La Historia Completa

Por nietos truchos: Denuncian delitos de acción pública a Abuelas de Plaza de Mayo

2017-01-28T21:33:00.001-03:00

El miércoles 13 de enero de 2016, Juan Ricardo Mussa, Presidente de la ONG Paso por Paso Argentina, con el patrocinio del abogado Enrique A. Piragini, radicó una denuncia penal por ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del Dr. Krepalk, con intervención de la Fiscal Ana Russo, para que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación al Estado, falsificación de documentos y otros delitos, a raíz de haberse detectado la existencia de algunas personas que se habrían hecho pasar por nietos recuperados, amañando documentación y realizando estudios de ADN falsificados, percibiendo importantes sumas de dinero en carácter de indemnización, burlando así sus supuestos Derechos Humanos, y contando con la complicidad de distintos funcionarios y miembros de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Inclusive se solicita investigar la sospechosa desaparición de algunos de esos “nietos recuperados”, particularmente los que se “suicidaran” y los que fueran víctimas de supuestos robos y hechos de inseguridad. Se pide que todos y cada uno de los nietos recuperados vuelvan a realizar estudios genéticos en algún ente imparcial, habida cuenta que en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funcionara en el Hospital Durand, se detectaron gravísimas irregularidades. Se pide conocer el listado completo de los nietos recuperados, como así también los montos percibidos como indemnización.

Su texto es el siguiente:

FORMULA DENUNCIA PENAL

Señor Juez Federal:

JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Enrique A. Piragini abogado inscripto al T° II F° 252, correo electrónico epiragini@gmail.com CUIT 20-08502699-3, del C.A.L.Z. T° 22 F° 23, Celular 15-4159-8401, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la en la calle 8 entre 56 y 57, Sala de Profesionales del Edificio de Tribunales, piso 3ro. Casillero 592 de esta Ciudad.

I.-PERSONERIA

Conforme acredito como Presidente con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de La “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”, en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, el Dr. Enrique Piragini, inscripto al T° II F° 252, correo electrónico epiragini@gmail.com CUIT 20-08502699-3, del C.A.L.Z., Celular 15-4159-8401 y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la calle 8 entre 56 y 57, Sala de Profesionales del Edificio de Tribunales, piso 3ro. Casillero 592 de esta Ciudad, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

II.OBJETO

Que vengo a formular la presente denuncia para que se investigue los siguientes delitos para que se investigue la posible comisión de los delitos de DEFRAUDACION AL ESTADO, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, ASOCIACIÓN ILICITA Y OTROS DELITOS, que presumo como responsables de los delitos aquí denunciados al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao, como participes necesarios a la Sra. Hebe de Bonafini, a la Sra. Estela de Carloto, al Ex Ministro de Justicia Dr. Julio Alak y otros, que en forma discrecional han manipuleados los datos de ADN de muchas personas en forma totalmente irregular.

III. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADAS DE LOS HECHOS

A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia y gravedad.

A raíz de haberse detectado la existencia de algunas personas que se habrían hecho pasar por nietos recuperados, amañando documentación y realizando estudios de ADN falsificados, percibiendo importantes sumas de dinero en carácter de indemnización, burlando así sus supuestos Derechos Humanos, y contando con la complicidad de distintos funcionarios y miembros de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Inclusive se solicita investigar la sospechosa desaparición de algunos de esos “nietos recuperados”, particularmente los que se “suicidaran” (Virginia Ogando, Hernán Emilio Calogerópulos y Pablo Germán Athanasiu Laschan, el nieto recuperado 109, entre otros) y los que fueran victimas de supuestos robos y muestras de inseguridad. Se pide que todos y cada uno de los nietos recuperados vuelvan a realizar estudios genéticos en algún ente imparcial, habida cuenta que en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funcionara en el Hospital Durand, se detectaran gravísimas irregularidades.-

Como prueba solicito se recabe el listado completo de los nietos recuperados, que cobraran indemnizaciones, y se proceda a investigar todo elemento que pudiere respaldar el supuesto vinculo con personas desaparecidas durante el Proceso Militar. En especial solicito se exhume el cadáver de la nieta recuperada que apareciera suicidada aquí en La Plata, verificándose las circunstancias de su deceso, convocándose también a todos esos nietos recuperados para que realicen una contraprueba genética en alguna entidad de reconocido prestigio e imparcialidad. Pido también se secuestren los Legajos de cada uno de esos nietos recuperados que pudieren existir tanto en Madres como en Abuelas de Plaza de Mayo y en el Banco Nacional de Datos Genéticos, allanando dichas sedes en procura de obtener elementos de convicción útiles para la pesquisa propuesta. También pido que el Ministerio de Justicia de la Nación informe el listado de esas personas recuperadas y los montos percibidos como indemnización.-

Asumo el rol de querellante, y pido se me tenga por tal no solo como ciudadano sino también por aplicación de la teoría del interés difuso contenido en la Constitución Local y en la Carta Magna Nacional, en mi calidad de Presidente de la ong señalada ut supra, dado que estos hechos generan inquietud en la población perjudicando las arcas del Estado.-

IV.- MEDIDAS DE PRUEBAS

a).- El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) era un organismo autónomo y autárquico, creado en 1987 por la Ley 23511 y dependía del Poder Ejecutivo.

Pero los Kirchner desde el año 2009 lo pasaron bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a partir de la sanción de la Ley 26.548. En cumplimiento con la ley vigente, el traspaso de muestras, equipamiento y personal a la nueva sede, contó desde el 24 de mayo del 2013 con la coordinación técnica-científica de los Dres. Héctor M. Targovnik y Víctor Penchaszadeh, quienes también participaron en la reglamentación de la Ley 26.548.

b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a los Ex Ministros de Justicia y Derechos Humanos Dres. Gustavo Beliz, Horacio Rosatti, Alberto Iribarne, Aníbal Fernández.

b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a la Jueza Federal Dra. Servini de Cubría que en su momento denuncio: “Los jueces están todos asustados. Mire lo que hicieron”. Con esas duras palabras, la jueza María Romilda Servini de Cubría describió el cuadro “crítico” por el que atraviesa el Poder Judicial. En su opinión, desde que el gobierno impulsó la frustrada reforma en el tercer poder del Estado, hubo un “avasallamiento” de los magistrados.

“La Justicia está pasando una etapa crítica. Nunca estuvo tan dividida, hay un enfrentamiento que antes no existía. Dividir para reinar. Eso no quiere decir que antes los jueces te fueran a defender. No es una corporación”, manifestó la jueza, quien se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, por dar a conocer la identidad de su nieto recuperado Guido.

c).- Continuar con la investigación iniciada por la Jueza Federal Dra. María Servini de Cubría donde entiendo pone en duda la vinculación familiar con la Sra. Estela de Carloto por lo que solicito a V.S. se investigue la real apariencia familiar del nieto del Sr. Guido el expediente y la indagatoria a la Familia que lo crio.

b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a la Ex Responsable del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) Sra. Belén Rodríguez Cardozo.

En la sospecha de que las actuaciones de los Señores Lino Barañao, Hebe de Bonafini, Estela de Carloto, Julio Alak y otros puedan resultar alcanzados por las disposiciones del Código Penal, se formula la presente denuncia y se solicita a V.S., se inste la pertinente investigación.

V.- PETITORIO

a) Se tenga por constituido el domicilio, por formulada la presente denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente;

b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.

c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,

SE AFIANZARA LA JUSTICIA.-

Meijide le da la razón a Lopérfido: “No hubo documentados 30 mil desaparecidos”

2016-01-28T22:12:00.004-03:00

Fuente En Orsai

Los ex funcionarios aliancistas salieron a cuestionar el número de 30 mil desaparecidos, producto del genocidio de la última dictadura cívico militar. Primero fue el Darío Lopérfido y ahora Fernández Meijide que bancó la parada y sostuvo que esa cifra no está documentada.

En lo que parece una regresión al gobierno de Fernando De la Rúa, los ex funcionarios aliancistas se metieron de lleno en una polémica por la cifra de desaparecidos, que son reclamados por los organismos de Derechos Humanos.

Graciela Fernández Meijide salió a bancar la parada por las polémicas declaraciones de Lopérfido y sostuvo que "no hubo documentados 30 mil desaparecidos, puede que haya quedado gente sin denunciar."

En declaraciones a Radio Con Vos, Meijide agregó en sintonía con el funcionario de cultura porteño que "se puso el número 30 mil como número de peso para que tuviera consideración en la figura de genocidio”. Y agregó que “no es importante el número de desaparecidos sino saber y recordar lo que nos pasó”.

Ayer se conocieron declaraciones de Lopérfido donde aseguró que "no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada".

Como si fuera poco, afirmó que "es cierto también que los guerrilleros tenían estructuras militares”. "No hay que actuar con la tozudez de tomar una verdad como propia, nadie es dueño de la verdad”, lanzó.

CFKy Bonafini no son mis amigas... dice AHORA Carlotto.... ¡ELLA TAMPOCO ES ABUELA!

2016-01-28T10:49:00.000-03:00

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo habló, tras la reunión que mantuvo ayer en la Casa Rosada con el jefe de gabinete Marcos Peña.

La abuela que no es abuela, consultada sobre su relación con la ex Presidente, definió: "Con Cristina no hablé porque ella no es mi amiga".

Y aprovechó también para criticar a la Presidente de Madres de Plaza de Mayo, "Con Hebe de Bonafini no tengo ningún tipo de relación".

Carlotto, además de no ser abuela, como reiteradamente hemos afirmado en este sitio, esta conviertiendose cada día más en una judas.

No más venganza

2015-11-24T04:54:00.002-03:00

La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".

La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.

Fuente: Editorial Diario LA NACION 23-11-2015

el Gobierno rescribe la Historia como quiere, y pone y saca personas de la foto a su antojo

2012-06-04T23:31:00.000-03:00

"Yo fundé Página/12 y ahora soy su 1er desaparecido" Jorge Lanata.

En la misma semana en la que el diario Página/12 celebró el 25° aniversario de su fundación, con la inesperada presencia de la presidente Cristina Fernández, el periodista Jorge Lanata, mentor de ese periódico, mostró su desagrado por haber sido ignorado de las conmemoraciones, al punto de autodefinirse como el primer “desaparecido” de ese medio (además de no haber sido invitado).

Este domingo, en su programa, se ocupó de hacerle llegar un duro mensaje a la mandataria.

"Yo fundé el diario Página/12 el 26 de mayo de 1987. Lo dirigí durante los primeros diez años de esos veinticinco que cumplió ahora", recordó Lanata.

"Fui testigo de algo que conocía pero no había sufrido en carne propia: cómo el Gobierno rescribe la Historia como quiere, y pone y saca personas de la foto a su antojo, como hacían los soviéticos en las purgas", comparó.

En una carta abierta difundida en Periodismo Para Todos, el periodista consideró "patético y triste" que lo hubieran "convertido en el primer desaparecido de Página/12". "No sólo el acto fue patético. Usted fue patética", disparó.

"Usted es patética cuando trata de tapar el viento con la mano, cuando cree que su poder va a durar siempre, en un edificio que tambalea de mentiras", desafió el conductor.

"No voy a permitir que ni usted ni el diario que fundé me desaparezcan", advirtió.

"La invito a caminar por la calle, sin helicóptero ni custodia, y pregunte quién fue el fundador de Página/12", añadió el conductor.

"Usted se llena la boca hablando de identidad, origen y Derechos Humanos y no respetó ni mi identidad, ni mi origen ni mis Derechos Humanos", acusó, al tiempo que exigió: "Le estoy pidiendo que me respete como persona, mi pasado, mi identidad y mi presente".

El mensaje de Lanata a la Presidente se suma a los entredichos que el periodista mantuvo en los últimos días con Carla Castello y Reynaldo Sietecase. "No necesito a Página/12 para ser quien soy, pero Página/12 sí me necesita para haber sido lo que fue", remarcó el ex director del diario.

"Este cartel es uno de los recuerdos físicos más antiguos que tengo. En honor de su mentira, quiero romperlo", desafió en un claro mensaje a la mandataria. "Ahora, lo que queda está en mi cabeza y en mi corazón, y en la cabeza y el corazón de miles de personas", sostuvo Lanata, luego de romper en cámara el cartel. "Ahí, señora, no puede entrar, a menos que yo le dé permiso. Y no le voy a permitir nunca que usted entre a mentir también ahí", advirtió.

Video completo de la Carta abierta:

Asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga

2012-04-28T14:29:00.000-03:00

El Dr. Jorge Vicente Quiroga fue asesinado un 28 de abril de 1974, en Capital Federal. El Dr. Quiroga había sido designado como integrante de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, dedicada a juzgar en instancia única y juicio oral a los autores de actos terroristas, por lo cual había tomado parte en los procesos por la fuga del Penal de Rawson, el copamiento del aeropuerto de Trelew, y el secuestro del avión de Austral, entre otros.

Asi trato la subversion terrorista de los '70 a los jueces que, en democracia, juzgaron sus aberrantes crímenes: Asesinándolos para imprimir terror a quienes se atrevieran a juzgarlos en juicio justo y democrático. La barbarie comenzó con la acción irracional de liberarlos por parte del presidente terrorista Héctor José Cámpora a través de un indulto que permitio la venganza contra los jueces que los habian juzgado y condenado en democracia y fué Cámpora responsable, como jefe de estado que luego nadie se atreviera a realizar jucios por temor a represalias. Cámpora provocó los tan mentados "desaparecidos".

Esa mañana de abril, en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, el juez se disponía a buscar a un amigo para ver el partido de Boca-Independiente cuando dos terroristas que circulaban en motocicleta se le acercaron y le dispararon 6 tiros, 5 de los cuales lo impactaron en el cuerpo. Trasladado de urgencia al Hospital Rawson, murió cerca de las 17.00.

Si tan solo hoy en día existiesen jueces con la misma integridad y la misma vocación de justicia que el Dr. Quiroga para juzgar al terrorismo, las víctimas verían sus derechos garantizados y sus atacantes cumplirían la condena por sus acciones. Pero este defensor de las víctimas del terrorismo, terminó siendo víctima a su vez. Es por eso que en un nuevo aniversario de su aberrante crimen, desde La Historia Completa lo recordamos y homenajeamos, acompañando a sus hijos Gonzalo y Jorge en el recuerdo de su padre y comprometiéndonos a seguir luchando por él y por todas las víctimas del terrorismo.

Jorge y Hugo Franco menores asesinados por la subversion

2012-04-26T15:09:00.002-03:00

El 1ro de abril de 1976 dos chiquitos murieron y un bebé de 21 meses resultó herido como consecuencia de la explosión de un artefacto abandonado por terroristas en la zona de Retiro. La granada había sido encontrada por Hugo Franco, de 8 años, quien la llevó a su casa para jugar con su hermano Jorge, de 7. Cuando liberaron el percutor, el explosivo estalló y los hermanitos murieron en el acto. Cristian González, de 21 meses, también jugaba cerca y fue alcanzado por la explosión que le causó graves heridas.
En la Argentina actual, ellos tienen menos derechos que sus victimarios. No se los recuerda, ni se asiste o compensa a sus familias en ningún sentido.
Desde La Historia Completa nos negamos a ceder ante la indiferencia y el encubrimiento de estos hechos. ¡Luchamos todos los días por Justicia, Verdad y Reparación para todas las víctimas del terrorismo!

Para terminar con la mentira del peronismo

2012-03-22T06:19:00.003-03:00

Kirchner, Duhalde, Palito Ortega, Busti y Ruckauf en campaña, exhiben, sonrientes y orgullosos, una bandera con la foto del asesino comunista "Che" Guevara debajo de la cula se lee una frase claramente marxista-leninista: "Al pasado no regresaremos jamás".

El pasado es la tradición argentina, la moral critiana, las instituciones de la República, las libertades y garantías, el derecho de propiedad, las jerarquías naturales, en una palabra, la civilización.

Como de ese pasado quedan restos en esta Argentina maltrecha, ellos se aplican a destruirlo para después consolidar un sistema que no permite jamás su restauración.

Esa es la verdadera ideología de estos miserables. Todos son dirigentes peronistas importantes. Todos han sido gobernadores de provincia y dos de ellos, Presidentes de la Nación. Kirchner todavía lo es y está obviamente empeñado en aplicar el programa que anuncia la bandera negra que sostienen.

¡¿Puede alguien seguir creyendo que el peronismo es "anticomunista"!? ¿Cree alguien que Duhalde está realmente peleado con Kirchner? La secta marxista, interesada en el programa de aniquilamiento de la Argentina verdadera, jamás lo permitiría. Y está visto que todos ellos pertenecen a esa secta o le pertenecen. No pueden perder la ocasión histórica única que les da la plena posesión del poder total sobre una sociedad engañada por una prensa que responde a las mismas consignas o a otras consignas "kerenskianas" ("La Nación", por ejemplo) y anestesiada por la más estúpida ceguera.

Cosme Beccar Varela
Fuente

“No salimos a cazar pajaritos, sino al terrorismo y a los subversivos” La entrevista de CAMBIO16 a Jorge Rafael Videla, 2º parte

2012-03-09T02:32:00.004-03:00

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN CAMBIO16: Jorge Rafael Videla, exdictador Argentino (1976-1981)

“No salimos a cazar pajaritos, sino al terrorismo y a los subversivos”

Ricardo Angoso

En esta segunda entrega de la entrevista concedida en exclusiva a CAMBIO16, el exdictador, lejos de moderar sus declaraciones, persiste en mantener una visión radical de sus actuaciones al frente del país y no se arrepiente de la “caza al terrorista” que causó miles de desaparecidos.

Tras la publicación de la primera parte de esta entrevista en Cambio16, en Argentina se armó un revuelo de proporciones inimaginables. Cierta izquierda, que supuestamente dice defender los derechos humanos y los valores democráticos, incluso llegó a censurar a quien suscribe estas líneas por haber entrevistado al general Jorge Rafael Videla, en un ejercicio por tratar de imponer la autocensura y el silencio acerca de los sucesos que acontecieron en Argentina en las décadas pasadas. El comienzo de la censura es el inicio del totalitarismo. Quien teme a la verdad e impone un discurso basado en el pensamiento único sin posibilidad de objetarlo está defendiendo una forma de dictadura sutil, supuestamente inocente y anclada en las ‘verdades’ oficiales aceptadas por todos; pero, en definitiva, estamos ante una nueva forma de dictadura bajo ligeros ropajes democráticos.

La crisis Argentina de la
década de los setenta

¿Cómo juzga a la figura de Héctor Cámpora (1973)?
Los jóvenes peronistas más radicales le llaman al presidente el “tío Cámpora”, lo cual revela la afinidad entre este sector del movimiento con el presidente. Centenares de montoneros que habían perpetrado delitos y habían sido arrestados por las fuerzas de seguridad salen en libertad por decisión del presidente Cámpora. Esta gente, desde luego, no sale arrepentida ni con deseos de integrarse en el sistema democrático, sino directamente con la idea de continuar con la revolución y seguir por la vía violenta, incluso matando. Simultáneamente a estos hechos, el Congreso refrenda ese indulto y queda, digamos, legalizado de facto. Ni que decir tiene que estos jóvenes estaban armados e iban a continuar por la vía violenta su objetivo de hacer la revolución. Amnistía y olvido quedaban así refrendados. Ese fue el comienzo de los hechos que vinieron después; Perón no estaba en el país y, cuando tuvo conocimiento de los hechos, parece que no le agradaron. Estos jóvenes no actuaban de acuerdo con los principios que tenía Perón, que pasaban más por un reencuentro, un acuerdo entre todos los argentinos para solucionar los problemas, y tampoco estaban en la línea de su pensamiento.
Este desacuerdo se confirma cuando llega Perón a Argentina y no puede aterrizar donde estaba previsto, debido a que se había desatado una batalla campal donde estaba programado aterrizar y porque los propios peronistas se habían enfrentado entre ellos por el liderazgo del movimiento; se habla de que hubo entre un centenar y dos centenares de muertos. La recepción a Perón degeneró en un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del peronismo por monopolizar la figura del líder y controlarlo durante su llegada. Y el liderazgo, siguiendo sus patrones, tenía que dirimirse por la fuerza de las armas. El avión de Perón tiene que aterrizar en un aeropuerto militar por razones de seguridad y le recibe el vicepresidente que estaba en Buenos Aires. Perón toma conciencia de que las cosas no le van a resultar tan fáciles como él pensaba y que está juventud maravillosa de antes le iba a traer problemas; tendría que tomar medidas para evitar que la situación se desbordase y ya toma posiciones, considerando que estos jóvenes no eran tan idealistas sino revolucionarios, claramente. Tiempo después, consciente de la situación tan adversa que asume, provoca la renuncia de Cámpora y se hace un llamado a elecciones, en donde Perón sale elegido mayoritariamente con su esposa como vicepresidente. Perón, en esas elecciones, sale elegido con un alto porcentaje de votos, más del 62% del censo, y decide poner orden en un estado de cosas y en un movimiento que ya no compartía sus ideas.
Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que es el atentado contra el dirigente gremial José Ignacio Rucci, que es asesinado y ahí, el presidente dice: “Me cortaron las piernas”. Fue un acto doloroso y mostraba que Perón no dominaba todavía la situación, mostrando a las claras que el oponente ya no tenía miramientos y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Perón, entonces, en una reunión secreta con los dirigentes peronistas, en Los Olivos, da a entender a través de una directiva que se acabaron los miramientos hacia estos actos y que había acabar de una vez, incluso por la violencia, respondiendo a este tipo de acciones violentas y terroristas. Esta decisión dio lugar a que se produjeran una serie de acciones encubiertas. Y lamentablemente la mano ejecutora de este grupo que operaba bajo las órdenes y el consentimiento de Perón era el ministro de Bienestar Social, José López Rega, que organiza la Triple A, las famosas tres A (Alianza Anticomunista Argentina), un hombre de confianza del presidente que se dedica a ejecutar las órdenes que le da el viejo general y que no siempre se atienen a la legalidad. De esta manera, se van dando los primeros pasos y pone orden en el país, pero, sin embargo, el líder ya no es el de antes y tiene la salud muy desgastada. Hasta el último aliento da todos sus esfuerzos por normalizar y por trabajar en su proyecto, que desde luego no era el de los jóvenes “idealistas”, sino el de normalizar el país de una vez por todas tras los excesos cometidos.

María Estela Martínez de Perón, expresidente de Argentina

¿Como juzga el papel de María Estela en todos estos acontecimientos?
Perón muere y le sucede automáticamente su mujer, María Estela Martínez de Perón, tal como se preveía legalmente. La mujer de Perón, desde luego, no estaba preparada para ser presidenta, y mucho menos en las circunstancias en las que estaba viviendo el país. Para afrontar la situación que vivíamos, se necesitaba carácter, conocimiento, capacidad para tomar decisiones y prestigio, rasgos de los que carecía totalmente esta señora. El gobierno de María Estela va perdiendo fuerza. Era una buena alumna de Perón, eso sí, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo y el marxismo le provoca un rechazo total. En un almuerzo con varios generales, una treintena si mal no recuerdo, llegó a ser muy dura con el marxismo. En ese sentido, no quedaban dudas de que la dirección ideológica estaba encaminada, pero le faltaban fuerzas y conocimientos para llevar a cabo el combate, la lucha, y poner orden. Incluso para poner coto a las actividades de López Rega, que mataba por razones ideológicas, pero que también lo hacía por otras razones para cobrarse algunas cuentas pendientes. La situación, como ya he dicho antes, era muy difícil, reinaba un gran desorden. A Isabel se le hizo saber este estado de cosas y destituye finalmente a López Rega, que lo envía de embajador itinerante al exterior. Así se cumplía el deseo de muchos, entre los que me encontraba, que no queríamos que este hombre siguiera al frente de sus responsabilidades.
La acción del terrorismo sigue por su cuenta. Aquel calificativo de que eran “jóvenes idealistas” por pensar distinto hasta el extremo de masacrarlos quedó en evidencia, era una vulgar patraña. Esta gente estaba entrenada en el exterior, principalmente en Cuba, Siria, Libia y otros países, y luego dentro del país con instructores foráneos; además tenían armamentos y equipos de alto nivel ofensivo, incluso de tecnologías avanzadas. Todo ello reforzado con fábricas de armas y explosivos que llegaron a operar y tener dentro del territorio argentino. Tenían capacidad para matar y hacer daño a la sociedad argentina. Como remate a toda esta estructura, estaba la crueldad que les distinguía, no eran ángeles sino terroristas. Incluso la revista Time, en un artículo de la época, establecía que si comparábamos a terroristas argentinos, alemanes e italianos, en términos de crueldad, los europeos eran infinitamente más humanos que los de nuestro país. Huelgan más comentarios. Con esos “jóvenes idealistas” y sus crueles métodos nos teníamos que enfrentar entonces.
Así llegamos a finales de agosto de 1975, en que soy nombrado Comandante en Jefe del ejército argentino, y en los primeros días del mes de octubre, a principios, somos invitados los comandantes de los tres ejércitos a una reunión de gobierno presidida por Italo Luder, que ejercía como presidente por enfermedad de María Estela, en las que se nos pide nuestra opinión y qué hacer frente a la desmesura que había tomado el curso del país frente a estas acciones terroristas.
Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer cuatro cursos de acción, que no viene al caso detallar ahora, que culminó con la selección de parte del doctor Luder del cuarto curso de acción, que era el más riesgoso, en cuanto que confería más libertad de acción, pero que garantizaba en no más de un año y medio que el terrorismo sería derrotado. Los cursos de acción del 1 al 3 eran más contemplativos, pautados con el fin de evitar errores, pero –de ser seguidos– irían a dilatar sin término el caos en el que se vivía.
El acuerdo se firmaba, bajo estos decretos, para combatir el terrorismo en todas sus formas y hasta el aniquilamiento definitivo; por otras razones, más tarde, cuando fuimos juzgados, se le preguntó a Luder por el término aniquilar e hizo un excelente exposición en términos semánticos sobre la cuestión, que se resume en reducir a la nada; no tiene otra interpretación. A partir de ese momento, de hecho y de derecho, el país entra en una guerra, pues no salimos como Fuerzas Armadas a cazar pajaritos, sino a combatir al terrorismo y a los subversivos. Estamos preparados, como militares, para matar o morir, estábamos en una guerra ante un enemigo implacable, aunque no mediara una agresión formal, estábamos en una lucha. Así, a principios de octubre de ese año, entramos en una guerra de una forma clara. Desde el punto de vista del planeamiento no fue sorpresa porque el ejército ya jugaba con hipótesis de conflicto, una de las cuales era un desborde sorpresivo terrorista que sobrepasara a las fuerzas de seguridad y que se tuvieran que emplear a las Fuerzas Armadas para detener la amenaza. Teníamos esa contingencia prevista y, ante tal eventualidad, lo único que teníamos que hacer era salir a luchar con los planes previstos.

El Proceso de
Reorganización Nacional

¿Qué lograron en términos económicos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982) que usted lideró?
En lo económico, también se había mejorado, aunque teníamos riesgos inflacionarios que no voy a ocultar ni minimizar. Pero sí se había logrado la confianza del exterior, sobre todo a través de créditos para la Argentina para remozar el aparato productivo del país que estaba seriamente desatendido. Había, además, una gran paz social y se aceptó, mediante un acuerdo con los gremios, que los salarios estuvieran sujetos a la productividad y no a otros elementos; el que más trabaja más ganaba, simplemente. Teníamos un desempleo peligroso, podemos decir, pero no alto, del 2,5%. Digo peligroso porque no permitía flexibilidad en el mercado de trabajo. Y la clase política no daba muestras ni ansiedad de que el periodo se agotase y se iniciase una nueva etapa política; nos seguían con atención y desconocían cómo había sido la guerra, que parecía haber ocurrido en una nebulosa. Los políticos no querían meterse mucho en estos asuntos y los dejaban para aquellos que manejaban la seguridad del país, responsabilidad que recaía en nosotros en aquellos momentos.

Entonces, y volviendo a los retos planteados tras el 24 de marzo de 1974, si el Proceso había cumplido sus objetivos, ¿por qué no abandonaron el poder?
El Proceso había cumplido sus objetivos a mediados del año 1978, este es un punto crucial que quiero destacar. La pregunta era: si el Proceso había cumplido sus objetivos, ¿por que no darlo por terminado? No había otra razón de ser, las cosas ya se habían hecho. O había que darle otro sentido. Y si así era, el Proceso iba a languidecer porque no tenía otra razón de ser en aquellos momentos. Nunca se planteó oficialmente esta cuestión que era crucial y fundamental. Había un sector perfeccionista de las Fuerzas Armadas que decía que ahora las cosas están bien y vamos a embarcarnos en otros problemas, a seguir trabajando hasta que las cosas sean perfectas, pero no era así, creo yo, porque los hombres no llegan nunca a la perfección absoluta. Los hombres no son perfectos, solo Dios lo es. Era tan sólo una forma de justificar el quedarse en el poder por quedarse. Y había un sector que decía que a este Proceso que habíamos comenzado había que darle otra razón de ser.

¿Hablamos, entonces, de que las Fuerzas Armadas estaban divididas en ese momento?
Este asunto sobre la naturaleza del Proceso no fue tratado oficialmente, pero el debate estaba ahí, subyacía esa división acerca de que dirección se quería tomar y había sus matices sobre cómo afrontar el futuro. Había que dar otra naturaleza, otro contenido al Proceso, pero también estaba la posibilidad de abandonarlo de una forma definitiva. Luego estaba el conflicto con Chile por las islas del canal de Beagle, y tenga en cuenta que estuvimos a punto, en diciembre de 1978, de llegar a una guerra. También quedaba el camino de una salida política ordenada de un Proceso que se había mostrado exitoso en el desempeño de sus funciones; en ese momento se podía negociar desde una posición óptima. Yo mantenía que el Proceso, en esos momentos, tenía que ser capaz de dejar su descendencia, es decir, hacer política de una forma que las Fuerzas Armadas transcendieran más allá del periodo histórico que ya habíamos superado.
¿Cómo? Dejando la herencia de un Proceso exitoso a los políticos que eran nuestros aliados y amigos, ese era el camino de entonces que yo defendí. Pero hay hubo otros problemas, ya que la política se hace con ideas y con hombres; las ideas eran las del Proceso, que llevamos adelante, y luego estaban los hombres, que tienen nombre y apellidos. Si en aquellos momentos se hubieran antepuesto los nombres y apellidos de algunos que estaban participando en el proceso, se hubiera roto la cohesión de las Fuerzas Armadas y este era un valor que no podíamos poner en juego y arriesgar. No podíamos darnos el lujo de romper la cohesión de las Fuerzas Armadas, estaban todavía en juego muchas cosas. Lamentablemente, en ese dejar pasar el tiempo el Proceso en sí languideció y llegó muy desgastado, sin presión externa, hasta fines del año 1979, en que la Junta hizo públicas las bases políticas del Proceso y las sometía a la opinión de toda la comunidad argentina a cuyo frente se situaría el ministro del Interior de entonces para escuchar a todas las voces cualificadas de la sociedad argentina para consultarlos sobre esas bases o modificarlas. O, en su defecto, después de escuchar a todas las partes, enriquecerlas con nuevos aportes. Se trataba de establecer un diálogo productivo entre las autoridades y la sociedad argentina sobre estas bases políticas, pero había dos preguntas ineludibles: 1) ¿Si era conveniente la revisión del acuerdo en la guerra que habíamos librado contra la subversión?; y 2) ¿si estuvo justificado el levantamiento militar del 24 de marzo de 1976? La respuesta a la primera llegó al 70 por ciento y a la segunda al 80 por ciento del acuerdo nacional, respectivamente.

