JULIO ANTONIO TRIBUTA

Aplicación índice situación sobre actividad no ejercida en local comercial

2017-03-01T18:40:00.002+01:00

CONSULTA

Nuestro Ayuntamiento tiene regulado por ordenanza dos tipos de coeficientes de situación el (EL 2 para la determinadas calles y el 1,5 para el resto de calles)

En el caso de actividades desarrolladas en el municipio correspondientes a epígrafes 8331 y 8332, ( promoción Inmobiliaria de terrenos y edificaciones) en las que no tienen en el municipio establecimiento sinó que tienen inmuebles a la venta, ¿es correcto aplicar el coeficiente de situación 1,5, o en este caso, no se deberia aplicar ningún coeficiente de situación?

RESPUESTA

Art 87.1 TRLRHL . Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.

Es decir que el índice de situación no puede aplicarse a aquellas actividades que teniendo asignada en las tarifas una cuota de carácter municipal no se ejerzan en local determinado.

Beneficios fiscales regulados en la legislación sectorial aplicables a las Tasas.

2017-03-01T18:24:00.001+01:00

CONSULTA

Nos surge la duda si a las familias monoparentales le es aplicable el 50% de bonificación en la matricula del conservatorio municipal, al igual que a las familias numerosas de carácter general. No hemos encontrado ninguna ley de protección a las familias monoparentales.

Respecto a la Tasa por Ocupación de vía pública con quioscos para la venta de cupones de la ONCE, ¿podemos regular algún tipo de beneficio fiscal? ¿Sabéis si se regula algo en la normativa sectorial?

En principio en la legislación sectorial no se establece ningún tipo de beneficio o bonificación referente a las materias que se indican en la consulta y ya sabemos que según el art 9 TRLRHL los beneficios fiscales han de estar determinados por ley.

Ahora bien , ya que el art 24.2 TRLRHL nos indica que "el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida" siempre podemos en vez de establecer un beneficio en la ordenanza crear una tarifa especial reducida para determinados supuestos obviando la creación de un beneficio fiscal o de una bonificación que no esté regulada en una norma con rango de Ley.

Formalmente cumplimos con el art 9TRLRHL y materialmente se puede justificar con el art 24.2 TRLRHL en el sentido de que la autonomía local permite determinar el importe de la tasa así como con determinados fines sociales u otros.

NO VENDER LA PIEL DE LA PLUSVALIA ANTES DE CASI HABERLA CAZADO

2017-02-28T17:35:00.001+01:00

Siempre intento en este blog visualizar los problemas desde un enfoque práctico así que en relación con la Sentencia de 16 de Febrero de 2016 (Recurso 1012/2015) sobre las plusvalías me gustaría apuntar lo siguiente:

1.- La STC analiza una norma de carácter foral no analiza el TRLRHL norma estatal y básica (la redacción del TRLRHL es prácticamente idéntica a la Norma Foral), así que creo que deberíamos esperar a que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los arts. 107 y 110.4 del TRLRHL.

Advertir que en la propia setencia se determina la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al TRLRHL.

2.- Por otro lado respecto a los efectos que pueda tener la sentencia sobre las liquidaciones efectuadas , en el art. 40 de la LOTC, que determina el alcance las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad en desarrollo del art. 161.1.a) CE se indica que:

"Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad."

Todo ello sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional puede precisar los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad.

En consecuencia y en mi humilde opinión no se debería aplicar la STC en los territorios no Forales . Esto no excluye que tal y como indica el TC el legislador deba reformar a la mayor brevedad este impuesto y , de paso , la financiación de las Haciendas Locales.

Así que esa avalancha de peticiones de revisión de liquidaciones con efectos retroactivas se puede detener , de momento hasta que el TC se pronuncie expresamente sobre el TRLHL -que se pronunciará- y , una vez que se pronuncie , habría que tener muy en cuenta el art 40 LOTC y lo que pudiera indicar la sentencia respecto a la validez de las liquidaciones anteriores a la misma.

Diversas sentencias en instancias inferiores han determinado la inexigibilidad del impuesto en aquellos casos en los que no se ha producido un incremento patrimonial, ahora bien esta es una cuestión de prueba que debería determinarse caso por caso y que no está exenta de cierta dificultad.

La Plusvalía está agonizando pero aún no la debemos enterrar....

IVTM DE VEHICULO EXPORTADO

2016-10-23T12:55:00.000+02:00

CONSULTA

D. xxxx, titular del vehículo matricula 3456XXX, que tributa en el Ayuntamiento de yyy, traslada su residencia a Portugal. Que con fecha 04/04/2002, matricula dicho vehículo en Portugal, siendo posteriormente transferido en fecha 25/10/2005 a un tercero.

Que por el titular del vehículo, no fue tramitada baja definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de España, tal y como establece el art. 35.4 del R.D.L. 2822/1998, de 23 de diciembre, por lo que se siguió liquidando el impuesto de vehículos en el Ayuntamiento de yyy.

Por el Ayuntamiento de yyyy, se le reclama en vía recaudatoria ejecutiva el pago del I.V.T.M., del citado vehículo, correspondientes a los ejercicios 2002 a 2016.

Personado el titular del vehículo en el Ayuntamiento de yyy, solicita que se le den de baja los recibos reclamados, alegando las circunstancias anteriores y aportando Declaración Aduanera de Vehículo- DAV, así como una Consulta de Histórico por Matricula del Registro de Vehículos de Portugal.

La consulta sería, si una vez examinada la documentación por el Ayuntamiento de yyyy, procedería dar de baja los recibos correspondientes a los ejercicios en los que el vehículo ya se encontraba matriculado en otro país o por el contrario al no haberse tramitado baja definitiva en el Registro de Vehículo de España, se seguiría cumpliendo el hecho imponible, de conformidad con lo previsto en el art. 92 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por lo tanto estarían correctamente liquidados los impuestos que se le reclaman.

RESPUESTA

El procedimiento que se debió seguir es el siguiente:

Bajas por traslado O exportación a un país donde deba ser matriculado

Se tramitan a instancia del titular o tercera persona que acredite la propiedad del vehículo.

