Mesa Interbarrial Medellín

coplas desde el barrio La Cruz

2018-06-07T08:47:00.003-07:00

Por: Luz Elena Ibarra

Aquí en el barrio La Cruz
Lo tengo ya comprobado
Que muchos usan tarjetas
Y también son desconectados.


Muchos caminan con leña
Traída desde muy lejos
Que cuando la van a usar
Se ha quitado las ganas de almuerzo.

Si nosotros no pagamos
No es porque no queremos
Es por no tener trabajo
Y mucho menos un sueldo.

Ayer me encontré al vecino
Que pagaba los servicios
Al otro día decía
Que no hay comida pa’l niño.

Esto no tiene razón
No podemos permitir
Que un servicio tan vital
Nos lo quieran suprimir.

Pongan cuidado señores
Lo que les voy a decir
Ustedes saben que sin agua
Nadie puede subsistir.

Le pedimos a EPM.
Y también a la Alcaldía
Que no nos recorten el agua...
Y tampoco la energía.

No importa que seas un niño
Estés enfermo o anciano
Cuando llega el alicate
Es porque van recortando.

En el barrio La Cruz
Vivimos desconectados
¿Eso es por culpa de quién?
Ehh, pues por culpa del Estado.

MÉXICO : LAS EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA CIVIL AL NO PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (1/2)

2018-06-06T14:54:00.003-07:00

Las contradicciones del sistema energético en México

texto extraido de: www.cetri.be/Las-experiencias-de-resistencia?lang=fr

El sistema de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en México está plagado de contradicciones. Datos de la Comisión Federal de Electricidad afirman que la demanda energética del país esta cubierta hasta el año 2017. Sin embargo, la CFE tiene un amplio portafolio de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica [1]. Estos proyectos adicionales representan un aumento en la capacidad de generación de unos 25,000 MW (megawatts), prácticamente la mitad de la actual capacidad efectiva de generación que es de 51,000 MW. Estos proyectos de generación que incluyen, entre otros, 25 nuevas represas hidroeléctricas y la creación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (unos 5,000 aerogeneradores), están amenazando los territorios de pueblos y comunidades que serían despojados de sus tierras y desplazados para su realización.

A pesar de que la Constitución Mexicana establece que la energía eléctrica sigue siendo un servicio público propiedad de la nación, buena parte de estos nuevos proyectos de generación estarán en manos de empresas privadas. El director general de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub reconoce que : « como 60 o 70 por ciento será de la CFE y una tercera parte más o menos de esa generación serán proyectos privados » [2]. Es decir que, aproximadamente, un tercio de la generación de energía eléctrica para los próximos años, será exclusivo de empresas privadas. Esto es posible gracias a la promulgación en 1992 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue parte de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano ante las Instituciones Financieras Internacionales para entrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta ley permite que se otorguen permisos para la generación privada de energía eléctrica por parte de empresas privadas, lo que antes era prohibido por la Constitución.

Según las investigaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 35% del total de generación eléctrica instalada en México es controlado por empresas transnacionales, particularmente de origen español [3]. Con base en la Ley del Servicio Público, el gobierno federal ha otorgado un total de 671 autorizaciones al capital privado para la generación de energía eléctrica, bajo las modalidades de permisos de generación privada en autoabastecimiento, permisos de co-generación y permisos de producción independiente.

Actualmente, la CFE se encuentra produciendo solamente al 60% de su capacidad total de generación. Por lo tanto, existe una reserva no utilizada de 40%. Irónicamente, esta reserva de generación corresponde precisamente a lo que generan las empresas privadas. Es decir, la CFE tiene la capacidad de cubrir el 100% de la demanda energética nacional, pero busca priorizar que las empresas privadas generen su propia
energía. Esta situación denota claramente la tendencia privatizadora de los energéticos del país.

En cuanto al consumo de la energía generada, el sector doméstico, que representa el 88% de los clientes de la CFE, consume apenas el 26% de las ventas de la paraestatal. Contrariamente, el sector industrial, que constituye apenas el 1% de la clientela, consume más de la mitad de la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, debido a las diversas reformas hacendarias llevadas a cabo por Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector industrial recibe grandes subsidios en las tarifas eléctricas, mientras los/as consumidores domésticos siguen padeciendo el alza constante de los recibos de luz.

En este año, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) - órgano federal que establece las tarifas energéticas - dio a conocer un subsidio de 8 mil millones de pesos para las tarifas industriales y comerciales, lo que representa un descuento de hasta 50%. Incluso Felipe Calderón anunció el 1 de noviembre pasado, una tarifa preferencial para
el sector industrial que consta de una cuota fija anual. En contraste, la tarifa doméstica no ha cesado de aumentar, particularmente desde que el ex presidente Fox decretó, en 2002, el fin de los subsidios a las tarifas residenciales, lo que generó un aumento promedio de 75% en las tarifas domésticas a nivel nacional. Mientras las grandes corporaciones reciben subsidios, las tarifas domésticas experimentan un alza mensual
constante en relación a la inflación y el incremento en los precios de los combustibles. De esta manera, se han documentado aumentos de 200 e incluso 300% en el recibo de luz bimestral de usuarios/as en la Ciudad de México.

Estas contradicciones no son excepciones a la regla, sino que son las características mismas de un sistema. Un sistema que prioriza el beneficio de las empresas por encima del bienestar de los pueblos. Un sistema que busca producir masiva y constantemente sin tomar en cuenta las consecuencias para los pueblos, el medio ambiente y las generaciones futuras. En resumen, un sistema conocido como el sistema capitalista.

EL DESCONTENTO POPULAR SE ORGANIZA

Actualmente, estamos siendo testigos/as de numerosas expresiones de
descontento ; pequeños y grandes actos de resistencia que surgen de una
misma inconformidad. En las comunidades rurales los pueblos se
organizan, en algunos casos, para exigir tarifas justas, y en otros,
para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a las
altas tarifas de la energía eléctrica. En las ciudades, ante los altos
cobros de energía eléctrica en un contexto de crisis económica, una
práctica cada vez más recurrente es buscar la forma de « puentear » los
medidores de energía, añadiendo un cable al interior de los mismos para
que la corriente vaya directamente al fusible sin pasar por el contador.
Además, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
cada año se presentan en la Ciudad de México, aproximadamente, 1300
quejas contra Luz y Fuerza del Centro, la mayoría por los altos cobros
del servicio.

Así, los pueblos buscan de diferentes maneras, con lo que tienen a su
alcance, resistir e insubordinarse ante las agresiones estructurales de
un sistema que pauperiza cada vez más su entorno y hace imposible el
acceso a los servicios más básicos. En algunas buscando únicamente
solucionar la necesidad inmediata y en otras construyendo procesos
organizativos regionales. De tal forma, son las contradicciones del
sistema energético las que han generado movimientos amplios y diversos
en rechazo al modelo neoliberal en México.

Uno de los ejemplos emblemáticos de las resistencias a los megaproyectos
de la Comisión Federal de Electricidad, ha sido protagonizado por los
ejidatarios/as del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa
La Parota (CECOP), quienes han conseguido frenar el megaproyecto
hidroeléctrico en sus tierras. Tras cuatro años de resistencia, y aunque
el proyecto de la represa no está aún definitivamente cancelado, han
logrado defender y posicionar sus derechos como pueblos. Con su lucha y
sus experiencias han sido la inspiración para la creación de diversos
procesos de resistencia a los megaproyectos de la CFE y,
particularmente, de diferentes iniciativas de coordinación entre estos
movimientos.

De esta manera, durante el Encuentro de Resistencias desarrollado en
mayo de 2007 en Oaxaca, la valiente resistencia del CECOP frente a las
amenazas de represión gubernamental, fue la inspiración para la
constitución de una Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, que
se realizó del 13 al 20 de junio de 2007. Esta jornada no fue sólo una
expresión de solidaridad con la digna lucha del CECOP, sino que también
fue un espacio dónde las comunidades y organizaciones de diversas
regiones expresaron sus propias demandas y exigencias ante las
arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante la Jornada Nacional se realizaron marchas, mítines y
pronunciamientos públicos en Campeche, Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, siendo las principales exigencias : la
cancelación de los megaproyectos hidroeléctricos y eoloeléctricos de la
CFE, el alto a la privatización de los energéticos, el respeto a los
movimientos de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica, el
rechazo al Plan Puebla-Panamá y el cese a la represión contra los
movimientos de resistencia civil.

La Jornada Nacional de Movilización contra la CFE se convirtió así en la
precursora de los trabajos de coordinación y alianza nacional que
actualmente están dando sus primeros frutos. Resultado de esta jornada y
de necesidades concretas de articulación, los pueblos en resistencia a
las políticas de la Comisión Federal de Electricidad, se encontraron en
noviembre pasado en una comunidad con una larga e importante historia en
la lucha contra el modelo neoliberal.

ENCUENTRO POPULAR « AGUA, ENERGÍA Y ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS » : LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA EN LA PAROTA

Del 6 al 8 de noviembre se llevó a cabo en Aguacaliente, Bienes
Comunales de Cacahuatepec, Guerrero, comunidad integrante del CECOP, el
Encuentro Popular « Agua, Energía y Alternativas Energéticas ». Más de 400
personas representantes de redes nacionales, organizaciones sociales,
sindicatos y comunidades de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca,
San Luis Potosí y Veracruz, se reunieron para compartir sus
problemáticas y definir acciones coordinadas a nivel nacional.

Quizá por vez primera confluían comunidades en resistencia a la política
energética privatizadora, en casi todas sus modalidades : megaproyectos
(represas, parques eólicos, tendidos eléctricos de alta tensión), altas
tarifas de energía eléctrica y minería, que fueron los ejes
articuladores de los trabajos durante tres días.

