LA VOZ PORTADA

Cuando el cuerpo (no) miente.

2026-10-26T13:29:00.000+01:00

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP. : CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (4 DE 5)

Tests de personalidad, cuestionarios de síntomas y señales físicas prometen detectar la simulación. La ciencia los usa con rigor y con límites muy claros; el sentido común, en cambio, suele fiarse de un gesto que no significa nada.

Hay una creencia muy extendida y muy poco fundada: que el cuerpo delata a quien miente. Que evitar la mirada, tocarse la nariz o sudar son señales de un engaño. La psicología forense, que necesita algo más sólido que el sentido común para escribir un informe que un juez pueda valorar, ha desarrollado en su lugar un conjunto de instrumentos con una fiabilidad medible —y también con límites que conviene conocer, porque usarlos mal puede ser tan injusto como no usarlos.

Lo que sí mide un test de personalidad.

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), adaptado a España en 1999, ha sido durante décadas el instrumento de referencia en los peritajes psicológicos del país. Su utilidad forense no está en diagnosticar rasgos de personalidad, sino en sus llamadas escalas de validez —con nombres como F-r, Fp-r, FBS-r o RBS—, diseñadas específicamente para detectar si quien responde exagera sus síntomas (lo que en el argot pericial se llama simulación) o, al contrario, los minimiza. Los estudios comparativos son claros en esto: las personas a las que se instruye deliberadamente para simular un daño psicológico puntúan de forma significativamente más alta en estas escalas que la población general o clínica. Es, por tanto, una herramienta útil, aunque no infalible ni suficiente por sí sola.

Junto a él suele emplearse el Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90-R), un inventario de 90 preguntas que mide la intensidad de síntomas como la depresión, la ansiedad, la somatización o la hostilidad. Ayuda a perfilar el impacto psicológico de un hecho, aunque —a diferencia del MMPI-2— no fue diseñado específicamente para detectar la simulación, y su validez varía según el tipo de población evaluada.

Lo que el cuerpo no puede demostrar por sí solo.

En el terreno médico existe un equivalente físico: los llamados signos de Waddell, descritos en 1980 por el cirujano ortopédico Gordon Waddell para el dolor lumbar crónico. Se agrupan en cinco categorías —distracción, alteraciones regionales, sobrerreacción, dolor simulado a la presión superficial y carga axial simulada— y tres o más categorías positivas se consideran clínicamente significativas. Pero aquí llega la advertencia que la propia literatura médica repite con insistencia: los signos de Waddell se han malinterpretado, clínica y médico-legalmente, como una prueba de que el paciente simula. No lo son. Su presencia solo indica que existe un componente no orgánico en el dolor y que conviene una valoración psicológica adicional —porque ese componente puede ser perfectamente real, sin que haya fingimiento alguno de por medio.

El mito que sigue circulando.

Frente a estos instrumentos, contrastados y con límites conocidos, sigue muy viva la idea de que basta con "leer" el lenguaje corporal para detectar una mentira. La investigación científica no ha logrado vincular ningún gesto aislado con el engaño de forma universal: cada persona reacciona de manera distinta. La tasa de acierto al detectar mentiras por el lenguaje corporal o verbal se sitúa, según los estudios, en torno al 54-60%, apenas por encima de lanzar una moneda al aire. Incluso el mito más repetido —que quien evita la mirada miente más— se ha visto desmentido: si acaso, ocurre lo contrario, porque quien miente tiende a sostener la mirada como estrategia deliberada. Ni siquiera el polígrafo, la técnica más popularmente asociada a la detección del engaño, alcanza una fiabilidad del cien por cien.

La conclusión pericial seria no se construye, por tanto, sobre un gesto o una corazonada, sino sobre la convergencia de varios instrumentos: el análisis del contenido de la declaración, la prueba psicométrica y, cuando existe, la exploración física, todos leídos juntos y con sus límites por delante. En la última entrega de esta serie daremos un giro: veremos por qué, incluso con todas estas herramientas en la mano, nuestra propia mente sigue siendo el obstáculo más difícil de vencer a la hora de juzgar qué es verdad.

La ciencia que separa el recuerdo de la invención.

2026-10-19T13:27:00.000+02:00

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP. SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (3 DE 5)

Desde la hipótesis de un psicólogo alemán de 1967 hasta el sistema desarrollado en Galicia que hoy usan los tribunales españoles: así analiza la psicología forense si un testimonio es creíble, sin necesidad de creer a nadie por instinto.

En 1967, el psicólogo alemán Udo Undeutsch formuló una hipótesis que sigue vigente: el recuerdo de algo que se ha vivido difiere, en contenido y en calidad, del recuerdo de algo imaginado o inventado. No es una intuición: es una hipótesis contrastable, y de ahí nació toda una disciplina dedicada a comprobarla declaración por declaración.

De la hipótesis de Undeutsch se derivó una técnica, el Análisis de la Realidad de la Declaración, que incluye una lista de criterios de realidad conocida como CBCA —Análisis de Contenido Basado en Criterios—. Los psicólogos Steller y Köhnken la sistematizaron en 1989 en un procedimiento de dos fases: el CBCA propiamente dicho, con 19 criterios agrupados en cinco categorías —como la cantidad de detalles, las interacciones descritas o la presencia de experiencias subjetivas—, y el SVA o Análisis de Validez de la Declaración, que enmarca toda la entrevista. Es, hoy, la herramienta más usada en el mundo para evaluar la veracidad de un testimonio, sobre todo en casos de abuso sexual infantil, su ámbito de origen.

Conviene una precisión honesta, porque en este terreno el exceso de confianza es tan peligroso como la credulidad: aplicar el CBCA a testimonios de personas adultas, algo frecuente en la práctica pericial, no cuenta con el mismo respaldo científico que su uso en menores. Y ningún criterio, ni siquiera el conjunto de ellos, constituye una prueba concluyente por sí sola. Es un indicio que se valora junto al resto de la instrucción, no un detector de mentiras infalible.

El sistema español: SEG

En España, los catedráticos de Psicología Ramón Arce y Francisca Fariña, de la Universidad de Santiago de Compostela, desarrollaron el Sistema de Evaluación Global (SEG), que integra el CBCA, el Monitoreo de la Realidad, el SVA/SRA y la evaluación de la prueba psicológica asociada —lo que en los informes periciales se conoce como "huella psíquica"—. Publicado en 2005 y aplicado, entre otros ámbitos, en casos de violencia de género, sus propios autores han reportado en sus estudios de seguimiento judicial tasas de condena de hasta el 93% cuando el informe pericial respaldaba la credibilidad del testimonio, frente a absoluciones de hasta el 100% cuando no la respaldaba. Son cifras que reflejan una correlación observada en la práctica judicial española, no una garantía matemática: ningún sistema pericial sustituye la valoración final del tribunal.

Cómo se obtiene el relato: la entrevista cognitiva

Todo este análisis depende, a su vez, de cómo se haya obtenido el testimonio. En 1992, Ronald Fisher y Edward Geiselman revisaron la entrevista cognitiva original para incorporar factores sociales y comunicativos: formular preguntas compatibles con el testigo, generar un buen clima emocional, transferirle el control del relato y ayudarle a reconstruir el recuerdo desde distintos ángulos. El objetivo es simple de enunciar y difícil de ejecutar: obtener el máximo de información genuina minimizando la contaminación del recuerdo por parte de quien pregunta. La investigación disponible respalda que reduce la cantidad de información falsa sin disparar los errores.

Lo que une estas tres herramientas —hipótesis de Undeutsch, CBCA/SVA y entrevista cognitiva— es una misma convicción de fondo: la credibilidad no se decide por intuición ni por la seguridad con que alguien habla, sino analizando de forma sistemática cómo está construido un relato. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en buena parte del debate público, donde la seguridad al hablar se confunde constantemente con la veracidad de lo dicho. En la próxima entrega veremos qué ocurre cuando el propio cuerpo entra en el peritaje: qué puede y qué no puede decirnos un test psicométrico o un signo físico sobre si alguien simula.

El informe que blinda una sentencia.

2026-10-12T13:26:00.000+02:00

SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (2 DE 5)

Un dictamen pericial mal escrito se cae en el primer recurso; uno bien escrito puede sostener —o tumbar— un fallo. Así se construye, paso a paso, la prueba técnica que un juez necesita para decidir sobre algo que no domina.

Cuando un juez tiene que resolver si una firma es falsa, si un accidente pudo evitarse o si el daño psicológico que alega una víctima es real, se enfrenta a un problema que no es jurídico, sino técnico. Ahí entra el perito: la persona que traduce ese conocimiento especializado —médico, psicológico, forense, económico— en un informe que un lego pueda entender y, sobre todo, contrastar. Ese informe es el dictamen pericial, y su fuerza como prueba depende casi por completo de cómo esté construido.

Antes de llegar al dictamen, el procedimiento se apoya en cinco vías para reunir los hechos. El interrogatorio de las partes, mediante un cuestionario detallado dirigido a los implicados. La revisión de documentos públicos y privados que puedan aportar pruebas relevantes. El propio dictamen de peritos. El reconocimiento judicial, cuando el juez inspecciona directamente un lugar, un objeto o un documento. Y el interrogatorio de testigos, personas ajenas a las partes que pueden aportar información sobre los hechos. El perito rara vez trabaja solo con una de estas fuentes: cruza varias para que sus conclusiones no dependan de un único relato.

Cuatro reglas para que un informe no se caiga

La práctica pericial seria se apoya en cuatro principios. Primero, el análisis de pruebas: examinar y describir la evidencia de manera clara y directa, sin dar por supuesto lo que aún no se ha comprobado. Segundo, la definición de los términos técnicos, explicados para que resulten comprensibles a jueces, abogados y partes que no dominan la materia. Tercero, la objetividad: mantener una postura imparcial y evitar que la opinión personal del perito se cuele donde solo debería haber datos. Y cuarto, la precisión en el lenguaje: un dictamen impreciso, con afirmaciones categóricas que la evidencia no respalda, es el primer objetivo de cualquier abogado que quiera impugnarlo.

La estructura que un buen perito nunca salta

Un dictamen sólido sigue casi siempre el mismo esqueleto. Una introducción que describe el objeto del informe y los antecedentes del caso. Una metodología que explica qué técnicas se han usado para llegar a las conclusiones —porque un dictamen que no explica su método es, en realidad, una opinión con membrete—. Un análisis que expone en detalle los hechos y las pruebas examinadas. Unas conclusiones que resumen los hallazgos sin exceder lo que el análisis permite afirmar. Y unos anexos con la documentación que respalda cada afirmación, para que cualquier otra parte pueda revisarla.

Ese último punto —que todo pueda revisarse— es quizá el más importante y el que menos se valora fuera del mundo judicial. Un dictamen pericial no pide que se le crea: ofrece el camino para que se le compruebe. Es la misma lógica, trasladada a un despacho, que debería regir cualquier afirmación que se lance al espacio público: no basta con decir que algo es cierto, hay que dejar a mano cómo se ha llegado a esa conclusión. En la próxima entrega veremos cómo la psicología forense ha llevado esa exigencia un paso más allá, desarrollando técnicas capaces de distinguir, dentro de una misma declaración, el recuerdo genuino de la invención.

Operación Columna y los ingresos psiquiátricos de guardias civiles sin patología.

2026-10-09T13:33:00.000+02:00

Redacción VP.

¿Qué es la Operación Columna?

La llamada "Operación Columna" hace referencia a una serie de actuaciones internas dentro de la Guardia Civil que, según denuncias públicas de asociaciones profesionales y algunos medios, se usaron para apartar a agentes críticos con la cadena de mando. El nombre proviene de la metáfora de "mantener la columna" de la institución, entendida por los denunciantes como silenciar la disidencia.

El mecanismo denunciado: ingresos psiquiátricos.

El punto central de la crítica es el uso de la vía sanitaria para retirar del servicio a guardias civiles sin un diagnóstico psiquiátrico objetivo. Las denuncias describen el siguiente patrón:

Apertura de expediente: El agente, tras presentar quejas por presuntas irregularidades, acoso laboral o discrepancias operativas, es derivado a evaluación psicológica.

Ingreso o baja psiquiátrica: Con informes que los afectados consideran genéricos o insuficientes, se decreta una incapacidad temporal o un ingreso psiquiátrico involuntario.

Consecuencias profesionales: Durante la baja, el agente queda fuera del servicio activo, pierde complementos salariales y se ve limitado para defenderse disciplinariamente.

El problema según los denunciantes.

El núcleo de la acusación es que se habrían producido ingresos e incapacitaciones de agentes que no presentaban patología mental diagnosticable según criterios clínicos independientes. Señalan que esto convierte un mecanismo de protección de la salud en una herramienta de represalia interna.

