La Voz de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares

2020-03-03T11:35:00.003+01:00

Los nacionalismos

El nacionalismo es una ideología romántica del siglo XIX que apela al sentimiento y va contra la razón, la verdad y el pensamiento crítico.

El nacionalismo considera que la nación es el ente político supremo, estando por encima del pueblo y de las personas. El nacionalismo sostiene que la nación tiene derechos superiores a los individuales, lo cual es absurdo porque el nacionalismo no es más que una metafísica, una construcción cultural y política de un tiempo y un lugar que sólo tiene vida en la mente de quienes la forjan y de los devotos que creen en su idea. De aquí viene que el nacionalismo sea profundamente antidemocrático (la voluntad de la nación está por encima de la voluntad del pueblo) y sea enemigo declarado de la libertad (el nacionalismo exige devotos y no gentes que piensen libremente).

El nacionalismo es un antirracionalismo. Encuentra siempre su razón de ser en un mito, en una mentira, en un hecho asombroso, inexplicable o indemostrable. Es lo contrario del logos y de la sistematización racional del Derecho que da forma a la sociedad. Es la caverna de Platón con sus sombras engañosas. El nacionalismo necesita demagogos sin escrúpulos para alimentarlo. Estos demagogos, que tanto abundan hoy, son iguales a los que describió hace 2.500 años Aristófanes en su obra Los caballeros: deshonestos, groseros, maleducados e ignorantes.

El nacionalismo en cuanto irracionalismo no atiende a razones, a hechos, a la verdad, a cifras o a estadísticas. El nacionalismo es infalible, es una fe, no puede será falsado. Enemigo de la razón, es altamente inflamable y proclive a la violencia, incluso más que otros fanatismos con los que comparte estructura y propósitos.

El nacionalismo necesita de amenazas, enemigos, miedos, culpables, héroes ficticios, envidias, pasiones, chantajes emocionales, discursos incendiarios, promesas imposibles, negación del otro, mártires y muertos. El nacionalismo, por definición, excluye. La sociedad que excluye es violenta y deja pronto de ser sociedad.

El nacionalismo, no se olvide, trajo a Europa en el siglo XX dos guerras mundiales, con sus atrocidades y carnicerías insuperadas, y otra guerra más de exterminio en la exYugoslavia, terminando el siglo como tristemente empezó: en el pozo de los Balcanes.

En el nacionalismo anida siempre la idea de superioridad, de distinción jerárquica, de supremacía, de exclusión, de rechazo y de enfrentamiento entre grupos humanos. El nacionalismo levanta barreras no sólo físicas sino mentales entre las personas. Inoculado el nacionalismo en los cerebros, es muy difícil erradicarlo.

El nacionalismo, en momentos de auge, va de la mano del supremacismo, convirtiéndose en imperialismo. En tiempo de crisis, en cambio, va de la mano del temor, del rencor y de la humillación, porque consiste en una proyección invertida del yo, con todas sus insuficiencias y defectos, en los otros.

Una sociedad dañada es muy proclive a caer en los brazos del nacionalismo. ¿Quién se resiste al embrujo de pertenecer a un grupo de elegidos superiores al resto, cuando le va mal? ¿Quién no cede ante el simplismo de que el culpable de los males propios es el otro, por más que el otro sufra esos males más que uno mismo? ¿A quién no le complace ser halagado con mentiras, por más que estas sean terribles, y escuchar sólo aquello que confirma sus prejuicios?

El nacionalismo es una ideología muy socorrida en tiempos de crisis, circunstancia en la que siempre prospera, como las infecciones en los cuerpos enfermos. El nacionalismo no es causa sino consecuencia, es síntoma de males más profundos, de que hay una sociedad dañada, rota, decadente, en proceso de corrupción, con instituciones y autoridades deslegitimadas y huérfana de referencias decentes y virtuosas.

El nacionalismo es poliédrico y adaptable a diferentes propósitos:

a) Para los territorios ricos, es la excusa para marcharse del Estado del que forman parte y acabar así con la solidaridad a que están obligados por la ley y por los principios de la sociedad.

b) Para los políticos que no tienen nada que ofrecer es la ideología que aglutina a un pueblo temeroso y dañado, que sueña con redenciones imposibles que siempre acaban en tragedia y muerte.

c) Para quienes detentan realmente el poder, es la ideología que permite no hablar de lo importante y no señalar a los verdaderos responsables de la crisis que se sufre.

El nacionalismo engendra otros nacionalismos como reacción, formando una espiral endiablada que hay que parar porque, de lo contrario, el final al que conduce puede ser muy sangriento.

El nacionalismo aporta un tono odioso a la política, que deja de ser arte de la búsqueda del bien común, que son la libertad y la igualdad, para convertirse en un muladar de insultos, teatro de demagogos mediocres y campo de batalla de fanatismos irreconciliables.

Lo que la razón dicta es que el planeta que nos alberga es uno, que la Tierra es una minúscula mota de polvo en la fría inmensidad del universo, que la vida es una, al igual que la humanidad, que todos respiramos el mismo aire, que venimos de un ancestro común, que la verdad es una, que el conocimiento es universal y que la cooperación es infinitamente superior a la lucha.

El nacionalismo es algo ridículo en la era de la inteligencia artificial, de la ciencia sin fronteras, del 5G, de la investigación básica colaborativa, del transhumanismo, del cambio climático, de la investigación médica aplicada y de la contaminación de los mares, que son todos fenómenos que no conocen de fronteras y que exigen respuestas globales, no nacionales.

Emilio Alvarado Pérez, miembro de la Asamblea Local de IU de Azuqueca de Henares

2018-02-28T13:30:00.002+01:00

SIETE AÑOS CONTENTANDO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Se van a cumplir siete años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodríguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. De esto ya no se habla porque no le interesa a los dos grandes partidos. Con ella el gobierno socialista dio rango constitucional y prioridad absoluta al pago de los intereses y del capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.

El objetivo no era otro que garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas impuestas por Europa: disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por las Administraciones. La reforma, como todos sabemos, se produjo en una noche con alevosía y premeditación, por una vía rápida, con un acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta ciudadana. En aquel momento, España vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI y de Merkel.

Entonces el PSOE, en esos momentos decide pactar con el PP para una nueva redacción al artículo 135 de la Carta Magna, creyendo que así recuperaría la confianza de los mercados internacionales. Nada más lejos de la realidad.

El 26 de agosto de 2011, Sáenz de Santamaría y Montoro “sacaban pecho” de esa reforma constitucional afirmando que con esa nueva redacción se ponía a salvo al Estado del Bienestar y las políticas sociales. Sin embargo, y ellos bien lo saben, el hecho de haber plasmado en el texto constitucional que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, no ha servido más que para justificar una política de extrema austeridad, recortes e involución social.

Esta reforma constitucional fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española (una prima de riesgo que superaba los 300 puntos) que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público.

Ha transcurrido tiempo más que suficiente para sacar conclusiones de los efectos reales de unas medidas que no han sido útiles para el crecimiento y la generación de empleo, ni para bajar el volumen de la deuda o cumplir las previsiones de déficit. Sólo ha servido para incrementar la desigualdad social.

Hay que cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público, excluyendo el tanto por ciento de gasto en educación, sanidad, dependencia e investigación, que son elementos centrales del Estado del Bienestar y de una economía sostenible.

La actual redacción del artículo 135 no lo permite, por lo que ha de ser revisada urgentemente. Sería ideal que se produjese en el marco de un proceso constituyente, de forma consensuada, pero todos sabemos que eso no es probable porque no hay voluntad política.

Mantener el texto tal como está supone restar la poca credibilidad que queda al compromiso de reconstruir el Estado del bienestar. Desgraciadamente, ni PP ni PSOE están preocupados por ello.

María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares.

Porque el Tiempo está cerca

2017-01-31T23:23:00.000+01:00

Nuevos dirigentes van ocupando el poder en las naciones en crisis, allanada su marcha por una vieja clase política moribunda cuyo horizonte es continuar extrayendo de la administración recursos y privilegios para sí, con saqueos y podredumbres incluidas.

Se presentan como salvadores, gentes de acción, expeditivos, de ideas claras. Pero sus remedios son viejos, criminales y están manchados por la sangre de millones de inocentes.

Manipulan y amplifican el miedo que provoca una guerra declarada por asesinos integristas, en la que coinciden en su raíz el control imperial de los campos de petróleo de Oriente Medio, las guerras provocadas con millones de víctimas, la pobreza imperecedera, el fanatismo religioso y la corrupción innata de las satrapías islamistas.

Pero no sólo. Estos personajes también agitan, cínicamente, el espectro de las consecuencias del capitalismo depredador, de la acumulación del capital sobre la que se sostiene su enorme riqueza y poder.

Avanza con éxito en la política una generación de calígulas y nerones cuyas patologías peligrosas quedarían al descubierto mediante un simple examen psiquiátrico. Pero no importan sus trastornos y depravaciones, al menos a esa parte de la ciudadanía que está dominada por la irracionalidad y que, al vivir huérfana de valores humanos, abraza sus locuras grotescas o se abandona al nihilismo estúpido de creer ajustarle las cuentas a los causantes de sus padecimientos, los políticos tradicionales, a su través.

Los hijos de Calígula son el reflejo de la degeneración universal en que vivimos. Coincide que en el peor momento las sociedades van eligiendo a los peores para dirigirlas, procedimiento que lleva al desastre seguro. Son una amenaza y van a acelerar un Apocalipsis que ya se intuía y que debemos parar, al menos por nuestros hijos, que no hay otra fuga al peligro que se nos viene encima que el sacrificio mártir de las gentes de bien.

Los nuevos salvadores van a dejar tamañitas las escatologías de Daniel y las trompeterías de San Juan. Suetonio pintaría un fresco horripilante de estos psicópatas, pero desaparecidos los intelectuales, entregadas las academias y disueltas las jerarquías de la verdadera autoridad, ya no quedan Suetonios en el mundo que nos cuenten lo que ocurre y que nos adviertan de lo que nos espera.

Emilio Alvarado Pérez, Concejal del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

Señores del PSOE, por sus actos les recordaremos

2016-02-26T18:20:00.001+01:00

“Viernes 16 de septiembre de 2011 a las 14:30 horas. Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Ese día a esa hora está convocada una concentración de profesores que trabajan en los colegios e institutos públicos de nuestra localidad. El motivo: el rechazo a los recortes brutales que el Gobierno del PP comienza a aplicar a la escuela pública. Las víctimas en Azuqueca, por el momento, son seis profesores por Instituto, dos de la Escuela de Adultos Clara Campoamor y todos los alumnos de esos centros. En cuanto a la provincia, el número total de profesores damnificados asciende a 130. En la Región unos 800. Como concejal de IU y profesor que soy, me acerqué a la protesta junto con mi compañera de grupo sin más pretensión que mostrar el apoyo a unas reivindicaciones que trascienden lo laboral.

La ausencia del PP en el acto de protesta contrastaba con la nutrida presencia de concejales del gobierno de Bellido en la concentración, algunos de ellos embutidos en camisetas reivindicativas. Esos mismo concejales socialistas que vitoreaban a los docentes en plena plaza pública, pocas semanas antes aprobaron sin pestañear sisarles dos meses de salario a otros profesores, los de la Casa de la Cultura. Esta imagen de la pura contradicción no aparece sola y del mismo ovillo salen otros hilos. Por ejemplo, los concejales del PSOE que se manifestaban con los profesores agraviados aprobaron en su día la reducción de salarios en la administración pública, estuvieron en contra de las protestas de los trabajadores públicos y privados que reivindicaban sus derechos cuando el Gobierno de Zapatero atentó contra ellos, admitieron el retraso de la edad de jubilación, consintieron la eliminación del impuesto de patrimonio, callaron ante la reforma alevosa de la Constitución sin consulta popular para instaurar el neoliberalismo como religión civil del Estado, dieron por bueno el desmantelamiento del Estatuto de los Trabajadores y accedieron al disparate de conceder sin ninguna clase de contraprestación dinero a espuertas a una banca irresponsable y depredadora que fue, por si a alguien se le ha olvidado, la que desencadenó la catástrofe económica que padecemos”.

Estas fueron las palabras del que en su momento era portavoz del grupo municipal de IU, Emilio Alvarado. Hoy, como compañera suya y actual portavoz de esta formación, las suscribo íntegramente y explicaré porqué.

Viernes 26 de febrero de 2016 a las 11:15 horas. A las puertas del Instituto San Isidro. Ese día a esa hora está convocada una concentración por alumnos y profesores para exigir la reversión de los recortes en educación y la recuperación de la calidad de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha. Como concejala de IU, me acerqué a la protesta junto con mi compañera sin más pretensión que mostrar el apoyo a unas reivindicaciones justas.

La ausencia del PSOE en el acto de protesta nos ha llamado extraordinariamente la atención, cuando hace tan sólo unos meses, algunos de ellos se enfundaban la camiseta reivindicativa para protestar contra las políticas de recortes de Cospedal.

Sólo desde la hipocresía y el oportunismo puede entenderse el comportamiento de estos señores, de lo contrario se hace difícil, que los mismos que ayer se manifestaban en defensa de la educación pública, hoy no lo hagan porque gobiernan los suyos.

Sobre este asunto, como en tantos otros, Izquierda Unida puede mantener la cabeza muy alta. Defendemos los derechos sociales y lo público sin concesiones ni astucias. Nuestra postura sobre los derechos sociales y la importancia de la educación pública no ha hecho más que reforzarse, y a ello me ha ayudado la comprensión de la crisis. En estas cuestiones sabemos de qué lado hay que estar, siempre lo estuvimos, independientemente de la soledad experimentada cuando no estaba bien considerado defender lo que hoy está en peligro.

Por cierto, conviene recordar, por si se ha olvidado ya, que los concejales socialistas de Azuqueca de Henares, votaron en contra de la moción de IU, una de tantas, a favor de una educación pública de calidad.

De todas formas, de nada les vale a los socialistas manifestar en defensa de los servicios públicos, ni antes ni ahora, porque les recuerdo que fueron ellos los que establecieron un límite de gasto en nuestra Carta Magna priorizando absolutamente el pago de los intereses y el capital de la deuda sobre cualquier otra necesidad social, especialmente la educación y la sanidad públicas.

Así que señoras y señores del PSOE “por sus actos les recordaremos”.

Mª José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares

El Código Penal del PP: caña al pobre

2015-03-05T11:45:00.001+01:00

Con el PP intentar paralizar un desahucio es un delito castigado con pena de cárcel

Ya tenemos nuevo Código Penal, el Código Penal del PP.

El pasado 21 de enero se aprobó la reforma del Código Penal a pesar de los votos en contra de todos los partidos de la oposición, a excepción de UPN que es la marca del PP en Navarra.

Reformar el Código Penal era una obsesión del gobierno de Rajoy, al final resuelta en solitario por las muchas críticas que recibió del resto de los partidos, de organizaciones sociales y profesionales e, incluso, de los medios de comunicación afectos al régimen, por vulnerar importantes principios amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Penal.

De entrada, la reforma del Código Penal es un fraude de ley, pues ha sido realizada por la vía de urgencia para saltarse los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, necesarios cuando las leyes que se aprueban afectan a los derechos fundamentales.

Además, el texto resultante bebe de las fuentes jurídicas más reaccionarias y autoritarias, planteando un nuevo contexto penal más propio de un estado de excepción encubierto. Así, introduce la prisión permanente revisable, que no cabe en la Constitución, aumenta las penas para muchos delitos sin que haya fundamento penal para hacerlo, reprime la protesta ciudadana, pone parches variopintos en asuntos de extrema importancia y aplica un guante de terciopelo a los delitos de corrupción.

Pero no sólo lo anterior. El Código Penal del PP es un texto hipócrita, vengativo, autoritario y represor con el que se busca principalmente, por un lado, cambiar profundamente el modelo punitivo actual aumentando la represión y el control social sobre los ciudadanos para inocularles el virus del miedo, del silencio y de la desconfianza mutua y, por otro, facilita la amnistía de los delitos de guante blanco como el fraude, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el blanqueo de dinero, el cohecho, la prevaricación, etc., a pesar de que estos delitos, que son las mil y una caras de la corrupción que nos come, hayan provocado el estado de calamidad en el que vivimos.

Esta es la reforma de la justicia penal del PP. No extraña atendiendo a su ideología y aus antecedentes. ¿Qué podíamos esperar de un Gobierno que ha desmontado la justicia universal, que está intentando, entre muchas otras barbaridades, impedir el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, que se niega a investigar y a castigar los crímenes franquistas, que está podrido por la corrupción o que recorta con saña los derechos elementales de las víctimas de la crisis, que ya van por los trece millones?

El PP dice que suprime las faltas para incrementar la eficacia de la justicia penal, lo cual es, como argumento, una falacia y, sin embargo, oculta que la supresión de éstas implica que el Código Penal pasa a ser mucho más severo, sin que exista ningún motivo para hacerlo excepto el espíritu de venganza y la obsesión por el control de la sociedad.

Tampoco cuenta el PP que la congestión que existe en los juzgados penales es menor que la que hay en los juzgados civiles y de lo contencioso-administrativo, por lo que no hay ninguna necesidad de descongestionar a los primeros por la vía de cargar con más casos a los segundos.

En los supuestos en que las faltas se transforman en sanciones administrativas o civiles también se producen consecuencias que perjudican a la ciudadanía ya que, entre otras cosas, se incrementan los costes de la defensa, convirtiendo al acceso a la justicia en un imposible para millones de personas humildes que sufren la vulneración de sus derechos y que no cuentan con dinero suficiente para defenderlos en los tribunales.

En esta reforma se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no son un peligro para la sociedad, todo lo contrario, y contra movimientos con gran reconocimiento ciudadano como activistas, inmigrantes, personas sin recursos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las Mareas, con el único objetivo de criminalizar la protesta social. Conductas como la venta del top manta, un hurto de poca monta en un supermercado, hacer un graffiti, resistirse pacíficamente en un acto de protesta, parar un desahucio o encerrarse en una sucursal bancaria para denunciar sus depredaciones serán castigadas con penas de cárcel gracias al nuevo Código Penal del PP.

Para el PP, y esto es el colmo, el orden público se puede alterar desde el sillón de nuestra casa y ser condenados por ello. Por ejemplo, una persona que difunda consignas de una manifestación por las redes sociales puede considerarse que está incitando a cometer un delito de alteración del orden público o podría ser acusada de cometer un delito de este tipo si se produce algún altercado en dicha acción, aunque no haya acudido a la manifestación, no conozca al autor del delito o no haya tenido nada que ver con su comisión.

Especial mención merece el nuevo texto del artículo 318 bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los extranjeros”. Es voluntad del PP que se castigue a quien ayude a una persona en situación administrativa irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias. Sin embargo, no se define qué se entiende por “prestar ayuda por razones humanitarias”, lo que deja un amplio margen a la interpretación del juzgador. ¿Habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad grave para poder prestarle ayuda sin que tales actos se conviertan en constitutivo de delito? Para el PP, el simple hecho de ayudar a una persona en situación irregular como puede ser ofreciéndole alojamiento, llevarle en coche o cualquier otra conducta similar, podrá ser sancionado penalmente si no es considerado ayuda humanitaria. Además, se penaliza a quien ayude, con ánimo de lucro, a una persona que se encuentre en situación irregular en España. Esta puntualización permitirá castigar a quien le alquile una vivienda o una habitación, a quien preste asistencia médica o jurídica o al que realice cualquier servicio profesional a su favor cobrando por ello. ¿Tendrán que comprobar los panaderos la situación de una persona inmigrante antes de venderles una barra de pan?

La reforma del Código Penal ha sido anunciada por el gobierno como una medida contra la corrupción, una intención que no se corresponde con el contenido real del texto porque ni se agravan todas las penas, ni se trata a todos los ciudadanos por igual.

Por ejemplo, se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos), no se aprovecha para sancionar las grandes estafas y, además, con la Ley de Amnistía Fiscal que entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra la Hacienda Pública. Si el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social es delito desde el primer euro, el fraude sobre las cuotas a la Seguridad Social no es delito si no supera los 500.000 euros.

Tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que el delito fiscal sólo tenga reproche penal si supera los 120.000 euros anuales, lo cual quiere decir que aquel que tenga ingresos suficientes para defraudar por encima de esa cantidad se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 5 años, así como a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra escamoteada al fisco.

En la legislatura de los papeles de Bárcenas, de la financiación ilegal del Partido Popular, de la trama Gürtel, del caso Noos, de la operación Pokémon, de la operación Púnica y de un sinfín de escándalos de corrupción que apuntan al PP, el Gobierno de Rajoy ha decidido no aumentar las condenas de cárcel, ni tipificar como delictivas las desorbitadas retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, siendo aplastante mayoría los que salieron de sus filas.

Al introducir el delito de financiación irregular de los partidos la oposición considera que el PP da una definición “vaga” porque ha establecido el umbral de lo delictivo en 500.000 euros. La prueba es que con el nuevo Código Penal del PP, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. No es de extrañar que a su salida de prisión Bárcenas afirmara “no me arrepiento absolutamente de nada. Volvería a actuar exactamente igual”, al sentirse respaldado por unas leyes penales que le ampararían. Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para los mangantes que entreguen o reciban dinero con la finalidad de financiar irregularmente a un partido. Todo aquel que hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sólo sea por un céntimo, no tendrá castigo, ni penal ni administrativo, lo cual le viene muy bien al PP, acostumbrado a recibir más que presuntamente cantidades millonarias de poderosos donantes que nunca donan nada desinteresadamente.

Con la que está cayendo, el Partido Popular propone una reforma en caliente, a golpe de telediario, para sacar el máximo rédito electoral, endureciendo determinadas penas, salvo las que tiene que ver con la corrupción, con lo cual se constata una vez más por dónde van sus intenciones.

El PP utiliza la prisión permanente revisable para convencernos de que es necesario un endurecimiento de las penas, cuando lo que realmente pretende es criminalizar la protesta social siguiendo la estela de la Ley Mordaza del Ministro del Interior, Fernández Díaz.

El PP intenta acallar la protesta ciudadana mediante la aplicación de castigos desproporcionados para impedir la libre expresión popular, indignada ante las políticas antisociales de su gobierno.

Penas de cárcel abusivas, reformas legales sin más procedimiento que el Decreto sin debate en las Cortes y abusando de una mayoría absoluta obtenida con engaños. Esta es el camino penal del PP.

El PP está haciendo de la Justicia española el “cachondeo” que hace veinte años denunciara el alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco.

El PP está empeñado en controlar a los jueces dando mayor poder a aquellos que hacen la “vista gorda” con su corrupción y poniendo en manos de los ideológicamente afines la represión de cuanto ciudadano manifieste su descontento ante su política económica y social que machaca a millones de personas.

Junto a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en trámite en el Senado, se apuntalan los tres vértices de un aparato legal que ataca los derechos fundamentales de las personas que ya no pueden resistir tanta corrupción, tanta desvergüenza y tanta miseria.

Este es el legado penal del PP. Una pena.

María José Pérez Salazar forma parte del consejo político local de IU de Azuqueca de Henares y es candidata a la alcaldía.

Los presupuestos para 2015: un brindis al sol por la precariedad y la desigualdad

2014-12-04T09:09:00.000+01:00

Esta es la herencia recibida del PP

Hace poco más de un mes vio la luz el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas.

El informe ofrece elementos para la preocupación dadas las consecuencias que la crisis ha tenido sobre la mayoría y el aumento de la desigualdad social. También denuncia la progresiva degradación democrática y social consecuencia de un sistema que genera desigualdad salarial, limita la capacidad redistributiva y reduce el sistema de prestaciones público.

Los recortes que se han llevado a cabo durante estos años de crisis han elevado el porcentaje de hogares españoles con problemas de privación de material y pobreza monetaria en un 50%. Las medidas del gobierno se han cebado con las rentas más bajas llevándose por delante diez años de progreso salarial para las familias con hijos, a lo que hay que añadir un paro que ronda los 6 millones de personas, que más de un millón de hogares carecen de ingresos y que la protección por desempleo ha caído un 40%, lo que significa que cada vez hay menos personas que cobran prestaciones sociales.

Que sólo el 34% de los ciudadanos se encuentre en situación de integración social plena, entiéndase, que cumple con los indicadores sociales clásicos de educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad, pensiones, etc., cuando en el 2007 superaba el 50%, significa que la exclusión social ha ascendido un 25% y que atañe a más de 11,7 millones de personas. La precariedad afecta a ámbitos básicos como la vivienda (con casi el 62%), la salud (un 46%) y el empleo (superior al 77%). También se encuentra generalizada la vulnerabilidad de la juventud, dado que el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo.

No cabe duda que tanto en su dimensión social como económica, los efectos de la crisis proyectarán su huella en el futuro por lo que podemos hablar de una generación hipotecada, como la denomina el informe, en la que los efectos de la crisis “se dejarán notar con mayor virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los y las jóvenes de hoy.”

