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Comentarios jurídicos sobre el cierre de Megaupload

2012-01-29T12:25:00.001+01:00

El reciente cierre del almacén virtual de descargas Megaupload suscita una serie de opiniones encontradas, sosteniendo algunas opiniones su legalidad, a las que se oponen otras que mantienen que se trata de una oportunidad política o una acción ejemplarizante.

Vamos a analizar el hecho desde el punto de vista jurídico.

El Departamento de Justicia norteamericano ha publicado un comunicado en la que detalla los cargos contra el sitio web: se pide contra sus responsables cinco años de cárcel por crimen organizado, otros cinco por violación de los derechos de autor y veinte por lavado de dinero. El delito clave es el segundo, ya que si no se considerase a los responsables de Megaupload, tanto la acusación de crimen organizado como la de lavado de dinero no tendrían sentido, pues no habría delito, ni organizado ni desorganizado, y el dinero tendría una procedencia perfectamente legal.

La operación fue llevada a cabo desde Virginia, ya que allí estaban situados una gran parte de los servidores de Megaupload, que como empresa tiene su sede en Hong Kong.

En Estados Unidos está en vigor la Digital Millenium Copyright Act (o DMCA) que permite a los sitios web que aceptan contenido de los usuarios no ser los responsables legales de los posibles delitos contra la propiedad intelectual que cometan éstos. Sitios como Youtube deben incorporar un sistema sencillo mediante el cual se pueda denunciar a un tercero por subir material protegido y éste sea retirado inmediatamente. Si la denuncia es falsa, el usuario que haya subido los vídeos puede reclamar y el caso llegaría al juzgado. Pero mientras el sitio web cumpla y retire los contenidos cuando se realiza una reclamación DMCA no es un sitio ilegal. Este hecho es bastante lógico y acertado, porque sería absolutamente imposible comprobar, uno por uno, si cada video es material con derechos de autor restringidos.

Megaupload cumplía con la DMCA, de modo que no debería ser acusado de nada. De hecho, en este tipo de sitios web, a veces al intentar descargar un determinado archivo aparece un mensaje del tipo "el archivo fue suprimido por una reclamación sobre el mismo". Pero el texto de la acusación asegura que existía una amplia conspiración que, en un toque de humor, denomina "Mega conspiracy", para que los usuarios subieran ficheros protegidos y lucrarse de esa práctica:

Se han intervenido comunicaciones privadas, correos electrónicos de los responsables de Megaupload, en los que se demuestra que existe relación y colaboración entre ellos y los propietarios de algunos sitios web de enlaces, así como que ellos mismos empleaban su sitio para descargar material protegido. Es difícil negar que existiera un ánimo de lucro, en este sentido, pero es más precoupante que no está nada claro que haya sido legal esta interceptación y espionaje de las comunicaciones de los acusados, ya que habría que establecer que sus delitos entran en la lista que permite al FBI realizar estas intervenciones, como son asesinato, secuestro, juegos de azar, robo, soborno, extorsión, tráfico de estupefacientes, marihuana, drogas peligrosas, u otros delitos peligrosos para la vida, la integridad física o la propiedad, y castigables con pena de prisión de más de un año.

El FBI considera que Megaupload no estaba dirigido al negocio legítimo de guardar datos privados de usuarios, porque las cuentas gratuitas no permiten mantener durante más de noventa días los ficheros si nadie los descarga. Pero en eso consiste precisamente el modelo de negocio freemium al que se adhería Megaupload y que es tan popular entre los servicios de internet:, que consiste en poner restricciones a las cuentas gratuitas para estimular que se conviertan en una de pago.

Megaupload premiaba a los usuarios que más material subían con cosas como cuentas Premium gratuitas. La acusación piensa que el único objetivo de este programa era facilitar que se subiera todo el contenido posible, al margen de su ilegalidad. Una de los argumentos empleados, es que no existían un buscador como tal en la propia página, aunque sí que existen varios al margen de ella.

La acusación sostiene que Megaupload incumplía la DMCA. Cuando un usuario subía un archivo, se generaba un código llamado MD5 que permitía identificarlo. Si otro usuario subía el mismo fichero, aunque tuviera el nombre cambiado, Megaupload no lo almacenaba de nuevo sino que lo reconocía gracias a su código MD5 y simplemente ofrecía un enlace distinto para el mismo contenido que ya tenía almacenado. Cuando una compañía reclamaba por un enlace concreto, Megaupload lo retiraba, pero no eliminaba los demás enlaces que existían a ese mismo fichero.

En un caso que se remonta al verano de 2010, se exigió a Megaupload que retirara treinta y nueve archivos. Un año después seguía alojando a treinta y seis de ellos, aunque con enlaces distintos a los denunciados.

¿Se trata de una actuación de la justicia o de una medida ejemplarizante? Los responsables de la operación aseguran que es pura casualidad que los arrestos y el cierre de Megaupload se hayan producido un día después del apagón en internet como protesta contra la ley SOPA y de que se supiera que los donantes de Hollywood pensaban retirar su apoyo a la próxima campaña de Obama por la postura de éste contra dicha norma.

