Mano en la saca

CINCO FIGURAS DE UNIÓ MALLORQUINA, EN LA CÁRCEL DE PALMA POR CORRUPCIÓN

2013-08-03T12:32:00.000+02:00

M. A. Munar, M. Nadal y los exconsellers de Economía, M. A. Flaquer, y de Territorio, B. Vicens en la Audiencia Provincial de Palma, el 4 de julio. / EFE

Nadal cumple condena con Buils, Rebassa y Vicens

Munar está encarcelada por riesgo de fuga con condenas de 11 años

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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María Antònia Munar

Miquel Nadal

Corrupción política

Hasta cinco presos, con condenas por corrupción que ejercieron cargos públicos con Unió Mallorquina (UM) en la anterior legislatura en Baleares, coincidirán desde este viernes en la cárcel de Palma. Cuatro de ellos para cumplir penas firmes dictadas por la Audiencia de Palma y ratificadas por el Tribunal Supremo mientras que la quinta persona recluida, Maria Antònia Munar, exlíder de UM y expresidenta del Parlamento, está en prisión por riesgo de fuga. Munar suma 11 años y medio de penas de cárcel por corrupción, que ella ha recurrido, por concesiones amañadas de contratos y ventas públicas.

Miquel Nadal, expresidente de UM y exconsejero de Turismo, ingresa este viernes para cumplir una pena de cuatro años de cárcel por malversar caudales públicos en un contrato menor de 15.000 euros para retribuir trabajos partidistas, al compensar a un activista local. Nadal tiene otras condenas y distintos casos pendientes de juicio y ya ha dado pasos ante fiscales y jueces para ser un pentito, un colaborador de la Justicia para aminorar su carga de cumplimiento entre rejas.

Otro exconsejero de Turismo, Xisco Buils, está en la cárcel por otro contrato malversado de 13.000 euros públicos de los que él firmó el pago de 2.900, con las mismas finalidades partidistas ilegales que en el caso de Nadal. Otro cargo intermedio de UM en la consejería de Turismo, Antoni Rebassa, ha de cumplir cuatro años de reclusión por el mismo episodio que Buils.

El más veterano de los reclusos de Palma que militaron en UM (el partido estalló y se disolvió en 2010), es Tomeu Vicens, exsecretario general del partido, que fue diputado balear, consejero del Territorio en el Consell de Mallorca y compañero de despacho de negocios con Maria Antònia Munar.

Vicens está liquidando las dos penas de tres años por malversación de caudales públicos los contratos menores de 12.000 euros que usó para compensar a su asesor fiscal y a sendos testaferros. Este reo ha devenido un colaborador de la Fiscalia Anticorrupción, a los tres años de estar preso, para lograr penas mínimas y evitar prolongar su estancia en el centro penitenciario.

El antiguo partido de Unió Mallorquina (UM), clave para decidir el poder en Baleares, Mallorca y muchos municipios entre los años 1980 y 2010, tenía 800 afiliados reales. En las últimas elecciones a las que acudió, las autonómicas de 2007 sumó 27.178 votos, el 6,88% sobre una población electora de 699.000. UM apoyó al PP y al PSOE-PSM-IU, indistintamente.

Los presos exPP llegarán a siete en Palma e Ibiza

Desde hace tres años años, excargos del PP cumplen condenas de corrupción en la cárcel del Palma. El exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, está al final de las distintas condenas acumuladas y reducidas hasta cuatro años por corrupción urbanística. Hasta ocho años carga Jaume Massot, exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector del Territorio del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007). Un funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, el celador Jaume Gibert suma cinco años y es un ‘pentito’.

Un caso al margen es Rodrigo de Santos, exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma y que fue gerente de la campaña electoral de Matas, que cumple pena de cinco años de cárcel por abusos sexuales y, anteriormente recibió una condena de dos años por malversar fondos con la tarjeta de la empresa pública de la capital. De Santos, con cinco hijos, era activista católico integrista y ya tiene permisos de salida. Perdió su condición de funcionario.

A su vez, en la cárcel de la isla de Ibiza, está preso también desde esta semana y por riesgo de fuga el exconsejero del Gobierno de Matas, José Juan Cardona. El exlíder del PP en Ibiza tiene fue condenado a 16 años de cárcel por la Audiencia de Palma por el llamado ‘caso Scala’, en el que se malversaron hasta 8 millones de euros públicos.

El exdirector general de Cardona, Kurt Viaene, condenado a más de cinco años en un pacto de conformidad, tiene previsto ingresar en horas en la cárcel de Palma, al igual que otra condenada del ‘caso Scala’, la exgerente de un consorcio de promoción, Antonia Ordinas , con más de tres años y medio, quien como Kurt Viane colaboró con la justicia y retornó parte de los malversado. Ambos asumieron las penas de la Audiencia y anunciaron su ingreso.

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rtve.es El exconseller balear Cardona pide ser excarcelado porque no hay riesgo de fuga

elpaís.com

PRISIÓN BAJO FIANZA DE 12.000 EUROS PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

2013-07-18T19:17:00.000+02:00

ALMERÍA | Por el caso de los viajes fantasma

Junto a Pérez Montoya, procesados María Teresa González y Joaquín Conde

El juzgado ha ordenado también la retirada del pasaporte a los tres

Miguel Cabrera | Almería

Un día después de tomarles declaración durante casi seis horas, el juez instructor del caso de las facturas por los viajes fantasma de la Diputación de Almería durante el pasado mandato ha dictado auto de prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el ex vicepresidente de la institución supramunicipal, el socialista Luis Pérez Montoya; la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, y el empresario Joaquín Conde.

Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Almería, ha fijado el 29 de julio como fecha tope para que los tres imputados en este caso, en el que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, aporten los 12.000 euros de la fianza y eludan su ingreso en prisión. Fuentes jurídicas han informado que el juzgado ha retirado el pasaporte a los tres, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer a primeros de mes en dependencias judiciales.

Aunque ninguno de los tres imputados quiso declarar a la salida de los juzgados –dos de ellos salieron del edificio de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera- el rostro compungido de Luis Pérez Montoya, quien sí usó la puerta principal, parecía ya indicar que no las tenía todas consigo tras responder al duro interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el abogado de la Diputación, Antonio Abad.

No obstante, Pérez insistió en su inocencia al asegurar que en ningún caso había intervenido en una posible falsificación de facturas por viajes que, bien no se realizaron o en los que viajaron personas distintas a las que figuraban en la documentación oficial, como denunció el actual vicepresidente de la Diputación, Javier García, cuando presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado enero. Hasta el momento, se han detectado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias pagadas por la Diputación en el pasado mandato, cuando era gobernada por el PSOE, y que ascienden a un montante de más de 460.000 euros.

No obstante, algunos de los diez imputados en el caso han declarado ante el juez que las facturas podrían ascender a varios cientos, como ha dicho el ex gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias, quien también ha advertido que su nombre ha sido utilizado en esas facturas falsas para el enriquecimiento de otras personas.

Facturas falsas

Por su parte, María Teresa González, a quienes algunos imputados y testigos han señalado como la responsable de la gestión económica del Patronato, aún por encima del gerente, también volvió a negar ante el juez su participación en la falsificación de las facturas, aseguró que su labor no era la fiscalización y precisó que si se había producido alguna irregularidad, los responsables habrían sido sus superiores. Y entre ellos estaría el también imputado Luis Pérez Montoya.

El empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, empresa proveedora de la Diputación, declaró que no tuvo ninguna participación en el entramado de las supuestas facturas falsas, tras ser imputado a raíz de la declaración prestada la semana pasada por Francisco Javier Guerrero, gerente de la agencia de viajes que emitía las facturas, tras ingresar en prisión.

Guerrero informó al juez de que a través del Patronato de Turismo se pagaron facturas que el club Unicaja Voleibol - equipo patrocinado por la Diputación Provincial- adeudaba tanto a su empresa como a la de Conde, algo que éste desmintió rotundamente, tal y como ha explicado a ELMUNDO.es su abogado, Juan Marfil Castellano. Guerrero ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al atender el juez la petición de su defensa.

