Juriscucho

Segundo Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 11 Dec 2011 08:31:48 PST

Especialistas en materia de derechos reproductivos se reunieron en San José, en el Segundo Congreso Latinoamericano Jurídico sobre derechos reproductivos, en el se abordo especialmente el tema del aborto. Personalmente para mí fue cansado y repetitivo salvo algunas intervenciones que se apartaron de hablar sobre el aborto y de ver a la mujer como un ser tan débil que ocupa que el universo se vuelque a ayudarle. Dejo el material que se distribuyo para aquellos que no pudieron asistir.

Como nota cabe agregar el significado de Derechos Reproductivos, copio la explicación del Doctor Roberto Cuellar Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

"Aquellas facultades propias de la dignidad de la persona humana que son esenciales para el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y las personas a decidir libre y responsablemente la procreación de sus hijos e hijas, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de la información y de los medios para el logro de tales derechos; así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y de salud reproductiva. También se incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia"

http://www.congresoderechosreproductivos.com

Espero el material les sea de provecho.

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A 4 Años del CPCA

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Thu, 10 Nov 2011 17:45:42 PST

Fuente: Area de Prensa Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional Poder Judicial

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA APUESTA A LA TECNOLOGÍA

Destacan la necesidad de crear los Tribunales Regionales de lo Contencioso Administrativo para un mayor acercamiento y mejora en la prestación del servicio público.
Apoyo tecnológico a la oralidad, desarrollo de herramientas para el almacenamiento y ubicación de información, entre otros avances tecnológicos procuran dar celeridad a Jurisdicción.

Destacar los avances que ha tenido la Jurisdicción Contenciosa Administrativa durante los cuatro años de entrada en vigencia la reforma, así como señalar los aspectos de cambio y mejorar los desafíos que deben enfrentarse, en beneficio de las personas usuarias de este servicio de administración de justicia, fueron los ejes temáticos del Semanario que inició esta mañana.

Según explicó el magistrado y coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Oscar González Camacho, entre los desafíos que debe enfrentar esta Jurisdicción, destacan las acciones que deben implementarse para la clasificación y acceso a las líneas jurisprudenciales del Tribunal Contencioso, tanto en sentencias escritas como orales del nuevo Código.

También destacó el trabajo que se realiza para la construcción de un protocolo que permita la estandarización de prácticas, a lo interno del Tribunal. “Por otro lado, es imperioso que la Corte Suprema eche a andar los Tribunales Regionales de lo Contencioso para el acercamiento y una mejor prestación del servicio público a la población. En fin, se trata de mejorar a través del seguimiento continuo de la actividad en despliegue, con una actitud atenta y receptiva, y ante todo, dispuesta al cambio y a la transformación permanente. Es esa la dinámica inevitable de nuestro quehacer jurisdiccional” destacó el magistrado Oscar González.

Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora destacó el papel protagónico de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa moderna y los avances tecnológicos que han perdido el avance de esta materia, principalmente por el papel que cumple no solo como un contralor de la legalidad de la conducta administrativa, sino también como columna vertebral de todo sistema constitucional y defensora natural del individuo, frente a las situaciones administrativas subjetivas.

Mora Mora resaltó los beneficios de la oralidad, que “…se están viendo reflejados en la jurisdicción contenciosa, la cual está siendo utilizada como punta de lanza para iniciar la transición hacia una justicia menos arraigada a la escritura y menos burocrática, también en las otras jurisdicciones. En este sentido hace ya casi un año, el 19 de noviembre pasado, inauguramos el plan piloto “Apoyo Tecnológico a la Oralidad en el Tribunal Contencioso-Administrativo” con el fin de grabar y transmitir en tiempo real con audio y video las audiencias que se desarrollen en tres salas del Tribunal Contencioso Administrativo”.

De esta manera, el Poder Judicial pretende utilizar los continuos avances tecnológicos para mejorar, como son las acciones tendientes a optimizar la forma en que se gestionan los archivos, hasta el orden y formato de almacenamiento, así como las herramientas para la ágil y efectiva manera que permita localizar temas específicos en documentos digitalizados.

“El cambio de las herramientas de trabajo busca imprimir celeridad al proceso y ejecutividad a la sentencia y dotar a la jurisdicción contencioso de los recursos tecnológicos necesarios para ofrecer, insisto, un servicio público de calidad”, afirmó el jerarca del Poder Judicial.

Para las autoridades judiciales resulta importante evaluar el desempeño real y efectivo de la jurisdicción contenciosa administrativa a cuatro años de vigencia del nuevo Código, por ser una norma perfectible, la cual requiere en su aplicación y ejercicio diario, un seguimiento y revisión constante, con la suficiente madurez y capacidad para el frecuente cambio.

El seminario fue el marco para el reconocimiento a quien en vida fue juez contencioso administrativo, Bryan Monge Alfaro, por su trayectoria en la Jurisdicción. El presente se le entregó a sus familiares.

Durante el primer día del seminario se realizó la mesa redonda ““La Prueba en el Proceso Contencioso-Administrativo: Algunas perplejidades de carácter general”, que estuvo a cargo del experto internacional, Dr. Juan Igartúa Salaverría.

También se desarrolló el tema “Algunas puntualizaciones sobre el control judicial de la discrecionalidad técnica”, que contó con la participación de la magistrada Anabelle León Feoli y los magistrados Román Solís Zelaya y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, así como el expositor Igartúa Salaverría y como moderador Alvaro Fernández Silva.

En la sesión de la tarde se desarrollaron las temáticas sobre el “Equilibrio Procesal y Poderes Oficiosos el Juez en la Audiencia Preliminar”, que tuvo como moderador al magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga y como expositores a Enrique Rojas Franco, Mauro Murillo Arias e Iván Vincenti Rojas y “El proceso por audiencias: resultado y experiencias”, en la que participaron la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández como moderadora y Rodolfo Saborío Valverde, Ana Lorena Brenes y Federico Sosto López como expositores.

Área de Prensa
Depto. Prensa y Comunicación
Poder Judicial
Octubre 26, 2011

Seminario se realizará el 26, 27 y 28 de octubre

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ANALIZA LABOR FRENTE A CUATRO AÑOS DE REFORMA

Acto de apertura se realizará este miércoles 26 de octubre a las 8:00 a.m. en el Auditorio Judicial “Miguel Blanco Quirós”.

Abrir un espacio para el análisis de la evolución y la experiencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Contencioso en sus cuatro años de vigencia, será el objetivo fundamental del Seminario que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre próximo.
La apertura oficial de esta actividad académica tendrá lugar en el Auditorio Judicial “Miguel Blanco Quirós”, a partir de las 8:00 a.m. y contará con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora y los magistrados miembros de la Comisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Oscar González Camacho, coordinador y Ernesto Jinesta Lobo.

El seminario contará con la participación de expertos nacionales y extranjeros que analizarán temas de actualidad dentro de esta jurisdicción.

Para el 26 de octubre se tienen preparadas cuatro meses redondas. La primera analizará el tema “La Prueba en el Proceso Contencioso-Administrativo: Algunas perplejidades de carácter general”, que estará a cargo del experto internacional, Dr. Juan Igartúa Salaverría.

“Algunas puntualizaciones sobre el control judicial de la discrecionalidad técnica”, contará con la participación de los magistrados Anabelle León Feoli, Román Solís Zelaya y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, así como el expositor Igartúa Salaverría y como moderador Alvaro Fernández Silva.

Para la sesión de la tarde, los temas a discutir serán el “Equilibrio Procesal y Poderes Oficiosos el Juez en la Audiencia Preliminar”, que tendrá como moderador al magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga y como expositores a Enrique Rojas Franco, Mauro Murillo Arias e Iván Vincenti Rojas.

El día culminará con la mesa redonda sobre “El proceso por audiencias: resultado y experiencias”, que estará a cargo de la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández como moderadora y Rodolfo Saborío Valverde, Ana Lorena Brenes y Federico Sosto López como expositores.

Para el jueves están programadas cuatro charlas que profundizarán los temas relacionados con los límites a la actividad del juez tramitador en la fase de admisión y audiencia preliminar, la evacuación de la prueba en el juicio oral, la segunda instancia en el Régimen Cautelar y los resultados del Tribunal Contencioso a 4 años de su reforma.

La mesa redonda sobre los retos y desafíos de la Nueva Justicia Administrativa tendrá lugar en una mesa redonda y contará con la participación como expositores, de los magistrados Ernesto Jinesta Lobo y Oscar González Camacho, así como de Manrique Jiménez Meza y Aldo Milano Sánchez.

Durante la sesión de la tarde, se preparará una encerrona con jueces y juezas que tramitan la materia contenciosa y para el viernes 29 de octubre, esta sesión privada contará con la participación de abogados de instituciones públicas, abogados litigantes, magistrados y jueces y juezas.

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Formación del Contrato.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 05 Jul 2011 21:43:06 PDT

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Que difícil resumir parte de una obra que ya en si esta resumida, obra que es una guía para los estudiantes de derecho, vigente por su sencillez y síntesis. Especialmente tratar de hacerlo sin alterar ni copiar el estilo de quien la escribió.

Se han seguido textualmente todos los títulos y subtítulos de la obra de consulta, añadiendo en unos u cercenando según el criterio de quien presenta este artículo.

Al igual que el autor del libro, hago mías sus palabras al afirmar que este trabajo no tiene la forma de un escrito científico dirigido a especialistas. No pretende más que presentar a grandes rasgos como se forma el contrato, situándonos en una fase muy inicial de este en la que los sujetos tienen una primera toma de contrato[1] con el fin de celebrar uno en el futuro.

Llevaremos de una forma muy light el estudio de la formación de un concepto cuya relación indisoluble con los hechos jurídicos, con la norma jurídica y con el concepto general de derecho, ha quedado plenamente demostrada a lo largo de la historia (Ver El Contrato en el Derecho Romano de Edward Cortés García), dándonos cuenta de que el contrato, cualquiera que sea su figura concreta o pre figura, tiene una función y contenido constantes y no se desliga en ningún momento de estar sujeto del ordenamiento jurídico.

Como siempre este trabajo puede ser descargado, publicado, mejorado y utilizado por quien a bien lo tenga, mientras mantenga referencias al autor original; el mismo no se responsabiliza de dicho escrito, pues como siempre aclara es solo un estudiante de derecho.

[1] Se recomienda leer “La Formación del Contrato”, Editorial Temis S.A, Jorge Oviedo Albán. 2008, para mayor abundamiento sobre el tema central.

Principios Derecho Laboral.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 03 Jul 2011 07:33:36 PDT

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El derecho del trabajo ha de estar constituido por un conjunto de relaciones jurídicas. Al hecho social trabajo el derecho le reconoce consecuencias jurídicas y, por ello, las regula. El derecho del trabajo tiene su razón de ser en la necesidad de protección social de quienes se hallan en una relación de trabajo dependiente o subordinada, y por ello la generalidad de la doctrina circunscribe el concepto “trabajo”, a los fines del derecho pertinente, a aquel que se presta bajo esas condiciones, excluyendo así al que se desarrolla en forma independiente, el cual será objeto de otras regulaciones. En determinados aspectos las normas se han extendido a ciertos grupos de personas que, pese a no ser jurídicamente dependientes, experimental análoga necesidad de protección, lo que ha llevado a algunos autores a propiciar la revisión del concepto clásico que limita el objeto de nuestra disciplina al contrato de trabajo subordinado.

Dentro del hecho social trabajo tiene una gran importancia la llamada relación jurídica individual (trabajador-empleador). Pero hay una posibilidad de relaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, que igualmente vigilan, como grupos sociales, el cumplimiento de las condiciones fijadas, y junto a ellas una relación de empresarios y trabajadores con el Estado.

Todo este plexo de relaciones es regulado por medio normas de origen heterónomo (impuestas de afuera-ley), y autónomo (producto de la voluntad de las propias personas comprendidas-contrato).

Las normas jurídicas se complementan con ciertos principios, esto porque toda cultura jurídica necesita fórmulas de equidad con cuyo auxilio poder corregir consecuencias insatisfactorias del derecho escrito. Tal es la esencia y función de los principios jurídicos. Principio, del latín principium, designa a lo que viene primero, antes de todo, “al principio”, en un determinado orden de cosas. A la vez, principio es también causa u origen de esas otras cosas, las cuales de algún modo se derivan, se desarrollan o desenvuelven a partir de lo primero. Se llama también principio a la base sobre la cual se cimienta y edifica una estructura conceptual, teórica o práctica. El Derecho, que es una disciplina eminentemente práctica, tiene unos principios generales que fundamentan e informan a todas sus ramas. Estas, a su vez, poseen también principios peculiares que permiten diferenciarlas entre sí.

Según Américo PLÁ, los principios son “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver casos no previstos” .

La definición de PLÁ nos permite determinar las funciones que los principios cumplen en el campo jurídico:

1) Función informadora.

Los principios constituyen el fundamento valórico de las manifestaciones positivas y contingentes del Derecho. Esta función informadora es manifestación de la dimensión axiológica de los principios, en virtud de la cual, éstos son concebidos como axiomas o postulados éticos que deben inspirar el ordenamiento jurídico positivo. Por consiguiente el contenido de las normas debiera ser concreción de los mismos. En este sentido los principios son fuente material del Derecho.

2) Función interpretativa.

Si, como acabamos de decir, los principios son directrices que orientan la creación del derecho positivo hacia fines considerados valiosos, resulta que también se los puede concebir como ratio legis o mens legis de las normas, vale decir, como los fines u objetivos perseguidos por el legislador y que, por tanto, deben orientar su interpretación teleológica y evolutiva. Los principios son pues, principia cognoscendi, en cuanto permiten determinar la norma aplicable al caso concreto, establecer su sentido o significado correcto y alcanzar de esta manera la solución justa del conflicto o caso al cual debe ser aplicada.

3) Función normativa o integradora.

Pero además, los principios forman parte del ordenamiento jurídico en calidad de fuentes normativas. Los principios actúan como fuente supletoria de la ley en silencio de ésta o cuando la ley adolece de una obscuridad insalvable por vía interpretativa, como ocurrirá, por ejemplo, cuando su aplicación conduce a una situación absurda o inicua.

Los Principios Generales del Derecho del Trabajo, plasmados generalmente en las normas sobre la materia, son la concreción de valores universales de seguridad, justicia e igualdad, que responden a la esencia del sistema normativo, que lo orientan y ayudan a su interpretación, alumbrando los casos dudosos o de vacío legal, constituyéndose así en fuentes del Derecho en general, aunque esta rama, especial por el objeto, digno de protección, como es el trabajo humano, posee también principios específicos e inmutables para salvaguardar la dignidad del trabajador, y la seguridad jurídica. Esta recopilación menciona algunos de ellos, pues varían según el jurisconsulto, no se ahonda (aunque el autor lo resiente) en que sucede si no se aplica cada uno de los principios citados.

Como siempre, este trabajo podrá ser copiado, modificado y redistribuido; teniendo en cuenta que quien lo comparte SOLAMENTE ES ESTUDIANTE DE DERECHO.

Historia de los Derechos Humanos. 3000 AC - 2002 DC.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Mon, 06 Jun 2011 23:09:38 PDT

Historia de los derechos humanos

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Crónica de la I Conferencia "Bioetica, Dignidad Humana y Aborto".

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Wed, 20 Apr 2011 07:09:19 PDT

Desde el mes de febrero el personal de la Contraloría de Servicios del Hospital Dr. Max Terán Valls de Aguirre inicio gestiones en coordinación con la Dirección Médica y Administrativa con el fin de informar a la población en general sobre temas tan delicados como lo son la vida y la dignidad.

Los encargados de brindar esta información serían miembros reconocidos a nivel nacional por su participación en el sector salud y lucha por el derecho a la vida, bien jurídico primordial y protegido dentro de nuestra constitución en su numeral 21. La Licenciada Alexandra Loría Beeche, el Doctor Rodrigo Álvarez Revelo, Doctor Luis Gerardo Jiménez y el experimentado Doctor Hernán Collado Martínez; fueron los encargados desde las diez de la mañana del día seis de abril del dos mil once de informar de manera clara, directa y entendible al público asistente.

Con la introducción de la serie de conferencias por parte del señor Yanan León Mora y la intervención del Licenciado Freddy Guerrero Machado, Contralor del Hospital Max Terán Valls, inicio la primera conferencia con el título “Inicio de la Vida”. El Doctor Álvarez abordo el tema desde un punto de vista científico, apoyándose en estudios genéticos recientes, siendo la idea principal de su conferencia el hecho de que existe una unión única y especial al realizarse la fecundación del ovulo y que este proceso es solo el inicio de un proceso de cambios que como seres humanos sufrimos durante toda nuestra existencia.

