Revista Conciliando

28 años de Conciliación en el Perú: El legado del Pacto que nació en Limamarc

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 23 Nov 2025 11:17:00 -0500

En noviembre de 2017, al cumplirse los 20 años de la Ley N.º 26872 que instauró la conciliación extrajudicial en el Perú, el Centro de Solución de Conflictos Limamarc dio un paso trascendental: lanzó el Pacto por la Conciliación. Esta iniciativa no fue solo una celebración de un aniversario, sino una declaración histórica que reafirma la conciliación como el camino más humano, accesible y transparente para resolver conflictos en nuestra sociedad.

Un compromiso que trasciende generaciones
En este 2025, la conciliación extrajudicial cumple 28 años de vigencia en el Perú, consolidándose como una herramienta esencial para garantizar acceso a la justicia y promover la cultura de paz. Desde la promulgación de la Ley N.º 26872 en 1997, miles de ciudadanos han encontrado en la conciliación un camino más rápido, económico y humano para resolver sus conflictos. Este aniversario no solo recuerda un hito normativo, sino que reafirma la necesidad de fortalecer los principios de accesibilidad, eficiencia e integridad que inspiran al Pacto por la Conciliación, impulsado por Limamarc como símbolo de compromiso y liderazgo institucional.

Principios que marcaron un hito
El Pacto por la Conciliación se sustenta en cinco pilares que hoy siguen siendo faros de orientación:
• Accesibilidad: Que todas las personas puedan acceder a la conciliación, sin barreras económicas ni técnicas.
• Eficiencia: Procesos ágiles y efectivos, centrados en soluciones reales.
• Integridad: Ética y transparencia en cada etapa del procedimiento.
• Prevención de la corrupción: Cero tolerancia frente a prácticas que afecten la confianza ciudadana.
• Cultura de paz: Resolver conflictos construyendo respeto, diálogo y entendimiento.

Una convocatoria nacional
El pacto convoca a todos los centros de conciliación extrajudicial privados acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al adherirse, cada institución se compromete a vivir estos principios, fortaleciendo la justicia alternativa y generando confianza en la ciudadanía. Es un llamado a la unidad, a la ética y a la responsabilidad compartida.

Limamarc: Impulsor y referente
Desde su sede en Cercado de Lima, Limamarc no solo promovió el pacto: lo convirtió en parte de su identidad institucional. Con innovación tecnológica, formación constante y atención cercana, demostramos que la conciliación puede ser moderna, eficiente y profundamente humana. Cada acuerdo logrado es un paso hacia una sociedad más justa y pacífica, y cada compromiso asumido es un legado que se proyecta hacia el futuro.

Vigencia y proyección
Hoy, en 2025, el Pacto por la Conciliación sigue más vigente que nunca. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones rápidas, confiables y éticas, este pacto representa una hoja de ruta para transformar la justicia alternativa en el Perú. Es más que un documento: es un símbolo de confianza, un manifiesto de paz y un legado que seguirá inspirando a las próximas generaciones.

Súmate al pacto
Invitamos a centros, conciliadores, instituciones y ciudadanos a conocerlo, difundirlo y adherirse. Porque una sociedad que concilia, es una sociedad que avanza.

Más información en: https://pactoporlaconciliacion.wordpress.com

Convocatoria de Conciliadora para Limamarc

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 28 Jul 2024 19:08:00 -0500

Se busca una Conciliadora para el Centro de Conciliación Extrajudicial Limamarc, el lugar del servicio será Jirón Carabaya N° 719, Oficina N° 114, Cercado de Lima, de lunes a viernes, en el horario de 9 AM a 5 PM.

REQUISITOS
- Conciliadora Básico y Especializada en Familia, debidamente acreditada.
- Experiencia en conciliaciones civiles y familia .
- No haber sido sancionada por la Dirección de Conciliación o no haber acumulado más de dos quejas ante la Dirección de Conciliación.
- Conocimientos de Office e internet.
- Buena presencia.
- Buen trato con el público.
- Responsable.

LABORES A REALIZAR:
- Tramitar procedimientos de conciliación.
- Orientar a los usuarios en temas de conciliación.
- Calificar solicitudes de conciliación y/o elaborar solicitudes de conciliación.
_ Elaborar las invitaciones a conciliar.
- Celebrar audiencias de conciliación privadas y conjuntas.
- Elaborar acta de conciliación.

PRESENTAR CURRICULUM

Email: informes@limamarc.com.pe

SEPA LAS PROVINCIAS DEL PERÚ DONDE ES OBLIGATORIA LA CONCILIACIÓN AL 2022

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 17 Jul 2022 12:26:00 -0500

En la conciliación cada provincia de cada departamento del Perú constituye un Distrito Conciliatorio distinto, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de conciliación aprobado mediante Decreto Supremo 014-2008- JUS.

Distritos Conciliatorios con obligatoriedad del intento conciliatorio al 2022

Nº	Decreto Supremo	Distrito conciliatorio	Inicio de obligatoriedad	Provincia	Departamento
2000
1	007-2000-JUS	Trujillo	02/11/00	Trujillo	La Libertad
2	007-2000-JUS	Arequipa	02/11/00	Arequipa	Arequipa
2001
Nº	Ley	Distrito conciliatorio	Inicio de obligatoriedad	Provincia	Distrito conciliatorio
3	Ley 27398	Lima y Callao	01/03/2001	Lima y Callao	Lima y Callao
2010
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio de obligatoriedad	Provinvia	Departamento
4	005-2010-JUS	Cuzco	01/07/10	Cuzco	Cuzco
5	005-2010-JUS	Huancayo	01/08/10	Huancayo	Junín
6	005-2010-JUS	Cañete y Huaura	01/09/10	Cañete y Huaura	Lima
7	005-2010-JUS	Del Santa	01/10/10	Del Santa	Ancash
8	005-2010-JUS	Piura	01/11/10	Piura	Piura
2011
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
9	008-2011-JUS	Ica	01/09/11	Ica	Ica
10	008-2011-JUS	Chiclayo	04/10/11	Chiclayo	Lambayeque
11	008-2011-JUS	Cajamarca	03/11/11	Cajamarca	Cajamarca
12	008-2011-JUS	Puno	01/12/11	Puno	Puno
2012
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
13	015-2012-JUS	Huamanga	07/11/12	Huamanga	Ayacucho
14	015-2012-JUS	Huánuco	14/11/12	Huánuco	Huánuco
15	015-2012-JUS	Tacna	12/12/12	Tacna	Tacna
2013
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
16	015-2012-JUS	Maynas	03/04/13	Maynas	Loreto
17	015-2012-JUS	Huaraz	05/06/13	Huaraz	Ancash
18	015-2012-JUS	San Martín	07/08/13	San Martín	San Martín
19	015-2012-JUS	Tumbes	04/09/13	Tumbes	Tumbes
20	015-2012-JUS	Coronel Portillo	02/10/13	Coronel Portillo	Ucayali
21	015-2012-JUS	Mariscal Nieto	06/11/13	Mariscal Nieto	Moquegua
2014
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
22	008-2014-JUS	Abancay	01/10/14	Abancay	Apurimac
23	008-2014-JUS	Pasco	22/10/14	Pasco	Pasco
24	008-2014-JUS	Huancavelica	05/11/14	Huancavelica	Huancavelica
25	008-2014-JUS	Tambopata	26/11/14	Tambopata	Madre de Dios
26	008-2014-JUS	Chachapoyas	11/12/14	Chachapoyas	Amazonas
2015
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
27	004-2015-JUS	San Román	30/09/15	San Román	Puno
28	004-2015-JUS	Sullana	28/10/15	Sullana	Piura
29	004-2015-JUS	Barranca	25/11/15	Barranca	Lima
30	004-2015-JUS	Moyobamba	16/12/15	Moyobamba	San Martín
2016
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
31	004-2015-JUS	Chincha	27/04/ 16	Chincha	Ica
32	004-2015-JUS	Pisco	22/06/16	Pisco	Ica
33	004-2015-JUS	Rioja	24/08/16	Rioja	San Martin
34	004-2015-JUS	Satipo	21/09/16	Satipo	Junín
35	004-2015-JUS	Ilo	26/10/16	Ilo	Moquegua
36	004-2015-JUS	Andahuaylas	23/11/16	Andahuaylas	Apurímac
2017
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
37	001-2017-JUS	Huanta	15/03/17	Huanta	Ayacucho
38	001-2017-JUS	Camaná	05/04/17	Camaná	Arequipa
39	001-2017-JUS	Leoncio Prado	17/05/17	Leoncio Prado	Huánuco
40	001-2017-JUS	Cajabamba	14/06/17	Cajabamba	Cajamarca
41	001-2017-JUS	Jaén	16/08/17	Jaén	Cajamarca
42	001-2017-JUS	Acobamba	20/09/17	Acobamba	Huancavelica
43	001-2017-JUS	Nazca	18/10/17	Nazca	Ica
44	001-2017-JUS	Lambayeque	15/11/17	Lambayeque	Lambayeque
2018
N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
45	001-2017-JUS	Huaral	21/03/18	Huaral	Lima
46	001-2017-JUS	Ferreñafe	18/04/18	Ferreñafe	Lambayeque
47	001-2017-JUS	Huaylas	16/05/18	Huaylas	Ancash
48	001-2017-JUS	Caylloma	20/06/18	Caylloma	Arequipa
49	001-2017-JUS	La Mar	15/08/18	La Mar	Ayacucho
50	001-2017-JUS	Chanchamayo	19/09/18	Chanchamayo	Junín
51	001-2017-JUS	La Convención	17/10/18	La Convención	Cusco
52	001-2017-JUS	Talara	14/11/18	Talara	Piura

2019 - 2022

N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio de obligatoriedad	Provincia	Departamento/ Región
53	005-2019-JUS	Ambo	20/03/2019	Ambo	Huánuco
54	005-2019-JUS	Tarma	17/04/2019	Tarma	Junín
55	005-2019-JUS	Pacasmayo	15/05/2019	Pacasmayo	La Libertad
56	005-2019-JUS	Utcubamba	19/06/2019	Utcubamba	Amazonas
57	005-2019-JUS	Alto Amazonas	17/07/2019	Alto Amazonas	Loreto
58	005-2019-JUS	Lampa	14/08/2019	Lampa	Puno
59	005-2019-JUS	Chota	18/09/2019	Chota	Cajamarca
60	005-2019-JUS	Palpa	16/10/2019	Palpa	Ica
61	005-2019-JUS	San Ignacio	18/03/2020	San Ignacio	Cajamarca
62	005-2019-JUS	Jauja	15/04/2020	Jauja	Junín
63	005-2019-JUS	Islay	13/05/2020	Islay	Arequipa
64	005-2019-JUS	Mariscal Cáceres	17/06/2020	Mariscal Cáceres	San Martín
65	005-2019-JUS	Casma	15/07/2020	Casma	Ancash
66	005-2019-JUS	Azángaro	12/08/2020	Azángaro	Puno
67	005-2019-JUS	Huari	16/09/2020	Huari	Ancash
68	007-2021-JUS	Otuzco	15/10/2021	Otuzco	La Libertad
69	007-2021-JUS	Chucuito	26/11/2021	Chucuito	Puno
70	007-2021-JUS	Canchis	03/12/2021	Canchis	Cusco
71	007-2021-JUS	Celendín	18/03/2022	Celendín	Cajamarca
72	007-2021-JUS	Ascope	22/04/2022	Ascope	La Libertad
73	007-2021-JUS	Paita	20/05/2022	Paita	Piura

PROHIBICIONES DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 16 Jul 2022 23:28:00 -0500

Las prohibiciones garantizan la moralidad de los operadores de la conciliación, impiden daños a usuarios del servicio y el adecuado funcionamiento del sistema conciliatorio.

El legislador ha establecido una serie de obligaciones a los operadores de la conciliación, cuyo incumplimiento genera la comisión de una infracción.

Dentro de las obligaciones que tienen los centros de la conciliación establecida en el artículo 74 del TUO del RLC encontramos una serie de actos que están prohibidos de realizar y que en su gran parte constituyen infracciones con desautorización definitiva tipificadas en el artículo 145 del TUO del RLC.

