La Segunda Tirania

PDF Libro: "Esa Noche de Perón" Por Ricardo Boizard

2022-07-22T13:11:00.005-03:00

El autor desentraña las más escondidas razones que han arrastrado a Perón a la persecución religiosa y después de un cuadro vívido de la noche del 16 de Junio de 1955, van surgiendo a la vista del lector los sucesos y personajes de la larga trama; en primer término, la vida escabrosa de Evita Perón, sas luchas y ambiciones, el cáncer y la muerte; en segundo término el proceso de relajación religiosa experimentado por el peronismo, a rafz de los funerales de Evita con la coronación monstruosa de una peregrina tentativa de canonización; después el drama de la soledad de Perón y sus vinculaciones con la escoria trotzkista y nazi de la guerra y de la revolución española; por último, las peripecias de una viudez presidencial que transforman la residencia de Olivos en un inconfesable harem.

Lo anterior, agregado al problema del petróleo que se plantea con crudeza y claridad, paso a Perón frente a la Iglesia. El autor no escatima las tintas para destacar esta lucha, por un lado, irreverente, y por el otro, llena de dignidad y firmeza.

Los diversos capitalos del libro, como ríos caudalosos y exuberantes de humanidad, van a converger por último en lo que el autor ha llamado "esa noche de Perón".

Es la noche de la apostasía, del crimen y de la caída del déspota. Leer este libro es tener quizás la versión más movida, más humana, más original y más documentada de la tragedia Argentina.

Descargar en alta calidad PDF Libro: "Esa Noche de Perón" Por Ricardo Boizard

Leer en linea/ descargar PDF Libro: "Esa Noche de Perón" Por Ricardo Boizard

PDF Libro "La razón de su Huida" Por Julio Rafo

2022-07-17T11:27:00.002-03:00

Leer en linea / descargar PDF Libro "La razón de su Huida" Por Julio Rafo

Este libro se escribió en la cárcel durante la dictadura peronista.

Libro PDF ¿Rosas Fue desinteresado? de Estanislao Del Campo Wilson

2022-07-10T23:54:00.005-03:00

RESUMEN: ¿Fue Juan Manuel de Rosas tan desprendido como cierto sector de los historiadores nos cuentan? Con citas de historiadores argentinos y documentos históricos el autor revela la respuesta. 80 páginas.

Libro PDF "¿Rosas Fue desinteresado?" Por Estanislao Del Campo Wilson para leer en linea / descargarlo

Ver online DESCARGAR PDF Revista La Republica año 2 N° 11 - septiembre de 1975

2022-04-25T23:44:00.002-03:00

Ver online DESCARGAR PDF Revista La Republica año 2 N° 11 - septiembre de 1975

Descargar PDF Carta Republicana de la Revolución Libertadora - año 1955

2022-02-01T09:27:00.005-03:00

Descargar /leer online PDF Carta Republicana de la Revolución Libertadora - año 1955

El caso Beveraggi Allende, privado de la ciudadanía argentina por ley peronista N° 14.031, del año 1951

2017-06-29T15:44:00.000-03:00

Tulio Ortiz y Alberto David Leiva

El 31 de mayo de 2017 se realizó la actividad “El caso Beveraggi Allende, privado de la ciudadanía argentina por ley 14.031, del año 1951”, organizada por Seminario Permanente sobre la historia de la Facultad de derecho de la UBA.

Luego de una introducción por parte del coordinador del seminario, Tulio Ortiz, el profesor Alberto David Leiva tomó la palabra y manifestó: “Siempre me llamó mucho la atención que el caso de Beveraggi Allende no haya tenido tanta repercusión. Sobre todo entendiendo las consecuencias constitucionales que generó, ya que se trata de la privación de la ciudadanía, bajo el régimen constitucional de 1947, a un argentino nativo. Algo nunca visto en otro lugar”. El orador prosiguió resumiendo los hechos del caso.

Walter Beveraggi Allende era un abogado de 28 años que militaba para el Partido Laboral, entonces presidido por Cipriano Reyes, que estaba fuertemente enfrentado al gobierno de Perón. El 25 de septiembre de 1948, Beveraggi Allende junto a Reyes y un grupo de partidarios fueron sometidos a tortura y acusados de conspirar contra el Estado. Luego de su liberación, Beveraggi Allende se exilió a Estados Unidos donde fue profesor en la Universidad de Boston.

Los años subsiguientes pusieron al gobierno argentino frente a una grave crisis económica y política. “Se acentuó el poder personal del presidente y recrudeció entonces la oposición, que comenzó a ser acallada con severidad”, recordó Leiva, y agregó: “En su empeño por apartar a los opositores del devenir institucional del país, llevó a cabo acciones tendientes a proscribirlos de manera definitiva. En el caso de Beveraggi Allende, incapacitado de encontrar soluciones en el marco de una legalidad previa, el Poder Ejecutivo Nacional optó por elaborar disposiciones absolutamente inéditas en el derecho público argentino, instando la sanción de una ley que lo privara de la ciudadanía”.

“Tras esta medida nunca vista en el derecho público nacional, Beveraggi Allende se convirtió en el único argentino nativo privado de su ciudadanía”, decía el art. 2 de la Ley 14.031 sancionada el 4 de julio de 1951. Así fue como Beveraggi Allende estuvo más de cuatro años sin su ciudadanía. El 23 de septiembre de 1955 después de llevar a cabo un movimiento que terminó con el alejamiento de Perón, el general Eduardo Lonardi ocupó de facto la presidencia del país. Un mes después de asumir como presidente provisional, Lonardi sancionó el Decreto ley 1664 derogatorio de la ley 14.031, cuyo art.1 decía: “Derogase la ley 14.031 por la que se privó de la ciudadanía argentina a Walter Beveraggi Allende”.

“Tras recuperar sus derechos conculcados, Walter Beveraggi Allende volvió a la república Argentina, se incorporó a la enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 10 de septiembre de 1956; llegó a ser Titular de Cátedra de Economía Política, y profesor de varias especialidades en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario de Santa Fe, ejerciendo en forma intermitente la docencia universitaria por espacio de 25 años”, explicó el orador.

Comisión 22 Expediente 22-13 adquisición de chasis y tractores para YPF a la Fiat Argentina S.A.C.I.

2012-07-05T03:03:00.000-03:00

Comisión Nº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Expediente 22/13.

Trata este expediente de la adquisición de chasis y tractores de la Fiat Argentina S.A.C.I. y F. por valor de m$n. 65.259.514, equivalentes a dólares CAI 4.721.699. YPF invierte en la compra de chasis y tractores Fiat, dólares CAI 5.100.000, aproximadamente. De este importe solamente se invirtieron en material destinado a esta repartición en total, aproximadamente dólares CAI 1.800.000, correspondiendo la mayor parte de los adquiridos para organismos ajenos a YPF, a saber: Administración General de Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Dirección de Minería, Combustibles Sólidos Minerales, DINIE y Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Vialidad), lo que implica una irregularidad mayor en cuanto excede de las facultades del administrador de YPF, que no puede invertir fondos de la Repartición en compras para otros organismos. Ello se agrava si se tiene en cuenta que los fondos invertidos pertenecían a una partida del convenio Argentino-Italiano, destinada igualmente a la adquisición de material para la exploración y explotación del petróleo, que es lo que precisamente se necesitaba, según es de público conocimiento.

Como se advierte por la lectura del expediente de referencia, se establece que la oferta de Fiat ingresó a YPF el 24 de marzo de 1954, que es la misma fecha que lleva el Departamento de Compras de Materiales, que es igualmente la misma fecha del dictamen de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas; que es también el mismo día en que fue redactada la resolución y elevada a nota a ENDE por la que el entonces administrador general interino de YPF, capitán de ultramar Luis Melchor Sáez Germain autoriza la inversión de m$n. 65.259.514 en la adquisición de chasis para camiones Diesel., tractores Diesel y repuestos para ambos, a la firm Fiat S.A. de Italia, los que se distribuirán entre los distintos organismos oficiales ya mencionados.

Pudo comprobarse igualmente, que el expediente habría pasado recién para su estudio e informe a la Comisión del Directorio de ENDE el día 26 de marzo de 1954, llamando entonces poderosamente la atención que la resolución de ENDE por la que se autorizaba a YPF a colocar la orden de compra, lleve fecha 25 de marzo de 1954, por lo que surgiría “prima facie” y sin perjuicio de lo que al respecto llegue a determinarse, que esta resolución fue dictada por el Directorio de ENDE un día antes de haber tenido el expediente en su poder.

Cabe señalar asimismo, que esta Comisión, habiéndose enterado de que tan expeditivo trámite habría sido seguido de una entrega por parte de la Fiat Argentina a distintos funcionarios de YPF y del Ministerio de Industria, se construyó en las oficinas de dicha empresa comercial en donde se le facilitó la documentación de referencia, cuyas fotocopias fueron enviadas a esa Comisión Nacional agregadas al expediente. De acuerdo con la misma, surge que efectivamente, la Fiat Argentina S.A. entregó a precio de lista coches de distintos modelos, entre otras personas al capitán Luis M. Sáez Germain, ex administrador general interino de YPF, y a los señores Armando Maggi, entonces director nacional de abastecimientos; Ángel A. de Giulio, vicepresidente de ENDE; Juan M. Curia, director de ENDE; ingeniero Héctor M. Carminatti, subadministrador de Agua y Energía Eléctrica (ENDE); ingeniero Alberto de las Carreras, asesor del subsecretario de Energía y Minería, Pedro S. Daneri; ingeniero Humberto F. Morrone, subadministrador del Gas del Estado (ENDE); Pedro Aguirre, vicepresidente de DINIE; Ángel E. del Rio, secretario privado del ministro Amundarain; Marcelo Lamarca, secretario privado del subsecretario de Energía y Minería, Pedro S. Daneri. Los mencionados funcionarios habrían retirado los coches adjudicados en los días inmediatos posteriores a la resolución del expediente en cuestión, o sea a fines de marzo y principios de abril de 1954, según los recibos que otorgaron y que se agregaron en fotocopia a las actuaciones. Además se entregó un coche al señor Santiago Esteban Daneri, hermano del entonces subsecretario doctor Pedro S. Daneri, a quien se le hizo una bonificación especial de unos m$n. 10.000 sobre el precio de lista, porque –el decir del doctor Pedro S. Daneri- en este caso la Fiat no quiso ganar nada. En virtud de lo actuado oportunamente se solicitó la detención del ex administrador de YPF, capitán Luis M. Sáez Germain. El mismo, y en las circunstancias conocidas por el señor presidente, fue puesto en libertad antes de que esta Comisión le tomara declaración ampliatoria.

Habiéndose dejado la prosecución de estas actuaciones, sujetas a la resolución de este incidente y atento a lo solicitado por esta Comisión Nacional de Investigaciones por circular Nº 37, esta Comisión procedió a la elvación de este expediente por relacionarse con investigaciones practicadas respecto de firmas interdictas.

Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 2 – año 1958 – páginas 642 a 643).

Comisión 22 Expediente 22-9 Designación en YPF Córdoba de jefes de la Alianza Libertadora Nacionalista

2012-07-02T16:20:00.000-03:00

Comisión Nº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Expediente 22/9.

En este expediente se tratan las designaciones hechas en la Divisional Córdoba de YPF, a favor de ex jefes de la Alianza Libertadora Nacionalista. Señalóse particularmente el caso del señor Roberto Carlos Ball, actual jefe de dicha dependencia de YPF que había sido jefe divisional de la Alianza Nacionalista. Esta Comisión señaló –y por tal motivo elevó las actuaciones correspondientes- la gravedad de la situación que planteaba la presencia en cargos directivos de la Administración de YPF de ciudadanos que habían cumplido activa militancia en un organismo que como la Alianza Libertadora Nacionalista, se definió por sus objetivos criminales.

Comisión 22 Expediente 22-3 Triangulacion de armas a Perú y Ecuador durante la guerra

2012-07-02T16:18:00.000-03:00

Comisión Nº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Expediente 22/3.

El expediente 22/3 se refiere a la comprobación efectuada por esta Comisión, de haberse remitido, por parte de las autoridades del régimen peronista depuesto, material de guerra a Perú y Ecuador en momentos en que ambos países se encontraban en conflicto que anunciaba la posibilidad de una acción armada. La gravedad de este hecho, tanto mayor cuanto que nuestro país era uno de los Estados árbitros de dicho conflicto, dio motivo a que esta Comisión remitiera de inmediato a la Comisión Nacional de Investigaciones las actuaciones labradas a los efectos que se estimaran pendientes.

Comisión 22 YPF Expediente 22-2 Uso de recursos de YPF para fines partidarios

2012-07-02T12:41:00.001-03:00

Comisión Nº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Expediente 22/2.

En cuanto al expediente Nº 22/2, el mismo se refiere a la finalización por parte de YPF de la gira de propaganda política denominada “Pro reelección del general Perón” que realizaran los hermanos Juan y Roberto Gálvez en el año 1951.

En el curso de estas actuaciones ha quedado debidamente comprobado que por sugernecia de la esposa del ex mandatario, el ex ministro de Industria y Comercio, José Constantino Barro, instruyó al entonces subsecretario de Energía y Minería, José Antonio Scremin, a fin de que adoptara todas las disposiciones necesarias para que se solventaran, con la partida que YPF tenía destinada a su propaganda comercial, los gastos que determinara la realización de la gira automovilística que con fines de publicidad política realizarían los mencionados hermanos Juan y Roberto Gálvez.

En tal virtud, verificada dicha gira, que abarcó todo el territorio de la República tocando sus principales ciudades, YPF abonó de su patrimonio facturas presentadas por los ajentes de la Ford Motor Co. y por la Firestone Argentina por prestación de servicios mecánicos y provisión de repuestos y cubiertas, habiendo suministrado además 5.000 litros de nafta y 500 litros de aceite sin cargo, que, imputó a gastos de la empresa. Tales circunstancias configuran los delitos de violación de las obligaciones de los funcionarios públicos y de malversación de caudales, por lo que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 164 del Código de Procedimientos en lo Criminal, también se solicitó el traslado de estas actuaciones a la justicia penal especial de instrucción para el juzgamiento de los transportes.

Comision 22 YPF expediente 22-1 Bombas incendiarias

2012-07-01T17:22:00.000-03:00

ComisiónNº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Expediente 22/1

Este expediente se refiere a la preparación de bombas incendiaras en el edificio de YPF en distintas oportunidades, particularmente durante las jornadas del 16 de junio próximo pasado (1). Surge del mismo que, según versiones de diversos empleados de YPF personal adicto al régimen peronista depuesto o militantes del movimiento sindical que en YPF respondía a dirigentes de la misma filiación política, en distintas oportunidades procedieron a preparar bombas incendiarias de las llamadas Molotov en las playas de estacionamiento ubicada en el subsuelo del edificio de dicha reparación. Según las versiones recogidas por esta Comisión, tales hechos habrían tenido lugar el 28 de septiembre de 1951, fecha del pronunciamiento militar que contra el gobierno peronista depuesto encabezará el general B. Menéndez; en junio de 1953, durante el día que culminó con los incendios de la Casa del Pueblo, del Jockey Club, de la Casa Radical y del local del Partido Demócrata Nacional: el día 16 de junio próximo pasado, fecha del procedimiento militar durante el cual tuvo lugar el bombardeo de la Casa de Gobierno por fuerza de la aviación naval y de la aeronáutica, y finalmente también según algunas versiones, en cada oportunidad en que el ex presidente Perón pronunciaba discursos en Plaza de Mayo.

En realidad, solo se ha podido comprobar fehacientemente la consumación de tales hechos durante el día 16 de junio próximo pasado. En tal oportunidad ha quedado definitivamente comprobado que tras la irrupción de un grupo de dirigentes y militantes gremiales, encabezados por el ex diputado Pedro Gomus, en el edificio de YPF, del que se posicionaron tomando las más arbitrarias medidas para prevenir cualquier derivación del pronunciamiento militar que había tenido lugar ese día, el ex funcionario Alfonso Alberto J. Lewille, ordenó la preparación de bombas Molotov. Dicha orden fue dada al actual empleado de YPF Helios Oscar Fachino, empleado de la Oficina de radio, el que se dio de inmediato a la tarea de preparar bombas incendiarias en la playa de estacionamiento de YPF utilizando botellas, estopa y nafta de la repartición. En tal tarea habría contado con la colaboración de varios otros empleados de YPF cuya precisa determinación corresponderá a la justicia, a la que se solicitó se le diera traslado de estas actuaciones. Debe agregarse que el entonces administrador general de YPF, capitán de ultramar Luis M. Sáez Germain, estuvo presente en el lugar de los hechos presenciando la preparación de las bombas incendiarias. Este funcionario no obstante la responsabilidad que le correspondía en su condición de jefe superior de la casa, adoptó una actitud tolerante frente a los hechos que observó, habiéndose limitado –según expresara- a solicitar el traslado o el derrame de las bombas incendiarias en atención al peligro que entrañaba su proximidad con el surtidor de nafta ubicado en el lugar. Ni siquiera adoptó medida alguna después de haber tomado conocimiento del incendio de templos que tuvo lugar en esta Capital en la noche de ese día.