El tema de la debatida píldora de emergencia también se hizo presente dentro de la serie de conferencias, siendo el Doctor Collado el encargado sobre este tema, se explicó al público la función no solo anticonceptiva, sino también abortiva de dicho medicamento, como pruebas de esto se aportó incluso las mismas indicaciones del medicamento.

Talvez el tema más esperado de la serie de conferencias fue el relacionado a la Fecundación In Vitro, siendo que es tema de actualidad en nuestro país. Se inició el mismo hablando de la concepción de vida que se había comentado dos conferencias atrás, llevándolo hasta el tema del “Indubio Pro Vita” y los derechos del nasciturus. También se realizó una exposición sobre cómo se ha manejado ante la opinión pública que la única manera de combatir la infertilidad es mediante dicha técnica, abandonando procedimientos más económicos, menos riesgosos y que no colocan en peligro la vida de la madre y los hijos.

La Licenciada Loría expuso a los presentes el trato jurídico que se le ha dado dentro de nuestra legislación a la vida y como las políticas del Estado deben estar en favor de proteger la misma y nuca en actitudes que le puedan perjudicar, esto en concordancia con: los principios de No Malevolencia y de Benevolencia, el Principio de Doble Efecto, Principio de Integridad, Principio de Justicia y el Principio de Utilidad; este último enuncia “Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, elige siempre aquella actuación que produzca el mayor beneficio para el mayor número de personas” y entendiéndose como persona humana lo expuesto por el numeral 31 de nuestro vetusto Código Civil son muchos nasciturus los que se verán beneficiados.

El Doctor Collado en su conferencia “Investigación con seres humanos”, expuso como durante los últimos años se han realizado experimentos contra la dignidad del ser humano, sin consentimiento de estos, con fines poco éticos. Se expuso casos como el reciente de Guatemala o incluso denuncias en donde se vieron involucrados hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Fue enfático el Doctor al mostrar que el fin jamás puede justificar los medios, pues el ser humanos es igual sin distinción de ningún tipo y cualquier investigación en donde sea necesaria su intervención deberá ser por su voluntad y conociendo toda la información disponible para la toma de decisiones.

El tema de “Abreviación de la Vida (Eutanasia)” a cargo del Doctor Jiménez fue abordado desde la perspectiva de la Bioética, hablando de la importancia de la vida y de cómo se debe de proteger esta, e introdujo a los asistentes el concepto de “tanatocracia” con respecto al actuar de instituciones fundamentales de la sociedad costarricense cuyo fin es preservar la vida.

Esta primera serie de conferencias cumplió con el objetivo de informar sobre temas de interés actual y que de una u otra forma se relacionan con nuestra vida.

El objetivo nunca fue cambiar puntos de vista, ni declaramos los dueños de la verdad absoluta, la actividad se realizó para suministrarle elementos de juicio, conocimiento que puede ser de utilidad en el futuro a los asistentes, en sus decisiones o en las de un ser amado.

Al final, quienes estuvimos allí, salimos entendiendo que es la vida una interpretación genética que inicia desde la fecundación del ovulo y cesa con nuestra muerte, que no hay nada más valioso que la vida y es deber de todos, no solo del Estado protegerla. No puede ser dejado a la ligera el tema de la dignidad humana, no podemos permitir la cosificación de las personas antes del momento natural en que esto sucede (la muerte), ni so pretexto de un fin en apariencia correcto, atropellar los derechos de los demás.

Tec. Edward Cortés García.

Asistente Contraloría de Servicios.

Hospital Dr. Max Terán Valls.

Acta Notarial.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Wed, 30 Mar 2011 20:34:34 PDT

Acta Notarial.

Eduardo León Mora[1].

SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de acta notarial. 2. Instrumentos Públicos Notariales. 2.1. Motivo y Solicitante. 2.2. Representación. 2.3. Identidad del posible Notificad. 2.4. Formalidades. 2.5. Presencia del Solicitante. 2.6. Unidad del Acto. 2.6.1. Oportunidad de Redacción. 2.7. Referencias a Documentos. 2.8. Firma de requeridos y demás personas presentes. 2.9. Presencia de Peritos. 3. Clasificación Tradicional de las Actas Notariales. 3.1. Acta de Presencia. 3.2. Acta de remisión de documentos por correo. 3.3. Actas de notificación y requerimiento. 3.4. Actas de exhibición de cosas o documentos. 3.5. Actas de Referencia. 3.6. Actas de Notoriedad. 3.7. Actas de Protocolización. 3.8. Actas de depósito ante notario. 4. Conclusión.

Introducción.

Tradicionalmente se ha afirmado entre los notarialitas que la diferencia entre acta notarial y escritura pública radica en el contenido: mientras el contenido de la escritura es un negocio jurídico, un ’consentimiento negocial’, el contenido del acta notarial es un hecho. El Código Notarial de Costa Rica en el artículo 101 la define de la siguiente manera:

ARTÍCULO 101.- Definición

Las actas notariales son instrumentos públicos cuyas finalidades principales son comprobar, por medio del notario y a solicitud de parte interesada, hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su presencia, darles carácter de auténticos, o bien hacer constar notificaciones, prevenciones o intimaciones procedentes según la ley.

A las actas notariales les serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de las escrituras públicas, con las salvedades resultantes de este capítulo.

Así que nuestra definición de Acta Notarial es acorde a la doctrina domínate, pues es muy clara al mencionar que tratara sobre hechos y no negocios jurídicos, por lo que podremos decir sin temor a equivocarnos que el acta notarial es aquel instrumento público notarial, emanado de competente notario y que no tiene carácter de escritura pública. De esta forma incluso estaremos acorde con la definición del diccionario de la Academia de la Lengua Española online que la define como "relación que extiende el notario, de uno o más hechos que presencia o autoriza".

En el transcurso de este articulo veremos la legislación aplicable a estos documentos redactados y autorizados por el Notario en que se consignan hechos y circunstancias que presencia o le constan de propio y personal conocimiento y que, por su propia naturaleza no constituyen un contrato o negocio jurídico.

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[1] Estudiante de Derecho Universidad Panamericana.

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El Albacea.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 29 Mar 2011 19:01:54 PDT

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Instrumento Público.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 29 Mar 2011 18:43:55 PDT

SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de instrumento público. 2. Instrumentos Públicos Notariales. 2.1. Clases de Instrumentos Públicos Notariales. 3. La Fe Pública. 4. La Norma. 5. Conclusión.

Introducción.

En la obra Teatro de la legislación universal de España é Indias por orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas de Antonio Javier Pérez y López, impresa en la imprenta de don Antonio Espinosa, en el año de 1797 y dentro de sus 406 páginas se menciona que el instrumento público, es el que es hecho por Escribano con asistencia de tres testigos, y las demás solemnidades que nuestras leyes exigen, nos menciona el autor de la obra de marras que hay además el instrumento auténtico, que es el sellado con sello auténtico, como del Príncipe, Obispo, Abad, Monasterio, Orden, Milicia, Conde, Concilio o Grande, que tiene bandera, y hace prueba contra el que mandó que se sellase. El instrumento Público, cuando tiene todas las solemnidades que se requieren, hace plena fe.

Más recientemente en el libro Fundamentos de Derecho Civil , en el Volumen 5 de José Puig Brutau , en la página 228 refiere que "Por instrumento público o auténtico debe entenderse la escritura pública, bien autorizada por Notario, o bien por agente diplomático o consular en funciones notariales en el extranjero.

Ahora un poco más en nuestra época podríamos decir que instrumento público son aquellos que reuniendo los requisitos de forma impuestos legalmente, cuentan con la intervención de un oficial público capaz, en razón de haber sido nombrado para el desempeño de su cargo por autoridad pública competente y que él a su vez, debe ser competente en razón de lugar, dentro del ámbito donde ha sido designado, y en la materia sobre la que trata el instrumento, que aparece autorizando.

Entonces podemos observar como el concepto a pesar de variar ha mantenido un núcleo pétreo, que es el hecho de necesitar que “El instrumento Público tenga todas las solemnidades que se requieren”. Este artículo versa sobre los requerimientos para dar el título de instrumento público a un documento en Costa Rica y el trato que tanto el Código Notarial como los respectivos instrumentos Civiles le dan.

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Acoso Sexual ... Una Enfermedad Laboral.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Mon, 14 Feb 2011 16:18:54 PST

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Uno de los problemas que se asemeja a la gripe, pues a pesar de que se utilizan muchos medios para evitarle y para exterminarle siempre sigue presente en nuestra realidad.

SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de acoso sexual. 2. El acosador. 3. La victima. 4. El ambiente laboral. 5. Nuestro marco jurídico. 6. Conclusión.

Libros y artículos se han escrito referentes a este tema sobre el cual versaran estas letras y más se escribirán lamentablemente, sin embargo mientras más concientes seamos las personas de nuestros derechos y en especial de que no estamos solos, de que existe toda una maquinaria jurídica que respalda a quienes sean victimas de estas actividades malsanas y en especial viendo que la misma surte efecto (en buena medida debido a la acción que ejecutemos como victimas), tenemos la esperanza que al igual que la viruela, algún día no muy lejano el acoso sexual se erradicara.

Con esta premisa y deseo, también se debe de hacer conciencia sobre la naturaleza del acoso sexual[1], el cual incluye una serie de agresiones desde molestias a abusos serios que pueden llegar a involucrar actividad sexual.

Este tipo de acoso sucede típicamente en el lugar de trabajo aunque otros ambientes no son ajenos a propiciar este tipo de conducta enferma. En la ley le encontramos definido de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Definiciones. Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:

a) Condiciones materiales de empleo o de docencia.

b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo.

c) Estado general de bienestar personal.

También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados (Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia)”.

La definición de acoso sexual puede abarcar un amplio abanico, dependiendo de la opinión de cada individuo respecto a lo que entiende que pueda ser al acoso.

Al inicio de este documento mencionamos que el acoso podría llevar involucrada actividad sexual, sin embargo no podemos encasillarnos en pensar en roses, insinuaciones eróticas o similares acciones, aunque reconocemos que es lo considerado como típico; también esta presente dentro de estas conductas los comentarios lascivos, discusiones sobre superioridad de sexo o las bromas sexuales. De igual forma para seguir ampliando el concepto al que se le dará tratamiento en este texto, no debemos creer que el acoso sexual solo se dé dentro del lugar de trabajo, ya que fuera del lugar de trabajo también se considerada otra forma de acoso sexual e incluso dentro del mundo virtual.

[1] El término es acuñado en la Universidad Cornell, en 1974.

Regímenes Patrimoniales y Liquidación de Bienes Gananciales.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Thu, 03 Feb 2011 06:33:04 PST

El matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos años se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho que ambos contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la introducción, por algunos ordenamientos, del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el tiempo del derecho romano algunos autores hablan de que el matrimonio derivaba de una venta de la esposa a cambio de un precio real, sin embargo no hay texto alguno que nos refiera a la compra real de la uxor, siendo esta idea también contraria a la importancia que se dio al consentimiento de la mujer en el matrimonio romano.

En Costa Rica el legendario Alberto Brenes Córdoba refiriéndose a la composición etimológica de la palabra matrimonio decía que sobraban razones para definirlo como trabajo de madre, pues es la mujer quien lleva la parte más gravosa del matrimonio, a causa de la gestión, nacimiento y crianza de los hijos.

Para proteger los intereses económicos en el matrimonio se instauran en la legislación los regímenes matrimoniales, donde los dividiremos sencillamente en régimen legal supletorio, el cual deriva de la voluntad del legislador y el régimen convencional donde se respeta la libre convención, esto es que sean los propios cónyuges quienes establezcan los parámetros de cómo se va a establecer ese régimen en su relación matrimonial, o al terminar el mismo se puede hacer mediante el divorcio por mutuo consentimiento.

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Contacto

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 16 Aug 2011 02:13:24 PDT

Gracias por tomarte tu tiempo.

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La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho. Honoré de Balzac.

Presentando

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 16 Aug 2011 02:22:35 PDT

Contactanos Por Video

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Tue, 16 Aug 2011 07:54:17 PDT

La Fé Pública

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 02 Jan 2011 01:22:46 PST

El bien jurídico fe pública, construido luego de una larga evolución doctrinal, encierra un significado particular en el que tiene relevancia el poder del Estado de atribuir a ciertos actos suyos o de los particulares, traducidos en documentos, validez general para acreditar determinado tipo de relaciones jurídicas. Para ello se vale de ciertas formalidades que deben rodearlos, como su elaboración o certificación por determinado tipo de funcionario, con el cumplimiento de requisitos establecidos legal o reglamentariamente, o bien el cumplimiento de determinadas formas -sellos, papel especial, timbres, etc.- a partir de los cuales se les asigna valor de verdad, en cuanto prueban lo que en ellos consta. Fe pública es pues, la confianza que, por esa intervención del Estado a través del derecho, se genera en esos documentos y lo que ellos certifican o representan, dándoles fuerza para generar un juicio de certeza, bien de la realización de un acto creador de relaciones jurídicas, o bien que de cuenta de ellas y que por ello les permite generar efectos jurídicos.

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Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 02 Jan 2011 00:54:36 PST

« ¡Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena! »

-Bergman, Ingmar-

El 19 de octubre de 1999 se aprueba y en ella se establecen los derechos y los beneficios para las Personas Adultas Mayores y se plantean algunas sanciones para quienes violen esos derechos.

Proponiendo una serie de apartados destinados cada uno al abordaje de todos aquellos elementos que propicien el mayor bienestar y el goce pleno de la vida de las Personas Adultas Mayores, estableciendo los derechos y beneficios.

Ley integral para la persona adulta mayor

Ver más presentaciones de Juris Cucho.

Link: http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43655&nValor3=70708&strTipM=TC

Los Servicios Públicos.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 02 Jan 2011 00:36:14 PST

Los servicios públicos

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Descargas.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 11 Dec 2011 08:35:26 PST

En esta página se publicaran las diferentes descargas que se encuentran dentro de este blog, cada una con una lacónica explicación.

Si bien esta idea es facilitar aún mas a los usuarios de Juriscucho obtener el material de apoyo que buscan, nunca estará de más un comentario de agradecimiento, en especial cuando los índices de descarga de Megaupload suben constantemente.

No se subiran libros de Derecho salvo aquellos que efectivamente esten disponibles gratuitamente en formato digital.

Nombre del archivo: 2CongresoLatinoamericanoJuridicoSobreDerechosReproductivos.rar

http://www.megaupload.com/?d=198QR00M

Descripción del archivo: Congreso celebrado en Noviembre de 2011 sobre derechos reproductivos en CR.

Nombre del archivo: Formación del Contrato.docx

Descripción del archivo: Desde el inicio de un contrato y algunos tipos juridicos que hay antes de el.

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Nombre del archivo: Principios del Derecho Laboral.docx

Descripción del archivo: Principios del Derecho Laboral, con Jurisprudencia de Tribunales de Costa Rica

Tamaño del archivo: 70.8 KB

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Nombre del archivo: Acta Notarial.docx

Descripción del archivo: Acta Notarial en Costa Rica

Tamaño del archivo: 40.08 KB

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Nombre del archivo: Alabacea.docx

Descripción del archivo: El Albacea en el Derecho Costarricense

Tamaño del archivo: 41.17 KB

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Nombre del archivo: instrumento publico.docx

Descripción del archivo: Caracteristicas y diferiensiación del Documento Público

Tamaño del archivo: 38.02 KB

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Nombre del archivo: Acoso Sexual Una Enfermedad Laboral.doc

Descripción del archivo: Acoso Sexual Una Enfermedad Laboral.

Tamaño del archivo: 76.5 KB

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Nombre del archivo: Regimenes Matrimoniales.docx

Descripción del archivo: Y el Dinero de quien es a la hora de la separación?