Las asociaciones que han llevado el caso a los medios y al Defensor del Pueblo argumentan que: Los informes psiquiátricos se basan en entrevistas breves sin pruebas objetivas. No se permite contraperitaje con médicos de confianza del agente. El procedimiento se usa de forma desproporcionada contra quienes alzan la voz dentro del cuerpo.

Respuesta oficial.

La Dirección General de la Guardia Civil ha mantenido que todas las derivaciones a salud mental se ajustan a la legalidad y a protocolos médicos. Sostienen que las bajas psiquiátricas solo se dictan cuando hay indicios clínicos de riesgo para el propio agente o para terceros, y que los procedimientos están sujetos a revisión judicial y del personal médico colegiado.

Estado actual

No existe una sentencia firme que declare la "Operación Columna" como una operación criminal en su conjunto. Hay casos individuales que han llegado a los tribunales contencioso-administrativos y penales, con resultados mixtos: algunos recursos de los agentes han prosperado y otros han sido desestimados. El debate sigue abierto en el ámbito político y mediático, especialmente en medios como Periodista Digital, que han publicado varios artículos sobre el tema bajo el epígrafe "Tricornios en democracia".

La verdad también se demuestra.

2026-10-05T13:25:00.000+02:00

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP. SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (1 DE 5)

En un juicio nadie pregunta qué crees, sino qué puedes probar. Arranca aquí una serie sobre los métodos con que la ley, la ciencia y la psicología acreditan que algo es cierto — y por qué esa disciplina debería importarnos también fuera de los tribunales.

Hay una frase que se repite poco fuera de los tribunales y que debería repetirse más: "eso que dices, ¿cómo lo demuestras?". En el debate público basta con afirmar algo con suficiente convicción, repetirlo lo bastante alto o encontrar a mil personas que lo compartan en una red social para que empiece a tratarse como un hecho. En un procedimiento judicial, en cambio, la convicción no vale nada por sí sola. Lo que vale es lo que se puede acreditar.

Acreditar la verdad de una declaración —que un testigo dice lo que realmente vivió, que un daño existió, que una firma es auténtica— es, de hecho, todo un oficio. La ley y la ciencia forense han desarrollado, a lo largo de más de medio siglo, un conjunto de métodos verificables para hacerlo: el interrogatorio de las partes, la revisión de documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial de lugares y objetos, y el interrogatorio de testigos. Cada uno tiene sus reglas, sus límites y su forma de blindarse frente al error.

El instrumento central de ese esfuerzo es el dictamen pericial: el informe con el que un experto —psicólogo, médico, grafólogo, ingeniero— traduce hechos técnicos en una prueba que un juez, lego en la materia, pueda entender y valorar. Un buen dictamen no defiende una tesis, la contrasta. Se sostiene sobre dos pilares que parecen obvios pero que cuesta mucho respetar: objetividad —ceñirse a los hechos y pruebas disponibles, sin opiniones personales— y precisión en el lenguaje, evitando ambigüedades y afirmaciones categóricas que la evidencia no sostiene.

A partir de aquí, esta columna dedicará cuatro entregas a recorrer, una por una, las herramientas con las que se acredita la verdad en la práctica pericial y judicial española y en la investigación internacional: cómo se redacta y estructura un dictamen pericial que resiste un recurso; la ciencia que distingue un recuerdo vivido de uno inventado —desde la hipótesis de Undeutsch hasta el Sistema de Evaluación Global desarrollado en Galicia—; lo que un test de personalidad o un signo físico pueden y no pueden decirnos sobre si alguien simula; y, para cerrar, por qué nuestra propia mente —con sus atajos, sus sesgos y sus certezas prestadas— es a menudo el obstáculo más difícil de superar a la hora de juzgar qué es verdad.

Puede parecer un asunto de juzgados. No lo es solo. Una democracia se sostiene, entre otras cosas, sobre instituciones capaces de distinguir un hecho de una opinión y de hacerlo con métodos que cualquiera pueda auditar después. Desde el agente que instruye un atestado hasta el perito que firma un informe, pasando por el periodista que contrasta una fuente, todos comparten el mismo problema de fondo: cómo demostrar, no solo creer, que algo ha ocurrido. De eso trata esta serie.

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

2026-08-21T15:47:00.000+02:00

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

Hay un niño en casi todas las aulas al que le cuesta esperar su turno, que interrumpe, que pierde el estuche, que
se levanta cuando debería permanecer sentado y al que los profesores describen, a veces con más cariño que precisión, como «un torbellino». Pero no todo niño inquieto tiene TDAH.

A veces ese comportamiento forma parte de la infancia, de una etapa determinada o de las circunstancias que rodean al menor. Otras veces, sin embargo, detrás de esa inquietud, de la impulsividad o de las dificultades para mantener la atención existe un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar al rendimiento escolar, a las relaciones sociales y, en algunos casos, continuar durante la adolescencia y la edad adulta.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad. No es sinónimo de mala educación, de falta de disciplina ni de menor inteligencia. Tampoco puede establecerse únicamente porque un niño sea inquieto o tenga dificultades escolares.

El diagnóstico exige una valoración profesional en la que se tenga en cuenta la duración, frecuencia e intensidad de los síntomas, su repercusión funcional y la posibilidad de que puedan explicarse mejor por otras circunstancias.

Lo que dice el DSM-5.

El DSM-5 establece criterios concretos para el diagnóstico. En niños y adolescentes hasta los 16 años deben presentarse al menos seis síntomas de inatención y/o seis de hiperactividad-impulsividad, mientras que desde los 17 años el umbral se reduce a cinco síntomas en cada uno de esos dominios. Además, varios síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años y deben observarse en dos o más contextos, por ejemplo, en el hogar y en el colegio.

No basta, por tanto, con que un profesor diga que un alumno "no para quieto", ni con que los padres observen que se distrae con facilidad. El diagnóstico requiere integrar información procedente de distintos ámbitos y valorar si existe una interferencia real en la vida cotidiana. Ese principio resulta especialmente importante cuando se utilizan instrumentos de evaluación como las Escalas Magallanes.

Qué son las Escalas Magallanes.

Las Escalas Magallanes constituyen un conjunto de instrumentos desarrollados por el Grupo ALBOR-COHS para la evaluación de diferentes indicadores relacionados con las dificultades atencionales, la hiperactividad y otros comportamientos asociados.

En su origen se encuentra la EMTDAH, desarrollada por E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago. La documentación actual del propio Grupo ALBOR-COHS identifica la ESMIDA-N como la evolución de aquella escala, originalmente publicada como EMTDAH en 1998, a la que posteriormente se incorporaron elementos relacionados con la condición denominada «Déficit de Eficacia Atencional» o inatención.nLa importancia de este tipo de instrumentos reside en algo aparentemente sencillo: un niño no se comporta necesariamente igual en todos los ambientes.

Por eso resulta útil conocer la percepción de quienes conviven con él y observan su comportamiento de manera continuada. Padres, profesores y, dependiendo de la edad y del instrumento utilizado, el propio adolescente o adulto pueden aportar información diferente y complementaria.

La evaluación multidimensional permite evitar que todo el peso de la valoración recaiga sobre una única observación. Y aquí aparece una cuestión fundamental: una escala de evaluación no es un diagnóstico por sí misma. La propia Asociación Americana de Psiquiatría advierte que las medidas de evaluación deben servir para mejorar la toma de decisiones clínicas y no utilizarse como única base para establecer un diagnóstico.

De las primeras escalas a las ESMIDA.

Las Escalas Magallanes han ido evolucionando a medida que también lo hacía el conocimiento sobre las dificultades atencionales y sus diferentes manifestaciones. El propio Grupo ALBOR-COHS explica que la versión ESMIDA-N parte de la EMTDAH original y que posteriormente se desarrollaron instrumentos específicos para adolescentes y adultos. Entre ellos se encuentran las ESMIDA-J, dirigidas a adolescentes, y las correspondientes herramientas para adultos.

La guía de uso de los Protocolos Magallanes recoge, por ejemplo, una versión ESMIDA-J presentada como nueva versión en 2011, con modalidades de autoinforme y de información proporcionada por padres y profesores. Su finalidad es identificar indicadores relacionados tanto con el déficit de atención sostenida e hiperactividad como con el denominado déficit de eficacia atencional y lentitud motriz o cognitiva. La evolución resulta lógica. Las dificultades relacionadas con la atención y la autorregulación pueden manifestarse de manera diferente según la edad.

El niño pequeño puede mostrar una actividad motriz excesiva y dificultades evidentes para permanecer sentado. En el adolescente pueden adquirir mayor protagonismo la desorganización, la dificultad para mantener el esfuerzo o la impulsividad. En el adulto, determinados síntomas pueden expresarse de otra manera y afectar especialmente a la organización de las tareas, la gestión del tiempo, el trabajo o las relaciones personales. Por eso no parece razonable utilizar exactamente el mismo instrumento y esperar que funcione de idéntica manera a lo largo de todas las etapas de la vida.

No todo es hiperactividad.

Durante mucho tiempo, la imagen social del TDAH quedó reducida al niño que corre, habla constantemente, interrumpe y no puede permanecer sentado. Pero el TDAH también puede presentarse con predominio de dificultades de atención, sin que exista una hiperactividad física llamativa. La propia Asociación Americana de Psiquiatría distingue entre presentación predominantemente inatenta, presentación predominantemente hiperactiva/impulsiva y presentación combinada. Esto es especialmente importante porque algunos menores pueden pasar inadvertidos precisamente porque no generan problemas de conducta visibles.

Un niño que permanece sentado, pero pierde constantemente las instrucciones, no termina las tareas, se distrae con facilidad, olvida lo que debe hacer o tiene enormes dificultades para organizarse puede necesitar tanta atención profesional como aquel que no deja de moverse.

Una escala no sustituye al profesional.

Aquí está probablemente la cuestión más importante. Las escalas de evaluación aportan información valiosa, pero no sustituyen la valoración clínica, psicológica o pedagógica que corresponda en cada caso. Una puntuación elevada puede indicar la presencia de determinados comportamientos compatibles con dificultades atencionales o de autorregulación. Pero una puntuación no explica por sí sola por qué esos comportamientos aparecen. El profesional debe valorar el conjunto de la información, el desarrollo del menor, su funcionamiento en diferentes ambientes y la posible existencia de otras circunstancias que puedan producir síntomas semejantes. La propia APA señala que las escalas deben utilizarse para apoyar una evaluación exhaustiva y nunca de manera aislada. Y esa cautela es esencial para evitar dos errores contrapuestos: el infradiagnóstico y el sobrediagnóstico.

Ni todo niño inquieto tiene TDAH, ni todo niño con dificultades de atención debe ser considerado simplemente «vago», «distraído» o «mal estudiante».

Detrás de una etiqueta hay un niño.

Quizá sea esta la razón por la que hablar de TDAH exige algo más que enumerar síntomas y puntuaciones. Detrás de cada escala hay un niño concreto. Uno que puede estar acumulando suspensos sin comprender por qué. Otro que escucha continuamente que «no se esfuerza». Otro que es castigado por interrumpir cuando quizá no consigue controlar adecuadamente su impulsividad. Y también puede existir el caso contrario: un niño al que se atribuye un trastorno sin que exista una evaluación suficientemente rigurosa.

Por eso el objetivo no debería ser poner una etiqueta cuanto antes, sino comprender qué está ocurriendo y por qué.

Un diagnóstico correctamente establecido no tiene por qué convertirse en una condena. Puede ser, por el contrario, el punto de partida para proporcionar al menor los apoyos educativos, familiares y clínicos que realmente necesite. Las Escalas Magallanes forman parte de esa historia: la de la búsqueda de instrumentos capaces de recoger de una manera estructurada comportamientos que, observados aisladamente, pueden confundirse con muchas otras cosas. Porque entre "es un niño inquieto" y "tiene un trastorno" existe un territorio enorme que sólo puede recorrerse con conocimiento, evaluación rigurosa y criterio profesional. Y, sobre todo, con una idea que no deberíamos olvidar: antes que una puntuación, antes que una escala y antes que un diagnóstico, siempre hay un niño que necesita que alguien comprenda lo que le está pasando.

El niño que no podía quedarse quieto

2026-08-18T15:45:05.876+02:00

Autor: Dtor VP. Jose Carlos Piñeiro.

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

Lo que dice el DSM-5.

Qué son las Escalas Magallanes.

De las primeras escalas a las ESMIDA.

No todo es hiperactividad.

Una escala no sustituye al profesional.