Los Centros de Conciliación está terminantemente prohibidos de realizar los siguientes actos:

Dejar de funcionar sin la autorización previa del MINJUSDH a través de la DCMA; ni incumplir con el horario autorizado.
Variar la dirección física o virtual del centro de conciliación, sin la previa autorización de la DCMA.
Sustituir a un conciliador o designar a otro sin contar con la autorización expresa de las partes.
Utilizar la denominación o cualquier signo distintivo del MINJUSDH, la DCMA o sus órganos, en cualquier documento de presentación.
Programar en la misma fecha y hora, dos o más audiencias de conciliación con el mismo conciliador, con excepción de los procedimientos susceptibles de tramitación acumulable.
Permitir el desempeño como conciliadores de quienes hubieren sido inhabilitados permanentemente como tales o se encontrasen suspendidos por sanción o medida preventiva o no hayan cancelado la multa.
Atentar contra la imparcialidad de los conciliadores, al condicionar el pago de sus honorarios al acuerdo de las partes, o a la conducción de la audiencia en beneficio de una de ellas.
Permitir que ejerzan ocasional o permanentemente la función conciliadora, personas no acreditadas como conciliadores extrajudiciales por el MINJUSDH a través de la DCMA.
Permitir que efectúen conciliaciones en materias especializadas, aquellos conciliadores que no cuenten con la acreditación de la especialización respectiva vigente.
Adulterar la información de los expedientes, ni las fechas de recepción de solicitud de conciliación como si se hubiese recepcionado con fecha anterior de la fecha que se presenta la misma, ni alterar ni modificar los cargos de invitaciones y/o actas de conciliación.
Permitir los integrantes del centro de conciliación participen actuando como partes, conciliadores, abogados o peritos dentro de uno o más procedimientos conciliatorios, derivados de casos en los que hubieren participado en el ejercicio de sus profesiones u oficios u otros.
Admitir la suplantación de un conciliador adscrito al centro de conciliación en una audiencia de conciliación.
Dejar de funcionar, de manera temporal o definitiva, sin previa autorización del MINJUSDH a través de la DCMA.
Presentar documentos falsos y/o fraguados y/o adulterados y/o con información inexacta al MINJUSDH a través de la DCMA.
Admitir a trámite un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto.

Hoja sumaria de servicio conciliatorio 2022

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Fri, 8 Jul 2022 11:03:00 -0500

El articulo 30 de la Ley N° 26872 Ley de Conciliación obliga a los centros de conciliación remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trimestralmente la hoja sumaria del servicio estadístico del centro de conciliación.

Hoja sumaria de servicio conciliatorio 2022, en formato Excel editable........................................................................................... AQUI
Manual de remisión de información estadística.........................................................................................AQUI

REQUISITOS PARA CREAR CENTRO DE CONCILIACIÓN SEGÚN TUO 017-2021-JUS

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 3 Jul 2022 22:08:00 -0500

Los requisitos para crear un centro de conciliación en Perú son los siguientes:

1. La solicitud, la cual debe indicar los datos de su domicilio real y electrónico, de su representante legal, sus datos registrales actuales y demás que se indican en el TUPA.

2. En el caso de personas jurídicas de derecho privado deben presentar:

a) La vigencia de poder del representante legal otorgado por la SUNARP.

b) La vigencia de la persona jurídica otorgado por la SUNARP.

c) La copia legalizada del acta de asamblea de asociados en el que consten lo siguiente:

i. El acuerdo de constitución del centro de conciliación, la denominación del mismo, y de ser el caso su abreviatura.

ii. Las funciones del centro de conciliación, la designación de las personas que asumen los cargos directivos del centro (Director y Secretario General), el período de ejercicio de los mismos en dichos cargos; y,

iii. El reglamento del centro de conciliación, de acuerdo al formato tipo aprobado por la DCMA.

3. En el caso de personas jurídicas de derecho público deben presentar:

a) La copia autenticada de la resolución rectoral, de la resolución del titular del Gobierno Regional, del titular del Gobierno Local o la resolución decanal del Colegio Profesional, según corresponda, que contenga lo siguiente:

i. La decisión de crear un centro de conciliación dentro de su estructura, la denominación que tiene y la abreviatura, de ser el caso.

ii. Las funciones del centro de conciliación, la designación de las personas que asumen los cargos directivos del centro de conciliación (Director y Secretario General), el período de ejercicio de los mismos en dichos cargos; y,

iii. El Reglamento del Centro de Conciliación, de acuerdo al formato tipo aprobado por la DCMA.

4. El horario de atención del centro de conciliación suscrito por el representante legal de la persona jurídica de derecho público solicitante, el cual debe ser cumplido obligatoriamente durante toda la vigencia de la autorización, salvo autorización de dispensa previa otorgada por la DCMA.

5. La relación de dos (02) conciliadores extrajudiciales, un (01) conciliador en materia especializada; y de dos (02) abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos, como mínimo.

6. Las declaraciones juradas de los dos (02) conciliadores extrajudiciales y de los abogados verificadores, que indiquen a la DCMA lo siguiente:

a) Que desarrollan su labor de conciliador extrajudicial en el centro de conciliación que lo propone.

b) Que están hábiles en el ejercicio de la función conciliatoria, y además en el ejercicio de su profesión con respecto del abogado verificador; además, que no tienen sanción vigente de suspensión y/o inhabilitación por parte del colegio profesional, en el que está registrado, que les impida ejercer legalmente dichas funciones; y

c) Que comunican a la DCMA por medio físico o por correo electrónico, la fecha en que dejen de prestar sus servicios como conciliador extrajudicial o de abogado verificador de los acuerdos, respecto del centro de conciliación que los propuso ante la DCMA.

7. El registro de firmas y sellos que utilizan los integrantes del centro de conciliación en el ejercicio de sus funciones; así como del sello de expedición de copias certificadas de actas de conciliación, de acuerdo con el formato tipo aprobado por la DCMA.

8. La declaración jurada de los conciliadores extrajudiciales, del abogado verificador, del director y del secretario general del centro de conciliación de que no tienen antecedentes penales.

9. La declaración jurada de que cumple con lo indicado en el presente reglamento si va realizar procedimientos conciliatorios por medios electrónicos u otros de naturaleza similar.

10. En el caso de centros de conciliación que realizan conciliación presencial, el croquis de ubicación y de distribución de las instalaciones del centro de conciliación, debiendo tener como mínimo la siguiente distribución:

a) Un (01) ambiente para la sala de espera y recepción.

b) Una (01) oficina administrativa.

c) Un (01) servicio higiénico.

d) Una (01) sala de audiencias cuyas dimensiones son no menor de tres (03) metros de ancho y tres (03) metros de largo.

11. El comprobante de pago de la tasa, efectuado en el año presupuestal en que presenta la solicitud a la DCMA. Respecto a las tasas pagadas en años anteriores y no usadas en el año presupuestal que le corresponde, deberá solicitarse su devolución.

Si el conciliador extrajudicial es abogado colegiado, podrá ejercer doble función en la audiencia de conciliación: la de conciliador extrajudicial y la de abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Para ello, el centro de conciliación debe comunicar la adscripción en doble función del conciliador al MINJUSDH a través de la DCMA, según los trámites establecidos para tal efecto.

FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 3 Jul 2022 08:44:00 -0500

FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN

Como operadores del sistema conciliatorio los Centros de Conciliación tienen una serie de funciones, que las dividimos en generales, respecto al procedimiento conciliatorio, respecto potestad supervisora y sancionadora del ministerio de justicia, respecto a sus conciliadores y finalmente prohibiciones de los centros de conciliación.

GENERALES

1. Exhibir el tarifario autorizado con los costos de todos los servicios prestados y en lugar visible de su local para el público al mismo, así como también en su página web, redes sociales u otros que utilice para darse a conocer a sus potenciales usuarios del servicio.

2. Mantener vigente la designación de sus Directivos -director y secretario general-, así como comunicar cualquier cambio con relación a la información que se encuentre en el Registro Único de Centros de Conciliación, para su trámite y autorización.

3. Atender al público en el horario autorizado por la DCMA, salvo modificación del horario previamente aprobado por la DCMA.

4. Contar y mantener el archivo de expedientes, libro de registro de acta, el archivo de actas, libro de poderes y el repositorio de manera regular, diligente, ordenada y actualizada dentro de las instalaciones del centro de conciliación autorizadas para su funcionamiento, en el caso de expedientes físicos. En caso de pérdida, deterioro o sustracción se debe comunicar a la DCMA y proceder de inmediato a la reconstrucción de este.

5. Realizar audiencias de conciliación dentro del local autorizado, salvo que el conciliador designado tenga autorización vigente del MINJUSDH a través de la DCMA para el ejercicio de su función conciliatoria fuera de dicho local, conforme a lo establecido en el presente reglamento.

6. Brindar exclusivamente servicios de conciliación dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación, o por la plataforma o link o aplicativo web en caso de conciliación por medios electrónicos u otros de naturaleza similar; que fue notificada a las partes

7. Realizar cobros sólo por conceptos y montos comprendidos en las tarifas autorizadas por MINJUSDH a través de la DCMA.

8. Brindar exclusivamente servicios de conciliación dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación.

10. Actuar de conformidad con los principios éticos prescritos por la Ley y su Reglamento.

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO

1. Admitir a trámite los procedimientos conciliatorios con los documentos relacionados con el conflicto, salvo que por su naturaleza éste o éstos no sean esenciales debiendo indicarlo el solicitante en su escrito de solicitud.

2. Admitir a trámite el procedimiento conciliatorio sólo cuando el domicilio de las partes corresponda al distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes o lo establecido en el presente reglamento.

3. Tramitar solicitudes de conciliación sólo sobre materias conciliables establecidas en la normativa de conciliación; y sólo sobre las otras materias conciliables que permitan las leyes especiales y procesales respectivas.

4. En caso de omisión de alguno o algunos de los requisitos establecidos en los literales c), d), e), g), h) e i) del artículo 16 de la Ley, debe convocar a las partes para informar el defecto de forma que contiene el Acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de Ley.

5. Utilizar el modelo de formato aprobado por el MINJUSDH a través de la DCMA en sus actas de conciliación.

6. Notificar las invitaciones para conciliar conforme a lo señalado en el presente Reglamento.

7. Entregar copia certificada del acta de conciliación una vez concluida la audiencia de conciliación presencial o por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, conjuntamente con la copia certificada de la solicitud para conciliar, en el plazo establecido en el presente Reglamento. Asimismo, está prohibido condicionar la entrega de la primera copia certificada del acta de conciliación y la solicitud, al pago de gastos u honorarios adicionales o similares.

8. Expedir copias certificadas adicionales del acta de conciliación, las veces que sean solicitadas por las partes previo abono del costo establecido en el tarifario autorizado y dentro del plazo establecido en el Reglamento del Centro. Está prohibido expedir copia certificada del acta de conciliación a personas distintas a las partes conciliantes, salvo a pedido del MINJUSDH a través de la DCMA; o a pedido de los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público que en el ejercicio de sus atribuciones funcionales lo requieran para un determinado caso.

RESPECTO POTESTAD SUPERVISORA Y SANCIONADORA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

1. Facilitar la labor de supervisión del MINJUSDH a través de la DCMA.

2. Proporcionar a MINJUSDH a través de la DCMA y en los plazos que se le indique, la información que ésta le requiera para los fines de su competencia.

3. Subsanar las observaciones y/o medidas correctivas señaladas en el acta de supervisión realizada por la DCMA, dentro de las condiciones y plazos señalados en la misma.

4. Brindar al supervisor o auxiliar de supervisión MINJUSDH a través de la DCMA, las facilidades del caso para la realización de la supervisión, otorgando copia de los actuados en el procedimiento conciliatorio observado de ser el caso u otros de interés cuando sea requerido por los mismos. Asimismo, anotar la sanción de suspensión en los Libros de Registros con los que cuente el Centro.

5. Remitir al MINJUSDH a través de la DCMA, trimestralmente los resultados estadísticos a los que hace referencia el artículo 30 de la Ley, sin tergiversar u ocultar a información cuantitativa de cada período. La remisión de los datos es efectuada en los formatos señalados por el MINJUSDH a través de la DCMA.

RESPECTO A SUS CONCILIADORES:

1. Mantener actualizada la nómina de sus conciliadores y abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos; así como comunicar al MINJUSDH a través de la DCMA dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de producido cualquier cambio de estos con relación a la información que se encuentre registrada en el Registro Único de Centros de Conciliación a cargo de la DCMA, para su trámite y autorización correspondiente.