En este sentido, es importante hablar de la educación como mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social. El gobierno del PP ha recortado su presupuesto un 25% desde que empezó a gobernar, lastrando la igualdad de oportunidades y profundizando la desigualdad social. El aumento del 4,5% en los PGE del 2015 sólo sirve para la implantación de la segregadora ley Wert que consolida la desigualdad.

Capítulo especial por su crueldad clasista son las partidas presupuestarias destinadas a garantizar la equidad a favor del alumnado de entornos sociales desfavorecidos. El recorte no puede ser mayor al perder casi el 90% de los fondos, pasando de los 170 millones cuando el PP comenzó a gobernar, a 70 millones el año pasado y, hoy, se ve reducida a un testimonial 5,2 millones en los Presupuestos del 2015. Estas cifras reflejan el nulo interés que tiene este gobierno en las políticas de apoyo a los estudiantes con mayores dificultades o más necesidades, lo que significa eliminar una herramienta de integración de sus políticas educativas.

No merece un menor reproche la partida presupuestaria destinada a becas porque mantiene la misma cifra ridícula del 2014 (que fue de 1.467 millones), pasando a 1.469 millones de euros. Si tenemos en cuenta que ya venimos de sendos recortes en la partida (210 millones menos en el curso 2011-2012 y 75 millones en el 2013-2014) y teniendo en cuenta que, además, el número de estudiantes es mayor, la cuantía de las becas ha bajado sustancialmente, a lo que se añade que se reparten de manera menos equitativa según vienen denunciando los estudiantes y las asociaciones que los representan.

UNICEF, en otro informe titulado Los niños de la recesión, alerta sobre cómo ha afectado la crisis económica global a los más pequeños en un estudio realizado en 41 países de la OCDE y la Unión Europea. La conclusión del informe no deja lugar a dudas y señala a los más pequeños como el grupo social más perjudicado por la crisis: 76,5 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, 2,6 millones más que en 2008.

En España las consecuencias de la crisis son muy preocupantes, según advierten desde UNICEF, organismo poco sospechoso de pertenecer al ámbito de la izquierda, al igual que Cáritas o la Fundación FOESSA. Según UNICEF, el Estado no ha sido capaz de proteger a los menores debido a que no existían “políticas arraigadas centradas en los niños” previas a la crisis, y “la inversión en el sistema de protección a la familia y a la infancia no era ni es suficiente ni eficiente”. El gasto público destinado a las familias con hijos es de sólo el 1,4% del PIB frente al 2,3% de la eurozona. Esto representa un porcentaje muy bajo para un país que ha sufrido un incremento de la pobreza de 8,1 puntos en cuatro años y que tiene un 36,3% de menores (2,7 millones) en situación precaria. Sólo Grecia (40,5%) y Letonia (38,2%) reflejan una situación peor.

Los datos sobre pobreza infantil en España no son una causalidad ni un accidente. Son el resultado de los importantes ajustes fiscales y de los recortes en prestaciones sociales, así como de las devaluaciones salariales y la descomposición del mercado de trabajo que cambia empleos estables por temporales y/o parciales.

Contrasta esta crueldad con una política fiscal regresiva que regala a las empresas una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros entre exenciones y desgravaciones, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro.

Según el informe FOESSA, el modelo productivo español especializado en actividades de baja productividad contribuye a explicar el fenómeno de los bajos salarios. Gran parte de los puestos de trabajo que se crean son de baja calidad y, por lo mismo, se destruyen con facilidad. Únese a esto que hay un marco institucional que agudiza el problema ya que la legislación no corrige el excesivo uso de contratos temporales, el salario mínimo se ha demostrado demasiado bajo y la negociación colectiva no está orientada a reducir las diferencias salariales, lo que demuestra el fracaso de las sucesivas reformas laborales.

Las conclusiones son demoledoras. Se hace necesario un aumento del gasto social para reducir la desigualdad y la precariedad, aproximándolo a la media de la Unión Europea. Frente a la ausencia de ingresos que impulsa Rajoy, es imprescindible una reforma fiscal progresiva que permita al Estado recaudar más para financiar políticas activas de empleo y de protección social, sin olvidar, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal.

Se hace más necesario que nunca un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible. Esto sólo se puede lograr con un incremento sustancial de la inversión en I+D+i y ciencia, frente al recorte del 40% y la penalización a las renovables que ha planteado el PP en los presupuestos del 2015.

El Estado debe ser garante del empleo, la vivienda y de los derechos fundamentales de la mayoría social. Hay que romper las cadenas del mercado y de las élites financieras que desde la sombra fiscalizan las decisiones políticas para adecuarlas a los intereses de una minoría selecta. El diagnóstico es grave como lo demuestran cada vez más informes internacionales que instan a cambiar de rumbo y apostar por el rescate de los ciudadanos. Afortunadamente, hay alternativa.

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU

Ley Modarza

2014-11-10T10:04:00.001+01:00

Cayo Lara, coordinador federal de IU, protesta en la escalinata del Congreso contra la Ley Mordaza del PP

El pasado 16 de octubre, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar las nueve enmiendas presentadas por todos lo grupos de la oposición contra su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

De este modo tan peligroso inició el texto su tramitación parlamentaria, al que siguió un debate en el que participó el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el que no faltaron momentos de tensión.

El ministro popular, opusdeísta y extertuliano de la Cadena Ser, defendió con fanatismo el proyecto de ley como un texto “profundamente garantista” (…) “con perfecto encaje en el ordenamiento jurídico” y que es “fruto de la necesidad de recoger las conductas incívicas tras 23 años de vigencia de la ley actual”, frases que son una sarta de mentiras tan grandes como que Monago pagó de su bolsillo sus viajes privados a Canarias, a Fabra siempre le toca el gordo de Navidad o todos los tesoreros del PP son personas honradas.

También en el mundo jurídico se oponen a esta reforma. Entre otros, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que afirman que el proyecto tiene “un marcado carácter represivo, con tintes anticonstitucionales e ideado para acallar las críticas sociales”, juicio que sí parece ajustado a la realidad y no los embustes y cuentos de Fernández.

En un gobierno donde la desvergüenza no conoce límite, que cree que basta una mentira o una disculpilla para tapar su podredumbre, al que le parece estupendo que dieciséis familias con apellidos de relumbrón atesoren la misma riqueza que catorce millones de pobres, “saltarse a la torera” la opinión de los juristas es peccata minuta.

Cuando el Gobierno anunció su reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sabía que muchos de sus planteamientos eran inconstitucionales, lo cual no le importaba, acostumbrado a legislar para sí y los suyos, mayormente para tapar sus expolios y fraudes.

Al repudio de partidos políticos, movimientos sociales y juristas se sumó Amnistía Internacional, lo cual llevó al Gobierno a maquillar su intención de declarar la guerra a la sociedad por la vía de criminalizar la protesta legítima. Por eso remitió un nuevo texto al Consejo de Estado en el que, al parecer, se contemplaban algunas de las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y se matizaba el planteamiento puramente policíaco-represor del texto inicial.

En lo que respecta al derecho de reunión y de manifestación, las principales rectificaciones se refieren a las identificaciones, los controles, los cacheos, la responsabilidad por altercados, la grabación de las actuaciones policiales y las concentraciones frente a los órganos legislativos. En el nuevo texto, las reuniones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos serán sancionables cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana, lo que ya contempla la normativa vigente. El texto inicial pretendía que los organizadores de reuniones o manifestaciones asumieran la responsabilidad de las acciones de terceros durante su desarrollo, lo que suponía un golpe al derecho de protesta porque ninguna organización iba a estar dispuesta a responder por los actos individuales de cada uno de los participantes.

En cuanto a las identificaciones policiales en la vía pública, la nueva redacción las limita a los supuestos de prevención de delitos, nunca frente a una sanción administrativa. Serán trasladadas a comisaría sólo las personas cuya identidad no pueda comprobarse en la calle y que hayan consumado la infracción. Tampoco hay demasiados cambios sobre la legislación actual, que es sistemáticamente incumplida por la policía, en concreto, con la práctica de las identificaciones por perfil racial.

El nuevo texto restringe los controles en la calle, que sólo se podrán realizar para localizar al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social, un concepto jurídico este último indeterminado que podría ser el coladero del “todo vale”.

Respecto de los cacheos, sólo se podrán realizar para prevenir o esclarecer un delito, sin quedar claro si se aplicarían para infracciones administrativas como, por ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para autoconsumo, fijándose además que el traslado a comisaría para la identificación de personas no puede superar el plazo máximo de seis horas.

Una nueva infracción leve que se incluye en el texto, que supone una sanción que oscila entre los 100 y 1.000 euros de multa, es la de perder el DNI en tres o más ocasiones en un plazo de tres años.

Aunque la jurisprudencia sobre grabación de imágenes de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones ha tendido generalmente a autorizarlas, el nuevo texto plantea sancionar no ya el registro de imágenes sino su uso cuando pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Esta redacción también crea un concepto jurídico indeterminado ya que cualquier agente puede considerar que ser fotografiado atenta contra su seguridad, por lo que el margen de arbitrariedad es amplio, con el perjuicio que puede suponer para el derecho a la libertad de información.

La principal novedad es la introducción de una graduación de las sanciones graves y muy graves, con tres tramos diferenciados: mínimo, medio y máximo. Para fijar el tramo correspondiente, se consultará el registro de infractores que también se crea con esta reforma pero que en el nuevo texto no tiene ya la finalidad de apreciar la reincidencia, sino de controlar la multireincidencia para determinar la cuantía económica de las sanciones a aplicar.

Con estos cuatro brochazos el Gobierno de Rajoy pretende saltar las trabas constitucionales para imponernos un texto que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno oculta que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de las 58 infracciones recogidas en la ley están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calles, ese espacio público que es de todos y cada uno de nosotros.

El proyecto del ministro no busca proteger a la ciudadanía por mucho que su título lo afirme, porque en los encabezamientos de las leyes espurias siempre están las mayores mentiras, sino blindar a un Gobierno autoritario y corrupto de la ira de un pueblo que está harto de sus depredaciones y saqueos.

El ministro Fernández nos quiere aplicar una ley represora ideada para actuar contra las respuestas de la sociedad a la crisis-estafa y a las políticas de austeridad, robo y latrocinio del PP.

Mientras la justicia actúa rápidamente contra huelguistas y manifestantes que muestran su descontento pacíficamente en las calles, los juicios contra los corruptos y prevaricadores se eternizan y los millonarios protegidos por amnistías y paraísos fiscales se siguen riendo del común.

La ley del ministro busca socorrer a los corruptos del PP ante los ciudadanos a los que, además, el gobierno roba, engaña y apalea, utilizando contra ellos a la policía que pagamos todos, funcionarios que si cumplieran con su labor tal y como está tasada en la ley, tendrían inmediatamente que llevar ante el juez de guardia al gobierno entero.

Lo que España precisa con urgencia es una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero para protegernos del gobierno del PP. Manos a la obra ya.

En un Estado como el nuestro donde los derechos fundamentales se han convertido en papel mojado, en el que el desempleo alcanza cifras desorbitadas, donde cada vez hay más pobres y en el que resulta mucho más grave ultrajar a un símbolo abstracto que arruinar a una nación entera o echar a los ciudadanos de sus casas a porrazos, la forma más directa de protesta, de rebeldía social y de dignidad que queda es la manifestación, la concentración, la ocupación de las calles de forma pacífica.

El gobierno del PP dice que “a la calle no”, que no salgamos, que nos quedemos en casa como mayoría silenciosa, que seamos invisibles rumiando la desesperación. Busca que sigamos apalancados en casa sin tejer relaciones con otros, sin organizarnos colectivamente, delante del televisor, mientras se nos ofrecen algunos realities socio-políticos de poca monta para que nos desfoguemos en privado.

Rajoy y sus ministros saben que si nos quedamos en el sillón se mantendrán en las poltronas. Sillón a cambio de poltrona, eso es lo que quiere el ministro Fernández. Y si no se acepta el trato, porrazo, multa, inhabilitación y cárcel.

La razón de la reforma del PP es reforzar la actividad punitiva del Estado para proteger a los corruptos del número 13 de la calle Génova utilizando para ello la capacidad sancionadora de la administración.

El proyecto del gobierno busca imponer el miedo en el ciudadano que no se resigna, al que trata como enemigo.

Lo que ocurre es que, como dijo Montesquieu, “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de hacerse odiar.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

El Ébola y Mato, pareja letal

2014-10-18T13:36:00.003+02:00

Mato "haciendo un perfil" ante los periodistas

El gobierno del PP nos juró que el sistema sanitario público, el mismo que malbarata y destruye a conciencia, estaba preparado para recibir a los enfermos españoles contagiados por el virus del Ébola. Nos mintió.

Debido a los recortes del PP, el hospital Carlos III estaba siendo desmantelado en cuanto único hospital de referencia especializado en enfermedades infecciosas en España.

Quiere esto decir que Rajoy y su gobierno ingresaron a enfermos infectados de Ébola en un hospital que ellos mismos habían convertido en un centro de media y larga estancia, especialmente para personas mayores y crónicos, al que le habían cerrado los laboratorios de microbiología, los cuidados intensivos y las urgencias.

Se instaló a los enfermos en una planta del hospital que hasta la víspera había permanecido cerrada y acumulando polvo, una más de las que el PP ha clausurado en todo el país mientras que los pacientes se hacinan en pasillos y salas de espera.

A la vez que la enferma y los que guardan cuarentena son atendidos, en otras habitaciones contiguas aún se ejecutan a la carrera algunas chapucillas con llana, taloja y paletín, por si las cosas se ponen feas.

Esta es la consecuencia de tener un gobierno sumiso a la doctrina que sostiene que es mejor rescatar a los banqueros y demás sinvergüenzas (especialmente si son amigos o camaradas del partido) que atender a los enfermos como se merecen o estar listos ante contingencias y alertas sanitarias que se nos vienen encima por la miseria rampante, la presión demográfica, la degradación del medio ambiente y el aumento exponencial del tráfico de personas y de bienes por todo el mundo.

Pero el PP no sólo cometió la temeridad de llevar a enfermos de fiebres hemorrágicas a un hospital sin condiciones, aumentando exponencialmente el riesgo de contagio. Los médicos y demás personal sanitario han denunciado hasta el cansancio que se no se les proporcionaron trajes de aislamiento adecuados y suficientes, que no recibieron la formación para utilizarlos de manera segura y que las instalaciones del hospital no cumplían los requisitos para realizar su trabajo como mandan las reglas de la medicina y el sentido común.

Hasta el más simple barrunta que sin medios ni entrenamiento no hay lucha que valga contra el virus del Ébola, ni contra la gripe u otra enfermedad contagiosa, porque tan importante como curar a los infectados es evitar que se propague la enfermedad.

Se suma a las temeridades y mentiras anteriores la demolición que sufre la sanidad pública a manos del PP. La relación de hachazos sofoca y va desde el despido de miles de sanitarios al recorte brutal de los presupuestos, pasando por los repagos o la retirada de la asistencia sanitaria a las criaturas que no tienen regularizada su situación administrativa, lo cual ha provocado muertes evitables y puesto en peligro a la población, que es ahora más proclive a contagios tanto de enfermedades nuevas como emergentes y reemergentes, algunas de ellas mortales, gravísimas y que dejan secuelas de por vida.

Se completa la memoria de puñaladas con el tajo practicado a las partidas de cooperación, con la ideación malintencionada de que las desgracias que ocurren a miles de kilómetros no nos conciernen y que las causas humanitarias son un despilfarro, porque o se combate al Ébola en Liberia, Sierra Leona o Guinea o, si no, lo tendremos en nuestra casa descontrolado y rabioso.

Como las mentiras del PP eran tan burdas, sus dirigentes se agarraron a la letanía del protocolo y al fallo humano para librarse de la acusación que les apuntaba. Repitieron machaconamente que aplicaron las normas (lo cual tampoco es cierto porque una enferma sospechosa de Ébola no puede subirse a una ambulancia que luego utilizan otros pacientes sin haber sido desinfectada) y que la sanitaria contagiada era culpable de la desgracia, cuando en verdad el contagio se pudo producir por una mezcla de tensión, impericia, falta de medios y de órdenes claras, es decir, por la desorganización organizada por un gobierno incompetente.

Esta vez la realidad pesó más que las mentiras del poder. El Consejero de Sanidad de Madrid, en el que descubrimos la figura del rinoceronte encelado metido en política, hubo de recular excusando sus cornadas y otras coces. Para salvarse, Rajoy decidió cargarle el mochuelo a la Ministra de Sanidad, efigie ya amortizada por escándalos varios tocantes siempre al uso y disfrute de dinero sucio, exponiéndola a la calcinación rápida en la hoguera de su incapacidad. Terminada la combustión de la ministra y convertida ya en puro carboncillo, Rajoy nombró a su segunda para mejorar lo presente, lo cual era tarea fácil porque es imposible no hermosear lo previo si tal cosa es un descalabro completo, una ruina.

Afortunadamente, la sanitaria contagiada parece vencer a la enfermedad, aunque no se descartan más casos porque la epidemia en África está desbocada.

Demasiadas mentiras para una sociedad harta de la mentira. Pocas mentiras, en cambio, para un gobierno adicto al engaño al que no le importa poner en riesgo la salud y la vida de todos. ¿Hasta cuándo?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

El PSOE, el PP y los Borbones

2014-10-14T13:26:00.001+02:00

El pasado 16 de septiembre, el PP y el PSOE volvieron a interpretar su papel de garantes fieles de la monarquía. Lo hicieron para tumbar la moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en la que se pedía la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado.

La propuesta de IU era tan clara como atenida a derecho: ”hacer uso del artículo 92 de la Constitución española de 1978, cuyo punto 1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, y cuyo punto 2 establece que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, para que el pueblo español tenga la oportunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.

El bipartidismo, artificialmente sostenido por una ley electoral que vulnera la proporcionalidad y que es cada vez más rechazada, impidió con sus votos que el pueblo pudiera expresarse libremente sobre el modelo de Estado.

Nada sorprendente porque en los últimos años los dos partidos que se alternan en el poder han estado de acuerdo en cuestiones claves que han afectado sobremanera a los ciudadanos: por ejemplo, en la ley 15/97 que autoriza la participación de empresas privadas en la gestión del sistema sanitario, en la reforma de la ley de cajas para convertirlas en bancos, en las leyes de extranjería que dejan sin derechos de ciudadanía a miles de personas, en la falta de voluntad de ambos partidos para perseguir la corrupción (sobre todo la interna), en la votación conjunta contra la dación en pago o en la reforma constitucional aprobada en el año 2011 mediante la cual se salva a los acreedores privados a costa de condenar a los ciudadanos con recortes y pérdida de derechos.

Tocados y cada vez más tambaleantes, PP y PSOE se agarran mutuamente para sostenerse. Como socios que se han repartido el poder desde la transición, se esfuerzan ahora por ser los guardianes de la caduca y trasnochada institución monárquica a la que tanto le deben y que tanto les debe.

Esta alianza entre los partidos dinásticos y el trono es un pacto, uno más, para apuntalar la escenografía teatral de la monarquía, institución de opereta, legado de un dictador cuya segunda versión se pavonea exultante en las páginas del papel couché tras la abdicación forzada de Juan Carlos I.

Lo vergonzoso del caso resulta ser la actitud de ambos partidos queriéndonos ocultar la realidad. La naturaleza sistémica de la crisis ha empujado al bipartidismo a aferrarse a la monarquía como salvavidas y la corona se agarra al PP y al PSOE, sin percatarse ni unos ni otros de que los vientos de la historia les van a sacar, más pronto que tarde, de sus poltronas. Al tiempo.

Izquierda Unida había planteado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados la necesidad de que el pueblo español se pronunciara sobre el modelo de Estado, aunque sin ningún éxito por el boicot del PP y del PSOE. Pero en esta ocasión logró forzar una votación en la cámara sobre la propuesta de un referéndum. Fue ésta la primera vez desde la transición en que una iniciativa así pudo ser sometida al voto de los diputados, tras la interpelación urgente planteada por Alberto Garzón una semana antes, la cual provocó la airada respuesta de la número dos del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochaba a IU que “instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución y las leyes”. En su diatriba contra el diputado de IU, a la vicepresidenta no se le ocurrió otra cosa que calificar la propuesta de referéndum de “ilegal” y “contraria a la Constitución”, olvidando por completo su condición de abogada del Estado, el temario de la oposición que la llevó a ocupar tal plaza de funcionaria y, también, el espíritu de la Constitución de 1978 a la que, por cierto, su partido y ella misma no dudan en pisotear cuando les conviene, que es casi siempre.

IU presentó su moción el día 11 de septiembre, un texto breve en el que el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara explicaba que “los escándalos de la Casa Real no dejan de emerger a la superficie”, refiriéndose concretamente al caso Noos , y denunció que “parece como si de la brecha abierta en la Casa Real dependiese todo el entramado político del país”, que estamos “ante una estrategia que pasa por rescatar a la monarquía para salvar así al régimen político”, que “España está en una situación de emergencia social”, que “nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos y culturales” y que, en este contexto, se han producido todos los “rasgos de la cohabitación entre una élite política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo”.

Pero el texto de IU no se quedaba en la denuncia. Planteaba la importancia del referéndum aludiendo a dos conceptos claves para nuestra sociedad: iniciar un proceso de esperanza para que el pueblo tome las riendas de su futuro. La moción lo afirmaba en estos términos: “Desde las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de la oligarquía es la fuerza de la mayoría social”. “La posibilidad de que el pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. El Gobierno tiene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su futuro más allá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones”.

¿Qué hizo el PSOE? Algunos ingenuos aún creían que apoyaría la moción de IU, pero se equivocaron. Los diputados socialistas olvidaron eso que llaman “su alma republicana” y, claro, como el alma no existe, pesaron más en su voto sus ambiciones terrenales, las más ligadas a sus intereses materiales o la simple y pura sumisión al poder establecido.

Comprobamos, por tanto, que el PSOE liderado por Pedro Sánchez es tan monárquico como el de Alfredo Pérez Rubalcaba o el de Felipe González, con sus peajes, ocultaciones y miserias de consuno con la Zarzuela. Nada hay nuevo bajo el sol socialista.

La portavoz socialista, Meritxell Batet (del mismo apellido de aquel ilustre y admirable general, Domingo Batet, fusilado en 1937 por Franco por mantenerse leal a la II República) justificó el voto en contra de la propuesta de IU reiterando su apoyo a la monarquía y manifestando que el PSOE renunciaba al republicanismo en aras del consenso y de la convivencia.

No extraña lo que hizo y dijo la diputada socialista, que en su web oficial se declara colaboradora del imputado (y futuro acusado) Narcís Serra (que es el Blesa-Rato del PSOE) que junto con otros compinches llevó a Caixa Catalunya a la ruina, y que es consorte, además, de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura del PP.

Nuestros argumentos no pudieron con el apoyo dinástico brindado por el bipartidismo, de modo que la moción fue rechazada por 274 votos, por 26 a favor y 15 abstenciones. Toda una lección de principios por la república que quedará registrada en el Diario de Sesiones para conocimiento general y recordatorio de olvidadizos.

El bipartidismo es el principal obstáculo que impide la realización de políticas de izquierda. Nos dirán sus protagonistas que hay “diferencias entre el PP y el PSOE”, que “no son lo mismo”, porque en ello les va la legitimidad. Y claro que las hay porque de lo contrario el tinglado se vendría abajo, pero son de barniz, superficiales, nimias, pequeños detalles insustanciales que no llevan a ninguna parte.

Los dirigentes del PP y del PSOE escenifican diferencias “radicales” en debates dramáticos con insultos y descalificaciones, pero con mucho truco y trastienda, como los tripazos en el pressing catch que no engañan ni a los niños de pecho, porque en esas supuestas disputas el resultado está amañado.

He aquí la razón de que el PP y el PSOE garanticen por todos los medios la continuidad de la monarquía, entendida como el eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre una élite económica y política que gobierna el país desde hace cuarenta años. Por eso asustó tanto al bipartito el hundimiento de la monarquía en el que estaba empeñado Juan Carlos I y su familia, con sus corrupciones gravísimas, francachelas y otras monterías. Había que provocar con urgencia la sucesión y fiar el futuro de la corona a Felipe, un cambio de imagen acompañado de la debida publicidad disfrazada de noticia en los grandes medios de comunicación, cosa que padecemos a diario desde entonces en televisiones y radios oficiales.

El precio de la operación se cargó a los ciudadanos, como es habitual, hurtándoles el derecho a decidir cómo quieren organizar la jefatura del Estado, ahora que era el momento tras la abdicación.

El PSOE y el PP han conspirado contra los ciudadanos. Poco importa que se llamen de centro, socialistas, republicanos de adn y demás pamplinas, porque en lo esencial son lo mismo.

Gracias al bipartito tenemos dos reyes y Felipe VI respira tranquilo mientras que nadie habla ya de los Urdangarines, infantas, Corinas, amigazos del IBEX-35 y demás socios de correrías palaciegas.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares.

Yo te perdono

2014-07-04T14:29:00.002+02:00

El poder legisla a su conveniencia y perdona a los suyos. Mientras, al pueblo, badana

La imagen pública del indulto está muy desacreditada, lo cual no extraña si tenemos en cuenta su mal uso, su abuso, por los consejos de ministros de los gobiernos del PSOE y del PP.