El descontento y la inconformidad contra las altas tarifas de energía
eléctrica empiezan ya a generalizarse en buena parte del país. En este
encuentro se constató que cada vez hay más comunidades y municipios
enteros que empiezan a organizarse y a repeler las embestidas de la
Comisión Federal de Electricidad, quien, siguiendo los dictámenes de las
Instituciones Financieras Internacionales, exporta energía a precio
preferencial a otros países, principalmente Estados Unidos. En cambio a
los pueblos se les han venido imponiendo tarifas estratosféricas,
imposibles de pagar para las comunidades campesinas e indígenas del
país. Como resultado, miles de usuarios/as de Campeche, Veracruz,
Tabasco y Chiapas, se han declarado en Resistencia Civil a las altas
tarifas de energía eléctrica, conformando un movimiento regional que se
ha extendido a varios estados del norte del país, como Baja California y
Chihuahua, así como a otras regiones, que parece convertirse ya en una
resistencia nacional.

En el Encuentro Popular en la Parota, integrantes de la resistencia
civil a las altas tarifas de energía eléctrica de Veracruz, Campeche,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas compartieron experiencias de lucha y
organización. La presencia de los procesos organizativos tan diversos en
formas, tiempos y prácticas, permitieron contar con una especie de
radiografía desde la experiencia de los pueblos, en el difícil camino de
la resistencia civil, de la insubordinación, del cuestionamiento a un
sistema que les exige pagar por un servicio.

Un camino parece haberse seguido en buena parte de los procesos que se
compartieron. En un inicio las comunidades en resistencia optaron por la
negociación de los altos cobros de energía eléctrica con la Comisión
Federal de Electricidad. Fue un camino que se abandonó al poco tiempo
tras la falta de interés e incompetencia de la CFE, las idas y vueltas,
los condicionamientos, las promesas incumplidas, el ofrecimiento de
« créditos » para, al final, terminar pagando más...

"No es el remedio llevar los recibos a CFE ; si se puede negociar el
recibo pero al semestre siguiente nos llegan más caros todavía... Nos
cierran puertas ; no nos toman en cuenta en la CFE, ni en ninguna parte
si no estamos bien organizados, por esto no tenemos otra opción que ir
al no pago" (Testimonio de un compañero del sur de Veracruz)

Otra experiencia interesante fue la de un ex trabajador de la CFE, quién
explica : "López Mateos nacionalizó la energía eléctrica, la CFE nació
sin fines de lucro, no para generar ganancias, para el beneficio de
todos los mexicanos... las tarifas las pone la Secretaría de Hacienda,
que no sabe nada de energía"

Uno de los momentos más significativos se dio cuando el proceso
organizativo de las comunidades en resistencia a las altas tarifas de
los estados de Campeche, Veracruz y Chiapas, que llevan varios años en
el camino fortaleciéndose cada vez más, se encontró con la Montaña de
Guerrero, dónde 27 comunidades han comenzado a gestar un proceso de
resistencia a las altas tarifas de energía eléctrica. Ante el camino
andado por las experiencias organizativas de Chiapas desde hace más de
10 años, así como los procesos de Veracruz con seis años y Campeche con
dos años, los representantes de las comunidades de Guerrero cayeron en
la cuenta de que son muchas las comunidades en resistencia al pago de
las altas tarifas de la luz ; comunidades que han tomando en sus manos el
mantenimiento de las redes de energía eléctrica en defensa y
reivindicación de su autonomía como pueblos ; comunidades que están
conformando movimientos estatales y regionales, y que aspiran a
construir un movimiento nacional.

Y ese fue precisamente uno de los principales acuerdos del Encuentro
Popular : la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil contra
las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Fruto de los andares de las
resistencias y de las ansias por aglutinar y coordinar fuerzas, el
nacimiento de esta Red Nacional significa la articulación de varios
movimientos del país, que identifican un enemigo común : el sistema
neoliberal que enriquece a algunos y empobrece la vida de otros/as...

Los agresiones gubernamentales no se hicieron esperar. Tan sólo unos
días después de la realización de este Encuentro, compañeros y
compañeras del Movimiento de Resistencia Civil del No pago a la Luz
Eléctrica del municipio de Candelaria, Campeche, recibieron el aviso de
una demanda penal en su contra. Demanda que se enmarca en la estrategia
de represión e intimidación hacia aquellas personas que se atreven a
levantar la voz y organizarse. Como dijo un compañero de la Montaña de
Guerrero : "El resultado de las demandas de nuestros pueblos siempre han
sido las órdenes de aprehensión"

EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL DEL NO PAGO A LA LUZ ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE

El municipio de Candelaria se encuentra a 239 kilómetros de la capital
del estado y colinda con Tabasco y Guatemala. Candelaria se conforma por
aproximadamente 37,000 habitantes y es uno de los municipios del estado
de Campeche con mayor porcentaje de analfabetismo. Sus principales
actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio.
El salario mínimo de la región es de 49.50 pesos diarios.

El movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en
Candelaria, Campeche es un movimiento que inició en agosto de 2006,
debido a las excesivas tarifas de energía eléctrica y al deficiente
servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Su
exigencia ha sido el establecimiento de una tarifa justa, adecuada al
nivel adquisitivo de la población de la región. Actualmente más de 30
comunidades se agrupan en este movimiento. Se identifican con una
calcomanía pegada en el medidor que expresa "¡No a la privatización de
la Energía Eléctrica !".

En un inicio el Movimiento de Resistencia Civil intentó negociar con la
Comisión Federal de Electricidad en la exigencia de una tarifa justa.
Ese camino no funcionó ; los incumplimientos de los acuerdos firmados por
los funcionarios, los constantes cortes al servicio eléctrico por parte
de la CFE, así como las reacciones violentas de los funcionarios en las
negociaciones, hicieron desistir al Movimiento de Resistencia de
Candelaria. Amén de la fuerte presencia policíaca y militar que es una
constante en todo el país, pero que en Campeche se ha recrudecido aún
más bajo el pretexto y la justificación militarista de Calderón, en su
« lucha contra el narcotráfico ». Fue así como la Resistencia Civil de
Candelaria decide tomar el camino de la autonomía y en ejercicio del
legítimo derecho de los pueblos, dan por terminadas las negociaciones
con la Comisión Federal de Electricidad y deciden agruparse en la "Otra
Campaña« , esfuerzo político organizativo que intenta construir »otra
forma de hacer política", vinculando a pueblos indígenas y campesinos,
organizaciones sociales y civiles, colectivos y personas. Comienzan
entonces los esfuerzos organizativos autónomos, consistentes en cursos
de capacitación sobre el manejo de energía eléctrica, con la finalidad
de formarse en la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico.

Pero también comenzaron las intimidaciones, que han desembocado en una
situación crítica para las compañeras y compañeros en resistencia de
Candelaria, Campeche. Hace algunos meses empezaron los rumores acerca de
que se llevarían a cabo operativos para desmantelar las instalaciones
eléctricas de las familias en resistencia. En junio, las compañeras y
compañeros recibieron la visita de una comisión « especial » de empleados
de la CFE de la capital de Campeche. Apaciblemente les comunicaron que
no se estaban planificando operativos de desmantelamiento, pero un mes
después comenzaron las acciones. El primer operativo violento tuvo lugar
el 9 de julio cuando varios empleados de la CFE iniciaron los cortes
masivos de energía eléctrica en la cabecera municipal de Candelaria,
dejando sin luz a doce personas. La comunidad se agrupó para resistir la
intimidación, exigiendo la reinstalación de los cables y bajantes,
logrando la reinstalación total hacia las 23:30 hrs. Posteriormente el
25 de septiembre en un operativo todavía más violento e intimidador,
dónde participaron alrededor de 20 vehículos equipados de la CFE y tres
patrullas de la policía municipal, se realizaron cortes masivos a las
comunidades en resistencia de la cabecera municipal de Candelaria y la
comunidad Francisco J. Mújica, logrando dejar sin energía eléctrica a 60
familias. En medio de las exigencias para la reinstalación del servicio,
la resistencia civil de Candelaria se reunió con un representante de la
CFE, quién se comprometió a respetar al movimiento e informar a las
instancias correspondientes sobre la situación.

El mencionado funcionario de la CFE cumplió su promesa e informó a las
autoridades. Esto desembocó en una demanda penal contra Sara López y
Joaquín Aguilar, dos de los más activos integrantes del Movimiento de
Resistencia Civil de no Pago a la Luz Eléctrica. Actualmente enfrentan
un proceso promovido por el apoderado legal de la Comisión Federal de
Electricidad, Joel Rafael Baeza, como presuntos responsables de los
delitos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público e
impedimento de la realización de un servicio público, integrándose la
averiguación previa PGR/CAMP/ESC-1/103/2008. En los últimos días se ha
tenido conocimiento de que existen, al menos, tres compañeros más
implicados en la averiguación previa.

Este proceso penal parece ser promovido desde la jerarquía de la
Comisión Federal de Electricidad, a cargo del superintendente de
Campeche, Augusto Trejo Castro, quién bajo las órdenes de Jorge Humberto
Gutiérrez Requejo, gerente de la División Peninsular de la CFE (con
oficinas en Mérida, Yucatán) han venido instrumentado un operativo
jurídico de desgaste, con la finalidad de debilitar el proceso político
y organizativo de las compañeras y compañeros de la Resistencia Civil.
Esta aseveración deviene de dos hechos fundamentales : por un lado, el
caso ha sido turnado a la Agencia del Ministerio Público de Escárcega, a
pesar de existir una oficina en la ciudad de Candelaria, citando en dos
ocasiones de un día para otro, dificultando el traslado de las
compañeras y compañeros del movimiento de Resistencia Civil, originando
un desgaste anímico y monetario muy fuerte. Por otro lado, en lo que va
del proceso han existido comentarios dudosos y sugestivos por parte de
la abogada de oficio y funcionarios del Ministerio Público que lleva el
caso, invitando a los compañeros a aceptar parte de la responsabilidad
en los hechos, sugiriendo que « las órdenes vienen de arriba », teniendo
pocas posibilidades de salir avantes en el proceso penal. Estas
situaciones podrían vislumbrar la participación de funcionarios de
mediano e inclusive alto nivel en el proceso que se sigue a las
compañeras y compañeros del Movimiento de Resistencia Civil de
Candelaria, Campeche.