2. Designar al conciliador dentro del plazo señalado en la Ley.

3. Velar por que sus conciliadores emitan las actas de conciliación con los requisitos señalados en el artículo 16 de la Ley.

4. Supervisar que sus conciliadores redacten las invitaciones para conciliar cumpliendo con los requisitos previstos en el Reglamento y con los plazos establecidos en el artículo 12 de la Ley, y que no señalen en una sola invitación para conciliar, más de una fecha en la que se desarrolla la audiencia de conciliación.

5. Supervisar que sus conciliadores observen los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio.

6. Verificar que sus conciliadores lleven a cabo la audiencia de conciliación identificando correctamente a las partes y supervisando el cumplimiento del plazo de duración de la audiencia única establecido en el artículo 11 de la Ley, salvo que haya sido prorrogado por acuerdo de las partes.

7. Cuidar que sus conciliadores o algún servidor o funcionario del centro de conciliación no falten al principio de confidencialidad.

8. Supervisar que sus conciliadores no hagan uso indebido de la prerrogativa que establece el último párrafo del artículo 15 numeral f) de la Ley.

9. Designar para la realización de audiencias de conciliación sólo a conciliadores adscritos al centro de conciliación. Asimismo, designar para la verificación de la legalidad de los acuerdos conciliatorios sólo a abogados adscritos al centro de conciliación.

10. Cumplir y supervisar que sus conciliadores cumplan con los principios, plazos y formalidades de trámite, establecidos por la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio

11. Comunicar a la DCMA dentro de los cinco (05) días hábiles de ocurrida la infracción, las faltas cometidas por sus conciliadores.

12. Mantener informada a la DCMA de las sanciones impuestas a los operadores de la Conciliación adscritos a su centro.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CONCILIACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 2 Jul 2022 08:13:00 -0500

El día de hoy, voy a hablar sobre el balance de la conciliación focalizado en contrataciones del Estado.

Las contrataciones, no solo dinamizan la economía del país, sirven para que las Entidades cumplan con sus metas, si no fundamentalmente permiten al Estado satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del país y hacer realidad sus derechos fundamentales.

La importancia de la conciliación en contrataciones del Estado radica en que permite satisfacer intereses de millones de peruanos en un espacio de tiempo menor en relación con el arbitraje y con menor conflictividad, debido a que la controversia soluciona en la etapa temprana, además de ser menos costosa y adversarial.

La conciliación en contratación pública es un medio de solución de controversias en que una de las partes, es una Entidad del Estado y la otra parte, es un contratista, realizada en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual un conciliador especializado en técnicas de conciliación, neutral e imparcial asiste a ambas partes a encontrar su propia solución a un conflicto, sobre materia conciliable referida a contrataciones del Estado, ocurrida durante la ejecución contractual y cuya materia prima está constituida por conflictos donde están en juego recursos públicos que genera un sello particular a este tipo de conciliación.

A diferencia de la conciliación básica y familiar, que persigue la satisfacción de intereses particulares de las partes, este tipo de conciliación permite satisfacer intereses de millones de personas, trasformando sus vidas, como por ejemplo la construcción de un colegio, pista u hospital.

Principales problemas de la conciliación en contrataciones del Estado

1. Ausencia de políticas públicas en pro de la conciliación, en materia de contrataciones del Estado.

Lamentablemente, el Estado, en su conjunto, carece de políticas públicas orientadas a la utilización de la conciliación como medio para solucionar sus conflictos de contratación pública y esto se puede advertir en la realidad, donde se ha podido apreciar que los procedimientos de conciliación se utilizan relativamente poco, que se pueden contar con los dedos de la mano, en comparación al arbitraje.

La gran mayoría de los conflictos de contratación pública se solventa a través del arbitraje y los pocos que existen se dan por iniciativa de los Contratistas, concluyen por falta de acuerdo, porque el Estado suele asistir a las audiencias de conciliación, simplemente para expresar su negativa a conciliar.

2. Falta de implementación de la conciliación especializada en contrataciones del Estado

A pesar de que hace veinticinco, se estableció la posibilidad de que las Entidades del Estado y los contratistas puedan solucionar sus controversias referidas a contrataciones del Estado, mediante conciliación lamentablemente no se ha establecido la especialidad en contrataciones del Estado.

Hasta el día de hoy no se ha implementado la figura del conciliador especializado en contrataciones del Estado, que le permitiría al conciliador desempañarse adecuadamente en la conducción de audiencias de conciliación entre Entidades del Estado y contratistas, en controversias relacionadas con contrataciones del Estado.

3. Carencia de abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos especializados en contrataciones del Estado.

A fin de garantizar que los acuerdos arribados entre las Entidades y contratistas sean exigibles, se debe velar que los abogados adscritos a los Centros de Conciliación, que se encargan de vigilar por la legalidad de los acuerdos entre las Entidades y contratistas, cuenten con especialización en contrataciones del Estado.

4. Ausencia de incentivos para los contratistas que promuevan la conciliación

El actual marco normativo promueve el uso de la conciliación en una de las partes, la Entidad, a través de los criterios objetivos, enfocándose solo en una de las partes de la relación contractual, olvidándose a la otra parte, el contratista, es decir, no ha incorporado mecanismos legales que incentiven a los contratistas a conciliar con el Estado, como si lo ha hecho con las Entidades, a través de los criterios objetivos, que incentivan a conciliar con los contratistas, esta situación genera un desbalance y desigualdad entre Entidad y contratistas, que es necesario solucionar. Sin embargo, esta situación que parecería asegurado el éxito de la conciliación en materia de contrataciones del Estado.

Se debe incorporar mecanismos legales que incentiven no solo a las Entidades a conciliar con la otra parte, sino sobre todo a los Contratistas, que incidan en el cumplimiento de sus obligaciones, como establecer puntos en los procesos de selección para aquellos contratistas que solucionen sus controversias con las Entidades, a través de la conciliación extrajudicial, regulada por la Ley 26872.

Otra alternativa sería crear programas de “Impuestos por conciliación”, que incentiven a los Contratistas la utilización de la conciliación como medio de solución de conflicto.

5. No participan áreas distintas a la unidad usuaria en la elaboración del informe técnico legal.

Lo más frecuente será que la unidad usuaria que generó el problema sea la que emite el informe técnico legal, más aún se realiza sin escuchar la propuesta de conciliación del contratista, sino únicamente con la solicitud de conciliación presentada por el contratista, por lo que sabemos de antemano que no será favorable a la conciliación.

No obstante, las buenas intenciones del legislador, lamentablemente la conciliación en materia de contrataciones del Estado está cayendo en letra muerta, en razón que el informe técnico legal, principal herramienta que permitiría la conciliación, generalmente es elaborada únicamente por la unidad usuaria, excluyendo a otras áreas de la Entidad como economía, planeamiento lo cual permitiría un análisis más amplio, técnico e imparcial.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗨𝗠 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗟𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Wed, 22 Jun 2022 06:45:00 -0500

Esta es una de las obras más completas y originales escritas en los últimos tiempos sobre conciliación extrajudicial, cuya autoría corresponde a Rafael Medina Rospigliosi, conciliador peruano que plasma en este trabajo años de investigación, trabajo en organismos gubernamentales, formación de futuros conciliadores y su vasta experiencia en centros de conciliación privados y públicos.
Constituye una herramienta estratégica para estudio, consulta y aplicación de la conciliación extrajudicial por parte de operadores de la conciliación, magistrados, abogados, estudiantes y público en general.
Incluye legislación, jurisprudencia, doctrina pertinente y actualizada.

𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗢𝗕𝗥𝗔:

 Ley de Conciliación sumillada, concordada, doctrina y jurisprudencia.
  TUO del Reglamento de la Ley de Conciliación.
 Directiva N° 01-2016.
 Formatos tipo de conciliación presencial.
 Formatos tipo de conciliación por medios electrónicos.
 Gráficos del procedimiento conciliatorio por medios electrónicos.
 Guía práctica para realizar audiencias de conciliación.
 Tabla de materias conciliables y no conciliables.

 Adquiérela aquí:  https://bit.ly/3n6ffso 

 WhatsApp:  https://acortar.link/QpPCyO

𝐈𝐈𝐈 𝗧𝗔𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗟𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 - 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟐

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Wed, 22 Jun 2022 06:42:00 -0500

1.Público:

Conciliadores, Abogados, estudiantes de derecho y público en general.

2. Modalidad:

Online

3. Duración del curso:

El taller tiene una duración de 30 horas académicas.

4. Fechas y horas:

4 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

5 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

10 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

11 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

12 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

13 de julio de 2022/ 6:00 pm a 10.00 pm

5. Capacitador:

Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi.

6. Malla curricular:

1.- Conocimientos básicos en Contrataciones del Estado.

2.- Conciliación en contrataciones del Estado.

3.- Principales pretensiones conciliables y no conciliables en contrataciones del Estado.

4.- El procedimiento conciliatorio en contrataciones del Estado.

5.- La representación en conciliación de contrataciones del Estado

6.- Criterios objetivos en contrataciones del Estado.

7.- Responsabilidad funcional en la conciliación de contrataciones del Estado.

8.- Redacción de actas de conciliación en contrataciones del Estado.

7. Certificación:

Limamarc Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores

8. Beneficios:

Manual exclusivo, legislación, cuaderno y lapicero

9. Inversión:

S/ 350

10. Medios de pago:

Mediante depósito o transferencia bancaria a cualquiera de nuestras cuentas.

Yape : 989181765

Banco de Crédito del Perú: 191-38533112-0-34

Interbank : 243-3203340876

Banco Continental : 0011-0814-0201429566

Banco de La Nación : 04-043-479380

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OBJETIVOS DEL CAUCUS O SESIONES PRIVADAS

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 7 Mar 2021 00:53:00 -0500

El caucus o sesiones privadas, son aquellas sesiones que realiza el conciliador con la participación de una de las partes conciliantes, debe desarrollarse en un clima de absoluta privacidad, libertad y confidencialidad.

OBJETIVOS.- Las sesiones privadas tiene los siguientes objetivos:

Identificar plenamente los intereses compartidos e individuales de las partes conciliantes.
Explorar soluciones que satisfagan plenamente a ambas partes conciliantes y a la comunidad.
Identificar el MAAN (Mejor Alternativa de Acuerdo Negociado) de cada una de las partes conciliantes.
Diferenciar los intereses de las posiciones.
Crear y propiciar una atmósfera de confianza entre el Conciliador y las partes conciliantes.
Permitir el sincera miento de las partes conciliantes con el Conciliador.
Permitir al Conciliador hacer de "agente de realidad", respecto de las posiciones, intereses y propuestas de las partes conciliantes.
Atenuar, limitar o cambiar la comunicación destructiva, incendiaria o emocional entre las partes conciliantes.
Modificar las conductas negativas, destructivas y adversariales de las partes conciliantes.
Permitir que las emociones intensas se expresen en un ambiente que no agrave las diferencias entre las partes conciliantes.
Aclarar malos entendidos, falsas percepciones y errores de percepción.
Educar a las partes conciliantes, respecto del proceso de conciliación.
Reenfocar la motivación de las partes conciliantes, acerca de la razón por la cual una solución es importante.
Comprobar la aceptabilidad de la propuesta de una de las partes conciliantes por referencia a otras.
Evaluar las propuestas de la otra parte conciliante.
Superar los impasses.

Pronto reiniciamos labores en Limamarc

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Fri, 12 Jun 2020 21:02:00 -0500

Estando al comunicado de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (DCMA) emitido hoy 12 de junio de 2020, comunicamos a usuarios y público en general que pronto estaremos reiniciando nuestras labores en esta nueva realidad con el liderazgo creativo e innovador que nos caracteriza y con la convicción que la pandemia del COVID -19, sea una gran oportunidad para cambiar hacia el diálogo, solidaridad, empatía y la paz.

En aras de garantizar la continuidad de la recepción de consultas sobre los servicios prestados, ponemos a su disposición los siguientes canales de atención:

• Email: informes@limamarc.com.pe

• WhatsApp: 989181765

Estaremos informando oportunamente la fecha en que retomemos la atención.

