Apuntes Juridicos®

La teoría del delito en el actual Código Penal dominicano

2017-03-28T07:00:00.005-07:00

El Código Penal dominicano, de reciente aprobación por el Congreso Nacional, no contiene ninguna definición de "delito", término del cual la teoría del delito como parte de la ciencia del Derecho Penal se ha ocupado de explicar: ¿Qué es el delito? ¿Cuáles son las características que debe de tener cualquier tipo de acción típica? ¿Es antijurídica? ¿Es punible? ¿Es atribuible? ¿Es culpable?

El lenguaje utilizado en la novel normativa se puede calificar como impreciso cuando menciona los términos de "acto", "hecho" o "conducta", y si contamos las veces a que se refiere al término "cielito" parecería la menos utilizada.

Esta es una práctica común no sólo de los redactores dominicanos ni del legislador que la aprobó. sino que en general en América Latina se siente la debilidad y la incomprensión de la importancia de la teoría del delito y del manejo técnico del hecho punible.

Esta pobre valoración de la teoría del delito como teoría de aplicación de la ley penal tiene sus orígenes en el grave déficit de las universidades, donde las facultades y escuelas de derecho no han desarrollado un modelo de capacitación profundo en este ámbito. Por otro lado, se puede atribuir a los años de atraso de la dogmática penal dominicana reflejada en la interpretación de la ley penal, va que los postulados de la teoría del delito cumplen una función mediadora entre la ley y el caso concreto, porque cada categoría de la teoría del delito hace referencia a determinados aspectos del hecho que constituyen el material objetivo al que se debe aplicar la ley.

La teoría del delito comprende un sistema que tiene por función ordenar los presupuestos en el tratamiento de los argumentos jurídicos para la solución de un caso. Está pensada para ofrecer un camino lógico para el tratamiento y solución de los casos, dentro del ordenamiento sistemático de las exigencias constitucionales para la aplicación de la pena.

Su origen se ubica por los años 1900, donde se construyó toda una relación de conceptos, los cuales a través del tiempo y a pesar de las discusiones entre las teorías causalistas y finalistas son los mismos. Sin embargo, se relaciona la teoría del delito con la teoría de la pena, reflejando la ineludible función que debe cumplir el derecho penal, lo que a su vez se vincula directamente con la forma de legitimación del castigo estatal.

El juez, el fiscal y el abogado defensor se encuentran en la necesidad de identificar la existencia o no de un delito en el caso concreto y para dar respuesta es imprescindible saber qué caracteres tiene el delito para posteriormente establecer si en cada uno de los supuestos del hecho falta un carácter delictivo o no. Si lo que queremos saber es que lo que tenemos es un delito, entonces debemos disponer del concepto y el conjunto de premisas del concepto, situación que es imprecisa en el código penal dominicano y en el de reciente aprobación.

Aprobar una norma de manera apresurada y respondiendo a un grito desesperado de la población ante la "alarma social" es la inveterada práctica de nuestros legisladores sin sopesar el deber que tienen ante las consecuencias de una norma que hay que adecuar a la incoherente e improvisada política criminal de Estado, reflejando en su esencia la indefinición de las reglas de imputación, proyectando una visión deficiente y desorganizada del Estado dominicano.

Un código penal contiene un conjunto de normas que nos deben enseñar la identificación dentro del sistema del hecho punible y el modo de aplicación de las penas. Pero el aspecto nocivo de la recién aprobada ley punitiva es que produce un efecto negativo frente al ausente impacto pedagógico de que nos debe de enseñar la aplicación de la ley penal. Ante la ausente solución legislativa, la verdad es que no se avanza demasiado, se acomodan las figuras penales al reclamo y a la alarma social como respuesta inmediata pero no se piensa en la necesidad de un sistema de punición acorde a una política criminal de Estado y a los tiempos donde el poder punitivo pueda establecer la responsabilidad penal y el tratamiento de la pena.

Esperamos que ante la inminente implementación se impulse un nuevo modelo universitario de formación para él estudio profundo de la teoría del delito, donde los tenlas de control social, política criminal y los procesos de criminalización sean el germen para materializar los cambios del problema de la criminalidad, la prisión preventiva, el funcionamiento del sistema penal y una política criminal racional y coherente.

La desigualdad entre la dogmática penal y el derecho procesal penal. El poco desarrollo de la dogmática penal dominicana y la incomprensión de la teoría del delito están vinculados al Código Procesal Penal frente a la aplicación de normas procesales a problemas de la dogmática penal.

Un ejemplo es que situaciones que se podrían resolver con un derecho penal de fondo y con una estricta aplicación de la teoría del delito, se resuelve a diario con la ayuda del criterio de oportunidad, el archivo o el principio indubio pro reo, lo que nos indica que institutos procesales dan respuestas a soluciones propias del derecho penal de fondo. En consecuencia, podemos argüir que la implementación de la normativa procesal penal no ha tenido correspondencia con el derecho penal sustantivo por el desconocimiento de la teoría del delito y del sistema del hecho punible.

Como somos inmediatistas, la solución al problema dada por el Estado es la de una política criminal autoritaria (quiero a veces pensar que sí existe una política criminal), donde la reducción de derechos, el rompimiento del derecho penal por el hecho, parecen ser las respuestas.

Estas situaciones se defienden a voces por las autoridades donde las páginas centrales de nuestros periódicos están salpicadas de ideas de los intelectuales que satanizan al Código Procesal Penal, pero donde el análisis técnico del delito es considerado absurdo.

Cuanto menos desarrollada esté la dogmática penal, si no se conoce los límites del tipo penal, más desacertada será la política de persecución del Estado e imprevisible la decisión de los tribunales; todo dependerá del azar y de factores incontrolables.

Bibliografia

Sosa Pérez, R. (2006) La teoría del delito en el actual Código Penal dominicano. Gaceta Judicial. (236)

Historia del Habeas Corpus

2017-03-22T20:39:00.000-07:00

El Hábeas Corpus, como término significa en latín "entrégueme el cuerpo" y como concepto jurídico es el derecho de todo ciudadano detenido, a comparecer de forma ínmedíata y pública ante un Juez para que, oyéndole, determine si su detención ha sido o no legal, y en caso de no serio, disponer de su inmediata libertad.

El término completo es "Hábeas Corpus ad subjicendum", que es la frase con que se iniciaba el orden de entrega, y que quiere decir "entrégueme el cuerpo para someterIo al juez".

El recurso de hábeas corpus puede considerarse como el precursor más importante de la protección procesal de los derechos fundamentales. Surgió coma una garantía procesal contra las detenciones arbitrarias e ilegales. Se convirtió en el derecho fundamental que tienen los administrados para solicitar la tutela judicial contra las privaciones y restricciones ilegítimas de su libertad personal y de movimiento.