Las víctimas del terrorismo
¿Por qué ustedes no le dieron un reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Argentina, cuando es un asunto importante y todavía no resuelto en su país?
Tiene usted razón, tenía que haberse abordado este asunto. El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo. En este momento, y visto con esta perspectiva, es algo que no se hizo. Se reivindicó a los combatientes, también se trabajó en la reivindicación de los presos políticos, que somos nosotros, y ahora se trabaja en esta última reivindicación, en la de las víctimas del terrorismo. Al margen de los combatientes y muertos, y de los presos políticos que estamos pagando un servicio a la patria, faltaban las víctimas del terrorismo y hay ya gente que está trabajando en este asunto, en la búsqueda de esa reivindicación, aunque si bien es cierto que todavía no se ha tenido éxito en lograr ese justo y merecido reconocimiento a ese colectivo por el que usted pregunta. Es un trabajo en el que se lleva trabajando desde hace años, pero este gobierno se niega a reconocer sistemáticamente que existieran víctimas del otro lado, ya que si lo hiciera tendría que juzgar a los terroristas que produjeron aquellos hechos y actos que provocaron la existencia de víctimas. Fíjese que hasta en el gobierno de Menem había paridad y cierto respeto a las fuerzas de las dos partes que lucharon o se enfrentaron en aquellos años, incluso emite varios decretos que tienen una dirección simétrica hacia las dos partes. Reconoce con exactos argumentos a las dos partes.
Pero el gobierno actual se ha caracterizado por la asimetría y nos ha considerado solo a nosotros como la parte beligerante, como el demonio que tiene que ser condenado y encarcelado. El otro demonio, los terroristas o los guerrilleros, no existen, eran simplemente “jóvenes idealistas”. Y los esfuerzos que se han hecho en presentar casos de víctimas con nombres y apellidos siguen abiertos esperando el sueño de los justos; la justicia, en un caso, llegó hasta la segunda instancia, pero ahí se extinguió la acción y la lucha sigue. El gobierno sólo reconoce a las víctimas de una de las partes, pero les niega todos los derechos a la otra.

Hay un tema importante: ¿es cierto que se intentó recrear la Cámara Federal en lo penal y que no se encontraron jueces voluntarios?
Fue real, fue tal como dice. La comunidad judicial de entonces estaba amedrentada. A partir de la amnistía de Cámpora, que terminó con todos los condenados por actos violentos en la calle, los jueces, por el contrario, fueron asesinados, cesanteados y tiroteados. Esa era la realidad de entonces, de antes de que llegáramos al gobierno. Este asunto no se llegó a tratar oficialmente, pero quiero señalarle que tampoco se encontraban los jueces que quisieran trabajar en el desarrollo del proyecto. No se pudo hacer, simplemente. Aunque quiero decirle algo, los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya expliqué antes, como el desgobierno y la anarquía a que habíamos llegado. Podía desaparecer la nación argentina, estábamos en un peligro real. No es que los militares nos levantáramos un día de la cama y nos hubiéramos dicho: ¡vamos a ir de cacería o a matar “jóvenes idealistas”! Nada de eso, había otras razones de otra índole. Pero realmente Luder nos había dado para la guerra todas las formas y medios que necesitábamos, en nosotros estaba el ser prudentes o no, queriendo reconocer que en algunos casos hubo excesos.

El papel de las Juntas
Militares

¿Por qué la Junta no dio instrucciones más precisas, incluso por escrito, de lo que estaba haciendo y de las órdenes que impartía?
Creo que órdenes existieron y fueron precisas, no puedo entrar en detalle ahora en todas ellas. Las órdenes estaban y los que las impartieron, que fueron asumidas por cada uno de los miembros de la cadena de la mando que las dieron. Creo, sinceramente, que fue así.

¿Cómo juzga al almirante Eduardo Massera? ¿tuvo diferencias con él?
Hubo diferencias, claro, él era esencialmente un hombre político, algo que yo no era. Era un hombre muy político, quizá se equivocó eligiendo la profesión de militar y se dedicó a la profesión equivocada.

¿No es sorprendente también que se hayan juzgado a oficiales y suboficiales que aquellos días tenían apenas una veintena de años o algo más?
Mire, yo digo que si el juzgado en este caso, independientemente de su edad, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden está bien juzgado. Los demás, le aseguro, son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese castigo colectivo con que se quiere castigar a todas las Fuerzas Armadas. Este plan sigue una política gramsciana que esta gente cumple de punta a punta, disuadiendo a unas instituciones que han tomado como rehenes, creando desaparecidos que nunca existieron y vaciando de contenidos a la justicia. Hoy, la República está desaparecida, no tiene justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios, porque están vendidos al poder. Hoy, las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen; las realidades no son así.

El futuro del país

¿Cómo ve la Argentina de hoy, tiene esperanzas de que haya algún cambio?
La suerte nuestra, la de los militares detenidos, está en que el país se encamine por otra dirección. Si el país cambia hacia otro rumbo, seguramente, no estaríamos presos. Yo digo que estamos en una situación hoy muy negativa, totalmente negativa, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones de sentar puntos de apoyo a una oposición sólida y que actuara responsablemente para cambiar este estado de cosas al que me refería antes. Hablo de un cambio, claro, por la vía democrática, ya no es el tiempo de los golpes de Estado, aunque tampoco habría Fuerzas Armadas para darlo ni vocación para hacerlo. Esta situación de inmediato no va a cambiar, lamentablemente, porque no veo el actor, el líder, y no creo en los iluminados. La política se hace con hombres e ideas y ahora no los hay, ahora Argentina no los tiene. No hay tampoco movimientos de opinión sistemáticos contra este gobierno, todos viven bajo el temor del qué dirán, de que les dejen hacer, en definitiva. Todo es miedo y temor, y vivimos permanentemente bajo ese miedo. Y cuando una sociedad vive bajo el miedo no puede esperar que esté en un actitud de coraje para enfrentar un gobierno que de por sí no tiene reparos y no se detiene ante nada. Un gobierno arbitrario, con espíritu totalitario, y que no se detiene ante nada y ante nadie, que ha perdido la vergüenza y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el panorama de la Argentina de hoy y de seguir, que todo parece que seguirá igual, permanecerá en el futuro inmediato. No hay solución en el corto plazo.
Luego está la pretensión permanente de seguir escarbando en el pasado, colocándonos a los militares en la vereda de enfrente como unos indeseables. Hay que comenzar a pensar en el futuro, pero sin concordia no hay futuro. En consecuencia, creo que tiene que haber un diálogo amplio y superador de todos los sectores de la opinión pública para lograr abandonar esos puntos de fricción que están impidiendo en este momento esa concordia. Por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos y ofrecérsela a la sociedad argentina. Son una realidad, son un invento, son una especulación política o económica, ¿qué son realmente los desaparecidos? Así sucede con otras cosas más que no han sido cerradas y siguen presentes en nuestra vida. Repito: ese diálogo tiene que blanquear esa situación conflictiva que vivimos hoy, superar a través de la concordia nuestras diferencias y tirar hacia adelante con un proyecto de nación basado en un proyecto de vida en común, algo que le falta a la Argentina de hoy. Lo que decía Ortega y Gasset: un proyecto de nación y de vida en común. ¿Qué político ha dicho lo que quiere para la Argentina de hoy? Nadie. Estamos en el puesto que ganamos sin ansias de cambiar nada. Tenemos que despertar, apagar las pasiones y mirar hacia el futuro con otras miras, pensando en los próximos diez años cuando menos. Y en ese encuentro que debe de buscar un punto en común para el diálogo hay que dejar de lado todas tensiones y rigideces que nos han paralizado. A punto está de que en Argentina estamos sin oposición y un país no puede vivir sin oposición. Los que ejercen el gobierno lo hacen con pretensiones de crear un caudillato sin que nadie los critique y todo el mundo asienta. ¿Se saldrán con la suya?

El presente de Argentina bajo los Kirchner

¿En qué ha fallado este gobierno, qué le diría a los argentinos sobre el mismo?
Si algo tiene Argentina es su riqueza agropecuaria, somos o éramos el granero del mundo, y el agro ha sido borrado de la estructura nacional. Este gobierno ha asociado el campo con la oligarquía y como enemigo de ese socialismo que ellos pregonan, no podemos esperar de esta gente una solución, la única vía es sacarlos del gobierno y no a través de un golpe de Estado, sino a través de los cauces democráticos. Yo, en las últimas elecciones habidas en el país, esperaba a que apareciera un líder o un movimiento para hacer frente a lo que vivimos, que todos los dirigentes de la oposición se unieran para combatir esta lacra y salir hacia adelante, pero bueno, no apareció y no fue así. Quisiera ser optimista, pero no puedo, aunque siga peleando desde la cárcel, desde aquí. Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna del prisionero de guerra es la evasión, mientras que para el preso político la lucha es otra, que es el campo de la política y que es antipático quizá para los militares. Hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación, y esa es nuestra función: no quedarnos de brazos cruzados.

Desde que está en prisión, ¿le visitan sus antiguos aliados y amigos, o lo han olvidado desde entonces?
Algunos, algunos, pero no pasan de cinco. Nuestra sociedad, que la componen también mis amigos, la argentina, fue la protagonista de la tremenda guerra que vivimos, porque era un combate contra la sociedad argentina y cambiarla a través del modelo marxista que preconizaban esos grupos alzados en armas. Ese proyecto estaba en plena expansión en América Latina y la sociedad argentina fue objeto y sujeto de ese proyecto totalitario. Esa sociedad se defendió a través de su brazo armado de esa agresión que sufría de unos grupos armados bien conocidos. Luego está la figura del chivo expiatorio, que han sido los militares, y la sociedad argentina actuó de una forma cobarde y dejando abandonado a su ejército, que fue el principal actor en ese conflicto defendiendo a su país de esa verdadera agresión.

Las fuerzas armadas
argentinas hoy

¿Cómo se explica ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas y de indefensión de la Argentina que denuncian algunos militares?
Porque es la revancha de los derrotados, de los “jóvenes idealistas” de Perón, que no lograron sus objetivos, que pasaban por tomar el poder. Con Cámpora lo habían conseguido, en parte. Como ese proyecto revolucionario que tenían de hacerse con el poder se vio frustrado por las Fuerzas Armadas (que, cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional, salieron a reprimirlos y a enfrentarlos), fuimos los ejecutores de parar ese proyecto. Nos preguntaron qué hacer ante la amenaza armada que tenía el Estado y dimos la respuesta que había que dar, que era que nos sacaran a nosotros a hacer frente a esa amenaza. No queda otra vía, claro. Y los derrotamos con las armas en la mano, claramente, y eso los actuales gobernantes, que son herederos de aquellos grupos subversivos, no nos lo perdonan.

¿Por qué, en definitiva, en ninguna parte de América Latina se da esta situación de más de un millar de militares detenidos, procesados y condenados?
Es cierto, esta situación no se da en otras partes del continente. Así es, como usted dice. La explicación es el espíritu de revancha y venganza que anima a este gobierno.

¿Cómo es posible entender actitudes como la del general Martín Balza sobre las fuerzas armadas, e incluso las tareas en las que él participó entonces?
La sensación es que es un canalla, un hombre que se vendió al enemigo para escalar posiciones. Pregunto: ¿cuántos años lleva de embajador? Siete u ocho años. Un trepador vendido por poder y dinero. Él me envió tres cartas en el pasado y muestra su subordinación, afecto y aprecio hacia mí. No eran unas cartas burocráticas, sino escritas sinceramente y algunas incluso a mano deseando mi libertad, solidarizándose conmigo y esperando un “nuevo amanecer”. Ahora se vende por ansias de poder y denigra a sus antiguos compañeros, ¡qué miserable!

¿Qué mensaje le daría a los soldados que están detenidos actualmente y a sus familias, que también sufren en sus carnes esta situación?
Yo creo que el mensaje explícito y tácito, que es al que yo me atengo, que es la conducta, el ejemplo y el modo de vida, que siempre han sido mis guías, en los buenos y en los malos momentos.

¿Por qué renunció su abogado defensor cuando iba tan avanzado su proceso?
Entrábamos en otra etapa, pasábamos de la etapa instructora a la de los juicios orales y públicos. Era más de lo mismo, con público y publicidad, más de lo mismo, un circo, en definitiva. Entonces, llamé a mis abogados y les dije: ustedes cumplieron su tarea y ahora se trataría de que dejaran para la historia, por escrito, todas las irregularidades y arbitrariedades de las que hemos sido objeto. Que quede escrito y haya constancia de todo lo sucedido para que la gente, en el futuro, conozca lo que realmente sucedió. El abogado soportaba un enorme sacrificio para el desempeño de sus funciones y casi tenía que dejar su trabajo. La real motivación por la que se fue, para que no quedara duda, era que no se prestaba gratuitamente a esa parodia de juicio sin justicia y sin derecho.

¿Recibiría a algún líder montonero en aras de llegar a la concordia?
Tal como están las cosas, en estos momentos, definitivamente no. En un proceso final, llegado el caso, no aceptaría un diálogo de igual entre unos militares que luchamos por defender a las instituciones de la nación con los cabecillas de una organización armada formada por subversivos, creo que ese no es el punto de partida. No creo que se puedan equiparar las dos partes, no se puede establecer una concordia desde un punto de partida en que todos somos iguales. Yo hablo, además, de un diálogo entre las partes que sea representativo en la sociedad, pero no de establecer una concordia sin justicia.

"En Argentina no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta". La entrevista de CAMBIO16 a Jorge Rafael Videla, 1º parte

2012-03-09T02:17:00.005-03:00

"En Argentina no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta".

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN CAMBIO16 / Jorge Rafael Videla, exdictador argentino (1976-1981)

Ricardo Angoso

Aún hoy se siente orgulloso de haber sido una de las cabezas visibles del periodo histórico más deleznable de la historia reciente de Argentina, con miles de desaparecidos y asesinados por la Junta Militar. Eso sí, agradece los servicios prestados a la Iglesia católica
LA CRISIS ARGENTINA DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Ricardo Angoso: ¿Cómo estaba viviendo Argentina en el año 1976, qué estaba pasando en ese momento?

Jorge Rafael Videla: Mi impresión sobre ese período es fácil de definir. Ubiquémonos en el año 1973, para comenzar. Se cerró un ciclo militar, tras un gobierno de esas características, y llegó el doctor Héctor Cámpora, que era un hombre de poco carácter, manejable e incluso peligroso, en un momento en que el peronismo se estaba redifiniendo y también radicalizando. Cámpora representaba, siguiendo la moda del momento, una tendencia de izquierdas, progresista podemos decir dentro del movimiento, frente al conservadurismo. Sin ser una persona de izquierdas era más afín a esa tendencia, plegándose a los intereses y deseos de los más jóvenes dentro del peronismo. Cámpora se hace con el gobierno, tras haber ganado las elecciones, el 25 de mayo de 1973, y una de las primeras medidas que toma, sino la primera, es el decreto por el que se pone en libertad a todos los terroristas detenidos y condenados por un tribunal que había sido creado por el general Alejandro Danusse. Este tribunal era una Cámara Federal en lo Penal (Cafepena) creada específicamente para investigar y condenar actos de terrorismo cometidos en todo el ámbito nacional y era específica para dichos actos. Como consecuencia del trabajo llevado a cabo por las autoridades anteriores a Cámpora había más de un millar de terroristas detenidos por delitos probados. Cámpora firma el decreto de indulto por el cual se liberan a todos estos presos que provienen de los sectores jóvenes y radicales del peronismo; salen victoriosos de las cárceles y cuando salen, a la media noche, les esperan sus seguidores y compañeros. Comienza el caos y el terror se adueña, de nuevo, de las calles de Argentina.

Los jóvenes peronistas más radicales le llaman al presidente el "tío Cámpora", lo cual revela la afinidad entre este sector del movimiento con el presidente. Esta gente, desde luego, no salen arrepentidos ni con deseos de integrarse en el sistema democrático, sino directamente con la idea de continuar con la revolución y seguir por la vía violenta, incluso matando. Simultáneamente a estos hechos, el Congreso refrenda ese indulto y queda, digamos, legalizado de facto. Ni que decir tiene que estos jóvenes estaban armados e iban a continuar por la vía violenta su objetivo de hacer la revolución. Amnistía y olvido quedaban así refrendados. Ese fue el comienzo de los hechos que vinieron después; Perón no estaba en el país y, cuando tuvo conocimiento de los hechos, parece que no le agradaron. Estos jóvenes no actuaban de acuerdo con los principios que tenía Perón, que pasaban más por un reencuentro, un acuerdo entre todos los argentinos para solucionar los problemas, y tampoco estaban en la línea de su pensamiento.

Este desacuerdo se confirma cuando llega Perón a Argentina y no puede aterrizar donde estaba previsto, debido a que se había desatado una batalla campal donde estaba programado aterrizar y porque los propios peronistas se habían enfrentado entre ellos por el liderazgo del movimiento; se habla de que hubo entre un centenar y dos centenares de muertos. La recepción a Perón degeneró en un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del peronismo por monopolizar la figura del líder y controlarlo durante su llegada. Y el liderazgo, siguiendo sus patrones, tenía que dirimirse por la fuerza de las armas. El avión de Perón tiene que aterrizar en un aeropuerto militar por razones de seguridad y le recibe el vicepresidente que estaba en Buenos Aires. Perón toma conciencia de que las cosas no le van a resultar tan fáciles como él pensaba y que está juventud maravillosa de antes le iba a traer problemas; tendría que tomar medidas para evitar que la situación se desbordase y ya toma posiciones, considerando que estos jóvenes no eran tan idealistas sino revolucionarios, claramente. Tiempo después, consciente de la situación tan adversa que asume, provoca la renuncia de Cámpora y se hace un llamado a elecciones, en donde Perón sale elegido mayoritariamente con su esposa como vicepresidente. Perón, en esas elecciones, sale elegido con un alto porcentaje de votos, más del 62% del censo, y decide poner orden en un estado de cosas y en un movimiento que ya no compartía sus ideas.

Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que es el atentado contra el dirigente gremial José Ignacio Rucci, que es asesinado y ahí, el presidente dice: "Me cortaron las piernas". Fue un acto doloroso y mostraba que Perón no dominaba todavía la situación, mostrando a las claras que el oponente ya no tenía miramientos y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Perón, entonces, en una reunión secreta con los dirigentes peronistas, en Los Olivos, da a entender a través de una directiva que se acabaron los miramientos hacia estos actos y que había acabar de una vez, incluso por la violencia, respondiendo a este tipo de acciones violentas y terroristas. Esta decisión dio lugar a que se produjeran una serie de acciones encubiertas. Y lamentablemente la mano ejecutora de este grupo que operaba bajo las órdenes y el consentimiento de Perón era el ministro de Bienestar Social, José López Rega, que organiza la Triple A, las famosas tres A -Alianza Anticomunista Argentina-, un hombre de confianza del presidente que se dedica a ejecutar las órdenes que le da el viejo general y que no siempre se atienen a la legalidad. De esta manera, se van dando los primeros pasos y pone orden en el país, pero, sin embargo, el líder ya no es el de antes y tiene la salud muy desgastada. Hasta el último aliento da todos sus esfuerzos por normalizar y por trabajar en su proyecto, que desde luego no era el de los jóvenes "idealistas", sino el de normalizar el país de una vez por todas tras los excesos cometidos.

MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN, PRESIDENTE DE ARGENTINA

Perón muere y le sucede automáticamente su mujer, María Estela Martínez de Perón, tal como se preveía legalmente. La mujer de Perón, desde luego, no estaba preparada para ser presidente y mucho menos en las circunstancias en las que estaba viviendo el país. Para afrontar la situación que vivíamos, se necesitaba carácter, conocimiento, capacidad para tomar decisiones y prestigio, rasgos de los que carecía totalmente esta señora. El gobierno de María Estela va perdiendo fuerza. Era una buena alumna de Perón, eso sí, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo y el marxismo le provoca un rechazo total. En un almuerzo con varios generales, una treintena si mal no recuerdo, llegó a ser muy dura con el marxismo, en ese sentido no quedaban dudas de que la dirección ideológica estaba encaminada, pero le faltaban fuerzas y conocimientos para llevar a cabo el combate, la lucha, y poner orden. Incluso para poner coto a las actividades de López Rega, que mataba por razones ideológicas pero que también lo hacía por otras razones para cobrarse algunas cuentas pendientes. La situación, como ya he dicho antes, era muy difícil, reinaba un gran desorden. A Isabel se le hizo saber este estado de cosas y destituye finalmente a López Rega, que lo envía de embajador itinerante al exterior. Así se cumplía el deseo de muchos, entre los que me encontraba, que no queríamos que este hombre siguiera al frente de sus responsabilidades.

La acción del terrorismo sigue por su cuenta. Aquel calificativo de que eran "jóvenes idealistas" por pensar distinto hasta el extremo de masacrarlos quedo en evidencia, era una vulgar patraña. Esta gente estaba entrenada en el exterior, principalmente en Cuba, Siria, Libia y otros países, y luego dentro del país con instructores foráneos; además tenían armamentos y equipos de alto nivel ofensivo, incluso de tecnologías avanzadas. Todo ello reforzado con fábricas de armas y explosivos que llegaron a operar y tener dentro del territorio argentino. Tenían capacidad para matar y hacer daño a la sociedad argentina. Como remate a toda esta estructura, estaba la crueldad que les distinguía, no eran ángeles sino terroristas. Incluso la revista Time, en un artículo de la época, establecía que si comparábamos a terroristas argentinos, alemanes e italianos, en términos de crueldad, los europeos eran infinitamente más humanos que los de nuestro país. Huelgan más comentarios. Con esos "jóvenes idealistas" y sus crueles métodos nos teníamos que enfrentar entonces.

Así llegamos a finales de agosto de 1975, en que soy nombrado Comandante en Jefe del ejército argentino, y en los primeros días del mes de octubre, a principios, somos invitados los comandantes de los tres ejércitos a una reunión de gobierno presidida por Italo Luder, que ejercía como presidente por enfermedad de María Estela, en las que se nos pide nuestra opinión y qué hacer frente a la desmesura que había tomado el curso del país frente a estas acciones terroristas.

Vivíamos unos tiempos turbulentos y había que dar una respuesta. Muestra de la debilidad del momento era la enfermedad de la presidenta, que ni siquiera podía ejercer su mandato en esa difícil situación. Y con el acuerdo de las otras dos fuerzas militares, la armada y la aérea, yo expuse algunos lineamientos para hacer frente a la amenaza terrorista que padecíamos. De acuerdo con el gobierno de entonces se realzaban algunas medidas acordadas entre las partes para hacer frente al terrorismo y que un periodo de año y medio estaba amenaza fuera conjurada de una forma eficiente. Italo Luder llegó a firmar los decretos para que las Fuerzas Armadas del país pudieran actuar efectivamente en la lucha contra los "subversivos" y el terrorismo. También se decidió que las fuerzas de seguridad del Estado, conjuramente con las Fuerzas Armadas, se coordinasen en estas acciones antiterroristas. Se había logrado un acuerdo entre el poder político y los militares para luchar conjuntamente contra el terrorismo.

Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer cuatro cursos de acción, que no viene al caso detallar ahora, que culminó con la selección de parte del doctor Luder del cuarto curso de acción, que era el más riesgoso, en cuanto que confería más libertad de acción, pero que garantizaba en no más de un año y medio que el terrorismo sería derrotado. Los cursos de acción del 1 al 3 eran más contemplativos, pautados con el fin de evitar errores, pero – de ser seguidos – irían a dilatar sin término el caos en el que se vivía.

El acuerdo se firmaba, bajo estos decretos, para combatir el terrorismo en todas sus formas y hasta el aniquilamiento definitivo; por otras razones, más tarde, cuando fuimos juzgados, se le preguntó a Luder por el término aniquilar e hizo un excelente exposición en términos semánticos sobre la cuestión, que se resume en reducir a la nada; no tiene otra interpretación. A partir de ese momento, de hecho y de derecho, el país entra en una guerra, pues no salimos como Fuerzas Armadas a cazar pajaritos, sino a combatir al terrorismo y a los subversivos. Estamos preparados, como militares, para matar o morir, estábamos en una guerra ante un enemigo implacable, aunque no mediara una agresión formal, estábamos en una lucha. Así, a principios de octubre de ese año, entramos en una guerra de una forma clara. Desde el punto de vista del planeamiento no fue sorpresa porque el ejército ya jugaba con hipótesis de conflicto, una de las cuales era un desborde sorpresivo terrorista que sobrepasara a las fuerzas de seguridad y que se tuvieran que emplear a las Fuerzas Armadas para detener la amenaza. Teníamos esa contingencia prevista y, ante tal eventualidad, lo único que teníamos que hacer era salir a luchar con los planes previstos.

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Llegamos así, ya en plena lucha contra el terrorismo, al mes de marzo de 1976, en donde padecemos una situación alarmante desde el punto de vista social, político y económico. Yo diría que en ineficacia la presidenta había llegado al límite. Sumando a esto la ineficiencia general se había llegado a un claro vacío de poder, una auténtica parálisis institucional, estábamos en un claro riesgo de entrar en una anarquía inmediata. El máximo líder del radicalismo, Ricardo Balbín, que era un hombre de bien, 42 días antes del pronunciamiento militar del 24 de marzo, se me acercó a mí para preguntarme si estábamos dispuestos a dar el golpe, ya que consideraba que la situación no daba para más y el momento era de un deterioro total en todos los ámbitos de la vida. "¿Van a dar el golpe o no?", me preguntaba Balbín, lo cual para un jefe del ejército resultaba toda una invitación a llevar a cabo la acción que suponía un quiebre en el orden institucional. Se trataba de una reunión privada y donde se podía dar tal licencia; una vez utilice este argumento en un juicio y me valió la dura crítica de algunos por haber incluido a Balbín como golpista. Los radicales apoyaron el golpe, estaban con nosotros, como casi todo el país. Luego algunos dirigentes radicales, como Alfonsín, lo han negado.

El hecho efectivo es que el 24 de marzo se produce el levantamiento militar. Y conforme a los estatutos fijados para reorganizar el Estado, el nuevo orden conducción jefatura iba a ser la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, de la cual dependía el presidente con las facultades propias que le otorgaba la Constitución y con algunas limitaciones, entre otras que el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas que yo retenía otorgaba autonomía a cada uno de los componentes del ejército en su zona operacional. Los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas se integraban en el cuerpo institucional, comenzaba una nueva era.

LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA INTERVENCIÓN MILITAR

R.A.: ¿Cómo reaccionó la sociedad civil ante la intervención militar del 24 de marzo de 1976 y después de la misma?

J.R.V.: Padecíamos vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Había un sentir general, que representaba Ricardo Balbín y otros dirigentes, en favor del cambio, de la intervención. La gente nos demandaba que interviniéramos e incluso Balbín llegó a decir en esos momentos que tenía las manos vacías de soluciones, que la clase política no podía hacer más.

R.A.:¿Sin esa intervención militar qué habría pasado en el país?

J.R.V.: En general, el consenso era que había que hacerlo, quizá porque en Argentina de una forma natural siempre se ha creído que las soluciones políticas cuando los gobiernos fracasaban se arreglaban con golpes de Estado. Y esta ocasión, además, se veía la intervención de una forma justificada ante los extremos a los que habíamos llegado. Hacía falta una medida de fuerza y la gente compartía esa visión. Si nosotros no lo hacíamos, el vacío de poder iba a ser aprovechado por la subversión para llegar al poder y ocupar todo el espacio dejado por otros. Así de sencillo. O tomábamos el poder o la subversión se hacía por la vía de las armas con las instituciones. Teníamos planes, métodos para el combate al terrorismo, podíamos hacerles frente y así lo hicimos. Pero, además, el gobierno que teníamos, que actuaba de una forma pusilánime y anarquizante, no estaba en condiciones de hacer frente a la amenaza que vivíamos en esos momentos, en que cada día el deterioro era mayor.

R.A.:¿Había unidad en las Fuerzas Armadas con respecto a esta acción?

J.R.V.: Había unidad total, sin ningún género de dudas. Así como la hubo en lo que fue la lucha contra la subversión, también la hubo en lo que fue la necesidad de llevar a cabo la intervención militar para poner orden en el país. Después hubo divisiones, por otras razones, porque la política obra siempre con matices, hubo algunas diferencias, pero en ese momento hubo total unanimidad en lo que respecta a llevar a cabo la intervención militar.

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

R.A.:¿Cómo podría definir lo que se denominó entonces como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982)?

J.R.V.: El 24 de marzo se produce el pronunciamiento militar, que no fue una sorpresa para la mayoría de los argentinos porque era evidente que tarde o temprano se iba a producir y ocurrir. Estaba previsto en el guión y todos los sectores políticos y sociales habían sido consultados para confluir en ese resultado esperado. Nosotros éramos conscientes de la situación que se vivía, no podíamos dejar que el país siguiera inmerso en esa crisis y teníamos que actuar. Nuestra intención era ayudar a enderezar el rumbo y teníamos previsto que es lo que había que hacer con urgencia. Salimos a hacer lo que creíamos que había que hacer y estaba en nuestros planes.

El Proceso de Reorganización Nacional preveía que Junta era el máximo órgano del Estado y que debajo de esta entidad política estaba un presidente con las mismas funciones que le daba la Constitución, salvo algunas como los poderes que le daba a cada comandante de la Junta en el manejo de sus fuerzas. Luego, por acuerdo dentro de la Junta, se me nombró presidente de la misma reteniendo la jefatura del ejército. Vivíamos en una situación de excepción que implicaba medidas excepcionales, valga la redundancia. Después, cuando llegamos al año 1978, en que la situación ha mejorado notablemente en términos de seguridad pública, yo abandonó ese esquema y dejó uno de los dos cargos; pasó a retiro de jefe del ejército y asumo la presidencia con las limitaciones que le he explicado antes.

R.A.:¿Cuál fue la reacción de la comunidad internacional en esos momentos?

J.R.V.: Favorable, totalmente favorable. Así como después la comunidad internacional mostró desconocer la realidad argentina y hacer una asociación errónea de los hechos, especialmente lo que fue la comunidad de países europeos, que veía en la dictadura argentina, o en su forma de autoritarismo, una suerte de conexión con que fue el fascismo y el nazismo. Nos querían medir con esa vara y nosotros no teníamos nada que ver con todo eso, por supuesto. Nos costó mucho tener que mejorar esa imagen errónea que tenían de nosotros y dedicar mucho trabajo a ese esfuerzo.

R.A.:¿Qué logró, en definitiva, el Proceso de Reorganización Nacional?

J.R.V.:Estábamos en el año 1978 y el Proceso había cumplido plenamente con sus objetivos, entre los que destacaba el fundamental, que era poner orden frente a la anarquía y el caos que amenazaba y enfrentaba el país el 24 de marzo de 1976. Y porque digo que había cumplido con sus objetivos, simplemente porque no había ni asomo ya de la amenaza terrorista y mucho menos de la delincuencia común. Eramos uno de los países más seguros del mundo, caminábamos en la mejor de las direcciones.

En lo económico, también se había mejorado, aunque teníamos riesgos inflacionarios que no voy a ocultar ni minimizar. Pero sí se había logrado la confianza del exterior, sobre todo a través de créditos para la Argentina para remozar el aparato productivo del país que estaba seriamente desatendido. Había, además, una gran paz social y se aceptó, mediante un acuerdo con los gremios, que los salarios estuvieran sujetos a la productividad y no a otros elementos; el que más trabaja más ganaba, simplemente. Teníamos un desempleo peligroso, podemos decir, pero no alto, del 2,5%. Digo peligroso porque no permitía flexibilidad en el mercado de trabajo. Y la clase política no daba muestras ni ansiedad de que el periodo se agotase y se iniciase una nueva etapa política; nos seguían con atención y desconocían cómo había sido la guerra, que parecía haber ocurrido en una nebulosa. Los políticos no querían meterse mucho en estos asuntos y los dejaban para aquellos que manejaban la seguridad del país, responsabilidad que recaía en nosotros en aquellos momentos.

EL MUNDIAL DE FÚTBOL DE 1978

R.A.: Así llegamos al Mundial de Fútbol de 1978, ¿cómo lo vivió?