Es competente cualquier Jefatura de tráfico, al no existir limitación expresa en este sentido en el RGV.

El vehículo cuando va a ser trasladado o exportado, ha de abandonar el país libre de cargas, de ahí que si estuviera afectado por derechos que limitan la facultad de disponer, habrá que tramitar la previa cancelación de los mismos (reservas de dominio, hipotecas, arrendamiento con opción de compra, arrendamiento a largo plazo, precinto).

La documentación que se debe aportar es la siguiente:

Solicitud
Tasa
Documentación del vehículo: permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica
En el caso de exportación (traslado a un tercer país no UE) el documento que acredite que se está preparando la legal exportación del vehículo (DUA).

La Jefatura devuelve al interesado la documentación original del vehículo estampando en el permiso de circulación la mención “baja por traslado a la UE o por exportación”.

Está claro que no se ha cumplido , así que formalmente el vehículo sigue de alta en España.

Por otro lado mientras el contribuyente no acuda a tráfico para regularizar la situación , se van a seguir generando año a año la liquidación por IVTM.

En consecuencia se pueden tomar tres decisiones:

1.-Continuar exigiendo el tributo pues formalmente el vehículo sigue dado de alta pues el IVTM graba la titularidad de un vehículo a motor apto para circular de acuerdo con los registros de tráfico y esto no ha variado.

2.-Requerir al contribuyente para que acuda a la DGT para regularizar la situación del vehículo; depende de la fecha de efectos de la baja en tráfico se podrían anular los recibos o no.

3.-Considerar que materialmente el vehículo no existe en España y al no existir el objeto tributario como tal anular los valores correspondientes; no obstante , se mantendría el problema para ejercicios posteriores si bien se podría datar los valores por referencia.

PLUSVALIA DE NO RESIDENTES

2016-06-28T13:36:00.002+02:00

CONSULTA

Sabemos que al liquidar una plusvalía, si el vendedor es extranjero no residente, éste es sustituido por el comprador. Pero necesitaría saber de qué forma se acredita que dicho extranjero es no residente, ¿debe de figurar esta situación en la escritura siempre? Ya que lo hemos visto alguna vez (no residente), o podemos tener en cuenta alguna otra circunstancia como que tengan en la misma domicilio en el extranjero.

RESPUESTA

En el caso de que el vendedor no resida en España, el obligado al pago será el comprador como sustituto del contribuyente según el art 106.2 TRLRHL.

La condición de no residente se debería acreditar con un certificado de la autoridad fiscal del país extranjero con su correspondiente traducción oficial , todo ello sin perjuicio de que se vive más de 183 días en España se considera residente según la ley del IRFPF.

Es muy interesante el siguiente artículo del IEF

www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos.../03.../11_07.pdf

RECURSO AL AYUNTAMIENTO SOBRE VALORACION CATASTRAL

2016-02-02T17:55:00.000+01:00

CONSULTA

Nos presentan un recurso de reposición contra los recibos de ibi 2015 que sacamos al cobro a final de año alegando que el valor catastral de dicho inmueble es superior al 50% del valor de mercado.

En nuestro Ayuntamiento solicitamos a Catastro la aplicación en 2015 del coeficiente de actualización del valor catastral a la baja aplicable según el año de nuestra ponencia, con el fin de acercarlos al valor de mercado, de acuerdo con lo previsto en el art. 32.2 TRLCI.

¿Es competencia del Ayuntamiento resolver este recurso o de Catastro?

RESPUESTA

El recurso se debería desestimar por no ser competente la Administración Local para determinar el valor catastral siendo esta una competencia de la Dirección General del Catastro .

Caso distinto sería que hubiese una modificación del valor catastral y que no se hubiese tenido en cuenta a la hora de liquidar el valor remitido al contribuyente.

La aplicación del art 32. TRLCI es una opción del Ayuntamiento para reducir la carga fiscal en el IBI que afecta en el cálculo de la Base Imponible si el coeficiente tiene carácter reductor pues dependiendo del año de aprobación de la Ponencia de Valores puede aumentar o disminuir la Base Imponible (Valor Catastral).

Pero en todo caso el Ayuntamiento nunca realiza la valoración aunque indirectamente pueda modificar el Valor Catastral.

Artículo 77 Gestión tributaria del impuesto TRLRHL

1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

Artículo 4 Competencias TRLCI

La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.

IMPUTACION DEL PAGO A COSTAS,INTERESES,RECARGOS Y PRINCIPAL

2016-01-27T18:10:00.001+01:00

CONSULTA

En el caso de que se produzca un ingreso que extingue parcialmente una deuda integrada por cuota o cantidad a ingresar, recargo ordinario, intereses de demora y costas, en primer lugar aplicaremos dicho ingreso a la extinción total de las costas y dudamos como se debe aplicar el importe restante, es decir, en qué orden y proporción aplicar el ingreso a los intereses, recargo y principal y si se debe aplicar supletoriamente el artículo 1173 del Código Civil.

RESPUESTA

Este tema lo hemos tratado varias veces en el blog

Si buscas la etiqueta imputación de pagos , puedes ver varias consultas.

Te adjunto alguna de ellas.

El artículo básico a utilizar es el 116 RGR ; los criterios costas , acumulación y antigüedad de la deuda.

Si se trata de una única deuda - un único valor recibo o liquidación- con aplicar primero a las costas se cumpliría la ley , respecto al resto no existe una norma tributaria que indique como aplicar la entrega a cuenta.

El sentido común indica aplicar primero a los intereses pues estos se van a seguir incrementado mientras no se pague la totalidad de la deuda.

El sentido común coincide con el artículo 1173 del Código Civil:

Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses

http://julioantoniotributa.blogspot.com/2012/02/consultaimputacion-de-pagos.htm

http://julioantoniotributa.blogspot.com/2014/03/anotacion-preventiva-de-embargo-e.html

CAMBIOS EN LA FORMA DE REALIZAR LA CONSULTAS

2016-01-20T22:27:00.002+01:00

Hasta ahora las consultas se realizaban a través de un formulario .

