Según el auto dictado el pasado martes, la Audiencia Nacional ha anunciado el haber archivado de forma definitiva, la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y otros miembros de su familia, a razón de la demanda por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, en el caso que ha tomado trascendencia mediante las cuentas suizas del HSBC, por aceptar esta entidad la regularización practicada.

En tal sentido, se debe mencionar que Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha explicado a la prensa que “la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación”, por lo que el juzgado se expide de tal forma.

De esta forma, el juez deja de lado cualquier posibilidad de responsabilidad penal que pudiera caber al presidente de la entidad cantábrica, a su hermano Jaime, y hasta otros diez miembros del clan. Todo esto, mediante la aplicación del artículo 305.4 del Código Penal, que permite las regularizaciones fiscales antes de la comunicación al contribuyente de la apertura de un expediente por parte del Estado

Igualmente, para obtener una resolución final del caso probablemente tengamos que esperar aún, ya que para este auto todavía caben presentaciones de recursos de apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, motivo por el cual los 90 millones de euros pagados por Jaime Botín, empresario y principal accionista de Bankinter con el 24% del capital, y sus cinco hijos, volverán al tapete en una instancia más decisiva.

Por otro lado, según se encargó de informar el propio Banco Santander, los doce miembros de la familia Botín implicados en el asunto, presentaron hasta 72 declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio entre los años 2005 y 2009, en razón de los activos de la herencia familiar en Suiza, por lo que debieron pagar a Hacienda unos 200 millones de euros, con recargos incluidos.

Mediante un Real Decreto anunciado en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Madrid ha informado de la legalidad obtenida por la obligatoriedad de notificar las resoluciones de la Agencia Tributaria, mediante boletines oficiales que se expendan por vía electrónica, para de esa forma favorecer la divulgación, y el posterior conocimiento, del contenido que los mismos desarrollen.

En tal sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se encargó de desestimar el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios contra este Real Decreto, el que fuera presentado a fines de octubre de 2010, y el cual iba contra un posible establecimiento de que Hacienda se viera obligada a notificar sus resoluciones por estos medios.

Lo interesante del caso es que la decisión de este jurado no entrañará más de 6.000 euros a la asociación, motivo por el cual “no trata de un requisito técnico que pueda considerarse de imposible cumplimiento”, como han informado los jueces al respecto, quienes además agregan, en referencia a los métodos tradicionales de divulgación, que ambos “tienen ámbitos de aplicación separados, que coexisten, y que por tanto, ni se solapan, ni se superponen”.

Bien vale recordar además que, en su momento, Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, se mostraba en contra de este Real Decreto, en consideración de que sus reglamentos internos violaban la Constitución Nacional, además de otras normas tributarias que consideraban de un nivel superior, sin mencionar la desprotección de datos personales de relevancia que podría producirse y demás.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido al respecto que, a tales efectos, es “el propio contribuyente el que tiene que comunicar su consentimiento para que los trámites tributarios se hagan por vía electrónica”, por lo cual se anularía la discusión al respecto de si se afectan o no las normas tributarias, o si se desprotegen los datos.

En las últimas horas, un tribunal californiano ha dictaminado que Google, finalmente, es inocente ante la demanda de violación de patentes que se presentó en su contra de Oracle, en relación al desarrollo de su sistema operativo Android, en el marco una batalla judicial que se venía estirando a lo largo de los últimos meses.

La decisión del jurado de San Francisco, que finalmente fue elevada de forma unánime por sus diez miembros calificados, estimó que Oracle no ha podido presentar en los últimos tiempos alguna de las tantas alegaciones que presentó en contra de Google, acerca de las posibilidades de que el gigante de Internet haya violado en algún momento las patentes de lenguaje Java, especialmente en el proceso de desarrollo del sistema operativo Android, que es una de sus principales armas del mercado.

En tal sentido, quien se refirió al asunto fue el mismo abogado de Google, Robert Van Nest, cuando al abandonar la sala sostuvo que “estamos muy agradecidos por el veredicto del jurado”. Mientras tanto, los representantes de Oracle evitaron hacer declaraciones, aunque su disconformismo quedó en evidencia, considerando la pérdida de más de mil millones de dólares, cifra que habían interpuesto en la demanda como resarcimiento a Google.

Bien vale recordar en esta instancia que en el año 2009, cuando Oracle acusó a Google de violar las patentes informáticas del lenguaje de programación Java, la primera de las firmas acababa de anunciar la compra de los derechos de autor de este lenguaje al propio inventor de Java, Sun Microsystems, por 7.400 millones de dólares.