Un acto tan complejo como éste, evidentemente, no se prepara de la nocha a la mañana. Este caso lleva tiempo investigándose y la autorización judicial se concedió antes de las protestas de todo internet contra las leyes en discusión en el Congreso de EEUU. Pero resulta difícil no pensar de que se ha escogido este día precisamente por su impacto mediático.

El hecho vuelve a confrontar dos derechos, hoy en inevitable colisión, entre la protección de los derechos de los usuarios de la red y los propietarios de los derechos de autor del material que se comparte a través de ésta.

Lamentablemente, la administración norteamericana ha optado por la contundencia cerrando las webs vinculadas a esa empresa, sin atender al legítimo derecho de los usuarios que han pagado por un servicio perfectamente legítimo que el gobierno norteamericano ha cancelado por la fuerza.

Las decisiones judiciales debidamente fundadas que persigan delitos tipificados en las leyes son perfectamente válidas en Derecho, pero esa potestad jurisdiccional no puede ser utilizada para dañar derechos fundamentales como la libertad de expresión y comunicación, la privacidad de los datos personales o la propiedad privada de los usuarios de internet, que siempre deben prevalecer frente a derechos de carácter mercantil.

La decisión del departamento norteamericano de Justicia ha obviado esos derechos fundamentales de los ciudadanos que utilizan la red para guardar o compartir material de su propiedad y, como consecuencia de una investigación sobre los propietarios de Megaupload, de la que al parecer se podrían derivar graves delitos, ha decidido que la persecución de esas presuntos delitos justifica una medida coactiva sin precedentes que daña directamente a los millones de clientes de esas webs aunque no hayan cometido ningún acto ilegal.

En estos momentos esos mismos clientes, muchísimos de ellos residentes fuera de los EEUU, han perdido toda capacidad de acceso a los ficheros de su propiedad cuyo depósito confiaron a Megaupload y, peor aún, la disposición judicial que ha decretado el cierre de esa web no establece un mecanismo claro para su pronta recuperación. Un Estado de Derecho no puede dejar en estado de indefensión a los clientes de una empresa, por más que sus dueños sean personas poco recomendables en función de su pasado o se cierna sobre ellos la sospecha de haberse enriquecido por métodos delictivos. Es el caso de un bar que es cerrado por tráfico de drogas; si los acreedores y proveedores no conservan los derechos adquiridos frente al mismo, el Estado de Derecho no existe como tal. En este último ejemplo, legalmente, se les reconoce el derecho, pero lo normal es que no puedan llegar a ejercerlo. En el caso de Megaupload, al no existir ningún caso similar, no sabemos como se va a desarrollar esta cuestión.

En 1776 se producía la declaración de Independencia de Estados Unidos, que recoge todas las primeras declaraciones de defensa de los derechos fundamentales, como la de Virginia (precisamente el lugar donde han ocurrido estos hechos) y en 1789 tenía lugar en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre. Pues bien, todo esto ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, la nación pionera en la proclamación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que presume de proteger desde su fundación la libertad y la propiedad privada de sus ciudadanos. Por ello resulta especialmente preocupante, ya que si el ejemplo se extiende, como por desgracia resulta habitual cuando se trata de aumentar el poder coactivo de los gobiernos, Internet será un medio menos libre y los derechos individuales de los usuarios cada vez más una entelequia al abur del dictado de los políticos.

Desde el punto de vista jurídico, no se puede negar la legitimidad de cualquier derecho de propiedad intelectual, por lo tanto, no se puede estar en contra de las detenciones de los responsables de Megaupload. Tenemos la cara y la cruz de la red, por un lado, algo legal, almacenar archivos, y por otro, algo ilegal, poner a disposición de todo el mundo, contenido protegido por derecho de autor. Hay que tener en cuenta que sus responsables no es que fueran conscientes de que su sitio se empleaba para estos fines, sino que incluso pusieron trabas a la eliminación de contenido protegido. La prueba más notoria es el uso de MD5, que antes mencionábamos.

Para finalizar, tres conclusiones. La primera, la colisión existente que ha provocado Internet entre los derechos fundamentales y los derechos de propiedad intelectual. Debate jurídico en el que los segundos salen claramente perjudicados, ya que lo contrario sería obviar más de dos siglos de avance en este sentido.

La segunda es el apoyo mayoritario por parte de la población a la salvaguarda de los derechos fundamentales y el apoyo, por otra parte lógico, de los gobiernos a la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Esto va a ahondar la ruptura ya existente entre los ciudadanos y sus gobernantes. Recordemos en este sentido, las numerosas protestas y la escasa popularidad en España de la demoninada "Ley Sinde" o las protestas en la red o en la calle en Estados Unidos por el proyecto de la denominada Ley SOPA.