Comencemos definiéndolo: el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es diferente, por tanto, a la amnistía, que supone el perdón del delito. Por el indulto la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

La figura del indulto se regía por la Ley de 18 de junio de 1870, que regula el “ejercicio de la gracia de indulto”. Esta ley fue modificada en 1988 por un gobierno de Felipe González, singularmente en lo relativo a anular la obligación de motivar el indulto, lo cual sorprende porque las sentencias han de ser motivadas y se ha de motivar, también, la responsabilidad penal y muchas otras decisiones administrativas, pero no el indulto total (comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas) o parcial (supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves).

La figura del indulto hunde sus raíces en la potestad de los monarcas absolutos para conceder medidas de gracia a sus súbditos. El advenimiento del parlamentarismo no impidió que se mantuviera esta figura jurídica, longeva, de rancia tradición histórica, siempre de actualidad, pero construida sobre arenas movedizas y ahora en manos de ejecutivos elegidos democráticamente.

El indulto lo concede el Consejo de Ministros en nombre del Rey, a instancias del Ministerio de Justicia y lo pueden solicitar los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre (sin necesidad de que acredite la representación del penado) el tribunal que condenó, el Tribunal Supremo o el fiscal de cualquiera de ellos, el juez de vigilancia penitenciaria, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, (privilegio concedido por Carlos III) el jurado en el caso de que proponga veredicto de culpabilidad y considere motivos para solicitar el indulto y el gobierno tomando la iniciativa en la instrucción del expediente. El indulto se concede mediante Real Decreto donde aparece el nombre de la persona indultada, el delito o delitos por los que fue condenada y las penas impuestas. El mismo texto del indulto expresa qué penas son objeto de indulto y en qué medida (total, parcial o bien objeto de conmutación por otra pena más liviana).

La redacción de la ley del indulto es incompleta y ambigua, de forma que establecido un criterio se introducen medidas para excepcionar el criterio principal. Sin embargo, nada se ha hecho para solucionar esta ambigüedad, sino que se ha incrementado al no tener el gobierno la obligación de motivar el indulto, de forma que habría que considerar que se trata más de una estrategia que de un error.

La figura fronteriza del indulto, así como su utilización, constituye una pendiente resbaladiza que va desde la discrecionalidad hacia la arbitrariedad dolosa. Surgido desde una concepción absolutista del poder, el indulto lleva a la sospecha de que en ocasiones el ejecutivo tiene razones ocultas para conceder el perdón. La ausencia de motivación en su concesión y denegación, a diferencia de lo que establecía la ley de 1870, favorece la sospecha, la arbitrariedad y el abuso, y genera un contrasentido que habría que evitar: que se condena mediante sentencia motivada y se indulta mediante un real decreto no motivado.

La gracia del indulto no se ha establecido en la sociedad para buscar la puerta por donde escamotear la labor de la justicia, sino para aplicar medidas de gracia cuando por exigencias de humanidad se pudiera reducir o convalidad una pena pendiente. Pero, desgraciadamente, el indulto se ha convertido en una gracia penal para que los gobiernos de turno puedan liberar de las condenas sentenciadas a sus amigos y correligionarios.

En un sistema parlamentario son las cámaras legislativas y no los gobiernos las que ostentan la más directa legitimidad procedente de la voluntad popular, aunque las democracias contemporáneas vayan más bien en la dirección de debilitar al legislativo para lograr ejecutivos fuertes y estables. Tendrían que ser ellas, por tanto, quienes tuviesen las última palabra en la aplicación de un medida tan extraordinaria porque, además, son también ellas quienes aprueban las leyes que conducen a las sentencias que serán objeto de indulto.

Desde la asociación Jueces para la Democracia se denuncian que “el Ejecutivo no explica por qué indulta a las personas. Se están dejando sin contenido decisiones judiciales que en algunos casos se han llevado adelante después de muchísimo tiempo de investigación y de grandes esfuerzos, lo que ha dejado algunas sentencias en papel mojado”. Además, esta asociación cree que es necesaria una reforma de la ley que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre esta medida de gracia.

En lo que va de legislatura, el gobierno de Rajoy ha concedido 806 indultos, lo que supone una media cercana de dos al día. De los 434 casos aprobados sólo en 2012, 34 fueron propuestos por el Ministerio de Defensa y el resto por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos de estos indultos fueron especialmente polémicos, como el concedido a cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturas, el otorgado a un conductor kamikaze, un caso en el que la controversia se acrecentó al conocerse que el condenado trabajaba en el mismo bufete de abogados que emplea a uno de los hijos de Gallardón o el último, concedido a un guardia civil condenado por grabar una agresión sexual y mofarse de la víctima cuando su obligación era prestarle auxilio y evitar el delito.

No obstante, las cifras totales de esta legislatura no son muy diferentes a las registradas con otros gobiernos. Durante las dos últimas legislaturas de gobierno del PSOE, con Zapatero al frente, se perdonó a 454 condenados en 2005, a 520 en 2006, a 521 en 2007, a 405 en 2008, a 423 en 2009, a 404 en 2010 y a 301 en 2011.

Uno de los indultos más escandalosos de los concedidos por Zapatero fue el de Alfredo Sáenz Abad, consejero delegado del Banco de Santander y el quinto banquero mejor pagado del mundo (10,2 millones de euros al año), que fue ejemplo de infamia y de abuso difícilmente superable.

Alfredo Sáenz Abad fue condenado en febrero de 2011 por un delito de acusación falsa a la pena de tres meses de arresto mayor, a una multa de 400 euros y a suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras. También fueron condenados en la misma sentencia Miguel Ángel Calama Teixeira y el abogado Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz Abad en 2011 y ese mismo año este señor, ejemplo para los tratados de inmoralidad que aún han de escribirse, fue indultado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno conmutó la pena de arresto y de suspensión por una pena de multa y añadió en el texto del indulto: “quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Los términos en los que se concedió este indulto plantearon la cuestión de si se podía eliminar la nota de deshonor que suponía tener antecedentes penales y que impedía el ejercicio de la profesión de banquero, aunque para el gobierno de Zapatero esta cuestión no planteó ninguna controversia, quizás porque el PSOE, al igual que el PP, tenía fuertes deudas con el Banco de Santander que, según las malas lenguas, fueron condonadas oportunamente.

En el momento de la comisión del delito la ley establecía como condición para ejercer la actividad bancaria “contar con un consejo de administración integrado por personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional”, de ahí que el indulto del gobierno del PSOE introdujera el inciso final anteriormente comentado para remediar la tacha de deshonor que caía sobre Alfredo Sáenz, que es un banquero que cobró al jubilarse en el año 2013, en plena crisis económica y mientras los desahuciados por la banca se arrojaban por las ventanas, una pensioncita de 88’1 millones de euros. Tal decisión o regalo de limpiarle el expediente mereció el aplauso de Botín y de la patronal bancaria, que se deshicieron en elogios sobre la probidad y profesionalidad del condenado así como sobre la altura de miras del gobierno.

Una vez concedido el indulto, algunos afectados por el delito cometido por los banqueros recurrieron ante el Tribunal Supremo, resultando de todo ello que fue anulado parcialmente. En su sentencia, el alto tribunal indicaba que el ejecutivo podía indultar la pena pero no las consecuencias jurídico-administrativas que se derivaban de la condena. Por estos motivos, el Supremo declaró la nulidad del pleno derecho de los incisos finales de los Reales Decretos que concedían los indultos a Sáenz y Calama.

El debate en cualquier caso no se centra en la figura del delito en sí, sino en cómo se administra el indulto, en quién debe otorgarlo y en cómo delimitar los demás requisitos para concederlo.

La experiencia nos dice, desgraciadamente, que el indulto es una figura jurídica que utilizan los gobiernos de manera arbitraria para degradar a la justicia, creando una para sus amigos (banqueros, corruptos, empresarios…) a los que exime de cumplir la ley, y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales y quedan exentos de las medidas de gracia.

Es urgente y necesaria una reforma de la Ley del Indulto para evitar que esta medida de gracia se decida en el Consejo de Ministros y que, en ningún caso, se puedan indultar delitos que causen alarma social, como son los de corrupción, torturas, malos tratos y de seguridad vial que hayan causado la muerte por una conducción temeraria. La reforma que se precisa debe acabar con el margen de arbitrariedad del que goza el gobierno, toda vez que PSOE y PP han abusado de su utilización, ya que en este asunto, como en tantos otros, no se observan diferencias significativas en su ejercicio. Ambos partidos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón, pretextando que la ley no les obliga. En resumen, hoy no existe fórmula legal que controle la decisión de indultar y esto resulta calamitoso.

Una nueva regulación es la única forma de acabar con la injerencia legal del gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos, defraudadores, torturadores, maltratadores o amigos, por ejemplo.

Corresponde al parlamento elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige, por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado y, por otro, excluir del derecho de gracia a los delitos que por su gravedad y circunstancias no lo merecen. Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del gobierno pero limitada por la justicia.

En un Estado constitucional el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede evitar la aplicación de una pena desorbitada, injusta, extemporánea, cruel o inútil) pero no es admisible el indulto arbitrario y contrario a la justicia. Por el contrario, si el indulto se mantiene como está, el gobierno se convierte en una cuarta instancia que corrige al poder judicial y deja sin efecto sus resoluciones cuando le viene en gana, siendo indudable que esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Las trampas de la elección directa de los alcaldes

2014-07-01T13:38:00.004+02:00

Trampa: dícese del acto de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida y a conveniencia propia, con disimulo o torpemente, con el propósito de engañar y perjudicar al adversario

Varios argumentos son utilizados para defender la elección directa de los alcaldes, aunque la mayoría de ellos poco tienen que ver con lo que significa tener alcaldes plebiscitados. Veamos los dos más relevantes:

Un alcalde elegido directamente por los vecinos es más democrático que si lo es por los concejales. En otras palabras, a la hora de elegir regidores es preferible la democracia directa a la indirecta.

Los alcaldes monocráticos infunden estabilidad a los gobiernos municipales y evitan el transfuguismo, que es fuente de males mayores como la corrupción y la traición al compromiso dado a los electores. Por tanto, eficacia en el gobierno y limpieza en la política serían razones adicionales a favor de la elección directa de los alcaldes.

Analicemos el primer argumento, el de más democracia, ligado a la elección sin intermediarios de la máxima autoridad municipal. Si se da por bueno, significaría concluir que los sistemas presidencialistas son superiores a los parlamentarios, lo cual nadie ha demostrado aún porque no es cierto. Tanto el presidencialismo como el parlamentarismo funcionan en un contexto, están sometidos a desviaciones y cuentan con mecanismos correctivos que si los comparamos no siempre actúan como es debido. La democracia no es únicamente una cuestión que dependa del grado de elección, con ser importante, sino, también, de la eficacia de los controles sobre la autoridad, de la fiscalización del ejercicio del poder, de los frenos y contrapesos y de la capacidad de inclusión del cuerpo electoral y de la ciudadanía cuando se toman decisiones. La democracia es más que procedimiento, es sustancia, no sólo es norma sino materia. Además, la experiencia dice que el presidencialismo no es mejor que la democracia deliberativa o de consenso, que parece más blindada frente a los caudillismos y las desviaciones autoritarias del poder. Si se piensa bien, el presidencialismo funciona a las mil maravillas cuando el elegido es una figura providencial, un ejemplo a seguir, una persona íntegra y honesta, uno entre un millón. Por otra parte, la democracia deliberativa, para dar lo mejor de sí, exige una cultura política avanzada y un amplio grado de igualdad. Como lo primero es más difícil que lo segundo, resulta realista no confiar demasiado en los personalismos como la llave que abrirá todas las puertas. Si el poder colectivo sufre tentaciones, qué no le ocurrirá al poder individual que, por lo demás, puede recurrir a la legitimación directa para justificar sus actos.

En cuanto al segundo bloque de argumentos, los relacionados con la eficacia, la limpieza y el respeto a la decisión de los ciudadanos, nos llevan a considerar lo siguiente. Es verdad que donde hay un alcalde monocrático no cabe el transfuguismo de los concejales, pero tal cosa se logra a costa de extirpar el principal instrumento de control de la oposición sobre el alcalde: la moción de censura. Sucede aquí que a veces el remedio es peor que la enfermedad, lo cual no quiere decir que todas las mociones de censura sean justificables aunque algunas resulten absolutamente necesarias. Es preciso pensarse dos veces si es conveniente renunciar a la moción de censura para evitar el transfuguismo porque evitando la corrupción entre los concejales no se impedirá entre los alcaldes. Aquí puede traerse la fórmula de la revocación de los alcaldes por una mayoría muy cualificada del pleno, lo cual iría contra la esencia de la elección directa de los alcaldes y que, por una cuestión de principio, hay que rechazar, o la revocación por petición popular, compatible con el presidencialismo, pero muy difícil en su ejecución, como manifiesta el ejemplo alemán de alcaldes elegidos directamente, con mandatos muy largos (de cinco a nueve años) y con elementos de democracia directa como la revocación, los referéndumes vinculantes, las iniciativas y las asambleas ciudadanas. Tras mucho pensarlo, el transfuguismo, que es un mal que hay que extirpar (aunque está ligado al mandato representativo, lo cual se pasa por alto) debe combatirse de otro modo y no eliminando instrumentos de control. Así que, sentado lo anterior, los sistemas presidencialistas no son más honestos por definición que los parlamentarios.

Además, los defensores del presidencialismo siempre flaquean a la hora de explicarnos cómo hacer frente a las desviaciones perniciosas del poder cuando se concentra en una persona. Finalmente, en cuanto a la eficacia, es evidente que una institución unipersonal puede decidir antes que una colegiada, que es más proclive a los retrasos e, incluso, a los bloqueos, pero a veces al precio de reducir la representatividad de la decisión, que es tanto como hablar de su permanencia y estabilidad en el tiempo. En otro orden de cosas, los alcaldes plebiscitados pueden debilitar a los partidos e, incluso, oponerse a ellos. Dicho así, esto no es bueno ni malo per se. En ocasiones puede resultar una bendición que una persona honesta, sobre la base de un movimiento ciudadano, rompa viejos oligopolios partidistas si su intención es sincera y pretende mejorar la sociedad, pero no olvidemos la posibilidad, que también existe, de elección de personajes mediáticos y corruptos por la atracción que despiertan (bien por su discurso demagógico, por las promesas realizadas, por la campaña que les eleva, por la irracionalidad de las decisiones colectivas o porque, simplemente, conectan mejor en un momento determinado con la opinión pública). No es evidente, por tanto, que estos argumentos a favor de los alcaldes monocráticos sean indiscutibles por lo que, de nuevo, hay que remitirse a otros aspectos del sistema político menos llamativos pero muy importantes para mejorar la calidad de la democracia local.

Sentado lo anterior, es preciso decir que en el debate sobre la elección directa de los alcaldes hay aspectos que se ocultan así como otras discusiones que se mezclan indebidamente. Lo primero que hay significar es que los alcaldes que se eligen en España son cualquier cosa menos débiles: determinan las delegaciones de los concejales y las quitan, son jefes del gobierno municipal, presiden la junta de gobierno, pueden presidir de facto (y no sólo formalmente) todas las comisiones, organismos consultivos y de representación, además de dirigir los plenos y ser jefes de la policía local. Por lo tanto, acumulan una reserva de poder muy importante aunque para ejercerlo necesitan una mayoría en la que sostenerse y que se la dan los concejales. Es decir, en España no hay un problema de ingobernabilidad de los ayuntamientos por inanidad de los alcaldes sino de mayor transparencia, que no se logrará por la vía de incrementar los poderes de los alcaldes quitándoselos al pleno (por ejemplo, la competencia de aprobar los presupuestos o la moción de censura) o por la vía de constituir una junta de gobierno más personalista y con más competencias arrancadas de los plenos. A esto hay que añadir que no hay una sola forma de elección directa de los alcaldes, que va del sistema mayoritario puro, a las dos vueltas o a la insensatez de las listas vinculadas, resultando en todos los casos, por norma general, el reforzamiento de los partidos más fuertes frente a los más pequeños (excepto en coyunturas de profundo cambio político y social) así como una representatividad del cuerpo electoral mucho menor por sustitución del principio proporcional frente al mayoritario. Además, el debate sobre la elección directa de los alcaldes se ha puesto encima de la mesa cuando ha convenido a las fuerzas del bipartidismo, bien para debilitar a sus adversarios electorales, inhabilitar coaliciones que les pudieran arrebatar alcaldías o para responder a sonados casos de corrupción que les dejaban en una situación muy delicada.

No traen los partidos de gobierno, PP y PSOE, este cuestión al orden del día de la política para mejorar la democracia local sino por conveniencia y cálculo. En su espíritu está sustituir la proporcionalidad por el principio mayoritario que, como es sabido, deja sin representación a las minorías por elevación a mayoría absoluta de la minoría mayoritaria, favorece el bipartidismo, lo cual les permitiría conquistar alcaldías con bastantes menos votos que la oposición, a lo que se añade que la oposición quedaría muy dañada en su capacidad de control.

En conclusión, no parece que el deseo de una mayor democracia local se logre sin más eligiendo directamente al alcalde. Esta es una cuestión de mayor calado que requiere transformaciones legales y prácticas que superan el orden de lo político. Más bien habría que reforzar, dentro del esquema parlamentario, las instituciones y los usos de la democracia directa, así como una mayor eficacia de los mecanismos de control ya existentes.

Que por una elección apresurada no haya que repetir con pesar las palabras del labrador Rana, personaje del entremés cervantino que al referirse a los regidores decía: si fuesen malos, ruega por su enmienda.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU

De cómo el PSOE y el PP han ido limitando el principio de justicia universal hasta provocar su defunción

2014-05-08T10:57:00.001+02:00

El principio de la jurisdicción universal consiste en el reconocimiento a los tribunales de un país de la competencia para enjuiciar determinados delitos contra bienes jurídicos especialmente protegidos por la comunidad internacional, con independencia completa del lugar de comisión del hecho y de la nacionalidad o residencia de los responsables o de sus víctimas. La jurisdicción universal es un instrumento clave para evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad (genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas) y otros de carácter muy grave que se cometen con la impunidad que nunca debiera ofrecer la extraterritorialidad (tráfico de drogas a gran escala, de armas o de personas). Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de comisión del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos.

Este principio fue consagrado con carácter prácticamente absoluto en el Derecho español en el artículo 23.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 al atribuir a la jurisdicción española competencia “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” con relación a los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución y tráfico de drogas. La lista de delitos fue ampliándose paulatinamente por leyes posteriores de menores (L.O. 11/1999), mutilación genital (L.O. 3/2005) y tráfico ilegal de personas (L.O. 13/2007).

En España, la aplicación de este principio ha dado lugar a procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, y a su vez, está siendo utilizado por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la República Argentina en un proceso seguido al de España por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

Pese a que la iniciativa contó con elogios a nivel internacional, también se escucharon voces críticas dentro y fuera de nuestro país derivadas fundamentalmente de los conflictos diplomáticos que el reconocimiento de este principio implicaba para España. A medida que estos conflictos empezaron a ser significativos, los gobiernos de turno tanto del PSOE como del PP decidieron restringir su aplicación.

Como ya es tradición en la política española, el recorte de la jurisdicción internacional se intenta en primer lugar por la vía de hecho, es decir, a través de una doctrina del Tribunal Supremo sin ningún apoyo en la legalidad vigente pero sí con el fin de evitar que los gobernantes se ruboricen ante la circunstancia de tener que desdecirse. Así quedó plasmado en la sentencia del alto tribunal de 25 de febrero de 2003, en la que se exige al menos un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial, ya sea que alguna de las víctimas fuese española o que los responsables se hallasen en España o que hubiese un vínculo con intereses relevantes españoles. El intentó resultó inútil porque esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste, en su sentencia 237/2005, negó que de la voluntad de la ley pudiera inferirse la exigencia de tales limitaciones. Así que a la vista de la situación, el PSOE, mostrando un socialismo raquítico y pálido, no tuvo más remedio que mojarse y aprobar en el 2009 con el apoyo de PP, CIU y PNV la primera reforma de la justicia universal en nuestro país por la que se modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la línea apuntada por el Tribunal Supremo cuya redacción quedó como sigue: “Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otros país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”.

A partir de entonces, la Audiencia Nacional sólo investiga delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo de conexión relevante en España. Esta modificación se aprobó después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa que le hizo el que por aquel entonces era Ministro del ramo y colega, Miguel Ángel Moratinos: que modificaría la ley para archivar el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio de Al-Daraj de Gaza.

En esta España de los rescates financieros, de la corrupción, de los indultos a banqueros, de la persecución y hostigamiento a jueces que cumplen con su obligación con el fin de evitar que auténticos delincuentes campen a sus anchas y de la aniquilación de derechos fundamentales, también se quiere dar la puntilla al principio de justicia universal. El Partido Popular aprobó el pasado 15 de marzo la entrada en vigor de una nueva reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la Cooperación o Colaboración de España con la Justicia Universal para reducir aún más esta jurisdicción en nuestro país.

La modificación se produjo por vía de extrema urgencia y sólo con los votos de los diputados del PP, que goza de mayoría absoluta en las dos cámaras, Congreso y Senado, sin el menor ánimo de consensuar un asunto de esta trascendencia con el resto de los partidos que componen el arco parlamentario.

Para el Partido Popular, según ponía de manifiesto en la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y excepciones propias del Derecho Internacional”, lo cual quiere decir, en lenguaje llano, que el PP limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra los españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La nueva redacción del artículo elimina la posibilidad de actuar a partir de una denuncia o a través de una acusación popular, para reducir su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

Sólo en muy contados supuestos se mantiene lo poco que queda de la antigua jurisdicción, por lo que cabe decir que España ha renunciado a los más importantes aspectos que quedaban regulados en el Convenio de Ginebra de 1949, la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y, desde luego, contra lo estipulado en el Convenio de Roma de 1998, creador de la Corte Penal Internacional, y por el que se definen y sancionan gravísimos delitos que implican violación de los derechos del hombre, tales como los crímenes de guerra, el genocidio, los de lesa humanidad o el de agresión sexual a menores.

Este nuevo revés propinado por el Gobierno de Rajoy garantizará la impunidad de criminales y negará justicia a los ciudadanos españoles.

En la España de Rajoy si robas chatarra vas a la cárcel pero si te llevas por delante a medio país disfrutarás de la benevolencia de las leyes, de la comprensión de la Real Academia de la Historia y de placa conmemorativa en lugar público.

Los españoles que sean víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de torturas, de secuestros por parte de unas fuerzas armadas más allá de nuestra fronteras no tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales: su propio país, España, les negará su derecho a la justicia.

La vía para seguir luchando por la justicia universal es la de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional bien por parte de las familias, por los propios jueces que llevan casos de jurisdicción universal apelando la inconstitucionalidad de la reforma o bien, y según la ley, por 50 diputados o 50 senadores.

El grupo parlamentario del PSOE, alardeando de su “giro a la izquierda”, aprovechó esta situación para anunciar que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Los que se proclaman republicanos y no cuestionan la monarquía, los que dicen blindar los servicios públicos y sus excargos se blindan en los consejos de administración de las grandes empresas, los que dicen defender al trabajador y protagonizaron una reforma laboral y una reforma de la seguridad social y los que protegen a la banca tapando sus agujeros con dinero público e indultando a banqueros, olvidan que fueron ellos los que dieron el primer golpe a este principio jurídico, con una reforma aprobada a petición de Israel que supuso el archivo de la causa por posibles crímenes de guerra en Gaza y los que obstaculizaron la investigación en el caso Couso tratando de cerrar la causa, tal y como desvelaron los cables de la embajada estadounidense difundidos por Wikileaks.

Las restricciones que se incluyen en la última reforma del PP son de tal magnitud que desvirtúan el objetivo final de la jurisdicción universal y, lo que es más grave aún, abre vacíos jurídicos en su aplicación que atentan contra el principio de legalidad y los derechos de las víctimas. Además, se permite la posibilidad del fraude de ley a favor de los perpetradores al establecerse que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española "se sobreseerá provisionalmente" (es decir, se archivará provisionalmente) "cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por otro Tribunal."

Ni siquiera se fijan criterios para valorar la disposición del otro tribunal para llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, el juicio. Según el texto de la reforma tampoco se exige acreditar que dicho proceso se haya abierto legítimamente por las víctimas, ni que haya garantías de justicia, ni que las víctimas tengan acceso a participar en él o que el sistema normativo establezca penas acordes con el principio de proporcionalidad. Por eso, pudiera ser que en nombre de la justicia universal se iniciaran procesos-fraude para impedir otros con garantías de imparcialidad.

En definitiva, se ha dado una estocada de muerte a la justicia universal que aboca al archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional como el asesinato de José Couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses del hotel donde se alojaba la prensa, el genocidio del Tíbet, las torturas perpetradas por el gobierno de China contra el movimiento Falung Gong, el genocidio del pueblo saharahui o las torturas sufridas por los presos de Guantánamo.