Aunque los tres imputados que declararon el miércoles defendieron firmemente su inocencia y su falta de responsabilidad en las facturas ficticias, el juez ha dictado contra ellos orden de prisión eludible bajo fianza, que se espera sea abonada por todos ellos en breve.

elmundo.es

ABREN JUICIO ORAL CONTRA DEL NIDO Y MUÑOZ POR EL CASO "FERGOCON"

2013-07-18T19:00:00.000+02:00

MARBELLA | Investigan la irregularidad en la contratación de obras municipales

Otras once personas estarían implicadas

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil.

Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.

Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión.

Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas.

En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados.

El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.

El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales".

Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.

elmundo.es

"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA JOSÉ BLANCO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

2013-07-18T18:46:00.000+02:00

El ex ministro socialista de Fomento José Blanco el pasado mes de junio. | Javier Barbancho.

TRIBUNALES

María Peral | Madrid

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta en el 'caso Campeón' contra el ex ministro socialista de Fomento y diputado José Blanco por tráfico de influencias por haber ayudado al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, amigo suyo, a conseguir la licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto de El Prat.

La Sala de lo Penal sostiene que de la prueba practicada en el procedimiento no se derivan indicios de tráfico de influencias dado que no se aprecia que ejerciera ninguna presión relevante para conseguir torcer la voluntad de la administración.

En auto tras el recurso del abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, la Sala de lo Penal afirma que el comportamiento que se atribuye a Blanco de "mediar para convenir una entrevista entre un alcalde [de Sant Boi] y un particular que actúa en interés propio de una empresa sin sugerir ni ofrecer una alteración de la resolución administrativa -la licencia medioambiental solicitada por Azkar- no cubre la tipificidad del delito de tráfico de influencias".

La decisión del Tribunal Supremo tiene como consecuencia que la propuesta de suplicatorio enviada a la Sala por el juez instructor, José Ramón Soriano, quedará sin efecto. En ella, pedía tramitar la petición al Congreso de los Diputados para juzgar al ex ministro. Fue entonces cuando el magistrado descartó un delito de prevaricación.

En la petición del suplicatorio, el juez instructor consideraba "determinante" el cambio de actitud del Ayuntamiento de Sant Boi después de las reuniones de Orozco con el alcalde, el socialista Jaume Bosch, "provocadas por Blanco". Tales reuniones buscaban una solución política al tema (el alcalde no es técnico en la materia) cuando la razón denegatoria de la licencia tenía su base en el incumplimiento de las condiciones técnicas", señala el juez.

"Estos hechos no son subsumibles en el tipo penal de tráfico de influencias", afirma tras este relato de hechos el Supremo, rechazando de manera rotunda la tesis de fiscal e instructor. Según el auto, el ex ministro no ejerció "predominio o fuerza moral" sobre el funcionario responsable y la resolución, finalmente favorable al amigo de Blanco, respondió a "criterios técnicos" y no a ninguna influencia exterior al funcionario responsable.

Tras conocer la decisión el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su satisfacción por la noticia y ha recordado que siempre ha creído en la inocencia de Blanco y ha puesto "las manos en el fuego" por él. "Me alegro por él y por su familia", ha añadido durante una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, donde ha mantenido un encuentro con el presidente de Canarias, Paulino Rivero, según informa Efe

elmundo.es

EL JUEZ CONCLUYE QUE CDC COBRÓ MÁS DE 5 MILLONES EN COMISIONES A TRAVÉS DEL PALAU

2013-07-16T19:20:00.000+02:00

CASO PALAU | Desvío 'a tres banda's a lo largo de una década

Convergència se repartía el 4% de las comisiones con Millet, según el juez

El dinero partía de Ferrovial y llegaba a CDC a través del Palau de la Música

Mantiene imputados a dos altos cargos del partido y otros dos de Ferrovial

Javier Oms | Barcelona

El juez del 'caso Palau' ha concluido al final de su instrucción que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con hasta 5,1 millones de euros a través de una trama de desvío de fondos "a través de un acuerdo a tres bandas" en la que también participaron la constructora Ferrovial y los máximos responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull.

En un auto de conclusiones de 47 páginas firmado cuando se cumplen cuatro años del primer registro de la institución cultural por parte de los Mossos d'Esquadra, el juez Josep Maria Pijuan ratifica hasta 17 imputaciones, entre ellas las de Millet y Montull y considera que de las investigaciones realizadas se desprende una trama que habría permitido a CDC cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El juez mantiene así a CDC como responsable civil por el desvío de fondos hacia sus arcas durante prácticamente una década, entre 2000 y 2009. Un sistema de financiación ideado, según el auto, por "altos cargos" de CDC en connivencia con directivos de Ferrovial y con Millet y Montull como intermediadores necesarios y encubridores.

Así, el titular del juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona acentúa la intervención de "al menos", los dos tesoreros del partido Carles Torrent -fallecido en marzo de 2005- y su sucesor en el cargo e imputado Daniel Osàcar, además del ex diputado en el Parlament de Catalunya Jaume Camps, también imputado.

Por parte de Ferrovial también permanecen imputados los dos ex altos cargos Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, responsables de haber abonado las comisiones ilegales al Palau que finalmente acababan en las arcas del partido. Así, el juez concreta que en total CDC recibió 5.187.199 euros de parte de Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la construcción de la Ciudad de la Justicia; de varios tramos de la línea 9 del metro de Barcelona; del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y del revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro.

El auto de conclusiones del juez especifica el porcentaje de las 'mordidas' que supuestamente se habrían repartido los implicados. Así, en el caso de la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, Ferrovial habría pagado una comisión del 4% que, según el juez, se habría repartido en un 3,5% para CDC y un 0,5% para Fèlix Millet y Jordi Montull.

El juez incluye en su escrito el sobreseimiento provisional de 12 de los imputados hasta el momento, entre ellos las hijas de Fèlix Millet, Clara y Laila, su ex secretaria personal Elisabeth Barberà o el responsable de inmigración e CDC Àngel Colom.

Además

Lea el auto completo (PDF)

elmundo.es

NIURKA MONTALVO DECLARA COMO IMPUTADA POR LOS CONTRATOS CON LA TRAMA "GÜRTEL" EN VALENCIA

2013-07-10T17:23:00.000+02:00

La ex secretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo a su llegada al TSJ. | Efe

TRIBUNALES | Fue secretaria autonómica de Deporte

David Serra niega ante juez del caso Gürtel irregularidades en la contratación

El diputado no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV

La ex atleta no ha querido hacer declaraciones a su salida del Tribunal

Efe | Valencia

El diputado autonómico del PP David Serra ha afirmado este miércoles, en su declaración como imputado en una pieza separada del caso Gürtel, que, por lo que él sabe, no hubo "ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte" en los años que él estuvo al frente de la Secretaría Autonómica de Deportes.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras declarar durante algo más de una hora en el Tribunal Superior de Justicia valenciano como imputado en la pieza separada número cinco de la rama valenciana del caso Gürtel, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

Según ha manifestado a los periodistas, su declaración ante el magistrado instructor "ha sido breve y ha ido muy bien", y se ha mostrado "muy contento" con el resultado de su comparecencia, en la que no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV.

"Creo que hemos podido ayudar al magistrado y a las partes en la instrucción y evidenciar que, lógicamente, por lo que yo sé, no ha habido ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte en los años que yo estuve", ha señalado.

Serra es diputado autonómico del PP y actualmente está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha acudido también a declarar como imputada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PPCV incluía también la comparecencia de Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

Tanto Montalvo como Tomás Font de Mora no han realizado declaraciones a los medios de comunicación, a pesar de sus preguntas.

Además

Montalvo: 'Yo no tengo nada que ver con este circo'

La rama valenciana del caso 'Gürtel' | Quién es quién

Imputada otra ex alto cargo por los contratos con 'Gürtel'

elmundo.es

IMPUTADA OTRA EX ALTO CARGO DEL CONSELL POR LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA TRAMA "GÜRTEL"

2013-07-09T18:53:00.000+02:00

TRIBUNALES | Paula de Cubas

Paula De Cubas fue asesora de prensa con el ex vicepresidente Víctor Campos

Ocupó luego el mismo cargo en las Consellerias de Industria y Turismo

Ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio

Efe | Valencia

El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha imputado a otra ex alto cargo del Gobierno valenciano, Paula de Cubas, en la pieza separada número cinco, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

De Cubas fue asesora de prensa con el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y posteriormente ocupó el mismo cargo en la Conselleria de Industria y en la de Turismo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Paula de Cubas ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana incluye la comparecencia este miércoles como imputados de David Serra y de Niurka Montalvo.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha sido citada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

Para este miércoles también ha sido citado como imputado Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

El 16 de julio declarará como imputada Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad, en relación con la investigación de supuestas irregularidades en la contratación administrativa de los premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007, adjudicados a Orange Market y sociedades vinculadas.