La tercera, la cantidad de casos extraños desde el punto de vista jurídico que se van a dar a partir de ahora, ya que la tecnología ha ido muy, pero que muy delante del Derecho. La actuación, legal por supuesto, pero también torpe de los gobiernos, les va a poner frecuentemente contra las cuerdas, acusandoles los ciudadanos de liberticidas y represores. Mencionaremos el insólito caso del pirata informático inglés Richard O'Dwyer, en el que contra todo pronóstico, y esto es lo insólito del caso, siendo un ciudadano inglés, un tribunal ha autorizado su extradición a Estados Unidos, hecho hasta ahora sólo reservado a terroristas o grandes criminales.

No olvidemos que Internet se creó para sobrevivir a una guerra nuclear, por lo que su absoluto control, como pretenden gobiernos e instituciones defensoras de los derechos de propiedad intelectual, es completamente imposible. Por otra parte, las leyes actuales son suficientes en este aspecto, sin que haya necesidad de promulgar más como las leyes Sinde, SOPA, etc. Es más, la reiteración en este sentido, para lo único que sirve es para poner en tela de juicio la posible vulneración de derechos fundamentales y confirmar, tal y como se hace en Historia del Derecho, la inutilidad de las mismas.

La posible inconstitucionalidad de las reducciones de sueldos a los funcionarios

2011-12-12T18:49:00.000+01:00

Ante la necesidad de reducción del déficit público en España, los gobiernos han empleado la reducción de los salarios de los empleados públicos. Hasta el momento esto no se había producido, sí en cambio, congelaciones de las retribuciones, que fueron estimadas como constitucionales.

Sin embargo, la reducción, como tal, podría ser inconstitucional, si nos atenemos a la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1995.

Conviene ver el Fundamento Jurídico 4º, que alude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recentísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10 -Rec. 360/2007. Conviene ver el Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.

En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia , que los Poderes Públicos, en nuestro caso, el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso art. 86.2 de la Constitución, recordemos que la norma debe tener rango de Ley, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos.

Es decir, las retribuciones pueden ser congeladas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí si que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

Por tanto, el citado R. D. Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, podría ser inconstitucional; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia.

Formularios para presentar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

2011-12-03T19:51:00.000+01:00

En la página web del Ministerio de Trabajo e Inmigración se pueden descargar diversos formularios para ser presentados ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es una excelente iniciativa que acerca la Administración a los ciudadanos.

Los modelos de escritos que se pueden encontrar (en formato pdf y Word) son los siguientes:

- Escrito de Alegaciones
- Escrito de Denuncia
- Otros Trámites Inspección
- Recurso de Alzada
- Solicitud Alta Libro de Visitas Electrónico (Solo en: Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra)
- Solicitud Retirada y desistimiento de la denuncia presentada
- Subsanación y Mejora de la denuncia

La dirección web es la siguiente:

http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios/index.html

La segunda reforma de la Constitución Española de 1978

2011-10-04T21:12:00.000+02:00

Debido a las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria, en el mes de agosto de 2011, se aprueba la segunda reforma de la Constitución Española. La primera se había realizado en 1992 para regular el voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales, siguiendo las directrices del Tratado de Maastricht.

En este caso, la reforma fue aprobada por una amplia mayoría. Así como otros países han reformado varias veces su Constitución, como el caso de Alemania, en España no se producido esas reformas, debido a una falta de consenso entre los partidos mayoritarios.

Por lo cual, los ciudadanos deben conocer esta reforma, que sólo afecta al artículo 135 de la Constitución. Y los juristas y estudiantes de Derecho deben actualizar sus textos.

La reforma tiene un único artículo, que reforma el 135 de la Constitución de 1978 más una disposición adicional y una final.

La nueva redacción del artículo 135 es la siguiente:

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Disposición adicional única.

Por otro lado, según el acuerdo pactado entre ambos grupos, la Ley Orgánica fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.

Disposición adicional única

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.

2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

Convenios internacionales en protección de flora y fauna

2011-09-03T11:12:00.000+02:00

Los principales convenios internacionales en materia de protección y conservación de la flora y la fauna son los siguientes, en orden cronológico:

- Convenio RAMSAR

Es el primer tratado moderno en esta materia. Fue firmado en la ciudad iraní de Ramsar en 1971. Entró en vigor en 1975. Su objetivo es proteger las zonas húmedas de importancia internacional.

Los países acogidos al convenio se comprometen a:

. Designar al menos un humedal para ser incluído en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, asegurándose su conservación conforme al convenio.

. Incluir las cuestiones que se refieran a los humedales en la planificación nacional.

. Establecer reservas que incluyan humedales.

. Consultar a las otras partes cuando se vean implicados humedales entre fronteras.

Su estructura está compuesta por los siguientes organismos:

. Conferencia de las Partes Contratantes: órgano decisorio en el que están representados los distintos países, que se reúne cada tres años.

. Comité Permanente: aplica las decisiones de la Conferencia de las Partes Contratantes. Se reúne cada año.

. Secretaría: se encarga de la operatividad y coordinación del convenio.

. Grupo de Examen Científico y Técnico: presta asistencia técnica y científica.

Su sede se halla en la ciudad suiza de Gland.

Su dirección web es la siguiente:

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__

- Convenio de Barcelona

Se firmó en Barcelona en 1976. Su objetivo es proteger el medio marino mediterráneo, teniendo como objetivos:

. Adoptar las medidas necesarias para proteger zonas de interés natural y/o cultural y las especies amenazadas de flora y fauna.