Este formulario que utilizaba ha dejado de ser gratuito , renovar la suscripción me supone un coste económico que no puedo asumir pues este blog no tiene ningún tipo de financiación ( ni falta que le hace).

Así que ahora las consultas se deben realizar a través de una dirección de correo electrónico que no está integrado en el blog , no es tan operativo pero de momento es lo que os puedo ofrecer.

Ultimamente no tengo mucho tiempo para el blog , así que pido disculpas por la tardanza en responder.

Muchas Gracias a todos.

Julio Antonio López Sánchez

IVA EN LA CUOTA DE TASA SUMINISTRO DE AGUA

2016-01-20T22:05:00.000+01:00

CONSULTA

En el caso de bonificaciones sobre la tasa por consumo de agua , si el IVA se aplica sobre la cuota antes o después de bonificaciones.

RESPUESTA

En primer lugar , me parece dudoso que se puedan establecer bonificaciones en la tasa del Agua sino están establecidas por Ley.

En segundo lugar , de acuerdo con la ley del IVA art 7.8 (Consulta Vinculante de la DGT 9 de julio de 2013) estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que los Entes públicos realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, entre las que se encuentra la de distribución de agua, que en todo caso tienen condición de actividad empresarial.

El precio de la entrega estaría compuesto por la cuota líquida a pagar , es decir , cuota íntegra ( importe de la tarifa) deduciendo la correspondiente bonificación.

Ahora bien el artículo 78.Tres de LIVA, señala que no se incluyen en la base imponible del IVA:

Los descuentos y bonificaciones que no sean posteriores a la realización de la operación ni contraprestación de otras operaciones.

Visto este artículo se puede interpretar que el IVA se debe aplicar sobre la cuota antes de la bonificación.

LIQUIDACION PLUSVALIA EN UN DISEMINADO

2015-11-09T20:36:00.000+01:00

CONSULTA

Se puede liquidar por IIVTNU la parte de suelo urbano en el que seasienta una construcción que está situada en una rústica?

La parcela es rústica pero tiene una construcción de 100 m2 que catastro valora como urbana.

RESPUESTA

El art 104.2 TRLRHL nos indica claramente que NO está sujeto al IIVTNU el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Así que si a efectos catastrales el terreno sobre el que está la edificación se considera como rústico la respuesta es clara, estamos ante un supuesto de no sujeción.

La Dirección General del Catastro establece lo siguiente en cuanto a los diseminados:

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/07042006.pdf

La consideración de urbana o rústica de una construcción se arrastrará del suelo que ocupe.

La asignación se realizará desde la información gráfica

– Para ponencias anteriores a 2006 el diseminado sigue siendo urbano.

– Para ponencias 2006 y posteriores el diseminado es rústico.

Alzamiento de bienes , cuestiones prácticas

2015-09-13T19:10:00.000+02:00

¿Se podría considerar alzamiento de bienes si un deudor renuncia a una herencia con la cual podría hacer frente a una deuda ?

La aceptación de la herencia entiendo que entra dentro de los llamados derechos personalísimos por lo que entiendo que no se puede “obligar" a nadie a aceptar una herencia.

Ahora bien en aquellos supuestos en que una persona no manifiesta si acepta o repudia, cualquier persona que tenga interés en esa aceptación o repudiación podría solicitar de un juez para que se manifieste en uno u otro sentido, bajo la consecuencia de que si no se dice nada, el silencio será considerado como repudiación de la herencia a través de la interrogatio in iure : arts 908 ,1005 y 1001 LEC.

Esto en términos generales , pero el caso que pudiera afectar a la recaudación sería aquel en que un heredero -deudor de la hacienda municipal- actúa como poseedor de un bien que le corresponde en herencia pero renuncia a la herencia para evitar la adjudicación y cambio de titularidad a su nombre eludiendo el embargo del bien.

Entiendo que estaríamos ante un problema probatorio , la prueba me parece muy difícil en este caso.

A un deudor se le notifica la diligencia de embargo de bienes inmuebles y al acreedor hipotecario también. Si después se realiza una dación en pago, ¿habría alzamiento de bienes?.

Jurisprudencialmente se considera que no existe delito de alzamiento de bienes (art 257.1.1 CP) cuando se paga a un acreedor en perjuicio de otro siempre que se respeten los derechos de los acreedores preferentes.

En este caso la preferencia es del acreedor hipotecario por lo que entiendo que no existe tal supuesto.

Hemos de recordar como un supuesto de responsabilidad solidaria aquellos que colaboren o consientan el levantamiento de bienes 42.2 LGT .

DEVENGO IBI SUBASTA JUDICIAL

2015-08-30T12:58:00.000+02:00

CONSULTA

Fecha de transmisión de la propiedad en una subasta en la que hay cesión de remate. En fecha 30/09/2014 se aprueba el remate a favor del banco ejecutante.

El 20/10/2014 se cede el remate a la inmobiliaria del banco y el 13/01/2015 se dicta decreto aprobando remate a favor de la inmobiliaria. Tiene que pagar el deudor hipotecario el IBI de dos años que han tardado en formalizar una subasta que se celebró el 04/03/2013?

RESPUESTA

De acuerdo con la jurisprudencia del TS (13 de marzo 1997 y 29 de julio de 1999) y desde un enfoque puramente procesalista la adquisición de la propiedad se produce con el acta de adjudicación o remate ; caso distinto es que la Gerencia del Catastro exija la escritura pública pero en todo caso la fecha de alteración jurídica será la fecha del remate.

Más información en la siguiente circular del Catastro:

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/03032009_P.pdf

Podemos opinar que el resultado es injusto pues se adeuda el IBI por unos ejercicios en los que de facto no se dispone de la propiedad pero la jurisprudencia del TS es clara.

El problema será la recaudación de esos ejercicios...

Delegacion de funciones reservadas

2015-07-29T08:57:00.004+02:00

¿Podrían delegarse las funciones reservadas del Tesorero, como la Providencia de Apremio o Diligencia de Embargo en un funcionario sin habilitación nacional?

1.- De acuerdo con el art 5.3.c) RJFHN una de las funciones que se reservan a la tesorería es la firma de la providencia de apremio.