Lima, 12 de junio de 2020

Comunicado de Limamarc mayo 2020

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Tue, 26 May 2020 17:15:00 -0500

COMUNICADO

Limamarc Centro de Conciliación y Arbitraje en el marco del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio ( cuarentena), prorrogado mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del Covid 19, hace de conocimiento a usuarios y público en general que continua suspendida la atención al público en nuestra sede central y en aras de garantizar la continuidad de la recepción de consultas sobre los servicios prestados, ponemos a su disposición nuestros siguientes canales de atención:

Email: informes@limamarc.com.pe

Whatsapp: 989181765

De acuerdo a las disposiciones que determine el Gobierno, estaremos informando oportunamente la fecha en que retomemos la atención.

Lima, 24 de mayo de 2020

Comunicado de suspensión de actividades por estado de emergencia

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Tue, 17 Mar 2020 16:26:00 -0500

No adjuntar Acta de Conciliación no configura excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 29 Jun 2019 20:02:00 -0500

CASACIÓN 527-2016, LORETO

Sumilla.- El Acta de Conciliación no constituye una decisión administrativa, sino un documento que expresa la voluntad de las partes dentro de un procedimiento conciliatorio, en el que el conciliador ejerce la función conciliadora como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, en tal sentido, la alegación referente a que no se ha adjuntado el Acta de Conciliación no configura la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

REIVINDICACIÓN

Lima, diez de marzo de dos mil diecisiete.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número quinientos veintisiete – dos mil dieciséis, en Audiencia Pública de la fecha, y producidos el debate y votación correspondientes, emite la presente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por Karol Ramiro Raúl Celis Guerra a fojas doscientos tres, contra el auto de vista de fojas ciento ochenta y cinco, de fecha catorce de abril de dos mil quince, emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que revocó el auto apelado de fojas noventa y siete, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, que declaró infundadas la excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante, y reformando la recurrida declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante.

II.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

2.1.- DEMANDA.- Mediante escrito copiado a fojas diecinueve, subsanado por escrito copiado a fojas treinta y uno, Karol Ramiro Raúl Celis Guerra, interpone demanda de Reivindicación a efectos de que se le restituya la posesión del inmueble ubicado en la Calle Sargento Lores número 865 (antes de la nomenclatura municipal, denominado como Lote 36 de la Manzana D del Pueblo Joven Bartra Díaz), inscrito en el Asiento número 0006 de la Partida número P12043032 del Registro Predial de la Zona Registral número IV – Sede Iquitos.

2.2.- FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES POR LA DEMANDADA CLAUDIA PAOLA CONCHE ZAMBRANO.- Por escrito de fojas cincuenta y tres subsanado a fojas sesenta y cuatro, la precitada demandada deduce las excepciones de: i) Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa, señalando que no se ha llevado a cabo la conciliación extrajudicial, regulada por la Ley 26872 como requisito previo a esta demanda; y ii) Falta de Legitimidad para obrar del demandante, alegando que como consecuencia de que el accionante, no acudió a la conciliación extrajudicial antes de la presente demanda, esta situación es causal de manifiesta falta de interés para obrar, es más, la demandada no tiene intervención alguna en los hechos expuestos por el demandante, ya que viene conduciendo el inmueble de manera pacífica y de buena fe, al haber adquirido el inmueble mediante contrato privado de compromiso de compraventa de fecha cuatro de abril de dos mil doce, de su anterior propietaria Mercedes López viuda de Andrade, por lo tanto, tiene documento privado que prueba su derecho de propiedad, el cual incluso es anterior a la Escritura Pública que presenta el demandante, a efectos de hacer valer un derecho que no tiene.

2.3.- ABSOLUCIÓN DEL TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DEMANDANTE.- Por escrito de fojas setenta y tres el demandante absuelve el traslado de las excepciones propuestas, indicando que ha cumplido con recurrir a la vía conciliatoria previa a la interposición de la demandada, instancia administrativa en la que no se arribó a nada, pues la demandada no concurrió en ninguna de las fechas convocadas para conciliar, de otro lado existe identidad entre los sujetos que integran la relación procesal.

2.4.- AUTO DE PRIMERA INSTANCIA.- El A quo expidió el Auto contenido en la Resolución número 03, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, copiado a fojas noventa y siete, declarando infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante. Considera que: 1) El presente proceso versa sobre uno de Reivindicación de Dominio, es decir, que es un proceso declarativo de no disponibilidad de las partes, o sea, que requiere pronunciamiento judicial, en consecuencia, no es necesaria la conciliación extrajudicial de forma previa, por lo tanto, ambas excepciones deben ser desestimadas, pues, la segunda depende de la primera (conciliación extrajudicial); y 2) Por otro lado, no obstante lo antes expuesto, es de indicar que a fojas setenta y uno y setenta y dos corre la conciliación extrajudicial referente a este proceso.

2.5.- RECURSO DE APELACIÓN.- Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil catorce, la demandada interpuso recurso de apelación, señalando como agravio que: i)El A quo ha admitido un medio probatorio no presentado con la postulación de la demanda, ya que el demandante al absolver la excepción presenta en forma extemporánea una supuesta Acta de Conciliación Extrajudicial, señalando que por omisión involuntaria, no habría acompañado como recaudo de la incoada dichos actuados, cumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley número 26872 – Ley de Conciliación Extrajudicial, no obstante el Acta de Conciliación ha sido obtenida en forma ilegal ya que nunca le llegó notificación alguna; y ii) El A quo no valoró a cabalidad lo previsto en el precitado artículo 7 del Decreto Legislativo número 26872 – Ley de Conciliación, por lo tanto, la demanda debió declararse improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar, máxime si se estaría utilizando un documento apócrifo y dudoso en la forma como lo ha presentado.

2.6.- AUTO DE VISTA.- La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto mediante el auto de vista contenido en la Resolución número 03, de fecha catorce de abril de dos mil quince, de fojas ciento ochenta y cinco, revocó el auto apelado que declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y reformando el recurrido declara fundada dicha excepción en ese extremo, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Considerando que: 1) No se ha presentado el Acta de Conciliación Extrajudicial que resulta ser requisito de admisibilidad de la demanda, de conformidad con lo señalado por el artículo 6 de la Ley de Conciliación; 2) Lo resuelto por el A quo carece de sustento, pues el proceso de Reivindicación sí es materia conciliable, por lo tanto, el hecho de que el demandante a fojas setenta haya presentado la respectiva Acta de Conciliación al momento de absolver el traslado de las excepciones planteadas, y no como lo señala la norma juntamente con la demanda, lo que no fue advertido por el A quo, para declarar la improcedencia de la misma; 3) Además, el Acta de Conciliación Extrajudicial data del diecisiete de marzo de dos mil catorce, siendo que el Centro Internacional de Conciliación Extrajudicial del Perú (CICEP), según se puede advertir de la Hoja de Consulta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT (anexado por la demandada a esta instancia), ha iniciado sus actividades el seis de junio de dos mil catorce, es decir, después de la emisión del Acta referida, careciendo en consecuencia de valor alguno.

III.- RECURSO DE CASACIÓN.- El demandante Karol Ramiro Raúl Celis Guerra interpone recurso de casación el dieciocho de junio de dos mil quince, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la Resolución de fojas cuarenta y cuatro del Cuadernillo formado en esta Sala Suprema, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis. Al respecto, el recurrente denuncia infracción normativa material y procesal, detallando:

1) Infracción normativa del artículo 446 inciso 5 del Código Procesal Civil, al no darse los presupuestos de la excepción deducida, pues cuando la norma adjetiva se refiere al agotamiento de la vía administrativa para dejar expedita la judicialidad de la pretensión, no está precisando el cumplimiento de requisitos de admisibilidad o formales, sino un paso previo a aquélla (vía administrativa), sin el cual no se halla expedita la vía judicial;

2) Infracción normativa del artículo 377 del Código Procesal Civil, por cuanto la demandada por escrito de fecha trece de abril de dos mil quince ofrece como medio probatorio un reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, el que sin someterlo a contradictorio la Sala Superior lo acogió y resolvió, con el que supuestamente se acreditó que el Centro Internacional de Conciliación Extrajudicial del Perú (CICEP), no estaba autorizado en la fecha que solicitó la conciliación, afirmación que queda desacreditada con la Resolución Directoral número 209-2014-JUS/DGDP-DCMA del veintidós de enero de dos mil catorce, en la que se revela la fecha exacta de la autorización de funcionamiento del mencionado Centro de Conciliación, que es anterior a la fecha en que se le convoca para la conciliación con la demandada; y

3) Infracción normativa material del artículo 6 de la Ley número 26872 – Ley de Conciliación, debido a la naturaleza de la materia que requiere de un pronunciamiento judicial y debe ser objeto de prueba, deviene en una pretensión que no es de libre disposición, conforme a lo previsto por el artículo 7-A literal “i” de la Ley de Conciliación, y por lo tanto no es correcto exigir dicha Acta como un requisito de admisibilidad, corroborándose lo expresado con la Directiva número 001-2013-JUS/DGDP-DCMA – “Lineamientos para un ordenado y uniforme desarrollo del Procedimiento Conciliatorio”, aprobado por la Resolución Directoral número 145-2013-JUS/DGDPAL, de fecha veintitrés de setiembre de dos mil trece, en la que no se contempla expresamente como materia conciliable la reivindicación.

IV.- ASUNTO JURÍDICO EN DEBATE.- En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si al declararse fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa por no haberse cumplido el requisito de la invitación a la parte demandada a conciliar ante un Centro de Conciliación Extrajudicial para acceder en sede judicial al proceso de Reivindicación se estaría infringiendo el artículo 446 inciso 5 del Código Procesal Civil, y de no ser así, al no ser la pretensión de Reivindicación derecho disponible conciliable, se infringe el artículo 6 de la Ley de Conciliación al no resultar exigible el Acta de Conciliación Extrajudicial.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.

SEGUNDO.- Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso [1], debiendo sustentarse el mismo en aquéllas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso [2], por lo que en tal sentido, si bien es cierto que todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo.

TERCERO.- En el caso de autos corresponde resaltar que la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa se encuentra regulada en el artículo 446 inciso 5 del Código Procesal Civil, constituyendo un instrumento procesal destinado a lograr la conclusión del proceso y el no examen judicial con carácter definitivo de la pretensión misma, en virtud de la institución que le sirve de presupuesto, la que tiene efectos perentorios en relación a la acción, acorde con lo previsto por el artículo 451 inciso 5 de Código Procesal Civil: “Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de (…) falta de agotamiento de la vía administrativa (…)”. Tal excepción se opone entonces cuando se inicia un proceso civil sin haberse agotado previamente el procedimiento administrativo correspondiente y puede ser planteada no sólo en los procesos de impugnación o nulidad de acto o Resolución Administrativa, sino en cualquier otro que requiera un procedimiento administrativo previo antes del acceso a sede judicial, pues tal medio de defensa se funda en la omisión de un requisito procesal [3] y emerge como oposición al ejercicio indebido de una acción que no ha agotado los recursos administrativos, obviándose el procedimiento al acudir directamente al órgano jurisdiccional.

CUARTO.- En el caso de autos, se aprecia que la emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa por no haber recurrido el demandante a la conciliación extrajudicial que se encuentra regulada por la Ley número 26872, por su parte el demandante al absolver la precitada excepción adjunta el Acta de Conciliación de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce. Las instancias de mérito tienen posiciones distintas, por un lado el A quo declara infundada la demanda por considerar no ser necesaria la conciliación judicial de forma previa, y además corre la conciliación extrajudicial, y del otro la Sala Superior al ser objeto de apelación la precitada decisión, revocó el auto apelado y reformándolo declara fundada la precitada excepción, por haber presentado el demandante el Acta de Conciliación de manera extemporánea al absolver el traslado de la excepción deducida.