Tamaño del archivo: 235.29 KB

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Nombre del archivo: La Fe Pública.doc

Descripción del archivo: La Fé Pública en el Código Penal de CR

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Nombre del archivo: Memoria III Congreso Internacional.doc

Descripción del archivo: Memoria III Congreso Internacional de Derecho Procesal

Tamaño del archivo: 1.66 MB

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Nombre del archivo: Memoria COnferencia Salud.doc

Descripción del archivo: Memoria I Conferencia Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Salud y Derecho a la Salud

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Nombre del archivo: trabajo de yanan.doc

Descripción del archivo: Ejecutoriedad del Acto Administrativo

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Nombre del archivo: Classical contrahere juris Romani.docx

Descripción del archivo: Concepto del Contrato en el Derecho Romano Clásico Juriscucho

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La Acción de Inconstitucionalidad

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Nombre del archivo: Usucapion El Terror De Costa Rica.doc

Descripción del archivo: Usucapión en Costa Rica, con jurisprudencia y derecho comparado

Tamaño del archivo: 154 KB

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Carta del Contralor del HMTV en Visperas de Navidad.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Fri, 24 Dec 2010 16:56:22 PST

CS-H.DR.M.T.V. No. 46-12-2010

Quepos 24 de Diciembre de 2010

Estamos a unas pocas horas de una fecha que se espera con ansias durante todo el año, las luces y decoraciones, regalos y saludos son signos de que estamos prestos a celebrar la Navidad, nos marchamos al hogar de vacaciones o por fin de semana a compartir con nuestros seres queridos, dejamos atrás las labores diarias para concentrarnos en celebrar, nos olvidamos por un momento de todo y nos transportamos a un mundo de donde también en solo unas horas deberemos de abandonar.

En esta época de reflexión es necesario pensar no con la cabeza y la razón, sino con el corazón, sobre nuestras labores, del día a día que esta y estará Dios mediante después de las fiestas, este año que nos anuncia con la llegada del 25 de Diciembre que esta en su fase final nos abandona con frías cifras que nos ofrecen las estadísticas, de usuarios y usuarias que no son solamente números, pues ellos tienen rostros concretos, nombres y apellidos. Usuarios que requieren que les tratemos con esa sonrisa y abrazo de esta fecha todos los días.

Que ese sentimiento de alegría que muchos esbozan, no sea fruto de los grandes banquetes ni de los regalos ostentosos, sino que nazca del corazón puro y de la buena conciencia. Tomemos la esencia de estas celebraciones, recordando que es un gran deber el que se nos ha encomendado, el de servir al necesitado, al enfermo, al que simplemente busca un hombro sobre el cual llorar; estamos en esta insigne institución para aquellos que por diversas razones solo cuentan con ella para suplir sus necesidades, somos el soporte de los débiles y desfavorecidos, de los que carecen de lo necesario para su sustento, de quienes han perdido la esperanza muchas veces … no le demos motivos para perderla. No olvidemos que sólo disfrutaremos de la alegría auténtica que se supone debe reinar en estas fechas quienes, movidos por un buen corazón, nos acerquemos más a los usuarios poniéndonos de su parte y en su lugar, compartiendo con ellos, viviendo también muy cerca sus situaciones. Se que esto es difícil en muchas ocasiones, más no es imposible, sobre todo hay que tener educación y ser capaces de aceptar las diferencias, saber estar en compañía de otros y ser capaces de tratarlos tan bien como nos gustaría nos trataran. Estamos en vísperas de una fecha en donde se presenta una buena ocasión para pensar en los demás, no sólo en uno. Buena idea es regalar palabras y afectos, porque no sabemos si a alguien, algún día le vendrán bien. Hecho esto, pensemos en trasladar esa costumbre tan apreciable a todos los días del año. Más que tratar de aparentar cierta felicidad estos días, cada cual podría tratar de ser feliz cada día.

En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en el radio, en la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue el día de Navidad, sin embargo muchos olvidan lo que se pretende celebrar en esta fecha, comprendamos compañeros que cuando el reloj de hoy, las doce de la noche y todos se saluden, habrá también un espíritu de amor y paz que espera ser abrazado por ustedes y que no espera ser dejado libre, sino ser remozado con cada navidad, por favor que este no resulte extraño en sus fiestas ni en sus vidas terminando como el niño en la calle, como un ser abandonado, triste y olvidado. Mientras comprendamos que con nuestras acciones y un poco de amor podemos ser parte de los cambios, que con mucha ilusión mirando al derredor nos enfrentemos valientemente a la naturaleza ambiciosa del ser humano, de la superficialidad, del egoísmo, impidiéndonos ser capaces de cerrar los ojos ante el dolor ajeno ... entonces compañeros tendremos muchas razones para celebrar.

CONTRALORÍA DE SERVICIOS HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS.

Lic. Freddy Guerrero Machado

Contralor De Servicios.

Derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios de Salud

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Fri, 03 Dec 2010 10:09:26 PST

Derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios de Salud

Juris Cucho.

Memoria de la I Conferencia Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Salud y Derecho a la Salud

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Fri, 03 Dec 2010 09:55:04 PST

Derechos y Deberes forman parte de las normas de la sociedad en la que nos manejamos, como ciudadanos debemos tener conciencia de ambos para poder defenderlos y ejercerlos de la mejor manera. El objetivo de la “I Conferencia sobre Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Salud y Derecho a la Salud” es hacer conciencia en la razón de ser de estos derechos y como poder defenderlos, pero también recalcar en que cada derecho tiene un deber implícito.

En la primer exposición, el Licenciado Guerrero hace énfasis en recordarnos que los derechos y deberes que tienen las personas usuarias de los servicios de salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social y los centros privados, están establecidos por la Ley 8239, aprobada el 13 de marzo de 2002 por la Asamblea Legislativa por medio de la Comisión Legislativa Plena Primera.

"Esta Ley tiene por objeto, tutelar los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de todos los servicios de salud, públicos y privados, establecidos en el territorio nacional", según dicta el Artículo 1 de Ley. Además de los derechos que establece la Ley 8239, existen otros derechos de asegurados y usuarios de los Servicios, reglamentados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Capítulo VI del Reglamento del Seguro Social. Todo esto, obedeciendo a los Artículos 73, 74 y 177 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que faculta a la Caja Costarricense de Seguro Social a universalizar los seguros sociales, en beneficio de los trabajadores que residan en el territorio nacional y que coticen responsablemente en el Seguro Social.

Enfatizando en como las leyes de Costa Rica otorgan derechos a las personas aseguradas a la vez que establecen ciertos deberes para las personas que utilizan los servicios de salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social, y que están estipulados en el Artículo 4 de la Ley 8239 sobre Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, además los que están establecidos en el Artículo 76 del Reglamento del Seguro Social de la CCSS.

Recordemos que la Constitución Política de nuestro país no contempla expresamente el Derecho a la Salud, pero sí tutela la vida humana, que declara en su artículo 21 inviolable. Esta inviolabilidad de la vida comporta, implícitamente, el derecho de todo ser humano a disfrutar de una vida plena, lo cual —clara e inequívocamente— entraña una exigencia Fundamental a gozar de la salud. Por ende, esta última resulta ser un corolario y componente indispensable e inescindible del Derecho a la Vida (sentencia 2000–9051 de las 10:18 del 13 de octubre de 2000). La clarísima raigambre constitucional del Derecho a la Salud se ve complementada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley N° 4229 del 11 de diciembre de 1966, que además de formar parte del parámetro de constitucionalidad, contempla expresamente el Derecho a la Salud, y lo disciplina de la siguiente manera:

"Artículo 12

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

(...)"

Dada la importancia de este tema, el Licenciado Román Navarro nos expondrá en cuanto al derecho a la salud, sobre el que nuestra Constitución Política se preocupa de regular expresamente los aspectos con el relacionados, catalogados como parte de los derechos constitucionales sociales, como el derecho a la seguridad social, derecho del que no se puede negar su existencia, por ser derivado directo del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de nuestra Constitución y otros, ya que éste —el derecho a la vida— es la razón de ser y explicación última del derecho a la salud, mostrando como la conexión existente entre ambos es innegable, el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. Es así como se tratara de crear conciencia en el estimado asistente, de que el ser humano es el único ser de la naturaleza con conducta teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, en esa condición de ser cultural donde radica la explicación sobre la necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que tiene éste derecho está, como se explicara, el derecho a la salud o de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades.

El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos y la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Que sea entonces de provecho esta “memoria” para cumplir con los objetivos ya que tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.

Edward Cortés García.

Asistente Contraloría de Servicios

Hospital Max Terán Valls.

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La Ejecutoriedad del Acto Administrativo.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Fri, 15 Oct 2010 10:59:19 PDT

Este trabajo aborda un tema que por la amplia cantidad de casos encontrados como jurisprudencia, parece no ser muy bien entendido por la mayoría de personas (no diré abogados pues muchas veces muchos siguen el concepto de que quien paga manda), un tema con más de 200 sentencias, muchas de ellas del máximo tribunal Constitucional, que mantiene una línea clara y de la cual no se ha apartado en más de 15 años (cantidad de sentencias en tiempo leídas por quien escribe).

La ejecutoriedad de un acto administrativo, que se encuentra normada en nuestra legislación en ley especial, Ley General de la Administración Pública, es un tema ampliamente abordado por la Doctrina, tanto local como internacional, discutido en tribunales constitucionales de Colombia y España, ambos fuente de Derecho de nuestro Sistema Jurídico.

Pretendo en estas letras, dejar en claro el concepto que tiene por título esta recopilación de información, concepto que después de la investigación parece tener muy en claro nuestros tribunales más no así los administrados y quienes por ellos representan sus intereses jurídicos.

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El Contrato en el Derecho Romano.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Mon, 11 Oct 2010 12:58:49 PDT

Suele pensarse que la romanística es una ciencia estática, en la cual ya no cabe ningún progreso, toda vez que el Derecho Romano fue un derecho que existió en un momento histórico determinado y que por lo tanto ya no puede cambiar. Se argumenta que lo que fue, ya fue y así se quedó. Claro que el Derecho de Roma como tal ya no puede cambiar, más nuestro conocimiento de este sí cambia y progresa a medida que se va profundizando en el entendimiento e interpretación de las fuentes jurídicas romanas.

Hoy es usual en todos los manuales y tratados de Derecho Romano el distinguir entre los regímenes clásico y postclásico de cada institución, hay muchas reglas del derecho clásico que ahora conocemos gracias a los progresos de la crítica romanística pero que fueron ignoradas en el proceso de formación de los derechos occidentales modernos.

Esto sucede específicamente en el tema del concepto o noción de contrato. La noción que prevaleció como propia del Derecho Romano y que se recibió en los códigos civiles actuales es que el contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. Sobre esta noción, el derecho privado moderno ha construido toda una teoría general del contrato. Sin embargo la romanística ha descubierto que la noción clásica del contrato no era esa, sino la que proporciona Labeón, según la cual el contrato es esencialmente la obligación recíproca. Sobre esta noción se puede construir una nueva teoría de los contratos, que permita superar la actualmente en vigor, que bajo muchos aspectos se encuentra en crisis debido al hecho de que en la mayor parte de los contratos no hay un acuerdo de voluntades pleno, en el sentido de que las partes no lo construyen a través de un proceso de negociación, sino que la mayoría son contratos en que una parte impone a otra el contenido del contrato, de modo que ésta última no tiene más voluntad que asentir o rechazarlo, y como no puede negarse que en tal circunstancia, hay un acuerdo de voluntades, se llega equívocamente a la conclusión de que tal contrato, en tanto es producto de un acuerdo de voluntades es válido, independientemente de su contenido.

De este modo, la noción de contrato como acuerdo de voluntades, al dar preeminencia al acuerdo de voluntades, que se dice es la “ley” principal de los contratos, viene a servir como medio para legitimar la imposición de la voluntad más fuerte.

Espero poder explicar cómo se formó la opinión generalizada de que el contrato es el acuerdo de voluntades, para luego explicar la definición de Labeón y los argumentos para demostrar que esa fue la noción clásica, consideración particularizada de los negocios que resultó de gran efectividad en el quehacer jurisdiccional en el derecho romana. Y concretamente mostrar que esta manera de entender la noción de contrato (Concepto Labeón) no significa de ninguna manera signo de una insuficiencia, de una incapacidad de síntesis de la jurisprudencia romana. Más bien –como lo afirma Sargenti- “puede ser, según mi criterio, uno de tantos indicios de su capacidad de concreción, de su adherencia a la realidad; a una realidad que no se deja constreñir en esquemas rígidos, sino que requiere de los esquemas conceptuales, también necesarios en la construcción jurídica, una extrema adaptabilidad” .

Aclaración.

Este trabajo está basado en la obra del maestro José Luis de la Peza “Obligaciones”, siendo una fuente rica de conocimiento y que propone un cambio a muchos conceptos validos a la fecha de la creación de este documento.

Como siempre, este escrito esta dentro del marco del Copyleft, por lo que su modificación, distribución y publicación es permitida.

Recuerdo una vez más que solo soy estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana de Costa Rica, por lo que es posible que muchos conceptos encontrados entre estas letras no sean acorde al pensamiento oficial de los profesionales en la materia.

Y recordar siempre que los preceptos del Derecho Son:

1. Honest Vivere—vivir honestamente

2. Alterum non ladere—no dañar a nadie

3. Sum cuique tribuere—dar a cada quien lo suyo

Edward C.G.

Contractus

La mayoría de los tratados y en general los manuales que se refieren a este tema, establecen una doctrina que ha venido siendo aceptada concibiendo la idea del contrato y sus diversas formas como una institución de características ya totalmente asentada. Aduciendo dicha doctrina a que el contrato en el Derecho romano hace referencia a todo negocio jurídico privado patrimonial velebrado entre dos personas, que por medio de una convención tiene por finalidad la creación de obligaciones, ya sean éstas unilaterales o bilaterales. Esta idea figura incluso en nuestro propio Código Civil, sin embargo analizando y buscando sobre la base los textos que surgen del Corpus Iuris Civilis, y demás fuentes jurídicas dejada por los juristas romanos, notaremos al final de este texto que dicho contexto conocido hasta ahora resulta falto a la exactitud.

El vocablo contractus, como substantivo en su forma nominativa, no figura en los primeros tiempos, ni tampoco se lo conoce como un término abstracto jurídico en el sentido que lo conocemos hoy. Como lo señala F. Schulz: “Se halla ausente en las obras de César, Cicerón, Salustio, Livio, Tácito, Suetonio y los Plinios (maior y minor) , más aún, lo que resulta un dato más curioso y sorprendente es que el vocablo “contrato” se encuentra absolutamente ausente en el Edicto del Pretor (Cicerón).

El termino contractus se conforma a partir del verbo contrahere, el cual era muy usado en la lengua latina, Vgr: contrahere invidiam, offensionem, culpam, stuprum, incestum, etcétera. Como se ve, este verbo contrahere es una palabra que tiene su antigüedad en la lengua latina, y que es usada en un sentido material y también metafórico.

Muchos fundan su actual concepto en escritos de Gayo, cuando nos habla de las res incorporales, es decir aquellas quae tangi non possunt, dándonos entre otros ejemplos el de las “obligationes quoquo modo contractae”. Precisamente, esta expresión no la podemos traducir como “las obligaciones contratadas de cualquier modo”, pues este mismo autor engloba en una sola expresión no sólo las obligationes que nacen ex contractu, sino también las obligationes nacidas ex delicto. Lo correcto es traducir la expresión como “las obligaciones contraídas de cualquier modo”. Incluso, pienso que hay que tener mucho cuidado cuando en el Digesto se habla de contrahere negotium, que en lugar de ser entendido en el sentido de “celebrar un contrato negocial”, lo debe ser como aludiendo a “contraer un negocio”.

Historia del termino contractus.

Dejando a Gayo por un momento de lado, nos podemos ocupar del primer fragmento en el cual aparece el vocablo contractus. Se trata del paso de Aulo Gelio (Noct. Att., 4,4,2) en la cual cita al jurista Servio Sulpicio, en su obra sobre las dotes (liber de dotibus). Este último autor se refiere a los sponsalia, es decir, a las promesas realizadas de celebrar futuras nupcias. Dice allí: “is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia”. Aquí contractus está empleado en nominativo, por lo que vale como substantivo. Si lo traducimos a la ligera, podríamos hacerlo así: •este contrato de estipulaciones y espomsiones se llamaba sponsalia”. Pero ello sería inexacto, puesto que los esponsales (lo mismo que las nuptiae) nunca fueron considerados un contrato en el derecho romano. El ejemplo viene bien para resaltar lo dicho anteriormente acerca del uso del verbo contrahere. Aquí contractus señala más bien el “contraimiento” de un negocio determinado, es decir, de los sponsalia. Con lo cual podemos traducir el negocio en este sentido: “este contraimiento por medio de estipulaciones y esponsiones se llamaba esponsales” . Vemos, pues, que el empleo del vocablo contractus presenta tonalidades generales, con incertezas y oscilaciones que resaltan genéricamente el empleo del verbo contrahere. Véase, así, que lo que sería el elemento esencial para el concepto moderno y actual de contrato estaría dado por la convención, mientras que, en el derecho romano, como lo recuerda G. Grosso:

“fondamentale il rilievo del Bonfante, che nel contrahere, al meno per l’accezione che si riflete sull’obbligazione, non entra tanto il concetto del consenso quanto quello del vincolo, del rapporto che si pone in atto”.