Cabe mencionar que las compañeras y compañeros de Campeche tuvieron una
destacada participación en el Encuentro Popular "Agua, Energía y
Alternativas Energéticas" celebrado recientemente en la Parota. En este
encuentro se dieron cita las principales luchas y movimientos
organizativos que enfrentan los embates de la Comisión Federal de
Electricidad. La compañera Sara López expuso : "estamos en resistencia
por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos. También estamos en
resistencia porque las tarifas son injustas e impagables, con un salario
mínimo de 49 pesos... El servicio eléctrico es del pueblo, no es de los
legisladores ni del gobierno. El no pagar las tarifas injustas no es un
fraude a la nación. El gobierno nunca nos ha consultado sobre las
tarifas... No nos estamos negando al pago, pero hasta no tener una
tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar..."

La estrategia de represión instrumentada por las instancias oficiales
coincide con uno de los principales acuerdos del Encuentro Nacional en
la Parota : la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil en
contra de las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Es evidente el temor
de las instancias gubernamentales hacia un movimiento popular de
descontento y cuestionamiento estructural que se extiende ya por varios
estados del país. Parece ser una especie de advertencia para otros
movimientos de resistencia civil que llevan años cuestionando y
negándose al pago de las altas tarifas de energía eléctrica.

La demanda en contra de Sara López, Joaquín Aguilar y demás compañeros/as es un claro hecho de intimidación y persecución política, que está siendo disfrazada de procedimiento penal, con la finalidad de amedrentar al movimiento de Resistencia Civil de Candelaria que ha ido creciendo en número y cohesión de reivindicaciones. El Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en Candelaria ha iniciado una estrategia de defensa jurídica y política que cuenta con el respaldo de los pueblos en resistencia de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, entre otros. La Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, deben saber que las resistencias no están aisladas y no van a responder de manera individual. Este es un movimiento que se aglutina y toma cada vez mayor fuerza. Si la estrategia gubernamental pretendía frenar y debilitar un movimiento, en las acciones de respuesta cobrará sentido, entonces, la sentida consigna : « Si golpean a uno/a nos golpean a todos/as »...

NOTES

[1] Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017.

[2] La Jornada, 2/02/2008.

[3] Sindicato Mexicano de Electricistas, Las tres hermanas españolas se reparten el pastel de la generación de electricidad en México.

marcha carnaval, ante el modelo de extractivismo

2018-06-06T14:43:00.001-07:00

Planton afectados por el desarrollo de la estacion metrocable barrio la paralela

2018-06-06T14:31:00.001-07:00

Performance contra Hidroituango

2018-06-06T14:20:00.001-07:00

Performance realizado el sábado 2 de junio de 2018 contra el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, Hidroituango. La construcción de esta central posiblemente causará la catástrofe más grande a nivel mundial por culpa de una hidroeléctrica.

Carnaval: memoria y autoconstrucción de vida digna

2017-12-11T15:55:00.001-08:00

Carnaval: memoria y autoconstrucción de vida digna

El carnaval por la vida digna es una iniciativa de la Mesa Interbarrial de desconectados quien apoyada por diversas organizaciones sociales y artísticas lucha por un nuevo mundo donde poder vivir con dignidad. Mesa Interbarrial Medellín

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Foro precarnavalero ¿que sabemos de la ciudad que habitamos?

2017-11-15T11:39:00.002-08:00

Carnaval por la Memoria y Autoconstrucción de la Vida Digna en Nuestro Territorio

2017-10-31T11:22:00.001-07:00

Un caluroso saludo de parte de la Mesa Interbarrial de Desconectadxs y Vivienda Digna.

Queremos invitarles de nuevo al Carnaval por la Vida Digna. El año pasado realizamos el Carnaval “sobre ese morro quiero vivir” en la comuna 13 de Medellín dándole un gran abrazo a los barrios Independencias 1, 2 y 3, rechazando las múltiples vulneraciones a los derechos humanos tanto por las acciones militares que allí se realizaron en 2002 conocidas como operación Orión y Mariscal y por la expulsión varias familias por el desarrollo de la vía Media Ladera.

Nos vimos reunidos más de 800 personas de 50 organizaciones sociales, quienes a través de 3 recorridos simultáneos (Agua, Tierra y Aire) quisimos decirle al Movimiento Social que nuestras luchas son similares en lo elemental y que por ello estamos llamados a través de la lucha (el fuego) a unir nuestras fuerzas, mostramos, Los Carnavaleros, que era posible ser diferentes y encontrarnos para construir juntos.

Este año el Carnaval por la Vida Digna “Memoria viva y autoconstrucción de la vida digna en nuestro territorio” se realizara en los barrios San Pedro Lovaina, Miranda y Moravia, barrios afectados por el desarrollo de varios proyectos urbanísticos especialmente Macroproyecto Rio Norte y Medellín Innovation, que ponen en riesgo la permanencia de sus habitantes, la continuidad de sus proyectos de vida y la historia de Medellín.

Este año buscamos refrescar la memoria de la ciudad, contar quienes y como se construyó Medellín desde los barrios populares; queremos reivindicar y reconocer las practicas comunitarias de autogestión y organización ante las desventajas que deja el desplazamiento forzoso, la negligencia gubernamental, la disputa territorial y la presencia de un sin número de actores armados.

Esas mismas comunidades son quienes han sufrido la muerte, las masacres, la desaparición forzada y el conflicto armado en carne propia. Además son las que se han movilizado para la conformación de espacios de participación y canales de debate que permitan pensarse y crearse las formas de resolver las diferentes problemáticas que atraviesan la realidad de los barrios.

A pesar de esta historia tan compleja de consolidación de la ciudad de Medellín, los discursos y dinámicas institucionales de la administración pública han hecho énfasis en las restricciones de intervención que implica la informalidad en los barrios e insisten en la renovación urbana por encima del mejoramiento integral. En vez de construir soluciones conjuntas con quienes habitan y conocen el territorio, imponen una idea del desarrollo que no reconoce la experiencia comunitaria.

Somos conocedores de la existencia de recursos y viabilización técnica para hacer mega obras de costos desproporcionados como Parques Biblioteca, Unidades de Vida Articuladas – UVA, eco parques y senderos ecológicos y por esto se le han dado largas a acciones de gran importancia como la de crear un Plan Municipal de Mitigación de Riesgos, siendo la situación de riesgo la principal razón por la que las comunidades no cuentan con una seguridad jurídica sobre la tenencia de sus predios y viviendas y también la causa por la que tantas personas reciben una orden de evacuación o desalojo. Es evidente que la resistencia y organización de las comunidades de los barrios autoconstruidos, es más vigente que nunca.

Este Carnaval por la Vida Digna es la manifestación de un discurso contra hegemónico en el que las clases oprimidas expresamos una resistencia ante la imposición de un modelo económico capitalista excluyente, empobrecedor y autoritario, que en nuestra ciudad esta encarnado en parte, por el Grupo Económico Antioqueño, por el sector inmobiliario (sector privado), las EPM, la EDU (sector público) que son incapaces de humanizar sus empresas ante el lucro privado y que por el contrario amenazan con la expulsión y el desalojo de miles de familias de los barrios populares de nuestra ciudad debido a la implementación de planes de ordenamiento territorial donde el territorio es simplemente el espacio donde desarrollar a la fuerza y atropellando, sus proyectos económicos privados disfrazados por la Alcaldía de Medellín de bien común e interés general.

Es Hora de unir las fuerzas en torno a un objetivo común, de comprender que nuestras luchas son colectivas y que juntos logramos cosas hermosas, pongamos sobre el escenario político las problemáticas comunes para proponer conjuntamente un nuevo mundo, una nueva Colombia y esto basados en la capacidad de respeto por la diferencia pues debemos apoyarnos mutuamente, para que esa lucha sea colectiva, de todos. Quien lucha tiene el derecho de decidir a dónde lleva su camino y con quién camina. El apoyo es respeto y no dirección ni mando. Nadie nos va a liberar, sino nosotros, nosotras mismas.

Nos negamos a que se borre la historia de la organización popular en los sectores autoconstruidos con ese discurso lleno de espejismos con que se pinta la innovación y el urbanismo social en una ciudad como Medellín cada vez más cínica; nos burlamos del discurso impuesto que pretende disfrazar la realidad y más que nunca buscamos reivindicar desde la alegría las apuestas colectivas de defensa del territorio.

BOLETIN VIDA DIGNA 31. ESPECIAL COMUNA 8

2017-10-31T11:14:00.001-07:00

NO QUEREMOS VIVIR DEBAJO DE UN PUENTE (Comunidad afectada por el incendio en el Oasis Tropical de Moravia)

2017-09-15T13:14:00.002-07:00

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

Han sido muchos los esfuerzos que venimos realizado para superar este hecho que nos ha dejado en condiciones extremas de vulnerabilidad, pero todas las familias no hemos tomado el mismo camino ni hemos contado con la misma suerte.

Algunas de las familias nos encontramos donde familiares y amigos, situación que con el tiempo se va tornando incómoda porque terminamos siendo una carga económica para quienes nos reciben.

Así mismo y sin otra posibilidad, muchas familias se encuentran ubicadas en el albergue proporcionado por el Municipio de Medellín ubicado en barrio triste, el cual por manifestación expresa de algunas familias allí albergadas se adecúa a unas condiciones mínimas, pero carece de una alimentación adecuada y de atención para enfermedades que afectan al colectivo (epidemias).

Por otra parte, treinta y cinco (35) de las familias afectadas por el incendio, nos encontramos ubicadas en refugio humanitario bajo el puente de la Madre Laura,
entendemos y somos conscientes que este no es un escenario digno para nosotros, para nuestras familias o para nuestros niños, nuestros proyectos de vida individuales y colectivos no se encuentran debajo de un puente y por lo tanto es de nuestro interés e intensión, ubicarnos de manera urgente e inmediata en una vivienda haciendo uso del subsidio de arriendo temporal, mientras se establece y se define para nosotros una solución definitiva de vivienda.