Ni todo niño inquieto tiene TDAH, ni todo niño con dificultades de atención debe ser considerado simplemente «vago», «distraído» o «mal estudiante».

Detrás de una etiqueta hay un niño.

Por eso el objetivo no debería ser poner una etiqueta cuanto antes, sino comprender qué está ocurriendo y por qué.

Los dictámenes periciales forenses no impugnados: una reforma que cambia las reglas del juego frente al INSS.

2026-08-04T16:03:37.808+02:00

Autor: José Carlos Piñeiro. Dtor. VP

Incapacidades permanentes y tutela judicial efectiva

La aportación anticipada de los dictámenes periciales forenses en la jurisdicción social refuerza la seguridad jurídica y evita que la falta de impugnación se convierta en una estrategia procesal.

En los procedimientos sobre incapacidad permanente frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la prueba forense constituye, en la mayoría de las ocasiones, el elemento decisivo para que el juez pueda valorar si el trabajador reúne o no los requisitos para el reconocimiento de una prestación.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en la jurisdicción social conforme a la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, establece un sistema de valoración de los dictámenes periciales conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 LEC) y reconoce el derecho de las partes a conocerlos con anterioridad suficiente al juicio para poder analizarlos e impugnarlos, si lo consideran oportuno.

Por su parte, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —en vigor desde el 3 de abril de 2025—, refuerza en su artículo 82.5 la obligación de dar previo traslado entre las partes o de aportar de forma anticipada, con al menos diez días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial de que se pretenda valerse, precisamente para garantizar los principios de contradicción, igualdad de armas y defensa efectiva.

La consecuencia práctica es especialmente relevante. Cuando el dictamen pericial forense presentado por la parte demandante no es impugnado por el INSS dentro del plazo procesal correspondiente, pierde sentido que el perito comparezca únicamente para ratificar un informe cuyo contenido no ha sido discutido. En tales supuestos, el dictamen conserva toda su eficacia como medio de prueba documental-pericial, sin perjuicio de que el órgano judicial pueda acordar la comparecencia del perito si considera necesaria alguna aclaración.

Ello resulta coherente con los principios de economía procesal, buena fe y lealtad procesal, recogidos en la legislación procesal, evitando actuaciones innecesarias que solo incrementan costes y retrasan la resolución de los procedimientos.

Debe recordarse, además, que corresponde al juez valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria). La falta de impugnación no convierte automáticamente el dictamen en prueba vinculante, pero sí priva a la parte contraria de cuestionar oportunamente aspectos que pudo discutir dentro del plazo legal y no lo hizo.

En los litigios sobre incapacidad permanente, donde habitualmente se confrontan los criterios de los especialistas que han evaluado al trabajador con los informes de los equipos de valoración del INSS, esta regulación adquiere una enorme trascendencia práctica. Si la Administración conoce el contenido del dictamen forense con la antelación prevista por la ley y no formula impugnación, difícilmente puede justificarse la exigencia de una ratificación meramente formal.

La Justicia social debe avanzar hacia un modelo más ágil y eficiente, donde el debate se centre en las cuestiones realmente controvertidas y no en formalidades que nada aportan al esclarecimiento de los hechos.

La correcta preparación de la prueba forense, su presentación dentro del plazo legal y la ausencia de impugnación por la parte demandada pueden convertirse en elementos determinantes para el éxito de la reclamación. Las reglas procesales existen para garantizar la igualdad entre las partes y no para imponer cargas innecesarias a quienes acuden a los tribunales en defensa de sus derechos.

Legislación

— Constitución Española, artículo 24 (tutela judicial efectiva).

— Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 348 (valoración de los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica); de aplicación supletoria en la jurisdicción social.

— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, disposición final cuarta (supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil), artículo 82.5 (traslado previo o aportación anticipada, con diez días de antelación, de la prueba documental o pericial) y artículo 93.1, que exige como regla general la ratificación del dictamen en el acto de juicio y solo excluye expresamente de ratificación los informes y documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal (por ejemplo, el expediente del INSS), sin contemplar de forma literal la falta de impugnación de la pericial de parte como causa de exoneración.

— Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE de 3 de enero de 2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025), que reformó el artículo 82.5 de la Ley 36/2011 introduciendo el plazo de diez días de antelación para la aportación anticipada de la prueba documental y pericial —anteriormente fijado en cinco días—, norma clave que sustenta el argumento central de este artículo.

Asamblea en la carpintería.

2026-08-02T23:03:46.014+02:00

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Pues que hacía demasiado ruido!. Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:- "Señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Autor. Blas campo.

José Manuel Villarejo : entre las condenas, las absoluciones y el debate sobre las garantías procesales

2026-05-10T13:18:00.007+02:00

Redacción VP.

Villarejo: Entre las condenas y las absoluciones, el debate sobre las garantía del estado de derecho.

Años de prisión provisional, procesos fragmentados y denuncias por falta de acceso íntegro a las pruebas reabren el debate sobre el derecho de defensa y la presunción de inocencia en una de las macrocausas más controvertidas de la democracia española.

La figura de José Manuel Villarejo Pérez se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la crisis institucional y judicial vivida en España durante las últimas décadas. Antiguo comisario de Policía, protagonista de grabaciones, operaciones encubiertas, informes reservados y piezas separadas de enorme repercusión política y económica, su situación judicial ha generado un debate jurídico profundo sobre los límites del Estado de Derecho, el principio de inocencia y el derecho de defensa.

La denominada “macrocausa Tándem” llegó a fragmentarse en decenas de piezas separadas relacionadas con presuntos trabajos de espionaje, revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y utilización de medios policiales para fines privados. Desde su detención en noviembre de 2017, Villarejo pasó años sometido a una instrucción gigantesca, extraordinariamente compleja y basada en millones de documentos, grabaciones y archivos incautados. (Telemadrid)

Uno de los elementos más controvertidos del caso fue precisamente la duración de la prisión provisional. Villarejo permaneció en prisión preventiva aproximadamente tres años y siete meses, una situación excepcionalmente larga que fue objeto de críticas por parte de juristas y sectores doctrinales, al entender que una medida cautelar no puede transformarse de facto en una pena anticipada. La prisión provisional, conforme a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe ser excepcional, proporcional y limitada temporalmente.

A lo largo de los procedimientos, Villarejo ha acumulado tanto condenas como absoluciones. La primera gran sentencia de la Audiencia Nacional, correspondiente a las piezas Iron, Land y Pintor, le impuso inicialmente 19 años de prisión por revelación de secretos y falsedad documental. Posteriormente, en apelación, esa condena fue reducida a 13 años al estimarse parcialmente sus recursos y absolverle de algunos delitos de falsedad documental. (Telemadrid)

Más recientemente, la Audiencia Nacional le condenó a tres años y medio de prisión por el denominado “caso Dina”, relacionado con la difusión de información obtenida del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. El tribunal consideró acreditado que hubo revelación ilícita de secretos y difusión de documentación privada. (El País)

Sin embargo, paralelamente, Villarejo también ha conseguido numerosas absoluciones en distintas piezas del caso Tándem. Diversas resoluciones de la Audiencia Nacional concluyeron que en determinados encargos privados no quedó acreditado el uso ilícito de medios policiales ni la existencia de cohecho. Algunos tribunales llegaron a subrayar expresamente que “no se puede presumir, en contra del reo”, que actuase prevaliéndose de su condición policial sin pruebas concretas que lo acreditaran. (La Voz de Galicia)

De hecho, distintos balances judiciales publicados en 2026 reflejan que el excomisario acumulaba más absoluciones que condenas en piezas ya juzgadas, evidenciando la enorme complejidad probatoria de la macrocausa y las dificultades de sostener algunas acusaciones formuladas durante años. (El Independiente)

Pero más allá de la valoración personal que pueda hacerse sobre Villarejo, existe una cuestión jurídica especialmente grave: el respeto efectivo al derecho de defensa. Uno de los argumentos reiteradamente denunciados por sus abogados ha sido la imposibilidad de acceder íntegramente al material incautado, compuesto por decenas de terabytes de información, grabaciones y documentación clasificada o sometida a restricciones de acceso. La defensa ha sostenido que resulta incompatible con un proceso justo impedir o limitar el acceso completo a pruebas esenciales cuando precisamente esas pruebas son utilizadas para fundamentar acusaciones penales. (El País)

El derecho de defensa no constituye una concesión del Estado, sino un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin acceso pleno a las pruebas, la contradicción procesal queda debilitada y el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa puede verse seriamente afectado.

Igualmente preocupante resulta el impacto mediático que rodeó el caso desde el primer momento. La constante filtración de audios, informes y piezas sumariales generó durante años un juicio paralelo permanente en medios de comunicación y redes sociales. Ello alimentó un clima en el que, para buena parte de la opinión pública, la presunción de inocencia parecía haber desaparecido antes incluso de celebrarse los juicios.

La presunción de inocencia no protege únicamente a personas inocentes; protege a cualquier ciudadano frente al poder del Estado. Precisamente por eso constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia avanzada. Cuando un investigado pasa años en prisión provisional, sometido a macroprocedimientos fragmentados y con dificultades alegadas de acceso a pruebas esenciales, el debate jurídico deja de centrarse exclusivamente en la culpabilidad o inocencia individual y pasa a afectar directamente a la calidad garantista del sistema judicial.

El caso Villarejo representa así una paradoja jurídica y política de enorme relevancia: un personaje rodeado de acusaciones extremadamente graves, pero también un procedimiento donde numerosos tribunales han dictado absoluciones y donde persisten debates fundamentales sobre proporcionalidad, acceso a las pruebas, duración de la prisión preventiva y respeto efectivo al derecho de defensa.

En un Estado de Derecho sólido, incluso las personas más controvertidas deben disfrutar plenamente de todas las garantías procesales. Porque cuando esas garantías se debilitan para un acusado incómodo, el precedente termina afectando potencialmente a toda la sociedad.

El Laberinto entre el Cráneo y la Idea: ¿Dónde reside nuestra mente?.

2026-05-10T13:00:00.002+02:00

*Por: José Carlos Piñeiro González. Presidente Comisión Legal Forense de ANTAP. y Dtor VP.

Comúnmente, cuando hablamos de "pensar", señalamos de forma instintiva nuestra frente. Para la ciencia clásica, la ubicación de la mente no tenía pérdida: está dentro del cráneo, protegida por el hueso frontal y suspendida en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, para quienes trabajamos en las ciencias de la conducta, la educación y el derecho, esa respuesta se queda corta.

El Cerebro: El Escenario Físico.

El cerebro es un órgano de aproximadamente 1.4 kg que funciona como la centralita de mandos. Es puro "hardware": neuronas disparando impulsos eléctricos y neurotransmisores cruzando sinapsis. Desde una perspectiva puramente clínica o psiquiátrica, la mente es lo que el cerebro hace. Si la química cambia, la mente se altera. Pero, ¿es el cerebro el límite de lo que somos?

La Mente: La Obra de Teatro.

Si el cerebro es el escenario, la "mente" es la función que se representa. Aquí es donde entramos los pedagogos, logopedas y psicólogos. La mente no es una "cosa", es un "proceso". -Motor y conductor-.

1. La Mente Lingüística: Como logopedas, sabemos que el lenguaje no solo sirve para hablar, sino para estructurar el pensamiento. Sin palabras, la mente carece de los andamios necesarios para construir ideas complejas.

2. La Mente Social: Desde la educación social y la pedagogía, entendemos que la mente se construye "hacia afuera". Aprendemos en interacción. Nuestra mente está, en parte, en los vínculos que formamos y en el entorno que nos rodea.

3. La Mente Forense: En el ámbito legal, la ubicación de la mente se desplaza hacia la "voluntad". No evaluamos solo un órgano sano, sino una capacidad volitiva: ¿tenía esta persona la libertad mental para elegir su conducta?

Una Relación de Doble Vía (Neuroplasticidad).

Lo más fascinante de la relación mente-cerebro es que no es una calle de un solo sentido. Es cierto que un daño cerebral afecta a la mente, pero también es cierto que "la mente puede cambiar al cerebro". Cada vez que un niño aprende una palabra nueva, cada vez que un paciente en rehabilitación funcional se esfuerza por recuperar una habilidad, su "mente" (el esfuerzo, la atención, la voluntad) está creando nuevas conexiones físicas en su cerebro. A esto lo llamamos "neuroplasticidad".

Conclusión.

¿Dónde está la mente? La respuesta es que no tiene una dirección postal única. La mente habita en el cerebro, pero se extiende a través de nuestra voz, se moldea en las aulas y se evalúa en los tribunales. Entender que somos una unidad indisoluble entre la biología del órgano y la magia del proceso cognitivo es fundamental para cualquier intervención humana. No tratamos cerebros; trabajamos con mentes que, a través de la educación y la sanidad, buscan su mejor versión.