El uso del vocablo contractus lo podemos encontrar ya en los juristas del siglo I d.C. Pero, salvo el caso especial de Labeón, al cual nos referiremos después, el empleo es muy genérico e impreciso. Una especial importancia tendrá en cambio Gayo, que no es propiamente un iurisprudens (no se le conoce ningún responsum), sino más bien un maestro retórico que se dedicó a enseñar a sus alumnos en qué consistía el ius. Aunque aparece desconocido por los juristas de la época clásica (ninguno lo menciona) tuvo una ventura de gozar posteriormente de una gran popularidad como enseñante del ius. Su fama se torna más visible en los tiempos posclásicos. Así, alcanzará el honor de ser mencionado en la Ley de Citas, como uno de los autores cuyas obras podían ser citadas, válidamente, por los jueces en sus sentencias. Y más aún, Justiniano, al presentar sus Institutas, lo recordará como el “Gaius noster”(Imperatoriam, para nuestro caso, Gayo será considerado en la actualidad como el autor más representativo de la época clásica, y esta idea es algo que perdurará en la tradición varias veces secular de los romanistas posteriores.

Gayo, contractus y las obligaciones.

Hagamos un pequeño himpas para recordar que Gayo (en latín, Gaius), fue un jurista romano de mediados del siglo II, es unos de los juristas más enigmáticos, ya que se carece de informaciones sobre su vida. Por ejemplo, se desconoce su nombre completo, pues Gaius era sólo su primer nombre (praenomen). Incluso, muchos romanistas dudan en que verdaderamente haya sido un hombre, y se ha llegado a plantear la casi improbable tesis de que fuese mujer. Se ha supuesto que nació hacia el año 120 en alguna provincia de oriente y probablemente vivió en alguna localidad provincial del imperio romano. Dentro de sus contemporáneos no hay noticias sobre su vida y obra.

Fundamentalmente fue un profesor de Derecho y todas las obras que redactó tenían finalidad docente. La mayoría de ellas fueron escritas durante el gobierno del emperador Antonio Pío y, a principios, del emperador Marco Aurelio. Con certeza murió después del año 178, como lo demuestra un comentario suyo al SC. Orfitiano de ese año.

Sus principales obras fueron las Institutiones en 4 libros (una de las primeras exposiciones sistemáticas romanas del derecho al modo griego) y los comentarios ad edictum praetoris urbani o ad edictum urbicum (sobre el edictor del pretor) en 10 a 15 libros y ad edictum provinciale en 32 libros (sobre el edicto del pretor, con el habitual apéndice sobre el edicto edilicio) obras que están relacionadas al tema en estudio. Sus Intitutiones alcanzaron gran difusión durante el Dominado (y por ello es prácticamente la única obra de derecho romano que ha llegado casi completa, aparte del Corpus Iuris Civilis), siendo utilizada hasta la época de Justiniano, como un texto para los estudiantes de derecho (siendo objeto de varias ediciones e incluso reelaboraciones y resúmenes). De hecho, las Institutiones de Justiniano se basaron principalmente en la obra de Gayo.

El paso fundamental para nuestro tema lo tenemos en Inst. 3, 88. Allí, Gayo, en forma abrupta, luego de terminar el tratamiento de las herencias de los libertos, pasa a tratar, sin más, de las obligaciones (Nunc transeamus ad obligationes; “y ahora pasemos a las obligaciones”). Y sin darnos ninguna otra explicación, ni menos aún una definición o un concepto de lo que es una obligatio”, nos dice que “omnis obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto”, lo cual, normalmente, es traducido como: “Toda obligación nace o de un contrato o de un delito”.

Recordemos y haciendo comparación con el párrafo anterior, que las fuentes de las Obligaciones llegan a partir de la clasificación de Gayo, la primera que encontramos en la historia jurídica romana, sin embargo puede ser que este la hubiese tomado de Aristóteles en Ethica Nicom. V, 1113 a. Este personaje griego cita que las obligaciones surgen a veces “voluntariamente” buscadas (como, por ejemplo, en la compraventa y otros negocios lícitos) o a veces en forma “involuntaria” (como en el hurto y los otros ilícitos). En este último caso, no cabe por supuesto entender que el hurto no sea cometido sin voluntad, ya que se trata de un acto ilícito doloso, sino que el ladrón enfoca su propósito en apoderarse de la cosa ajena. Si aquí se habla de “involuntaria”, es con relación a la no existencia de su voluntad para hacer nacer una obligación, la cual surge del derecho que le aplica una pena que el ladrón debe pagar. Aunque las fuentes escritas actuales y algunos Jurisconsultos no tomen como cierta esta procedencia aristotélica, lo que dice Gayo en III, 89 transita en el mismo sentido.

¿Qué fue entonces lo que Gayo quería dar a entender como “Contrato”?, pensemos primero que Gayo al presentar las obligaciones, explicando su origen, tenía que darle un nombre a las dos fuentes a las que él redujo el problema. Respecto de las obligaciones que nacen en forma “involuntaria” para el deudor por actos ilícitos realizados contra el ius, utilizo en forma muy genérica el vocablo delictum, y para referirse a las otras aprovecho el vocablo contractus. Ahora veamos como se explica con cierta facilidad gramatical este asunto. El participio pasado del verbo contrahere es precisamente contractus (o contracta; contractum), lo cual significa “lo contraído”. Y ya se conoce como ocurre también en otros idiomas, la facilidad que existe en pasar de la forma gramatical del participio pasado a la forma sustantivada, en este caso precisamente contractus. Para Gayo el sentido primero de su empleo está remarcando el hecho de que con el contractus se está haciendo referencia a las obligaciones que nacen voluntariamente contraída. Esto lo entenderíamos mejor si decimos: “todas las obligaciones nacen o de un contraimiento voluntario o de un delito”. En realidad, en este párrafo que estamos analizando hay dos clasificaciones distintas que se superponen. La primera de ellas está referida al problema de las fuentes de las obligaciones, que Gayo resuelve con la dicotomía contractus – delictum, Gayo nos dice: “Y primero veamos las que nacen de contraimiento (contractus). De éstas hay cuatro géneros: pues, en efecto pueden ser contraídas o por la cosas (re), o por palabras (verbis), o por documentos escritos (litteri) o por el consentimiento (consensus). Si hubiera institucionalizado tanto la noción de contractus, habríamos esperado que, luego del principio introductorio, hubiese dicho: “hay cuatro géneros de ellos (de contratos). En cambio, nos dice que: “Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur” (Y primero veamos aquellas (se refiere a obligaciones, y no a contratos, pues está en femenino plural) que nacen de un contractus (contraimiento). E inmediatamente nos dice que hay cuatro formas de contraer las obligaciones: re, verbis, litteris, consensu. Sacamos, como conclusión de todo esto, que Gayo nos habla de las cuatro formas en que él entiende que pueden nacer las obligationes, y no propiamente de una clasificación de los contractus. Gayo, sin embargo, parece querer decirnos que estas obligaciones, que no nacen de ex delicto, nacen ex contracto. Pero no nos da una idea de qué es un contractus, ni menos aún una definición de éste. Para poder comprenderlo, podemos inteligir que se está refiriendo a contractus como negotium con capacidad de crear “contraimientos voluntarios”. Prueba de todo esto es que luego, cuando Gayo pasa revista a estos cuatro géneros de obligaciones que ha mencionado, no emplea más el substantivo contractus, ni habla de contractus re, contractus verbis, contractus litteris, ni de contractus consensu, sino que habla de las obligaciones. Lo que nos dice Gayo, en el fondo es verdad. Sabemos que el propio Gayo, en su ulterior obra, Res cottidianae sive Aurea (Asuntos cotidianos, usuales o dichos), ampliará la dicotomía contractus – delictum, al establecer que las obligaciones pueden nacer “proprio quodam iure ex variis causarum figuris (por cierto derecho propio, en virtud de varias figuras de causas). Si bien se ha comenzado por tratar el tema del contractus en Gayo, ello fue por cuanto la cuatripartición de las obligationes contractae pasará a ser considerada por una gran parte de la doctrina como la verdadera expresión de la época clásica.

Labeón.

Con anterioridad, un gran jurista de la época augustea había establecido un pensamiento distinto acerca del tema contractual. Este fué Labeón, que fue la figura de iurisprudens más sólida e interesante de su época. El texto al cual hay que hacer alusión es el que figura en D. 50.16.19. Se trata de una cita de Ulpiano, en la cual nos hace saber lo que había establecido Labeón : “Labeón define, en el libro primero del Edicto del Pretor urbano, que unas cosas (asuntos) a veces “se hacen”, a veces “se gestionan” y otras veces “se contraen”, Y ciertamente que “lo actuado” [actum] es una palabra general, ya sea que alguna cosa [asunto] se haga [agatur] de manera verbal [verbis], ya sea mediante la entrega de una cosa [re], como sucede [respectivamente] en la estipulación, o en la entrega de dinero; pero “lo contraído “ [contractum] aignifica la obligación de una y de otras parte, lo que los griegos llaman “synallagma”, como la compraventa, locación conducción y aociedad; “lo gestionado” [gestum] significa alguna cosa [asunto] hecho sin palabras”. Como vemos, el jurista augusteo nos diferencia tres clases de situaciones jurídicas capaces de producir, en el plano patrimonial, el efecto de crear obligaciones. La primera de ellas, es lo denomina actus. Al establecer la amplitud que tiene el vocablo, Labeón cuando habla del contractus. entiende que se trata del caso de negocios convencionales que hacen nacer lo que él denomina una ultrocitroque obligatio. Esta expresión hace referencia a una obligación que sea mutua, recíproca. Citro, unido a ultro en la expresión ultro et citro, ultrocitroque significa de una parte hacia la otra, de lo que está acá y de lo que está allá, lo que está arriba y lo que está abajo, y viene empleado para indicar el movimiento de las cosas, el cual se cumple de ésta a la otra parte, o de aquí, de la otra a ésta.

Gayo Vs Labeón.

Si ahora tratamos de realizar una comparación entre lo que nos dice Gayo y lo que establece Labeón, hay diferencia en contractus, vocablo que Labeón reserva para aquellos casos que Gayo ubica entre los negocios contraídos consensu. Estos son precisamente, si los reducimos a los ejemplos dados a la compraventa (emptio venditio), la locación (locatio et conductio) y sociedad (societas).

Lo que expresa aquí Labeón es que el aspecto esencial para el concepto de contrato no es el consensus, sino la obligación recíproca, es decir, la duplicidad y la reciprocidad del vínculo obligatorio, que nace a cargo de una y de la otra parte (“bilateralidad funcional”). De allí, entonces, la disparidad de ubicación de estos negocios. Este paso tiene muchísima importancia, por cuanto a diferencia de lo que establecerá cronológicamente más tarde Gayo, nos da un concepto restringido de lo que es un verdadero contractus, que para él es la traducción del griego synallagma. Para la generalidad de los romanistas, las consideraciones que hace Labeón había entendido que era una mera curiosidad histórica. Se trataba de una distinción particular de los actos y negocios con que se manejaban los romanos. Pero, se pensaba que era una opinión del fundador de la escuela proculeyan, que en realidad no representaba la opinión jurídica predominante en la época del derecho clásico, la cual sería precisamente la cuatripartición de Gayo, que habría sido la preponderante.

¿Qué significa contractus?

Todo lo que hemos venido leyendo nos plantea el problema de saber lo que significaba realmente contractus en la jurisprudencia clásica: ¿era la idea generalizadora que se puede deducir de la clasificación de las obligaciones expresada por Gayo, o, por el contrario, era el concepto restringido que nos da el texto de Labeón?. Acudiendo al Edicto (versión de Lenel, 5º. ed.) nos encontramos con un panorama particular. Por de pronto, algo que resulta sorprendente, la palabra contractus no aparece mencionada, lo que llama la atención. La interpretación que da A. d’Ors es que en Edicto se recogieron varias fórmulas de condictio aplicadas a cada una de las situaciones de reclamo, pero aun cuando podía existir tales variantes, las mismas no alcanzan entidad suficiente para afirmar que se trataba de acciones distintas, sino que en todas ellas se habla de la misma acción, la condictio referida a situaciones de creditum.

Viendo referencias del Edicto, el pretor distingue dos clases de negocios. Por un lado, están aquellos que dan nacimiento a obligaciones unilaterales, agrupados en el parágrafo XVII, y protegidos con actiones stricti iuris o actiones in factum. Por el otro, están aquellos que hacen nacer una obligación recíproca bilateral (ultrocitroque obligatio), que son muy distintos de los otros, de tal modo que resultan protegidos por los bonae fidei iudicis. Ello permitiría decir que, en la realidad práctica de los procesos, la idea predominantemente seguida en la vida judicial fue la concepción contractual de Labeón y no la de Gayo.

Para poder comprender lo ocurrido con el concepto de contractus, es importante lo que establece M. Sargenti , quien señala que el desarrollo de la idea de contrato en el derecho romano se realizó siguiendo dos vías profundamente distintas: la línea que podemos llamar “concepción objetivista” y aquella otra, entendida como concepción subjetivista” o “consensualista”. Se puede desde ya adelantar que la segunda terminó por predominar hasta tal punto que dejó oculta a la otra, pese a lo cual, sin embargo, no logró destruir la fundamentación intrínseca o, para decirlo mejor, su coesencialidad ineliminable con la otra en la estructura del fenómeno contractual . La primera podemos encontrarla, en Labeón, ya que al considerar la reciprocidad de las obligaciones en la ultro citroque obligatio, ya que si bien admite la presencia del consensus, para él el punto de gravedad del contrato radica en que se establezcan, por las partes que lo han acordado, la reciprocidad de las obligaciones, es decir en la bilateralidad “funcional”. En cambio, en el inicio de la “concepción subjetivista” o “consensualista”, lo podemos ubicar a Gayo. En realidad, en sus Institutiones no nos da una definición o un concepto de lo que es un contractus, y lo que es más tampoco nos aproxima datos seguros sobre lo que cabe entender por tal. Sin embargo, en su cuatripartición de los “contraimientos” de las obligacionales, se tiene la impresión de que, en términos muy generales, para él estas obligaciones suponen la existencia de un negocio entre por lo menos dos partes que han consensuado, sin hacer referencia a la esencia de las obligaciones unilaterales o bilaterales que han nacido.

Un paso más adelante lo podemos encontrar en el título XIV del libro II del Digesto, que lleva por nombre: De pactis (Sobre los pactos). En el mismo figura la opinión de Ulpiano, quien aprovecha para hablarnos tanto de los pactos, como de los contratos. En D. 2.14.3, Nos dice algo que resultará importante, incorporando una noción que era sabida pero que él resalta de manera especial: la conventio: “La palabra conventio es genérica, perteneciendo a todo aquello sobre lo que, para celebrar o transigir un negocio, consienten los que entre sí lo tratan; porque así como se dice que “convienen” los que de diversos puntos se reúnen y van a un mismo lugar, así también los que por diversos movimientos de ánimo consienten en una misma cosa, esto es se encaminan a un mismo parecer. Mas de tal modo es genérica la palabra convención que como dice con elegante propiedad Pedio, no hay ningún contrato, ninguna obligación (producida por un acto bilateral), que no tenga en sí una convención, ya sea que se trate de la entrega de una cosa, ya sea que se haga con palabras. Como vemos, Sexto Pedio resalta la vigencia de la conventio, como palabra genérica. Adviértase que no dice que el contrato está fundado en la conventio, ni menos aun que se identifica con la conventio; sólo dice que todo contrato contiene en sí mismo una conventio. Como lo dice Sargenti: “si lo hubiese hecho, los compiladores justinianeos no habrían dejado de aprovechar una enunciación de tales características. En cambio, el material ulpinianeo utilizado con tanta amplitud en el Digesto muestra que el discurso relativo a las distintas figuras negociales, que también Ulpiano califica como contratos, obedece a criterios ordenadores y cualificantes distintos, en parte aún dependientes de los rigurosos principios del ius civile, y en parte inspirados en la lógica del edicto. El contrato queda, en suma, como un nombre, antes que como una categoría conceptual bien definida” .