Es por esto que todos los días nos hemos dedicado a salir en la búsqueda de vivienda para arrendar, todas las mañanas salimos a recorrer los diferentes barrios de la ciudad de Medellín, pero en esta búsqueda nos hemos encontrado con dificultades como:

- El valor del subsidio de arrendamiento ofrecido por la administración municipal es de trescientos ochenta mil pesos ($380.000), con este recurso no es fácil conseguir una vivienda en la ciudad de Medellín y por la falta de capacidad adquisitiva que tenemos, no contamos la posibilidad de poner de nuestro bolsillo para ajustar a dicho presupuesto y si encontramos alguna vivienda por esta suma, la misma es rechazada por el ISVIMED porque normalmente se encuentran en lugares de alto riesgo o por las condiciones estructurales.

- Los grupos ilegales que controlan los barrios, no permiten que nuestras familias con jóvenes puedan si quiera ver la vivienda, solo por el hecho de provenir de Moravia, hemos tenido casos en los que nos han amenazado cuando vamos a otros barrios por esta situación.

La papelería para el trámite del subsidio de arrendamiento es rechazada por el ISVIMED, argumentando que:

- Las viviendas están ubicadas en alto riesgo, pero como se manifestó anteriormente, el presupuesto no nos permite encontrar en otros lugares.

- Porque el inmueble presentar baldosas o paredes tarjadas.

- Le exigen al arrendador contar con escritura pública y certificado de libertad y tradición, y es sabido por la administración que normalmente las viviendas que se adecuan a este presupuesto no cuentan con esta formalidad, pues la relación del dueño con el bien es de poseedor.

Por otra parte, los arrendadores que pueden cumplir con las formalidades exigidas por el ISVIMED, no están dispuestos a prestar el servicio, argumentando que:

- Desconfían en el pago del ISVIMED por el historial de incumplimientos que la entidad ha tenido en similares ocasiones a las de nosotros.

- Por lo anterior, nos exigen codeudor, el cual debe cumplir con unos requisitos como salario fijo, y nosotros no tenemos familiares o amigos con dichas posibilidades.

Las familias que han podido ubicarse en viviendas arrendadas han tenido que recurrir a préstamos para poder pagar por adelantado, pues el ISVIMED no realiza desembolsos anticipados, paga mes vencido.

Como puede verse son muchos los inconvenientes y trabas que para nosotros se presentan a la hora de conseguir y arrendar una vivienda, nosotras, las familias ubicadas debajo del puente de la Madre Laura, nos hemos dedicado a hacer posible y rápida nuestra salida del puente y vivir dignamente con nuestras familias, pero se nos ha hecho imposible.

Desde el día 01 de septiembre, se instaló formalmente un escenario entre líderes de la comunidad de el OASIS, la administración y el Ministerio Público (SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ISVIMED, DAGRD, DEFENSORIA REGIONAL DEL PUEBLO, PERSONERIA DE MEDELLÍN), con el fin de

asumir y adelantar una serie de compromisos y responsabilidades mutuas para lograr en un esfuerzo conjunto el restablecimiento de nuestros derechos y condiciones dignas de vida, esperamos en la próxima reunión, agendada para el 27 de septiembre, dar continuidad a este espacio de participación y encontrar alternativas y soluciones a los problemas expuestos.

FAMILIAS AFECTADAS POR EL INCENDIO EN EL OASIS TROPICAL DE MORAVIA

CONCLUSIONES DE LA MESA DE MODERACIÓN 1 AL CABILDO ABIERTO SOBRE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LEGALIZACIÓN INTEGRAL COMUNA 8. REALIZADO EL 26 DE AGOSTO DE 2017

2017-09-04T13:52:00.000-07:00

Desde la mesa de moderación al cabildo abierto sobre mitigación del riesgo y legalización integral en la comuna 8, recogemos en este documento los puntos principales de ciudadanos y entes públicos que participaron, dando cuenta de los temas tratados, y presentamos nuestras conclusiones.

Por parte de los voceros ciudadanos, en representación de las organizaciones de base barrial y las juntas de acción comunal que participaron, además de la Mesa de Vivienda de la Comuna 8 y la Junta Administradora Local, fueron reiterativos los siguientes asuntos:

La necesidad que los proyectos públicos sean concertados con la comunidad y realizados desde una lógica de proximidad al territorio.
La legalización integral de barrios, predios y viviendas. Lo cual implicaría el Mejoramiento Integral de Barrios, la mitigación de riesgos, manejo adecuado de aguas lluvias y residuales, la ampliación del perímetro urbano, y la desafectación del sector que, a pesar que ya está urbanizado, aparece como parte de la reserva Nare.
Respaldar la importancia de los estudios de riesgos realizados por la empresa SIGA y de las medidas que en el mismo se sugieren para la mitigación de riesgos en la parte alta de la comuna 8. Pero es necesario anotar que según declaraciones del vocero del Departamento Administrativo de Planeación en el Cabildo, dichos estudios tienen observaciones y están en trámite de ser corregidos para evaluar su aprobación.
La necesidad de ser informados de manera clara y oportuna sobre los montos del presupuesto para el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la Alcaldía de Medellín para el año 2018 en materia de mitigación y gestión de riesgos, la titulación de predios y la legalización de viviendas para la Comuna 8, como una forma de garantizar el avance en las intervenciones públicas requeridas por la comunidad.
El cuestionamiento a la voluntad política por parte de la Alcaldía de Medellín, representada en los entes públicos citados, para avanzar con mayor determinación en la mitigación de riesgos y la legalización integral en la Comuna 8.

Por parte de los servidores y funcionarios públicos que asistieron en representación del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), el Instituto Social de Vivienda de Medellín (ISVIMED), y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres (DAGRD), fueron reiterativos los siguientes puntos:

Que la Alcaldía de Medellín, a través de las entidades públicas citadas, está desarrollando diferentes proyectos que son compatibles con las demandas ciudadanas presentadas. Aunque es necesario anotar que estos proyectos públicos están por debajo de las expectativas ciudadanas en la Comuna 8.
Coincidieron en afirmar que no tienen conocimiento de cuáles serán los montos presupuestales que las entidades citadas presentarán para la discusión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año 2018, en relación con proyectos públicos para la mitigación y gestión del riesgo, la titulación de predios y la legalización de viviendas, a realizarse en la Comuna 8. Esto a pesar que los debates en el Concejo de Medellín para la aprobación del POAI, probablemente se realicen en octubre, por tanto, resulta previsible que agosto y septiembre sean meses particularmente intensos en la elaboración de propuestas de inversión por parte de cada ente público.

Conclusiones:

Las prioridades institucionales públicas no recogen plenamente las iniciativas comunitarias. Un claro ejemplo, que fue reiterativo en el Cabildo, es el que presentaron varios líderes comunitarios de diferentes barrios y procesos sociales de la Comuna 8, insistiendo en que las intervenciones públicas en esta comuna para la generación de infraestructura, han dispuesto con éxito las capacidades institucionales en materia de mitigación de riesgo, demostrando que el mismo es posible; pero al mismo tiempo no se han reconocido las preocupaciones ciudadanas por la mitigación de riesgo en las zonas dedicadas a vivienda. Exigiendo que las obras de mitigación de riesgos no sean exclusivamente para los equipamientos públicos, sino que además se desarrollen en favor de la parte habitacional.

La iniciativa ciudadana por la mitigación de riesgos y legalización integral en la Comuna 8, resulta coherente. Probablemente la limitación en la intervención pública para mitigar los riesgos en las zonas dedicadas al uso habitacional, responda a la lógica de limitar la intervención pública en barrios o sectores con problemas de regularización y titulación, y es por eso que cobra aún más relevancia la iniciativa ciudadana de la comuna 8 presentada con insistencia en el Cabildo. Proponen que se avance en legalización integral que incluya los barrios, los predios y las viviendas, como una forma de avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada, y en la salvaguarda de la vida, la integridad física y de sus bienes ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Es reiterativo el llamado ciudadano por una intervención estatal decidida pero concertada con la comunidad, y en colaboración con la academia. La forma en que se preparó y se desarrolló el Cabildo Abierto, haciendo de un mecanismo de participación ciudadana una parte importante de su estrategia de incidencia pública y para la articulación de esfuerzos e iniciativas locales en la Comuna 8, es un aporte valioso para la construcción de lo público y el fortalecimiento comunitario en materia de transformación territorial de barrios autoconstruidos de borde en condiciones de vulnerabilidad, donde entes públicos, ciudadanos-comunitarios y académicos pueden converger en la construcción de soluciones efectivas y sostenibles en términos sociales, ambientales y de inversión pública, basadas en el conocimiento colectivo y el trabajo colaborativo, donde cada uno aporta desde sus capacidades, responsabilidades y obligaciones en la adecuación y construcción del territorio.

El cabildo abierto sobre Mitigación de Riesgos y Legalización Integral en la Comuna 8, es un ejercicio ciudadano por la reivindicación del derecho a una vida digna y en condiciones de seguridad, por el derecho a la vivienda digna y adecuada, y un ejercicio de derecho a la ciudad, que evidenció que la gestión colectiva y articulada de este tipo de ejercicios, es posible. Y que la capacidad de las instituciones públicas de Medellín para intervenir este tipo de territorios aun no es suficiente para reconocer y dar cuenta de los intereses comunitarios.

Mesa de moderación del Cabildo Abierto Comuna 8

31 de agosto de 2017

CABILDO ABIERTO POR LEGALIZACIÓN INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

2017-08-24T14:41:00.001-07:00

Desde la Mesa Interbarrial de Desconectado hemos afirmado que nuestros barrios y viviendas son zonas de alto costo con necesidad de inversión, pues fueron construidas por personas basadas en la búsqueda de una necesidad fundamental, que es la vivienda, sin el apoyo de ninguna entidad del estado y con pocos recursos.

Sin embargo, las últimas administraciones públicas desde la implementación de su modelo de ciudad y el plan de ordenamiento territorial no han priorizado el mejoramiento de los sectores autoconstruidos de la ciudad, negando la posibilidad de regularización de barrios y legalización de predios, así como la implementación de un plan de gestión y mitigación de riesgos.