2.-Hemos de tener en cuenta que firma de la providencia de apremio corresponde al Tesorero que puede ser Funcionario Habilitado Estatal , funcionario de la corporación , funcionario de la diputación o un miembro de la corporación según la clasificación del ayuntamiento.

3.- En el caso de que la Tesorería se ocupe por un FHE al ser una función reservada opino que no se puede delegar .

La solución consistiría en habilitar a un accidental para el ejercicio de funciones reservadas porque el titular se marche de vacaciones o se ausente.

Si no hay más que un habilitado por función reservada, algunas comunidades permiten la habilitación accidental estable, si no, hay que tramitarlo para cada caso, con nombramiento de la CCAA.

INCUMPLIMIENTO ORDEN DE EMBARGO POR ADMINISTRADOR DE UNA EMPRESA

2015-06-08T13:05:00.001+02:00

CONSULTA

El Ayuntamiento ha emitido una orden de embargo de nómina contra un trabajador de una empresa. El gerente de la misma se ha negado a recibir la notificación. Nos gustaría saber si podemos iniciar contra él o contra la empresa un procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria porincumplimiento de la orden de embargo (art.42.2.b de la LGT) así como imponer una o varias sanciones tributarias en virtud del art.203.1.b LGT por no atender uno o varios requerimientos notificados, y si ambos procedimientos son compatibles. En tal caso ¿deberíamos derivar la responsabilidad e imponer las sanciones a la empresa o al gerente que se niega a recibir la notificación o que incumple la orden de embargo?
¿Cuantas sanciones tributarias podrían imponerse? ¿Debería instruir el procedimiento el departamento de recaudación ejecutiva?

RESPUESTA

I.- El pagador es la empresa no el gerente; el que incumple el embargo es la empresa persona jurídica que actúa en el mercado jurídico a través de su representante – el gerente en este caso -.

II.- Para evitar problemas y que se pudiera alegar indefensión notificaría por edictos a la empresa en el BOP y Tablón correspondiente el acuerdo de embargo de salario.

III.- Finalizado el plazo de comparecencia del art 112 , se podría iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad que podría subsumirse en el supuesto de responsabilidad solidaria que se recoge en el art 42.2.b LGT para aquellas personas o entidades que por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo y serían responsables:

- deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan

- hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria.

El procedimiento consistiría básicamente en el siguiente (art 175 LGT y 124 RGR):

1.-Acuerdo de inicio de procedimiento de derivación de responsabilidad y notificación del mismo indicando expresamente el supuesto que se aplica y explicando someramente el caso ocurrido. Se ha de conceder un plazo de alegaciones de 15 días.

Una buena opción sería incluir en este acuerdo de inicio del procedimiento un requerimiento de pago para así intentar terminar el proceso sin tener que llegar al embargo de la persona que incumple el acuerdo de embargo.

2.-Alegaciones si las hubiere.

3.-Resolución del procedimiento y aprobación de la liquidación correspondiente en ejecutiva requiriendo el pago de la misma.

Entiendo que el plazo de pago para el requerimiento debería ser el de las deudas en ejecutiva art 62.5 LGT.

El recurso que se debería indicar en la notificación sería el ordinario del art 14.2 TRLRHL.

4.-Transcurrido el plazo indicado en el requerimiento de pago se podría iniciar el embargo de los bienes de la persona que incumple el embargo.

IV.-Respecto a la compatibilidad del procedimiento de derivación de responsabilidad con la imposición de sanciones por incumplimiento de requerimientos , esta no es una práctica habitual en las administraciones locales que conozco ; lo cual no quiere decir que no se pueda llevar a cabo.

Entiendo que no existe ruptura del principio non bis in idem pues se trata de dos procedimientos distintos ; por otro lado, el art 180.5 LGT indica que las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.

Si fuera el caso que se aplicasen las sanciones serían por no aportar o permitir el examen de documentos y similares, no comparecer y negar o impedir la entrada en fincas o locales: sanción de 300 euros. La segunda vez será de 1.500 euros, y la tercera vez, el 2% (según los casos, el porcentaje puede ser menor) de la cifra de negocios del año anterior, con un mínimo de 10.000 y un máximo de 400.000 euros.

VI.-La potestad sancionadora conforme a la LBRL corresponde al Alcalde siendo esta una competencia delegable; por otro lado parece innecesario a nivel jurisprudencial que sean necesario que la fase de instrucción y resolución corresponda a órganos distintos. Es decir, que la instrucción y resolución se podría realizar por Recaudación y la imposición por el Alcalde ; aunque esto supongo estaría supeditado a la organización municipal propia de cada Administración Local.

Serían órganos competentes para la imposición de sanciones, según el artículo 211.5 de la LGT:

El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.

CREDITOS CONTRA LA MASA PENDIENTES TRAS FIN CONCURSO

2015-05-15T09:50:00.000+02:00

CONSULTA

En el marco de un procedimiento concursal, por parte del Ayuntamiento se han reclamado dos plusvalías correspondientes a unos inmuebles adjudicados dentro del concurso a una entidad bancaria. En el plan de liquidación de los bienes presentado por los administradores concursales y que fue aprobado y llevado a cabo se decía que todos los gastos fiscales correrían a cargo del comprador.

El Ayuntamiento ha girado las liquidaciones de plusvalía (como no puede ser de otra manera) al vendedor, que es la empresa concursada, y los ha reclamado a la administración concursal como créditos contra la masa. Estas plusvalías no han sido pagadas, pues no ha habido dinero ni siquiera para pagar los créditos contra la masa, y el juzgado ha declarado la conclusión del concurso y la extinción de la mercantil concursada.

Siendo que en el plan de liquidación se decía de todos los gastos fiscales correrían a cargo del comprador ¿podemos exigir el pago a la entidad bancaria adjudicataria? ¿Podríamos, por otra parte, derivar responsabilidad subsidiaria declarando fallida a la sociedad, contra los gerentes o administradores que tenía la sociedad antes de declararse el concurso? ¿y a los administradores concursales?