J.R.V.:Tuvimos la suerte de organizar este evento en un momento en que la amenaza terrorista había sido doblegada. Además, para congratularnos más, Argentina ganó ese campeonato mundial y al margen de que habíamos ganado, el país mostró su capacidad de organización en un corto tiempo. Mostramos al mundo que podíamos y sabíamos organizar una actividad internacional de estas características; fue un gran avance y en apenas unos meses, pues antes no se habían comenzado los trabajos, desarrollamos todas las capacidades para este Mundial. Los anteriores gobiernos que nos antecedieron no habían hecho nada y recayó en nosotros la responsabilidad de poner en marcha aquellos trabajos que se desarrollaron satisfactoriamente. Es decir, se sabía del mundial desde hacia cuatro años y en los dos años en que estuvieron los peronistas no se hizo nada para el desarrollo de la actividad; el trabajo lo hicimos nosotros en solo dos años en los que trabajamos mucho en infraestructuras e instalaciones. Incluso desarrollamos la televisión en color, que hasta en ese momento no la teníamos en Argentina. Pudimos exhibir al exterior nuestra capacidad de organización y trabajo junto con un país en paz frente a las maledicencias de algunos sectores interesados. Le Monde llegó a reproducir un reportaje de un periodista que se imaginaba que unos disparos que sonaban en los alrededores del estadio, procedentes del Tiro Federal Argentino cercano, eran las balas dirigidas a un pelotón de personas fusiladas. El estadio estaba a dos cuadras del polígono de tiro y el periodista, obviamente, quería denigrarnos al precio que fuera. Se nos atacaba injustamente, estábamos en una guerra por explicar qué es lo que pasaba en el país frente datos y noticias calumniosas, claramente. Eran informaciones aberrantes, tendenciosas, tendentes a denigrar a Argentina como fuera.

R.A.:¿La Iglesia católica qué actitud tomó en aquellos momentos?

J.R.V.:La Iglesia cumplió con su deber, fue prudente, de tal suerte que dijo lo que le correspondía decir sin que nos creara a nosotros problemas inesperados. En más de una oportunidad se hicieron públicos documentos episcopales en donde, a juicio de la Iglesia, se condenaban algunos excesos que se podían estar cometiendo en la guerra contra la subversión, advirtiendo de que se corrigieran y se pusiera fin a esos supuestos hechos. Se puso en evidencia de que se debía concluir con esos excesos y punto, pero sin romper relaciones y sin exhibir un carácter violento, sino todo lo contrario. No rompió relaciones, sino que nos emplazó a concluir con esos hechos. Expresó lo que consideraba que no se estaba haciendo bien, porque podía corresponder a su terreno, pero no fue a más. Mi relación con la Iglesia fue excelente, mantuvimos una relación muy cordial, sincera y abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable. Y debe reconocer que llegamos a ser amigos y en el problema del conflicto, de la guerra, también tuvimos grandes coincidencias. La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, de otras iglesias del continente, que sí cayeron en ese juego. No faltó que algún miembro de esa Iglesia argentina entrara en ese juego pero eran una minoría no representativa con respecto al resto.

R.A.:¿Y con los empresarios cómo fue esa relación?

J.R.V.: Los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de la Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Hubo algún roce, claro, como suele suceder, porque cada uno defiende sus intereses siempre. Pero, en general, fue una buena relación.

R.A.:Entonces, y volviendo a sus objetivos iniciales, ¿el Proceso había cumplido sus objetivos y por qué no abandonaron el poder?

J.R.V.:El Proceso había cumplido sus objetivos a mediados del año 1978, este es un punto crucial que quiero destacar. La pregunta era:¿Si el Proceso había cumplido sus objetivos porque no darlo por terminado? No había otra razón de ser, las cosas ya se habían hecho. O había que darle otro sentido. Y si así era, el Proceso iba a languidecer porque no tenía otra razón de ser en aquellos momentos. Nunca se planteó oficialmente esta cuestión que era crucial y fundamental. Había un sector perfeccionista de las Fuerzas Armadas que decía que ahora las cosas están bien y vamos a embarcarnos en otros problemas, a seguir trabajando hasta que las cosas sean perfectas, pero no era así, creo yo, porque los hombres no llegan nunca a la perfección absoluta. Los hombres no son perfectos, solo Dios lo es. Era tan sólo una forma de justificar el quedarse en el poder por quedarse. Y había un sector que decía que a este Proceso que habíamos comenzado había que darle otra razón de ser.

R.A.:¿Hablamos, entonces, de que las Fuerzas Armadas estaban divididas en ese momento?

J.R.V.: Este asunto sobre la naturaleza del Proceso no fue tratado oficialmente, pero el debate estaba ahí, subyacía esa división acerca de que dirección se quería tomar y había sus matices sobre cómo afrontar el futuro. Había que dar otra naturaleza, otro contenido al Proceso, pero también estaba la posibilidad de abandonarlo de una forma definitiva. Luego estaba el conflicto con Chile por las islas del Canal de Beagle y tenga en cuenta que estuvimos a punto, en diciembre de 1978, de llegar a una guerra. También quedaba el camino de una salida política ordenada de un Proceso que se había mostrado exitoso en el desempeño de sus funciones; en ese momento se podía negociar desde una posición óptima. Yo mantenía que el Proceso, en esos momentos, tenía que ser capaz de dejar su descendencia, es decir, hacer política de una forma que las Fuerzas Armadas transcendieran más allá del periodo histórico que ya habíamos superado.

¿Cómo? Dejando la herencia de un Proceso exitoso a los políticos que eran nuestros aliados y amigos, ese era el camino de entonces que yo defendí. Pero hay hubo otros problemas, ya que la política se hace con ideas y con hombres; las ideas eran las del Proceso, que llevamos adelante, y luego estaban los hombres, que tienen nombre y apellidos. Si en aquellos momentos se hubieran antepuesto los nombres y apellidos de algunos que estaban participando en el proceso, se hubiera roto la cohesión de las Fuerzas Armadas y este era un valor que no podíamos poner en juego y arriesgar. No podíamos darnos el lujo de romper la cohesión de las Fuerzas Armadas, estaban todavía en juego muchas cosas. Lamentablemente, en ese dejar pasar el tiempo el Proceso en sí languideció y llegó muy desgastado, sin presión externa, hasta fines del año 1979, en que la Junta hizo públicas las Bases políticas del Proceso y las sometía a la opinión de toda la comunidad argentina a cuyo frente se situaría el ministro del Interior de entonces para escuchar a todas las voces cualificadas de la sociedad argentina para consultarlos sobre esas bases o modificarlas. O, en su defecto, después de escuchar a todas las partes, enriquecerlas con nuevos aportes. Se trataba de establecer un diálogo productivo entre las autoridades y la sociedad argentina sobre estas Bases Políticas, pero había dos preguntas ineludibles: 1) ¿Si era conveniente la revisión del acuerdo en la guerra que habíamos librado contra la subversión?; y 2) ¿si estuvo justificado el levantamiento militar del 24 de marzo de 1976? La respuesta a la primera llegó al 70% y A la segunda, al 80% del acuerdo nacional, respectivamente.

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO: DISPARIDAD DE CIFRAS

R.A.:Hay una gran disparidad en las víctimas que se ofrecen desde la izquierda, desde las Madres de Mayo, y desde otros colectivos, ¿cuántas víctimas o desaparecidos hubo en Argentina entre 1976 y 1982?

J.R.V.: Hay una gran disparidad en las cifras que se ofrecen, como usted dice, lo cual le resta credibilidad a lo que se presenta o se intenta hacernos creer. No se puede pasar de un extremo a otro, es decir, de 32.000 que presentan algunos a a 7.000 cifrado por otras comisiones. Creo que este asunto tiene mucho que ver con las compensaciones o el resarcimiento económico que se le dio a las víctimas, o a los supuestos desaparecidos, y en este caso sólo se presentaron 7.000 personas para reclamar lo que les correspondía. Y esa indemnización era de 240.00 dólares por cada caso probado, una cifra nada despreciable, desde luego. Esa es la cifra real porque estamos hablando de la época del presidente Menem y la gente no tenía miedo ya de presentarse abiertamente para hacer sus reclamos. Los militares habíamos desaparecido ya de la escena política. Esa es la realidad, 7.000, frente a los 30.000 que reclaman las Madres de Mayo. ¿Cómo es posible que 23.000 personas renunciaran a esa ayuda?

Este dato demuestra que asistimos a una clara manipulación en el asunto de los desaparecidos, se trataba de alterar las cifras con un sentido político o con el interés de conseguir fraudulentamente una indemnización del Estado argentino. Fue un error de nuestra parte aceptar y mantener en el tiempo el término de desaparecido digamos como algo así nebuloso; en toda guerra hay muertos, heridos, lisiados y desaparecidos, es decir, gente que no se sabe donde está. Esto es así en toda guerra. En cualquier circunstancia del combate, abierto o cerrado, se producen víctimas. A nosotros nos resultó cómodo entonces aceptar el término de desaparecido, encubridor de otras realidades, pero fue un error que todavía estamos pagando y padeciendo muchos. Es un problema que nos pesa y no podemos quitárnoslo de encima. Ahora ya es tarde para cambiar esa realidad. El tema es que el desaparecido no sabe donde está, no tenemos respuesta a esta cuestión. Sin embargo, ya sabemos quienes murieron y en qué circunstancias. También más o menos cuántos murieron, luego cada cual que invente sus cifras.

R.A.:¿Por qué ustedes no le dieron un reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Argentina, cuando es un asunto importante y todavía no resuelto en su país?

J.R.V.: Tiene usted razón, tenía que haberse abordado este asunto. El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo. En este momento, y visto con esta perspectiva, es algo que no se hizo. Se reivindicó a los combatientes, también se trabajó en la reivindicación de los presos políticos, que somos nosotros, y ahora se trabaja en esta última reivindicación, en la de las víctimas del terrorismo. Al margen de los combatientes y muertos, y de los presos políticos que estamos pagando un servicio a la patria, faltaban las víctimas del terrorismo y hay ya gente que está trabajando en este asunto, en la búsqueda de esa reivindicación, aunque si bien es cierto que todavía no se ha tenido éxito en lograr ese justo y merecido reconocimiento a ese colectivo por el que usted pregunta. Es un trabajo en él que se lleva trabajando desde hace años, pero este gobierno se niega a reconocer sistemáticamente que existieran víctimas del otro lado, ya que sí lo hiciera tendría que juzgar a los terroristas que produjeron aquellos hechos y actos que provocaron la existencia de víctimas. Fíjese que hasta en el gobierno de Menem había paridad y cierto respeto a las fuerzas de las dos partes que lucharon o se enfrentaron en aquellos años, incluso emite varios decretos que tienen una dirección simétrica hacia las dos partes. Reconoce con exactos argumentos a las dos partes.

Pero el gobierno actual se ha caracterizado por la asimetría y nos ha considerado solo a nosotros como la parte beligerante, como el Demonio que tiene que ser condenado y encarcelado. El otro Demonio, los terroristas o los guerrilleros, no existen, eran simplemente "jóvenes idealistas". Y los esfuerzos que se han hecho en presentar casos de víctimas con nombres y apellidos siguen abiertos esperando el sueño de los justos; la justicia, en un caso, llegó hasta la segunda instancia, pero ahí se extinguió la acción y la lucha sigue. El gobierno sólo reconoce a las víctimas de una de las partes, pero les niega todos los derechos a la otra.

R.A.:Hay un tema importante:¿Es cierto que se intentó recrear la Cámara Federal en lo penal y que no se encontraron jueces voluntarios?

J.R.V.: Fue real, fue tal como dice. La comunidad judicial de entonces estaba amedrentada. A partir de la amnistía de Cámpora, que terminó con todos los condenados por actos violentos en la calle, los jueces, por el contrario, fueron asesinados, cesanteados y tiroteados. Esa era la realidad de entonces, de antes de que llegáramos al gobierno. Este asunto no se llegó a tratar oficialmente, pero quiero señalarle que tampoco se encontraban los jueces que quisieran trabajar en el desarrollo del proyecto. No se pudo hacer, simplemente. Aunque quiero decirle algo, los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya explique antes, como el desgobierno y la anarquía a que habíamos llegado. Podía desaparecer la nación argentina, estábamos en un peligro real. No es que los militares nos levantáramos un día de la cama y nos hubiéramos dicho: ¡vamos a ir de cacería o a matar "jóvenes idealistas"! Nada de eso, había otras razones de otra índole. Pero realmente Luder nos había dado para la guerra todas las formas y medios que necesitábamos, en nosotros estaba el ser prudentes o no, queriendo reconocer que en algunos casos hubo excesos.

R.A.:¿Por qué la Junta no dio instrucciones más precisas, incluso por escrito, de lo que estaba haciendo y de las órdenes que impartía?

J.R.V.: Creo que órdenes existieron y fueron precisas, no puedo entrar en detalle ahora en todas ellas. Las órdenes estaban y los que las impartieron, que fueron asumidas por cada uno de los miembros de la cadena de la mando que las dieron. Creo, sinceramente, que fue así.

EL PRIMER JUICIO A LAS JUNTAS

R.A.:¿Usted cree que fue necesario que el presidente Raúl Alfonsín juzgara a las Juntas Militares en su momento?

J.R.V.: Alfonsín era un político claramente comprometido, no olvidemos que había sido abogado del grupo terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Luego estaba comprometido con la socialdemocracia europea, que fue la que le ayudó para llegar a la presidencia, tenía que tomar una medida punitiva para juzgar unos supuestos excesos que se habían cometido ante la sociedad y ante algunas críticas que se habían producido; entonces, para calmar esas críticas, toma esa medida. Pero creo que lo hizo con un poco de decoro y puntualizó que solo debían ser sancionados, detenidos, juzgados y condenados aquellos que hubieran cometido hechos aberrantes. No debían ser sancionados aquellos que se limitaron a cumplir las órdenes, en principio de lo que se llama la obediencia debida, dando lugar, más tarde, a la Ley de Obediencia Debida, que legislaba dicho concepto. Quien cumplía una orden sin rechistar ni preguntar no podía ser sancionado y la responsabilidad final debía de caer sobre el superior que daba la orden.

En definitiva, el planteamiento de Alfonsín era prudente y también consideraba la posibilidad de que fueran juzgados quienes se excedían en el cumplimiento de una orden e iban más allá. Acepto que este enfoque puede ser correcto. Alfonsín, además, cuando estalla el movimiento de los "carapintadas" (una asonada militar que tiene lugar en el año 1987), se da cuenta que las cosas pueden desbordarse y que los juicios no cesan nunca. Así establece la Ley de Punto Final, por la cual los jueces tienen un plazo de treinta días para procesar aquellos militares que consideren que tienen delitos pendientes. Entonces, hubo una carrera de muchos jueces por procesar en ese plazo a quienes consideraban culpables de algunos delitos y aquello se convirtió, todo hay que decirlo, en una caza de brujas, generando una gran inquietud en la sociedad y ello provoca que Alfonsín promulgue la Ley de Obediencia Debida. Se trataba de que las responsabilidades no se extendieran a todo el ejército y que sólo hubiera procesos para aquellos que tuvieron alguna importancia o jerarquía en la cadena de mando. Pese a todo, el juicio a las Juntas creo que fue un error y concluyo ya: nunca debió realizarse. Menem luego desenredó ese error, en cierta medida, y nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el conflicto. Fuimos señalados como los responsables, ni más ni menos, de unos acontecimientos que no desencadenamos.

R.A.: ¿Cómo juzga al almirante Massera, tuvo diferencias con él?

J.R.V.:Hubo diferencias, claro, él era esencialmente un hombre político, algo que yo no era. Era un hombre muy político, quizá se equivocó eligiendo la profesión de militar y se dedicó a la profesión equivocada.

R.A.: ¿Por qué le juzgan en este momento?

J.R.V.:Como le había dicho al principio, Alfonsín se ciño al derecho con sus más y sus menos; la justicia funcionaba, a pesar de que se cometieron numerosos errores jurídicos durante nuestro proceso, como por ejemplo el principio de la no retroactividad, el principio del juez natural que fue vulnerado y otros errores de orden penal, por citar tan solo algunas deficiencias. Todo ello para llevarnos ante ese "teatro" que tuvo difusión mundial, pero así todo Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y esta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de la persecución para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban. No, no, es la vendetta para una satisfacción personal sin razones, totalmente asimétrica, fuera de medida. Aquí no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta.

R.A.:¿No es sorprendente también que se hayan juzgados a oficiales y suboficiales que aquellos días tenían apenas una veintena de años o algo más?

J.R.V.: Mire, yo digo que si el juzgado en este caso, independientemente de su edad, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden está bien juzgado. Los demás, le aseguro, son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese castigo colectivo con que se quiere castigar a todas las Fuerzas Armadas. Este plan sigue una política gramsciana que esta gente cumple de punta a punta, disuadiendo a unas instituciones que han tomado como rehenes, creando desaparecidos que nunca existieron y vaciando de contenidos a la Justicia. Hoy la República está desaparecida, no tiene Justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder. Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen; las realidades no son así.

LA AUSENCIA DE UN JUICIO A LOS MONTONEROS

R.A.:¿Cómo es que los antiguos terroristas, los Montoneros, no hayan sido juzgados y condenados por los muchos crímenes cometidos?

J.R.V.: Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo que era mitad y mitad, en el tema de los indultos me refiero. Los Kirchner son los que dijeron que no habría simetría en el asunto de la guerra que vivimos y nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a los terroristas como los buenos, como las víctimas de aquellos años terribles.

Alvaro Alsogaray le cuenta porque voto en contra de la derogación de la ley de Obediencia debida y punto final

2012-02-29T16:00:00.007-03:00

El diputado Alvaro Carlos Alsogaray explica las razones y le cuenta en el progrma Hora Clave de Mariano Grondona, emitido por canal 9 en marzo de 1998, sus razones del porque voto en contra de la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

Además cuenta, y presenta las pruebas, de "donde estaba él" al momento de darse el golpe y que hizo.

Interesantisimo video histórico que, creemos, nos debe hacer reflexionar a todos.

Y al video le sumamos esta grabación del también Diputado Nacional Alvaro Carlos Alsogaray hablando por radio con Nelson Castro sobre tema Fuerzas Armadas y temas de economia Argentina del año 1989.

Texto completo de la sentencia contra el ex juez Baltasar Garzón por el caso de escuchas ilegales de Gürtel.

2012-02-28T15:25:00.016-03:00

El Tribunal Supremo de España condenó al juez Baltasar Garzón por el caso de escuchas ilegales de Gürtel.

La condena inhabilita al juez Garzón por 11 años.

El delito que derivó en la condena de Garzón es el de prevaricato, por ordenar grabar las conversaciones que los imputados del "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados, interceptación que ordenó y prorrogó a sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa.

El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por Garzón, en ese entonces juez de la Audiencia Nacional de España. La operación fue iniciada en febrero de 2009, y el fin era desentrañar una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular.

Garzón fue suspendido en 2010 a la espera del proceso para determinar su responsabilidad por abuso de autoridad. Este proceso, conocido como el caso Gürtel, es uno de tres juicios que enfrenta el juez español.

Les presentamos la sentencia completa del Tribunal español y dejamos planteada la pregunta del millón: ¿A cuantos procesados les habrá violado sus derechos el ex juez Garzón?

Si quiere descargarla en formato pdf clic aquí.

Recurso Nº: 20716/2009

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
SENTENCIA

Sentencia Nº: 79/2012
CAUSA ESPECIAL Nº: 20716/2009
Fallo/Acuerdo:
Señalamiento: 17/01/2012
Procedencia: Querella
Fecha Sentencia: 09/02/2012
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
Escrito por: ARB

Causa especial.-

Recurso Nº: 20716/2009
Nº: 20716/2009
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Vista: 17/01/2012
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 79/2012

Excmos. Sres.:

D. Joaquín Giménez García
D. Andrés Martínez Arrieta
D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
D. Luciano Varela Castro
D. Manuel Marchena Gómez

En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil doce.
Visto en juicio oral y público y en única instancia la presente Causa Especial número 20716/2009, tramitada por el procedimiento Abreviado y seguida ante esta Sala por delito continuado de prevaricación judicial y delito cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales del art. 536, párrafo 1º, del Código Penal, contra el acusado D. Baltasar Garzón Real, titular del D.N.I. número 26.182.037-X, nacido en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1.955, hijo de Ildefonso y de María, y con domicilio profesional en Madrid, C/ García Gutiérrez s/n, de profesión Magistrado, sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional en estas actuaciones en las que no consta haya estado privado de la misma en ningún momento, representado por la Procuradora Sra. Dña Virginia Aragón Segura y defendido por el Letrado D. Francisco M. Baena Bocanegra; y habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en la representación que ostenta, en el ejercicio de la acusación particular D. Ignacio Peláez Marqués, representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y defendido por los Letrados D. Ignacio Peláez Marquez y Luis Peláez Garmendia; D. Francisco Correa Sánchez, representado por la Procuradora Doña Amparo Laura Diez Espí y defendido por el Letrado D. José Antonio Choclán Montalvo; y D. Pablo Crespo Sabaris, representado por el Procurador Don Francisco J. Abajo Abril y defendido por el Letrado D. Gonzalo Rodríguez Morullo; han dictado sentencia los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, con arreglo a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

I. ANTECEDENTES

Primero.- La presente causa se incoó en virtud de querella formulada, por la representación de D. Ignacio Peláez Marqués, contra el que después sería imputado, en la que tras referir los hechos que imputaban al mismo y entender constituían delito de prevaricación del art. 446.3 del Código Penal y delito cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales del art. 536, pfo 1º del Código Penal, terminó suplicando su admisión a trámite y la práctica de las pruebas que en tal escrito se proponían.

Segundo.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quién correspondía por el fuero del implicado el conocimiento de los hechos expuestos en la mencionada querella, dictó auto el 2 de febrero de 2.011, en el que acordó declararse competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de esta causa; admitiendo a trámite la querella y designando instructor de la misma al Magistrado de esta Sala D. Alberto Jorge Barreiro. Contra la referida resolución formuló recurso de súplica el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la defensa del querellado; habiéndose dictado auto de fecha 13 de Abril de 2010 que desestimaba el referido recurso y confirmándose el auto de admisión a trámite. Posteriormente se personaron las demás acusaciones particulares.

Tercero.- Que por auto de fecha 19 de octubre de dos mil diez, se acuerda la prosecución de la causa por los trámites de los arts. 780 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el querellado Baltasar Garzón Real, por los presuntos delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Acordándose dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a todas las partes acusadoras para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias, para los supuestos previstos en el apartado 2 del art. 780 de la LECr.

Cuarto.- Que por auto del Juez Instructor de la presente causa de fecha 8 de Abril de dos mil once, se acordó la apertura del juicio oral contra el acusado D. Baltasar Garzón Real.

Quinto.- El Ministerio Fiscal interesa se dicte auto de sobreseimiento libre por no estimar existencia de delito -art. 637.2 de la LECrim., en base a las consideraciones que obran en el escrito que figura unido a las presentes actuaciones.

Sexto.- La acusación particular en nombre de D. Ignacio Peláez Marqués, en igual trámite, calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación del art. 446.3 del Código Penal y delito cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales del art. 536, pfo 1º del Código Penal, y estimó responsable de los delitos citados al acusado D. Baltasar Garzón Real, sin concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pidió se le impusiere al acusado pena de multa de 12 meses, a razón de una cuota de 6 euros por día y la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un período de 10 años, accesorias y costas.

Sétimo.- La acusación particular en nombre de D. Francisco Correa Sánchez en igual trámite calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación judicial art 446.3 en relación con el art. 74 del Código Penal y un delito contra las garantías constitucionales, consistente en la colocación de artificios técnicos de escucha y grabación, artículo 536 párrafo 1º del Código Penal, y estimando responsable en concepto de autor al acusado D. Baltasar Garzón Real, sin concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pidió se le impusiere al acusado a) por el delito de prevaricación judicial continuada, multa de dieciocho meses, a razón de una cuota de 6 euros por día; e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de quince años; b) por el delito contra las garantías constitucionales, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años; con aplicación del art 77 del Código penal; además de la imposición de las costas, incluida las de la Acusación particular.

Octavo.- La acusación particular en nombre de D. Pablo Crespo Sabaris, en igual trámite, calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación de Juez o Magistrado tipificado en el artículo 446.3º del Código Penal, cometido con carácter continuado (artículo 74.1º del Código Penal y un delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y legales tipificado en el artículo 536 del Código Penal, cometido con carácter continuado (artículo 74.1 del Código Penal). Dándose entre estos dos delitos una relación de concurso de normas o de leyes, por lo que procede aplicar solamente, en virtud de lo establecido en el art. 8.4 C.P., el delito de prevaricación continuado como delito más grave. Estimando responsable en concepto de autor al acusado D. Baltasar Garzón Real, sin concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pidió se le impusiere las penas de, por el delito continuado de prevaricación (art. 446.3º CP) la pena de multa de dieciocho meses (con cuota diaria de 6 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 15 años; así como en concepto de responsabilidad civil, interesa proceda imponer al acusado el pago de una indemnización por los perjuicios y daños de toda índole causados que, más allá de la lesión del bien jurídico protegido, han alcanzado personalmente a su representado, que se fija simbólicamente en un euro.

Noveno.- En el acto del Juicio Oral el Ministerio Fiscal, y las acusaciones particulares elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.

Décimo.- La defensa del acusado, elevó a definitivas las conclusiones en el acto del Juicio oral.

Undécimo.- Habiéndose señalado para el inicio de la celebración de la vista y posterior deliberación el pasado día 17 de Enero de 2.012, habiendo finalizado la deliberación anteriormente mencionada en el día de hoy.

HECHOS PROBADOS

Resulta probado y así se declara:

En el mes de febrero de 2009, el acusado BALTASAR GARZON REAL, Juez con categoría profesional de Magistrado, desempeñaba el cargo de Magistrado Juez del Juzgado Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. En ese juzgado tramitaba las Diligencias Previas nº 275/2008 en las que se investigaban hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, que se atribuían a varias personas ya imputadas en la causa, a los que se consideraba integrados en una organización en cuyo marco se ejecutaban las acciones delictivas. La complejidad de los hechos investigados generaban una actividad intensa en los encargados y responsables de la tramitación, así como del acusado y de las fiscales que intervenían en el asunto en representación del Ministerio Público, produciéndose frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía que desarrollaban las investigaciones, en las que, en ocasiones en presencia de las fiscales, ponían en conocimiento de aquel el estado de las mismas, los
avances y las novedades que se producían.
A juicio policial, trasladado al acusado, los datos que manejaban hacían suponer que, a pesar de que se encontraban en prisión provisional acordada por el acusado, los que consideraban los máximos responsables de la organización continuaban con su actividad delictiva organizada procediendo a nuevas acciones de blanqueo de capitales y a otras actividades que podían implicar la ocultación de importantes cantidades de dinero ilícitamente obtenidas. Según entendían los funcionarios de policía, y así lo comunicaron verbalmente, en esas actividades pudieran estar interviniendo algunos abogados integrados en un despacho profesional cuyos miembros eran conocidos y estaban identificados, llegando a ser imputados en la causa.
Comunicada esta información al acusado, dictó un auto de fecha 19 de febrero de 2009 del siguiente tenor literal:

“Hechos: Primero.- En este Juzgado se tramitan Diligencias Previas número 275/08 en las que se investigan las presuntas actividades delictivas de un grupo organizado de personas liderado por Francisco Correa Sánchez, y en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y otros imputados en esta causa. Este grupo organizado tendría como principal finalidad, a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, la realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado empresarial integrado por empresas creadas y controladas a tal efecto por los mismos.
Segundo.- En fecha 12.02.09 se dictó por este Juzgado auto de prisión provisional contra los tres mencionados, encontrándose al día de la fecha en tal situación internos en el Centro Penitenciario de Madrid V a disposición de este Juzgado.

Razonamientos jurídicos:

Primero.- Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de este Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser constitutivos respectivamente, en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en relación con el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art. 305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples delitos de cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. Penal; un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal.

Segundo.- A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado, deviene
necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos.

Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella.

En este sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones "generales" de los internos con terceras personas, y las comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus letrados. Esas comunicaciones "generales" pueden ser intervenidas con la autorización del Director del Centro Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento penitenciario, sin embargo, las aquí denominadas "particulares" son sometidas a un régimen especial y la autorización de su intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial, sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

Dichas intervenciones, tanto las "generales" como las "particulares" deberían ser llevadas a cabo con la coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario correspondiente y debe seguir el mismo procedimiento de grabación, intervención, escucha y conservación que se optó para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en su momento ya fueron acordadas en las presentes actuaciones, que al día de la fecha se encuentran cesadas. Sin embargo, dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir, es procedente autorizar a los funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se dirá.

Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Dispongo 1.- Ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, y Antoine Sánchez en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.

2.- Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado D. José Antonio López Rubal, previniendo el derecho de defensa, en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.

3.- Autorizar a los funcionarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la grabación de las comunicaciones personales que mantengan los internos mencionados, en cualesquiera Centros Penitenciarios que aquellos se hallen internos, debiendo abstenerse de escuchar dichas conversaciones, siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones, así como a la conversación (sic) de los soportes, cuyo procedimiento se mantiene en los términos que se expresarán en los párrafos siguientes.

4.- Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones (literales), quedando las cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las grabaciones se materialicen, en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede la observación, caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello.

6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de prorroga, ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.

7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado.

Así lo dispone manda y firma el Ilmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional”.