QUINTO.- En tal sentido, de la norma glosada en el considerando tercero de la presente resolución, se desprende que la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa constituye un medio de defensa, el cual se funda en la omisión de un requisito procesal exigido en un proceso que requiera el cumplimiento del agotamiento de un procedimiento administrativo (el cual conduzca a la declaración de las entidades de la Administración Pública en el marco de normas de derecho público), previo, antes del acceso a sede judicial, por lo tanto, el sustento de la parte excepcionante referente a que el demandante no ha adjuntado el Acta de Conciliación, no se subsume en la norma prevista en el artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil, al no constituir el Acta de Conciliación una decisión administrativa, sino un documento que expresa la voluntad de las partes dentro de un procedimiento conciliatorio, en el que el conciliador es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia para ejercer la función conciliadora como mecanismo alternativo para la solución de conflictos en la búsqueda de una solución consensual, conforme a lo previsto por los artículos 16 [4] y 20 [5] de la Ley de Conciliación, por lo que la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa resulta manifiestamente improcedente, en consecuencia, carece de relevancia determinar si el demandante ha adjuntado el Acta de Conciliación como así lo determina el A quo para declarar infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, o haberla adjuntado en forma extemporánea en el escrito que absolvió el traslado de la excepción deducida por la demandada Claudia Paola Conche Zambrano, como así lo establece la instancia superior, al haberse o no cumplido con adjuntar la respectiva Acta de Conciliación dentro del supuesto antes descrito. En dicho contexto, las decisiones emitidas por las instancias de mérito carecen de asidero fáctico y jurídico que las respalde, configurándose la infracción normativa del artículo 446 inciso 5 del Código Procesal Civil, debiéndose declarar nula la decisión emitida por la Sala Superior e insubsistente la apelada, y estando al Principio de Economía Procesal previsto en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe declararse la improcedencia manifiesta de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

SEXTO.- En relación a la infracción normativa del artículo 377 del Código Procesal Civil que regula el trámite de las apelaciones sin efecto suspensivo, así como la infracción normativa del artículo 6 de la Ley de Conciliación, respecto a la primera parte, el demandante indica que se ha sometido a contradictorio un documento adjuntado el día trece de abril de dos mil quince por la parte demandada, y respecto a la segunda señala que no se requiere la presentación del Acta de Conciliación, sin embargo, al concluirse que el sustento de la parte excepcionante, referido a que el demandante no ha adjuntado el Acta de Conciliación, no se subsume en la norma prevista en el artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil, por lo tanto, es evidente que carece de relevancia analizar si la Sala Superior [6] ha sometido al contradictorio el documento adjuntado por la demandada y si resulta correcto o no exigirse al demandante que adjunte la citada Acta de Conciliación.

Por las razones anotadas y en aplicación del artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Karol Ramiro Raúl Celis Guerra a fojas doscientos tres; por consiguiente, CASARON el auto de vista de fojas ciento ochenta y cinco, de fecha catorce de abril de dos mil quince, emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto; en consecuencia, NULO el mismo; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la resolución apelada de fojas noventa y siete, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce que declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y REFORMÁNDOLA, declararon: IMPROCEDENTE la precitada excepción; ORDENARON que la Sala Superior se pronuncie sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Karol Ramiro Raúl Celis Guerra contra Claudia Paola Conche Zambrano, sobre Reivindicación; y los devolvieron.Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.-

S.S
MENDOZA RAMÍREZ
ROMERO DÍAZ
CABELLO MATAMALA
MIRANDA MOLINA
DE LA BARRA BARRERA

[1] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.

[2] De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.

[3] CARRIÓN LUGO, Jorge, “Análisis del Código Procesal Civil”, Tomo I, 1994, páginas 343-344.

[4] “El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. (…)”

[5] “El conciliador es la persona capacitada, acreditad ay autorizada por el Ministerio de Justicia, para ejercer la función conciliadora. (…)”

[6] Sobre ello la Sala Superior según se consigna en el punto decimo señala “Además, debe advertirse que el Acta de Conciliación Extrajudicial anexado al proceso por el demandante de manera extemporánea de conformidad con lo señalado en la Ley de Conciliación -al quedar establecido la obligatoriedad de su presentación con la demanda-, data de fecha 17 de marzo de 2014, siendo que el Centro Internacional de Conciliación Extrajudicial del Perú (CICEP), según se puede advertir de la hoja de consulta de la SUNAT (anexado por la demandada a esta instancia) ha iniciado sus actividades el 06 de junio de 2014, es decir posterior a la emisión del Acta referida, careciendo de valor alguno; (…)”.

La ejecución de una acta de conciliación no cabe ser examinada en casación

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 29 Jun 2019 18:35:00 -0500

CAS. Nº 1384-2017 AREQUIPA EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN

Lima, doce de julio de dos mil diecisiete.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO:

Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Polobaya de fecha 23 de febrero de 20171 , contra el auto de vista contenido en la Resolución número dieciséis del 27 de enero de 20172 , que confirmó el auto apelado del 26 de julio de 20163 , que dispuso que se lleve adelante la ejecución, hasta que la ejecutada recurrente cumpla con el pago de siete mil novecientos diez con 99/100 soles (S/. 7,910.99); por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad de dicho medio impugnatorio, conforme lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado mediante Ley número 29364.

Segundo.- Se advierte que el presente proceso se deriva de la ejecución de un Acta de Conciliación, la que, conforme lo prescribe el artículo 18 del Decreto Legislativo número 1070, constituye título de ejecución que se tramita a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. En esa perspectiva, se asimila a una sentencia firme, dado que resuelve en definitiva el derecho en disputa. Siendo ello así, su ejecución posterior no cabe ser examinada en esta sede, pues el Tribunal Casatorio tiene su razón de ser en la debida aplicación del derecho objetivo (Artículo 384 del Código Procesal Civil), que examina antes de que exista decisión firme, por lo que no ingresa al examen de la ejecución de lo ya decidido, cuyo trámite corresponde de manera exclusiva a las instancias de mérito. Por las razones expuestas, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Polobaya de fecha 23 de febrero de 2017; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Magenta Inversiones S.R.L. con la Municipalidad Distrital de Polobaya, sobre ejecución de acta de conciliación; y los devolvieron. Siendo ponente el señor Juez Supremo Sánchez Melgarejo. SS. HUAMANÍ LLAMAS, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CHAVES ZAPATER, SÁNCHEZ MELGAREJO.

EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TÁVARA CÓRDOVA ES COMO SIGUE

Primero.-Como aparece del contenido de la resolución precedente, los recursos de casación interpuestos en estos procesos de Ejecución de Acta de Conciliación, la línea jurisprudencial de esta Sala Civil Permanente es declararlos improcedentes, entendiéndose como un rechazo de plano, sin analizar los requisitos de procedibilidad, bajo el sustento que el Acta de Conciliación se asimila a una sentencia firme dado que resuelve en definitiva el derecho en disputa, siendo ello así su ejecución posterior no cabe ser examinada en esta Sede, pues el Tribunal Casatorio tiene su razón de ser en la debida aplicación del derecho objetivo- conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, esto es examinar los errores de derecho antes que exista decisión fi rme; supuesto que no se presenta en el caso de autos, según el fundamento del voto en mayoría.

Segundo.-El suscrito respeta la decisión mayoritaria de esta Sala Suprema, pero no la comparte; pues si bien es cierto que conforme el artículo 18 de la Ley número 26872 - Ley de Conciliación, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1070, el Acta de Conciliación, constituye título de ejecución, agregándose que se tramita como proceso de ejecución de resoluciones judiciales; también es cierto que el Acta de Conciliación por el procedimiento del que emana y por su naturaleza, no puede equipararse a una resolución judicial firme y que tenga carácter de cosa juzgada; teniendo presente que conforme al íter de los procesos, después de la tramitación de los mismos en las diferentes vías procedimentales, llámese sumarísima, abreviado, de conocimiento o proceso único de ejecución, éstos terminan en una resolución judicial final, sea sentencia o auto que pone fin a la instancia, en los cuales, como regla, también queda expedita la etapa impugnatoria, sea vía recurso de apelación y recurso de casación, lo que justifica razonablemente que el proceso de ejecución de resolución judicial firme tenga un trámite diferente; y que obviamente no pueden ser objeto de cuestionarse en vía de recurso de casación.

Tercero.- Que en ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil que establece como fines del recurso de casación la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, no encuentro razón valedera alguna para que este Supremo Tribunal deje de cumplir con tales fines, esto es analizar y decidir la adecuada aplicación del derecho objetivo en casos concretos como en el presente proceso de ejecución de acta de conciliación, muy por el contrario es pertinente que nuestra Corte Suprema vele por los fines de recurso extraordinario de casación.

Cuarto.- Que en base a las consideraciones antes expuestas estimo que en los procesos de Ejecución de Acta de Conciliación deben analizarse los requisitos de admisibilidad y luego de procedencia conforme a los artículo 387 y 388 del Código Procesal Civil; en tal sentido MI VOTO es por que se califique el recurso de casación. S. TÁVARA CÓRDOVA. 1 Ver fojas 148 2 Ver fojas 137 3 Ver fojas 82 C-1640842-371

No basta citar infracción normativa sino, debe demostrarse incidencia sobre la decisión, a proposito de denuncia de falta de acta de conciliación extrajudicial

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 29 Jun 2019 15:05:00 -0500

CAS. Nº 15534– 2017 ICA

Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO:

Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por Elsa Jesús Vera Bancayan, de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos doce, contra la sentencia de vista de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento noventa y uno, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmó la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y cinco, que declaró fundada la demanda; en los seguidos por la Comisión Liquidadora de la Cooperativa Agraria de Usuarios Huacachina Limitada contra Elsa Jesús Vera Bancayan y otros, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; recurso que reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia;

Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, tiene como fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado.

Tercero: El artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial.

Cuarto: Por infracción normativa debe entenderse la causal a través de la cual la parte recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal (1) .

Quinto: En cuanto a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, esta Sala Suprema precisa que se funda en el principio constitucional del Stare Decisis, propio del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema(2) . En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el segundo párrafo del artículo 400 del Código Procesal Civil preceptúa: “La decisión que se toma en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente”; y, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial El Peruano de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.”

Sexto: Los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que la parte recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, cuando ésta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.

Séptimo: Respecto a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con éstos, puesto que apeló, mediante escrito obrante a fojas ciento sesenta y dos, la sentencia de primera instancia que le resultó adversa a sus pretensiones; asimismo, en su recurso de casación ha indicado que su pedido casatorio es de orden anulatorio y subordinadamente revocatorio. Por tanto, corresponde a continuación verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado.

Octavo: La parte recurrente ha denunciado como causales de su recurso de casación, lo siguiente: a) infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 75, 122 inciso 4 y 425 incisos 2, 3 y 6 del Código Procesal Civil; del artículo 6 de la Ley de Conciliación, Ley Nº 26872; y del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Conciliación, Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS; argumenta que se ha incumplido con los requisitos formales e ineludibles exigidos al momento de plantear la demanda y, con ello, se vulnera el debido proceso, es decir, que el accionante no ha acreditado con adjuntar a su demanda: i) La inscripción registral de la existencia legal de la Comisión Liquidadora de la Cooperativa Agraria de Usuarios de Huacachina Limitada; ii) el poder especial suficiente para poder demandar, así como para conciliar la pretensión de otorgamiento de escritura pública; y iii) copia certificada del acta de conciliación extrajudicial. Agrega que la sentencia de vista impugnada no se ha pronunciado respecto al fundamento de su apelación en el sentido que el demandante no habría adjuntado a su demanda el acta de conciliación extrajudicial; b) infracción normativa del artículo 77 del Código Civil, concordante con el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas (Decreto Supremo Nº 074-90-TR); indica que los precitados dispositivos legales han sido inaplicados, pues el demandante no ha cumplido con adjuntar a su demanda la copia literal que demuestre la existencia de la persona jurídica denominada Comisión Liquidadora de la Cooperativa Agraria de Usuarios de Huacachina Limitada; y, c) infracción normativa del artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas (Decreto Supremo Nº 074-90-TR) y 2 del Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas; sostiene que los mencionados dispositivos legales han sido inaplicados, debido a que el demandante no ha cumplido con acreditar las inscripciones registrales de la disolución y liquidación; y del nombramiento de los integrantes liquidadores de la referida Comisión.