En el Derecho Romano podemos encontrar como antecedente más concreto el interdicto romano Homine libero exhibendo, contenido en el Digesto. título XXIX, libro XLIII. Esta interpelación a la autoridad pública, solicitada por un interesado consistía en la reclamación de la libertad de un hombre libre (sólo los hombres libres en la época romana eran titulares de derecho) dolosamente detenido. Los interdichos exhibitorios se concretizaban en una orden exhibeas, la cual ordenaba mostrar a una persona, cuya finalidad era obtener su libertad. La orden de exhibición debía de ser cumplida inmediatamente y era susceptible de provocar sanciones pecuniarias en caso de desacato, sin perjuicio de las responsabilidades penales.

En el Derecho Español. el derecho a la libertad personal encontró en la Corona de Aragón toda una gama de instrumentos procesales de protección eficaz. Se tuteló con especial atención el valor de la seguridad jurídica. Los procedimientos se caracterizaron por ser rápidos y srunarios, destacándose el "juicio de manifestación". Estaba a cargo del Justicia Mayor, personaje designado discrecionalmente por el Rey, inamovible o inviolable. Sólo estaba sometido a juicio de responsabilidad con el objeto de controlar sus abusos eventuales.

El juicio de manifestación podría ser de bienes, escrituras u provisiones y de personas. Este último estaba integrado por tres acciones distintas : manifestación de personas privadas, la manifestación efe jueces y la manifestación por vía privilegiada. Protegía tanto la libertad como la integridad fisica; se admitía contra personas privadas o autoridad pública; podía articularse por el propio interesado o por un tercero: el trámite era urgente, más todavía por la vía privilegiada; la meta era exhibir y proteger al detenido y disponer, según el caso. de su libertad.

El concepto jurídico del "Hábeas Corpus" es de procedencia medieval inglés y no era conocido en el Derecho Romano ni en el antiguo Derecho Francés. Surge en Inglaterra, luego de ser esbozado en la Carta Magna del 1215, mediante la cual, entre otras conquistas, los barones lograron el compromiso del Rey a no encarcelar a ninguna persona sino atendiendo a las leyes del país, o sea, la prohibición del arresto arbitrario.

Durante los siglos que siguieron en Inglaterra a la promulgación de la Carta Magna, el abuso de los señores feudales, que mantenían encarcelados a las personas sin justificación o demoraban largamente los juicios, fue causa que se admitiese el acudir a un Tribunal para que éste emitiese un mandamiento a fin de que cualquier súbdito detenido fuese conducido a la presencia del Juez quien debía determinar si la detención era justificada o no, y en caso de no serio, ordenar su inmediata libertad.

Originalmente este derecho no se aplicaba cuando la detención era por orden del Rey o de su consejo privado, por lo que en el año 1628, el Parlamento Inglés promulgó el "Bill of Rights" o Carta de Derechos, que entre otras cosas, dispuso que nadie podía ser mantenido en custodia a consecuencia de un arresto sin que su detención fuese justificada por el apresador.

Más luego, en el año 1641, otra ley suprimió el tribunal real llamado "Cámara de la Estrella", órgano Real que ordenaba detenciones arbitrarias y dispuso que todo detenido debía, sin dilaciones ni excusas, a solicitud propia o de un tercero, ser llevado ante un Juez ordinario para que éste examinase el asunto dentro de los tres días después de requerido.

Otra medida que reforzó el Hábeas Corpus, fue la disposición del Parlamento Inglés en el año 1679 que aseguró que a ningún detenido se le podía trasladar a ultramar, a colonias penales, sin que un juez previamente conociera la causa y determinara si la deportación era legal o no.

Este concepto se fue fortaleciendo en Inglaterra, a medida que el Parlamento fue quitando poderes al Rey y a los señores feudales. La orden de Hábeas Corpus tenía que ser ejecutada so pena de multas hasta 100 Libras Esterlinas para el carcelero por la primera vez y de 200 por la segunda y en la inhabilitación del cargo.

El concepto de Hábeas Corpus estuvo presente en las Cartas de Derecho de la mayoría de las colonias inglesas en Norteamérica, y quedó confirmado en la Constitución de Estados Unidos de 1787, en la sección 9 del Art. 1ro., donde se dispuso: "El Privilegio de la orden de Hábeas Corpus no será suspendido, salvo cuando en casos de rebelión o invasión, la seguridad pública puede requerirlo".

Bajo este texto, sólo en caso de guerra externa o interna, puede ser suspendido el derecho de Hábeas Corpus en los Estados Unidos, y es un derecho muy defendido por todos, como una de las bases de la libertad individual en su país.

La Revolución Francesa impuso en el continente europeo el concepto de los Derechos del Ciudadano, entre los cuales estaba el derecho contra la detención arbitraria y así pasó a otros países, cuando estos se liberaron de sus monarquías despóticas, así como a las colonias en América de Francia y España cuando éstas lograron su independencia.

Así, la Constitución de Cádiz de 1812, primera de España, dispuso en sus arts. 287 Y 288 que "ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del Juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos; cualquier resistencia será reputada delito grave".

La primera Constitución dominicana, la del año 1821, estableció un esbozo al Hábeas Corpus, al disponer en su Art. 16, que "Ningún ciudadano puede ser perseguido, preso o detenido en la cárcel y otro lugar público, sino en los casos y con la formalidad del proceso, que requieren las leyes".

La Constitución de San Cristóbal de 1844, en su Art. 17 dispuso "Fuera del caso de In Fraganti Delito, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del Juez, que debe notificarse en el momento del arresto, o a lo más tarde dentro del término de 24 horas".

Otras constituciones dominicanas mantuvieron este derecho, más o menos en términos similares, pero no hubo ley específica que organizara el proceso de Hábeas Corpus en el país, hasta que en octubre de 1914 el Présidente Provisional Dr. Ramón Báez dictó la Ley No. 5353 que reglamentó el Hábeas Corpus detalladamente.

El derecho a Hábeas Corpus, a pesar de estar consagrado siempre en la Constitución y en la Ley, ha sido desconocido cuando el país ha tenido gobiernos que han hecho más fáciles o más difíciles los procedimientos para obtener la libertad de un detenido arbitrariamente, según el tipo de gobierno que hemos tenido desde entonces, pero permanece como uno de los derechos humanos más importantes, hoy no sólo consagrado en las Constituciones y las leyes locales, sino en convenios y tratados internacionales, como uno de los pilares de las libertades de los pueblos.

Bibliografía
Vega, W. (1998) La historia del Habeas Corpus Santo Domingo: Gaceta Judicial.
Sosa Pérez, R. (1999) La historia del recurso de Habeas Corpus Santo Domingo: Gaceta Judicial.