Nota para la edición: Este artículo busca integrar las facetas de salud, educación y legalidad, ofreciendo al lector una visión global y menos reduccionista de la naturaleza humana.

Max Planck y el Nacimiento de la Mecánica Cuántica: El Salto que Cambió la Física.

2026-04-14T14:43:00.001+02:00

Autor: José Carlos Piñeiro. Mail josecarlosperiodista@gmail.com

Max Planck y el Nacimiento de la Mecánica Cuántica: El Salto que Cambió la Física.

En 1918, el mundo de la ciencia se rindió ante el físico alemán Max Planck, otorgándole el Premio Nobel de Física. Este galardón no era simplemente un reconocimiento a una carrera brillante, sino el tributo al hombre que, sin pretenderlo inicialmente, había derribado los cimientos de la física clásica para dar paso a un nuevo y revolucionario campo de la ciencia conocido como mecánica cuántica.

A Planck se le considera hoy, con toda justicia, el "padre de la teoría cuántica". Su descubrimiento no solo resolvió un problema técnico de su época, sino que cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad a escala subatómica.

El Problema del Cuerpo Negro: Donde la Física Clásica Fallaba.

A finales del siglo XIX, la física clásica parecía tener una respuesta para todo. Sin embargo, un fenómeno se resistía a ser explicado: la radiación del cuerpo negro. Los científicos no podían entender cómo la energía electromagnética (luz) era emitida y absorbida por los objetos calientes. Las teorías existentes predecían un resultado catastrófico (la llamada "catástrofe ultravioleta"): que un objeto emitiría una cantidad infinita de energía en frecuencias altas, lo cual era absurdo y contrario a la observación experimental.

En 1900, Max Planck, un físico profundamente conservador y amante del orden de la física clásica, se dedicó a resolver este rompecabezas. Tras múltiples intentos fallidos siguiendo los métodos tradicionales, se vio obligado a dar un "paso desesperado", como él mismo lo llamó.

La Revolución Cuántica: "Paquetes" de Energía.

Planck planteó una hipótesis que desafiaba una de las suposiciones más básicas de la física de la época. Hasta entonces, se creía que la energía fluía en un flujo continuo y suave, como el agua de un grifo. Planck, sin embargo, postuló que la energía no se intercambia de forma continua.

En su lugar, Planck sugirió que la energía solo puede ser absorbida o emitida en cantidades discretas y específicas, múltiples de una unidad elemental. Se comprobó que las ondas van en "paquetes" o cuantos (del latín quantum), que es la unidad más pequeña de energía transferible.

Esta idea dio origen a la célebre ecuación que Planck formuló y que constituye la piedra angular de la nueva física: Donde: * E es la Energía del cuanto o paquete. * h es la constante de Planck, una de las constantes fundamentales del universo. * ν (la letra griega nu) es la frecuencia de la onda. Esta fórmula encierra un principio fundamental: A mayor frecuencia, mayor energía. Por ejemplo, un cuanto de luz ultravioleta (alta frecuencia) tiene más energía que un cuanto de luz infrarroja (baja frecuencia). Así, nace en 1900 la física cuántica, marcando el mayor éxito intelectual de la carrera de Planck y el inicio de una nueva era científica.

Las Consecuencias de la Cuántica: Un Mundo de Probabilidades.

La introducción de la constante de Planck y la idea de que la energía está cuantizada abrieron una "caja de Pandora" científica. Planck inicialmente pensó que sus "paquetes" eran solo un truco matemático para que la ecuación funcionara, pero pronto otros científicos, como Albert Einstein y Niels Bohr, confirmaron que el "cuanto" era una realidad física profunda. Einstein, por ejemplo, usó la idea de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico, postulando que la propia luz se comporta como una partícula (fotón).

El desarrollo de la mecánica cuántica a lo largo del siglo XX reveló un mundo subatómico extraño y fascinante que se rige por reglas completamente distintas a las de nuestra experiencia cotidiana.

Adiós a la Certeza: En la física clásica, si conoces la posición y velocidad de un objeto (como una bola de billar), puedes predecir exactamente dónde estará en el futuro. En el mundo cuántico, esto es imposible.

El Cálculo de Probabilidades: La teoría cuántica solo permite cálculos de probabilidades sobre las características de las partículas elementales. No se puede decir con certeza dónde está un electrón, solo dónde es más probable encontrarlo.

El descubrimiento de Planck transformó nuestra visión del universo, desde la estructura de los átomos hasta el funcionamiento de las estrellas. Hoy en día, la mecánica cuántica es la base de tecnologías que damos por sentadas, como los transistores (presentes en todos los ordenadores y teléfonos), los láseres, los paneles solares y la resonancia magnética. Todo ello comenzó con un hombre que tuvo el valor de aceptar que la naturaleza, en su nivel más fundamental, es discontinua y opera a través de "saltos" cuánticos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, insta cambios en las profesiones y especialmente en la de los médicos.

2026-04-12T15:02:00.004+02:00

Autor: Jose Carlos Piñeiro. Mail josecarlosperiodista@gmail.com

Transparencia, competencia y derechos profesionales en el punto de mira

El informe emitido el pasado 10 de abril de 2026 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supone un nuevo toque de atención a uno de los ámbitos más resistentes al cambio en España: el sistema colegial sanitario. En concreto, analiza el proyecto de real decreto destinado a unificar y actualizar los Estatutos de la Organización Médica Colegial (OMC) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), introduciendo un debate de fondo: ¿hasta qué punto el modelo actual responde a una lógica de servicio público o a inercias corporativas?

Una reforma necesaria… pero insuficiente

El objetivo del real decreto es, en apariencia, razonable: integrar en un único texto normativo los estatutos de la OMC y del CGCOM, adaptándolos a la legislación vigente en materia de servicios profesionales. Sin embargo, la CNMC advierte que no basta con una mera actualización formal. Es imprescindible abordar reformas estructurales que garanticen la competencia, la proporcionalidad normativa y, sobre todo, los derechos individuales de los profesionales.

Colegiación obligatoria: el debate que nunca se cierra

Uno de los puntos más sensibles vuelve a ser la colegiación obligatoria. La CNMC insiste en algo que debería ser obvio en un Estado de Derecho: debe ser el legislador, y no las propias corporaciones, quien determine qué profesiones requieren colegiación obligatoria.

Más aún, plantea la necesidad de explorar mecanismos menos intrusivos que la colegiación de oficio. Y en caso de mantenerse, subraya un principio esencial: el profesional debe poder decidir libremente sobre su continuidad o cese en el ejercicio, sin quedar atrapado en estructuras rígidas.

Este planteamiento abre un debate profundo sobre la libertad profesional frente a modelos tradicionales de control corporativo.

Territorialidad: una barrera encubierta

Otro de los aspectos criticados es la vinculación territorial obligatoria. La CNMC considera que no se puede imponer al profesional una adscripción permanente a un colegio en función de su domicilio, más allá del momento inicial de incorporación.

Esta práctica, aparentemente administrativa, puede convertirse en una barrera real a la libre circulación y ejercicio profesional, especialmente en un contexto donde la movilidad y la digitalización deberían facilitar, no limitar, el trabajo sanitario.

Competencia y regulación: un equilibrio necesario

El informe insiste en que toda actuación colegial debe someterse a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, así como a los principios de buena regulación y proporcionalidad recogidos en el Real Decreto 472/2021.

No es un detalle menor. Supone recordar que los colegios profesionales no están por encima del ordenamiento económico ni pueden operar como estructuras cerradas ajenas a la competencia. La autorregulación tiene límites, y estos vienen marcados por el interés general.

Certificados médicos: del papel al siglo XXI

Uno de los ámbitos donde la CNMC propone una transformación más profunda es el de los certificados médicos oficiales.

La apuesta es clara: digitalización, firma electrónica y sistemas de verificación modernos. Se propone, además, priorizar plataformas públicas como el Registro Electrónico de Profesionales Sanitarios (REPS), reforzando así la transparencia y la trazabilidad.

En caso de mantenerse precios por estos certificados, la CNMC exige que se basen estrictamente en costes reales, diferenciando entre formatos físicos y electrónicos. Un mensaje directo contra posibles prácticas inflacionarias o injustificadas.

Receta electrónica privada: competencia frente a opacidad

Especialmente relevante es el análisis sobre la receta electrónica privada, un ámbito con importantes implicaciones económicas y tecnológicas.

La CNMC reclama procedimientos de homologación basados en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, con plazos razonables y costes ajustados. También insiste en la necesidad de justificar la recertificación periódica y evitar intercambios de información comercial sensible.

En definitiva, se trata de abrir este mercado a la competencia real, evitando posiciones dominantes encubiertas bajo estructuras colegiales.

Una llamada a desburocratizar el sistema

El mensaje de fondo del informe es inequívoco: modernizar, desburocratizar y abrir a la competencia ámbitos históricamente controlados por los colegios médicos.

No se trata de eliminar estas instituciones, sino de redefinir su papel en un contexto donde la transparencia, la eficiencia y los derechos profesionales deben prevalecer sobre inercias corporativas.

Conclusión: el reto de adaptar el siglo XX al siglo XXI

El sistema colegial español se enfrenta a una encrucijada. La resistencia al cambio puede mantener estructuras obsoletas, pero a costa de limitar la innovación, la competencia y la libertad profesional.

El informe de la CNMC no es solo una recomendación técnica. Es, en realidad, una invitación —o una advertencia— a repensar profundamente el modelo.

La pregunta ya no es si debe reformarse, sino si existe

Memoria histórica, transición y memoria selectiva: Entre Victoria, Montejura y el 23 F

2026-03-03T16:10:00.004+01:00

Redacción VP. Mail josecarlosperiodista@gmail.com

El 3 de marzo de 1976 quedó grabado como una de las jornadas más trágicas de la Transición española. A las 15:50 horas, efectivos de la Policía Armada, procedentes del acuartelamiento de Vitoria y reforzados por unidades desplazadas desde Miranda de Ebro, irrumpieron en la parroquia de San Francisco de Asís, en la capital alavesa. En su interior se celebraba una asamblea multitudinaria de trabajadores en el contexto de un conflicto laboral que se había extendido por la ciudad.

La intervención policial, con lanzamiento de gases lacrimógenos en un espacio cerrado y posterior actuación armada en el exterior, tuvo consecuencias devastadoras. Francisco Aznar, de 18 años, murió en el acto. En total, cinco trabajadores fallecieron y más de un centenar resultaron heridos por arma de fuego. Aquellos hechos, conocidos como la matanza de Vitoria, marcaron un punto de inflexión en la percepción social del aparato coercitivo heredado del franquismo.

Recientemente, el Gobierno ha condenado oficialmente la actuación “desproporcionada” de la Policía Armada en aquellos sucesos, reafirmando la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas y consolidar una memoria democrática que no eluda los episodios más oscuros del tránsito político.

Montejurra y el desgaste del Gobierno de Arias Navarro

Ese mismo año, los sucesos de Montejurra, el 9 de mayo de 1976, añadieron tensión a un escenario político ya inestable. En el contexto de la tradicional concentración carlista en Navarra, se produjeron enfrentamientos armados que culminaron con dos muertos. La percepción de descontrol, la persistencia de estructuras represivas y la incapacidad del Ejecutivo para gestionar el proceso de apertura política precipitaron el final del Gobierno de Carlos Arias Navarro en julio de 1976.

Su cese abrió paso al nombramiento de Adolfo Suárez, quien pilotaría el proceso formal de la Transición hacia un sistema democrático homologable al europeo. Sin embargo, ese tránsito no fue lineal ni exento de contradicciones: estuvo atravesado por violencia política, tensiones internas y resistencias en múltiples ámbitos institucionales.

Otra fecha: 17 de diciembre de 1976

Ese mismo año, el 17 de diciembre, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifestaron para reivindicar derechos básicos como el acceso a la Seguridad Social y mejoras en sus condiciones laborales. Según crónicas de la época, aquella movilización constituyó uno de los hechos más significativos de la Transición en el ámbito corporativo policial.

En plena transformación del Estado, quienes integraban los cuerpos policiales también reclamaban su integración en un marco de derechos sociales equiparables al resto de empleados públicos. Aquella protesta, poco recordada en los relatos oficiales, reflejaba que la Transición no solo fue un proceso político-institucional, sino también laboral y corporativo.

23-F: la defensa de la democracia

Cinco años más tarde, el 23 de febrero de 1981, España vivió un intento de golpe de Estado que puso en jaque el sistema constitucional nacido en 1978. La actuación de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas fue determinante para preservar el orden constitucional frente a la insurrección encabezada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.