Cabe señalar que los tres funcionarios señalados, Lewille, Fechino y Sáez Germain, reconocieron expresamente los hechos que hemos mencionado al referirnos a ellos. Por ello sin perjuicio de otras responsabilidades personales que se puedan determinar jurídicamente, esta Comisión estima que los mismos han incurrido en los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, encubrimiento y, posiblemente, en el delito de incendio que prevé y castiga el Código Penal. En tal virtud se ha pedido el pase de las correspondientes actuaciones a la justicia penal especial de instrucción. Tales hechos que oportunamente pedimos se elevarán a conocimiento del señor administrador de YPF, hacen inexplicable la permanencia de los dos últimos en sus cargos, ya que el primero fue dejado cesante inmediatamente después de producido el movimiento revolucionario.

A esta altura y dadas las circunstancias referidas, debemos dejar constancia de nuestra sorpresa, cuando advertimos que en la noticia periodística que con tal motivo se dio a los diarios por parte de esa Comisión Nacional, se excluye expresamente y en forma inexplicable, al capitán Sáez Germain de toda responsabilidad en este caso. Esta Comisión entiende –y eso lo ha dicho en el representativo informe- que el capitán Sáez Germain puede ser considerado como uno de los principales responsables de los delitos señalados en cuanto los presenció y los toleró, a pesar de su condición de administración de YPF.

Ello lo hace responsable no sólo de la conducta de los agentes a sus órdenes, sino también del destino que se estaba dando a los bienes de la repartición a su cargo.

Notas:

(1) 16 de junio de 1955. Incendio de la Catedral e iglesias de Buenos Aires, de la curia, sedes de partidos políticos y otros lugares.

Comisión 22 YPF Nota al Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante (R.A.) Leonardo McLean 13-4-1956

2012-07-01T17:13:00.000-03:00

Comisión Nº 22

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Miembros:

Presidente: Doctor Eduardo C. Amaro Pourciel

Vocales: Señor Alfredo Ferreira – Capitán de fragata Mario Pavazza – Doctor Germán López – Ingeniero Mario Aranguren – Doctor Andrés López Accotto.

Buenos Aires, 13 de abril de 1956.

Nota al Señor. Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante (R.A.) Leonardo McLean.

S/D

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente, elevando a consideración de esa Comisión Nacional el informe de esta Comisión Investigadora en YPF, sobre la labor realizada en cumplimiento de su cometido.

Antes de entrar en materia, deseamos hacer una previa referencia a las circunstancias relacionadas con nuestra instalación, al solo objeto de poner de manifiesto las precarias condiciones materiales en que debimos dar cumplimiento a nuestras tareas (1). En efecto, en la administración de YPF se chocó con serias dificultades para proporcionar a esta comisión las oficinas y espacios de trabajo que le eran necesarios, al punto que no siendo posible darle ubicación en el edificio principal de YPF, se la ubicó en dos oficinas del edificio anexo, en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 846, 4º piso, oficinas 405/6, cuyas comodidades no fueron ampliadas, no obstante los reiterados requerimientos que formulamos.

No es propósito de esta Comisión abundar en las circunstancias que dificultaron su trabajo material como consecuencia del incómodo que se le ofreció para atender su labor. Deja simplemente apuntado el hecho al solo efecto de que se lo tomó en cuenta al considerarse la forma en que debió cumplir la importantísima tarea a su cargo.

A lo expuesto debe agregar asimismo los inconvenientes derivados de la falta de personal. En efecto, sólo contó con una taquidactilógrafa que se incorporó a los pocos días de instalarse esta Comisión. A pesar de los insistentes reclamos que hicimos llegar ante esa Comisión Nacional, no fue posible obtener un refuerzo de personal por parte de la misma. Recién el día 2 de febrero, se le ha cedido por YPF un empleado dactilógrafo, que desde luego no alcanza, con la taquidactilógrafa a la que se hizo referencia, a cubrir satisfactoriamente las pertenecientes necesidades de esta Comisión.

Fue propósito inicial de la Comisión y motivo de especial preocupación desde el comienzo, el lograr organizar en forma jerarquizada por su importancia, las investigaciones que debió practicar.

No escapó en ningún momento a su criterio, la importancia y trascendencia de la función que le ha sido encomendada. Esta Comisión se vio abocada a la gigantesca tarea de investigar las posibles irregularidades administrativas en que se hubiese incurrido durante la admiración del régimen depuesto y al mismo tiempo tratar de responder al angustioso interrogante que, junto con ella, indudablemente se planteaba la opinión pública acerca de cuáles eran las razones y en virtud de qué circunstancias YPF –que indudablemente se ha constituido en una institución que bien puede considerarse columna vertebral de la economía del país- había sido arrastrada a la lamentable situación que llegó a involucrarse para justificar la entrega del patrimonio que representa la riqueza del subsuelo nacional a organizaciones indudablemente divorciadas de los auténticos intereses del país.

A los efectos de la mejor distribución y organización de tareas fueron designadas subcomisiones encargadas de investigar las posibles irregularidades cometidas en las dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ubicadas en el interior del país.

Dichas subcomisiones se constituyeron en las ciudades de Mendoza, La Plata –que a su vez destacó un grupo de sus miembros para que actuase en el Laboratorio de Investigaciones de Florencio Varela-, y Salta. A las mismas debe agregarse la Subcomisión designada por esa Comisión Nacional de Investigaciones para que actuase ante las dependencias de YPF en Plaza Huincul (Neuquén).

Adjunto se agregan dos informes producidos con fecha 7 de enero y 1º de febrero por la Subcomisión Mendoza, elevados ambos a esa Comisión Nacional, en su momento. Del Segundo de dichos informes, 4 copias mimeografiadas, solicitando se autorizara a la Subcomisión informante lo diese a publicitar, en virtud de reclamaciones que insistentemente se le formulaban por parte del periodismo local. Sin ánimo de entrar a la consideración de las conclusiones que surgen de dichos informes en cuanto los mismos son suficientemente explicativos de por sí, señalamos la importancia de los hechos investigados, en cuanto ponen en evidencia un clima y una subversión que indudablemente requieren un inmediato correctivo por vía de las autoridades nacionales. Ello sin perjuicio de dar oportuna intervención a la justicia para que tome a su cargo la formación de procesos que exigen las irregularidades administrativas verificadas en las dependencias de YPF en Mendoza. Estimamos obvio extendernos sobre el trabajo producido por la Comisión Mendoza a cuyo respecto simplemente nos remitimos a lo que en él se expresa.

Agregamos asimismo, el informe que sobre sus actividades hasta la fecha nos ha hecho llegar la Subcomisión La Plata, del que podemos decir o repetir lo dicho, en cuanto al informe producido por la Subcomisión Mendoza. En capítulo aparte acompañamos un informe relacionado con las tareas investigadoras cumplidas ante el Laboratorio de Investigaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Florencio Varela.

En cuanto se refiere a la Subcomisión Investigadora en Salta, ha quedado constituida en reciente fecha. La misma hará llegar directamente a esa Comisión Nacional su informe.

Queda finalmente el análisis de los trabajos realizados por la Subcomisión designada para actuar en Plaza Huincul. Dicha Subcomisión se trasladó oportunamente hasta ese lugar donde también llegó a la comprobación de numerosas irregularidades de las que se da cuenta en el informe que también por separado acompañamos, junto con los respectivos expedientes debidamente informados.

El conocimiento de los hechos que está Comisión ha reunido hasta el presente le permite afirmar que la trayectoria de YPF, cumplida desde el año 1943 hasta la fecha, muestra una curiosa línea de acción que concurre a incapacitar moral, financiera y técnicamente a esta reparación. Bastaría mencionar las exoneraciones en masa producidas durante la administración Albariños, que separó de YPF sin causales valederas, a muchos técnicos en cuya formación el Estado había invertido ingentes sumas de dinero y a quienes correspondía sin duda alguna la dirección técnica de la exploración petrolífera, en sus múltiples aspectos.

Esta segregación de personal especializado y experimentado, que tuvo su más acabada expresión durante la administración mencionada y que ha continuado interrumpidamente, significando un drenaje humano que, al par que sustraía a la organización elementos capaces, iba dando cada vez con más énfasis, el carácter dominante que esta Comisión ha tenido oportunidad de constatar en todos los estrados de la organización: una absoluta incapacidad de reacción frente a los hechos reñidos con la ética y con el buen quehacer técnico.

Por ello se explica por ejemplo, que el laboratorio de Investigaciones de YPF, del cual se supone deben salir procesos mejorados, técnicas perfeccionadas y el aprovechamiento cada vez mayor de las riquezas potenciales del petróleo, sólo hayan salido dirigentes gremiales con envergadura propia –en muchos casos- de individuos que actúan marginando, cuando no infringiendo abiertamente, las normas penales. Ellos fueron los dirigentes gremiales que invocaron la falta de adhesión política al régimen imperante por parte de los técnicos del laboratorio, para consumar persecuciones y exoneraciones que liquidaron prácticamente el panel de investigaciones.

Así se explica igualmente que el Consejo Económico negara reiteradamente los recursos necesarios para la modernización de los equipos y para la formulación de amplios planes de producción, facilitándolos en cambio con desmedida generosidad, a supuestos hombres de empresa que muchas veces evidenciaron carecer de responsabilidad técnica y moral.

Ante este lamentable panorama, es fácil explicarse, entonces, la existencia de una delegación gremial que actuó sin limitaciones de ninguna naturaleza, sin freno de ningún tipo. Que apostrofaba públicamente, desde administrador abajo, a todo el personal superior de YPF, que en la mayoría de los casos mostró una tolerancia injustificable, susceptible, cuando menos, de las sanciones con que la ley castiga la violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Con referencia a este tema que proporciona la actuación de los dirigentes sindicales en la administración de YPF, debemos anotar la reflexión que frente a los hechos constatados nos sugiere la actual actitud de muchos funcionarios de la repartición. Derrocado el régimen peronista y procesados sus personeros, son muchos los funcionarios que al amparo del sigilo con que actuaron, pretenden hoy exhibir una vocación democrática y una adhesión revolucionaria que pocas veces logran justificar sus propios antecedentes. Por ello reiteradamente se esfuerzan en poner de manifiesto los choques que en su condición de funcionarios tuvieron con los dirigentes gremiales, pretendiendo atribuir este formal desentendimiento a una oposición al régimen que nunca se preocuparon de concretar en hechos que la evidenciaran.

Si bien es cierto que efectivamente se dio ese choque entre funcionarios y dirigentes gremiales, esta Comisión entiende que el mismo sólo fue una expresión más de las luchas intestinas que miraron y dieron relieve a las supuestas virtudes del régimen peronista. Ese mismo espectáculo se dio de igual manera en las distintas organizaciones que apoyaron incondicionalmente al peronismo. Hubo luchas de dirigentes gremiales peronistas que apetecían los cargos representativos, y la hubo también en el propio seno de sus grupos parlamentarios, en donde igualmente y como es de público conocimiento, se plantearon serias dificultades por los sectores obreros frente a los sectores políticos que simultáneamente aspiraban a la hegemonía y conducción de los respectivos bloques. Esto mismo ocurrió en YPF entre dirigentes gremiales y funcionarios, con la particularidad de que aquí se dio la airada reacción de dichos funcionarios que sintieron su autoridad menoscabada, cuando no francamente resentidos por la injerencia notoria del sindicato en resoluciones que eran de exclusivo resorte de aquellos.

Abona lo dicho en coincidencia con que ambos grupos se manifestaron en cuanta oportunidad se puso en juego lo que ellos entendían como la suerte de su propia causa. Solo así puede comprenderse que el secretario general de SUPE, ex diputado Pedro Gomis, pudiera permitirse el disponer la reunión de grupos de funcionarios y profesionales, según categorías, para dirigirles la palabra en los términos ramplones en que lo hizo el día 31 de agosto próximo pasado –fecha de la conocida renuncia del ex presidente (2)- y cuyas copias taquigráficas oportunamente se elevaron a esa Comisión Nacional de Investigaciones en el expediente Nº 22/33, sin que ninguno de los funcionarios presentes insinuara una reacción.

Esta Comisión ha elevado a la Comisión Nacional de Investigaciones, debidamente informados, los expedientes 22/1, 22/2, 22/3, 22/9, 22/10, 22/13, 22/15, 22/21, 22/32, 22/33, 22/43, 22/46, 22/58, 22/59, 22/95, 22/98, 22/99, 22/102, 22/103, 22/108, 22/109, 22/110, 22/112, 22/115, 22/117, 22/121,22/122 y 22/134; en cada uno de los cuales se pusieron de relieve las conclusiones resultantes de las respectivas actuaciones. Pasemos a referirnos a las más importantes comprobaciones efectuadas en forma de síntesis.

Expediente 22/21

Expediente 22/32

Expediente 22/33

Expediente 22/46

Expediente 22/58

Expediente 22/95

Expediente 22/99

Expediente 22/102

Expediente 22/112

Conclusiones

Notas:

(1) Son muchas las comisiones que investigaron la tiranía peronista que reiteradamente comentan dificultades de orden material: Falta de espacio, falta de materiales, insumos, personal, etc. esto se debe al estado en que el peronismo dejo al país. La monumental corrupción organizada por los jerarcas de ese régimen, sistema permitido por Perón que permitía robar a sus subalternos a fin de poder él robar mucho más, hicieron que al momento en que asume el gobierno provisional la Revolución Libertadora casi no tuviera recursos para gobernar. Esto mismo sufrieron los gobiernos subsiguientes. La otra razón de queja es la falta de cooperación de los entes investigados, esto se debe a varias causas, la principal fue la falta de idoneidad que tenían los funcionarios que el peronismo contrató para desarrollar las tareas. Ya que para el régimen peronista, la idoneidad para el cargo estaba subordinada a la obsecuencia partidaria. (nota del transcriptor).

(2) Se trata de Juan Domingo Perón y su renuncia ante las fuerzas armadas.

Vergonzoso: el estado se presentará como querellante en la tragedia ferroviaria de Once

2012-02-25T14:57:00.000-03:00

(AA) La presidente Kirchner instruyó al ministro de Planificación Julio De Vido, para que el Estado se presente como querellante en la causa donde se investigará las razones que llevaron a la muerte a 51 personas arriba del ferrocarril Sarmiento. Busca eludir responsabilidades asumiendo un rol de víctima.

Lejos de quitar la concesión de TBA o de pedir la renuncia del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el ministro de Planificación Julio De Vido anunció durante la tarde del 23 de febrero que el Estado argentino será "el principal querellante" en la causa judicial por la tragedia de Once.

Por su parte, la presidente Kirchner, lejos de presentarse en alguno de los hospitales donde se encuentran las víctimas o incluso en la misma estación de Once, mantuvo un perfil bajo y este fin de semana vuela hacia El Calafate para refugiarse de los problemas. Sólo emitió un escueto comunicado de condolencias a última hora del miércoles y promulgó el decreto de dos días de luto nacional.

El silencio de la presidente contrasta con el abundante uso de la cadena nacional que hizo durante 2011. En los seis primeros meses de 2011, por ejemplo, habló 24 veces por cadena nacional. Igual política de silencio siguió durante el día del accidente Canal 7. Mientras todos los canales de televisión mostraban las imágenes de la tragedia, Canal 7 emitía un programa de cocina: “riquísimos helados frutales para hacer en tu casa”.

Cuando la realidad se impone

Sin embargo, por más que se quiera negar la realidad, ésta tarde o temprano termina imponiéndose. Por más de que el gobernante Frente para la Victoria diga que prioriza los intereses de los que menos tienen, el sistema de transporte público es obsoleto. A pesar de los desembolsos millonarios que hace el gobierno a TBA cada mes a través del Sistema Integrado Ferroviario (SIFER), ésto no se ha traducido en inversiones significativas y en una mejora del servicio. Y es obvio que el mantenimiento es insuficiente.

Uno de los directores de la empresa TBA, Roque Cirigliano es un empresario próximo al gobierno y ha aparecido fotografiado junto a Cristina Kirchner en otras oportunidades.

Un delegado sindical ferroviario explicaba que el convoy siniestrado era un Toshiba incorporado a la flota del Sarmiento hace casi 50 años. Y quienes tienen edad suficiente y conocen -padecen- esa línea de trenes saben que, efectivamente, hace medio siglo los "trenes japoneses", como los llamaban los vecinos del Conurbano oeste, constituyeron una auspiciosa novedad. Saben, también, que fue la última modernización sustancial del servicio.

Esta realidad trágica también muestra la falta de controles del estado. El Estado es de hecho quien debería haber controlado el desempeño de la empresa TBA luego de haberle otorgado la concesión. En notas previas hemos resaltado la ausencia del estado a la hora de ejercer controles y sancionar a empresas que no cumplen.

Mínima velocidad: la corrupción del Estado sin investigar

Sin auditoría: el gobierno giró 765 millones a Madres de Plaza de Mayo

¿El estado querellante?