. Colaborar en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en la zona del convenio.

. Realizar inventarios de la biodiversidad de la zona.

. Adoptar estrategias, planes y programas para la conservación de la diversidad biológica.

. Vigilar, haciendo un seguimiento de los componentes de la diversidad biológica.

Su sede se halla en la ciudad española de Barcelona.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Barcelona_para_la_protecci%C3%B3n_del_Mar_Mediterr%C3%A1neo

- Convenio de Bonn

Se firma en 1979 en Bonn, capital de la entonces República Federal Alemana. Se firma para proteger las especies migratorias con un doble objetivo:

1. Asegurar la protección estricta de las especies que figuran en su Anexo I, que son especies migratorias amenazadas de extinción.

2. Persuadir a los estados del área de distribución para que concluyan acuerdos para la conservación y la gestión de las especies que figuran en el Anexo II, siempre que su estado de conservación sea desfavorable.

Consta de los siguientes organismos:

. Conferencia de las Partes

. Comité Permanente: formado por cinco miembros representantes de distintos continentes.

. Consejo Científico: con observaodres independientes.

. Secretaría Ejecutiva: a cargo de personal de Naciones Unidas.

La Conferencia de las Partes se reúne de manera bianual, aprobando resoluciones, recomendaciones, planes estratégicos y cuestiones financieras y administrativas.

Se sede se halla en la Bonn, Alemania.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Bonn

- Convenio de Berna

Firmado en la ciudad suiza de Berna en 1979. Su fin es asegurar la conservación de la flora silvestre, la fauna salvaje y sus hábitats naturales, prohibiendo actuaciones opuestas a estos objetivos.

Su sede se encuentra en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde se reúne su Comité Permanente. Los países miembros entregan informes bianuales.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_relativo_a_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Vida_Silvestre_y_del_Medio_Natural_de_Europa

No confundir con otro Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

- Convenio de Washington

También conocido como el Convenio CITES, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y la Fauna Silvestres. Se firma en 1973.

Su objetivo es la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra la explotación excesiva mediante el comercio internacional, abarcando especies de fauna y flora silvestres en peligro de extinción y otras, que no lo estando, se requiere que sea restringido su comercio internacional.

La estrutura del Convenio está formada por una Secretaría y varios comités, que son los siguientes:

. Comité Permanente

. Comité de Fauna

. Comité de Flora

. Comité de Nomenclatura

. Comité del Manual de Identificación

La sede se halla en la ciudad suiza de Ginebra y su dirección web es la siguiente:

http://www.cites.org/esp/index.php

- Convenio de Río

Se firma en 1993 en Río de Janeiro. También es conocido como Convenio para la conservación de la diversidad biológica.

Los objetivos del acuerdo son la conservación de la diversidad biológica, su utilización sostenible y la disftribución justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos.

La Secretaría del convenio es administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tiene su sede en Montreal, Canadá.

Para ampliar información en la web de la Unión Europea:

http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l28102_es.htm

- Convenio OSPAR

El Anexo V sobre Protección y Conservación de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica de las áreas marinas forma parte del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste.

El Convenio de Oslo-París fue adoptado en Paría en 1992 y su Anexo V en Lisboa en 1998.

Su objetivo es la protección de ecosistemas y diversidad biológica de las zonas marinas y la adopción de programas y medidas que regulen las actividades humanas.

El organismo encargado de llevarlo a cabo es la Comisión OSPAR, formada por representantes de las partes.

Página web de la Comisión OSPAR:

http://www.ospar.org/

- Convenio ACCOBAMS

El Acuerdo de Mónaco sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua fue adoptado en 1996 en Mónaco, donde se halla su sede.

Su objetivo es adoptar una serie de medidas encaminadas a la protección de los cetáceos marinos.

Información en la web del ministerio español de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino:

http://www.marm.es/es/biodiversidad/legislacion/legislacion-y-convenios/convenios-internacionales/accobams.aspx

- Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa

Creada a iniciativa de Francia y Finlandia, está formada por encuentros entre los ministros de medio ambiente europeos con el fin de llegar a acuerdos globales en materia de gestión forestal sostenible.

En esta conferencia Europa se entiende como continente, incluyendo Rusia, países caucásicos y Turquía.

La primera conferencia se celebró en Estrasburgo, Francia, en 1990, y la segunda en Helsinki, Finlandia, en 1993. La tercera tuvo lugar en Lisboa en 1998.

Su dirección electrónica es la siguiente:

http://www.foresteurope.org/spa/

Modelo de carta de baja laboral

2010-06-30T20:42:00.000+02:00

En Internet se pueden encontrar muchos modelos, desde el de Comisiones Obreras, el de Modelo-carta.com hasta el de ALC Liderazgo y Gestión.

A groso modo se pueden agrupar en dos tipos: uno reivindicativo a cara de perro y otro amistoso en armonía o buen rollito.