El 23-F no solo es recordado por la firmeza institucional del Rey Juan Carlos I en su mensaje televisado, sino también por la lealtad constitucional de muchos servidores públicos que, desde dentro de las estructuras del Estado, optaron por la legalidad democrática.

Memoria, reconocimiento y relato

La política de memoria histórica ha avanzado en el reconocimiento de víctimas de la represión franquista y de episodios como los de Vitoria. Sin embargo, persiste un debate social sobre la amplitud y equilibrio de ese reconocimiento.

Algunos colectivos sostienen que determinados hitos vinculados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad —como la manifestación del 17 de diciembre de 1976 o la actuación de agentes que defendieron el orden constitucional el 23-F— no reciben una visibilidad institucional equivalente. Denuncian una memoria selectiva en la que unos episodios son conmemorados oficialmente mientras otros dependen de iniciativas privadas o corporativas.

La Transición española fue un proceso complejo, con luces y sombras, víctimas y responsabilidades compartidas, avances democráticos y resistencias internas. Construir una memoria inclusiva implica reconocer el dolor causado por actuaciones desproporcionadas del Estado, pero también el papel desempeñado por quienes, desde dentro de sus estructuras, contribuyeron a consolidar el sistema democrático.

Cincuenta años después de 1976, el desafío no es solo recordar, sino hacerlo de forma completa, rigurosa y plural. Porque la memoria democrática no debería ser patrimonio de unos u otros, sino un espacio común de reconocimiento, autocrítica y cohesión institucional.

TDAH en prisión: la epidemia silenciosa que España sigue sin mirar.

2026-02-27T22:38:00.003+01:00

Tricornios en Democracia. José Carlos Piñeiro. josecarlosperiodista@gmail.com

En las cárceles españolas hay una realidad que no aparece en los informes oficiales, que no se menciona en los debates parlamentarios y que rara vez ocupa titulares: un número significativo de personas privadas de libertad cumplen condena sin que nadie haya detectado —ni mucho menos tratado— un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que condiciona su conducta, su capacidad de autocontrol y su trayectoria vital. Es una epidemia silenciosa, profundamente incómoda para un sistema penitenciario que sigue funcionando con categorías del siglo pasado.

La evidencia científica internacional es contundente: la prevalencia del TDAH en población reclusa es entre cuatro y diez veces superior a la de la población general. No hablamos de un matiz clínico, sino de un factor estructural que atraviesa la biografía de miles de internos. En España, sin embargo, la ausencia de cribados sistemáticos, la falta de formación específica y la precariedad de los equipos de salud mental convierten este trastorno en un fantasma que nadie nombra, pero que condiciona la vida penitenciaria de forma decisiva.

Cuando el TDAH no diagnosticado se convierte en delito.

El TDAH no tratado no es una excusa, pero sí es una explicación. Impulsividad, dificultad para anticipar consecuencias, baja tolerancia a la frustración, tendencia a la desorganización y a la búsqueda de estímulos… Son rasgos que, en contextos de vulnerabilidad social, pueden convertirse en un cóctel perfecto para la cronificación del conflicto con la ley.

Muchos internos llegan a prisión tras una vida marcada por el fracaso escolar, la estigmatización temprana, la expulsión de los circuitos educativos y laborales, y una cadena de decisiones impulsivas que nunca fueron comprendidas como síntomas. El sistema penal aparece entonces como la primera institución que “pone orden”, pero lo hace tarde, mal y sin herramientas clínicas.

El agujero negro del diagnóstico penitenciario.

En España no existe un protocolo estatal obligatorio para detectar TDAH en el ingreso penitenciario. La evaluación depende de la voluntad, la formación y la disponibilidad de los equipos Educativos clínicos de cada centro. En la práctica, esto significa que miles de personas cumplen condena sin que nadie haya explorado si su conducta está mediada por un trastorno neurobiológico perfectamente tratable.

La consecuencia es doble: Se castiga como mala conducta lo que en realidad es sintomatología. Se pierde la oportunidad de intervenir terapéuticamente y reducir la reincidencia.

La paradoja es brutal: el Estado invierte millones en seguridad, pero ignora un factor clínico que podría disminuir la conflictividad interna y mejorar la reinserción.

TDAH y reincidencia: el dato que nadie quiere mirar.

Los estudios europeos muestran que el tratamiento adecuado del TDAH en prisión reduce de forma significativa la reincidencia. No es magia: es neurociencia aplicada a la justicia. Cuando un interno recibe medicación adecuada, intervención psicoeducativa y apoyo estructurado, mejora su capacidad de autocontrol, su adherencia a programas de reinserción y su estabilidad conductual. En España, sin embargo, seguimos atrapados en un modelo punitivo que confunde disciplina con rehabilitación y que considera la salud mental un asunto secundario. El resultado es un círculo vicioso: internos con TDAH no diagnosticado que acumulan sanciones, pierden permisos, fracasan en los programas y salen a la calle exactamente igual —o peor— que cuando entraron.

La responsabilidad ética del Estado.

Un sistema penitenciario democrático no puede permitirse ignorar un trastorno que afecta a un porcentaje tan elevado de su población. No se trata de “medicalizar” la conducta delictiva, sino de reconocer que la salud mental es un derecho humano, también tras los muros. Y de asumir que la reinserción no es un eslogan, sino una obligación constitucional.

España necesita: Cribados sistemáticos de TDAH en el ingreso penitenciario. Equipos clínicos formados y suficientes. Tratamientos continuados y coordinados con la red sanitaria exterior. Programas específicos de intervención psicoeducativa y regulación emocional. Investigación pública que cuantifique la prevalencia real en nuestras prisiones.

No es una cuestión técnica: es una cuestión de justicia. Una democracia se mide también por cómo trata a quienes no ve.

El TDAH en prisión es un espejo incómodo que revela las grietas de nuestro sistema penal. Habla de desigualdad, de abandono institucional, de diagnósticos perdidos y de vidas que pudieron ser distintas. Habla, en definitiva, de un Estado que aún no ha entendido que la salud mental no es un lujo, sino un pilar de la convivencia democrática. Mientras no asumamos esta realidad, seguiremos llenando celdas con personas que necesitaban tratamiento antes que castigo. Y seguiremos llamando “seguridad” a lo que, en el fondo, es ceguera institucional.

Tu cerebro no piensa: te piensa.

2026-02-22T14:37:00.002+01:00

El espacio neuronal: cuando el cerebro deja de ser un mapa y se convierte en un universo.

Durante décadas hemos descrito el cerebro como un conjunto de áreas especializadas: aquí el lenguaje, allí la memoria, más allá la emoción. Una cartografía cómoda, casi escolar, que nos permitía explicar lo complejo con trazos gruesos. Sin embargo, la neurociencia contemporánea está desmontando esa visión parcelada. Hoy sabemos que el cerebro no funciona como un mapa, sino como un espacio dinámico, un territorio en constante reconfiguración donde lo importante no es el lugar, sino la relación.

A esta idea se la conoce como teoría del espacio neuronal, y supone un giro conceptual profundo: el cerebro no opera mediante módulos aislados, sino mediante patrones de actividad distribuidos, que se organizan en un espacio matemático de alta dimensionalidad. En otras palabras, lo que pensamos, sentimos o recordamos no está “guardado” en un punto concreto, sino en la forma que adopta la actividad de millones de neuronas al interactuar entre sí.

Del mapa al espacio: un cambio de paradigma.

La teoría del espacio neuronal propone que cada estado mental —una palabra, un recuerdo, una emoción— puede representarse como una configuración geométrica dentro de ese espacio. No es una metáfora poética: es matemática pura aplicada a la biología. Las neuronas no solo se activan o desactivan; dibujan formas, trayectorias, atractores dinámicos que permiten al cerebro moverse entre ideas, anticipar, decidir o imaginar.

Este enfoque explica algo que la vieja cartografía cerebral no podía:

la flexibilidad.

Si una región se daña, otras pueden reorganizarse para asumir funciones. Si aprendemos algo nuevo, el espacio neuronal se expande, se dobla, se reconfigura. El cerebro no es un mapa fijo, sino un universo en expansión.

Un cerebro que no piensa en lugares, sino en distancias.

Lo fascinante es que, en este modelo, lo relevante no es dónde ocurre la actividad, sino qué tan cerca o lejos están entre sí los patrones neuronales. Dos ideas similares ocupan regiones próximas en ese espacio; dos emociones opuestas, regiones lejanas. Así, la creatividad podría entenderse como la capacidad de saltar entre zonas distantes del espacio neuronal, mientras que la memoria sería la habilidad de volver a trayectorias ya recorridas.

Este marco también ilumina fenómenos como la intuición: decisiones rápidas que emergen cuando el cerebro reconoce una forma familiar en el espacio neuronal antes de que podamos verbalizarla.

Implicaciones para la salud, la educación y la tecnología.

Pensar el cerebro como un espacio abre puertas inesperadas: En salud mental, permite comprender trastornos como depresiones o fobias como “atascos” en atractores neuronales difíciles de abandonar. En educación, sugiere que aprender no es acumular datos, sino reconfigurar el espacio interno, creando nuevas rutas entre conceptos. En inteligencia artificial, inspira modelos que no imitan áreas cerebrales, sino geometrías de pensamiento. Y, por supuesto, plantea preguntas filosóficas: si nuestra identidad es una forma en un espacio, ¿qué ocurre cuando ese espacio cambia? ¿Somos los mismos cuando nuestras trayectorias neuronales se reescriben?

Un universo dentro del cráneo.

La teoría del espacio neuronal no es solo un avance científico; es una invitación a mirar el cerebro con otros ojos. No como un órgano dividido en compartimentos, sino como un cosmos vibrante donde cada pensamiento es una constelación efímera. Quizá por eso comprender el cerebro es tan difícil: porque, en cierto modo, somos el espacio que habitamos.

Las Escalas Magallanes (EMTDAH)

2026-02-10T12:18:10.066+01:00

José Carlos Piñeiro, Pedagogo y Psicólogo Legal y Forense.

Las Escalas Magallanes (EMTDAH)

Evaluación de Precisión en el TDAH: De la EMTDA-H a las ESMIDAs

Las Escalas Magallanes de Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (EMTDA-H) representan un hito en la evaluación psicopedagógica en España e Iberoamérica. Desarrolladas por E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago (Grupo ALBOR-COHS), estas herramientas nacieron en 1995 como respuesta a la necesidad de disponer de materiales actualizados y adaptados a nuestra realidad socio-cultural.

¿Qué evalúa la EMTDA-H?

Su objetivo principal es la identificación de dificultades atencionales en niños y adolescentes, permitiendo valorar la presencia, intensidad e impacto de la sintomatología. A diferencia de otros instrumentos, su diseño impone restricciones estrictas a las observaciones conductuales, lo que minimiza el riesgo de falsos positivos (identificaciones erróneas).

La escala se desglosa en 17 elementos clave:

Hiperactividad/Hiperkinesia (6 ítems): Observaciones sobre actividad motriz excesiva.
Atención Sostenida (6 ítems): Aspectos relacionados con la persistencia en la tarea.
Déficit de Reflexividad o Impulsividad (5 ítems): Manifestaciones conductuales sin mediación verbal.

Estructura y Ámbitos de Aplicación

Para una visión 360º del menor, la escala cuenta con dos formas paralelas:

Ámbito Familiar (Af): Cumplimentada por padres o tutores (Rango: 6 a 16 años).
Ámbito Escolar (Ae): Cumplimentada por el profesorado (Rango: 6 a 12 años).

Además de detectar el TDAH, estas escalas son fundamentales para identificar problemas en áreas críticas del desarrollo: agresividad, retraimiento social, ansiedad y rendimiento académico.

La Evolución Necesaria: De la EMTDA-H a las ESMIDAs

La ciencia es dinámica. Aunque la EMTDA-H demostró una alta validez predictiva, la práctica clínica reveló un grupo de sujetos con Déficit de Eficacia Atencional (lentitud motriz y cognitiva o "tempo cognitivo lento") que no encajaban en el perfil de déficit de atención sostenida.

Por ello, en 2011, las ESMIDAs (Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención) sustituyeron formalmente a la EMTDAH. Esta evolución no se debió a errores metodológicos, sino a la necesidad de:

Incluir a los "Inatentos": Un grupo que representa aproximadamente el 13% de la población y tiene gran impacto en el fracaso escolar.
Adaptación Evolutiva: Las manifestaciones del TDAH cambian con la edad; las ESMIDAs permiten evaluar correctamente a adolescentes y adultos.
Medición de Intensidad: Permiten cuantificar la "amplitud" del trastorno en la vida diaria del sujeto.