El estado sigue la misma estrategia que Madres de Plaza Mayo cuando se constituyeron como querellantes en la causa Schocklender por considerarse "perjudicadas" por Schocklender, en el marco del el desvío de fondos públicos que debían ir a la construcción de viviendas. El juez Norberto Oyarbide aceptó el pedido, por lo que no serán imputadas por lavado de dinero o por defraudación al Estado.

De esta manera el gobierno puede tener total acceso al expediente judicial y se muestra como particular damnificado cambiando su postura de “victimario” a “víctima” . Sin embargo, el juez Claudio Bonadío todavía debe evaluar y eventualmente aceptar esta presentación.

La empresa privada que tiene la concesión del tren siniestrado se encuentra bajo la órbita de contralor de la Secretaria de Transporte que depende del Ministerio de Planificación Federal. Dichas áreas y sus funcionarios deben controlar no solo la seguridad del servicio sino también las inversiones de la empresa concesionaria. Queda claro que el gobierno teme que alguno de sus funcionarios sea imputado por el escándalo.

Los artículos 82 y 83 del código procesal penal contienen los requisitos para presentarse como querellante. Se considera “querellante” a un particular que es damnificado del delito, es decir, se que considera víctima de lo sucedido. El art. 82 dice en la primera parte que el querellante podrá "(...) impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan (...)" lo que significa que el querellante puede "acusar" al imputado.

Sin embargo, el Estado no puede ser a la vez imputado y querellante. Entrevistado por Cadena 3, el diputado radical Gil Lavedra expresó que "el Estado no puede ser querellante" en la causa por el accidente del tren en Once. El legislador especificó que "el Estado puede ser querellante cuando la ley lo autoriza, siempre se requiere que haya una afectación directa y no es el caso". Recordó además Gil Lavedra que en la época del dictador Juan Carlos Onganía se dictó una ley por el cual "el Estado puede presentarse como querellante cuando está comprometido el interés público", pero advirtió que esto no puede aplicarse a todos los casos.

"El Estado no está para acusar, está para responder", señaló el diputado radical, y agregó: "Dentro de las propias filas del Estado tienen que responder por qué razón el mantenimiento de los trenes ha sido pésimo". "El Estado está para dar cuenta de lo que ha ocurrido y no para acusar a nadie", concluyó Gil Lavedra.

Por su lado, Gregorio Dalbón, jefe de la ONG Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito, dijo que es “imposible” que el Estado se presente como querellante, ya que no es una víctima, sino un victimario. “El Estado Nacional es culpable, le dio la concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)”, dijo Dalbón.

Por ahora, el único responsable es el maquinista.

Los vergonzosos dichos del secretario de transporte

En sus primeras declaraciones, el Secretario de Transporte dijo que fue "un accidente como vimos muchas veces en los diarios" refiriéndose a accidentes de trenes ocurridos en otros países tales como Alemania, España, Gran Bretaña. "Si pasaba ayer, no era tan grave", dijo.

"Los dos primeros coches. y todos los que usamos el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo o bajar más rápido al subte, etcétera. esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, tenían mucha más carga que la que habitualmente. lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia."

"Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no de la gravedad que fue hoy, que lo constituye en un accidente extremísimo y de muchísima gravedad."

Por estos dichos ha recibido duros epítetos por parte de algunos ultrakirchneristas. "Me da vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo" dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Por su parte, el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D'Elía, llamó a “hacer la Perestroika del kirchnerismo” para “derrumbar” al modelo neoliberal impuesto en Argentina.

La noticias en los medios internacionales

70 muertos y 1.000 heridos por trenes en los últimos 14 meses

Es el triste legado de la corrupta administracion del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, amigo personal y socio de Néstor Kirchner. Y ahora, de la pésima gestión del actual secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que desenmascara la terrible situación de los medios de transporte en Argentina.

31 de diciembre de de 2010: Más de 50 personas resultaron heridas, al chocar dos trenes de la línea Mitre que circulaban en la misma dirección a la altura del barrio porteño de Palermo. Ambas formaciones habían salido minutos antes del accidente de la estación terminal de Retiro y se dirigían a José León Suárez.
16 de febrero de 2011: Al menos cuatro muertos y más de 70 heridos, fue el resultado del choque de un tren de pasajeros con una formación provincial ocurrido en las adyacencias de la estación San Miguel. Una formación de pasajeros que estaba detenida a la altura del paso a nivel de la calle Irigoin, a siete cuadras de la estación San Miguel, fue embestida de atrás por un tren de la empresa Ferrobaires.
4 de Abril de 2011: Una locomotora y un tren de pasajeros de la empresa Ferrobaires colisionaron en la madrugada a la altura del kilómetro 143 de la autovía 2, en la localidad bonaerense de Monasterio, provocando 70 heridos. El accidente ocurrió poco antes de las 2, cuando la máquina que iba en auxilio del tren siniestrado lo chocó y provocó decenas de heridos, aunque ninguno de gravedad.
18 de agosto de 2011: 8 personas resultaron heridas cuando un tren de la línea Roca embistió a un colectivo de pasajeros en el partido de Lomas de Zamora.
13 de septiembre de 2011: 11 personas murieron y alrededor de 200 sufrieron heridas a raíz de un choque entre dos trenes de la misma línea Sarmiento y un colectivo que había cruzado con la barrera baja en Flores.
2 de noviembre de 2011: 8 muertos fue el saldo que dejó el choque entre un tren y un colectivo que transportaba niños en San Luis.
22 de febrero de 2012: un tren de la línea Sarmiento chocó contra un andén en la estación Once. Se confirmaron 51 muertos y más de 700 heridos. La formación que chocó estaba llegando a la terminal y dio contra el paragolpes.

Radio Colonia Online

2012-02-25T12:36:00.001-03:00

Mata Hari, ¿era argentina?

2012-02-24T07:46:00.005-03:00

Por Malú Kikuchi La Caja de Pandora Online

“El temible operario del recontra espionaje”, Maxwell Smart, super agente 86 de Control*

Se llama “Proyecto X” y ha sido denunciado como un sistema de espionaje llevado a cabo por Gendarmería Nacional. Puede que inteligencia del ejército tenga algo que ver con el proyecto. El jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, admitió la existencia de una base de datos de inteligencia. Si realmente existiera el espionaje, también serían “estudiados”, los movimientos sociales, los sindicalistas no afines al FPV, los opositores, la prensa independiente y los grupos estudiantiles de izquierda.

Es una inadmisible posibilidad, lamentablemente probable. El hecho en sí es terrible y está prohibido por la ley de seguridad interior N° 24.059. Por si no bastare, hay que sumarle la incoherencia. El grado de incoherencia supera con creces la más delirada imaginación.

Primera incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, el gobierno nacional está actuando de la misma forma y espiando a las mismos grupos que espiaba el gobierno del proceso nacional, tan estigmatizado, juzgado y condenado por este gobierno.

Segunda incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, no existe la más mínima posibilidad de que Schenone lo haya hecho por su cuenta, la FFSS siempre son verticales y obedecen. Acatan ordenes. Antes lo hacían del entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a cargo de la fuerza y ahora, de la ministro de seguridad, Nilda Garré.

Tercera incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, cómo explicarse que la ayer comandante Teresa, hoy devenida en Dra. Nilda Garré, haya cambiado tanto su visión sobre la vida y “los ideales” que sostenía en los 70 (ella militó en serio, no como otros/as, que fueron exitosos militantes inmobiliarios), y hoy ordene hacer inteligencia sobre personas que piensan, como ella pensaba 40 años atrás.

Una buena. Los espiados, si es que lo son, son mucho más civilizados y menos temibles que los de los 70, no matan, no ponen bombas, no secuestran y no cobran cifras millonarias por los rescates. Y, hasta ahora, los que espían, si es que lo hacen, no desaparecen personas. Afortunadamente, cuarenta años, demasiada sangre y demasiado dolor, no han pasado en vano.

Cuarta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, ¿porqué no sumarle inteligencia, si es que la tienen, para descubrir quién mató a Candela, a Nora Dalmasso, a los 3 “empresarios” de Gral. Rodríguez, y averiguar qué pasó con Marita Verón, con la valija de Antonini Wilson, cómo desapareció Jorge Julio López, y los transportes de Jaime, y los 60kgs de cocaína en Barajas (Madrid, España) y el fenomenal incremento del patrimonio presidencial, y porqué Oyarbide recibe regalos equivalentes a UD$ 250.000, y Ciccone y el vice, y … y …? Demasiado larga la lista.

Quinta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, y le sumamos que la promocionada tarjeta SUBE es nominal, y se obtiene a partir del DNI (en los países del primer mundo las tarjetas de transporte son anónimas), con datos que se pueden cruzar con los que ya tiene la AFIP (que incluyen hasta el color de los calzones de las bisabuelas), más el reciente pedido a las prepagas médicas de informar (siempre a la AFIP, hay que recaudar) sobre los clientes que abonan arriba de los $2.000 mensuales, más las declaraciones de la presidente sobre “la información biométrica digitalizada” que ya está llegando, la intromisión en la vida privada de las personas va a dejar chiquita a la STASI de la ex República Democrática Alemana.

¿Será considerado destituyente recordar y transcribir el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral públicas, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”? Perdón, pero ¿sigue vigente la Constitución?

Sexta incoherencia. Si se prueba que el Proyecto X es lo que parece ser, enterados por Gendarmería que el trabajo realizado fue posible infiltrando hombres en las agrupaciones sindicales y sociales, haciéndolos pasar por uno de ellos, ¿cuál es la diferencia entre estos gendarmes y el ex capitán de fragata Alfredo Astiz?

Séptima incoherencia. Si el Proyecto X es lo que parece ser y nos remontamos a 1938, donde por ley N° 12.367, sancionada por el congreso de la nación para: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional…” y recordamos que se llama Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín de Güemes”, y su misión es cuidar las fronteras de la patria que hoy son un inmenso colador, por donde pasa cualquier cosa que no debiera pasar, no se sabe si basta con pedirle perdón a Güemes por abandonar las fronteras por las que él luchó, o darle la razón a Platón cuando decía que : “todos los males de la república vienen de que cada cual no se ocupa de lo suyo (La República, libro V).

Pregunta impertinente, pero pertinente. Considerando que lo conocido hasta ahora se basa en informaciones sobre los cortes de ruta protagonizados por delegados de Kraft (septiembre 2009), la CCC, el PTS, el PO, trabajadores despedidos, familiares, amigos, organizaciones estudiantiles y de DDHH, estos cortes, ¿en qué frontera de la patria están? En el mapa de Argentina no figuran. ¿O se nos achicó tanto la patria que la frontera pasa por la Panamericana km 35?

Siete incoherencias, hay más, pero siete es el número de los pecados capitales y se supone que son suficientes. Hablando de pecados capitales, la X del supuesto Proyecto X, ¿no tiene un tufillo a pornografía? La clasificación de las películas, así lo establece. Y de ser cierto lo del espionaje, sería, además de prohibido, obsceno.

Por si acaso, empecemos a conjugar el verbo espiar, que no es simple, no por el verbo que si lo es, sino por la acción: yo no espío, me espían; tu espías o te espían o ambas cosas a la vez; él, seguramente espía. Nosotros somos espiados. Ellos nos espían. Intervienen teléfonos, hakean mails, impiden la aparición de diarios digitales, interfieren radios opositoras (de las muy escasas que quedan), dicen, la gente dice, comenta, hace correr rumores. El jefe de gendarmería empieza a corroborar algunos hechos, que uno creía imaginar.

De todos modos, nada de esto es serio, ni en serio. El Proyecto X se parece a los proyectos encargados por Control al Super Agente 86, Maxwell Smart. ¿O no? Disfrutemos el carnaval, dos días feriados, mucha serpentina, mucho papel picado y sobre todo, mucha careta. Demasiadas caretas.

*Mata Hari, nombre de fantasía de una falsa bailarina javanesa, Margaretha Zelle nacida en los Países Bajos el 7/8/1876 y fusilada por espía en Francia el 15/10/1917.

*”Super agente 86” o “Get Smart” en inglés, fue una exitosa serie televisiva, creada por Mel Brooks entre 1965 y 1970. Una parodia del servicio secreto de los EEUU.

EDITORAL: Un atropello a la libertad

2012-01-21T15:17:00.004-03:00

21 de Enero 2012

En estos días estamos viviendo momentos de grandes atropellos a la libertad a nivel mundial. Las iniciativas legislativas S.O.P.A. y P.I.P.A. no son otra cosa que procurar autoritariamente un sistema arcaico y perimido.

Se trata de mantener sistemas comerciales y monopolios que, en vez de progresar, de acompañar el crecimiento de la sociedad, buscan mantener sus esquemas.

Es como si los fabricantes de galeras, pretendieran una ley que impida a los ciudadanos utilizar gorras de beisbol "porque ellos tienen el copyright del elemento para cubrir la cabeza".

La sociedad ha abanzado transformando ideas, generando cosas nuevas. Así, los corset del s. XIV o XV fueron reemplazados por otras ropas íntimas femeninas hasta llegar a la micro bikini ¿Y porque no a los corset eróticos de las tiendas del ramo?

Fue el cine mudo que dejó vacío teatros y el cine sonoro quien dejo desempleado a los actores del cine mudo. El mundo, la sociedad se adapta, cambia, se generan cosas nuevas.

Sería ridículo pretender hoy mantener el sistema de movilidad tirada por bueyes o caballos, como en épocas del Virreinato al "solo efecto de mantener fuentes de trabajo" o "por mantener los derechos de autor de los inventores del transporte público".

Conceptos estos que deberían reveer nuestros, muchas veces arcaicos legisladores que se basan en arcaicas y perimidas "doctrinas nacionales" que mantienen cautivos, bajo la escusa de "Mantener la cultura" o "el trabajo" a una serie de cómodos señores que desde sus cómodos lugares se aferran a estas mentiras para mantener sus cómodos monopolios.

Caso de pésimos artistas que viven del dinero de nuestros impuestos, que solo trabajan en el "salón blanco de la Casa Rosada" o en "espectáculos gratuitos al aire libre" o cineastas oficialistas a los que no les importa hacer una buena película, total reciben subsidios del Estado, para realizarlas, y que no tendrán que devolver si les va mal. Y así, tenemos cientos de estrenos cinematográficos que nadie recordará por ser películas de cuarta, eso como mínimo.

Y así las cosas....

Nos enteramos también por los medios que a los monopolios y retrógrados "vendedores de sombreros de copa" del país del norte, han logrado, por actos del F.B.I., cerrar la empresa de Hosting MEGAUPLOAD, todo bajo la excusa de "contener pirateria, fomentarla y ser participes necesarios".

Al menos en la Argentina, no solemos ser tan trogloditas, incluso los gobiernos autoritarios, como lo fue el peronismo, "Intervinieron" pero nunca cerraron sin al menos una parodia de juicio un medio.

De hecho, el Diario la Lrensa fue intervenido por la dictadura peronista pero nunca cerrado, sigui circulando.

Sin embargo, a MEGAUPLOAD el FB.I. lo desconceto, lo cerró. Sin pensar que dentro de este sistema de hosting habría muchisimos más usuarios legítimos, que subían sus creaciones, sus fotos, sus videos, sus PDF, sus audios, etc. Que hacían un uso perfectamente legal del servicio ya que ellos mismos eran los dueños del copyright de lo subido.

Les importó muy poco. Hicieron pagar a justos por pecadores, acto este, poco digno para quien pretende defender la justicia.

Deberían haber intervenido el sitio, manteniendo el servicio, y desconectar solamente lo que infringiera el copyright.

Lo que han hecho es "prohibir la rueda" porque "los delincuentes" las "utilizan en sus vehículos para robar". Una vergüenza.

En lo que a nosotros respecta, ya estamos buscando nuevos hosting para resubir los archivos que generamos nosotros, con nuestro esfuerzo para seguir ofreciendo estos documentos históricos en forma gratuita para quien los quiera leer.

Claves para entender el peronismo: Democrático, pero no republicano

2011-12-30T12:23:00.004-03:00

Nota Publicada en el diario La Nación del Jueves 29/12/2001 página 25

Claves para entender el peronismo

Democrático, pero no republicano

Por Luis ALberto Romero (*)

Aunque pertenece en pleno derecho a una de las familias democráticas, el peronismo no es republicano ni pretende serlo. Es cosa sabida, pero uno no deja de sorprenderse. "Las leyes se hacen para ser violadas", me contestó hace un par de años un colega kirchnerista, ante un señalamiento mío sobre la importancia de las leyes y las normas.

Lo curioso en este caso fue el lugar: el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en un coloquio convocado por sus autoridades, para ilustración de los legisladores. Mi colega no es un ignorante ni mucho menos: tiene su grado, su posgrado y su experiencia universitaria. Pero expresó un sentido común antirrepublicano y antiliberal que es muy fuerte en la Argentina.

La Constitución de 1853 consagró, junto con las libertades básicas, la forma republicana de gobierno. El núcleo del régimen republicano se halla en la división de poderes, y se fundamenta en la soberanía de la ley, verdadera Arca de la Alianza de nuestro contrato político.