Desde ese mismo instante, Google comenzó a negar las acusaciones, sosteniendo que sus desarrolladores de Android no tenían ningún inconveniente legal al utilizar Java hasta entonces, por lo que así lo hicieron. Según sus defensores, el gigante de Internet dio a conocer el sistema operativo Android dos años antes de que Oracle comprara Sun.

En las últimas horas, el grupo Broseta Abogados ha anunciado de forma oficial la reciente constitución de su consejo asesor, el cual estará conformado mediante la incorporación al mismo de “reconocidos profesionales del ámbito empresarial, financiero y social”, tal como se indica en el documento de prensa respectivo, en una noticia de la que se esperaba confirmación por estos días.

Este nuevo segmento de Broseta Abogados, el cual tendrá como principal objetivo en el mercado llevar adelante las líneas estratégicas de movimiento del grupo legal, estará además siendo presidido  por el presidente de APD y de la Fundación Endesa, Rafael Miranda, quien se mostró sumamente emocionado por esta nueva posibilidad y desafío profesional al que se enfrenta.

Incluso, una vez que comience a asentarse en sus funciones más básicas, el consejo asesor también tendrá la potestad de analizar todas las iniciativas llevadas adelante por el grupo, las cuales tengan como fin la apertura de nuevos mercados, ya sea en el orden nacional como internacional de la firma, desarrollando su Plan Estratégico, para así hacer llegar más y mejor las ideas y servicios del despacho a sus receptores.

En este mismo sentido, quien se manifestó ante la prensa fue el propio socio director del despacho, Manuel Broseta, quien indicó que “la creación del consejo asesor aportará a la firma ideas, experiencia, solvencia, proyección y capital relacional de alto nivel”, a la vez que aseguró que hacía tiempo que el despacho venía trabajando en este apartado.

Luego, y más allá de la citada presidencia del consejo asesor, que será llevada adelante por Miranda, también se han anunciado los demás miembros del consejo, como el general del Club de Excelencia en Insensibilidad, Juan Alfaro, el director general del diario Expansión, Carlos Beldarraín, el director general del Banco Espirito Santo, Pedro Escudero y el presidente del grupo europeo de M&A en Deutsche Bank, Donald Johnston.

En las últimas horas, la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorro, junto con la Asociación de Cuadros y Profesionales de Bankia, se han hecho presentes ante la Fiscalía General del Estado, a fin de hacer corpórea una demanda, solicitando que comiences las investigaciones sobre los ejecutivos de Bankia, y las respectivas autoridades económicas, al respecto de los supuestos delitos penales derivados del accionar financiero de éstos.

Incluso, ambas entidades, máximas representantes de los profesionales avocados a las cajas de ahorro, han emitido un comunicado oficial de prensa en el que se explica que los sucesos acontecidos con Bankia “podrían ser constitutivos de delito contra el orden socioeconómico y, en concreto, de administración fraudulenta y desleal, y atentan contra el principio esencial de imagen fiel de las empresas”, por lo que deben ser investigados detenidamente.

Básicamente, el reclamo de estas instituciones está relacionado con un pedido al Ministerio Fiscal, para que se investigue correspondientemente la “sustitución y destitución fulminante” de quien fuera el anterior presidente de Bankia y también del Banco Financiero del Ahorro, Rodrigo Rato. De igual forma, se piden datos disponibles acerca del procedimiento que llevó a la nacionalización de esta última entidad.

Por otro lado, bien vale destacarse que FEPCA y ACCAM-Bankia, las dos primeras instituciones mencionadas, han pedido que comiencen las diligencias para poder llegar al comienzo del proceso por el cual la entidad perdió en menos de dos semanas la mitad de su valor bursátil y más de un 60% acumulado desde la salida a cotizar en bolsa, cuando no existen “sin motivos concretos conocidos” para que se de esta situación.

Finalmente, estos mismos denunciantes han reclamado en el comunicado que se lleve a cabo una investigación formal de las cuentas anuales de la entidad, que se sume a la auditoría llevada adelante por la compañía consultora Deloitte, que se negó a firmar dado el desfase patrimonial de 3.500 millones de euros que detectó, lo que precipitó la intervención del Estado y la dimisión de Rato.

Según informó en las últimas horas el mismo ministro del Interior del Gobierno, Jorge Fernández Díaz, se están analizando todas las posibilidades legales existentes, a fin de que los exiliados por el terrorismo pertenecientes al País Vasco, quienes son calculados en unas 300.000 personas, en su mayoría amenazadas de muerte por la ETA, puedan votar en este territorio en un futuro no demasiado lejano.