Nota del Especialista: La transición hacia las ESMIDAs asegura que ningún perfil —ya sea hiperactivo o inatento— quede fuera de un diagnóstico preciso, garantizando así intervenciones psicoeducativas y legales más eficaces.

Operación Columna: los represaliados se organizan.

2026-02-01T17:07:00.001+01:00

Gobernar debería ser un acto de servicio, no una carrera de enriquecimiento personal ni una trinchera ideológica.

Es hora de dejar de poner a los peores por fidelidad partidista y empezar a distinguir entre personas buenas y malas para el bien común. Menos ideología vacía y más responsabilidad real.

La clase política española vive instalada en un sistema de privilegios que se ha ido alejando, paso a paso, de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Un sistema que se autoprotege, que se reproduce a sí mismo y que, lo más grave, ha dejado de rendir cuentas de forma efectiva a quienes le otorgan el poder: los ciudadanos.

España sigue careciendo de una legislación electoral que contemple mecanismos reales de revocación de cargos públicos cuando incumplen de manera flagrante sus promesas electorales. Hoy, un representante puede prometer, mentir, incumplir y desaparecer durante cuatro años sin asumir responsabilidad política, ética ni penal. Esa impunidad estructural es una de las principales causas del descrédito absoluto de la política institucional.

Resulta incomprensible que en pleno siglo XXI no exista la posibilidad de revocar el mandato a quienes traicionan el interés general. Más aún, que no se contemple responsabilidad penal cuando el incumplimiento deliberado de compromisos públicos deriva en daños sociales, económicos o incluso en pérdidas de vidas humanas. Porque gobernar mal no siempre es un error: muchas veces es negligencia, desidia o corrupción.

El sistema de listas cerradas y bloqueadas es otro de los pilares del problema. El ciudadano no elige a sus representantes; elige siglas, mientras los partidos colocan a los obedientes, a los mediocres y, en demasiadas ocasiones, a los peores. Las listas abiertas permitirían algo tan democrático como premiar a quienes trabajan y apartar a quienes viven de la política sin servir a nadie más que a su partido o a sí mismos.

A ello se suma un modelo territorial y electoral fragmentado que favorece el clientelismo y la desigualdad del voto. Una circunscripción única o un colegio electoral único a nivel nacional devolvería valor real a cada voto y pondría fin a la sobrerrepresentación interesada que hoy sostiene gobiernos débiles y rehénes de minorías. Menos cargos electos, menos estructuras duplicadas y una administración más austera no debilitarían la democracia: la fortalecerían.

El Senado, tal y como está concebido, es el ejemplo más claro de una institución costosa, ineficaz y desconectada de la ciudadanía. O se reduce a la mínima expresión o se elimina. Mantenerlo por inercia solo alimenta la percepción de que la política sirve para colocar cargos y repartir sueldos, no para resolver problemas.

Mientras tanto, los españoles siguen enterrando a sus muertos. Accidentes ferroviarios que se repiten, carreteras mal mantenidas, infraestructuras anunciadas y nunca ejecutadas, advertencias técnicas ignoradas. El último accidente de tren no es un hecho aislado: es la consecuencia de decisiones políticas tomadas desde despachos alejados de la realidad, donde el cálculo electoral pesa más que la seguridad de las personas.

Las muertes en carretera tampoco son estadísticas inevitables. Son, en muchos casos, el resultado de la dejación de funciones, de presupuestos mal ejecutados y de prioridades equivocadas. Cuando la política falla, no falla en abstracto: falla sobre cuerpos concretos.

Hoy la confianza de los españoles en sus dirigentes es prácticamente nula. La percepción social es clara y transversal: la clase política forma parte del problema, no de la solución. Se la percibe como un engranaje más de la corrupción generalizada que recorre España y buena parte de Europa, una corrupción que no siempre es penal, pero sí moral, estructural y sistémica.

Gobernar debería ser un acto de servicio, no una carrera de enriquecimiento personal ni una trinchera ideológica. Es hora de dejar de poner a los peores por fidelidad partidista y empezar a distinguir entre personas buenas y malas para el bien común. Menos ideología vacía y más responsabilidad real.

La democracia no está en peligro por exigir más controles, más revocaciones y menos privilegios. Está en peligro precisamente por no hacerlo.

Operación Columna: los represaliados se organizan

2026-01-24T16:48:00.001+01:00

Los guardias civiles democráticos: la represión silenciada de la Transición.

La historia reciente de España arrastra una deuda incómoda que el poder político ha preferido enterrar bajo el silencio: la persecución sistemática de guardias civiles que, durante los gobiernos socialistas de Felipe González, osaron reclamar algo tan elemental como el respeto a los derechos constitucionales que la propia Constitución de 1978 proclamaba.

Aquellos guardias civiles no empuñaron armas, no se alzaron contra el Estado ni atentaron contra el orden democrático. Hicieron exactamente lo contrario: acudieron a la vía pacífica, jurídica y constitucional para reclamar derechos fundamentales, entre ellos el derecho de asociación profesional. La respuesta del Estado fue la represión.

Expulsiones, ingresos en prisión, sanciones disciplinarias arbitrarias y, en los casos más graves, internamientos psiquiátricos forzosos bajo diagnósticos inexistentes. Auténticos “gulags de la democracia”, centros donde se neutralizaba al disidente uniformado mediante la patologización de la discrepancia. No era una excepción: fue una operación organizada, estructurada y deliberada.

El tiempo y la justicia internacional terminaron dando la razón a quienes fueron tratados como enemigos internos. El Tribunal Constitucional y, de forma especialmente contundente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconocieron que se habían vulnerado derechos fundamentales. Declararon que los guardias civiles democráticos tenían derecho a asociarse y que las represalias sufridas constituían violaciones graves del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH fue más allá: condenó al Estado español por detenciones ilegales y por el uso abusivo del aparato disciplinario y penal contra ciudadanos que solo reclamaban derechos. Las sentencias fueron claras. Las responsabilidades, evidentes. Pero la ejecución de esas resoluciones sigue pendiente a día de hoy.

Ni el Estado español ni la Guardia Civil han cumplido íntegramente las sentencias. No se han ejecutado las reparaciones, no se ha producido un reconocimiento público del daño causado, no se han depurado responsabilidades políticas ni administrativas, y no se ha levantado el secreto de las operaciones que articularon esta represión, conocida como Operación Columna.

Lejos de desaparecer, los represaliados se organizaron. Hoy se agrupan en asociaciones de guardias civiles represaliados que reclaman justicia, no venganza. Reclaman indemnizaciones por los daños patrimoniales y morales sufridos, el reconocimiento público de su dignidad profesional, el pase a retirados por acoso laboral en acto de servicio, y la concesión de los reconocimientos meritorios que durante décadas les fueron negados por motivos ideológicos.

Pero su reivindicación va más allá de lo personal. Exigen una comisión de investigación parlamentaria y gubernamental, integrada en las políticas de memoria histórica, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y levantar el secreto oficial que aún cubre una de las operaciones más oscuras de la democracia española.

Porque no hubo reconciliación sin verdad, ni democracia plena mientras se siga ocultando que, en nombre del Estado de derecho, se cometieron abusos propios de regímenes autoritarios. La Transición no puede seguir siendo un relato intocable si se quiere una democracia madura.

Los guardias civiles democráticos no fueron un problema para España. Fueron una oportunidad perdida. Y mientras sus sentencias sigan sin ejecutarse y su memoria siga siendo incómoda para el poder, la democracia española seguirá teniendo una herida abierta que ningún discurso institucional puede cerrar.

La justicia que llega tarde, y no se cumple, deja de ser justicia.

Las pruebas y la ciencia. Un camino que asegura la legalidad y la legitimidad en la justicia.

2025-10-26T12:37:00.001+01:00

Autor. José Carlos Piñeiro, Docente Centro Formación ANTAP y Responsable de la comisión legal y Forense CLFM Centro Formación ANTAP

Unir la ciencia al derecho, significa aportar pruebas a la justicia para que ésta sea justa y legítima.Una justicia que funcione, no que impresione.

Desde la Comisión Jurídica Legal y Forense de ANTAP, llevamos años apostando por las resoluciones judiciales basadas en pruebas y no en grandes discursos en los foros, en cambios fundamentales uniendo la ciencia a la justicia y sobre todo apostamos por el derecho humano a la defensa de uno mismo, eliminando trabas e intermediarios que limitan los accesos a la justicia.No buscamos sentencias grandilocuentes, sino resoluciones justas. No queremos foros llenos de palabras, sino salas llenas de pruebas. No aspiramos a prestigio vacío, sino a legitimidad construida sobre hechos. La CJLM de ANTAP es la voz de quienes creen que la justicia no se declama: se demuestra.

Artículo General: Transformación del Rol del Perito Judicial bajo la Ley 1/2025.

La Ley Orgánica 1/2025 marca un antes y un después en la integración de la ciencia en los procesos judiciales. Esta reforma refuerza el papel del perito como agente técnico clave en la resolución de controversias, tanto judiciales como extrajudiciales. Los principales ejes de cambio incluyen:

Participación activa en los MASC (Mediación, Arbitraje y Negociación)
Exigencia de formación técnica y jurídica acreditada
Digitalización de la actividad pericial
Protección y regulación de honorarios
Reconocimiento procesal en leyes clave como la LEC, LECRIM y la jurisdicción contencioso-administrativa

Esta evolución posiciona al perito como puente entre el conocimiento científico y la justicia, con nuevas oportunidades profesionales y responsabilidades.

Artículo 1: El Perito en los MASC – Mediación, Arbitraje y Negociación

La Ley 1/2025 establece que en muchos procedimientos civiles y mercantiles es obligatorio intentar resolver el conflicto fuera del juzgado. Aquí, el perito puede actuar como:

Asesor técnico imparcial en mediaciones y negociaciones
Árbitro técnico independiente si las partes lo aceptan
Facilitador de acuerdos mediante dictámenes previos

Este cambio abre una vía profesional extrajudicial donde el conocimiento técnico se convierte en herramienta de resolución.

Artículo 2: Titulación y Acreditación Técnica Obligatoria

La nueva normativa exige que los peritos cuenten con:

Formación técnica en su especialidad
Conocimientos jurídicos básicos
Certificaciones válidas para actuar en MASC

Esto impulsa la profesionalización del sector y la creación de programas formativos específicos, como los ofrecidos por ANTAP, dentro de sus planes de formación incluidos en su centro de formación y su comisión Jurídico Legal y Forense.

Artículo 3: Digitalización del Sistema Judicial

La Ley 1/2025 promueve la modernización del entorno judicial:

Informes periciales en PDF con firma digital
Ratificaciones por videoconferencia (especialmente en casos sensibles)
Comunicaciones electrónicas con juzgados

Esto permite al perito trabajar desde cualquier lugar, agilizando procesos y reduciendo desplazamientos.

Artículo 4: Provisión de Fondos y Protección de Honorarios

Se introducen garantías para que el perito cobre por su trabajo:

Posibilidad de exigir provisión de fondos antes de emitir el informe
Derecho a impugnar costas si los honorarios no son reconocidos
Obligación de justificar detalladamente la minuta

Además, se regula la impugnación de honorarios excesivos y se permite solicitar exoneración si hubo propuesta extrajudicial rechazada.

Artículo 5: Reconocimiento Legal en Reformas Procesales

La figura del perito se menciona explícitamente en reformas de:

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM): orden de lectura de listas de peritos
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: inclusión de informes periciales en actas
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): pago de honorarios, impugnación de costas, y regulación de propuestas en MASC

Esto consolida su papel técnico en el proceso judicial y garantiza su visibilidad en las decisiones procesales.

Para concluir Ya. Ciencia, técnica y derecho: una alianza necesaria.

La justicia del siglo XXI no puede permitirse ignorar el conocimiento experto. Por eso, ANTAP impulsa: La formación continua de peritos, tramitadores y juristas en entornos de colaboración. La mediación técnica como vía preferente de resolución de conflictos. La estandarización de informes periciales con criterios de calidad y trazabilidad. La defensa de la independencia técnica frente a presiones procesales o institucionales

El poder judicial, sometido y cómplice del poder político.

2025-09-07T12:59:00.002+02:00

La actual presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha optado por el más indecente de los olvidos: no reprender ni abrir expediente alguno a los jueces que se declaran en huelga pese a estarles expresamente prohibido. Una omisión que retrata a un órgano más preocupado por proteger a los suyos que por garantizar la legalidad y la independencia judicial.

Autor: José Carlos Piñeiro, Autor de la columna Tricornios en Democracia. Periodista Digital.