La Constitución fija una meta y un ideal, al que el país se aproximó razonablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Restémosle el ejercicio de fuerza que un Estado apenas en gestación hizo para consolidarse y afirmar su monopolio de la violencia. Restémosle, quizá, la cuota de presidencialismo que desde Roca se agregó a un régimen que ya era presidencial. Fuera de eso, el saldo sigue siendo favorable: el régimen resultante fue republicano.

Del lado de la democracia había muchas más deficiencias. La participación electoral no era amplia -tampoco inexistente- y los gobiernos manipulaban abiertamente los resultados electorales. La Ley Sáenz Peña cambió mucho las cosas, al establecer el sufragio secreto y obligatorio y el padrón militar. Todos los argentinos varones y adultos se hicieron ciudadanos y la manipulación de los resultados se redujo mucho. Pero el aluvión ciudadano y las nuevas prácticas políticas pusieron en tensión el régimen republicano y lo hicieron chirriar. Por entonces era algo común en el mundo. En la primera posguerra nuevos movimientos políticos concentraron su artillería en el parlamentarismo, que sobrevivió en pocos lugares. Como lo había diagnosticado Tocqueville, la democracia puede llevarse mal con la libertad y la república.

Algo de eso se vio en el gobierno de Yrigoyen. Pese a provenir de un partido que hacía de la Constitución su programa, el primer presidente auténticamente democrático estaba imbuido de una convicción regeneracionista que lo llevaba a maltratar un poco las instituciones existentes. Yrigoyen "ninguneó" al Congreso de manera ostensible. Hizo leer por un secretario los discursos presidenciales anuales. Decretó intervenciones federales hasta un día antes o un día después de los períodos de sesiones. En la Cámara, una mayoría "personalista" utilizó las sesiones para endiosar a su líder y denostar a unos opositores que pagaron con la misma moneda. Se aprobaron pocas leyes y hubo en cambio muchos decretos. Pequeñeces, sin duda, en un hombre que en el fondo era profundamente republicano.

En ese tiempo emergía con fuerza una corriente ideológica y cultural que cuestionó radicalmente la República y la Constitución toda. El "Estado liberal" (una denominación algo abusiva) fue descalificado en nombre de concepciones del individuo, la sociedad y el Estado que abrevaban en el catolicismo integrista, o simplemente en el fascismo. Los individuos se concebían inmersos en sus comunidades; la sociedad era una comunidad organizada por el Estado. Este era dirigido por un líder que recibía, íntegra, la soberanía delegada por el pueblo. Otra concepción, en suma, diferente de la republicana. Una tradición en la que la ley no era ni el principio ordenador común ni el fruto de la discusión razonada de los representantes del pueblo, sino la expresión directa y variable de la voluntad del pueblo, delegada en el líder.

Es fácil reconocer en el peronismo esta tradición, originada en el nacionalismo y en el fascismo. Para su puesta en práctica no fue necesario reformar el núcleo dogmático de la Constitución, como reclamaban los antiliberales, sino simplemente ajustar la interpretación de las normas. Violar la ley no significa necesariamente hacerla desaparecer, sino adaptarla a las decisiones del Ejecutivo. El Congreso no dejó de existir, pero los representantes peronistas se limitaron a clausurar el debate y aprobar por aclamación. El Preámbulo de la Constitución siguió vigente, pero la unidad de doctrina, la "doctrina nacional", fue incluida en otros textos normativos.

Desde entonces y hasta 1983 las instituciones republicanas no se recuperaron. Las dictaduras militares, además de ignorarlas, trabajaron por la "unidad de discurso". Los breves regímenes constitucionales -con la excepción del de Illia, un oasis en el desierto- le dieron poca relevancia al Congreso (aún con cómodas mayorías) y prefirieron negociar con los factores de poder reales: las Fuerzas Armadas, los sindicatos, los empresarios, la Iglesia. Aquellos con los que en 1973 Perón intentó, algo ingenuamente, reconstruir su Comunidad Organizada.

El año 1983 fue una fecha crucial, pues el gobierno triunfante se propuso armonizar la democracia y la república. No fue una "recuperación", sino la fundación de un orden hasta entonces no conocido, fundado en el doble principio de la soberanía popular y la soberanía de la ley. En la práctica hubo transgresiones, pero me parecen menores en comparación con el enorme esfuerzo pedagógico realizado por el gobierno electo -a menudo en contra de sus intereses políticos inmediatos- para consolidar esos principios.

Duró poco. Quizá porque tales convicciones no arraigaban en la cultura política argentina, trabajada por seis décadas de catolicismo, nacionalismo y populismo. ¿Habría bastado una pedagogía presidencial más sostenida para modificarla? No llegamos a saberlo, porque la crisis económica sumergió a la política en un marasmo. Sobre todo, porque las salidas de la crisis consistieron en dotar a los gobiernos con recursos extraordinarios, cuyo ejercicio -más allá de su eficacia eventual- corroía necesariamente la institucionalidad republicana.

Desde entonces, como escribió Hugo Quiroga, vivimos en "emergencia permanente". El Congreso viene delegando voluntariamente gran parte de sus atribuciones en el Poder Ejecutivo. Las que no delega, éste se las toma, sin que nadie le reclame. Quizá la supervivencia de la comunidad requirió y requiere semejante delegación. O no.

Pero desde 1989 todas las políticas de emergencia, de sentidos e intenciones diferentes, han tenido un punto en común: desarmar un Estado cada vez más maltrecho, destruir sus órganos de control e información y corroer sus normas, siempre modificables en razón de la emergencia. Así se esfuma el Estado -pieza central en un régimen republicano- y sólo quedan los gobiernos, que desde 1989 han sido peronistas.

Son gobiernos elegidos democráticamente, pero con escasas intenciones republicanas. Aquel peronismo que pareció cambiar en 1983 va recuperando, a pasos agigantados, su impronta inicial antirrepublicana. Las prácticas están hoy a la vista. En cuanto al discurso, es hoy común que sus defensores reiteren el viejo tópico que contrapone la democracia real con la formal; que los gobernantes critiquen a quienes, al reclamar por las normas, "ponen palos en la rueda"; que interpreten una mayoría electoral como una delegación total del poder en el jefe. En esa recuperación, no es extraño que un académico ilustrado, consciente del sentido de lo que dice, afirme que las normas han sido hechas para ser violadas.

Es posible que el gobierno peronista actual, o el de los años 90, hayan sido exitosos. Hay opiniones. Pero, sin duda, ninguno de los dos ha sido republicano. Tuvieron y tienen escasa preocupación por las instituciones o por la soberanía de la ley. Hace poco, Benedicto XVI, ante el Parlamento alemán, parafraseó una frase de San Agustín que viene al caso: "Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?" Deberíamos tratar de no llegar a ese extremo.

(*) El autor es historiados. Miembro del Consejo de administración de la Fundación Universidad de Sa Andrés.

Enlazarnos - Suscribirnos

2011-12-27T13:41:00.005-03:00

Podemos enlacar nuestros sitios. Copia el código según el tamaño que prefieras y colocalo en tu sitio.

Luego con un mensaje, indicando la direccion de su sitio para que podamos hacer lo mismo con el suyo.

Nota: Encontrara los tamaños más comunes para el banner. Si tu sitio requiere algún tamaño especial no incluido, por favor deja un comentario y procuraremos realizarlo.

****************

Nota al Señor presidente de la Comisión Investigadora de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio P. Aramburu.

2011-10-18T19:29:00.005-03:00

Volver al Índice

La Plata, junio de 1956

Señor presidente de la Comisión Investigadora de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio P. Aramburu.

S/D.

Los firmantes, miembros de la Comisión Investigadora en el Poder Judicial de la provincia, departamento judicial La Plata, se dirigen a esa Comisión Central con motivo de la finalización de su labor, ocurrida en 31 de mayo.

Ante todo, quieren dejar bien sentado que el trabajo realizado ha debido ser inevitablemente incompleto frente a la amplitud de labor que presupone la investigación de irregularidades de magistrados, funcionarios, empleados y terceros vinculados a la acción de la justicia, durante el régimen gubernamental depuesto (1), y que comprende todo el departamento de la Capital, incluso la justicia de menor cuantía. Ello debido a un solo motivo: la insuficiencia del lapso que le ha sido fijado para llevar a cabo su cometido. Ya esta Comisión anticipó y reiteró a esa Comisión Central, en marzo y abril, que era menester uno mayor que los firmantes de esa memoria, en cálculo mezquino más que generoso, hicieron llegar hasta el 30 del mes de junio corriente, etcétera, que no le fue acordado, a pesar de la diligencia en su consecución de parte de esa Comisión Central, que ésta se complace en reconocer. Como esta Comisión Investigadora de la Provincia lo sabe, a consecuencia de haberse excusado, en 12 de diciembre de 1955, la Suprema Corte de Justicia, para designar la comisión o comisiones investigadoras en el Poder Judicial, fueron creadas las departamentales, en enero del año en curso, por esa Comisión Central, autorizada a ese efecto por la Intervención Nacional de la provincia, y resignados sus titulares en 16 de febrero; la de esta Capital a los pocos días, quedó reducida, por retiro voluntario de tres de sus miembros, a una minoría, siendo integrada con sus cinco titulares recién el 26 de marzo. Lo que significa que esta Comisión Investigadora debió hacer frente a la labor que se deja mencionada, prácticamente en dos meses; ello, se repite, ha hecho imposible darle cima de modo satisfactorio. Ha sido propósito de los firmantes constituirse en la propia casa de justicia con el objeto de llevar a cabo investigación directa y personal en diversas dependencias de la misma, señaladas en el consenso público como focos de inconducta; pero, por ese apuntado motivo, debió declinar tal propósito, lo que hacen presente a esa Comisión Central para dejar pública y explícitamente fundada la excusa ante la sensible y notoria omisión, cuyo esclarecimiento es necesidad sentida y reclamada en el vasto sector de la población que, sea por razón de profesión o de otra índole, ve diariamente cómo es administrada la justicia en la provincia.

A continuación, en su sucinta mención, envían a esa presidencia los resultados, obtenidos en la labor de esta Comisión hasta el 31 de Mayo, en que feneció su actividad investigativa.

Se han abierto y substanciado 205 expedientes o asuntos, casi todos originados por denuncias personales, en los que hubo de interrogarse, en audiencias, a los interesados directos y, a veces, a terceros; fundadas ellas, casi sin excepción, en constancias de acciones judiciales, debió procederse a traerlas al seno de la Comisión y someterlas a su estudio y análisis. Esta labor de estudio de gran número de procesos judiciales, de todos los fueros, ha reclamado la consagración de la mayor parte del tiempo de que pudo disponer esta Comisión. 112 expedientes han terminado en su trámite, sin que pudiera en ellos arribarse a resultados concretos, comprobados. 31 se remitieron a comisiones investigadoras de otros departamentos judiciales. En 11 expedientes se llegó, como luego se expresa, a resultados de comprobación positiva. Los restantes seguirán su tramitación: en unos se esperaba la comparecencia de los interesados; en otros, la remisión de expedientes judiciales o de informes requeridos a distintas reparticiones públicas nacionales o provinciales. En uno de ellos, donde se han podido anotar serias irregularidades en la actuación de un ex juez de 1º instancia en lo civil y comercial, esta Comisión creyó que era legalmente necesario que, previamente a sus conclusiones, fuera objeto de solución judicial un reclamo de nulidad de acciones producidas en el juicio, a cuyo efecto le fue remitido al juez de prevención. Expediente Nº 124. En otro número 193, el actual juez de paz de San Martín, evacuando informes que esta Comisión le requirió, concreta irregularidades ocurridas durante la actuación de su antecesor –que dice poder ampliar-, las que por su naturaleza y consistencia, a juicio de los firmantes, harían procedente tomar medidas destinadas a su fehaciente comprobación a los efectos ulteriores del caso.

En el expediente Nº 176 se ha denunciado grave inconducta que habría tenido lugar en una de las Cámaras de Apelación; actualmente se diligencian, con fines de comprobación, un exhorto ante las autoridades judiciales de Mendoza, de cuyas resultancias dependerá la realización de otras medidas probatorias; los alcances y consistencia concretada de los hechos materiales de esta denuncia –que parecían robustecidos caso de ser exactos-, por informes extraexpedientes llegados al seno de esta Comisión, acerca de circunstancias materiales cuya comprobación sumarial no se juzgó todavía oportuna, hacen de todo punto aconsejable proseguir la investigación del caso.

III

Loa casos en que esta Comisión ha llegado a conclusiones concretas, en el sentido de que ha comprobado hechos frente a los cuales puede surgir responsabilidad penal por parte de los ex magistrados alcanzados por ellos, son los siguientes:

Expediente Nº 7. – Se solicita investigación de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia (2) en los autos “Bertolini Emilio versus Micaela S. de Labarone, escrituración”. Estudiando el caso, se comprueba, a juicio de la Comisión, que los ex jueces del Supremo Tribunal, firmantes del fallo recaído en dicho proceso civil, habrían procedido a revocar la sentencia de 2ª instancia sin estar investidos de la competencia indispensable para hacer ese pronunciamiento. La conclusión del juicio de esta Comisión, en la especie, dice así, en su parte dispositiva: “En síntesis, la sentencia de la Suprema Corte de la provincia, cuyo examen se deja hecho, ha revocado la de la Cámara de Apelaciones, sin recurso que le otorgara competencia para hacer ese pronunciamiento, contrariando el texto claro y concepto preciso de la ley procesal y en lo civil de la provincia en sus artículos 321 y 326, que reglamentan minuciosamente el recurso de inaplicabilidad de ley, como fuente y conducto legal de esa competencia y sus límites, respecto de sentencias definitivas para los tribunales de instancia. Tal hecho, debido, a juicio de esta Comisión Investigadora, dado que carece de toda explicación o excusa legal, a la arbitrariedad de sus firmantes, puede colocar a estos últimos dentro de los alcances del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que prevé y reprime el artículo 248 del Código Penal. Procede, en consecuencia, que se pasen estos antecedentes al Juzgado en lo Penal en turno en la fecha de esa sentencia, abril 5 de 1955, a los fines del procesamiento del caso con relación a sus firmantes, los doctores Raúl J. Caro Betelú, Roberto Curto, Cayetano Giardulli (hijo) y Fernando Demaría Massey. Agréguense copias de las resoluciones judiciales indicadas en la providencia de fojas 9 vuelta y de esta resolución a la carpeta de antecedentes de los ex jueces nombrados. Y procediendo los nombrados actualmente en calidad de subcomisión especial, bajo la directa dependencia de la Comisión Investigadora de la provincia, remitiéndose a la misma estas actuaciones a sus efectos. Y devuélvanse los autos al juzgado de origen.”

Expediente Nº 108. – Se investigó la actuación de los ex magistrados que tuvieron participación en el juicio que por desalojo promovió doña Manuela Blanco de Bagnasco contra Juan Spiraquis. A juicio de esta Comisión, se ha comprobado que tanto el juez de 1ª instancia como los miembros de la Cámara 2ª de Apelación, que dictaron las sentencias en ambas instancias, respectivamente, habrían incurrido en responsabilidad penal, ya que los mismos, al declarar procedente la acción y ordenar el desalojo del demandado, habrían fundado su resolución en hachos falsos, alcanzados, por tanto, por las previsiones del artículo 269 del Código Penal: prevaricato. El dispositivo de las conclusiones de esta Comisión al respecto dice así: “Que los antecedentes que se dejaban expuestos documentan, a juicio de esta Comisión que, en el fallo que puso fin al proceso indicado por desalojo, se ha incurrido por los magistrados que lo subscriben, doctor Enrique Mario Verga, juez de 1ª instancia y doctores Pablo Beruatto y Jaime Lignaquy, jueces de 2ª instancia, en la valoración de las probanzas acumuladas que se dejan puntualizadas, en violación de las normas procesales; resultando de ello el fallo ha favorecido a quien no parece haber demostrado tener derecho al desalojo que demandó; violación de la ley y no diferencias aceptables de criterio interpretativo por parte de los magistrados intervinientes, quienes, en la apreciación de los señalados elementos de prueba, se han colocado fuera de los límites en que puede jugar esa libertad de criterio para entrar, dados los alcances de la arbitrariedad de que han usado, en el campo presumiblemente delictuoso. Puede señalarse un hecho que puede o no haber tenido influencia en el caso: cuando fueron dictados los fallos de ambas instancias, integraba la Suprema Corte de Justicia de la provincia, como uno de sus miembros, un hijo de la actora. Por lo expuesto, agréguese copia de esta resolución a la carpeta de cada uno de los tres ex jueces nombrados. Hágase saber al denunciante, Juan Spiraquis, que la suspensión de la orden de desalojo en su contra, que solicita a fojas 1, no está dentro de las facultades de esta Comisión. Devuélvase los autos solicitados y archívese.”