Nosotros no somos quien para recomendar uno u otro. Cada uno o una sabe sus circunstancias y como le han tratado en la empresa. Nuestro consejo, sin que nos peguen etiquetas o nos tachen de algo, es el dicho del campesino: más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Y como aportación otra carta tipo más:

Nombre remitente

Dirección del remitente

Código Postal y ciudad

Nombre del destinatario

Dirección del destinatario

Código Postal y ciudad

Ciudad, fecha

Estimado Sr. Director/a,

Por la presente, le comunico mi decisión de finalizar la relación laboral que mantengo con su empresa desde el (fecha) en (puesto de trabajo).

Esta decisión responde a motivos estrictamente profesionales, que espero y deseo sepa comprender. Asimismo le comunico que estoy satisfecha con mi relación laboral y con el trato a los (clientes/usuarios), pero que son circunstancias económicas las impiden continuar esta relación laboral.

Del mismo modo, quiero agradecerles la oportunidad profesional que me brindaron en su día, así como el buen ambiente laboral y humano que ha caracterizado nuestras relaciones en el breve tiempo en que he desarrollado mi labor profesional en su empresa.

Agradeciéndole las atenciones prestadas, reciba un cordial saludo:

Fdo.: (Nombre y apellidos)

El procurador

2010-05-27T20:48:00.000+02:00

El Procurador es el representante procesal de la parte en los pleitos.

Posee un poder para pleitos, mediante comparecencia ante el secretario judicial, con apoderamiento apud acta.

Sus requisitos son: ser Licenciado en Derecho, español o de un país de la Unión Europea, poseer el titulo de Procurador expedido por el Ministerio de Justicia, y estar colegiado, pudiendo ejercer su poder de representación procesal en la demarcación del territorio de su Colegio.

El procurador posee un poder general para pleitos, para toda clase de procesos, un poder especial, determinado orden jurisdiccional o especialísimo o solo en un determinado asunto o acto procesal. En todo caso, es un mandato voluntario.

Sus deberes son honradez, secreto profesionalidad, diligencia, e informar al abogado, y sus derechos, cobrar su provision de fondos.

Abogados y procuradores

2010-04-29T15:32:00.001+02:00

Muchas veces oímos hablar de que para ir a juicio es necesario, además de abogado, es necesario procurador, ¿qué diferencia hay entre un abogado y un procurador? ¿Por qué son necesarios los dos?

Las leyes procesales españolas exigen que para poder acceder a la jurisdicción, es preciso comparecer mediante procurador y asistido de letrado (abogado) con la finalidad de evitar la indefensión.

Los procuradores son los profesionales que representan a la parte, mientras que la defensa se lleva a cabo por los abogados.

Esta exigencia de las leyes procesales españolas del acceso a la jurisdicción mediante procurador y asistido de letrado es lo que se conoce como capacidad de postulación, con el fin de se haga realidad el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y que no se produzca indefensión

Ambos son licenciados en derecho. Los procuradores representan a la parte, llevan las notificaciones y tienen obligación de llevarlas al abogado, mientras el abogado lleva a cabo la estrategia de defensa, redacta los escritos, que han de ser firmados por los dos, así como estar ambos presentes en el juicio.

El letrado, abogado, puede actuar en cualquier lugar, mientas el procurador tan sólo en la demarcación judicial a la que pertenece su colegio.

Como conclusión y a grandes rasgos, el procurador es el que se encarga de todo el papeleo y de que no se produzca indefensión por defectos de forma, pérdidas de plazo, etc., mientras el abogado es el que se encarga de la defensa.

En los próximos posts ampliaremos las funciones y requisitos de cada uno de estos profesionales

Para un mismo ámbito de aplicación, ¿qué ley prevalece, la europea, la nacional, la autonómica o la local?

2010-04-28T13:32:00.002+02:00

Cuando en un mismo ámbito de aplicación tenemos una directiva europea, una ley nacional, una ley autonómica o una ordenanza municipal, ¿cuál es la prioritaria?

Vamos por partes.

Una directiva europea obliga a los estados miembros a su cumplimiento, sin embargo les deja libertad para que éstos lo desarrollen en su ámbito, a través de una ley. Esto se llama trasposición. Si en vez de una directiva, fuese un reglamento europeo, ya entraría en detalles.

Una vez que tenemos la ley nacional traspuesta de una directiva europea, ésta es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Por supuesto que también en las comunidades autónomas, sin embargo éstas también pueden dictar normativa en el ámbito de su respectiva competencia. Pero como no pueden ir en contra de una ley nacional y una directiva, lo que pueden es restringir o desarrollarla, pero nunca ir en contra de lo dispuesto por ésta. Lo mismo sucedería, si fuese el caso, con una ordenanza municipal.

No puede haber conflicto entre las mismas y si éste existiese, debe ser resuelto judicialmente.

¿Qué es el Estado?

2010-04-21T20:55:00.000+02:00

Es una pregunta que es no fácil, aunque sea desde el punto de vista del Derecho Político.

El Estado es un pueblo organizado en un territorio sometido a un único poder. De esta manera, la soberanía se caracteriza por tres elementos: territorio, pueblo y poder soberano.