Percibimos que para el gobierno local es más cómodo escudarse en un discurso técnico, afirmando que al ser zonas de alto riesgo, se restringe cualquier intervención, sea de instalación de servicios públicos, mejoramientos de vivienda, legalizaciones de las mismas u obras públicas que mejoren las condiciones de accesibilidad, de esta manera desconocen las propuestas comunitarias, evitan concertar con organizaciones barriales y niegan una participación efectiva frente a la toma de decisiones en nuestros territorios.

Muchas organizaciones comunitarias en la ciudad de Medellín, como son ASOBELCO en las Independencias -Comuna 13-, ASOLAVIDI desde la Cruz -en la comuna 3-, mesa de vivienda de Picachito -en la comuna 6-, mesa de concertación del morro de Moravia -comuna 4-, mesa de vivienda de la comuna 8 y muchas otras más, integradas por líderes de barrios gestionados por sus mismos habitantes, nos hemos tomado la tarea de pensarnos el futuro de nuestros territorios, analizar y entender las principales problemáticas, así como buscar las posibilidades para resolverlas.

Nos hemos asesorado con universidades, ONG’s y otras entidades afines, a la vez que realizamos procesos de formación permanente y continuos que nos permitan entender las lógicas técnicas del ordenamiento territorial, así como las dinámicas burocráticas y políticas que ello implica.

De ahí que, hayamos construido propuestas traducidas en planes de vida, planes de desarrollo barrial, lineamientos de políticas públicas, planes de gestión comunitaria de riesgo, que buscan fundamentalmente garantizar la permanencia en condiciones de dignidad en nuestros barrios.

Por lo tanto, hemos buscado generar espacios de concertación con la institucionalidad que

permitan la consolidación de una apuesta juiciosa y direccionada al mejoramiento integral de barrios, hemos participado en debates del concejo para la aprobación de los planes de

ordenamiento territorial y de desarrollo, hemos requerido reuniones con funcionarios de

entidades encargadas del manejo de las políticas de intervención urbanística en Medellín, hemos gestionado comisiones accidentales, asambleas barriales, audiencias comunitarias, entre muchas otras acciones de iniciativa comunitaria para generar canales de debate con la alcaldía y posicionar nuestras propuestas, sin embargo los resultados han sido mínimos.

Las relaciones entre las organizaciones comunitarias y la institucionalidad han tendido a ser de antagonismo, la alcaldía ha insistido en proyectos que no son prioridad en los barrios, basados en grandes infraestructuras y la ampliación de espacio público como son las Uvas, el jardín circunvalar y otras estrategias que le apuestan más a la renovación y al movimiento que al mejoramiento y la permanencia.

Si Medellín ha sido una ciudad atravesada históricamente por el conflicto, la desigualdad social y la segregación espacial; si ha sido un epicentro de llegada de población desplazada y empobrecida, ¿por qué la institucionalidad insiste en las deficiencias que hay en los barrios, en vez de proveer el acompañamiento técnico para su mejora? ¿Por qué insiste es expulsar a las personas de los territorios y a cambio pagar arrendamientos temporales- que profundizan el déficit habitacional en Medellín-? ¿Por qué no genera escenarios de participación e interlocución permanentes con las organizaciones barriales para tomar decisiones frente a las prioridades de inversión e intervención en los sectores autoconstruidos? ¿Por qué no trabaja mancomunadamente con las comunidades

desde el programa de Mejoramiento Integral de Barrios?

Como vemos en Medellín hay prioridades de intervención infraestructural como son parques del rio, sistemas de transporte integrado, oferta de viviendas nuevas y renovación de sectores para incentivar la inversión y la llegada de capital extranjero, pero al parecer, la transformación de los barrios no es una de esas prioridades. Las decisiones en la ciudad, frente al ordenamiento territorial, además de ese rigor técnico tienen un interés económico y político infundado que aún estamos por interpretar.

cabildo abierto por la mitigacion del riesgo y la legalizacion integral

2017-08-24T14:33:00.000-07:00

Este Sábado 26 de Agosto acompaña a la comunidad de los barrios de borde de la Comuna 8 en el Cabildo Abierto que se realizara en la UVA Sol de Oriente desde las 9:30 de la Mañana.

¡Por la legalización integral y la mitigación del riesgo en la Comuna 8!

El Faro, acueducto comunitario para el cuidado de la vida

2017-04-06T09:32:00.002-07:00

¡TODOS POR EL AGUA! Acción de recolección de fondos acueducto comunitario Barrio el Faro

2017-04-06T09:30:00.001-07:00

El domingo 2 de abril en el borde de la ladera centrooriental donde termina la Medellin urbana, asfixiante y competitiva, los habitantes del Faro continuaron su caminar colectivo para resistirse a desaparecer, demostrándole a las administraciones que la han invisibilizado que la resistencia comunitaria sigue en pie.

Esta acción comunitaria se realizo con el fin de recoger fondos para la construcción del acueducto comunitario, en ella tuvo lugar un recorrido a la bocatoma en la Quebrada la Castro, un sancocho comunitario y actividades culturales con circo clown, malabar, musica de cuerdas (como guitarra), entre otras actividades.

fotos: https://www.facebook.com/alianzademediosalternativos/photos/pcb.633600926829141/633598826829351/?type=3&theater

Desalojo en la Iguaná (1)

2017-04-05T16:24:00.003-07:00

El martes 28 de marzo fueron desalojadas por el Esmad 24 familias en el sector Los Ranchitos, del barrio La Iguaná, en Medellín, por habitar en zonas de alto riesgo. Las mismas, contaron con la ayuda y el apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional que las albergaron en el coliseo de la ciudadela universitaria, cercano a la zona del desalojo.

Las 24 familias son víctimas del conflicto armado, la mitad de ellas tienen Registro Único de Víctimas y la otra mitad tienen este documento en trámite. Tras negarse a salir de sus hogares, fueron sacadas a la fuerza por el Esmad al tiempo que los demás habitantes del barrio exigían el respeto por la vida, una vivienda digna y soluciones concretas por parte de la Alcaldía de Medellín.

Al respecto, la Alcaldía emitió un comunicado en el que afirmó haber llegado a un acuerdo con las familias vulneradas, después de un diálogo conjunto con el alcalde Federico Gutiérrez, las cuales fueron reubicadas en un alberguetemporal en el barrio Prado Centro. Lo acordado fue los siguiente:

1. Por tres meses las familias tendrán un subsidio para arriendo por un valor de $359000. Este miércoles se estudiará una oferta de vivienda para ayudarles a encontrar las casas para arrendar.
2. Cada familia recibirá un paquete alimentario durante los tres meses del subsidio de arriendo.
3. Se garantizará acceso a la educación para los niños que están en edad escolar.
4. Se brindará atención a las mujeres embarazadas y atención a los niños más pequeños con el Programa Buen Comienzo.
5. Se posibilitará la adquisición de vivienda definitiva si se cumple con la normatividad requerida.
6. No habrá medidas disciplinarias ni judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.
Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara, una de las habitantes del sector afirmó que ya se han dado otras tentativas de desalojo pero que la comunidad había logrado detener a tiempo. “Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos dónde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada”, concluyó.

Texto: Colombia Informa

Fotos: AMA

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https://www.flickr.com/photos/125619718@N05/sets/72157681915560876

(1) Tomado de: www.alianzademediosalternativos.org/2017/03/desalojo-en-la-iguana.html

COMUNIDADES AFECTADAS POR LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE HIDROITUANGO EXIGIMOS SE NIEGUE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

2017-04-05T15:58:00.004-07:00

#NomasLineasdeTransmision

Marzo 31 de 2017

La NO participación de las comunidades afectadas por Hidroituango en el proceso de licenciamiento ambiental ha sido una de las grandes dificultades que ha generado conflictos con la comunidad afectada en el Cañón del río Cauca, maxime cuando esta zona ha sido agobiada por el conflicto armado por más de cuatro décadas; es decir, en términos de garantías de no repetición el Estado Colombiano por medio del gobierno central y sus instituciones debe abstenerse de cualquier acción que limite los derechos de las víctimas o genere situaciones que deriven en la repetición de hechos victimizantes, como por ejemplo el desplazamiento forzado.

No obstante, según reza en Estudio de Impacto Ambiental entregado por Empresas Públicas de Medellín EPM a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Hidroituango contempló el desplazamiento forzado de población al que nombra desplazamiento involuntario pero hasta el día de hoy no sabemos de qué manera se previó garantizar los derechos de víctimas en el proceso de licenciamiento Ambiental, pues no hemos obtenido respuestas objetivas por parte de las instituciones.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia solicita a la ANLA se abstenga de aprobar la licencia ambiental para las líneas de transmisión de Hidroituango proyecto “Conexión Antioquia – Medellín Ancón Sur y líneas de transmisión Asociadas” solicitadas por la empresa INTERCOLOMBIA, dado que hemos constatado una serie irregularidades que comprometen un real proceso de participación de las comunidades afectadas y la garantía de sus derechos, resaltamos los siguientes:

No hemos sido informados debidamente en los municipios de afectación de las líneas de transmisión. Funcionarios de IINTERCOLOMBIA de manera informal han dicho a las comunidades que no se requiere licencia ambiental pues es la misma Hidroituango, tergiversando la información, diluyendo sus responsabilidades y evitando que las comunidades se organicen para reclamar por sus derechos.
Veredas y comunidades enteras han expresado su oposición a que las líneas de transmisión pasen por sus territorios, funcionarios de ISA e INTERCOLOMBIA se han negado a dejar consignada esta oposición en las actas de socialización.
Hemos constatado que los miembros de Concejos Municipales, como el de Sabanalarga Antioquia, con los que se ha reunido INTERCOLOMBIA tampoco han tenido la suficiente información sobre el proyecto para poder decidir, preguntar o abogar por la garantía de los derechos de la población.
Los efectos de la radiación electromagnética producida por las redes de transmisión o transformadores de alta tensión están catalogados en el grupo 2B de posiblemente cancerígeno para los seres humanos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer[1], el Instituto Nacional de las ciencias de Salud Ambiental de los Estados Unidos[2] y la OMS[3]. Varios estudios han demostrado una correlación importante entre leucemia linfoblástica aguda, linfomas y tumores cerebrales en niños que viven cerca de instalaciones de alto voltaje. Esta preocupación ha sido expuesta en reuniones comunitarias las cuales han sido subestimadas, en algunos casos desmentidas por los funcionarios. También mediante comunicaciones a la ANLA y Ministerio de Salud y Protección Social se plantearon estas preocupaciones y solicitaron respuestas técnicas en la materia, hasta el momento la ANLA respondió que no era de su competencia y dio a traslado a ISA INTERCOLOMBIA esta no dio respuesta alguna, el Ministerio de Salud tampoco.
Los corredores naturales utilizados por las aves migratorias entre otros especies se ven fuertemente afectadas por la presencia de las torres y líneas de transmisión.