Noveno: En relación a las infracciones normativas descritas en los literales a), b) y c), cabe indicar que el recurso de casación no cumple con el presupuesto procesal establecido en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, esto es, describirla con claridad y precisión, toda vez en autos corre la Certificación, expedida por los Registros Públicos de Ica, en el sentido que: “En el asiento C000058 de la Partida Nº 07010256 del Libro de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la Cooperativa denominada “Cooperativa Agraria de Usuarios Huachina Limitada, según se encuentra registrado y vigente el poder otorgado mediante Asamblea General de fecha dieciséis de setiembre de dos mil doce (Título Nº 5075 de fecha doce de marzo de dos mil trece), (asiento extendido por disposición judicial contenidas en la Resolución número treinta y cinco del seis de marzo de dos mil trece, expedida por la Dra. Diana Luis Peña Wong, Juez Supernumerario del Primer Juzgado Especializado Civil de Ica), donde se procede a nombrar a la Comisión Liquidadora, con facultades otorgadas según asiento C-59 (Título Nº 21204-09/2013”, el que ha sido soslayado en el presente recurso de casación por la parte impugnante; obrando en autos la inscripción de poderes para demandar y conciliar; y el acta de conciliación de fecha once de junio de dos mil quince, también, soslayados en el recurso de casación.

Décimo: Finalmente, el recurso de casación, sub análisis, no cumple con la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, pues no basta citar la infracción normativa sino, que debe demostrarse la incidencia de ella sobre la decisión contenida en la resolución que se impugna (3) , lo cual no aparece del recurso de casación; además, la recurrente no toma en cuenta que la infracción normativa pudo haber quedado convalidada, subsanada, que sea poco trascendente, o que existiendo simplemente no afecta (eficacia) los actos procesales realizados incluyendo la resolución impugnada (4) ; en consecuencia, el recurso de casación debe ser declarado improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Elsa Jesús Vera Bancayan, de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos doce, contra la sentencia de vista de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento noventa y uno; en los seguidos por la Comisión Liquidadora de la Cooperativa Agraria de Usuarios Huacachina Limitada contra Elsa Jesús Vera Bancayan y otros, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- SS. WALDE JÁUREGUI, MONTES MINAYA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 En relación a la infracción normativa Ariano indica: “Con la primera, se unificó (terminológicamente) la tormentosa trilogía del error in iudicando in iure prevista en los viejos inciso 1 y 2 del texto original del artículo 386 Código Procesal Civil (aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de normas materiales), en la (más simple) infracción normativa, que tiene la ventaja de no distinguir ya entre normas materiales y procesales. Por tanto, ya no interesa que el error in iudicando se refi era a una norma material sino que también podrá serlo de norma 108494 CASACIÓN El Peruano Miércoles 2 de mayo de 2018 procesal.” Ariano Deho, Eugenia, “Impugnaciones Procesales”, Lima: Instituto Pacífico, 2015, p. 271.

2 Con relación al Stare Decisis, Magaloni Kerpel, señala: “En los Tribunales de apelación la fuerza horizontal del precedente opera entre los diversos panels o salas de decisión. En términos de la doctrina vinculante, las reglas contenidas en las decisiones de cada panel son las reglas que establece el Tribunal para el resto de los órganos jurisdiccionales adscritos al circuito. Por consiguiente, es indispensable que las distintas salas actúen como si fuesen un único órgano, esto es, que traten a los precedentes de otras salas como si fuesen los propios.”; y, a continuación, expone: “Así, el Tribunal Supremo puede en todo momento decidir que la doctrina de un Tribunal de Apelación es un mal derecho (bad law) y, por tanto, establecer una regla nueva que, en virtud del stare decisis vertical, tiene que seguir el Tribunal de Apelación en cuestión.” Magaloni Kerpel, Ana Laura, “El Precedente Constitucional en el Sistema Judicial Norteamericano”, Madrid: Mc Graw Hill – Ciencias Jurídicas, 2001, p. 49.

3 Sobre este presupuesto procesal Vescovi indica: “(...) que no es pasible de casación cualquier error, sino que tiene que tratarse de uno trascendente, al punto de exigirse que tenga influencia decisiva sobre el fallo”. Vescovi, Enrique, “Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”. Buenos Aires: Ediciones de Palma, 1988, p. 246.

4 Hurtado Reyes, Martín. “Código Procesal Civil Comentado por los Mejores Especialistas”. Tomo III. Lima: Gaceta Jurídica, 2016. p. 342.

Ejecución del acta de conciliación no constituye materia de recurso de casación

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 29 Jun 2019 09:32:00 -0500

CAS. Nº 4923-2017 CUSCO EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. NRO. 1

Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Se procede a calificar el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santiago (fojas 123) contra el auto de vista contenido en la Resolución número trece, de fecha uno de setiembre de dos mil diecisiete (fojas 117) expedido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la cual confirmó el auto final contenido en la Resolución número seis, de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el extremo que declaró: 1. Improcedente la contradicción formulada por el Procurador Público de le entidad demandada; 2. Llévese a cabo la ejecución forzada hasta por la suma de setenta y nueve mil novecientos treinta y un soles con veinticinco céntimos (S/.79,931.25) a favor de la entidad demandante; y 3. Condénese al pago de intereses legales desde la celebración del acta de conciliación que se liquidarán en ejecución de sentencia; por lo que corresponde examinar si el referido recurso cumple con los requisitos dispuestos por los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364.

SEGUNDO.- Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de casación se debe tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción de los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad (1) , es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) En la Infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo presentar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fines de la casación: Nomofi láctica, Uniformizadora y Dikelógica. Siendo así, es obligación –procesal- de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la referida finalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrarlo o remediar sus carencias o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de oficio los defectos en los que hubiere incurrido la casacionista, en la formulación del referido recurso. Cabe precisar que esto último es diferente al supuesto previsto en la norma que 107866 CASACIÓN El Peruano Miércoles 2 de mayo de 2018 dispone la procedencia excepcional (2) del recurso de casación, ya que ésta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso, éste cumplirá con los fines de la casación (3) , para cuyo efecto debe motivar las razones de la procedencia excepcional. Supuesto que no se da en el presente caso.

TERCERO.- En ese sentido, se verifica que el recurso de casación, de fojas 123, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra el auto de vista contenido en la Resolución número trece, de fecha uno de setiembre de dos mil diecisiete (fojas 117) expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificado el auto de revisión que se impugna, pues éste fue notificada la Municipalidad recurrente vía Cédula de Notificación el día veintidós de setiembre de dos mil diecisiete a horas 12:32:25, a su Dirección Electrónica número 3606 (foja 121), y el referido recurso de casación lo interpuso el nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 113); y, iv) Se encuentra exonerada de acuerdo a ley.

CUARTO.- Al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, se verifica que la nombrada casacionista satisface el primer requisito previsto en el inciso 1 del referido artículo, toda vez que no consintió el auto de primera instancia contenida en la Resolución número seis, de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 60), la impugnó mediante el recurso de apelación, de fojas 69, concedida mediante la Resolución número siete, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete (fojas 73). QUINTO.- Sin embargo, se verifica que el presente proceso deriva de la demanda de ejecución de un acta de conciliación, la que conforme a los artículos 3 y 18 de la Ley número 26872 – Ley de Conciliación, este último modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1070, sobre la “Autonomía de la Voluntad” y el “Mérito y ejecución del acta de conciliación”, dispone que: “La Conciliación es una institución consensual, en tal sentido los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes.”, y que: “El Acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha Acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales.” Ello en armonía con el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Conciliación – Decreto Supremo número 014-2008-JUS, sobre: “El acuerdo conciliatorio” que regula: “El acuerdo conciliatorio es fiel expresión de la voluntad de las partes y del consenso al que han llegado para solucionar sus diferencias. El Acta de Conciliación que contiene dicho acuerdo está sujeta a la observancia de las formalidades previstas en el Artículo 16 de la Ley bajo sanción de nulidad.”; es decir, constituye un título de ejecución que se tramita a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. –

SEXTO.- Las referidas normas especificas, en concordancia con el artículo 328 del Código Procesal Civil, sobre el “Efecto de la conciliación”, dispone que: “La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada.”

SÉTIMO.- Las normas señaladas, permiten que las partes decidan sobre sus derechos disponibles en disputa y pongan solución a su controversia conforme a los acuerdos adoptados en la referida acta, pero ante el posible incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, es decir, la aplicación o ejecución del acta de conciliación, debe ser analizada por las instancias de mérito y dentro del principio a la instancia plural. Por ello, la ejecución del acta de conciliación no constituye materia de recurso de casación, pues debe tenerse presente que este es un recurso impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, esto es, conforme dispone el artículo 384 del Código Procesal Civil, tiene su razón de ser en sus fines esenciales: la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, mediante los cuales examina los errores de derecho antes que exista decisión firme, supuesto que no se presenta en el presente proceso. Por lo tanto, no es factible verificar la infracción normativa de las normas denunciadas en casación.

OCTAVO.- En conclusión, la casacionista no ha cumplido con los concurrentes requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. En tal contexto fáctico y jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santiago (fojas 123) contra el auto de vista contenido en la Resolución número trece, de fecha uno de setiembre de dos mil diecisiete (fojas 117) expedido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Inversiones Multigas Sociedad Anónima Cerrada contra la Municipalidad Distrital de Santiago, sobre Ejecución de Acta de Conciliación; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza Suprema Señora Céspedes Cabala. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.- S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, CALDERÓN PUERTAS, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRA BARRERA.

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1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.-

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N° 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. C-1640842-10

Trece libros de negociación recomendados por el Programa de Negociación de Harvard

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 31 Mar 2019 19:38:00 -0500

1. “El poder de darse cuenta: lo que ven los mejores líderes” , por Max H. Bazerman.

2. “Sidetracked: por qué nuestras decisiones se descarrilan y cómo podemos apegarnos al plan “, por Francesca Gino.

3. “Negociando en el trabajo: Convierta los pequeños triunfos en grandes ganancias” , por Deborah M. Kolb y Jessica L. Porter.

4. “Negociación 3D: herramientas poderosas para cambiar el juego en tus tratos más importantes” , por David A. Lax y James K. Sebenius.

5. “Negociar lo imposible: cómo romper los puntos muertos y resolver conflictos feos (sin dinero o músculo)” .

6. “Negociación con el diablo: cuándo negociar, cuándo luchar” , por Robert Mnookin.

7. “Negociando la vida: Secretos para la diplomacia cotidiana y la elaboración de acuerdos” , por Jeswald W. Salacuse.

8. “Negociando lo no negociable: Cómo resolver sus conflictos más cargados emocionalmente” , por Daniel Shapiro.

9. “Gracias por la retroalimentación: La ciencia y el arte de recibir comentarios bien” , por Douglas Stone y Sheila Heen.

10. “Negociación: la nueva estrategia de negociaciones” , por Guhan Subramanian.

11. “Good for You, Great for Me: Encontrando la zona comercial y ganando en la negociación de ganar-ganar” , por Lawrence Susskind.

12. “Llegar a sí con uno mismo, y otros oponentes dignos” , por William Ury.

13. “El arte de la negociación: cómo improvisar un acuerdo en un mundo caótico” , por Michael Wheeler.

Expertos plantean crear estándares para uso de ODR en los Tribunales Americanos

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 31 Mar 2019 17:02:00 -0500

En un artículo publicado por Erika Rickard y Amber Ivey, en https://www.pewtrusts.org, titulado título “¿Puede la tecnología ayudar a modernizar los tribunales civiles de la nación?”, anuncio que expertos Americanos en noviembre pasado se reunieron en Arlington Virginia, en un evento organizado por The Pew Charitable Trusts y el Centro Nacional para Tribunales Estatales, para discutir la resolución de disputas en línea, plantearon la creación de estándares para el uso exitoso de la ODR en los tribunales civiles de Estados Unidos.

Argumentaron que “Si los tribunales implementan la ODR de manera apropiada, los litigantes y el sistema judicial podrían beneficiarse porque este enfoque tiene el potencial de mejorar el servicio al cliente, aumentar la eficiencia y reducir los costos. Además, la tecnología puede hacer que los resultados legales sean más justos si los tribunales usan estas herramientas para estimular la simplificación de procesos en línea y en persona y modificar las reglas de los tribunales para aumentar el acceso a la información o la ayuda legal.”

Agregaron que “Uno de los mejores usos de la tecnología por parte de los tribunales es mejorar sus procedimientos de manera que favorezcan la equidad para las personas en busca de justicia", dijo Jo-Ann Wallace, presidente y CEO de NLADA. "Involucrar a una amplia gama de partes interesadas para obtener aportes, y especialmente a las personas que no pueden pagar un asesor legal, es fundamental para garantizar que estos sistemas sean justos".