En la época postclásica bizantina, se van asentando algunos aspectos a favor de la “concepción consensualista. Esto ocurre sobre todo, en el tema de la interpretación de los contratos, donde se trata de lograr la autenticidad de los mismos. Se trabaja, en tal sentido, en tratar de considerar los términos del consenus existente en el contrato para descubrir lo más posible la intención y finalidad del negocio. Quizás la dificultad principal para establecer una definición del contractus es que, de acuerdo con el sentido particular de los juristas romanos, el análisis del problema que se presenta debe ser encuadrado bien concretamente de acuerdo con la clase de negocio que se trate. En este sentido, no existió aún en esta época bizantina, la consideración de que toda conventio fuera un contractus. Y en el análisis que se hacía en la práctica judicial era imprescindible tener en consideración la forma de perfeccionamiento. En el fondo, se continúa hablando de las diversas figuras que, basadas en una convención, pueden producir obligaciones en formas y circunstancias distintas, es decir re, verbis, litteris, consensu, sin lograr constituir un sistema unitario.

Esta situación existente entre las dos concepciones no conocerá ninguna novedad en las Institutiones de Justiniano, que respecto de nuestro tema no hace sino continuar con el tratamiento de las fuentes de las obligaciones, añadiendo las variae causas figurae establecidas en Res quottidianae. La curiosidad aparece casi inmediatamente después, con la obra de Teófilo, uno de los integrantes de la comisión que redactó las Institutiones, que eludiendo la prohibición establecida por Justiniano (const. Tanta, 12) de no prohibir la refacción de comentarios a su obra, escribió su Paráfrasis. En ella, redactada en griego, nos da una definición del contrato: “Contractus (synallagma) autem est duorum vel etiam plurium in idem conventio et consensus ad constituendam obligationem et ut alter alteri fiat obnoxius” (Contrato es la convención y el consenso de dos o más sobre el mismo asunto, de manera que se constituya una obligación y uno se halle obligado respecto del otro). Podemos ver como, en la primera parte de la definición el autor toma las mismas palabra que Ulpiano había empleado para definir la pactio, pero ahora atribuyéndolas al contrato. Sin embargo, en la parte final establece que este acuerdo celebrado entre dos o más personas es para hacer nacer una obligación bilateral y recíproca, ya que habla de alter alteri (del uno respecto al otro, tal como lo decía Gayo (3, 137), respecto de los contratos consensuales, que coincide perfectamente con la ultro citroque obligatio de Labeón. Se nota que Teófilo conocía la definición de Labeón, y más aún, le resultaba aceptable. Siendo así, según las instrucciones dadas a los compiladores por Justiniano, debió adecuar el tema contractual a dicha definición labeoniana. Más dado que poco a poco se había establecido un sentido general y amplio del vocablo contractus, capaz de abarcar todos lo casos establecidos en las Institutiones de Gayo, se encontró con que resultaba muy complicado para establecer en las Institutiones, una definición del contractus que fuera comprensiva de todos los casos, tanto productivos de obligaciones unilaterales y de obligaciones recíprocas. Por ello terminaron por no definir lo que es un contrato, dejando jugar el papel respectivo a cada uno de los negocios obligacionales. Sin embargo, como Teófilo estaba de acuerdo con la definición de Labeón, es que vuelve a su concepto cuando escribe la Perífrasis. Siendo así, nos podemos explicar que los compiladores nos hayan dejado intacto el pasaje de Ulpiano donde se reproduce la definición de Labeón. En cierto modo, aún sin decirlo expresamente permiten, como ocurre en muchos pasos de la compilación, que se hable de un concepto muy amplio y general del contrato, como un acto bilateral mediante el cual ambas partes consienten en hacer nacer obligaciones. Al conservar la definición labeoniana, aún contrastando con otros pasos del Digesto, y al igual que Teófilo en su Paráfrasis, nos advierten que entre todos los llamados genéricamente contractus está esa otra versión de un negocio que, entre los “contratos”, es más propiamente contractus, puesto que la consideraban “la única plausible, respetuosa tanto de la regla como de la realidad” .

Los juristas romanos, en la práctica tenían en cuenta los negocios jurídicos de acuerdo con la clase de acciones que protegían a las litigantes. En tal sentido, dejando de lado la cuatripartición gayana, parece resultar mucho más proficua la clasificación de las fuentes de las obligaciones que realiza A. d’Ors, con la “teoría del crédito” . El cuadro de las fuentes de las obligaciones que establece A. d’Ors resulta así: delitos, préstamos, estipulaciones y contratos. Dicho autor reconoce que, aunque “esta clasificación no aparece en las obras escolásticas antiguas y modernas, corresponde a la realidad del sistema clásico de formas de obligarse y sus acciones correspondientes” .

Elementos generales de los contratos.

En el derecho romano los contratos contaban con tres partes; a saber: El consentimiento de las partes, su capacidad y un objeto valedero.

El consentimiento. El acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado, este es el acuerdo base de todo contrato. Para que pueda haber un acuerdo valedero, es necesario que la persona tenga voluntad, el loco ni el niño pueden contratar. Tampoco hay acuerdo cuando una de las partes ha cometido un error tal que en realidad no esta de acuerdo con la obligación que han querido contraer. Los romanos consideraban que el error común era exclusivo del consentimiento en las circunstancias siguientes: a) Cuando las partes se equivocaban sobre la naturaleza del contrato. b) Cuando las partes no entienden sobre el objeto mismo del contrato, siendo esto principios valederos, sea el contrato de buena fe o contrato de derecho estricto. También puede ocurrir el error de que una de las partes se engañe sobre la sustancia, es decir, sobre las calidades especiales que constituían la naturaleza de una cosa ( error in substancia) por ejemplo: vinagre por vino; cobre por oro etc.

De la capacidad de las partes. Para que un contrato sea valido es preciso que se forme entre personas capaces, sin que se confunda capacidad con imposibilidad de consentir. El loco y el infans o niño, no pueden contratar, porque no tienen voluntad y no pueden consentir. Los incapaces por el contrario, gozan del libre albedrío y pueden manifestar formalmente su voluntad; pero el derecho civil, por diversas razones, anula su consentimiento. La capacidad, es la regla; la imcapacidad es la excepción y no existe sino en la medida en que es pronunciada por el derecho. Algunas incapacidades alcanzan a las personas libres, y tienen su causa en la protección del incapaz; son las que se derivan de: la falta de edad, de la prodigalidad y del sexo, es bueno recordar que la mujer estaba casi siempre sometida a la manus de su marido o de su padre y que no podía concertar nada sin el consentimiento de uno u otro. Las otras incapacidades afectaban a los esclavos, quienes podían, en algunos casos contratar, pero solo a nombre de su amo.

El objeto del contrato. El contrato formado por el acuerdo entre personas capaces debía aun, para ser valido, tener un objeto que reúna ciertos caracteres. El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias obligaciones. Si una de esas obligaciones es nula, el contrato está viciado de nulidad. El objeto de la obligación consiste en un hecho del deudor; para que este hecho pueda ser validamente el objeto de una obligación, debe satisfacer ciertas condiciones: debe, ser posible; ser lícito; Debe constituir para el acreedor una ventaja apreciable en dinero; debe ser suficientemente determinado, pues es necesario que deba ser preciso para que haya más certidumbre y claridad.

División de los objetos de los contratos. Desde el punto de vista de su determinación, los objetos de los contratos son susceptibles de ciertas divisiones:

a. En caso de que el objeto consista en una datio, esta datio puede recaer sobre un cuerpo cierto, "Species" sea sobre cosa "in genere" ( cuerpo cierto) Cuerpo cierto es cierta cosa determinada en su individualidad; por ejemplo, el esclavo Stico, un caballo.. El interés de esta distinción, entre los cuerpos ciertos y las cosas en general se manifiesta cuando por caso fortuito el objeto de obligación perece. b) desde un punto de vista más general, el objeto de un contrato puede ser: Certum O Incertum. El objeto que consiste en un hecho que no sea datio, es incertum; porque en caso de no la ejecución del acto, el objeto se reduce a daños e intereses, cuyo importe es necesariamente incierto. El objeto que consiste en una datio es certum, cuando la datio recae sobre un cuerpo cierto, o bien recae sobre cosas in genere, con tal de que el contrato determine la naturaleza, la calidad y la cantidad ( quid, quale, quantum sit), así el objeto es certum si se ha estipulado, por ejemplo; El esclavo Stico; Cien ánforas del mejor vino de Alsacia; Mil setecientas medidas de trigo, etc., pero es incertum si una de esas condiciones falta. Por ejemplo, si se ha estipulado un esclavo sin decir cual, o cien ánforas de buen vino, porque hay grados de calidad, y el contrato carece a este respecto de precisión.

El Contrato En Costa Rica.

En nuestro país según lo ha establecido la doctrina nacional: “(…) El contrato, es el acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial, se inscribe en la categoría genérica de los actos jurídicos” (Baudrit Carrillo, Diego. Teoría General del Contrato. Editorial Juricentro. 3ª edición, volumen I. San José, Costa Rica, año 2000, pág. 11). Conforme lo expuesto, el convenio surge cuando hay acuerdo de los sujetos que manifiestan su voluntad para programar intereses jurídicos coincidentes. La coincidencia de las manifestaciones de voluntad en lo concerniente a intereses jurídicos o patrimoniales, marca o determina la formación de todo convenio, y es por ello, que existen varios momentos en su formación, así: 1.- oferta de compromiso: la cual es la manifestación unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de derecho, dirigida a otro, en que le propone la conclusión de un compromiso. Consiste en una declaración precisa y completa de una voluntad contractual seria, sobre la cual no puede haber, en principio retracciones o arrepentimientos; y 2.- aceptación del pacto: consiste básicamente, en la admisión pura y simple de la oferta manifestada en tiempo útil. Cumplidos los anteriores requisitos, procede la formalización y por ende su ejecución, el autor citado manifiesta, que “Los sujetos de derecho son libres para realizar sus contratos. Pueden establecer toda clase de reglas para su formación y para su ejecución, siempre que no contravengan el orden público (ob. cit, pág. 53). Este “Contrato” se ve inmerso según la relación entre los artículos 632, 692 a 700, 702, 1022 y 1023 del Código Civil, del llamado principio de obligatoriedad de los contratos, que se expresa con la fórmula latina pacta sunt servanda o bien pacta, etiamque nuda, sunt servanda (también el pacto nudo obliga, en alusión al principio de libertad de formas que paulatinamente permeó el Derecho Romano). Dicho de otra forma, la ley dispone que los contratos que se ajusten al principio del artículo 28 párrafo segundo de la Constitución Política, deben ser cumplidos. El principio de obligatoriedad de los contratos es consecuencia directa e inme¬diatamente derivada del más importante principio de autonomía de la voluntad privada. "El deudor de una obligación contractual está obligado a ejecutar lo que prometió en el convenio. Esa es la esencia del contrato, entendido como fuente de obligaciones (artículo 632 del Código Civil). El cumplimiento o la ejecución del contrato debe producirse en los términos específicamente acordados, porque sólo así queda satisfecho el interés de los contratantes. Por esa razón, el acreedor no está obligado a admitir ejecuciones diferentes a la que se pactó. El acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla la prestación prometida, tal y como se convino, sin alteraciones ni sustituciones..." (Baudrit Carrillo, Diego, Derecho Civil (Teoría General del Contrato, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1990, pàgs. 64 y 65).

La dogmática suele distinguir entre contratos bilaterales y unilaterales. En los primeros hay reciprocidad de obligaciones (puede notarse la idea plasmada por Gayo(Nota no es del original)), en el sentido de que unas -las que afectan a una de las partes-, son la causa de las otras -que afectan a la otra parte-, creando contraprestaciones entre ellas. Los unilaterales, por el contrario, sólo obligan a una de las partes, o a ambas pero no por medio de contraprestaciones o de prestaciones recíprocas que sustenten las obligaciones de la contraparte. La idea de contrato no se circunscribe al acuerdo con contraprestaciones, sino también al acuerdo que genera obligaciones como consecuencia del principio de autonomía de la voluntad, pero esas obligaciones pueden ser de una sola de las partes contratantes y en una sola vía (Sentencia: 00170, expediente: 04-100089-0243-CI, fecha: 23/06/2006, hora: 9:50:00 AM, emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección I).

Al final tal y como lo expresa Carbonier: "La ley del contrato (al igual que la del Estado) debe aplicarse conforme a su espíritu, que se presume racional y equitati¬vo..." (Carbonier, Jean. Derecho Civil, Tomo II, Volumen II, Bosch, Casa Editora, Barcelona, 1960, pág 397) . En tal sentido, el artículo 1023 del Código Civil expresa claramente que "Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de és¬ta...".

Conclusión.

Podemos empezar después de este análisis histórico a examinar nuestra teoría del contrato. A partir de la distinción clásica entre contratos, por una parte, y obligaciones unilaterales, por la otra, se puede ir valorando la teoría o explicación general del contrato.

Resumiríamos entonces que “Contrato es una obligación recíproca, es conforme con el sentido común que la persona que afirma claramente su voluntad de dar o hacer algo a otra, queda obligada por su declaración”. El fundamento de su obligación es, en la terminología del derecho romano, la propia fides, es decir la lealtad a la palabra dada.

Una cosa es la manifestación de la voluntad de obligarse y de la voluntad de aceptar la obligación, y otra la relación entre las partes u obligación que resulta de ese convenio. Por eso, aunque casi toda obligación suponga un convenio (es decir que implica una “bilateralidad genética”), pueden distinguirse las obligaciones que resultan de esos convenios en dos categorías: las obligaciones unilaterales en que una parte es deudor y la otra acreedor, y las bilaterales en que las dos o más partes son recíprocamente acreedoras y deudoras (es decir, en las que hay además “bilateralidad funcional”). Cuando se afirma que el contrato es simplemente un convenio que genera obligaciones, en realidad no se señala la diferencia que lo distingue de otro tipo de obligaciones, por lo que se tratan como contratos negocios que no lo son.

La distinción entre contratos y obligaciones unilaterales se basa en la realidad misma de la relación. La realidad a la que alude la palabra obligación es la conducta que las personas realizan entre sí, que es evidentemente diferente si solo una es la obligada o si lo son las dos. Cuando sólo una es la obligada, solo una (el acreedor) confía en la otra, mientras que cuando lo son las dos, ambas confían entre sí. Por eso, el derecho clásico distinguía la fides o lealtad a la palabra propia de las obligaciones unilaterales, de la bona fides o lealtad recíproca que se da en las relaciones bilaterales.

Con anterioridad, un gran jurista de la época augustea había establecido un pensamiento distinto acerca del tema contractual. Labeón define, en el libro primero del Edicto del Pretor urbano, que unas cosas (asuntos) a veces “se hacen”, a veces “se gestionan” y otras veces “se contraen”, Y ciertamente que “lo actuado” [actum] es una palabra general, ya sea que alguna cosa [asunto] se haga [agatur] de manera verbal [verbis], ya sea mediante la entrega de una cosa [re], como sucede [respectivamente] en la estipulación, o en la entrega de dinero; pero “lo contraído “ [contractum] aignifica la obligación de una y de otras parte, lo que los griegos llaman “synallagma”, como la compraventa, locación conducción y aociedad; “lo gestionado” [gestum] significa alguna cosa [asunto] hecho sin palabras”. Como vemos, el jurista augusteo nos diferencia tres clases de situaciones jurídicas capaces de producir, en el plano patrimonial, el efecto de crear obligaciones. La primera de ellas, es lo denomina actus. Al establecer la amplitud que tiene el vocablo, Labeón cuando habla del contractus. entiende que se trata del caso de negocios convencionales que hacen nacer lo que él denomina una ultrocitroque obligatio. Se nota que Teófilo conocía la definición de Labeón, y más aún, le resultaba aceptable. Siendo así, según las instrucciones dadas a los compiladores por Justiniano, debió adecuar el tema contractual a dicha definición labeoniana, como Teófilo estaba de acuerdo con la definición de Labeón, vuelve a su concepto cuando escribe la Perífrasis. Al conservar la definición labeoniana, aún contrastando con otros pasos del Digesto, y al igual que Teófilo en su Paráfrasis, nos advierten que entre todos los llamados genéricamente contractus está esa otra versión de un negocio que, entre los “contratos”, es más propiamente contractus, puesto que la consideraban “la única plausible, respetuosa tanto de la regla como de la realidad”.

