivel de gravedad insoportable” Solo es que el dato definitivo no llegará como tal nunca; está llegando desde hace décadas. Escribe Hickel en la obra antes mencionada: “Las generaciones futuras volverán la vista atrás y se asombrarán de que supiéramos exactamente lo que estaba ocurriendo y aún así no solucionáramos el problema”

- El crecimiento es la razón de ser del capitalismo. No pueden existir el uno sin el otro. Pero en biología crecer indefinidamente suele ser una malfunción; cuando algunas células crecen indebidamente y en exceso, es por un error de codificación y le llamamos cáncer. Y suponer que es posible el crecimiento económico indefinido en un mundo cuyos recursos de cualquier tipo son limitados, resulta absurdo. Sencillo de entender. Y, sin embargo, el crecentismo -el crecimiento por el crecimiento mismo y no para la satisfacción de necesidades; el valor de cambio abstracto sustituye al valor de uso, concreto) es una especie de ley de hierro que nadie cuestiona y a la que se pliegan sin rechistar políticos de derecha y de izquierda: “si no hay crecimiento entramos en recesión y entonces la sociedad sufre” dicen. Pero las preguntas adecuadas quizás sean tan simples como ¿Crecer en qué, para qué y hasta donde?

Estas cuestiones apenas enunciadas aquí están desarrolladas con extraordinaria lucidez en el libro de Jason Hickel, cuya descripción del capitalismo desmontando el mito tan extendido y aceptado de que es el resultado de un proceso natural, gradual e inevitable a lo largo de la historia, es sencillamente magistral. No, el capitalismo se impuso desde sus orígenes en la desposesión de la tierra, el colonialismo y la especulación financiera por citar solo tres hitos, “gracias al uso sistemático y organizado de la violencia, el empobrecimiento masivo de las mayorías y la destrucción de las economías de subsistencia autosuficientes” Si consideramos que desde muy antiguo las corrientes dominantes del pensamiento (Hobbes, Bacon, Descartes…) han concebido el mundo como una especie de entidad inerte en la que estamos nosotros y todo lo demás, incluidos los demás seres vivos, son objetos que podemos extraer y desechar o criaturas a las que podemos (y debemos) someter y utilizar en nuestro servicio, el círculo se cierra y “Desde sus principios más básicos, el capitalismo se ha declarado en guerra con la vida misma”. O, como reza la cita de Murray Bookchin que incluye Hickel al comienzo del capitulo dos del libro al que me vengo refiriendo: “Intentar persuadir al capitalismo de que limite el crecimiento es como intentar persuadir a un ser humano de que deje de respirar”

Les va a parecer sorprendente: no solo es que sea fácil entender el absurdo del crecimiento ilimitado, es que si a la gente corriente se le pone ante el disparadero de tener que elegir entre el crecimiento económico y la conservación del planeta, elige siempre en sus respuestas lo segundo. Hay muchos estudios demoscópicos al respecto que muestran lo que digo. ¿Entonces por qué nos dejamos ir? ¿por qué la gente común no nos organizamos para intentar parar este sin sentido. La historia de la humanidad no es tan antigua y cuando nos hacemos esa clase de preguntas tenemos que acudir a las corrientes de pensamiento dominantes. Algo de eso he mencionado ya pero extendernos nos llevaría demasiado lejos y no es del caso alargar este comentario. Un par de recomendaciones si quieren encontrar algunas explicaciones aunque el resumen sea algo bien simple: no lo hacemos porque percibimos el clima y sus efectos como algo externo a nosotros, ajeno, separado de nuestra existencia. En La edad de la Penumbra de Catherine Nixey (Taurus 2017) encontrarán una explicación sencilla pero rigurosa sobre como el Cristianismo destruyó el Mundo Clásico y de qué modo no sólo aquél sino también todas las religiones del Libro han arrasado con lo que genéricamente llamaremos animimismo. Y en “Pluriverso. Diccionario del posdesarrollo” (Icaria 2019) una extraordinaria obra colectiva que ya he recomendado alguna vez en este blog, podrán recuperar trazas de lo que fueron civilizaciones muy distintas a la nuestra y de las cuales aún quedan vestigios. A mi me parece que ambas obras dibujan precedentes que calan en la conciencia colectiva, están el origen y han venido modelando nuestro modo de ser como especie. Y pudo ser de otro modo. Y puede que aún estemos a tiempo de cambiar, al cabo y, visto lo visto, sólo sería para bien.

Una palabra sobre algo en voga: el crecimiento verde. No les crean. Eso no existe. Ya ni siquiera es importante concluir que debemos reducir el uso de combustibles fósiles, sin duda responsables en alto grado de la emisión de CO2. Claro que hay que hacerlo, pero es que aunque no quisiéramos nos vendrá dado, porque el crudo y el gas (eso que la UE en un ejercicio de cinismo ridículo considera “verde”) se agotan inevitablemente hagamos lo que hagamos. Si quieren imponerse bien al respecto, lean a Antonio Turiel (Petrocalipsis, Alfabeto 2022 y Sin energía, misma editorial 2023) Ni siquiera la energía nuclear (la de fusión es aún casi una quimera) podrá suplir el desfase entre las necesidades de la Humanidad y la capacidad de respuesta en el corto y medio plazo de las fuentes de energía renovables. Y recurrir de nuevo al carbón como está haciendo Alemania no es más que acelerar el suicidio. Añadan a todo esto que algunas de las propuestas como es el coche eléctrico y otras tecnologías novedosas precisan de materiales cuya extracción y procesado tiene efectos que las hacen como poco dudosamente sostenibles, sin contar con los efectos colaterales muy destructivos de un comercio, el de las materias primas, que deja en mantillas la maldad del tráfico de seres humanos pongamos por caso; de nuevo una recomendación: el estupendo trabajo de Javier Blas y Jack Farchy, dos periodistas de Blooberg, El mundo está en venta. La cara oculta del negocio de las materias primas. Península 2022.

Escribe Jason Hickel (op.cit): “La idea principal que hay que comprender es que, aunque es posible llevar a cabo una transición a un cien por cien de energía procedente de fuentes renovables, no podemos hacerlo con la suficiente rapidez para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 o 2 grados si seguimos haciendo crecer la economía mundial al ritmo actual...los defensores del crecimiento verde enseguida tienen una respuesta para esto: disociamos el crecimiento del PIB del uso de recursos y ya está” Tal vez les parezca insólito, pero esta medida cosmética infantiloide se baraja en los cenáculos del poder, al fin y al cabo se parece a eso de declarar el gas y la nuclear energías verdes que antes mencioné: nos contamos un cuento a nosotros mismos, metemos la cabeza bajo el ala y que Dios reparta suerte.

Sorpresa: nos han estado mintiendo mucho y todo el tiempo. Thomas Piketty, La quimera de la ecología centrista en Viva el socialismo Crónicas 2016-2020. Deusto 2021: “La drástica reducción del poder adquisitivo de los más ricos tendría en sí misma, un impacto sustancial en la reducción de las emisiones mundiales” De ahí a deducir que “...reducir la desigualdad, invertir en bienes públicos universales y repartir los ingresos y las oportunidades de manera más justa funciona” “Se trata de organizar la economía en torno a las necesidades de los seres humanos y a la ecología y no al revés” “Las grandes fortunas no se ganan, se extraen: de los trabajadores mal pagados, de la naturaleza de bajo coste, de las rentas, del secuestro político, etc. La riqueza extrema tiene un efecto corrosivo en nuestra sociedad, en nuestro sistema político y en el mundo viviente” (Hickel op.cit)

Termino ya. Dejen que lo haga con una recomendación más: esta es un auténtico regalo que pueden hacerse a ustedes mismos y hacérselo a los suyos; no se equivocarán. Saúl Alvídrez, un activista y documentalista mexicano trabajó durante mucho tiempo en la realización de un documental que mostraría una extensa conversación entre Noa Chomsky y Pepe Mujica. Hasta ahora no ha conseguido financiación para terminarlo. Pero el resultado de esa tarea es hoy Sobreviviendo al siglo XXI Chomsky y Mujica un libro que acaba de publicar Debate. Al comienzo de esta obra Alvídrez refiere una anécdota ocurrida en Bolivia que le llevó a conocer una parábola, la Profecía del Águila y el Cóndor. Es la que sigue:

“Cuentan los sabios del norte y del sur de América, chamanes y ancianos venerables, que al principio de los tiempos la humanidad vivía unida y en armonía con su entorno, pero llegó el día en que este grupo se dividió en dos: el Pueblo del Águila y el Pueblo del Cóndor. La gente del Águila, orientada principalmente a lo racional y la energía masculina, sería seducida por el intelecto y el mundo material, con lo que alcanzaría formidables proezas técnicas que permitirían a sus líderes acumular un inmenso poder. Mientras tanto, más sensible y más en sintonía con la energía femenina, la gente del Cóndor se apegaría a sus sentidos, al espíritu y a su relación con el mundo natural, lo cual implicaría una franca desventaja frente a la gente del Águila que dominaría el mundo. Sin embargo, este desequilibrio amenazaría finalmente la existencia de ambos pueblos. Y, tras muchos siglos de espera, ha llegado el momento en que el Águila y el Cóndor vuelen juntos de nuevo. De ese vuelo nacerá otra humanidad, una capaz de sobrevivir el nuevo ciclo: la humanidad del Quetzal”

Intenten ser felices pero no bajen la guardia y no olviden esta frase atribuida a un pescador colombiano: “No somos del defensores del río. Somos el río”

Juan A. Cabrera

La Ley de Protección y Derechos de los Animales en trámite

2021-11-29T09:51:00.005-08:00

Estos días circula entre distintas asociaciones y particulares relacionados con la protección animal un escrito en el que se insta al Gobierno a acelerar la tramitación parlamentaria de la llamada Ley de Protección y Derechos de los Animales. Ya les digo que, como dicta el sentido común, una Ley de esta naturaleza resulta extraña en un país en donde existe la Tauromaquia y otras formas de tortura, así como distintas modalidades de caza de la fauna salvaje a cual más edificante. Por ejemplo, el Artículo 1.3 del Borrador del Anteproyecto de Ley remite a una Ley específica sobre los Toros que es de 1991 y que considera la lidia y sus excrecencias como manifestaciones culturales genuinas.

La verdad es que si uno se pone a espigar el texto en tramitación encuentra que será un verdadero esfuerzo para el Derecho cuadrar círculos; para muestra un botón: el apartado “j” del artículo 2 del Anteproyecto define el “bienestar animal” como “...estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive y muere, en los términos definidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OiE)” ¿Y cómo lo define la OiE? No esperen claridad porque esto es lo que dice: “el bienestar animal” designa “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere” Hay que acudir al cuerpo doctrinal de esta organización para aclarar tan imprecisa definición: “Las directrices que guían a la OiE en materia de bienestar de los animales incluyen también las cinco libertades, enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, para describir los derechos que son responsabilidad del hombre, es decir, vivir: libre de hambre, de sed y de desnutrición; libre de temor y de angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, de lesión y de enfermedad y libre de manifestar un comportamiento natural” La OiE no es una agencia de la ONU. Es una organización independiente que agrupa a 182 países y que ha sido reconocida por la Organización Mundial del Comercio (qué cosas, ¿eh?) ¿Porqué nuestros legisladores la han elegido como referencia? Para mi es un misterio y les aseguro que soy de natural preguntón. Tal vez porque no hay otra cosa mejor en eso que damos en llamar la comunidad internacional, que se va a enterar como yo averigüe cual es su Whatsap. De todos modos, ni desnucar zorros agarrándolos por la cola ni clavar arpones en el lomo de los bóvidos o untarles de pez los cuernos para alumbrar las festividades de nuestros pueblos son actividades que puedan ser interpretadas más que como lo que son: pura barbarie

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-animales/Eventos/Anteproyecto_Ley_Proteccion_y_Derechos_de_los_Animales_220921.pdf

Los animales no son cosas ¿no?

Sea como fuere, ya me dirán qué clase de equilibrios en la cuerda floja tendrá que hacer el legislador para que la Ley salga adelante protegiendo a los animales como es su propósito acorde a las mencionadas “cinco libertades” sin abrir la puerta a la muerte súbita de la ya moribunda manifestación cultural genuina de marras o al acabamiento de la caza, esa ancestral ocupación humana tan paleolítica. El Anteproyecto ha sido elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (UP) obedeciendo al Acuerdo de Gobierno de Coalición que en su Artículo 3.16 dice: “ Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios. Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos, y mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo” Ya les adelanto que será el enésimo motivo para que se enfrenten Unidas Podemos y el PSOE, siempre tan propenso este último a atender las distintas sensibilidades en juego y tan proclive aquélla a dejarse por el camino trámites, detalles, esquinas, matices, sobre todo en asuntos en los que, como este, hay muchas cucharas deseando entrar en el guiso.

Pero vayamos, como dice la gente seria, al contexto. El Derecho Romano distinguía entre cosas mancipables (los animales y los esclavos) y cosas inmancipables (por abreviar, las demás). Es la base del derecho de propiedad. Y así sigue en el derecho positivo europeo: los animales no son cosas pero se actúa con ellos como si lo fueran; aunque con un hallazgo reciente, que más que cambiar nada, nos convierte a parte de los europeos en inventores de categorías. En los ordenamientos jurídicos de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Portugal y la República Checa los animales no humanos son no cosas esto es, no son personas ni cosas, aunque aún no han inventado la palabra que designe estas, tal vez, aristotélicas entelequias; bueno, sí, en Francia y Portugal, son “seres que sienten” En España, entró a trámite parlamentario a principios de octubre pasado (es de suponer que supere sin dificultad la tramitación en el Congreso enseguida) una Proposición de Ley de modificación del Código Civil para que sean considerados “seres vivos que sienten” Seguro que a los taurinos y a los cazadores les recorrió la espalda un escalofrío, tanto al menos como el que me recorre a mi cada vez que hay que demostrar obviedades: los animales sienten; tiene bemoles la cosa. Pero, aparte de estas iniciativas más o menos exóticas, es cierto que en la UE se ha legislado al respecto: la protección animal estaba ya en los Tratados Constitutivos de la Unión (concretamente en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf)

Tanto la Comisión como el Consejo han emitido Directivas y establecido convenios que tratan distintos asuntos relacionados de un modo u otro con el bienestar animal. Pero la tónica general es la ambigüedad. Vean si no lo que dice el Código Penal español en su artículo 337.1 porque todo es así: “Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual...” Finalmente, lo que digan sus señorías que saben y pueden interpretar perfectamente las normas...y los adverbios como expertos lingüistas que son, del mismo modo que interpretan cabalmente las restricciones relacionadas con la Covid, como expertos epidemiólogos y técnicos en salud pública que son.

La tramitación va en tiempo...pero hay prisas

El trámite de información pública del Anteproyecto de Ley se cerró el 15 de diciembre de 2020 y el Borrador subsiguiente se presentó a principios del mes de octubre de este año. La Ley debería haber ido al Consejo de Ministros a lo largo de este mes de noviembre, pero eso no va a suceder, me temo, dentro de este 2021. Se diría que las cosas, sin embargo y en lo tocante a plazos van, más o menos, en tiempo. ¿Porqué pues ese escrito metiendo prisa al que me refiero al principio? Lo primero sería saber de dónde sale y, según a quien se pregunte, dirá que procede, así en general, de las protectoras o grupos animalistas por usar una denominación, a mi juicio, dificilmente más desafortunada. Habrá quien diga que proviene de la Dirección General para los Derechos de los Animales, dependiente a su vez de la subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, o sea, de la ministra Belarra directamente. Por más que lo he rastreado, no se en donde se ha redactado. Por ahí por tanto, poco que rascar y, además, creo que no es un asunto relevante, la verdad.

Es que el trámite parlamentario irá más o menos rápido pero quienes no descansan son los sectores que desean ver naufragar la norma. El primero, el taurino, aunque como ya he apuntado está destinado a su desaparición se pongan como se pongan y hagan el ruido que hagan que es mucho. Y no tanto porque acabe muriendo como tantas manifestaciones culturales (en el sentido antropológico del término) que eso lleva tiempo, sino porque todas las formas de tortura relacionadas con el toro bravo están fuertemente subvencionadas y eso es insostenible a medio plazo; el Parlamento Europeo ya rechazó en octubre pasado estas ayudas a "las cabezas de ganado cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con la tauromaquia, ya sean vendidas directamente o a través de intermediarios" Ni siquiera creo que en términos electorales represente gran cosa; sí, el PP y VOX se manifiestan siempre a favor del mantenimiento de lo que ellos llaman La Fiesta Nacional y el PSOE suele mirar para otro lado, pero si mañana dejaran de celebrarse esta clase de espectáculos bárbaros, la parroquia tardaría muy poco en dejar de echarlos de menos; ya lo hemos visto en Cataluña o en Euskadi, sin contar con que hay amplias áreas en España, como Galicia, Asturias, Cantabria... en donde no hay tradición alguna. Por lo demás, el 0,16 por ciento del PIB, que es lo que representa la actividad de los toros bravos, no parece que hable de un sector motor de nuestra economía.

La caza y la ganadería son otra cosa.

En lo que respecta a la actividad cinegética, la nueva Ley solo menciona para prohibirlo el tiro de pichón y el uso de aves canoras como reclamo. Y en lo que hace a la ganadería, el Gobierno, a través del director general de Derechos de los Animales, Sergio García, ya aclaró en julio de 2020 al sector que la futura Ley de Bienestar y Protección Animal, ...”que ha creado -dijo- mucha preocupación al hablar de los derechos de los animales, que “...esta medida se referirá solo a los animales de compañía (para el director general las rehalas de perros son eso, de compañía) y no a la ganadería” Y entonces ¿porqué la actividad tras las bambalinas del lobby de los cazadores y la potente industria cárnica, especialmente la que se basa en la ganadería intensiva, es tan frenética si se les trata con guante blanco? Pues porque ven, como ve cualquiera, que una Ley ambiciosa sería un paraguas para quien quiera denunciar, aquí o en Estrasburgo, las condiciones espeluznantes de los mataderos, las monterías, el hacinamiento de los animales en las granjas, la invasión de los escopeteros en las fincas no valladas, etc,etc, estén previstas de modo explicito o no tales conductas en la nueva norma, de modo que tratan de vaciarla de contenido como sea. Para los taurinos, los ganaderos y los cazadores, la mejor Ley es ninguna. Y lo demás son zarandajas

¿Y porqué los llamados animalistas se movilizan? Pues porque el ministro Planas no les recibe ni les contesta las cartas que le mandan y más de una vez ha puesto ojitos a cazadores y ganaderos.

La Justicia prolonga el calvario de los niños abusados sexualmente

2021-11-22T03:31:00.001-08:00

Seguro que se acuerdan de cuando teníamos fe en la Justicia hasta el punto de creer que, aunque lenta, estábamos a salvo de los desmanes de los políticos irresponsables y corruptos y de los sinvergüenzas en general. No hace tanto. Luego supimos que, al margen de nuestra democrática ingenuidad, estábamos muy desinformados, a veces por propia dejadez, en parte por ser objeto de manipulación de no pocos medios de comunicación... o lo que sean. Hoy ya sabemos que si la manzana puede ser aprovechada por este lado a pesar de que obviamente está pasada por este otro, eso no hace que la fruta esté medio sana; por el contrario, ya está ganada por la gusanera; es cuestión de tiempo y, a veces de las condiciones ambientales, que vaya a más. Si el Tribunal Supremo o el Constitucional, o algunos jueces emiten sentencias obedeciendo a intereses que no son la estricta y honesta interpretación de las leyes, eso es un síntoma inequívoco de que el sistema judicial está podrido.

Pero más allá del lawfare (hay quien lo ha definido como “el nuevo golpismo”) sucede que la estructura de la administración de Justicia en España hace aguas en lo que respeta, por ejemplo, a la libertad de expresión, la violencia machista o la ejecución de las sentencias por impagos relacionados con la vivienda sin que parezca importar nada a esos jueces (o quizás, sí les importa: vean la extraordinaria serie de Movistar+ “Antidisturbios”) que haya o no alternativa habitacional para quien es lanzado de su casa sin contemplaciones. A mi juicio, esas disfunciones que acabo de mencionar, tienen un origen a todas luces ideológico o se explican meramente por la corrupción. Pero hay otros problemas que devalúan gravemente la administración de justicia y proceden más bien de la apatía, de la falta de cuidado, de la negligencia o, lo que es peor, del alejamiento que el aparato judicial muestra respeto a los ciudadanos objeto del Derecho. Tal vez lo que más degrada sea precisamente esto último, la abulia cuando se trata de personas especialmente vulnerables. Es el caso que ya les cuento.

La Justicia desatiende a los menores

He esperado deliberadamente unos días hasta ver la cobertura que los medios de comunicación han dedicado a un estudio realizado por Save the Children sobre el tratamiento que la Justicia española dispensa a los abusos sexuales contra los niños, presentado en rueda de prensa la semana pasada. Ya les digo que no se molesten en buscar porque tal cobertura se limita a algún suelto en prensa y unos segundos en radio o televisión seguidos de imágenes del volcán de La Palma, de los descerebrados que reivindican su derecho a contagiar y contagiarnos la Covid y el careto de un especímen, admirador de Pinochet, que va disparado en las elecciones de Chile, que tiene narices la cosa...y tertulias, muchas tertulias como un circo de múltiples pistas. El Informe tiene tan solo 12 páginas y lo pueden encontrar en https://www.savethechildren.es/ Contiene análisis del tipo de denuncia, del carácter de esta clase de violencia, etc, pormenores sobre los que en esta oportunidad no me voy a detener.