Justicia amordazada, y gran silencio ante las repetidas huelgas ilegales de los jueces.

El Consejo General del Poder Judicial calla. Calla ante huelgas ilegales de jueces. Calla ante el incumplimiento de las sentencias del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorables a los guardias civiles democráticos. Calla ante la represión que, bajo el gobierno de Felipe González, llevó a miembros de la UMDVERDES a las prisiones militares y a los psiquiátricos. Ese silencio no es prudencia: es sumisión al poder políticoLa actual presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha optado por el más indecente de los olvidos: no reprender ni abrir expediente alguno a los jueces que se declaran en huelga pese a estarles expresamente prohibido. Una omisión que retrata a un órgano más preocupado por proteger a los suyos que por garantizar la legalidad y la independencia judicial.

Huelgas ilegales: jueces por encima de la ley.

Los jueces, a los que la Constitución no reconoce derecho de huelga, han parado, han hecho presión y han usado la justicia como arma corporativa. Nadie les ha exigido responsabilidades. El CGPJ, que debería actuar, se ha convertido en su escudo. ¿Qué confianza puede tener el ciudadano en un poder que incumple sus propias reglas?

El silencio del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial calla. Calla ante huelgas ilegales de jueces. Calla ante sentencias firmes del Constitucional y del TEDH a favor de los guardias civiles democráticos. Calla ante la represión que llevó a la cárcel y al psiquiátrico a los miembros de la UMDVERDES por orden del Ejecutivo de Felipe González.

Ese silencio no es neutral es sumisión.

El CGPJ no defiende la independencia judicial, se pliega al poder político. Hoy al PSOE, ayer al PP. Mañana al que mande. La Constitución, en su artículo 104, definió a la Guardia Civil como Fuerza de Seguridad del Estado, no como Fuerza Armada. Y sin embargo, se les castigó como a enemigos militares. Un poder judicial sometido no es justicia. Es obediencia disfrazada de toga. Es silencio que condena. Es complicidad.

El CGPJ no es un árbitro:

Es parte del juego. Con su silencio, legitima la injusticia. Con su inacción, protege a los poderosos. Con su pasividad, traiciona la independencia que debería defender. Los guardias civiles democráticos, castigados con cárcel y psiquiátricos, lo saben bien. Y la sociedad española debería recordarlo: un poder judicial sometido no es poder judicial. Es un instrumento político disfrazado de toga.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron claros:

Los guardias civiles democráticos -UMDVERDES- tenían razón. Se les vulneraron derechos.Especialmente el de su derecho a la libertad, España fue condenada por detenciones ilegales por el TEDH. Se les castigó por querer una Guardia Civil libre, leal a la Constitución y no al autoritarismo. Pero las sentencias siguen sin cumplirse. El Estado calla. El CGPJ calla. Y con cada día de retraso, se confirma que la justicia en España se dobla ante el poder político.

La represión olvidada, prisiones y psiquiátricos:

Durante el gobierno de Felipe González, guardias civiles de la UMDVERDES fueron encarcelados en prisiones militares. Otros fueron encerrados en psiquiátricos por orden del Ejecutivo. ¿Su delito? Defender la democracia dentro de la Guardia Civil.

Para terminar Ya. Mientras los guardias civiles democráticos ejercieron un derecho legal, el de asociación, y fueron castigados con expulsiones, prisiones e incluso internamientos psiquiátricos, los jueces protagonizan huelgas ilegales, expresamente prohibidas, y reciben comprensión, premios y privilegios. ¿Qué clase de Consejo General del Poder Judicial tenemos, que condena al débil y protege al fuerte? ¿Qué Estado de Derecho puede sostenerse sobre semejante doble vara de medir?

Carta abierta al Presidente Pedro Sánchez.

2025-09-07T10:45:00.006+02:00

Una declaración solemne del Congreso de los Diputados, semejante a la que se otorgó en su día a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), sería un gesto político de justicia, grandeza moral y coherencia democrática.

Autor Pedro Pacheco Martíin.

Señor presidente:

En primer lugar, permítame agradecerle a usted y a su Gobierno —y estoy seguro de hacerlo también en nombre de miles de policías y guardias civiles demócratas— por haber puesto fin a una injusticia que ha durado más de treinta años, causando sufrimiento y dolor a los agentes afectados, a sus familias y a la propia imagen de la Guardia Civil.

La rehabilitación de cuatro de los cinco guardias civiles expulsados del cuerpo (Manuel Rosa Recuerda, José Morata Gargallo, José Piñero González y Manuel Linde Falero), por querer hacer valer sus derechos constitucionales, ha sido un acto de justicia. Lamentablemente, sigue incomprensiblemente excluido de esta medida Juan Manuel Páez Muñoz.

Su readmisión viene a poner negro sobre blanco el atropello político cometido con la complicidad necesaria de un sistema judicial y de una cúpula del cuerpo que, aferrados a la nostalgia y a la marcialidad, privaron a estos hombres de los derechos que la Constitución ya reconocía.

Las prisiones militares, los ingresos en psiquiátricos sin prescripción facultativa y el hostigamiento constante formaron parte de la ignominia sufrida por estos agentes, hasta su expulsión o hasta que muchos otros se vieron forzados a pedir la baja voluntaria.

La llamada “Operación Columna”, llevada a cabo en tiempos del director general Luis Roldán, con José Luis Corcuera como ministro del Interior y Felipe González como presidente del Gobierno, y sostenida por gobiernos posteriores, exige por decencia democrática algo más que una severa mirada al pasado: requiere verdad, justicia y responsabilidades.

Conviene recordar que el origen de esta brutal represión no fue otro que el ejercicio legítimo de un derecho fundamental: el derecho de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución. Así ocurrió cuando en 1988 el cabo primero Manuel Rosa Recuerda presentó ante el Ministerio del Interior la inscripción de la Asociación Democrática de Guardias Civiles (ADGC). Un año después, en 1989, José Piñeiro González solicitó la inscripción de la Sociedad Unionista de Guardias Civiles (SUGC).

Por esos actos democráticos, sus promotores fueron acusados de sedición, detenidos y encarcelados. Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Constitucional (STC, Recurso de Amparo 871/1990, de 18 de octubre de 1993) reconoció el derecho de asociación, anuló las resoluciones denegatorias y obligó a la Administración a dictar resolución motivada sobre la inscripción. Sentencia no ejecutada al día de la fecha.

Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia núm. 69966/01, de 2 de noviembre de 2006) concluyó que la privación de libertad de un guardia civil (Carlos Dacosta Silva) no se ajustó a procedimiento legal alguno, constituyendo detención ilegal y vulneración del artículo 5.1 del Convenio Europeo. España fue condenada por violar derechos humanos en el marco de un régimen disciplinario arbitrario.

Durante más de cinco años, los tribunales militares dictaron resoluciones contra los guardias civiles que ejercían derechos fundamentales. La lucha por evitar la aplicación del Código de Justicia Militar fue inútil, los tribunales ordinarios se inhibieron de los Habeas Corpus presentados y ni la Fiscalía, encargada de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, ni la Abogacía del Estado, mostraron voluntad de reparar la injusticia.

Señor presidente, el papel desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la que pertenece la Guardia Civil, durante la transición, en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, merece respeto y reconocimiento. Pero también requiere reparar el honor mancillado de aquellos que, por defender la democracia dentro del cuerpo, fueron perseguidos y vilipendiados. Es imposible devolverles la salud quebrada, el tiempo perdido o la humillación sufrida, pero la verdad y el reconocimiento institucional sí pueden restaurar, al menos, la dignidad arrebatada.

Por ello, una declaración solemne del Congreso de los Diputados, semejante a la que se otorgó en su día a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), sería un gesto político de justicia, grandeza moral y coherencia democrática.

Atentamente,

Evaluación Forense del Riesgo de Suicidio: Un Enfoque Actualizado

2025-08-30T15:38:00.003+02:00

Autor: José Carlos Piñeiro, Periodista, Psicólogo Forense, Pedagogo, Logopeda, Educador Social, Dtor. Centro Sanitario C-36-002673, "Autor de Tribuna Tricornios en Deemocracia".

Introducción

El suicidio representa un grave problema de salud pública y es una causa de muerte que, en muchísimos casos, puede prevenirse. Frecuentemente, ocurre en personas que padecen trastornos psiquiátricos. Por ello, la detección y evaluación del riesgo suicida es una tarea clínica fundamental para los profesionales de la salud, ya que permite implementar medidas preventivas eficaces para proteger al paciente. Este artículo revisa los factores de riesgo y protección, las señales de una crisis suicida y las pautas para su manejo, basándose en la evidencia actual.

Factores de Riesgo Suicida

La labor clínica con pacientes en riesgo consiste en gran medida en identificar y reducir los factores de riesgo mientras se potencian los factores protectores. Enfermedades Psiquiátricas: Son uno de los indicadores más relevantes. Trastornos del ánimo (depresión y bipolaridad), esquizofrenia, abuso de sustancias y alcohol, trastornos de la personalidad (especialmente el límite el antisocial), trastornos alimentarios y de pánico aumentan significativamente el riesgo. La comorbilidad, es decir, la presencia de varios trastornos a la vez, es muy común en quienes intentan o consuman el suicidio. Cerca del 90% de las víctimas de suicidio presentaban un trastorno psiquiátrico diagnosticable. Intentos e Ideas Suicidas Previas: Un intento de suicidio previo es el predictor más potente de un futuro suicidio, elevando la probabilidad hasta 40 veces. El mayor riesgo se concentra en el semestre posterior al intento. La mitad de quienes consuman un suicidio lo habían intentado antes. La presencia de ideas suicidas, desde pensamientos vagos hasta planes estructurados, también es una señal temprana de vulnerabilidad. Factores Genéticos y Familiares: La conducta suicida tiene un componente familiar y genético significativo, que se transmite de forma independiente a otros trastornos psiquiátricos. La exposición a conductas suicidas en la infancia también incrementa el riesgo. Eventos Vitales y Apoyo Social: Acontecimientos adversos como conflictos interpersonales, desempleo, problemas financieros, duelos o violencia doméstica suelen preceder a los actos suicidas. La falta de apoyo social percibido agrava el riesgo, mientras que su existencia actúa como un factor protector clave. Factores Psicológicos y Cognitivos: La desesperanza, definida como expectativas negativas sobre el futuro, es un predictor más potente de la intención suicida que la propia depresión. Otros factores incluyen la rigidez cognitiva, la incapacidad para resolver problemas y una visión de la vida en términos de todo o nada (pensamiento dicotómico). Enfermedades Médicas: Ciertas condiciones médicas como el SIDA, la epilepsia, el daño cerebral y algunos tipos de cáncer aumentan el riesgo suicida, a menudo en combinación con cuadros depresivos.

La Crisis Suicida: Diagnóstico y Evaluación

La crisis suicida es un período de tiempo limitado durante el cual el riesgo de un acto autolítico puede aumentar rápidamente.

Evaluación de las Ideas Suicidas

Es crucial explorar diversas dimensiones de la ideación: Frecuencia, Duración e Intensidad: Ideas muy frecuentes (casi continuas) o de larga duración (horas) son más graves. Planes y Concreción: Se debe preguntar directamente si existen planes: "¿Cuándo?", "¿Cómo?", "¿Dónde?". La existencia de un plan concreto es una señal de alta gravedad. Intención y Control: Es importante diferenciar entre la idea ("pienso en matarme") y la intención ("quiero hacerlo"). Se debe evaluar la capacidad percibida por el paciente para controlar estos impulsos. Actitud: Si el paciente acoge las ideas como una solución (egosintónicas) el riesgo es mayor que si le generan angustia (egodistónicas).

Evaluación de los Intentos de Suicidio

Se debe evaluar la gravedad de un intento previo basándose en dos dimensiones principales: Letalidad del Método: Se clasifica en alta (ahorcamiento, arma de fuego), mediana (ingesta de ciertos medicamentos) y baja (cortes superficiales). Intención Suicida: Una intención elevada se deduce de indicadores como: Planificación detallada y premeditación. Precauciones para evitar ser descubierto. Realización del acto en aislamiento. Dejar una nota suicida. Un intento se considera severo si la letalidad del método fue al menos moderada o si existieron indicadores de alta intención, independientemente de la letalidad.

Señales de Riesgo Inminente

Hay síntomas y conductas que alertan sobre un riesgo próximo, incluso sin verbalización directa: Síntomas Clínicos: Ansiedad severa, insomnio global, agitación, irritabilidad extrema o una mejoría anímica súbita e inexplicable. Cambios Conductuales: Aumento del consumo de alcohol/drogas, aislamiento, regalar posesiones, escribir notas de despedida o buscar métodos para auto-lesionarse.