El desguace de la justicia universal provoca que muchos inocentes se revuelvan en sus tumbas y que los grandes criminales suspiren aliviados porque ellos han ganado, al igual que los intereses de las potencias extranjeras sobre las víctimas y los derechos humanos.

Esta es la realidad de una situación que ya no espanta sino que provoca asco y vergüenza.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares

Todos a la cárcel

2013-12-02T19:42:00.001+01:00

Fernández, el Ministro del Opu Dei que pone cuchillas en las vallas y reprime con su Código Penal, pasando revista

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba que ya estaba preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta norma sustituye a la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, en referencia a sus intenciones y al apellido del ministro socialista que la impulsó.

Según manifestaba por aquel entonces el ministro del Interior, José Luis Corcuera, con su ley se intentaba "proteger" a todos los españoles mediante un procedimiento tan simple como expeditivo: autorizar a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de autorización judicial. Concretamente, la citada ley regulaba “las condiciones y términos en que podría prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.”

Una sospecha proveniente de cualquier fuente (“aquí huele a porro” o “creo que mi vecino se dedica al tráfico de drogas”) servía para autorizar automáticamente al policía de turno a dar una patada en la puerta de un domicilio y efectuar el registro o la acción que estimase oportuna, sin que hubiese para ello necesidad del concurso de un juez. Esta ley fue duramente criticada por los partidos de la oposición, los sindicatos y la sociedad en general, pero sentó las bases sobre las que actúan desde entonces las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21 de la ley, que daba a cada agente la libertad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que en ella se estuvieran produciendo hechos delictivos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En 1991, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmaba que la democracia española “estaba adquiriendo rasgos de régimen autoritario” y un año después la formación de izquierdas se opuso rotundamente a la ley Corcuera.

Aznar, que por aquel entonces estaba en la oposición, se enfrentó también a la ley, aunque luego la aplicó sin cuartel durante su mandato, demostrando que los partidos del bipartito utilizan en la oposición un código y en el gobierno el contrario, en ejecutoria que sus dirigentes llaman responsable y que, a pesar del eufemismo, ya asquea un poco.

Tras más de veinte años en vigor se procede por el gobierno actual a cambiar la ley, porque ahora la patada en la puerta le parece cosa nimia, insuficiente.

En el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre se aprobó al anteproyecto que, pese a suavizar el borrador inicial rebajando en un tercio las infracciones muy graves, no deja de ser una involución, un retroceso en los derechos individuales y una militarización de la sociedad ahora que anda agitada debido al sufrimiento que le administra el gobierno.

Despertemos del letargo: el objetivo de Rajoy no es mejorar la seguridad sino combatir con más represión y con multas mayores las protestas ciudadanas provocadas por sus recortes y sus políticas económicas que han generado inseguridad social en proporciones industriales.

INFRACCIONES MUY GRAVES: con multas de entre 30.001 a 600.000 euros

1. Grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro sus seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

2. Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

3. Los escraches o actos de acosos a cargos públicos. La ley contemplará que la policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.

4. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES: con multas de entre 1.001 a 30.000 euros

1. Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

2. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

3. El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial.

4. La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no se para traficar.

5. El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.

6. La conducción de cundas o taxis de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes.

7. Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.

8. Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.

9. Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

10. La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo (En el borrador era considerada infracción muy grave).

11. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad. (En el borrador era considerada infracción muy grave).

12. Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

INFRACCIONES LEVES: con multas de 100 a 1.000 euros

1. Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

2. Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

3. Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

4. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

5. Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

6. Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

7. Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

8. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

9. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

10. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

11. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

12. Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

13. Dificultar la circulación peatonal.

14. Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

15. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Rajoy ha decidido acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otros actos que sacan a la luz los recortes de un gobierno que mintió para gobernar y que gobierna para otros en contra del pueblo al que dice representar.

Con este cambio legislativo que se sostiene en la apisonadora de una mayoría absoluta, nos encontramos con un blindaje a la acción represora del gobierno contra una sociedad que reivindica sus derechos pacíficamente en las calles. Hasta el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha criticado duramente esta reforma después de constatar que las autoridades españolas recurren a un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones ciudadanas.

Esta es la ley que el Gobierno de Rajoy quiere para nosotros, contra los ciudadanos que no se quedan resignados en casa, contra las personas que sufren, contra esa gente molesta que cree en la democracia y exige los derechos que el gobierno del PP les ha robado. Esa gente que lucha, que se expone, desempleados, estudiantes, profesores, enfermos, dependientes, sanitarios, excluidos...

En cambio, el gobierno de la patronal, de los banqueros, de los caciques, de los dueños de los medios de comunicación defensores de un orden corrupto, de los lacayos fieles de la troika, etc., ven en esta ley anti protesta un instrumento para intimidar, presionar y acosar a los millones de manifestantes que en España salen a la calle un día sí y al siguiente también, a los que temen porque saben que ya han sido identificados. No debiera sorprender, por tanto, su aplauso al gobierno porque los poderes fácticos están en la defensa de sus privilegios, para lo cual apuntalan un sistema capitalista que profundiza la enorme brecha social que separa a los ricos de los pobres y que necesita impedir mediante la coacción cualquier intento de cambio.

Al Partido Popular se le ha caído la careta de demócrata. Con esta ley ya se le distinguen las facciones de su auténtico rostro, que nos lleva a una España en blanco y negro con música de Manuel Parada.

El gobierno, consciente de que en España hay mucho enfado, introduce el miedo y coacciona la libre expresión de todos los ciudadanos de una manera contraria al derecho.

Rajoy es seguidor de don Tancredo y quiere una sociedad de marmolillos, de ciudadanos silenciosos y quietos, porque le molesta la expresión libre del descontento provocado por él mismo, aunque lo niegue.

Pero el sueño de Rajoy es vano porque la sociedad ya tiene un relato veraz de lo que ha ocurrido, sabe muy bien las miserias que sufre y quiénes son los responsables de sus desgracias. Conocidos los villanos y sus villanías la sociedad no se va a dejar intimidar fácilmente, así apruebe el gobierno un centón con escombros de las peores leyes represivas de todos los tiempos y lugares.

Hemos llegado al punto en el que la ciudadanía tiene todo por ganar y muy poco que perder.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

Democracia y capitalismo

2013-10-18T17:36:00.001+02:00

La nueva pirámide de la desigualdad

Se entiende por democracia la forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta a través de representantes legítimos y libremente elegidos. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los ciudadanos son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen con arreglo a mecanismos contractuales.

El término democracia proviene del antiguo griego a partir de los vocablos demos (que se traduciría como “pueblo”) y krátos (“poder”). En consecuencia, podríamos definir el término democracia como la forma política que otorga el poder al pueblo.

Comúnmente se acepta, de hecho muy pocos lo ponen en duda, que una sociedad democrática necesariamente es capitalista. Son democracias capitalistas aquellas que han conseguido que sus ciudadanos puedan participar en la organización del Estado y cuyo sistema económico se fundamenta en la teoría del “libre mercado”.

Ahora bien, la coexistencia de un sistema sociopolítico basado en la igualdad con uno socioeconómico que precisamente se fundamenta en la desigualdad resulta problemática o simplemente imposible. Esto es lo que ahora ocurre en las denominadas democracias occidentales que surgieron tras la II Guerra Mundial y que, bajo la atenta mirada de los Estados Unidos, adoptaron como forma de gobierno la democracia representativa y el capitalismo como sistema de organización económica. Estos países, muchos de ellos devastados por la guerra, formaron un frente común ante el avance del comunismo, así como un importante escudo ideológico protector de los intereses de Washington.

La caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1989, representa, sin duda, la derrota del comunismo. La ruina de los países de la Europa del este, unida a la progresiva desintegración de la URSS, constituyó el caldo de cultivo idóneo para que la derecha neoliberal inculcara una doctrina insensible y falaz sobre la naturaleza humana y la mejor forma de organizar la sociedad. En el nuevo paradigma (que, en realidad, no tiene nada de original) se deja en manos de los centros de dirección económica el grado de democracia permisible, siempre bajo la premisa de la libertad de iniciativa privada frente al gregarismo estatal. Con el neoliberalismo, la entelequia del mercado se convierte en el gran legitimador de lo bueno, lo necesario y lo posible socialmente.

El mensaje de libertad e igualdad proclamado con insistencia por los medios de comunicación capitalistas se hizo un hueco en los corazones de los ciudadanos de los países del otro lado del telón de acero. Esta expansión ideológica coincidió con la exploración de nuevos mercados necesarios para el crecimiento capitalista, lo cual devino en un rápido desarrollo que abrió las puertas a la mercantilización de la democracia y de sus órganos de poder. De esta época es el tratado de construcción europea que lleva el nombre de la ciudad donde se firmó: el Tratado de Maastricht.

Manuel Monereo expresa muy bien lo que significó Maastricht: “(…) constitucionalizar las políticas neoliberales (…) e impedir que la soberanía popular controle la economía, dejando a una institución como el Banco Central Europeo cuidar de la inflación”.

La desintegración del bloque soviético afectó muy gravemente a la izquierda occidental y al movimiento obrero, especialmente cuando se daba el caso de que compartían las mismas raíces ideológicas. Pero lo más significativo de este cambio histórico fue el paso sin ambages de la socialdemocracia al neoliberalismo, por lo que la construcción europea quedó en manos de liberales, neoliberales y algunos conservadores.

Es evidente que el capital ha dedicado grandísimos esfuerzos a controlar las instituciones democráticas, ejerciendo al control que le daba el poder financiero para influir en el poder político. La crisis es un ejemplo de esta afirmación. Hoy gobiernan desde la sombra los mismos que la provocaron, imponiendo sus decisiones e intereses personales a los de la mayoría social. Se constata el “golpe de estado de los mercados que pretende desposeer a las poblaciones de sus derechos y del control de sus economías, (…) tomando una salida liberal a la crisis del neoliberalismo, esto es, la liquidación del estado social y de las conquistas de los trabajadores” (Manuel Monereo, 15 de junio de 2012 durante el seminario ¿Qué hacer con el euro?)

Definitivamente, el control que ejerce el poder financiero sobre los instrumentos que legitiman las relaciones democráticas, es decir, la política y sus reglas, deslegitima necesariamente a la res publica y, por extensión, a la democracia. La mercantilización de la democracia aleja a los ciudadanos de la actividad política.

Además, los medios de comunicación eficazmente controlados por el capital, lobotomizan las conciencias y demonizan las protestas de los movimientos sociales, mostrándolos como causantes de los problemas y no como víctimas de los atropellos del poder económico, con el propósito de desmontar la participación y la capacidad de resistencia de los ciudadanos. Se levanta así un sistema excluyente y clasista basado en la explotación de los más desfavorecidos (clase obrera) por los propietarios de los medios de producción (burguesía), todo lo contrario de lo que exige la democracia que se sostiene en la igualdad de los ciudadanos.

Debido a las presiones ejercidas por el capitalismo y la complicidad de socialdemócratas y populares (en nuestro país PSOE y PP) se ha ido eliminando del ordenamiento constitucional y jurídico cualquier norma que tuviera como objeto frenar la expansión del capital. Sirvan como ejemplo de lo dicho la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada al margen de los ciudadanos y que antepone el pago de la deuda e intereses al gasto en pensiones, educación, sanidad, etc., aprobada sólo con los votos del bipartito, o la reforma laboral de la ministra Báñez que desregula el mercado de trabajo y limita la función de los sindicatos en la negociación colectiva, o la reforma de la educación del ministro Wert que anuncia una sociedad más desigual, inculta y manipulable, o la reforma sanitaria de la señora Mato, que no racionaliza el gasto, como quiere hacernos creer, sino que abre una vía de negocio al capital privado para especular con la salud de los ciudadanos.

Pone todo esto de manifiesto la falsedad de la promesa neoliberal de que al bien común se llega por la satisfacción del egoísmo y de los vicios privados, porque lo cierto es que el aumento de las desigualdades y del individualismo conduce a la agudización de la lucha de clases.

Llegados a este punto estamos convencidos de que no basta con reformar el capitalismo para que las cosas vayan mejor, como se apresuraron a proponer algunos líderes capitalistas al principio de la crisis apremiados por el miedo a un colapso financiero.

La tarea consiste hoy, más bien, en acabar con el capitalismo para recuperar la democracia, lo cual significa que tiene que ser la democracia la que defina las relaciones entre el poder financiero y el poder político, acabando con cualquier vestigio de control que las instituciones financieras ejercen sobre la política. Esta tarea exige una profunda regeneración política que devuelva a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre sus vidas y sobre el mejor modo de organizar la sociedad.

Hay que blindar la democracia, sí, pero también hay que dejar margen a la sociedad civil para modificar el ordenamiento jurídico cuando muestra signos de anacronismo o sólo favorece a un determinado estrato social. El objetivo de la democracia es servir al bien común y no a una minoría que controla los medios de producción, se apropia de las plusvalías de la fuerza de trabajo y destruye la naturaleza.

La acumulación de poder por parte del capital se debe a la necesidad que tiene de mantener el flujo de absorción de riqueza. O, dicho de otro modo, la salvaguarda de los intereses del 1% (acumulan más del 75% de la riqueza del país) frente a las necesidades del 99% restante. Esta concentración de riqueza y su mantenimiento es el objetivo último del capital y constata la capacidad que posee para, además de generar riqueza, acumularla y no sólo mediante el control de los medios de producción sino, también, a través del control político sobre la fuerza de trabajo.

No hay mérito en afirmar que no existe alternativa al capitalismo y que gracias al desarrollo económico que nos ha proporcionado hemos alcanzado unas cotas de evolución muy elevadas, sobre todo porque no hemos cuantificado el coste de este sistema tanto en términos políticos, humanos, sociales y ecológicos.

Ahora bien, la recuperación democrática debe partir de la sociedad civil. Nuestro papel es clave. Tenemos que aprovechar la fuerza que nos da ser aplastante mayoría y lograr que los intereses del 99% se impongan a los del 1% que dirige el mundo.

Mientras que la casta política que conforma el bipartito (socialdemócratas y populares) sólo buscan perpetuar el sistema como condición de su supervivencia personal, la sociedad civil se organiza para resistir mejor los embates del capital y de sus representantes. Unión, solidaridad y resistencia son claves para terminar con el capitalismo y recuperar la democracia.

Algunos nos tildarán de radicales por querer superar un sistema en profunda crisis que nos lleva a la catástrofe. Nada más lejos de la realidad. Está en la propia naturaleza de las cosas la evolución y el cambio, la vida nueva que surge de la muerte de lo antiguo.

Es el instinto de conservación lo que motiva a la sociedad a buscar fórmulas mejores que transformen las relaciones entre la economía y la democracia, entre los propietarios de los medios de producción y la fuerza del trabajo, entre la burguesía y la clase obrera, entre una minoría del 1% y el 99% restante.

Miguel Ángel Márquez es coordinador local de IU de Azuqueca de Henares

La democracia en peligro ¡Salvemos la democracia!

2013-09-14T20:11:00.002+02:00

Imagen de un parlamento que no representa, lo cual es una contradicción

Hace sólo unas semanas asistimos en Castilla-La Mancha a un hecho insólito propio de una república bananera. El gobierno de la señora Cospedal aprobó, gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP, una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados en las elecciones autonómicas del 2015, de los 49 actuales a una horquilla comprendida entre 25 y 35.

Esta reducción constituye un atentado contra la democracia representativa porque no busca el ahorro económico sino perpetuar la alternancia PSOPE-PP en unas Cortes que nacieron para ser bipartidistas y que el PP pretende que mueran siendo más bipartidistas aún.

La reducción del número de “representantes” en el parlamento autonómico agudiza la falta de representatividad del sistema político. A menos parlamentarios, manteniendo la circunscripción electoral, menos representación, lo que desemboca en que se quedarán sin escaño las fuerzas políticas que podrían romper el bipartidismo estéril que nos gobierna, aunque dichas fuerzas obtuvieran muchos más votos que en las elecciones anteriores.

Destruir la representación es acabar con la democracia porque significa dejar fuera de las instituciones a un número creciente de ciudadanos que votan a partidos que no forman parte del bipartito dañino, lo cual elimina el pluralismo político y la posibilidad de una regeneración democrática cada vez más urgente y necesaria.

Así lo denunció el Coordinador Regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, cuando calificaba la medida como “un golpe antidemocrático e ilegítimo” que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, perpetra “para adecuar el sistema electoral a sus intereses personales y partidistas”.

No se debe admitir como justificación de esta fechoría el desprestigio que sufren la política y los políticos, primero porque ambas cuestiones nada tienen que ver con la cuestión y, segundo, porque la idea, viniendo de quien viene, la señora Cospedal, resulta inaceptable por sus malas intenciones.

Tampoco debiera servir el pretexto del ahorro, aunque resulta más difícil de desenmascarar. Bajo la apariencia de reducir gastos se oculta la intención del PP de mantener sus escaños aunque pierda votos, lo cual le lleva a usurpar la representación que en justicia es de otros. Contrasta la actitud cicatera del PP con el parlamento con la realidad de aumentar el número de cargos puestos a dedazo, escogidos entre lo suyos de manera libérrima y que también comen del presupuesto regional.

Los políticos que tienen miedo al pueblo y que le niegan la representación son responsables del creciente desapego ciudadano a la política. La progresiva “berlusconización” del sistema político es el producto de los continuos casos de corrupción, del neoliberalismo y del sometimiento de los gobiernos a las directrices de la Troika, a lo que se une una crisis de legitimidad muy preocupante de unas instituciones políticas que no representan y que son desbordadas por iniciativas de los ciudadanos.

La crisis del bipartidismo se agrava cada día. El desgaste que sufren los populares en el gobierno no está siendo aprovechado por los socialistas. Los ciudadanos no creen a quienes ahora dicen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban y, menos aún, a los que hoy gobiernan pulverizando sus promesas cuando estaban la oposición.

La crisis, los recortes y el rebrote de la corrupción (los casos de Bárcenas, Gürtel, Urdangarín, los ERE, ITV, Nóos, Bankia, Método 3, las preferentes, etc.) han terminado por cavar la fosa de un sistema que hace aguas y que fue instituido hace casi cuarenta años en una transición que se presentó como modélica y de la que estamos descubriendo ahora sus hipotecas y limitaciones.

Una transición que aún hoy se presenta como modelo para países que se democratizan y que ha impedido, por ejemplo, que la ejemplar España democrática haya “purgado” el sistema de sus remanentes postfranquistas. Aún hoy, los herederos de la dictadura, desde las numerosas tribunas a las que tienen acceso y controlan (radio, televisión, periódicos,...) difunden el elogio de la intolerancia y de la imposición, que se extiende como una mancha de aceite gracias a la crisis y que se intenta disimular con un barniz de conservadurismo y de apego a la nación que no engaña a nadie.

Con este panorama no es de extrañar la irrupción en la política castellano-manchega de nuevos actores alejados de la doctrina neoliberal, lo que hace presagiar la renovación democrática de las Cortes en las próximas elecciones, siempre y cuando no se cambien tramposamente las reglas electorales a mitad del partido, que es lo que pretende el PP.

Hasta ahora ha existido un elemento que favorecía el binomio PP-PSOE en nuestra autonomía: la ley electoral. Determina la ley que el distrito electoral sea la provincia y establece para la distribución de escaños el método inventado por el profesor belga de derecho, Victor d’Hont, que consiste en aplicar una fórmula que distribuye el número de cargos electos asignados a cada candidatura en proporción corregida al número de votos, sin tener en cuenta para el reparto de escaños las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco, y que busca la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Con esta fórmula se pretende favorecer a los partidos grandes y limitar la presencia de las minorías en los parlamentos, lo que hace que para muchos votantes la opción de votar a partidos no mayoritarios o regionalistas se presente como “tirar el voto”, influyendo tanto directa como indirectamente en los resultados y perjudicando la pluralidad democrática.

Todas las propuestas de reforma electoral para mejorar la representación pasan por incrementar el número de escaños o por aumentar la magnitud de la circunscripción, lo cual llevaría a pasar de la provincia al distrito autonómico, medidas que permitirían la entrada de más partidos en las instituciones y un mayor pluralismo en las Cortes regionales, justo lo contrario de lo que pretende el PP.

Pero la señora Cospedal, en un alarde antidemocrático característico de la derecha que anhela formas de gobierno distintas y propias de épocas pasadas, decreta la reducción del número de diputados (cuando poco antes fue partidaria de aumentarlos porque le interesaba), en un atentado contra la democracia representativa a la que se debe y que no duda en traicionar.

Es un hecho que somos víctimas del bipartidismo que se ha ocupado de, con la ayuda de los medios de comunicación, difundir el mensaje de que no hay vida política más allá del PSOE y del PP, siendo obligatoria, por tanto, la alternancia de ambas fuerzas, lo que hace inútiles los afanes de otros partidos para alcanzar la representación que merecen.

Afortunadamente, gracias al cada vez mayor peso de plataformas de comunicación alternativas (twitter, facebook, etc.) se ha logrado, no sin trabas, difundir una esperanza distinta. Claro ejemplo de lo dicho es la cada vez mayor incidencia de movimientos sociales con elevada carga política como el 15M en la vida política tradicional. Los ciudadanos, cansados del mensaje bipartidista, aprueban mayoritariamente la reforma de la Ley electoral y piden un proceso constituyente (cuestiones ya planteadas por IU hace mucho tiempò) que permitan la creación de un sistema político más participativo, democrático y plural.

Pero pluralismo y participación ciudadana son aspectos que dentro del seno del bipartidismo están reñidos con sus intereses y, en el caso del PP, también con sus principios ideológicos, como demuestra la reciente reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros.

Es evidente la resistencia del PP y del PSOE a cambiar el sistema político que tanto les beneficia, a pesar del creciente repudio que provoca entre los ciudadanos.

Dejando al margen los réditos electorales por constituir las fuerzas más votadas, además, los integrantes de las cúpulas del PSOE y del PP que tienen capacidad para crear leyes, modificar modelos de gestión o asignar presupuestos, obtienen recompensas privadas cuando abandonan las obligaciones públicas, pasando a formar parte de los Consejos de Administración de las principales empresas del país, lo cual muestra una confusión muy preocupante entre intereses privados y públicos que es, en última instancia, la base de toda corrupción.

Pero no sólo nos enfrentamos a una cuestión de orden electoral cuando se pretende reformar el sistema político. También está en juego la cuestión de la soberanía.

El 5 de agosto de 2011, el Presidente Rodríguez Zapatero recibió del entonces Gobernador del BCE, Jean Claude Trichet (hecho confirmado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España) una carta personal en la que instaba al gobierno a adoptar medidas lo más rápido posible (como “decretos leyes”) presuntamente para “promover el crecimiento potencial de la economía”. Eran los tiempos en los que la prima de riesgo superaba en algunos momentos los 400 puntos básicos, motivo por el que los gobiernos español e italiano, principalmente, solicitaban al BCE la compra masiva de deuda soberana para evitar el hundimiento de la credibilidad de su deuda.

Aquella misiva ordenaba dos tipos de reformas: por un lado, la liberalización de servicios públicos y profesionales y privatizaciones a gran escala; y, por otro, la reforma de la negociación colectiva para fijar salarios y condiciones de trabajo según las necesidades de las empresas, aumentando su peso respecto a otros tipos de negociación. Proponía, por tanto, un contrato de trabajo totalmente desregulado para jóvenes, sin referencia alguna a salarios de convenio o al salario mínimo. La carta constituía una “hoja de ruta” con las medidas que el gobierno de Zapatero debía adoptar con urgencia. La consecuencia inmediata fue la modificación del artículo 135 de la CE con los votos a favor del PSOE y del PP, en una muestra clara de cómo entiende el bipartito la realidad política de nuestro país, decidiendo a espaldas de los ciudadanos y contra los intereses de éstos.

La llegada de Rajoy al Palacio de la Moncloa el 20N del 2011, no ha significado nada distinto que plegarse totalmente a las imposiciones de Troika. La reforma laboral, la privatización sanitaria, el paulatino desmantelamiento de la educación pública, la eliminación fulminante de servicios sociales, la reforma de la administración local y un largo etcétera, constituyen pruebas irrefutables de que nos encontramos con un gobierno títere que no rinde cuentas a los ciudadanos sino a los miembros de la Troika. ¿Cómo se explica, si no, que todavía Rajoy no haya presentado su dimisión cuando se encuentra en fraude electoral por haber mentido y por aplicar un programa distinto al que presentó en las pasadas elecciones?

El objetivo del PP es hacer caso omiso a los ciudadanos y seguir el rumbo marcado desde Bruselas por la Troika. Y la manera de conseguirlo es limitando el acceso a los órganos de decisión política de representantes alejados de la corriente neoliberal, proclamando leyes que suponen el mantenimiento del bipartidismo. Leyes que constituyen en sí mismas la negación del artículo 1.1 de la Constitución que declara solemnemente que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Esta actitud antidemocrática que tiene la derecha española, propia de regímenes pasados y añorada por algunos “cachorros” populares, consistente en evitar que otras fuerzas políticas irrumpan en el escenario político nacional, demonizándolas e impidiendo su acceso, representa el deseo de volver a un gobierno basado en el “caudillaje”. Esto eliminaría de un plumazo el “pluralismo político” necesario para la “regeneración democrática”.