Es el caso que la ONG, con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, Campus Tarongers de la Universitat de València, ha estudiado 394 sentencias dictadas en casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020 y el desarrollo de los procesos de los que son colofón.

Cuando se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial muy doloroso para la víctima. Comienza un proceloso camino que dura al menos dos años -los hay que se alargan hasta los cinco- y comporta, por ejemplo, múltiples declaraciones ante diversos actores. Los niños y niñas declaran de media cuatro veces lo que les ha ocurrido y esto significa, obviamente, que cuentan su historia a distintos profesionales. Reviven por tanto el abuso y, además -son niños, no lo olvidemos- no es improbable que la credibilidad del testimonio resulte perjudicada por eventuales contradicciones. El proceso suele empezar en dependencias policiales o de la Guardia Civil, continúa con pruebas periciales y una intervención ante la Fiscalía, y luego el juicio; como se comprenderá fácilmente no son escenarios precisamente amables por más que los interlocutores de los pequeños se esfuercen (a veces) en serlo. La asistencia del menor a juicio podría evitarse si los testimonios se grabaran, pero en un 77,3 por ciento de los casos no se hace; ¿porqué? Ya les dije que la cosa iba de abulia y desinterés. Save the Children considera que el Modelo Barnahus (Casa de los Niños), ideado por Bragi Gudbrandsson y aplicado en su país, Islandia (no desesperen, en Vitoria Gasteiz se está estudiando su implantación) es un extraordinario avance: se trata de un espacio amigable para la infancia en el que están integrados los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales para atender desde lo social y lo judicial a los niños y las niñas víctimas de violencia sexual en un mismo lugar.

El problema no se resuelve naturalmente con la creación de espacios físicos adecuados. Hace falta formación y la ONG afirma que la mayoría de los profesionales del ámbito de la Justicia todavía no han recibido entrenamiento especializado en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas: “Aún estamos muy lejos de la especialización de los y las profesionales del ámbito de la Justicia que intervienen en las decisiones que afectan a la infancia: judicatura, abogacía, fiscalía, medicina y psicología forense, entre otras. Es necesaria la formación específica y adaptada tanto de estos profesionales como de aquellos que intervienen durante todo el proceso (psicología forense, medicina forense, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.)”

Hay movimiento pero no es en la Judicatura

La situación es la descrita por Save The Children, pero no todo son malas noticias: en junio de este año se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). En ella se determina que el Gobierno debe elaborar un Proyecto de Ley para la especialización “de los órganos judiciales y sus titulares, en la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad” Veremos, pero hay muchas voces que advierten sobre que la prioridad ha de ser prevenir sobre todo la victimización secundaria. Solo que tales voces proceden de los ámbitos de la asistencia social y para nada de la Judicatura; he buscado pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces al respecto sin suerte. Urge sinembargo, porque el problema es de una gravedad extraordinaria: las cifras oficiales hablan de más de 5.800 denuncias en 2020 (Ministerio del Interior) pero cualquiera que trabaje en este terreno (Defensor del Menor, UNICEF, Observatorios, etc) baraja estimaciones que consideran ese dato apenas la punta del iceberg puesto que las denuncias no son mucho más que el 10 por ciento de los casos reales. Es un drama oculto que sucede a menudo en el ámbito doméstico y no entiende de clases sociales. Y, lo que es peor, ha crecido significativamente en España en la última década.

La Filosofía también es un arma cargada de futuro con que te apunto al pecho

2021-11-18T10:46:00.002-08:00

La Filosofía es la responsable de todos los hallazgos de la Revolución francesa según dejó dicho Hegel. Y ¿debemos creer a Hegel? Ayer en un acto de la Universidad Complutense de Madrid me reía porque el profesor Carlos Fernández Líria afirmó que “si lo dijo Hegel, punto redondo”

Pero aparte las risas, recordemos, por ejemplo, otros argumentos de autoridad: Bruno Bauer (1809-1882) que fue profesor de un joven Marx, hablaba de la naturaleza jacobina del pensamiento de Hegel e incluso hacía chistes sobre los heglerianos, asegurando que, más que alemanes, eran revolucionarios franceses. Nietzsche pensaba, y así lo escribió en varias ocasiones, que Hegel era el representante más fiel en el campo filosófico de la Revolución Francesa; decía que había “tanto esprit francés en Hegel que era difícil definirlo como un verdadero alemán”

No le demos más vueltas, yo sí creo a Georg Wilhelm Friedrich Hegel; me basta con saber que es suya la siguiente frase que es en sí misma una explicación y un propósito: “La historia es el progreso de la conciencia de la libertad” (Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, 1830; Alianza Ensayo tiene una edición muy cuidada) pero si, además, tipos más listos que yo lo dicen, santa palabra: es la Filosofía (no la Ciencia, ni la Teología y, por supuesto, no la Economía) la responsable de algo que empieza con la toma de la Bastilla y se mantiene y se engrosa con hallazgos en el tiempo hasta impregnar nuestra vida cotidiana. ¿Cuales son tales hallazgos? No hará falta que los enumere supongo -aunque en estos tiempos de involución cualquiera sabe- bastará con recordar la separación de poderes o eso que damos en llamar el estado de derecho o las libertades ciudadanas, o los derechos ciudadanos; sí, también la propiedad privada y la iniciativa individual; sí, también eso que en la era de la especialización (“pompas de mierda” decía Francis Picabía con cruel sarcasmo que son los especialistas y los profesionales) resulta para no pocos una cosa rancia: los saberes enciclopédicos.

¿Que a qué viene este exordio?¿A que hoy es el tercer jueves del mes de noviembre y, por tanto, según Naciones Unidas, el Día Mundial de la Filosofía? Pues sí, pero ya verán que hay algo más y es cercano, concreto.

A mi lo de celebrar el día mundial de esto y de lo otro, la verdad es que no me motiva demasiado pero viene al caso que les diga, por si no lo saben, que la Unesco decidió marcar esta efemérides por algunas razones que merece la pena recordar. En la documentación elaborada al efecto por la Agencia en 2005 se dice: “Muchos pensadores afirman que el ‘asombro’ es la raíz de la Filosofía. De hecho, la Filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el mundo que les rodea. La Filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la Filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo” Para 2021 la Unesco propuso abrir “el debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural, geográfico y político, con el objetivo subyacente de comprender mejor la contribución de la filosofía en unas sociedades contemporáneas que se enfrentan a serios desafíos. Más concretamente, el desafío de la pandemia. La filosofía, y más aún la filosofía intercultural, se preocupa por el contexto y, por tanto, en su esencia misma, de la transformación de la sociedad”

Si a ustedes les parece que las anteriores alusiones tienen un cierto aroma rancio, ahí va lo más de lo más, las cosas que dice el Marc Márquez del pensamiento, Markus Gabriel, el chico de moda de la Filosofía mundial, autor de “Ética para tiempos oscuros. Valores universales para el siglo XXI” (Traficantes de Suelos 2021) Estuvo en la Fundación Juan March (El suplemento El Cultural hizo una buena crónica de su intervención que les recomiendo: https://elcultural.com/markus-gabriel-el-trato-que-recibe-la-filosofia-en-espana-es-un-crimen-contra-la-humanidad) a principios de este mes y nos previno de que "la humanidad entera está viviendo una situación extremadamente filosófica, pues nos encontramos en crisis a varios niveles. La pandemia, la crisis climática, la crisis geopolítica en Occidente, la crisis del humanismo frente a la inteligencia artificial, la crisis del saber, la de la esfera pública…” Retos inmensos que en España, dice Gabriel, no nos estamos tomando en serio hasta el punto de que “...la Ley de Educación arrincona y desprecia la Filosofía y el resto de las Humanidades. Lo que me han contado que ocurre en España con la Filosofía en el mundo educativo es simple y llanamente un crimen contra la humanidad. Y estoy hablando en serio” Toma y toma.

Pero ¿a qué todo este alboroto sobre un problema cardinal que en realidad no existe puesto que las televisiones no se ocupan de ello? No me imagino yo a Antonio García Ferreras cerrando su circense magazin diario cambiando su carismático “más periodismo” por “más Filosofía, seguimos, resistimos” para dar paso al Informativo de mediodía ¿Qué es lo que tiene encampanados a los filósofos españoles (a los que están conservados en formol, no) entonces, tanto que ya anuncian movilizaciones -sí, los filósofos también saldrán a la calle tras una pancarta- para el mes que viene? Pues la, a su juicio, escasa presencia de la asignatura de Filosofía en el currículo que prepara el Ministerio de Educación para la Educación Secundaria Obligatoria en desarrollo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE o Ley Celaá. Aclarar, aunque es solo una cuestión formal, que la norma no sustituye a la Ley Wert ya que no hace falta porque esta quedó paralizada en su desarrollo por el adelanto electoral de 2018; es por tanto modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006.

En honor a la verdad, en la Proposición no de Ley de 2018 que está en el origen de la LOMLOE, los partidos que apoyan al Gobierno acordaron que en el desarrollo de la futura Ley Orgánica habría un ciclo completo de Filosofía en la ESO y en Bachillerato. Ahora tal tratamiento desaparece en la Secundaria. Como este asunto parece que interesa a poca gente, no se habla del malestar (otro más) de UP en el seno del Gobierno, pero haberlo, lo hay. Al acto En Defensa de la Filosofía de la Complutense que mencioné al principio estaban invitados representantes de todos los partidos políticos; solo estuvieron los de Unidas Podemos y Más País.

La propuesta de curriculum del Ministerio incluye Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato como obligatoria, pero propone Filosofía en 4º de la ESO como optativa si es que cada Comunidad Autónoma decide que lo sea (si no, no la hay, es su prerrogativa) y una asignatura nueva que se llama “Valores Cívicos y éticos” en la que algunos ven un remedo de sobaquillo de la desafortunada Educación para la Ciudadanía. Que no es que no sea necesario enseñar en valores ciudadanos, dicen los profesores con los que he hablado, “pero sin hacer trampas y sin rebajar la entidad de la Ética, Filosofía finalmente”. Dicen estos profesores que casa muy mal el hecho de que en la propia Ley Orgánica se mencione en varias ocasiones la necesidad de fomentar la reflexión y el espíritu crítico y luego se devalúen las herramientas que sirven para eso, precisamente cuando los chicos y chicas tienen 16 años, el momento clave para que tomen conciencia y aprendan qué es ser un ciudadano responsable; temen que si esas personas no continúan sus estudios en el Bachillerato, ya no tendrán posibilidad de formarse como tales ciudadanos.

Hay quien, incluso, más que incompetencia, ve fantasmas que tal vez no lo sean tanto. Hay quien, a sabiendas de que el tiempo dedicado a formar y formarse es limitado, si se produce una descompensación en la adquisición de conocimientos, eso es así porque obedece a razones ideológicas. ¿Qué quiere decir que se dediquen, por ejemplo, más horas lectivas al emprendimiento que a la capacidad de discernir la moralidad o no de algunas prácticas empresariales? El profesor Fernández Liria lo dijo ayer con gracia malvada: ¿Qué es un emprendedor sino un obrero en pelotas, sin sindicatos, sin protección social...? No hubo nadie para desmentir todo esto porque, como ya dije, los políticos salvo dos no estuvieron en la Facultad ayer. No se extrañen, comentó alguien, la Filosofía les parece algo inútil y es paradógico, porque negar su utilidad, ya es en sí mismo una filosofía.

Doctores tiene la Iglesia. Por eso me abstendré de opinar sobre todo esto, salvo para decir que el problema no es baladí. A ustedes, lectores, les corresponde tomar posición sobre este problema aunque apenas lo vean reflejado en los medios de comunicación; les concierne, ya lo creo que les concierne, a ustedes y a sus hijos. Tal vez nos ayude a todos a la hora de comprender la dimensión del problema algo muy simple como suelen ser las grandes aportaciones del pensamiento. En el acto de ayer estaba Adela Cortina, esa mujer menuda a la que tanto admito. Ella tuvo una breve intervención brillante como todas las suyas, para decir que a lo largo de su ya larga vida ha visto cómo la Filosofía entra y sale del curriculum y siempre se ha preguntado porqué; tal vez sea -dejó caer como quien no quiere la cosa- que la Filosofía sirve, precisamente para estar preguntando y preguntándose siempre porqué.

Polonia-Bielorrusia, amenaza híbrida

2021-11-14T11:14:00.007-08:00

Antes de la Covid19 solía apuntarme a algún curso. En 2018 me llamó la atención uno de la Universidad de Verano de la Complutense de Madrid titulado “La amenaza híbrida” algo de lo que hasta entonces no había oído hablar. Como el tema parecía atractivo y el curso se impartía en el Colegio María Cristina de San Lorenzo de El Escorial, un lugar verdaderamente hermoso, me vine de mi paraíso asturiano al horno que aquel mes de Julio era Madrid. Los ponentes eran militares participantes en misiones internacionales, expertos en ciberseguridad, analistas del Centro Superior de Estudios de la Defensa y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. También dictó una ponencia Iñaki Gabilondo y participó en una mesa redonda otro periodista, Alfonso Merlos. Los asistentes al curso, eran sobre todo militares y guardias civiles de alta graduación, ¿Periodistas o profesionales de la comunicación entre el público? Sí, uno, yo.

La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles y de la información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores del propio estado como por agentes extranjeros. El concepto comenzó a utilizarse entre los especialistas, sobre todo de la Defensa, tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006, según explica el profesor Colom Piella en su ensayo “El conflicto en el siglo XXI. La amenaza híbrida: mitos, leyendas y realidades” para designar “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”

Durante los tres días en San Lorenzo de El Escorial, se habló de ciberataques y de estrategia militar, pero también de ética de los medios de comunicación, de postverdad, de disrrupción y desinformación, de redes sociales, de intromisión en procesos electorales, bien violentando el voto electrónico o tratando de hacerlo con la voluntad de los electores mediante la difusión de bulos, etc.

En la pausa de la mañana del primer día, paseando por el espléndido jardín del Colegio María Cristina, pregunté al director del curso, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, la razón de que el asunto suscitara tan poco interés entre los comunicadores y, tan sorprendido como yo, no supo responderme.

Sigo sin tener respuesta. Aunque, vista la penosa involución de la comunicación periodística, explicación puede que haya. La amenaza híbrida es algo que acontece en lo que se ha dado en llamar la “zona gris” Si se ponen a buscar definiciones se volverán tarumbas porque conspicuos analistas llevan dándole vueltas desde hace tiempo ya. No se devanen los sesos, el gris es lo que dice la obviedad que es: lo que está entre el blanco y el negro, es decir, lo que resulta ambiguo, lo que no tiene una explicación sencilla. No es, claro está, un espacio físico.

Si echan cuenta de tantos y tantos profesionales del periodismo, especialmente en radio y televisión, que todo el rato están pidiendo “titulares” o respuestas de sí o no, a expertos, comentaristas, corresponsales sobre el terreno, etc, se harán ya una idea de porqué digo que tal vez haya una explicación. Pero por poner un anclaje que un sociólogo llamaría técnico: dado que el concepto de “zona gris” se origina en el ámbito de los conflictos entre los estados (también dentro de los estados puede darse) la zona blanca sería el ámbito geopolítico en el que se desarrolla, por ejemplo, la diplomacia, y la zona negra, el desarrollo de la guerra convencional en ese mismo espacio, así es que la gris no es ni lo uno ni lo otro. Por poner un ejemplo de este tiempo: la actual presión migratoria sobre Polonia (frontera Este de la UE) desde Bielorrusia, o la entrada masiva de menores (8.000 en solo dos días) el pasado mes de mayo por Ceuta (Frontera Sur de la UE) desde Marruecos, ocurren en la zona gris y ambas son instrumentos de la amenaza híbrida. No hay una acción beligerante que pueda merecer una respuesta armada contundente, ni siquiera una réplica diplomática airada, pero sí hay una agresión; en los dos ejemplos que he puesto tal ataque es a la UE y ambos agresores dicen tener sus motivos, pero sobre todo tienen cierta capacidad de presión, ya sea el suministro de gas a Europa o intereses por zonas en conflicto (el Sáhara Occidental)

Hay dos artículos hoy en El País que les recomiendo porque ayudan a entender un asunto tan poliédrico. El primero (https://elpais.com/internacional/2021-11-14/el-ataque-bielorruso-marca-el-camino-de-los-conflictos-del-siglo-xxi.html) lo firma Andrea Rizzi y en él indica cómo son la Inmigración, la Información, la Educación, el Sabotaje y los Recursos Estratégicos (el gas, por ejemplo, como acabo de comentar) los ámbitos principales -no los únicos- en donde se hace sustantiva la amenaza híbrida; parafraseando a terceros que no cita, Rizzi los llama “armas de perturbación masiva en un espacio que vuela las dicotomías clásicas del pensamiento occidental: guerra o paz, legal o ilegal, militar o civil, público o privado...” La respuesta a estos desafíos, dice Rizzi, está en estudio en Bruselas, pero “la tarea no es fácil y los enemigos confían en que no logren cuadrar el círculo entre seguridad y principios” A mi juicio van perdiendo los buenos y si no ya me dirán cómo se puede entender que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (sí, el que se quedó a verlas venir ante la ofensa protocolaria de Erdogan a Úrsula Von der Layen, ya se acuerdan) no descarte de plano la idea de construir un muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia...”pero con puertas” ha dicho haciendo alarde de la -con perdón- tontuna tan belga.

El segundo artículo que les recomiendo (https://elpais.com/ideas/2021-11-11/cielos-una-agresion-hibrida.html) también está en El País de hoy, en el Suplemento Ideas. Es de Íñigo Domínguez y se titula “Cielos, una agresión híbrida” Tiene un sentido del humor que puede resultar algo cargante para quienes piensan que es preferible no bromear con según que cosas; seguro que son los mismos que difunden relatos lineales y esquemáticos sobre lo que está sucediendo en la frontera Este de Europa. A mi hay una idea que me parece fundamental. Escribe Domiguez “...una muchedumbre de temibles adultos y niños muertos de hambre y frio. La UE se ha inventado un concepto encantador: no es gente pobre, eso obligaría a alguna reacción humana, no, son una amenaza híbrida y forman parte de un plan aunque sea como instrumentos...esas personas ya no se sabe bien si son una especie de torpedos humanos o extras a la fuerza de un reality...están siendo utilizados por un señor bigotudo…pero, ¿acaso esperaban algo bueno de un deleznable dictador..?” Es que “denunciar que Bielorrusia pisotea los derechos humanos y que luego Polonia (UE) se pase por el forro la Convención de Ginebra cazando inmigrantes por el bosque para echarlos del país, queda un poco raro”

En aquel tórrido mes de julio de 2018 yo estaba un tanto perplejo por las cosas que escuchaba de aquellos especialistas, francamente todo me sonaba a la invasión de los cuerpos, el abrazo del oso ruso y el peligro amarillo; téngase en cuenta que aquel ambiente de estrellas y galones acojonaba un poco, la verdad. Luego vino Trump, la gestión del miedo en la Sindemia y ahora Ayuso, por citar solo tres amenazas híbridas evidentes en mi corto juicio, y empecé a comprender. Poca broma. Si el virus no nos pone de nuevo ante el espejo de nuestra estupidez, recomendaría a quienes organizaron aquel curso que lo repitan; yo volvería y estoy seguro de que ahora habría periodistas, por lo menos Rizzi y Domínguez seguro que se apuntan y puede que alguno más de televisión deseosos de entender la realidad sobre la que desinforman con tanto desparpajo.

Margarita Del Val y el pangolín

2021-03-06T23:31:00.003-08:00

Ocupados y preocupados como estamos con la maldita sindemia, no tenemos tiempo ni ganas de prestar atención a otros asuntos, algunos menores comparados con el azote de esta era y otros quizás de más enjundia para el futuro del planeta. Yo propondría que nos limitemos escuchar las cosas tan sensatas que dice siempre Margarita del Val y pasemos de tertulias, circos varios y pseudo periodistas, al fin y al cabo lo sustancial ya lo sabemos: que cada perro ha de lamerse su cipote si quiere sobrevivir, porque ni el estado compuesto este nuestro ni la Unión Europea y sus cataplasmas de fondos sin retorno que ya tardan, y créditos que ya veremos si pagamos, cambiarán su errónea estrategia de convivir, en permanente y estéril batalla, con el virus; eso, y ponerse la vacuna en cuanto esté al alcance de cada cual.

A los que nos ha mirado un tuerto y padecemos un Gobierno regional tan depredador como criminalóide y a la postre, espero, suicida, nos asiste la suerte de poder observar de cerca un espectáculo que no sabría calificar. Aquel choricete que tenía -o tiene, no se- un ático lujoso en Marbella, presidió la Comunidad de Madrid en 2013 y visitó la cárcel un rato, Ignacio González, vendió en 2013 a EnCasa Cibeles por 213 millones 3.000 viviendas públicas. El comprador es un fondo buitre (nunca entenderé porqué hay que manchar el buen nombre de tan útil volátil, con la que no obstante conviene tomar distancia porque podría ser transmisora de la gripe aviar, como pajarraco que es) propiedad de Goldman Sach, sobre cuyas hazañas financieras no me extenderé para no aburrirles; les sonará porque en su nómina ha tenido a gente tan principal y necesaria para la humanidad toda como Romano Prodi, Mario Draghi, que ahora manda en Italia porque necesitan un tipo listo, o nuestro Luis de Guindos. Una curiosidad por si no se han dado cuenta: dividan 3.000 por 213 y les saldrán 71.000 euros por piso; no me alargaré aquí sobre las características de las casas pero ya se hacen una idea de que, aún añadiendo el importe de las comisiones oportunas, EnCasa Cibeles hizo un gran negocio.