Jurisprudencias sobre demandas laborales

2017-03-17T22:19:00.001-07:00

DEMANDA LABORAL INTENTADA CONTRA UN INGENIO AZUCARERO Y EL CEA:

Que tal y como lo indica la recurrente, el Tribunal a-quo no tomó en cuenta que la ley No. Del 19 de agosto de 1966, que crea el Consejo Estatal del Azúcar, otorga personalidad jurídica propia los ingenios que integran ese Consejo, reconociéndole todas las prerrogativas de que disfrutan las personas, con facultades para contratar y consecuencialmente para asumir las responsabilidades que se deriven de esos contratos, sin que ello afecte la responsabilidad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA);

Que el alegato de la recurrente en el sentido de que no era empleador y como tal no tenía ninguna obligación frente al demandante, no constituye una excepción como indica la sentencia impugnada sino un medio de inadmisión de la demanda en cuanto a ella, por lo que podía ser presentado en cualquier estado de causa;

Que para que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) fuera solidariamente responsable de las obligaciones contraídas por un ingenio azucarero, era necesario que se diera uno de los casos de sustitución o traspaso, señalados por los artículos 57 y 58 del Código de Trabajo, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, a los cuales no se refiere la sentencia impugnada...

Sentencia No. 15, 11-08-99, B. J. No. 1065, páginas 572-572.

DEMANDA EN VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO. TRIBUNAL COMPETENTE. MATERIA LABORAL:

Que en síntesis la parte recurrente continúa alegando en el único medio de su memorial de casación, que el tribunal competente para conocer de la acción en validez de embargo retentivo practicado en virtud de un contrato de fianza, lo es el Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y no el Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional como lo declara la sentencia impugnada;

Que la Corte a-qua externa en la parte principal de las motivaciones de su sentencia lo siguiente:

"Que si bien del contenido del artículo 663 del Código de Trabajo se infiere que la ejecución por vía de embargo de las sentencias de los tribunales de trabajo, competente a aquel que la dictó, regido por procedimiento sumario y supletoriamente por el derecho común, mismo que se encuentran bajo el título: De la ejecución de la sentencia..., no es menos cierto que el artículo 706, aparece bajo el título: De la aplicación del derecho común en materia de organización judicial, Competencia y Procedimiento, mismo que, en consecuencia hace aplicables las disposiciones de la Ley de Organización Judicial, que distribuye esta jurisdicción de Trabajo en Salas y otorga competencia exclusiva al Presidente del Juzgado de Trabajo en todo lo relativo al conocimiento de las demandas en ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo"; y agrega además,

"Que las reglas de procedimiento, y muy especialmente las que se relacionan con la competencia de atribución jurisdiccional resultan de riguroso orden público y como tales no pueden ser objeto de prorrogación y por demás, la interpretación arbitraria respecto a reivindicación del texto del artículo 663 del Código de Trabajo conduciría a un atentado eventual del derecho a accesar al doble grado de jurisdicción, mismo que solo puede ser violentado cuando el legislador, en protección de un interés de la colectividad, expresamente así lo organiza"; Que en este sentido y en atención a lo expuesto por la recurrente, el Art. 663 del Código de Trabajo dispone: "La ejecución por vía de embargo de la sentencia de los tribunales de trabajo, compete al tribunal de trabajo que dictó la sentencia, y se regirá por el procedimiento sumario previsto en este código y, supletoriamente, por el derecho común, en la medida en que no sea incompatible con las normas y principios que rigen el proceso en materia de trabajo, "y el artículo 673 del mismo código establece: "En todo lo no previsto en este Título, regirá el derecho común excepto en cuanto a la competencia y al procedimiento sumario establecido en este código";

Que la ejecución por vía de embargo de las sentencias de los tribunales de trabajo compete al tribunal que dictó la sentencia y el procedimiento aplicable es el procedimiento sumario, exento de la conciliación; el derecho común se aplica supletoriamente en todo lo no previsto en el Código de Trabajo y en la medida en que no sea incompatible con las normas y principios que rigen el proceso en materia de trabajo;

Que si bien el demandante original califica su acción como una demanda en validez de embargo retentivo, la misma trata de una demanda en ejecución de sentencia, la que como se ha indicado más arriba compete conocer al tribunal que la dictó;

Que la obligación que el referido artículo 663 del Código de Trabajo pone a cargo del tercer embargado de pagar en manos del ejecutante el importe de las condenaciones a presentación de una sentencia con autoridad irrevocable de cosa juzgada, no impide al embargante recurrir por ante el tribunal que dictó la sentencia para que éste disponga el pago del monto del embargo, cuando por cualquier circunstancia no se produce ese pago en forma directa, lo que constituye una acción en ejecución de sentencia que en el caso del embargo retentivo tiene los mismos efectos que la demanda en validez del derecho común;

Que cuando la sentencia que se pretende ejecutar es dictada por una Corte de Trabajo dividida en salas, por aplicación combinada de los artículos 663 y 706, que hace común al Presidente de la Corte de Trabajo, las atribuciones del presidente del Juzgado de Trabajo, entre las que se encuentran las ejecuciones de las sentencias, el tribunal competente para conocer de la demanda de que se trata es el Presidente de la Corte de Trabajo, siendo en la especie el de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Que la competencia del tribunal de alzada para conocer de la ejecución de la sentencia no constituye una violación al doble grado de jurisdicción, en vista de que éste se basa en principios de derecho y no en cánones constitucionales, permitiendo al legislador establecer excepciones sobre el mismo, lo que ocurre cuando el artículo 663 del Código de Trabajo otorga facultad a las cortes de trabajo para conocer de la ejecución de las sentencias que ellas han dictado;

Que la supuesta competencia atribuida por la recurrida a la jurisdicción civil para conocer de la acción en liquidación de una póliza en garantía de un crédito laboral no es pertinente en razón de que el tribunal competente para conocer de la ejecución de la sentencia que dio ganancia de causa a los trabajadores corresponde al tribunal que dictó la misma es decir, en el caso de la especie a la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y siendo la póliza aportada por el empleador para obtener la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, un accesorio del crédito garantizado, es lógico y correcto deducir que la jurisdicción laboral también deviene competente para reconocer de la liquidación de la referida póliza de garantía, por cuanto el referido crédito se ha hecho exigible en virtud de que la sentencia que lo contiene tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; lo antes expuesto se fundamenta en un principio inmanente de derecho según el cual, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y en el caso de la especie el vínculo de dependencia de la póliza con el crédito asegurado se hallan sometidos a una misma norma legal, por tales razones los argumentos presentados por la parte recurrida en cuanto a la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer de la ejecución de la póliza expedida por ella debe ser desestimada por improcedente y mal fundada; Que cuando una sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces las costas pueden ser compensadas.