También lo hará el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro Alejandro, por su supuesto "papel relevante" en la contratación del acto "Tolerancia cero balance general 2007" entre Orange Market y la Conselleria de Bienestar Social.

El 17 de julio declarará el ex director general de la sociedad pública Vaersa Juan Miguel Bellver, ya que durante su mandato (2004) se contrató con Orange Market la grabación de varios documentales para la realización de una campaña de sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo.

Ese mismo día comparecerán como imputados el exdirector de gabinete del Sepiva Enrique Bort y el ex alto cargo de varias Consellerias y extrabajador de la empresa Orange Market, ligada a la red Gürtel, José Manuel Vidal.

Además

Cronología: La rama valenciana del caso Gürtel

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN EX ASESOR DEL ALCALDE MONTESEIRÍN POR PRESUNTO COHECHO

2013-07-09T18:38:00.000+02:00

Castaño, oculto bajo una chaqueta, en el coche junto a un agente. | Carlos Márquez

También han sido detenidos su esposa y dos empresarios

Los agentes registran el chalé del ex asesor de Monteseirín en Las Pajanosas

La operación continúa abierta y se podrían producir nuevas detenciones

Castaño pudo haber recibido sobornos por parte de la empresa Fitonovo

También pudo cobrar 300.000 euros en comisiones ilegales en Mercasevilla

El PP dice que la detención es una prueba del 'pasado negro del PSOE'

María Rionegro / Sebastián Torres | Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este martes al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y a su esposa, la abogada Maria V.S., dentro de una investigación iniciada a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla que investiga la juez Mercedes Alaya. La detención se ha producido en el marco de la llamada 'operación Madeja'.

Castaño habría recibido presuntamente sobornos por parte de la empresa Fitonovo, un importante contratista del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, según han confiramado a ELMUNDO.es fuentes de solvencia.

La Guardia Civil ha registrado un chalé que la pareja tiene en Las Pajanosas, en la localidad sevillana de Guillena. Además de Domingo Enrique Castaño y su esposa, también han sido detenidos al menos dos empresarios, el directivo de Fitonovo Rafael González Paloma y el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Además de estos detenidos, hay dos imputados.

La Guardia Civil tambien está registrando la sede de Fitonovo y tiene previsto inspeccionar a lo largo del día el domicilio de Castaño en la calle González Cuadrado de Sevilla, un local de su propiedad y la sede de la sociedad Fiverde, en la calle José Laguillo, además del despacho en el que trabaja la esposa de Castaño.

Una agente conduce a la esposa de Castaño. | Carlos Márquez

'Operación Madeja'

La operacion desplegada hoy deriva de una de las ramas del caso Mercasevilla, en concreto de la investigación por la subasta de un derecho de opción de compra sobre los suelos del mercado adjudicada a Sando. La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ya había imputado a Castaño en esa investigación, ya que era miembro de la comision ejecutiva y del consejo de administración de Mercasevilla cuando se celebró la subasta y posteriormente fue contratado por la empresa Sanma, participada por Sando, como directivo.

Ahora hay nuevos indicios contra él. Según ha podido conocer este periódico, la investigación del patrimonio de Castaño y su familia por el caso Mercasevilla destapó la existencia de un vehiculo de la marca Audi que habría sido pagado en el concesionario por Fitonovo.

Fuentes consultadas por este periódico han apuntado que las consecuencias de la investigación del patrimonio de algunos de los implicados en la venta de suelo de Mercasevulla y en esta nueva rama del caso Fitonovo pueden ser imprevisibles.

Quinta rama del 'caso Mercasevilla'

Tras esta operación, la juez podría abrir una nueva rama en el caso Mercasevilla, que sería la quinta instrucción después de las comisiones ilegales, la venta "ilegal" de los suelos de la lonja, el delito societario y la gestión irregular de la guardería del mercado central de mayoristas.

La 'operación Madeja' tiene su origen en un atestado elaborado por la Guardia Civil sobre el posible "enriquecimiento sospechoso" de Castaño debido "al elevado gasto realizado en un periodo reducido de tiempo". Hace algunos meses, la magistrada ordenó "profundizar sobre la investigación patrimonial" de Castaño "y de su entorno", todo ello "por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie", y a fin de "confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados".

Los investigadores creen que el ex asesor de Monteseirín pudo haber cobrado, supuestamente, unos 300.000 euros en comisiones ilegales por su participación en la venta "ilegal" de los terrenos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.

Socios en la caseta de Feria

Fitonovo es una empresa que ha estado muy vinculada al gobierno de Monteseirín. De hecho, durante el último mandato PSOE-IU, esta sociedad recibió al menos 21,7 millones de euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Un dato curioso, es que el dueño de esta empresa era socio de la caseta de feria que se apropió el concejal socialista Alfonso Mir y a la que pertenecía también Domingo Enrique Castaño.

La empresa Fitonovo fue la segunda que más adjudicaciones recibió dentro del Plan 8.000, el fondo anticrisis del Gobierno central de Zapatero para inversiones extraordinarias en los ayuntamientos. Entre marzo y abril de 2009, la empresa resultó adjudicataria de la construcción de once de los doce campos de césped artificial programados en la ciudad dentro de este plan de inversiones y de cuatro contratos para podas de arbolado en los distritos Cerro-Amate, Macarena, Nervión y San Pablo-Santa Justa. Esas 15 adjudicaciones suman 8.172.788,62 euros, pero hay que añadirles otros dos contratos obtenidos por Fitonovo formando UTE con otras empresas. En total, fueron casi once millones.

El delegado de Turismo y responsable de Mercasevilla, Gregorio Serrano, que se encuentra en Bruselas en un viaje de promoción turística, ha asegurado que estas nuevas irregularidades ponen de manifiesto el "pasado negro del PSOE y el cúmulo de corrupciones e irregularidades" que se cometieron en la lonja sevillana. Por ello, confió en que nueva investigación "se haga lo más rápido posible y los sevillanos sepan que pasó en el periodo negro en el que PSOE e IU gobernaron la ciudad".

Además

Vea las imágenes de la 'operación Madeja'

elmundo.es

LA JUEZ DE LOS ERE IMPUTA A LA EX MINISTRA MAGDALENA ÁLVAREZ

2013-07-02T20:54:00.000+02:00

La ex ministra Álvarez, en su comparecencia ante el Parlamento por los ERE. | C. Márquez

TRAMA DE LOS ERE | Nuevas acusaciones

Citado también como imputado el ex interventor que dio la voz de alarma

La magistrada amplía en una veintena el número de encausados

Antonio Salvador / Sebastián Torres | Sevilla

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en calidad de imputada a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves desde 1994 al 2004. Aún no hay fecha prevista para su declaración.

Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), forma parte de la veintena de personas que la instructora del caso ha imputado en un auto notificado a las partes este martes. Con éstos, son ya cerca de un centenar los encausados por las irregularidades detectadas en la trama de los ERE.

Junto a la ex consejera de Economía y Hacienda, en cuya etapa se firmó el convenio marco que dio pie al nacimiento del 'fondo de reptiles', la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado también a declarar en calidad de imputado al interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez . Gómez Martínez hizo al menos 15 advertencias de que el procedimiento administrativo que se estaba utilizando para pagar las ayudas a las prejubilaciones era irregular, pero no surtieron efecto.

En un auto notificado a las partes personadas en la causa, la juez cita, por otro lado, a declarar al abogado Carlos Leal, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, que comparecerá este jueves día 4. Con éste último se cierran las declaraciones derivadas de la denominada 'operación Heracles' que realizó la Guardia Civil el pasado mes de marzo.

Además de los ya citados, la magistrada llamará a declarar como imputados a los ex viceconsejeros José Salgueiro (Economía y Hacienda), Justo Mañas (Empleo), Gonzalo Suárez (Innovación, Ciencia y Empresa) y Jesús María Rodríguez Román (Innovación, Ciencia y Empresa). A estos se suman los secretarios generales técnicos, Javier Aguado y Lourdes Medina (Empleo), Antonio Estepa (Hacienda); los director generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera; así como los responsables de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano, Juan Francisco Sánchez, Jacinto Cañete, Pablo Millán, Juan Vela y Antonio Valverde (actual director general de Idea). Por último, serán citados Antonio Lara Revilla y Francisco Mencía, ambos ex directores generales del IFA, y el actual interventor delegado de Empleo, Juan Luque Alfonso.