Hacen falta cambios profundos en un sistema bipartidista enfermo de corrupción. Un sistema que sólo busca perpetuar el bipartidismo haciendo inútiles, en la mayoría de los casos, los esfuerzos de los ciudadanos por hacerse oír, sesgando la participación y eliminando la pluralidad política, cruzada en la que se ha embarcado la señora Cospedal para satisfacer sus propias ansias de poder.

No queremos un “gobierno títere” a las órdenes de la Troika. La soberanía reside en el pueblo y no fuera de nuestras fronteras. Queremos una democracia participativa que otorgue al ciudadano la capacidad de decidir libremente sobre su vida y destino y no cada cuatro años en una elección frustrante y engañosa. El convencimiento es que este deseo no es posible ni con Rajoy ni con Cospedal, por lo que no queda más remedio que pedir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

La maternidad no es para lesbianas ni solteras. Mejor será que hilen

2013-08-07T17:50:00.002+02:00

Ana Mato y su varón invisible, del cual ni se acuerda, no vaya a ser ...

“La falta de varón no se puede tratar como un problema médico.” Así respondía Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la pregunta sobre los criterios que debe tener en cuenta el médico para incluir a una mujer en un diagnóstico de infertilidad, tras la polémica que ella misma provocó al excluir a lesbianas y solteras del sistema público de reproducción asistida.

La Ministra a la que la trama Gürtel regalaba viajes turísticos valorados en 50.000 euros y artículos de lujo de Louis Vuitton por un valor mínimo de 610 euros la pieza, a la que unos amiguitos misteriosos le sufragaban “eventos familiares particulares” como fiestas de cumpleaños con payasos y confeti que costaron más de 11.800 euros y la misma que para defenderse de las acusaciones que la hacían responsable de las trapacerías de su ex marido y camarada de partido, el imputado Jesús Sepúlveda, argumentaba “¿eso es lo que hemos avanzado en igualdad, responsabilizar a una mujer de lo que haya podido hacer un hombre?”, ha decidido dejar sin cobertura legal a las mujeres solteras y lesbianas que quieran hacer uso de su derecho a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, demostrando así que, en ocasiones, el peor enemigo de las mujeres es otra mujer con prejuicios y con el poder de imponerlos.

El documento que la señora Mato pretende llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad excluye a estos colectivos “dudosos” (sólo para su mentalidad deformada) del acceso a dichos tratamientos. Su propuesta establece como requisitos para recibirlos ser pareja integrada por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55, sin ningún hijo en común y que cuente con un diagnóstico de esterilidad tras haberse sometido al correspondiente estudio previo. Lo que finalmente ha suprimido del documento ha sido el punto en el que se pretendía tener en cuenta la situación psicosocial o los problemas de conducta de la pareja como otro de los criterios de exclusión. En lo restante, el documento es copia del original, excluyendo, por tanto, a las mujeres de un tratamiento que recibían hasta ahora por el hecho de que su orientación sexual y afectiva sea diferente, expresión de su libertad y de su tendencia personal, asunto en el que nadie tiene derecho a husmear porque forma parte de la intimidad del ser humano tal y como reconoce las leyes. O sea, que lo del varón, por muy santo que fuere, si está ausente, debiera ser irrelevante a efectos de reproducirse en modo asistido, como ocurría hasta ahora sin que tal cosa perjudicara a nadie, hasta que vino la señora Mato y lo arruinó todo.

En el mes de octubre del 2012, algunos medios adelantaron lo que entonces era una propuesta que ahora se materializa. Por aquel entonces el Ministerio de Sanidad negaba que se fuera a revisar ideológicamente la cartera en reproducción asistida. Aseguraba Mato que cualquier modificación respondería a criterios médicos y al éxito de los tratamientos. Nueve meses después, el Partido Popular traicionaba sus promesas al decretar la exclusión de los tratamientos de reproducción a determinados colectivos por razones ideológicas para imponer un esquema de familia, el suyo, que no comparte una sociedad, la nuestra, que es más libre y tolerante que el gobierno que padecemos.

La noticia no sólo ha causado indignación entre los colectivos de homosexuales y entre las personas tolerantes de toda condición sino, también, en el ámbito jurídico, porque la decisión de la Ministra Mato no tiene nada que ver con un problema de escasez, ya que de ser así habría reducido los tratamientos de fertilidad a todos por igual, sin discriminación alguna por la orientación sexual.

La imposición de Mato supone el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución que reconoce que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pero no sólo se pisotea el artículo 14 de la Constitución con la contrarreforma de Mato. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosh, añade que también vulnera el artículo 39 de la Carta Magna en el que se establece “que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 10 que pone de manifiesto que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esto quiere decir que el gobierno no puede imponer a una persona ni su orientación sexual ni que para tener hijos deba estar casada, ni tener pareja o un determinado sistema de valores familiares.

Por más que moleste a la señora Mato, se tienen hijos porque se quiere y cuando no se puede de un modo se intenta de otro, con la ayuda de los avances médicos si es posible, porque a los hijos deseados se les quiere y busca, vengan como vengan, y se les viste por la mañana y se les da el desayuno, besándolos antes y después, sin intermediación del personal de servicio, que es cosa penosa que dice mucho y mal de madres que no lo hacen y luego dan lecciones de moralidad y buen corazón. Lo contrario es exclusión, discriminación, imposición y abandono de las obligaciones familiares, que deberían estar castigadas cuando no hubiera razón de fuerza que las impidiera, lo que no es el caso de la Ministra según todos los datos.

Para justificar este nuevo recorte el gobierno pretexta razones que dice que son sanitarias, cuando no es cierto. En contra de lo que sostiene el ejecutivo de Rajoy, el derecho a la salud, consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, no sólo se refiere a la ausencia de enfermedades sino, además, al derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental y social sin las cuales la salud es imposible. Así pues, este derecho no debe entenderse como el derecho a estar sano (igual que la paz no es sólo la ausencia de guerra, la cultura simple eliminación del analfabetismo y el fin del hambre chutarse en vena sebo chorreante), sino como la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel de salud, debiendo ser los gobiernos los garantes de su mantenimiento para que las personas vivan lo más saludablemente posible.

El sistema sanitario atiende diariamente miles de casos que no son un problema médico porque, afortunadamente, la salud es mucho más que la sanidad y la sanidad es mucho más que la lucha contra la enfermedad. La sanidad moderna está por encima de la “enfermedad” y de “lo médico”. La visión de la sanidad reducida a lo estrictamente médico provoca que algunos colectivos tengan que cargar con la etiqueta de “enfermos” simplemente para poder beneficiarse del apoyo del sistema público de salud y de la cobertura que éste proporciona. Tal es el caso de las personas transexuales, que para que sus necesidades en materia de prestaciones sanitarias sean cubiertas por el servicio nacional de salud tienen que aceptar llevar colgada la etiqueta de enfermas cuando no lo son, excepto en la mentalidad reaccionaria del gobierno actual.

Las prestaciones sanitarias tienen necesariamente que abarcar más cuestiones que la mera cura médica. Como dijo Rudolf Wirchow, médico y político alemán, considerado como uno de los más prestigioso patólogos del siglo XIX: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que una medicina a gran escala”.

El Partido Popular, respondiendo a condicionamientos exclusivamente ideológicos y no económicos como nos quiere hacer creer, intenta culpar de la supuesta mala situación económica del sistema sanitario público a colectivos que no comulgan con su modelo de familia y ciudadanía, como ya lo hizo con la población inmigrante en situación administrativa irregular. Por cierto, puestos a definir “problemas médicos”, el inmigrante en situación irregular, como cualquier otro ciudadano, padece problemas de salud que no se tratan porque a la Ministra Mato no le da la gana, como prueba el Real Decreto 16/2012 que dejó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin derecho a la sanidad pública.

Por lo tanto, hacer creer a los ciudadanos que la exclusión de determinados colectivos de mujeres de las técnicas de reproducción asistida es una medida de ahorro es una engañifa, cuando el coste económico del protocolo para la fecundación asistida en el servicio público de salud es ínfimo y el 80% se practica en centros privados, según la Asociación Española de Fertilidad.

Si la intención de la Ministra Mato es la de reducir costes atendiendo a problemas puramente médicos, no tendrá ningún inconveniente en incluir a lesbianas y a madres solteras que tengan diagnosticado problemas de infertilidad. Pero no es el caso, porque esta señora se ha rodeado de “expertos” contrarios al matrimonio homosexual y al aborto para elaborar las futuras medidas de protección de su idea de familia.

Mato creará rangos jurídicamente jerarquizados compuestos por ciudadanas de primera como son las mujeres heterosexuales y casadas, y ciudadanas de segunda donde se incluyen a lesbianas, bisexuales y solteras, criminalizándolas bajo el diagnóstico de “rarezas”, “anormalidades”, y "desviaciones", reafirmando así su intolerancia y animadversión hacia ellas, lo cual es muy propio de una señora tan sectaria como la Ministra, porque en eso consiste ser opusina, que es participar en una secta muy poderosa y oscura del catolicismo proclive a poner etiquetas peyorativas sobre las personas libres y sus costumbres.

Terminemos relatando algunas incongruencias de la señora Mato, que son también del PP, y que hacen que nos tomemos a broma sus teorías sobre las desgracias que trae que la hembra no tenga varón al lado que le sostenga el cayado.

Según Mato, la ausencia de varón debe penalizar a lesbianas y solteras que quieren tener hijos y que no merecen que el presupuesto público atienda su capricho, mientras que la ausencia de varón en las aulas en las que se practica la segregación por sexos no es motivo para retirarles la subvención pública al colegio sino todo lo contrario. Ahorro en el primer caso y subvención justísima en el segundo, por la gracia de Mato, aunque el varón a veces no asome la nariz ni en la familia moderna ni en el aula segregada.

Pero hay más. Si la ausencia de varón no es un problema médico, por qué muchos de los camaradas de Mato consideran que el lesbianismo es desviación patológica.

Y si la ausencia de varón es muestra de estilo de vida y la hacienda pública no tiene obligación ninguna de sostener costumbres particulares, ¿qué demonches hace el gobierno sosteniendo a la iglesia católica que es ejemplo cabal de forma de vida privada, particular y subjetiva desde la cuna a la tumba?

El gobierno de Rajoy se ha vuelto loco, del tipo de locura fanática que no atiende a razones. Gallardón obliga a ser madres a las mujeres que no lo desean y Mato impide ser madres a las mujeres que quieren serlo. Pero sólo si las madres en acto o en potencia son pobres, porque si tienen posibles las mujeres harán lo que les parezca, que el dinero todo lo puede.

Si lo que hace Mato no es una imposición urge que dimitan los académicos de la RAE, de la a la z.

Resulta imposible entender a una derecha que truena por la individualidad pero que la respeta tan poco cuando la persona ejerce plenamente su libertad para afirmarse como le dictan sus sentimientos.

Con esta derecha que padecemos siempre pasa lo mismo: imposición de costumbres y, si no, señalamiento y castigo, en este caso con la excusa barata del ahorro.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Un artículo que no va a gustar a nadie

2013-07-10T19:05:00.001+02:00

El debate sobre los partidos políticos está contaminado, igual que lo está el del sistema electoral, de modo que al discurrir por estos asuntos, que están conectados, la probabilidad de que triunfen las recetas charlatánicas es muy alta.

Se mezclan en ambos debates propuestas regeneradoras sinceras e intenciones loables con argumentos bastardos y el propósito que tienen los partidos ahogados por la corrupción (entre los que sobresale el PP, dirigido por una banda de forajidos cada vez menos presuntos) de esparcir la basura propia y de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, condición necesaria para intentar salir indemnes de sus escandalosas depredaciones.

¿Qué debería pedirle la ciudadanía a un partido político? Primero, que no robe. Segundo, que cumpla la palabra dada. Tercero, que cuando cambie de opinión explique sinceramente las razones y se someta a alguna clase de autorización por parte de quienes le dieron el voto. Cuarto, que funcione democráticamente y promocione a los mejores y más honrados. Quinto, que conteste a las preguntas con sinceridad y que ponga al detalle cómo se financia y en qué gasta ese dinero. Sexto, que eche a los corruptos cuando los descubra y los ponga ante un juez. Séptimo, que actúe a favor del interés general. Octavo, que sepa conjugar el verbo dimitir. Noveno, que no se aproveche privadamente de su paso por la administración. Y décimo, pero no menos importante, que tenga vergüenza, condición que subsume a todas las anteriores.

Porque, pensándolo bien, la crisis de los partidos políticos se reduce a un problema de vergüenza o, para ser más exactos, de falta continuada de vergüenza consentida por una sociedad tolerante con la corrupción, triste realidad a la que se suma un sistema político diseñado para blindar al gobierno sacrificando la democracia y el control de la acción pública.

La ciudadanía, para exigir el anterior decálogo debe, primero, aplicárselo, lo cual es cosa inédita en un país como el nuestro, muy condescendiente con el nepotismo, el amiguismo, el enchufismo y el fraude a la hacienda pública, que son caminos convergentes para disolver el interés general en el ácido de los pecados privados.

Habrá quien diga que el poder político se ha ganado a pulso el asco y la desconfianza de los ciudadanos tras siglos de absolutismo, represión ideológica, oscuridad y violencia, y que el pueblo se ha visto obligado a malvivir con sus medios y a su manera a causa de la dirigencia expoliadora y asesina que le ha tocado en suerte. La idea es cierta y nuestra historia la corrobora. El último episodio, el más terrible, fue el genocidio franquista que mutiló a varias generaciones de españoles, convirtiendo nuestro país en un gigantesco cementerio-cárcel en el que la democracia y las libertades quedaron proscritas. Pero no es menos verdad que hasta la víspera de nuestras desgracias actuales la ciudadanía decidió olvidar su historia, contemporizando ante los pelotazos urbanísticos, la gomina y los Q7 comprados con billetes de 500 euros, evidencias de una corrupción galopante ratificadas por un silencio atronador.

Hay que decirlo aunque moleste: ante la burbuja la mayoría de los ciudadanos abdicó en actitud vergonzante, degradándose a plebe, con la conciencia anestesiada por el olor del dinero. ¿O es que nadie se acuerda de cómo eran reelegidos los partidos y los políticos más corruptos y mentirosos en Marbella, Madrid, Alicante, Valencia, Orense o Castellón? Ocurre ahora, y aquí radica el cambio, que lo que antes se envidiaba (el cohecho, el fraude, la contabilidad en B con B de Bárcenas, los poceros, mariocondes, etc.) ahora escuece, porque no es agradable ver cómo la corriente del soborno y del expolio de lo público va a una minoría mientras la mayoría se hunde en la miseria.

Lo que está por ver es que la condición moral del ciudadanos que ahora se queja haya cambiado, aunque no se descarta que ocurra en el futuro. No obstante, por ahora lo único que queda demostrado es que la crisis es la levadura del cambio y no al revés. ¿Cómo explicar si no treinta años de bipartidismo asfixiante, con casos de corrupción suficientemente graves?

Conocer la causa de un problema no anula las consecuencias, sólo las explica. Por desgracia, sigue viva en nuestro país la sentencia de Rana, aquel personaje de Cervantes que decía sobre los que gobiernan que “si fuesen malos, ruega por su enmienda; si buenos porque Dios no nos los quite”, sinónimo del resignarse a lo que toque.

Ni siquiera con esta crisis tan brutal nos hemos liberado de nuestro instinto acomodaticio ante los daños producidos por el mal gobierno. Tras tanto desfalco político se sigue esperando la llegada de tiempos mejores porque la sociedad no tiene riñones para cambiar la cosa pública, a fondo, limpiando los bajos de un sistema de gobierno bloqueado que daña a las personas y en el que no se rinden cuentas y que daña a las personas. Para mantenerse con los brazos cruzados sirven los pretextos, para no hacer nada, para tranquilizar una conciencia culpable y dejar libres a los culpables de responsabilidad. Cuánto daño han hecho frases como todos son iguales, uno sólo no puede, no hay remedio o los míos aunque rebuznen.

El PP, achicharrado por la corrupción, exhorta a los demás partidos a ser ejemplares y transparentes, utilizando conceptos que en su boca suenan a escarnio, como si su pecado mortal se limpiase tirando su basura al resto, a la vez que se embosca en las instituciones y en el poder judicial a la espera de que pase la tormentea.

El PSOE, carcomido por los ERES y repudiado por muchos de sus electores, denuncia con desgana los saqueos de la derecha, mientras busca grandes pactos con Rajoy, en pose que desvela una trastienda de silencios muy sospechosa.

IU, que goza de un prestigio que depende en gran medida del desprestigio de otros, debe ser mucho más rápida de reflejos en lo tocante a sus casos de corrupción, que son muy pocos pero no por ello disculpables, y replantearse muy seriamente su continuidad en un gobierno, el de la Junta de Andalucía, que puede arrastrarla al turbión de la ignominia.

Finalmente, una parte de la izquierda que presiente al mesías en cada novedad social, resucita el discurso de que los partidos, incluso los inocentes, son un desecho, un peligro, una maquinaria en la que se impone la ley de hierro de la oligarquía y que ampara la corrupción, lo cual es cierto en algunos casos pero no siempre, siendo tal cosa, además, un mal del que no se libran otro tipo de organizaciones sociales por muy prometedoras que hoy parezcan.

Por tanto, el rechazo a los partidos se está volviendo visceral, emocional, cosa de tripas. No se repara en que hay partidos porque la sociedad está partida, porque hay intereses divergentes, fracturas, divisiones e ideologías en pugna. Se podrán negar los partidos pero no el sustrato del que salen, una sociedad clasista con contradicciones de clase cada vez más agudas.

Esto no significa que haya que plantear una defensa cerril de los partidos, lo cual sería absurdo porque, para empezar, hay muchas clases de partidos si atendemos a su funcionamiento y estructura: los verticales-cupulares y los asamblearios, los que viven del cohecho o la prevaricación y los que malviven de las cuotas, los que están anclados en las instituciones y los que se mueven en la periferia del sistema, los que defienden el orden vigente que condena a la mayoría y los que quieren cambiarlo, los que se sostienen sobre un barullo podrido de tomantes y donantes y los que no tienen ni para imprimir octavillas. Además, las generalizaciones son injustas y en el caso de los partidos todavía más.

Algunos desearían que los partidos desaparecieran porque ya están organizados privadamente y controlan los centros de decisión de la sociedad. No extraña, por tanto, su inquina hacia los partidos porque ni los necesitan ni quieren que otros se organicen desde ellos para disputarles el poder ilegítimo del que disfrutan. Los hay, también, que son hostiles a los partidos porque aspiran a una sociedad distinta basada en un ser humano que, quizás, no exista más que en su imaginación, sublime y santo, sin olor y celestial. Además, están los que, con la excusa de la crisis, aspiran a un sistema tecnocrático, neofascista, populista o integrista en el que se impongan la manipulación, la fuerza bruta y el miedo, en el que todos los partidos, excepto el propio, naturalmente, estarían de más.

Así las cosas, toda precaución es poca en el debate sobre los partidos (muy necesario y encomiable) porque tras él se esconde mucha miseria y mala fe.

Lo mismo ocurre con la cuestión electoral, asunto en el que a toda la confusión anterior se suma el lío producido por el manejo poco escrupuloso de conceptos que significan lo que a cada uno le viene en gana y a fórmulas a las que se les atribuye un valor mágico que no tienen.

Con el pretexto del ahorro, el PP propone reducir aún más la proporcionalidad del sistema electoral, eliminando concejales y diputados molestos o, simplemente, con técnicas de gerrymandering, sacándose de la manga circunscripciones que no existen, con el objeto de laminar a la oposición, como hacía el corrupto Elbridge Gerry, gobernador de Massachussets, al que le debemos la patente del invento de redibujar a conveniencia el mapa electoral para promover el fraude en la representación.

Es una evidencia que en los planes de reforma electoral del PP no hay ningún interés por el ahorro o por el acercamiento del político al ciudadano, sino el propósito de acabar con la oposición, mantenerse en el gobierno con una porción de votos ridícula, reforzar el bipartidismo y acabar con la función representativa y de control de los órganos electos, lo cual va, dicho sea de paso, en contra de la Constitución. En pocas palabras, con las reformas del PP vamos al sistema uninominal de los burgos podridos, en el que la oposición no existe aunque tenga más votos que el gobierno.

Otros, con mejor intención, argumentan que la panacea de la regeneración democrática está en las listas abiertas o en la eliminación de la ley d’Hondt, confundiendo la lista abierta con el panachage, que casi existe en el Senado aunque no sirva para nada, y no percatándose de que la distorsión de la ley d’Hondt se produce porque la magnitud de la circunscripción es ridícula, de donde se deduce que lo que hay que cambiar es, antes que nada, la magnitud, que hay que subir, equiparando el distrito electoral al ámbito de elección correspondiente, como dicta la lógica: municipio para los ayuntamientos, comunidades autónomas para las autonómicas y el Senado, y todo el territorio para el Congreso de los Diputados y el parlamento europeo.

Lo que hay de malísimo en el sistema electoral es la sobrerrepresentación del que gana, del que tiene el voto concentrado y de las circunscripciones menos pobladas, lo que conduce al voto útil, a representar hectáreas en vez de ciudadanos y al refuerzo del bipartidismo, que es uno de los males del país. Todos los índices de medición de la proporcionalidad (Rae, Loosemore-Hanby, el de los cuadrados mínimos de Gallagher y el de la mayor desviación de Lijphardt) coinciden en que el sistema electoral español es ya muy desproporcional, lo que perjudica enormemente a las formaciones políticas nacionales medianas y pequeñas con el voto disperso, a las que se les roban los escaños que van a parar al ganador sin ningún merecimiento.

En conclusión, el país requiere un sistema electoral distinto que represente la diversidad de opiniones, que las fuerzas sociales democráticas que han irrumpido en el debate político salten a la política inyectando savia nueva, que los partidos y otras fuerzas comprometidas con el cambio del sistema hacia una democracia real adquieran el protagonismo que merecen para iniciar un proceso constituyente y, sobre todo, que los ciudadanos no vuelvan a votar a los corruptos hasta que el séptimo ángel toque la última trompeta, momento en el cual serán destruidos los que destruyen la tierra.

En pocas palabras, nuestro país necesita vergüenza, ciudadanos que la reclamen y mecanismos para exigirla.

Emilio Alvarado es portavoz del grupo municipal de IU en Azuqueca de Henares

PP y PSOE, una Santa Alianza

2013-07-02T22:56:00.001+02:00

Muy propio: cuando se tocan los interese del bipartito, Rubalcaba defiende a Rajoy y critica a IU

Los monarcas de Rusia, Austria y Prusia acostumbraban a guerrear entre sí. Más exactamente, mandaban a la guerra a sus súbditos que pagaban con la muerte, la devastación o las mutilaciones la codicia de sus gobernantes. Rusia luchó contra Prusia en la Guerra de los Siete Años y antes contra los teutones, en batalla épica que encumbró a Alexander Nievskii. Por su parte, Prusia luchó contra Austria en la Guerra de las Siete Semanas, aplastando a los austriacos con sólo un par de encontronazos militares. Pero cuando se trataba de combatir la libertad, las belicistas Prusia, Rusia y Austria estaban en el mismo bando, el del trono y el altar, el de la Santa Alianza, el del Congreso de Viena, el de la defensa del privilegio frente al cambio, el de la restauración frente a la revolución, el de los borbones restituidos en derechos y privilegios. Von Metternich, von Hardenberg y Alejandro I se entendían muy bien cuando tenían que enfrentarse a sus enemigos aunque se odiaran profundamente. Formaban un tripartito a la gresca interna pero blindado ante el enemigo común, como el PP y el PSOE hoy, más unidos por el sistema que defienden y al que representan que separados por las diferencias que amplifican en los medios de comunicación.

Dicho lo anterior, recordamos que sólo han pasado 19 meses desde que Rajoy ganara las elecciones.

El partido de Rajoy fue votado por casi 11 millones de ciudadanos, de los casi 36 millones con derecho a voto. Quiero esto decir que recibió el 31% de los sufragios, siendo amplísima mayoría los que no votaron al PP, esto es, casi el 70% de los ciudadanos. Por deformación del sistema electoral, el tercio de votantes del PP acapara el 53% de los escaños del Congreso. En otras palabras, el sistema electoral convierte el tercio de los votos del PP en mayoría absoluta, distorsionando la representación y burlando la democracia. Al resto de los ciudadanos, ese 70%, no le corresponde ni la mitad de los escaños, lo cual parece muy justo y equilibrado al PP porque se lleva los escaños que roba a los demás. El PP recibe 22 puntos de regalo en escaños gracias al sistema electoral, que mezcla la circunscripción provincial (en general de muy baja magnitud y que tiende al bipartidismo) con la ley d’Hondt, que lo refuerza en el caso de las circunscripciones pequeñas. El sistema electoral actúa con el PP como las alzas secretas de los zapatos, aunque a gran escala.