RESPUESTA

1.- Respecto a exigir al pago a la entidad bancaria adjudicataria creo que la única opción sería plantear algún tipo de incidente ante el juez del concurso para su cumplimiento o en último caso algún tipo de reclamación civil pero nunca en vía administrativa.

2.-Respecto a la responsabilidad que se podría aplicar a los administradores de la sociedad concursada indica el art 43.1 LGT los siguientes supuestos:

“1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”

Para derivar a los administradores se ha de declarar la insolvencia o fallido de la sociedad que no es lo mismo que se liquide la sociedad por un concurso de acreedores que resulte insuficiente para pagar los créditos tributarios , aunque aparentemente los efectos sean los mismos , en consecuencia entiendo que a nivel tributario no se puede realizar ningún tipo de derivación y que el modo de exigir la responsabilidad vendría a través de la Legislación Concursal por alguno de los siguientes mecanismos (no soy experto en este tema):

-Por la declaración del concurso como culpable siempre que la sentencia del juzgado de lo mercantil así lo estableciese expresamente (art 172.2 L.C.) .

-Artículo 172 bis.1. L.C. indica que “ Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit.”

- Por la solicitud de reapertura del concurso 179.3 L.C.:

“ En el año siguiente a la fecha de la resolución de conclusión de concurso por insuficiencia de masa activa, los acreedores podrán solicitar la reapertura del concurso con la finalidad de que se ejerciten acciones de reintegración, indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo que se hubiera dictado sentencia sobre calificación en el concurso concluido.”

3.- Contra los administradores concursales sólo cabe exigirles responsabilidad si no estaba certificada la insuficiencia de masa activa y, aun así, no se procedió al pago a su debido momento (art. 84.3 Ley Concursal).

Este artículo habría que relacionarlo con el art 43.1.c) LGT :

“ Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.”

DERECHO AL OLVIDO

2015-04-30T12:22:00.000+02:00

CONSULTA

Un contribuyente ha llamado indignado al Ayuntamiento porque al introducir su nombre en Google, lo primero que sale es un edicto publicado el año pasado en la página web del Ayuntamiento (tablón electrónico de edictos por comparecencia) en el que se le citaba para ser notificado de una deuda de recaudación ejecutiva.

Nos dice que la deuda ya se pagó, lo cual es cierto, y que tiene derecho a que se elimine ese edicto en el que figura.

El caso es que su nombre y DNI también apareció en las mismas fechas publicado en el BOP varias veces por deudas anteriores, pero esta búsqueda no aparece en Google, sino que hay que entrar a la página del BOP y allí buscarlo, saliendo en varios boletines por distintas deudas.

Puesto que del BOP no podemos retirar los edictos, nos preguntamos si tenemos o no obligación de retirarlos de la página web pasado un tiempo, o si tendríamos que retirar su nombre a petición suya.

RESPUESTA

Según la AEPD, el "derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa".

La Ley 11/2007de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, establece en su art. 11 que: "La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa", garantizando su carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, cuando la publicación se efectúe en la sede electrónica de la Administración competente.

Por otro lado el art 12 de esta misma Ley indica que "La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente."

Y por último el art 112.1.a) LGT establec e respecto a la AEAT lo siguiente:

“En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, por alguno de los siguientes medios:

a) En la sede electrónica del organismo correspondiente, en las condiciones establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará por este medio los anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar, en ejercicio de las competencias que le corresponden en aplicación del sistema tributario estatal y aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o encomendada. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda se determinarán las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las demás Administraciones tributarias, cuando opten por este medio de publicación, deberán hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de su órgano de gobierno publicada en el “Boletín Oficial” correspondiente y en la que se haga constar la fecha en la que empieza a surtir efectos.”

En relación con los plazos de permanencia de los anuncios existe una Orden que entró en vigor el 19-7-2011; la AEAT mantendrá expuestos de forma destacada los anuncios en su sede electrónica durante un plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de su publicación, plazo en el que deberá producirse la comparecencia a efectos de notificación. Transcurrido este plazo, los anuncios continuarán expuestos a los solos efectos informativos o de consulta.

Se eliminarán los anuncios publicados en sede electrónica siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la obligación de comparecencia en ellos establecida o cuando hayan prescrito los derechos correspondientes a la totalidad de los destinatarios y procedimientos que comprendan.

A falta de una Ordenanza Local que regule esta materia de forma expresa , supletoriamente pudiera aplicarse esta Orden a la Administraciones Locales.

Esta normativa se aplica a las publicaciones en la sede electrónica de la entidad no en las ediciones digitales de los Boletines Oficiales.

2015-04-29T08:20:00.001+02:00

CONSULTA

Un Agente Urbanizador se ha dirigido al Ayuntamiento solicitando la recaudación a su favor de unas cuotas urbanísticas. Dichas cuotas fueron reclamadas a los particulares por dicho agente, pero ya han transcurrido seis años desde la última notificación. Le hemos dicho que el Ayuntamiento ya no las podría reclamar, pues el plazo de prescripción de los ingresos públicos es de cuatro años, y el mismo ha transcurrido en exceso. Nos gustaría tener claro si dichas cuotas habrían prescrito o no,
y si las podría exigir en apremio el Ayuntamiento o debería exigirlas el Agente Urbanizador por vía judicial a los particulares que no pagaron.

RESPUESTA

Según distinta Jurisprudencia las cuotas urbanísticas no tienen naturaleza tributaria ni son instrumentos de política económica general, por lo que no serían de aplicación los plazos de prescripción de la legislación tributaria ni de la presupuestaria; todo ello sin perjuicio de que la Ley contempla su gestión y recaudación como ingresos de Derecho Público (TSJ de Madrid en sentencia de 3 de octubre de 2013, TSJ de Cataluña en sentencia de 15 de febrero de 2008 entre otras).

Por deducción entiendo que se aplicaría el plazo general de prescripción de las obligaciones personales que se establece en el artículo 1964 del Código Civil de 15 años desde el momento que fueran exigibles, salvo que las legislaciones autonómicas establezcan un plazo diferente.