Sentencia del 16 de enero del 2002, No. 5 , B. J. No. 1094, páginas 509-512.

DEMANDA LABORAL EN COMPLETIVO DE SALARIO MÍNIMO. NO ES NECESARIO PARA ELLO EJERCER LA DIMISIÓN:

Que el artículo 48 de la Ley 637 del 16 de junio de 1944, sobre Contratos de Trabajo, dispone que los juzgados de paz son competentes para conocer, en primera instancia, como tribunales de trabajo, de las contestaciones que surjan entre las partes con motivo de la ejecución de los contratos de trabajo;

Que en virtud de esas disposiciones, el conocimiento y fallo de la demanda en pago de sus salarios, conforme lo dispuesto por la Resolución No. 2-90 del Comité Nacional de Salarios, intentada por los recurrentes, era de la competencia del Juzgado de Paz; que e] derecho de los recurrentes a reclamar el pago de los salarios adeudados por la recurrida, no estaba sujeto a la presentación de la dimisión de los reclamantes...

Sentencia No. 3, 26-4-95, B. J. No. 1013 páginas 298-299.

DE LA ACCION LABORAL:

Que conforme al artículo 659 del Código de Trabajo....; que el artículo 660 del mismo Código dispone que......; que el artículo 661 del mismo Código establece que....;: que el artículo 662 del expresado Código dispone aquel....; que las causas de interrupción del derecho común son, conforme a lo que dispone el artículo 2344 del Código Civil, una citación judicial, un mandamiento o un embargo notificado a aquel cuya prescripción se quiere impedir"; que en materia laboral además de la demanda en justicia, interrumpe la prescripción la querella interpuesta por ante el Departamento de Trabajo o la autoridad que ejerza sus funciones; que en caso de que no haya acuerdo o comparecencia, el plazo de la prescripción comienza a correr, a partir de la fecha del acta de no comparecencia; que al reanudarse el curso de la prescripción ésta sólo puede ser interrumpida por la demanda en justicia; que la intervención de la Dirección General de Mediación y Arbitraje de la Secretaría de Estado de Trabajo no interrumpe la prescripción....

Sentencia No. 13, 11-06-93, B. J. 989-991, páginas 545-546.

CONCILLACION EN MATERIA LABORAL:

Que la audiencia de conciliación que debe preceder a la discusión de toda demanda laboraL, tiene por finalidad permitir que las partes lleguen a un acuerdo sobre las pretensiones del demandante y evitar que este llegue a la fase de discusión del asunto que podría resultar enojosa y agravante;

Que en esa virtud, el tribunal no está obligado a discutir y estatuir sobre ninguna excepción, medio de inadmisión o conclusiones al fondo que se les formulen en dicha etapa conciliatoria, debiendo verse como una actitud de rechazo a la conciliación la presentación de cualquier incidente en el curso de la misma que tienda a desconocer la acción ejercida por el demandante, lo que permite al tribunal ordenar el levantamiento de la correspondiente acta de no acuerdo y fijar la audiencia para la presentación de prueba y discusión del caso;

Que la recurrente podía después del fracaso del intento de conciliación y en cualquier estado de causa, presentar el medio de inadmisión invocado, pues el mismo no fue rechazado por improcedente, sino por no corresponder su discusión a la fase conciliatoria;

Sentencia No. 53, 24-03-98, B. J. No. 1060, página 921.

SOBRESEIMIENTO DE LA ACCION PENAL POR LA ACCION LABORAL:

Que contrario a como lo plantea el recurrente en su memorial de casación, en materia laboral la acción publica queda sobreseída hasta tanto los tribunales de trabajo decidan los litigios con los que la acción pública guarde conexidad, por lo que sí la recurrente pretendía que la querella interpuesta contra la recurrida, en curso ante los tribunales penales, tenía relación con la demanda laboral intentada por ésta, era la acción pública y no la laboral la que debía ser sobreseída;

Sentencia No. 18, 29-01-98, B. J. No. 1046, página 382.

RECURSO DE CASACION. MATERIA LABORAL. ADMISIBILIDAD:

Que el mencionado artículo (641 del Codigo de Trabajo) no impide el recurso de casación contra las sentencias que no contengan condenaciones, sino contra las que conteniendo condenaciones no excedan del monto de veinte salarios mínimos, pues la ausencia de condenaciones no implica la modicidad del asunto conocido, ya que puede ser como consecuencia del rechazo de una demanda o de un recurso de apelación, o a la naturaleza incidental de una sentencia que decide un medio de inadmisión, una excepción o cualquier otro incidente;

Que la ausencia de condenaciones que acarrea la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de interés, es cuando el recurrente es el demandado y no el demandante, pues es lógico que si un demandado no ha sido condenado no ha sido afectado con la decisión de los tribunales del fondo y en consecuencia carezca de interés en la continuación del litigio, no así cuando son rechazadas las condenaciones solicitadas por el demandante, el cual mantiene el interés de que las reclamaciones que dieron origen al litigio finalmente sean acogidas...

Sentencia No. 1, 01-07-98, B. J. No. 1052, página 392.

PAPEL ACTIVO DEL JUEZ LABORAL EN LOS CASOS DE DESPIDO:

Que frente al papel activo del Juez laboral, la Corte a-qua no podía limitarse a expresar que no existía la fecha cierta del despido y poner en duda la propia existencia de éste, para rechazar el medio de inadmisión planteado, ni el día 22 de noviembre de 1992, como punto de partida del plazo para la prescripción de la acción ejercida por el trabajador, sin antes determinar cual fue la fecha del despido alegado por el recurrido, para lo cual debió sustanciar el proceso en ese aspecto, ordenando las medidas de instrucción que fueran necesarias para el establecimiento de un hecho de mucha trascendencia para decidir sobre el pedimento formulado; que esa substanciación era más necesaria, por cuanto es al trabajador que reclama prestaciones laborales por despido injustificado a quien corresponde probar el hecho del despido con la consecuente fecha en que éste se produjo, y estaba autorizada por las disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajo, que dispone que "el juez decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y los incidentes, si los ha habido";

Que al rechazar el medio de inadmisión antes de establecerse la fecha del despido alegado por el trabajador recurrido y ni siquiera referirse a la fecha alegada por la demandante en su escrito introductivo de la demanda original, la sentencia recurrida carece de una relación completa de los hechos....;

Sentencia No. 8, 12-11-97, B. J. No. 1045, páginas 611-612.

TRABAJO REALIZADO Y NO PAGADO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL LABORAL:

Que toda reclamación en pago de prestaciones laborales es competencia de los Tribunales de Trabajo, al tenor del artículo 480 del Código de Trabajo, que da competencia a éstos tribunales para conocer de las demandas que surjan entre empleadores y trabajadores con motivo de la ejecución de contratos de trabajo, no correspondiendo a ningún tribunal penal el conocimiento de una demanda que tuviere como objeto la obtención del pago de indemnizaciones laborales en ocasión de la terminación de un contrato de trabajo, como pretenden los recurrentes;

Que sin embargo, en la especie el Tribunal a-quo a pesar de dar motivaciones para justificar el rechazo de un pedimento de litispendencia, al señalar que si bien los recurridos apoderaron a dos jurisdicciones competentes, para conocer de acciones dirigidas contra los recurrentes, dichas acciones tenían objeto y causa diferentes, lo que descarta el imperio de una sobre otra y descarta la existencia de una litispendencia o conexidad, criterio que comparte esta corte, declarar la competencia de la jurisdicción laboral, en razón de la materia, lo que no se pone en discusión cuando se invoca una litispendencia, ocasión en que se ataca una determinada jurisdicción, no porque no le correspondiere decidir la reclamación formulada, por falta de atribución, sino porque ya otra jurisdicción, igualmente competente ha sido apoderado para decidir una demanda con identidad de objeto, de causa y partes, que la iniciada ante la jurisdicción donde se plantea la declinatoria;

Que para declarar la competencia de los tribunales de trabajo en razón de la materia, la Corte a-qua tenía que dar motivos referentes a la existencia de los contratos de trabajo invocados por los demandantes para sostener su demanda, precisando porque entendía que las relaciones entre las partes estaban regidas por las leyes laborales, sobre todo cuando en la propia sentencia se indica que los demandados alegaron la existencia de un contrato de ajuste y negaron haber estado vinculados con los demandantes a través de un contrato de trabajo; que al no sustanciar el proceso para decidir un punto de discusión de vital importancia para la solución de la demanda, el Tribunal a-quo tomó una decisión carente de motivos pertinentes y de base legal, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada;

Sentencia No. 14, 6 de septiembre del 2000, B. J. No. 1078, páginas 615-616.

DAÑOS Y PERJUICIOS. MATERIA LABORAL. LA NO INSCRIPCION DE UN TRABAJADOR EN EL IDSS ES UNA FALTA GRAVE QUE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR Y GENERA LA OBLIGACIÓN DE ABONAR DAÑOS Y PERJUICIOS SIN NECESIDAD DE QUE EL TRABAJADOR LOS ESTABLEZCA:

Que el ordinal 3ro. del artículo 720 del Código de Trabajo, considera como una violación grave contra dicho código, la no inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, por lo que el estado de falta atribuido a la recurrente y establecido por el Tribunal a-quo, comprometió su responsabilidad civil frente a los trabajadores reclamantes, al tenor de las disposiciones del artículo 712 del referido Código de Trabajo. En virtud de la parte in fine de esas disposiciones, el demandante queda liberado de hacer la prueba del perjuicio que le haya ocasionado el demandado con una acción ilícita, quedando los jueces en facultad de apreciar dicho daño y la magnitud de la circunstancia en que se produjo la violación y las características de ésta; en ese sentido las indemnizaciones contenidas en la sentencia impugnada han sido consignadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes, por lo que las argumentaciones de la recurrente en ese aspecto deben ser desestimadas por improcedentes;

Que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Sentencia del 16 de enero del 2002, No. 8, B. J. No. 1094, páginas 531-532.

CONTRADICCION DE MOTIVOS. MATERIA LABORAL. PAPEL ACTIVO DEL JUEZ LABORAL:

Que la sentencia impugnada incurre en contradicción de motivos, al dar por establecido un hecho y al mismo tiempo restar credibilidad al documento mediante el cual se demuestra ese hecho; que por demás si él tenía alguna duda sobre la veracidad de dicho documento debió hacer uso del papel activo del juez laboral, ordenando las medidas que fueren necesarias para el esclarecimiento del asunto, entre las cuales está el depósito del original del recibo que debe entenderse estaba en manos del empleador, la persona que resultaba liberada y no del trabajador, así como la comparecencia personal de las partes para que se pronunciaran sobre ese aspecto del recibo;

Sentencia No. 19, 10-3-99, B. J. No. 1060, página 684.

RECIBO DE DESCARGO:

RECIBO DE DESCARGO. AMBITO LABORAL. EFECTOS:

Que si bien el V Principio Fundamental del Código de Trabajo, establece impedimento de renuncia de derechos reconocidos a los trabajadores, el alcance de esa prohibición se circunscribe al ámbito contractual y no después de la finalización del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad a dicho contrato, aún cuando después de recibido el pago se comprobare diferencia a favor del trabajador, siempre que este no haga consignar en el momento de expedir el recibo su inconformidad con el pago y formule reservas de reclamar esos derechos;

Que la obligación de pagar prestaciones laborales la contrae el empleador cuando se produce la terminación de un contrato de trabajo, por lo que al demandar la recurrida el pago de completivo de esas prestaciones, reconoce que la suma recibida y como consecuencia de la cual firmó el recibo de descargo, se llevó a cabo después de la terminación de su contrato de trabajo;

Que para la validez de la renuncia de los derechos producidos fuera del ámbito contractual, no es necesario que el documento que recoge la misma esté firmado por el empleador, siendo suficiente que el mismo lo haya firmado de manera libre y voluntaria la parte que otorga descargo, que en este caso es el trabajador demandante;

Que el artículo 669 del Código de Trabajo, señala que "queda prohibida toda transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias de los Tribunales de Trabajo favorables al trabajador", mientras que el artículo 96 del Reglamento No. 258-93 del 1ro. de octubre de 11093, precisa que esas sentencias son las que tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, de lo que se deriva que en el período comprendido entre la terminación del contrato de trabajo, hasta que los tribunales hayan reconocido de manera irrevocable los derechos de los trabajadores, éstos están en capacidad de transigir o renunciar a dichos derechos;

Que a pesar de que el estado de desigualdad económica existente entre los empleadores y los trabajadores se mantiene después de concluido el contrato de trabajo, éstos últimos retoman su facultad de renunciar a sus derechos una vez haya cesado la subordinación jurídica a que estuvieron sometidos como consecuencia de su relación contractual, no considerando el legislador que sus necesidades económicas y la precariedad en que desenvuelven su existencia les impida actuar voluntariamente, pues de ser así la transacción y renuncia de derechos no sería permitida en la circunstancia que lo hace el referido artículo 669 del Código de Trabajo;

Que la sentencia impugnada no dio al recibo de descargo firmado por la recurrida el alcance que la legislación laboral actual permite darle, lo que hace que la misma carezca de base legal y deba ser casada;

Sentencia del 10 de octubre del 2001, No. 10, B. J. No. 1091, páginas 915-916.

Jurisprudencias sobre el embargo retentivo

2017-03-17T22:04:00.000-07:00

EMBARGO RETENTIVO:

Que el artículo 663 del Código de Trabajo, dispone que: "En el embargo retentivo, el tercero embargado pagará en manos del ejecutante el importe de las condenaciones, a presentación de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Para tales fines, el ejecutante se proveerá de una copia certificada por el tribunal que dictó la sentencia";

Considerando, que al tenor de esa disposición legal, para que el tercer embargado adquiera la obligación de pagar el importe de las condenaciones, es necesario que el ejecutante le presente copia certificada de la sentencia que se pretende ejecutar; que en la especie, las sentencias que contenían condenaciones que dieron lugar al procedimiento de ejecución son las números 020-99 y 021-99, dictadas por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el día 6 de septiembre del año 1999;

Que esas sentencias adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación intentados contra ellas y como tales eran las causantes de la ejecución iniciada contra la Corporación de Empresas Estatales y en consecuencia las que debieron ser presentadas en forma certificada a la recurrida para que diera cumplimiento a las disposiciones del referido artículo 663 del Código de Trabajo;

Que para sostener los vicios atribuidos a la sentencia impugnada, la recurrente alega que el Tribunal a-quo no tomó en cuenta los actos de notificación de copias certificadas de las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, lo que no bastaba a los fines de comprometer la responsabilidad de la recurrida, en vista de que no eran estas las sentencias objeto de la ejecución de que se trata;

Que contrario a lo expresado por el recurrente la ordenanza impugnada identifica las sentencias cuyas copias certificadas debió presentar éste a la recurrida, al precisar en su dispositivo que estas eran las dictadas por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, las que en ningún momento el recurrente ha afirmado haber presentado a la recurrida;

15 de noviembre del 2000, No. 12, B. J. No. 1080, páginas 659-660.

EMBARGO RETENTIVO U OPOSICIÓN

Que contrariamente al criterio sustentado por la Corte a-qua, en la sentencia impugnada, y de conformidad con las normas jurídicas que rigen el embargo retentivo, cuando esta medida ejecutoria es realizada con permiso del juez competente por ausencia de título, la ordenanza dictada en tal sentido, solamente tiene por objeto reemplazar el título a favor del acreedor, pero ningún texto legal establece que dicho acreedor este ligado a la designación del tercero embargo, aún en caso de que éste haya sido señalado en la instancia de solicitud de autorización para embargar...

Sentencia No. 20, 22-03-91, B. J. No. 962-964, página 278.

EMBARGO RETENTIVO U OPOSICION SOBRE ACCIONES DE SOCIEDAD DE COMERCIO. ACCIONES TRANSFERIADAS PREVIAMENTE. EFECTOS:

Que en los aspectos primero, segundo y tercero de su primer medio y el primer aspecto de su segundo medio que se reúnen para su fallo y analizan de manera prioritaria por convenir a la mejor solución del caso, la recurrente alega, en síntesis, que la Corte a-quo violó las disposiciones de los artículos 577 y 569 y siguientes del Código de Procedimiento Civil cuando atribuye la condición de acreedor de la recurrente, de un crédito cierto, liquido y exigible, a R. S. T. E., como accionista de la compañía recurrente, por lo que la parte recurrida embargó retentivamente, en manos de la recurrente, las sumas o valores que ésta adeuda a dicho accionista; que la recurrente no es deudora del señor Travieso Eduardo, ni detenta ninguna suma o valores, por concepto de préstamos, hipoteca, o cualquier otro concepto; que el patrimonio social de una compañía por acciones no es patrimonio personal de uno de sus socios; que la alegada nulidad del traspaso de las acciones de la compañía, no determina la existencia de un crédito cierto, liquido y exigible del señor T. E.; que la circunstancia de que la recurrida sea titular de un derecho frente a dicho señor, no justifica la no-sinceridad de la declaración afirmativa prestada por la recurrente, ya que ésta no detenta ninguna suma perteneciente a dicho embargado; alega asimismo el recurrente, que el tercer embargado, en virtud del artículo 569 del Código de Procedimiento Civil, solo está obligado a expedir una constancia, si se debiere algún valor al embargado, con la indicación de la suma debida, si fuere líquida, cuando dicha constancia le sea requerida por el embargante, siempre que exista título auténtico o sentencia que declare la validez del embargo, lo que no ocurrió en el caso; que el embargado transfirió sus acciones en la compañía recurrente, mas de siete años antes de producirse el embargo, y nunca tuvo créditos por concepto de dividendos de acciones; que la sentencia impugnada contradice el propio criterio del tribunal en el sentido de que su sentencia preparatoria del 30 de septiembre de 1997, se atribuye importancia en la litis, a la presentación del libro de acciones de la compañía, mientras que en la sentencia ahora impugnada se dice lo contrario, al afirmarse que el libro depositado en el tribunal el 17 de octubre de 1997, carece de valor, pues solo se utiliza para ostentar la calidad de accionista en los certificados de acciones y anotar los traspasos de las mismas; que la desnaturalizan de los hechos y documentos, la falta de motivos y de base legal es clara, ya que de acuerdo con el artículo 529 del Código Civil, las compañías por acciones tienen una personalidad distinta de la de sus accionistas; que una cosa es la acción, parte del patrimonio social, y otra, un crédito personal o patrimonio del accionista; que la sentencia impugnada confunde el capital social de la compañía por acciones con una alegada deuda personal de un ex-accionista supuestamente en manos de la recurrente; que, al considerar nulo el traspaso de acciones y que el embargado Travieso Eduardo es acreedor de la recurrente, la sentencia impugnada violó los artículos 529 del Código CiviI y 569 y 577 del Código de Procedimiento Civil; que, por otra parte, no se ha probado que las acciones produjeron dividendos, ni que se trata de un crédito cierto, líquido y exigible, por cuya razón la sentencia recurrida violó el artículo 1315 del Código Civil; alega por otra parte la recurrente, que la Corte a-quo, al referirse a la certificación del 1.5 de julio de 1988, expedida por H. M., miembro del Consejo de Directores de la compañía recurrente y el traspaso del certificado de acciones No. de fecha posterior, o sea el 28 de diciembre de 1988, que no pondera, que el titular de dicha acción vendió a J. A. M., el lo de marzo de 1988 el inmueble que, en virtud de un acuerdo posterior a la venta, el accionista T. E. aceptó traspasar los derechos sobre dicho inmueble como aportación en naturale, za en la compañía recurrente, entonces en formación, y es cuando la citada certificación se expide a solicitud de T.; que, por eso, éste firma posteriormente el certificado y traspaso de las acciones; que, de haber ponderado tales hechos, otro hubiera sido el fallo de la Corte a-quo; que dicha Corte interpretó restrictivamente el artículo 36 del Código de Comercio, contrariamente a lo establecido por la jurisprudencia francesa, que otorgan una interpretación más amplia a dicha disposición; que en este sentido, la transferencia de las acciones del señor T. E. mediante un documento adscrito o grapado al libro registro de acciones, y legalizado por un notario público, debió haberse tenido en cuenta por la Corte a-quo, y declarar sincera la declaración afirmativa hecha por la recurrente, admitiendo la validez de la transferencia de acciones mencionada; que tampoco ponderó los hechos y documentos que demuestran la venta de un inmueble propiedad del embargado a favor de J. A. M. P., y el acuerdo posterior de vendedor y comprador de llenar los trámites para que el inmueble vendido fuera aportado en naturaleza por el vendedor a la compañía recurrente, atribuyéndole 4,750 acciones; que como consecuencia de dicho aporte en naturaleza, fue expedido el 27 de enero de 1989, el certificado de título No. 89-95 a favor de la recurrente, que ampara el inmueble vendido (solar No. 10 de la manzana No. 2378, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional y sus mejoras);

Que la Corte a-quo, expresa, en relación con la validez del traspaso de acciones emitidas por la actual recurrente a favor de T. E., que fueran objeto delembargo retentivo en manos de ésta, que ha comprobado, por la documentación que figura depositada en el expediente, que tal como lo alega la apelante, en el registro de traspaso de acciones, no figura anotado el traspaso de 4,750 acciones emitidas a R. S. T. E.; que todas sus páginas, salvo la primera, donde el Secretario hizo las anotaciones de lugar, figuran en blanco; que la declaración de traspaso del citado accionista figura en un acto separado, grapada, no anotada en el libro citado; que es en ese libro, donde pueden hacerse las anotaciones relativas al traspaso de acciones, no grapando documentos como lo pretende la entonces intimada; que el libro depositado por la hoy recurrente, marcado con el No. 6 bis, se utiliza únicamente para ostentar la propiedad de los certificados de acciones, no para anotar los traspasos de éstas, por lo que dicho documento carece de valor probatorio respecto del traspaso de las acciones de que se trata; que el certificado No. depositado en la Corte a-quo por 4,750 acciones, así como el libro de acciones de la recurrente, no tienen fechas ni indicaciones en la parte relativa a la transferencia; que el libro que la actual recurrente depositó en primera jurisdicción, marcado con el número 3, del inventario, es el libro registro de traspasos de acciones en el que no hay ninguna anotación de traspaso, y no el depositado en la Corte a-quo, según consta en el expediente; que el artículo 12 de los estatutos de la recurrente dispone que la cesión o traspaso en propiedad de las acciones nominativas se efectúa mediante una declaración en el libro registro destinado a esos fines, que deberá ser firmado por el cedente o su apoderado; que el certificado cedido será cancelado y depositado en los archivos de la compañía y sustituido por uno o varios nuevos certificados expedidos a favor del cesionario, debiendo constar esta sustitución en el libro talonario de acciones; que dichos estatutos establecen además, que en caso de venta de acciones, el accionista deberá participar su intención a la compañía, teniendo los demás accionistas, en el plazo indicado en dicha disposición estatutaria, el derecho de adquirir la totalidad o parte de las acciones ofrecidas en venta; que únicamente después de cumplidas estas formalidades, el vendedor tendrá libertad para vender las acciones a quien desee comprarlas, si ninguno de los accionistas manifiesta su deseo de adquirirlas;

Que consta por otra parte en la sentencia impugnada, que en virtud de un embargo retentivo u oposición practicado por la recurrida el 24 de julio de 1995 en manos de la recurrente, en perjuicio de R. S. T. E., accionista de dicha recurrente, se procedió a embargar retentivamente cualesquiera sumas de dinero, incluyendo las 4,750 acciones atribuidas al embargado, así como los beneficios que las mismas produzcan, y otros valores que, en cualquier calidad dicha compañía deba pagar o entregar al embargado; que previa citación, el tercero embargado procedió a efectuar la declaración afirmativa prevista en los artículos 568 y 570 a 572 del Código de Procedimiento Civil afirmando, al efecto, que la compañía Grupo M. B., S. A., no es deudora de R. S. T. E., ya que éste no es accionista de dicha entidad desde el 28 de diciembre de 3988, por haber traspasado la totalidad de sus acciones, ni existen dividendos pendientes a su favor; que en apoyo de su declaración depositó el acto de traspaso de las acciones citadas, de la misma fecha, y el poder a favor de la Dra. C. C. D., que la autoriza a efectuar dicha declaración; que, surgida una controversia respecto de la indicada declaración de parte del tercero embargado, en los términos expresados precedentemente, la Corte a-quo revocó la sentencia dictada en primera jurisdicción, por considerar no sincera la declaración negativa del tercero embargado, aunque válida en la forma, declarando a ésta deudor puro y simple de las causas del embargo fundamentándose principalmente, en la irregularidad del traspaso o cesión de las acciones del embargado por inobservancia de las disposiciones del artículo 36 del Código de Comercio y 12 y 33 de los Estatutos Sociales de la recurrente, tercer embargado;

Que de acuerdo con el artículo 36 del Código de Comercio, ningún acto jurídico relacionado con la acción nominativa surtirá

efectos respecto a los terceros, y de la sociedad, sino cuando se inscribe en el registro correspondiente; que en este caso, la cesión se efectúa mediante una declaración de traspaso inscrita en los registros y firmada por el que haga la transferencia o por su apoderado;