En fin, quizá tendría que hacerse una crítica más amplia de la teoría del contrato, pero con lo expuesto me parece que pueden imputársele estos tres defectos graves: la confusión de las obligaciones unilaterales con las obligaciones contractuales, la consecuente definición de un régimen único para todo tipo de obligaciones, y la indeterminación de los requisitos necesarios para que un convenio produzca obligaciones. Por eso puede concluirse que la definición del contrato como convenio productor de obligaciones no es el logro de un concepto más abstracto y por eso mejor, sino una simplificación o pérdida de las distinciones entre tipos y fuentes de las obligaciones, que son necesarias para su régimen adecuado. Al final tal y como lo expresa Carbonier: "La ley del contrato (al igual que la del Estado) debe aplicarse conforme a su espíritu, que se presume racional y equitati¬vo...".

Anexo 1.

Los arquetipos contractuales.

Como afirma Alvaro d’Ors, todas las obligaciones recíprocas o contratos pueden reducirse a tres tipos fundamentales que corresponden a las posturas corporales que pueden tener dos personas entre sí: pueden estar una frente a otra, una al lado de la otra o una detrás de la otra.

A la postura de una persona frente a otra corresponden todos los contratos de intercambio de bienes. El contrato más antiguo de este arquetipo es la permuta, al que siguen en el tiempo la compraventa y el arrendamiento de bienes (intercambio de un precio o renta por el uso de una cosa) o de obra (intercambio de un precio por la ejecución de una obra). En este arquetipo, las partes contractuales están en un plano de igualdad formal (aunque puede ser que una esté económicamente subordinada a otra, como el colono de una tierra respecto del propietario) y tienen intereses contrapuestos pero equilibrados; por esto una regla fundamental de estos contratos es el equilibrio o equidad en las prestaciones.

La posición de una persona al lado de otra denota los contratos asociativos, en los que las partes se obligan a prestaciones recíprocas con el fin de obtener un beneficio común. Es el caso del contrato de sociedad (que no requiere necesariamente de crear una persona jurídica distinta de los socios) y de las diversas formas de asociación. En este tipo de contrato las partes mantienen una posición de igualdad; no hay subordinación jurídica entre ellas (aunque frecuentemente una sea económicamente o socialmente más poderosa que otras), ni intercambio de bienes. Puede, por efecto del contrato, constituirse una comunidad de bienes, pero puede también faltar; lo decisivo es que exista una participación o comunicación en el beneficio común, y de ahí que le sea necesario un régimen de reparto de beneficios.

Finalmente, una persona detrás de otra simboliza los contratos de representación, en los que una persona actúa por encargo y a nombre de otra, cumpliendo gratuitamente una gestión en provecho de la primera. El representante, al cumplir la gestión ante un tercero, puede obligar directamente al representado con el tercero (representación directa), o bien obligarse él mismo ante el tercero y transmitir los resultados de la gestión al representante (representación indirecta). Este arquetipo comprende el contrato de mandato, así como diversas formas de comisión mercantil, “poder” o agencia. De estos contratos resulta una subordinación jurídica ya que el representante tiene la obligación de rendir cuentas al representado; no hay en ellos equilibrio entre las prestaciones, ni reparto de beneficios; la regla principal es la fidelidad del representante a las instrucciones recibidas, que pueden ser limitadas a un negocio o generales.

Todos los contratos específicos pueden reducirse, en su estructura fundamental, a uno de estos arquetipos: intercambio de bienes, asociación o representación. También los contratos innominados, y gracias a esta reducción podrá facilitarse la determinación de su respectivo régimen. Ciertamente puede haber contratos que combinan elementos de distintos arquetipos, como el contrato de comisión mercantil en el que puede verse un contrato de representación, que implica el seguimiento de las instrucciones del comitente, y un contrato de arrendamiento de obra porque implica el pago de un precio a cambio de la ejecución de una obra; o un contrato de distribución mercantil que consiste principalmente en un intercambio de mercancías por precio, pero que contiene elementos de un contrato asociativo en tanto que el distribuidor y el fabricante procuran cuidar bienes comunes, por ejemplo la marca comercial, de los que dependen sus beneficios; o el contrato de aparcería, que supone una reparto de los beneficios que produce el cultivo de una tierra (contrato asociativo), pero implica también el pago por el uso de una tierra ajenas (contrato de intercambio de bienes).

Igualmente, pueden darse combinaciones de los elementos de diversos contratos pertenecientes al mismo arquetipo contractual; por ejemplo, el contrato que se refiere a las relaciones de un cliente con el restaurante donde come, es principalmente una compraventa de alimentos a cambio de un precio, pero contiene elementos de un arrendamiento de obra (el servició del mesero) y un arrendamiento del local; o un contrato de franquicia, que supone el arrendamiento de una marca, pero también la compra de insumos y la prestación de servicios de asistencia técnica.

Pero en cualquier contrato (típico o innominado), sea que combine elementos de diversos arquetipos, sea que combine elementos de contratos pertenecientes al mismo arquetipo, puede distinguirse cuál es el arquetipo al que principalmente pertenece. Por eso opina d’Ors que “en ningún caso parece admisible hablar de ‘contrato’ sin identificar, por lo menos, el arquetipo al que pertenece”.

3. Principios del régimen contractual.Considerando el contrato como el convenio de obligarse recíprocamente y teniendo en cuenta los tres arquetipos contractuales, pueden ahora proponerse las reglas principales, o principios, del régimen contractual común. Me parece que estos principios son los siguientes : a) principio de consensualidad; b) de la reciprocidad de las obligaciones, y c) de la a responsabilidad agravada por incumplimiento.

a) El principio de consensualidad.

Afirma que las partes de un contrato se obligan por el mero consentimiento. Como ya se explicó, esto es consecuencia de la bilateralidad de las obligaciones: si cada parte se obliga en consideración o por causa de la obligación de la otra parte, basta el solo consentimiento para que ambas queden obligadas.

De este principio derivan diversas reglas comúnmente aceptadas, entre las que pueden destacarse las siguientes:

i) El perfeccionamiento consensual del contrato. El momento en que nace el contrato o momento de perfeccionamiento del contrato es cuando hay consentimiento respecto de los elementos esenciales del contrato. Para definir ese momento suelen distinguirse los actos de oferta y aceptación.

ii) La modificación consensual del contrato. Lo que surge por el consentimiento se puede posteriormente modificar de la misma manera, y como lo realmente importante para saber si se ha modificado es que haya habido el consentimiento de modificarlo, el contrato suele entenderse modificado por el consentimiento informal aunque exista un contrato escrito que señale que toda modificación debe hacerse por escrito. Esto significa que lo que es consensual por naturaleza no puede hacerse necesariamente formal.

iii) La resolución consensual del contrato. Lo que se perfecciona por el consentimiento se deshace o resuelve por el consentimiento contrario o disentimiento. Puede incluso convenirse que una de las partes pueda resolver unilateralmente el contrato.

iv) La libertad de contratar y de determinar el contenido del contrato. El consentimiento presupone la libre voluntad de las partes para hacer o no un contrato (libertad de contratar) y también para determinar el contenido del contrato (libertad de contratación).

v) Invalidez de un contrato por falta de consentimiento real. Puede el consentimiento ser solo aparente y, en consecuencia, no haber un contrato válido, cuando el consentimiento es producto del error espontáneo o inducido (dolo), o de la coacción sufrida por alguna de las partes.

vi) La interpretación del contrato tiende a discernir qué fue lo realmente querido o consentido por ambas partes.

b) El principio de la reciprocidad de las obligaciones.

Indica que cada obligación contractual se explica y se mide por la obligación recíproca, de modo que debe haber cierta equidad o igualdad proporcional entre prestaciones que suelen ser diferentes.

La proporción es distinta según sea el arquetipo contractual: En los contratos de intercambio se presupone cierta igualdad de valor o equilibrio entre las diversas prestaciones, por ejemplo entre el precio y la mercancía o entre la renta y el uso. En los contratos asociativos se da una proporción entre la aportación y el beneficio; en este tipo de contratos, como puede haber más de dos partes, la proporción se da, no entre la obligación de una parte y la obligación de otra, sino entre la obligación de un socio de aportar (exigible por cualquiera de los otros) y la obligación de todos los socios de comunicar los beneficios (exigible por cualquier socio). Los contratos de representación, como ordinariamente son gratuitos, no tienen una igualdad de valor o equilibrio entre las prestaciones, sino más bien una desigualdad o desequilibrio pues se hacen en beneficio del mandante; sin embargo, hay cierta proporción entre la obligación del mandante de rembolsar los gastos e indemnizar los daños que sufra el mandatario y la del mandatario de realizar la gestión encomendada, puesto que solo se rembolsan los gastos y se indemnizan los daños resultantes del cumplimiento de esa gestión.

Bajo este principio de reciprocidad de las obligaciones se comprenden otras reglas contractuales como las siguientes:

i) La nulidad de un contrato cuando hay una grave desproporción inicial entre las prestaciones. Se entiende que la desproporción suprime la razón de ser del contrato, salvo cuando interviene el ánimo o voluntad de donar, pues entonces el contrato es el medio para hacer efectiva una donación (por ejemplo, la venta a bajo precio de algo que se quiere donar en parte al comprador, o la inclusión de una persona como socio con derecho a los beneficios sin exigirle aportación); esta misma voluntad suele darse en los contratos gratuitos. Para evitar que se anule un contrato inicialmente desproporcionado cuando interviene una donación o causa lucrativa, la regla sobre nulidad del contrato inicialmente desproporcionado exige, además de la desproporción inicial, que ésta resulte de que una de las partes se haya aprovechado abusivamente de la otra.

ii) La posibilidad de exigir la renegociación de un contrato o de alguna de sus disposiciones, o incluso exigir su anulación, cuando un contrato inicialmente proporcionado deviene gravemente desproporcionado, por algún factor imprevisto, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes.

iii) La posibilidad de resolver unilateralmente (o renunciar) un contrato gratuito, por parte de quien no tiene interés en él, de modo que no quede permanentemente obligado a soportar la desproporción.

iv) La posibilidad de cualquiera de las partes de resolver el contrato y quedar desligada de su obligación por causa del incumplimiento de la otra parte. Para subrayar la equidad en la aplicación de esta regla a veces se añade que la resolución unilateral puede hacerse solo cuando el incumplimiento de la otra parte es un incumplimiento grave.

v) La regla del cumplimiento simultáneo de las obligaciones contractuales, que si bien puede modificarse por acuerdo de las partes o por las propias necesidades del contrato, indica también que ninguna de las partes puede exigir el cumplimiento de su obligación a la otra si la primera no está dispuesta a cumplir su propia obligación.

vi) La posibilidad de cualquiera de las partes de suspender el cumplimiento de sus obligaciones si prevé fundadamente que la otra parte incumplirá sus propias obligaciones. La misma razón está presente en la regla de que en los contratos basados en la confianza (contratos gratuitos o sociedad) se puede resolver el contrato en cuanto cesa la confianza.

c) Principio de la a responsabilidad agravada (o responsabilidad por

culpa) por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

En las obligaciones contractuales o recíprocas cada parte se obliga confiando que la otra cumplirá su obligación, y en el cumplimiento recíproco está la utilidad del contrato que cada parte espera para sí. Por eso, se exige de las partes una responsabilidad mayor en el cumplimiento de las obligaciones contractuales que en las obligaciones unilaterales.

Relacionadas con este principio se pueden mencionar las siguientes reglas:

i) Las partes de un contrato deben procurar diligentemente el cumplimiento de sus obligaciones, de modo que solo se exoneran de responsabilidad en caso de incumplimiento cuando interviene un caso fortuito, es decir un suceso independiente de la voluntad de las partes, imprevisto e insuperable que lo impide temporal o definitivamente.

ii) La reparación en caso de incumplimiento contractual ha de ser integral, es decir tiende a darle al acreedor no solo un valor equivalente al de la prestación omitida, sino a reponerlo en la posición que tendría de haberse cumplido la obligación contractual, por lo que, además de ese valor, se le da el de la indemnización de los daños causados por el incumplimiento (damnum emergens) y el de los perjuicios o ganancias dejadas de obtener (lucrum cesans).

iii) La regla de interpretación del contrato que dice que las partes contractuales quedan obligadas, a demás de a lo que expresamente convinieron, a todo aquello que es costumbre convenir en esa clase de contratos o que deriva de su naturaleza; por ejemplo, el vendedor de mercancías que van a ser transportadas debe entregarlas, aunque no se hubiera convenido expresamente, debidamente empacadas para resistir el transporte.

iv) El deber de cooperación de cada parte para que la otra pueda cumplir su obligación, por ejemplo entregando un documento necesario para la exportación o la importación de mercancías, gestionando un permiso requerido para la ejecución de una obra o para la división de una cosa. Como consecuencia del incumplimiento de este deber por una de las partes, se exonera a la otra de la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando fue debido a un acto u omisión de la primera.

v) El deber de cada parte de cooperar con la otra para evitarle pérdidas, aun en caso de que esta última hay incumplido el contrato; por ejemplo, el deber del comprador de cuidar las mercancías que envió el vendedor y que no eran las convenidas, a fin de que éste no sufra mayores pérdidas; o el deber de la parte acreedora de tomar las medidas necesarias para evitarse daños derivados del incumplimiento de la otra y reducir así el valor de la indemnización que ésta habría de pagarle. El incumplimiento de este deber se sanciona, no directamente –no por medio de una acción–, sino indirectamente como una reducción que puede pedir el demandado –por vía de excepción– en la cantidad que se le exija por concepto de reparación del incumplimiento.

vi) La nulidad de las cláusulas que limiten excesivamente la responsabilidad de alguna de las partes, sea señalando eventos futiles como exonerantes de su responsabilidad por incumplimiento, sea limitando su indemnización por ello a una cantidad fija que resulte notoriamente inferior a lo que el acreedor podía esperar, sea dándole al deudor que no puede cumplir su obligación una alternativa de cumplimiento que no corresponde a las expectativas del acreedor.

Apéndice.

Copyleft: Es una forma de licencia y puede ser usado para modificar el derecho de autor de obras o trabajos, tales como software de computadoras, documentos, música, y obras de arte. Bajo tales licencias pueden protegerse una gran diversidad de obras, tales como programas informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir prácticamente casi cualquier tipo de producción creativa.

Jurisprudencia: Se entiende por ella las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales en sus resoluciones de las normas jurídicas, y puede constituir una de las Fuentes del Derecho, según el país. También puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando en cada momento. En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo sentido.

Praenomen: Correspondía al nombre de pila en la actualidad, siendo el único nombre en que los padres tenían elección. Por regla general, sólo la familia inmediata llamaba a una persona por su praenomen. Se trataba de un nombre personal dado a un varón recién nacido, tras purificarlo (lustrare), y era siempre coincidente con el de alguno de sus antepasados. Durante la mayor parte de la historia romana, las mujeres no tenían praenomen: a las niñas se les daba su nomen, siempre coincidente con el de su familia (gens). De este modo, las niñas de las gens Iulia (Julia) se llamaban todas Julia, y Cornelia las de las gens Cornelia, incluso con posterioridad a su matrimonio. Únicamente se les podía añadir un cognomen que correspondía a un numeral para distinguir su posición en el nacimiento: Prima, Secunda, Tertia, ..., Minor.

Sponsalia: La celebración del noviazgo de los contrayentes se realizaba en una ceremonia (sponsalia) en la que se reunían ambas las familias. El novio ofrecía regalos a la novia, entre ellos un anillo de hierro (más tarde de oro), el cual era colocado en el dedo anular de la mano izquierda debido a que en la antigüedad se creía que este dedo se comunicaba con el corazón a través de un nervio. También se firmaba el contrato nupcial en el que se establecía el monto de la dote (dos). Realizados estos trámites, se celebraba un banquete. El matrimonio se celebraba en un período comprendido entre algunos meses y dos años después del noviazgo.

Bibliografía.

MONCAYO Socorro, La consensualidad de los contratos en el Derecho Roman, Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. 2008. Ensayo,

GALLO, Filippo, Contratto e atto secondo Labeone: una dottrina da riconsiderare, en Rev. “Roma e America – Diritto romano comune•, nº 7, p. 37.

SARGENTI, Manlio, Nascita e sviluppo dell’idea di contratto romano: I. Labeone: La nascita dell’idea di contratto, en Iura 38 (l987), p. 25.

SARGENTI, M., Svolgimento dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano”, ob. cit., p. 73.

SCHULZ Fritz, Clasical Roman Law, Clarendon Press, Oxford, 1951, p- 465: Traducción castellana de J. Santa Cruz Tejeiro, Derecho romano clásico, Bosch, Barcelona, 1960, p.445.

¿Malversación NO, pero y el Deber de Probidad?