Domiciliación de recibos a personas físicas extranjeras

2015-04-15T08:39:00.000+02:00

CONSULTA
Un contribuyente alemán que tiene una propiedad en este municipio quiere domiciliar el pago del IBI en una cuenta bancaria. Quiere hacerlo en una cuenta alemana o en una española que tiene abierta. El problema es que es un no residente y no quiere sacarse el NIF o NIE. A la vista de la normativa tributaria y del SEPA ¿Se puede domiciliar con el documento alemán o hace falta tener NIE para poderlo hacer? ¿Lo puede
hacer en una cuenta alemana de un banco alemán teniendo o no NIE?

RESPUESTA

De acuerdo con una consulta del Banco de España respecto a la apertura de cuentas corrientes por extranjeros se debe distinguir los siguientes supuestos: según el extranjero sea o no residente:

“1 Es exigible la presentación del NIF/NIE para la apertura de cuentas o depósitos bancarios por parte de «residentes» —esto es, aquellos extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización oficial de residencia—, bien en el mismo día de la constitución del depósito o de la apertura de la cuenta, o dentro del plazo de 15 días, sin poder realizarse movimiento alguno hasta que se aporte.

En este sentido, el artículo 28 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE del 5 de septiembre), indica que «las personas o entidades que realicen operaciones con entidades de crédito españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, deberán comunicarles su número de identificación fiscal de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo. Podrá constituirse un depósito o abrirse una cuenta en una entidad de crédito sin acreditar el número de identificación fiscal en el momento de la constitución.

La comunicación del número de identificación fiscal deberá efectuarse en el plazo de 15 días, sin que pueda realizarse ningún movimiento hasta que se aporte. La entidad de crédito podrá iniciar los cargos o abonos en las cuentas o depósitos afectados o cancelarlos desde el momento en que todos los titulares de aquellos faciliten su número de identificación fiscal».

2 Tratándose de cuentas de no residentes, estas quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en el artículo 28 antes citado, tanto si son en euros como en divisas, pero siempre que se trate de cuentas abiertas a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España.

Las «entidades registradas» deberán hacer constar la condición de no residente del titular de la cuenta o depósito abierto, y consignar, a efectos de identificación de la cuenta, el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen.

La «entidad registrada» queda, además, obligada a requerir del titular de la cuenta de que se trate a que, en el plazo de 15 días desde su apertura, le haga entrega de la documentación acreditativa de la no residencia (en concreto, las personas físicas extranjeras deben aportar «certificación negativa de residencia expedida por el Ministerio de Interior con antelación máxima de dos meses»).

Esta exigencia de acreditación de la condición de no residente se debe confirmar por el titular de la cuenta con carácter periódico (cada dos años debe ser requerido por la «entidad registrada» para que aporte la certificación oportuna en el plazo máximo de tres meses). En cualquier caso, el control de la aplicación de la normativa antes citada sobre la obligación de los clientes de aportar el NIF/NIE corresponde única y exclusivamente a la Administración Tributaria, y se lleva a cabo principalmente mediante el análisis de la información que están obligadas a remitir las entidades de crédito a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. “

Por otro lado, de acuerdo con la normativa SEPA, el contribuyente alemán podría domiciliar sus recibos en una cuenta corriente de su país.

Esto es la teoría, en principio nosotros en nuestra institución tenemos ordenes de adeudo directo para entidades extranjeras dentro del ámbito SEPA pero todavía no se han emitido así que desconocemos como será el funcionamiento real.

En todo caso , la normativa SEPA permite que todos los adeudos , nacionales y extranjeros, se envíen en el mismo fichero.

No debemos olvidarnos que necesitaríamos el B.I.C. de la entidad alemana y que el programa informático que utilicemos no plantee problemas de compatibilidad.

NO EJECUTAN AVAL

2015-04-15T08:11:00.000+02:00

CONSULTA

Requerida una sociedad de garantía recíproca para que ejecute el aval ofrecido para garantizar cuotas urbanísticas, han hecho caso omiso .
¿ Qué podemos hacer?

RESPUESTA

74.2 RGR indica que:

“Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el art 62.5 LGT.

De no realizarlo , se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.”

En consecuencia ,sería conveniente realizar un nuevo requerimiento advirtiendo a la sociedad de tal circunstancia , en caso de no ejecutar el aval en un plazo inmediato se procedería al embargo de bienes de la sociedad de garantía.

DERIVACION RESPONSABILIDAD Y CONYUGE NO DEUDOR

2015-03-27T18:53:00.001+01:00

CONSULTA

Declarado fallido el deudor principal, se deriva la responsabilidad en el adquirente del bien afecto, y éste interpone recurso de reposición contra el acuerdo de derivación de la responsabilidad, alegando que el bien era de un matrimonio y que el cónyuge trabaja y por lo tanto, exige que se le requiera la deuda y se anule la derivación de responsabilidad. Qué hacéis en estos casos? volveis atrás todo elprocedimiento ?

RESPUESTA

Indica el art 41. 5 LGT que ”la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios”.

Es decir , se considera un presupuesto de la derivación el fallido del deudor principal y de los posibles deudores solidarios.

Se podría exigir la deuda al cónyuge no deudor en el supuesto de que el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales pero hemos de tener en cuenta que el régimen económico matrimonial de gananciales se configura como un sistema para administrar los bienes del matrimonio y su responsabilidad pero ¿se puede considerar como un supuesto de responsabilidad solidaria?.

La doctrina del TEAC considera el régimen de gananciales un supuesto de responsabilidad solidaria siempre que el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.

http://serviciosweb.meh.es/apps/doctrinateac/detalle.asp?button1=00/1888/2011

En consecuencia , correspondería estimar el recurso si el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales procediendo contra el patrimonio del cónyuge no deudor y anulando el acuerdo de derivación.

POSIBILIDAD EMBARGO DERECHOS HEREDITARIOS

2015-03-13T11:48:00.001+01:00

Nos interesaría saber si es posible el embargo del derecho hereditario que pudiera corresponderle a dos hermanos que son deudores por bastante cuantía, y que carecen de bienes, pero en cambio su madre viuda, que es de avanzada edad, sí tiene varias propiedades en el Registro de la Propiedad y no hay más hijos. Nos gustaría saber si es posible anotar dicho embargo, y cual sería el mecanismo para realizar los bienes embargados.