En relación al apartado 3 de la parte dispositiva, no añadió precisión alguna orientada a asegurar la custodia de las grabaciones, hasta ser entregadas a la policía, ni a identificar a los funcionarios responsables de la misma.
Recibida la resolución por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se solicitó aclaración respecto a si las comunicaciones con los letrados, a las que se hacía expresa referencia en el auto, debían ser grabadas, lo que fue contestado afirmativamente.
Los funcionarios policiales solicitaron del acusado una aclaración respecto del significado de la expresión “previniendo el derecho de defensa”, precisando el acusado que deberían proceder a recoger las cintas, escuchar lo grabado, transcribir todo su contenido excluyendo las conversaciones privadas sin interés para la investigación y proceder a su entrega en el juzgado, ocupándose él de lo que procediera en orden al cumplimiento de dicha cláusula.
El acusado no comunicó a los funcionarios policiales ninguna precisión respecto a conversaciones que debieran ser excluidas de la grabación, ni tampoco respecto a la imposibilidad de utilizar en la investigación ninguna parte de lo oído en las conversaciones grabadas.
Al dictar el referido auto, el acusado sabía que la previsión que, en su parte dispositiva, textualmente decía “Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos...”, implicaba que las comunicaciones de los internos que iban a ser intervenidas, grabadas y escuchadas comprendían las que llevaran a cabo con todos los letrados, incluso con sus propios abogados defensores, incluyendo igualmente a los letrados expresamente llamados por los imputados en prisión provisional, sin excepción alguna. Era
consciente igualmente de que la grabación y escucha de las comunicaciones iba a incluir no solo las que realizaran con los letrados ya personados en la causa, a los que, salvo al letrado ya imputado José Antonio López Rubal, no se menciona individualizadamente, sino a todos los letrados, fueran quienes fueran, que eventualmente se personaran en el futuro como defensores de los internos. Es decir, que el acusado sabía que, dado el tenor de su acuerdo y la ausencia de disposiciones o instrucciones complementarias al mismo, en el caso de que los internos designaran nuevos letrados, las comunicaciones que mantuvieran con ellos serían intervenidas, aun cuando al momento de firmar la resolución su identidad fuera desconocida y, por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar los indicios que, en su caso, existieran contra los mismos.
La finalidad de la intervención de las comunicaciones, según se expresa en el referido auto era “...poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades [las de los imputados ingresados en prisión], y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado, ...”. Y, en cuanto a los letrados, en relación con lo dicho más arriba, “...dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades [las de los imputados en prisión dentro de su organización] pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y
con subordinación a ella”.
Por lo tanto, en el auto del acusado no se contenía ninguna mención concreta de la identidad de los letrados sospechosos, lo que habría permitido excluir a los demás, ni tampoco precisión alguna acerca de los indicios que existieran contra los que no hubieran sido hasta entonces
imputados.
El día 2 de marzo, el imputado en prisión provisional Francisco Correa procedió a designar a José Antonio Choclán Montalvo como nuevo letrado de su defensa y el imputado Pablo Crespo, igualmente en prisión provisional, procedió, en la misma fecha a designar como nuevo letrado de
su defensa a Pablo Rodríguez-Mourullo Otero. Por providencia, firmada por el acusado, del día 3 de marzo se les tuvo por personados en la causa en ese concepto.
En ese momento, no constaba en las diligencias, en lugar alguno, que con anterioridad cualquiera de los dos letrados mencionados aparecieran en las actuaciones como partícipes o intervinientes en alguna de las actividades investigadas. Tampoco sus despachos o letrado alguno perteneciente a los mismos. Igualmente nada consta respecto al letrado Ignacio Peláez, defensor del imputado José Luis Ulibarri, ni del letrado Juan Ignacio Vergara Pérez, defensor designado por el imputado en prisión provisional Antoine Sánchez, en ambos casos, desde el momento en que fueron tenidos como tales por el acusado, lo que había tenido lugar los días 21 de febrero y 17 de febrero, respectivamente.
A pesar de ello, el acusado no acordó, ni por escrito ni verbalmente, ninguna medida para evitar que se grabaran las comunicaciones mantenidas por los referidos letrados con sus defendidos.
La resolución judicial fue ejecutada en sus propios términos y en cumplimiento de la misma, en lo que aquí interesa, fueron intervenidas, grabadas, escuchadas por la policía, transcritas en lo relevante para la investigación, entregadas al juez y examinadas por los representantes del Ministerio Fiscal encargados del caso, varias comunicaciones de los internos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con distintos letrados. Entre ellas, la mantenida por el querellante Sr. Peláez, letrado en ejercicio, personado en la causa desde el 21 de febrero como defensor del imputado José Luis Ulibarri, con Francisco Correa el 25 de febrero, junto
con su letrado José Antonio Rubal, en la que no consta documentalmente que actuara como letrado defensor del interno ni como expresamente llamado por éste para asuntos penales. La del día 6 de marzo, mantenida por el querellante con Francisco Correa, junto al letrado de su defensa, José Antonio Choclán, en la que figura como letrado expresamente llamado, y el mismo día 6 de marzo con el imputado Pablo Crespo, junto con su letrado defensor Pablo Rodríguez-Mourullo, en la que no consta documentalmente la condición en la que comparece. En esta misma fecha constan intervenidas las comunicaciones efectuadas por los mencionados letrados José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez-Mourullo con sus defendidos Francisco Correa y Pablo Crespo. Igualmente constan intervenidas las comunicaciones efectuadas por Juan Ignacio Vergara con su defendido, el imputado en prisión preventiva Antoine Sánchez, en concepto de letrado defensor los días 24 y 25 de febrero y 12 y 17 de marzo.
El día 4 de marzo, los funcionarios policiales responsables de la investigación entregaron en el juzgado un informe sobre las comunicaciones intervenidas, en el que se hacía expresa referencia a la mantenida por el querellante Sr. Peláez junto con el letrado José Antonio Rubal, con el imputado Francisco Correa, de quien este último era letrado defensor, haciéndose referencia expresa en el informe a la estrategia de defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos investigados. El referido informe policial aparece foliado en la causa ocupando un lugar anterior a la declaración que el mismo día 4 de marzo prestó en el juzgado el imputado José Luis Ulibarri. No aparece expresamente que se realizara pregunta alguna relacionada directamente con el contenido de la conversación mantenida en el curso de la comunicación antes mencionada.
El día 13 de marzo, los funcionarios policiales presentaron un nuevo informe, en el que, al tiempo que solicitaban la prórroga de la intervención acordada en el auto de 19 de febrero, comunicaban el resultado de la intervención de todas las comunicaciones de los internos antes mencionados, expresando que se habían iniciado el día 20 de febrero, y en el que se incluían varias conversaciones de aquellos con sus letrados defensores. En el oficio no se contenían indicios concretos de una posible actuación delictiva por parte de ninguno de los letrados defensores Ignacio Peláez, José Antonio Choclán, Pablo Rodríguez-Mourullo y Juan Ignacio Vergara.
Dado traslado al Ministerio Fiscal, emitió el pertinente informe en el que no se oponía a la prórroga aunque aclaraba que “...si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa
salvaguarda del derecho de defensa.”.
El tenor literal del referido informe era el siguiente:
“El Fiscal, despachando el traslado conferido en el procedimiento arriba referenciado por Providencia de 16 de marzo de 2009 referida al oficio de la UDEF con registro de
salida número 25917/09, DICE:
1°. El informe de la UDEF incluye la transcripción de las conversaciones mantenidas entre los imputados que se encuentran en situación de prisión provisional y algunos de sus
familiares y abogados.
Una parte importante de las transcripciones se refieren en exclusiva a estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento. En concreto, las conversaciones que el Fiscal considera deben desglosarse de la
causa son:
— Conversación de 24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez salvo en lo relativo a la sociedad de los locales de Boadilla (inicio página 10 transcripciones) y lo referido a un cambio y a la posible alarma que ello causaría (inicio de la página 11 de las transcripciones).
— Conversación de 25 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez e Ignacio Peláez, a excepción de lo comentado entre
Francisco Correa e Ignacio Peláez sobre la relación con una de las Fiscales, Concepción Sabadell
— Conversación de 2 de marzo de 2009 entre el abogado José Antonio Choclán y Francisco Correa Sánchez. A excepción de los comentarios que, en toma a las relaciones con las Fiscales, se efectúan entre los minutos 22. 19 a 24.40.
— Conversación de 3 de marzo de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris, Juan Ignacio Vergara Pérez y Antoine Sánchez desde la pregunta de Antoine a su letrado ‘y, ¿cómo va mi recurso’ (páginas 52 y 53 de las transcripciones).
— Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida entre Pablo Crespo Sabaris, Gonzalo Rodriguez Mourulio, Pablo Rodríguez Mourullo Otero e Ignacio Peláez Marqués (páginas 82 a 74 de las transcripciones).
— Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida entre Francisco Correa Sánchez, José Antonio Choclán Montalvo e Ignacio Peláez Marqués (páginas 74 a 82 de las
transcripciones).
2°. En fecha 3 de marzo de 2009 se produjo un cambio en la representación de Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabaris, dejando de asistirles el imputado José Antonio
López Rubal.
3°. Interesa se libre mandamiento al órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de! Consejo General del Notariado para que remita todas las escrituras en las que intervenga Pablo Crespo Sabaris y/o Mª Consuelo Margarita Vázquez.
Por ello, el Fiscal no se opone a la prórroga de las intervenciones solicitadas por la UDEF si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.
Igualmente, el Fiscal interesa se libre el mandamiento solicitado en el apartado tercero de este escrito”.
Este informe fue remitido por fax al Juzgado Central de instrucción nº 5, y fue entregado al acusado por el funcionario responsable de la tramitación de las Diligencias Previas a las que se refería, las DP 275/2008. Conocido su contenido, el acusado dictó un auto de prórroga de las intervenciones acordadas en el auto de 19 de febrero anterior, sin añadir ninguna cautela especial para la salvaguarda del derecho de defensa, más allá de la expresión “previniendo el derecho de defensa”, a pesar de que era consciente de que, desde el dictado del auto anterior, se habían personado los nuevos letrados ya mencionados, y de que respecto de los mismos no se había precisado indicio alguno de actuación delictiva o de colaboración en la que se sospechaba que continuarían llevando a cabo los imputados que se encontraban en prisión preventiva.
El auto de 20 de marzo, en los hechos, fundamentos jurídicos y parte dispositiva, era del siguiente tenor literal:

“Hechos: La presente pieza separada se ha incoado en virtud del auto de fecha 19 de febrero de 2009, habiéndose dictado auto del mismo día por el que se acordaba la intervención hasta el día 20 de marzo de 2009 de las comunicaciones orales y escritas de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, quienes se encuentran en situación de prisión provisional en el Centro Penitenciario de Soto del Real.
Por la Fuerza Actuante se ha presentado oficio con nº 25917/09 aportando la transcripción de las conversaciones telefónicas intervenidas de interés y solicitando la prórroga de dicha intervención de las comunicaciones de los imputados indicados, habiéndose dado traslado al Ministerio Fiscal de dicho oficio a fin de que informara sobre la prórroga interesada. Razonamientos jurídicos:

Primero.- Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de este Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser constitutivos respectivamente, en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en relación con el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art. 305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples delitos de cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. Penal; un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal.
Segundo.- A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado, deviene
necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos.
Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella.
En este sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones "generales" de los internos con terceras personas, y las comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus letrados. Esas comunicaciones "generales" pueden ser intervenidas con la autorización del Director del Centro Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento penitenciario, sin embargo, las aquí denominadas "particulares" son sometidas a un régimen especial y la autorización de su intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial, sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o
intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
Dichas intervenciones, tanto las "generales" como las "particulares" deberían ser llevadas a cabo con la coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario correspondiente y debe seguir el mismo procedimiento de grabación, intervención, escucha y conservación que se optó para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en su momento ya fueron acordadas en las presentes actuaciones, que al día de la fecha se encuentran cesadas. Sin embargo, dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir, es procedente autorizar a los funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se dirá.
Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Dispongo: 1.- Ordenar la prórroga de la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, y Antoine Sánchez en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo comprendido desde el 20.03.09 hasta el 20.04.09.
2.- Ordenar la Prórroga de la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, previniendo el derecho de defensa, en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo comprendido desde el 20.03.09 hasta el 20.04.09.
3.- Autorizar a los funcionarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la grabación de las comunicaciones personales que mantengan los internos mencionados, en cualesquiera Centros Penitenciarios que aquellos se hallen internos, debiendo
abstenerse de escuchar dichas conversaciones, siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones, así como a la conversación de los soportes, cuyo procedimiento se mantiene en los términos que se expresarán en los párrafos siguientes.
4.- Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones (literales), quedando las cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las grabaciones se materialicen, en depósito en la dependencia
policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán, las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en que sentido .Y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede la observación, caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de prorroga, ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado”.

Por lo tanto, y el acusado era consciente de ello, entre las comunicaciones que se iban a intervenir a los internos en el centro penitenciario, imputados respecto de los que había acordado la prisión
provisional, se encontrarían, sin excepción alguna, las que mantuvieran con los letrados designados por cada uno de ellos para su defensa, contra los cuales no constaba indicio alguno de actividad criminal.
El auto fue ejecutado en sus propios términos y como consecuencia de ello fueron intervenidas, grabadas, escuchadas por la policía, transcritas en lo relevante para la investigación, entregadas al acusado como juez y conocidas por éste y por los representantes del Ministerio Fiscal responsables del caso, varias conversaciones mantenidas entre los letrados y sus defendidos en los locutorios del centro Penitenciario expresamente destinados a esta clase de comunicaciones.
Entre ellas, y además de las ya mencionadas más arriba, se grabaron las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Francisco Correa y el letrado designado por él para su defensa José Antonio Choclán los días 10 de marzo, 13 de marzo, 23 de marzo, 26 de marzo, 30 de marzo, 2 de abril, 8 de abril y 15 de abril de 2009.
Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Pablo Crespo y el letrado designado por él para su defensa Pablo Rodríguez-Mourullo los días 10 de marzo, 12 de marzo, 26 de marzo, 30 de marzo, 1 de abril, 8 de abril y 15 de abril de 2009.

Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Antoine Sánchez con el letrado designado para su defensa Juan Ignacio Vergara los días 27 de marzo, y 2, 6 y 13 de abril de 2009.
Con fecha 27 de marzo de 2009 tuvo entrada en el Juzgado Central de Instrucción n° 5 informe del Ministerio Fiscal de 23 de marzo conforme al cual:
“El Fiscal, notificado el auto de 20 marzo de 2009 en el que se acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de los imputados en situación de prisión provisional, Dice: En fecha 20 de marzo de 2009 se emitió informe en el que se interesaba el desglose de determinadas conversaciones con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de los imputados. El Fiscal reitera lo solicitado e interesa, con la misma finalidad, que, en lo sucesivo, se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos.”
El mismo día 27 de marzo de 2009 se dictó nuevo auto por el que se disponía: “excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieran en exclusiva a
estrategias de defensa”. En cumplimiento de lo dispuesto, el funcionario encargado de la tramitación de la causa, por orden verbal del acusado, que le comunicó que siguiera las indicaciones de uno de los representantes del Ministerio Fiscal en la causa, que en ese momento se encontraba en las dependencias del juzgado, procedió, según éste le indicó, a suprimir distintos párrafos de las trascripciones de las conversaciones mantenidas por los internos y sus abogados defensores en los locutorios de la prisión, a las que antes se hizo referencia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.- La cuestión central que debe ser resuelta en esta causa se relaciona directamente con el contenido esencial del derecho fundamental a la defensa, que corresponde al imputado, frente al interés legítimo del Estado en la persecución de los delitos.
Como luego se dirá, aunque es pertinente adelantarlo, el derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del Estado de Derecho como un proceso con todas las garantías. No es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa, de forma que las posibles restricciones deben estar especialmente justificadas.
En este caso, no se trata en realidad de examinar la suficiencia de los indicios o de la motivación, o de cuestiones relativas a la proporcionalidad de una medida que restringe el derecho a la intimidad.
Sino de la valoración jurídico penal de las dos resoluciones judiciales dictas por el acusado de fecha 19 de febrero y 20 de marzo de 2009, que, incidiendo directamente sobre el derecho a la defensa suprimiendo la confidencialidad, acordaron la escucha y grabación de las comunicaciones
entre los imputados presos y sus abogados defensores, sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos.

PRIMERO.- En el trámite previsto en el artículo 786.2 de la LECrim, la defensa del acusado planteó varias cuestiones previas.
1. En la primera de ellas hace referencia a la recusación de los Magistrados Srs. Marchena y Varela, miembros de esta Sala, planteada con anterioridad y que ahora alega nuevamente.
Aunque se ha entendido que no era ésta la intención de la defensa, es de toda evidencia que la apertura del turno de intervenciones previsto en el antes citado artículo 786.2 de la LECrim no supone un nuevo plazo para plantear la recusación por las mismas causas ya alegadas, ni una
ampliación del ya previsto en el artículo 223 de la LOPJ. En consecuencia, las recusaciones ya fueron planteadas y desestimadas, lo que ha puesto fin a su tramitación en esta causa.
No obstante, desde la perspectiva del derecho a un juez imparcial, conviene recordar que la recusación planteada respecto del primero de los Magistrados de esta Sala antes aludidos fue rechazada por dos causas distintas por la Sala de este Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ. De un lado, por extemporaneidad en su planteamiento. De otro porque se afirmaba en la resolución de la Sala, de forma escueta pero terminante, que el hecho de haber sido instructor en una causa seguida contra el mismo acusado, por sí solo, no es causa de recusación para formar parte del Tribunal que enjuicia unos hechos totalmente diferentes.

Respecto del segundo Magistrado recusado, la recusación fue rechazada liminarmente por esta Sala por extemporaneidad y por absoluta falta de fundamento. Respecto a la primera causa, en la que se alegaba falta de imparcialidad subjetiva, porque, basándose en unas supuestas frases descalificadoras pronunciadas por el recusado, los hechos se relacionaban con tal generalidad y absoluta falta de concreción respecto a su contenido, lugar, fecha y circunstancias, que impedían cualquier juicio, aun cuando fuera muy provisional, sobre la consistencia de lo alegado, de forma que no se evidenciaba, ni siquiera indiciariamente, la sospecha y no se justificaba la tramitación del incidente. En cuanto a la segunda causa de recusación, relativa a la falta de imparcialidad objetiva por haber sido instructor en otro procedimiento diferente también seguido en esta Sala
contra el acusado, porque se planteó en los mismos términos que la ya alegada en estas mismas actuaciones respecto del primero de los Magistrados recusados, que había sido rechazada, como ya se dijo, de forma terminante, por la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ tras su tramitación. Las razones contenidas en el auto que rechazó liminarmente ambas causas permitían, pues, considerarlas totalmente carentes del mínimo fundamento.
El acusado, a través de su defensa, no ha aportado elementos de juicio no valorados ya, por lo que por las mismas razones aludidas, contenidas en las resoluciones que desestimaron o rechazaron liminarmente la pretensión, ésta debe ser ahora igualmente desestimada.
Por lo tanto, la alegación no puede ser estimada ni como reiteración de la recusación, ni como reiteración de la queja respecto al derecho a un tribunal imparcial.
2. En segundo lugar, plantea la defensa del acusado la necesidad de garantizar el derecho que le asiste, conforme al artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual todo condenado tiene derecho a someter el fallo y la condena a un Tribunal superior, lo cual queda aquí impedido por la condición de aforado del acusado. Entiende que mantener una instancia única para los aforados carece de toda razón. Y solicita que esta Sala venga a establecer que el recurso de apelación que está previsto en la regulación del procedimiento abreviado en la LECrim sea conocido y resuelto en estos casos por la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ.

La pretensión es inatendible por razones obvias. En primer lugar, porque aun cuando pueda entablarse discusión o debate acerca de la justificación del procedimiento contra personas aforadas o sobre la preferencia o mejor calidad de unos sistemas procesales sobre otros, el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, luego de disponer en el apartado 1 que toda persona condenada por un delito tiene derecho a que su condena o sentencia sea revisada por un Tribunal superior, contempla excepciones a esta regla en el apartado 2, y, entre ellas, los casos en los que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto Tribunal. Y en segundo lugar porque no le corresponde a esta Sala completar la legislación procesal u orgánica estableciendo nuevos recursos, distintos a los previstos, o ampliar las competencias de los órganos jurisdiccionales establecidas de forma precisa por las leyes vigentes.
En consecuencia, la segunda cuestión previa es igualmente desestimada.
3. En tercer lugar, con apoyo en el artículo 24 de la Constitución, en relación al derecho a los medios de prueba, interesa que se admitan las pruebas ya propuestas y que fueron denegadas en el auto de esta Sala de 26 de octubre de 2010.
a) La primera de las pruebas a las que se refiere consistía en la unión a la causa de testimonio de las Diligencias Previas nº 1/2009 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continuación de las instruidas por el acusado. Entendía la defensa que la intervención de las comunicaciones de los internos en el centro penitenciario acordada por el acusado había sido prorrogada por éste y luego nuevamente, en segunda prórroga, por el nuevo instructor, y
argumenta que el conocimiento de estos dos elementos permitirá al Tribunal ver el fundamento de la antijuricidad de las resoluciones que hoy se reprochan al acusado.
Los Autos dictados por el acusado a los que se hace referencia, y el auto de 20 de abril de 2009 dictado por el instructor ya designado por el Tribunal Superior de Justicia al resultar competente para el conocimiento de la causa, ya obran entre las pruebas admitidas y podrán ser valorados
por el Tribunal. No se hace mención concreta de otros particulares relevantes, por lo que no es pertinente la unión de testimonio íntegro de esas actuaciones.
b) La segunda de las pruebas ahora propuestas, consistía en la certificación de todas las sentencias dictadas en los últimos cinco años en las que se revocaran intervenciones telefónicas y que hubieran supuesto la deducción de testimonio contra el juez que las había acordado. Dado que el proponente no había podido encontrar alguna sentencia en ese sentido, entendía que el dato era fundamental para la defensa.
El planteamiento es erróneo a juicio del Tribunal. La declaración de nulidad de las resoluciones que disponen una intervención telefónica, o el acuerdo de prohibición de valoración de lo obtenido mediante la misma, puede estar basado en múltiples causas. Sin embargo, a los efectos de las presentes actuaciones, solo podrían ser relevantes los casos relativos a la vulneración del derecho de defensa, que es lo que aquí se debate, y no las cuestiones relativas a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. No obstante, esta Sala conoce su propia
jurisprudencia y, en todo caso, nada impidió a la defensa alegar acerca de anteriores resoluciones de las que pudiera obtener consecuencias que condujeran a la mejor defensa de sus derechos. Por lo tanto, la prueba debió ser inadmitida.
c) En tercer lugar, interesaba la defensa que se dirigiera comunicación a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que se procediera al volcado del disco duro donde constan todas las grabaciones efectuadas en ejecución de los autos dictados por el acusado.
Entendía la defensa que era necesario conocer la integridad de las grabaciones para determinar si había habido una afectación del derecho de defensa y si la decisión del acusado se había ajustado a Derecho.
Como se expondrá con posterioridad, esta Sala entiende que no es preciso conocer el contenido completo de las conversaciones mantenidas entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados defensores. Pues para establecer una lesión material al derecho de defensa, es suficiente con la demostración de que esas conversaciones o comunicaciones fueron intervenidas por quienes participaban en la investigación penal de los hechos.
De otro lado, tras el expurgo ordenado por el Auto de 27 de marzo dictado por el acusado, y en ejecución del mismo, se suprimieron de las transcripciones varias conversaciones que habían sido grabadas, mantenidas entre los internos y sus letrados defensores, porque el propio acusado, a petición del Ministerio Fiscal, entendió que afectaban al derecho de defensa. Esta constatación, sin perjuicio de cómo se efectuó esa supresión y de si alcanzó a todo lo que afectaba a ese derecho, hace innecesario desde todas las perspectivas incorporar esas grabaciones para su examen en el juicio oral. Además, si se suprimieron por afectar al derecho de defensa, es claro que su incorporación a la prueba supondría ahora una nueva vulneración de la confidencialidad entre letrado y defendido. Por todo ello, no era procedente admitir esta prueba.
d) En cuarto lugar, solicitaba la defensa que se aportara testimonio del auto de 14 de marzo de 2011 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la causa 1/2009, en el que se revocaba la decisión de sobreseer las actuaciones respecto de algunos abogados.
La cuestión no tenía relación alguna con los hechos investigados en esta causa, dado que los letrados a los que se refiere no son los que, según los hechos de la acusación, fueron escuchados cuando mantenían comunicaciones reservadas con sus defendidos. Si lo que se pretendía con esa prueba era probar que en algún momento existían indicios de actividad criminal contra aquellos, ello no puede acreditar, en ningún caso, que esos indicios fueran trasladables a los letrados concernidos por los hechos que se están enjuiciando. En consecuencia, la prueba fue denegada.
e) En quinto lugar, la defensa, que renunció a la prueba testifical, propuesta en su momento, del Magistrado instructor designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sr. Pedreira, propuso como prueba la testifical del funcionario del juzgado central de instrucción nº 5, Vicente Maroto, encargado del control y tramitación de la causa, que esta Sala decidió admitir como pertinente.
f) Finalmente, propuso en ese momento la audición de las cintas que citan las acusaciones para formular su acusación y que contienen las conversaciones grabadas, propuesta que fue admitida en parte, procediéndose en su momento a la audición de parte de lo propuesto, tal como resulta del acta, con la aquiescencia de la defensa.

SEGUNDO.- Se han practicado como pruebas el interrogatorio del acusado; la declaración de varios testigos, concretamente el querellante Sr. Peláez, los agentes policiales nº 81.067, 27.450 y 17.561 y Vicente Maroto Mateos; la audición de parte de las conversaciones grabadas, y la documental propuesta y admitida, tal como consta en el acta.
1. Los aspectos objetivos de los hechos resultan probados de la siguiente forma. La existencia en el Juzgado Central de instrucción nº 5 de una investigación sobre hechos que pudieran ser constitutivos de varios delitos, entre ellos, blanqueo de capitales, se acredita por la documental,
por la declaración del acusado y por la testifical de los funcionarios de policía que eran responsables de la misma. Del mismo modo por la testifical del funcionario del Juzgado Vicente Maroto. El dictado por el acusado de los autos de 19 de febrero, de 20 de marzo y de 27 de marzo de 2009 queda acreditado por la prueba documental consistente en testimonio de los mismos y por la declaración del acusado, que reconoció haberlo hecho en los términos que constan. La solicitud de aclaración acerca de la grabación de las conversaciones, por la documental consistente en testimonio del oficio de Instituciones Penitenciarias obrante en la causa. La petición de aclaraciones por parte de los funcionarios de policía respecto del significado de la frase “previniendo el derecho de defensa”, se acredita por la testifical de los agentes nº 81.067 y 17.561, que declararon haberse dirigido al acusado con esa finalidad. La respuesta del acusado, en el sentido de que los policías debían proceder a recoger las cintas, escuchar su contenido, transcribir lo que fuera relevante para la investigación y entregárselo a él, quien decidiría lo que afectaba al derecho de defensa, se acredita por la testifical de ambos testigos. La frecuente dación de cuenta, verbal y por escrito de los funcionarios de policía al acusado, por la declaración de éste y la de los agentes ya citados, así como por la declaración del testigo Vicente Maroto.
La ejecución de la medida acordada, se acredita por la documental relativa a las conversaciones grabadas y transcritas. También por prueba documental referida a la información procedente de Instituciones Penitenciarias en cuanto a las visitas efectuadas por los letrados Srs. Peláez, Choclán, Mourullo y Vergara a los internos y el concepto en el que se hacían.
La designación de los letrados Srs. Choclán y Mourullo como defensores de los internos con fecha 2 de marzo, consta también por la prueba documental relativa al hecho de la designación y por el testimonio de la providencia, firmada por el acusado, de 3 de marzo de 2009 en la que se les tiene por personados en ese concepto. De la misma forma, en sus fechas, las designaciones y personaciones de los letrados Srs. Peláez y Vergara.
La trascripción de las conversaciones, la entrega de aquellas en el juzgado y su conocimiento por el acusado y por los representantes del Ministerio Fiscal que actuaban en la causa, se acredita por el testimonio de las actuaciones, por la declaración del acusado, y por las manifestaciones de los testigos funcionarios policiales antes referidos que intervenían en la investigación, así como del funcionario del juzgado Vicente Maroto.
La entrega al juzgado de los informes de 4 y 13 de marzo, así como su contenido, resulta igualmente del testimonio de las actuaciones y de las anteriores declaraciones. De ellas resulta el conocimiento de los mismos por parte del acusado y de los representantes del Ministerio Fiscal.
El contenido de la declaración prestada ante el acusado por el imputado José Luis Ulibarri consta igualmente por el testimonio de las actuaciones.
El informe del Ministerio Fiscal de 20 de marzo y su contenido queda probado por el testimonio de las actuaciones. Que el acusado conoció su contenido, remitido por fax, antes de dictar el auto de 20 de marzo en el que acordaba la prórroga de las intervenciones acordadas el 19 de febrero, consta por la declaración del funcionario del Juzgado Vicente Maroto, que manifestó en el plenario que entregó el informe al acusado, tal como este le había ordenado, antes de que decidiera sobre la prórroga.
El dictado del auto de 27 de marzo y su contenido queda probado por el testimonio de las actuaciones. La forma en la que se procedió a la exclusión de determinadas conversaciones, por entender que afectaban al derecho de defensa, consta por la declaración del funcionario Vicente
Maroto, quien manifestó que el acusado le ordenó que siguiera las instrucciones de una de las fiscales que intervenían en el asunto para concretar los párrafos que debían ser excluidos.
Las conversaciones entre los letrados y los imputados internos que fueron grabadas resulta de las propias trascripciones y de la información remitida por Instituciones Penitenciarias, así como, en parte, por los informes policiales de 4 y 13 de marzo.
Los anteriores elementos fácticos de carácter objetivo no han sido, en realidad, cuestionados.
2. En cuanto al carácter con el que el querellante Sr. Peláez compareció en el centro penitenciario en los momentos en los que fueron grabadas sus conversaciones con los internos, sostiene la defensa que, ya que nunca se entrevistó con su defendido, que se encontraba en situación de libertad, y no cumplió con los requerimientos contenidos en el reglamento Penitenciario al no solicitar permiso del instructor de la causa, las comunicaciones efectuadas no pueden ser valoradas como realizadas por letrado.
La cuestión, así planteada, sugiere un concepto excesivamente burocrático del derecho de defensa. Aun así, carece de la trascendencia que se pretende. En primer lugar, porque no se discute que los letrados Sres.
Choclán, Mourullo y Vergara se entrevistaron con sus defendidos en calidad de letrados defensores y fueron igualmente escuchados y grabados, lo que haría innecesaria la consideración de las grabaciones que se discuten relativas a las comunicaciones del querellante con los internos. En segundo lugar, porque consta en las actuaciones testimonio de un informe remitido por Instituciones Penitenciarias al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Juez instructor, con fecha 28 de abril de 2010, relativo a las visitas a los internos Correa, Crespo y Sánchez, en el que aparece el querellante en una comunicación efectuada con el interno Francisco Correa el día 6 de marzo, en la que se hace constar que lo hace en concepto de letrado expresamente llamado, lo cual, en ausencia de cualquier otra prueba sobre el particular, resulta fuertemente indicativo de que documentó ante los funcionarios tal condición, como resulta del informe de Instituciones Penitenciarias de 3 de mayo de 2010 en el que se aclara que si se hace constar así es porque comparece con el volante del Colegio de Abogados en el que figura en tal concepto. Lo cual permite tenerlo por probado. Y en tercer lugar, porque, habiéndose efectuado la comunicación en los locutorios específicos para los letrados, lo que resulta de la testifical del querellante y de la misma documental, el acusado no había adoptado ninguna medida que permitiera excluir de la grabación y escucha a los letrados defensores y a los expresamente llamados, por lo que el
cumplimiento de las exigencias reglamentarias o la acreditación de aquella condición nunca hubiera impedido la injerencia, como de hecho, no la impidió en el caso referido.
3. La inexistencia de indicios de actuación criminal respecto de los letrados defensores, los Sres. Peláez, Choclán, Mourullo y Vergara, no solo resulta de la ausencia de cualquier elemento en las actuaciones que lo pudiera sugerir, sino también de las declaraciones del propio acusado, que no aportó ningún dato concreto sobre este particular; y de las de los funcionarios policiales encargados de la investigación, que manifestaron, aunque sin precisar los indicios objetivos, que sospechaban de un despacho de abogados, refiriéndose solamente a los ya imputados entonces en la causa, pero sin que hicieran en ningún momento referencia concreta a los
letrados antes mencionados.
Además, ha de tenerse en cuenta que el acuerdo de escucha y grabación de las comunicaciones se dictó antes de conocer la identidad de estos letrados, que fueron designados en su mayoría con posterioridad, y que hasta entonces no habían aparecido en las actuaciones bajo apariencia o sospecha alguna de actuación delictiva. En consecuencia, cuando se acordó, era imposible valorar indicios contra aquellos.
4. La inexistencia de precisiones encaminadas a garantizar la custodia de las grabaciones en el centro penitenciario y a la identificación de los responsables de la misma, resulta del silencio del auto sobre el particular.
5. La inexistencia de órdenes o instrucciones por parte del acusado para que los funcionarios policiales encargados de la investigación no escucharan determinadas conversaciones o prescindieran de ellas en la elaboración de los informes entregados a aquel, resulta de las declaraciones de los agentes nº 81.067 y 17.561, que aparece corroborada en este extremo por la aparición de estas conversaciones en las trascripciones entregadas al juzgado, de las que aparecen suprimidos párrafos y conversaciones completas como consecuencia del expurgo acordado en el auto de 27 de marzo; igualmente resulta de la constancia de valoraciones expresas del contenido de estas conversaciones que aparecen en los informes policiales; y finalmente del informe del Ministerio Fiscal de fecha 20 de marzo, en el que se relacionan algunas de estas conversaciones que, a juicio del representante del Ministerio Público que lo firma, deberían ser excluidas por afectar al derecho de defensa.
6. Finalmente, en cuanto a la afectación del derecho de defensa y demás derechos presentes en la relación entre imputado y letrado defensor, sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto de la lesión de los mismos por la mera supresión de la confidencialidad, de un lado se han suprimido de las trascripciones párrafos enteros que se consideró, por el Fiscal y por el propio acusado, que afectaban al derecho de defensa. Además, restan en algunas trascripciones manifestaciones de los comunicantes claramente relacionadas con la defensa, entre ellas, la mantenida por el imputado Correa con su letrado defensor Sr. Choclán el día 2 de febrero, en la que tratan de las posibles decisiones del instructor, de cómo enfocar la situación y de las relaciones del letrado con el mismo instructor y con las fiscales del caso; o la mantenida entre el letrado Sr. Mourullo con su
defendido el día 6 de marzo, en la que hablan de distintos aspectos de la tramitación de la causa, de gestiones para asegurar el pago de deudas hipotecarias con cargo a cuentas bloqueadas judicialmente, y de otros aspectos relacionados con el estado de la investigación, así como de aspectos relacionados con los hechos ya ocurridos que el interno transmite a su letrado. Así como la mantenida el mismo día 6 de marzo entre el letrado Sr. Choclán y su defendido, en la que interviene el letrado querellante Sr. Peláez como expresamente llamado, y en la que se comunican cuestiones relacionadas con la coordinación de las defensas y con el estado de la investigación en relación con hechos ya sucedidos que el imputado comunica a su letrado y con la posible valoración de los datos que suponen que el instructor tendrá en su poder.
Del mismo modo, en el informe policial se hace mención entre otros aspectos, a la coordinación de los letrados de los imputados para la defensa; a la elección de los nuevos letrados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales, mencionando incluso sus honorarios; a la relación profesional anterior del querellante con una de las fiscales del caso o del letrado Sr. Choclán con el instructor y con las fiscales y al contenido de las comunicaciones desarrolladas el 6 de marzo a las que antes ya se ha hecho alusión.
7. En lo que se refiere a los aspectos subjetivos, las afirmaciones fácticas en este sentido quedan soportadas por las siguientes consideraciones probatorias.
El acusado sabía cuales eran las consecuencias necesarias de las dos resoluciones que dictó. La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaría a este derecho. El propio tenor literal de los autos lo acredita, al referirse a todos los letrados personados y a otros que mantengan entrevistas con los internos, lo cual, gramaticalmente, al no establecerse excepción alguna, afecta a todos los personados, estén imputados o no, y por lo tanto, existan, o no existan, contra ellos indicios de actividad criminal, y a todos los letrados que se personen en el futuro, con independencia de su identidad, y nuevamente con independencia de que existan o no indicios de actividad criminal contra ellos.
Además, no pudo tener duda alguna sobre ello. Los funcionarios de policía le reclamaron aclaraciones acerca del significado de la frase previniendo el derecho de defensa, con el resultado ya expuesto en el relato fáctico. El Ministerio Fiscal le reclamó la exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados defensores. Tuvo conocimiento de la personación de nuevos letrados, tras el dictado del primero de los autos. Y los informes de los agentes policiales sobre las conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones, incluían algunas con los letrados de la defensa de las que no resultaba indicio alguno de actuación delictiva por parte de estos últimos.
De lo expuesto resulta igualmente que, sin ninguna duda, el acusado conocía el resultado de la intervención de las comunicaciones y que éste era escuchado y valorado por los funcionarios policiales que intervenían en la investigación.