A lo anterior hay que añadir que una porción del tercio de votantes que apoyó al PP lo hizo engañado por las promesas falsas de una campaña que pasará a la historia por el uso desvergonzado de la mentira.

Apuntado esto (que los votantes del PP no son mayoría absoluta y que muchos de ellos se sienten engañados por las mentiras del partido y asqueados por la corrupción de Rajoy y los suyos), no extraña que el partido haya dilapidado en tan solo 19 meses una parte muy notable de su capital político. Rajoy es ya un personaje fracasado, desprestigiado y rechazado por los mismos ciudadanos que antes le dieron su apoyo, entre otras razones por sus mentiras, por haber incumplido sus promesas electorales, por sus reiterados fracasos, por su política de indiferencia y pasividad ante el sufrimiento de los ciudadanos y por la corrupción que ampara y representa. En dos palabras, lo que debemos a Rajoy es austericidio y corrupción.

Se le advirtió al anterior Presidente, el señor Zapatero, que el camino que eligió nos llevaba a la catástrofe, que las políticas austericidas no iban a generar empleo ni a reactivar la economía. El gobierno socialista no escuchó las advertencias sensatas y los ciudadanos le castigaron. Pero el Gobierno del señor Rajoy decidió tomar el mismo camino y a una velocidad mayor, trayectoria que ya, incluso, ni se molesta en disimular.

Es una evidencia que las prioridades de los rajoys, matos, guindos, montoros, werts y demás personajes del gobierno son aumentar la presión fiscal a la clase trabajadora, reducir los derechos sociales al máximo y expoliar y mercantilizar los servicios públicos con la excusa de pagar a los acreedores las deudas acumuladas por la banca española.

El gobierno de Rajoy, una vez fijado el camino, anuncia que no va a cambiar el rumbo. El PP es inmune, incluso, al “mea culpa” del FMI que acaba de reconocer que el primer rescate griego hace tres años no se abordó de forma adecuada, que se equivocó con Grecia, que fue un error creer que Grecia podría asumir toda su deuda, que sus “expertos” subestimaron el impacto del austericidio sobre la población y la economía. Ahora, Grecia, acatando las órdenes de la troika, se ha visto obligada a recortar las pagas a los pensionistas, a retrasar la edad de jubilación, a bajar el SMI por debajo de los 600 euros, a rebajar salarios, a despedir a 15.000 funcionarios y a eliminar los convenios colectivos. A todo esto se suman un recorte del 40% en los presupuestos de sanidad y los recortes en partidas relacionadas con la prevención del virus del SIDA, que han provocado un aumento de las infecciones del 200%. En cuanto a los suicidios económicos, Grecia ha pasado de un extremo a otro: de ser uno de los países con una de las tasas más bajas de suicidio de la UE a experimentar una subida del 60%. La tragedia griega se completa con hambre, abandono de niños en las escuelas porque sus familias ya no los pueden mantener, el sufrimiento de una población que está siendo maltratada y humillada hasta un punto insoportable y el auge del nazismo carcelario. Hoy, Grecia es un país destrozado por unos delincuentes que dicen ser sus gobernantes y que acatan las órdenes de la dictadura de la troika.

Visto lo de Grecia y el cariz que van tomando las encuestas, en España el bipartito está preocupado. Ante las nuevas dificultades que se avecinan, las cúpulas del PP y del PSOE aplican aquello de que “la unión hace la fuerza”, firmando un segundo pacto político que sucede al primero, el de agosto de 2011, con el que cambiaron con extrema urgencia, sin debate previo y sin consultar a los ciudadanos, el artículo 135 de la Constitución.

Así que, desde el verano de 2011, la prioridad absoluta de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy ha sido pagar los intereses de la deuda bancaria, aunque ello provoque que la población se muera de hambre.

Si el primer pacto entre el PSOE y el PP se vistió con embustes, el segundo se pretende justificar con el bulo de la posición común ante el Consejo Europeo. Hay que reconocerle al bipartito tesón en la supervivencia, lo que indica objetivos comunes y la defensa de las nóminas de muchos camaradas que quedarían a la intemperie si se les desmorona el tinglado. ¿Alguien se extraña, por tanto, de que acuerden su punto de vista ante el Consejo Europeo si desde hace mucho tiempo los dos defienden lo mismo?

No debe escandalizar lo dicho. El PSOE y el PP han apostado por el sistema capitalista. Sus dogmas son “el libre mercado”, “el crecimiento a cualquier precio”, “la competitividad”, “el déficit” y “la deuda”. Tanto el PSOE como el PP defendieron, impulsaron y colaboraron en la construcción de una UE antidemocrática. Aceptaron el Tratado de Maastrich y el resto de tratados neoliberales con los que cedieron la soberanía monetaria y económica al poder financiero privado y a unas instituciones que funcionan al margen de cualquier control democrático. Gracias al PSOE y al PP el gobierno español es libre sólo si hace lo que otros le ordenan. Más bajo no se puede caer.

Las políticas del PSOE y del PP han arrasado nuestro Estado del bienestar. Por su causa, que es idéntica en el fondo, asistimos a una degradación social insultante, con más pobreza, hambre entre los escolares, derechos fundamentales cercenados, gente desesperada protestando, fuga de capitales, Constitución inane, etc. Lo último, el cinismo irritante del PP que recomienda a los jóvenes altamente cualificados y sin futuro “que hagan la maleta” y se “muden”, porque según el señor González Pons, muy dado a las bufonerías de almidón y plancha, “no se puede considerar que trabajar en la UE sea trabajar en el extranjero, porque si lo hacemos así nos estamos equivocando. En la medida en que los jóvenes están en la UE, están en casa”.

Conscientes de su gran deterioro, PP y PSOE pretenden ahora que desde Europa y siempre con el permiso de Merkel y la banca alemana, se adopten medidas que “suavicen” lo efectos devastadores que causan sus decisiones. No se trata de exigir una rectificación, una enmienda total, un golpe de timón, que sería lo adecuado. A lo que se está es a camuflar las políticas neoliberales entre algunas medidas que hagan creer a la población que las cosas están cambiando para reafirmar el tinglado bipartidista de siempre.

El acuerdo PP-PSOE habla de un plan europeo de empleo juvenil, una línea de crédito para Pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o medidas de crecimiento e inversiones europeas con cargo a los fondos comunitarios, pero no hace referencia a la derogación del artículo 135 de la Constitución, ni a la derogación de la reforma laboral, ni a cambiar el dominio de los bancos sobre la economía, ni a dejar fuera de la ley a los grupos de presión que sobornan a las instituciones comunitarias para que legislen a su favor. El PSOE y el PP creen que de esta manera se desactivarán las movilizaciones sociales, el crecimiento de la izquierda y el hundimiento del bipartidismo. Pero se equivocan.

El PSOE y el PP no van a cambiar nada. Y menos sus pactos, pinzas, alianzas, entendimientos y reuniones, que sólo sirven para mantener sus privilegios y los de los grupos afines. Hace mucho que el PSOE se olvidó de la “chaqueta de pana”. Y no tanto que el PP dejó la gomina por la melena.

Ahora, en el PSOE y en el PP se lleva más el look casual, el de los güemes, pons, florianos, madinas, etc. Americana de sport, camisa con cuello abierto, sin corbata, pantalones vaqueros, zapatos sin calcetines, todo muy almidonado, planchado y perfumado, caro sin que lo parezca, descuidado pero medido, improvisado pero calculado. El nuevo estilo da a sus dirigentes un aire desenfadado pero dentro de un orden, porque el casual es acomodo sin que lo parezca, acatamiento simpático a lo que hay, ser lo que no se es, como el apoliticismo, el centrismo, la normalidad, el sentido común y el como Dios manda. Adviértense aquí diferencias de matiz entre el PP y el PSOE. El PP es más dado a añadir al uniforme pulseritas de colores y el aire del que se ha levantado tarde y va a una terraza moda a tomarse el brunch. El PSOE se inclina más por los abalorios étnicos de la etnia socialista, que hace mucho que perdieron su significado original. O pulserita o abalorio, esto es lo que nos ofrece el bipartidismo para salir de la crisis, porque el bipartidismo es el casual político de nuestros días.

Los grandes medios de comunicación, uno de los pilares fundamentales del sistema, celebran este pacto que el Rey ya exigió a ambos partidos desde que vio peligrar el cetro que heredó de la dictadura franquista. Creemos que habrá más acuerdos y pactos de Estado entre el PSOE y el PP a medida que aumenten las grietas del régimen salido de la transición. El PSOE de Rubalcaba no se ha movido para hacer frente a las agresivas políticas de desmantelamiento del Estado de bienestar, sino que se ha inclinado hacia la derecha para defender sus privilegios y los intereses del capital. Por este motivo, una parte sustancial de su militancia y votantes está que echa las muelas y piensa en un reemplazo de verdad.

Señores de las direcciones del PP y del PSOE y adjuntos, basta ya de hablar de reformismos o de cambios porque gracias a ustedes asistimos a un continuísmo político que sólo trae más miseria a la sociedad y que margina a millones, a cambio de ofrecer estabilidad al bipartidismo, es decir, a ustedes y a su tinglado. Algún día tendrán que explicarlo.

María José Pérez Salazar pertenece al Consejo Político Local de IU

Una realidad de plasma

2013-06-24T18:01:00.002+02:00

Si el régimen no ha caído en la desafección más completa es porque existe una red muy densa de medios de desinformación que tapa sus inmundicias, perpetra el daño moral del discrepante, silencia a las víctimas del sistema y fabrica noticias para engañar a la opinión pública.

Los medios no son la única razón que explica que el sistema se mantenga aún en pie o que haya gente que acepte el abismo abierto entre sus expectativas y la realidad. El control por el miedo, por el aparato judicial sumiso y por la violencia, bajo todas sus formas y matices, también contribuyen al sostenimiento de una maquinaria de dominación desnuda que no tiene otro fin que servir a la casta gobernante.

La manipulación ejercida por los medios de desinformación tradicionales (prensa, radio y televisión) es escandalosa. La excepción a esta regla es tan irrelevante que no la invalida. Se han escrito sobre el particular obras muy justas que no han tenido la difusión que merecen, lo cual no les quita ni un gramo de valor como, por ejemplo, las de Camilo Taufic, Noam Chomsky o Pascual Serrano.

El mapa de la propiedad de los principales medios de desinformación en España es monótono: pertenecen al Opus Dei, a la Conferencia Episcopal, a multinacionales, a fondos de inversión especulativos, a la banca internacional, a la trama Gürtel, a Berlusconi o a algún conglomerado mediático multimillonario como Disney, el grupo Murdoch o Bertelsman, por citar sólo algunos ejemplos. Además, estos medios se nutren de la desinformación bruta de las principales agencias de prensa (AP, UPI, Reuters, etc…) que forman un oligopolio informativo a escala mundial.

La orientación ideológica de los medios está en consonancia con los intereses de sus propietarios y con la búsqueda de más público, lo cual significa más ingresos por publicidad y mayor influencia social. Como ya demostró Randolph Hearst, el de tráigame las fotos que yo suministraré la guerra, en el negocio de los medios lo de menos es la verdad. Quiere esto decir que los medios convencionales pertenecen a muy pocas manos que, además, están manchadas por la manipulación y el amarillismo. En los periódicos, radios y televisiones privadas la alianza entre la ideología (integrismo religioso y neoliberalismo) y el poder del dinero es asfixiante. Además, los medios públicos han sido tomados al asalto por el PP, con el fin de cerrar el círculo del engaño basado en el control de la información.

En los medios del sistema no trabajan periodistas sino propagandistas. Algunos lo hacen por convicción. Son los jefes y demás personal de confianza. El resto lo hace a la fuerza porque la necesidad ahoga y el escrúpulo es enemigo del hambre. Llama la atención que los medios jamás contraten a un periodista en un proceso abierto y público. Lo hacen a dedo, en secreto, por enchufismo o recurriendo a la filogenitura, escogiendo a quienes les parece, porque no necesitan periodistas sino partisanos, escribas sumisos de una realidad inventada cada mañana en las mesas de redacción. Por si no fuese suficiente con lo anterior, entre los elegidos se imponen el silencio y la autocensura. De aquí procede la pésima imagen de un oficio, el de periodista, que tiempo atrás gozó de buena prensa.

Es un misterio también que existan televisiones sin telespectadores, radios sin oyentes, diarios sin lectores o frecuencias regaladas a amigotes de la derecha que no se explotan mientras que se persigue al medio que se rebela contra la mentira impune y se cierran periódicos honestos. ¿Quién paga estas facturas vergonzantes y a cambio de qué?

Los medios llenan la panza mental del pueblo. Administran el forraje discursivo a una ciudadanía que quieren estabulada. Los medios engordan el prejuicio, definen la realidad con construcciones paralelas y amasan una opinión pública que ha de ser eco del poder. Distorsionan, mienten, desvían la mirada, señalan a ninguna parte, juegan al despiste o montan una cacería, una campaña, un muñeco, un pim-pam-pum. Gracias a ellos cobra vida la máxima que dice “no dejes que la realidad arruine una buena noticia”.

Entonces, no extraña que los medios sean tan previsibles. Se sabe con antelación lo que dirán, cómo lo dirán y cuándo lo dirán. También se adivinan sus silencios, tan importantes o más que lo que declaran.

Los medios tradicionales defienden el sistema porque son el sistema. La imagen de que los medios son un contrapoder es completamente falsa. Los medios son un poder al servicio del poder, poder descarnado y ejercido sin escrúpulos. Son el instrumento para consolidar la hegemonía de la casta dominante, el yunque en el que golpear el pensamiento alternativo, la hoguera en la que se consume la libertad individual y colectiva, que empieza y termina en una conciencia sin contaminar.

Los medios tradicionales llegan al público tradicional para moldear su percepción, gustos y expectativas. El público convencional acostumbra a recibir pasivamente el orden del día de noticias que le viene dado, sin caer en la cuenta de que lo que se le ofrece es un producto, un enlatado, mercancía ideológica que se cotiza en el mercado de la manipulación según sea vista, comentada y seguida.

Al lado de ese público tradicional hay otro que ve el mundo a través de nuevas ventanas que son, en principio, un territorio comunicativo más libre. No sabemos cuánto tiempo le queda a esta libertad amenazada por los liberticidas del control informativo. Cualquier excusa es válida para podar el derecho a la información, siendo la más efectiva la que alude a una idea de seguridad tan falsa como peligrosa. Wikileaks o el caso Snowden muestran cómo se las juega el poder cuando se denuncian sus abusos y manipulaciones por parte del sistema.

No obstante ser aún más libre, la difusión de información por la red tiene también problemas, entre los que destacan la transparencia y vulnerabilidad del usuario, la jibarización del mensaje, la caducidad fulminante de lo noticioso y la dificultad de distinguir entre lo importante, lo accesorio y lo fraudulento. Además, los nuevos espacios virtuales corren el riesgo de convertirse en un placebo de la protesta social que no es eficaz si abandona la calle.

Por ahora, la batalla de los medios la ganan los ricos, que buscan sobrevivir a toda costa en el caos social que han provocado. La supervivencia de los poderosos exige que la sociedad pierda conciencia, capacidad de juicio y de comprensión, lo que explicaría el estado de modorra social que padecemos.

Vivimos tiempos terminales, de inmundicia. Puede que mañana un Calígula decapite todas las estatuas y mande colocar su cabeza sobre ellas sin que ello suponga un escándalo. Los medios de desinformación ayudarán a la tarea.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

Gobierno dañino

2013-05-21T19:30:00.003+02:00

Por decreto de Rajoy en junio caerán todos los convenios no acordados, imponiéndose entonces la voluntad del empresario, que es un punto cero consistente por lo general en rebajar al trabajador a la condición de esclavo, porque hay más de seis millones de criaturas dispuestas a trabajar por menos que el vecino, en competencia inhumana por la piltrafa, que en eso se han convertido los salarios y los derechos laborales, en puro andrajo por el que hay que rogar a la virgen del rocío. El empobrecimiento del trabajador le parece estupendo al gobierno, que alardea así de mejoras de la productividad tan falsas como crueles y de aumento de las exportaciones que, bien mirado, no equilibran una balanza comercial sólo favorable por el hundimiento de las importaciones, que es sinónimo de que la economía está muerta.

Por las barbas del partido de Rajoy se ordena en las oficinas de empleo que se ofrezcan los escasísimos trabajos que por allí recalan no a los más necesitados sino a los que cobran prestación, para que el gobierno deje de pagarlas, lo cual, a falta de un adjetivo apropiado, es más que canallesco. No importa tener más de seis millones de parados. Lo justo es que no cobren prestación o que ésta sea ínfima, para reducir el déficit y seguir rebajando los salarios con el fin de alcanzar el nivel chino o bengalí, momento en el que seremos competitivos como naciones tan prósperas como Camboya o el Congo.

Por la ley del rodillo de Rajoy se les va a rebajar una vez más el salario a los empleados municipales, prolegómeno de despidos que están por llegar, mientras que se refuerzan las diputaciones, que son covachuelas del poder de la derecha al frente de las cuales hay gobiernos que no son elegidos por el pueblo, porque el poder que le gusta al PP es el que no rinde cuentas directas ni cada cuatro años.

Por la ley del embudo de Rajoy el catolicismo se equipara a las matemáticas, la física o la lengua, adquiriendo una relevancia académica que no le pertenece, porque la religión no es materia docente, el adoctrinador no es maestro, la fe es contraria a la ciencia y la teología es enemiga de la razón. El PP resucita el nacionalcatolicismo, ideología muy apropiada para el lavado de cerebros tiernos e indefensos a los que se inculcará la culpa, el pecado y la sumisión a una autoridad mágica y medieval, que en eso consiste evangelizar a petición de la Conferencia Episcopal, malograr la capacidad crítica, arruinar el pensamiento libre, creer en milagros, exorcismos, supersticiones y aceptar el dogma mansamente según prescriba el mulá de turno. Madrazas en vez de escuelas, propagandistas en vez de profesores y saqueo del presupuesto público a favor de la iglesia papista con la excusa barata de que hay un concordato que cumplir.

Por el artículo 33 de Rajoy se obliga a la mujer a ser madre, lo cual significa que sea el ministro, el policía o el cura quien decida la maternidad y no la mujer y su pareja, cuando la hubiere, en injerencia intolerable que nos lleva a la España en la que las hijas de las familias bien abortaban en Londres, mientras que las mujeres pobres soportaban la prole que les viniera o se ponían en manos de un matarife cuando su carga era insostenible.

Estos ejemplos no son más que continuación de anteriores y anuncio de lo que está por venir, que es más de lo mismo, porque los recortes y trapacerías del PP no tienen límite y después del túnel no hay luz sino otro túnel aún más largo y oscuro que nos llevará más hondo, para caer en el noveno círculo, que ese es el destino que nos aguarda: penar rodeados de hielo por los siglos de los siglos.

Visto lo anterior, lo decimos sin equivocarnos: desde 1978 los ciudadanos no habíamos sufrido un gobierno tan falso, dañino y antipatriota como el de Rajoy.

Un gobierno que es una sucursal del partido popular europeo, de la banca acreedora alemana, del sistema financiero podrido, del dinero criminalmente organizado y de la secta neoliberal, al cual su país se la refanfinfla, no digamos ya sus habitantes, los seis millones de parados, su futuro, la juventud, los enfermos, los dependientes, los desahuciados, los preferentistas, los que no tienen papeles y todos los que lo pasan mal porque han perdido el amparo, el soporte y los medios para sostener una vida digna en la jungla en la que el PP está convirtiendo nuestra casa.

¿Qué clase de gente son quienes gobiernan? ¿De dónde han salido? ¿Qué moral defienden, qué tipo de conciencia tienen, cómo duermen, cómo respiran, cómo miran a los ojos a sus semejantes sin que se les caiga la cara de vergüenza? Cuál es el paño de estos dirigentes que cobran sobresueldos de escándalo pagados secretamente por grandes empresas, que aceptan dádivas culpables o que, tras abandonar la política, son contratados por las multinacionales a las que les han hecho el trabajo sucio desmantelando lo público, que no pestañean cuando hurtan salarios, derechos y dignidad a los ciudadanos que son los que sostienen el país que ellos mancillan.

Cómo se puede estar en un partido que es una estructura corrompida de amaños, favores, dedazos, venalidad y sobornos presuntos porque la justicia en España, que no es justa ni diligente, ampara al rico y al poderoso. En un país serio habría ya decenas de dirigentes del PP encarcelados, también de otros partidos, alguno de IU, como un tal Moral Santín, también miembros del gobierno con el presidente incluido, pagando penalmente por las devastaciones y sinvergonzonerías cometidas, mientras que por aquí estos personajes siguen paseando libremente, con sus cuentas blindadas y firmando certificados de buena conducta.

Qué pasa con la gente dormida, con los que aún viven apoltronados en la comodidad garbancera, en la gorronería social o agarrotados por el miedo, que no protestan, que callan con silencio cómplice ante los abusos de un gobierno sin legitimidad, con poder pero sin autoridad, con fuerza pero sin razón, con mayoría pero sin mandato. ¿Qué tiene que pasar para que el indiferente, el equivocado, el arrepentido o el iluso peguen un puñetazo en la mesa y juren en arameo?

Es asombroso cómo aguanta este gobierno a pesar de todo. Otro ejecutivo, en su lugar, con la mitad de carcoma y polilla, ya habría caído, barrido por su desvergüenza y mal hacer y por la furia de periódicos, televisiones y radios opositoras. Pero el de Rajoy no, que está dispuesto a terminar una legislatura que antes acabará con el país. Apuntalan al PP la mayoría de los medios de desinformación que están en manos de sus amigos, de bancos, de multinacionales o de la cúpula católica, además de los que mangonea directamente con cargo al presupuesto público. Por eso urge ya denunciar los enjuagues, convenios, favores y pactos entre tertulios, periodiqueros, columnistas y propietarios de medios con el gobierno del PP, porque no es creíble tanto requiebro, tanta flor, tanta mentira y tanto fanatismo por defender a un presidente que oscila entre la cobardía y la abyección.

Hace falta una revolución moral, mandar a paseo las viejas convenciones que nos han llevado al desastre y a quienes las sustentan. Esto no se logra ya con manifestaciones, desfiles, concentraciones, recogida de firmas y huelgas puntuales, que no sirven ni de aliviadero de una tensión que amenaza con reventar el día menos pensado.

Es momento de plantarse, todos: los estafados por un gobierno que prometió lo contrario de lo que hace, los damnificados por sus decretos, que son decenas de millones, los defraudados por sus decisiones que son casi todos, los escandalizados por su impudicia, que son una mayoría social abrumadora y los que no se resignan a que sus hijos sean condenados de por vida a una existencia miserable, que son el resto.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Madres a la fuerza

2013-05-03T20:32:00.002+02:00

Diario La Razón: uno de los lugares en los que el gobierno se siente fuerte

En julio de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en una entrevista al diario La Razón que pretendía reformar la Ley del aborto. El revuelo que produjo su confidencia hizo que el ministro decidiera a partir de entonces guardar silencio, ser más discreto, esquivo, escurridizo incluso, quizás porque creyó que es mejor no declarar lo que se piensa si lo que se cree molesta y mucho, aun cuando se vaya a hacer lo que se oculta, porque el golpe más efectivo es el que se da a traición, calladamente, por la espalda, a la altura de los riñones.

Esta prudencia hipócrita no contagió a alguno de sus camaradas de partido, más palabreros y resueltos, como el señor Floriano, ese gran genio de la sandez que ha superado a Pons, su pareja humorística, por el desparpajo con el que engaña, por el aplomo con el que acusa y por la naturalidad con que difunde la consigna partidista del día, por absurda, comprometedora y falsa que sea. Mientras Gallardón callaba ladinamente, Floriano hablaba a borbotones asegurando que con la reforma del aborto lo único que se pretendía es “defender a los más débiles”.

Hace tan sólo dos semanas el ministro de Justicia, aprovechando el mismo escenario de su declaración previa, un foro organizado por el periódico dirigido por Maruhenda, amigo fidelísimo de Rajoy, anunció la inminencia de la reforma de la ley del aborto.

Durante la intervención, el Ministro se encontró arropado por una amplia embajada de la cúpula judicial compuesta por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y el magistrado Alfonso Guevara, así como por algunos de sus incondicionales, a saber, Ignacio González, Ana Botella, Florentino Pérez, Cristóbal Montoro y Ana Mato. Rodeado de tan distinguidas personas, muchas de las cuales, las del mundo judicial, no pintaban nada en un acto promovido por un periódico que se declara “de derechas y sin complejos”, Gallardón tuvo la inspiración para decir que “la vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad”.

Referido lo anterior, es obligado explicar de dónde venimos para saber a dónde nos quieren retrotraer los señores del PP.