Entiendo que la madre no ha fallecido y que los deudores carecen de bienes embargables a su nombre , en consecuencia los supuestos derechos hereditarios no existen pues estos nacen en el momento que se produce el fallecimiento.

Se pueden embargar derechos hereditarios pero para practicar la anotación preventiva es necesario acreditar no solo el fallecimiento del titular registral, sino también la condición de heredero de la persona contra la que se sigue el procedimiento acompañando declaración de herederos .

La madre no ha fallecido, pero es una señora de más de 90 años y en cualquier momento podría darse esta circunstancia.

Es posible que la madre fallezca, y que se dejen los bienes a nombre de ella, pues esto ya sucedió con el padre. Si no hay testamento, que es lo más posible, ¿cómo podríamos acreditar la condición de herederos y en consecuencia embargar estos derechos?

En aquellos supuestos en que una persona no manifiesta si acepta o repudia, cualquier persona que tenga interés en esa aceptación o repudiación podría solicitar de un juez para que se manifieste en uno u otro sentido, bajo la consecuencia de que si no se dice nada, el silencio será considerado como repudiación de la herencia a través de la interrogatio in iure : arts 908 ,1005 y 1001 LEC.

AMPLIACION CONCEPTO RECIBOS DOMICILIADOS

2015-03-05T12:51:00.000+01:00

La introducción de SEPA , con la nueva versión del CSB 19, ha supuesto una drástica reducción de la información que recibe en contribuyente en los recibos domiciliados.

El contenido del adeudo por domiciliación pasa de 670 caracteres a 140.

Los contribuyentes realizan en muchos casos un auto de fe al pagar recibos sin saber realmente que están pagando.

Las soluciones que se están implementando se basan en el uso de sistemas “on line” a través de los cuales se accede a la información completa ; en otros casos se están emitiendo avisos de cargo en cuenta en papel , esta última solución supone eliminar el ahorro en envíos y papel que supone la domiciliación.

Para ampliar la información a remitir por los emisores de recibos domiciliados se deberían usar los nuevos cuadernos interbancarios SEPA en formato plano 19.14+, 19.44+ y formato CORE XML+ para dar cabida al concepto extendido.

Este servicio permite que se informen los 640 caracteres en el concepto, de manera que todos los recibos a cargo de cuentas de la entidad bancaria emisora se imprimen con el concepto ampliado, y al hacer la emisión de los recibos se envían a las entidades adheridas a este protocolo toda la información del concepto ampliado para que procedan a enviarlo a sus clientes en el justificante de cargo.

Ahora mismo sólo conozco una entidad que esté adherida a este sistema que sería La Caixa ; si se lograse un acuerdo a nivel nacional vía FEMP con CECA y AEBP y se instaurase la utilización de este formato especial del cuaderno 19 , volveríamos a la situación anterior a SEPA solucionando este grave problema de falta de información tributaria.

PROBLEMAS CON LAS CUOTAS DE URBANIZACION

2015-03-05T12:48:00.000+01:00

CONSULTA

Por encargo de un Agente Urbanizador, se está exigiendo el pago por la vía de apremio de unas cuotas urbanísticas de unas parcelas de un deudor. Estas parcelas tienen inscritas las cuotas como preferentes sobre embargos e hipotecas posteriores por una determinada cantidad cada una de ellas. Alguna de estas parcelas no tienen más cargas que la afección por
las cuotas. Quisiéramos saber si podemos subastar las parcelas libres de otras cargas y con ello cobrarnos todas las cuotas, pues valen mucho más, o si sería necesario subastar cada una de las parcelas por la responsabilidad que tienen.

También el deudor ha presentado un escrito en el que impugna los intereses de demora y el recargo de apremio que se le está exigiendo en vía ejecutiva. Alega que los intereses y el recargo no son legales y quiere pagar sólo por el principal, y además hacerlo directamente al Agente
Urbanizador. El Agente Urbanizador ha manifestado que está de acuerdo con que le paguen el principal, pero el Ayuntamiento ha liquidado intereses de demora y el recargo del 20 por cien, al haberse notificado la providencia de apremio. También se ha incurrido en costas por honorarios al Registro de la Propiedad y por Edictos en Boletines Oficiales. Quisiéramos saber si el recargo y los intereses corresponden al Ayuntamiento o si son para el Agente Urbanizador, y en ese caso, si éste podría perdonarlos.

RESPUESTA

Respecto a la primera pregunta ,en virtud del principio de proporcionalidad (art 169.1 LGT) que se predica en la relación entre la cuantía a embargar y el valor estimado del bien a embargar parece lógico embargar una sola finca y no embargar cada una por su deuda siendo todas del mismo deudor.

En cuanto a la segunda pregunta , hemos de partir del principio de que las cuotas de urbanización se consideran un ingreso de carácter público no tributario y que se puede cobrar a través de los procedimientos regulados en la LGT y RGR.

La legislación Urbanística Autonómica así como legislación básica estatal habilitan la posibilidad de utilizar los procedimientos de ejecución forzosa y la vía de apremio para exigir a los propietarios y promotores de actuaciones urbanizadoras el cumplimiento de sus respectivos deberes urbanísticos.

Existe una Consulta 7/1997, establece en relación con los recargos de apremio e intereses de demora exigidos a los propietarios que no han satisfecho sus cuotas de urbanización en periodo voluntario, las siguientes indicaciones, que "el impago de las cuotas de urbanización en el periodo establecido para ello faculta a la Administración a la exigencia de las mismas por el procedimiento de apremio por disponerlo así la normativa urbanística citada, art. 189 del RD 3288/1978. El inicio de este procedimiento, mediante la expedición de la correspondiente providencia notificada al deudor, determina el devengo del recargo de apremio así como de los intereses de demora por disponerlo así en el art. 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, mediante la redacción dada a este precepto por Ley 25/1995, de 20 de julio. Estas cantidades tienen la naturaleza de ingreso de derecho público por encontrarse devengadas en un procedimiento de carácter administrativo (art. 93 del RD1684/1990) que únicamente puede ser utilizado por la Administración Pública (art. 91 del RD 1684/1990), y por lo tanto, en este caso, se trata de ingresos municipales de carácter ordinario".