TERCERO.- Aludió la defensa a la modificación en la argumentación jurídica que apoyaba la consideración, provisional, de los hechos imputados como constitutivos de prevaricación, pues dice que si bien en la querella se hacía referencia a una interpretación errónea del artículo 51.2 de la LOGP, en el auto del instructor que acuerda continuar la tramitación según las reglas del procedimiento abreviado, se hace referencia a la falta absoluta de indicios que justificaran las resoluciones judiciales. Entiende que el instructor procedió a mejorar la querella añadiendo una argumentación que no empleaba el querellante.
1. Aunque en la práctica ordinaria los escritos de querella suelen contener una argumentación sobre la calificación jurídico penal de los hechos en que se basan, la LECrim no exige, en el artículo 277, que se incluya tal calificación ni argumentación alguna acerca de ese particular.
En consecuencia, en primer lugar, no se puede afirmar que resulte de la ley que el instructor, ni tampoco lógicamente el Tribunal de enjuiciamiento, estén vinculados por la opinión jurídica del querellante. Y, en segundo lugar, no siendo la calificación un elemento necesario de la querella, tampoco es posible sostener que el cambio en la argumentación jurídica suponga una alteración del objeto del proceso.
2. El objeto del proceso, un hecho penalmente relevante, se determina de forma progresiva a lo largo de la tramitación, para quedar definitivamente delimitado en los escritos de conclusiones definitivas de las partes. No supone irregularidad de ninguna clase que a lo largo de la tramitación aparezcan distintas valoraciones jurídicas de los hechos, pues de la misma forma en que el hecho se concreta de forma progresiva, también es posible evolucionar en su calificación. En consecuencia, ninguna norma impone al instructor una vinculación a la calificación que de los hechos vaya haciendo el querellante ni a la argumentación en que pueda ser apoyada.
3. El principio acusatorio, que inicialmente exige que la acusación sea sostenida por alguien distinto del juzgador, se relaciona íntimamente con otros derechos, entre ellos el derecho a un juez imparcial (el tribunal no puede abandonar su posición de tercero) y el derecho de defensa, que incluye el derecho a conocer la acusación. Como es sabido, el tribunal, en el momento del enjuiciamiento, está vinculado a la acusación en el aspecto subjetivo, en tanto no puede pronunciar sentencia si no es respecto del acusado, y en el aspecto objetivo, ya que no puede referirse a hechos distintos de los contenidos en la acusación, salvo aquellos que tengan un carácter meramente accesorio y que el tribunal considere acreditados por la prueba practicada en el plenario, y al tiempo resulten convenientes para una mejor comprensión de los hechos probados.
La calificación jurídica solamente vincula en el sentido de que el tribunal no puede condenar por un delito distinto al de la acusación, salvo que se trate de un delito homogéneo, en el sentido de que todos sus elementos estuvieran contenidos en la acusación, y cuando, además, no sea
más grave que aquel por el que se acusa.
Finalmente, esta Sala, al igual que el Tribunal Constitucional, ha entendido, con precisiones que no es necesario abordar ahora, que no es posible imponer pena más grave que la solicitada por las acusaciones.
Pero más allá de estos aspectos, el tribunal no está vinculado. De manera que así como el instructor no está vinculado por la argumentación jurídica del querellante, el tribunal tampoco lo está por las acogidas por las partes ni por el instructor.

CUARTO.- La defensa, en su informe oral, pareció quejarse también de la actuación del instructor al recoger en el auto de apertura del juicio oral los hechos contenidos en los escritos de acusación.
1. En realidad, si se entiende así y no como una mera expresión de insatisfacción por la marcha del proceso, la queja carece de todo fundamento.
En el propio auto de apertura del juicio oral se ofrece una explicación escueta, aunque suficiente, del sentido de la resolución que se adopta, con la referencia explícita a la STC 186/1990 y al carácter negativo del juicio que corresponde al juez efectuar en ese momento, como control
sobre la acusación.
No obstante, conviene ahora recordar que en el procedimiento abreviado, según el artículo 782 y concordantes de la LECrim, al juez instructor le corresponde acordar la apertura del juicio oral, y debe hacerlo en función de los hechos contenidos en las acusaciones, y no de otros. Solo puede denegarla, cuando solicitándolo quien puede hacerlo según la ley, entiende que carece de consistencia por dos posibles motivos: que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que los hechos no son constitutivos de delito.
2. El Tribunal Constitucional en la STC 186/1990, ya había advertido que “…la decisión judicial acerca de la apertura o no del juicio oral se adopta después de que se haya formulado acusación (art. 790.6 de la L. E. Crim.), como una manifestación más del sistema acusatorio al que responde el nuevo proceso (ne procedat iudex ex oficio), por lo que no puede atribuírsele al Auto de apertura del juicio naturaleza inculpatoria similar a la del auto de procesamiento en el procedimiento común”. Se argumentaba en esta sentencia que el hecho de que la ley atribuyera al juez de instrucción el control sobre la consistencia de la acusación, en tanto que puede acordar el sobreseimiento en los casos previstos en la ley a pesar de la petición de las partes relativa a la apertura del juicio oral, no supone en manera alguna que, cuando accede a esa petición de las acusaciones proceda a realizar un acto de inculpación, pues “…este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva de la improcedencia de la acusación formulada-, de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación”.
En consecuencia, el juez de instrucción no puede acordar la apertura del juicio oral por unos hechos distintos de los contenidos en los escritos de acusación, (que a su vez proceden de los contenidos en el auto de transformación en procedimiento abreviado en cuanto determina los hechos justiciables), pues si así fuera estaría excediendo su función, solo prevista desde aquella perspectiva, correspondiente a un juicio negativo sobre la acusación. Puede, sin embargo, excluir algunos hechos, si considera que respecto de los mismos no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que aún así, no serían constitutivos de delito.
Pero si desde la perspectiva expuesta considera que respecto de los hechos de la acusación existen indicios racionales contra el acusado y que los hechos podrían ser constitutivos de delito, la apertura del juicio oral solo podrá acordarse por esos hechos, que es de lo que se acusa, y no por otros diferentes, sin que ello suponga una inculpación autónoma por parte del Juez.
En definitiva, el instructor cumplió adecuadamente sus funciones como tal. Ningún reproche se puede hacer a que el instructor, en lugar de acudir a una remisión genérica al contenido de las acusaciones, haya optado por la precisión detallada de los hechos por lo que acuerda la
apertura del juicio oral.

QUINTO.- El artículo 446 del Código Penal dispone: "El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 3º. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a
veinte años, cuando dictare cualquier otra sentencia o resolución injustas".
1. Los poderes públicos, también el judicial, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1 CE); y el artículo 117.1 de la misma Constitución, somete a los jueces solamente al imperio de la ley. En la STS 2338/2001 se hacían referencias a la posición del juez, a quien corresponde “...el monopolio de la jurisdicción y la facultad exclusiva de resolver los conflictos que se le presenten mediante la aplicación de la Ley, en un poder independiente que encuentra su límite en la aplicación del Ordenamiento Jurídico, resolviendo de manera vinculante y definitiva el asunto enjuiciado”.
En un sistema democrático como el regulado en la Constitución española, el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo. La superación del simple positivismo, que pudiera conducir a actuaciones materialmente injustas, resulta de la Constitución y, especialmente, de sus normas sobre derechos fundamentales, que constituyen al tiempo una guía interpretativa y un límite infranqueable.
Desde esta perspectiva, la previsión legal del delito de prevaricación judicial, no puede ser entendida en ningún caso como un ataque a la independencia del Juez, sino como una exigencia democrática impuesta por la necesidad de reprobar penalmente una conducta ejecutada en ejercicio del poder judicial que, bajo el pretexto de la aplicación de la ley, resulta frontalmente vulneradora del Estado de Derecho.
2. La jurisprudencia ha señalado que la prevaricación supone un grave apartamiento del derecho, de manera que “...no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso, sino en la postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por lo tanto, en la vulneración del Estado de Derecho, dado que se quebranta la función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho, en la forma prevista en el art. 117.1 CE”, (STS nº 2/1999).
De esta forma, el elemento del tipo objetivo consistente en la injusticia de la resolución no se aprecia cuando se produce una mera contradicción con el derecho. Pues efectivamente, la ley admite en numerosas ocasiones interpretaciones divergentes, y es lícito que el juez pueda optar, en atención a las particularidades del caso, por una u otra interpretación sin incurrir en delito, aunque su decisión pudiera ser revocada en vía de recurso.
Por el contrario, la jurisprudencia, que ha asumido la teoría objetiva con elementos de la teoría de los deberes, ha venido insistiendo en que la injusticia requerida por el artículo 446 del Código vigente exige una absoluta colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso, de tal forma que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho. Así, se ha dicho que debe apreciarse la injusticia que requiere la prevaricación cuando “...la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, no se compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba”. (STS nº 4 de julio de 1996). Y la STS nº 2/1999, señaló que el apartamiento de la función que corresponde al autor en el Estado de Derecho según los arts. 117.1 y 103.1 CE, en ocasiones aludida mediante el uso de adjetivos, “...será de apreciar, por lo general, cuando la aplicación del derecho no resulte de ningún método o modo aceptable de interpretación del derecho”.
3. De la misma forma, se refería la STS nº 877/1998 a la cuestión señalando que “La injusticia de la resolución o sentencia, ha de determinarse en base a criterios objetivos, habiendo la antigua
jurisprudencia declarado que ha de tenerse por tal cuando no puede explicarse mediante una interpretación razonable -Sentencia del Tribunal Supremo de 21 enero 1911-.”.
Igualmente, en la STS 2338/2001 se decía que “En relación al elemento objetivo de la resolución injusta, una vez más, debemos afirmar con la constante jurisprudencia de esta Sala, por otra parte no muy numerosa, de la que son exponente las SSTS de 14 de febrero de 1891, 21 de enero de 1901, 1/1996, de 4 de julio, en Causa Especial 2830/1994, 155/1997 y la última, más completa y reciente la 2/1999, de 15 de octubre en Causa Especial 2940/1997, que la determinación de tal injusticia no radica en que el autor la estime como tal, sino que en clave estrictamente objetiva la misma merezca tal calificación cuando la resolución no se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles”.
Y según se decía en la STS nº 102/2009, FJ 5º, la teoría objetiva “...es complementada por la teoría de la infracción del deber que salva las críticas a la formulación objetiva respecto de las normas de contenido impreciso. En estos supuestos y en los de decisiones sobre facultades discrecionales se afirma la posibilidad de decisión prevaricadora cuando el juez excede el contenido de la autorización, cuando el juez decide motivado por consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico, o cuando el juez se aparte del método previsto en el ordenamiento”.
En definitiva, se entenderá por resolución injusta aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos usualmente admitidos en Derecho, careciendo de toda interpretación razonable, y siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad. Por lo tanto, una resolución basada en una interpretación que pueda reputarse errónea, no es injusta a los efectos del delito de prevaricación, siempre que, alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos, sea defendible en Derecho.
Esta configuración del elemento del tipo objetivo viene a rechazar al mismo tiempo la teoría subjetiva de la prevaricación, según la cual se apreciaría el delito poniendo el acento en la actitud o la convicción del juez al resolver, y prescindiendo de que la resolución sea objetivamente conforme a la ley. Desde este punto de vista es evidente que “...la injusticia objetiva de la resolución no puede ser eliminada recurriendo a la subjetividad del autor, dado que el Juez debe aplicar el derecho y no obrar según su propia idea de la justicia”, (STS 2/1999). Por lo tanto, no puede admitirse que una resolución sea justa solo porque el juez que la dicta, sin referencia alguna a criterios objetivos, así la considere.
4. En la STS nº 4 de julio de 1996 se consideró que era constitutiva de prevaricación la conducta consistente en “...un comportamiento arbitrario, absolutamente injustificado del señor (...), al convertir en imputados a quienes en la querella habían sido propuestos como testigos, porque no hubo ninguna diligencia de prueba de la que pudiera inferirse el más mínimo dato de que alguno de los dos afectados por tan anómala resolución hubiera participado en los hechos que la querella relataba y podían ser constitutivos de delito”.
En la STS 877/1998, se calificó como prevaricadora la resolución de autorizar un matrimonio sin el previo expediente matrimonial.
En la STS nº 2338/2001 se consideró constitutiva de prevaricación la resolución que aplicaba la prescripción de forma absolutamente inasumible al separarse de las previsiones legales y de la doctrina consolidada de esta Sala.
En la STS 806/2004, se consideró como prevaricación la decisión de anular un procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 LH basándose en cuestiones de fondo, ignorando la naturaleza de dicho procedimiento, en la que es unánime la doctrina procesalista y también la de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reconocida por el propio auto que se consideró prevaricador, entendiendo que esa doctrina es ignorada a lo largo de toda esa resolución que, para argumentar su declaración de nulidad del procedimiento, hace constantes referencias a la forma en que fueron adquiridos los títulos que se pretendía ejecutar, algo totalmente ajeno a la esencia de este procedimiento judicial sumario.
En la STS nº 333/2006, se condenó por prevaricación al juez que acordó abrir un expediente gubernativo a un abogado al tener conocimiento de que había realizado alusiones a su persona y cargo en un juicio de faltas.
En la STS nº 102/2009, se consideró delictiva la resolución del juez territorialmente incompetente que ordenó, sin observación del principio de contradicción, la devolución de una cantidad retenida por un establecimiento de juegos de azar, correspondiente al premio obtenido por el denunciante. La resolución judicial ordena al Notario, en el que se deposita la cantidad retenida, la devolución del importe del premio retenido "sin dilación de clase alguna en forma inmediata" facultando a un letrado para colaborar en la cumplimentación de lo dispuesto. Así como la resolución que acordaba la libertad de uno de los imputados, argumentando que “...la libertad acordada en una causa seguida por delito grave requiere un análisis de los presupuestos para su adopción que no se realiza y la que se expone, identidad de circunstancias, no es real”.
En la STS nº 1243/2009, de 30 de octubre, se consideró constitutiva de prevaricación la conducta del juez consistente en la adopción de una serie de acuerdos en un expediente de adopción en el que una mujer pretendía adoptar a la hija de su consorte, también mujer, entendiendo esta Sala que aquellas “...no sólo implican unas injustas resoluciones retardatorias sino también un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa; muy significativamente cuando se trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por razón de la orientación sexual de la promovente. El examen de la madre biológica, titular de la patria potestad, el requerimiento, bajo apercibimiento de sobreseer el expediente para nombrar profesionales, el nombramiento y sucesivo cese el defensor de la niña sólo son racionalmente explicables desde el punto de vista de una
resolución injusta”.

SEXTO.- 1. En cuanto al elemento subjetivo, plasmado en la expresión “a sabiendas”, no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. Es decir, debe ser consciente de la adopción de la resolución, de su sentido y de sus consecuencias y de que todo ello no puede estar amparado en una interpretación razonable de la ley. En este sentido, el elemento subjetivo se integra por “...la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones, elemento que debe ser puesto en relación con la
condición del Juez de técnico en derecho, y por tanto conocedor del derecho y de la ciencia jurídica –«iura novit curia»–.”, (STS nº 2338/2001).
2. No se trata de un elemento subjetivo integrado en el elemento objetivo relativo a la injusticia. Es decir, la resolución no se reputa injusta porque el juez la considere así. Lo que importa, desde el punto de vista atinente al tipo objetivo, es que lo acordado no es defendible en Derecho ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las
normas admitidos en Derecho.
El elemento subjetivo, por el contrario, se refiere al conocimiento de esos elementos del tipo objetivo. Basta con que el juez sepa que la resolución no es conforme a derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de interpretación, sino solamente imponiendo su propia voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley.

SEPTIMO.- Como ya se expresó más arriba, las cuestiones planteadas requieren algunas consideraciones relativas al derecho de defensa, especialmente en el proceso penal.
1. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010, (Caso Azko y Akcros/Comisión) que cita otras anteriores en el mismo sentido, que “...el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión...”. La máxima es aplicable al proceso penal, con mayor razón, dado el carácter de las sanciones imponibles.
2. El proceso penal del Estado de Derecho se estructura sobre la base del principio acusatorio y de la presunción de inocencia. Para que su desarrollo respete las exigencias de un proceso justo, o en términos del artículo 24.2 de la Constitución, de un proceso con todas las garantías, es necesario que el imputado conozca la acusación y pueda defenderse adecuadamente de la misma. De esta forma, el derecho de defensa, como derecho reconocido a cualquier imputado, resulta esencial, nuclear, en la configuración del proceso.
En este marco, los principios de contradicción e igualdad de armas y de prohibición de la indefensión, actúan, a través del derecho de defensa, como legitimadores de la jurisdicción, de manera que ésta solo podría operar en ejercicio del poder judicial dadas determinadas condiciones de garantía de los derechos de las partes, y especialmente del imputado.
El derecho de defensa, desarrollado sustancialmente a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE, y del imputado, con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24. No se
encuentra entre los que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de suspensión en casos de estado de excepción o de sitio.
En el artículo 24 aparece junto a otros derechos que, aunque distintos e independientes entre sí, constituyen una batería de garantías orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso con garantías, a un proceso equitativo, en términos del CEDH; en definitiva, a un proceso justo. De forma que la pretensión legítima del
Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia.
3. Directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada, aparecen otros aspectos esenciales para su efectividad. De un lado, la confianza en el letrado. El TC ha señalado (entre otras en STC 1560/2003) que “la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su Letrado ocupa un lugar destacado en el ejercicio del derecho de asistencia letrada cuando se trata de la defensa de un acusado en un proceso penal”. En este sentido, STC 196/1987, la privación del derecho a la designación de letrado, consecuencia de la incomunicación, solo puede aceptarse por el tiempo y con las exigencias previstas en la ley.
De otro, la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor, que naturalmente habrán de estar presididas por la confianza, resulta un elemento esencial (STEDH Castravet contra Moldavia, de 13 de marzo de 2007, p. 49; y STEDH Foxley contra Reino Unido, de 20 de junio de 2000, p. 43). En la STEDH de 5 de octubre de 2006, caso Viola contra Italia (61), se decía que “...el derecho, para el acusado, de comunicar con su abogado sin ser oído por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y deriva del artículo 6.3 c) del Convenio. Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de él instrucciones confidenciales, su asistencia perdería mucha de su utilidad (Sentencia S. contra Suiza de 2 noviembre 1991, serie A núm. 220, pg. 16, ap. 48). La importancia de la confidencialidad de las entrevistas entre el acusado y sus abogados para los derechos de la defensa ha sido afirmada en varios textos internacionales, incluidos los textos europeos (Sentencia Brenan contra Reino Unido, núm. 39846/1998, aps. 38-40, TEDH 2001-X)”.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010, señaló que “la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes debía ser objeto de protección a nivel comunitario”, aunque supeditó tal beneficio a dos requisitos: “...por una parte, debe tratarse de correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del cliente, y, por otra parte, debe tratarse de abogados independientes, es decir, no vinculados a su cliente mediante una relación laboral”.
En el desarrollo de la comunicación entre letrado y cliente, basada en la confianza y en la seguridad de la confidencialidad, y con mayor razón en el ámbito penal, es lo natural que aparezcan valoraciones sobre lo sucedido según la versión del imputado, sobre la imputación, sobre las pruebas existentes y las que podrían contrarrestar su significado inculpatorio, sobre estrategias de defensa, e incluso podría producirse una confesión o reconocimiento del imputado respecto de la realidad de su participación, u otros datos relacionados con la misma. Es fácil entender que, si los responsables de la investigación conocen o pueden conocer el contenido de estas conversaciones, la defensa pierde la mayor parte de su posible eficacia. En la primera de las sentencias antes citadas, Castravet contra Moldavia, el TEDH afirmó en este sentido que “...si un abogado no fuera capaz de departir con su cliente y recibir instrucciones de él sin supervisión, su asistencia perdería gran parte de su utilidad, teniendo en cuenta que el Convenio pretende garantizar derechos prácticos y efectivos”
4. No es preciso, por lo tanto, que aparezca un aprovechamiento expreso mediante una acción concreta y directamente relacionada con lo indebidamente sabido, pues basta para lesionar el derecho de defensa con la ventaja que supone para el investigador la posibilidad de saber, (y con
mayor razón el conocimiento efectivo), si el imputado ha participado o no en el hecho del que se le acusa, saber si una línea de investigación es acertada o resulta poco útil, saber cuál es la estrategia defensiva, cuales son las pruebas contrarias a las de cargo, o incluso conocer las impresiones, las necesidades o las preocupaciones del imputado, o los consejos y sugerencias que le hace su letrado defensor. Se trata de aprovechamientos más sutiles, pero no por eso inexistentes. Basta, pues, con la escucha, ya que desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento esencial de la defensa. El TEDH ha señalado en este sentido que la injerencia existe desde la interceptación de las comunicaciones, sin que importe la posterior utilización de las grabaciones (STEDH Kopp contra Suiza, de 25 de marzo de 1998).
5. Además, sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos relacionados. En primer lugar, el derecho a no declarar. La comunicación con el letrado defensor se desarrolla en la creencia de que está protegida por la confidencialidad, de manera que en ese marco es posible que el imputado, solo con finalidad de orientar su defensa, traslade al letrado aspectos de su conducta, hasta llegar incluso al reconocimiento del hecho, que puedan resultar relevantes en relación con la investigación. Es claro que el conocimiento de tales aspectos supone la obtención indebida de
información inculpatoria por encima del derecho a guardar silencio. En estos casos, la prohibición de valoración de lo ya conocido no es más que un remedio parcial para aquellos casos en los que, justificada la intervención con otros fines, el acceso haya sido accidental e inevitable, pero de esa forma no se elimina la lesión ya causada en la integridad del derecho.
En segundo lugar, el derecho al secreto profesional. Concebido como un derecho del letrado a no revelar los datos, de la clase que sean, proporcionados por su cliente, o, con carácter más general, obtenidos en el ejercicio del derecho de defensa (artículo 416 de la LECrim y 542.3 de la LOPJ), opera también como un derecho del imputado a que su letrado no los revele a terceros, ni siquiera bajo presión. El conocimiento indebido del contenido de las comunicaciones entre ambos, pues, dejaría en nada este derecho.
En tercer lugar, el derecho a la intimidad. La relación entre el imputado y su letrado defensor se basa en la confianza, de forma que es altamente probable que estando el primero privado de libertad traslade al segundo cuestiones, observaciones o preocupaciones que excedan del derecho de defensa para residenciarse más correctamente en el ámbito de la privacidad, que solo puede ser invadido por el poder público con una razón suficiente.
6. No se trata, por otra parte, de derechos absolutos. El TEDH, en la Sentencia Viola contra Italia, de 5 de octubre de 2006, señaló que “...el acceso de un acusado a su abogado puede estar sometido a restricciones por razones válidas. Se trata de saber en cada caso si, a la luz del conjunto del procedimiento, la restricción privó al acusado de un proceso equitativo”.
Pero sus posibles restricciones, que no siempre son aceptables en la misma medida, requieren, según la interpretación que el TC ha hecho de la Constitución y el TEDH del Convenio, del cumplimiento suficiente de, al menos, tres exigencias. En primer lugar, una previsión legal suficiente, (en este sentido, STC 196/1987 y otras muchas), que en nuestro ordenamiento, en tanto que ley de desarrollo de un derecho fundamental, debe respetar en todo caso su contenido esencial (artículo 53.1 CE). En segundo lugar, una justificación suficiente en el supuesto concreto, que tenga en cuenta los indicios disponibles en el caso, la necesidad de la medida y el respeto al principio de proporcionalidad. A este aspecto se refieren la STEDH de 2 noviembre 1991 Caso S. contra Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz contra Austria. Y en tercer lugar, en nuestro Derecho, una autorización judicial, regulada en ocasiones de forma expresa y en otras de forma implícita, según ha establecido el TC, aunque su forma y características admitan algunas matizaciones en función de la entidad de la restricción.
7. Naturalmente, todas estas consideraciones no pueden entenderse referidas solo a los efectos que producen en el caso concreto las escuchas de las comunicaciones reservadas entre el imputado y su letrado defensor.
De aceptarse que la mera posibilidad de que se sigan cometiendo delitos justifica la supresión de la confidencialidad entre el imputado preso y su letrado defensor, desaparecería de manera general un elemento esencial en la misma configuración del proceso justo. Incluso la mera sospecha fundada acerca de la existencia de escuchas generalizadas de las comunicaciones entre el imputado privado de libertad y su letrado defensor, anularía de manera general la confianza en una defensa con capacidad de efectividad, como elemento imprescindible para un proceso con igualdad de armas; un proceso, por tanto, equitativo. En este sentido, en la STEDH Castravet contra Moldavia, de 13 de marzo de 2007, antes citada, ya se advirtió que “...una injerencia en el privilegio abogadocliente, y por ende, en el derecho del detenido a la defensa, no exige necesariamente que tenga lugar una intercepción real o una escucha subrepticia. Una creencia genuina, basada en indicios razonables de que su conversación está siendo escuchada, puede ser suficiente, desde el punto de vista del Tribunal, para limitar la efectividad de la asistencia que el
abogado pueda proporcionar. Tal creencia inhibiría inevitablemente la libertad de discusión entre el abogado y el cliente, y vulneraría el derecho del detenido a rebatir de forma efectiva la legalidad de su detención”.
8. Se han traído a colación los casos en los que se intervienen comunicaciones de un sospechoso y entre las que son grabadas aparecen algunas con su letrado defensor, o aquellos otros en los que existiendo indicios de actuación criminal contra un letrado o letrados, se intervienen sus comunicaciones personales o las de sus despachos, y entre las conversaciones mantenidas aparecen algunas con sus clientes relativas al ejercicio del derecho de defensa. A estas se ha referido en alguna ocasión la jurisprudencia de esta Sala. Así, en la STS nº 2026/2001, FJ 9, en la que se decía que “El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Es evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que la acuerda, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia, suficientemente contrastada, de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes”.
Pero son supuestos diferentes al aquí examinado, porque en ambos casos se trata de intervenciones generales de las comunicaciones telefónicas, de manera que, siendo imposible conocer de antemano el contenido, la afectación de la defensa es accidental.
Mientras que en el caso que se examina lo que se ha acordado es una intervención específica de las comunicaciones interno-letrado, que incluyen indefectiblemente las mantenidas con el letrado defensor y, por lo tanto, relativas con alta probabilidad al ejercicio del derecho de defensa.
En segundo lugar, porque en aquellos casos se trata de comunicaciones telefónicas, mientras que aquí se examina el supuesto de comunicaciones presenciales desarrolladas en un ámbito absolutamente controlable desde la Administración. Y en tercer lugar, porque en el caso aquí examinado, era posible diferenciar de antemano las comunicaciones con la defensa de las mantenidas con otras personas, de manera que nada impedía dejar a salvoel derecho de defensa no acordando la intervención de aquellas.