Manejo Clínico y Niveles de Riesgo

La evaluación del riesgo suicida debe ser continua y recurrente, ya que es un estado dinámico. El objetivo principal es siempre proteger al paciente.

Se puede clasificar el riesgo en cuatro niveles para guiar la intervención: Riesgo Leve: Ideación suicida infrecuente y sin un plan concreto. No hay intentos previos y el autocontrol está conservado. El manejo se centra en el seguimiento ambulatorio y el monitoreo de la ideación. Riesgo Moderado: Ideas más frecuentes e intensas, con planes vagos pero sin intención explícita. El autocontrol es bueno. Requiere consultas frecuentes, posible monitoreo telefónico e implicación de la familia. Todo paciente que ha realizado un intento de suicidio se clasifica, como mínimo, en este nivel. Riesgo Severo: Ideación persistente con planes específicos e indicadores indirectos de intención (búsqueda de método, cartas). El autocontrol está deteriorado y hay múltiples factores de riesgo. La hospitalización es la medida inmediata recomendada. Riesgo Extremo: Similar al severo, pero con indicadores directos de intención suicida y una ausencia total de factores protectores (apoyo social, esperanza, etc.). La hospitalización, incluso involuntaria, es mandatoria.

Indicaciones de Hospitalización Psiquiátrica

La hospitalización es necesaria en casos de: Intentos de alta letalidad o con método violento. Persistencia de la ideación o intención suicida tras un intento. Pacientes varones, mayores de 45 años, con poco apoyo social. Existencia de un trastorno psicótico o grave del ánimo. Contexto familiar violento o falta de una red de contención segura.

Conclusión. La evaluación del riesgo suicida es una competencia indispensable en la práctica clínica y forense. Debe ser un proceso sistemático, continuo y multidimensional, que no solo considere al paciente, sino también su contexto social y familiar. Una correcta estratificación del riesgo permite aplicar las medidas de protección más adecuadas, desde el seguimiento ambulatorio intensivo hasta la hospitalización, con el fin último de preservar la vida.

La Opacidad en los datos de bajas psicológicas en la Guardia Civil.

2025-08-26T00:04:00.006+02:00

Autor: José Miguel Prades.

Hipótesis sobre la falta de transparencia:

La ausencia de información pública y detallada sobre las bajas psicológicas y los retiros por salud mental en la Guardia Civil puede explicarse por diversos factores. En primer lugar, la naturaleza militar del cuerpo favorece una cultura institucional de reserva frente a la divulgación de datos internos, especialmente en ámbitos considerados sensibles. En segundo lugar, existe una estigmatización histórica de los problemas de salud mental en los cuerpos de seguridad, lo que disuade a la organización de reconocer de manera explícita la magnitud de estas situaciones. Asimismo, el argumento recurrente de la protección de datos personales se utiliza como justificación para no ofrecer información desagregada, pese a que sería perfectamente posible hacerlo de forma agregada y anonimizada. Finalmente, deben considerarse también los factores de gestión reputacional y política, ya que el número de suicidios, bajas y retiros por causas psicológicas ha sido objeto de debate parlamentario y mediático, lo que puede incentivar una política de opacidad para evitar desgaste institucional.

Qué datos faltan y por qué resultan relevantes:

La principal carencia detectada es la inexistencia de un repositorio oficial y sistemático que ofrezca cifras concretas y actualizadas. Entre los datos más relevantes que faltan destacan:

ï Número anual de bajas médicas temporales por causas psicológicas (ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, burnout). Estos permitirían dimensionar el problema y compararlo con la población general.

ï Número anual de expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas por causas psiquiátricas, dato clave para conocer cuántos agentes ven interrumpida su carrera profesional.

ï Duración media de las bajas psicológicas, indicador fundamental de gravedad y de costes organizativos.

ï Número de retiradas temporales de arma de fuego por riesgo psíquico, como medida preventiva frente al suicidio.

ï Distribución de las bajas por unidades y especialidades (sin identificación individual), útil para detectar áreas de mayor riesgo y orientar la prevención.

ï Datos de reincorporaciones y recurrencia de bajas, necesarios para evaluar la eficacia de las intervenciones y programas de apoyo.

La ausencia de estas cifras impide diseñar políticas basadas en evidencia y limita tanto la capacidad de prevención como la de evaluación de la efectividad de las medidas ya en marcha. Es necesario reducir las bajas psicológicas, los suicidios, y garantizar transparencia pública con un plan de hechos medibles y controlados, con plazos, datos abiertos y control independiente.

Recomendaciones prácticas alineadas con la OMS y la OIT:

De acuerdo con las directrices internacionales sobre salud mental en el trabajo (OMS/OIT, 2022), se plantean las siguientes líneas de actuación:

1. Transparencia y gobernanza: publicación de un informe anual anonimizado de salud laboral que incluya datos agregados de bajas psicológicas, retiradas de armas y retiros definitivos por insuficiencia psicofísica. La creación de un observatorio interno de salud mental reforzaría la credibilidad y el seguimiento.

2. Evaluación sistemática de riesgos psicosociales: aplicación periódica de herramientas reconocidas (como FPSICO del INSST) que permitan identificar factores de riesgo organizativos y orientar medidas preventivas.

3. Formación de mandos y cambio cultural: capacitación obligatoria en detección precoz, liderazgo saludable y protocolos de apoyo tras incidentes críticos, acompañada de campañas internas para reducir el estigma y normalizar la búsqueda de ayuda.

4. Protocolos de apoyo y retorno: establecimiento de planes individualizados de reincorporación tras una baja psicológica, incluyendo ajustes temporales de tareas, limitación de la carga y tutorización, con el objetivo de reducir la cronificación y evitar retiros prematuros.

5. Recursos clínicos suficientes y accesibles: garantizar itinerarios ágiles hacia psicología y psiquiatría, tanto mediante recursos internos como con convenios externos, además de desplegar programas de apoyo entre pares supervisados profesionalmente, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

La comparativa internacional es clave porque ayuda a contextualizar la opacidad en España con lo que hacen otros países europeos. He aquí lo más relevante:

Transparencia en España (Guardia Civil / FCSE)

ï Datos parciales: solo afloran cifras de suicidios y bajas psicológicas a través de preguntas parlamentarias, asociaciones profesionales y prensa.

ï No hay informes oficiales periódicos con desagregación por tipo de baja, duración, reincorporaciones o retiros por motivos psiquiátricos.

ï Argumentos de reserva: confidencialidad médico-laboral y naturaleza militar del cuerpo.

Países de nuestro entorno

Reino Unido

ï Alto grado de transparencia institucional.

ï El College of Policing y la National Police Chiefs’ Council publican informes periódicos sobre bienestar policial, bajas por salud mental y suicidios.

ï El Home Office recoge estadísticas detalladas de absentismo, lesiones y causas de baja (incluyendo salud mental).

ï Además, existen auditorías independientes y acceso público a datos desagregados (por cuerpo policial, región y año).

Francia

ï La Police Nationale y la Gendarmerie han empezado a publicar datos de suicidios desde mediados de la década de 2010 tras la presión mediática y sindical.

ï Sin embargo, la información sigue siendo más limitada que en Reino Unido: se comunican cifras globales de suicidios anuales, pero menos datos sobre bajas y retiros por salud mental.

ï Francia ha implementado en 2020 un observatorio nacional del suicidio policial, que aunque no publica todos los microdatos, supone un avance en transparencia.

Alemania

ï Gran parte de la gestión de policía es competencia de los Länder (policías regionales).

ï Algunos Estados federados publican cifras de bajas laborales y motivos (incluyendo causas psicológicas).

ï A nivel federal (Bundespolizei) los datos son más dispersos, pero existen estudios parlamentarios que recogen estadísticas oficiales sobre suicidio y salud mental.

Italia

ï Transparencia similar a Francia: se comunican cifras de suicidios policiales anualmente, generalmente a través del Ministerio del Interior, pero hay poca información pública sobre bajas por salud mental o retiros.

ï Existen asociaciones policiales y ONGs que suplen esa falta de información con recuentos paralelos.

Balance comparativo:

ï Mayor transparencia que España: Reino Unido, y en parte Alemania (según región).

ï Situación intermedia: Francia e Italia (informan suicidios, pero escasa desagregación en bajas).

ï Menor transparencia relativa: España, especialmente en la Guardia Civil, donde la información es más restringida y fragmentada.

En el contexto europeo, España se sitúa en la parte baja de la transparencia institucional sobre salud mental en fuerzas policiales y militares. Mientras Reino Unido ha normalizado la publicación de estadísticas y programas de bienestar con carácter público, en España la Guardia Civil sigue recurriendo a una política de opacidad, lo que obstaculiza el análisis riguroso y la prevención basada en evidencia.

En palabras de Christophe Girard, autor del libro “J’ ai failli in finir” -un impresionante testimonio sobre el estrés, la ansiedad, la depresión y el suicidio en las filas policiales-, “el testimonio es la herramienta más poderosa hasta la fecha para la libertad de expresión. Podemos facilitar tantos números de teléfono o psicólogos como sea posible, pero si la gente no habla, la víctima no llamará".

Un comentario de un lector en respuesta a un artículo de prensa -El Mundo 11.12.24- sobre prevenir el suicidio en las FCSE, manifiesta haber participado "en una de esas autopsias sicológicas por desgracia. Tan sólo se trata de desvincular totalmente el funesto suceso a el trabajo que desarrollaba el finado o su pertenencia al Cuerpo".

No existe un repositorio público con series históricas y desglose oficial por causa de “retirados por bajas psicológicas” en Guardia Civil y Policía Nacional. Parte de lo publicado proviene de respuestas parlamentarias y de asociaciones/sindicatos, lo que obliga a cautela al interpretar magnitudes exactas.

El Portal de Transparencia en España es, en teoría, la vía adecuada para solicitar datos oficiales, también en materia de bajas y retiros en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es útil como vía formal para solicitar datos y dejar constancia de la falta de respuesta, pero no es eficiente en la práctica para acceder de manera sistemática a estadísticas de bajas psicológicas y retiros en la Guardia Civil y demás FCSE.

Lo más frecuente es que: se faciliten datos parciales o genéricos, se denieguen por motivos de confidencialidad o seguridad, o se requiera un proceso de reclamación para obtener cifras mínimamente completas.

La falta de transparencia y publicidad de estos datos dificulta el control público de la eficiencia y efectividad de los mecanismos internos de prevención de riesgos laborales. Implementar soluciones a estas disfunciones, de manera efectiva, es un deber del Gobierno.

Prólogo Azul. Los Policías Nacionales.

2025-08-25T14:03:00.005+02:00

Enlace al Libro de Fornet. Memorias de un Policía Nacional sindicalista. . Enlace al libro de Fornet

En el prólogo de su libro, titulado "Prólogo Azul", un grupo de compañeros y dirigentes policiales rinden homenaje a José Manuel Sánchez Fornet, describiéndolo como una figura clave en el sindicalismo policial español.

Un Liderazgo con Principios

Los autores del prólogo, que incluyen a José Manuel García Nosti, Venancio González, y otros miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), destacan que Fornet es un ejemplo de ética profesional y social. Su postura es descrita como "progresista" y un "inquebrantable enemigo del corporativismo tóxico". Señalan que sus propuestas y manifestaciones siempre han estado orientadas a defender los derechos humanos, civiles y políticos, así como los derechos laborales. Lo describen como una persona que siempre está dispuesta a ayudar, "de frente y por derecho", implicándose plenamente en cualquier problemática, ya sea individual o colectiva.

La Disidencia y sus Consecuencias

Fornet es retratado como un "disidente del pensamiento único" en "permanente reincidencia", siempre en contra de la injusticia. No tuvo miedo de exponer lo que consideraba justo y necesario, lo que a menudo le trajo reproches internos y externos. A pesar de los errores que pudo cometer, el prólogo afirma que su liderazgo dejó una organización sindical solvente y creíble. Su lucha personal no fue fácil, y aunque no salió ileso, los expedientes y las querellas que enfrentó son considerados por sus compañeros como "medallas y ascensos".

Legado y Autocrítica

Durante su liderazgo, el sindicato consolidó su posición, modernizó su gestión y obtuvo mayorías incontestables. También contribuyó a la consolidación del sindicalismo policial español a nivel internacional. No obstante, el prólogo también menciona una autocrítica de Fornet: el error de apoyar a su sucesora en la secretaría general, lo que llevó a la pérdida de la mayoría sindical en las elecciones de 2019. A pesar de este revés, los autores concluyen que "Fornet es historia del movimiento sindical policial español". Enlace al libro de Fornet