“ -Los participantes dijeron que los tribunales estatales se beneficiarían de los principios para la implementación justa y efectiva de esta tecnología; Directrices para el desarrollo de modelos de gobernanza ODR; Principios básicos para pilotar tipos de casos específicos; y Consideraciones prácticas para la divulgación, el acceso y las formas de optar por la ODR”

Conozca la efectividad en MASC en el mundo

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 31 Mar 2019 13:58:00 -0500

El último día del mes de febrero de 2019, el Instituto de la Paz de Estados Unidos público el índice de Estado de Derecho, que mide el estado de derecho en función de las experiencias y percepciones del público en general y de los expertos nacionales en todo el mundo.

El Perú en el área de efectividad y en MASC empato con Colombia con 0.71 y se ubicó por debajo de argentina y chile que obtuvieron el 0.76 y 0.75 respectivamente y por encima de Brasil y México con el 0.62 y 0.56.

Otros factores que se midieron fueron los siguientes:

Imparcialidad y efectividad de los MASC: 0.71

Accesibilidad: 0.56

No discriminación: 0.53

No corrupción: 0.44

No influencia del gobierno: 0.48

No mora judicial: 0.23

Ejecución efectiva: 0.42

Solicitud de conciliación constituye requerimiento para desalojo por ocupación precaria

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sat, 30 Mar 2019 08:00:00 -0500

CAS. Nº 4489 - 2017 ICA

Desalojo por Ocupación Precaria

Requerimiento de Previo

Conforme al IV Pleno Casatorio Civil, cuando existe contrato de arrendamiento, el arrendador debe requerir la devolución del inmueble antes de presentar la demanda de desalojo por ocupante precario. Ese requerimiento puede consistir en la solicitud de invitación a conciliar extrajudicialmente, pues allí se precisa el pedido de devolución del bien y es anterior al inicio del proceso. Lima, diez de julio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

Vista la causa número cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve - dos mil diecisiete, y con los acompañados, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por el demandante Francisco Javier Rojas Arellano, por derecho propio y en representación de sus hermanos Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano, mediante escrito de fecha ocho de setiembre de dos mil diecisiete (página doscientos dieciséis), contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (página ciento cuarenta y tres), que conﬁrmó la sentencia de primera instancia de fecha seis de junio de dos mil diecisiete (página ciento dieciocho) que declaró infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, en los seguidos con José Mercedes Hernández Ramos.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

Mediante escrito de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis (página treinta y cuatro), Francisco Javier Rojas Arellano, por derecho propio y en representación de sus hermanos Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano interpone demanda de desalojo por ocupación precaria contra José Mercedes Hernández Ramos, para que se le restituya la posesión del bien inmueble de su propiedad, ubicado en la Calle Ayabaca N° 139-141, del cercado de Ica, provincia y departamento de Ica; bajo los siguientes argumentos:

- Que han adquirido la totalidad de las acciones y derechos sobre el inmueble que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 02016398, amparando su demanda en el artículo 911 del Código Civil, y en los artículos 585 y 586 del Código Procesal Civil.

- Que en el Asiento B00002 se inscribió la numeración del inmueble “Calle Ayabaca N° 139-141”, conforme a la resolución número cincuenta y siete del quince de noviembre de dos mil once, corregida por la resolución número cincuenta y ocho del dieciocho de noviembre de dos mil once, ambas expedidas por el Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro.

- En el Asiento C00003 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Juan Ysidoro Rojas Trigoso (hijo), Rodolfo Adrián Rojas Trigoso (hijo), quienes adquirieron de lo que le correspondía a Rita Trigoso viuda de Rojas, fallecida el dieciséis de diciembre de mil novecientos dieciocho al haber sido declarados herederos, según la Partida N° 11023731 de SUNARP de Ica.

- En el Asiento C00004 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Gerardo Rojas Arias, Rita Aurora Rojas Arias, Francisco Rojas Espinoza y Germán Rodolfo Rojas Arias en calidad de hijos, respecto a lo que correspondía a Rodrigo Adrián Rojas Trigoso, fallecido el once de diciembre de mil novecientos cincuenta.

- En el Asiento C00005 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Gerardo Rojas Arias, Rita Aurora Rojas Arias y Francisco Rojas Espinoza en calidad de hermanos, respecto a lo que correspondía a Germán Rodolfo Rojas Arias, fallecido el ocho de enero de mil novecientos sesenta.

- En el Asiento C00006 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Rita Aurora Rojas Arias y Francisco Rojas Espinoza en calidad de hermanos, respecto a lo que correspondía a Gerardo Rojas Arias.

- En el Asiento C00007 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Francisco Javier, Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, Luis Adolfo, María Rita y José Juan Rojas Arellano, respecto a lo que correspondía a Rita Aurora Rojas Arias, fallecida el veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y dos.

- En el Asiento C00008 se materializa la transferencia de dominio de acciones y derechos por sucesión intestada a favor de Francisco Javier, Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, Luis Adolfo, María Rita y José Juan Rojas Arellano, en calidad de hijos, respecto a lo que correspondía a Francisco Rojas Espinoza (rectiﬁcado en el Asiento C00009).

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito la página sesenta y dos, José Mercedes Hernández Ramos contesta la demanda con los siguientes fundamentos: El trámite judicial de numeración respecto al predio materia del proceso debió de realizarse en Ica, y no en Lima, por lo que se ha violado la competencia y jurisdicción; agrega que resulta extraño que las sucesiones intestadas se hayan realizado en un mismo juzgado, secretario y las resoluciones se han emitido a los tres días, señalando, además, que viene encontrándose en posesión del bien inmueble por más de cincuenta años, y que viene tramitando un proceso de prescripción adquisitiva, tal como obra anotado en la partida registral; por lo que debe de considerarse título que justiﬁque su posesión.

3. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Mediante Audiencia de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete (página setenta y dos), se ﬁjaron como puntos controvertidos:

-Determinar si corresponde al juzgado ordenar a la parte demandada restituya la posesión del inmueble (terreno) a los recurrentes de la propiedad situada en la calle Ayabaca N° 139-141, Cercado de Ica; así como disponer el desalojo por ocupación precaria, por haber adquirido la totalidad de las acciones y derechos sobre el inmueble inscrito en la Partida N° 02016398, según los asientos B00002, C00003, C00004, C00005, C00006, C00007, C00008, B00003, C00009 y D00002 de la Zona Registral N° XL Sede Ica SUNARP.

- Determinar si la demandada debe ser declarada infundada o improcedente, de conformidad a los fundamentos de la parte demandada y con el pago de costas y costos.

4. TRÁMITE DEL PROCESO

Mediante resolución número nueve (página ochenta y seis), se emite sentencia, la cual fue impugnada y mediante sentencia de vista (página ciento cuatro y siguientes), se declaró nula la mencionada sentencia, ordenándose que el juez de la causa vuelva a emitir nueva sentencia sobre el fondo del asunto.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante sentencia de fecha seis de junio de dos mil diecisiete (página ciento dieciocho) declaró infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, bajo los siguientes fundamentos:

- En mérito de la Partida N° 02016398 del Registro de Propiedad Inmueble de Ica, que corre a página quince y siguientes, se puede apreciar que los demandantes Francisco Javier, Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano ostentan la propiedad sobre el bien inmueble, ubicado en Calle Ayabaca N° 139-141, del cercado de Ica; puesto que fue adquirido por herencia.

- En su contestación, el demandado hace mención a que viene poseyendo hace cincuenta años y que viene tramitando un proceso de prescripción adquisitiva; sin embargo, teniendo a la vista el Expediente N° 3130-2006, se aprecia que mediante sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se declaró infundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, interpuesta por José Mercedes Hernández Ramos, la misma que fue conﬁrmada por sentencia de vista de fecha seis de abril de dos mil quince, y con fecha siete de setiembre de dos mil quince, se declaró improcedente el recurso de casación solicitado por José Mercedes Hernández Ramos.

En la sentencia de vista del referido proceso se señala expresamente que: “(…) Con estas consideraciones, es factible colegir que efectivamente el actor tiene la condición de arrendatario del inmueble sub – litis, por tanto, no ejerce la posesión del inmueble en calidad de propietario (…)”.

- Así, siendo la citada sentencia de vista, una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, es de apreciarse que el demandado ostenta la condición de arrendatario, no obrando en autos documento por el cual se haya dado por concluido el vínculo contractual, conforme a lo establecido por el artículo 1700 del Código Civil, según el cual: “Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento”, además debe tenerse en cuenta el Cuarto Pleno Casatorio donde se indica que “(…) También constituirá un título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto previsto por el artículo 1704 del Código Civil, puesto que, con el requerimiento de la conclusión del contrato y devolución del inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de poner ﬁn al contrato. Dicha comunicación debe ser indubitable, de lo contrario, dará lugar a que la demanda de desalojo por precario se declare infundada (…)”; por tanto, no corresponde establecer que el demandado es ocupante precario.

6. APELACIÓN

Por escrito de página ciento treinta y uno, Francisco Javier Rojas Arellano, por derecho propio y en representación de sus hermanos Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano, fundamenta su recurso de apelación, señalando que:

- No se habrían analizado los actuados del expediente de prescripción adquisitiva, que desvirtuarían lo aﬁrmado por el demandado en el sentido que se le entregó la posesión el dos de febrero de mil novecientos sesenta.

- De otro lado, expresa que los considerandos octavo y noveno se sustentan en los artículos 1700 y 1704 del Código Civil, los cuales no serían aplicables al caso sub júdice, pues no existiría contrato de arrendamiento.

7. SENTENCIA DE VISTA

Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (página ciento cuarenta y tres), conﬁrmó la sentencia, señalando que:

- De autos se evidenciaría que los demandantes, tendrían la calidad de propietarios del predio materia del proceso; sin embargo, estos no han demostrado idóneamente que hayan requerido al demandado la devolución del inmueble por conclusión del contrato de arrendamiento, lo que, conforme lo prescribe el artículo 1700 del Código Civil, es un requisito previo, necesario e indispensable para considerar la conclusión del contrato de alquiler, de lo contrario se entiende que dicho contrato continúa en las mismas estipulaciones, hasta que se requiera la devolución del predio, lo que puede producirse en cualquier momento. Esto es, la acotada norma legal establece que, el contrato de arrendamiento continúa vigente, aun habiendo vencido el plazo de duración estipulado en respectivo contrato, en el caso que el arrendador no le haya puesto ﬁn o no haya requerido la restitución del inmueble mediante documento indubitable.

- Asimismo, conforme a las reglas vinculantes contenidas en el IV Pleno Casatorio Civil, se entenderá fenecido el título de posesión -contrato de arrendamiento, entre otros- cuando de modo indubitable se ha demostrado el requerimiento de devolución del inmueble y la comunicación de la conclusión del respectivo contrato de arrendamiento. Lo que guarda coherencia con lo estipulado en el artículo 1704 del Código Civil.

- En síntesis, se establece que los demandantes Francisco Javier Rojas Arellano y otros, no han cumplido con acreditar este aspecto que sustenta la pretensión de desalojo.

- Siendo esto así, en el caso de autos no es posible establecer de modo categórico y sin lugar a dudas que el demandado tenga la calidad de ocupante precario del predio materia del proceso.

III. RECURSO DE CASACION

La Suprema Sala, mediante resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete ha declarado procedente el recurso de casación del demandante Francisco Javier Rojas Arellano, por derecho propio y en representación de sus hermanos Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano, por las causales de: infracción de los artículos 2 incisos 16 y 23, 138 y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; artículos 911 y 923 del Código Civil; así como de los artículos 196 y 235 inciso 1 del Código Procesal Civil, al haber sido expuestas las referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ellas en la decisión impugnada.