Justamente, el ministro sostuvo en declaraciones a la prensa realizadas en medio del Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno Vasco, que “hasta que la izquierda abertzale no exija a ETA su disolución incondicional no puede pedir al Gobierno que le dé la más mínima credibilidad a su supuesta voluntad de perseguir objetivos políticos en las instituciones”.

Fernández Díaz, que aprovechó la ocasión para entrevistarse además con el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, no dudó en hacer hincapié en su crítica a la izquierda, relacionada con el hecho de los que “pretenden ahora ondear la bandera de la paz aspiraban hasta hace poco a destruir las instituciones que ahora ansían ocupar. Todavía estamos esperando que le pida a ETA su disolución incondicional”.

El funcionario ha sostenido de la misma forma que “re-inserción individual en el ámbito de la ley es el que más se ajusta a la Constitución y a lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad española”. Incluso, ha agregado que el comunicado oficial lanzado el 20 de octubre del 2011, en razón del abandono de la violencia por parte de ETA significa que ha triunfado el Estado sobre de derecho sobre la barbarie terrorista. “Ha sido un triunfo colectivo, de todos los demócratas, aunque haya sido construido sobre el sufrimiento, que jamás olvidaremos, de más de 800 muertos y miles de heridos” explicó.

Finalmente, Ares también se ha sumado a las voces que exigen a la izquierda abertzale que pida la desaparición definitiva de ETA, como parte de su política de re-inserción para los presos que se alejen de la violencia y reconozcan el daño causado.

Finalmente, y tras una batalla judicial que comenzaba a prolongarse en el tiempo, el cantautor estadounidense George Clinton ha llegado a un acuerdo económico con el grupo The Black Eyed Peas, conjunto al que había demandado hace algunos meses por utilizar su música sin el consentimiento previo que se requiere en estos casos, situación que había provocado gran tensión en el mundo de las discográficas.

Lo cierto es que Clinton, uno de los mayores representantes a nivel mundial del movimiento del funk, acusó en su momento a Will.I.am, Fergie, Apl.de.ap y Taboo., integrantes de la agrupación, de utilizar fragmentos de su canción “(Not Just) Knee Deep”, que data del año 1979, al usar la misma en remixes de su tema “Shut up”, que apareció primero en el álbum Elephunk y luego fue utilizada en otro remix incluido en la edición de lujo de su placa “The E.N.D.”.

Sin embargo, y tras las discusiones e idas y vueltas al respecto, se presentó en las últimas horas el final convenio alcanzado por ambas partes ante un juez federal, que canceló el juicio previsto. Sin embargo, se ha anunciado que aunque existe un principio de acuerdo, los abogados tanto de Clinton como de Fergie y compañía, se encuentran trabajando todavía en la formalización del pacto, del que no se conocen muchos más detalles oficiales.

De la misma forma, los medios norteamericanos ya anunciaban en las últimas semanas que el juez a cargo de la causa, había establecido que los daños acusados por Clinton se encontraban totalmente limitados, ya que no tenía éste intérprete forma de demostrar cuánto dinero había ganado, o perdido, The Black Eyed Peas, y también su discográfica, mediante la utilización del mismo.

En ese momento, y posteriormente, tanto el grupo como el sello discográfico, afirmaron que pidieron permiso para emplear la pieza, aunque Clinton continuó manifestando que nunca nadie se “había contactado con él”.

En las últimas horas, el grupo Uría Menéndez ha sido anunciado como ganador del galardón como “Mejor despacho fiscal del año en España”, una distinción que otorga la publicación británica “International Tax Review”, y que este año se realiza en el marco de la séptima edición anual de los “European Tax Awards”, que se celebró en la noche del jueves en Londres, ante la expectativa de miles de personas presentes en el lugar, y otra que seguían las alternativas mediante la web.

De la misma forma, tampoco se trató de la única distinción que recibiera en el evento Uría Menéndez, ya que International Tax Review también le nominó como Mejor equipo fiscal europeo del año en otras categorías, como “Mercado de Capitales”, “Servicios Financieros” y “Mejor despacho fiscal europeo del año”, dentro del segmento de “Procesal”.

La noticia no es sólo importante en sí misma porque el triunfador haya sido un español en el primer caso, sino porque además Uría Menéndez fue el único de estos grupos nacionales que como veíamos, pudo acceder a las nominaciones en otros rubros. De hecho, la firma española competía por el premio conseguido con otros nueve despachos españoles e internacionales.