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sun, 26 Sep 2010 08:58:52 PDT

El mandato de tipificación (y, por ende, la misma reserva legal y, en último extremo, el principio de legalidad) tiene un alcance muy distinto en el Derecho Administrativo que en el Derecho Penal, sin perjuicio de que buena parte de la Doctrina y de la Jurisprudencia, seducidas por el brillo de las equiparaciones, no se percaten siempre de este fenómeno y actúen con un rigorismo formal que para nada beneficia ni a los intereses públicos ni a las garantías individuales.

En el artículo 39 de nuestra Constitución Política indica:

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito, o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercer su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”

Es precisamente por medio de este articulado que se establece el principio de culpabilidad subjetiva como requisito sine quo non para considerar que una acción sea capaz de producir responsabilidad penal. En ese mismo sentido, el Código Penal desarrolla este principio en la Sección V, denominada culpabilidad, siendo que expresamente el artículo 30 dispone que:

"Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley sino lo ha realizado por dolo, culpa o preterintención"

Es decir la realización del hecho injusto debe ser personalmente reprochable al sujeto para que pueda imponérsele una pena o sanción; en sentido contrario, si al sujeto activo (entiéndase un individuo) no se le puede hacer el juicio de reproche por su actuación, no podrá sancionársele penalmente. Sobre este punto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución número 00030-1992 de las diez horas con treinta minutos del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos ha indicado que:

“… no puede existir delito sin la necesaria demostración de culpabilidad (es el llamado principio de culpabilidad, que a nivel de tipicidad implica que la conducta para ser típica, debe ser al menos culposa; y a nivel de culpabilidad, que no hay delito si el injusto no es reprochable al autor)…”

En ese sentido, podemos afirmar que el sistema penal costarricense está basado en la imputabilidad personal o subjetiva, en la que necesariamente se debe demostrar la participación personal del imputado en los hechos objeto del proceso, para posibilitar la imposición de una sanción de naturaleza penal.

Los principios normativos indicados supra, permiten regular la responsabilidad penal y delimitan la clase o tipo de sujetos que pueden ser destinatarios de una sanción, se refiere a aquellos individuos con capacidad cognoscitiva y volitiva para consentir en sujetarse jurídicamente a una pena.

La doctrina penal clásica, considera que:

“La persona física puede ser sujeto activo de un delito, pues sólo ella es capaz de ejecutar las acciones o incurrir en las omisiones que legítimamente pueden entrar en el ámbito de derecho penal, no reside simplemente en el hecho de que ciertas situaciones producen consecuencias perjudiciales para los individuos o la sociedad. La razón de la pena es otra muy distinta y de carácter esencialmente humano: sólo se dirige y aplica a quienes son susceptibles de retribución y prevención. Únicamente la persona física tiene los atributos de inteligencia y voluntad que presuponen esas finalidades de la pena.”

Nuestro país ha suscrito, como miembro de la comunidad internacional, una serie de instrumentos tendientes al combate de la corrupción. Asumiendo compromisos para llevar a cabo acciones concretas para la eliminación de este flagelo. Entre estos instrumentos se encuentran la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Para el cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en estos Tratados Internacionales, principalmente aquellas que abordan el tema de combate contra la corrupción, resulta imperativo modificar y ajustar nuestras leyes nacionales, a fin de dar una adecuada solución al problema.

Ahora teniendo en cuenta el delito de malversación los bienes o caudales públicos, delito que según el Sr Moya es reprochable a la Señora Ministra (por cierto que cito mal la ley antes de editar el reportaje) este se utiliza moviendo dineros siempre dentro de las mismas funciones realizadas por el servidor público, pero en actos diferentes a los que normalmente estarían orientados. No sucede como en el peculado, cuya esencia es sustraer o distraer bienes. En la malversación, los bienes se utilizan con un destino público diferente y por lo tanto, no prioritario de acuerdo a las previsiones justificantes de su erogación. Este criterio lo ha explicado la doctrina y a la vez se ha acogido en la jurisprudencia de los tribunales de Costa Rica. Así por ejemplo, el jurista argentino Carlos Fontán Balestra, sostiene que la malversación se trata de un cambio de destino que los fondos tienen fijados, sin ánimo o fin de lucro para el autor o para un tercero. Resalta, que el destino otorgado a los fondos debe ser público y su aplicación privada puede constituir un peculado [Fontán Balestra, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, XV edición, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 868]. En el mismo sentido, Carlos Creus sostiene que la utilización que resulta típica de este delito, supone que los bienes no se sacan de la administración y esa condición explica que: "... también se ha denominado al delito aplicación indebida de caudales públicos o destino indebido de fondos públicos, puesto que el bien jurídico especialmente tutelado es la regular inversión y aplicación de los bienes públicos dentro de la misma órbita de la administración...".

Esta posición de doctrina se adecua a la necesidad del análisis del tipo penal en consideración al bien jurídico tutelado y a la interpretación de los contenidos normativos frente a ese elemento. Es así como tratándose del delito de malversación eh considerado que el bien jurídico que se tutela es la probidad del funcionario en el ejercicio de su función, sin embargo haciendo una interpretación sistemática del articulado existente, el bien jurídico podría ser el patrimonio público como tal, o como menciones el buen resguardo que la Administración Pública, pues esta debe dar a los bienes o dineros que dispone, hayan sido destinados o ingresen a su esfera de acción y tutela, sean estos públicos o no, resguardo que debe ser ejercido por los servidores públicos a quienes se les ha encomendado dicha competencia. Se trata de velar así, en forma general, por el correcto cumplimiento de los DEBERES DE LA FUNCIÓN PUBLICA, y, de manera específica, por el respeto debido a las obligaciones relacionadas con la administración, percepción o custodia de bienes y dineros. En la malversación, los bienes se utilizan con un destino público diferente y por lo tanto, no prioritario de acuerdo a las previsiones justificantes de su erogación, además el patrimonio del Estado puede comprometerse por los malos manejos que se haga de los dineros o bienes de éste. Ahora en el caso presente, lo que se tiene por cierto es que los dineros que ingresaron fueron utilizados por la Ministra de Salud en el otros fines ajenos a su destino original, pero el dinero siempre se empleó dentro de la administración que le correspondía ejercer a ella como Ministra, de manera que a mi entender no existió “distracción” de los mismos en el sentido jurídico que se le debe dar a dicho concepto (Malversación como dice el Sr Moya que ahora es Abogado y Juez). Por supuesto que siendo amante del Derecho Administrativo no desconoceré en este escrito que las reglas y los procedimientos administrativos existen para ser cumplidos, y que no cumplirlos puede acarrear responsabilidad disciplinaria o responsabilidad civil si se ocasiona un daño. Pero tratándose de la responsabilidad penal deberá integrarse el irrespeto a dichas normas o procedimientos con la afectación real o potencial a los bienes jurídicos protegidos por las disposiciones penales.

A continuación paso a explicarme.

No puede negarse que en el pasado eran muchas las ocasiones en que alguna conducta del funcionario era socialmente reprochada desde un punto de vista ético y moral, pero tal situación permanecía en la sombra de la impunidad, usualmente con endeble amparo en alguna disposición del ordenamiento, aunque fuera a base de alambicadas o forzadas interpretaciones, o bien por no hallarse un deber legal expreso que hubiera resultado violentado.

Es así como el tema de la probidad administrativa era abordado desde una perspectiva deontológica, sociopolítica o sociológica, pero no estrictamente jurídica. Pues bien, es aquí donde entró a jugar un papel fundamental la consagración expresa en el ordenamiento jurídico del deber de probidad como una obligación ya no sólo ética, sino también de carácter legal, con la previsión de que su inobservancia puede acarrear responsabilidades tan graves y serias como el cese del cargo sin responsabilidad para el Estado.

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Nº 8422

Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Tal y como se observa, en la redacción de la norma que define el deber de probidad, se enlistan como parte de dicho deber una serie de importantes conceptos jurídicos indeterminados, tales como la satisfacción del interés público, las necesidades colectivas, la rectitud y la buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley.

Al respecto, es necesario señalar que una de las mayores virtudes que posee la fórmula normativa que utilizó el legislador en la conceptualización del deber de probidad es justamente su amplitud, ya que no establece de forma taxativa una cantidad determinada de actuaciones o supuestos -evitando de esa manera que pueda ser vulnerado echando mano a resquicios legales-, sino que deja suficiente espacio para que se juzgue y se sancione cualquier actuación u omisión que viole los alcances de dicho deber.

Lo anterior le confiere a la norma una gran flexibilidad, ya que le permite al operador jurídico, según sea el caso, aplicar dicho principio para sancionar cualquier conducta indebida que pueda presentarse dentro del campo de la ética, y que ahora ha sido llevada al plano legal.

El numeral 111 de la Ley General de la Administración Pública define al servidor público como la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia de su carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Por su parte, el canon 113 ejusdem establece con claridad que el marco funcional del agente público ha de realizarse de manera que satisfaga primordialmente el interés público, entendido como el interés coincidente de los administrados. Para tal efecto, el servidor público se encuentra impostergablemente afecto al bloque de legalidad, tanto en su visión negativa como positiva, según se colige, a nivel legal, de los ordinales 11, 12, 13, 59 y 66 de la Ley General de Administración Pública y del artículo 11 de la Carta Magna. Como parte de esta orientación, el desempeño del funcionario se encuentra orientado y delimitado por normas de transparencia y probidad, cuyo sustento legal se encuentra expreso en el numeral 3 de la Ley no. 8422. Desde esta arista, como complemento de la orientación finalista del servidor público que le exige potenciar la satisfacción de los intereses públicos por encima de los personales, incluso de los intereses de la Administración (113.2 ibídem LGAP), lo que es propio de la naturaleza servicial de sus competencias, el deber de probidad pretende aportar aspectos de mayor concreción que de alguna manera orientan las acciones del servidor público a fin de que su conducta responda a esa dimensión teleológica, ya no solo a nivel de resultado, sino mediante la incorporación de deberes morales y éticos que garantizan transparencia y objetividad en su proceder. Más simple, el deber de probidad regulado en el artículo tercero de la Ley No.8422 obliga a todo servidor público a desempeñarse con rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley. Por tanto, es claro que la condición de servidor público supone la sujeción y el debido cumplimiento de deberes de orientación moral y ética que el mismo ordenamiento jurídico consagra e impone, que le exigen conducirse en su gestión con rectitud y solidez. Para el resguardo de ese cometido, las normas que impregnan las actividades de los funcionarios públicos imponen un régimen con el fin de evitar que se pueda ver lesionada, o amenazada su objetividad en el desarrollo de sus funciones y con ello, el consustancial riesgo en la ponderación debida del interés público. Es claro que a nivel preventivo, esas condiciones de buscan mantener la objetividad y transparencia en el proceder del funcionario público, evitando que el correcto cumplimiento de los cometidos que son propios de su investidura y por tanto, la satisfacción del interés público como norte de su comportamiento, se vea amenazado o sea relegado por intereses personales. En esta dinámica, debe precisarse el concepto de conflicto de intereses, que supone la confrontación entre un interés personal y un interés público. La debida atención de este tipo de conflictos exige marcos preventivos y de control a posteriori. En el primer estadio, se trata de eliminar toda posibilidad de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses en cabeza del funcionario, que le reste libertad u objetividad al momento de intervenir en un determinado asunto público. Por su parte, en el caso del control posterior, consiste en la determinación de un acto indebido de favorecimiento o al menos, el comportamiento orientado a obtener un beneficio personal o a favor de un tercero, y que puede llevar a imponer una sanción. Es por ello que la infracción al mencionado deber de probidad no se encuentra inmune al marco de responsabilidad disciplinaria del servidor público. El precepto 4 de la mencionada Ley No. 8422 establece: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. Tal efecto condicionado encuentra sentido, en el contexto que se analiza, para actos de abierta improvisación, mala administración de recursos o total evidencia de conflictos de intereses perfectamente desprendibles de una determinada situación. Desde luego que la aplicación e interpretación de esa norma ha de transitar por las sendas de la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad , parámetros que deben ser valorados en cada caso concreto. Para ello, el mandato 38 de la citada legislación establece causales de responsabilidad administrativa, que luego, encuentran sus correlativas sanciones posibles en la letra de la norma 39 iusibid, la que en ese tanto, sería aplicable ante las infracciones al deber de probidad en los términos ya desarrollados. La sinergia de estas disposiciones incorpora un sistema flexible que permite hacer surgir la responsabilidad de un funcionario ante la emisión de conductas transgresoras de las normas de la ética. Con todo, la aplicación correcta de este sistema, implica la necesaria instrucción de un procedimiento administrativo, como paso previo e infranqueable para aplicar una sanción por las lesiones a ese marco de obligaciones funcionariales, con respeto pleno e íntegro de las garantías de defensa y el debido proceso, lo que viene a ser fundamental para eludir actuaciones arbitrarias e ilegales.

En cuanto al tipo de responsabilidad que podría asumir un servidor público en esta materia, debe señalarse que en el ejercicio de estas competencias, como en toda función administrativa, rige el régimen de responsabilidad que se encuentra consagrado en los artículos 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como en cualquier otra normativa que lo regule, tal como ocurre, por ejemplo, con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422), que sanciona las actuaciones del servidor público que impliquen una violación al deber de probidad.

Sobre el tema de las eventuales responsabilidades que le pueden caber a cualquier funcionario por un incumplimiento de sus deberes, en caso de una conducta en la que medie dolo o culpa grave –de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública- los funcionarios públicos que incumplan los deberes propios del cargo que ostentan pueden incurrir en responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria y penal.

Los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública contienen las reglas con apego a las cuales debe evaluarse la responsabilidad de la Administración y del servidor público. Dichas normas parten de un principio general de responsabilidad objetiva, que obliga a la Administración a indemnizar los daños producidos por su funcionamiento, sea éste lícito o ilícito, normal o anormal.

La responsabilidad por conducta ilícita tiende a reparar cualquier tipo de daño o perjuicio sufrido por el administrado; mientras que la responsabilidad por conducta lícita sólo lleva consigo la obligación de indemnizar los daños producidos -no así los perjuicios- siempre que se trate de un daño especial, ya sea por la pequeña proporción de afectados, o por la intensidad excepcional de la lesión.

Específicamente, en lo que concierne a la responsabilidad del servidor público, la misma Ley General de la Administración Pública establece que será responsable ante terceros y ante la propia Administración el servidor que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes. En estos casos, la responsabilidad del servidor es solidaria con la propia Administración, esta última debe recobrar íntegramente lo pagado por los daños ocasionados por sus agentes.

También la Administración está facultada para cobrar al funcionario todos los daños y perjuicios que este último le hubiese producido con dolo o culpa grave. Lo anterior aun en el caso de que no se hubiese producido daño alguno a un tercero.

El artículo 198 de la Ley General citada, establece que el plazo con que cuenta la Administración para reclamar indemnizaciones contra servidores públicos prescribirá en cuatro años, contados "…desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso".

Partiendo de las reglas citadas, es claro que una persona sobre la cual pesa el deber legal de firmar un acta de un órgano colegiado (ya sea en aplicación del artículo 56.3 de la Ley General de la Administración Pública, o de la normativa especial que rija el funcionamiento de cada órgano colegiado en particular) puede incurrir en responsabilidad civil y administrativa por su negativa a cumplir esa obligación, siempre que se demuestre que su conducta omisiva ha causado un daño a un tercero, a la propia Administración, o a ambos. Esa responsabilidad, en la situación concreta que se analiza, podría surgir de la eventual anulación de un acuerdo del órgano colegiado, por la existencia de un vicio en el acta que lo contiene.

Por otra parte, el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública hace referencia a la responsabilidad disciplinaria en que podría incurrir el servidor público, cuando participe con dolo o culpa grave en acciones, actos, o contratos, opuestos al ordenamiento jurídico. En tal supuesto, el superior jerárquico del funcionario o, en ausencia de relación jerárquica, quien lo haya nombrado en el puesto, estaría facultado para hacer efectiva esa responsabilidad, responsabilidad que en el caso en estudio, podría comprender incluso la destitución de su puesto.

Finalmente, el funcionario público que no suscriba las actas de las sesiones de un órgano colegiado, teniendo el deber legal de hacerlo, podría incurrir en responsabilidad penal, por incumplimiento de deberes, en los términos previstos en el artículo 332 del Código Penal. Esa norma dispone que "Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

A diferencia de la responsabilidad de la Administración, la responsabilidad del funcionario no es objetiva, sino subjetiva, de conformidad con la regulación que contiene la Ley General de la Administración Pública. Esto es, el funcionario público es personalmente responsable, cuando haya actuado con culpa grave o dolo (arts. 199 y 210 de la Ley General de la Administración Pública).