En consecuencia, los recargos , intereses y costas en principio entiendo que corresponderían al Ayuntamiento sin que el Urbanizador pueda disponer sobre una potestad (apremio) y recursos públicos.

LIMITACIONES MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

2015-02-19T09:12:00.001+01:00

¿Puede un Ayuntamiento limitar por ordenanza las formas de pago de los tributos a las entidades bancarias colaboradoras en virtud del convenio de norma 60 de la AEB?

A pesar de haber suscrito el convenio de norma 60, ¿el Ayuntamiento está obligado a admitir el pago por transferencia bancaria?

RESPUESTA

Artículo 34 RGR al hablar de los Medios y momento del pago en efectivo nos indica lo siguiente:

“1. El pago de las deudas y sanciones tributarias que deba realizarse en efectivo se podrá hacer siempre en dinero de curso legal.

Asimismo, se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en este reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso:

a) Cheque.

b) Tarjeta de crédito y débito.

c) Transferencia bancaria.

d) Domiciliación bancaria.

e) Cualesquiera otros que se autoricen por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Será admisible el pago por los medios a los que se refieren los párrafos b), c) y d) en aquellos casos en los que así se establezca expresamente en una norma tributaria.”

De la lectura de este artículo podemos extraer las siguientes ideas:

La determinación de la transferencia bancaria como un medio de pago es una potestad de la Administración Tributaria.

El establecimiento y condicionamientos de la misma a nivel local se debería realizar a través de la Ordenanza General de Recaudación a nivel local de acuerdo con lo establecido en los arts 12 y 15 TRLRHL .

En periodo voluntario de pago , el sistema de pago comúnmente utilizado es una carta de pago según el CSB 60 para su abono en las entidades bancarias colaboradoras.

Comúnmente (en especial Administraciones) no utilizan la carta de pago formalizada según CSB 60 sino que realizan transferencias a las cuentas corrientes de la recaudación o incluso a cualquier cuenta del Ayuntamiento o de la Diputación.

Aunque no se haya establecido este medio para el pago de los recibos entiendo que se debe admitir siempre que se identifique la deuda fehacientemente y se realice dentro del periodo de cobro correspondiente.

En caso contrario, la solución estricta sería un proceso de devolución de ingresos indebidos que lo único que supone son complicaciones en la gestión.

MIGRACION DOMICILIACIONES A SEPA : PROBLEMAS

2015-01-27T14:43:00.001+01:00

CONSULTA

Tengo domiciliado desde hacer seis años el pago del IBI y este año no me lo han cargado.

El Banco dice que lo devolvió el sistema el por no tener “el código BIC de la cuenta” en la orden del Ayuntamiento y el Ayuntamiento me pasa un recargo de apremio. ¿No debería hacer la transformación de la cuenta el Banco, al ser una domiciliación antigua?
¿Debería yo haber comunicado algo al Ayto? ¿Debería aceptarse el pago por el principal detectado el error, dado que en cualquier caso no es imputable a mí?...

RESPUESTA

En primer lugar voy a describir cual es el flujo del mandato (la antigua orden de domiciliación antes de SEPA):

1.El Ayuntamiento (acreedor) envía el mandato , al contribuyente (deudor) en formato papel o electrónico , para su cumplimentación.

2. El contribuyente (deudor) envía el mandato al Ayuntamiento (acreedor).

3. Una vez que el Ayuntamiento dispone del mandato firmado puede iniciar el proceso de acuerdo con los requisitos establecidos.

4. Si el mandato está en formato papel “se desmaterializa el mandato” y se transforma a formato electrónico.

5. Los datos del mandato se envían electrónicamente junto al adeudo a la entidad bancaria del Ayuntamiento que gestiona sus domiciliaciones.

6. La entidad bancaria del Ayuntamiento envía electrónicamente los datos del mandato a la entidad bancaria del contribuyente(deudor) en un único flujo de acuerdo al sistema de compensación que se tenga acordado.

De acuerdo con el art 7.1 del Reglamento 260/2012 las autorizaciones válidas de un beneficiario para el cobro de adeudos domiciliados periódicos en un sistema tradicional antes del 1 de febrero de 2014 seguirán siendo válidas es decir que para la migración de operaciones de Adeudo Directo SEPA básico no se tiene que recabar nuevo consentimiento sin perjuicio de que el ayuntamiento (acreedor) pueda efectuar voluntariamente una comunicación al deudor (contribuyente).

Corresponde al acreedor – Ayuntamiento la migración al formato SEPA siempre que disponga de los datos correctos , en este caso del número de cuenta completo (CCC) .

El IBAN y el BIC se calculan matemáticamente a través de los dígitos de la cuenta corriente.

Si el ayuntamiento no disponía de la CCC correcta la podría obtener a través del uso del Anexo 5 del CSB19 y su correspondiente fichero.

En consecuencia , parece que el Ayuntamiento no migró correctamente los mandatos y por eso se produjo la devolución… probablemente correspondería que el ayuntamiento reponga el valor a voluntaria para su cobro sin recargo o al menos para su pago con el recargo ejecutivo del 5% pues la recaudación en periodo voluntario de deudas de cobro periódico y colectivo se realiza a través de edictos que el contribuyente “debería conocer” aunque nunca se lean los boletines. (art 24 RGR)

Es decir , a pesar de que se haya producido la devolución, el contribuyente tenía la obligación de conocer la existencia de ese periodo de pago y de la obligación de pago de la deuda tributaria en ese periodo.

Por otro lado existe un error de la administración que ha producido la devolución ; se deberían conjugar ambos aspectos.

En la recaudación en la que trabajo no cargamos nunca los recibos el último día del periodo voluntaria sino un mes antes del final del mismo para poder reenviar un recibo en voluntaria por correo ordinario a aquellos contribuyentes con recibos devueltos por el banco.