Igualmente, tampoco se puede dejar de lado que en la ceremonia de entrega de los galardones, estuvieron presentes representantes de numerosos despachos de abogados, firmas auditoras y empresas de todo el continente, y en el caso de Uría Menéndez, su premio fue recogido por dos de los socios de fiscal de la firma, Rafael Fuster Tozer y Jesús López Tello, quienes agradecieron efusivamente a los jueces.

“Este premio supone un importante reconocimiento al constante y exitoso trabajo que viene desarrollando el equipo de fiscal de Uría Menéndez en los últimos años” explicaron los representantes a los agentes de International Tax Review, revista de prestigio internacional que se publica hace ya más de dos décadas.

En los últimos días, se ha desatado un gran revuelo en las principales ciudades de Túnez, a raíz de la legalidad establecida del denominado partido “salafista”, conocido oficialmente como el Partido Frente Reforma, de ideología salafista y cuya meta es establecer un Estado islámico, lo que preocupa especialmente a los sectores laicos del país, que pretenden evitar el ascenso desmedido de esta tendencia religiosa.

El hecho es que los sectores mencionados por último, han realizado varias marchas estas semanas, en pos de que los círculos fundamentalistas frenen avances conseguidos por este país maghrebí en materia de libertad religiosa. De hecho, en muchos casos se trataba de los mismos que habían llevado adelante en su momento las revueltas populares contra el presidente Zine El Abidine Ben Alí, derrocado el 14 de enero de 2011.

El problema es que ahora el nuevo presidente, Mohamed Khouja, defendió que la ideología es el Islam y su fuente es el Corán, al tiempo que ratificó, aunque al mismo tiempo también aclaró que, a largo plazo, “nuestra meta es el establecimiento de un Estado islámico abierto y tolerante, que no excluya a nadie”, situación que evidentemente incomoda a los laicos, quienes creían en la institución de un gobierno alejado de cualquier corriente ideológica.

Sin embargo Khouja negó encabezar un movimiento radical salafista, y recordó que el Partido Frente Reforma obtuvo el permiso oficial el 29 de marzo de parte de la administración del gobierno de coalición tripartita para hacerse cargo del gobierno y demás acciones políticas. Por otro lado, el gabinete interino tunecino lo encabezan el movimiento Ennahdha, autodefinido como islamista moderado junto con el Congreso por la República y el foro Ettakatol.

Pero la situación política local es sumamente complicada, ya que desde la caída de Ben Alí, se habla del nacimiento de más de 100 partidos políticos en esta nación norafricana, aunque también es verdad que muchos de ellos no son reconocidos oficialmente, y que incluso algunos operan en la total ilegalidad.

Luego del espectacular revuelo en torno a las imágenes de campañas de publicidad de la firma italiana de moda, el Vaticano ha ganado finalmente una batalla legal a Benetton, firma que había utilizado un fotomontaje en el que se podía ver al máximo referente de la Iglesia Romana besando en la boca a un imán egipcio, concretamente el de la mezquita Al-Azhar de El Cairo, Ahmed Mohamed el-Tayeb; pero lo que es más grave aún, utilizando la imagen del actual Papa, Benedicto XVI.

En este sentido, fue el propio portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien se encargó de dar a conocer la noticia, informando que la propia Benetton emitió en las últimas horas un comunicado oficial, en el que reconocía “su pesar por haber herido la sensibilidad de Su Santidad Benedicto XVI y los creyentes”, al mismo tiempo que todas las imágenes habían sido quitadas de los puestos comerciales.

El documento, que en sus líneas finales explicaba además que, de aquí en adelante, la firma de moda se comprometía a no usar en el futuro una imagen del Papa sin la autorización de la Santa Sede.

Para colmo, uno de los principales puestos en donde fueron ubicados los carteles que hacían publicidad mediante esta imagen escandalosa del Papa, fue en el monumental Castel Sant’Angelo de Roma, a pocos pasos del Vaticano, y eso mismo provocó que a las pocas horas se emitiera un comunicado por parte de la Santa Sede, en el que se condenaba públicamente esta acción de Benetton.

De la misma manera, Lombardi se encargó de desmentir aquellos rumores que indicaban el pedido de una suma millonaria por parte del Vaticano a modo de resarcimiento, aunque sí se “ha querido lograr el resarcimiento moral que supone el reconocimiento del abuso cumplido y reafirmar su voluntad de defender, incluso con medios legales, la figura del Papa”.