En el caso de la omisión de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario analizar en cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de determinar su responsabilidad administrativa.

Sobre el concepto de culpa grave se ha señalado: "De las variadas clasificaciones de la culpa que la doctrina suele establecer, la más relevante a efectos civiles es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa grave o lata. La culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran entidad del modelo de diligencia exigible:

“No prever o no evitar lo que cualquier persona mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado. Puede ser grave tanto la culpa consciente como la culpa inconsciente o sin previsión. En el primer caso, siempre que el agente no haya querido ni aceptado la producción de la falta de cumplimiento o del evento dañoso previsto, pues entonces habría dolo, siquiera eventual." (Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 1865)

La diferencia entre los conceptos de dolo o culpa ha sido analizada de la siguiente forma: "La acción u omisión han de ser culpables, esto es, producto de la deliberada voluntad de dañar (dolo) o de negligencia o imprudencia (culpa) del agente. La diferencia entre estas dos formas de culpabilidad radica en la voluntariedad o intencionalidad." (Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 2585)

Si el servidor produjo un daño que sólo afectó a la Administración ésta se encuentra obligada a seguir un procedimiento administrativo a efecto de determinar la responsabilidad del funcionario y, eventualmente, proceder al cobro de la suma correspondiente, sirviendo como título ejecutivo la certificación expedida por el jerarca del ente respectivo.

Por lo tanto, de conformidad con nuestra Ley General de la Administración Pública habrá responsabilidad civil del funcionario cuando actúe con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus atribuciones, tomándose en cuenta que, de conformidad con el principio contenido en el artículo 113 de ese cuerpo normativo, a mayor grado de jerarquía mayor grado de responsabilidad.

Debe tomarse en cuenta que el análisis se ha realizado a partir de lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública. En todo caso, tómese en cuenta que en los numerales 74 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se desarrolla el tema de la responsabilidad civil del servidor, aunque en términos bastante similares a la Ley primero mencionada o con referencia a ella.

Nótese que los criterios que establece dicho cuerpo normativo para determinar la responsabilidad disciplinaria son similares a los señalados para la responsabilidad civil. El artículo 211 de la Ley General señala:

"1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento jurídico, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes.

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.

3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia."

Es clara la obligación de la Administración Pública de prestar adecuadamente los servicios públicos que se han establecido a su cargo, concepto que comprende la continuidad, la regularidad y la eficiencia de éstos.

Obviamente, le corresponderá a los funcionarios encargados de la prestación de cada servicio público tomar las decisiones convenientes y oportunas con el objeto de que éste se brinde dentro de parámetros que puedan ser considerados como de funcionamiento normal, depende de una serie de elementos que deben ser analizados a la luz de un caso concreto, por la Administración activa, o bien por los Tribunales de Justicia.

De modo complementario, el inciso 11) del artículo 1º del reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril del 2005, publicado en el Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2005) establece en lo que interesa:

“Artículo 1º— Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican:

Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones:

a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República;

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña;

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público.”

Sobre los deseos de cierto sector de que se den medidas disciplinarias contra la funcionaria del caso en estudio, cabe remitirse a todo el desarrollo que se hizo líneas atrás en cuanto a las condiciones que deben mediar para que resulte procedente el dictado de un proceso Administrativo, pues evidentemente los límites que existen para el ejercicio de esa potestad serían las circunstancias calificadas que se encuentren en cada caso, que permitan fundamentar la situación de grave riesgo o daño que amerita la adopción de una medida de esta naturaleza.

En este sentido, resulta a mi criterio que la situación encontrada no requiere el dictado de una medida disciplinaria, sino que las circunstancias de hecho permiten esperar la tramitación normal de lo Dictado por la Contraloría General de La República, sin embargo, no por las escuetas y erróneas respuestas de la Doctora, sino porque no existe el motivo del acto administrativo a mi criterio, que permita válidamente dictar una medida que valla más allá de lo que se ha hecho, esto sin decir que si a futuro la devolución del dinero afecta el interés público, pueda iniciarse alguna acción administrativa.

En el ámbito de la responsabilidad administrativa hay un aspecto de la mayor valía, cual es que la fórmula normativa del artículo 3° de la Ley N° 8422 deja el suficiente espacio para poder juzgar y si es del caso sancionar cualquier actuación u omisión que viole los alcances del deber de probidad. Esto nos permite, más allá de la tipificación de una serie de faltas (como por ejemplo, las enumeradas por el 38 iusibíd), contar con una fórmula legal lo suficientemente comprensiva y flexible que permita cobijar, según sea el caso de que se trate, aquellas conductas indebidas que pueden llegar a presentarse en el campo de la ética, a fin de responsabilizar al funcionario por ellas.

Es que lo anterior, lejos de constituir un portillo peligroso o una medida arbitraria, garantiza una verdadera rendición de cuentas por parte del funcionario. Si esto lo ligamos con el tema de que, como es obvio, cualquier posible sanción con fundamento en los artículos 3° y 4° de esta Ley habrá de pasar por el tamiz de un procedimiento en sede administrativa que respete íntegramente las garantías de defensa y el debido proceso, no debe tener cabida alguna una actuación arbitraria en ese sentido.

Por otro lado, debe tomarse conciencia sobre las necesarias diferencias que guarda la sanción en sede administrativa con la de naturaleza penal, siendo en esta última el principio de tipicidad de suma relevancia en razón de los valores que están en juego ante una posible pena privativa de libertad. Bajo esa línea de razonamiento, resulta provechoso retomar los razonamientos desarrollados por la Sala Constitucional, que explican muy bien esas especiales características del ámbito disciplinario, en lo que atañe a la tipificación de las faltas:

“Como se anotó anteriormente, la responsabilidad disciplinaria suele versar sobre actos de naturaleza general, por cuanto las autoridades disciplinarias pueden usar un poder discrecional de interpretación extensiva en la calificación de los hechos. Así, las normas reguladoras del derecho disciplinario son principalmente genéricas, las figuras no tienen soluciones de continuidad, y es teórica y prácticamente difícil, por no decir imposible, afirmar cuando existe una figura perfectamente definida. En este régimen, el principio de tipicidad -"nullum crimen sine lege, y nulla poena sine lege"- no tiene la rigurosa aplicación que tiene el derecho penal, siendo su dominio más dilatado. Al respecto, por sentencia número 5594-94, de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de setiembre último, esta Sala consideró:

"III. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

La existencia de un conjunto de deberes de los funcionarios -y a la vez de sus atribuciones-, sean deberes comprendidos en la obligación de la función o del servicio que desempeñan, o los que derivan de la subordinación jerárquica, exige normas establecidas para reglar esas relaciones, y sanciones para cuando se violan tales obligaciones. El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción. Sin embargo, en materia disciplinaria, no se aplica el principio de tipicidad en la misma forma que se hace en materia penal, de conformidad con el artículo 39 constitucional, (...). Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en ámbito jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado.

(…) En el derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que regula, -la disciplina-, la determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. Motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, no siempre es orgánico ni claro en la expresión literal, razón por la cual puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero que se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente definida aunque si prevista. Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos "subordinados", comportamientos o conductas en verdad ilimitados en número, dada su variedad; por ello se deduce la existencia de tres elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o posible de su eficacia.

IV. LOS CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. (…) De tal manera, por ejemplo, no será en modo alguno suficiente limitarse a reprochar a un funcionario una falta de probidad, en abstracto, sino que es necesario concretar en la conducta específica que se enjuicia, dónde es imputable dicha falta en concreto, desde la perspectiva de los deberes positivos del funcionario, a los que ha faltado. Consecuencia de lo anterior, al momento de interpretar una norma, debe hacerse en relación con la actividad que ella regula ..."

(…) con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual, es claro que intenta delimitar un supuesto concreto, conceptos como lo son la buena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas costumbres, etc. Así, aunque la ley no determine con claridad los límites..., porque se trata de conceptos que no admiten cuantificación o determinación rigurosa, pero que en todo caso, es manifiesto que con ellos se está refiriendo a un supuesto de realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de aplicación. La ley utiliza conceptos de valor -buena fe, estándar de conducta del buen padre de familia, orden público, justo precio, moral-, o de experiencia -incapacidad para el ejercicio de sus funciones, premeditación, fuerza irresistible-, porque las realidades referidas no admiten otro tipo de determinación más precisa. Pero resulta claro que al estarse refiriendo a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, como es el caso de la determinación de las infracciones o faltas disciplinarias, la aplicación de tales conceptos a la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se da ...; o hay buena fe o no la hay, o acciones contrarias al orden público o no las hay, o hay acciones contrarias a la moral o no las hay, etc. En esto radica lo esencial de este tipo de conceptos, de manera que la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una "unidad de solución justa" en cada caso. La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, que no obstante su denominación, son conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes, se da en todas las ramas del derecho, como por ejemplo en la civil -buena fe, diligencia del buen padre de familia, negligencia-, en la comercial -interés social-, en la procesal -pertinencia de los interrogatorios, medidas adecuadas para promover la ejecución, perjuicio irreparable-, o en la penal -alevosía, abusos deshonestos-, son sólo algunos de los ejemplos que se pueden citar" (sentencia número 1265-95, de las quince horas treinta y seis minutos del siete de marzo mil novecientos noventa y cinco).

En este punto, recordemos que usualmente en el derecho administrativo los tipos sancionadores no son autónomos, sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento supone, entonces, la infracción. Recordemos con la doctrina que “la remisión de que se viene hablando se hace evidente en las normas que describen ciertas obligaciones, determinados comportamientos, algunas prácticas, o precisa funciones o actividades y en otras que juegan un papel complementario a las mismas y que son, justamente, las que declaran que su incumplimiento constituye infracción sancionable”.

Sobre lo que he expuesto en esta recopilación de letras se puede decir que no vulneran la exigencia de lex certa la regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados (Deber de Probidad), siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y permitan prever con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada. Del mismo modo, puede decirse que no vulnera esa misma exigencia la remisión que el precepto que tipifica las infracciones realice a otras normas que impongan deberes u obligaciones concretas de ineludible cumplimiento, de forma que su conculcación se asuma como elemento definidor de la infracción sancionable misma, siempre que sea asimismo previsible, con suficiente grado de certeza, la consecuencia punitiva derivada de aquel incumplimiento o transgresión. Muy al contrario, tales normas determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la Ley delega a favor de ellos para “ordenar…la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares. A mayor abundamiento, nos dice Alejandro Nieto que “En el Derecho Penal la estructura de la norma punitiva es muy sencilla, puesto que tanto la tipificación de la infracción como la atribución de la sanción tienen lugar, salvo excepciones, de forma directa e individualizada; mientras que en el Derecho Administrativo Sancionador el mecanismo es mucho más complejo, ya que con frecuencia la tipificación no es directa sino por remisión y la atribución no es individualizada sino genérica. (…) no se trata de simples diferencias de matiz sino, como mínimo, de estructura normativa.

¡La discriminación en Costa Rica existe!. Apliquemos la Ley No. 7948.

noreply@blogger.com (Cucho Games) — Sat, 18 Sep 2010 00:49:22 PDT

Recomendar a funcionarios públicos que no se ejerciten comportamientos discriminatorios y que estos accedan ha cumplir es una falacia y cuando estas recomendaciones proceden de quienes ostentan el poder se convierte en un claro ejercicio de hipocresía, por ser ellos los responsables de con sus ejemplos demostrar que sus palabras no tienen sustento, es por eso que el poder Coercitivo del Estado debe estar allí presente. Edward C.G.

Se puede decir que la discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo humano determinado, en este caso en estudio, contra personas con Capacidades Distintas a la gran mayoría de sujetos de la sociedad. Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan otros grupos sociales. La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. Tal y como me lo explico el Filosofo Matemático Marco Barrios, por lo general la mente humana prefiere pensar por medio de estereotipos, categorías y prejuicio; conducentes estas al hecho discriminatorio cuando se aplican esas opiniones estereotipadas a otros grupos.

Según manifiesta la Doctora María Teresa García, Catedrática de Estudios sobre Discapacidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana:

"La discriminación, aunque en general significa la acción de separar o distinguir unas cosas de otras, también, desde el punto de vista socio psicológico nos sugiere el trato inadecuado y diferente brindado a una persona o a un grupo de personas por diferentes razones, entre las que se encuentra la discapacidad".

Así mismo, ésta experta opina que:

"las personas con discapacidad en ocasiones sienten un cierto trato injusto, diferente y arbitrario que resulta difícil de demostrar, pero que los hace pensar en la discriminación".

Y añade, además:

"Así, estas personas pueden brindarnos innumerables ejemplos de trato negativo como rechazo a sus personas, por ser diferentes, por no “estar completos”; por “lucir otra imagen” que no es la establecida o esperada por la sociedad, lo cual llama la atención, resulta ser objeto de burlas, de asombro, de segregación, de aislamiento, de exclusión" (http://personasdiscapacidades.suite101.net).

Es así que encontraremos muchas actitudes discriminantes en contra de las personas con Capacidades Diferentes, negándoles la igualdad de oportunidades, concepto según el cual todas las personas deben tener las mismas oportunidades dentro de la sociedad y no se debe ser objeto de discriminación por razón alguna. Siendo importante señalar que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Costa Rica, consagran el principio de igualdad de la persona y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad –artículos 24 y 33 respectivamente-.

Uno de los mayores retos para la población discapacitada ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte, que no necesitan ser compadecidos, menos ignorados, denigrados u ocultados en instituciones. Dejar atrás la imagen de Clara, la niña a quien Heidy en teoría debía cuidar, esta imagen debe desaparecer de la mente de las personas, del colectivo que llamamos sociedad. Debemos entender que una persona humana debe ser evaluada por sus méritos personales, no por ideas estereotipadas sobre discapacidades. Muchos países han promulgado leyes que castigan a quien discrimina a una persona por su “discapacidad”. En nuestro caso la más conocida por el grueso de la población es la Ley número 7600.

Ahora bien, ¿Qué es discriminación de una persona humana con discapacidad? la Ley No. 7948 (Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad), define en su artículo 1 la Discriminación de la siguiente manera:

"El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales"

Asimismo, consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, a adoptar:

"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración"

Sobre el mismo tema la ley 7600, en el artículo 55 establece que:

"...Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o realicen las instituciones públicas o privadas..."

Bajo ese marco jurídico base, se debe señalar que existe una obligación por parte de los servidores públicos (en general de toda la población) de reconocer que las personas con discapacidad tienen iguales derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier otra persona, y ello se hace patente en una obligación de impedir toda forma de discriminación en virtud de la discapacidad de las personas, obligación que deriva de la condición de dignidad e igualdad que le es inherente a todo ser humano.

La referida Convención (Ley No. 7948), parte de la premisa de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidades. Se reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se considera que cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo a una persona discapacitada es una violación de sus derechos.

En este marco legal se reconoce que a las personas discapacitadas debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad. En virtud de tales consideraciones, la Ley No. 7948 consagra una obligación para el Gobierno de Costa Rica de adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

Asimismo, la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, cuyo objetivo es eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, dispone que existe una obligación del Estado de incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios. Además ordena que le corresponde al Estado garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.

Entonces … si existe el marco legal y los derechos fundamentales son universales, por lo que comprenden, sin reservas, a las personas con discapacidad, o sea que cualquier discriminación directa o trato negativo a estas personas constituye una violación a sus derechos. .. ¿Por qué sigue existiendo discriminación?. La respuesta se da en parte al leer las declaraciones dadas en San Salvador por el presidente del Comité de la OEA para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación a Discapacitados, el panameño Manuel Campos:

"En América tenemos una gran deuda con las personas con discapacidad, todavía se enfrentan a muchas barreras sociales, laborales y de otro tipo. La discriminación deja a los discapacitados en desventaja, en una sociedad que debe de tomar conciencia".

Conciencia, que pequeña palabra, fácil de aprender pero difícil de practicar, en una sociedad que poco se mantiene informada de diversos temas, se hace difícil crear en la mente de cada ser humano un poco de conciencia, en especial sobre temas como la discapacidad.

En pleno siglo XXI, la discriminación al colectivo de discapacitados es un agravio universal. Tal y como lo dice el Panameño Campos:

"Debemos de pasar de las palabras bonitas que se dicen en éste tipo de reuniones protocolares, a hacer acciones concretas, a medidas estandarizadas en cada nación en donde se permita una verdadera inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad" (Visto en http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/73066 18-09-2010 12:49 AM).