Expediente número 131. - Se acreditó, a criterio de los firmantes, en los autos “Bottaso, Miguel, solicita posesión de finca abandonada.” Abusiva actividad tanto del juez de paz de Quilmes, José Serantes, ante quien se promovieron las actuaciones, como del de 1ª instancia, que conoció en ellas en grado de apelación, doctor Ernesto Cóppola Amadeo: estarían alcanzados por responsabilidad penal, conforme a los artículos 248 y 269 del Código Penal, a estar a las conclusiones q que se arribó, cuyo dispositivo dice así: “Como consecuencia de lo expuesto, corresponde remitir estas actuaciones al Juzgado en lo Penal competente, a fin de que promueva proceso criminal por los hechos apuntados, con relación al ex juez de paz de la ciudad de Quilmes, don José Serantes, y al ex juez de 1ª instancia en lo civil de este departamento judicial, doctor Ernesto Cóppola Amadeo. Actuando esta Comisión al presente como subcomisión especial, remitiéndose las actuaciones a sus efectos a la Comisión Investigadora de la provincia. Hágase saber y devuélvase los autos solicitados para mejor proveer.”

Expediente número 153. - Investigación de la actividad del ex interventor nacional en el Poder Judicial de la provincia, doctor Raúl Jesús Rodríguez De Felipe, por estar íntimamente vinculado a la acción de la justicia.

Cabe una observación previa. El archivo de la investigación, copioso en documentación relativa a los diversos aspectos de su actividad, cuyo destino lógico y natural no era otro que esta Comisión Investigadora en el Poder Judicial, no fue hallado por los firmantes al hacerse cargo de sus funciones: había sido remitido a la ciudad de Buenos Aires, con destino a la Comisión Nacional que investigaba el caso Subiza. Su devolución no fue completa, según comprobación posterior. Dicha comisión Nacional también investigo la actuación de este interventor. Incluso dispuso la captura del mismo, lo que explica que esta Comisión no haya encontrado en el acervo puesto a su disposición documentación de la importancia esperada.

Como se puede ver en el expediente respectivo, se ha conseguido reunir elementos de criterio que autorizan a atribuirle responsabilidad penal, conforme a las conclusiones allí arribadas, cuyo dispositivo dice así: “A) –Que los hechos señalados en los puntos primero y segundo pueden importar a juicio de esta Comisión Investigadora la comisión de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, que prevén y penan los artículos 237 y 238, inciso 3ª, del Código Penal. (3) B) –Que los señalados en el punto tercero podrían importar la comisión del delito de exacción ilegal que prevén y reprimen los artículos 266 y 268 del citado Código Penal. (4) C) Que a juicio de los proveyentes corresponde remitir las presentes actuaciones al señor juez de crimen competente, a los fines de la instrucción del proceso correspondiente al ex interventor del Poder Judicial, Raúl Jesús Rodríguez De Felipe. D) –Y actuando esta Comisión al presente como subcomisión especial, remítanse las actuaciones a sus efectos a la Comisión Investigadora de la provincia. Oficiase a la Jefatura de Policía haciéndole saber que en caso de ser habido el indicado ex interventor, cuya captura se encuentra pendiente, sea puesto a disposición de la indicada Comisión Investigado provincial.

Muy numerosos casos se han comprobado de actitudes o posturas de jueces y funcionarios judiciales, de obsecuencia desembozada hacia las autoridades políticas de la dictadura peronista, en desmedro de la Independencia, el decoro y la austeridad, atributos inmanentes de la magistratura judicial creada por la Constitución de la provincia a través de todas sus reformas.

Los siguientes magistrados y funcionarios, todos designados por la Intervención Nacional en el Poder Judicial de la provincia, a cargo del doctor Raúl J. Rodríguez De Felipe, tenían presentadas las renuncias a sus cargos, con fecha en blanco. Y todos ellos, asimismo, al asumir sus funciones y prestar el juramento de ley, de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la Nación y de la provincia, agregaron este segundo juramento. “Juro lealtad al libertador de la República, general Juan Perón, y a la memoria de la jefa espiritual de la nación y mártir del trabajo, Eva Perón”.

De la Suprema Corte de Justicia. Doctores Vicente Bagnasco, Raúl Santiago Caro Betelú, Roberto Curto, Eduardo Servini y Rodolfo Ernesto Trono.

Procuración General. Procurador general, doctor Jorge Héctor Vaio.

Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Doctores Alejandro Oscar Sosa y Jorge José Salvat.

Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Doctores Pedro Mario Alberto Copello, Jaime Lignaquy y Pablo Beruatto.

Fiscalía de cámaras. Fiscal, doctor Pedro Alfredo Fuentes.

Jueces de primera instancia en lo civil y comercial. Doctores Luis Reinaldo Agnusdei, Ángel Pedro Gobbi, Hermes Humberto Pinnel, Enrique Mario Verga y Ricardo Williams.

Jueces de primera instancia en lo penal y correccional. Doctores Luis María Althabe, Juan Carlos Bordoni, Norberto A. Blanco, Juan Carlos Bruni, Luis Francisco Migo, José Manuel Ondarçuhu y Raúl Tierno.

Jueces del tribunal del trabajo. Doctores Lisandro Oscar Benavidez, Ángel Carlos Bertagni, Epifanio Carlos Casco, Beatriz Isabel Gómez Roibas, Aurelio Mattarese, Dardo N. R. Natiello, Héctor María Soler, Pedro Moisés Russo y Alcides Olegario Sanna.

Tribunal de menores. Jueces: doctores Estela Cepeda de Ferrand y Sislán C. Rodríguez.

Juzgado forense. Juez: doctor Antonio Blas Viviano Hidalgo.

Asesores de Menores. Asesor: doctor Nidia C. Escalada Frías Caballero.

Defensoría de Pobres y Ausentes. Defensores: doctores Leonardo Barletta, Carlos Ramón de la Colina y Elgar Robinson Perelli Darritchon.

Fiscales en lo penal. Fiscal: doctor Telémaco Bartolomé Susini.

En carpeta Nº 196 constan tales hechos y sus reconocimientos por los nombrados, con excepción de los doctores Vicente Bagnasco, Eduardo Servini, Eduardo Lucas Canedo, Jaime Matusevich, Rolando Natalio Natiello, Humberto Ángel Mandelli y Eduardo Etcheverry, que no comparecieron al llamado de esta Comisión, y del doctor Manuel Alberto Ponz; en cuanto al indicado en segundo término, ha expresado ante esta Comisión, que habría otorgado juramento únicamente en la forma constitucional.

El Colegio de Abogados, juez de matrícula, disciplina y conducta de los abogados, ha recibido nota haciéndole saber tales hechos.

En fecha 25 de abril último, esta Comisión elevó a esa presidencia 80 renuncias, con fecha en blanco, que formularon de sus cargos otros tantos ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial, designados por la intervención nacional con destino a otros departamentos judiciales de la provincia.

El ex juez de la Suprema Corte de Justicia doctor Fernando Demaría Massey ha reconocido como propias tres versiones manuscritas de despachos, las dos primeras, agregadas a la carpeta Nº 200 y enviadas a sus destinatarios mientras el nombrado ejercía la presidencia del alto tribunal. El primero, dirigido al presidente de la República, general Juan Perón, en los siguientes términos: “Excelentísimo señor presidente de la nueva Argentina, general Juan Perón. En nombre Suprema Corte de Justicia provincia de Buenos Aires, hónrome en hacer llegar vuestra excelencia felicitaciones por hondo arraigo doctrina nacional en el corazón del pueblo y reconocimiento a su gran conductor. Salúdalo con su más distinguida consideración, Fernando Demaría Massey, presidente.” El segundo al siguiente tenor: “Señor almirante Alberto Teidaire. En nombre Suprema Corte de Justicia provincia de Buenos Aires, cumplo honroso mandato al hacer llegar a vuestra excelencia las felicitaciones del tribunal al ser ungido por el pueblo vicepresidente de la nueva Argentina de Perón. Salúdalo con su consideración más distinguida, Fernando Demaría Massey, presidente.” El tercero, dice así: “Memorándum. La audiencia que la Suprema Corte de Justicia solicitó al excelentísimo señor gobernador de la provincia, mayor Carlos Aloé, tiene por objeto: primero, felicitar al primer magistrado por el acto eleccionario; segundo, tratar sobre el problema que se plantea con motivo de las demandas de inconstitucionalidad sobre impuestos provinciales que gravan los campos condominio; tercero, tratar también sobre las demandas de inconstitucionalidad referentes a impuestos municipales que se superponen con los del fisco.”

El nombrado ex juez al reconocer el envío de los despachos dejó constancia de haber procedido en nombre del supremo tribunal y con la plena conformidad de todos sus integrantes.

El doctor Vicente Bagnasco, durante sus funciones de miembro de la Suprema Corte –carpeta Nº 203-, aparece como propietario y director del diario “Tribuna”, de Lanús, y otorga un recibo por mil ocho pesos, valor de la publicación de un edicto judicial en dicho diario. No compareció, ya se dijo, al seno de esta Comisión, por lo que se dispuso su captura.

Son, asimismo, numerosos los ex jueces que no se han preocupado por la celeridad en el despacho de las causas sometidas a su decisión y que, al ser declarados cesantes, dejaron en estado de dictar fallo un número tal de ellas que hace procedente atribuirles verdadera negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Tales los casos siguientes, según informe recibido de sus actuales reemplazantes:

Fuero civil

Juzgado Nº 1	Juez doctor	Ricardo Pablo Williams	31	Causas
Juzgado Nº 4	Juez doctor	Héctor Jorge Vaio	50	Causas
Juzgado Nº 7	Juez doctor	Luis Reinaldo Agnusdei	36	Causas
Juzgado Nº 9	Juez doctor	Norberto Blanco	47	Causas
Juzgado Nº 10	Juez doctor	Ángel Pedro Gobbi	42	Causas

Del juzgado Nº 6, a cargo del ex juez doctor Enrique Mario Verga hasta la fecha no se ha recibido el informe del caso de su actual reemplazante doctor Jorge Hemmingsen.

Fuero en lo penal

Juzgado Nº 2	Juez doctor	Juan Carlos Bruuni	38	Causas
Juzgado Nº 3	Juez doctor	Luis Francisco Migo	54	Causas

Hay cuatro ex jueces cuya negligencia habría pasado el límite de lo tolerable; habrían procedido con verdadero abandono de sus funciones, tal es el número de expedientes dejados en estado de fallo, al ser declarados cesantes.

Fuero civil

Juzgado Nº 3

Juez doctor

Ernesto Cóppola Amadeo

161

Causas

Fuero en lo penal

Juzgado Nº 1	Juez doctor	Juan Carlos Bordoni	141	Causas
Juzgado Nº 3	Juez doctor	Luis R. Longhi (h.)	204	Causas
Juzgado Nº 5	Juez doctor	Luis María Althabe	119	Causas

Aunque esta comisión no ha podido, por falta de tiempo, esclarecer los motivos de tales atrasos en el despacho, presumiblemente, los nombrados estarían alcanzados por la responsabilidad penal establecida en el artículo 249 del Código Penal (5). Si esta Comisión Central participara de esa apreciación, deberían pasarse estos antecedentes al juez en lo penal correspondiente a los efectos de la producción del proceso del caso.

Lo mismo cabe decir del ex miembro de la Cámara de Apelación en lo penal, doctor Carlos R. Insúa que, al abandonar sus funciones de tal, tenía en su poder y dejó 132 causas que debía estudiar en primer término.

Esta comisión debe señalar a esa presidencia que un ex juez, al ser declarado cesante, no dejó ningún expediente en estado de recibir sentencia, según se ha informado por su actual reemplazante. Se trata del ex titular del juzgado en lo civil Nº 3, doctor Alberto Zavalla Moreno. Es opinión generalizada en los medios judiciales la celeridad con que el nombrado, desde su juzgado, desempeñaba su magistratura.

El ex presidente de la Cámara 1ª de Apelaciones, doctor Víctor M. Fernández remite, en noviembre de 1953, 33 expedientes sobre expropiación, que se encontraban o en trámite o para despacho en dicho tribunal, al Ministerio de Gobierno, a requerimiento del mismo; remisión que se efectúa con la conformidad de los miembros de esa cámara, expresada en acuerdo extraordinario, que firman además del nombrado los doctores Alejandro O. Sosa, Jorge J. Salvat, Simón P. Safontás y Jaime J. Valldeneu. De ello dan cuenta las constancias del expediente Nº 190.

Igual remisión hace el ex presidente de la Cámara 2ª de apelaciones, doctor Francisco J. Galarza, expediente sobre la misma materia, que tramitaban o esperaban fallo ante ese tribunal, ante igual requerimiento ministerial, remisión que contó asimismo con la conformidad de los restantes miembros de esa cámara, expresada en el acuerdo de que también da cuenta dicho expediente Nº 190, y que firman, además de aquel, los doctores Manuel Ibañez Frocham, Fernando Legón, Miguel Ángel Zorraindo y Oscar V. Menvielle. Esta remisión alcanzó a 50 expedientes según lo informado a esta comisión.

Hacemos presente a esa Comisión Central, que en los últimos días de su actuación le llegaron en respuesta, varios informes relacionados con la existencia de actividades patrimoniales de determinados ex magistrados judiciales; ellos originaron se dispusiera, en algunos casos, pericias contables, cuya conclusiones fueron presentadas cuando ya esta Comisión, por expiración de sus funciones, no podía disponer otras medidas aclaratorias comprobatorias, incluso la comparecencia de los alcanzados por este aspecto de la investigación, a efectos de su interrogación. Esta comisión considera ser de utilidad proseguir las investigaciones comenzadas con respecto a algunas de las determinadas en la carpeta que, con referencia a esta punto, se ha formado y se eleva a esa comisión central.

Tales son, en rápida mención, los antecedentes que esta Comisión Investigadora puede señalar a esa Comisión Investigadora de la providencia, como hechos concretados en su breve labor investigativa.

Saludan al señor presidente: Francisco J. Larran (presidente). – Emilio C. Martínez. – Francisco S. Oleastro. – Dr. Esperidion Sánchez. – Dr. Manuel Villaverde (vocales).

Notas:

(1) Se trata del régimen peronista (1943-1955). (Nota del transcriptor).

(2) Se trata de la Provincia de Buenos Aires. (Nota del transcriptor).

(3) Los artículos mencionados variaron y podrían seguir variando en el futuro. Incluso cambiar su numeración o desaparecer por la acción de las nuevas legislaciones que se sucedan. Es por eso que citamos textualmente a continuación lo que decían al momento de ocurridos los hechos:

Art. 237. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Art. 238. La prisión será de seis meses a dos años:

3º. Si el culpable fuere funcionario público;

(4) Art. 266. Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o encargar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que le corresponden.

Art. 268. Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

(5) Art. 249. Será reprimido con multa de cien mil pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Nota al Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, Contraalmirante don Leonardo Mac Lean fecha 13 de abril de 1956.

2011-10-04T17:04:00.002-03:00

Volver al Índice

Buenos Aires, abril 13 de 1956

Al Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, contraalmirante don Leonardo Mac Lean.

S/D.

Tengo el agrado de elevar al señor presidente, por separado, el informe y conclusiones sobre la investigación realizada por esta Comisión Nº 15, con referencia a la intervención al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Hacemos presente que las declaraciones correspondientes a dicha investigación corren agregadas al sumario principal.

Saludo a usted muy atentamente.

Carlos A. Caffarini

Capitán- Presidente Comisión Román A. Subiza.

Renuncias sin fecha

2011-10-04T16:55:00.002-03:00

Volver al Índice

Renuncias a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

A su excelencia el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires
S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor gobernador, presentándole la renuncia del cargo de vocal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Saludo a vuestra excelencia con las expresiones de mi consideración más distinguida.

Vicente Bagnasco.

A su excelencia el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires.
S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor gobernador, presentándole la renuncia del cargo de vocal de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Saludo a vuestra excelencia con las expresiones de mi consideración más distinguida.

Raúl S. Caro Betelú

***

Renuncia al cargo de juez de primera instancia civil y comercial departamento capital, Provincia de Buenos Aires.

Al excelentísimo señor gobernador de la provincia de Buenos Aires.
S/D.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, elevando a su consideración la renuncia al cargo de juez de primera instancia en lo civil y comercial del departamento de la capital.

Al resignar las funciones con que vuestra excelencia tanto me honrara, me hago un deber en expresarle, junto con mi agradecimiento, mi más absoluta lealtad al libertador de la República general Juan Perón y a la memoria de la jefa espiritual de la Nación y mártir del trabajo Eva Perón.

Saludo a vuestra excelencia con mi más atenta consideración.