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada a finales de 2009 por la mayoría de los grupos parlamentarios (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU). En contra se pronunciaron el PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CiU. Apenas tres años después de su entrada en vigor, el gobierno de Rajoy prepara esta nueva reforma que, según testimonio del señor Gallardón, se fundamenta en el “cumplimiento de su programa electoral”, como si tal cosa, lo de cumplir lo prometido en campaña, importara una brizna al señor Rajoy, al señor Gallardón o al gobierno en pleno.

Los puntos más significativos de la actual ley y las consecuencias de los posibles cambios anunciados por Ruiz-Gallardón son los siguientes:

Interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas: la actual ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre y cuando la mujer haya sido informada de las ayudas existentes a favor de la maternidad y cuando hayan transcurrido al menos tres días de reflexión entre la petición y la intervención. No es necesario que ningún certificado médico acredite riesgo de salud para la mujer, como sí ocurría con la legislación anterior (1985). La existencia de este plazo permite que una mujer decida si quiere ser madre o no. Lo contrario, imponer la maternidad, es un abuso, un acto arbitrario y despótico que anula a la mujer como persona y que trae consecuencias negativas incalculables, gravísimas. Tenemos en España, por tanto, una ley de plazos como la que existe en la mayoría de los países europeos, que oscila entre las 12 semanas que prevén las legislaciones alemana, italiana o francesa y las 24 de la holandesa.

El 89,58% de los 118.359 abortos realizados en España en 2011 se produjeron dentro de las primeras 14 semanas de gestación, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De ellos, el 65,56% se realizaron dentro de las ocho primeras semanas.

El ministro de Justicia ha anunciado que sustituirá la ley de plazos para regresar a una legislación de supuestos. Este cambio niega la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, rompiendo, también, la igualdad de condiciones entre las mujeres que pueden pagar un aborto legal en el extranjero y las que no, quedando estás últimas abocadas a poner su vida en grave riesgo así como su libertad en el caso de que decidan abortar.

Malformaciones fetales: pasado el plazo de las 14 semanas, una mujer puede ahora interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y si así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. Este supuesto constituye una minoría de las intervenciones. El 2,73% de los abortos se produce antes de las 22 semanas de gestación y un 0,3%, pasado ese tiempo.

Este es uno de los cambios más polémicos de la reforma del Partido Popular, porque no contempla el supuesto de aborto por malformación fetal, posibilidad a la que alude con la terminología impropia de la neolengua acuñada por la conferencia episcopal, el OPUS y otras terminales del fanatismo, equiparando el derecho a una maternidad responsable y deseada con el aborto eugenésico.

Los especialistas en diagnóstico prenatal rechazan radicalmente este concepto utilizado por el ministro, porque por eugenesia se entiende el perfeccionamiento de la raza y eso es cosa que practican los racistas o los criadores de gallinas sobre ejemplares completamente sanos. Además, los profesionales de la medicina señalan que las malformaciones incompatibles con la vida son anomalías terroríficas como la anencefalia, la exencefalia, el acráneo, la hidranencefalia, la holoprosencefalia alobar, al atresia laríngea, la atresia traqueal, la agenesia diafragmática, la agenesia renal bilateral, la ectopia cordis, determinadas cromosopatías terminales, etc… En otros casos, se han diagnosticado otras enfermedades gravísimas e incurables que acarrean sufrimientos indecibles a los niños y a sus familias (malformaciones cardiacas, casos graves de la enfermedad de Ebstein, el isomerismo derecho, la hipoplasia, cardiopatías estructurales que llevan al fracaso cardíaco, encefalocele, otras enfermedades que causan desestructuración anatómica del sistema nervioso central y un largo etcétera que horroriza por su crueldad). Para las familias que sufren el calvario de concebir a una criatura así, la situación es lo suficientemente cruel como para que, además, en su dolor se interponga una autoridad que les obliga a decidir lo contrario de lo que quieren o de lo que pueden humanamente soportar. No hay ley en el mundo, ni gobernante civil o espiritual, ni ministro ni gobierno legitimado para usurpar la voluntad de quienes se enfrentan a una tragedia de esta naturaleza. Además, los que mezclan el aborto con su fe en un dios omnipotente deberían pensar qué clase de dios consiente estas enfermedades que hacen inviable la vida en quien aún no ha nacido.

El gobierno de Rajoy nos lleva al pasado, también en la regulación del aborto, colocándonos en la cola de la Unión Europea, donde sólo Malta, el paraíso fiscal que prohíbe el aborto en cualquier supuesto, e Irlanda, que sólo lo permite si hay “riesgo grave y sustancial para la mujer”, no admiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Incluso Brasil, que únicamente contemplaba como supuestos la violación y el riesgo para la vida de la mujer, acaba de aceptar también el supuesto de interrupción del embarazo por anomalías fetales para los casos de anencefalia.

Sucederá lo mismo con la eliminación de este supuesto que con la supresión de los plazos. Las mujeres que tengan posibilidades económicas se marcharán a otros países a abortar, como ocurría con la ley de 1985, que no admitía el supuesto de malformación más allá de las 22 semanas. En cambio, las mujeres pobres pasarán por el trance de abortar en la clandestinidad o de dar a luz a un hijo con una discapacidad gravísima que condicionará sus vidas y que no podrán atender por falta de medios.

Consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años: la actual legislación establece que las chicas de edades comprendidas entre los 16 y 17 años que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o de desamparo. Según un estudio realizado en el año 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las chicas que acudieron a abortar a los centros lo hicieron acompañadas de sus tutores legales. El resto alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos, tener padres manifiestamente contrarios al aborto o disfrutar de una situación de emancipación plena con respecto a sus progenitores.

El programa del PP, y así lo ha asegurado el ministro, prevé la eliminación de este supuesto para situarnos de nuevo a principios de los años ochenta, cuando se producían situaciones en las que el embarazo de la chica era fruto de la violación de un miembro de la familia y que tenían que pasar necesariamente por el mal trago de comunicárselo a sus padres o tutores, a la espera de la reacción que éstos pudieran tener.

Prevención de embarazos no deseados y educación en salud sexual: bajo el epígrafe “De la Salud Sexual y Reproductiva”, el título primero de la actual legislación establece medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la garantía al acceso a métodos anticonceptivos.

El Gobierno, en su cambio legislativo, parece que no tiene absolutamente nada que decir sobre un asunto tan importante como la prevención de los embarazos no deseados, por mucho que se sepa que cuantos menos sean menor será también el número de abortos, que es lo que se pretende evitar. Si observamos las enmiendas parciales que presentaron los diputados del PP hace dos años a la actual ley, todo hace pensar que esta parte de prevención desaparecerá de la futura reforma. Por aquel entonces, el Partido Popular justificó la eliminación del título primero por considerar “no adecuada su existencia en una ley cuyo objeto principal es establecer el aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.

Despenalización del aborto: la entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres supuestos (como recogía la legislación aprobada en 1985). La vuelta a una normativa de supuestos, “y de despenalización parcial del aborto”, como pedía el PP en sus enmiendas, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en el Código Penal.

Si bien el ministro de Justicia declaró en el Congreso que ninguna mujer irá a la cárcel con la nueva legislación, ello no impide que un juez la cite a declarar, ya sea como testigo o imputada, como ocurrió con el conocido caso Isadora en 2007. Entonces, 28 mujeres fueron llamadas a declarar como testigos y a algunas fueron a buscarlas a sus domicilios, en el proceso que abrió un juzgado contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades administrativas y abortos ilegales tras la denuncia de una asociación ultracatólica. El caso, sobreseído año y medio después por falta de pruebas, fue uno de los detonantes para la elaboración de la actual ley de plazos.

La reforma de la ley del aborto no responde a una preocupación del gobierno por los más débiles. Si así fuera habría protegido a las trabajadoras que son, además, madres, no habría desmantelado la educación ni la sanidad públicas, no habría dejado a las inmigrantes fuera del sistema sanitario, no habría impuesto tasas judiciales para alejar la justicia de los ciudadanos, no habría permitido a los bancos desahuciar a las familias… En definitiva, no habría empujado al país al abismo en tan sólo diecisiete meses. La realidad es que este cambio legal responde a las presiones del sector más reaccionario de su partido y a las de la Conferencia Episcopal. Fue premonitorio que hace tan sólo unas semanas, los mal llamados grupos provida soltaran gallinas delante del Ministerio de Justicia, para pedir a su titular que no fuera cobarde y cumpliera sus compromisos de derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aún así, existen otras asociaciones que, siendo católicas, están en contra de las “recomendaciones” de una cúpula eclesial formada sólo por hombres célibes que aseguran ser castos y que dicen saber mejor que las mujeres lo que conviene a las mujeres. Tal es el caso de la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, que no está dispuesta a que las palabras del arzobispo de Madrid se hagan extensivas a toda la comunidad católica porque el derecho a decidir si se es madre corresponde a la mujer, sea ésta católica, atea, musulmana, judía o agnóstica.

El Partido Popular no sólo pretende abolir el derecho a una maternidad libremente decidida, sino también acabar con los supuestos de interrupción del embarazo por anomalías graves o incurables del feto aun cuando peligre la vida de la madre. El PP quiere volver al sistema antiguo de supuestos, que sólo dejaba abortar a las mujeres hasta la semana 12 de embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto, un sistema retrógrado que defiende alegando que “hay que defender la vida desde su concepción”, cuando sobre este asunto, ni siquiera uno de sus maestros, Tomás de Aquino, santo y venerado, les da la razón.

Es absurdo y contradictorio que los dirigentes del PP salgan a defender con intransigencia un concepto de vida retórico cuando no son capaces de adoptar ni una sola medida de amparo para los millones de vidas que, a diario, sufren el drama del desempleo, de los desahucios, de la inmigración, de la miseria, de la injusticia y de la exclusión social.

La maternidad ha de ser decidida por las madres. Lo que plantea el Partido Popular devuelve a la mujer a una situación de inseguridad jurídica que impondrá una doble discriminación por razón de género y de clase que es intolerable.

El gobierno del PP desampara al débil, lo priva de medios de vida y lo abandona en la calle. Hablando en castellano, esto es una canallada.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

6.202.700 parados

2013-04-28T22:17:00.001+02:00

Márquese con fuego en la frente de los más humildes, para que no haya duda: los recortes indiscriminados en el gasto público producen paro, recesión y miseria.

Los datos cuantitativos lo sentencian. Tras varios años de austericidio tenemos 6.202.700 parados (27'16%), de los cuales casi tres millones son de larga duración, dos millones de hogares en los que no trabaja nadie, un paro juvenil que roza el 60%, una tasa de actividad del 59%, un número de activos igual al de hace una década (16'6 millones) y trece millones de pobres.

Con Rajoy la población decae, los jóvenes se marchan, los cerebros huyen, los derechos se evaporan, los salarios se hunden, las prestaciones desaparecen, los ricos engordan, las colas en los comedores sociales aumentan, los bancos de alimentos se vacían y la gente humilde rebaña en la basura.

Rajoy prometió crear tres millones y medio de puestos de trabajo en la legislatura y en sólo quince meses nos ha regalado un millón más de parados, alcanzándose una marca inédita, desconocida, descontrolada.

Así que, Rajoy, en poco más de un año en el cargo nos debe ya cuatro millones y medio de puestos de trabajo, deuda que aumentará en los próximos trimestres, con empeño y buena letra, la de Bárcenas, el tesorero muñidor de la calle Génova, si hemos de creer las previsiones del inquilino de la Moncloa.

Estas son las torpes credenciales de un presidente del gobierno en minúsculas, del campeón del paro, del hombre sin ocurrencias, de la efigie de plasma, del perfil esquivo y cobarde que huye por los garajes, del don Tancredo de la obviedad, del mentiroso sin tasa que engañó al pueblo para alcanzar un cargo que ni merece ni entiende.

Con Rajoy superamos marcas, rompemos barreras, viajamos a lo desconocido, al corazón de las tinieblas, al más allá, al fondo abisal, a la isla del Carajo.

Rajoy vino a cumplir un recado y bien que se aplica. Cuando su obra llegue a término será recompensado. A quien sirve siempre paga y con generosidad.

El discurso de Rajoy, que escriben los poderes financieros y las multinacionales, es una pamema, el anestésico con el que tapar una confiscación monumental de derechos y de rentas a los pobres y a las clases medias, es el humo que amodorra las conciencias de los agraviados, por eso hay que desmontarlo, sacarle las vergüenzas, abrirle las tripas.

Es sabido, y si hubiere duda se reseña y se subraya, que el déficit y la deuda se miden con relación al PIB, de donde se deduce que a un PIB que se contrae le corresponden porcentajes mayores de deuda y de déficit que a uno que crece, aunque a la economía que merma se le hayan practicado previamente sangrías dolorosas del gasto público, lo que convierte la supuesta causa de la crisis (el aumento de la deuda) en consecuencia de la misma (la deuda sube porque hay crisis) exactamente lo contrario de lo que predice la vulgata neoliberal.

La lógica lleva a la conclusión de que basta con que el impacto del recorte en el PIB sea superior al peso del recorte en sí para que la magnitud de la deuda y del déficit aumenten, lo que significa que después de los recortes una economía puede estar peor que al principio y, además, con una sociedad devastada, empobrecida y rota por diferencias insalvables entre ricos y pobres, germen del que tarde o temprano brotarán la violencia y la lucha.

No hace falta tocar en la filarmónica para concluir que cuanto más pobre se es más pesan las deudas, aunque el pobre haga lo posible por pagar lo que debe, sea mucho o poco, y rebaje sus necesidades a lo mínimo, volviéndose faquir. Vale lo dicho tanto para las personas como para los Estados.

Pero no sólo la lógica conduce a esta conclusión. Los hechos también la corroboran. Por ejemplo, se suele decir que en España el déficit y la deuda son la causa de la crisis cuando, si se miran con honradez las estadísticas económicas, ambas magnitudes se degradaron sólo tras la crisis financiera, la explosión de la burbuja del ladrillo y la destrucción pavorosa de puestos de trabajo que vino a continuación, en exacto cumplimiento del refrán que dice que quien torpemente sube a lo alto, más pronto cae que subió. Por otra parte, los datos también sostienen que los recortes del gasto público no sirven para reducir la deuda y el déficit en un período de profunda recesión, puesto que una vez realizados estas cifras aumentan y la crisis es aún más profunda, como atestigua nuestro ejemplo con dolor y tozudez. Además, otros países que han padecido antes que nosotros la peste del austericidio han acabado acumulando un porcentaje mayor de deuda y de déficit tras los ajustes brutales, a lo que se añade otra consecuencia aún peor: sus sociedades han sido pulverizadas, machacadas y sacrificadas en beneficio de una minoría rectora globalizada, criminal y cobarde.

Lo relevante del caso, por tanto, es cuánto cae el PIB (asunto que está directamente relacionado con el número de trabajadores activos) y no cuánto se reduce el gasto público sin más y aisladamente, de donde se infiere que lo vital ahora es cambiar la base de la economía, estimularla, alentar la producción social, tecnológica y sostenible, reducir las brechas entre clases y moldear una sociedad nueva. En pocas palabras, hacer algo diferente para intentar salir de un círculo vicioso que ahoga y mata. Esta es la razón por la que tenemos una cifra de parados insólita, que produce pánico, que parece insalvable y que se reseñará en los libros de historia.

Cualquiera entiende este relato, menos los que mandan, aunque no por falta de seso sino por mala voluntad. Las élites globalizadoras y sus franquicias nacionales quieren un planeta más libre en el que falta tierra y sobra turba, siendo la crisis un buen sistema de fumigación masiva. Y si no funciona el gas, se construirán Elíseos inexpugnables, tanto da en una isla artificial como en la azotea de un rascacielos.

Igual que a un anémico no se le roba el hierro de la dieta, de la crisis no se sale con más pobreza. Si el comienzo de la salud es conocer la dolencia del enfermo, con estos gobernantes estamos lejísimos de enfilar un camino viable, una salida, una esperanza, aunque sea remota. Sépase de una vez: los que nos gobiernan no vinieron a curarnos sino a rematarnos.

Todo este enjambre de embustes sobre el déficit y la deuda, al que llamaremos doctrina de los acreedores (que son menos que un puñadito) ha contaminado el sentido común artificialmente gracias a las toneladas de forraje noticiado que han creado y esparcido los medios de desinformación, siendo tragado el tóxico de buena gana por una ciudadanía poco dada a la reflexión sobre la cosa pública.

Para lograr el engaño masivo los manipuladores no han escatimado en medios, además de los clásicos como el ocultamiento y la coacción (salarial y económica) sobre quienes disentían. Los tergiversadores crearon un nuevo vocabulario destinado a taponar las mentes y coartar el pensamiento de los ciudadanos, con el fin de hacernos creer que la realidad es cosa muy distinta de lo que percibimos.

Los magos de la comunicación crearon otra Lingua Tertii Imperii, que es idioma del poder para ser leído del derecho. Cinco años después del comienzo de la crisis contemplamos un intento a gran escala de, con el lenguaje, invertir las pruebas, de darle la vuelta a lo que es, de travestir la mentira, de desustantivizar la verdad, de impedir que la sucia realidad sea nombrada, de desviar la atención, de marear la perdiz, de vivir en una simulación, en un mundo paralelo en el que, a pesar de todos los espejos, propagandas y deformaciones, hace frío y se pasa hambre.

Más a lo llano: Rajoy y lo suyos nos atracan de píldoras azules para encadenarnos al sueño de Matrix, a una realidad virtual, a una modorra que entontece y resigna, porque necesitan un pueblo que pique la migaja en el puño que le golpea.

Pero esto se acabó.

La maraña de lenguarajos y de embustes infames se va deshaciendo porque el vendaval de la crisis puede con todo, también con los justos por culpa de los pecadores.

La realidad se impone y las incomodidades vitales despiertan a los durmientes. No hace falta que nadie administre la pastilla roja de la verdad para que el ciudadano sienta el dolor en su piel.

En un país con casi seis millones y cuarto de parados ya no cuela el discursito de los acreedores sobre la deuda y el déficit, por mucho que lo cante el coro de afines al gobierno, que es un orfeón situado en la derecha reaccionaria y traidora, unida a la cleptocracia estructural.

La crueldad de la crisis nos muestra que los harapos no son sedas, que los sueldos devaluados no son un privilegio, que el paro no es una desgracia natural, que los desahucios no son hijos de la irresponsabilidad del deudor, que los ricos no son infelices, que los parásitos son eso, parásitos, que los trabajadores no son vagos y que las condiciones paupérrimas que soporta el común no son mercedes, dádivas y promesas para alcanzar un futuro radiante sino sólo lo que aparentan: miseria y cadenas.

No hay telón, adjetivo, capa, pildorita, sigla, consigna, barba o bigote que tape a 6.202.700 parados, porque son muchos más que demasiados. Ni argucia de Floriano, chascarrillo de Pujalte, gracieta de Pons o simulación tartamudeante de Cospedal que excuse el daño que este gobierno le está haciendo a un país que, desarbolado y sin soberanía, va a la deriva contra los acantilados.

Más vale soberanía sin bandera que bandera sin soberanía, porque una bandera sin respaldo es un trapo, un símbolo muerto, una insignificancia.

En la España de hoy los que más agitan la bandera son los que menos defienden la soberanía, que es alboreo de dignidad. Fantoches.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

Ding dong, the witch is dead

2013-04-16T19:41:00.000+02:00

Thatcher tomando el te con sus amigo Pinochet

“La sociedad no existe (…) No existen ni la conciencia colectiva, ni la bondad general, ni la generosidad colectiva ni la libertad colectiva”.

Este falaz y viejo prejuicio era uno de los ingredientes de la doctrina de Margaret Thatcher, que al frente del Partido Conservador ganó los comicios de 1979, convirtiéndose en Primera Ministra, cargo que desempeñó durante diez años al ganar otras dos elecciones consecutivas, victorias explicables no por la brillantez de su pensamiento o por la justicia de sus ideas, sino por la crisis económica que sufría Gran Bretaña y por la descomposición del laborismo que en el último cuarto del siglo pasado cerró un ciclo que aún no ha sido capaz de superar.

Hay algo en el pensamiento de Thatcher que por obvio no ha sido señalado como merece: la paradoja de que alguien se postule a gobernar una entidad que no existe (la sociedad) y que convenza a los ciudadanos que forman esa sociedad de que tal cosa es siquiera decente puesto que, de partida, a los que van a ser gobernados se les niega su naturaleza de seres sociales, que en eso consiste la condición de ciudadanía, vivir en la ciudad, la polis, la comunidad, la sociedad política, y tener derechos y desarrollarse plenamente con y junto a otros, y no como salvajes, bestias o anacoretas. Algo sabían de esto los clásicos cuando afirmaban que vivir fuera de la sociedad es un castigo, siendo la expulsión de la polis una pena muy severa porque el hombre que vive más allá de los muros de la ciudad queda reducido a la condición de animal o de dios.

Thatcher, por tanto, imponía el exilio del hombre de la sociedad y un gobierno sobre los exiliados, siendo ambas cosas por separado un disparate y juntas un engendro. Es un hecho que la sociedad permite la civilización y que los mamíferos superiores se organizan en sociedades. Por eso tenemos el lenguaje, para comunicarnos, cooperar y desarrollar pautas comunes. Incluso los insectos también se organizan en sociedades que maravillan a quienes tienen la curiosidad de estudiarlas. Lo contrario, la no sociedad, es la guerra de todos contra todos, la victoria del bruto, la soledad, la vida miserable, la imposición, el mercado salvaje, la no-comunicación, el homo homini lupus: Thatcher, en una palabra.

Además, Thatcher sostenía que sólo existen individuos que persiguen su egoísmo, (en transposición de su personalidad egoísta, insensible y hosca) y que el egoísmo es un impulso virtuoso que recompensa a los fuertes y elimina a los débiles, lo cual es ideal de justicia pero al revés. Thatcher afirmaba que aumentar la riqueza es algo moralmente neutro y que la riqueza trae tentaciones igual que la pobreza. No explicaba a qué tentaciones se refería porque es evidente que las del rico se parecen poco a las del pobre, especialmente si el pobre pasa carpanta y no tiene dónde doblarse, cosa muy común hoy por desgracia, mientras que el rico ya no sabe dónde guardar lo que le sobra.

Si ya resulta excéntrico negar que la sociedad existe, lo de que el egoísmo es virtud se aproxima a la desvergüenza, siendo, además, por qué no decirlo, una idea muy poco original. Sobre este particular la patente de la ocurrencia la tiene el Príncipe de Marcillac, más conocido como La Rochefoucauld (1613-1680) que sentenció aquello de que nuestras virtudes son, frecuentemente, vicios disfrazados. Por otra parte, en Inglaterra la paternidad del dislate le corresponde a Mandeville (que defendió la abolición de las escuelas de caridad, para horror de su época), que en 1714 difundió esta equivalencia tan dañina en un libro que tuvo un gran éxito por lo escandaloso de sus principios, titulado La fábula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública. En tal obra Mandeville afirmaba, por ejemplo, que los grandes vicios individuales conducen al paraíso y la grandeza, lo mismo que el hambre al comer, mientras que la honradez es cosa de tontos y lleva a la ruina, siendo así que el vicio es el fundamento de la prosperidad y la felicidad nacionales o bien que como hay que ser malo, más vale ser perverso y próspero o que el cortesano que no pone límites a su lujo y el heredero derrochador son los mejores amigos de la sociedad o que suprimir la pobreza es ruinoso porque hacen falta pobres para desempeñar los trabajos más desagradable, de modo que criar en la ignorancia al pobre, para que acepte su destino sin percatarse, es de lo más conveniente ...

El tercer ingrediente de la doctrina de Margaret Thatcher era la defensa de la desigualdad, a la que atribuía, falazmente, el valor positivo de acicate para el esfuerzo personal. Thatcher no dudó nunca de la virtud de la desigualdad, promoviéndola sin complejos, al estilo de los liberales del siglo XIX que no creían ni en la democracia ni en la igual dignidad de los seres humanos, de ahí su afirmación de que si los ricos son un poco menos ricos, los pobres serán un poco más pobres, justificación falaz para que al rico no se le toque el bolsillo.

La imposición thatcherita de una desigualdad artificial dividió a la sociedad británica, empobreció a muchos ciudadanos y sembró la semilla de la delincuencia, la discordia y las revueltas urbanas (los riots, que tanto abundaron desde su llegada al poder), efectos que Thatcher nunca reconoció y a los que atribuyó otras causas disparatadas. Sobre este particular, Andy McSmith, en su breve historia sobre la década de los ochenta en Gran Bretaña, señala un hecho tan revelador como que Maurice Cowling, historiador de la Universidad de Cambridge que tuvo un gran ascendiente sobre algunos thacheritas, reconociera que "los conservadores no quieren la libertad sin más; lo que desean es una clase de libertad compatible con el mantenimiento de las desigualdades existentes o con la restauración de las desigualdades perdidas". Ahí queda.

Recapitulemos la doctrina, de una pobreza intelectual que deprime: no hay sociedad, sólo individuos, que son egoístas, lo cual es bueno, siendo la desigualdad social el mejor acicate para el esfuerzo y el sacrificio personales.

Estas eran las ideas políticas de Thatcher, malas de una en una y peores aún todas juntas, que constituyeron una teoría a favor del poder que se propagó como el fuego en un bosque seco y cuyas consecuencias perduran hoy para desgracia general.