El caso es que esa enajenación de viviendas sociales fue declarada nula por los tribunales en 2018 y la Comunidad de Madrid, consciente supongo de que es desagradable tener que devolver lo cobrado a los amiguetes y ocuparse de la pesadísima tarea de recomponer el destrozo, con gente necesitada y tal de por medio dando la turra (las viviendas tienen inquilinos), pues lleva intentando retrasar el cumplimiento del mandato judicial desde entonces aunque el consejero de vivienda, David Pérez (fue alcalde de Alcorcón; pregunten allí por él y verán que risa) no ha parado de decir eso tan bonito de “acatamos las resoluciones judiciales como no podía ser de otro modo” Lo último es que un Juzgado de Madrid insta al Gobierno de Ayuso -bueno, de Lasquetti, López y Rodríguez, ya me entienden- a que hagan de una buena vez lo que les mandan. Como si en plena sindemia no tuvieran los próceres otra cosa que hacer que ocuparse de las necesidades pedestres de los madrileños cuando lo que cumple es mirar al horizonte alzando la barbilla e hinchando el pecho y construir Zendales y cosas grandes, que hay que estar preparados para lo que haya de venir.

Porque vendrán. Como dice Margarita del Val, habrá más pandemias. En eso es en lo que se traduce esa maldita costumbre de que todo lo que corre, nada o vuela, a la cazuela, que tienen los chinos y, nos acabamos de enterar esta semana por El País que también los de Costa de Marfil, aficionados al estofado de rata con berenjenas o a la caldereta de murciélago. Y, adivinen: al pangolín a la plancha.

Es una siniestra paradoja porque en Costa de Marfil la Covid19 ha provocado ya, aparte de muchos muertos y mucha desesperanza porque verán las vacunas cuando las ranas tengan pelo, una dura crisis económica y eso es lo que ha disparado el furtivismo en la caza de animales salvajes, reservorio como sabemos de virus de todo tipo; incluida seguramente la rana a la que me acabo de referir. Por descontado que nuestra ministra de exteriores y nuestro compatriota al mando de la cosa en Europa, que hablan lenguas, estarán ya sobre el problema intentando que los chinos y sobre todo los marfileños, que pueden aparecer en Canarias a bordo de la miseria, dejen de comer porquerías y se pasen a la dieta mediterránea.

Sobre lo que no ha dicho nada Margarita del Val (esa mujer no puede estar en todo) es sobre el núcleo macizo del planeta y eso pone en evidencia a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, siempre algo lento de reflejos, acaso un efecto secundario de la falta de gravedad.

Ya se sabía desde que fue descubierto en 1936 por la sismóloga danesa Inge Lehmann, después de analizar los datos recogidos en los sismógrafos de su país tras una serie de terremotos ocurridos en Nueva Zelanda, pero ahora se vuelve a hablar del asunto a partir de unas investigaciones que se publican esta semana en el Journal of Geophysical Research y han sido realizadas por un equipo comandado por la doctora Joanne Stephenson, de la Universidad Nacional de Australia.

No es que la doctora Stephenson haya viajado como Verne al centro de la tierra para probar lo que dice; eso no es necesario porque hoy disponemos de algoritmos más listos que Dios que permiten no solo conocer sus secretos deseos de usted, sino cibersondear el centro de la tierra hasta cambiar la imagen que desde niños teníamos de las interioridades de nuestro planeta, una masa viscosa como un bombón relleno de praliné incandescente.

¿Para qué sirve el descubrimiento de ese meollo duro y apretado? Ni lo se yo ni lo saben los científicos, pero eso no es óbice para seguir investigando; mira lo que sabíamos hasta antes de ayer del pangolín o el murciélago de Wuhan o sabemos ahora mismo de la rata marfileña o la rana calva. Casi nada. Y la que tenemos liada.

El que avisa no es traidor.

Los Derechos Humanos se vulneran sistemáticamente en la Frontera Sur de Europa

2021-01-29T01:07:00.004-08:00

Hace escasos días se presentó públicamente “Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla” un prolijo y crítico informe elaborado por el instituto Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y apoyado por 50 organizaciones sociales, que será presentado proximamente ante el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Migrantes así como al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. El Informe, que contiene recomendaciones al Relator de Naciones Unidas, así como al Defensor del Pueblo, el Gobierno de España, los Grupos Políticos con representación en el Congreso, al Ministerio Fiscal y a la Comisión Europea, puede ser consultado completo aquí: INFORME-DDHH-FRONTERA-SUR-2021.pdf (iridia.cat)

Estas son sus conclusiones:

“Las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros han creado zonas donde las personas quedan prácticamente inmovilizadas. La contención se realiza a través del desarrollo de trabas burocráticas, limitaciones en la libertad de movimiento, vallas, fosas, controles, procedimientos interminables, detenciones y deportaciones junto a un amplio abanico de diferentes obstáculos que van construyendo una tela de araña de la que es difícil escapar. Durante los últimos 20 años estos espacios se han visibilizado principalmente en algunas islas del continente europeo, debido a que su geografía favorece la contención. Ejemplo de ello son Lampedusa, las islas griegas y las islas Canarias, pero también las regiones del sur de Italia, los Balcanes, las ciudades de Ceuta y Melilla, Marruecos, Egipto o el Líbano. En estos momentos se está produciendo un proceso de intensificación de las políticas de contención en la Frontera Sur de España. El bloqueo tiene un fuerte impacto en la salud mental de las personas migrantes que se enfrentan, incluso durante años, a condiciones indignas y a altos niveles de incertidumbre. Además, estos espacios de contención facilitan la proliferación de discursos racistas y xenófobos, tal y como se ha podido observar en los últimos años en los territorios contiguos a las fronteras europeas. La situación de pandemia producida por la COVID-19 ha intensificado y legitimado los mecanismos más represivos del control de fronteras. La dificultad en la gestión de la movilidad durante la situación de emergencia sanitaria ha favorecido la improvisación de medidas que, en ocasiones, han tenido graves consecuencias en la afectación de los derechos fundamentales de las personas.

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 no plantea soluciones nuevas a las dificultades derivadas de la recepción de personas, sino que acentúa los aspectos que ya eran parte de la estructura de la Unión. El nuevo pacto pretende intensificar la cooperación con terceros países sobre todo en lo referente a la facilitación del retorno y de la readmisión. Esta cooperación queda negativamente condicionada a la obtención de visas y a acuerdos de readmisión. Además, plantea la solidaridad entre Estados en materia de retorno y de externalización de fronteras y deja de lado la solidaridad en la acogida y la defensa de los derechos fundamentales.

Dos factores recientes han influido en el contexto migratorio actual en los países de origen, ambos derivados de la pandemia de la COVID-19: la crisis económica y el cierre de fronteras. Con respecto al primero, se estima que la contracción de la actividad económica supondrá un incremento de entre 40 y 60 millones en el número de personas viviendo en el umbral de la pobreza extrema, el primer aumento de pobreza a nivel global desde 1998. África subsahariana emerge como la región mundial más afectada por esta problemática. Según un informe reciente de la Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal (ANSD en sus siglas en inglés), un 85 por ciento de los hogares consultados ha sufrido una disminución de los ingresos como consecuencia de la pandemia. El impacto ha sido especialmente grave en el sector informal, muy extendido en la región y que emplea al 80,3 por ciento de trabajadores mayores de 25 años y al 93,4 de trabajadores de entre 15 y 24 años. Por lo que se refiere al cierre de fronteras, las políticas de restricción de la movilidad llevadas a cabo por los diferentes Estados han afectado al 90 por cien de la población mundial. Las rutas migratorias africanas convergentes en el Mediterráneo se han visto fuertemente afectadas y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) estima que entre enero y abril de 2020 se ha producido un descenso del 48 por ciento en los movimientos en algunas de estas rutas, como las que atraviesan Camerún, Malí, Níger y Nigeria.

El cierre de las fronteras ha reactivado el tránsito de rutas más peligrosas, como es la ruta hacia las islas Canarias, en la que ACNUR estima que las salidas de personas migrantes desde el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia se han multiplicado por seis. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Las personas llegadas por vía terrestre a los enclaves de Ceuta y Melilla durante 2020 (1.755 llegadas) han descendido más del 70 por ciento en comparación con el mismo período de 2019 (6.346 llegadas). Según el Balance de la Inmigración Ilegal del Ministerio del Interior, también se ha observado un decrecimiento en las llegadas por vía marítima a estos dos enclaves: ha habido un 95 por ciento menos de llegadas a Melilla (898 personas en 2019 y 43 en 2020) y casi un 35 por ciento menos a Ceuta (655 llegadas en 2019 en comparación con las 430 llegadas en 2020). Por lo que se refiere a las llegadas a la Península y Baleares por vía marítima, estas también se han reducido, aunque no tan drásticamente: en 2020 llegaron 16.610 personas, un 25 por cien menos que en 2019. Según el informe “Derecho a la Vida 2020” de la ONG Caminando Fronteras, el total de víctimas mortales de migrantes que han intentado alcanzar las costas españolas ha ascendido hasta 2.170 personas. La ruta canaria se ha confirmado como la más mortífera de todas, y ha dejado un total de 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales, de las cuales sólo 67 están confirmadas. Esta cifra corresponde al 85 por ciento del total de víctimas y, según los datos que ofrece el colectivo, esta ruta presenta una tasa de mortalidad del 32,1 por cien, es decir, tres de cada diez personas que cruzan la ruta atlántica mueren. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Desde el momento en que las personas rescatadas por Salvamento Marítimo desembarcan, quedan detenidas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación, chequeo sanitario e iniciación del procedimiento de devolución.

Aunque durante el primer momento de llegada intervienen actores sociosanitarios como Cruz Roja, este proceso se produce en un marco de privación de la libertad de movimiento. Por otro lado, cualquier actividad que las personas desembarcadas realizan debe ser autorizada por los agentes custodios. Tras haber superado una travesía de entre 2 y 8 días potencialmente traumática al no producirse en condiciones de seguridad, en las que se pone en riesgo la vida y, en la cual, han podido fallecer personas de la misma embarcación o se han podido enfrentar a una avería o un naufragio, se prioriza la actuación policial frente a la atención humanitaria. Dicho proceso de detención se ha llevado a cabo en Gran Canaria en diferentes espacios en los últimos años, normalmente en calabozos de dependencias policiales que no estaban preparadas para asumir dicha función.

A pesar de ser un lugar de llegada habitual de entrada de personas migrantes por vías marítimas informales e inseguras, el Ministerio del Interior no ha priorizado generar un espacio estable y digno para llevar a cabo dicha detención a lo largo de estos años. En la segunda mitad del año 2020 se han utilizado dos espacios como centros de detención para este procedimiento por parte del CNP en Gran Canaria: el muelle de Arguineguín y el CATE de Barranco Seco. Aunque nos encontremos en el contexto de emergencia sanitaria producida por la COVID-19, los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención están plenamente vigentes así como también lo debe estar la normativa en la materia. No obstante, hemos visto que el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención. Este hecho ha generado espacios y situaciones excepcionales en los que entendemos que no sólo existen vulneraciones de los derechos de las personas migrantes sino también podría entenderse que existen indicios de delito que deben ser investigados en profundidad. Cabe destacar que la creación y mantenimiento durante 4 meses de un espacio de detención como es el muelle de Arguineguín supone una grave violación de los derechos humanos que contraviene de manera flagrante la normativa internacional relativa a derechos de las personas detenidas.

Las condiciones de detención que se produjeron (hacinamiento, estancia a la intemperie, condiciones higiénicas y sanitarias, así como la deficiente alimentación y la falta de espacios para el descanso) podrían considerarse contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al constituir un trato cruel, inhumano o degradante. También se han producido diferentes irregularidades en lo referente al acceso a la información y a la asistencia letrada durante la utilización del muelle de Arguineguín. Muchas de las personas migrantes que habían llegado hasta el 11 de noviembre de 2020 no habían tenido entrevista con sus abogados/as debido a la falta de condiciones en el muelle: los abogados eran citados en comisaría, a kilómetros de donde se encontraba la persona detenida ya que las instalaciones del muelle no cumplían la normativa referente a la COVID-19. La detención no puede superar el plazo de 72 horas. Sin embargo y, a pesar de la negativa del Ministro del Interior, diferentes organizaciones como Human Rights Watch o CEAR, cargos políticos locales e incluso el Juez de vigilancia del CIE de Las Palmas aseguran que en el muelle de Arguineguín se produjeron irregularidades en este sentido. Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas. En el caso de confirmarse dichas situaciones, no hay duda de que nos encontraríamos ante una grave vulneración de derechos humanos. Sin lugar a dudas, el muelle de Arguineguín era un centro de detención y las personas que se hallaban en su interior estaban privadas de libertad. El acceso al muelle era controlado en todo momento por agentes del CNP y los movimientos en el interior del muelle tenían que ser autorizados o supervisados por agentes del CNP. Si las autoridades hubieran necesitado crear espacios de no privación de libertad con carácter excepcional para la atención temporal de las personas migrantes con carácter anterior al traslado a plazas de acogida, se podrían haber generado dos zonas diferenciadas en el muelle. Por un lado, una zona custodiada como centro de detención y, por otro lado, otro espacio de emergencia previo a la derivación a otros recursos en el que las personas no se encontrasen restringidas de su libertad deambulatoria.

El Ministerio del Interior y el CNP han tenido alternativas para que la legalidad fuera respetada en todo momento. Sin embargo, no se han generado dichas alternativas y se ha entendido el muelle de Arguineguín como un centro de detención. Es por eso que se considera imprescindible la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. Las condiciones de vida en el CATE de Barranco Seco no respetan los derechos de las personas detenidas, tanto en referencia a las condiciones de alojamiento en tiendas de campaña (que no aíslan del frío ni de la humedad) como a las medidas higiénicas y sanitarias. Asimismo, se han detectado situaciones de personas que han superado las 72 horas de detención y no se garantiza una asistencia letrada individualizada en un espacio adecuado. También se ha detectado la presencia durante más de 72 horas de menores de edad. Exigimos también la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno de España, tras el aumento de llegadas a las islas Canarias durante la segunda mitad de 2020 ha implementado una política de contención de personas migrantes. Esta práctica continúa a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos (como CEAR o Amnistía Internacional) han solicitado que se lleve a cabo el traslado de las personas migrantes desde las islas a la península a partir de un reparto proporcional y planificado entre las plazas de acogida de diferentes territorios, tanto para personas solicitantes de protección internacional como para personas que no sean solicitantes.

Desde el mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó hoteles afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria en la zona de Maspalomas y Mogán para el traslado y la acogida de las personas que se encontraban en el muelle de Arguineguín. En todo caso, es importante remarcar que, si bien esta fue una actuación improvisada debido a que no se contaba con soluciones estables en las islas, cabe valorar la firma de acuerdos con empresarios hoteleros que han ofrecido una solución temporal en este contexto excepcional. Ante la implementación del Plan Canarias y tras la aprobación de 7.000 plazas de estancia en condiciones precarias para las personas migrantes, se ha perdido la oportunidad de realizar una transición y traslado amplios y efectivos desde los hoteles hacia plazas de acogida menos precarias en la península, a través de un reparto equitativo entre comunidades. Sorprende el carácter pretendidamente estable de las plazas de acogida cuando cerca del 50 por ciento de las plazas de nueva creación están previstas en tiendas exteriores. La ubicación de tiendas de campaña en estos espacios supone una infraestructura provisional y, por lo tanto, cabe preguntarse cuánto tiempo se utilizarán y se mantendrá a las personas en estos espacios a la espera del acceso a una plaza de acogida digna.

Según varias organizaciones locales, cabe destacar que hasta julio de 2020 las personas solicitantes de protección internacional no tenían problema para viajar a la península con su documentación. Sin embargo, en el marco actual de readaptación hacia el desarrollo de una política de bloqueo en las islas Canarias y a pesar de la sentencia mencionada del Tribunal Supremo (que reafirma la libertad deambulatoria de las personas solicitantes de asilo) han aumentado los casos de personas a las que se les impide viajar con dicha documentación. Estas negaciones se llevan a cabo a través de controles realizados por el CNP en los aeropuertos canarios. Las denuncias emitidas por parte de algunos medios de comunicación y partidos políticos en referencia a que el Gobierno podría estar realizando traslados masivos a península, generó una reacción en el Ministerio del Interior que consistió en la extensión de los controles en los aeropuertos impidiendo, de una manera completamente discriminatoria, el viaje de personas migrantes sin permiso de residencia y trabajo. El nuevo sistema de vallado fronterizo en Melilla aumenta, en muchos puntos, la altura de la valla hasta los 10 metros. La estructura se corona con un cilindro anti trepado y con peines invertidos que puede suponer un aumento en la lesividad en los saltos y cruces, a pesar de la retirada de las concertinas en el lado español de la frontera.

Desde el año 2018 se han producido decenas de devoluciones sumarias de personas que han accedido a Melilla por vías no regularizadas, ya sea tras saltar la valla o habiendo llegado a las islas Chafarinas. También ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas, tras llevarlas a comisaría y notificarles un procedimiento de devolución con asistencia letrada. La situación provocada por la pandemia ha sido aprovechada para intensificar la política de bloqueo de personas migrantes en Melilla, a pesar del alto grado de hacinamiento en el que se ha encontrado el CETI durante todo el año, así como otros recursos complementarios que se han abierto y activado excepcionalmente. Tanto las personas que sufren el bloqueo en Melilla como las organizaciones entrevistadas realizan declaraciones sobre el fuerte impacto y la incertidumbre que provoca la contención y la posible salida de Melilla. La preocupación por el futuro, la percepción de falta de empatía por parte del entorno, la desconfianza hacia los cauces administrativos así como hacia las instituciones (que no facilitan una respuesta ni una solución), la depresión y la desesperación son algunas de las principales consecuencias que manifiestan. Referencian haber detectado casos de personas con pensamientos autolíticos en relación a esta situación.

El CETI de Melilla cuenta con una capacidad para 780 personas. Sin embargo, a lo largo del año 2020 ha estado habitado por más de 1.600 personas, y 200 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes menores de edad que realizaron el recorrido migratorio junto a sus familias. Dada la situación de hacinamiento, era imposible cumplir las medidas de distancia social planteadas al resto de la población en el marco del confinamiento domiciliario. El complejo del V Pino ha albergado a unos 200 hombres y a una mujer, sin ventilación ni climatización. Con las lluvias de abril y mayo, las carpas se llenaron de goteras que caían directamente en las literas. Especialmente destacable era la situación de los aseos: tres váteres y una ducha en mal estado para unas 200 personas. Frente a estas malas condiciones, muchas de ellas preferían orinar en botellas. Además, las camas, tipo literas, carecían de colchón, sábanas o almohadas. Tampoco había servicio de lavandería, las personas referían escasez de comida y agua –1,5 litros por persona y día antes de ramadán- y no había conexión a internet o teléfono para comunicarse con el exterior. Preocupaba especialmente la atención sanitaria, ya que los equipos médicos no acudían con regularidad. Las personas que estaban en el espacio de la Plaza de Toros se hallaban en condiciones muy poco dignas e higiénicamente muy deficientes. Asimismo, afirman que existía un alto grado de hacinamiento y no había un espacio destinado para que las personas recién llegadas pudieran hacer cuarentena separadas del resto del grupo. Una persona que estuvo residiendo tanto en el V Pino como en Plaza de Toros nos indicaba que tan sólo había un baño para todas las personas que se encontraban allí e indicaba que el acceso al agua era muy limitado. Asimismo, manifestó que no se garantizaba que cada persona tuviera un vaso individual para beber agua, y que el agua se entregaba junto a las comidas en grandes garrafas. En España, las llegadas de personas de nacionalidad tunecina aumentaron a partir del 2018. En 2019, 1.238 personas tunecinas (4 por ciento) llegaron a España por mar y por tierra. Sin embargo, este porcentaje aumenta si nos fijamos en las entradas a Melilla. En 2018, las llegadas de tunecinos sólo constituían el 9 por cien del total. En el año 2019, el número de llegadas de personas tunecinas a Melilla es la más numerosas, constituyendo el 22 por cien del total. Desde el verano de 2019, el bloqueo en Melilla ha afectado de manera específica y devastadora al menos a unas 760 personas de nacionalidad tunecina que se encuentran retenidas en Melilla, concretamente en el CETI , a quienes se ha impuesto una orden de expulsión. Entre estas personas bloqueadas se encuentran niños, niñas, adolescentes que están sufriendo una situación especialmente dura. 30. 31. Los niños, niñas y adolescentes menores de edad no acompañados que llegan a Melilla también sufren desde hace años una política de bloqueo en una ciudad que, para la gran mayoría, es una etapa más dentro de un proyecto migratorio de más largo alcance. La situación se agrava cuando al cumplir la mayoría de edad muchos de ellos no cuentan con la situación regularizada o la pierden antes de poderse trasladar a la península.

Aunque la opacidad, la informalidad y la falta de transparencia son características fundamentales del proceso de deportación, España continúa con su política de alcanzar y ampliar acuerdos para la deportación y readmisión de personas migrantes, siguiendo el modelo de implementación del Plan África con el que, en 2006, respondió ante la llamada crisis de los cayucos y que sirvió de modelo para el resto de países comunitarios. En este contexto, el Gobierno español ha reforzado sus acuerdos con Senegal, Mauritania y Marruecos con el objetivo de reactivar las deportaciones. Las deportaciones a países de tránsito como Mauritania o Marruecos es una práctica habitual en la política migratoria del Gobierno español. Estas deberían ser una herramienta en base al principio de no devolución y no deberían vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes"

Juan A. Cabrera

La jaula de grillos

2020-12-19T04:07:00.000-08:00

Sin duda Antonia estuvo escuchando la tertulia de las mañanas de la SER dedicada en gran parte a comentar lo que se ha dado en llamar “17 Navidades distintas” una especie de bucle muy del gusto de ciertos periodistas y expertos en lo que haga falta. Consciente creo de que Barceló no es una ciudadana corriente y sí una comunicadora de campanillas que tiene a su disposición un instrumento muy potente, Antonia escribió el siguiente post: “A ver Ángels ¿hay que dártelo masticado? En Noche Buena yo voy a cenar con mi marido; ni hijos ni nietos. Ya está”

¿Se ha equivocado el Gobierno con sus recomendaciones? Sí, a mi juicio sí. Pienso en el sentido común de Antonia y creo que todo este rollo de si han de ser seis o diez, si podemos reunirnos con allegados (a propósito, ninguna confusión sobre qué son; para eso está el Diccionario) si el toque de queda debe ser más pronto o más tarde...es absurdo. Como es sabido el exceso de información es desinformación. Ya sabemos todos cómo se transmite el virus. Hubiera bastado con recomendar que no nos reunamos a cenar sino los convivientes y si, excepcionalmente, ha de incorporarse alguien más, observar medidas sencillas, las que todo el mundo conoce ya: mascarilla, distancia, ventilación y no compartir menaje. Plantear recomendaciones que sabemos se van a interpretar como normas cuyo cumplimiento es incontrolable solo sirve para confundir.

En eso se ha equivocado, sí. No en que ahora tengamos ante nosotros un manual con 17 catálogos de medidas. En Alemania, estado federal, no hay tal cosa, pero porque los gobernantes de los länder han entendido desde el primer instante que no se hace política con la pandemia y aquí tenemos una derecha silvestre y una cierta presunta izquierda bastante lerda que no lo ha entendido.

¿Se imaginan de nuevo el calvario de tener que volver a pasar por el Congreso y soportar la lentitud y la deslealtad de la oposición para aprobar un nuevo decreto de alarma que permitiera un mando único para tomar medidas similares a las de marzo. ¿Y para qué? ¿Para que luego algunos gobiernos regionales buscaran todo tipo de triquiñuelas a fin saltarse las normas? ¿Para que esa gentuza utilizaran como instrumento de erosión política, miserable y criminaloide, en la línea de seguir cuestionando la legitimidad del Gobierno de Coalición? Si hace porque hace y si no hace porque no hace ¡Pero si están diciendo ahora mismo que el Gobierno ha eludido sus responsabilidades, cuando actúa acorde a lo que exige un estado compuesto como el nuestro...como el alemán!

El Gobierno ha convocado cuantas veces ha sido necesario al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano colegiado competente y en donde está representado el Gobierno de la Nación y los Consejeros de Salud de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. El Artículo 14 de su Reglamento dice: “Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”

¿Y qué es “consenso”? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos” ¿Y qué es “unanimidad” Pues es “sin discrepancia” que en términos democráticos significa, como sabe hasta el más tonto, que todos votan lo mismo. De manera que “consenso” es algo conceptual y “unanimidad” algo más bien instrumental.

Imagino las reuniones del Consejo como una especie de tortura con el Gobierno de la Comunidad de Madrid oponiéndose siempre o respondiendo “ya si tal” a cualquier cosa que proponga el Gobierno central, como todos hemos podido ver. ¿Su presunta coartada? Que las decisiones no se toman por consenso -el mismo que ellos impiden sistemáticamente confundiéndolo a posta con unanimidad- sino por mayoría y eso, dice, va contra el Reglamento y, por tanto, es ilegal.

En ese Consejo y por la actitud del Gobierno Ayuso y solo por eso, el acuerdo es imposible, de modo que el Gobierno del Estado solo hace lo que puede: unas recomendaciones genéricas (equivocadas por prolijas en mi opinión, como he dicho) y certificar lo que la Constitución dice: que las competencias en materia sanitaria corresponden a las Comunidades Autónomas ¿Resultado? Pues 17 navidades distintas y a correr.

Vacunas

2020-12-17T10:14:00.003-08:00

Un antivacunas es un ser acientífico, básicamente un gran ignorante que, o bien muestra los rasgos paranoides habituales en quien está predispuesto a creer en toda clase de conspiraciones y manos negras, o desconoce que las vacunas son directamente responsables de la practica erradicación de enfermedades muy graves como la viruela y el control de otras como el sarampión, el dengue y muchas más que, sin vacuna, causarían una gran mortalidad. Entre las tonterías que hay que escuchar, hace fortuna la comparación entre la gripe común y la covid19 (lo que enseguida deriva a una conversación absurda sobre si fulano o mengana que no se vacunan cada año nunca enferman, sin embargo, de influenza) pero no hay comparación posible: aparte de otras consideraciones, el virus de la gripe mata mucha gente cada año, sí, pero es estacional; el sars-cov2 es mucho más contagioso, más letal y no entiende de estaciones.

Pero no perdamos el tiempo aunque este exordio sirva para introducir el tema. No quería yo hablar propiamente de estos especímenes conocidos como los antivacunas, sino más bien de asuntos que nos conciernen a la gente normal.

Hay un principio básico por obvio: es natural que haya desconfianza. Nadie sobre la capa de la tierra tiene experiencia sobre una epidemia de la dimensión como la que padecemos. Nadie. Ni la ciencia, ni los políticos, ni las autoridades sanitarias, ni la gente corriente. Tampoco sabíamos nada, evidentemente, sobre las vacunas que pretenden combatirla impidiendo o minimizando -eso es lo que hacen las vacunas- el contagio. Hemos sabido que el proceso de elaboración de una vacuna es lento y el de las que se están preparando se ha acelerado de forma extraordinaria; esto se debe a tres factores: la urgencia médica (en el mundo y al ritmo que vamos, estaremos en dos millones de muertos ocasionados directamente por la covid19 en breve; aparte los que mueren como consecuencia de la saturación de los sistemas sanitarios, tal vez muchos más pues solo cabe pensar en lo que sucede en occidente para deducir qué estará ocurriendo en lugares en donde las infraestructuras son mucho más precarias) la tremenda crisis económica asociada, y la formidable oportunidad de negocio que supone para los grandes laboratorios; ya noto que las personas de bien tuercen el gesto al pensar en los motivos de las grandes corporaciones farmacéuticas, pero es lo que hay.

¿Serán seguras las vacunas? Pues, como es natural, yo no lo se. Por tanto tendré que fiarme del criterio científico...y de algo más: los gobiernos y las organizaciones supra estatales van a controlar que lo sean o se tendrían que enfrentar a algo parecido al Armagedón en forma de desastre sanitario y económico globales y, en ese horizonte, ni que decir tiene cuanto se juega la nada altruista industria farmacéutica si sus vacunas acaban siendo un fiasco. ¿Que son argumentos conceptualmente algo endebles? Ya, vivir es inseguro en más de un sentido. Y, sobre todo ¿cual es la alternativa a las vacunas, más allá del mantenimiento de algunos hábitos de higiene y prevención y, sobre todo, la introducción de cambios de calado pero de lenta asimilación en nuestro estilo de vida? Yo no la conozco.

“Yo no me vacunaré hasta que no vea cómo les va a los demás" Es una frase que ustedes como yo habrán escuchado más de una vez. Ya les auguro: la mayor parte de quienes así se expresan, van a perder el culo para ir a vacunarse en cuanto tengan oportunidad (quizás creen que sí, pero a medio y largo plazo no tienen alternativa) Pero esa actitud merece un comentario.

Sucede muchas veces que el egoísmo es la antesala de la estupidez. La pandemia no es una excepción. Resulta absurdo el acaparamiento de la producción de vacunas por parte de los los países ricos siendo así que, una vez acantonados en la fortaleza de cartón de la presunta inmunidad, tendrían que levantar otra clase de muros mucho más resistentes para evitar la movilidad, algo que choca con la economía global; no se pueden poner puertas al viento y aquí, o hay vacunas para todos o palma hasta el apuntador.

Igual pasa en las actitudes personales: no tiene sentido preocuparse si uno puede ponerse a salvo o no a titulo individual y pasando de los demás ante un problema mundial de salud pública; eso es de una insolidaridad absolutamente irresponsable ¿acaso quienes decidan no vacunarse renunciarán a que el Estado, es decir, la sociedad entera, corra con los gastos de su hospitalización si tiene la desgracia de contraer la enfermedad? ¿Que harán para evitar el contagio? ¿Recluirse sin contacto con el exterior y con la mascarilla puesta hasta que escampe aunque eso dure años? ¿Y cómo sabrán que ya no hay riesgo? Como es obvio, además de asocial, el egoísmo es poco práctico, también por la razón que sigue.

¿Vacunación obligatoria? A mi juicio, no debería serlo. Pero no crean, hay países en que la protección ante algunas enfermedades y en determinadas circunstancias, sí lo es. ¿En Cuba? ¿Venezuela? ¿Tal vez China? No, sorpresa: 11 de los 27 países de la Unión Europea tienen calendarios de vacunación obligatoria y también los tienen algunos estados USA y en Australia por ejemplo. Insisto, no creo que deba ser obligatoria y debería quedar a la mera responsabilidad de cada cual, pero comprenderé perfectamente que los Estados se protejan y traten de proteger a sus ciudadanos, por ejemplo: obligando a hacer cuarentena a quien queriendo viajar no pueda demostrar que está vacunado; exigiendo la vacunación de algunas unidades del Ejercito o a integrantes de profesiones esenciales con especial peligro de contagio hacia la población en su conjunto o a grupos de riesgo, etc.

Presentada ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno por falta de acción climática

2020-12-16T01:55:00.007-08:00

"Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón dan un paso más para evidenciar la falta de ambición climática del Gobierno y las consecuencias que conlleva. Medio centenar de organizaciones y más de 24.000 personas se han sumado ya al primer proceso judicial por el clima en España. Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo un 23% para el mismo periodo. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática. Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas. La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%. “La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluyen las conclusiones de dos informes periciales: uno sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país; y un segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos. Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire. España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones, el Gobierno está ahora obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones, para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas. “Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán emitir ni una partícula de carbono para su desarrollo ni para llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana”, ha subrayado Ruiz-Huerta. Precedentes internacionales La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que esta mañana se ha presentado a través de la plataforma telemática LexNet. Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su “parte mínima justa” a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático –con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados– y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras. “Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que ‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora”, ha concluido Ruiz-Huerta"

El abuelo metralleta

2020-12-04T01:00:00.004-08:00

Hubiera preferido reproducir aquí de manera literal el comunicado que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ha emitido hace unas horas para que nadie tuviera la sospecha de que interpreto lo que dice. Lo lamento, no lo he encontrado, de modo que utilizo una fuente secundaria: lo que las agencias de noticias han publicado que, siendo prácticamente lo mismo todas ellas, cabe suponer que reproducen una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

Tras resumir cual es la labor de las FFAA, acorde a la Constitución y las Ordenanzas, dice el general Villarroya que las opiniones de los firmantes de las cartas al Rey, que son también quienes intervienen en el chat de Wassap cuyo contenido estamos conociendo desde hace unos días “...no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad"

En puridad, sería así, claro. Son militares retirados. Por eso y en lo que concierne a los Ejércitos, esto no pasaría de ser por ahora y salvo que la Fiscalía tome cartas en el asunto como parece que hará y encuentre otros indicios, cosa de jubilados ociosos. Pero en absoluto es eso.

Esos militares retirados tuvieron mando hasta hace no mucho tiempo. No en la posguerra o en los primeros años de la Transición; no son tan mayores. Mandaron sobre la oficialidad y la tropa y gestionaron recursos públicos en democracia. Y no cabe pensar que sus manifestaciones de ahora -directamente ilegales si estuvieran en activo- son efusiones ideológicas sobrevenidas.

¿Hay militares en activo que hubieran firmado esas cartas de no estarlo? Personalmente no tengo ninguna duda aunque no tengo pruebas de ello. O sí. ¿Alguien sabe qué mando permitió a Ortega Smith entretenerse en hacer ejercicios de tiro con un arma de reglamento? No creo que fuera un general retirado ¿verdad?

No, lo de estos generales y otras hierbas forma parte de un estado de opinión que atizan de palabra y de obra VOX, el PP, Ciudadanos, algunos medios de comunicación y una serie de francotiradores encantados de conocerse a sí mismos, con un argumento básico: el Gobierno es ilegítimo y para acabar con él todo vale. Ellos señalan y estos energúmenos se toman las cosas al pié de la letra. De primero de fascismo.

Como yo no me puedo creer que esa gente esté desconectada de sus compañeros en activo, creo que es vital que el Gobierno sea consciente, actúe con la discreción que exige el caso y se tome en serio estas presuntas ensoñaciones.

La amenaza híbrida y el ministerio de la verdad

2020-11-08T09:55:00.004-08:00

Ha sido publicar el Gobierno en el BOE la Orden sobre “Procedimiento de actuación contra la desinformación” https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13663&fbclid=IwAR2jyNOaJP37gUHAd0yY5NCVf8CVHKAjn9a-cxducv-pUki_c-r5dEjhBvs y desatarse la bronca. La variopinta derecha y -como dicen los estupendos- sus terminales periodísticas y mediáticas, le llaman “El Ministerio de la Verdad” a la Comisión que esa Orden propone, en recuerdo, tan ilustrados que son cuando quieren, de George Orwell.

Es un tanto paradógico que quienes salieron en tromba a aplaudir la actitud de las cadenas de televisión estadounidenses que cortaron la emisión del discurso levantisco de Trump tras los primeros resultados desfavorables, sean prácticamente los mismos que hablan de “monopolio de la mentira” y atentado a la libertad de expresión. En no pocos casos, me consta, que sin haber leído siquiera la Orden gubernamental; ir a la fuente siempre es más cansado que dejar que te lo expliquen los predicadores habituales. La CNN prefirió dar la diatriba entera y poner luego a caldo a su autor, en una lectura en mi opinión más ajustada al derecho a la información que no arroja sombra alguna de censura y que está en coherencia con la conducta crítica que esa cadena viene manteniendo de siempre frente al rey de las fake news.

Para que no haya duda, les diré que aunque la Orden menciona -si pinchan en el enlace de arriba pueden comprobarlo- a los medios de comunicación y plataformas digitales privadas en tanto que agentes del procedimiento a aplicar, no precisa de qué modo podrían intervenir y, ciertamente, parece que todo quede al albur del Gobierno de turno, dando que tampoco se ha pensado en la fórmula de una agencia independiente. Está mal desde luego si esa es la intención, pero quizás sería apropiado que en lugar de enredarse en esta algarabía de doncellas ofendidas, esa gente de la que usted me habla propusiera algo constructivo no vaya a ser que creamos que confunden la libertad de expresión y opinión con la facultad de mentir y manipular a su libérrimo albedrío. Aunque usted, lector no iniciado seguramente lo ignora, hay unas entidades llamadas Asociaciones de la Prensa que debieran servir para “...la defensa de las libertades de información y expresión, la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo, de la reputación de los periodistas y la preocupación por el bienestar de los socios” (eso dicen los Estatutos de la madrileña) y en realidad solo son un reducto para el más cutre de los gremialismos. Quizás estas entidades, hoy dinosaurios sin reflejos, podrían redimirse tomando la iniciativa en este asunto, porque el problema de la desinformación (como en todo, también hay negacionistas, claro) existe, vaya si existe.

En el verano de 2018 se impartió en la Universidad de Verano de la Complutense, un curso titulado “La amenaza híbrida” Los ponentes fueron militares de alta graduación participantes en misiones internacionales, expertos en ciberseguridad, analistas del Centro Superior de Estudios de la Defensa y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. También dictó una ponencia Iñaki Gabilondo y participó en una mesa redonda otro periodista, Alfonso Merlos. Entre los asistentes al curso, sobre todo militares de todas las Armas y guardias civiles, de comandante para arriba ¿Periodistas o profesionales de la comunicación entre el público? Sí, uno, yo.

La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles y de la información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores extranjeros. El concepto comenzó a utilizarse entre los especialistas, sobre todo de la Defensa, tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006, según explica el profesor Colom Piella en su ensayo “El conflicto en el siglo XXI. La amenaza híbrida: mitos, leyendas y realidades” para designar “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”

Durante los tres días en San Lorenzo de El Escorial, se habló de ciberataques y de estrategia militar, pero también de ética de los medios de comunicación, de postverdad, de disrupción y desinformación, de redes sociales, de intromisión en procesos electorales, bien violentando el voto electrónico o tratando de hacerlo con la voluntad de los electores mediante la difusión de bulos, etc.

En la pausa de la mañana del primer día, paseando por el esplendido jardín del Colegio María Cristina, pregunté al director del curso, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, la razón de que el asunto suscitara tan poco interés entre los comunicadores y, tan sorprendido como yo, no supo responderme. Yo me lo sigo preguntando a veces aunque me iluminan bastante las reacciones de una parte de mis compañeros de profesión cuando pasan cosas como la que refiero al principio. Menos mal que hay gente que sí se preocupa en serio de estas cosas.

Fatiga pandémica

2020-10-31T11:30:00.001-07:00

Aseguran lo expertos (o algo) que existe. La “fatiga pandémica”, digo. Es una especie de cansancio y/o hartazgo relativo a los efectos que sobre nuestra cotidianeidad tiene la contumaz prevalencia del SARS-Cov2. En mi pueblo dirían, poniendo cara de abatimiento, que están hasta el colodrillo del joío bicho. Los efectos para la psicología individual y colectiva, son que, o bien uno entra en depresión, o se relaja y se deja llevar.

Sí, están los que aseguran que, puesto que es planeta, sin duda la tierra es plana y los que niegan la existencia del virus. Con esos, que ni se amoínan ni se entregan, dado que son como el alcornoque que ya le pueden sacar la piel a machetazos, que ni siente ni padece, no cuento, pues tarugos siempre los hubo, los hay y los habrá por los siglos de los siglos, amén.

Me refiero más bien a lo que damos en llamar gente corriente como usted y como yo.

La generación de mis abuelos aún oyó hablar de la Gripe Española y de la Primera Guerra Mundial. Ellos y la generación de mis padres vivieron en sus carnes la Guerra Civil, el hambre y la miseria de la Postguerra y la Segunda Guerra Mundial. A nosotros y a nuestros hijos nos ha tocado la Crisis de 2008 -también llamada estafa- y esto de ahora, sindémia por mejor nombre. Todas esas experiencias son terribles y tiene poco sentido establecer comparaciones, aunque quiénes se fueron a pegar tiros con 17 años o los que hacían sopa con unas pocas algarrobas, sin duda lo harían seguramente con razón. Pero nunca hasta ahora habíamos oído hablar de “fatiga” para describir el estado de ánimo de quienes sufrieron y sufrimos estas calamidades.

Hay una canción de Javier Krahe que probablemente conocen ustedes. “Marieta” cuenta la historia de quien encuentra a su amada con otro y se lamenta: “y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre” Pues bien, “fatiga pandémica” es como si el poema dijera “y yo allí con mi zambomba como un gilipollas, madre” para explicar el estado de ánimo de quien se queda sin Halloween, el Black Friday o las entrañables fiestas navideñas, como va a ocurrir este año.

Digo esto porque los tales expertos aluden a la “fatiga pandémica” como mal que afecta a los que, no habiendo sufrido ellos directamente o en sus seres queridos la enfermedad o sus duras consecuencias económicas, se muestran desalentados y morugos, levantiscos a veces, ante la posibilidad de no poder ir el finde a Cullera, tomar unas tapas en el bar de Mariano, reunirse en el parque con los colegas a cocerse de calimocho o ir de tiendas, actividades todas ellas imprescindibles cuando uno sale de un duro confinamiento de tres meses tres y otros cinco meses cinco de insoportable incertidumbre y de ese infame distanciamiento tan anti español que nos aconseja no frotarle la parte baja de la espalda o el omóplato al amigo de un amigo que nos acaban de presentar. Se comprende que den ganas de gritar ¡libertad! a pleno pulmón cuando nos sueltan un poco de la mano los de la dictadura constitucional.

A mi me da que ahora, como la generación de mis abuelos y la de mis padres, nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotros mismos. No es ese rollo de la responsabilidad individual que nos recuerdan cada día los que abdican también cada día de la responsabilidad pública que les tenemos encargada y por cuya vigilancia y ejecución les pagamos. Es más bien una cuestión práctica.

De manera que dejen de quejarse y aprieten el culo porque la vida sigue entrando por los poros cada mañana aunque lleven mascarilla. Hagan lo que puedan por sí mismos que, en esto de la Covid, es lo mismo que hacerlo por los demás.

Eso sí, tomen nota mental de quién está a la altura y de quién no. No se van a ir y cuando todo esto pase, deberemos seguir protegiéndonos todo lo posible de ellos.

Sindemia

2020-10-25T11:49:00.005-07:00

En la edición de 6 de julio de este año de la revista Nature, hay un artículo de los profesores Roben Naidoo y Brendan Fisher ( https://www.nature.com/articles/d41586-020-01999-x) en el que alertan de que la COVID19 amenaza el cumplimiento de los dos tercios de los 169 metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) El doctor Fernando Valladares de la Universidad Rey Juan Carlos (El éxito ante la Covid19, edición del 29 de septiembre último de la revista de elDiario.es) que es quien los referencia, pone el acento en que, como advierten asimismo Naidoo y Fisher, el 10 por ciento de los Objetivos -recuerden: se establecieron en 2015 y su grado de cumplimiento cinco años después es desalentador- pueden amplificar los impactos de futuras pandemias, básicamente aquellos que, como por ejemplo la gestión de las emisiones de CO2 y otros agentes, se concilian mal con el desarrollo económico. En cristiano: que el crecimiento deseado-esperado hará imposible la reducción, en tiempo y dimensión necesarios, de los agentes responsables del calentamiento causante del cambio climático que, además de una amenaza directa y a corto plazo perfectamente identificable a estas alturas, tiene implicaciones indirectas como es favorecer la extensión de patógenos de cuya existencia tiene noticia cierta la ciencia desde hace tiempo, aunque no hayan saltado al género humano...aún.

Hace unos días escribí en este mismo espacio un artículo en el que hacía referencia al llamado decoupling, esto es, la posibilidad de un desarrollo económico que tenga escaso impacto negativo en el medio ambiente. Naidoo y Fisher insisten en ello y creen que los ODS debieran revisarse precisamente en vista de que tal desacoplamiento es en gran medida una falacia. Bueno, en realidad, ellos lo dicen de manera más eufemística; soy yo el que sostiene que la expresión “desarrollo sostenible” es un oxímoron y, por tanto, cuanto se derive de ella es falaz.

Sea como fuere, Valladares cree que a la hora de pensar en esa revisión de los ODS nos enfrentamos precisamente, “cara a cara, con la esencia de nuestro sistema socioeconómico” Y la pandemia nos está poniendo frente al espejo con terrible crudeza, exigiendo que actuemos de forma perentoria, urgente. ¿Muy urgente? Cada vez hay más sectores sociales que creen que sí; es muy urgente.

No me refiero, por ejemplo, al FMI por mencionar una institución que últimamente viene manifestándose con una sensibilidad social poco habitual (https://www.imf.org/es/Topics/imf-and-covid19): su sobrevenida preocupación es la misma de quien teme que la desigualdad creciente y la ruptura del pacto social acaben poniendo en riesgo el sistema mismo. "Se ha dicho que la pandemia ha escenificado un conflicto entre la economía y la vida. Pero este enunciado, esta forma ficticia de contraposición, oculta el conflicto real entre derechos y privilegios" escribe en La sobrevida, misma edición de la revista de elDiario.es, la periodista y escritora Belén Gopegui.

El FMI como otros actores domésticos y transnacionales no desean en absoluto una reconversión económica profunda, no en el sentido que la sindemia exige. Sindemia digo; sí, es hora de llamarla por su nombre real, en tanto que epidemia sinérgica, esto es un fenómeno que resulta de una enfermedad de origen vírico, de sus interacciones con otras afecciones y de sus secuelas, y de las consecuencias sociales y económicas de diverso tipo a que da lugar.

¿O será, como escribe Valladares, que “...el principal obstáculo para una reconversión socioeconómica profunda es que no queremos hacerla”? ¿quiénes “no queremos”?

Se ha escrito muchas veces: cuando cayó el Muro de Berlín desapareció toda alternativa al neoliberalismo; eso es al menos lo que nos dice el relato dominante ¿No hay pues hoy modelos económicos diferentes al actual a los que pudiéramos acudir? ¿Disponemos de conocimientos empíricos y recursos tecnológicos para plantear una alternativa? Tengo al respecto algo más que intuiciones, pero como no soy especialista, no intentaré siquiera responder a esas preguntas. Al contrario, haré otra: ¿Realmente no queremos, o es que el diagnóstico y, por tanto, el enfoque de la salida de la crisis que padecemos es equivocado?

¿Cuáles son las diferencias entre la crisis de 2008 y ésta? Muchas desde luego. En 2009 la caída del PIB mundial fue del 0,1 por ciento y en 2020 estará entorno al 3 por ciento. Esto ya es un dato frio pero que nos sitúa en una realidad muy dura ciertamente. Asusta. Enrique Marazuela, director de Inversiones de BBVA dice (y su opinión es ampliamente compartida) https://www.bbva.com/es/de-la-gran-recesion-a-la-gran-pandemia-diferencias-entre-la-crisis-de-2008-y-la-de-2020/ que “El paquete de garantías públicas conseguirá que esta crisis no derive en otra sistémica” ¿De modo que no es “sistémica”? No lo es, en efecto, si aplicamos las referencias habituales: no la ha provocado una quiebra del conglomerado financiero como consecuencia de la ruptura de alguna clase de equilibrio, sino un acontecimiento inesperado (menos inesperado para la ciencia que venía advirtiendo desde hace mucho tiempo y que, a lo que parece, no forma parte del sistema) y no actúa directamente sobre sector económico alguno sino sobre la salud (que, en cuanto tal, tampoco fes un concepto sistémico) y, como pasa con las fichas del dominó puestas en fila, actúa sobre todo lo que de verdad importa: sobre toda nuestra vida, lo cual, en puridad, será que tampoco forma parte del sistema. Ha puesto todo patas arriba, revelando las insuficiencias del estado del bienestar y poniendo al descubierto que hay detentadores del poder democráticamente otorgado dispuestos a poner en riesgo a las poblaciones vulnerables y, más allá, sacrificar al 1 por ciento de la población en favor -creen ellos- del 99 por ciento restante. ¿Y el asunto no es sistémico? Vale.

¿Porqué tengo la sensación de que para no pocos economistas, esta sindemia puede destruirnos, pero es un asunto que enfrentan con una especie de desdén intelectual?

Dejen que añada a este desordenado comentario un par de cosas. Hay un libro que nunca me cansaré de recomendar; se titula Pluriverso (Icaria 2019) y es una recopilación de artículos breves y, a mi juicio, del mayor interés: José María Tortosa, catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante, rescata en “Europa” el concepto de Maldesarrollo que ya utilizó en 1968 Sugata Dasgupta (“Peacelessness and Maldevelopment”) y más a fondo Samir Amín (“Maldevelopment: Anatomy of a Global Failure) y dice lo siguiente: “Los seres vivos... sufren maldesarrollo cuando sus órganos no siguen su código, se desequilibran entre sí, se malforman” lo cual es una metáfora -dice Tortosa- que como otras metáforas “suele contener ideología y más si se centra en el objetivo a conseguir, el del crecimiento, normalmente del PIB...”.

Por su parte, el economista ecuatoriano Alberto Acosta escribe en “Posteconomía”: “Nunca antes afloraron tantas cuestiones críticas de manera simultánea que no se circunscriben sólo a lo económico y social. Los graves problemas problemas ambientales son ya inocultables. Las manifestaciones de esta crisis civilizatoria, influenciadas por una especie de virus mutante (Acosta, naturalmente, no sabía nada en 2019 del SARS-Cov-2) aparecen en muchos otros campos: político, ético, social, energético, alimentario y, por supuesto, cultural”

No me voy a extender sobre los comentarios de Tortosa y Acosta; eso excedería las pretensiones de este artículo. No se a ustedes, pero a mi me resultan muy sugerentes.

Una última cosa. Terminando estas líneas se hace pública la decisión del Gobierno de España de decretar un nuevo estado de alarma con la pretensión de extenderlo hasta finales de abril del año que viene. Eso implica que los gobiernos de las comunidades autónomas dispondrán de un instrumento jurídico para poder restringir derechos fundamentales, es decir, quienes no han sido capaces de controlar la extensión de la enfermedad desde el final del anterior estado de alarma, tal era y es su competencia, disponen ahora de más poder para hacer ni ellos saben qué. Malos tiempos, muy malos pero, contra lo que suele ser habitual (que la inoperancia y la estupidez me provoquen una insufrible acidez estomacal) me ha dado por recordar otra aportación de Pluriverso, la de Michelle Boulous que dirige un singular Grupo Europeo de Investigación Filosófica en la Universidad de Queensland, Australia. En “Movimiento Slow” escribe “la ecuación de la velocidad y la precipitación con la eficiencia, está arraigada en la modalidad europea clásica de pensamiento instrumental racional en donde el cuidado da paso al cálculo y el pensamiento, por lo general, se reduce a una hueca manipulación y ampliación técnica de los hechos” ¿Unos friquis estos del “Movimiento Slow”? Seguramente, pero igual no es mala idea tomarse las cosas con calma, con nuestra mascarilla, nuestra distancia social y nuestro lavado de manos frecuente, porque esto va para largo y a estas alturas ya sabemos que lo que no hagamos por nosotros mismos y los nuestros, nadie lo hará.

Mucha suerte.

Los de cuarenta

2020-06-03T08:35:00.000-07:00

La nómina de agradecimientos, todos muy merecidos, por su comportamiento durante estos días difíciles es extensísima, empezando por los sanitarios y acabando por cualquiera que tenga alguna labor de servicio público que desempeñar.

Pero yo quiero hacer hoy un reconocimiento que, a mi juicio, no se hace porque sus protagonistas no se identifican en particular por su pertenencia a gremio alguno; pueden ser médicos o enfermeros, pero tal vez informáticos, periodistas, artistas, ingenieros, quizás estudiaron mecánica del automóvil o cocina... No son sus estudios o su profesión lo que les define.

Como soy ya mayor, he conocido varias generaciones de españoles: la de mis abuelos y padres que vivieron dos guerras, el hambre de los años cuarenta y un desierto cultural y de libertades. La mía es sobre todo la de la Transición, mucho más liviana que la anterior por más que algunos coetáneos se empeñen en creerse el ombligo de la historia. Y está la de los hijos e hijas de quienes tenemos mi edad. A ellos me quiero referir.

Es un lugar común afirmar desde hace tiempo ya que la de los que hoy están en la cuarentena o cerca, es la generación más preparada de la historia; estoy hablando de habilidades profesionales y sociales, solo de eso; sin duda no se saben de corrido la lista de los reyes godos o la tabla del cuatro pero, dado que no se ha demostrado la necesidad imperiosa de sabérselas, se puede constatar solo como ver sus curricula que, efectivamente, nunca hubo en España tanta gente con tanta preparación...y tan mal aprovechada, tanto que a veces creo que España no los merece.

Pero se dice también que han crecido entre algodones y no saben enfrentarse a las dificultades de la vida; eso es, simplemente, falso. Insisto, si la anterior afirmación pudiera ser puesta a la consideración de nuestros abuelos y nuestros padres (no es posible porque están muertos) quizás tendrían algo que decir al respecto dado que su peripecia vital les facultaría para comparar; sospecho, en todo caso, que no se sentirían especialmente satisfechos con ganar de calle en tan absurda competición. Mi generación, por mucho que se empeñe en dar lecciones (y se empeña) pues no está en condiciones de juzgar.

Quienes hoy tienen, más o menos, cuarenta años se enfrentan -como todos- a una crisis económica jamás conocida, la que se deriva de la pandemia. Hay consecuencias inmediatas: se han quedado sin trabajo o rezan para que su ERTE no acabe mal; si tenían alguna aspiración de salir de la precariedad pierden ahora la esperanza. ¿Como todos?

El tiempo vuela. Ellos también lo saben muy bien porque en 2008 no habían cumplido los treinta y ya entonces, cuando empezaban a sacar la cabeza, su proyecto vital quedó truncado por una crisis económica que algunos se empeñan en llamar estafa. Esta de ahora no es una estafa, pero para los efectos da igual; es peor porque es más dura y porque les pilla entrando en la madurez y, como los viejos sabemos, es ese momento en que uno empieza a darse cuenta de que no es superman o superwoman...y menos después de ver lo que un simple virus, un insignificante no-vivo, es capaz de hacer con la gente y el mundo en general.

Así es que estas personas llevan ya dos golpes muy duros. ¿Alguien se sorprende de que haya quien no esté interesado en reproducir el modelo de vida de sus padres? ¿comprar una vivienda? ¿casarse y formar una familia? ¿confiar en que cuando lleguen a mi edad tendrán una pensión? ¿para qué planteárselo siquiera? ¿para añadir a la impotencia la frustración?

¿A qué nueva normalidad tienen que volver? Como yo no tengo la respuesta, al menos diré que merecen mi admiración y todo mi respeto hagan lo que hagan con su vida, porque como les pasó a nuestros abuelos o nuestros padres hay que echarle agallas.

Lo que yo diga o sienta al respecto no les sirve de mucho y lo lamento; pero a mi sí. Sin duda a mi sí.

La Reforma laboral, Bildu, Podemos

2020-05-22T11:03:00.000-07:00

Espero que los historiadores estén tomando notas. Tal vez dentro de unos años alguno explique que en España hubo una especie de caza de brujas para tratar de laminar a un partido político que nació al calor de las protestas ciudadanas. Tal vez puedan, incluso, explicar porqué. Tendrán tajo. El último episodio es una ofensiva que en estos días se intensifica a cuenta de un incidente de menor cuantía con el fin de extender, una vez más y en plena pandemia del covid19, la especie de que el Gobierno de coalición está a punto de saltar en pedazos por sus peleas internas entre los ministros -militantes o no- cercanos al PSOE y los de Unidas Podemos. No es el objeto de este artículo extenderme sobre tal incidente, pero conviene explicarlo apenas porque, siendo como digo, menor, sí da idea de cual es el clima que se vive mientras tememos seriamente por la salud de todos y por nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. El anterior Gobierno, de Mariano Rajoy, PP, puso en marcha una reforma laboral que no calificaré; lo hizo apoyándose en su mayoría absoluta en el Parlamento y sin contar con los llamados interlocutores sociales. En el acuerdo PSOE-Unidas Podemos que alumbró en enero de 2020 el Gobierno de coalición que tenemos, se acordó la derogación de esa reforma, aunque se ha explicado muchas veces que eso no es posible hacerlo de modo que se provoque un vacío legal que sería muy perjudicial para empresas y trabajadores; de manera que cómo hacerlo y con el mayor alcance posible a la hora de superar sus efectos lesivos es asunto de detalle, de matiz...no de brocha gorda. Hace apenas 48 horas y a fin de renovar el Estado de Alarma en vigor en España, el PSOE negoció el apoyo de Bildu (5 diputados) y la contrapartida fue un acuerdo que es exactamente el mismo al que me acabo de referir entre PSOE-UP solo que ahora también firma Bildu. A la hora de la votación, finalmente, no fueron necesarios los votos -abstención- del partido vasco, pero eso no lo sabía el PSOE y en todo caso es irrelevante. Ambos textos hablan de "reforma integral" pero ya he explicado qué quiere decir eso. Una palabra no innecesaria sobre quién es Bildu: para la derecha -los partidos y otros actores sociales- son los herederos de ETA; para la gente sensata, un partido perfectamente legal que procede de una agrupación de partidos tales como Sortu (este sí, heredero de Herri Batasuna) y de otros cuyo compromiso con la democracia y la no violencia es inequívoco desde su nacimiento, como es el caso de Aralar o Amaiur. En este enlace puede verse el texto del acuerdo y el de la nota publicada en la madrugada de ayer rectificando el primer punto de dicho acuerdo: https://elpais.com/espana/2020-05-21/el-documento-del-acuerdo-y-la-nota-de-rectificacion-del-pacto-entre-psoe-podemos-y-eh-bildu.html Vistas las explicaciones sobre en qué términos y como se pretende desactivar la Reforma que acabo de ofrecer (Bildu las suscribe tal como han declarado) lo sucedido a continuación es, en mi opinión, algo extraño que seguramente procede de las dudas de alguien (de Calviño y de Lastra se dice) pero que en todo caso tiene poca relevancia. En el siguiente acto, Calviño declara que no es momento de abrir ese debate y el profesor Iglesias (ambos vicepresidentes como sabemos) se pone estupendo y asegura que pacta sunt servanda que lo que se pacta se cumple, vamos. Que la derecha, la Patronal y gentes como Page lo hayan leído como un enfrentamiento entre Iglesias-Díaz y Calviño, no es más que un delirio a mi juicio. Un cometario nada racional: si contemplamos un episodio algo equívoco en cualquier asunto y aparecen relacionadas las palabras Bildu y Podemos, estadistas como Espinosa de los Monteros, Teodoro García Egea, Cayetana Álvarez de Toledo y otras luminarias del Moncayo o de la estepa manchega, caerán sobre nuestras entendederas y afanes de ciudadanos como rapaces, bien como águilas imperiales o como milanos comunes. Podemos no tiene un solo caso de corrupción en sus filas; ni siquiera se financia con otra cosa que no sean las aportaciones de la gente y de lo que entregan los dirigentes que tienen limitados sus salarios públicos; no parece que haya críticas concretas a su gestión allí en donde tiene algún poder puesto que cuando las hay son genéricas y siempre ridículas acusaciones de dependencia de oscuros intereses caribeños. Yo confieso que no lo termino de entender; Podemos jamás ha nacionalizado nada, nunca ha expropiado cosa alguna, pero se le ataca como si hubiera gobernado una república bolivariana o un gulag llamado España, dejándola en la raspa hasta que fuera finalmente rescatada por las fuerzas de la libertad. Lo que pasa con Podemos, la persecución a la que se le somete desde que nació, no se parece en nada a lo que pasa o ha pasado con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos, ni siquiera con Vox; pero tampoco es un fenómeno comparable a ninguno de los partidos políticos de la Segunda República, ni hay parangón en Europa ni en parte alguna. Su breve historia es la de ser víctima de una guerra sucia constante y su acción de gobierno de apenas cinco meses en el seno de la coalición, alcanza a la mejora del salario mínimo interprofesional y poco más, dado que el resto de las medidas de protección social en cuya implementación ha participado están relacionadas con la situación de excepcionalidad que padecemos. De modo que no encuentro razones de peso para esa especie de odio africano a Podemos, como no sea que su líder máximo es algo listillo, un poco faltón y nada simpático. Pero eso los historiadores lo descartarán enseguida porque, además de ser una tontería, si admitieran tal argumento les crecerían los enanos en la realidad política más contemporánea. Créanme los historiadores del futuro, esta gilipollez del acuerdo con Bildu y sus correcciones (que pasará rápido) es el enésimo episodio de un intento de romper ese Gobierno que por lo visto padecemos. Y si no, lean el editorial de El País, la gran Biblia de la democracia española, de ayer, que lleva el bonito título de "La intemperie" y dice, por ejemplo: "Un Ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios"
https://elpais.com/opinion/2020-05-21/a-la-intemperie.html

El Gobierno debe parar ya a los provocadores

2020-05-20T00:57:00.003-07:00

El Gobierno se equivoca. En las caceroladas no se respetan las medidas de prevención, ni antes ni ahora; eso debió haber sido, debería ser, razón suficiente para impedirlas. No se hizo desde el principio y esto empieza a ponerse feo: ahora, esas gentes animadas por dirigentes del PP y de Vox aunque luego lo nieguen porque ni para eso tienen agallas esos matones de pacotilla, manipuladores de tres al cuarto, se dedican además a otras cosas.

Un Gobierno digno y democrático no puede consentir que se acose (esa es la palabra) a un vicepresidente y a varios ministros, dirigentes a los que los perolos consideran usurpadores de lo que por derecho divino les corresponde, autoridades a las que desprecian ("el coletas", "chepas", la mujer el macho alfa, etc) y por eso creen que pueden faltarle el respeto impunemente a una magistratura del Estado.

Gentes que llevan muchos días aguantando el confinamiento, que sufren este problema sanitario y económico mucho más que los de las cacerolas, que leen o escuchan a conspicuos comentaristas llamarles poco menos que cabestros conformes de su condición, resignados a su destino de habitantes de un Gulag caribeño pero en el Mediterráneo, han empezado a salir a la calle para enfrentarse a los de las cacerolas. El siguiente paso es que aparezcan los encapuchados.

Es natural que un Gobierno modere su actuación en materia de orden público y trate de mantener el equilibrio, esa es su obligación; pero llega un momento en que, si se mantiene en la inacción, en una especie de absurda neutralidad, esa actitud se convierte en dejación de su responsabilidad. Las caceroladas son una forma de protesta legítima, salvo cuando se pone en riesgo la salud pública o derivan en provocaciones; y eso es lo que ya está pasando.

El momento de que el Gobierno pare esta escalada es ahora, cuando aún se puede identificar con facilidad quienes son los provocadores, quienes incumplen las normas del Estado de Alarma, quienes nos ponen a todos en riesgo, quiénes se creen con derecho a acosar. Es que después de los políticos -además de a miembros del Gobierno, ya lo han hecho con la sede del PSOE en Madrid; "rojos maricones" les gritaron a quienes en la calle Ferraz les pedían que mantuvieran la distancia de seguridad- vendrán los periodistas -ya ha pasado en Zaragoza con un cámara de tv o en Madrid con una redactora de "Público"- los miembros de algunas ONGs -el Padre Ángel ha sido insultado- los homosexuales -también ha pasado ya en el barrio de Lavapiés con un muchacho que salió a la calle envuelto en una bandera arco iris- las feministas etc; el fascio siempre actúa igual. El Gobierno debería de saberlo; esto empieza a írsele de las manos.

Hacia la "nueva normalidad" en medio de un atasco

2020-05-10T23:32:00.001-07:00

Las organizaciones ecologistas exigen que el dinero público no se use para apuntalar una movilidad insostenible.

Las principales organizaciones ecologistas rechazan las ayudas que se prevé que conceda el Ministerio de Industria a la compra de coches y demandan que no se utilice el dinero público para planes de renovación de flota con vehículos contaminantes, ni para rescates de líneas aéreas.

El Estado debe apoyar los servicios esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte público, pero también medidas para la emergencia ecológica que necesitarán un importante refuerzo tras la crisis.

Mientras la terrible crisis sanitaria de la COVID–19 va entrando poco a poco en vías de solución se atisba una crisis económica sin precedentes, que afectará particularmente al Estado español, debido tanto a la severidad de la crisis sanitaria, como a la dependencia del turismo en España. De hecho, ya son numerosas las empresas que han solicitado o incluso se han asegurado ayudas del Estado.

En este sentido se sitúan los planes solicitados por el conjunto del sector de la industria del automóvil que, según distintas fuentes, parece que pueden tener comprometidos hasta 800 millones de euros en estímulos para la compra de vehículos, en un nuevo plan Renove que puede destinarse a la compra de cualquier tipo de vehículos, incluso diésel y gasolina.

Ante esta situación, las principales organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, demandan al Gobierno que no dedique fondos públicos a rescates y planes de ayuda a las actividades que más contribuyen al cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Insisten en que cualquier medida de apoyo a empresas esté condicionada a criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Las organizaciones ambientales solicitan que los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y para prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos.

España debe priorizar sus apoyos económicos a los sectores esenciales más vulnerables y condicionarlos a criterios de sostenibilidad. Las ayudas siempre deben atender y formar parte de una estrategia de descarbonización y transición justa. En este sentido, las organizaciones ecologistas reclaman más transparencia y debate en el diseño de las ayudas, así como su presencia en las mesas de negociación donde se aborden.

El transporte supone un 27 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y el 60 de las emisiones las producen los automóviles. Aunque la industria argumenta que la renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, lo cierto es que su propensión a vender vehículos cada vez más grandes y pesados (como los SUV) está provocando que aumenten las emisiones del parque automovilístico. Las ayudas han sido anunciadas por Industria tan solo un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reuniese con la patronal Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), lo que ha indignado a las asociaciones ecologistas.

Por otro lado, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), de la que Anfac es parte, ha solicitado a la Comisión Europea que se relajen los objetivos de reducción de emisiones medias de CO₂ en los coches nuevos vendidos este año, que deberían lograr una media de 95 gCO₂/km. Una petición que, de cumplirse, pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050. Lejos de proponer condicionantes ambientales a un rescate, la industria del automóvil demanda una rebaja de sus compromisos ambientales.

Algo similar ha sucedido con la industria de la aviación. Desde que el pasado mes de marzo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reclamara ayudas por valor de 200.000 millones de dólares para el sector, numerosas aerolíneas han recibido cuantiosos apoyos públicos valorados en unos 26.000 millones de euros solo en la UE.

En el Estado español Iberia y Vueling han recibido 1.010 millones de euros en préstamos avalados por el Estado, mientras que Aena ha obtenido casi 2.000 millones de euros (300 directamente del ICO). Importantes cifras a las que se sumará otra inyección millonaria del Gobierno en el marco del instrumento de ayudas estatales que se está negociando en la Comisión Europea.

A día de hoy, la aviación es el único sector de la UE cuyas emisiones de CO₂ siguen creciendo, con un aumento del 26 por ciento desde 2013. Al mismo tiempo, las aerolíneas disfrutan de importantes exenciones fiscales que, por ejemplo, les permiten ahorrar 27.000 millones de euros anuales, solo en impuestos, al combustible en la UE. Además, al contrario que el resto de sectores, no tienen un compromiso de descarbonización.

A pesar de ello, la industria insiste en exigir ingentes rescates públicos sin ninguna obligación ambiental o de cualquier otro tipo para compañías cuyos beneficios se realizan a costa de aumentar sus impactos sobre el planeta y las personas. Las organizaciones ecologistas reclaman que, si se llegan a producir estos rescates, se haga con compromisos ambientales, entre los que tienen que estar la adopción de una senda de descarbonización antes de 2050 sin créditos de carbono, la aceptación de un impuesto al queroseno y de los billetes aéreos, y la introducción de un porcentaje obligatorio de combustibles derivados de energías renovables.

En cualquier caso, las demandas ecologistas enfatizan que se debe priorizar el apoyo a los servicios públicos. En lo que respecta al transporte, el servicio esencial que se debe apoyar es el transporte público. Estos operadores están haciendo frente a pérdidas millonarias y no han podido acogerse a ninguna de las ayudas ofrecidas por el Gobierno.

La ayuda estatal es absolutamente necesaria para mantener este servicio público, ya que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad urbana y metropolitana, y pieza imprescindible para garantizar la movilidad de todas las personas. Ninguna ciudad puede dejar caer su transporte público y apoyarse únicamente en el automóvil, sería un error fatal que dispararía los niveles de congestión y contaminación que afectarían a millones de personas.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, ahora es el momento de atender, junto a la social, la emergencia ambiental a la que nos enfrentamos. La lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático deberían ser los destinos prioritarios de los fondos públicos, a través de varias acciones, medidas y planes: fomentar e instalar energías renovables (con medidas especiales para impulsar la participación ciudadana), mejorar la eficiencia energética de los edificios, apostar por la agroecología, etc.

Estos sectores son fuente muy importante de empleo y nos ayudarán a afrontar la crisis ecológica. Seguir apoyando a las empresas más contaminantes (mayoritariamente de capital extranjero) nos hará aún más difícil afrontar la emergencia climática y ecológica, frenará la transición energética y contribuirá a agravar los riesgos de crisis sanitaria.

El esbirriato

2020-05-06T23:21:00.003-07:00

Hay dos cosas que debiéramos dejar de hacer ya: una es distinguir el PP de Vox; son lo mismo. La otra es admitirlos como interlocutores honestos en la conversación sobre la pandemia y sobre sus consecuencias sanitarias y económicas.

Ambos partidos están ahí y no desaparecerán, tienen peso específico notable en el Parlamento y responsabilidades de gobierno en Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos y, por tanto, seguirán haciendo daño de un modo u otro. Pero debemos tener presente en las relaciones políticas que cuanto puedan decir sobre estos asuntos tan graves en los que ahora está España ocupada y preocupada, no es porque les importemos nada los españoles, sino porque tales asuntos son un pretexto más, como tantos otros, para intentar derribar un Gobierno que ostenta una legitimidad democrática que a ellos, a pesar de sus mentiras y su constante manipulación, nadie les niega.

Trataron de desautorizar al Gobierno de Zapatero mientras duró la legislatura y lo están haciendo con el de Coalición desde que arrancó su mandato; viene de lejos y nada que ver tiene eso con la Covid19 que, a tales efectos insisto, es coyuntural.

Lo primero es contener la epidemia; parece que eso es una obviedad. ¿El Estado de Alarma ha servido para ello hasta ahora? Es evidente que sí. ¿Hemos conseguido vencer a la enfermedad y minimizar las posibilidades de un rebrote? En absoluto; esa es otra verdad palmaria. ¿Hay alternativa a mantener la Alarma? Si la hay, ni PP ni Vox la tienen puesto que no la han expuesto en ningún momento.

La negativa y la abstención son la misma cosa porque tienen la misma intención: negar el mantenimiento del Estado de Alarma; es solo que la segunda de estas opciones es falsa en sí misma; solo se distingue de la primera en que es más cobarde.

El PP hubiera querido oponerse desde el primer día, pero hasta ellos se daban cuenta de que hacerlo el 14 de marzo y en las sucesivas prórrogas habría sido muy mal visto por una parte de su electorado. Es ahora, el momento en que estamos empezando a ver que las cosas mejoran cuando Casado, el esbirro, ha dudado.

Puede ocurrir que no haya rebrote o que sí, así es que -habrán pensado los estrategas del PP y quienes les mandan- es preferible ni carne ni pescado que es la mejor forma, creen ellos, de negar el éxito al Gobierno o seguir atribuyéndole todos los males llegado el momento y según por donde vayan los acontecimientos. ¿Que eso es una especie de pragmatismo criminal dado que hay muertos? Se arregla con corbatas negras, banderas a media asta, lágrimas negras de rimmel, funerales y homenajes varios. Es la derecha, amigo.

Por eso Casado, el esbirro, se ha pasado la semana diciendo que el PP votaría no, para finalmente acabar absteniéndose en una pirueta infantil que no le diferencia de Vox y, sobre todo, no le hace mejor que Ciudadanos, un partido de derechas a la expectativa que ayer en el Congreso ganó puntos y le mojó la oreja a modo; no crean, hay quienes observan en silencio y toman nota; Rivera salió mal, pero quien sabe.

¡A ver esos liberales!

2020-04-16T03:19:00.000-07:00

Dicen los especialistas en psicología social que un efecto de las pandemias y catástrofes es una suerte de paralización; uno entra en una especie de depresión, se amohina en un rincón del cuarto de estar y ahí me las den todas. Los más levantiscos se apuntan a la doctrina del shock que consiste básicamente -lean a Naomí Klein- en que te la meten doblada aprovechando que estás en un pasmo. Y luego están los que, incapaces de pensar soluciones, buscan culpables todo el tiempo, eso sí, sin moverse del sofá.

Vale, cuando todo esto pase, organizamos un Núrember de andar por casa y los metemos a todos en la cárcel (si caben que, llegado el caso, son muchos y de diferentes responsabilidades y rangos) pero ahora mejor no vamos a reclamar al piloto, al copiloto, al sobrecargo y a los auxiliares de vuelo por la bazofia de comida que dan en el avión no sea que se distraigan en plena turbulencia; mayormente porque no tenemos otra tripulación.

También podemos desde eso que (a veces de un modo algo pomposo) llamamos sociedad civil, dejar de pedir: que si nos avisan tarde, que si los niños, que si qué hay de lo mío, que si la abuela fuma...Bastaría con una exigencia inmediata y otra para pasado mañana: que se proteja a los sanitarios y a los viejos; obviamente, los primeros porque son los que nos pueden salvar y los segundos porque están cayendo como moscas y no hay razón (¡no la hay, hostias!) para que sea así. La de pasado mañana es dejarse de mandangas y acordar ya la Renta Básica Universal, no esa pantomima del Ingreso Mínimo Vital en la que anda el Gobierno y los interlocutores sociales sea lo que diablos sea “los interlocutores sociales” No me pidan que explique la diferencia, tengan la bondad: hay mucha literatura accesible al respecto y yo mismo lo he comentado en este blog; si no lo copio es porque está muy feo citarse a uno mismo.

Desde el inicio del estado de Alarma ha pasado un mes. A parte de la respuesta a la evolución de la enfermedad, el Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas cuya operatividad y eficacia está aún por ver. La que sí está muy clara es la intención: en su mayoría pretenden proteger o ayudar a quienes tienen pocas capacidades de salir adelante por sus propios medios.

Hecho en falta a esos liberales, apóstoles del emprendimiento y campeones del ERTE, proponiendo cosas: por donde reorientar algunas industrias; de qué modo desmontar el oligopolio de la energía a fin de adaptar ese sector estratégico a la realidad social y dejar de trincar; cómo optimizar unas formidables infraestructuras turísticas en el futuro inmediato con fórmulas creativas, tan dinámico como es ese sector; de qué manera mejorar nuestras exportaciones. No veo la ingeniería financiera que tanto ayudó a robar a todo dios, poniéndose al servicio de quienes, habiéndoles salvado a ellos en su día de la ruina, en algún momento volverán a necesitar una línea de descuento o un préstamo al consumo. Cómo, en definitiva, hacer de la necesidad virtud, hacer que, en efecto, toda crisis sea una oportunidad y otros mantras que tanto le gustan al capitalismo. Ya tardan ¿A qué esperan? ¿A que el Estado, el maldito estado, el inútil e ineficiente Estado, les saque las castañas del fuego? ¿A que escampe?

Ingreso Mínimo Vital vs Renta Básica Universal

2020-04-10T10:48:00.001-07:00

Aclarémonos:

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que prepara el Gobierno, no es la antesala de la Renta Básica Universal (RBU). No se hagan ilusiones, no tiene nada que ver. Y si se lo venden así, no les crean.

El primero es un subsidio provisional, limitado en el tiempo y condicionado, que estigmatiza porque señala a quien es pobre o está cerca de serlo, o como reza el eufemismo, está en el umbral de la pobreza.

La segunda es un derecho para todos, para siempre y una herramienta para la redistribución de la riqueza. ¿La cobran también los ricos? Claro, por la misma razón que votan o tienen acceso a la Sanidad pública, pero la pagan con creces mediante un sistema fiscal justo y de verdad progresivo.

¿Hace falta ahora el Ingreso Mínimo Vital? Desde luego, con urgencia. El problema es que gestionarlo puede ser un galimatías porque hay que demostrar ser merecedor (qué ironía) y, dado nuestro confinamiento, habrá que hacerlo por internet.

Puede parecer sorprendente que De Guindos, el Financial Times y hasta Maruenda estén a favor del IMV. No crean que se han caído del caballo camino de Damasco, es que están tan acojonados como yo (por distintas razones, claro) con la que se nos viene encima; si la pobreza se extiende, la economía del país se va al carajo y eso nos afecta a todos, pobres, ricos y medio pensionistas.

¿La RBU? También les gusta, sí. Pero porque creen que financiándola con fondos que salen de recortes en el estado del bienestar, hacen un negocio redondo. Háblales de cambiar la fiscalidad y verás como tuercen el gesto.

¿Saben qué es lo peor? Que me parece que en realidad en el Gobierno no hay nadie que esté a favor de la RBU y, cuando digo nadie, digo nadie. Unos porque a menudo no se sabe si van o si vienen y otros porque no la entienden y eso de que la cobren Amancio Ortega o Ana Patricia Botín, les da urticaria.

El Covid19 y el comercio de proximidad

2020-04-08T03:28:00.002-07:00

Qué duda cabe de que el mundo se ha ralentizado y bastante tenemos con combatir la pandemia del Covid19. Hay quien se dedica a poner palos en la rueda; son los patriotas de siempre. Y hay quien, a pesar de todo, trata de hacer aportaciones útiles que, si de verdad nos creemos ese bien intencionado mantra de que después del desastre cambiaremos a mejor, habría que tener muy en cuenta desde ya.

El pasado 30 de marzo más de 150 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demandando medidas para que, dentro del estado de alarma actual, se proteja a la pequeña producción agroalimentaria y los canales cortos de comercialización.

Tras una respuesta poco clara y más bien evasiva y ante la falta de medidas concretas, cerca de 600 organizaciones y colectivos de todo el Estado han registrado una nueva carta a los ministerios de Sanidad y Consumo este 8 de abril. En ella se solicita formalmente que se “dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad”, entre otros sectores.

Esta segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exige medidas concretas para la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala.

Las organizaciones denuncian los costes inasumibles a los que productoras y productores locales tienen que hacer frente por el cierre generalizado de los mercados alimentarios. Esto se debe a la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del Covid19.

Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados.

Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis.

Los canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado. En concreto, las organizaciones citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que han hecho la Consejería de Medio Rural en Galicia y la Consejería de Agricultura en Cataluña.

Asimismo, de cara a mitigar el enorme impacto económico que está provocando esta crisis en las economías agrarias y rurales, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero y el descenso de las exportaciones, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones. Deben apostar por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; y se deben impulsar medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.

La soberanía energética: otra forma de vivir es posible

2020-03-25T09:12:00.000-07:00

La mayoría vivimos existencias parecidas: encendemos la luz al levantarnos, vamos en algún tipo de transporte a trabajar, a estudiar, a realizar actividades diversas que se nos ofrecen para llenar nuestro tiempo libre, consumimos bienes y servicios sin preguntarnos a cada segundo de donde salen y a costa de qué están a nuestra disposición. No es un juicio de valor porque a menudo bastante tenemos con nuestros dramas y alegrías personales, familiares, etc, pero lo hacemos en un mundo que, obviamente, no es como es de manera casual ni el resultado de la evolución natural. Si el acceso a la energía, a los alimentos, a la cultura es como lo conocemos, es porque es el resultado de una forma de entender y organizar nuestra presencia sobre la capa de la tierra, una forma que pocas veces decidimos la gente corriente. Hay otras maneras que duermen como meras formulaciones teóricas en las páginas de los libros, en informes sepultados en un cajón o en tesis doctorales que nadie lee, pero también están en los afanes de gentes que no se conforman y convierten en realidad un modo distinto de entender el mundo. Y hay de todo: grandes proyectos y realidades pequeñas; es una especie de revuelta silenciosa que tal vez pueda cambiar hábitos, actitudes, estilos, que quizás modifique poco a poco una realidad a todas luces injusta.

Esta es una crónica de alcance sobre todo eso. Tal vez, solo tal vez, cuando esta maldita crisis del corona virus que nos ha puesto frente al espejo pase, algunas de las ideas y de las realidades que en este trabajo se exponen nos resulten a todos de utilidad más allá de lo coyuntural. Con este duro golpe que no termina de pasar estamos aprendiendo muchas cosas en poco tiempo y a un alto precio; ojalá que no olvidemos estas enseñanzas porque la vida seguirá y de nosotros depende que cambie a mejor o, lo que es igual, a la medida de una humanidad, digna, decente, respetuosa con la vida misma.

Daniela Del Bene, junto a Juan Pablo Soler y Tatiana Roa, firman un breve artículo (“Soberanía energética” es el título) en la obra colectiva “Pluriverso” (Editorial Icaria 2019): Allí se dice lo siguiente “El concepto de soberanía energética se ha utilizado desde la década de 1990 en América Latina para cuestionar la privatización de los servicios básicos...y la corporativización -privatización- de las empresas estatales...también se ha convertido en una reacción ante el cambio climático y contra la industria de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la soberanía energética fue incluida en las últimas Constituciones de Ecuador y Bolivia” Es de suponer que en ambos casos -como en Chile o Colombia- la enésima ola neoliberal con títeres como Lenin Moreno o Jeanine Áñez al mando acabarán por modificar las cartas magnas o desnaturalizarlas sin más.

“En Europa -sigue el artículo mencionado- el problema se ha abordado en varias campañas que cuestionan el oligopolio de la energía y buscan crear nuevas empresas públicas (municipal como en el caso de Barcelona: el operador puesto en marcha por la alcaldesa Colau, Barcelona Energía, distribuye ya a 5.000 puntos municipales y más de 2.000 vecinos del área metropolitana) o en el marco de una transición general hacia las energías renovables (Alemania)...o para remunicipalizar los servicios y redes de energía urbana (algunos estados en USA, Hamburgo, Berlín, Londres, etc)...en consonancia con las propuestas ecofeministas, exige descolonizar tanto la estructura hegemónica del modelo energético como las estructuras mentales para entender la energía como tal”

Los autores ponen de manifiesto “...el gran potencial de la soberanía energética como proyecto político” Es, me parece, la síntesis de algo que combina la búsqueda de un nuevo paradigma: concebir la energía más como un bien común que como un bien económico. Pero estamos ante un concepto, el de la soberanía energética, muy omnicomprensivo porque alberga cuestiones de índole ideológico pero también asuntos prácticos, todo bajo el mismo paraguas conceptual.

La expresión “soberanía energética” está emparentada con la de “soberanía alimentaria” que es bandera de La Vía Campesina, un movimiento iniciado en Mons, Bélgica, en 1993 que interpela y acoge a millones de campesinos, agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Las mujeres desempeñan un papel crucial en La Vía Campesina. El movimiento defiende sus derechos y la igualdad de género. Lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Los jóvenes agricultores juegan también un papel muy importante como una fuerza inspiradora en el movimiento. Cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales en 81 países de África, Asia, Europa y América. La Vía lanzó su visión política de la soberanía alimentaria en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 y la definió como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Es el desarrollo de un modelo de producción sostenible a pequeña escala en beneficio de las comunidades y el medio ambiente, otorgando prioridad a la producción y al consumo local de alimentos y protegiendo a los productores locales de las importaciones baratas que distorsionan los mercados.

https://viacampesina.org/es/tag/espana/

No es el objetivo de este reportaje hablar propiamente de la soberanía alimentaria Solo me interesa insistir aquí, en tiempos en que asistimos a un confuso -a menudo no sabe uno bien quién es quién- despertar de los agricultores españoles (los franceses, por ejemplo, llevan tiempo peleando duro y sus revueltas son sonadas de tanto en tanto) que el concepto “soberanía energética” obedece a los mismos principios de la “soberanía alimentaria”. Sirve pues esta mención de pasada para contextualizar. Y no quiero dejar pasar algo que ya ha aparecido y que está presente siempre en cuanto digamos sobre estos asuntos, como lo está en los proyectos mismos a los que más adelante me referiré: la perspectiva de género es cardinal.

Uno podría llegar a pensar que no hay solución, que nada puede plantar batalla al neoliberalismo, nada puede enfrentar con posibilidades de éxito el formidable poder de las corporaciones y las estructuras políticas que les sirven; uno llegaría a la conclusión de que, dado que por este camino vamos al desastre, el ser humano es una anomalía sin remedio en la naturaleza. Pero no, quizás nuestras armas están en lo pequeño; puede que no podamos o no debamos plantearnos la batalla en campo abierto, pero podemos cambiar algunas cosas en nuestro día a día, y eso, acaso acabe siendo una marea.

Daniela del Bene, coautora del libro que menciono al principio pertenece a la Xarxa per la sobirania energética (https://xse.cat/es/); esta organización reconoce su inspiración en la idea de soberanía alimentaria de La Vía Campesina desde que en 2014 definió la soberanía energética como “el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos negativos, es decir, no genere anti cooperación. De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal se hablaría de independencia y seguridad energética para referirse a la utilización de una cantidad indeterminada de recursos que se consideran necesarios para mantener al máximo la economía doméstica (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), la soberanía energética es que todas las personas tengan derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa. Mientras que desde la cultura de expertos se pretendería alfabetizar a la población para que entienda la energía (ente abstracto, homogéneo y especulable) por medio de una relación vertical jerárquica y unidireccional, desde la soberanía energética, en cambio, se plantea que la realidad es compleja, multidimensional y asimétrica, y debe comprender los enfoques de todos los agentes afectados”

Daniela pone la voz pero es el colectivo de la Xarxa -ella insiste en que así se diga- el que responde a mis preguntas:

Ustedes ponen de manifiesto “...el gran potencial de la soberanía energética como proyecto político” Es, me parece, la síntesis de algo que defiende la búsqueda de un nuevo paradigma: concebir la energía más como un bien común que como un bien económico. Pero estamos ante un concepto, el de la soberanía energética, (como el de la soberanía alimentaria) muy omnicomprensivo porque alberga, por ejemplo, el cuestionamiento de los oligopolios, cambiar estructuras mentales, cuestiones de índole ideológico pero también asuntos prácticos, todo bajo el mismo paraguas conceptual.