Analicemos cada una de ellas.

El territorio de un Estado es su ámbito geográfico o espacio físico, abarcando la tierra firme, el espacio aéreo, las aguas colindantes (hasta doce millas) y el subsuelo. En este territorio es donde se ejerce el poder del Estado, sin embargo no es el único, ya que también se ejerce fuera del mismo, en embajadas, aeronaves y naves comerciales.

El pueblo es el conjunto de ciudadanos con derecho al voto y sus descendientes menores. El que no es ciudadano no tiene por sí mismo el derecho al sufragio activo y pasivo, es decir derechos políticos. La población no es lo mismo que el pueblo, ya que ésta posee los derechos universales humanos, pero no el sufragio, tanto activo como pasivo. Los derechos de ciudadanía son los derechos vinculados al sufragio.

La idea de nación es muy vieja y está asociada a la idea de pueblo.

El poder soberano es hoy un concepto en transformación. Debido a la globalización están desapareciendo las fronteras culturales, económicas y empresariales. Las organizaciones supraestatales han contribuído a una cierta cesión de soberanía. Pero la soberanía existe mientras haya un único poder constituyente, que es el pueblo del

Estado. El pueblo es el poder constituyente y el poder soberano.

Abogados muy poco serios

2010-04-03T14:56:00.000+02:00

Son los de la película La tapadera (The firm, en su versión original), protagonizada por Tom Cruise en 1993. Un bufete de abogados, con el sugerente nombre de Bendini, Lambert y Lock es la tapadera de una gran organización mafiosa.

Aquí, vemos el trailer, en su versión original en inglés

Torero o ladrón

2010-03-15T21:29:00.000+01:00

Este caso aparece en el Digesto, magna obra de Derecho Romano, auspiciado por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI, que recoge las sentencias de los jurisconsultos clásicos, es decir, es una recopilación de la jurisprudencia romana, que servía en forma de “citas” a los juristas de la época.

Cornelio, que tenía aficiones toreras, se puso delante de un rebaño de toros y sacando un trapo rojo hizo huir al ganado, que fue a parar a manos de unos ladrones que se lo apropiaron.

Ulpiano, 37 ed. D. 47.2.50.4

Gayo, 3.202

Gayo, 30 ed. prov. D.47.2.51

Cuestiones:

Labeón distingue entre el propósito deportivo del torero y el furtivo del ladrón.

Gayo lo considera como un caso de complicidad

Respuestas al caso:

Doctrina de los veteres o antiguos juristas: atienden sólo al resultado, como un supuesto de daño a la propiedad de otra persona, luego procede la acción de hurto (actio furti) contra el que con un trapo rojo hace huir al ganado.

Labeón: si lo hizo con dolo malo, procede la acción de hurto (actio furti); pero si no lo hizo así, sino por aficiones taurinas, no debe permanecer sin castigo una afición tan perniciosa. Por tanto procedería una actio in factum, que puede servir para obtener una indemnización.

Gayo: Cuando el hurto o furtum se consideró una contrectatio rei aliena hay que tener en cuenta los posibles daños del ganado al precipitarse sobre un barranco, por tanto procedería una acción útil por el daño, a ejemplo de la ley Aquilia.

También lo considera, generalizando el caso, como una hipótesis de complicidad, aclarando a continuación que si no hubo intención de apropiación procedería contra el autor la acción por el hecho, siguiendo la ley Aquilia (actio in factum ad exemplum legis Aquiliae). Otra acción no precedería.

En el número de los cómplices se considera también el que hizo huir a tus ovejas o bueyes para que otros se los apropiaran… Pero si lo hizo por capricho y no con el fin de la apropiación debe castigarse su culpa con una acción por el hecho a ejemplo de la acción de la ley Aquilia.

Conclusiones

Existe una propiedad y posesión del ganado, contra la que se produce un daño.

Hay que distinguir la intención del autor (animus furandi), si hubo dolo malo se considera que existe hurto, mientras que si la intención fue “taurina” existiría damnum iniuria datum.

Si la condena es por hurto, el autor o los autores, se les condenaría a pagar el doble del valor del ganado.

Si la condena es por daño, el autor pagaría el valor máximo que alcanzó el ganado en ese mes.

Garantías de reparación de los electrodomésticos

2006-10-17T20:51:00.000+02:00

Recuerde que cuando adquiere un producto, también tiene derecho a exigir la reparación de ese producto si se estropea, siempre y cuando, eso si, que no se haya hecho un uso indebido del mismo.

Asegúrese de que la marca tiene un adecuado servicio de asistencia técnica. Desconfíe de la publicidad en la que aparece un número de teléfono de tarificación adicional, es decir, más caro (los 803, 806, 807...) o un móvil y no se indica un domicilio.

Conserve, junto al manual de instrucciones de los aparatos que compre, la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra.

Durante los primeros seis meses de garantía de un producto nuevo se presupone que el daño o avería viene de fábrica y el vendedor debe asumir los gastos de la reparación, tanto piezas, traslado, como horas de trabajo. Si han pasado esos seis meses, es el consumidor quien debe demostrar que el fallo viene de origen y que no ha sido provocado por un mal uso del producto (si así lo requiere el vendedor).