Todas estas nuevas imputaciones se conocen apenas cinco días después de que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciara su intención de no volver a ser candidato a la Junta y de que pusiera en marcha un procedimiento urgente de primarias para elegir a su sustituto.

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LA AUDIENCIA DE LUGO ORDENA INVESTIGAR POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE BARREIROS

2013-06-27T20:01:00.000+02:00

El Tribunal Superior anuló la legalización masiva de viviendas en el municipio

Xosé Hermida / Pepe Seijo Santiago / Lugo

Alfonso Fuente / XOSÉ MARRA

Al alcalde de Barreiros (Lugo), Alfonso Fuente, del PP, se le acumulan los problemas judiciales por la masiva concesión de licencias de obras —para más de 5.000 pisos en un municipio de 3.200 habitantes— que firmó en 2006 pese a varias advertencias de ilegalidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba el plan sectorial aprobado por la Xunta para legalizar una buena parte de esas viviendas, la Audiencia Provincial de Lugo ordenaba días atrás reabrir la investigación penal a Fuente tras una denuncia de la organización ecologista Adega, que le acusa de un delito de prevaricación urbanística.

La denuncia de Adega fue sobreseída por el juzgado de Mondoñedo, pero ahora la instancia judicial superior le enmienda la plana y sostiene que hay datos suficientes para realizar una investigación. La Audiencia argumenta en un auto que tanto la secretaria municipal como la Xunta advirtieron de la posible ilegalidad de las licencias de obras y, pese a eso, el alcalde y los miembros de su junta de gobierno autorizaron las urbanizaciones. Además, señala que en el municipio costero se produjo en su momento “un problema de muy considerable trascendencia” ya que el Ayuntamiento dio luz verde a las promociones “pese al conocimiento que se llevó por parte de la Xunta de que no existía infraestructura para dotar a la gran cantidad de edificios y viviendas que se pretendían construir”.

Adega también fue la promotora del recurso que ha logrado que el TSXG anule el plan sectorial con el que la Xunta pretendía legalizar cientos de viviendas en Barreiros y destinar 14 millones de euros a dar servicios a las urbanizaciones. Los ecologistas se felicitaron ayer por una sentencia que “restaura la legalidad urbanística frente a la arbitariedad de la Administración”. “De producirse una legalización por esa vía, sería toda una invitación a municipios y promotores a saltarse la normativa”, señaló Adega, que exige dimisiones de los responsables del Plan Sectorial. AGE personalizó la solicitud de dimisión en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El alcalde de Barreiros se mostró confiado en que la Xunta recurrirá el fallo mientras el portavoz local del BNG, Antonio Veiga, exigió explicaciones al presidente Feijóo como impulsor de la legalización masiva.

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elpaís.com

EL TSJ INVESTIGARÁ LA DENUNCIA CONTRA COSTA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO

2013-06-27T19:51:00.000+02:00

Juan Climent asume la competencia en este nuevo caso contra el ex secretario general del PP

EP Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El instructor del caso será el magistrado Juan Climent.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia.

Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano.

La sala del tribunal valenciano ha aceptado la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y ha nombrado instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el caso Gürtel que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas investigadas en la trama como Orange Market.

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elpaís.com

EL JUICIO A CARLOS FABRA ARRANCARÁ EL 2 DE OCTUBRE TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN

2013-06-27T19:13:00.000+02:00

Carlos Fabra, en la Diputación de Castellón en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ

La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal

El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle

Lorena Ortega Castellón

Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 2 de octubre para ser juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Lo hará cuando hayan pasado más de nueve años desde que el empresario Vicente Vilar, hasta entonces amigo íntimo, le denunciara y acusara de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de que el expolítico mediara para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión para el expolítico.

La Audiencia Provincial de Castellón ha puesto ahora fecha para el juicio del exbarón del PP y ha dictaminado los magistrados que le juzgarán: Esteban Solaz (presidente), junto a Pedro Luis Garrido y Aurora de Riego. Los tres magistrados son los mismos que en mayo de 2012 instaron al instructor a anular la acusación de cohecho una vez se había dictado ya la apertura de juicio oral. Son los únicos que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, decidiera apartarse voluntariamente del caso. Su nombramiento revela que ninguno de ellos ha seguido los pasos de Domínguez y no han pedido apartarse.

La decisión de retirar el cohecho llevó al juez Jacobo Pin, titular del juzgado 1 de Nules, a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial al ver “perturbaba” su independencia en la instrucción del caso. El Tribunal Supremo revocó el auto y dio vía libre a Pin para que Carlos Fabra fuera también juzgado por este presunto delito.

Solaz también participó en la resolución de un recurso vulnerando las normas de reparto. En dicho recurso también participó Garrido y el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. De hecho, Domínguez argumentó en el escrito en el que decidió retirarse voluntariamente del caso Fabra que su relación con el proceso se limitó a formar parte del tribunal que resolvió dicho recurso, del que dijo que “resulta absolutamente inocuo a los fines de preservación de imparcialidad”.

La Sección Primera ha fijado los del 2 al 4 de octubre para el interrogatorio de todos los acusados. Junto a Carlos Fabra se sentarán en el banquillo quien fuera su mujer, María de los Desamparados Fernández; el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y su exmujer, Monserrat Vives; y el exsenador Miguel Prim. El juicio se ha dividido en diez sesiones más que se prolongarán hasta el 30 de octubre para la toma de declaraciones de setenta testigos y de varios peritos.

Tras años de instrucción y de recursos, Carlos Fabra se sentará en el banquillo para enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Será en octubre cuando tenga la oportunidad de responder ante el magistrado por las acusaciones sobre la presunta utilización de su cargo al frente de la Diputación y del PP castellonense para beneficiar a Vicente Vilar (el empresario que le acusó y que también se sentará en el banquillo junto a su ex esposa y la entonces mujer de Carlos Fabra) en la obtención de los permisos necesarios para comercializar productos sanitarios. Vilar le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” por estas supuestas gestiones. El expolítico también está acusado de defraudar, junto a su exmujer, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

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"CASO GÜRTEL"; LA GERENTE DE LA LUZ DE LAS IMÁGENES DEFIIENDE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS CON ORANGE

2013-06-27T18:43:00.001+02:00

Adjudicaciones a Orange Market

Una funcionaria de Sanidad dice que no oyó nunca la empresa Orange Market

Atribuye a Peset y Batallar la firma de los contratos

Europa Press | Valencia

La gerente de la fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, ha defendido ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en los contratos firmados con Orange Market S.L. -una de las mercantiles investigadas- no había nada irregular.

Carmen Quintero estaba citada este jueves para declarar, en calidad de imputada, por la pieza 5 del 'caso Gürtel' -en total hay seis-, en la que se investigan presuntas irregularidades en la firma de contratos entre administraciones de la Generalitat Valenciana y empresas de la trama.

La imputada, quien todavía continúa en su puesto de gerente de la fundación, ha estado declarando durante algo más de una hora, y durante el interrogatorio ha defendido -al igual que han hecho otros ex altos cargos imputados en el procedimiento- la legalidad de los contratos y ha reiterado que no había irregularidades.

Según consta en la documentación de la causa, la Luz de las Imágenes suscribió con Orange Market un total de tres contratos por más de 74.000 euros para organizar exposiciones culturales en los Open de Tenis de 2005, 2006 y 2008.

Al respecto, la Intervención General del Estado informó sobre supuestas irregularidades, puesto que solo le constaba una factura sin expediente de contratación, lo que podía llevar a pensar a que los mismos se tramitaran como contratos menores, pese a exceder el límite establecido de 12.020,24 euros.

Una funcionaria

Previamente a Quintero, ha prestado declaración en el tribunal valenciano, en calidad de testigo, una funcionaria de la Conselleria de Sanidad. Su interrogatorio se ha prolongado durante algo más de una hora y media, y ha tenido que responder sobre los contratos suscritos por los 'Premios Salud y Sociedad' en los años 2006 y 2007.

La testigo ha explicado que se encargaba de la sección de negociado, y ha defendido que ni ella ni sus compañeros tienen nada que ver con este asunto. Ha indicado que no firmó nada con ninguna empresa, y se ha sorprendido de que le llamaran a declarar por aparecer sus siglas en algunos documentos.

Asimismo, ha asegurado que no oyó nunca ni recibió instrucciones de nada respecto a Orange Market S.L., y a este respecto ha señalado que los que se encargaban de las contrataciones eran los entonces subsecretarios de la Conselleria, es decir, Rafael Peset en 2006 y Alfonso Bataller en 2007.

elmundo.es

ARCHIVAN LA ACUSACIÓN CONTRA ISIDRE MASALLES EN EL "CASO DE LAS ITV"

2013-06-27T18:35:00.000+02:00

JUSTICIA | Se le mantiene a Oriol Pujol

Efe | Barcelona

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso ITV ha archivado la acusación contra el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, al considerar que no ha quedado suficientemente acreditada su participación en la supuesta trama corrupta.

En un auto notificado hoy, el magistrado del TSJC Enric Alsina mantiene la imputación contra los demás acusados, entre ellos el diputado de CiU Oriol Pujol, y acuerda transformar las diligencias del caso en un procedimiento de Tribunal del Jurado, ya que los delitos investigados son los de tráfico de influencias y cohecho.

Según el juez, pese a que la mayoría de imputados, especialmente Josep Tous -que fue designado por la Generalitat como intermediario en el sector de las ITV-, calificaron a Masalles como persona "obediente", no ha quedado suficientemente acreditado "que haya realizado ningún acto, ni dictado ninguna resolución que se pueda considerar relevante penalmente", ni que tuviera conocimiento del plan supuestamente ilícito.

En el auto, el juez, que a mediados de junio finalizó el interrogatorio a todos los imputados, considera que el diputado de CiU Oriol Pujol pudo ejercer como "vértice" entre las dos ramas de la supuesta trama corrupta de empresarios y cargos públicos que pretendía amañar la adjudicación de estaciones de ITV.

Para el magistrado, el objetivo de los imputados, "al frente de los cuales parece que se encontraba Oriol Pujol Ferrusola", era dejar sin efecto un concurso resuelto sobre la adjudicación de estaciones de ITV y convocar otro, conforme al nuevo Plan Territorial de Estaciones de ITV.

Ante la perspectiva de optar a varios lotes de ITV, los implicados, según el magistrado, crearon la sociedad Upprime Energy, para recibir la adjudicación del lote, de la que formaban parte los empresarios imputados Sergio Pastor y Sergio Alsina, que tenía que ceder la mitad de su parte a Oriol Pujol. Para lograr su "objetivo preconcebido", acordaron nombrar a Josep Tous como mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, gracias a la influencia política de Oriol Pujol.

De esta forma, una de las líneas de actuación consistía en que Tous, nombrado con la influencia de Oriol Pujol, tratara de "alinear al Partido (CDC), al Departamento y al gobierno, con la finalidad de cumplimentar la 'hoja de ruta'" diseñada por el empresario imputado Ricard Puignou, para ampliar el mapa de las ITV y poder compensar con nuevas estaciones a los operadores que retirasen sus recursos.

"No puede ignorarse, ni obviarse, que Ricard Puignou retribuía mensualmente al coimputado Sergi Alsina con 12.000 euros para que defendiera sus intereses en el mercado de las ITV, siendo el primero de ellos plenamente conocedor de la relación de amistad íntima entre Sergi Alsina y Oriol Pujol", remarca el auto.

La segunda línea de actuación de la trama, según el juez, consistía en que el empresario Sergi Alsina, con quien y para quien trabajó en varias ocasiones la esposa de Oriol Pujol, intervino en la constitución de Uprrime Energy, al tiempo que retribuyó con 2.000 euros mensuales a Josep Tous para que velara por sus intereses cuando éste fue destinado por la Generalitat como pacificador del mapa de las ITV.

"El vértice de ambos comportamientos ilícitos puede recaer en la persona de Oriol Pujol Ferrusola", remarca el juez, que señala que el diputado de CiU "no sólo influyó" en el secretario general de Empresa, Enric Colet, para el nombramiento de Tous, sino que también indicó a Sergi Alsina y a Josep Tous "el camino a seguir, siendo en todo momento informado por ambos de las negociaciones que cada uno de ellos llevaba a cabo".

La trama también logró que se nombrara subdirector del departamento de Industria a Isidre Masalles, considerado por los imputados como un hombre "obediente", para que "no les planteara ningún tipo de problema", según el magistrado.

El juez recuerda no obstante que los objetivos pretendidos por la supuesta trama corrupta no fructificaron "ya que hubo una filtración a la prensa de que estos hechos estaban siendo investigados por un juzgado de instrucción, lo que provocó que cambiaran inmediatamente su 'modus operandi'". Por este motivo, el juez mantiene la imputación por tráfico de influencias a Oriol Pujol, a los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y a Josep Tous, y de un delito de soborno para Sergi Alsina, Josep Tous y Ricard Puignou.

elmundo.es

IMPUTAN AL ALCALDE DE ESPORLES POR EL "CASO SENDERISMO" Y MÉS NO PIDE SU DIMISIÓN

2013-06-27T18:26:00.000+02:00

POLÍTICA | Investigación

Ensenyat ha sido citado a declarar como imputado por las ayudas a El Camí

Barceló defiende su inocencia y no cree que deba dimitir por ahora

Joana Lluïsa Mascaró dimitió como diputada nada más ser imputada

Daniel Álvarez | Palma

El alcalde de Esporles, Miquel Ensenyat, del PSM, miembro de la coalición Més y que también forma parte del grupo de consellers del grupo nacionalista en el Consell de Mallorca, ha sido citado a declarar como imputado en el caso Senderismo, que investiga las ayudas concedidas por distintas administraciones durante la pasada legislatura del Pacte a la asociación catalana Amics del Camí para el proyecto de creación de unas rutas senderistas por la Serra de Tramuntana como parte de un recorrido por los llamados ‘Països Catalans’ según la propia organización catalanista.

Por este mismo caso, también fueron imputados otros altos cargos del PSM, entre ellos la ex consellera de Cultura del Consell de Mallorca Joana Lluïsa Mascaró, quien dimitió como diputada nada más ser imputada. Esta vez, sin embargo, Ensenyat no dimitirá por ahora a raíz de su imputación, ni en el Ayuntamiento de Esporles ni en el Consell, sino que esperará a tomar una decisión una vez haya prestado declaración ante el juez, y cuenta con el apoyo de Més, según ha explicado el líder de la coalición, Biel Barceló.

Ensenyat ha sido citado a declarar en calidad de imputado dentro de un mes, el próximo 26 de julio, por unas ayudas concedidas por el consistorio de Esporles a la asociación Amics del Camí, una de 1.624 euros en 2009 y otra de 2.923 euros en 2010, según informa hoy el diario Ara Balears. Biel Barceló asegura que están «absolutamente tranquilos y que el expediente por el que ha sido imputado Ensenyat cuenta con una justificación por parte del ayuntamiento «absolutamente detallista, incluso innecesaria para ser de 4.000 euros».

Aunque hasta ahora su coalición ha pedido públicamente la dimisión de todos los políticos imputados en casos de presunta corrupción y del precedente de Mascaró, el líder de Més ha anunciado que ahora esperarán a que Ensenyat presente un recurso ante el juez y a que preste declaración dentro de un mes. Si después de declarar continúa imputado, «por coherencia pondrá sus cargos a disposición del partido», ha dicho Biel Barceló durante una rueda de prensa al ser preguntado al respecto.

elmundo.es

PIDEN MÁS DE TRES AÑOS DE CÁRCEL Y NUEVE DE INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE LA ALGABA

2013-06-27T18:13:00.000+02:00

TRIBUNALES | Anulada una grabación como prueba

José Luis Vega (IU-CA) se ha desligado de cualquier irregularidad

El ex alcalde se apoya en el informe favorable del arquitecto municipal

Europa Press | Sevilla

La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por las licencias de primera ocupación otorgadas en 2008 por el Ayuntamiento de La Algaba, entonces gobernado por José Luis Vega (IU-CA), a la sociedad limitada 'Agroporc', pese al informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

Al finalizar la vista oral, el Ayuntamiento de La Algaba ha solicitado para Vega seis años de cárcel, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 euros, mientras la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión, nueve de inhabilitación y multas por valor de 50.000 euros y la defensa del exalcalde ha reclamado su libre absolución. Durante la vista oral, según han informado fuentes del caso, han sido juzgados tanto el exalcalde José Luis Vega, como quien fuera su coordinador de Alcaldía, Antonio M.M.

La causa en cuestión parte de una grabación sonora en la que el PSOE, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de La Algaba, identifica "claramente" la voz del por entonces alcalde reclamando supuestamente 30.000 euros a unos directivos de 'Arcopro S.L.', por la entrega de las citadas licencias de primera ocupación, que contaban con el informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

La grabación, no obstante, no ha sido utilizada como prueba en el juicio, porque un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluía ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.

De la documentación incluida en la fase de instrucción se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio de aquel año por la promotora 'Arcopro S.L.'. Ese día 15 de julio, cuando Vega aún ostentaba la alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el mencionado informe del oficial mayor del Consistorio.

Informes a favor y en contra

En ese sentido, durante la vista oral han comparecido como testigos la propia oficial mayor, quien ha dado cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". Para ella, "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias", toda vez que esta alta funcionaria ha testificado en el juicio ratificando su tesis inicial.

También han testificado en el juicio los empresarios de 'Arcopro S.L.', quienes habrían defendido la tesis de que el entonces alcalde, primero a través de los comentarios de un ingeniero técnico y después en la supuesta reunión asociada a la grabación, les habría reclamado dinero por la concesión de las licencias, extremo que habría corroborado el citado ingeniero en su propio testimonio.

Finalmente, el Ayuntamiento de La Algaba, en su papel de acusación, ha solicitado para José Luis Vega cuatro años y medio de cárcel y una multa de 90.000 euros por un presunto delito de cohecho y un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, de su lado, ha solicitado tres años y medio de cárcel y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de cohecho y una multa de 20.000 euros y nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación, toda vez que la defensa de Vega ha solicitado su libre absolución.

Y es que Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia". Igualmente, el exalcalde señala el informe y el testimonio del arquitecto municipal que avaló su decisión de conceder las licencias de forma parcial, por unidades de ejecución de urbanización. Según el primer edil, este informe "fue elaborado por el arquitecto municipal y acredita por tanto la legalidad de la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico".

Por su parte, el propio exalcalde ha manifestado que no ha habido "pruebas en la mesa" sobre los delitos de cohecho o prevaricación que le atribuyen el Ayuntamiento y la Fiscalía. Vega, en ese sentido, ha señalado que la inadmisión de la grabación que dio pie al caso reduce el asunto a "un testimonio contra otro" y que incluso dos de los cuatro empresarios de 'Agroporc' que han testificado niegan que él les reclamase dinero a cambio de las licencias.

elmundo.es

"CASO COOPERACIÓN"; LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

2013-06-20T19:20:00.000+02:00

La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos

La 'receta Blasco' otra vez

Jaime Prats Valencia

La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).

El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más.

Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue.

Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco.

Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni.

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UN CONSTRUCTOR RATIFICA QUE PAGÓ COMISIONES EN EL "CASO ADIGSA"

2013-06-20T19:05:00.000+02:00

Salguero, que destapó ante la Fiscalía presuntas irregularidades en Adigsa, ha ratificado ante el TSJC que pagó 108.000 euros

Agencias / Jesús García Barcelona

El constructor Antonio Salguero, un empresario “arrepentido” que destapó la presunta trama de comisiones ilegales en torno a la empresa pública Adigsa, se ratificó ayer en sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Salguero reiteró lo que ya había revelado ante la fiscalía: que pagó 108.000 euros en comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras de reforma en viviendas de protección oficial de Adigsa.

La causa judicial arrancó en 2005. La fiscalía presentó una querella tras la alusión en el Parlament del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al cobro de comisiones —el célebre “ustedes tienen un problema que se llama 3%”— durante los gobiernos de Convergència i Unió. Tras superar mil vicisitudes, el caso está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de los imputados, el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó. Hace un mes, Falcó se desmarcó de la trama y alegó que sus funciones eran políticas.

Por indicación de Penín, precisó Salguero, pagó comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, empresa de la Generalitat. La mordida, siempre según su versión, no se quedaba solo en manos del intermediario, que llegó a amenazarle con no adjudicarle ni pagarle más proyectos si no abonaba ese dinero.

El propio Penín también debía dar explicaciones ayer, pero se acogió a su derecho a no declarar y se ratificó en la versión de 2006. Entonces, el intermediario admitió irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano, pero exculpó al actual consejero de Empresa, Felip Puig, de quien es pariente lejano.

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elpaís.com

IMPUTAN A UN EX CONCEJAL DE ICV EN REUS POR SU RELACIÓN CON EL "CASO INNOVA"

2013-06-20T18:34:00.000+02:00

JUDICIAL | Presunta malversación de fondos

Efe | Barcelona

El juez ha decidido imputar al exregidor de ICV-EUiA en el ayuntamiento de Reus Daniel Pi por votar en el consejo de administración de Innova en marzo del 2007 a favor de conceder un aval de 3 millones de dinero público a la empresa público-privada de investigación alimentaria Shirota.

Según fuentes judiciales, las declaraciones del juzgado de instrucción número 3 de Reus por el aval de Shirota prosiguieron ayer por la tarde con Daniel Pi, también integrante del consejo de administración de Innova en su día.

El juez ha decidido imputarle porque en marzo del 2007 votó a favor de avalar el proyecto de Shirota, si bien siempre condicionado a que Innova saliera con la mayor brevedad de la empresa, al tratarse una iniciativa privada.

Posteriormente, ya con otros regidores ecosocialistas en el grupo municipal -tras las elecciones del 2007-, ICV optó por abandonar el consejo de administración de Shirota porque este punto no se había cumplido.

Por otra parte, el juzgado también ha tomado declaración como testigos al exportavoz del PP, Miquel Àngel Mallol, y a Ricard Font de Rubinat, de CiU. El pasado lunes, los exregidores de CiU y PPC Fèlix Oliva y Juan Gallardo, respectivamente, que estaban en la oposición en la anterior legislatura, declararon como testigos por el aval de 3 millones aprobado en el 2008 a la empresa Shirota.

Tras declarar hace dos semanas los 14 concejales del equipo de gobierno de entonces (PSC-ICV-ERC) por aprobar un aval de 3 millones de dinero público a la empresa de investigación alimentaria Shirota, de capital público-privado, el juzgado ha empezado a llamar a declarar a los concejales que estaban entonces en la oposición, y a los que integraban el consejo de administración de Innova cuando se aprobó el citado aval.

Las declaraciones se inscriben en la causa que este juzgado lleva a cabo dentro de la pieza separada y secreta de la causa judicial iniciada contra los exdirectivos de Innova y Shirota, Josep Prat y Carles Manté, respectivamente, por las presuntas facturas irregulares que cobraron de Innova.

elmundo.es

"JUICIO CAN DOMENGE"; MUNAR: "NIEGO ROTUNDAMENTE QUE HAYA HABIDO REPARTO DE COMISIONES"

2013-06-20T18:25:00.001+02:00

Munar y Nadal en el banquillo en la segunda jornada del juicio. | C. Forteza

Declaración de la ex presidenta del Parlament

'Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido, ha dicho Munar

Ha sostenido que 'no sabía ni que Can Domenge se llamara así'

El juez ha interrumpido seis veces porque no era clara al contestar

María Fuenteálamo | Daniel Álvarez | Palma

La ex presidenta del Consell de Mallorca ha "negado rotundamente" que hubiera reparto de comisiones en Can Domenge durante su comparecencia en el juicio por este caso de corrupción urbanística. La ex presidenta del Consell ha asegurado que ella "no sabía ni que ese solar se llamaba así", en relación a la zona de Palma donde estaba previsto el proyecto. La ex líder de UM se ha mostrado altiva en sus respuestas ante el Tribunal, en las que ha llegado incluso a interrumpir al fiscal Juan Carrau.

Munar ha sostenido que el tema de Can Domenge era "uno más del Consell" que en aquel entonces presidía ella y que, según ha contado, se aprobó con el Pleno del organismo insular. "Yo no sabía nada", ha insistido.

El juez ha tenido que interrumpir media docena de veces a Munar durante su comparecencia, puesto que la ex líder de UM no contestaba de forma clara a las preguntas.

La ex presidenta ha llegado a espetar al fiscal: "Usted me intenta confundir". Igual que hizo Jaume Matas, Munar ha descargado toda la responsabilidad sobre los técnicos y ha dicho que no intervino ni en la decisión de vender ni en cómo hacerlo, ya que eso se establece en el pliego de condiciones del concurso.

"Yo no participo en el pliego de condiciones porque ese no es el trabajo de la presidenta. Yo me fío de mis consellers y sobre todo de los técnicos del Consell, que son 2.000 y todos de carrera, ninguno de libre designación", ha sostenido ante el Tribunal.

"Quiero que quede muy claro, Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido", ha dicho a preguntas del fiscal sobre el reparto de cuatro millones de comisión que confesó el propio Vicens.

Antes que Munar el primero en declarar durante esta segunda sesión del retomado juicio por el caso Can Domenge ha sido el que fuera su delfín Miquel Nadal, que ha exculpado a la ex líder de UM y la ha dejado al margen del trato privilegiado a Sacresa, constructora a la que se le pasó información privilegiada para que acabara siendo la adjudicataria del concurso. De este modo, el ex conseller reconoce solo una parte de su participación en el pelotazo.

"He confesado y pienso seguir confesando", ha dicho el que fue delfín de la ex presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, que también ha adelantado que sobre el cohecho hablará en el Juzgado cuando se levante el secreto de sumario.

Nadal ha insistido durante su declaración en que si él hubiera negociado el cohecho, él habría puesto al intermediario y no Vicens. El ex conseller ha reconocido y confesado ante preguntas de fiscal el trato de información a Sacresa, aunque se ha mostrado más reacio a hablar sobre el cohecho en sí, delito del que ha dicho que declarará voluntariamente en el Juzgado de Instrucción cuando se levante el secreto de sumario.

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¿Quién es quién en Can Domenge?

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EL TSJ DE VALENCIA CIERRA LA RAMA FITUR DEL CASO GÜRTEL Y ABRIRÁ JUICIO ORAL

2013-06-18T18:27:00.000+02:00

El ex vicepresidente Vicente Rambla, y las ex conselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.

TRIBUNALES | Imputados Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such

La sala Civil y Penal rechaza los 14 recursos presentados por las defensas

Rambla, Milagrosa y Such, imputados por tráfico de influencias y prevaricación

A las dos ex conselleras de Turismo se les acusa también de cohecho pasivo

El juez Ceres deberá decidir sobre Rambla, a quien la Fiscalía no acusó

Gema Peñalosa | Valencia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado salida a la pieza de los contratos presuntamente irregulares concendidos por la Generalitat a la empresa de Francisco Correa Orange Market para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).

En esta rama del caso Gürtel están están imputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such, ex conselleras de Turismo, y Vicente Rambla, ex vicepresidente de la Generalitat.

Seis meses después de que el magistrado instructor, José Ceres, cerrara las actuaciones y enseñara el camino del banquillo a los imputados, ahora es la Sala la que confirma el auto de procesamiento y deja todo listo para el juicio.

Tras desestimar los 14 recursos de apelación presentados por las defensas, ahora sólo queda que Ceres redacte el auto de apertura de juicio oral. Y en él tiene una importante decisión: incluir a Vicente Rambla, tal como pedía la acusación particular ejercida por el PSPV, o dejarle fuera, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

En su auto de procesamiento, fechado en diciembre, el magistrado apreció indicios de que los tres ex dirigentes del Consell podrían haber cometidos delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación por el presunto amaño en la adjudicación de los contratos para organizar la feria de Turismo Fitur a las empresas de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2009.

Además, considera que Milagrosa Martínez, actual alcaldesa de Novelda y también ex presidenta de las Cortes, y Angélica Such también podrían haber cometido otro delito de cohecho pasivo por haber recibido presuntamente regalos de la trama. Según el relato del juez, Álvaro Pérez 'El Bigotes' le regaló a Martínez en las Navidades de 2005 un reloj Hublot de acero valorado en 2.400 euros. A Such le regaló otro reloj en los Reyes de 2009: un Cartier de oro de 3.650 euros.

En la misma causa el juez encuentra indicios de delito en Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, vinculados a la trama Gürtel. Les imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.

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LA CORRUPCIÓN SUMÓ 800 CASOS Y CASI 2.000 DETENIDOS EN UNA DÉCADA

2013-06-17T17:39:00.000+02:00

ESCÁNDALOS EN LA ADMINISTRACIÓN »

El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos

GRÁFICO El mapa de la corrupción urbanística
Justicia más rápida en Baleares

Luis Gómez

No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.

Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.

Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.

El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.

Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.

En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.

“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.

Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.

El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.

Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?

La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.

La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.

Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.

Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.

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"CASO ARCOS"; LA JUEZ PROCESA A 51 PERSONAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA ALCAUCÍN

2013-06-11T22:19:00.000+02:00

La red estaba encabezada por el exalcalde, José Manuel Martín Alba

Se dedicaba a construir viviendas en suelo no urbanizable

Efe | Málaga

La juez del "caso Arcos" contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña, ha procesado a 51 personas en esta causa, entre ellas el exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE).

El auto de procesamiento abreviado dictado por la jueza Irene Urbón, cuenta con trescientos folios, y también establece el sobreseimiento de quince personas, según fuentes cercanas a la investigación.

Múltiples presuntos delitos contra la ordenación del territorio, supuestos cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental se le imputa al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

En esta causa también se ha visto implicado el que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quien también pasó por la prisión y quedó en libertad unos meses después tras el pago de la misma fianza que el exalcalde.

La supuesta red de corrupción política-empresarial tiene su origen en asuntos vinculados al urbanismo y va a sentar en el banquillo de los acusados además de Martín Alba y José Francisco Mora a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas, vecinos del municipio y algunos extranjeros.

Según se desprenden de las investigaciones, a las que ha tenido acceso Efe, el exregidor podría haber dado sistemáticamente licencias ilegales sin informes técnicos y jurídicos, algunas de ellas el mismo día que eran solicitadas y sin estudio de su viabilidad.

Las fuentes han explicado a Efe que en algunos casos se trata de promociones grandes y en otras de construcciones aisladas, donde grandes constructores compraban solares no urbanizables y los vendían. En otras ocasiones los beneficiarios eran vecinos que vendían, otros compraban y luego se revendían los terrenos.

De la investigación se desprende una trama que construía y posteriormente legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía. Ya en septiembre de 2008 en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se advertía de que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".

El municipio de Alcaucín estuvo durante varios años en el punto de mira de los ecologistas, hasta que saltó el caso de supuesta corrupción, que denunciaban el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se ha construido unas 20.000 viviendas.

El sumario cuenta con unos 50.000 folios, donde 25.000 son autos principales, 19.000 son atestados policiales y el resto piezas documentales y periciales. Durante los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el 2009 en la casa del exregidor, también cantaor de flamenco, se encontró más de 150.000 euros bajo un colchón de la vivienda del alcalde, quien se negó a dar la llave de la caja fuerte.

Además

Martín Alba afirma que él no hizo nada ilegal a sabiendas

elmundo.es

IMPUTAN AL ALCALDE DE LA LOCALIDAD MURCIANA DE CARAVACA DE LA CRUZ POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

2013-06-11T22:11:00.000+02:00

El alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, acompañado por agentes de la UCO de la Guardia Civil.Foto:efe

El alcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, ha sido imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación a la promoción urbanística de El Roblecillo, después de que la Guardia Civil registrara el ayuntamiento, diversos organismos y locales.

El alcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, ha sido imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación a la promoción urbanística de El Roblecillo, después de que la Guardia Civil registrara el ayuntamiento, diversos organismos y locales. Esta urbanización, situada en dicha localidad murciana, y su promotora, la empresa Golden Sky, S.L., está en el punto de mira de la Guardia Civil desde hace más de tres años.

Aranda ha sido imputado después de que agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran esta mañana el ayuntamiento de esa localidad, así como la consejería de Obras Públicas, la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, una asesoría en Murcia, un domicilio particular y una promotora inmobiliaria en la localidad alicantina de Torrevieja.

El consejero de Obras Públicas de Murcia, Antonio Sevilla, ha destacado la colaboración de su departamento en la investigación judicial, al igual que el delegado del Gobierno en la región, Joaquín Bascuñana, quien ha resaltado la colaboración entre administraciones y la entrega en todos los casos de la documentación requerida por parte del juez instructor.