¿No hay riesgo de que no se entienda bien al abarcar tantos campos y actitudes?

Yo creo que soberanía energética es una especie de ‘concepto-horizonte’, un marco donde quepan muchas acciones, desde acciones prácticas, hasta planteamientos más conceptuales. De hecho, no hay una definición exclusiva y comprensiva. En cada contexto, el concepto nace y se remodela según la agenda y la estrategia políticas de los movimientos que se organizan a su alrededor. El mismo concepto de “soberanía” no hay que entenderlo en su definición etimológica. No es la ‘soberanía’ que viene del griego etc etc, sino que se forja en las calles, que se moldea en las asambleas, que busca el camino en medio de las contradicciones que las luchas medioambientales a veces ponen en la mesa. No hay recetas únicas, no hay un solo modelo. Hay muchas posibilidades, y hay que entenderlas en sus respectivos contextos.

Por ejemplo, ¿cuando exigimos soberanía energética nos referimos a una soberanía como control de las fuentes energéticas por parte del gobierno o de algún organismo especifico del estado a nivel centralizado estatal, o a nivel comunitario, descentralizado, municipal, autonómico, etc? ¿Nos referimos a una conversión inmediata y total a fuentes renovables, o a un camino progresivo que contemple también fuentes no consideradas renovables?

Proyecto político dicen ustedes ¿Puede ampliar esta idea?

Nos oponemos vehementemente al intento de abordar el tema de la energía como un puro asunto técnico en las manos de un saber ‘ingenieristico’ y ‘tecnicista’ si se me permiten estas dos expresiones. La energía no es solo un tema de mega watios o de potencia instalada. La manera en que hoy en día nuestra sociedad gestiona las fuentes energéticas es el espejo de una visión y cultura política, centralizadora y centralizada, nacionalista en términos de control sobre las infraestructuras. Y también ‘colonial’, es decir que repite los patrones de despojo y de la creación de zonas de sacrificio para extraer recursos, controlar territorios y explotar a las personas.

Los proyectos populares de soberanía energética pretenden romper con este modelo, y a través de la construcción de otros proyectos de gestión de las fuentes energéticas transformar también la visión política de la sociedad. Aunque eso sea posible ¿qué sentido tendría conseguir una forma de gestionar la energía que sea buena, sostenible, democrática, etc cuándo las otras dimensiones de la vida siguen repitiendo patrones de explotación y desigualdad?

El lema usado comunmente entre movimientos sociales es “energía para quién y para qué”, a lo cual me gusta añadir el “por quién” y por supuesto ”qué energía”

Los proyectos populares de soberanía energética de hecho abordan tanto el tema de las fuentes energéticas, como toda la relación que el ser humano tiene con la energía, quién la usa, la gestiona y la comparte, para qué la usa y quién la controla y toma decisiones importantes sobre ella.

¿Puede explicar más en detalle la relación con el ‘ecofeminismo’?

Ese es un tema que desde la Xarxa llevamos trabajando desde hace unos años y saludamos a los muchos grupos que se reconocen en la reflexión de los ‘ecofeminismos’ en el Estado español y en el mundo. Hemos aprendido mucho juntas y nuestras convicciones son fruto de debates colectivos.

La primera relación clarísima que se puede destacar es la escasa presencia de mujeres en las instituciones y empresas que regulan y dominan el sector energético. Para citar unas cifras significativas: según un estudio del 2016, solo un 16 por ciento de los integrantes de los consejos de administración de las 200 empresas principales a nivel mundial de energía eran mujeres y solo un 5 por ciento ostentaba cargos ejecutivos importantes (Ernst & Young. Women in Power and Utilities. Index 2016). O, como destaca nuestra compañera de Cádiz, Alba del Campo, en España las mujeres nunca hasta hace pocos años habían tenido la cartera o secretaria de estado de Energía (ni en la República, ni durante el franquismo, ni tampoco en los 40 años posteriores (el puesto más alto alcanzado por una mujer en el gobierno, en materia energética, son las direcciones generales)

Alba del Campo: https://vientosur.info/IMG/pdf/13._empoderamiento_mujeres_y_soberani_a_en_la_necesaria_transicio_n_energe_tica.pdf

Pero las relaciones de la soberanía energética con los ‘ecofeminismos’ van mucho más allá de la presencia de mujeres en los órganos de poder. Reconocemos que no es solo un tema de distribución de poder entre hombres y mujeres, en esta visión binaria de la sociedad y del genero. Desde la Xarxa queremos primero impulsar un entendimiento inclusivo de nuestras sociedades, donde cada colectivo se sienta acogido. Luego, queremos defender que nuestro modelo de gestión de la energía reconozca y defienda los colectivos vulnerables, que son aquellos que el sistema capitalista da de lado porque no son productivos. Según cada contexto social, cultural y político, las mujeres son uno de los grupos más impactados por el actual modelo energético, pero también gente mayor, o pueblos indígenas, etc.

La energía no se debería entender como un bien económico, sino como un bien común, igual que el agua o el derecho a la vivienda, una base indispensable para los cuidados de nuestros cuerpos, hogares, medios de sustento y ambiente. En pocas palabras, indispensable para una vida digna y para su reproducción.

Desde una mirada de solidaridad y justicia global, que incluye la perspectiva Norte-Sur, la soberanía energética desafía las relaciones de desigualdad y de explotación de otros territorios y cuerpos. El extractivismo de materiales y fuentes energéticas y la imposición de mega proyectos, lleva a militarizar los lugares donde se implementan, a provocar migraciones forzadas, a la creación de alianzas entre élites que normalmente son integradas por hombres, ‘blancos’, urbanos; lleva a un incremento preocupante de la violencia sexual machista y de la prostitución forzada, incluso de menores. El extractivismo refuerza las estructuras patriarcales y muchas formas de violencia.

Finalmente en la Xarxa, queremos también destacar la relación de la soberanía energética con los feminismos comunitarios, en cuanto desafían estructuras de dominación y extractivas que se arraigan en el patriarcado y el colonialismo y reclaman territorios y cuerpos como lugares de vida y de reproducción de una existencia digna, lugares que en muchas culturas tienen valores sagrados. Desafiar las estructuras de poder y toma de decisión en relación a la energía toca el nervio de las estructuras de poder social en su conjunto, hasta llegar a las estructuras familiares y a la relación con el resto de los seres vivos. Aura Lolita Chávez Ixcaquil, feminista comunitaria maya y defensora del territorio en lo que hoy también se conoce como Guatemala, explica este concepto desde la cultura comunitaria maya, cuando dice que somos ‘cosmo-convivientes’, vivimos en y dependemos de la reciprocidad del ‘Cosmo -Ser’

¿ A qué se refieren exactamente con el término "descolonizar” en este ámbito?

Tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. Diría en primer lugar que se trata de no pensarnos como individuos independientes y autónomos, sino como interconectados e interdependientes. Podríamos pensarnos, de hecho, en los conceptos de las compañeras maya, como ‘cosmo-convivientes’ Se trata de cuestionar el control de las decisiones en relación a la energía por parte de un oligopolio de empresas y fondos de inversión, con escasa participación democrática ciudadana y los tratados comerciales internacionales que los avalan y los fomentan.

Muchas empresas siguen perpetuando injusticias beneficiándose de una impunidad criminal. Miramos por ejemplo las operaciones devastadoras en Nigeria de la multinacional anglo-holandésa Shell, o la italiana ENI, la francesa Total, o la minera brasileña Vale en sus crímenes en Mariana y Brumadinho, o los mega proyectos hidroeléctricos de Enel-Endesa. La lista de desmanes es muy larga. En la base de datos del EJAtlas.org hemos estado sistematizando información sobre más de 3.000 conflictos socio ambientales en el mundo y muchos de ellos tienen que ver con la generación y control de fuentes energéticas.

Este modelo energético sigue afirmando relaciones de poder coloniales pues considera algunos lugares del mundo como ‘sacrificables’ para su lucro, denegando dignidad a modos de vida autóctonos, quitándole sustento o directamente matando a defensores de derechos humanos y ambientales. Descolonizar pues remite a transformar la manera de pensar, desmantelar estructuras de poder y construir nuevos proyectos políticos que defiendan otras maneras de pensar y vivir una vida digna.

¿Cómo debe actuar la sociedad civil en la transición hacia un nuevo modelo basado en la SE?

Hay varias propuestas desde los movimientos sociales, profesionales del sector y instituciones. Los análisis que nos proporcionan tanto investigadoras como experiencias prácticas en el marco del decrecimiento son de gran relevancia y nos muestran que debemos reducir enormemente nuestros consumos pero también pensarlos de forma diferente. Reducir no es suficiente. Hay que reformular, compartir más, reconfigurar nuestros hogares y hábitos por ejemplo en el transporte o las compras.

Hay cooperativas eléctricas en el estado español a pesar de que tenemos un marco legal no siempre favorable. Se está hablando mucho de las ‘comunidades energéticas’, que son otra manera de organizarnos y actuar, invertir y construir. Hay experiencias de recuperación de centrales hidroeléctricas, como la de Aragón. Hay que cuidar mucho de que la tan proclamada transición energética no acabe sustituyendo una tecnología por otra pero sin cambiar, que siga en las manos de unos pocos intereses capitalistas.

Como Xarxa, entre 2017 y 2018 hemos trabajado conjuntamente en la redacción del libro “Tenemos Energía! Desafíos de la Transición Hacía la Soberanía Energética” (Icaria Editorial) para compartir nuestras reflexiones. Allí también apuntamos a algunas experiencias en el mundo que nos parecen interesantes en este sentido.

Sospecho que la UE está más bien en modelos más tradicionales. ¿Aprecian, sin embargo y al menos, una sensibilidad distinta? ¿Y en las Instituciones, empresas, etc españolas?

El capitalismo se renueva, transforma estos modelos tradicionales y los disfraza. La Comisión Europea con la propuesta del ‘Green New Deal’, por ejemplo, reconfigura un capitalismo verde para seguir asegurando lo que se sigue llamando ‘crecimiento económico’ que es en realidad muchas ganancias para unos pocos, unas migas para un ‘sector medio’ de la sociedad y la explotación de muchos y del medio ambiente. Sobre el GND, les recomiendo este vídeo de una compañera de colectivos para la justicia climática de Barcelona, que es muy ilustrativo: https://www.youtube.com/watch?v=r5dwWxDmSfc

No veo personalmente sensibilidades distintas entre empresas, pero sí entre instituciones, sobre todo a nivel municipal. Esto sí, creo que el municipalismo es un ámbito de acción y transformación más al alcance de la sociedad organizada. Nuestros municipios y nuestros territorios son quizás el lugar dónde podemos demostrar que sí se puede y se deben hacer las cosas de forma diferente, que se pueden operar transformaciones profundas. Sin embargo, no podemos dejar de disputar las relaciones de poder a nivel estatal, europeo y finalmente transnacional para defender estas transformaciones socio-ecológicas. Procesos de transformación del derecho internacional como es la Campaña Global contra la Impunidad de las Transacionales y para un tratado vinculante es, por ejemplo, una vía importante desde donde se están construyendo nuevos marcos de reglamentación y control de las empresas y para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético PNME

Como se ha dicho al principio, son muchos los esfuerzos de distinto tipo empeñados en desarrollar y aplicar los presupuestos y valores de la SE. La Plataforma por un Nuevo modelo energético es uno de ellos. Se trata de una iniciativa ciudadana surgida en agosto de 2012 en Madrid, que defiende la transición hacia un modelo energético socialmente justo y ambientalmente sostenible, basado en las energías renovables, la eficiencia, el ahorro y la soberanía energética. Otros objetivos de esta Plataforma son la lucha contra la pobreza energética y la denuncia del Oligopolio eléctrico en España.

Se trata de un movimiento horizontal de carácter esencialmente abierto e inclusivo, que a finales de 2014 ya agrupaba a más de trescientas organizaciones ecologistas, sociales, políticas, sindicales, empresariales, etc. así como a miles de personas a título particular, siendo hasta la fecha la única plataforma que reúne a colectivos e individuos tan diversos con un mismo objetivo.

La Plataforma se define así en su documentación: “La soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que necesita para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía, a su utilización, pasando por la distribución y la financiación. Pero sobre todo, entendemos que la soberanía energética es la capacidad de una comunidad de decidir sobre cuáles son las prioridades de la política energética que le afectan de forma directa. Soberanía significa poder, y en lo que se refiere a la energía, poder decidir cuál es el destino de los fondos públicos, cuáles los derechos que se quieren proteger, cuáles los objetivos de las políticas energéticas, cuáles los impactos sociales y ambientales que se quieren asumir y cuáles los mecanismos para proteger a los miembros de esa comunidad y el medio que habitan y del que dependen”

La PNME es muy activa estableciendo alianzas de distinto tipo. A mediados de febrero pasado se unieron en la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética a Fridays for Future, Ecologistas en Acción y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para elaborar un manifiesto con siete puntos concretos, junto a otros colectivos y organizaciones sociales entre los que se encuentran Amigos de la Tierra, Ecoserveis, Yayoflautas, Madres por el Clima, Som Energía, CECU, CCOO, UGT, Alianza por la Emergencia Climática, Extinction Rebellion Bilbao y Nasti de Plastic Bizkaia. Esos puntos son los siguientes:

“1.- Optimizar las facturas para no pagar por encima de nuestras necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real y formando a los usuarios en los hábitos de consumo. Esto debería hacerse por parte de las compañías distribuidoras, que están en posesión de nuestros datos de consumo y desde luego de manera obligatoria dirigiendose a los clientes que tengan el bono social concedido.

2.- Reducción del tipo de IVA aplicado a los beneficiarios del Bono Social (del 21 por ciento de IVA de lujo al 4 de IVA reducido).

3.- Concesión automática del Bono Social sin necesidad de realizar petición por el usuario ni entrega de documentación, sino cruzando datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales.

4.- Reducción efectiva de consumos para lo que es necesario realizar al menos una inspección básica que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas.

5.- Rehabilitación de hogares beneficiarios del Bono Social a cargo de las administraciones públicas.

6.- Creación de una Oficina de Atención al Ciudadano para todo tipo de consultas sobre temas energéticos (dudas en las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo, etc.) en las localidades donde no existan. Estas oficinas se pueden llevar a través de las instituciones o agencias que se encargan de energía y eficiencia en cada Comunidad Autónoma, como la Agencia Andaluza de la Energía, Fenercom en Madrid, Instituto Catalán de la Energía, EVE (Ente Vasco de la Energía), AVEN (Agencia Valenciana de la Energía), etc.

7.- Pero, sobretodo, no limitar la concesión de ayudas (Bono Social) a ‘unidades familiares justificables mediante libro de familia’ y hacerlo acorde a las necesidades reales sin esa clase de discriminación”

Pobreza energética

La PNME colabora estrechamente y muy especialmente con la Alianza contra la Pobreza Energética, una entidad que se presenta así: “La pobreza energética en el Estado español es una realidad que ya ha arrastrado a la muerte a más de 7.000 personas. En otras palabras, un 17 por ciento de la población tiene dificultades para pagar la luz, el gas o el agua. Los cortes de electricidad afectaron a más de 1,4 millones de familias en 2012. Los cortes de agua al área Metropolitana de Barcelona se triplicaron respecto al 2011... Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar sus hijos e hijas, y esto sin contar el colectivo de personas a las que, por motivos de salud, un corte en el suministro energético, puede poner en grave peligro su vida. A pesar de todo esto, el oligopolio energético -Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España, EDP y AGBAR, lejos de sufrir la crisis, aumenta sus beneficios y no duda a incrementar tarifas: la electricidad ha subido un 83 por ciento desde el 2013 y el agua se ha encarecido en un 65 por ciento desde el 2008” La Alianza está formada por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Confederació d’AV de Catalunya, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Federació d’AV de Barcelona, Federació d’AV del Baix Llobregat, Front Cívic de Catalunya, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma Aigua és Vida, Unió de Consumidors de Catalunya, la ya mencionada Xarxa per la Sobirania Energètica y el Observatori del Deute en la Globalització

Mónica Guiteras es miembro destacado de la Alianza:

¿Puede hacer un balance a grandes rasgos de lo conseguido por la Plataforma desde que nació en 2014?

Desde 2014 hemos llevado a cabo muchas iniciativas, la más importante es la Ley 24/2015 aprobada por unanimidad en el Parlament en julio. Son cinco años de vigencia de una norma nacida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsamos junto con otras entidades y en especial la PAH y que por primera vez en Europa plantea la prohibición de cortes asociada a un baremo de renta amplio, de tal modo que no haga falta estar demostrando constantemente pobreza, con lo aleatorio que eso puede llegar a ser. El procedimiento se basa en el ‘principio de precaución’ que pone por primera vez la responsabilidad en las operadoras, de tal modo que son ellas las que han de preguntar a los servicios sociales antes de efectuar ningún corte si en esa vivienda hay una familia en situación de vulnerabilidad. Con esta ley se han parado más de 40.000 cortes de suministro en Cataluña y ahora se están negociando los convenios que han de resolver quién paga la deuda acumulada de las familias. En la Alianza defendemos que esta factura debe ser asumida por las propias operadoras puesto que se están lucrando en la gestión de un servicio esencial para la vida y porque gestionan algo que es un derecho y, por tanto y en ese sentido, son unos privilegiados.

Otros logros son, por ejemplo, el impulso de un protocolo conjuntamente con un colectivo de bomberos de la Generalitat y del municipio de Barcelona para detectar situaciones de vulnerabilidad y poder trasladar esa información a los servicios sociales: contadores conectados de manera irregular, uso de hornillos de gas u otros combustibles peligrosos, etc.

Hacemos asesoramientos colectivos en nuestras asambleas quincenales y, en el día a día, en nuestro grupo de Telegram, damos seguimiento a las personas que participan activamente; es una herramienta de empoderamiento ciudadano y de creación de cocimiento.

¿Sólo actúan en Cataluña o se han extendido a otras zona del Estado bien directamente o a través de terceros?

No lo hemos hecho hasta ahora aunque hay contactos e intercambio de información con distintas entidades, sobre todo a través de la PAH, Ingeniería sin Fronteras y otras. Nuestra voluntad es, desde luego, que este movimiento se extienda y crezca.

¿Cómo debiera ser un modelo energético que haga innecesaria la existencia de la Plataforma?

Un modelo que ponga la vida de las personas y del planeta en el centro. Las personas son actores de cambio a mejor, no sujetos a los que culpabilizar de nada. Sería un contexto en el que el marco legislativo y el de movilización ciudadana fuera propositivo. Ambas cosas son necesarias porque siempre hay nuevas necesidades y es claro que si la ciudadanía no está movilizada, es muy difícil controlar al poder político y económico.

¿Estamos en el camino adecuado en Cataluña, en España y en Europa?

Consideramos que la ley 24/2015 que mencioné es de las más garantistas de la UE. En el Estado español se intentaron improvisar algunas leyes que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. No es fácil con el sistema eléctrico y el modelo energético que tenemos, el oligopolio… El panorama estatal nos parece complejo, pero es un hecho que la ciudadanía en Cataluña está ahora más protegida contra los cortes que en el resto del Estado. Es un agravio que nos gustaría que se corrigiera. Nosotros estamos en Cataluña, pero tratamos de intervenir siempre en el ámbito estatal. Hay que cambiar la lógica del mercado para luchar contra la pobreza; y es un error poner el acento en las instituciones del estado y no en las empresas.

En Europa este tema lleva más tiempo en la agenda política, pero hay países que se centran más bien en la eficiencia energética, eso nos parece peligroso si es el único enfoque y no se ataca el asunto del precio. La UE prefiere no ocuparse de eso porque está impulsando desde hace mucho una liberalización de los mercados de la energía y esa tendencia es una mala noticia porque parecen decir que solo se puede proteger a los consumidores en la medida en que no afecte al mercado.

La Alianza está en camino de extender su experiencia más allá de Cataluña que es en donde nació. Ecologistas en Acción, en cambio, lleva muchos más años en el activismo y la pobreza energética está en el centro de su interés en iniciativas para el conjunto del Estado pero también en Europa. Como ya hemos dicho, esta organización también estuvo en la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética; tuvo un papel activo y, a parte de suscribir el manifiesto, ha recordado que, según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) https://www.cienciasambientales.org.es/ “la pobre e insuficiente climatización en hogares está detrás de la muerte de 7.000 personas al año, más que los accidentes de tráfico, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha donde un 20 por ciento de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia. En el lado opuesto se encuentran Euskadi, Canarias y Comunidad Valenciana.”

Ecologistas en Acción insiste en que la situación de la pobreza energética en España es alarmante. Con la entrada en vigor de las nuevas condiciones del Bono Social, de aplicación desde el 1 de enero de 2019, solo se ha conseguido reducir el número de beneficiarios, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual. Sin embargo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE, el 21,5 por ciento de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas. Esto deja al colectivo de población más vulnerable en total estado de indefensión por parte de nuestras administraciones públicas.

Las organizaciones firmantes de aquel manifiesto reivindican que es hora de actuar y exigen al Gobierno de PSOE-UP que actúe con contundencia. Por un lado, reconocen que el documento Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019 – 2024 (pinchar el el subrayado para acceder al texto) elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, define por primera vez de manera oficial el concepto de pobreza energética como: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Asimismo, supone un avance que en los cuatro ejes de este documento se acojan buena parte de las reivindicaciones sociales.