No manipule el aparato porque perderá el derecho de reclamar, aunque el defecto provenga de fábrica.

El tiempo de la garantía queda en suspenso durante el tiempo que el electrodoméstico esté en reparación.

La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años. La garantía comercial, la que cada fabricante, vendedor, etc. añade voluntariamente a la legal, es interesante porque amplía el plazo legal de dos años. Pero no olvide que suele tener limitaciones frente a la obligatoria y que en algunos casos está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. Es habitual, por ejemplo, que establezca que el desplazamiento o las piezas tengan que abonarse.

No olvide que los bienes de segunda mano comprados a un empresario o profesional también gozan de una garantía mínima de un año.

La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años

Sepa que puede exigir una indemnización por los daños o perjuicios derivados de la avería y el tiempo de reparación. Esto es, si adquiere una nevera y se estropea a la semana de compra, además de solicitar que se haga efectiva la garantía, puede exigir una indemnización por los alimentos que se han estropeado ante el mal funcionamiento del electrodoméstico.

Sin garantía, pida presupuesto

Si la garantía ya ha vencido, pida presupuesto en varios talleres de reparación, además de al servicio técnico.

Sondee por teléfono si merece la pena hacer la reparación, cuánto puede costarle, cuánto cobran por mano de obra y desplazamiento... Si comprueba que le interesa, pida el presupuesto por escrito. Debe detallar el precio final de la reparación, que habrá de incluir tanto la mano de obra como la sustitución de piezas y los gastos de desplazamiento, si los hubiera, las llamadas "salidas". Si no consta el IVA ni se dice expresamente "no incluido" se entiende incluido en el precio final.

No olvide que sólo está obligado al pago de la elaboración del presupuesto cuando, tras haberlo solicitado, no lo acepte.

Por la elaboración del presupuesto pueden cobrarle los siguientes importes:

Para pequeños aparatos de uso doméstico: el importe correspondiente a quince minutos de
mano de obra.

Para línea blanca: el correspondiente a treinta minutos.

Para línea marrón y electrónica: el correspondiente a una hora de mano de obra.

Si no acepta el presupuesto, le deben devolver el aparato en las mismas condiciones en que lo
entregó.

El presupuesto entregado debe ser válido hasta 30 días después de su comunicación.

Recuerde que en periodo de garantía no le pueden cobrar el desplazamiento, la mano de obra, las piezas ni los impuestos.

Si no está en garantía, es preferible que usted lleve el objeto a reparar. Evitará gastos.

Sólo le pueden cobrar una vez por desplazamiento a su domicilio. No importa si el arreglo conlleva varios viajes o si han acudido a la casa y no han podido trabajar porque estuviera ausente.

Si la reparación se realiza en casa, tiene derecho a que le informen con antelación de las tarifas de reparación.

Esté o no en garantía, solicite un resguardo en el que se justifique la entrega del electrodoméstico. Para ello el aparato deberá estar identificado: marca, línea, serie, etc.

Antes de llevarse el aparato a casa, o de que el técnico se marche, compruebe que funciona correctamente.

Una vez realizado el arreglo, retire el aparato cuanto antes. Pueden cobrarle en concepto de consigna por día de almacenaje a partir del plazo de un mes desde que se le comunicó que pasara a recogerlo. Solicite, incluso si está en garantía, una factura detallada en la que se especifique el CIF de la empresa, la reparación efectuada, las horas de trabajo, el precio de la mano de obra, las piezas sustituidas, el IVA y el plazo de garantía de la reparación.

Sepa que los talleres de reparación deben exponer de forma clara y visible los precios por hora de reparación y los gastos de desplazamiento.

Cerciórese de que las piezas sustituidas son nuevas. Tiene derecho a que le entreguen las antiguas.

La garantía mínima de reparación es de tres meses y cubre también los desplazamientos y las piezas reparadas o sustituidas, por eso es fundamental que conserve durante dicho periodo la correspondiente factura.

Información tomada de:

http://revista.consumer.es/web/es/20050601/practico/consejo_del_mes/

Consecuencias de no atender una notificación de una multa a través del BOP.

2006-07-06T20:59:00.000+02:00

1. Multa de 302 a 1500 euros y retirada del permiso si no identificamos al conductor ante el requerimiento publicado en el BOP.

2. Pérdida de la bonificación del 30% al 50% del importe de la multa.

3. No poder recurrir en plazo ante la notificación de la denuncia ( 15 días ) o presentar recurso de reposición o alzada en el plazo de 1 mes.

4. Recargos del 20% y posible embargo en cuentas o propiedadas ( Ley 58/2003 , de 17 de diciembre, General Tributaria. ), por procedimientos no abonados en periodo voluntario.

5. La posibilidad de pérdida de puntos del permiso de conducir por desconicimiento de la sanción. ( A partir del 1 de Julio de 2006 ).

Según el Articulo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.