Frente a esta situación solicitamos lo siguiente:

Requerimos a la ANLA que teniendo en cuenta los efectos asociados a la salud por líneas de transmisión de alta tensión niegue la licencia ambiental para este y otros proyectos aplicando el principio de precaución. De no hacerlo deberá demostrar que dichos efectos no existen.
Teniendo en cuenta los estudios adelantados por el Instituto von Humbolt sobre el Bosque Seco Tropical, solicitamos a la ANLA, CORANTIOQUIA, CORPOURABA y demás dependencias del Ministerio del Medio Ambiente que tomen las medidas necesarias para su protección y prohíban los daños al Bosque Seco Tropical producto de las líneas de transmisión eléctrica del proyecto Hidroituango en Antioquia.
Se garanticen los derechos de la población víctima del conflicto armado en el área de influencia de las líneas de transmisión.

¡Aire, suelos y aguas para la vida, no para la muerte!

[1] IARC (2002) Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Non-ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low Frequency (elf) Electric and Magnetic Fields/ IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Vol. 80. IARC press: Lyon, France

[2] NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) Working Group Report (1998). Assessment of theHealth Effects from Exposure to Powerline Frequency Electric and Magnetic Fields (C J Porter and M S Wolfe, Eds). Research Triangle Park, NC, US National Institutes of Health, NIH Publication No. 98-3981, p311.

[3] WHO (2007) Extremely low frequency fields environmental health criteria. Monograph no 238. available at http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.htm.

http://debatehidroituango.blogspot.com.co

www.defensaterritorios.wordpress.com

Samaná Fest Comunitario: reconocimiento al territorio, la biodiversidad y la vida.

2017-03-29T15:10:00.000-07:00

Entre el 18 y 19 de marzo se realizó el Samaná Fest Comunitario en el río Samaná en su confluencia con el río Dormilón y en el puente metálico sobre la autopista Medellín-Bogotá, jurisdicción de San Luis (Oriente antioqueño) como muestra de vida y biodiversidad haciéndose reconocimiento del río y de usos económicos alternativos y sostenibles, diferentes a la generación hidroeléctrica.

foto: recopilada por Movete. Vereda Boqueron

Además de "resaltar la importancia de la cuenca en la cadena Guatapé-Nare–Nus y su conexión directa al Río Magdalena", buscó ser "un espacio comunitario de reconocimiento y apropiación del río y del territorio", teniendo en cuenta el contexto de retorno de la población con sus "proyectos de vida" después de ser afectada por el conflicto armado. (ver convocatoria Festival del Río Samaná 2017. Por la defensa de nuestro Territorio. En: www.kavilando.org).

fotos: recopilada por Movete. Vereda Boqueron

Muchos comenzaron el festival en la vereda Boquerón (municipio de San Francisco) de donde navegaron en botes de rafting el Río Verde y su encuentro con el Calderas, donde es el "nacimiento verdadero del Río Samaná" según la convocatoria Festival del Río Samaná 2017.

Para una participante del Movimiento por la Vida y Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño (MOVETE), la actividad incidió en un nuevo reconocimiento del territorio por personas que habían sido despojadas o limitadas de él, quienes "viven del rio pero no conocen su biodiversidad" ni "habían experimentado ese tipo de aventura".

foto: recopilada por movete.
Llegada a la confluencia samaná-dormilon

El Samaná Fest se completó en la confluencia del Samaná y el Dormilón con trova, canto, estampacion de camisetas, bailarines, paseo de olla, y un acto simbólico en la autopista donde -relata la compañera- "nos acercamos desde los 2 lados del puente y en el medio nos abrazamos como acto de paz, reconciliación e unidad en defensa del territorio", pues en época de violencia "el río era como una frontera invisible natural" ya que un lado lo controlaban los paramilitares y el otro la guerrilla.

Se buscó hacer entender a los viajeros que "los ríos son también carreteras de vida, menos utilizada que las de asfalto, pero más vital... Represar el Rio Samaná es como represar la Medellín-Bogotá", y "el país no puede funcionar así" (www.kavilando.org).

Un compañero del grupo de investigación Kavilando de la Universidad San Buenaventura que hace parte de Redipaz –red interuniversitaria por la paz- observa el "apoyo al Samaná Fest como unión de voluntades", propuesto por la Corporación Yumaná, apoyada por organizaciones pertenecientes a MOVETE, Expedición Colombia y personas de varios

municipios del Oriente antioqueño entre otros.

foto: recopilada por Movete.
Acto simbólica en el puente

Una "protesta positiva", principalmente "mostrando la belleza del lugar, paz, fortalecimiento y cohesión de la comunidad", tratándose no tanto de visibilizar lo negativo contra la empresa sino la posibilidad de algo mejor.

Reconocimiento al cañón del río Samaná Norte

El río nace en la convergencia de Sonsón, El Carmen de Viboral y San Francisco y recorre territorios de Cocorná, San Luis, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare donde se encuentra con los ríos Nare y Nus para desembocar en el Magdalena.

En su recorrido es eje estructurante de la zona de bosques húmedos tropicales, un ecosistema único cobijado de selva al cual "le cruza una de las dos venas kársticas que posee la geografía colombiana" configurando una "zona de alto endemismo", variedad biológica, botánica y cultural por ejemplo hallazgos arqueológicos: cuevas, petroglifos y pinturas rupestres prehispánicas. (www.kavilando.org)

foto: Fundacion Yumaná. Rio samana en Puerto Garzá (narices)

Por ello la exigencia de configurarlo como área protegida pero con posibilidad de uso por medios alternativos económicos con base en la comunidad y la cultura local, no en un negocio como pretende la empresa Celsia -del Grupo ARGOS- con la hidroeléctrica Porvenir II que afectaría 73,45% de la cuenca, especies endémicas de plantas que no existen si no en el cañón del Samaná, así como animales asociados a ellas. P. ej. especies de plantas adaptadas a corrientes de aguas rápidas como las llamadas reófitas (3 endémicas). más de 76.000 individuos de especies arbóreas, 64 de mamíferos, 273 de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas), 35 de reptiles (1 endémica), y peces de aguas torrentosas (Picuda, Sabaleta, Pataló, Bocachico, Dorada).

El reconocimiento de las comunidades que se reconstruyen

Redipaz acompaña a las comunidades afectadas por la latente construcción de la hidroeléctrica Palaguas (que generaría 98 Mgv) y Porvenir II (352 megavatios). Así lo hizo en el Encuentro de comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos en el Oriente antioqueño a inicios de año en Puerto Garza (corregimiento de San Carlos) en el cual el profesor Miller Dussán de la Mesa Social Minero-Energética, expuso casos como la hidroeléctrica el Quimbo y Pitalito (Huila) donde "se logró blindar" el territorio por lo menos a través de sentencias o acuerdos en el concejo.

Comenta el compañero de Redipaz, que ello dio luces en el Oriente, pues en el concejo y alcaldía de San Carlos se radicó un derecho de petición y una declaración de las comunidades afectadas acudiendo a la sentencia T-445 de 2016 (prohibición de minería por entidades territoriales. Respalda el derecho de las comunidades promover su propio desarrollo del suelo), a la T-135 de 2013, a la T-348 de 2012 (participación de comunidades afectadas por megaproyectos y soberanía alimentaria), y a la ley 1448 sobre restitución y no- revictimización, proponiéndose además radicarlos en la Asamblea Departamental, en Cámara y Senado.

Recordemos que el Consejo de Estado había admitido la demanda de nulidad de la resolución 0168 de 2015 -con la cual la ANLA otorgó Licencia Ambiental a Celsia, así como una Acción Popular por vulneración de la permanencia en el territorio, soberanía alimentaria, el ambiente sano, además de la omisión a la afectación de los ecosistemas, el no-registro de múltiples plantas, entre otros temas.

Es de resaltar que en San Carlos ya no hablan de mesa de concertación si no de mesa de defensa del agua y el territorio tratando más de estar pendientes de proteger al territorio ante incursiones no deseadas que de negociar la indemnización. Ya muchos han sentido el desplazamiento negociado y la presión para que vendieran o desalojaran tierras que nutren las hidroeléctricas de EPM como Playas (201 MW), y de ISAGEN como Calderas (26 MW), Jaguas (170 MW), y San Carlos (1.240 MW). Algunos de quienes no fueron desplazados pasaron de ser guardianes del alimento (café, maíz, caña, yuca, fríjol, plátano, piña) a ser guardianes de infraestructura; en regiones como el corregimiento de Samaná la ganadería ha ido desalojando la agricultura y los bosques.

Por eso las comunidades junto a organizaciones acompañantes siguen impulsando tradiciones o actividades en defensa de los ríos, la seguridad alimentaria y la permanencia como en Puerto Garza con las Fiestas del Bocachico, o el Samaná Fest comunitario mostrando la posibilidad de algo mejor.

Son alentadores ejemplos como la negación de licencia para la hidroeléctrica Cañafisto (cercana a 1.000 Mw) en el río Cauca, o la cancelación de la represa en el río Tapajós en el corazón de la Amazonía en Brasil por la lucha del pueblo Munduruku el año pasado.

Comunidad de "los ranchitos" de La Iguaná. Campamento para la paz. Resistencia pacifica a los desalojos

2017-03-27T01:14:00.002-07:00

https://www.facebook.com/KabaiRevista/?fref=ts

https://www.facebook.com/comunidaddelosranchitos/photos/gm.1861230400782830/1857321991206547/?type=3&theater

Samaná fest

2017-03-13T13:42:00.001-07:00

http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5355-festival-del-rio-samana-2017-por-la-defensa-de-nuestro-territorio-oriente-antioqueno-colombia

2017-03-13T11:10:00.002-07:00

DE AGUASPARALAVIDA MARZO 10, 2017

VII Jornada Nacional en Defensa de los territorios

“¡Ríos Libres, territorios de paz!”

Marzo 1 al 31 de 2017

El próximo 14 de marzo alrededor del mundo las comunidades que defienden las aguas, los ríos y la vida así como los pueblos afectados por represas se movilizarán en todos los continentes en celebración de la XXI Día Acción Internacional.

En Colombia, el Movimiento Ríos Vivos saluda y se vincula a este día de acción, pero además extiende esta convocatoria para que durante todo el mes de marzo de 2017 nos unamos en la Jornada Nacional en Defensa de los Territorios: ¡Ríos Libres, territorios de paz!, que se realiza desde hace siete años, buscando que las comunidades que defienden sus ríos y sus aguas realicen actividades de formación y reflexión, intercambios culturales, paseos de olla, movilizaciones y denuncias, o cualquier otra actividad cultural, pedagógica o de acción, para exaltar de diversas maneras el compromiso de trabajo y esfuerzo conjunto para que nuestras aguas corran libres y limpias y así, recrear los sueños y esperanzas de los pueblos y ciudades que viven e interactúan con sus cuencas y territorios.

También extendemos el llamado a la comunidad en general, a organizaciones y movimientos sociales a realizar actividades de movilización, incidencia y reflexión en torno a la defensa de las aguas, el ambiente sano, los derechos de las comunidades afectadas por represas, la transformación de la gestión de las aguas y la transformación de la política minero energética en Colombia y la región, pues con ello seguiremos acumulando esfuerzos y voluntades que nos permitan que los ríos puedan volver a fluir libres, preservando y recuperando la paz y tranquilidad que por generaciones se ha construido alrededor de sus cuencas y riberas.

En esta VII Jornada reiteramos el llamado a replantear el modelo de gestión del agua en procura de garantizar la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad suficiente para los habitantes actuales del planeta y para quienes lo heredarán; debe cesar el despilfarro de agua en las ciudades y la contaminación de las cuencas por parte de las industrias, la minería tóxica y los cultivos extensivos. A su vez hacemos un llamado a fortalecer y replicar las prácticas sustentables puestas en marchas por comunidades y pueblos como las cosechas de agua, reúso residencial, baños secos, plantas de tratamiento, reducción de productos altamente intensivos de agua y energía en su fabricación, biodigestores, reforestación de nacimientos, habilitación de espacios de encuentro comunitario frente a ríos y quebradas, gestión comunitaria del agua, entre otros, que nos permiten recuperar el respeto por las aguas y recobrar su sacralidad, pues estás prácticas a su vez nos recuerdad que cuando los ríos fluyen con libertad, en sus alrededores se construye y recrea la paz.

Las actividades que se llevarán a cabo en su localidad pueden ser compartidas, enviando un correo a riosvivoscolombia@gmail.com nosotros ayudaremos a visibilizarlas en nuestras redes sociales y blog: www.defensaterritorios.wordpress.com . Ver agenda VII Jornada Nacional en Defensa de los territorios

¡Ríos Libres, territorios de paz!

¡Continuamos confluyendo por las aguas!

@RiosVivosCol

ALERTA TEMPRANA:inminente desalojo y violación a los DDHH de la comunidad del barrio Nueva Jerusalén (Bello – Antioquia)

2017-01-11T14:56:00.001-08:00

La Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín y la Corporación Jurídica Libertad DENUNCIAMOS la gravedad de los hechos que han ocurrido con la comunidad asentada en el barrio Nueva Jerusalén, conocida como Finca El Cortado-Barrio parís Municipio de Bello en límites con el Municipio de Medellín y ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA las inminentes violaciones a los derechos Humanos de esta población en el Desalojo programado para el día de mañana con participación del Ejército Nacional.

HECHOS

El barrio Nueva Jerusalén, ha sido construido por sus habitantes durante los últimos años, quienes se asentaron allí como forma de acceder a una vivienda donde poder habitar, puesto que la mayoría son personas víctimas de desplazamiento forzado y las demás son personas en situación de empobrecimiento.

En el año 2013, se emite Sentencia de Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se ordena realizar estudios del suelo, planes de monitoreo permanente y gestión del riesgo (Dapard, Corantioquia), adecuación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, campañas de educación sanitaria (Municipio de Bello), esquemas de reparación y estabilización socio económica para las víctimas (Unidad municipal de Víctimas -Bello y Medellín) y un plan de reubicación concertado para quienes se encuentren en zonas de alto riesgo (municipio de Bello y Medellín).A la fecha nada de esto ha sido llevado a cabo en su totalidad.

El pasado 28 de diciembre de 2016, entregaron a las familias órdenes de desocupar sus viviendas, para lo cual tenían hasta el día 12 de enero de 2017, fecha en la cual se efectuaría el desalojo; desalojo y demolición de viviendas que estaría a cargo de soldados del batallón Pedro Nel Ospina, el mismo batallón que ha estado involucrado en múltiples casos de violaciones de Derechos Humanos y en la comisión de crímenes de lesa humanidad tales como ejecuciones extrajudiciales.

El pasado 03 y 10 de enero de los corrientes se llevaron a cabo reuniones con el Municipio de Bello, en las cuales se solicitó por la comunidad y por las organizaciones que acompañamos, una solución definitiva de vivienda que garantizara los derechos de esta población, más no una solución a corto plazo (3 meses de arriendo) que genera incertidumbre y falta de garantías, de tal modo que no se efectuaran desalojos hasta tanto se contara con esta solución.

La respuesta del Municipio no fue otra sino negarse a brindar una solución definitiva de vivienda y reubicación, así mismo, señalar y estigmatizar de manera irrespetuosa a los líderes de la comunidad y a las organizaciones Techo, Lazos de Libertad, Mesa Interbarrial de Desconectados, Corporación Jurídica Libertad. Los funcionarios del Municipio de Bello, ante la advertencia de que serían responsables de efectuar el desalojo sin las garantías necesarias para que las personas afectadas por éste, no quedaran en un mayor grado de vulnerabilidad de los derechos humanos contemplados en el protocolo de san salvador, realizaron señalamientos a nuestra labor como defensores de DDHH tratándonos de manera irrespetuosa y haciendo mofa del valor de los convenios internacionales adquiridos por Colombia en relación a los DDHH, diciendo además que no deberíamos estar asesorando en DDHH a la comunidad del barrio Nueva Jerusalén, pues esto entorpecía el proceso de desalojo; que según nuestro criterio se realizará con irregularidades, contrariando así lo establecido en la Directiva Presidencial 007 del 09 de septiembre de 1999.

Confiando en una respuesta favorable por parte del Estado, el día 10 de enero de 2017, se interpuso acción de Tutela con medida provisional, con el ánimo de que un Juez tutelara los derechos constitucionales de esta población y ordenara suspender los desalojos hasta tanto se contara con la reubicación y solución definitiva de vivienda para las familias, Medida Provisional que fue negada por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Bello, argumentando según el Juez Constitucional que tres (3) meses de arriendo se constituyen como una solución habitacional temporal.

La propuesta de tres (3) meses de arriendo es tan llamativa como ilusoria. Este subsidio a quienes se les ha entregado, ha sido de manera irregular y la administración no ha verificado y acompañado a las familias a que los mismos sean destinados para el arriendo de una vivienda digna y en condiciones de habitabilidad, evadiendo así, su responsabilidad con el fallo de la acción popular que ordena explícitamente se garantice, no un dinero, no una solución temporal, sino una solución de vivienda definitiva. A pocas horas de realizarse el desalojo la administración municipal de Bello no ha identificado, de hecho, cuántas familias cuentan materialmente con una vivienda donde acudir luego del desalojo y la demolición.

Con lo anterior queremos poner de presente que la falta de solución definitiva de vivienda para las personas que de manera arbitraria serán desalojadas, así como la presencia de la fuerza pública, específicamente el Batallón Pedro Nel Ospina y la estigmatización a los Defensores de Derechos Humanos, ponen en alto riesgo de violación de Derechos Humanos, a la comunidad vulnerable y a las organizaciones, en donde la integridad y nuestra propia humanidad están en riesgo.

Hacer constar que la administración municipal de Bello fue puesta sobre alerta de las graves violaciones de derechos humanos que constituiría desarrollar la diligencia de desalojo y que quedaron en explícito conocimiento de cada uno de los artículos del convenio de San Salvador que violarían en caso de realizar la diligencia sin las garantías pactadas internacionalmente y aún las que ordena el juez en la acción popular.

Hoy elevamos la voz de la comunidad de Nueva Jerusalén sujetos de especial protección (Victimas de desplazamiento forzado, madres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, menores de edad y mujeres en estado de gestación) y de las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a la comunidad, en el sentido de declarar a las siguientes autoridades como responsables de cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario:

Municipio de Bello
Municipio de Medellín
Inspección Sexta de Policía de Bello
Batallón del Ejército Nacional Pedro Nel Ospina

Responsabilizamos al Estado Colombiano, en especial al Alcalde (E) del municipio de Bello, el señor Jairo Hernán Araque, y ALERTAMOS a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería del municipio de Bello, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, La Consejería presidencial de Derechos Humanos, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-HABITAT, Oficina para la coordinación de asuntos humanitarios OCHA COLOMBIA, Alianza internacional de Habitantes de la inminentes violaciones a los Derechos Humanos en contra de la comunidad de Nueva Jerusalén, en donde la vida digna, la vivienda digna, los derechos de las personas de especial protección y el mínimo vital se ven vulnerados con el accionar del Estado.

Mesa Interbarrial de Desconectados

Corporación Jurídica Libertad

Desalojos en Nueva Jerusalén: la comunidad con derechos que no valen.