Thatcher no fue, por tanto, original en su pensamiento. Se limitó a recoger los restos de algunos autores oscuros y olvidados, les dio un barniz moderno (globalización, monetarismo) y los lanzó a un debate amañado que acabó ganando gracias a la debilidad de sus oponentes y al apoyo que recibió de grandes corporaciones mediáticas y de grupos financieros muy poderosos. El resultado de esta operación fue una victoria basada en un mejunje ideológico al que llamamos pensamiento único.

Thatcher sostenía que la colectividad es el demonio, de donde se deduce que el único orden aceptable es el que nace “espontáneamente” del mercado, espectro que está dirigido por un fantasma llamado “mano invisible” que, de forma ininteligible distribuye convenientemente los premios y los castigos mediante incentivos monetarios. El mercado no tiene distorsiones, no genera injusticia, no alienta el monopolio, el amaño, el timo o el abuso. En el mercado no hay burbujas, ni reventones, ni excesos, ni concentración de poder, ni ineficiencia, ni fallos, ni errores ni, tampoco, crisis. Bien al contrario, en el mercado hay honradez, transparencia e igualdad, porque en él concurren igualados ricos y pobres, grandes y pequeños, blancos y negros, tontos y listos, como en el coliseo lo hacían leones y cristianos, lo cual no parecía muy equilibrado si nos atenemos al resultado de los combates en la arena de Roma, pero esto es sólo un detalle sin importancia. En resumen, el mercado es el paraíso para los que triunfan y el infierno para los que fracasan, destinos ambos perfectamente justísimos ante los que no cabe apelación o queja. Inmortalizó Thatcher esta idea con un ejemplo elocuente: un joven que pasados los 26 años se encuentra que aún va en autobús puede considerarse un fracasado.

Si no hay sociedad tampoco existen diferencias sociales (de origen, por el privilegio, por el chanchullo o la trampa) que marquen o condicionen el destino de las personas. El rico es rico porque se lo merece y el pobre también, por perezoso, imbécil, inconstante, borracho, débil o un compendio de lo anterior. No extraña, así, que durante su paso por el Ministerio de Educación a comienzos de los setenta, Thatcher decidiera suprimir la ración de leche que recibían los niños en las escuelas públicas, decisión infamante de todo punto que hizo que su figura comenzara a ser repudiada públicamente (que una mujer que además es madre ordene retirarles la leche a los hijos de otras madres es un caso clínico digno de análisis, que quizás explique la personalidad de uno de sus hijos gemelos, Mark, que hizo fortuna en negocios oscuros a la sombra del poder de su madre, y que ha llevado una vida escandalosa como defraudador fiscal, especulador, mercenario, traficante de armas, multimillonario con cuentas en paraísos fiscales y bon vivant, además de Sir, título que heredó de su padre a pesar de su biografía impresentable).

Si no hay diferencias sociales no hay injusticia que corregir ni situación que compensar, de donde se deduce que la idea de Estado, de lo público o de una administración igualadora es absurda y perniciosa. El pobre que no llega a ser rico es culpable de su condición, como el niño menesteroso que no puede beber leche, y el que nace rico y se enriquece aún más, acierta con su ejemplo a sostener una teoría tan ridícula que sorprende que haya tenido tanto éxito, lo cual demuestra de qué oscuridad venimos.

Thatcher aplicó a conciencia el neoliberalismo, que es la ideología que legitima el mercado salvaje y la supremacía de los bancos sobre la economía que se dedica a crear, producir y transformar (cuando ganó las primeras elecciones recibió un telegrama de felicitación de Milton Friedman, que vio en ella, acertadamente, a una aliada imprescindible, como a Pinochet, de sus disparates económicos). A Thatcher le debemos la guerra contra los sindicatos y cualquier otra forma de organización obrera, la devastación de lo público, el individualismo venenoso, el refuerzo del privilegio para los ricos, la mercantilización total de la vida, el fomento de la desigualdad, el abandono del débil, la criminalización de la protesta y la globalización brutal. Thatcher trajo las sociedades líquidas, término acuñado por Bauman, aquellas en las que los hombres han sido desarraigados de su identidad social y, aislados y temerosos, viven engordando para engordar a otros, tras lo cual son arrojados a la basura como si fuesen una mercancía consumida.

Thatcher impuso el darwinismo social. A ella y a sus seguidores (Aznares, Aguirres, FAES, PP y demás camaradas) les debemos el desastre que ahora sufrimos, la devastación criminal producida por sus ideas, porque hay principios que matan más que un pelotón de fusilamiento.

Thatcher, Primera Ministra desde mayo de 1979 a noviembre de 1990, coincidió con otro defensor del capitalismo salvaje, Ronald Reagan, que fue elegido presidente de los EEUU en enero de 1981, y que inauguró en su país una década conocida como “de la codicia”, en alusión a la figura del especulador corrupto Ivan Boesky, sujeto en el que se inspiró el Gordon Gekko de la película Wall Street dirigida por Oliver Stone (a veces el arte imita a la naturaleza), que afirmó sin sonrojo en 1986 en la Universidad de California que “la codicia es saludable, se puede ser codicioso y sentirse bien con uno mismo” entre la admiración y los aplausos del respetable. Lástima que Boesky se equivocase en su análisis de la codicia, porque la codicia saludable le arrastró al delito, y éste a la cárcel, de la que salió para estudiar judaísmo en un seminario teológico, anticipando con su ejemplo otras vidas paralelas mejor conocidas en España, como la de Mario Conde, por ejemplo, que pasó de ser banquero ejemplar, estrella, fenónemo, figura, monstruo de la gomina y de las finanzas, homo novus de la economía española y Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense (en acto presidido en 1993 por el rey Juan Carlos y con el entonces embajador de Israel en España, Shlomo Ben Ami, pronunciando una laudatio vergonzosa) a ser felón, delincuente, estafador, presidiario, tertulio de la caverna y, por lo que se rumorea, difusor de delirios místicos, brujerías y promotor hoy de un partido político fantasmal al que no votan ni sus familiares. El auge de los Mario Conde y de lo que simbolizaron no habría sido posible sin el thatcherismo, que deslumbró a un país, el nuestro, con el brillo del dinero fácil y la astucia de los defraudadores y maquilladores de balances y cuentas de resultados.

Thatcher fue precursora al imponer el monetarismo, que es la ideología económica del capitalismo financiero que nos ha conducido a la ruina actual. Ella y su Ministro de Hacienda, Geoffrey Howe, abolieron los controles de cambio, convirtiendo a la City en un centro mundial de las finanzas ajeno a todo control, abierto a la especulación, al exceso, al engaño y al dinero del crimen internacional. Thatcher, además, inoculó el individualismo en las clases populares junto con un patrioterismo ínfimo y un populismo compuesto por fútbol, hooligans, cerveza barata, casas en propiedad compradas a base de deuda, prensa amarilla dirigida por delincuentes, guerras coloniales, terrorismo de Estado y unas gotas de rigidez victoriana. Ella, que no creía en la sociedad, afirmaba la patria, en otra pirueta ideológica imposible que se tragaron sus compatriotas y después otros, porque sin sociedad la patria es imposible.

Pero lo más importante de todo es que Thatcher no sólo vino a gobernar sino a cambiar las reglas del juego para que su nefasta ideología sobreviviera a su gobierno y a ella misma, sin decirlo, sin avisar. Desde el número diez de Downing Street contribuyó a cambiar la sociedad a traición. Quería la inmortalidad de sus obras y para eso rompió los consensos sociales previos desarticulando a los de abajo (la inmensa mayoría) para favorecer permanentemente a los de arriba (un puñadito de privilegiados). Thatcher destruyó al último núcleo combativo de la clase obrera, el más tradicional, el de los mineros, siguiendo un plan urdido un año antes de llegar al poder. El autor intelectual de la guerra contra los mineros, que incluía hasta importaciones masivas de carbón para ahogar la producción interna era Nicholas Ridley, hijo de vizconde y diputado conservador, que en premio a sus afanes fue nombrado ministro del primer gobierno de los tories y nombrado barón poco antes de fallecer. Thatcher cambió sociológicamente una Gran Bretaña que sufría una grave crisis industrial, sustituyendo a los obreros por desclasados o por yuppies, dinkies, nimbies y demás tribus de individualistas desarraigados y globalizados surgidos al calor del auge del sector servicios, especialmente el financiero, a los que la sociedad británica y la unión jack les traían al fresco. Como gustaba decir, las grandes causas no se ganan diciendo: estoy a favor del consenso. Se consiguen o no. Trabajó para los poderosos fomentando un clasismo irritante. Provocó la dislocación social, esparció la desigualdad, la injusticia y la violencia estructural contra los de abajo a mayor gloria de una sociedad a medida de los ricos, lo cual es ejemplo de cobardía suprema, por lo que resulta sorprendente que su figura pase a la historia con el apelativo de dama de hierro, a no ser que la historia la acaben escribiendo los aduladores del poder, lo cual es tan cierto como la tabla de multiplicar.

Roma recompensa a los suyos porque tras ser Primera Ministra, Thatcher fue nombrada baronesa, título que recibió por los servicios prestados y que le permitió disfrutar de la condición vitalicia de miembro de la Cámara de los Lores. En cuanto al peculio, la multinacional tabaquera Philip Morris, la misma que ocultó informes que demostraban que tanto los fumadores activos como los pasivos tenían más riesgo de desarrollar el cáncer o que buscaba en los niños un mercado de adictos al tabaco, la nombró asesora geopolítica, cargo extravagante sin duda, remunerado a razón de 250.000 dólares anuales, más otro tanto anual para su fundación y otros 50.000 por conferencia impartida.

Thatcher falleció en un lugar muy apropiado para su trayectoria y aspiraciones vitales: el Hotel Ritz de la calle Picadilly, muy cerca del Palacio de Buckingham, en una suite de las de más de 1.000 libras por noche.

La última desvergüenza de la trayectoria de Thatcher es su funeral, que sus partidarios quieren convertir en una cuestión de Estado, cuando ella abominaba del Estado, sufragada con fondos públicos, cuando era archienemiga de lo público, para elevarla a la condición de icono británico como si fuese un nuevo Winston Churchill, cuando dividió a la sociedad, esa que decía que no existía, con fracturas que aún sangran.

En España nuestros thatcheritas que gobiernan en Madrid han acordado ponerle su nombre a una calle, cambiando en su provecho la norma que regula tal cuestión y aduciendo que Thatcher se lo merece por europeísta y demócrata, cuando fue una de las mayores euroescépticas conocidas, además de amiga de Pinochet, con el que tomó el te en su residencia de Virginia Waters en 1999, mientras Garzón intentaba echarle el lazo al dictador por golpista y asesino. Para redondear el chiste, a los thacheritas del PP les faltó añadir a su encomio que la dama de hierro fue una gran feminista, cuando se reía del feminismo y de las feministas, a las que menospreciaba profundamente.

Cuando un nuevo gobierno dirija la capital de España tendrá que afrontar una tarea más, entre las miles pendientes: restituir el honor de esa calle madrileña, que es un espacio público para la sociedad, otorgándole un nombre adecuado.

Nota bene: el mismo día de la muerte de Thatcher, referencia ideológica del PP, fallecía José Luis Sampedro, referencia del humanismo, de una economía a la medida de las personas y de la izquierda. El profesor y agitador de conciencias dejó este mundo conservando la sabiduría y la lucidez. Fue incinerado en la más absoluta intimidad, por deseo suyo para evitar circos mediáticos a los cuales era alérgico. El profesor Sampedro nos dejó humildemente, sin pompa ni circunstancia. Vivió sin dañar a nadie explicando a los dañados el mejor modo de liberarse del dolor que otros les producían. Al contrario que Thatcher, a la que admira la derecha iletrada que se refleja en un espejo de vergüenza que clama a las nubes.

Margaret Thatcher y José Luis Sampedro, dos vidas opuestas que por paradojas del destino acabaron el mismo día y cuyas trayectorias demuestran que los valores inclusivos de la izquierda son moralmente superiores a los valores excluyentes de la derecha.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Qué hacer con los diputados del PP

2013-04-08T19:45:00.001+02:00

Si todos votan lo mismo, con uno solo vale, como muestra el diputado que alza la mano

¿Qué atenciones se han ganado los diputados del PP que mintieron sin tasa para ganar las elecciones y que, ahora, mancillando su palabra y ciscándose en sus promesas, hacen lo contrario de lo acordado?

¿Qué trato dispensar a los diputados del PP que aplican con sadismo una Constitución mutada y distinta a la que votaron los ciudadanos en 1978, con la que se justifican todos los atropellos imaginables, pasados, presentes y futuros?

¿Qué consideración quieren los diputados del PP que deciden, sin tener derecho a ello, la suspensión del Parlamento como órgano legislativo y de control, y que sostienen a un gobierno que usurpa las funciones de las cámaras al legislar por decreto?

¿Qué clase de contemplaciones precisan los diputados del PP que van contra el sistema constitucional, el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema de relaciones laborales, en ejemplo nítido y completo de actitud antisistema?

¿Qué cortesía se debe a los diputados del PP que se niegan a cambiar las leyes hipotecarias que provocan el sufrimiento de cientos de miles de personas cuando, además, tales leyes han sido declaradas ilegales por el Tribunal de Luxemburgo?

¿Qué deferencias precisan los diputados del PP que se niegan a escuchar, recibir o trasladar al Parlamento las demandas de los ciudadanos a los que representan?

¿Qué respeto conviene a los diputados del PP que ponen por encima de la conciencia, el honor, la verdad, el sentido común, la palabra dada y su mandato legal como representantes de la nación toda, sus intereses partidistas y la disciplina de voto?

¿Qué acatamiento merecen los diputados del PP que disculpan al gobierno cuando no da la cara o al presidente que no comparece ante la opinión pública ni admite preguntas ni contesta a los periodistas, como es su obligación en un sistema democrático?

¿Qué reverencias esperan los diputados del PP que jalean a los gobiernos que acosan a los ciudadanos que discrepan y que ejercen su derecho a manifestarse o a hablar en la vía pública de lo que les venga en gana, con multas, violencia, acusaciones infundadas, insultos, infamias y penas de cárcel?

¿Qué protocolos y etiquetas hay que seguir con los diputados del PP que sostienen una política que nos lleva al empobrecimiento, la ruina, la quiebra y el conflicto social?

¿Qué miramientos son de rigor para con los diputados del PP que no trabajan, que se limitan a votar lo que se les ordena, que no responden de sus actos, que cobran la asignación por estar en Madrid aun cuando tienen casa en la capital, que insultan a los parados, que se ríen de los que sufren y que creen que sus hijos merecen más respeto que los hijos de los demás?

¿Qué tolerancia es justa para los diputados del PP que amparan y tapan a sus camaradas corruptos en otras administraciones o a sí mismos cuando recogen sobres en secreto que guardan corruptoras cantidades de dinero?

¿Qué mercedes aguardan los diputados del PP que aplauden a sus colegas y amigos que privatizan los servicios públicos, para luego quedarse con ellos y explotarlos a costa de los más necesitados?

En resumen, ¿qué hacemos con los diputados del PP que son sordos, mudos y ciegos, que se pasan por el entresuelo el deber de dar la cara, que no les da la realísima atender a los electores olvidando que esa es su obligación principal y no otra, que pervierten el mandato imperativo al convertirlo en coartada de cobardías y que han tomado el camino de la traición que, no se olvide, siempre es empinado y amargo?

No es violencia sino humillación buscar hasta en el mismísimo infierno al responsable de la desgracia propia, al que debe rendir cuentas y no lo hace porque no quiere, al que tiene el poder para establecer el bien y se junta con el mal, al que procura el sufrimiento y trae el desastre, al que gobierna a favor del poderoso contra el débil, al que roba a los pobres para dárselo a los ricos, al que destruye la sociedad desmoronando sus muros y defensas, al que convierte a sus semejantes en desterrados, forasteros, extraños en su propia casa, al sepulturero de las esperanzas ajenas, al que trae la desdicha sin necesidad, por gusto y en beneficio personal.

Otros diputados de otros grupos políticos, por un centésimo de lo anterior, acabaron en la picota muy justamente.

Al que así obre, sea diputado, rey o plebeyo, desprecio absoluto, repudio, rechazo, baldón y señalamiento con el dedo índice o con el foco.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

ERES y pactos

2013-04-01T17:28:00.000+02:00

Para hablar sobre los demás primero hay que hacerlo sobre uno mismo, sin miedo, con espontaneidad y sencillez, porque como decía Gracián, lo que es natural, como el pan, nunca enfada. Además, quién mejor que uno mismo para saber cómo es el alma propia, en qué falla y traiciona, porque el engaño más difícil es al juicio interno, tribunal severo y justo si se pone en marcha, que es lo oportuno.

Se suele echar en cara a IU el pacto de gobierno con el PSOE en Andalucía, al igual que se le afea lo contrario, el no pacto con el PSOE en Extremadura, que permite que el PP gobierne en minoría en esa Comunidad.

Ambas opciones se pueden criticar, faltaría más, pero no por las mismas razones, porque es ilógico defender lo uno y su contrario con idéntico argumento.

Con la aritmética parlamentaria se es oposición o gobierno, sin matices ni escalas, a partir de los resultados electorales. En política no hay cifra que dé la ubicuidad excepto la mayoría absoluta, que en este sistema que padecemos degenera en absolutismo.

Aceptado lo anterior, mal haremos si nos tomamos en serio las críticas que nos vienen de las cúpulas del PSOE y del PP según acordemos con uno, con el otro o con ninguno de ambos estar en el gobierno o en la oposición, porque el juicio de estos partidos es esclavo de sus intereses. Para los jefes del PSOE ejercemos de pinza cuando no pactamos con ellos y para los del PP somos una muleta del PSOE si no les permitimos gobernar en minoría. En cambio, si determinamos algo que les beneficia, ambos partidos nos tratan con más consideración, de donde se deduce que nos juzgan según su conveniencia, en un juicio que carece de valor.

Lo único cierto del bipartidismo es que las direcciones del PSOE y del PP buscan la desaparición de IU y, por extensión, de otros partidos nacionales que les alteran el tinglado bipartidista, sistema que tanto daño ha hecho a este país y sobre el que aún no se ha escrito el último capítulo. Por tal razón, el PSOE y el PP sostienen leyes electorales injustas en acuerdo sin fisuras, que consienten el robo de la representación del débil para dársela al más fuerte: bolchevismo para los de arriba, así se llama.

En cambio, obraremos bien atendiendo las críticas que proceden de la ciudadanía, de movimientos y de grupos sociales, de nuestros votantes y de la militancia, cuando se analizan nuestros pactos de gobierno o la labor en la oposición. Hay que escuchar con atención todo lo que nos tengan qué decir, guste o no, escueza o agrade, porque en esos mensajes hay siempre un valor, el de la sinceridad.

Lo primero que hay que recordar sobre la situación política de Andalucía es que los electores, a pesar de las leyes adulteradoras que construyen mayorías ficticias, no concedieron el favor absoluto a nadie, dejando en manos de los diputados alcanzar o no acuerdos de gobierno. IU optó por consultar a sus asambleas qué camino seguir, desechando las fórmulas jerárquicas y cupulares que son identidad de otros partidos, escogiendo las asambleas la opción de constituir un gobierno. A lo anterior se añade que IU no es elegida para hacer lo mismo que hace el bipartito, ni para compadrear con la corrupción, y que nuestro programa electoral es un contrato de obligado cumplimiento que liga a los representantes con los representados.

A partir de estas consideraciones, por tanto, debe evaluarse la conveniencia de nuestra posición política en Andalucía.

Sobre el procedimiento elegido para tomar la decisión, no hay nada que objetar. Se hace lo que han decidido las asambleas y no una cúpula de líderes sabios y justos, igual que en Extremadura, por cierto, aunque con resultado contrario.

En cuanto a los logros de la coalición, hay luces y sombras, porque los recortes han llegado a Andalucía, si bien mitigados si se comparan con el salvajismo de otras Comunidades Autónomas. Se puede argumentar nuestra presencia en el gobierno andaluz echando mano de la tesis del mal menor, aunque es una justificación muy débil para quien se encomienda a la tarea de superar un sistema que considera injusto y que condena a la injusticia a la inmensa mayoría.

Y sobre nuestra doctrina contra la corrupción cabe decir dos cosas. La primera, que hemos de tener una idea clara sobre el momento en que un político sospechoso de corrupción debe dimitir, con el propósito de que tal regla se aplique siempre, afecte a quien afecte, cosa que, por desgracia, hoy no ocurre. Sobre este asunto no caben más aplazamientos o titubeos. Además, hemos de ver cuál es el punto en el que se ha de romper un acuerdo de gobierno si sobre el otro socio se cierne una atmósfera de sospecha y de connivencia con la corrupción cada vez más densa. Ambas cuestiones, la dimisión de los cargos públicos y la ruptura de acuerdos de gobierno, están muy relacionadas, de modo que lo que se determine sobre una afecta a la otra.

IU promovió una comisión de investigación sobre el escándalo de los ERES en el parlamento de Andalucía, cosa muy de agradecer e impensable sin su presencia. La dirección de la comisión recayó en IU y, por tanto, también la responsabilidad de redactar el informe que debía ser votado por los parlamentarios. En el informe, el ponente de IU llegaba a dos conclusiones muy importantes: la primera, que el sistema de control de los ERES era defectuosísimo, por lo que daba pie a toda clase de chanchullos y maquinaciones, en consonancia con lo que advertían los informes de la intervención general autonómica; la segunda, que la responsabilidad del fraude no debía recaer sólo en el exDirector General de Empleo, Francisco Javier Guerrero, sino, también, porque así lo señalaban todos los indicios, en el exConsejero de Empleo, José Antonio Vera (que en la actualidad es diputado) y en dos exViceconsejeros, Antonio Fernández y Agustín Barberá.

Tanto el PSOE como el PP votaron en contra del informe, tumbándolo. El PSOE porque no quería admitir más culpables que Francisco Javier Guerrero, poniendo el cortafuegos de la responsabilidad política en el nivel de los Directores Generales, y el PP porque en casos de corrupción, cuando afectan a otros, nada le parece bastante excepto un final a lo Tito Andrónico, con abundancia de mutilaciones, antropofagias y otros descuartizamientos.

IU no debió aceptar que el PSOE tachara verdades de un informe elaborado con rigor y honestidad, y que ha sido ratificado por las actuaciones judiciales sobre los ERES que aún continúan. Los exViceconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y Agustín Barberá, han ido a prisión por orden de la jueza que lleva el caso, y sobre el exConsejero de Empleo, que disfruta hoy de la condición de diputado, don José Antonio Viera, la Guardia Civil afirma tener pruebas de su “papel esencial” en la concesión de ciertas ayudas fraudulentas, que podrían desembocar en la petición de un suplicatorio en fechas próximas.

El problema de los ERES ilegales no es sólo de presunta corrupción continuada (una década) y a gran escala (136 millones de euros, por ahora). Lo es también de credibilidad de un gobierno del que es parte IU, porque el actual presidente de la Junta, el señor Griñán, estuvo en los ejecutivos en los que se produjo este escándalo, primero como Consejero (desde 2004), después como Vicepresidente (desde 2008) y, finalmente, como Presidente (desde 2009). Por tanto, se arrastra a esta legislatura la figura de un presidente que tuvo las máximas responsabilidades en gobiernos anteriores salpicados por un caso de presunta depredación durante aproximadamente una década, sin que tal persona haya explicado algo de interés sobre el particular excepto la media verdad de afirmar que se puso al frente de la denuncia cuando se enteró de lo que pasaba, frase que oculta dos hechos para nada irrelevantes, a saber, que actuó así sólo cuando la prensa destapó este asunto tan feo y que su gobierno hizo caso omiso a los informes de la intervención general que denunciaban un procedimiento de concesión de ayudas que permitía el abuso.

La ciudadanía está muy harta, y con razón, de la sinvergonzonería y el engaño, y pide ejemplaridad a los políticos que aún identifica como honrados. Es tiempo de desarraigar las hierbezuelas, que eso es rejacar, empezando por las propias filas.

Y si no, siempre queda abierta otra puerta, la que canta el poeta Horacio, el vate de Roma, invitación a vivir la vida rústica dejando atrás un sistema que huele a muerto: "a mí el fresco bosque y los coros ligeros de ninfas y sátiros me separan del vulgo ... con poco vive bien aquel para el que brilla sobre la parca mesa el salero de sus padres, y no le quitan el ligero sueño el temor o la sórdida codicia."

Terminemos que es hora. Llama mucho la atención que la jueza del caso de los ERES haya enviado a prisión a siete sospechosos e imputado a otros siete, no descartándose el aumento inminente del número de procesados, y eso a pesar de sus bajas médicas y neuralgias, mientras que el juez Ruz, que cada día parece más tristón, sólo ha sido capaz de citar a Bárcenas para que dé el paseo matutino de su casa al juzgado y vuelta a empezar, en trayecto que ya resulta cargante. ¿Hasta cuándo?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU