Mano en la saca

EL EX CONCEJAL DEL PP IMPUTADO EN EL "CASO CAMAS" PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA

2012-01-27T22:48:00.000+01:00

TRIBUNALES | El juez pide a las partes que se pronuncien

Efe | Sevilla

El ex concejal del PP en la localidad sevillana de Camas Antonio Enrique Fraile, imputado por el presunto soborno a otra concejal, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque entiende que el delito de cohecho que se le imputa ha desaparecido con la nueva redacción del Código Penal.

Fuentes del caso han informado de que el magistrado que presidirá el futuro juicio con jurado ha pedido a las acusaciones y defensas que se pronuncien sobre la incidencia de la reforma de 2010 en el Código Penal respecto al delito de cohecho.

La Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejerce el PSOE han respondido que la reforma, al agravar las penas, no tendrá incidencia en este caso, ya que debe aplicarse la norma más favorable para el imputado, que es el Código Penal por el que se presentaron los escritos de acusación.

El abogado de Fraile, único defensor que ha respondido, ha entendido sin embargo que el delito ya no está tipificado y que la causa debe ser sobreseída.

En el 'caso Camas' serán juzgados el ex alcalde Agustín Pavón (IU), los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados del presunto soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto a favor de varios proyectos urbanísticos.

El juez ha pedido a las partes que se pronuncien antes de resolver las cuestiones previas de nulidad que fueron debatidas en una vista en octubre del 2011.

Guerrero declara que sus decisiones eran 'compartidas'

LA JUEZA QUE INVESTIGA LOS ERE IMPUTA AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DE LA JUNTA

2012-01-27T22:33:00.000+01:00

TRAMA DE LOS ERE | Investigación del 'fondo de reptiles'

La investigación alcanza tras este auto a la gestión del actual consejero

Guerrero, citado a declarar ante la juez el 23 de febrero próximo

En total son cinco los altos cargos de la Junta imputados por el fraude

Entre los nuevos imputados hay abogados, sindicalistas y empresarios

Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero.

El caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados.

La juez solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías

Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Según ha podido conocer ELMUNDO.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.

Abogados y sindicalistas imputados

También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.

Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

La juez pide las ayudas a cinco consejerías

La titular del Juzgado de Instrucción número 6, además, ha solicitado a la Junta que remita "un cuadro resumen" de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las "diferentes" consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías, en las mismas condiciones económicas descritas anteriormente, "que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE", desde 2001 hasta la actualidad.

Además

La Audiencia aparta al PSOE del caso de las comisiones

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ALAYA CREE QUE RIVAS CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES DE LOS DOS ERE DE MERCASEVILLA

2012-01-27T22:16:00.000+01:00

Esta imputado por las comisiones ilegales

'Existen indicios de que, por su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas'

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha acordado indagar si el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "era conocedor" de la inclusión de "intrusos" y de las "irregularidades" halladas en los ERE de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla.

Antonio Rivas está imputado por la juez Alaya en una de las causas del 'caso Mercasevilla', la que investiga las presuntas comisiones ilegales solicitadas por los responsables del mercado central de abastos a los propietarios del restaurante La Raza a cambio de concederles una subvención para la puesta en marcha de una escuela de hostelería.

En un auto dictado el pasado día 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya acuerda que se investigue también la participación de Antonio Rivas, "en función del cargo que desempeñaba, en la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones", extremo del que, "de forma extrañamente normalizada, se partía en los ERE objeto de las presentes actuaciones".

Según la juez, "existen indicios de que Rivas, con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas".

Además

De Mercasevilla a los ERE: El saqueo institucionalizado

El ocaso de un ex presidente

"CASO PALMA ARENA"; VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO A JAUME MATAS

2012-01-26T22:20:00.000+01:00

La defensa alega ausencia de pruebas

Matas no ha querido hacer uso del derecho a decir la última palabra

Sí lo ha hecho el resto de los acusados

Alberca recuerda que Matas 'no se ha llevado un céntimo' de las contrataciones

Efe | Palma

El juicio contra el ex presidente balear Jaume Matas, dentro del caso Palma Arena, ha quedado este mediodía visto para sentencia, en una sesión en la que su abogado defensor, Antonio Alberca, ha alegado la "ausencia total de pruebas" contra él y ha asegurado que todo lo que tiene la Fiscalía son "prejuicios" y "recelos".

Durante la última jornada, Matas no ha querido hacer uso del derecho a decir la última palabra, pero sí lo ha hecho el resto de los acusados.

En su informe de defensa, el letrado Antonio Alberca ha asegurado que no hay ninguna persona que haya señalado directamente a Matas como el que ordenó la contratación supuestamente irregular del periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany.

Por ello, ha explicado que "no queda más remedio" que pedir la libre absolución de su defendido, que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel acusado de cinco delitos de corrupción por beneficiar con dinero público al periodista durante la legislatura 2003-2007.

Para Alberca, el tribunal solo cuenta con la palabra de los otros acusados apuntando al expresidente como la persona de la que tuvo que salir la idea de contratar a Alemany de forma irregular, lo que "no basta" para condenarlo.

"Son prevenciones, prejuicios, sospechas, recelos, llámelo como quiera", ha apuntado respecto a las pruebas esgrimidas por la Fiscalía Anticorrupción, que en opinión del letrado "ni siquiera alcanzan" la calificación de indicios.

Alberca ha comenzado la exposición afirmando que no iba a hacer "una defensa política" por "respeto" a su profesión y a su predecesor como abogado del expresidente, Rafael Perera, quien ha asistido esta mañana a la Audiencia de Palma para apoyar a Matas en el último día de juicio.

Ha aludido así a la exposición el pasado martes por parte del fiscal Pedro Horrach de su informe, un alegato al que también ha hecho referencia al final su exposición cuando se ha referido, al igual que hizo el representante de la Fiscalía, al capitán del crucero Costa Concordia naufragado en Italia.

"El señor Matas no iba en ningún barco por mucho que la Fiscalía le pusiera en la lista de pasajeros; no necesitaba saltar a ninguna lancha", ha asegurado en respuesta a la frase de Horrach el pasado martes afirmando que "Matas y Alemany se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí".

Ha calificado además de "inaudito" el trato dado por la Fiscalía a los dos acusados que han pactado con ella -Alemany y el empresario de la comunicación Miguel Romero- y ha quitado varias veces credibilidad a sus acusaciones al exministro.

También ha recordado que Matas "no se ha llevado un céntimo de euro" de las contrataciones a Alemany, de las que se enjuician tres vertientes: el pago de unos 4.000 euros mensuales por escribir los discursos mediante un concurso pantalla con la empresa de Romero, un contrato menor de 12.000 euros por unos reportajes que nunca aparecieron y una subvención de 450.000 euros para que fundara una agencia de noticias.

Antes de Alberca, el abogado de Alemany, Javier Rodríguez, ha expuesto su informe final, en el que también ha pedido la absolución del periodista al entender que el acusado "siempre entendió" que sus contrataciones eran lícitas.

El periodista no tuvo, según el letrado, ninguna razón para ocultar que hacía los discursos a Matas, ya que esto era algo que tanto el sector de la prensa como el de la política ya sabían.

Ha negado asimismo que los trabajos del contrato menor no se elaboraran, lo mismo que el hecho de que, como sospecha la Fiscalía, la subvención sirviera realmente para financiar un periódico digital partidario de Matas.

Tras la exposición de los abogados ha llegado el momento de dar la última palabra a los cinco acusados, un derecho del que han hecho uso Alemany, Romero y el ex director general de Comunicación Joan Martorell.

En su turno, Alemany se ha quejado de los fiscales Anticorrupción al considerar que "la función del Ministerio Fiscal no incluye insultar o menospreciar al ajusticiable". Romero y Martorell han asegurado, por su parte, que todo lo que han dicho en el tribunal es cierto.

Después de las diez jornadas que ha durado el juicio, la sección primera de la Audiencia de Palma tendrá ahora que emitir sentencia sobre la primera pieza de las 26 del caso Palma Arena que ha sido enjuiciada.

Para Alberca, el tribunal solo cuenta con la palabra de los otros acusados considerando a Matas la persona de la que tuvo que salir la idea de contratar a Alemany de forma irregular, lo que "no basta" para condenarlo.

"Son prevenciones, prejuicios, sospechas, recelos, llámelo como quiera", ha apuntado respecto a las pruebas de la Fiscalía Anticorrupción, que para Alberca "ni siquiera alcanzan" la calificación de indicios.

Alberca ha comenzado la exposición afirmando que no iba a hacer "una defensa política" por "respeto" a su profesión y a su predecesor en la defensa del expresidente, Rafael Perera, quien ha asistido esta mañana a la Audiencia de Palma para apoyar a Matas en el último día de juicio.

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El caso | La soledad de Matas

Camps sobrevive a sus 'amiguitos'

"CASO GÜRTEL"; CAMPS Y COSTA NO CULPABLES

2012-01-25T21:36:00.000+01:00

Francisco Camps celebra el veredicto del jurado. Tras él, Ricardo Costa. | Pool

Por 5 votos a 4

El tribunal no cree probado que el ex presidente cometiera cohecho impropio

No ha encontrado pruebas suficientes de que la trama Gürtel pagara los trajes

Rodrigo Terrasa | Francisco Álvarez | Valencia

El jurado popular, seis hombres y tres mujeres, ha decidido que Francisco Camps Ortiz, ex presidente de la Generalitat Valenciana, es inocente de un delito continuado de cohecho impropio. Cinco votos a favor, cuatro en contra. Ricardo Costa Climent, ex secretario general del PP valenciano, también. Idéntico resultado.

A las 19.45 horas de este miércoles, el portavoz del tribunal ha declarado a Camps no culpable. El juez Climent ha tenido que desalojar la sala por la incontenible celebración de la familia, los amigos y los seguidores del ex presidente. Isabel Bas, su esposa, rompía a llorar.

Pese a que ninguno de los dos, ni Camps ni Costa, pudo probar el pago de sus prendas el tribunal tampoco ha encontrado pruebas suficientes de que fueran los cabecillas de las empresas de la llamada 'trama Gürtel' los que las abonasen. El jurado se ha apoyado en las dudas de Isabel Jordán, ex empleada de las empresas de Correa, que en su declaración no pudo ratificar sus sospechas de que los trajes eran para Camps y en las contradicciones del sastre José Tomás.

No han encontrado vínculos entre los supuestos regalos y las adjudicaciones de la administración valenciana, más allá de una "relación comercial", y han dado más credibilidad a la declaración del escolta de Camps y de los funcionarios de la Generalitat o a los informes aportados por su defensa que al resto de pruebas. Han encontrado demasiadas dudas en las diferentes pruebas exhibidas durante el juicio por las acusaciones y ante la duda, han optado por absolver a los acusados. Tampoco han tenido en cuenta la confesión de culpabilidad de Víctor Campos y Rafael Betoret.

Su condena requería siete votos a favor. Su inocencia solo cinco. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular, representada por el abogado del PSOE, mantuvieron durante el juicio que los dos acusados recibieron en función de su cargo los regalos pagados por Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo, cabecillas del entramado corrupto.

Según sus informes, el ex presidente aceptó entre 2005 y 2008 que la trama le regalara tres trajes y tres americanas adquiridas en la tienda Milano, y siete trajes, dos pares de zapatos y una americana de Forever Young. Todo por un importe de 13.121 euros. Ricardo Costa, por su parte, habría recibido cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones en ambos establecimientos, prendas valoradas en 10.075 euros.

Pese a los 18 argumentos que expusieron las fiscales, el jurado no ha encontrado indicios suficientes tras cerca de 20 horas de deliberación. Se cierran así 28 días largos de juicio. Punto y aparte al proceso. La historia no acaba aquí, porque las acusaciones pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Probablemente lo harán.

El balón de oxígeno para Camps y Costa es, sin embargo, incuestionable. Camps aceptó sentarse en el banquillo convencido de su inocencia, en busca de la "justicia que imparten sus conciudadanos", y sale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con un veredicto que le impulsa a buscar su ansiado regreso a la primera línea política. Que lo consiga es otra cosa...

Su calvario acaba por ahora. El juicio acabó justo tres años y un día después de que Francisco Camps compareciera por primera vez ante los medios para desvincularse del caso que le costó el cargo meses después.

El 19 de febrero de 2009, su nombre aparecía en los titulares de prensa en la misma línea que una extraña palabra: Gürtel (correa en alemán). Primeras sospechas. Alguien hablaba de un gasto de 30.000 euros en trajes regalados al entonces presidente valenciano. Fue solo el principio pese a que Camps prometió solventarlo en 24 horas. Serán un par de escaloncitos, diría tiempo después.

Durante los mil días siguientes se sucedieron titulares de escándalo, filtraciones interesadas del sumario, esperpénticas reacciones de los implicados, la metamorfosis de Camps, de barón del PP a incordio mayúsculo, el sacrificio de Costa, elecciones sin el menor desgaste y el inexorable avance del proceso en los tribunales.

Los dos acusados salvaron su cabeza en primera instancia en el TSJ, pero el Supremo reabrió el caso sin remedio hasta llegar aquí. Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, con idénticas acusaciones, reconocieron su culpa, pagaron sus multas, devolvieron trajes, y se bajaron del tren. Camps y Costa no. Ambos perdieron sus cargos por el camino. Ricardo Costa fue destituido como secretario general del PP valenciano el 14 de octubre de 2009. Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalitat el 20 de julio de 2011.

El 13 de diciembre los dos se sentaban en el banquillo de los acusados. Durante seis semanas, las defensas de los dos cargos del PP han tratado de demostrar su inocencia. Javier Boix, abogado de Camps, puso su empeño en retratar al ex presidente como un tipo honrado, austero, un buen hombre incapaz de hacer nada fuera de la ley.

Juan Casanueva, abogado de Costa, fue más directo. Dijo que su cliente pagó sus trajes y, sobre todo, que su cliente nunca tuvo cargo en el gobierno valenciano. Jamás tuvo poder para adjudicar contratos y, por tanto, no cabe el delito.

La estrategia ha funcionado. Para el jurado los dos son inocentes.

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EL EX ALCALDE DE CAPDEPERA SE SIENTA EN EL BANQUILLO POR EL DERRUMBE DE SON MOLL

2012-01-25T18:18:00.000+01:00

JUICIO | Dice que las obras no tenían licencia

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación

El derrumbé del hotel costó la vida de 4 operarios el 16 de diciembre de 2008

Europa Press | Palma

El ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz del derrumbe del hotel Son Moll, que el 16 de diciembre de 2008 costó la vida de cuatro operarios y causó varios heridos, y en su declaración ha reconocido que antes de que sucediera este siniestro sabía que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el edificio carecían de licencia.

Unos hechos por los que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el acusado, quien durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 ha justificado que, pese a conocer que los trabajos se estaban ejecutando sin permiso municipal, era consciente de que las deficiencias detectadas se estaban subsanando y tan sólo quedaba pendiente la autorización de Costas y de Turismo. Su interrogatorio en el Juzgado de lo Penal número 3 se ha prolongado durante más de dos horas.

Por su parte, en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público postula que a pesar de que Alzina, defendido por el abogado Gaspar Oliver, tenía "pleno conocimiento de que las obras se estaban ejecutando sin la preceptiva licencia municipal desde sus conocimientos así como de la envergadura de las obras, se apartó de su deber de garante del cumplimiento de la Ley".

Así, en su lugar, "amparando la actuación de la empresa promotora que primó celeridad y beneficio económico frente a la seguridad y el respeto a la norma, con total desprecio de la legalidad vidente y por tanto con clara conciencia de su arbitrariedad, no inició el expediente sancionador ni ordenó la paralización de las obras del hotel Son Moll", sostiene la Fiscalía.

Tal y como señala la acusación pública, la concesión de la licencia estaba pendiente de la subsanación de deficiencias de ocupación y volumen así como las autorizaciones de Costas y Turismo, además de un informe jurídico, pese a lo cual Alzina se habría "apartado de las normas esenciales del procedimiento urbanístico, autorizando en interés exclusivo de la promotora la ejecución de unas obras sin las preceptivas garantías para la seguridad pública y los intereses generales".

Todo ello, prosigue la Fiscalía, sin haberse aprobado el proyecto básico ni presentado el de ejecución, "llegando al punto de permitir la ejecución de unas obras en el ala izquierda del edificio no amparadas en ningún proyecto" y que terminaron con el derrumbe parcial del edificio. No fue, según el escrito, hasta después del suceso cuando el acusado decretó la suspensión de los trabajos de reforma.

Entre los testigos interrogados durante la vista oral ha comparecido uno de los celadores municipales, Llorenç Melis, quien ha recordado que durante el proceso de reforma del hotel visitó unas siete veces el edificio y advirtió a Alzina, entonces alcalde y regidor de Urbanismo, de que las obras se estaban efectuando sin permiso municipal y que faltaban deficiencias sin subsanar.

Tal y como ha afirmado ante el juez Jaime Tártalo, la fiscal Silvia Aigé y el letrado del exprimer edil, Alzina le comentó que se habían corregido las deficiencias y sólo faltaba la autorización de Costas y Turismo. "No se abrió ningún decreto de suspensión de las obras, sólo después del derrumbe", ha aseverado el testigo, quien, a preguntas de la defensa, ha apuntado que si estas autorizaciones hubieran llegado antes el proyecto básico "se habría aprobado porque en principio iban a ser favorables".

Cinco condenados

Cabe recordar que el juez ya condenó a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol por este siniestro así como dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y al jefe de obra Juan Bonet.

En concreto, el magistrado condenó a todos ellos por cuatro delitos de homicidio imprudente, cuatro por lesiones imprudentes y uno contra los derechos de los trabajadores, mientras que aplicó para cada uno de ellos las atenuantes de confesión y reparación del daño producido.

Gráfico: Las claves del caso

"CASO MALAYA"; PEÑARROYA: "PARA LA JUNTA NO HABÍA VIVIENDAS ILEGALES AL COBRAR IMPUESTOS"

2012-01-25T18:10:00.000+01:00

Acusado de sobornar a Roca

El promotor acusado de cohecho cifra en 2.000 millones de euros lo recaudado

José Carlos Villanueva | Málaga

La Junta de Andalucía se ha convertido en protagonista destacada durante la sesión de este miércoles en el juicio por el llamado caso 'Malaya'. El conocido promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, acusado de sobornar a Juan Antonio Roca con 35.500 euros a cambio de una licencia de obras por silencio administrativo, ha arremetido duramente en numerosas ocasiones contra el Ejecutivo autonómico -en materia urbanística- por hacer “omisión” de sus funciones en Marbella durante los gobiernos del GIL (1991-2006).

Peñarroya sostiene que “para la Junta de Andalucía no había viviendas ilegales a la hora de cobrar impuestos en Marbella”. Es una tesis que también mantiene la actual alcaldesa, Angeles Muñoz (PP). De hecho, el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, denegó en principio la personación del Gobierno andaluz, como perjudicado, “por haberse lucrado con los impuestos de todas las viviendas que se construyeron en la ciudad”. Finalmente se aceptó la personación como acusación popular-,no particular, encarnada esta por el Consistorio marbellí.

En el marco de su crítico discurso contra la administración que actualmente preside José Antonio Griñán el acusado ha cifrado en 2.000 millones de euros lo que ha cobrado la Junta “por 30.000 viviendas ilegales”. Acto seguido se ha preguntado lo siguiente: “¿Hacia dónde ha mirado la Junta, hacia Cuenca o hacia Guadalajara”?

No obstante, el actual gobierno municipal de Marbella tampoco ha salido bien parado en palabras del promotor : “El urbanismo de ahora es peor que el de antes. Es el mayor desastre de España", en comparación con el que llevaron a cabo los gobiernos del GIL entre 1991 y 2006. Ya en la sesión del martes, Peñarroya acusó a la Corporación que preside actualmente Muñoz de “falsedad documental y otros hechos muy graves, de los que no voy a hablar aquí".

El presidente del tribunal, José Godino, se ha visto obligado a llamar al orden al empresario durante el interrogatorio del fiscal: “Ha nombrado usted a la Junta 17 veces”. La advertencia se ha producido después de que el procesado insistiera en que el Ejecutivo que presidió Manuel Chaves “puso a la Comisión Gestora para arrasar todo”, ha dicho en alusión a la paralización de obras ilegales.

El aviso del juez Godino no ha impedido que el promotor malagueño se enzarzara en una agria polémica con el letrado de la administración andaluza cuando éste le preguntaba: “Si los edificios eran ilegales, la Junta ha estado cobrando los impuestos de Ibi, Iva y actos jurídicos documentados”, le ha espetado Peñarroya.

“¿Por qué usted no recurrió esos tributos?”, le ha preguntado el letrado autonómico, a lo que Peñarroya ha replicado que en aquel entonces no le constaba. Dicho letrado ha recordado las 400 impugnaciones de licencias ilegales, otorgadas por el GIL, que llevó a cabo en los tribunales la Consejería de Obras Públicas.

En lo que sí ha hecho hincapié el empresario es en que una serie de promotores, incluido él mismo, mantuvieron una reunión, en el Hotel El Fuerte de Marbella, para instar a la Junta a que inscribiera en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes a viviendas ilegales, “pero hicieron oídos sordos”, ha asegurado.

También ha mencionado al ex delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano: “Cuando denegaron el PGOU del 98 (julio de 2003) fui a la Comisión Provincial de Urbanismo para enterarme de en qué afectaba a mis promociones y él me dijo que no mareara la perdiz, porque era todo un tema político”.

La tesis de Peñarroya, al dejar al margen a Roca, es responsabilizar al arquitecto municipal Francisco Merino y la ex asesora de Urbanismo, Raquel Escobar, de “todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias de obras”. Ambos deberán comparecer como testigos.

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El plan oculto de un promotor y dos alcaldes

EL FISCAL VE DELITO EN LA CONCESIÓN DE 10 LICENCIAS EN ROQUETAS DE MAR

2012-01-25T17:38:00.000+01:00

El Ayuntamiento concedió en 2007 permiso para construir diez chalets de lujo en suelo terciario

Marta Soler Almería

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) podría haber cometido un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia municipal de obra para la construcción, en suelo terciario, de diez chalets de lujo en la zona conocida como La Fabriquilla. Los hechos, que se remontan al año 2007, han sido investigados por la Fiscalía Provincial de Almería y hace unos días los denunció ante el Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar donde se abrirán diligencias previas.

El hecho “relevante” para el Ministerio Público que da lugar a la denuncia y que “debe ser investigado” es, según fuentes judiciales, el “acto administrativo concreto” por el que se concedió la licencia. Ésta fue autorizada por el entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue excluido de la lista del PP en los últimos comicios de 2011.

El presunto responsable es un histórico del equipo municipal de Amat

La parcela sobre la que se levantaron las diez viviendas unifamiliares se encuentran en la Unidad de Ejecución UE-109 y fue objeto de un cambio en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 2006 mediante el que se modificaba el uso del suelo. Dicho acto fue denunciado por la Junta de Andalucía y declarado nulo en noviembre de 2011 por el Tribunal Superior de Andalucía de Andalucía (TSJA).

En el fallo, el Alto Tribunal valora que “difícilmente puede considerarse suelo urbano consolidado aquel que precisamente está sujeto a operaciones integrales de reforma interior para crear una superficie residencial en el Plan Especial que se modifica”.

Pero el origen de la denuncia de la Fiscalía de Almería se encuentra en una denuncia de un particular efectuada a comienzos de 2011 a Fiscalía Anticorrupción y en julio a la Fiscalía Superior de Andalucía, desde donde se deriva a Almería. La denunciante, perteneciente a la familia que poseía la parcela de La Fabriquilla, acusa al Ayuntamiento de Roquetas de Mar de “delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias”. Según la denuncia, el Ayuntamiento no atendió sus alegaciones solicitando la modificación de la calificación de parte del suelo de rústico a urbanizable para su inclusión en el Plan General de 1997. La familia vendió como rústico, pero en el PGOU se plasmó como urbanizable, con lo que el beneficio fue para quien compró a la familia. En su denuncia, expone un relato cronológico de los acuerdos adoptados por el pleno de la corporación municipal en este sentido, así como documentos que acreditan las operaciones de compraventa realizadas, según los denunciantes, por conocidas empresas almerienses, algunas –según la denuncia- posiblemente vinculadas a personajes públicos. Sin embargo, fuentes judiciales, apuntan a que algunos de estos hechos podrían haber prescrito.

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'Solo responde ante sí mismo'

"CASO PALMA ARENA"; "MATAS (COMO EL CAPITÁN DEL CONCORDIA) CAYÓ EN UNA LANCHA QUE PASABA POR ALLÍ"

2012-01-24T22:42:00.000+01:00

Las frases de la Fiscalía

Efe | Palma

Estas son algunas de las frases del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach durante el informe que ha expuesto en el juicio que se celebra dentro del caso Palma Arena contra el expresidente balear Jaume Matas por los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le elaboraba los discursos.

- "Para resumir, el señor Matas y el señor Alemany (como el capitán del Concordia) cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí"

- "El señor Matas es un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio"

- "El señor Alemany es un gran periodista, así lo avala su currículum. Rabiosamente independiente, tal como se autocalifica. Rabiosamente independiente, sí, excepto del dinero y del poder, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio".

- "La historia, señorías, es sencilla, simple: la elaboración de discursos para el señor Matas, la paralela remuneración bajo mano al señor Alemany, y el argumento montado para ello: la realización de un concurso público totalmente ficticio".

- "Las dificultades, como en los casos en que intervienen altos cargos, consisten en romper las pantallas bajo las que ocultan sus ilícitas decisiones, que se convierten en algunos casos en barreras casi infranqueables (...). Un sinfín de personas bajo las que se esconden y que son utilizadas".

- "El señor Matas ha seguido la línea esperada en estos casos, con la consabida puesta en escena bien aprendida: el presidente tienen un equipo, el presidente confía en su equipo, el presidente no tramita, el presidente no está para esto. En conclusión, el presidente no responde más que ante sí mismo".

- "Quiero hacer un inciso. Confesar que me equivoqué, cometí un error imperdonable durante el interrogatorio del señor Matas, no el único, pero sí importante: no le pregunté al señor Matas si, de hecho, fue presidente de la Comunidd durante la legislatura 2003 a 2007, porque de sus respuestas lo único que cabe concluir es que era una pura figura simbólica".

- "El señor Matas solo ostentaba el titulo de presidente, sin que de las funciones inherentes al cargo que ocupaba pudiese derivarse responsabilidad penal alguna. El 'hágase' famoso del señor Matas no lleva aparejadas consecuencias de estas características".

- "La indignación que este fiscal siente no es solo por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune. No, la indignación proviene de ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos, no solo frente a sus ciudadanos, sino frente a los subordinados que tan fielmente le sirvieron".

- "Indignación por ver cómo se utiliza descaradamente a empresarios que, ante la disyuntiva de hacer el favor al presidente o bien quedarse en la indigencia en la contratación pública, tan jugosa económicamente, optan por cumplir los deseos del presidente".

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EL FISCAL PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EX CONCEJAL DEL PSOE FRANCISCO FERNÁNDEZ

2012-01-24T21:54:00.000+01:00

TRIBUNALES | Y otros 15 años de inhabilitación

Está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos

Por la adjudicación sin concurso la compra de material de bomberos

'Es una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa', dice el juez

Efe | Sevilla

La acusación particular ha pedido seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para Francisco Fernández, ex concejal de Sevilla y ex portavoz del Grupo Municipal del PSOE, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

Fuentes del Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación, han informado de que han pedido para Fernández, portavoz del alcalde Monteseirín (PSOE) diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.

Fernández ha sido objeto de un procedimiento abreviado porque, según el juez, adjudicó directamente unas compras por importe de 644.485 euros al Grupo Iturri, en una decisión "arbitraria, unilateral y a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento exigidas por la ley".

El proceso se llevó a cabo a principios del 2007, cuando Fernández acordó verbalmente con la empresa la adquisición por parte del Ayuntamiento del equipamiento necesario para incorporarlo a ocho vehículos autobomba, previamente adquiridos mediante un expediente "debidamente formalizado", según el juez.

En el auto de incoación de procedimiento abreviado, el juez de Instrucción 4 de Sevilla indica que Fernández, entonces concejal de Gobernación, pudo incurrir en un delito de prevaricación con una decisión "arbitraria y de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".

Fernández se excusó "en la emergencia que requería la situación en la ciudad de Sevilla ante una supuesta insuficiencia de medios del Parque de Bomberos" pero en el caso no concurría ninguno de los supuestos de emergencia o urgencia que prevé la ley, e incluso en tal ocasión "también se habrían vulnerado los requisitos legalmente exigibles en la contratación", según el juez.

Así, en caso de haberse amparado en la situación urgente, el Ayuntamiento debió haber creado un expediente en el que declarase motivadamente la urgencia y estableciese un plazo para la emisión de informes. Si se tratase de una situación de emergencia -añade el auto-, aunque en un primer momento se podría haber omitido cualquier trámite, la normativa exige un acuerdo acompañado de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente. Y "nada de eso se hizo".

El juez, por ello, ha dado a la Fiscalía de Sevilla y a la acusación particular un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio, con el consiguiente escrito de acusación, o pidan el archivo de la causa.

Matas atribuye a su jefe de prensa los pagos al periodista Alemany

"CASO PALMA ARENA"; EL FISCAL COMPARA A MATAS CON EL CAPITÁN DEL "COSTA CONCORDIA"

2012-01-24T21:29:00.000+01:00

También explica por qué pide siete años para el excolumnista de 'El Mundo' Antonio Alemany

Andreu Manresa / Agencias Palma de Mallorca 24 ENE 2012 - 14:56 CET26

En la penúltima jornada de las sesiones del primer juicio del caso Palma Arena, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha mostrado hoy, durante la exposición de sus conclusiones, su "indignación" ante un Jaume Matas "sin escrúpulos" que no asume las consecuencias penales de sus actos tras proceder a un "saqueo premeditado de fondos públicos".

Horrach ha comenzado su contundente alegato de dos horas y media afirmando que el expresidente balear "es un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen" y le ha atribuido todas las decisiones relacionadas con los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany. El fiscal pide ocho años y medio de cárcel para Matas y siete para Alemany.

Según Horrach, las facturas de Alemany fueron "el favor personal del Gobierno" para pagar a Alemany, que no podía ser contratado como asesor de confianza porque trabaja para El Mundo. Era discursista de forma encubierta, ha asegurado el fiscal, para alabar los discursos del expresidente balear y cobrar subvenciones para sus medios. En su alegato, Horrach ha afirmado que Matas sabía que a Alemany le pagaban con fondos públicos y que le subvencionaban de manera oculta a través la Agencia Balear de Noticias.

Horrach ha acabado su alegato con una frase inspirada en las noticias sobre el naufragio del crucero Costa Concordia en Italia cuando ha afirmado: "Resumiendo lo que pasó: el señor Matas y el señor Alemany se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí".

Así lo ha contado Andreu Manresa:

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Carlos Fabra será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN AMPLÍA EL "CASO FABRA" A UN EXDIPUTADO DEL PP

2012-01-24T21:13:00.000+01:00

El presidente del PP provincial, Carlos Fabra acudió ayer a la misa en recuerdo de Fraga. / Domenech Castelló/Efe

Miguel Prim envió escritos al Ministerio de Agricultura para mediar por un empresario

María Fabra Valencia

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Después de casi dos meses, desde que se reunieron, a deliberar por primera vez, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Así, amplía el número de imputados, que se limitaba a cuatro, al exdiputado y exsenador del PP por Castellón Miguel Prim. La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, había pedido que se ampliara el número de imputados en el caso que llevará al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente del PP provincial Carlos Fabra, al banquillo de los acusados. Solicitó que se imputara a varios ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar la autorización de los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos.

Después de que la fiscalía pidiera el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, la Audiencia ha decidido atender, en parte, la solicitud de la acusación popular, por lo que Prim también será juzgado por tráfico de influencias.

La resolución de la Audiencia, incomprensiblemente larga, no provocó la paralización de otro plazo, el otorgado por el Juzgado de Primera Instancia de Nules para presentar los escritos definitivos sobre el caso Fabra después de que el Supremo revocara otra decisión de la Audiencia provincial que pretendió limitar a uno los delitos fiscales por los será juzgado. Sin embargo, la ampliación de las imputaciones sí que supondrá un leve retraso (apenas diez días), ya que las acusaciones habrán de ampliar su escrito de conclusiones. Fuentes consultadas aseguran que el nuevo encausado no puede recurrir la decisión de la Audiencia al Supremo, con lo que el juicio se mantendría para este año.

Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denuncia a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces diputado remitió un escrito al ministro, que desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización formuladas por Vilar. Además, el empresario desveló haber pagado una subvención a la falla del hijo de Prim cuando el hijo del ahora ex senador del PP, Miguel Prim, ocupaba el cargo de vicepresidente de la misma y que su pago fue "por el trabajo que Prim realizaba en los ministerios". La falla confirmó el pago pero la Audiencia considera que solo debe ser juzgado por tráfico de influencias.

Preparando la fianza

El dictamen de apertura de juicio oral contra Fabra señaló además la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP. La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". El presidente provincial del PP de Castellón está esta mañana reunido con su equipo jurídico, ha explicado su hija.

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"CASO GÜRTEL"; EL JURADO CONCLUYE SU PRIMERA TARDE DE DELIBERACIÓN SIN ALCANZAR UN VEREDICTO

2012-01-23T21:50:00.000+01:00

Dormirán, incomunicados, en un hotel

Durante la deliberación no pueden leer prensa ni contactar con su familia

El jurado pasará la noche aislado en un hotel al no alcanzar el veredicto

Así se repetirá cada día hasta que lleguen a un acuerdo

Rodrigo Terrasa | Valencia

El veredicto contra Francisco Camps y Ricardo Costa está en marcha. El magistrado presidente de la sala, el juez Juan Climent, ha hecho entrega este lunes al jurado popular del objeto del veredicto, el cuestionario sobre los hechos que tendrán que debatir y responder para determinar si los acusados son o no culpables.

Las primeras horas de deliberación, sin embargo, no han deparado un acuerdo definitivo. Por tanto, los miembros del tribunal popular pasarán la noche en un céntrico hotel de la ciudad aislados e incomunicados. Por la mañana, regresarán al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde continuarán con las consultas.

Tras cinco horas de discusión entre las partes para dar por cerrado dicho cuestionario, el juez ha hecho entrega de las preguntas en audiencia pública a los seis hombres y tres mujeres que deben alcanzar una resolución.

Climent les ha pedido, tal y como exige el Código Penal, "independencia, responsabilidad y sumisión a la ley", les ha exigido que sólo tengan en cuenta lo que han oído en la durante las últimas seis semanas y luego les ha recordado las normas que deben seguir.

La deliberación del jurado es secreta y su contenido no puede revelarse ni durante las discusiones ni con posterioridad. Los nueve miembros del jurado estarán absolutamente incomunicados hasta que alcancen un veredicto. No pueden comunicarse con el exterior, no podrán tener acceso a los medios de comunicación, no tendrán teléfonos móviles, ni podrán hablar con nadie que no sea compañero del tribunal.

Sólo podrán contactar con su familia o su empresa de trabajo a través de una petición expresa al secretario judicial.

Aislados en el TSJ deberán responder a cada una de las preguntas sobre los hechos. Cada párrafo va marcado como "favorable" o "no favorable". Si el hecho es favorable a los acusados requerirá al menos cinco votos a favor para ser aprobado. Si les perjudica, se exigirán siete votos a favor.

Ningún miembro del grupo puede abstenerse en ninguno de los puntos, bajo amenaza de multa e incluso penas mayores. Y en todos ellos deben ponerse de acuerdo hasta acordar si los acusados son o no culpables. El juez les ha recordado que las respuestas al objeto del veredicto deben ser coherentes y no se admitirán conclusiones contradictorias. Podrán para ellos consultar todo el acta del juicio, así como todas las pruebas, informes y grabaciones que se han escuchado durante el proceso, salvo las que el juez no haya admitido previamente.

"La declaración de culpabilidad o no culpabilidad debe ser congruente y consecuente con los hechos probados anteriormente", ha advertido Climent, que ha admitido su intento por ser "lo más sencillo posible".

Los nueve miembros del jurado responderán nominalmente, en voz alta y por orden alfabético. Si no se ponen de acuerdo antes de las siete de la tarde, serán recluidos en un céntrico hotel de Valencia, donde la Conselleria de Justicia les pagará el alojamiento y la comida. Así se repetirá cada día hasta que lleguen a un acuerdo.

Climent les ha recordado lo que están juzgado. A los dos acusados se les acusa de recibir regalos en consideración a su cargo, el de presidente de la Generalitat, en el caso de Francisco Camps, y el de diputado de las Cortes Valencianas, en el caso de Ricardo Costa.

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"CASO PALMA ARENA"; MANTIENEN LA PETICIÓN DE 8,5 AÑOS PARA MATAS Y RETIRAN LA ACUSACIÓN A DULCE LINARES

2012-01-23T21:36:00.000+01:00

Anuncio de la Fiscalía

Solo aumentan la petición a Alemany, para quien ahora pide 7,3 años de cárcel

Para Umber piden 8 meses, a Martorell le mantienen los 2 años y a Romero 1,4 años

Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía ha anunciado que mantienen la petición de 8 años y medio de cárcel para Jaume Matas y retiran la acusación a Dulce Linares, sucesora de Maria Umbert en el Gabinete.

Al único acusado al que le han aumentado la petición es a Antonio Alemany, periodista que le escribía los discursos a Matas, para quien ahora piden 7 años y 3 meses, frente a los 5 y medio que pedían en un principio.

Los fiscales mantienen la petición de pena de dos años a Joan Martorell, Director de Comunicación del Govern de Matas, y rebajan la del dueño de la agencia Nimbus, Miguel Romero, a 1 año y 4 meses (frente a los 4 que pedían inicialmente).

A Maria Umbert, jefa de Gabinete de Matas, también le han rebajado la petición y ahora reclaman para ella 8 meses de prisión (frente al año que pedían antes).

Cabe recordar que dichas peticiones vienen tanto de la Fiscalía como de la acusación de Comunidad Autónoma.

La octava jornada del juicio del caso Palma Arena contra el expresidente balear Jaume Matas ha comenzado a las 10.10 horas en la Audiencia de Palma y en ella la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones.

La sesión del juicio por los pagos supuestamente irregulares al periodista que escribía los discursos a Matas durante la legislatura 2003-2007 comenzó con la prueba documental, después de que la pasada semana se concluyesen las testificales y periciales.

Así lo ha expuesto durante la vista oral el fiscal Juan Carrau, quien mantiene la esencia de su escrito de calificación, aparte de las anteriores modificaciones. A sus conclusiones definitivas se ha adherido la abogada de la Comunidad Autónoma, según informa Europa Press.

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URDANGARÍN, CAMPS, MATAS, GARZÓN Y BLANCO AMENAZAN LA REPUTACIÓN DE LA "MARCA ESPAÑA"

2012-01-22T23:20:00.000+01:00

Iñaki Urdangarin, y el ex-presidente del Gobierno de Baleares, Jaume Matas. (EFE)

LA CORRUPCIÓN SE SUMA A LA CRISIS COMO RIESGO PARA EL PAÍS

España | Francisco Camps | Iñaki Urdangarín | Jaume Matas | Baltasar Garzón

Alberto Mendoza - Sígueme en Twitter

“El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España”. Así se pronunció Mariano Rajoy hace una semana, acuciado por la última rebaja de calificación de Standard & Poor’s. Ante la erosión producida por la crisis, el fortalecimiento de la marca país se ha convertido, al menos aparentemente, en una prioridad política. Sin embargo, a la economía se han sumado la corrupción y la inseguridad jurídica como nuevas amenazas para la imagen internacional de España.

Los procesos judiciales contra Iñaki Urdangarín, Francisco Camps y Jaume Matas, junto a casos como Gürtel o la operación Campeón, cuyo protagonista, el ex ministro José Blanco, ha sido citado a declarar el próximo jueves, han recuperado la estampa de un país mediterráneo contaminado por la corrupción en todos sus estratos, desde los ayuntamientos a la Familia Real. Asimismo, el impacto del juicio a Baltasar Garzón ha sembrado dudas sobre la calidad del sistema judicial, ya sea por no haber detectado a tiempo su conducta prevaricadora, o, en caso de ser inocente, por haber puesto en peligro la independencia de un magistrado.

Y es que, medios como The Economist, Financial Times, Washington Post, CNN, The Boston Globe o The Guardian se han hecho eco de estos casos, desgastando uno de los pilares del prestigio de España. Tal vez por ello, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se aventuró esta semana a proponer que los gestores públicos afronten “responsabilidades penales”, si no garantizan el equilibrio presupuestario. “Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que se vuelven impagables”, afirmó. Por su parte, el PP ultima un cambio en sus estatutos para obligar a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución a la que pertenezca.

De este modo, Rajoy trata de prestigiar al PP, que ha visto como dos de sus expresidentes autonómicos están sentados en el banquillo, pero también a toda la clase política, considerada dentro y fuera de nuestras fronteras, uno de los principales problemas. De acuerdo con el estudio La reputación de España en el mundo 2011, elaborado por Reputation Institute, la “calidad institucional” es una de las debilidades de nuestro país a la hora de compararlo con los integrantes del G-8, que nos superan en este atributo clave. En un ranking más amplio de 50 naciones, España ocupa el puesto 16º, lejos del liderazgo que disfruta Suiza en esta materia.

Además, el citado informe refleja una caída de prestigio en el capítulo “entorno político e institucional” desde el puesto 16º de 2010, al 17º de 2011; mientras que en “uso eficiente de los recursos públicos”, España también debe conformarse con el 17º lugar, fuera del cuadro de honor de los países más desarrollados.

Según Fernando Prado, director de Reputation Institute para España y América Latina, el entorno político e institucional supone más de un tercio en la valoración global de un país, por lo que pude llegar a ser determinante. Buen ejemplo de ello es el deterioro de la percepción sobre México, que debido a la guerra contra el narcotráfico ha retrocedido 6 puestos, así como la notable mejora que ha experimentado Chile tras el mediático rescate de los mineros en 2010.

Un país para divertirse

No obstante, Prado destacó que “la reputación de España es buena entre el público general, ya que esa percepción viene dada por diferentes variables como el estilo de vida, el entorno natural o la cultura”. “Es cierto que hemos sufrido en la parte económica, pero al no ser el único ángulo, no nos ha afectado de una manera tan rotunda. Seguimos teniendo la misma historia o cultura”, señaló este experto.

En efecto, en el ranking global de 50 países, nuestro país resiste en el número 16, junto a Reino Unido, Irlanda o Italia, y por encima de potencias como Estados Unidos, Francia o Brasil. Aunque el problema viene al comprobar la valoración en materias como el entorno económico, el reconocimiento de las empresas y marcas españolas, la calidad de sus productos y servicios o la tecnología. “Las variables en las que mejor aparece España corresponden con el carácter de la gente, el estilo de vida, las opciones de ocio y entretenimiento, la seguridad, la naturaleza o la cultura. Pero aparecemos peor, por ejemplo, en investigación, desarrollo e innovación”, sostuvo Prado.

En este sentido, la percepción de España sigue ligada a viejos tópicos, obteniendo una excelente valoración en atributos considerados “blandos”, pero sin conseguir fortalecer su perfil económico y competitivo. O dicho de otra manera, se sigue recomendando como un país para divertirse, pero no para trabajar o invertir.

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"CASO DE LOS TRAJES"; EL JURADO ACCEDE AL ESCRITO DEL LETRADO DE CAMPS EN EL QUE ADMITÍA SER CULPABLE

2012-01-20T20:57:00.000+01:00

IGNACIO ZAFRA / MARÍA FABRA - Valencia

El jurado del caso de los trajes escuchó ayer la lectura de la aceptación de culpabilidad que el abogado de Francisco Camps presentó en el tribunal el 20 de julio de 2011. Ocurrió en la esperpéntica semana en la que el expresidente de la Generalitat decidió confesar los hechos, embarcó en dicha decisión al resto de imputados, y terminó dando marcha atrás, dimitiendo del cargo (por presiones de su partido) y dejando en la estacada a dos de sus compañeros de causa: su exvicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, que finalmente, fueron condenados por cohecho impropio. Ricardo Costa no llegó a firmar la aceptación de culpa porque no se fiaba de Camps, pero ayer en el juicio se leyó el fax que su letrado envió al Tribunal Superior de Valencia autorizando a otro abogado a presentar por él su conformidad con las acusaciones.

"Mediante el presente escrito comparezco y me persono como parte en las actuaciones del procedimiento", indicaba el letrado del expresidente, Javier Boix, aludiendo al auto dictado el 15 de julio de 2011 por el juez instructor José Flors que enviaba a Camps, Costa, Campos y Betoret al banquillo. "Al mismo tiempo, muestro, a los solos efectos formales, mi conformidad con los escritos de acusación en el marco de lo dispuesto en el citado auto, interesándose que se dicte sentencia de acuerdo con la misma". Boix subrayó, en su turno de la prueba documental, la expresión "a los solos efectos formales" que incluyó en el escrito.

El último día de la fase documental del llamado juicio de los trajes contó también con la reproducción de nuevas grabaciones. Entre ellas, se escuchó la conversación mantenida, en diciembre de 2008, entre el cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Así, Camps escuchó cómo ambos diseñaban la estrategia para que El Bigotes intercediera ante el entonces presidente y su esposa, Isabel Bas, con el objetivo de que Costa entrara a formar parte de Gobierno valenciano. "Yo, como secretario general, le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno", le dijo Costa. "Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza", le pedía a El Bigotes. "No te preocupes, pensaba darle de lo lindo por varios sitios y ese era uno de ellos", le contestó Pérez.

En otra de las grabaciones, Pérez habla con el número dos de la red, Pablo Crespo. "Te llamaba para que estés tranquilo, que lo que se está haciendo allí se está haciendo bien pero lo que sí conviene es que llamaras a 'R' que nos tiene que echar una mano porque estamos muy colgados", le dice Crespo a Pérez. "A ver si hablas con él y solucionamos algo porque sino vamos a entrar en una situación peligrosa con los bancos", añade.

El PP endurecerá los controles internos sobre corrupción política

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

2012-01-20T20:44:00.000+01:00

La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante

La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat

María Fabra / Ignacio Zafra

Archivado en:

Caso Gürtel

Corrupción política

La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado “pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market”.

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que “presuntamente abonó a Orange 199.520 euros” es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y “cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española”. Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que “investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse” en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó “Alicante” y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.

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El titular del juzgado número 1 de Nules ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El juez ha impuesto una fianza de 4,2 millones de euros al acusado. Fabra tiene de plazo hasta el próximo lunes para abonarla o se le embargarán los bienes, a no ser que se declare insolvente.

La decisión judicial se ha tomado casi dos meses después de que el Tribunal Supremo ordenara que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández, al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1.718.192 millones de euros y a Vilar y a Vives otros 800.000. Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para abonar la cantidad. “Si transcurrido dicho término no lo verifican”, indica el auto, “embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia”. La fianza impuesta a Fabra trata de asegurar su responsabilidad civil, es decir, el político popular no ingresará en prisión si no la abona porque no es ese su fin.

Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El conocido como caso Fabra estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en la imputación al dirigente del Partido Popular por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

En el auto con el que el titular del Juzgado de Nules dio por concluida la instrucción de este caso, el juez describe las gestiones realizadas por Carlos Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar las autorizaciones para los productos de su entonces amigo Vicente Vilar. Además, relata cómo obtuvo ganancias de este, por ejemplo, en concepto de pago de “unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados”. El juez afirma que “en parte” por las ganancias antes mencionadas, “y en parte por otras fuentes”, Carlos Fabra Carreras y su entonces esposa, María Desamparados Fernández Blanes, “obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”.

Tras los dos informes de los peritos que cruzaron las cuentas y patrimonio de la pareja, el juez concluye que Fabra defraudó cerca de 694.000 euros, mientras que señala que Fernández dejó de ingresar en Hacienda casi 429.000 euros.

El juez de Nules no ha querido esperar a que se resuelva el recurso que la Audiencia de Castellón está debatiendo desde hace más de un mes sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular.

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Cronología: Ocho años del Caso Fabra

EL JUEZ DE NULES ABRE JUICIO ORAL CONTRA CARLOS FABRA Y LE FIJA UNA FIANZA DE 4,2 MILLONES

2012-01-20T19:18:00.000+01:00

Fabra, saliendo de Juzgado de Nules. | Eugenio Torres

TRIBUNALES | También a Vicente Vilar y las dos ex mujeres

Los imputados tienen de plazo hasta el lunes para acreditar la fianza

Las partes tienen diez días para presentar escrito sobre las acusaciones

Defiende a Fabra el mismo letrado que lleva a Camps en la 'causa de los trajes'

Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules, Jacobo Pin, ha emitido el auto de apertura de juicio oral contra el presidente del PP de Castellón y ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y le fija una fianza de responsabilidad civil de 4.270.859,6 euros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo abre juicio oral contra su ex mujer, María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives. A Fernández le fija una fianza de 1.718.192,8 euros y a Vilar y Vives 800.000 euros a cada uno.

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa, que pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años de prisión o bien con cualquiera otras penas de distinta naturales, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, y por tanto, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuciamiento Criminal".

El titular de Nules da como plazo 'el término de una audiencia', es decir, un día (a lo sumo, hasta el lunes), para que los imputados presenten las fianzas que se les solicitan por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal y, si transcurrido ese plazo no es depositada, se procederá a embargar los bienes de su propiedad en la cantidad necesaria para cubrir la suma fijada, a no ser que se acredite la insolvencia.

Se señala como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa la Audiencia Provincial de Castellón.

Las defensas deben formular en el plazo de diez días escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, "con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento". Contra este auto no se da recurso alguno, "excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma" ante el mismo juez en un plazo de tres días.

Concluidos estos pasos, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

Antecedentes

El juzgado considera que Fabra y su ex mujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003. En relación a su ex mujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.

El abogado de Carlos Fabra y de su ex mujer es Javier Boix, letrado que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.

En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su ex esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.

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"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA ADVIERTE AL JURADO POPULAR: "ESTO NO ES UN JUICIO POLÍTICO"

2012-01-19T23:53:00.000+01:00

Las conclusiones finales

Ha expuesto hasta 18 motivos por los que considera culpables a Camps y Costa

"No hagan actos de fe', ha pedido al jurado tras exponer todas sus pruebas

'Si lleva la cara manchada de chocolate, hace falta ver quién se lo ha comido'

'No nos concierne a nosotros decidir si esos hechos son graves o no'

La Fiscalía atribuye ahora más prendas a Costa y dos menos trajes a Camps

Rodrigo Terrasa | Valencia

La Fiscalía Anticorrupción tiene hasta 18 motivos para creer que Francisco Camps y Ricardo Costa son culpables de un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Así lo ha expuesto este jueves Myriam Segura durante el turno de conclusiones de la acusación pública, penúltimo capítulo del juicio que desde hace ya 25 días se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el ex presidente de la Generalitat y el que fuera secretario general del PP valenciano.

Tras lo visto durante el proceso, la Fiscalía ha admitido alterar el número de prendas atribuidas a Camps y Costa. Ha sacado de su informe final los cuatro trajes que Camps dijo devolver y ha dejado el total que supuestamente se regaló al ex presidente en diez trajes, cuatro americanas, cuatro corbatas y cuatro pares de zapatos. El importe de sus regalos baja de 14.021 euros a 13.121.

Por el contrario, eleva la cantidad de obsequios a Ricardo Costa, que, según la Fiscalía, aceptó cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones. Todo valorado en 10.075 euros, por los 7.325 de la acusación inicial.

Los matices en el inventario no alteran su convencimiento de que Camps y Costa son culpables. Sus motivos, 18.

La fiscal ha sentenciado que existen pruebas documentales de que hubo encargo de prendas para los dos acusados tanto en Milano como en Forever Young y que hay pruebas documentales de la confección de las prendas. Ha recordado los encargos a la sastrería Sastgor, admitiendo incluso la exclusión de los cuatro trajes que, según Camps, se devolvieron. «Hay dos versiones distintas de cómo se devolvieron y sabemos que se devolvieron porque no le venían y no porque no aceptara regalos», ha matizado.

Hay también prueba documental del pago de las prendas por personas distintas a los acusados y hay pruebas de que esas compras se disfrazaron con facturas que contenían conceptos falsos. «Se trataba de ocultar para quién se hizo esas compras».

La fiscal ha recapitulado igualmente la larga lista de testigos que han confirmados los hechos de la acusación. «Son creíbles», ha subrayado. Ha mantenido que sus declaraciones concuerdan con los documentos y con el resto de testimonios. Y ha rescatado lo dicho por Isabel Jordán y José Luis Peñas, que impulsaron el inicio de la investigación, o los testimonios de las cajeras de las tiendas, los encargados, directores de compras, los dependientes, el informático, el responsable de la sastrería, o el polémico director de moda José Tomás.

«Son muchas prendas a lo largo de muchos años», ha recordado la fiscal para desmontar la «teoría de la animadversión» que la defensa de Camps ha lanzado siempre sobre Tomás.

Ha recordado que ha habido testigos que están imputados en otros procedimientos vinculados con esta causa. «Esto les dificulta muchísimo decir la verdad». Hablaba de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, cabecillas de la trama Gürtel. También ha puesto en cuestión la declaración de los otros testigos que han desmentido los hechos y ha rescatado las «imprecisiones» y las «inexactitudes» en las testificales de Raquel Vázquez, contable de las tiendas, y de Eduardo Hinojosa, propietario del negocio. La fiscal ha subrayado su «comprometida» situación y ha avanzado que cuando se resuelva el juicio pedirán que se investigue a ambos por posibles delitos de falsedad.

En los argumentos a favor de la condena ha sumado las declaraciones de los peritos de la Agencia Tributaria, que «han confirmado que hubo encargos, confección y pago de prendas mediante cheques o transferencias», también las pruebas contables extraídas de las auditorías de las tiendas de ropa, o los informes de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Ha asegurado que las pruebas de voz y las múltiples llamadas telefónica escuchadas durante el juicio certifican la relación de Camps y Costa con la trama y confirman las sospechas aunque no se hable expresamente de los trajes. "El teléfono de Álvaro Pérez fue intervenido un mes después de que se acabaran los regalos de las prendas, por lo que es normal que no se hable de los trajes", ha dicho.

La Fiscalía ha destacado la importancia de los documentos expuestos durante el último mes en el TSJ, las notas manuscritas en las tiendas, las listas de prendas bajo los nombres de Camps y Costa. También las referencias a las cajas B de las empresas de Correa. «La salida de dinero de esas cajas coinciden con los pagos a Milano y coinciden con los tiques asignados a Camps», ha concluido.

Por último ha recordado que dos personas ya han sido condenadas por hechos similares: Víctor Campos y Rafael Betoret. Ha aclarado que su conformidad implica admitir los hechos y ha destacado que Betoret incluso devolvió las prendas que le regalaron a él.

También ha subrayado la «inconsistencia» en las defensa de Camps. «Vamos a utilizar la lógica y el sentido común», ha pedido la fiscal. «¿Por qué se hicieron unos regalos tan personales? ¿Les regalan a ustedes cosas personales personas que no son de su círculo de amistades o familiar? Si eran amigos, ¿por qué Álvaro Pérez dijo: A ver si me jubilo macho y dejo de aguantar político? ¿Es posible una teoría de la conspiración en la que están implicados fiscales, jueces, policías, un interventor del Estado y varios empleados de las tiendas?»

’No hagan actos de fe’

La Fiscalía se ha dirigido al jurado popular (seis hombres y tres mujeres) para pedirles que no hagan «actos de fe». Que no se fíen de nadie y se limiten a comprobarlo todo, a cuestionarlo todo. «Coloquen el objetivo de la cámara donde tiene que estar», ha pedido antes de recordar que lo que aquí se juzga es si Camps y Costa aceptaron regalos que se les hicieron «en atención a su cargo público».

«Esto no es un juicio político», ha sentenciado la responsable de la acusación pública. «¿Alguien les ha preguntado a quien votan ustedes?», ha preguntado para señalar después a Francisco Camps como el único responsable de llevar la política a la sala. «Fue él quien dijo que había venido aquí a demostrar que los valencianos votaban por un presidente inocente. ¿Quién ha hablado de política aquí?».

La fiscal ha recordado que «nadie está por encima de la ley», ha censurado que se intente convertir el proceso en una cuestión entre Madrid y Valencia y ha sido muy insistente a la hora de criticar la «teoría del montaje» esgrimida por las defensas. «Hay que acreditarlo todo para que ustedes no tengan que hacer ningún acto de fe», ha repetido.

«No nos concierne a nosotros decidir si esos hechos tienen gravedad suficiente para ser delito o no. Eso corresponde a los diputados y senadores que hace muchos años decidieron que debía ser delito recibir regalos por parte de funcionarios», ha aclarado.

Ha recordado que el juicio no es capricho de la fiscalía y ha refrescado la trayectoria judicial del caso, el paso incluso por el Supremo.

Y sabiendo que las defensas de Camps y Costa mantendrán que no hay ninguna prueba directa de los regalos ha tirado de su discurso más didáctico. «No hace falta ver cómo se mataba a la víctima para condenar un homicidio. Si aparece nuestro chaval con la cara manchada de chocolate, ya no está la tableta en el armario y el chaval lleva el envoltorio en la mano, ¿necesitamos ver quién se lo ha comido?».

Además

"CASO VOLTOR"; EL EX CONTABLE DE UM: "FARRÚS GANÓ UN CONCURSO INVENTADO EN UNA REUNIÓN ENTRE TRES AMIGOS"

2012-01-19T23:23:00.000+01:00

CORRUPCIÓN | Como compensación económica

Europa Press | Palma

El excontable de Unió Mallorquina (UM) y exresponsable económico del Instituto Balear de Turismo (Inestur), Álvaro Llompart, ha afirmado ante la juez instructora del caso Voltor que el empresario Jacinto Farrús se llevó un "goloso" concurso público sobre turismo de congresos y reuniones, valorado en un total de 417.600 euros, como "compensación económica" y después de que esta convocatoria "se inventase en una reunión entre tres amigos", a pesar de que el proyecto "no tenía ni pies ni cabeza".

Así de tajante lo ha puesto de manifiesto en la declaración que ha prestado en calidad de imputado en el marco de la pieza 10 de la causa, que investiga las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió Farrús desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo y principalmente se centra en el anterior concurso, que supuestamente fue manipulado para beneficiar a las mercantiles del empresario puesto que otras empresas habían obtenido una mejor valoración.

"Era un concurso muy goloso y por eso se presentaron más de quince empresas", ha subrayado Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores y algunas de cuyas revelaciones desembocaron en la apertura de una pieza que permanece bajo secreto sumarial.

En su comparecencia, Llompart ha apuntado al exgerente del Inestur, Antoni Oliver -también imputado- como una de las personas que habrían ordenado amañar el concurso para beneficiar a Farrús, puesto que se trataba de un "tema político" y Oliver "quería ser candidato a alcalde de Pollença y necesitaba apoyos".

Fue con la denuncia de la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con la que se iniciaron las investigaciones en torno a estos hechos, al poner de manifiesto que, pese a que su empresa fue la mejor valorada en el concurso sobre 'benchmarking', la convocatoria fue "manipulada" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, pertenecientes a Farrús.

De hecho, las pesquisas del caso Voltor sitúan al empresario como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.