2017-01-10T19:49:00.001-08:00

Es preocupante observar cómo los derechos de los desposeídos no tienen una respuesta favorable en la justicia que ofrece el Estado, cuando al fin logran que se garanticen sus derechos en una sentencia no logran materializarlos en la realidad.

El barrio Nueva Jerusalén está ubicado en el municipio de Bello en límites con Medellín. Allí habitan aproximadamente 15000 personas de los cuales un 66% son víctimas del conflicto armado. Siendo personas empobrecidas, viven en los terrenos que pudieron adquirir a bajos costos; con un esfuerzo mayor lograron construir viviendas, unas en muy buenos materiales y otras más precarias, pero que en suma constituyen su única oportunidad de habitar la ciudad.

En 2014 una acción popular ordenó ejecutar una serie de acciones en favor de los habitantes del barrio, tales como realizar estudios del suelo, planes de monitoreo permanente y gestión del riesgo (Dapard, Corantioquia), adecuación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, campañas de educación sanitaria (Municipio de Bello), esquemas de reparación y estabilización socio económica para las víctimas (Unidad municipal de Víctimas -Bello y Medellín) y un plan de reubicación concertado para quienes se encuentren en zonas de alto riesgo (municipio de Bello y Medellín).

Según el estudio de suelos de Corantioquia (2015) hay terrenos en Nueva Jerusalén que pueden adecuarse para la reubicación de las familias que están asentadas en zonas de alto riesgo, como las que viven alrededor de la quebrada la Loca y en terrenos con pendientes escarpadas. Con esta información y el Censo poblacional, las alcaldías podían adelantar un plan de reubicación concertado con las familias. Pero han pasado alcaldes en Bello y más de dos años desde el plazo dictado en la sentencia sin que se realicen las acciones ordenadas.

En el barrio vieron de nuevo la alcaldía el pasado 28 de diciembre, cuando entregaban a las familias órdenes de desocupar sus viviendas. El día 12 de enero de 2017 soldados del batallón Pedro Nel Ospina realizarán el desalojo y la demolición. La recepción de las órdenes de desalojos opacó las fiestas de fin de año y causaron conmoción.

El fallo de la acción popular había establecido que de presentarse el desalojo, debía darse la reubicación o la entrega de una vivienda: “Para evitar equívocos, se le ordena a los municipios de Bello y Medellín que establezcan, primero un plan de acción concertado, por el que se determine la realización de un proyecto de vivienda de interés social dirigido a las personas que se encuentran invadiendo el lote finca El Cortado (…) por medio del cual se les de una solución de vivienda en reemplazo de la que en la actualidad tienen (...)” dice la sentencia.

Para el martes 3 de enero, los afectados por el desalojo, realizaron un plantón en la alcaldía de Bello para cuestionar el procedimiento y dialogaron con el alcalde encargado, funcionarios de la secretaría de seguridad, vivienda y DAPARD (departamento administrativo para la atención de riesgos y desastres), quienes argumentaron que el desalojo se hacía en cumplimiento de la acción popular que ordenaba actuar de manera urgente (luego de tres años ¡vaya urgencia!).

Pero esta acción de la administración no refleja las posibilidades que contempla el estudio de suelo realizado, no vislumbra un seguimiento al cumplimiento del fallo acorde con la protección integral de los DDHH y menos aún, avanza en soluciones definitivas de viviendas. Nuevamente la respuesta del gobierno resulta mediocre ¿pagará arriendo mensual a 170 familias? ¿Por cuánto tiempo? ¿Podrá sostener los arriendos mensuales a todas las familias hasta que logre un plan digno de reubicación? ¿Habrá plan de reubicación en concertación con el municipio de Medellín? ¿Las personas que desalojan sus viviendas podrán pagar arriendo sin poner en riesgo su propia subsistencia? A pocos días del procedimiento, estas dudas subsisten.

Mediante la interposición de la acción popular la comunidad buscaba acceder a la justicia para proteger sus derechos y el mal gobierno de Bello utiliza la sentencia, convirtiéndola en instrumento para los desalojos sin ninguna otra proyección que la de generar expulsión. Los empleados de juzgados y tribunales contando con herramientas para hacer cumplir los fallos, esperan tranquilos en sus despachos. Las instituciones oficiales defensoras de DDHH como la Personería, no acompaña el seguimiento a estos procesos jurídicos, oportunidades perdidas de la justicia que esta vez, no había sido ajena.

Es preocupante observar cómo los derechos de los desposeídos no tienen una respuesta favorable en la justicia que ofrece el Estado, cuando al fin logran que se garanticen sus derechos en una sentencia no logran materializarlos en la realidad. Ahora tocará esperar el día del desalojo, contando con suerte los soldados habran sido capacitados en DDHH.

Boletín # 2 Carnaval por la Vida Digna

2016-12-06T17:01:00.001-08:00

Diciembre 6 de 2016

Antioquia cuenta con regiones de abundantes fuentes hídricas que desde hace décadas soportan la imposición de proyectos de infraestructura para generar un importante porcentaje de la energía que consume el país. Desde los embalses del Norte y Oriente antioqueño, viene el agua a través de kilómetros de tuberías que transportan y distribuyen el vital líquido que consumimos en el Valle del Aburrá. Alrededor de todo ello: miles de viviendas sin redes de agua potable ni energía eléctrica.

En nuestra ciudad está la casa matriz de Empresas Públicas de Medellín, empresa que generó ganancias para el 2015, por 1.5 billones de pesos, pero corta el agua potable y la energía a miles de familias entre ellos, a los niños, porque no cuentan con dinero para pagar los servicios públicos domiciliarios. En esta situación se encuentran 20 mil desconectados del servicio del agua y 12 mil de la energía, cuya deuda asciende a tan solo el 0.8 % de las utilidades de las EPM.

El sistema prepago, que convierte un derecho en venta al menudeo amplía su mercado, hoy tenemos 200 mil instalaciones de energía en Antioquia, de los cuales, 110 mil están en la ciudad de Medellín. En pocos meses de implementación del servicio de agua prepago, hay 12 mil viviendas que reciben así el servicio.

A lo largo del recorrido del agua y la energía que llegan al Valle del Aburrá, se expresan todas las contradicciones sobre el territorio y nuestros bienes comunes y también se resiste, denunciando que por los proyectos de generación de energía, se produce el desplazamiento de pobladores, mineros artesanales y pescadores como en Ituango. Se transforman los territorios, se desplaza la fauna y se destruye la flora, como denuncian en San Luis. En distintos municipios se levantan inconformes ante la complacencia legal de la destrucción, cuestionando licencias de explotación, haciendo veeduría a los proyectos, siendo vigías de los ríos.

También en Medellín se viven experiencias de resistencia, se encuentran organizaciones que difunden argumentos para la desobediencia a la desconexión; comités barriales y mesas de trabajo; hay quienes trabajan alternativas de autogestión; estudiantes que apoyan las luchas de pobladores por acceso a agua potable y barrios y veredas que constituyen acueductos comunitarios y los mantienen.

En todas las comunas sigue naciendo la acción creadora, expresión de nuestras capacidades comunitarias, prácticas que suman a nuevos mundos imaginados. Es por eso que construiremos el Carnaval por la Vida Digna este 10 de diciembre en el barrio Las Independencias, comuna 13, un espacio de encuentro donde nuestras luchas suenen en una polifonía de músicas y expresiones populares, manifestando toda la riqueza de la diferencia, la alegre rebeldía, poli cromática, amplia y recogedora.

2016-12-05T12:48:00.000-08:00

Esta ciudad es el resultado de la acción de un pueblo solidario, se expresa en las comunas, tantos barrios construidos por iniciativa popular y mediante el trabajo colectivo. Sin embargo, somos testigos de la transformación física que vienen patrocinando los malos gobiernos, con proyectos urbanísticos que originan conflictos para los pobladores de los barrios, amenazando la permanencia de las viviendas y la tranquilidad de las familias.

Se puede reconocer que en el Morro de Moravia algo cambió, pero desconocemos los impactos de la expulsión de los pobladores que desde el 2006 promovió la administración; en el barrio Caicedo La Toma, donde se construyó el Museo Casa de la Memoria se puede observar desde el 2009 la transformación física y también la expulsión de parte del vecindario; igualmente los pobladores y comerciantes de Ayacucho sufren los impactos socio económicos desde el 2011, por obras del Tranvía.

Los pobladores de Naranjal y Arrabal, ven desde el 2012 como los expulsan, junto a los trabajadores del sector y al mismo tiempo, como llegaron las moles de cemento de las empresas constructoras. Los que habitaban Puerto Nuevo y Palermo, fueron desalojados desde el 2014 para construir el Puente de la Madre Laura. Familias del 13 de Noviembre y Esfuerzos de Paz, afectados por el Jardín Circunvalar desde el 2014, todavía lidian con sus impactos, y en Las Independencias también son testigos del desplazamiento de la población y de la construcción de obras que suman a la estética urbana, pero no impactan la pobreza, pues pese a la nueva infraestructura se asoman historias de vecinos y vecinas en condiciones de empobrecimiento después de estas obras. Planeando espacios sin gente y territorios sin comunidades, arrasa el desarrollo de los malos gobiernos, despojando vecindarios enteros y su memoria histórica.

Ante tal panorama, expresamos nuestra voz de resistencia y llamamos a los pobladores y colectivos a vivir el Barrio como la casa grande, continuando su mejora; apostando a la formación de las organizaciones, a preparar las luchas y asociarnos para seguir alcanzando nuestro anhelo de una vivienda digna; creando grupos de trabajo capaces de construir y transformar el territorio, dispuestos a aprender nuevas formas de hacer y relacionarnos.

En todas las comunas sigue naciendo la acción creadora, el arte y la cultura son expresión de nuestros deseos como comunidades y suman a nuevos mundos imaginados. Es por eso que construiremos el Carnaval por la Vida Digna este 10 de diciembre en el barrio Las Independencias, comuna 13, un espacio de encuentro donde nuestras luchas suenen en una polifonía de músicas y expresiones populares, manifestando toda la riqueza de la diferencia, la alegre rebeldía, policromática, amplia y recogedora.