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Mientras que algunos se plantean el caso acusando al Estado por la desaparición, desde otro lado se insinúa que la misma no es nada más ni nada menos que una maniobra política.

Hay quienes consideran que Santiago fue víctima de una desaparición forzada con el Estado como victimario, y quienes piensan que las pruebas contra gendarmería no son convincentes.

No tardan en armarse los debates y repercusiones mediáticas del caso, donde diferentes personajes políticos toman la palabra como por ejemplo la ministra Patricia Bullrich, la cual fue muy cuestionada por su manejo en los medios como parte del gobierno.

Si bien es un caso meramente político desde su origen, tanto en la defensa de los derechos humanos como en el reclamo mapuche, el aprovechamiento del caso y de la situación en época electoral difiere del verdadero reclamo que es la aparición con vida de Santiago.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
La definición estricta de la desaparición forzada de personas vigente en la Ley 26.679 es “la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente.
En nuestro país la mayoría de los casos de desaparición de personas no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.
Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero, y afirmamos que se trata de verdaderos hechos de desaparición cometidos por parte de agentes del Estado.

DATOS
Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país.
Pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, los casos se han seguido acumulando con los años.
Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido los años 1994 (17 casos), 1997 (12 casos), 2001 (13 casos), 2003 (13 casos), 2006 (13 casos) y 2009 (13 casos).
Esto implica que durante los seis años del gobierno de Alfonsín se produjeron el 7% de las desapariciones forzadas, durante los diez años del Menemismo el 33%, en los 3 años en que Gobernó De La Rúa 9%, en la gestión de Duhalde también el 9%, y durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjeron 39% del total de desapariciones.
La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017.
No podemos tampoco dejar de mencionar que durante el gobierno de Cristina F. de Kirchner, el genocida César Milani, como jefe mayor del ejército fue el encargado del armado de la estructura represiva en la Patagonia y en todo el país.

Su cara se repitió cientos de veces, su nombre también. Gritos, cantos, banderas en alto, todos los ingredientes para hacer una marcha. Pero en este caso no se sentía el clima de una marcha energética, sino una ausencia que flotaba entre los presentes.  Esa ausencia, ese desaparecido en democracia era el que dejaba un sabor amargo en la boca.

En Comodoro, entre los congregados habían sindicatos, centro de estudiantes, comisiones, muchas banderas juntas por una sola causa. Entre los que estábamos ahí, estaba ella. María, la mamá de Iván Torres, que se sumaba a esta lucha. Ella, la mas consciente de la magnitud del hecho. Ella que tuvo que sufrirlo en carne propia, esa ausencia infinita que nadie puede remediar. Ese esperar eterno.

Nos juntamos, para que no pase nunca más. Para que no se repita la historia de siempre, que no siga habiendo Santiago Maldonado, ni Iván Torres, ni Nicolás Capovilla. Para que aparezcan todos y cada uno de los que nos faltan, de los que nos quitaron.

Agosto empezó con un nombre que resonaba en cada casa, en cada calle y ciudad de la República Argentina: SANTIAGO MALDONADO. El joven de 28 años, es artesano y tatuador, nació en Veinticinco de Mayo, Buenos Aires y se cree que fue desaparecido por gendarmería. 

Antes de que ocurra el hecho, Maldonado se había instalado en El Bolsón, a unos 70 km de donde se notificó la desaparición, en Cushamen, que se encuentra dentro de la provincia del Chubut. Santiago estaba apoyando a la comunidad mapuche “Pu Lof”, bajo el marco de una protesta realizada para reclamar al gobierno la propiedad de las tierras aborígenes y además la liberación de Facundo Jones Huala, quien en estos momentos es un preso político. En medio del corte de la ruta 40, gendarmería comenzó a reprimir a quienes estaban manifestándose, con golpes y armas de fuego en un operativo planificado, según distintas fuentes.
Los miembros de la comunidad, aseguran que vieron como los gendarmes, a pocos metros del Río Chubut, lo golpeaban y lo acorralaban para luego subirlo a su camioneta y llevárselo. Por otro lado, la familia afirma que Santiago “nunca tuvo militancia política. Porque descree de la política. Él tiene compromiso social”. Además sostienen que no es miembro del grupo RAM (Resistencia ancestral Mapuche).
Ayer fue por Iván Torres y Nicolás Capovilla, hoy los argentinos nos unimos nuevamente. Pero esta vez, para luchar por la aparición con vida de Santiago Maldonado.