IMPUTAN AL EX ALCALDE DEL PSOE DE BOLLULLOS POR PREVARICACIÓN

2012-01-19T23:06:00.000+01:00

HUELVA | Adjudicación a Cepsa de la recogida de basuras

El caso está relacionado con la adjudicación a Cepsa de la recogida de basuras

Carlos Sánchez está a la espera de juicio por dos irregularidades urbanísticas

Efe | Huelva

El Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) ha citado a declarar como imputado al ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado (Huelva) Carlos Sánchez por un delito de prevaricación.

Sánchez tiene pendientes otras dos causas en las que está imputado por el mismo motivo y el caso está relacionado con la adjudicación, en 2006, a la empresa Cespa del servicio de recogida de basuras del municipio a pesar de conocer la situación económica del Ayuntamiento y de que no contaba con el dinero necesario para hacer frente al contrato.

Según la providencia del juzgado, el exalcalde está citado a declarar el próximo 2 de marzo, cita en la que estarán también, en calidad de imputados, los cuatro concejales que componían la junta de Gobierno municipal que aprobó el contrato.

La imputación del alcalde en este caso es consecuencia de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz del pleito que la empresa adjudicataria abrió contra el Ayuntamiento por el de la totalidad de los servicios, 327.000 euros, tras rechazar el recurso interpuesto por el equipo de Gobierno contra la decisión judicial que daba la razón a Cespa.

Se trata de la tercera imputación por prevaricación a la que tiene que hacer frente Sánchez, ya que también está procesado y a la espera de juicio en dos casos de presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad durante su mandato.

Urdangarin llega a Barcelona

"CASO NÓOS"; EL CONVENIO CON URDANGARÍN SE FIRMÓ A "PROPUESTA" DE FRANCISCO CAMPS

2012-01-19T22:56:00.000+01:00

INVESTIGACIÓN

Así consta en el acuerdo de los 6 millones de euros suscrito por González Pons

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid

El supercontrato de 6 millones de euros que suscribió la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para organizar los Juegos Europeos salió adelante en 2005 "a propuesta" del entonces presidente, Francisco Camps, que lo hizo constar expresamente en el acuerdo.

El ex presidente fue personalmente el artífice del pacto con el yerno del Rey. Y para justificar la polémica concesión su Gobierno no dudó, incluso, en inflar el historial del Instituto Nóos, del que destacó "su gran experiencia en organización de grandes eventos deportivos" cuando su currículo en la materia se reducía a cero.

Francisco Camps fue el ideólogo del contrato de ese evento deportivo que no se celebró. Es más, estos 'juegos olímpicos' de segunda división se han descartado históricamente por razones de calendario y porque carecen de cualquier atractivo para un deportista de élite.

A pesar de que no pasaron del estadio de los sueños al de la realidad, el Instituto 'sin ánimo de lucro' Nóos del duque de Palma se llevó 382.000 euros públicos del erario valenciano, a los que hay que sumar los 3,5 millones de los tres Summit que sí tuvieron lugar.

El máximo órgano de gobierno de la Generalitat, el 'Consell', adoptó este acuerdo en vísperas de la Nochebuena de 2005, concretamente el 23 de diciembre del segundo año del primer mandato de Francisco Camps.

Integrantes del Gobierno de la Comunidad de la época aseguran que la fecha de la concesión no es casualidad: "Se hizo para que el posible escándalo se diluyera en las fiestas y teniendo en cuenta, muy en cuenta, que el día de Navidad no hay periódicos".

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"Guarde silencio. Si esto no le interesa, piense en otra cosa'

"CASO GÜRTEL"; EL ABOGADO DEL PSOE, AL JURADO POPULAR: "AL CAPONE SÓLO PUDO SER CONDENADO POR LA CAJA B"

2012-01-19T22:34:00.000+01:00

Las conclusiones de la acusación popular

La acusación popular resume el juicio con gráficos y vídeos de los testigos

Habla de una 'trama mafiosa' y recuerda que 'don Vito' era 'el Padrino'

Latorre: 'Camps no pagó ni un solo traje. Todos fueron pagados por la trama'

Dice que nadie podía contar los regalos: 'En la mafia lo llaman la Omertà'

Rodrigo Terrasa | Valencia

Virgilio Latorre, el abogado contratado por el PSOE valenciano, el representante de la acusación popular en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, habla casi con enfado. Se dirige al jurado popular con tono de regañina, como si se mosqueara por adelantado ante una posible absolución de los acusados. Quiere decir (y ha llegado a hacerlo) que lo que aquí se dirime "no es una broma".

Este jueves disponía de su último turno de palabra y lo ha dedicado a repasar de forma exhaustiva todo lo visto hasta ahora. 25 días de un juicio que ha resumido a través de una fórmula que ha reconocida atrevida e inédita en un juicio de este calibre.

Latorre ha mostrado gráficos intercalados con vídeos de las declaraciones para definir al jurado la estructura del grupo Correa y refrescar su modus operandi en lo que ha llamado "una trama casi mafiosa". Les ha servido un amplio croquis del juicio que se ha prolongado durante cinco horas.

Antes ha sido muy didáctico para advertir a las nueve personas que determinarán la sentencia: "Ustedes son iguales a ellos (los acusados) y ellos son iguales a ustedes". Les ha pedido que sean "honestos y sanos desde el punto de vista democrático", que eviten los prejuicios y que tengan claro que "esto no es una cuestión de empatía, de quién cae mejor o peor, quién sea más divertido, más serio o más o menos riguroso". "Deben atender al mejor de los argumentos", ha avisado antes de proceder con los suyos.

El letrado de la acusación popular ha mostrado la estructura piramidal de la trama Gürtel. Arriba Francisco Correa; por debajo, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Le ha recordado al jurado que Correa se hacía llamar Don Vito en referencia a Vito Corleone, "Padrino de la mafia en Nueva York".

"Esto es una trama mafiosa y no hay trama sin caja B", ha concluido Latorre, que ha aprovechado el guiño para recordar que "Al Capone, pese a los múltiples delitos que cometió, sólo pudo ser juzgado y condenado por la caja B".

Su paralelismo con la 'cosa nostra' lo ha repetido más tarde para recordar cuando José Tomás contó que 'El Bigotes' le dijo: "Jamás se te puede escapar que estos señores no pagan". "Esto en la mafia lo llaman la Omertà, la ley del silencio", ha explicado el abogado de los socialistas.

Ha vuelto a detallar los mecanismos de las empresas Gürtel, sus "dádivas de todo tipo" para ganarse el favor de los cargos públicos, las adjudicaciones del gobierno valenciano, los contratos fraccionados y manipulados y el sutil detalle de que todas se concentraran en Valencia y Castellón y no en Alicante, territorio enemigo para Camps en las batallas internas del PP regional. "Temían que ellos mismos lo filtrasen", ha asegurado.

Ha acusado a Ricardo Costa de mentir y se ha mostrado "convencido" de que al ex secretario general del PP valenciano se le regalaron muchas prendas que las que constan en el informe final de la acusación. "No tenemos datos y por eso no hemos acusado".

También tienen "dudas" sobre los cuatro trajes que supuestamente devolvió Camps en Milano, así que la acusación popular, como la Fiscalía, los ha eliminado de su imputación.

Ha puesto en cuestión todo el relato de Camps. Ha revelado, según la propia agenda del ex presidente, que Camps se encontraba en Valencia cuando se pagaron los trajes en Madrid. "Que yo sepa el señor Camps no tiene el don de la ubicuidad", ha ironizado.

Y luego ha seguido el rastro de los pagos para evidenciar su culpabilidad. "Aquí se ha dicho que Camps era racanillo, que era austero, que nunca lleva tarjeta, que siempre pagaba en efectivo. ¿Ustedes pueden imaginar al señor Camps con 3.300 euros en el bolsillo en metálico para ir a pagar estos trajes? Es un disparate. Él dice que no lo hizo, que esos trajes no los ha pagado, pero alguien los pagó y lo hizo en efectivo. Blanco y en botella", ha sintetizado. "Camps no pagó ni un solo traje. Ni un céntimo. Todos fueron pagados por la trama del señor Correa".

Como ha hecho antes la Fiscalía, Latorre ha sido muy duro con la "teoría de la conspiración" que atribuye a las defensas. "La gran conspiración del mundo mundial contra los acusados es un gran disparate que repugna a la razón y al sentido común", ha asegurado. "¿Alguien puede sostener que el señor José Tomás ideó en 2005 toda una trama para perjudicar al señor Camps que no se destapó hasta 2009? Es un auténtico disparate. Estamos en una sala de justicia y parece que estemos en un mundo fantástico. Es posible, claro, también es posible que los burros vuelen".

Luego ha recordado al jurado que la denuncia que "nos trajo hasta aquí" partió de José Luis Peñas, "un concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda".

Pasadas las ocho de la tarde Virgilio Latorre ha acabado: "Sólo me queda desearles que impartan justicia".

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