Enrique Mario Verga
Juez en lo civil y comercial

Juegos

2011-10-03T18:03:00.006-03:00

Patada al general

Evita al cielo

Movimientos de personal efectuados por la Intervención federal entre 19/7/52 al 20/12/53

2011-10-03T18:03:00.003-03:00

Volver al Índice

La Intervención Federal el el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ha efectuado, desde el 19 de Julio de 1952 hasta el 20 de Diciembre de 1953, los movimientos de personal que se detallan a continuación:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exonerados

Secretario de actuación………………………………………………………… 1

Cesantías

Jueces……………………………………………………………………………. 4

Secretarios……………………………………………………………………….. 1

Procurador General……………………………………………………………… 1

Total…….7

Porcentaje 44%

DEPARTAMENTO CAPITAL

Cesantías

Camaristas……………………………………………………………………… 1

Secretarios de Cámara…………………………………………………………… 1

Jueces en lo civil y comercial…………………………………………………… 3

Jueces en lo criminal y correccional……………………………………………. 1

Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………… 7

Secretarios en lo criminal y correccional………………………………………… 2

Jueces de Menores……………………………………………………………… 2

Fiscales: de cámara, civil y comercial, criminal y correccional………………… 1

Total………….18

Porcentaje: 17 %

DEPARTAMENTO NORTE

Cesantías

Camaristas……………………………………………………………………… 1

Jueces en lo criminal y correccional…………………………………………… 1

Fiscales: de cámara, civil y comercial, criminal y correccional……………….. 1

Médicos………………………………………………………………………… 2

Total…………5

Porcentaje 19%

DEPARTAMENTO DEL CENTRO

Cesantías

Camaristas…………………………………………………………………….. 6

Jueces en lo criminal y correccional………………………………………….. 1

Secretarios en lo criminal y correccional…………………………………….. 2

Fiscales: de cámara, civil y comercial, en lo criminal y correccional………. 1

Médicos…………………………………………………………………….. 1

Total……….11

Porcentaje 24%

DEPARTAMENTO DEL SUD

Cesantías

Camaristas……………………………………………………………………… 2

Jueces en lo civil y comercial………………………………………………….. 1

Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………… 2

Total…………5

Porcentaje 19%

DEPARTAMENTO DE COSTA SUD

Cesantías

Camaristas……………………………………………………………………. 3

Jueces en lo criminal y correccional………………………………………….. 2

Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………. 2

Fiscales: de cámara, civil y comercial, en lo criminal y correccional……….. 1

Asesores de menores………………………………………………………… 1

Médicos……………………………………………………………………….. 1

Total……..10

Porcentaje 30%

Las cesantías por departamento, clasificadas por funcionarios, arroja los siguientes porcentajes:

	DEPARTAMENTOS
					Costa	Sud
	Capital	Norte	Centro	Sud	Sud	Oeste
Camaristas	0,06%	33,30%	100%	66,60%	50%	66,60%
Secretarios de cámara	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jueces en lo civil y comercial	50%	0,00%	0,00%	50%	0,00%	0,00%
Secretarios en lo civil y comercial	29,16%	0,00%	0,00%	50%	0,00%	0,00%
Registro Público de Comercio -secretario-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jueces en lo criminal y correccional	20,00%	50%	33,33%	0,00%	100%	0,00%
Secretarios en lo criminal y correccional	20,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Jueces de menores	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Secretarios de menores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Juez notarial	0,00%	---	---	---	---	---
Secretarios notariales	0,00%	---	---	---	---	---
Fiscales: de cámara; civil y comercial;
criminal y correccional	0,13%	50%	25,00%	0,00%	33,30%	0,00%
Defensores de pobres y ausentes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asesor de menores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%
Médicos	0,00%	100%	50,00%	0,00%	33,30%	0,00%

En el cuadro que sigue se sintetiza el total general de los funcionarios la justicia de la provincia que han sido separados de sus cargos, incluidos los de la Suprema Corte y Tribunales de Trabajo.

Suprema Corte de Justicia:
	Cargo	Separados	Porcentaje
Jueces	7	4	57,00%
Secretario de actuación	1	1	100%
Procurador general	1	1	100%
Secretarios	2	1	50%

Justicia Ordinaria
Camaristas	38	15	39%
Secretarios de cámara	15	1	0,06%
Jueces en lo civil y comercial	16	4	25%
Secretarios en lo civil y comercial	48	11	23%
Secretarios Registro Público Comercio	6	0	0%
Jueces en lo criminal y comercial	16	5	31%
Secretarios en lo criminal y comercial	30	4	13%
Jueces de menores	7	2	29%
Secretarios de menores	10	0	0%
Juez notarial	1	0	0%
Secretario notarial	2	0	0%
Fiscales	21	4	19%
Defensores de pobres y ausentes	14	0	0%
Asesores de menores	9	1	11%
Médicos	15	4	27%

Tribunales de trabajo
Jueces	63	3	0,05%
Secretarios	42	1	0,02%

	Porcentaje total: 15%

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Jueces	5 - Dos en ascenso
Secretarios	5- Uno en ascenso
Procurador general	1 - Uno en ascenso

Total	11

DEPARTAMENTO CAPITAL

Camaristas	3 -Uno en Ascenso
Secretarios de cámara	2 - Uno en ascenso
Jueces en lo civil y comercial	3 -
Jueces en lo criminal	3- Dos en ascenso
Secretarios en lo civil y comercial	12 - Dos en ascenso
Secretarios en lo criminal	5 -
Jueces de menores	1 -
Fiscales de cámara: civil y comercial y criminal y civil	4 - Dos en ascenso
Total	33

DEPARTAMENTO NORTE

Camaristas	2 -
Jueces en lo civil y comercial	1 -
Jueces en lo criminal	1 -
Secretarios en lo criminal	1 -
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional	1 -
Asesor de menores	1 -
Médicos	2 -
Total	9

DEPARTAMENTO DEL CENTRO

Camaristas	6 - Seis en ascenso
Jueces en lo civil y comercial	2 - Uno en ascenso
Jueces en lo criminal	2 - Dos en ascenso
Secretarios en lo civil	4 - Uno en ascenso
Secretarios en lo criminal	2 -
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y comercial	3 - Uno en ascenso
Defensores de pobres y ausentes	1 -
Asesor de menores	1 -
Médicos	1 -
Total	22

DEPARTAMENTO DEL SUD

Camaristas	2 - Dos en ascenso
Jueces en lo civil y comercial	1 -Uno en ascenso
Jueces en lo criminal	1 -
Secretarios en lo civil	2 -
Secretarios en lo criminal	1 -
Jueces de menores	1 -
Fiscales de cámara: civil y comercial y criminal y correccional	1 -
Total	9

DEPARTAMENTO COSTA SUD

Camaristas	4 - Dos en ascenso
Jueces en lo criminal	2 - Dos en ascenso
Secretarios en lo civil	3 -
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional	2 - Dos en ascenso
Defensores de pobres y ausentes	1 -
Asesores de menores	1 - Uno en ascenso
Secretarios de menores	1 -
Médicos	1 -
Total	15

DEPARTAMENTO DEL SUDOESTE

Camaristas	2 - Dos en ascenso
Jueces en lo civil y comercial	1 - Uno en ascenso
Jueces en lo criminal y correccional	1 - Uno en ascenso
Secretarios en lo civil	1 -
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional	1 -
Defensores de pobres y ausentes	1 -
Total	7

TRIBUNAL DEL TRABAJO
Funcionarios de la justicia

Cesantes
Jueces	6 -
Secretarios	1 -
Total	7

Nombrados
Jueces	11 - 6 en ascenso
Secretarios	8 - 1 en ascenso
Agentes fiscales	3 -
Asesores de menores	1 -
Total	23

RESUMEN GENERAL

Funcionarios de la justicia

Exonerados, 1; cesantes, 62; nombrados, 128; de los cuales fueron: ascendidos 44; renunciantes, 3 (2 secretarios de juzgados y 1 juez de la Suprema Corte)

Capítulo II

Personal administrativo

Departamento Capital:		Departamento Costa Sud:
Exonerados	2	Cesantes	1
Cesantes	27	Ascendidos	9
Ascendidos	66	Nombrados	3
Nombrados	49
Trasladados	11	Departamento Sudoeste:
Permutas	4	Cesantes	0
Renuncias	3	Nombrados	1
		Renuncias	1
Depatamento Norte:
Cesantes	6	Tribunales del Trabajo:
Ascendidos	9	Cesantias	4
Nombrados	7	Ascensos	40
Renuncias	1	Nombrados	25
		Traslados	9
Departamento Centro:		Renuncias	1
Exonerados	1
Cesantes	6	Juzgados de paz:
Ascendidos	29	Exonerados	4
Nombrados	9	Cesantes	24
		Ascensos	19
Departamento Sud:		nombrados	43
Cesantes	5	Adscriptos	1
Ascendidos	24
Nombrados	9
Permutas	1

RESUMEN GENERAL

Personal Administrativo

Exonerados	7	Nombrados	146
Cesantes	73	Permutas	5
Ascendidos	196	Renuncias	6
Trasladados	20	Adscripciones	1

Capítulo III

Personal de servicio y maestranza

Departamento Capital		Juzgados de Paz
Cesantes	3	Nombrados	4
Nombrados	7

Departamento Centro		Tribunales del Trabajo
Nombrados	1	Nombrados	2

Departamento Sud
Nombrados	1

Capítulo IV

Varios

La intervención federal, de acuerdo con las ternas enviadas por el Ministerio de Gobierno, nombró 109 jueces de paz, con sus respectivos suplentes y defensores de menores administrativos.

Se nombró, asimismo, 24 empleados administrativos como suplentes, decretándose la cesantía de uno de ellos.

----

Nómina de los magistrados y funcionarios que actualmente permanecen en funciones, nombrados con los requisitos señalados.

2011-10-03T00:46:00.002-03:00

Volver al Índice

CAMARISTAS

Departamento de La Plata

Alejandro F. Menéndez. – Vocal de la Cámara 3ª, Sala 2ª. Ficha: recomendante, diputados Tomassi y Fregossi. Solicitud del nombramiento como vocal en la Cámara 3ª de Apelaciones de La Plata.

Jorge E. Ballesteros. – Vocal de la Cámara 1ª. Ficha: recomienda doctor Atilio Siri.

Departamento de Dolores

Gaspar M. Campos. – Presidente de la Cámara. Ficha. Recomienda doctor José Eduardo Picerno, diputado nacional. Recomienda delegación interventora del Partido Peronista, distrito Bahía Blanca. Documentación ensobrada: causa contra el causante, carátula “Campos, Gaspar Manuel, s/despacho”. Copia del decreto de cesantía al cargo de juez de la Cámara 2ª de Apelaciones del departamento judicial de Costa Sur, fecha 21/6/55.

Departamento de Bahía Blanca

Juan Carlos Díaz. – Presidente de la Cámara 2ª de Apelaciones. Ficha: recomienda: delegación interventora del Partido Peronista, distrito Bahía Blanca. Documentación ensobrada: 1) Copia decreto cesantía al cargo de juez del Tribunal del Trabajo Nº 2 de Bahía Blanca, con fecha 15/7/1953. 2) Antecedentes remitidos por CIBA.

JUECES

Departamento La Plata

Jorge Bayá Casal. – Juzgado Nº 2 en lo civil y comercial. Ficha: denunciante, abogado Oscar Esteban. Legajo personal: 1) memorándum sobre asunto denuncia: 2) Tarjeta personal del denunciante; y 3) Declaración del doctor Oscar Esteban, con fecha 18/12/1952.

Belisario Hueyo. – Juzgado Nº 8 en lo Penal. Ficha: recomendante CGT, delegación regional de Dolores, y señor Eugenio Blasi, Legajo personal: 1) Información ce CIBA con fecha 30/4/1955. 2) Solicitud por duplicado del juzgado de Menores en Eva Perón (1) a cargo actual del doctor F. Ocampo (iniciado jubilación).

Departamento de Mercedes

Misael Hernández Blanco. - Juzgado Nº 2 en lo penal. Ficha: recomendante, pedido al doctor Sivori por C.D. (2) Documentación ensobrada: copia del decreto de permuta de la secretaría de la Cámara 3ª de Apelaciones de la Capital, doctores Hernández Blanco M. y Julio E. López Lastra, del 8/7/1955. Legajo personal: 1) Nota subscrita por Noceti Fasolini mencionando cargos que ha desempeñado. 2) Notas sin firma ni fecha donde se menciona su colaboración con el peronismo.

Juan Félix Borrone. – Juez de menores Nº 1 en La Plata. Certificado de afiliación firmado por Vicente Langoni, secretario de inspección y disciplina, y Jorge Rafetto, secretario de organización. Nota dirigida al interventor en la cual le envía datos y certificados de afiliación de Luna, Julio César.

ASESORES DE INCAPACES

Departamento de La Plata

María Antonieta P. de Almada. – Nº 2 Ficha: solicitud empleo avalada por diputados nacionales Victorio Tomassi y Luis Fregossi. Legajo personal: 1) Certificado de afiliación al Partido Peronista Femenino, distrito provincia de Buenos Aires, sede central, del 25/10/55. 2) Hoja con referencias 3) Nota de CIBA.

Osvaldo Perfecto Rodríguez. - Documentación ensobrada: 1) Solicitud de nombramiento avalada por Héctor Blassi, diputado nacional. 2) Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por Juan Carlos Llorente, secretario general del Partido Peronista, con fecha 8/2/1954. 3) Copia del decreto designándolo agente fiscal de la Fiscalía de Tres Arroyos con fecha 31/1/1955.

DEFENSORES DE POBRES Y AUSENTES

Departamento de Bahía Blanca

Jorge Suárez Gordillo. – Ficha: recomendante, delegación interventora del Partido Peronista en Bahía Blanca.

SECRETARIOS

Departamento de La Plata

Edgardo E. Campoamor. – Secretaría Nº 2 del Juzgado Nº 1 en lo civil y comercial. Ficha: recomienda. Ángel J. Miel Asquía y senadores provinciales Larresa y Campos. Documentación ensobrada: 1) Copia del decreto nombrándolo secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Mercedes el 12/3/1953. 2) Copia del decreto nombrándolo secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 1 de La Plata con fecha 14/4/54. 3) Nota indicando el puesto que solicita. 4) nota de CIDE indicando antecedentes y afiliación al Partido Peronista. 5) Carta firmada por Campoamor solicitando se lo nombre secretario, dirigida a Rodríguez de Felipe con fecha 8/1/953. 6) Certificado del Centro de Estudiantes de Derecho de La Plata adhiriendo a la CGU, indicando que es afiliado al mismo, subscrita por Carlos L. Monteli, secretario general, con fecha 12/2/1952. 7) Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por Constantino Barro, intendente del partido en la provincia de Buenos Aires. 8) Dos solicitudes de empleo, por duplicado, una avalada por Miel Asquía y la otra por los senadores provinciales Larrasa y Campos.

Edgardo Raúl Masaglia. – Secretaría Nº 12 del Juzgado nº 4 en lo civil y comercial. Documentación ensobrada: 1) Decreto de ascensos a auxiliar 4º del Juzgado Civil y Comercial Nº 8, secretaría 10, con fecha 24/10/1955. 3) Nota firmada por Constantino Cortizo, secretario general de la unidad básica, sección 9ª de La Plata, responsabilizándose por Masaglia.

Alfredo Castagnet. – Secretaría nº 9 del Juzgado Nº 5 civil y comercial. Ficha: recomendantes, doctores Raúl Garo Betelú y Larragnaga. Documentación ensobrada: 1) Solicitud de empleo avalada por Raúl Garo Betelú. Juez de la Suprema Corte, 2) Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por José Constantino Barro, interventor del partido de la provincia de Buenos Aires. 3) Copia del informe de CIDE sobre antecedentes, y 4). Copia del decreto nombrándolo secretario del Juzgado Nº 5 en lo Civil y Comercial de La Plata.

Juan Alberto Ortíz. – Secretaría Nº 16 del Juzgado Nº 6 en lo civil y comercial. Documentación ensobrada: 1) Solicitud de empleo avalada por Eduardo Cervini, vicepresidente de la Suprema Corte. 2) Certificado de afiliación al Partido Peronista subscrito por Ricardo A. Livoni Díaz, secretario general de la intervención al Partido Peronista en la Capital, y por Antonio Carregal, jefe del fichero y de padrones. 3) Certificado firmado por Fernando Midjans, presidente del Ateneo Universitario de la Facultad de Derecho, acreditando que ha colaborado en la institución. 4) Copia del decreto nombrándolo secretario del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de La Plata.

Miguel Ángel Passi. – Secretario nº 20 del Juzgado nº 6. Ficha: recomendante, doctor Ventura Estévez. Documentación ensobrada: 1) Solicitud de empleo avalada por Ventura Estévez, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones. 2) Certificado de afiliación al Partido Peronista, firmado por Juan José Guzmán, secretario de afiliación de la unidad básica de Chascomús. 3) Copia del decreto designándolo secretario del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de La Plata con fecha 29/12/1953. 4) Copia del informe de CIDE donde se lo sindica como opositor al peronismo, con fecha 19/7/1954.

Rodolfo Girbal. – Secretaría Nº 15. Juzgado Nº 7 en lo Civil y Comercial, La Plata. Ficha: recomendante, Manuel Rodríguez González, interventor del Partido Peronista de Tucumán. Documentación ensobrada: solicitud de empleo avalada por Manuel Rodríguez González, copia del informe CIDE sobre antecedentes y copia del decreto de nombramiento como secretario del Juzgado Civil y Comercial de La Plata, 27/4/1953.