OCTAVO.- El derecho de defensa de los imputados presenta algunas peculiaridades cuando se encuentran privados de libertad.
1. Cuando los imputados se encuentran en situación de prisión preventiva, el ejercicio del derecho de defensa mediante la relación con el letrado defensor solo puede tener lugar en el marco de la relación, calificada por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia (STC 2/1987), como de especial sujeción, que el interno mantiene con la Administración Penitenciaria. De forma, que el imputado solo podrá comunicar personalmente con el letrado en los espacios habilitados en el centro penitenciario. Es cierto que esta situación ha sido utilizada como explicación para la restricción de los derechos del interno, incluso aun cuando tengan el carácter de fundamentales. Pero si se modifica la perspectiva y se examina la cuestión desde el punto de vista del titular de los derechos, en realidad supone una mayor responsabilidad de la Administración pública, en el caso la penitenciaria, que deberá velar porque solo se restrinjan los derechos del interno en la medida permitida por la ley, o como dice el artículo 25.2 de la Constitución, por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
2. Efectivamente, el artículo 25.2 de la Constitución dispone que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria. Disposición aplicable a los presos preventivos en tanto que internos en un centro penitenciario (STC 141/1999, FJ 6).
Por ello, el artículo 51.2 de la LOGP presenta una legitimación directa, si puede decirse así, desde la CE, para regular las posibles limitaciones al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión preventiva, concretamente en lo que se refiere a sus comunicaciones personales con sus letrados defensores, de manera que las únicas restricciones admisibles a ese derecho son las que se contienen en la ley penitenciaria. En la legislación española, es el único precepto que se refiere a las posibles limitaciones a la confidencialidad de las comunicaciones de los presos preventivos con sus letrados. Ni siquiera la regulación de la incomunicación en la LECrim prevé una posibilidad similar, pues a pesar de que constituye una limitación muy seria del derecho de defensa que el artículo 17 CE reconoce al detenido solo contiene una prohibición de la entrevista reservada con el abogado, necesariamente designado de oficio, sin que haga una referencia, como
alternativa, a la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre ambos.
3. La interpretación del artículo 51.2 de la LOGP, y su relación con el artículo 579 de la LECrim, no ha sido, sin embargo, pacífica.
Aunque, en realidad, se trataba de un obiter dictum, el Tribunal Constitucional entendió en la STC 73/1983 que el precepto cuestionado debía interpretarse de modo que las comunicaciones entre los internos y los abogados defensores o los especialmente llamados para asuntos penales
podían ser intervenidas con carácter general por orden de la autoridad judicial y en casos de terrorismo, además, por el director del establecimiento penitenciario. Así, decía en el FJ 7 que “La interpretación de este precepto -51, número 2- ha de hacerse en conexión con la regla 5.ª
del mismo, que regula la suspensión o intervención motivada por el Director del establecimiento de las comunicaciones orales o escritas, previstas en dicho artículo, «dando cuenta a la autoridad judicial competente». La interpretación lógica de uno y otro apartado de dicho artículo -que en cuanto afecta un derecho fundamental puede hacer este TC- conduce a la conclusión de que las comunicaciones de los internos de que trata el número 2 sólo pueden ser suspendidas por orden de la autoridad judicial con carácter general, si bien en los supuestos de terrorismo, además, podrá acordar la suspensión el Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente”.
4. Sin embargo, esta interpretación, que según parte de la doctrina podía obedecer al momento histórico en el que se produce, con un todavía escaso desarrollo de las garantías del sistema democrático implantado en España tras la finalización de la dictadura, fue abandonada algo más de una década después. En la STC 183/1994 se rectifica expresamente esta interpretación del artículo 51.2 de la LOGP, entendiendo que la interpretación correcta del artículo 51 conduce a distinguir dos clases de comunicaciones “...que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados”. Las que llama generales, entre el interno y determinada clase de personas (artísulo 51.1) y las específicas, que son las que el interno mantiene “...con su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales (art. 51.2)”. Respecto de estas últimas el Tribunal Constitucional, luego de señalar que “...son sometidas al régimen especial del art. 51.2, cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades de la instrucción penal, a las cuales es totalmente ajena la Administración
Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario”, concluyó que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 (autorización judicial y casos de terrorismo) no pueden interpretarse como exigencias alternativas, sino acumulativas.
Decía en esta Sentencia el Tribunal Constitucional que “Esta interpretación, aunque se haya hecho referencia a ella en la STC 73/1983, en una declaración accidental o de obiter dictum, no se aviene con el sentido más estricto y garantista que merece atribuirse al art. 51 de la LOGP, y además responde a una confusión entre dos clases de comunicaciones que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados. Es evidente, en efecto, que el art. 51 de la LOGP, distingue entre las comunicaciones, que podemos calificar de generales, entre el interno con determinada clase de personas -art. 51.1- y las comunicaciones específicas, que aquél tenga con su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales (art. 51.2); la primera clase de comunicaciones viene sometida al régimen general del art. 51.5, que autoriza al Director del Centro a suspenderlas o intervenirlas «por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento», según precisa el art. 51.1, mientras que las segundas son sometidas al régimen especial del art. 51.2, cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades de la instrucción penal, a las cuales es totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario. Este carácter de régimen singular, que para las comunicaciones con el Letrado establece el art. 51.2, se prolonga más allá
de la Ley, manteniéndose con toda claridad en su Reglamento de 8 de mayo de 1981, en el que las comunicaciones orales con el Abogado se regulan en Sección distinta de la dedicada a las comunicaciones del régimen general y en el que, al tratar de las comunicaciones escritas, con el Abogado, el art. 18.4 ordena de forma explícita que «no tendrán otras limitaciones que las establecidas en el punto 2 del art. 51 de la Ley General Penitenciaria». Esta diferenciación esencial que existe entre el art. 51.5 -régimen general cuya única remisión válida es al art. 51.1- y el art. 51.2, pone de manifiesto la imposibilidad constitucional de interpretar este último precepto en el sentido de considerar alternativas las dos condiciones de «orden de la autoridad judicial» y «supuestos de terrorismo», que en el mismo se contienen, así como derivar de ello la
legitimidad constitucional de una intervención administrativa que es totalmente incompatible con el más intenso grado de protección que la norma legal confiere al derecho de defensa en los procesos penales.
Dichas condiciones habilitantes deben, por el contrario, considerarse acumulativas y, en su consecuencia, llegarse a la conclusión que el art. 51.2 de la LOGP autoriza únicamente a la autoridad judicial para suspender o intervenir, de manera motivada y proporcionada, las
comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún caso a la Administración Penitenciaria para interferir esas comunicaciones”.
Esta interpretación de la ley fue nuevamente seguida en la STC 200/1997, y en la STC 58/1998, en cuyo FJ 5 se decía que “...es la trascendente incidencia del derecho fundamental a la defensa la que hace que el legislador penitenciario constriña toda intervención de las comunicaciones de los internos con sus Abogados o Procuradores a «los supuestos de terrorismo» y que exija además la garantía judicial (art. 51.2 LOGP) (STC 183/1994)”, donde nuevamente se consideraban acumulativos ambos requisitos.
5. Esta Sala del Tribunal Supremo siguió de forma absoluta la doctrina constitucional establecida en la STC 183/1994. Así, fue recogida en la STS nº 245/1995, de 6 de marzo. Y, de modo muy contundente, también en la STS nº 538/1997, de 23 abril.
Decía esta Sala en esta última sentencia lo siguiente: “El sometimiento de los internos en Centros Penitenciarios a un régimen especial conlleva una limitación de determinados derechos, y concretamente del derecho al secreto de las comunicaciones, autorizando el art. 51.5.º de la Ley General Penitenciaria que las comunicaciones orales y escritas de los internos puedan ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del Establecimiento, dando cuenta a la Autoridad Judicial competente. Ahora bien las razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento, que pueden justificar estas limitaciones, no son aplicables a las comunicaciones incardinadas en el ejercicio del derecho de defensa del interno (art. 24 CE), derecho que no se ve legalmente limitado por su privación de libertad, y que debe ser especialmente tutelado, garantizando la igualdad real y efectiva de posibilidades de defensa de los acusados en un proceso penal, tanto a quienes la ejercitan desde la libertad como a quienes tienen que ejercitarla desde la prisión (art. 9.2 de la Constitución Española).
En consecuencia la posibilidad de intervención administrativa de las comunicaciones prevenida por el art. 51.5.º de la LOGP no es aplicable a las comunicaciones de los internos con el Abogado Defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con los asuntos penales y con los Procuradores que los representen (art. 51.2.º LOGP, STC 20 junio 1994).
En definitiva la regla general garantiza, en todo caso, la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento penal, sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial. Ahora bien la máxima tutela de los derechos individuales en un Estado de Derecho Social y Democrático no es incompatible con la admisión de reacciones proporcionadas frente a la constatada posibilidad de abusos en supuestos
muy específicos y excepcionales. Concretamente, en el ámbito de las actividades de delincuencia organizada en grupos permanentes y estables, de carácter armado, cuya finalidad o efecto es producir el terror en la colectividad, por su tenebrosa incidencia en la seguridad y en la estabilidad de una sociedad democrática (terrorismo), se ha constatado la utilización de las garantías que el sistema democrático proporciona al derecho de defensa como cauce abusivo para actividades que exceden de la finalidad de defensa e inciden en la colaboración con las actividades
terroristas. Es por ello por lo que, excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares. Pero, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 183/1994, son condiciones habilitantes «acumulativas», el tratarse de supuestos de terrorismo y la orden judicial, motivada y proporcionada. Sin autorización judicial la intervención de dichas comunicaciones constituye una actuación vulneradora del derecho fundamental de defensa, cuyo resultado no puede surtir ningún efecto probatorio”.
6. Merecen ser destacadas las siguientes afirmaciones de esta resolución del Tribunal Supremo. En primer lugar, que “...la regla general garantiza, en todo caso, la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un
procedimiento penal, sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial”. En segundo lugar, que “...excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial
garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares...”, refiriéndose a las mantenidas entre internos y letrados defensores o llamados especialmente para asuntos penales.
Por lo tanto, la exigencia de ambas condiciones no solo supone que la intervención no puede ser acordada por el Director del establecimiento, como al contrario ocurre con las comunicaciones llamadas generales, sino que además, al ser acumulativas, la autoridad judicial solo podrá acordarlas en casos de terrorismo.
7. Esta interpretación encuentra, además, otros elementos que la refuerzan. En primer lugar, que en línea con lo ya dicho más arriba, el artículo 51.2 de la LOGP es la única previsión legal que habilita la restricción del derecho de defensa de los internos en centro penitenciario, de forma que ésta solo podrá acordarse en los casos que expresamente prevé. De otro lado, el Reglamento Penitenciario ordena comunicar al interno la resolución del Director acordando la intervención de sus comunicaciones generales, pero nada dispone acerca de la notificación de las que la autoridad judicial acuerde conforme al artículo 51.2.
Es cierto que parte de la doctrina entiende, argumentando también acerca de la negación de privilegios derivados de la condición de letrado, que cuando existan indicios de posible actuación criminal por parte del letrado, la autoridad judicial, en la investigación de un delito grave, podrá
acordar la intervención de estas comunicaciones.
Parece claro, sin embargo, que aun en los casos de terrorismo el juez que acuerda la intervención deberá basarla en la existencia de algunos indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos, pues no cabe sostener que en esos casos, a pesar de que se trata de delitos muy graves, la restricción del derecho de defensa pudiera acordarse de forma fácticamente inmotivada o, dicho de otra forma, apoyándose exclusivamente en la gravedad del delito imputado, aunque no hubiera indicios de actuación
criminal contra el letrado y aunque, por lo tanto, la materia de sus comunicaciones fuera, presumiblemente, solo atinente al derecho de defensa. Por lo tanto, siguiendo esa interpretación, bastaría en todo caso con orden judicial e indicios suficientes, lo cual, dejaría sin sentido la previsión legal limitadora a los casos de terrorismo y la interpretación constitucional, seguida por esta Sala, en cuanto a la necesaria concurrencia acumulativa de ambas condiciones.
8. En consecuencia, la Sala reitera su doctrina (STS nº 245/1995,de 6 de marzo y STS nº 538/1997, de 23 abril, y también, aunque como obiter, la STS nº 513/2010), en el sentido de que la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. Por lo tanto, para resolver otros casos en los que se entendiera que la intervención pudiera ser imprescindible, sería precisa una reforma legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente para intervenir las comunicaciones entre internos y letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales, estableciendo los casos y las circunstancias en que tal intervención sería posible y las consecuencias de la misma.

NOVENO.- En relación con esta cuestión, la defensa hizo una referencia a la nueva regulación del proceso penal en el Proyecto aprobado por el Gobierno de la Nación en la anterior legislatura, que, aunque haya decaído al finalizar aquella, permitía, según alegó, la intervención de las comunicaciones entre el interno y su letrado. Es cierto que no se trata de una norma legal aplicable, pero, habiendo sido alegado, resulta de interés una sucinta referencia a su contenido sobre el particular que se examina.
1. Así, el artículo 276.2 del ahora anteproyecto, contempla la posibilidad de extender la investigación mediante intervenciones telefónicas al contenido de las conversaciones que mantenga la persona investigada con el abogado designado en el procedimiento para ejercer su
defensa, “solo cuando concurran indicios fundados que permitan afirmar su participación en el hecho delictivo investigado”. En esos casos, además, el Fiscal deberá solicitar del juez la exclusión del letrado (artículo 39), lo que daría lugar a una nueva designación, precisamente para evitar la lesión al derecho de defensa. También el artículo 304, relativo a la interceptación de comunicaciones privadas por medios de grabación del sonido, prevé la posibilidad de extender la escucha y grabación a las conversaciones que la persona investigada mantenga con quienes están dispensados de la obligación de declarar por razón de secreto profesional, entre ellos, pues, los letrados defensores, pero solo en los casos en los que el procedimiento se dirija contra ellos.
Por lo tanto, la conducta del acusado, caracterizada por la absoluta inexistencia de indicios contra los letrados, tal como ha sido declarado probado, nunca podría haberse amparado en estas normas.
2. También se ha mencionado por la defensa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la grabación de las conversaciones entre el imputado y su letrado defensor. Es cierto, pero no lo ha hecho de forma incondicionada y para todo caso. En primer lugar, el Tribunal se ha limitado a examinar si la intervención de esas comunicaciones es contraria al Convenio en el caso. Y en segundo lugar ha exigido dos condiciones. De un lado, que exista una previsión legal de suficiente calidad, con lo que se refiere a la accesibilidad de la ley para la persona implicada, que además debe poder prever las consecuencias para ella, y su compatibilidad con la preeminencia del derecho, es decir, que la ley debe utilizar términos suficientemente claros para indicar a todos en qué circunstancias y bajo qué condiciones habilita a los poderes públicos para adoptar tales medidas secretas (STEDH Kopp contra Suiza). Y de otro, que existan indicios contra el letrado afectado. En la STEDH Tsonyo Tsonev contra Bulgaria, declaró que “...la lectura de la correspondencia de un interno con su abogado, sólo puede autorizarse en casos excepcionales, si las autoridades tienen razones para creer que existe un abuso de privilegio por cuanto el contenido de la carta amenaza la seguridad del establecimiento o a terceros o reviste un carácter delictivo (Sentencias Campbell, previamente citada, ap. 48 y Erdem contra Alemania, núm. 38321/1997, ap. 61, TEDH 2001-VII (extractos)). En cualquier caso, las derogaciones de tal privilegio deben rodearse de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos (Sentencia Erdem, previamente citada, ap. 65)”. En sentido similar la STEDH de 2 noviembre 1991 Caso S. contra Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz contra Austria, antes citadas.
Por lo tanto, las resoluciones del acusado tampoco encontrarían apoyo en la doctrina del TEDH.

DECIMO.- Las acusaciones han calificado los hechos como constitutivos, también, de un delito del artículo 536 del Código Penal.
1. El artículo 536 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público o agente de estos que, mediando causa por delito, intercepte las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales. El tipo objetivo, solo requiere la mera interceptación o la utilización de los artificios, sin que sea preciso el acceso efectivo ni la obtención de información alguna. Contiene además un elemento normativo, consistente en la violación de las garantías constitucionales o legales.
2. El elemento subjetivo requiere el conocimiento de la interceptación o del empleo de los artificios mencionados. No es preciso un especial elemento subjetivo revelador de una determinada finalidad.

DECIMO PRIMERO.- Los hechos declarados probados constituyen un delito de prevaricación del artículo 446.3º y un delito previsto en el artículo 536, ambos del Código Penal.
1. Aunque se ha hecho referencia a ello en el plenario, carece de trascendencia si las resoluciones de 19 de febrero y 20 de marzo de 2009 fueron adoptadas por el acusado por propia iniciativa. De un lado, porque, no constando en la causa informe alguno en el que se contenga una solicitud en ese sentido, la responsabilidad de la resolución incumbe exclusivamente al juez. Al instructor en el proceso penal, a quien compete la dirección de la investigación, no le corresponde ocupar una posición propia o característica de un enemigo del investigado, estando, por el contrario, obligado a “...consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo...”, (artículo 2 de la LECrim).
Además, resulta encargado de la protección de los derechos fundamentales del imputado, en tanto que la Constitución, ordinariamente, condiciona su restricción a la existencia de una resolución judicial debidamente motivada. Por lo tanto, en ningún caso su responsabilidad resultaría mermada por el hecho de que la medida le hubiera sido solicitada. De todos modos, el acusado asumió haber dictado los autos de 19 de febrero y de 20 de marzo como una decisión propia.
2. Antes de hacer referencia a la injusticia de la resolución, es conveniente mencionar algunos aspectos a los que se hizo alusión en algún momento del plenario. En primer lugar, la diferencia entre este supuesto y los casos de anulación de intervenciones telefónicas. En segundo lugar, la alegación del acusado respecto a que no se intervinieron las conversaciones de los letrados, sino las de los internos. En tercer lugar, la sugerida convalidación de la decisión judicial por la policía, por el Ministerio Fiscal, o por actuaciones judiciales posteriores. En cuarto lugar, la afirmación del acusado, según la cual, se adoptó esa medida porque no había otra solución para impedir que los imputados continuaran con su actividad delictiva. Y en quinto lugar a la relevancia objetiva de la cláusula previniendo el derecho de defensa.
3. En numerosos supuestos esta Sala se ha referido en los recursos de casación a los requisitos exigibles para justificar la restricción del derecho a la intimidad, especialmente en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio, y ha anulado las resoluciones judiciales, o dicho de otra forma, ha establecido una prohibición de valoración de los elementos obtenidos con violación de derechos fundamentales. Se alega que en ninguno de esos casos se procedió a deducir testimonio contra el juez que había adoptado la resolución que se anula.
Sin embargo, se trata de supuestos no equiparables al aquí examinado. En aquellos casos, lo que se cuestiona es la suficiencia de la justificación para la restricción del derecho al secreto de las
comunicaciones o a la inviolabilidad domiciliaria, como expresiones del derecho a la intimidad, lo cual encuentra una habilitación legal, aunque parca e insuficiente, en el artículo 579 de la LECrim.
Lo que aquí se examina es una actuación judicial que restringe profundamente el derecho de defensa, que, como se dijo, es un elemento estructural esencial del proceso justo. No se trata de la validez de un elemento de investigación o de prueba, sino de la estructura del proceso penal del Estado de Derecho. La supresión de la defensa no afecta solo a la validez de lo actuado, sino a la misma configuración del proceso.
Además, tal como se han planteado en la jurisprudencia, en aquellos casos se trata de resolver si lo que se consideraron indicios al acordar la restricción lo eran efectivamente o de si los considerados, siéndolo, podían tenerse por suficientes a los efectos de justificar la medida adoptada. En los hechos probados la inexistencia de indicios es absoluta.
Finalmente, ha de señalarse que en la jurisprudencia de esta Sala no aparece un caso similar en el que, sin indicio alguno contra los letrados, se haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad. No existe, por lo tanto, un término válido de comparación. Y no es posible extraer conclusiones de otros posibles supuestos alegados, pues no han sido examinados por este Tribunal, que no se ha pronunciado, y se desconocen sus elementos fácticos. Tampoco el acusado ha aportado otro supuesto en el que haya acudido a esta práctica, a pesar de que es notoria su intervención en la fase de instrucción de causas complejas a lo largo de un periodo extenso de tiempo.
4. Respecto de la segunda cuestión, afirma el acusado que no se intervinieron las comunicaciones de los letrados, sino las de los internos.
El argumento no puede ser aceptado. Los internos en un centro penitenciario tienen derecho a realizar comunicaciones con sus letrados defensores o con los expresamente llamados para asuntos penales.
Mientras se encuentran privados de libertad, esta es la única posibilidad de contacto personal con su defensa. Estas comunicaciones tienen un carácter específico que las distingue de las demás, tanto por las personas con las que se mantienen (los abogados) como por el lugar destinado para ello, tal como se desprende del artículo 51 de la LOGP. La razón no es otra que la necesaria protección al derecho de defensa. Así resulta de la doctrina del TC y de esta Sala, de la que ya se ha hecho mención.
La decisión del acusado se refería expresamente a las comunicaciones de los internos con los letrados, en un apartado específico de su resolución, separado y diferente del que ordenaba la intervención de las demás comunicaciones que mantuvieran aquellos.
De tal forma que, de no haberlo acordado expresamente, el centro penitenciario no hubiera podido proceder a su grabación.
No se trata, por lo tanto, de un acceso accidental al contenido de las comunicaciones mantenidas con el letrado de la defensa, producido en el marco de una intervención de carácter general, sino de una orden judicial, concreta y específica, directamente encaminada a intervenir esas precisas comunicaciones, que a falta de otros datos versarían sobre la forma en que sería ejercido el derecho de defensa. Así resulta no solo del tenor literal de la primera de las resoluciones, sino también de la actitud del acusado, que al verificar que se habían intervenido comunicaciones entre cada interno y su letrado defensor, incluso con letrados designados con posterioridad al acuerdo y desconocidos en la causa hasta entonces, lejos de revocar su decisión o de matizarla de alguna forma, acordó su prórroga manteniendo los mismos términos de la primera.
Se argumenta que no se intervinieron las comunicaciones telefónicas de los letrados. Es cierto, pero lo que tal cosa demuestra es que no existía ningún indicio contra ellos. A pesar de lo cual, las
comunicaciones de los internos con sus defensores, fueron intervenidas.
5. En lo que se refiere a la tercera cuestión mencionada, no le corresponde a la policía, ni siquiera al Ministerio Fiscal, validar la actuación judicial. En el caso, conviene recordar que el Ministerio Fiscal, en su informe sobre la prórroga, señaló que no se oponía a la medida, “...si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.”
De todos modos, es al juez a quien corresponde la protección de los derechos fundamentales de los imputados, pues es el único que puede válidamente acordar en resolución motivada su restricción. En cuanto a la actuación del instructor designado en el TSJ no es posible, por razones
obvias, realizar ahora valoraciones sobre hechos que no constituyen el objeto del proceso, pues ni son conocidas todas las circunstancias ni su autor ha tenido la oportunidad de defenderse. De otro lado, es evidente que la decisión de aquel, acordada en un momento procesal determinado y con los datos de los que entonces disponía, prorrogando la medida acordada por el acusado, no podría convertir en justa la decisión de éste último si no lo era cuando la adoptó.
6. En cuarto lugar, alega el acusado que adoptó la medida porque no había otra solución para impedir que siguieran delinquiendo. Tampoco puede ser aceptado. Ni como expresión de un error, ni como afirmación de un estado de necesidad.
En primer lugar, porque la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, y con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio.
De otro lado, porque una argumentación de esta clase, así planteada en abstracto, en tanto justifica la restricción de derechos fundamentales sobre la base de una consideración absolutamente inmotivada respecto de su necesidad, conduce a la desaparición de la posibilidad de controles efectivos sobre el ejercicio del poder, lo que afectaría a la misma esencia del Estado democrático de Derecho. En este sentido no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos. O la mera posibilidad de que lo hicieran.
En tercer lugar, porque, en el caso, se trata una afirmación que no viene acompañada, y no lo ha sido en ningún momento, de una explicitación de las bases fácticas en las que se apoya ni de un
razonamiento justificativo, lo que impide su examen, suprimiendo el control al reducirlo al mero asentimiento o disentimiento.
En cuarto lugar, porque no existiendo ningún indicio de actuación criminal que implicara a los letrados defensores, los únicos datos a los que se podría acceder grabando sus comunicaciones eran, con alta probabilidad, los proporcionados por los imputados a aquellos en el marco del ejercicio de la defensa, los cuales, por su propia naturaleza deben mantener su carácter confidencial.
Y, finalmente, porque nada impedía, o al menos no consta, desarrollar otra clase de actuaciones, como, por ejemplo, vigilar las actividades que se continuaran ejecutando, cuya realidad, al parecer, había sido verificada policialmente, hasta identificar a los responsables, tomando entonces las medidas pertinentes sobre los mismos y no con carácter indiscriminado, como se hizo, contra todos los letrados defensores, a los que se convirtió en imputados en la causa sin razón alguna.
7. En cuanto, finalmente a la cláusula relativa a la salvaguarda del derecho de defensa, sin perjuicio de lo que luego se dirá, desde el punto de vista objetivo no se le puede reconocer efecto alguno, y no solo por el tenor de la resolución judicial, que la contradice al suprimir la confidencialidad, sino porque una vez que la policía, el juez instructor y el fiscal del caso oyen las conversaciones entre el imputado y su letrado defensor, la exclusión de las mismas de la causa solo evitan su utilización como prueba, pero su empleo, expreso o tácito, durante la investigación desarrollada en la fase de instrucción. Por otra parte, en el caso, la cláusula quedo reducida a su simple aparición en la resolución, pues no se acordó ninguna medida para hacerla efectiva.

DECIMO SEGUNDO.- 1. Ya en lo que se refiere a la injusticia de la resolución, tal como resulta de los hechos probados, debe tenerse en cuenta: a) que el acusado acordó la intervención de las comunicaciones de los internos con todos los letrados; b) que lo hizo mediante un acuerdo tan
genérico que afectaba, sin excepción alguna, a cualquier letrado defensor, ya designado o que lo fuera en el futuro; y c) que no disponía de dato alguno que indicara que alguno de los letrados, de los que según los hechos probados fueron afectados, estuviera aprovechando el ejercicio de la
defensa para cometer nuevos delitos.
2. Los preceptos que debían ser interpretados al decidir acerca de la intervención de las comunicaciones entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados son, principalmente, los artículos 14.3 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; los artículos 10.2, 18, 25.2, 24.2, 55.2 y 120.3 de la Constitución; el artículo 51 de la LOGP y el artículo 579 de la LECrim.
Ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que
ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo. Es decir, mediante la escucha y grabación de las comunicaciones reservadas que mantuvieran los imputados con sus letrados defensores en los locutorios específicos del centro penitenciario donde se encontraban en prisión provisional; y sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos. No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo.
3. En la conducta del acusado, pues, la injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados.
Lo cual resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho, al conducir directamente a la autorización normalizada de la intervención de las comunicaciones entre el imputado en prisión y su letrado defensor, reduciendo así con carácter general el derecho de defensa exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional. Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en el apartado 2 del artículo 503 de la LECrim (evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos). Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución.
4. En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo, o con otras palabras, como se dijo ya por el instructor, una laminación de esos derechos, situando la concreta actuación jurisdiccional que protagonizó, y si se admitiera siquiera como discutible, colocando a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho
contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.
La resolución es injusta, pues, en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable.
5. Además, y como elementos añadidos, esa aplicación de la ley al caso se efectuó separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional (artículo 5.1 de la LOPJ) y de esta Sala del Tribunal Supremo, antes expuesta, que, estableciendo los límites del derecho fundamental de defensa, rechaza expresamente la interpretación acogida por el acusado, y sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban, con lo que, valorada en su integridad, se revelaba, a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa.

DECIMO TERCERO.- El elemento correspondiente al tipo subjetivo, es decir, la actuación a sabiendas de la injusticia, resulta de varios elementos ya puestos de relieve al valorar las pruebas.
1. De un lado, el tenor literal de las resoluciones, de las que se desprende sin dificultad que entre las comunicaciones cuya intervención se acordaba quedaban incluidas las que los internos mantuvieran con sus letrados defensores y con aquellos otros que fueran expresamente llamados
para asuntos penales. La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa en ambas resoluciones revela que el acusado era consciente de que su decisión afectaba al derecho de defensa. Sin embargo, no puede aceptarse que la intención del acusado fuera, precisamente, proteger el derecho de defensa, ya que el propio contenido de los autos anula el sentido de la anterior previsión, convirtiéndola en algo puramente formal.
Efectivamente, contra los letrados defensores Srs. Choclán, Mourullo, Peláez y Vergara, no existía ningún indicio de actuación delictiva. Tal cosa era sobradamente sabida por el acusado desde el momento en que tuvo conocimiento de su designación como letrados de la defensa con posterioridad al dictado del primer auto el 19 de febrero (se les tiene por personados el 17 y 21 de febrero y el 3 de marzo), y, desde luego, en el momento de acordar la prórroga. En los informes de 4 y 13 de marzo, los funcionarios policiales encargados de la investigación, no hacen constar ningún indicio de actuación delictiva respecto de aquellos, constando solamente algunas menciones a su designación como nuevos letrados, mencionando en algún caso sus posibles relaciones con magistrados, jueces o fiscales con destino en la Audiencia Nacional, y algunas conversaciones claramente relacionadas con el ejercicio de defensa.
Tampoco puede valorarse como protección del derecho de defensa la supresión de algunos párrafos de las conversaciones intervenidas, una vez que han sido escuchadas por los funcionarios policiales responsables de la investigación, que ni siquiera fueron requeridos para que no las utilizaran en sus informes o conclusiones o líneas de investigación, por el
propio acusado como instructor de la causa y por los representantes del Ministerio Fiscal en el caso. Esta supresión tiene sentido en los supuestos de acceso accidental, como el único remedio posible, pero carece de eficacia en relación con una resolución orientada directamente al conocimiento del contenido de tales comunicaciones, pues la exclusión solo puede producirse una vez oídas las conversaciones y, desde ese momento, el investigador ya conoce el contenido de lo hablado.
De otro lado, existe toda una serie de datos que acreditan, sin duda alguna, que el acusado era consciente de que esas conversaciones quedaban afectadas por su decisión. Así, la comunicación policial verbal acerca de la aclaración del significado de la referida cláusula; los informes del Ministerio Fiscal, que expresamente llegó a referirse a la exclusión de las conversaciones con los letrados; los informes policiales, donde se contenían conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones intervenidas entre los letrados y sus defendidos que notoriamente afectaban al derecho de defensa; la designación de nuevos letrados por parte de los imputados en prisión provisional, efectuada estando vigente la primera resolución, lo que suponía que se intervendrían comunicaciones entre los internos y sus nuevos letrados, que eran desconocidos en la causa
en el momento de dictar aquella resolución, lo que implicaba necesariamente que no se conocían indicios contra los mismos; y, finalmente, la ausencia absoluta, que en realidad no ha sido discutida, de indicios de actividad criminal contra los letrados defensores.
7. De todo ello se desprende, asimismo, como ya se dijo más arriba, que el acusado no incurrió en error alguno al dictar las resoluciones prevaricadoras. Para apreciar la existencia del error, de la clase que sea, no basta con su mera alegación sostenida sobre la afirmación de que el acusado creyó que actuaba lícitamente o mantenía una creencia equivocada sobre un elemento del tipo. Es preciso acreditarlo mediante la prueba de los elementos que permitan establecer que su creencia era mínimamente razonable, es decir, que tenía suficiente consistencia como para inducirle a error.
En el caso, nada de esto se ha acreditado. De los elementos antes examinados se desprende que carecía de razones aceptables para creer que, sin indicio alguno de actuación delictiva de los letrados defensores, podía restringir el derecho de defensa grabando y escuchando las conversaciones mantenidas por aquellos con sus defendidos en las dependencias del centro penitenciario.
8. Las acusaciones, aunque no han argumentado sobre ello en su informe en el acto del plenario, han calificado el delito como prevaricación continuada. Para apreciar el delito continuado es preciso establecer la presencia de varias acciones u omisiones, diferenciándolas de la ejecución de una misma decisión en varios actos diferentes y complementarios, unos con otros o entre sí recíprocamente.
En el caso, el acusado ha dictado dos resoluciones. Pero ambas tienen el mismo contenido, y, en realidad, la segunda no es sino la prolongación de la primera durante un mayor periodo de tiempo. Así pues, deben ser valoradas como una sola acción.

DECIMO CUARTO.- Los hechos constituyen igualmente un delito del artículo 536, párrafo primero, del Código Penal.
1. El artículo 536 sanciona a la autoridad o funcionario público o agente de estos que, mediando causa por delito, intercepte las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales. La conducta típica, en la modalidad aquí aludida por las acusaciones se consuma con la mera utilización de los referidos artificios técnicos, sin que sea preciso el acceso efectivo a la señal de comunicación.
Los elementos del tipo objetivo resultan con claridad de los hechos probados, pues no se discute que las resoluciones dictadas por el acusado dieron lugar a la utilización de aparatos de escucha y grabación de conversaciones entre los letrados defensores y los internos en el centro penitenciario. Es claro que estando privados de libertad, los imputados pueden encontrar en sus letrados defensores, en atención al principio de confianza que caracteriza esa relación, una oportunidad de comunicar preocupaciones personales, con lo que, además del derecho de defensa, con la intervención ordenada se vulneraba el derecho a la intimidad.
En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, la ausencia de cualquier justificación a la decisión del acusado, aspecto al que ya se aludió antes, supone una vulneración de las garantías que la
Constitución establece al requerir una razón suficiente para la restricción del derecho.
El elemento correspondiente al tipo subjetivo no ha sido discutido, pues evidente que el acusado sabía que su decisión implicaba la utilización de aparatos o artificios de escucha y grabación.
2. La cuestión que se plantea es la relación entre ambos delitos. La prevaricación es un delito de resultado de lesión en el bien jurídico protegido, pero no de resultado material. Se consuma con el dictado de una resolución que reúna las condiciones formales para ser ejecutada, pero no requiere su ejecución efectiva. Los resultados posteriores podrán dar lugar a valorar la comisión de otro delito. Esta consideración viene apoyada por la previsión del artículo 446.1 según la cual, en caso de ejecución se castiga con más pena, que, sin embargo, por su naturaleza, no cubriría la
antijuricidad de algunos actos constitutivos de otros delitos más graves, como podría ocurrir, por ejemplo, en caso de detención ilegal. En la STS nº 842/2006, se mantuvo la condena por prevaricación y detención ilegal en concurso medial.
Sin embargo, en algunos casos, es posible que todo el contenido de injusto de la conducta quede cubierto ya por el delito de prevaricación, debiendo apreciarse entonces un supuesto de concurso aparente de normas.
En el caso, dictada la resolución que acuerda la intervención de la comunicación, la ejecución de la misma mediante la utilización de los artificios técnicos de escucha, no añade un nuevo contenido de injusto al ya contemplado por la prevaricación, por lo que debe entenderse que este
delito absorbe al segundo.
Esta Sala ha resuelto de esta misma forma supuestos de prevaricación que ocasionaban una infracción consistente en el impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Así, en la STS 246/2003 se aplicaban los principios de especialidad y de consunción (artículo 8.1 y 3 CP); y en la STS 784/1997 y en la STS 965/1999 se aplicaba el principio de especialidad (artículo 8.1 CP). En sentido contrario, aisladamente, la STS 172/1993, que apreció un concurso ideal de delitos.
En otras sentencias ha llegado a la misma conclusión, aplicando exclusivamente el delito de prevaricación, al considerar que la vulneración de los bienes jurídicos afectados se encontraba en el caso especialmente imbricada, (STS 1070/2000 y STS 818/1992).
En consecuencia, se aprecia en este caso un concurso aparente de leyes que se resolverá con aplicación del principio de consunción del artículo 8, apartado 3, aplicando solamente el delito de prevaricación como precepto más amplio.