En el día a día

Si descendemos a las experiencias concretas, aunque es muy infrecuente que los medios de comunicación se ocupen de estos asuntos, las encontraremos a poco que busquemos. Son variadas. Conciernen a las administraciones a veces (como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona ya mencionado o el de Berlín, creando sus propias operadoras o forzando a los suministradores tradicionales a cumplir ciertos requisitos) pero también al sector privado o a la colaboración de ambos. Insisto, hay muchos proyectos en marcha en distintas partes del mundo. Lo que sigue es apenas un botón de muestra

Transformar el sistema energético de Alemania

Es corriente mencionar el ejemplo alemán en lo que respecta a su inequívoca apuesta por las energías renovables. Ciertamente el esfuerzo que ha hecho al país es muy notable hasta ofrecernos la vergonzante paradoja de que, disponiendo por ejemplo de muchas menos horas de luz que la Europa meridional, su aprovechamiento de la energía del sol es mucho mayor.

Pero también han apostado por gestionar la energía de manera cada vez más eficiente, realizando de este modo una contribución importante a la protección del clima. La “Energiewende” es la estrategia del Gobierno Federal para la transición energética. Ellos la definen así según el Ministerio alemán de Relaciones Exteriores: “...es nuestra respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera podemos alcanzar un abastecimiento energético seguro, rentable y sostenible? Constituye una oportunidad única para Alemania como foco económico, ya que permite abrir nuevas áreas de negocio, impulsar innovaciones y crear empleo y crecimiento. Al mismo tiempo, con la transición energética queremos ser menos dependientes del petróleo y el gas importados del extranjero. Al Gobierno Federal le preguntan muy a menudo por todo el mundo sobre la transición energética. Del mismo modo, muchas personas se sorprenden de las dimensiones que tiene el proyecto de la transición energética y los múltiples aspectos que lleva asociados”

El Estado alemán dice ser consciente de su papel global en esta materia: “Con su transición energética, Alemania asume responsabilidades por el planeta y sus habitantes”

Los alemanes se proponen ir implantando su estrategia progresivamente hasta el año 2050. Para ello “...perseguimos claros y ambiciosos objetivos y disponemos de una hoja de ruta concreta. La transición energética está perfectamente integrada en un marco internacional. Deseamos establecer un intenso intercambio con nuestros vecinos europeos y socios internacionales y buscamos cooperaciones y soluciones transnacionales por cuanto necesitamos encontrar soluciones conjuntas para así alcanzar un abastecimiento energético seguro, sostenible y asequible”

El decidido protagonismo que Alemania ha asumido es ejemplar y sería deseable que otros paises y la propia UE siguieran su ejemplo.

“Queremos que la Unión Europea se convierta en un modelo y que sea el líder mundial en esta materia” Son declaraciones de Úrsula Von der Leyen. el pasado día 10 de enero en Zagreb, donde la Comisión Europea celebró la primera reunión con la presidencia semestral del Consejo Europeo, ocupada ahora por Croacia. La presidenta de la Comisión se refiere a un muy ambicioso plan para la transición ecológica que habrá de movilizar un billón de euros. Por desgracia hay dudas más que razonables sobre la viabilidad de este plan así como de la procedencia y el destino final de esos fondos.

Más allá de las grandes palabras, los proyectos nacionales o transnacionales y los propósitos globales, hay gente que se ha puesto a la faena en cosas de cada día. Goiner y Som Energía son dos ejemplos:

Goiener, cooperativa referente en Euskadi

Definen su misión de forma bien sencilla: “Construir un modelo energético respetuoso con el medio ambiente y justo, comercializando energía eléctrica 100 por cien renovable, impulsando proyectos de generación, asesorando, participando en campañas y colaborando con organizaciones que comparten nuestros objetivos, siendo cercanos, generando confianza, aceptando la diversidad, comunicando con transparencia, facilitando la participación y teniendo en cuenta las necesidades y el cuidado de las personas”

Goiener es una cooperativa creada en Euskadi 2012 por un equipo de 30 personas que viene teniendo un crecimiento continuado de unos 1.500 socios al año. En poco más de cinco años, ya habían superado los 10.000 socios y los 12.000 contratos de suministro eléctrico. El perfil de quienes se han apuntado a esta iniciativa lo explican en su documentación con un lenguaje nada ampuloso: “Consumidores domésticos que no miran tanto el precio sino el servicio y la cercanía; consumidores no particulares - segmento de consumidores modestos, pequeños comercios, asociaciones, comunidades de propietarios que buscan el mejor precio junto con un factor de confianza; consumidores medios exigentes, que comparten la filosofia Goiener (entidades como Koopera, Emaús, Ikastolas…); consumidores militantes fuertes. (ELA, LORPEN, como ejemplos); consumidores potentes, pero no militantes a los que no les importa tanto la filosofía, pero les gusta la imagen Goiener; si nuestra propuesta concreta les interesa, se quedan; mega consumidores, tipo Eroski para entendernos, están fuera de nuestra liga en este momento; municipios por licitaciones tenemos unos cuantos, y nos da un refuerzo social, local, pero no necesariamente hay implicación”

Erika Martínez, es miembro destacada de la cooperativa y una de las redactoras de su Plan Estratégico:

Leyendo el Plan estratégico, me ha parecido entender que prestan ustedes una especial atención a la perspectiva de género. ¿Es así? ¿Porqué?

En Goiener llevamos un par de años trabajando la perspectiva de género. Nos dimos cuenta que a pesar de estar dentro de nuestros valores y aplicarla en cierto aspectos de la vida interna, las inercias de estar en un sector muy masculinizado, el día a día, la sociedad en general y las mochilas propias, nos arrastraban a reproducir ciertas tendencias. Así que iniciamos una reflexión; fuimos aplicando la perspectiva de género en temas como la visibilización, nuestra imagen corporativa, el lenguaje, la forma de relacionarnos, la representación.. Esto nos ha llevado a dos hitos muy importantes a mi parecer: poder plasmar nuestra mirada ecofeminista en un plan estratégico donde ponemos la vida en el centro y a poner en marcha nuestro Plan de Igualdad.

¿Cuál es el papel del voluntariado -otra singularidad- en su organización?

Goiener es voluntariado por encima de todo. El proyecto nace de él y es lo que nos hace diferentes, nuestra riqueza humana. Están presentes en el día a día en los grupos operativos, en la toma de decisiones y en la labor social. Organizamos encuentros trimestrales para trabajar dinámicas, reflexionar, ponernos cara y disfrutar de momentos más informales. A través de Goiener Elkartea dinamizamos todo este trabajo.

¿Cuál es la reacción de las grandes operadoras tradicionales y de las administraciones públicas a vuestra presencia?

Las grandes operadoras, están apropiándose de parte de nuestro discurso. Las administraciones públicas nos tienen cada vez más en cuenta. Por nuestras características, desde el principio hemos mantenido más relación con administraciones locales y por lo general, siempre han sido positivas y enriquecedoras para ambas partes. Nos perciben como algo más que una comercializadora de energía 100 por cien renovable; una cooperativa que apuesta por lo local, que crea redes con ellas y a la que le pueden consultar dudas. Confían en nosotras. Esto nos ha permitido que otros organismos llamen desde el respeto y conocimiento de nuestro buen hacer cuando antes tal vez nos veían como algo curioso, pequeño, un experimento…

Repasemos el cumplimiento de algunos de los objetivos del Plan Estratégico casi un año después de su puesta en marcha.

Socios al comienzo del plan y socios en la actualidad

En la actualidad somos 11.483 socias en Goiener Sociedad Cooperativa. Pero en realidad No sabría poner fecha fija al comienzo del plan. Fue un proceso de varios meses, que formalmente desembocó en la aprobación de la Asamblea pero muchos de cuyos puntos empezamos a desarrollar desde antes. En general sí que podemos decir que los números se van cumpliendo en la comercializadora y en Nafarkoop, nuestra cooperativa del área de generación.

Dice el Plan en el Objetivo 2: "¿En qué queremos crecer y evolucionar de forma deliberada y consciente? ¿A qué queremos dedicar tiempo a explorar, pensar, soñar?" ¿Ya tienen respuestas?

Le diría que sí y no. Somos un proyecto muy vivo y tenemos solo algunas respuestas. Dentro de unos meses tendremos más preguntas y respuestas distintas a las mismas preguntas.. Lo que no cambia nunca es eso: que queremos crecer, evolucionar y generar espacios para explorar, pensar y soñar.

"¿Cómo crecemos, como personas, equipos, comunidad?" ¿Cómo pues?

Trabajando nuestro valores y metodología. Compartiendo conocimiento, fomentado el pensamiento crítico, el reconocimiento, el compromiso, la confianza, creando espacios y poniendo en valor esa riqueza única que se crea dentro de los grupos.

Algunos ejemplos de alianzas tejidas en este tiempo. ¿Cómo y a quién han ‘contagiado’?

Hemos acompañado y seguimos haciéndolo a otras cooperativas energéticas que se han creado en otros lugares del Estado. Con ellas y con otras muchas, hemos creado Unión Renovables. Colaboramos con agencias de desarrollo locales, hemos firmado acuerdos de colaboración con entidades del sector agro-alimentario, turístico, con universidades y tenemos proyectos muy interesantes con algunos ayuntamientos. Además pertenecemos a REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, https://www.reasred.org/)

e intentamos impulsar esta red tan importante.

Hay un objetivo que me parece que merece algún comentario: " Introducirse en el curriculum educativo..." ¿Algún ejemplo?

En general puedo decir que hemos dado charlas de muchos centros educativos a alumnado de diferentes edades. También en la universidad hemos hablado sobre energía e innovación social. Es algo que no hemos buscado de manera proactiva pero nos pareció interesante y, visto el interés que generaron nuestra primeras charlas, decidimos que era algo a desarrollar. De un grupo de voluntariado surgió esta idea, que ha resultado muy exitosa:

https://goienerelkartea.org/es/2019/05/02/ahorramos-energia-porque-apostamos-por-la-vida-empezamos-por-la-escuela-modelo-40-30-30/

Una recomendación: Visiten esa web cuyo enlace ofrece Erika. Merece la pena. Y no se pierdan tampoco un enlace al final de esa misma web: es un artículo publicado en enero del año pasado en La Vanguardia por Clara Roig: “La chica que quiso retar al sol”. Es verdaderamente aleccionador al respecto de hasta donde pueden llegar las cosas cuando lo que inspira tareas como las que asumen las gentes que se mueven en el universo Goiener son los valores que definen la soberanía energética.

Som Energia

Es también una cooperativa sin ánimo de lucro, pero con un enfoque distinto. Se definen así: “Producimos energía eléctrica en instalaciones de generación a partir de fuentes renovables (sol, viento, biogás, biomasa, etc.) financiadas con aportaciones económicas voluntarias de los socios y gestionamos, compramos y facturamos la electricidad que consumen los socios y socias que hayan querido contratarnos como comercializadora de electricidad verde, según los certificados de garantía de origen (CNMC). Particulares y empresas pueden contratar la luz con nosotros sin necesidad de cambios técnicos en la instalación”

Los socios de Som Energía hacen una aportación inicial al capital social de 100 euros. Cualquier particular, empresa o administración pública que comparta sus valores puede unirse a la cooperativa.

Esos valores que son en sí mismos una misión y que encajan en los de la SE, son: “impulsar un modelo energético renovable, eficiente y en manos de la ciudadanía; favorecer el crecimiento de una economía más social y solidaria; romper con el oligopolio energético existente y participar de un movimiento social transformador”

Nacieron en 2010 y en menos de un año ya eran 1.000 socios y tenían 150 contratos. En octubre de 2011 comenzaron la construcción de su primera instalación, una cubierta fotovoltáica de 100 KW en Lleida. En 2014 inauguran una planta de biogás de 500 KW en Torregrossa financiada con aportaciones de los socios, y suscriben en primero contrato con la administración pública: el Ayuntamiento de San Celoní; en ese año superan los 17.500 socios. A mediados de 2016 entra en funcionamiento la planta solar de Alcolea. En 2018 inician el primer proyecto para paliar la pobreza energética.

Marc Roselló, miembro del Equipo de Gerencia de la Cooperativa:

Ustedes tienen un modelo de negocio dividido en dos: producen y comercializan ¿Porqué esta doble línea? ¿las instalaciones para producir electricidad son propiedad de la cooperativa; cuales son sus planes de expansión y crecimiento en este ámbito? ¿Puede explicar a grandes rasgos su dimensión y capacidad, volumen de negocio, etc?

La motivación que impulsó la creación de la cooperativa era y es ser una herramienta que acelerara el cambio de modelo energético.

Por un lado, la inspiración de las cooperativas europeas que hace décadas realizan esta labor de transformación nos ayudó a comprender que era importante visibilizar la voluntad de muchas personas de que su energía provenga de energías renovables, y eso lo conseguimos con la comercialización de electricidad verde (que en ese momento, en el año 2010, no había opción para un uso doméstico de poder elegir el origen de nuestra electricidad). Y por el otro, impulsar más generación renovable gracias a la unión de las personas socias de la cooperativa. Una actividad sin la otra no es del todo coherente con nuestro objetivo de lograr un modelo cien por cien renovable. No solo queremos “quedarnos” con la energía verde existente actualmente, también queremos ser parte del motor hacia ese cien por cien.

Así pues, los proyectos de generación son propiedad de la cooperativa y su construcción es financiada a partir de la participación económica de las socias y socios.

Actualmente, comercializamos más de 400GWh al año y producimos a partir de nuestras plantas de generación unos 13GWh/año. Eso representa un volumen de negocio de más de 60 millones en el año 2019, principalmente por la parte de comercialización.

¿Cuántos socios tienen en la actualidad y cómo ha evolucionado la incorporación desde que nació la cooperativa? ¿a grandes rasgos como es el perfil del socio?

Som Energia nació en diciembre de 2010 y el acto fundacional contó con 350 personas socias. A fecha de hoy, tal y como se puede ver en nuestra web (www.somenergia.coop), hay 65.000 personas socias de la cooperativa y gestionamos 112.000 contratos de luz. La diferencia entre socias y contratos se debe a que cada socia puede invitar a cinco personas a contratar la luz sin necesidad de asociarse a la cooperativa. En la primera página de la Me mória social y económica (pinchar en el enlace para consultar la Memoria) se puede ver la evolución de personas año a año y también su distribución geográfica. Según una encuesta realizada a la base societaria, los principales motivos por formar parte de Som Energia son, primero, dar apoyo a las energías renovables, en segundo lugar, el cansancio que provocan las grandes compañías del sector eléctrico, y en tercer lugar, la voluntad de impulsar una economía cooperativa y sin ánimo de lucro.

Ustedes son un actor de lo que se viene conociendo como soberanía energética ¿Se trata de una especie de ‘revolución’ desde abajo?

Si desde abajo entendemos que Som Energia nace y va dibujando su camino poniendo el foco en las personas y para ello construimos y miramos de ampliar las vías de participación, sí.

¿Sienten la presión del oligopolio y de los agentes del modelo tradicional de producción y distribución de energía? Si es así ¿de qué manera?

Siempre decimos que la presión de los actores tradicionales para proteger su territorio no se dirige hacia nosotras únicamente. Ya construyeron un sistema y un modelo (regulatorio, de propiedad, etc.) que dificulta y es muy complejo para la penetración de nuevos actores. La opacidad, la complejidad, la capacidad de influencia, ya son elementos contrarios al interés de cambiar el modelo y la estructura de poder en este sector tan importante y crítico como es el energético.

¿Cuál es su relación con las administraciones públicas?

A fecha de hoy, disponemos de 500 contratos de electricidad en el ámbito de las administraciones públicas y 100 de estos contratos además son socias de la cooperativa.

En términos generales ¿qué sería necesario para que este cambio de modelo y hasta de paradigma alcanzara la masa crítica suficiente como para influir decisivamente en la transición energética en España y en Europa?

Ya nos gustaría tener respuesta a esta pregunta. Nunca antes se ha dado la opción como ahora de intentar un cambio tan profundo (gracias a las renovables y a la crisis climática) y por tanto no tenemos referencias.

Hay quien plantea que un objetivo seria llegar al millón de personas vinculadas a iniciativas como la nuestra o que logrando llegar al dos por ciento de las personas los cambios se producen pero, la verdad, no sabemos si son previsiones reales o mensajes motivacionales.

Hasta aquí un relato largo para un trabajo periodístico, apenas un apunte, sin embargo, al respecto de la diversidad de iniciativas que por la potencia de lo sabido, lo conocido, lo habitual, lo de siempre, y por el interés bastardo, quedan silenciadas. Pero la sociedad bulle más de lo que parece y es diversa. Me referí al principio al libro “Pluriverso” un verdadero compendio de esa diversidad de proyectos grandes y pequeños que hoy encontrados por todo el mundo. Termino con una cita recogida al principio de esa misma obra; es de la Cuarta declaración de la selva lacandona, 1997, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional: “ Muchas palabras se caminan en el mundo. Muchos mundos se hacen. Muchos mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.”

Juan A. Cabrera

Sabemos quienes son los responsables

2020-03-24T09:35:00.000-07:00

Que conveniente es eso de "ahora centrémonos en combatir la pandemia que ya habrá tiempo de exigir responsabilidades" ¿eh?

Pues no, yo no se cómo acabará esto y no se cual es el balance -aún no puedo saberlo, ni yo ni nadie- de errores y aciertos de quienes, llevando dos meses en el gobierno, tienen que enfrentarse ahora a graves decisiones y a toda velocidad. Cuando la pesadilla pase juzgaremos eso, por supuesto que lo haremos.

Pero lo que si podemos juzgar ya, ahora mismo, es lo que hicieron durante diez años quienes intentaron devaluar la sanidad publica, recortaron en recursos y en personal e intentaron mal venderla a sus amigos de la sanidad privada, esa que como el grupo HM ahora escurre el bulto y pide a sus trabajadores que se vayan de vacaciones para ahorrar. ¿Se acuerdan de las mareas, verdad?

Eso sí lo sabemos, con datos y con nombres, y naturalmente que es el momento de recordarlo, porque lo que ahora pasa es en gran medida el resultado de aquel intento de expolio. Debemos tenerlo presente y ponerlo de manifiesto cada vez que abran la bocaza, esos miserables mercaderes del olvido; es un deber ciudadano, cuestión de respeto a nosotros mismos.

Claro que lo sabemos. Sabemos que es esa misma gente que ahora exige los recursos que ellos negaron, los mismos que ahora se esconden como ratas y no tienen agallas para seguir defendiendo que lo bueno, lo eficaz, lo más, es la sanidad privada porque la otra, la de todos, es cara e ineficiente como decían entonces. Esos también aplauden cada noche.

Háganse un favor. No voten nunca más a quien de verdad han puesto en juego su salud, la de sus hijos y, sobre todo, no lo olviden jamás, la de sus padres y sus abuelos, los que les han sacado tantas veces las castañas de fuego. Por pura dignidad.

Corona virus

2020-03-13T01:07:00.001-07:00

No lo he visto con mis propios ojos, porque he decidido salir lo menos posible; puro sentido común. Pero personas a las que creo y que por distintas razones han debido trajinar las calles del centro de Madrid en las últimas horas, cuentan y no paran de gente saliendo cargados con bolsas del Primark, tomando cervecitas en las terrazas, fumando en las puertas de los bares, o aliviados del peso de ser padres y madres confinados, por las alegres risas de los pequeños en parques infantiles hasta los topes.

Nos han pedido aguantar el tirón dos semanas. Hay gente que ni eso. Esa alegre muchachada no piensa en los profesionales de la sanidad deslomándose cada día o en tantos y tantos conciudadanos que ya han perdido su trabajo y se enfrentan a una expectativa difícil porque viven día a día, legión de autónomos y falsos autónomos, repartidores de cualquier cosa, educadores precarios, trabajadores de la cultura, de la hostelería, del turismo…¿En qué está pensando quien acude a un supermercado y se lleva decenas de rollos de papel higiénico?

No estoy seguro de si me produjo tristeza, perplejidad o indignación o todo a la vez, la imagen del estadio de Mestalla en Valencia en el que se estaba celebrado un partido de fútbol a puerta cerrada, rodeado de gente vociferante: animando a su equipo, defendiendo sus colores...tiene pelotas la cosa. Hubiera dado igual -para mi, por bárbaro que parezca, literalmente- que se contagiaran del virus dentro o fuera, allá cada uno; pero lo habrán extendido de todos modos. Y lo incomprensible es que el Delegado del Gobierno no ordenara a la policía pastorear a ese ganado hasta los agujeros en los que viven cuando son provectos padres de familia, fieles de cualquier religión o sujetos pasivos de Hacienda.

Sí, en mi opinión, en los últimos días el Gobierno está arrastrando los pies, pero no tolero que tipos como Pablo Casado se permitan una sola palabra de crítica sin antes haberse puesto a disposición incondicionalmente, algo que no ha hecho ni hará. Llevo muy mal, muy mal, oír a quienes hicieron todo lo posible por esquilmar y desprestigiar para luego venderla, la sanidad pública, lo estupenda que es, la mejor del mundo mundial. Sí, es buena, pero lo es contra el viento y la marea de sus pestilentes intenciones y porque los profesionales y los usuarios han, hemos, conseguido preservarla de sus garras. No me parece soportable que la patronal de la sanidad privada, los beneficiarios de aquél intento de espolio, no se hayan puesto a las ordenes de las autoridades sanitarias desde el primer instante y anden haciendo como que sí pero no.

Alguien a quien quiero me dice que el problema es que la gente ya no cree ni a los políticos ni a los medios de comunicación. Y me quedo sin palabras.