Carlos M. Fontana. - Secretaría Nº 22, Juzgado Nº 7 en lo Civil y Comercial. Recomendante. Documentación ensobrada: 1) Certificado de afiliación al Partido Peronista avalada por Pio Chiramberro (secretario administrativo, con fecha 5/8/954) y Jorge Repetto, secretario de finanzas. 2) Copia del decreto nombrándolo secretario del Tribunal del Trabajo Nº 1 de La Plata, con fecha 18/11/1954. 3) Copia del decreto por el que se accede la permuta de los cargos al escribano Rodolfo Carlos Guzmán y el escribano Carlos M. Fontana, con fecha 24/5/1955.

Juan Félix Castillo. – Secretaría Nº 24, Juzgado Nº 8 en lo Civil y Comercial. Ficha: recomendante, doctor Spiro, Documentación ensobrada: 1) Decreto designándolo secretario del Juzgano en lo Civil y Comercial Nº 5 del departamento de la capital, el 2/2/1953. 2) Nota con datos personales del causante. 3) Certificado de afiliación al Partido Peronista, avalado por Santiago Mele (secretario general de la intervención) 4) Solicitud de empleo, por duplicado, avalada (3) por Carlos A. Spiro.

Juan C. Angaut. – Juzgado Nº 1 en lo penal. Documentación ensobrada: 1) Solicitud de empleo avalada por Manuel Sánchez García, delegado regional de la CGT; Rubén José Mercado, presidente del bloque peronista de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, y Eduardo Manuel Teisaire, comisionado municipal. 2) Copia del decreto por el que se lo nombra secretario del Juzgado en lo Criinal y Correccional Nº 1 del departamento Mar del Plata, con fecha 24/1/1955. 3) Certificado de afiliación al Partido Peronista de Buenos Aires, avalada por Pio Chiramberro, secretario administrativo, y Jorge Rafetto, secretario de finanzas, 4) Nota de recomendación dirigida al señor Mauricio Caplán, firmada por Rubén José Macedo. 5) Antecedentes personales.

Luis E. Allende. – Juzgado nº 2 en lo penal. Ficha: recomienda doctor Raimundo J. Salvat. Datos personales: dados por CIBA. Documentación ensobrada: 1) Copia del Decreto designándolo secretario del Juzgado Nº 3 en lo criminal y correccional del departamento de la capital, el 9/12/52. 2) Carta de recomendación firmada por Raimundo Salvat, el 28/10/52. 3) Proposición de empleo, donde consta que el puesto anterior era de oficial 1º del juzgado del doctor Rivas Argüello.

José L. Dillón. – Juzgado Nº 3, en lo penal. Ficha: recomienda diputado provincial Rubén J. Mercado. Documentación ensobrada: Carta de recomendación firmada por Rubén J. Mercado, con fecha 19/6/53. 2º) Certificado de afiliación al Partido Peronista avalado por José Constantino Barro 8interventor del partido en la provincia de Buenos Aires). 3º) Solicitud de empleo por duplicado firmada por Rubén J. Mercado y Luis Ángel Barba, diputado. 4º) Nota del Partido Peronista, unidad básica, sección 2ª La Plata en donde se lo menciona como colaborador del partido con fecha 5/6/53, firmada por Ramón E. Bolivar, secretario general. 5º) Nota de petición para ocupar el cargo de secretario de primera instancia con fecha 16/6/53. Firmada por el causante. 6º) Copia del decreto por el que se lo nombra secretario del juzgado Nº 3 en lo Civil y Comercial del departamento del Centro con fecha 14/4/54.

José S. Amallo. – Juzgado Nº 3 en lo penal. Documentación ensobrada. 1º) Datos personales, enviado por CIBA, 2º) Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por Agustín P. Puentes, secretario administrativo con fecha 3/6/53. 3º) Copia decreto por el que se lo nombra secretario del juzgado Nº 3 en lo Criminal y Correccional del departamento Capital, 5/6/53. 4º) Solicitud de empleo por duplicado, avalado (ilegible).

Felipe A. González. - Juzgado Nº 4 en lo penal. Ficha: recomienda delegado interventor del Partido Peronista de Carlos Tejedor, señor Guillermo Dooz. 2º) Datos personales remitidos por CIBA. 3º) memorándum 30/10/52 por el cual pide la cesantía de Pedro Castro, oficial de justicia del juez de paz de Carlos Tejedor y Eduardo García, secretario de la alcaldía de Tres Algarrobos, firmadas por Carlos A. Díaz, vicegobernador. 4º) Proposición de empleo avalada por Guillermo Dooz. 5º) Proposición de empleo avalada por G. Dooz 6º) Datos personales de Antonio Prieto, firmados por CIBA.

Juan Giangrande. – Juzgado Nº 6 en lo penal. 1º) Ficha: recomienda doctor Ramón, secretario general de la gobernación. 2º) Certificado de afiliación firmado por Pio Chiramberro, secretario administrativo y Vicente Langoni, secretario de inspección y disciplina. 3º) Documentación ensobrada: Copia del decreto por el que se le nombra secretario del juzgado Nº 5 en lo Criminal y Correccional del departamento Capital con fecha 22/2/54. Certificado de afiliación firmado por José C. Bam. Solicitud de empleo firmada por Jaime José Ramón, secretario interino de la gobernación. Copia del decreto por el que se lo nombra secretario del juzgado Nº 6 en lo Criminal y Correccional del departamento Capital con fecha 28/1/55.

Aníbal O. Marchiano. – Juzgado Nº 8 en lo penal. Ficha: recomienda doctor Ismael S.Passaglia y doictor Carlos Spiro. Documentación ensobrada. Copia del decreto por el cual se lo nombra secretario del juzgado Nº 8 en lo Criminal y Correccional del departamento Capital con fecha 28/1/55. 2º) Solicitud de empleo avalado por María Reina Prandi (representante del Partido Peronista femenino); Luis F. Suárez, representante de la CGT; Mariano E. Loedel, intendente municipal y Vicente Langani, representante del Partido Peronista masculino. 3º) Solicitud de empleo avalada por Ismael S. Passaglia. 4º) Certificado de afiliación al Partido Peronista en duplicado, firmada por José C. Barro, interventor. 5º Una tarjeta personal de Carlos A. Spiro. 6º) Datos personales 7º) Datos personales enviados por CIDE.

Raúl E. Paladino. – Juzgado Nº 8 en lo penal. Documentación ensobrada. Duplicado solicitud de empleo avalada por Ernesto M. Cautive, departamento provincial. Constancia de estudios cursados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Palta, firmada por Elioser Ciro Rossoti, secretario interino con fecha 16/8/54. 3º) Copia del decreto por el cual se lo nombra auxiliar 4º del juzgado Nº 8 en lo Criminal y Correccional del departamento Capital. 4º) Certificado de afiliación al Partido Peronista, firmado por Pio Chiramberro, secretario administrativo y Alberto Pora, secretario de organización.

Cayetano A. Grela. – Secretaría del juzgado notarial de la provincia. Ficha: recomienda, doctor Matiello y Jorge Pellerano. Documentación ensobrada. 1) Copia del decreto por el que se lo nombra secretario del juzgado notarial del departamento Capital. 2º) Solicitud de empleo por duplicado avalada por Jorge Pellerano, apoderado general del Partido Peronista. 3º) Informes remitidos por CIDE.

Ramón Carlos Insúa. – Juez en lo penal. Documentación ensobrada. Certificado de afiliación firmado por José C. Barro, interventor Partido Peronista, 9/9/53. Copia decreto por el que se lo designa vocal de la Sala 3ª, Cámara 3ª de Apelaciones del departamento Capital con fecha 12/2/53.

Alberto F. Carrere. – Secretaría Nº 1, juzgado Nº 2, civil y comercial. Ficha: recomienda. Partido Peronista, consejo distrito Mercader, Nota al interventor avalada por Pedro A. Melitieri, secretario de fianzas del consejo del distrito del Partido Peronista, en el que se adjunta solicitud del causante.

Pedro Picolamini. –Secretaría Nº 2. Juzgado nº 2. Civil y comercial. Ficha: recomienda C. Barro. Documentación ensobrada. 1º) Copia decreto por el que se lo nombra secretario del juzgado Nº 2, civil y comercial del departamento Centro. 2º) Proposición de empleo con fecha 5/5/54. Avalada por Pedro A. Melitieri y Juan Lanfranco, servicio administrativo, y Héctor A. Demarco, servicio información. 3º) proposición de empleo del 4/8/53. Avalada por Melitieri y Luis M. Meretta, servicio organización Partido Peronista. 4º) Nota de José C. Barro dirigida a Rodríguez de Felipe con fecha 26/8/53. En el que solicita nombramiento del causante. 5º) Información de CIBA del 25/2/54.

José María Gomedagna. – Secretaría Nº 1. Juzgado Nº 3, Civil y Comercial. Ficha: recomienda diputado provincial Jorge A. Cervini.

Jorge H. Lombardi. – Secretaría Nº 1. Juzgado en lo penal. Ficha: recomienda J. C. Barro. Nota del mismo con la solicitud al interventor. Documentación ensobrada. 1º) Solicitud de empleo avalada por José Romagnega, intendente municipal, B. J. Lanfranco, secretario administrativo, Sixto Arigoni, delegado regional CGT, María L. de Ocampo, delegada censista de Mercedes. 2º) Solicitud del titular dirigida al subcomisario táctico del Partido Peronista de Mercedes, solicitando su nombramiento con fecha 16/7/54. 3º) Certificado de afiliación avalado por Luis M. Meretta (servicio de organización) con fecha 16/7/54. 4º) Solicitud del subcomando táctico dirigida al interventor con respecto al nombramiento del causante, firmado por el secretario general Pedro A. Benegagni, 22/7/54. 5º) Solicitud del intendente municipal doctor José Ramaugé pidiendo que se lo traslade, 22/12/54. 6º) Nota dirigida al interventor solicitando nombramiento firmada por José Ramaugé, María L. de Ocampo, Héctor y A. Demarco, Sixto Arigoni. 7º) Nota al interventor firmada por Sixto Arigoni y R. R. Recuello, subdelegado regional. 8º) Nota al interventor firmada por Ulises D’Andrea, intendente municipal. 3/6/55.

Osvaldo Norbeint. – Secretaría Nº 1. Juzgado Nº 2, penal. Ficha: recomienda diputado nacional Héctor J. Cámpora. Documentación ensobrada. Copia decreto designación secretario al juzgado Nº 2, departamento del Centro en lo penal 16/8/54., 2º) Solicitud empleo firmada por H. J. Cámpora. 3º) Certificado afiliación Partido Peronista, firmada por J. C. Barro, interventor, 16/6/53. 4º) Copia informe CIDE datos y antecedentes 28/9/53.

Juan C. Ortíz. – Juzgado Nº 3 en lo penal. Dos fichas: en una, recomienda diputado provincial Jorge Alberto Servini; en otra, recomienda J. Argentino Ortíz, director del banco de la nación Argentina.

Horacio M. Puricelli. – Secretaría Nº 1 del Tribunal de Menores. 1º) Ficha: recomienda O. P. distrito Mercedes. 2º) Nota al interventor firmada por Pedro A. Melitieri, secretario de finanazas del Partido Peronista y Juan Lanfranco, secretario administrativo del Partido Peronista, adjuntan solicitud del causante avalada por Militieri, por Juan Lanfranco y Héctor y A. Demarco. Secretario de informaciones del Partido Peronista, 12/5/53, departamento Azul.

Departamento de Azul

Luis Verne Montedónico. – Secretaría Nº 2 civil y comercial Ficha: recomendante Ernesto María Maleni, intendente de Azul. Documentación ensobrada. Carta del juez en lo civil y comercial Gaspar Onofre Casado, dirigida a Mauricio Caplán, acompañando datos personales. Certificado de afiliación del Partido Peronista de Azul firmada por Oscar Cauzonetta, secretario de inspecciones y disciplina, fecha 15/10/1953. Proposición de empleo avalada por el señor Ernesto María Maleni, intendente de Azul (por duplicado), copia del decreto designándolo secretario del Juzgado civil y comercial de Azul, de fecha 20/10/1953.

Departamento de Dolores

Juan Carlos Ferri. – Secretaría nº 2, Juzgado en lo civil y comercial. Fichas: en una, recomendante doctor Vatuone, ministro de salud pública de la provincia de Buenos Aires; en otra, recomendantes doctor Abel Hernández y teniente coronel Rosendo J. Sauri, jefe del distrito militar 22. Documentación ensobrada. Solicitud de empleo por duplicado avalada por el teniente coronel Rosendo J. Sauri. Carta dirigida a Rodríguez De Felipe acompañando la solicitud de empleo de Ferri, junio 16 de 1953. Otra fecha de solicitud de empleo sin firma de garante. Copia informe CIDE, con antecedentes, 22/4/53. Un papel indicando que está propuesto por el doctor Vatuone. Carta del subcomando táctico de Dolores a Rodríguez De Felipe, recomendándolo, firmado por Eugenio Blassi, delegado regional de la CGT, Marú C. E. Giorgi, secretario de organización CM consejo de distrito, Pedro Varela, intendente municipal y María de los Ángeles Brun de Hankovits, subcensista de Dolores. Copia del decreto de nombramiento del secretario del Juzgado en lo Penal Nº 1 de Dolores, el 11/8/54 y copia del decreto designándolo en la secretaría Nº 2 del Juzgado Civil y Comercial del 2/9/54.

Jorge Novillo. – Secretaría Nº 2, juzgado Nº 2 civil y comercial. Ficha recomendante Domingo Zingoni, director Fomento Cooperativo Agrario. Documentación ensobrada. Carta por el firmante dirigida a Eva Perón (ver término de la mayor obsecuencia de la carta), del 2/6/1955, pidiendo traslado, que la adjunta la secretaría privada del Ministerio de Gobierno de Buenos Aires. Nota dirigida a Rodríguez de Felipe, por Novillo, solicitando traslado, de fecha 29/3/55. Copia del informe de CIDE con datos y antecedentes, 2/4/1954; copia del decreto designándolo secretario del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Dolores, 18/11/53. Solicitud de empleo avalada por Domingo Cingoni, certificado de afiliación. Partido Peronista, unidad básica, sección 3ª, Córdoba, firmado por Jorge Felipe Zabala, secretario general y Tomás Sosa, prosecretario.

Departamento Bahía Blanca

Néstor Luis Peri. – Secretaría Nº 1, Juzgado Nº 1 en lo civil y comercial. Fecha: recomendante delegación interventora Partido Peronista de Bahía Blanca. Documentación ensobrada. Certificado de afiliación firmado por José Constantino Barro, interventor Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires, fecha 13/5/1953. Carta a Rodríguez de Felipe de la intervención del Partido Peronista en Bahía Blanca, acompañando memorándum proponiéndolo como secretario, firmado por José Castel (secretario administrativo); Juan López (diputado provincial, secretario general de la intervención); Eduardo J. Forteza (diputado nacional delegado interventor). Se acompaña memorándum firmado por los mismos. Copia del decreto de designación de fecha 13 de marzo de 1953.

María del Carmen Long. – Secretaría Nº 2 Juzgado nº 1 en lo civil y comercial. Ficha: recomendante delegación interventora del Partido Peronista de Bahía Blanca. Memorándum dirigido a Rodríguez De Felipe acompañando datos proposición y antecedentes firmado por José Castel, secretario administrativo de la intervención del Partido Peronista; Juan López, secretario general. Diputado provincial y Eduardo J. Forteza, diputado nacional delegado interventor. Informe de CIBA remitiendo antecedentes. Copia del decreto designándolo secretario Tribunal del Trabajo de Bahía Blanca, del 20/7/53.

Nelly B. Cobrian. – Secretaria del Tribunal de Menores. Ficha: recomendante delegación interventora del Partido Peronista de Bahía Blanca. Documentación ensobrada: Carnet de afiliación (duplicado) del Partido Peronista femenino, firmado por Elena Olivo de Nicosia, delegada censista de Córdoba. Informe de CIBA remitiendo datos y antecedentes. Copia decreto de designación del 18/11/53.

JUSTICIA DEL TRABAJO

Departamento de Mar del Palta

Mariano L. Herrera.- Secretario Nº 2 del Juzgado Nº 1 civil y comercial. Documentación ensobrada. Memorándum para información del subcomando táctico del Partido Peronista de Mar del Plata, firmado por Rodríguez De Felipe y Luis F. Suárez, delegado de la CGT, acompañando antecedentes y datos personales firmados por Herrera. Certificado de afiliación unidad básica Nº 1 de Comodoro Rivadavia, del 6/10/54. Proposición de empleo avalada por Eduardo Manuel Teisaire, comisionado municipal de Mar del Plata; Manuel Sánchez García, delegado regional de la CGT. Copia del decreto nombrándolo secretario, juntamente con Crego Rubén Efraín, del juzgado Nº 1 Civil y Comercial de Mar del Plata.

Francisco M. Razona. – Secretaría Nº 2 del Juzgado Nº 1 en lo Penal. Documentación ensobrada. Proposición de empleo avalada por Manuel Sánchez García, delegado regional de la CGT y Eduardo Manuel Teisaire, comisionado municipal de Mar del Plata, Rosa S. de Victorel y firma ilegible. Copia del decreto del 124 de enero 1955.