DECIMO QUINTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
1. No han sido alegadas.
2. En cuanto a la individualización de la pena, se tiene en cuenta las características de la conducta, el mantenimiento de la decisión durante el tiempo que consta en los hechos probados y la calificación de las dos infracciones en concurso aparente de normas, imponiéndola en la mitad inferior en extensión cercana al mínimo legal. En consecuencia, se impondrá la pena de once años de inhabilitación especial para empelo o cargo público en la forma que se dirá; y respecto de la pena de multa, se impondrá la de catorce meses igualmente en extensión cercana al mínimo legal. Respecto a la cuota diaria, teniendo en cuenta que las acusaciones han solicitado la imposición de una cuota de 6 euros, se fija en esa cantidad.

DECIMO SEXTO.- El artículo 42 del Código Penal dispone que la pena de inhabilitación para empleo o cargo público produce “…la privación definitiva del cargo sobre el que recayere”, y de los honores que le sean anejos. Asimismo produce “…la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena”. El mismo precepto establece que en la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.
En el caso, cometido el delito en la condición de juez, la inhabilitación alcanzará al mencionado cargo, así como a los honores que le son anejos, causando su pérdida definitiva. La incapacidad de obtener el mismo cargo durante el tiempo de la condena se extenderá, tal como dispone la ley, a otros análogos, que se concretarán en el fallo a cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación particular en nombre de Pablo Crespo Sabaris, ha solicitado ser indemnizado en la cantidad de un euro. El delito de prevaricación no protege bienes jurídicos de carácter individual, aunque puede causar daños individualizados en quienes sufren las consecuencias de la resolución injusta. En el caso, no se ha desarrollado por la acusación ningún razonamiento sobre la identificación del perjuicio o sobre su valoración, por lo que no se considera procedente la indemnización solicitada.
Respecto de las costas, procede imponerlas al condenado por imperio de la ley, incluyendo las de las acusaciones particulares, dada la relevancia de su actuación procesal.

III. FALLO

Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil.

Notifíquese esta resolución a las partes y póngase asimismo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a los efectos oportunos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Joaquín Giménez García - Andrés Martínez Arrieta - Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Francisco Monterde Ferrer - Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
Luciano Varela Castro - Manuel Marchena Gómez

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Tragedia del tren de Once: La irresponsabilidad de Nilda Garré

2012-02-27T16:23:00.001-03:00

Los padres de Lucas Menghini reclamaron por responsables políticos de la tragedia en Once.

Vea el video de la declaración con el que bien se puede definir el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner: Vil, bajo, bastardo y canalla.

"Tratar de convertir a la víctima en culpable es un recurso vil, bajo, bastardo y canalla", advirtió María Luján, madre del muchacho fallecido, en una carta que leyó esta tarde junto a su esposo, Paolo, y su hija, Lara, en un teatro del barrio porteño de San Telmo.

Los padres de Lucas Menghini Rey, el joven de 20 años cuyo cadáver fue hallado dos días después de la tragedia protagonizada por un tren en la estación de Once, apuntaron contra "todos los responsables políticos" de "cada uno de los 51 muertos" en el siniestro, y cuestionaron duramente a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

"Tratar de convertir a la víctima en culpable es un recurso vil, bajo, bastardo y canalla", advirtió María Luján, madre del muchacho fallecido, en una carta que leyó esta tarde junto a su esposo, Paolo, y su hija, Lara, en un teatro del barrio porteño de San Telmo, donde los amigos cantaron canciones del grupo al que pertenecía la víctima.

Los familiares aseguraron que "maldita es la impunidad, tan maldita como los que usan el dolor ajeno" frente a tragedias como la sucedida el miércoles último.

Además sostuvieron que por "la magnitud" del hecho lo sucedido en la terminal ferroviaria fue un "desastre previsible y no un accidente".

"Sabemos que hay responsables de lo ocurrido", expresó la familia, que además alertó que se "sigue viajando en los mismos trenes de paupérrima inseguridad como si nada hubiera pasado".

"Lucas murió por defectos evitables" en la formación, recalcaron e indicaron que "la responsabilidad sobre la seguridad en el transporte no es de los usuarios, sino de las empresas para impedir por todos los medios los lugares vedados a pasajeros".

La mamá de Lucas prometió: "Estaremos siguiendo cada uno de los pasos hasta que tengamos una respuesta contundente, con nombres y apellidos, y seremos también quienes estemos en la primera línea pidiendo que se cumplan con la sanción que se merecen".

"A estos pocos miserables se les paran de frente las miles de personas que han estado con nosotros desde el miércoles pasado a las 8.35", añadió la madre.

Luego, cuestionó a la ministra Garré por haber "dejado entrever la posibilidad" de que su hijo fue "responsable" de su muerte por haber viajado en un sitio no autorizado de la formación.

"Es una necesidad mía, como mamá de Lucas, y en la cual me acompaña el papá y demás familia, expresar mi más enérgico repudio al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre los sucedido", declaró.

"Este argumento es esgrimido por quienes no tienen ni un solo argumento válido que avalen su accionar, que merece el máximo rechazo de cada uno de nosotros", consideró.

Por su parte, Lara, la hermana del joven fallecido, expresó que Lucas "no murió por viajar donde viajó: al igual que las otras 50 victimas murió porque el tren no frenó y chocó contra la estación de Once por errores y defectos evitables".

Tras encontrarse el cadáver de Menghini Rey el viernes último entre el tercer y cuarto vagón, la ministra Garré emitió un comunicado en el que se detalló que el cuerpo del joven "se encontraba dentro de la cabina de conducción del motorman del cuarto vagón, lugar vedado a los pasajeros, que se hallaba en desuso y sin comunicación con el interior del mismo por hallarse las puertas clausuradas".

"Este reducto había sido totalmente deformado por el impacto entre el tercer y cuarto coche, producto de la incrustación de aproximadamente 60 cm. entre uno y otro", explicó el comunicado oficial.

La familia de Menghini Rey solicitó además "justicia para cada una de las víctimas de la negligencia y la mentira".
"Lucas nos enseñó que todos somos más cuando nos agarramos, cuando nos sostenemos, cuando nos acompañamos, desde el miércoles y para siempre ese es su legado", dijo su madre.

Mata Hari, ¿era argentina?

2012-02-24T07:51:00.002-03:00

Por Malú Kikuchi La Caja de Pandora Online

“El temible operario del recontra espionaje”, Maxwell Smart, super agente 86 de Control*

Se llama “Proyecto X” y ha sido denunciado como un sistema de espionaje llevado a cabo por Gendarmería Nacional. Puede que inteligencia del ejército tenga algo que ver con el proyecto. El jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, admitió la existencia de una base de datos de inteligencia. Si realmente existiera el espionaje, también serían “estudiados”, los movimientos sociales, los sindicalistas no afines al FPV, los opositores, la prensa independiente y los grupos estudiantiles de izquierda.

Es una inadmisible posibilidad, lamentablemente probable. El hecho en sí es terrible y está prohibido por la ley de seguridad interior N° 24.059. Por si no bastare, hay que sumarle la incoherencia. El grado de incoherencia supera con creces la más delirada imaginación.

Primera incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, el gobierno nacional está actuando de la misma forma y espiando a las mismos grupos que espiaba el gobierno del proceso nacional, tan estigmatizado, juzgado y condenado por este gobierno.

Segunda incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, no existe la más mínima posibilidad de que Schenone lo haya hecho por su cuenta, la FFSS siempre son verticales y obedecen. Acatan ordenes. Antes lo hacían del entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a cargo de la fuerza y ahora, de la ministro de seguridad, Nilda Garré.

Tercera incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, cómo explicarse que la ayer comandante Teresa, hoy devenida en Dra. Nilda Garré, haya cambiado tanto su visión sobre la vida y “los ideales” que sostenía en los 70 (ella militó en serio, no como otros/as, que fueron exitosos militantes inmobiliarios), y hoy ordene hacer inteligencia sobre personas que piensan, como ella pensaba 40 años atrás.

Una buena. Los espiados, si es que lo son, son mucho más civilizados y menos temibles que los de los 70, no matan, no ponen bombas, no secuestran y no cobran cifras millonarias por los rescates. Y, hasta ahora, los que espían, si es que lo hacen, no desaparecen personas. Afortunadamente, cuarenta años, demasiada sangre y demasiado dolor, no han pasado en vano.

Cuarta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, ¿porqué no sumarle inteligencia, si es que la tienen, para descubrir quién mató a Candela, a Nora Dalmasso, a los 3 “empresarios” de Gral. Rodríguez, y averiguar qué pasó con Marita Verón, con la valija de Antonini Wilson, cómo desapareció Jorge Julio López, y los transportes de Jaime, y los 60kgs de cocaína en Barajas (Madrid, España) y el fenomenal incremento del patrimonio presidencial, y porqué Oyarbide recibe regalos equivalentes a UD$ 250.000, y Ciccone y el vice, y … y …? Demasiado larga la lista.

Quinta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, y le sumamos que la promocionada tarjeta SUBE es nominal, y se obtiene a partir del DNI (en los países del primer mundo las tarjetas de transporte son anónimas), con datos que se pueden cruzar con los que ya tiene la AFIP (que incluyen hasta el color de los calzones de las bisabuelas), más el reciente pedido a las prepagas médicas de informar (siempre a la AFIP, hay que recaudar) sobre los clientes que abonan arriba de los $2.000 mensuales, más las declaraciones de la presidente sobre “la información biométrica digitalizada” que ya está llegando, la intromisión en la vida privada de las personas va a dejar chiquita a la STASI de la ex República Democrática Alemana.

¿Será considerado destituyente recordar y transcribir el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral públicas, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”? Perdón, pero ¿sigue vigente la Constitución?

Sexta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, enterados por Gendarmería que el trabajo realizado fue posible infiltrando hombres en las agrupaciones sindicales y sociales, haciéndolos pasar por uno de ellos, ¿cuál es la diferencia entre estos gendarmes y el ex capitán de fragata Alfredo Astiz?

Séptima incoherencia. Si el Proyecto X es lo que parece ser y nos remontamos a 1938, donde por ley N° 12.367, sancionada por el congreso de la nación para: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional…” y recordamos que se llama Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín de Güemes”, y su misión es cuidar las fronteras de la patria que hoy son un inmenso colador, por donde pasa cualquier cosa que no debiera pasar, no se sabe si basta con pedirle perdón a Güemes por abandonar las fronteras por las que él luchó, o darle la razón a Platón cuando decía que : “todos los males de la república vienen de que cada cual no se ocupa de lo suyo (La República, libro V).

Pregunta impertinente, pero pertinente. Considerando que lo conocido hasta ahora se basa en informaciones sobre los cortes de ruta protagonizados por delegados de Kraft (septiembre 2009), la CCC, el PTS, el PO, trabajadores despedidos, familiares, amigos, organizaciones estudiantiles y de DDHH, estos cortes, ¿en qué frontera de la patria están? En el mapa de Argentina no figuran. ¿O se nos achicó tanto la patria que la frontera pasa por la Panamericana km 35?

Siete incoherencias, hay más, pero siete es el número de los pecados capitales y se supone que son suficientes. Hablando de pecados capitales, la X del supuesto Proyecto X, ¿no tiene un tufillo a pornografía? La clasificación de las películas, así lo establece. Y de ser cierto lo del espionaje, sería, además de prohibido, obsceno.

Por si acaso, empecemos a conjugar el verbo espiar, que no es simple, no por el verbo que si lo es, sino por la acción: yo no espío, me espían; tu espías o te espían o ambas cosas a la vez; él, seguramente espía. Nosotros somos espiados. Ellos nos espían. Intervienen teléfonos, hakean mails, impiden la aparición de diarios digitales, interfieren radios opositoras (de las muy escasas que quedan), dicen, la gente dice, comenta, hace correr rumores. El jefe de gendarmería empieza a corroborar algunos hechos, que uno creía imaginar.

De todos modos, nada de esto es serio, ni en serio. El Proyecto X se parece a los proyectos encargados por Control al Super Agente 86, Maxwell Smart. ¿O no? Disfrutemos el carnaval, dos días feriados, mucha serpentina, mucho papel picado y sobre todo, mucha careta. Demasiadas caretas.

*Mata Hari, nombre de fantasía de una falsa bailarina javanesa, Margaretha Zelle nacida en los Países Bajos el 7/8/1876 y fusilada por espía en Francia el 15/10/1917.

*”Super agente 86” o “Get Smart” en inglés, fue una exitosa serie televisiva, creada por Mel Brooks entre 1965 y 1970. Una parodia del servicio secreto de los EEUU.

"OTROSÍ" Nro. 46 – agosto del 2003

2012-02-10T01:26:00.001-03:00

"OTROSÍ" Nro. 46 – agosto del 2003

Contenido:
1 - VOLVIO LA IZQUIERDA
2 - EN REALIDAD LA IZQUIERDA NUNCA SE FUE
3 - ¿QUÉ CLASE DE JUSTICIA INDEPENDIENTE?
******************************************************************************

1 - 2 - EN REALIDAD LA IZQUIERDA NUNCA SE FUEE

A la luz de los acontecimientos y actitudes que el gobierno produce o precipita se puede concluir que, sin embargo de lo dicho antes, la izquierda nunca se fue. Más claramente: vuelve no una izquierda nueva sino renovada, más militante, más desfachatada y agresiva porque ahora dispone del poder decisivamente. Se mantuvo agazapada a la espera de una nueva oportunidad. Ha llegado. Esta vez no por el camino de las armas que habían intentado al comienzo –quedaron escarmentados pero no arrepentidos de aquella experiencia de los 60 y 70- sino por el de los votos. Pero tampoco esto es exacto. La izquierda que con Kirchner a la cabeza tomó el poder para hacer desde arriba lo que no pudo desde abajo, no llegó por la voluntad popular. Los argentinos no lo votaron y es una indecencia y un abuso ejercer un gobierno mal habido y sólo alcanzado por una tosca ingeniería electoral que urge reformar mientras es tiempo. No es posible llevar adelante una revolución progresista en nombre de nadie o de una minoría alevosa y sin escrúpulos. La presidencia de Kirchner es, por lo tanto, ilegítima por su origen (ya que no alcanzó siquiera la primera minoría) y por su ejercicio ya que no atiende al bien general sino a su minúsculo grupo de seguidores; los que a medida que pasa el tiempo se parecen más a cómplices.-

A casi tres meses de gobierno se puede destacar una condición del mismo. Kirchner no gobierna sino que aparenta, "hace creer", no ha formulado una verdadera política de fondo. Se limita a satisfacer su ideología, a imponer sus rencores, a atender los requerimientos de sus compañeros de aventuras de otrora. Es como si todo volviera, como si ese pasado ignominioso al que se aferra con odio y con nostalgia tornara sobre nuestras cabezas cual fantasma que no termina de morir a pesar que la mayoría lo olvidó. O sea que Kirchner y sus bandas de entonces –que son más o menos las de hoy- están dispuestos a reivindicar no sólo la querella fratricida sino sus fines y, si preciso fuera, sus métodos.-

Para ello su principal y, quizá, única preocupación es ocupar espacios dentro y fuera del poder. Fue por la Corte y ya obtuvo su primer trofeo, Julio Nazareno; y va por el segundo, Moliné O’Connor. Apostó en el mismo sentido muy fuerte a favor de Eugenio Zaffaroni al que de un modo totalmente inédito e inexplicable publicitó en una costosísima solicitada de dos páginas en los principales diarios en la que cuidadosamente eludió toda referencia personal para evitar la deshonra que el presidente no se atrevió a asumir como sí lo hizo su correligionario Ibarra en la Capital. Nadie puede dudar que el presidente necesita y quiere un poder judicial adicto que lo acompañe en su ideología más que en sus programas. Programas que no tiene y que no le interesan sino en función del afianzamiento de su gobierno revolucionario (en la medida en que pueda haber una revolución auténtica en el mundo moderno). Bonald dijo con toda razón que "los hombres del partido revolucionario no pertenecen a su país, pertenecen a la Revolución". Hoy lo podemos comprobar trágicamente: Kirchner no gobierna para la Argentina sino para su ideología.-

.¿Qué es y qué se propone este elenco que se alzó con el gobierno en una tarde de recuentos de sufragios ajenos? Lo primero que se advierte y lo más evidente es reinstalar en la sociedad los antiguos esquemas en los que el presidente se formó en su juventud. Es decir, pretende traer al presente sus ideas, sus vituperios, sus "slogans" de treinta años antes. Los mismos que fracasaron en su momento y los mismos que introdujeron profundos factores de división, enfrentamientos y hasta de disolución en el interior de la nación. ¿Es que se puede gobernar sobre y desde la incertidumbre, recreando nuevos y viejos factores de perturbación, reavivando una guerra que terminó por la derrota de un bando y se extinguió por la indiferencia de un pueblo que no aceptó nunca las reivindicaciones terroristas? ¿Quién tiene derecho a eso? Nadie y menos un presidente elegido (sí es que lo fue) para solucionar otro tipo de problemas y no para insertar planteos y divisiones que pocos (sólo "ellos") entienden. Esto se llama gobernar de espaldas al país, gobernar para "ellos". Sin perjuicio, por supuesto, que llegado el caso lo harán contra el país mismo.-

******************************************************************************

3 - ¿QUÉ CLASE DE JUSTICIA INDEPENDIENTE??

Entre tantos otros, el presidente tuvo una expresión singularmente desdichada cuando en París le preguntaron por la suerte del capitán Cavallo que acababa de ser arrastrado a una cárcel madrileña. "El estado no defiende delincuentes", dijo levantando la voz para que lo escucharan las Madres, las Abuelas y "cogote"Bonasso, su ahora empleado. ¿Cómo así? Antes que nada ¿cómo afirma que su compatriota sustraído a sus jueces naturales es un delincuente ¿no es que nadie lo es hasta tanto se lo declare tal? Y es más: el militar había sido juzgado y absuelto (o sea que no se benefició con ninguna amnistía) y por eso no puede volver a serlo y menos ante un tribunal incompetente. Pero Kirchner, llevado por sus odios y prejuicios, incurrió claramente en el delito de calumnia al acusar a un inocente de una conducta criminal ¿O es que, entonces, no está dispuesto a respetar a la justicia o la respeta cuando le conviene? ¿Se le puede creer cuando dice que quiere un poder judicial independiente? Es que para un izquierdista –él mismo malhechor frustrado en su juventud- nada hay, ni patria ni moral ni derecho, por encima de su ideología Además no es cierto que el estado no defienda delincuentes pues el Ministerio Público se hace cargo de quien lo precise para que nadie quede indefenso, ni siquiera el peor de los criminales. Pero ni siquiera esto es lo central en la perversa manifestación del presidente sino que lo más agraviante es que, de hecho, dio su conformidad de un modo público y en el extranjero para que jueces de cualquier país atrapen a ciudadanos argentinos (con más satisfacción si son militares) y los juzguen contra viento, marea y derecho. El presidente que nos impusieron aplaudirá porque es más izquierdista que argentino, más ideólogo que gobernante.-

Y para que no se crea que se queda en las palabras derogó –entre las palabrotas de Bonafini y las lágrimas de Carlotto- el decreto de De la Rúa que disponía el rechazo "in límine" de los pedidos de extradición de acusados por delitos cometidos en la Argentina. Es un acto deshonroso (lenguaje éste que nadie en el gobierno actual puede entender), una renuncia a la soberanía nacional, gesto nada extraño en quien se precipitó a acudir a una cita con Bush, apenas éste hizo chasquear los dedos para convocarlo. (ver carta aparte).-

La Guerra, pues, continúa. Y como ayer por iniciativa y voluntad de los subversivos de entonces y de hoy; sólo que con otros métodos menos salvajes pero no menos perversos; esto sólo porque no los precisan: quien se emocionó en la oficina de Salvador Allende y quien reivindica a un asesino sistémico como Santucho o se abraza con Castro mientras éste dispone el fusilamiento de tres opositores, no puede decir que dio su adiós a las armas sino que las sustituyó por otras herramientas de destrucción más aptas.-

No nos engañemos. Reanudar una guerra acabada bajo la excusa de terminar con la impunidad es una farsa y una hipocresía. Lamentamos que sea el presidente quien incurra en semejante comportamiento rufianesco pero no podemos dejar de gritarlo a los cuatro vientos. Hay que tomar conciencia de ello y de que, a partir de este momento (o, si se prefiere, del 25 de mayo pasado) la república ha vuelto al estado de guerra y la sociedad a dividirse como, quizá, nunca antes ni en las más sangrientas épocas de la historia. Pero hay que saberlo. No debemos seguir como si nada estuviese ocurriendo ni como si todo se tratase de un episodio judicial normal. LA GUERRA CONTINUA, SE HA REANUDADO, en un sentido más solapada, en otro más frontal. El enemigo está allí, en cada juez débil o injusto, en cada legislador corrupto o acomodaticio, en cada funcionario cómplice, en cada comunicador complaciente o tramposo. Hay que volver a levantar los brazos porque esta vez la izquierda que no se fue, retornó. Y triunfante, casi por casualidad. Y avanzará hasta donde se le permita. Es responsabilidad y obligación de todos detenerla en la inteligencia que cuanto más avance más soberbia y poderosa se hará. Y también se legitimará. A la revolución –aun ésta, escondida detrás del liberalismo económico y de la asepsia cultural- no le interesa el derecho ni la democracia ni el bien común sino su victoria final. Aprendámoslo de una vez para siempre. Nos va el estilo y la vida

por Dr. Víctor Eduardo Ordóñez
"CUANDO LA GUERRA ES JUSTA
EL QUE NO MATA PECA"
(San Agustín)
FOTOCOPIE Y DISTRIBUYA
Dr. Víctor Eduardo Ordóñez
Si Ud. está de acuerdo, háganoslo saber y envíenos su ayuda
Casilla de correo 80 Sucursal 7 Carrasco 31-37 (1407) Capital Federal
E-mail: otrosi2000@yahoo.com
veordonez@ciudad.com.ar
http://www.geocities.com/otrosi_again/

Campaña contra el Sida

2011-12-01T05:31:00.000-03:00

Víctimas del terrorismo reclaman en París

2011-09-15T06:45:00.004-03:00

La experiencia argentina, en un congreso internacional
Por Mariano De Vedia

Sergio Alejandro Renó, que tenía cuatro años cuando su padre, el policía Emilio Renó, fue acribillado por militantes montoneros en julio de 1976, percibe en carne propia la indiferencia del Estado hacia las víctimas de organizaciones guerrilleras y la desigualdad respecto de los damnificados por la represión ilegal.

Renó está casado desde 1997 con Carolina Chamorro, hija de un albañil desaparecido en octubre de 1976. Ella cobró una indemnización y recibió todos los derechos, honores y reconocimientos, incluida la inscripción del nombre de su padre en el Parque de la Memoria. El, en cambio, acumula reclamos administrativos y judiciales, sin resultado alguno.

El caso argentino fue expuesto ayer en la presentación del VII Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que reúne hasta pasado mañana en París a unos 300 damnificados por ataques extremistas perpetrados en Francia, Gran Bretaña, España, Estados Unidos, Chile, Colombia e Israel, entre unos 35 países.

La Argentina está representada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel e intenta defender los derechos de víctimas de acciones terroristas que nunca fueron reconocidas.

Renó, de 39 años, compartió un panel con la esposa y el hermano de víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el padre de un joven que murió en el ataque a Londres de 2005 y familiares de ciudadanos franceses muertos en Africa, entre otros afectados. "Mi padre era policía bonaerense, pero estaba de civil, atendiendo un puesto de diarios, cuando fue acribillado a mansalva en San Justo", relató a LA NACION, vía telefónica desde París.

Explicó que su esposa, que lo apoya en su reclamo, cobró en 1999 una indemnización de $ 240.000 (en bonos), cuando un peso equivalía a un dólar, y él espera desde hace más de 30 años que "el Estado se acuerde de nosotros y nos incluya en las políticas de derechos humanos".

Su historia, dijo, es sólo una de las que padecen miles de víctimas del terrorismo en la Argentina. "El Estado argentino nos niega sistemáticamente nuestros derechos y nos discrimina. A los desaparecidos y sus familias les dio el pleno goce de sus derechos; a nosotros, no nos otorga ninguno", reclamó. Y, con voz quebrada, lamentó: "Nuestros padres fueron víctimas. Pero uno es reconocido y el otro discriminado. Con esa realidad injusta conviven nuestros tres hijos".

El congreso proseguirá hasta el sábado con otros testimonios y debates sobre el impacto de los atentados terroristas en las familias de las víctimas, el reclutamiento juvenil en las organizaciones terroristas y la colaboración y eficacia de los Estados en la lucha contra el terrorismo, entre otros temas. Comparten la presidencia honoraria del congreso el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy; el ex premier socialista Lionel Jospin; el ex presidente español José María Aznar, y los príncipes de Asturias. En ese contexto quedará constituida la Federación Internacional de Víctimas del Terrorismo, que presidirá el francés Guillaume Denoix de Saint Marc.

Fuente

37 Peregrinación Juvenil a pie a Luján

2011-09-15T03:39:00.000-03:00

Veni con nosotros a caminar....

37º Peregrinación Juvenil a pie a Luján

Lema: Madre, Ayúdanos a ciudar la Vida

1 y 2 de Octubre 2011 - Av. Rivadavia y General Paz (C.A.B.A.)

Informes:

www.peregrinacionlujan.org.ar

o en cualquier Parroquia de la ciudad.

Cartas: Matrimonio gay en el Ejército. Por Cnel. (R) Juan C. Alsina

2011-09-13T01:25:00.003-03:00

Matrimonio gay en el Ejército

Por Cnel. (R) Juan C. Alsina

Reproducimos la carta enviada al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Luis Alberto Pozzi, por el Coronel (R) Juan Carlos Alsina.

Desde hace una semana hay dos hechos que se reiteran una y mil veces en los e-mails que recibo. Me refiero a la vergonzosa foto donde aparecen en el Salón San Martín del EMGE importantes autoridades militares compartiendo un acto con integrantes de la comunidad gay. Llamativamente unos días después surge otra información, esta vez sobre una supuesta autorización para que contraiga matrimonio un Oficial Jefe con un Oficial Subalterno. Ambos temas han tomado estado público.

No quiero ser uno más de esos que se quejan pero no dan la cara. No quiero ser uno más de esos que tiran la piedra y esconden la mano. No soy de los que escriben anónimo ni de los que piden borren su dirección de correo antes de reenviar un e-mail. Muchos dirán que lo mío no es muy inteligente. Probablemente tengan razón. Pero estoy seguro que la forma en que procedo es la que corresponde. Hay un dicho que dice “no te quejes si no te quejas”.

Claro. Como dice mi querida esposa. ¿Ganás algo escribiéndole al JEMGE? La respuesta sería. Gano poco y probablemente pierda mucho; pero al menos me diferencio de los indicados en el párrafo anterior. ¿Se imagina si todos los que no dan la cara, todos los que tiran la piedra y esconden la mano reclamaran formalmente? La historia sería distinta.

Pero yendo al tema motivo de la presente.

FOTO EN EL SALÓN SAN MARTÍN CON LA COMUNIDAD GAY

Recuerdo que el 14 de abril del 2004, con motivo del acto realizado en el Patio de “Honor” del Colegio Militar de la Nación , durante el cual el general Bendini (bankito) bajó el cuadro del GENERAL VIDELA, le escribí “Mi general; Ud. se ha humillado y me ha humillado. Ud. ha logrado lo que no han podido quienes permanentemente atacan a nuestra querida Institución. Avergonzarme”.

Pero cuando uno cree que todo lo ha visto; aparece la vergonzosa foto motivo de la presente. El PERSONAL MILITAR que se ve en la misma “se ha humillado y me ha humillado. Han logrado lo que no han podido quienes permanentemente atacan a nuestra querida Institución. Avergonzarme”.

Como a usted no lo vi le pregunto mi general. De haber estado presente ¿Hubiera aceptado posar con un cartelito en las manos? ¿Estuvo presente?

La foto de referencia estaba en una página del Ministerio de Defensa ¿Sabe porqué la bajaron? Supongo que alguien se habrá sentido molesto ¿No?

MATRIMONIO ENTRE DOS OFICIALES

Claro que todo evoluciona. Pero bueno, todo también debería tener un límite. Usted debe conocer algún caso de Camaradas, hace muchos años atrás, que ante una DESHONRA y ante la VERGÜENZA producida por algún acto privado o del servicio optaban por pegarse un tiro. Seguramente conoce…!!!! No pretendo que ahora ocurra eso. Pero bueno. Hay otros caminos.

Obviamente ese Teniente Coronel y ese Capitán, de existir, son unos DESVERGONZADOS. Pero usted mi General ¿No se siente al igual que yo avergonzado, humillado por esta resolución? ¿Es cierta?

El poder es efímero. La DESHONRA eterna.

Le adjunto a mi nota una presentación hecha en Power Point que creo tiene mucho que ver con la presente.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2011.

Cnel. (R) Juan C. Alsina

Estafas en los DDHH v.2.0

2011-09-09T14:59:00.007-03:00

A las estafas de las Madres de Plaza de Mayo y al “secreto de estado” de no revelar las lista de los indemnizados.Se suman las sospechas a estas organizaciones de Superficie que apoyan en muchos casos el terrorismo internacional evitan referirse al tema de las estafas de las indenizaciones.

Hace algunos años, Seprin encontró un desaparecido viviendo en Israel, donde la familia había cobrado la indemnización.

De la comparación entre el listado oficial que elaboró la Secretaría de DD.HH, a la que se puede acceder por Internet, y las publicadas en investigaciones periodísticas y en las revistas de las organizaciones guerrilleras surgen contradicciones.

En la biografía Galimberti , los periodistas Larraquy y Caballero -este último, actual director de Tiempo Argentino- narran el caso de Fernando Haymal, que luego de cuatro días de torturas dio información a las fuerzas de seguridad para que localizaran al militante Marcos Osatinsky, que fue ultimado en Córdoba. Señalan al respecto: “Haymal fue fusilado por Montoneros después de un juicio revolucionario [en septiembre de 1975]“. Lo mismo publicó Evita Montonera , en su número de octubre de 1975, con el título de “Juicio revolucionario a un delator”. El informe de la Secretaría de DD.HH. señala el caso de Haymal como de ejecución sumaria.

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado “Mario”), Carlos Pablo Molinas (“Oscar”), Luis Bocco (el “Flaco Tito”) y Carlos Alberto Tuda (el “Negro Nano”). Así lo describe Baschetti en La memoria de los de abajo . Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como víctimas de ejecución sumaria.

Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. (Así lo narra Baschetti.) En el listado de 2006, el caso Drago aparece como “ejecución sumaria” y el de Lucchesi como “desaparición forzada”.

En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: “Yo fui montonera. ¡Seguime!”. Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como “desaparición forzada”.

Baschetti narra que Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.

El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.

Se trata de casos que se ajustan a la premisa de “no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento”, como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la “teoría de los dos demonios”.

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas

DESAPARECIDO EN ISRAEL:

SEPRIN VIERNES, agosto 25, 2006

Extrañas cosas tiene el destino, o la providencia, al parecer el argentino sobreviviente del atentado en Israel, donde un palestino detonó una bomba en un colectivo, es un desaparecido que figuraría , hasta con su foto en el listado de la CONADEP. Investigando algunos detalles parecer ser que se trata de la misma persona, quien huyo de la Argentina en 1975 y figura como desaparecido en 1976 . Tenía parece ser 20 años en esa época . Si es así es otro error de mas de 200 mil dólares de la CONADEP?