IV. CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR

En el presente caso, la cuestión jurídica en debate radica en determinar los alcances del numeral 5.4 de la doctrina jurisprudencial vinculante del Cuarto Pleno Casatorio Civil.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

Primero.- Necesidad de respetar los Plenos Casatorios

La vinculación de los órganos judiciales al Pleno Casatorio responde a la lógica de uniformizar la jurisprudencia atendiendo a uno de los ﬁnes del recurso de casación. En efecto, la existencia de numerosos jueces implica que puedan existir tantas interpretaciones como juzgadores existan. Para evitar esa anarquía jurídica que atenta contra la unidad del derecho nacional que “quedaría amenazada y destruida por la superposición, sobre la ley nominalmente única, de numerosas interpretaciones judiciales contemporáneas, ya de suyo perjudiciales, pero más temibles todavía como fuentes de perturbación de la jurisprudencia futura ”[1] se constituyó el órgano casatorio que sirve como intérprete ﬁnal ofreciendo orientaciones uniformes de cómo deben entenderse las normas, generales y abstractas. Esta uniﬁcación, es una en el espacio, no en el tiempo, lo que posibilita que pueda reinterpretarse la norma de acuerdo a los nuevos alcances que puedan existir. Ella, además, se vincula a los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, por el que ante supuestos semejantes la norma jurídica se aplicará o interpretará de manera similar. En realidad, con más propiedad debe hablarse del principio de igualdad en la aplicación de la ley, lo que implica “un derecho subjetivo a obtener un trato igual, lo que signiﬁca que a supuestos de hecho iguales, deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas también iguales”, protegiéndose así la previsibilidad en la resolución judicial, “esto es, la razonable conﬁanza de que la propia pretensión merecerá del Juzgador la misma respuesta obtenida por otros en casos iguales[2]

2 ”. Con respecto a la seguridad jurídica lo que se busca -ha dicho Guzmán Flujá- es establecer “una línea unitaria de aplicación legal para conseguir un cierto grado de previsibilidad del contenido de las resoluciones judiciales de las controversias”[3].

Segundo.- La doctrina jurisprudencial vinculante

Como se advierte de la lectura de la sentencia impugnada, se ha declarado infundada la demanda considerándose que si bien los demandantes han acreditado ser propietarios del bien y que los demandados tienen la condición de arrendatarios, no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad establecido en la cláusula 5.4 del Cuarto Pleno Casatorio Civil, que prescribe que para que los enajenantes coloquen en la condición de precario al arrendatario, es necesario comunicación previa poniendo ﬁn al arrendamiento.

Tercero.- Sustento de la doctrina jurisprudencial establecida

Lo señalado en el numeral 5.4 del referido Pleno Casatorio, se encuentra justiﬁcado en el fundamento 63.IV de la referida ejecutoria. Allí se dice: “La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto del nuevo dueño, salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a respetarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 1708 del Código Civil.

En este caso, para que proceda la demanda de desalojo por precario, se deberá exigir que el demandante haya requerido en forma previa a la demanda, mediante documento de fecha cierta, la devolución del inmueble o, en todo caso, que en el contrato de compraventa haya manifestado que no continuará en el arrendamiento. En este último supuesto, tal decisión debe ponerse en conocimiento del demandado, a partir del momento en que se celebró el contrato de compra venta, acto después del cual el ocupante devendrá en precario” (el resaltado es nuestro).

Cuarto.- Requisitos para establecer la condición de precario en caso de enajenación del bien

De tal precepto se tiene como presupuestos para establecer la condición de precario del ocupante del inmueble:

a) enajenación, lo que implica la transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro, que en el caso de autos se dio en mérito a la sucesión a favor de los demandantes, b) bien arrendado, conforme se advierte del expediente acompañado de prescripción adquisitiva de dominio se ha establecido que el demandado tiene condición de arrendatario, c) la no inscripción en registros públicos del arrendamiento, lo que se cumple, pues no obra en autos medio probatorio que demuestre lo contrario, d) que el adquiriente no se hubiere comprometido a respetar el contrato de arrendamiento, en el caso de autos no se ha demostrado con medio probatorio alguno que los nuevos adquirientes hayan suscrito o manifestado voluntad de que continúe contrato de arrendamiento alguno; y e) requerimiento previo a la demanda.

Quinto.- Requerimiento previo

No se ha cuestionado ninguno de los requisitos señalados en el considerando anterior, salvo el último, esto es, se señala que hay inexistencia de requerimiento previo a la demanda. Ese es el punto en debate. Estando a ello debe señalarse lo siguiente:

1. Se advierte de la carta de fecha treinta de setiembre del año dos mil cuatro, página trescientos sesenta del expediente acompañado de prescripción adquisitiva de dominio, que María Rojas Arellano, copropietaria del bien, le solicita al demandado la devolución del inmueble.

2. Además, conforme al artículo 6 de la Ley N° 26872, la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad anterior a la demanda, y ella, tal como lo prescribe el Reglamento de la Ley (artículo 12), se inicia con una solicitud que contiene los hechos que dieron lugar al conﬂicto y la pretensión indicada con orden y claridad. Siendo ello así, se aprecia en la página veintisiete del expediente que el apoderado de los demandantes invitó a conciliar, antes de la presentación de la demanda, al demandado a ﬁn de que este le restituya la posesión del inmueble materia de litigio, bien que fue descrito a cabalidad.

3. Por consiguiente, a criterio de este Tribunal Supremo, con los documentos señalados, los demandantes acreditan su voluntad de terminar con el arrendamiento y haber hecho el requerimiento previo a la demanda, por lo que se cumple con el requisito de procedibilidad exigido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil.

Sexto.- Pronunciamiento de fondo

Aunque se trata de sentencia inhibitoria, este Tribunal Supremo estima que es posible emitir pronunciamiento de fondo, porque, como se advierte de la impugnada se han evaluado los temas propios del desalojo por ocupación precaria, esto es, el título por el que se demanda y el título por el que se posee, tal como se observa de la lectura del considerando octavo de la resolución recurrida. Así las cosas, se tiene:

1. Los demandantes han probado ser titulares del bien y lo han acreditado con las inscripciones de la Partida Registral N° 02016398, que aparecen en las páginas quince a veintiséis del expediente.

2. Los demandados carecen de título para poseer; en efecto, no solo su demanda de prescripción adquisitiva ha sido declarada infundada, sino en ese proceso se determinó que tenían la condición de arrendatarios (página novecientos ochenta y tres del expediente acompañado).

3. De los documentos glosados en el considerando quinto, se llega a la conclusión que se ha puesto ﬁn al contrato de arrendamiento y que los demandados tienen la calidad de ocupantes precarios Siendo ello así, debe ampararse la demanda presentada. VI. DECISIÓN Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil:

1.Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante

Francisco Javier Rojas Arellano, por derecho propio y en representación de sus hermanos Rodolfo Armando, Fernando José, Elsa Cristina, Rosa María, María Rita, Luis Adolfo y José Juan Rojas Arellano, mediante escrito de fecha ocho de setiembre de dos mil diecisiete (página doscientos dieciséis); en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (página ciento cuarenta y tres); y ,actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha seis de junio de dos mil diecisiete (página ciento dieciocho) que declaró infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, REFORMÁNDOLA la declararon fundada, en consecuencia

SE ORDENA el demandado José Mercedes Hernández Ramos desocupe el bien inmueble ubicado en la Calle Ayabaca N° 139-141, del Cercado de Ica, provincia y departamento de Ica en el plazo de seis días de notiﬁcado con el decreto que declara consentida la presente ejecutoria suprema, bajo apercibimiento de lanzamiento, con costos y costas.

2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oﬁcial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Francisco Javier Rojas Arellano y otros con José Mercedes Hernández Ramos, sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS.

[1] Calamandrei, Piero. Casación Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina, 1959, p. 15

[2] Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional español. Dykinson. Madrid 1991, pp. 208-209. Nada de lo señalado signiﬁca que los Tribunales no puedan modiﬁcar sus fallos, pero ello exigirá la no identidad de los rasgos sustanciales de los supuestos de hecho y la motivación del cambio de criterio. Si ello no existe se habrá vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

[3] Guzmán Flujá, Vicente C. El Recurso de Casación Civil (control de hecho y de derecho). Tirant lo blanch, Valencia 1996, p. 26. Fernández Segado, antes que “previsibilidad” preﬁere el término “predictibilidad” que conceptúa como el “poder predecir de antemano las consecuencias jurídicas de nuestros propios actos” (Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional español. Dykinson. Madrid 1991, p. 99). Por su parte, Carrión Lugo ha sostenido que la casación tiene como propósito “la preservación de la uniformidad de los criterios jurisprudenciales ante situaciones más o menos iguales, evitándose el otorgamiento de tutelas judiciales diferentes o contradictorias (Carrión Lugo, Jorge. El Recurso de casación en el Perú. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima 1997, p. 68)”. Mientras que Monroy Gálvez ha indicado: “Otro ﬁn del recurso de casación es lograr la uniformización de la jurisprudencia nacional. Íntimamente ligado al ﬁn descrito en el párrafo anterior (ﬁn pedagógico) la casación pretende que las decisiones judiciales, al organizarse alrededor de las pautas que la corte de casación, encuentren organicidad y unicidad, la que a su vez debe producir varios efectos secundarios. Así, la uniformidad de la jurisprudencia permitirá que no se inicien procesos que de antemano se advierte no van a tener acogida en los órganos jurisdiccionales. Si mientras se sigue un proceso se expide una decisión casatoria en otro con elementos idénticos, se podrá alegar a favor en éste - y con considerable contundencia- el escrito de la corte de casación” (Carrión Lugo, Jorge. El Recurso de casación en el Perú.

Conoce el calendario Oficial 2019 y 2020 de entrada en vigencia de la obligatoriedad de la conciliación

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Fri, 1 Feb 2019 22:04:00 -0500

Mediante Decreto Supremo 005-2019-JUS, se aprobó el calendario Oficial para el 2019 y 2020 de la entrada en vigor de la obligatoriedad del intento conciliatorio.

La obligatoriedad implica que antes de iniciar un proceso judicial en materia conciliable, tiene que agotar la instancia conciliatoria ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para el año 2019, se prevé que entrará en vigor en ocho Distritos Conciliatorios que se detalla a continuación:

N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
1	005-2019-JUS	Ambo	20/03/19	Ambo	Huánuco
2	005-2019-JUS	Tarma	17/04/19	Tarma	Junín
3	005-2019-JUS	Pacasmayo	15/05/19	Pacasmayo	La Libertad
4	005-2019-JUS	Utcubamba	19/06/19	Utcubamba	Amazonas
5	005-2019-JUS	Alto Amazonas	17/07/19	Alto Amazonas	Loreto
6	005-2019-JUS	Lampa	14/08/19	Lampa	Puno
7	005-2019-JUS	Chota	18/09/19	Chota	Cajamarca
8	005-2019-JUS	Palpa	16/10/19	Palpa	Ica

Para el año 2020, un año antes del bicentenario será obligatoria el intento conciliatorio en ocho Distritos Conciliatorios, que se detallan a continuación:

N°	Decreto Supremo	Distrito Conciliatorio	Inicio obligatoriedad	Provincia	Departamento
1	005-2019-JUS	San Ignacio	18/03/20	San Ignacio	Cajamarca
2	005-2019-JUS	Jauja	15/04/20	Jauja	Junín
3	005-2019-JUS	Islay	13/05/20	Islay	Arequipa
4	005-2019-JUS	Mariscal Cáceres	17/06/20	Mariscal Cáceres	San Martin
5	005-2019-JUS	Casma	15/07/20	Casma	Áncash
6	005-2019-JUS	Azángaro	12/08/20	Azángaro	Puno
7	005-2019-JUS	Huari	16/09/20	Huari	Áncash
8	005-2019-JUS	Chepén	14/10/20	Chepén	La Libertad

Convocatoria de coordinadores para la Dirección Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

noreply@blogger.com (Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi) — Sun, 30 Dec 2018 09:41:00 -0500

COORDINADOR DE CENTROS DE CONCILIACIÓN GRATUITOS

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CAS N° 940 – 2018-MINJUS

Del 08/01/1919 al

Coordinador de Centros de Conciliación Gratuitos para la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

De acuerdo a la Directiva N° 009-2018-JUS/SG

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COORDINADOR PARA EL EQUIPO DE SANCIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CAS N° 867 – 2018-MINJUS

Del 08/01/2019 al 08/01/2019

Coordinador para el Equipo de Sanciones para la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

De acuerdo a la Directiva N° 009-2018-JUS/SG

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COORDINADOR DE AUTORIZACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CAS N° 870 – 2018-MINJUS

Del 08/01/2019 al 08/01/2019

Coordinador de Autorizaciones para la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

De acuerdo a la Directiva N° 009-2018-JUS/SG

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