3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una infracción, debidamente requerido para ello, tienen el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 65.5.i.En los mismos términos responderán las personas especificadas en el párrafo anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquellos identifiquen, por causa imputable a ellos.Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción mediante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el contrato.

Más información en (página comercial):

http://www.alertasbop.com/

Los bienes comunales

2006-06-25T11:57:00.000+02:00

El Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 1986 añade a los bienes demaniales y a los patrimoniales, los bienes comunales. Esta clase no aparece en los bienes estatales y autonómicos.

La legislación asigna su titularidad al municipio y la Constitución Española los asimila a los bienes de dominio públic

Los montes públicos

2006-06-25T11:56:00.000+02:00

La Ley 43/2003 de Montes califica de bienes de dominio público:

a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) Los montes comunales pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento pertenezca al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las caracteristicas anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Subsuelo no minero

2006-06-25T11:55:00.000+02:00

El Derecho español disocia la riqueza del subsuelo de la titularidad de la superficie.

Aunque el Código Civil, en su artículo 350 precribe que el propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes sobre Minas y Aguas, lo cierto es que cada vez se impone la hipótesis más restrictiva, ya que se limitan o sustraen del propietario otras utilizaciones del subsuelo como ocurre con las aguas subterráneas (Ley de Aguas de 1985).

Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional

2006-06-25T11:54:00.000+02:00

Aparece esta denominación en el Código Civil, pero no así son reconocidos en el Dercho francés o italiano. Según el artículo 339 se ejemplifica las minas. Lo cierto es que las minas, una vez que se han concedido, no están afectadas a un servicio o uso público, sin embargo la doctrina así las considera.

Otros bienes de este tipo son los hidrocarburos, las aguas terrestres, las minero-medicinales y el demanio marítimo.

Bienes afectados a la Corona

2006-06-25T11:53:00.000+02:00

El Patrimonio Real de España se denomina ahora, indebidamente, Patrimonio Nacional, según lo previsto en la Ley 23/1982 y su Reglamento de aplicación.

Son aquellos muebles e inmuebles afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la familia Real, como son los Palacios de Oriente, de Aranjuez, de El Escorial, etc.

Bienes afectados a un servicio público

2006-06-25T11:52:00.000+02:00

El Código Cicil consideró estos bienes afectados a un servicio público a los de titularidad estatal. Pero la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas los amplia todos los de titularidad pública, es decir, también al servicio de la administración local y la autonómica.

Bajo este concepto son los edificios en los que se alojan oficinas o servicios de cualquier tipo, bastando que estén afectados a un servicio público.

Bienes afectados a un uso público

2006-06-25T11:51:00.000+02:00

Son estos los bienes demaniales por naturaleza, tales como ríos, torrentes, riberas del mar, caminos, canales, puentes, etc. La legislación local los ha ampliado a carreteras, plazas, calles, etc.

Este número no se agota con la enumeración del Código Civil y la legislación local, sino que se entiende es abierta.

En el demanio natural, en el que se incluyen aguas terresters y marítimas, ha de incluirse el mar litoral y el espacio aéreo.

Ultimamente, el espacio radioeléctrico también se ha visto incluído en el dominio público, tal y como ha adminitido el Tribunal Constitucional.

Pero, en realidad, ¿qué bienes son de dominio público?

2006-06-25T11:49:00.000+02:00

Según la Constitución Española son bienes de dominio público estatal, los que determine la Ley, y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de las zona económica y la plataforma continental.

Por otra parte, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, considera bienes y derechos de dominio público a todos los que siendo de titularidad pública, están afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

Consecuentemente, podemos establecer una clasificación que ampliaremos en los siguentes posts:

- Bienes afectados al uso público
- Bienes afectados a un servicio público
- Bienes afectados a la Corona
- Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional (las minas)
- Subsuelo no minero
- Montes públicos
- Bienes comunales

¿Qué son los bienes públicos?

2006-06-19T19:47:00.000+02:00

Son los bienes de que disponen las administraciones y los que están afectados a un uso público.

Existen dos tipos: bienes de dominio público y bienes patrimoniales.

Los bienes de dominio público o bienes demaniales son los que pertenecen a un ente público y están afectados a un uso público, un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Ejemplos: una calle, un instituto de enseñanza o las aguas. En cambio, los bienes patrimoniales pertenecen a las administraciones, pero no están afectados a un uso público, un servicio público, ni al fomento de la riqueza nacional, como, por ejemplo, el capital de sociedades públicas.

¿Qué requisitos son necesarios para acceder a las prestaciones por incapacidad temporal?

2006-06-19T19:46:00.001+02:00

Son los siguientes:

- En el momento que se produce estar afiliado a la Seguridad Social, en alta o situación asimilada al alta.

- Encontrarse en una situación de incapacidad temporal, cuya prueba son los partes médicos de baja y de confirmación de la misma.

- En el caso de enfermedad común, tener cumplido un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante. Este periodo no es exigible en el caso de accidente o enfermedad profesional.

¿A qué puede ser debida la incapacidad temporal?

2006-06-19T19:46:00.000+02:00

Puede ser debida a enfermedad común o profesional (relacionada con el trabajo).