Norberto R. Santamaría. - Secretaría Nº 4 del Juzgado Nº 2 en lo Penal. Documentación ensobrada. Proposición de empleo avalada por Manuel Sánchez García, delegado regional CGT, Eduardo Manuel Teisaire, comisionado municipal, Rosa S. de Victorel y firma ilegible. Copia del decreto designándolo secretario, de fecha 24 de enero de 1955.

JUECES TRABAJO

Horacio Wamba. – Vocal del Tribunal Nº 2. La Plata, Ficha: recomienda Susana Corretche. Documento personal. Solicitud de empleo avalada por Susana Corretche.

Julio C. Rojas. – Presiedente del Tribunal Nº 3. San Martín. Documentación personal. Copia de datos personales y afiliación remitida por CIDE. Copia de certificado de afiliación al Partido Peronista y firma ilegible. Carta dirigida al interventor ofreciendo sus servicios como abogado y peronista.

Eduardo Montalvo. – Presidente Tribunal Lomas de Zamora. Ficha: recomiendan CGT (delegación regional Avellaneda), senadores Carlos I. Soler y Federico Durruty. Documentación personal. Carta dirigida al interventor en la que se lo recomienda, firmada por Pablo A. Rocca (secretario general), Máximo Rivas (secretario administrativo).

Pedro Hegey. – Presidente Tribunal Quilmes. Ficha: recomienda Jorge Pellerano, diputado nacional. Documentación personal. Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por José C. Barro. Datos personales remitidos por el causante. Solicitud de ascenso por duplicado firmada por Jorge S. Pellerano (diputado nacional).

Alberto De la Vega. – Vocal Tribunal Quilmes. Ficha: recomienda Jorge Pellerano, diputado nacional. Documentación ensobrada. Copia decreto cesantía al cargo de secretario del Tribunal del Trabajo Quilmes, con fecha 10/5/55.

Enrique A. Cuppi. – Vocal Tribunal Azul. Ficha: recomienda delegado interventor del Partido Peronista distrito Bahía Blanca. Documentación personal. Pedido de traslado dirigida al interventor y firmado por el causante fecha 10/5/54. Carta al interventor solicitando traslado firmada por María Luisa S. de Luppi, con fecha 14/6/54.

SECRETARIOS

La Plata

Carlos A. Camino. – Secretaría Nº 1, Tribunal Nº 1. Ficha: recomienda doctor Luis J. Fregossi. Documentación personal. Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por José C. Barro. Solicitud de traslado firmada por Luis J. Fregossi, ex diputado nacional. Datos remitidos por CIDE.

Susana B. Ponce de León. – Secretaría Nº 2. Tribunal Nº 1. Documentación ensobrada. Copia decreto ascenso oficial 6º a la Suprema Corte de Justicia con fecha 10/6/53. Copia decreto nombramiento oficial 3º del archivo de los tribunales del departamento Capital con fecha 14/10/54. Solicitud de empleo por duplicado avalada por Carlos Osvaldo Pimentel, vicecomodoro (R. S.); certificado de afiliación al Partido Peronista, firma ilegible. Solicitud de empleo por duplicado avalada por José Eduardo Picerno, diputado nacional.

San Martín

Horacio Q. Bossi. – Secretária del Tribunal Nº 3. Documentación ensobrada. Copia decreto nombramiento secretario del tribunal del trabajo Nº 5 de San Martín, con fecha 10/10/53. Copia decreto nombramiento secretario del tribunal de trabajo Nº 3 de San Martín con fecha 31/1/55. Copia de datos remitidos por CIDE. Solicitud de empleo por duplicado, avalada por firma ilegible. Certificado de afiliación al Partido Peronista firmada por Atilio J. Appolonio (secretario general interino)

Bahía Blanca

Margarita N. Inchine de Nucci. – Secretaría Nº 1 del Tribunal Nº 1. Documentación ensobrada. Copia decreto nombramiento secretario del tribunal de trabajo Nº 1 de Bahía Blanca, con fecha 13/10/53. Memorándum dirigido al interventor en el que se la propone como candidato a ocupar vacante firmado por Raúl Aguiar (secretario de organización), Juan Pirchi (secretario administrativo), con fecha 16/7/53. Nota remitida por CIBA. Carnet de afiliación al partido. Carta de recomendación al interventor enviada por Juan López (diputado provincial) con fecha 19/6/53. Memorándum enviado al interventor en el cual envía la carta de recomendación del diputado provincial Juan López, firmada por Antonio Gatti con fecha 15/7/53. Carta de pedido de designación enviada por el diputado provincial Juan López al gobernador Carlos V. Aloé, con fecha 19/6/53.

AGENTES FISCALES

Ernesto J. Suárez. – Trenque Lauquen. Documentación ensobrada. Copia decreto nombramiento secretario del Tribunal de Trenque Lauquen con fecha 12/7/55. Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por Ricardo Alfredo Livroni (secretario general interino). Proposición de empleo firmada por F. Larraga (intendente municipal) y Jorge Alberto Simini (presiente Comisión Asuntos Constitucionales y Justicia).

Julio Saralegui. – Morón. Ficha. Recomienda doctor Atilio Siri. Documentación personal. Copia informes remitidos por CIDE. Memorándum de información policial y política del doctor Pedro Sisimi con fecha 5/3/53. Recomendación de cesantías y reemplazos en Cámara Segunda de Apelaciones de los tribunales del Departamento del Centro. Datos del señor Sisimini remitidos por CIDE.

ASESORES DE MENORES – DEFENSORES DE POBRES Y AUSENTES

Segundo S. Acuña. – Morón. Ficha. Recomienda doctor Bambill. Pedido entregado por el ministro de gobierno doctor José Martín Seminario. Bloque peronista de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia. Documentos personales. Memorándum dirigido al interventor pidiendo ser incluido en la lista como juez de cámara firmado por Fidel Guadalupe (senador de Buenos Aires). Enrique Pizzorno (senador de Buenos Aires). Florindo A. Rua (senador de Buenos Aires).

Jorge J. Carrión. - Olavarrçia. Ficha. Recomienda doctor Traur. Documentación ensobrada: Certificado de afiliación Partido Peronista firmado por José C. Barro. Solicitud de empleo firmada por Rodolfo E. Trour. Copia decreto nombramiento asesor de menores en la Fiscalía del Trabajo de Olavarría. Datos remitidos por CIDE.

Notas:

(1) Es el nombre que el régimen peronista dio a la ciudad de La Plata. (Nota del transcriptor)

(2) Apocope de “Carta Documento” (Nota del transcriptor)

(3) Una palabra muy utilizada entre los jerarcas y militantes del régimen peronista y que aún hoy utilizan y mucho: Aval. Fue y es una sutil forma de encubrir la falta de legítimas capacidades para ocupar cierto cargo. El “Aval” remplaza el concurso público, la trayectoria, el conocimiento y capacidad para desarrollar cierta tarea o para ocupar un determinado cargo. El aval es otorgado por algún jerarca del régimen que simplemente “avala”, “garantiza la sumisión a los jerarcas y la pertenencia al régimen peronista” del candidato. No debe confundirse con el sentido propio de la palabra aval, en estos casos es una referencia al miembro del partido que por sus propios “meritos” avala al candidato. Para dar un claro ejemplo, en el lenguaje peronista aval no es un título habilitante que demuestra la capacidad del candidato, es una simple recomendación desde lo afectivo y que demuestra su pertenencia al partido y la sumisión al líder. (Nota del transcriptor).

Nota al presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones de fecha 2 de enero de 1956.

2011-09-26T12:52:00.006-03:00

Volver al Índice

Buenos Aires, 2 de enero de 1956.

Al Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones.

S/D.

A raíz de las investigaciones realizadas por esta comisión Nº 15 relativas a las actividades, conexiones e influencias ejercidas por el doctor Román A. Subiza sobre el interventor del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, doctor Raúl Jesús Rodríguez De Felipe, para la designación y remoción de magistrados, funcionarios y empleados vinculados a la ajusticia de aquella provincia, y obrando en poder de esta Comisión los documentos, fichas y demás antecedentes emanados de los archivos secuestrados a dicho interventor, se ha procedido al examen y clasificación de ellos y son los siguientes:

1º Fichero general de recomendaciones, llevados por orden alfabético.
2º Fichero de pedido de cargos públicos, llevado por orden alfabético.
3º Fichero de denuncias, llevado por nombre del denunciante.
4º Fichero de denuncias, llevado por nombre de denunciados.
5º Fichero llevado por orden alfabético de recomendados, de los que se solicitaron informes a CIDE.
6º Fichero de solicitudes de cargos, llevado por departamentos judiciales, para magistrados y funcionarios.
7º Fichero de solicitudes de empleos administrativos, llevado por departamentos judiciales.
8º Fichero de solicitudes de empleo administrativos, llevado por juzgados de paz.
9º Fichero de solicitudes de empleados de personal de servicio y maestranza, llevados por departamentos judiciales.
10. Sobres conteniendo nombramientos, antecedentes personales, expedientes administrativos, renuncias, cesantías, notas, etcétera.
11. Carpeta con notas numeradas de 1 a 36.000, conteniendo denuncias, antecedentes varios, etcétera.
12. Biblioratos conteniendo documentación, numerados de 1 a 1.195.
13. Carpetas de correspondencia varia.
14. Carpetas de antecedentes, estadísticas, etcétera.
15. Carpetas de informes personales de CIDE.

Del examen de ficheros y documentos que se mencionan, aparece la intervención del doctor Subiza a que se hace referencia en el exordio del presente, unas veces formulando recomendaciones por sí y otras por intermedio de terceros que obraban bajo las sugestiones o indicaciones del mismo, ya que emanaban de personas que de alguna manera estaban vinculadas al mencionado y que en reiteradas oportunidades aparecen conectadas con distintos hechos investigados por esta Comisión.
Esta comisión ha podido comprobar que hubo magistrados, funcionarios y empleados nombrados por recomendación personal del doctor Subiza y por interpósitas personas.

Los nombramientos de los magistrados, funcionarios y empleados en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las verificaciones emergentes de la documentación examinada, en casi todos los casos requerían se cumplieran las siguientes exigencias:

1º Afiliación al Partido Peronista.
2º Aval del Subcomando Táctico del partido aludido.
3º Aval del recomendante.

Se hace notar la exigencia de la afiliación al Partido Peronista para desempeñar los cargos públicos, en el hecho de que los juzgados remitían a la intervención la nómina del personal indicando número de afiliación o especificando si no esa afiliado.
Con referencia a los subcomandos tácticos que tanto avalaban como solicitaban nombramientos, estaban formados de la siguiente manera: Intendente municipal del partido, un representante de la CGT, un representante del Partido Peronista, rama masculina, y una representante del mismo partido, rama femenina; todos de las respectivas localidades.
Estos eran los requisitos indispensables para sus nombramientos. Excepcionalmente faltan algunos de los requisitos señalados, presunción que se infiere de la carencia en unos casos del sobre que contiene la documentación y, en otros, parte de los antecedentes.
Precisamente de estos antecedentes resulta en forma indiscutible que el interventor Rodríguez de Felipe no ha realizado las gestiones que se le encomendaban de reorganizar el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, dentro de las condiciones legales en que fuera expedido su nombramiento por el Poder Ejecutivo nacional; vale decir, que para las designaciones no actuó con la independencia, autonomía y ecuanimidad requerida a las funciones de tan elevado cargo.
Los tribunales así constituidos carecían de los atributos requeridos para el ejercicio de su función, convirtiendo a la justicia en un organismo dependiente del partido político gobernante, creando así un privilegio para un sector político, que lesiona y repugna los principios democráticos del país, cercenando la libertad y el derecho, llegando con este proceder a suprimir uno de los esenciales poderes del Estado.
El incumplimiento por parte del doctor De Felipe de los más esenciales deberes de su cargo, creó un Poder Judicial al servicio de los intereses políticos y particulares de los componentes del oficialismo, con merma de la independencia que fundamentalmente compete a ese poder.
Contando con la falta de independencia, se organizan estudios jurídicos que acaparan los asuntos importantes en lo que, violando normas jurídicas, obtenían ventajas y privilegios, creando o destruyendo vínculos de familia, derechos patrimoniales y, lo que es más atentatorio, avasallando la libertad individual con procesos por delitos inexistentes o infracciones artificiales o antojadizas, siendo el principal beneficiario de esta descompensación el doctor Román A. Subiza (1).

III

Reorganizado el Poder Judicial por las nuevas autoridades constituidas, con posterioridad al 16 de septiembre último (2), quedo integrado en la forma que instruye la lista publicada por el “Diario de Jurisprudencia Judicial”, lista a la que esta Comisión se remite, por no haberse recibido aún la solicitada al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de su examen resulta que permanecen en funciones magistrados, funcionarios y empleados que, en su momento, fueron nombrados llenando los requisitos a que se hace referencia en la presente; es decir, avalados por los subcomandos tácticos o imposición del Partido Peronista.

Para ilustración del señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, se acompaña la nómina de los magistrados y funcionarios que actualmente permanecen en funciones, nombrados con los requisitos señalados, cuyos antecedentes estaban en poder del interventor y que se han tenido a la vista.
Se hace constar que la documentación examinada por esta Comisión y secuestrada al interventor, ha sido reconocida como auténtica por Carlos Rogelio Descalso, Arnolfo Andrés Rinaldi y Raúl Luis Cardillo.
Los citados eran los empleados de la intervención encargados de la organización, confección y movimiento del fichero, archivo y documentación en general. También quedan reconocidos como auténticos por la propia declaración del doctor Rodríguez de Felipe.
Como medida de seguridad, ante la responsabilidad del doctor Raúl Jesús Rodríguez de Felipe al violar prima facie los deberes de funcionario, artículos 248 y 249 del Código Penal (3), esta Comisión solicita por separado la detención del citado hasta tanto se concluya la investigación.
Creemos firmemente en la necesidad de elevar este informe parcial, sin perjuicio del general que examine todas las designaciones efectuadas en la provincia de Buenos Aires por el interventor del Poder Judicial, en la seguridad de fijar con carácter objetivo el funcionamiento de esa justicia provincial, facilitando la tarea de restructuración de uno de los poderes, sobre el que en gran parte reposa la seguridad del Estado.
Saludamos al señor presidente con la consideración más distinguida.

Notas:
(1) Por ser éste, Román A. Subiza, quien manejaba los grandes estudios jurídicos mencionados con anterioridad. Lo cierto es que quienes no estuvieran afiliados al Partido Peronista fueron tratados durante el régimen como ciudadanos de segunda cercenándoseles sus derechos en todas y cada una de las oportunidades posibles, la narrada es solo una de las miles que existieron. (Nota del transcriptor)
(2) Del año 1955. (Nota del transcriptor)
(3) Los artículos mencionados variaron y podrían seguir variando en el futuro. Incluso cambiar su numeración o desaparecer por la acción de las nuevas legislaciones que se sucedan. Es por eso que citamos textualmente a continuación lo que decían al momento de ocurridos los hechos:
Art. 248. Será reprimido con prisión de uno a dos años e inhabilidad especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutase las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Art. 249 Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. . (Nota del transcriptor)

Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 1 – año 1958 – páginas 899 a 990).

La Segunda Tirania

PDF Libro: "Esa Noche de Perón" Por Ricardo Boizard

PDF Libro "La razón de su Huida" Por Julio Rafo

Libro PDF ¿Rosas Fue desinteresado? de Estanislao Del Campo Wilson

Ver online DESCARGAR PDF Revista La Republica año 2 N° 11 - septiembre de 1975

Descargar PDF Carta Republicana de la Revolución Libertadora - año 1955

El caso Beveraggi Allende, privado de la ciudadanía argentina por ley peronista N° 14.031, del año 1951

Comisión 22 Expediente 22-13 adquisición de chasis y tractores para YPF a la Fiat Argentina S.A.C.I.

Comisión 22 Expediente 22-9 Designación en YPF Córdoba de jefes de la Alianza Libertadora Nacionalista

Comisión 22 Expediente 22-3 Triangulacion de armas a Perú y Ecuador durante la guerra

Comisión 22 YPF Expediente 22-2 Uso de recursos de YPF para fines partidarios

Comision 22 YPF expediente 22-1 Bombas incendiarias

Comisión 22 YPF Nota al Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante (R.A.) Leonardo McLean 13-4-1956

Vergonzoso: el estado se presentará como querellante en la tragedia ferroviaria de Once

Radio Colonia Online

Mata Hari, ¿era argentina?

EDITORAL: Un atropello a la libertad

Claves para entender el peronismo: Democrático, pero no republicano

Democrático, pero no republicano

Enlazarnos - Suscribirnos

Código para banner de 88 x 31px

Nota al Señor presidente de la Comisión Investigadora de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio P. Aramburu.

Nota al Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, Contraalmirante don Leonardo Mac Lean fecha 13 de abril de 1956.

Renuncias sin fecha

Juegos

Movimientos de personal efectuados por la Intervención federal entre 19/7/52 al 20/12/53

Nómina de los magistrados y funcionarios que actualmente permanecen en funciones, nombrados con los requisitos señalados.

Nota al presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones de fecha 2 de enero de 1956.