No es la primera vez , que ocurren estos problemas , ya Argibay y Righi, también están desaparecidos según un listado e Conadep, lo mismo que el Juez Meabe etc.

Ahora , oportunamente, alguien , a raíz de la nota de Clarín del Día 23 /02 , donde entrevistan a la esposa de un argentino Daniel Najmanovich, dónde el periodista comienza diciendo :

“…Ocho israelíes y un suicida palestino murieron ayer en un nuevo atentado terrorista en Jerusalén en el que resultaron heridas más de 60 personas, entre ellas, el argentino Daniel Najmanovich, que emigró a Israel desde su país natal en 1975…”

“En el cielo está escrito nuestro destino”, comentó anoche a Clarín Ofelia Najmanovich, la esposa de Daniel, cuando su marido aún no había salido de la sala de recuperación en el hospital Shaarei Tzedek, aunque estaba claro que su vida no corría peligro. La mayoría de los muertos tenía entre 18 y 32 años.

Lo extraño , es que existe un homónimo en algunos listados de desaparecidos :

RAFAEL DANIEL NAJMANOVICH 19 años. Soltero. Argentino. Estudiante de Est.secund. |CI No:7721723| Desaparecido el:23/7/76, No.CONADEP:3565, Decl.No:4655 Fue secuestrado en CAPITAL C.Post:1425 No hay testimonio de su paso por un C.C.D. ( Centro Clandestino de Detención)

Como dijimos , lo interesante , es que Obviamente el desaparecido , es de origen Judío. Las edades , al parecer coinciden , este hombre ahora tendría 58 o 60 años. Y Emigro en 1975 según relata el cronista de Clarín, y figura como desaparecido en 1976.

Si es así, cabe preguntar, porque el gobierno Argentino , mantiene como secreto de estado , las listas de los familiares que cobraron la indemnización , de mas de 200 mil dólares del estado Argentino.

Estos errores , como la de la Jueza Argibay, o Righi, o tantos otros , habrán cobrado la indemnización del Estado?

Se oculta un oscuro negocio con los abogados del CELS y la CONADEP?, vinculado a oscuros manejos de los gobiernos?

Sería interesante cruzar las bases de datos de los políticos con los listados de la Conadep, seguramente, se encontrarán muchos homónimos como este. (“)

Fuente Seprin y Diario la Nación

Por Héctor Alderete

NOTA: Puede consultar en "Articulos" de nuestro blog (abajo lado izquierdo) las tablas anexas completas, o por el nombre "Rafael Daniel Najmanovich" en el buscador (arriba margen izquierdo)

Doloroso olvido (Carta de Lectores)

2011-09-08T03:24:00.003-03:00

Carta de Lectores publicada hoy 8 de septiembre de 2011, en el Diario La Nación, escrita por la madre de Laura Ferrari. Quienes hacemos La Historia Completa acompañamos a Lorenza y Abel en su reclamo y con ellos luchamos por Verdad, Justicia y Reparación. Nos honra su amistad y cariño y esperamos que nuestro trabajo, ayude a soportar tanta impunidad

Señor Director:

"A un año más de la desaparición de mi querida hija Laura, hoy continúa el olvido para con las víctimas del terrorismo. Quiero volver a dejar constancia de esta imperdonable injusticia en su nombre y en el de todos los que sufrieron la violencia de Montoneros y el ERP.

"Jamás pude borrar de mi mente aquel 8 de septiembre de 1975 en que me entregaron su cuerpo sin vida, con la cabecita destrozada por la bomba que dejaron en un coche frente a la Universidad de Belgrano, donde cursaba su carrera de contadora.

"Penoso, injusto y doloroso olvido de aquel pasado, que se ve acentuado por provenir de quienes nos han gobernado y nos gobiernan.

"Envié en 2003, 2005 y 2006 notas al Dr. Kirchner, durante su presidencia, pero el dolor por la muerte de mi hija no tuvo cabida en su corazón, como tampoco llegó a su corazón mi informe sobre la gravedad de la salud de su hermano. ¡Jamás fueron contestadas! Cartas con el dolor de una madre y un hermano que sólo recibieron silencio y olvido. Pido a mi hija ayuda para entender por qué tanto encubrimiento e impunidad para con los culpables de las víctimas de aquellos años de horror. ¿Cuál es el temor en reconocer aquellos nefastos actos de terror? ¿Por qué se los protege? Sus llamados ideales no murieron, pero fueron éstos los que mataron a mi hija.

"Para que mi querida Laura y otras víctimas puedan descansar en paz, hoy tengo la osadía de dirigirme con todo respeto a la señora presidenta de la Nación y al gobierno de Italia para solicitarles que la memoria, la justicia, la reparación y la verdad también les sean otorgadas a las víctimas y se termine su discriminación.

"Si así no se hiciera, tengo la certeza de que desde el cielo una lágrima de Laura caerá en sus corazones para implorarles: basta de silencio y que el reconocimiento de los derechos humanos sea para todos, y no sólo para algunos.

"Los desaparecidos durante gobiernos de facto y las víctimas del terrorismo fueron y son todos seres humanos. No permitamos que la impunidad sea la única que reine en la Argentina. Verdad y justicia para todos."

Lorenza de Ferrari
lorenzaferrari311@hotmail.com

Emilio Mignone, a favor de la vida

2011-09-06T20:21:00.001-03:00

Por Fernando Emilio Mignone

VANCOUVER.- "¿Se han necesitado 6000 años de civilización y toneladas de leyes y de tratados jurídicos para llegar a esto?" Estas palabras, pronunciadas en 1976 por Emilio Mignone, referidas a la represión ilegal, bien se pueden aplicar a la legalización del aborto. Es que el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales estuvo siempre a favor de la vida. Yo lo sé: soy su hijo.

Mi padre (1922-1998) fue abogado, educador y defensor de los derechos humanos. Nunca fue antifamilia y antivida, discurso que actualmente se está forzando en el mundo entero, también por organizaciones que se dicen a favor de los derechos humanos. A mediados de julio, el CELS se adhirió a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa una reforma legal que despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo.

Unos días antes, Emecé publicó La vida de Emilio Mignone: justicia, catolicismo y derechos humanos , por Mario del Carril. En esa biografía se entrevé que papá no estaba a favor del aborto, sino que defendió, con sus aciertos y errores, principios cívicos, cristianos y de familia. Hilda Sábato escribe en el prólogo de ese libro que Mignone estuvo siempre "anclado en algunos valores básicos de matriz cristiana".

Horacio Verbitsky es el presidente del CELS, y en la presentación de la biografía dijo: "Nosotros somos herederos" [de Emilio]. Y añadió que querían "llevar adelante el legado que nos dejó". Señaló después: "En el CELS seguimos la línea de Mignone. No tenemos que hacer ningún esfuerzo por adivinarla, porque él la dejó por escrito".

Mis tres hermanos sobrevivientes y yo donamos al CELS todos los documentos de nuestro padre sobre derechos humanos: dudo que se encuentre en esas miles de páginas la justificación de leyes abortistas.

Me causaría mucho dolor que se abusara del nombre de Emilio Mignone y que la institución en que dejó buena parte de sus fuerzas y entusiasmos se abocara a algo tan opuesto a lo que él y mi madre (también cofundadora del CELS, junto con otras siete personas) pensaban.

La biografía cuenta que papá y mamá tuvieron cinco hijos. Al fallecer la esposa de un tío nuestro, cuatro primos vinieron a vivir con nosotros. Un niño de la villa del Bajo Flores, que era ahijado de mi hermana Mónica (detenida-desaparecida por la dictadura) vivió durante varios años con mis padres, cuando nosotros, sus hijos, ya habíamos crecido.

El punto de inflexión de la vida de mis padres fue el 14 de mayo de 1976, cuando militares -que después supimos que eran de la Marina- se llevaron a Mónica (a la Escuela de Mecánica de la Armada, y a una muerte desconocida, comparable con la interrupción de embarazo). El resto de sus vidas fueron dedicadas, primero, a buscarla, y después a tratar de evitar que otras vidas pudieran desaparecer injustamente. ¿Se puede pensar que ellos quisieran que vidas inocentes se truncaran en el seno de sus madres? ¿Qué decir de la búsqueda de mis padres, y de tantos otros, de niños nacidos en cautiverio y no entregados a sus parientes? ¿No sería un contrasentido reivindicar sus derechos y al mismo tiempo defender el aborto?

Hace 35 años que no vivo en la Argentina; y no hablo de política. Pero sigo el pensar y el sentir ético de mis padres al predicar como sacerdote, y también al escribir, como ser humano, sobre el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay poderosos grupos de presión y personas dentro de instituciones internacionales que promueven una suerte de neocolonialismo demográfico. "No les damos dinero para el desarrollo si no promueven el aborto", es su argumento. Muchas veces personas y grupos son instrumentalizados para tratar de imponer el aborto a poblaciones que no lo quieren.

"La vigencia del tipo penal lo que procura es mantener el control social sobre las mujeres y perpetúa los efectos aberrantes que tiene la criminalización del aborto sobre la vida y la salud de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. La falta de un debate serio y profundo sobre esta cuestión sólo muestra el desinterés por la vida y la salud de las mujeres, y sobre todo de las más pobres. Lo que logra la penalización del aborto es remarcar las desigualdades en la sociedad", señaló la abogada Lourdes Bascary, del CELS.

¿La mujer? Medios como The Economist señalan que el aborto en China y la India ha llevado al genocidio de docenas de millones de niñas. Además, no hay duda de que en muchos casos, en cualquier país, la mujer es llevada a abortar por el varón, por presiones "machistas".

Mi padre fue un gran inconformista. Pienso que muchos debemos serlo cuando otros intentan arrollar el derecho a la vida. Continuar el legado de papá significa defender tanto al detenido-desaparecido como al niño -¡y a la niña!- por desaparecer.

No quiero dejar de añadir que rezo a diario por todos los argentinos: por mis padres y aquellos que los hayan tratado injustamente; por mi hermana Mónica, junto con aquellos que la torturaron y mataron; por las mujeres que sufren, por sus victimarios, y por los que promueven el aborto. Pero aclaro que si el CELS lo promueve, no sigue el ideario de mis padres.

Víctimas con doble estándar

2011-09-05T16:30:00.008-03:00

Víctimas con doble estándar Los DDHH tuertos del Tuerto Néstor Kirchner y el silencio cómpice opositor.

Por Ceferino Reato

Operación Primicia fue la acción más espectacular de la guerrilla en toda su historia y terminó en una tragedia con 28 jóvenes muertos, entre ellos 12 montoneros, diez soldados, un sargento, un subteniente y un agente de policía. Pero no se trata sólo de un hecho del pasado: su actualidad deriva del tratamiento desigual de las víctimas de uno y otro lado por parte del kirchnerismo, de los organismos de derechos humanos y de los partidos políticos en general.

Ocurrió el domingo 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón. Los jefes montoneros, encabezados por Mario Firmenich, habían decidido formar el Ejército Montonero para enfrentar a las Fuerzas Armadas, luego del golpe del que tanto se hablaba y al que consideraban inevitable, y también deseable porque les allanaría el camino al poder.

Operación Primicia fue el debut del Ejército Montonero con sus uniformes color azul. El blanco elegido fue el Regimiento de Infantería de Monte N° 29, en Formosa, por dos motivos: en primer lugar, contaban con un soldado santafecino que era un experimentado "oficial" guerrillero y les había pasado buena información sobre el cuartel; en segundo lugar, el copamiento de un regimiento tan alejado, que los obligaba al secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo y a la toma del aeropuerto formoseño, desmoralizaría al Ejército.

El supuesto básico de los montoneros era que los soldados se rendirían fácilmente, pero los conscriptos defendieron el cuartel en un encarnizado combate que duró 30 minutos y terminó con la retirada de los guerrilleros. Hoy, ese traspié está siendo revertido en el relato kirchnerista: la mayoría de los atacantes muertos ya figura como víctimas de la represión ilegal en los anexos del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que fueron agregados en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En consecuencia, también aparecen en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado levantado en la costanera de la ciudad de Buenos Aires. No están solos: son más de 1000 los nombres que han sido agregados.

Los familiares de estos guerrilleros cobraron la indemnización prevista, que en marzo de 2010 ascendía a 620.919 pesos.

Por el contrario, los padres de los conscriptos muertos cobran una pensión que en marzo de 2010 era de $ 842 por mes. Es decir que para el Estado la vida de un guerrillero vale aproximadamente seis veces más que la de un soldado. Más grave aún: los conscriptos eran todos formoseños y muy pobres, ya que no habían salido del regimiento porque no tenían dinero para ir a sus casas. Hoy, son recordados sólo en Formosa.

El kirchnerismo, respaldado por las organizaciones de derechos humanos, impuso su concepción, que reivindica no sólo a las víctimas del terrorismo de Estado, sino a todos los "caídos en combate" por la revolución socialista.

Lo hizo con el silencio de la UCR, cuyo líder histórico, Raúl Alfonsín, creó la Conadep para que se ocupara sólo de los crímenes de la dictadura, y de Pro, que gobierna la Capital, donde está el principal monumento a las víctimas del terrorismo de Estado.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO VÍCTIMAS

2011-08-15T02:20:00.002-03:00

"Dijeron que no existíamos,
dijeron que éramos pocos.
Acá estamos".

CELTYV - Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas presentará el PROYECTO VÍCTIMAS, la investigación desarrollada por la ONG para saber quiénes y cuántas son las víctimas del terrorismo de Argentina.

Con la participación del Periodista Ceferino Reato, testimonios en vivo de familiares de víctimas del terrorismo, adhesiones desde el exterior y la explicación de cómo se hizo la investigación a cargo de la presidente de CELTYV.

La entrada es libre y gratuita. Agradecemos la colaboración en la difusión de esta investigación, que brindará luz sobre una de las mayores deudas que sostiene el Estado argentino con su pueblo.

www.celtyv.org

Los que vivan lejos y no puedan asistir, inviten a sus amigos. Los que viven en Bs. As. o piensan asistir compartan en sus muros, inviten gente joven, para que sean los jóvenes los que descubran esta parte de la historia que les han ocultado o anótense como voluntarios. Gracias!

jueves, 18 de agosto · Hora 18:30 - 21:30
Lugar Auditorio Astor Piazzolla - Centro Cultural Borges Viamonte 525 Buenos Aires, Argentina

Alternancia en el gobierno es un elemento esencial de la democracia

2011-08-07T14:32:00.001-03:00

La alternancia en el mando o, mejor dicho, en el gobierno, entendiendo por tal, strictu sensu, al Poder Ejecutivo, es un elemento esencial de la democracia. La continuidad indefinida en sus cargos del o de los mismos titulares del Ejecutivo, aún en el caso hipotético de que ello sea el resultado de un pronunciamiento electoral libre del pueblo, sin coacción ni fraude, es, en principio, un factor negativo y distorsionante para la democracia.

No sólo porque el continuismo indefinido –aún en el caso de que existan elecciones periódicas y teóricamente libres y puras y que el resto del sistema constitucional con sus correspondientes contralores políticos y jurisdiccionales funcione normalmente–, genera peligrosos elementos personalistas y autocráticos que afectan negativamente la existencia de una democracia real, sino porque, además, la no alternancia en el mando, en sí misma y por las necesarias consecuencias que provoca, puede hacer peligrar la realización de comicios libres y sin fraude y por eso la “alternancia en el poder”, ha sido calificada como “un principio democrático” por un importante sector de la doctrina latinoamericana.

Hay que hacer, sin embargo, dos precisiones iniciales.

La primera es la necesaria puntualización de que no es estrictamente lo mismo alternancia en el mando o en el poder, –que puede suponer el ejercicio de facto e ilegítimo de ese poder o de ese mando, fuera del marco constitucional–, que la alternancia en el gobierno, dentro de un régimen constitucional y legítimo. En esta acepción, lo que puede llamarse la alternancia en el poder, o en el mando es diferente de la continuidad sin alternancia, en un mando o en un poder por parte de una persona o de un grupo de personas por razones de hecho y en una situación ilegítima, fuera de la Constitución y del normal juego democrático.

En cambio, la alternancia en el gobierno, si bien puede también darse en un gobierno de facto o en una situación ilegítima, debe ser estudiada, –y es el caso al que nos referimos– en un marco constitucional, de legitimidad jurídica.

Sin embargo en ambas situaciones, la continuidad, en especial si es indefinida o excesivamente prolongada, tiende a provocar el desarrollo de elementos políticos potencialmente negativos, a acentuar la arbitrariedad y a generar peligrosas expresiones de autoritarismo, unidas a la posible creencia en la pertenencia política o personal del poder, que muchísimas veces nace de su ejercicio prolongado.

La segunda, ya situándonos sólo en la cuestión de la continuidad o la alternancia en el gobierno dentro de una situación constitucional legítima, de raíz democrática, es la necesidad de distinguir los sistemas parlamentarios clásicos, con jefaturas de Estado con competencias esencialmente representativas, sin ejercicio directo del gobierno, las monarquías parlamentarias europeas y el Japón y los regímenes republicanos con un Jefe de Estado con igual carácter y el caso de los regímenes presidencialistas, en especial en el presidencialismo latinoamericano.

En la primera situación la continuidad del Jefe de Estado, por largos períodos, aún de por vida, puede no constituir un peligro. El poder verdadero está en manos del Gobierno y aunque esa alternancia es deseable, su inexistencia en la jefatura de Estado no genera los mismos peligros que en los regímenes presidencialistas.

En cambio en el presidencialismo, ya sea en su forma adoptada por los Estados Unidos, como en el actual modelo constitucional de la Federación Rusa, así como en los casos latinoamericanos, en general caracterizados por un predominio político del Poder Ejecutivo, la falta de alternancia en el Gobierno, y la consiguiente continuidad en el Gobierno, con reelección o a sucesivas reelecciones, constituye, en principio, un eventual peligro para la gobernabilidad democrática y para la existencia plena de un Estado de Derecho.

Alternancia es la acción y efecto de alternar que, según el Diccionario de la Real Academia, significa “desempeñar un cargo varias personas por turnos” o “sucederse unas cosas a otras repetidamente”.

Las acepciones del Diccionario aunque no estrictamente referidas al concepto político-constitucional, dan una idea analógica del concepto.

La alternancia en el mando o en el Gobierno es el desempeño sucesivo en el poder o en el Gobierno por personas distintas, pertenezcan o no al mismo partido político. De tal modo la alternancia en el mando o en el Gobierno se da en los regímenes constitucionales republicanos (con exclusión de las llamadas repúblicas con presidencia vitalicia –caso que fue por ejemplo el del Haití de Duvalier), en las monarquías parlamentarias modernas, en las que el carácter vitalicio de la jefatura del Estado no afecta la posibilidad de alternancia en el gobierno de personas y/o partidos diferentes. En los sistemas de facto o en las dictaduras modernas la alternancia en el mando es el resultado, generalmente, del libre juego de los factores de poder real y no de un sistema institucional de limita
ción del poder por la impuesta determinación de ciertos cargos políti»cos gubernamentales de particular importancia.

La alternancia en el gobierno constituye en principio, y con las precisiones precedentemente hechas, en el constitucionalismo moderno, en sus diversas variantes, y ya sea el resultado de previsiones normativas o en los hechos, del juego libre de las fuerzas políticas, un presupuesto y una condición de la democracia.

Si la alternancia en el gobierno, como elemento político, se refiere esencialmente a la titularidad del Poder Ejecutivo tiene también una relación con la integración de los Poderes Legislativo y Judicial. En lo que respecta al Legislativo, si bien obviamente la cuestión no se plantea en iguales términos que en el Ejecutivo, puede afirmarse que aunque el principio mayoritario en el Derecho Constitucional comparado es la posibilidad de reelección indefinida de los legisladores –con excepción, por ejemplo de México (art. 59) y de Costa Rica (art. 107)– esto se equilibra con la necesaria existencia en la democracia de elecciones legislativas periódicas y el cambio de las mayorías y minorías legislativas según los resultados. Hay, sin embargo, algunos casos en el constitucionalismo democrático en que la Cámara Alta (Senado, Cámara de los Lores, etc.) se integra con algunos senadores vitalicios (por ejemplo Italia (art. 59) y Venezuela en la Carta de 1961 (Art. 148), y Chile en la Constitución de 1980 (art. 45), o con lores no electivos, sean de designación real, en razón de sus cargos eclesiásticos o de carácter hereditario (Gran Bretaña), en este último caso hasta 1999.

En cuanto al Poder Judicial la cuestión se plantea, en lo que respecta a la integración del órgano supremo (Suprema Corte, Alta Corte, Corte de Casación, etc), también en términos diferentes. Aunque el principio es la inamovilidad de los jueces de estas Cortes o Tribunales –garantía de su independencia–, la fórmula del nombramiento vitalicio, por ejemplo en los Estados Unidos (Artículo III, Sección 1), adaptada a la realidad de un retiro voluntario al llegar a determinada edad, personal y libremente apreciada, es hoy minoritaria. La fórmula de la Constitución de los Estados Unidos influyó inicialmente en la mayoría de las Constituciones latinoamericanas, pero casi todas ellas han sido modificadas a este respecto. Actualmente en el Derecho Constitucional comparado latinoamericano predomina el sistema de fijar un término para el desempeño del cargo en las Cortes Supremas (6, 9, 10 ó 15 años por ejemplo) o establecer un límite de edad (en muchos casos 70 años) o una combinación de ambos criterios.

Lo mismo ocurre en las Cortes, Tribunales o Consejos Constitucionales, de Garantías Constitucionales o de Constitucionalidad y en los tribunales supremos para materias determinadas (Contencioso Administrativo, Fiscal, Laboral, etc).

La normal y verdadera alternancia en el gobierno sólo puede existir en sistemas democráticos representativos con multiplicidad de partidos políticos, ya sea de tipo bipartidista o mutipartidario, en que estos se encuentren en un plano de igualdad jurídica no discriminatoria, en que haya un régimen electoral que haga efectivamente posible la rotación de los partidos políticos en el poder y en el que las elecciones sean realmente periódicas y libres, sin fraude ni coacción.

La mera sustitución de personas, aunque su elección sea el resultado de elecciones libres, no constituye, en principio, una plena y verdadera alternancia en el gobierno, si no hay cambio del partido gubernamental o del principal partido político gubernamental, en el caso de coaliciones gubernamentales pluripartidarias. Sin embargo incluso este cambio, reducido a la sucesión de personas distintas en la jefatura del gobierno (jefatura del Estado también en los sistemas republicanos), tiene un significado diferente en un régimen político y realmente multipartidista que en otro de partido predominante o privilegiado e, indudablemente, aun con mayor razón, en el caso de sistemas de partido único. En el primer grupo puede situarse el caso del Uruguay entre 1865 y 1958, en que pese a la existencia, relativamente normal para la época, con algunas graves excepciones, de elecciones periódicas, no hubo rotación de los partidos políticos en la Presidencia de la República, ocupada siempre por militantes de un solo partido y en el que la Constitución prohibía la reelección inmediata (Constitución de 1830, Art. 75; Constitución de 1918, Art. 73; Constitución de 934, Art. 150; Constitución de 1942, Art. 149).

En el segundo es posible incluir el caso mexicano con la reiterada y constante elección a la Presidencia de los candidatos del PRI, en un régimen constitucional que, sin embargo, prohíbe radical y absolutamente la reelección presidencial (Art. 83). En el tercero, el caso del constitucionalismo de la ex Unión Soviética (Constitución de 1977, Arts. 6 y 100), de los países que han seguido directamente su modelo político y constitucional, de Cuba de 1975 (Art. 5, Arts. 134-140) y de ciertos Estados africanos.

Existe una estrecha relación entre el tema de la alternancia en el gobierno y la cuestión de la no reelección.

La posibilidad jurídica de reelección sucesiva e indefinida del titular del Poder Ejecutivo en un sistema constitucional democrático republicano, afecta negativamente la posibilidad real de alternancia en el mando de las personas, así como la rotación de los partidos en el gobierno y, en consecuencia, esta posibilidad puede contribuir a dificultar la existencia y funcionamiento de una democracia real.

La fórmula original de la Constitución de los Estados Unidos que no ponía límites a la posible reelección del Presidente (Art. lI, Sección l), fue seguida por algunas constituciones latinoamericanas.

Dentro del actual sistema semi presidencial citamos la Constitución francesa de 1958, que dicta que el Presidente de la República dura siete años y puede ser reelegido indefinidamente (art. 7). Pero el peligro de la no alternancia se mitiga por la existencia de un Primer Ministro (art. 8) y por la existencia en reiteradas ocasiones, de un régimen de “cohabitación”, con un Primer Ministro de un partido distinto al del Presidente y con una mayoría parlamentaria, en esas ocasiones, distinta a la del partido político del Presidente de la República.

Sin embargo la tendencia mayoritaria prohibió la reelección inmediata (por ejemplo: Constitución Argentina de 1853, Art. 77; Constitución Uruguaya de 1830, Art. 75). Los casos de Porfirio Díaz en México y del General Gómez en Venezuela son ejemplos clásicos de la degradación política que aparejó la reelección indefinida que muchas veces se hizo suprimiendo la prohibición constitucional preexistente. Esta y otras experiencias negativas análogas, como por ejemplo la de Trujillo en la República Dominicana en Latinoamérica, llevaron a prohibir la reelección inmediata, a limitar al mínimo las reelecciones posibles o a prohibir radicalmente toda reelección.

La primera, es decir la prohibición de la reelección inmediata, es la predominante en los sistemas constitucionales latinoamericanos. A los ejemplos ya citados deben agregarse la Constitución de Brasil de 1988 (art. 82). La Constitución de República Dominicana prohíbe la reelección para el período constitucional siguiente (art. 49). La Constitución de El Salvador, en forma distinta, limita la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República. La Constitución de Venezuela de 1961, prohibía la reelección dentro de los diez años de la terminación del mandato - Art. 185).

La segunda, la adoptada en la Enmienda 22 a la Constitución de los Estados Unidos, de 1951.

Y la última es la del Constitucionalismo mexicano cuya Constitución de 1917 –después de un conocido proceso político– establece y mantiene una prohibición absoluta de reelección para el Presidente (Art. 83). La prohibición absoluta de reelección se encuentra también, por ejemplo, en la Constitución de Costa Rica de 1949 (Art. 132) y en la de Guatemala de 1985 (Art. 187) y en la de Honduras de 1982 (art. 239).

La Constitución Chilena de 1980 que hace durar al Presidente en sus funciones ocho años, prohíbe la elección para el período siguiente (Art. 25). Pero en virtud de las disposiciones transitorias 13,14, la permanencia en la Presidencia de la República de la persona que la ocupaba desde 1973 –y desde 1980 en virtud de la Constitución– habría podido prolongarse hasta 1986.

Un ejemplo digno de destacarse es el del Paraguay. La Constitución enmendada al respecto en 1977, permitía la reelección indefinida (Art. 173). La Constitución de 1967 autorizaba la reelección por un período consecutivo o alternativo (Art. 173), sin tomar en cuenta los períodos anteriores para el titular en ese momento de la Presidencia (Art. 236), que la ocupaba desde 1953. La Constitución vigente de 1992, por el contrario, prohíbe la reelección del Presidente y Vicepresidente (art. 229).

La Constitución de Cuba de 1975 dispone que todos los órganos del poder del Estado son renovables periódicamente (Art. 66a), pero no limita la posibilidad de reelección indefinida del Presidente del Consejo de Estado y jefe de Gobierno (Art. 72).

La Constitución de Nicaragua de 1987, no contiene ninguna norma que limite la posibilidad de reelección del Presidente de la República.

Estos son sólo algunos ejemplos.

La cuestión de la no reelección no se plantea en términos iguales en los sistemas parlamentarios que en los presidenciales. En las monarquías parlamentarias no se encuentra, en general, limitación constitucional a la designación del mismo primer ministro o jefe de Gobierno, si cuenta con apoyo de una mayoría parlamentaria resultado de elecciones periódicas y libres. En las repúblicas parlamentarias, aunque puede haber previsión constitucional respecto de la reelección o no reelección del Presidente de la República (por ejemplo: Constitución de la República Federal de Alemania de 1949, Art. 54.2, reelección por una vez; Constitución de Italia de 1949, Art. 85, sólo indica que se elige por siete años; Constitución de Francia de 1958, Art. 6, que permite la reelección indefinida y con un mandato de siete años, y siguiendo la tradición de la III República, en contra de la IV (1946) que permitía una sola reelección), no hay obstáculo constitucional para la posibilidad de indefinida designación del mismo primer ministro o jefe de Gobierno, si se cumplen con las demás exigencias constitucionales. En los pocos sistemas constitucionales latinoamericanos en que existe un primer ministro o Presidente del Consejo de Ministros (Presidente), como es el caso del Perú de 1979, se prohíbe la reelección inmediata del Presidente (Art. 205), pero no la designación indefinida del Presidente del Consejo de Ministros.

Hay que señalar que, en el Derecho Constitucional Comparado Latinoamericano se insinúa hoy una tendencia, críticamente discutida, dirigida a permitir la reelección inmediata de Presidente de la República (por ej: Argentina, Constitución de 1994, art.90; Perú, Constitución de 1993, art. 112; Brasil, Reforma constitucional de 1999; Venezuela, Constitución de 1999, art. 230). En todos estos casos se modificó el sistema constitucional anterior que prohibía la reelección inmediata.

La mayoría de los otros países latinoamericanos, entre ellos el Uruguay (Constitución de 1996, art. 152), mantienen la fórmula tradicional de la prohibición de la reelección inmediata.

La relación entre la existencia de elecciones libres, periódicas y sin fraude y la posibilidad real de alternancia en el mando es evidente. Sin elecciones periódicas, sin fraude, a las que puedan concurrir candidatos de todos los partidos políticos sin discriminación de ningún tipo, es imposible concebir una verdadera alternancia en el Gobierno, que tenga sentido en el Estado Democrático moderno.

La necesaria existencia de elecciones periódicas, que reúnan además los extremos antes indicados –que como se dijo precedentemente son un presupuesto necesario para la posibilidad de la alternancia en el gobierno– resulta no sólo de las constituciones democráticas, sino que deriva además del Derecho Internacional actual, en relación con el reconocimiento de los derechos políticos. Se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 21), en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de las Naciones Unidas (art. 25) y, en especial, en el sistema regional americano, basado, al igual que el europeo, en la democracia representativa multipartidista y liberal, Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José; art. 33), en la Carta Reformada de la OEA, Art. 3.d) y j) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Art. XX) . El Protocolo de Washington (1994) de Reforma de la Carta de al OEA afirmó el necesario carácter democrático de los Gobiernos de los Estados Miembros y la exigencia de elecciones libres y periódicas. La misma exigencia está incluída en los instrumentos más recientes de la Unión Europea (Maastrich y Amsterdam). Igual imposición se encuentra en el Protocolo de Usuhaia (1997), adicional al Tratado de Asunción (Mercosur).

Bibliografía:
Biscaretti Di Ruffia, Paolo: Derecho Constitucional Comparado, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
Carpizo, Jorge: El Presidencialismo Mexicano, UNAM, México, 1988.
____________: La Constitución Mexicana de 1917, UNAM, México, 1969.
De Jouvenal, Bertrand: Du Pouvoir, Hachette, París, 1972.
Duverger, Maurice: Constitutions Et Documents Politiques, Presses Universitaires de France, París, 1955.
____________: La V République, Presses Universitaires de France, París, 1968.
____________: Les Partis Politiques, A. Collin, París, 1964.
Garcia Pelayo, Manuel: Derecho Constitucional Comparado, 7a ed., Madrid, 1964.
Gros Espiell, Héctor: El Predominio del Poder Ejecutivo en América Latina, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional -UNAM, México, 1977.
_____________: Ensayo de una Determinación de Ciclos en la Historia Constitucional de América Latina, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.
Heller, Herman: Europa y el Fascismo, Editorial España, Madrid, 1931.
Lalumiere, Pierre et Demichel, Andre: Les Regimes Parlamentaires, Presses Universitaires de France, París, 1966.
Popper: La sociedad abierta y sin enemigo.
Schumpeter: Capitalismo, Socialismo y Democracia, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1996.

Héctor GROS ESPIELL