En marzo de 2010, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentó al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Murcia que investiga supuestos casos de corrupción en varios municipios murcianos un informe dedicado específicamente a esta urbanización y a su promotora, la empresa Golden Sky, S.L.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, señala que el ayuntamiento de Caravaca aprobó el 19 de noviembre de 2004 el convenio urbanístico con la citada sociedad "para el desarrollo del sector denominado 'Finca El Roblecillo', que fue firmado ese mismo día, y en abril de 2005 se incorporó al plan general de Ordenación Urbana la modificación puntual de El Roblecillo "para su calificación como suelo urbanizable".

En junio de 2006 se aprobó inicialmente el plan parcial, que incluía unos terrenos que en el plan general tenían inicialmente la consideración de suelo no urbanizable de protección forestal y que pasaban a ser "suelo urbanizable sectorizado para uso residencial y turístico, con un equipamiento destinado a campo de golf".

El informe no olvidaba tampoco hacerse eco de la promoción hecha por la empresa, que aseguraba que su proyecto era la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf de 27 hoyos, en esta localidad de 21.000 habitantes, situada en el noroeste murciano.

Los agentes señalaban, igualmente, que en el disco duro intervenido en las oficinas de Domingo Peñalver -ingeniero que destapó el caso de corrupción en Librilla que ha dado origen a las actuaciones que se investigan ahora- hallaron una copia "de lo que parece ser un escrito de alegaciones presentado por Jesús López, portavoz municipal del grupo socialista en el periodo de exposición pública del convenio suscrito para la reclasificación urbanística de El Roblecillo".

"En el punto 4 del escrito -añade- se hace mención a que el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana, en respuesta a la alegación presentada por uno de los propietarios de Golden Sky, emitió informe desfavorable por considerar que los suelos tenían la consideración a proteger". En ese mismo registro, los agentes se incautaron de otro documento del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que se aseguraba que el proyecto no podría disponer de recursos hídricos suficientes.

La UCO llegaba a la conclusión de que "la principal actividad de la sociedad Golden Sky, S.L. ha sido la reclasificación del paraje de El Roblecillo para la futura construcción de un residencial", y que "en la creación de la sociedad participaron personas físicas y jurídicas que se encuentran bajo la sospecha de haber utilizado de forma arbitraria las administraciones públicas para obtener un beneficio económico".

El actual viceportavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Alfonso Sánchez, ha dicho hoy a Efe que su partido hace tiempo que esperaba esta noticia, ya que su grupo envío a la Fiscalía amplia documentación con "las irregularidades" que habían observado en el trámite de recalificación.

vozpópuli.com

UN PAÍS PARA CORRUPTOS: 300 CASOS Y 1.200 MILLONES DE EUROS

2013-06-11T21:56:00.001+02:00

Ayer lunes saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce empresarios por blanquear dinero en Suiza. El pasado jueves 6 de junio le tocó a la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank of Florida. 15 días atrás los protagonistas fueron los ERE de Andalucía: la juez Alaya encarcela a cuatro detenidos, entre ellos el sindicalista de UGT Juan Lanzas, por cobro de comisiones... No hay semana en España que no salga a la luz un nueva imputación o caso de corrupción vinculado a dinero público. Paro, corrupción y economía no dejan dormir

Según los cálculos de este periódico, actualmente se contabilizan en nuestro país alrededor de 300 imputados por casos de corrupción, en todas las comunidades autónomas.

La malversación de caudales públicos, el blanqueo de capitales y el desvío de fondos de todos estos casos suman ya una cantidad que se acerca a los 1.200 millones de euros. Tan sólo el caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto de un fondo de reptiles de una cantidad que podría rondar los 712 millones de euros en la última década, pero es que la cifra global podría ser aún mayor porque no incluye ni las supuestas comisiones del 3 por ciento o más que habría cobrado en Cataluña CiU al frente de la Generalitat por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, en Marbella, muy difíciles de cuantificar.

Las investigaciones en marcha y los informes policiales apuntan que una gran parte del dinero salido de la corrupción podría haber acabado en Suiza. Es el caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP; de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueño del grupo Viajes Marsans o de la familia Ruiz-Mateos; del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y posiblemente también de la familia Pujol y de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

La corrupción salpica a todos los partidos y en todos los ámbitos de la administración. La mayor parte se queda en el ámbito municipal, pero hay también escándalos como el del caso Nóos, el caso Gürtel y los supuestos sobresueldos en el PP, el de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía o la presunta financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música que amenazan incluso los propios cimientos del sistema.

144 investigaciones

En conjunto, y de acuerdo con los cálculos y estimaciones realizados por este periódico, la lista la encabeza el Partido Popular, con un total de 144 casos bajo investigación judicial desde que empezó la crisis. Pero tampoco el PSOE se queda atrás, con otros 112 más y subiendo, pese a haber perdido una gran cuota de poder, en el mapa de la corrupción. Algo ya más alejados aparecen CiU e Izquierda Unida, con diez casos más cada uno; el PNV con siete; y Coalición Canaria y Unió Mallorquina con otros seis también cada uno de ellos.

Por comunidades autónomas, la región más afectada por las corruptelas políticas, con gran diferencia sobre las demás, es Andalucía. Acapara 89 casos, lo que supone casi un tercio del total. Especialmente señaladas aparecen también Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares.

Gao Ping y las primas del Rey

La última imputación salpicó ayer, de nuevo, a la Casa Real. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer lunes y hasta el próximo 17 de junio a doce empresarios y tres primas lejanas del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.

Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de esta última, María Ilia García de Sáez.

Nuevos datos de Urdangarin

En el caso Urdangarin, la investigación que más ha sacudido a la sociedad española desde el pasado año, ayer se conoció -según publicaba el diario El País- que el duque de Palma ordenó falsear facturas para cobrar hasta 240.000 euros al Gobierno de la Comunidad Valenciana. El dato lo dio ayer al juez Castro -que instruye el caso- el publicista valenciano Miguel Zorío, dueño de Lobby de Comunicación, e imputado en el caso Nóos.

Zorío afirmó que desde el Instituto Nóos -el duque de Palma, concretamente- se le hizo modificar el concepto de las facturas presentadas a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps una vez que se rechazara una partida. El convenio de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 euros, pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos 2 millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.

El empresario Zorío, que mantuvo intensas relaciones y negocios con el Instituto Nóos, modificó las facturas de asesoría para el proyecto no realizado de los Juegos Europeos, unos trabajos que no se habían realizado, según la acusación. Zorío detalló que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, con un compromiso de cobro de dos millones de euros en cuatro aportaciones.

También en este caso, ayer la agencia Europa Press informó que el empresario Álex Sánchez Mollinger, que fue interrogado ayer como testigo por el juez Castro, reveló que tanto él como el Duque de Palma cobraron unos 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por cada reunión que mantuvieron -tres en total- para buscar patrocinadores al equipo valencianista.

Hay que recordar que Iñaki Urdangarin también percibió unos 600.000 euros de otro club, el Villarreal CF, por un informe dirigido a buscar un patrocinador para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como puso de manifiesto en su día el presidente del club recién ascendido a Primera División, Fernando Roig.

Blesa y los 100 millones

La entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la semana pasada, confirmó las noticias publicadas por este periódico sobre la gestiones irregulares del banquero. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid Elpidio José Silva acordó la prisión incondicional sin fianza de Blesa en la causa en la que investiga la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) por parte de Caja Madrid en 2008. Se trata de la segunda vez que el expresidente de Caja Madrid ingresaba en prisión, ya que fue encarcelado por esta misma causa el pasado 16 de mayo, aunque el juez le fijó en esa ocasión una fianza de 2,5 millones de euros, que el banquero abonó al día siguiente.

El ingreso en prisión bajo fianza de Miguel Blesa supuso un hito en el desarrollo de la crisis financiera y el primero desde la entrada de Mario Conde por el caso Banesto. Desde entonces, en nuestro país, a diferencia de otros como Reino Unido o Islandia, ningún banquero ha sido condenado a la cárcel por su gestión al frente de una entidad que ha tenido que ser rescatada con cuantiosas ayudas.

De todas formas, los tribunales investigan a día de hoy a cerca de un centenar de banqueros (90) por su responsabilidad al frente de las antiguas cajas de ahorros.

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