Que la transmisión de las acciones nominativas es perfecta entre las partes por su solo consentimiento, no es así respecto de la sociedad y los terceros, o sea, de aquellos que no habiendo participado en la trasmisión, reivindican sus derechos sobre el título, entre los que pueden citarse los cesionarios posteriores y los acreedores; de aquí que el transferimiento hecho regularmente de las acciones, hace prueba de su cesión la que en principio, no podría ser destruida más que por la prueba contraria escrita, o, de acuerdo con el derecho común, por un principio de prueba por escrito, fortalecido por presunciones; que, en el caso de la especie, existe un documento suscrito el 28 de diciembre de 1998, por R. S. .T. E., legalizado por la Lic. O. M. S., Notario Público, mediante el cual éste, en su condición de accionista de la recurrente, traspasa en favor de H. M.B., H. M., B., H. M. B., y M. E., también accionistas, todas sus acciones en el Grupo M. B., S. A., el cual figura grapado o anexado al libro de inscripciones de transferencias de acciones; que, el espacio impreso al dorso del certificado de acciones No. 1, destinado a las transferencias, fue firmado por el accionista cedente, con indicación de sus beneficiarios; que, independientemente de la documentación señalada, constitutiva de un principio de prueba por escrito respecto de la cesión del señalado certificado de acciones, existen otros documentos, hechos y circunstancias que por su naturaleza hacen presumir la veracidad del traspaso de las acciones citadas, como lo es la venta del citado inmueble a favor de J. A. M. P. otorgada por el señor T. E., su posterior aporte en naturaleza a la compañía recurrente, en la que figuran como accionistas, familiares del comprador, M.P. y consiguiente atribución en acciones a favor del vendedor y aportante, señor T. E., lo que constituye un uso frecuente, con el propósito de obviar gastos de transferencia inmobiliarias y posterior cesión de las referidas acciones a favor de la mayoría de accionistas de la compañía, según se ha expresado; Que si ciertamente el tercero embargado deja de ser simple testigo para convertirse en parte, por el hecho de que su declaración sea controvertida, éste puede expresar, como es el caso, que no es deudor del embargado, enunciando las causas de su liberación o el motivo por el cual no es deudor, sin que sea necesario, por aplicación del artículo 1328 del Código Civil, que deba presentar documentación auténtica o que haya adquirido fecha cierta, por los inconvenientes que presentaría en la práctica, el hecho de obligar a cualquier persona, en previsión de posibles embargos retentivos, a que se haga expedir recibos notariales o deba registrar los recibos bajo firma privada en los documentos de descargos a su favor; que dicha declaración de carácter negativo efectuada por la recurrente, cumple con la disposición del artículo 577 del Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud, será declarado deudor puro y simple de las causas del embargo, el tercero embargado que no hiciera su declaración, o no la acompañare de los documentos justificativos, lo que no ocurrió en la especie; que la disposición del artículo 577 del Código de Procedimiento Civil establece una sanción constitutiva de una verdadera pena contra el tercero embargado y debe, en tal virtrud, ser interpretada restrictivamente, como todas las que pronuncian una pena; de aquí que el tercero embargado no incurre en dicha sanción en los casos en que haya hecho la declaración que requiere la ley, o que en la misma incurra en el empleo de inexactitudes, salvo que dicha declaración provenga de un fraude, mala fe o simulación, que en la especie, no fue justificado en la sentencia impugnada;

Que, sí como ha sido apreciado ,por esta Suprema Corte de Justicia, es válida legalmente la cesión o traspaso de las acciones de T. E., la Corte a-quo incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, por haber desconocido su sentido claro y evidente; y por otra parte, no ha dado motivos suficientes y pertinentes que prueben el fraude, mala fe o simulación justificativos de la no-sinceridad de declaración negativa prestada por la recurrente, en su condición de tercero embargado, lo que no ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como corte de casación determinar si, en el presente caso, se ha hecho una correcta aplicación de la ley;

Sentencia del 10 de enero del 2001, No. 7, B. J. No. 1082, páginas 134-140.

Jurisprudencia sobre la novación

2017-03-17T21:54:00.000-07:00

NOVACION:

Que para se produzca una novación de la prescripción, por el reconocimiento de la deuda, es necesario que ese reconocimiento se consigne en un documento que emane del propio deudor;

Sentencia No. 31, 20-05-98, B. J. No. 1050, página 558.

NOVACION.

Comprobación de los hechos e investigación de la voluntad de las partes. Apreciación de los jueces del fondo. Los jueces del fondo son soberanos cuando comprueban los hechos e investigan la voluntad de novar que puede inducirse de tales hechos, relacionando éstos con aquella, y pertenece solamente a la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, verificar si los caracteres legales de la novación se encuentran reunidos en el caso que se someta a su consideración. En la especie sometida, la Suprema Corte, en sus funciones ya dichas, advirtió que los jueces del fondo habían comprobado la existencia de los hechos y establecido correctamente la relación entre éstos y la voluntad de las partes, "voluntad de novar que no es necesario que sea expresada en términos formales, sino que basta que sea, como en el caso ocurrente, cierta".

(27 abril 1935, B. J. n. 297, p. 118).

NOVACION.-

Artículo 1275 del Código Civil.-Dicha disposiición legal referente a la "delegación imperfecta" y a la "novación" "no exige ninguna forma sacramental para la expresión de voluntad a la cual se refiere.

CONSIDERANDO, respecto del segundo y último medio, concerniente a la alegada violación del artículo 1275 del Código Civil1457.-NUEVOS CARGOS.-Artículo 136 del Código de Procedimiento Criminal.

CONSIDERANDO que el actual artículo 136 del Código de Procedimiento Criminal prescribe que "el procesado a quien la cámara de calificación" (hoy, el juez de Instrucción) "o el jurado de oposición haya eximido del juicio criminal, por haber decidido que no hay lugar a este, no podrá ser sometido ya a causa criminal por razón del mismo hecho, a me-nos que sobrevengan nuevos cargos. Se considerarán como cargos nuevos, las declaraciones de testigos, los documentos y actas que, no habiendo sido sometidos al examen de la Cámara de "Calificación" (hoy juez de Instrucción) "y al jurado de oposición en su caso, pueden sin embargo, por su naturaleza, robustecer las pruebas que la dicha cámara" (el dicho juez) "o el jurado de oposición hubieren estimado como muy débiles, o bien que puedan servir para ciar a los hechos nuevos desenvolvimientos útiles al conocimiento de la verdad"; que, de acuerdo con las disposiciones transdicción correspondiente, el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, que conoció, en primera instancia del caso, juzgando correccionalmente incurrió en la violación del artículo 136 del Código de Procedimiento Criminal, así como en la del 1351 del Código Civil, al desconocer la autoridad del veredicto del Jurado de Oposición, que se imponía a todas las jurisdicciones, alegando una inexistente incompetencia del Tribunal Criminal, a más de considerar en vigor una instrucción que el juez competente, por su veredicto. confirmado por eI Jurado de Oposición, habia mandado sobreseer con los términos "mandamos y ordenamos" que las actuaciones practicadas con motivo de las dos incriminaciones que se acaban de mencionar, sean sobreseídas"; y con todo ello y al llegar hasta decidir, sobre lo necesario o lo no necesario de una nueva instrucción en materia que indicaba como criminal violó también las reglas absolutas de su propia competencia; CONSIDERANDO que la Corte a quo, al confirm367, página 6t, año 1941, mes de febrero. Idem B. J. 429, página 269, año 19.16

NOVACION DE DEUDA. REQUISITOS:

Que si bien el reconocimiento de una deuda produce la novación de la prescripción, tornándose la prescripción corta del derecho laboral en la prescripción larga del derecho civil, para ello es necesario que el reconocimiento de la deuda emane de un documento firmado por el deudor; que en la especie el documento mediante el cual los recurrentes pretendieron demostrar el reconocimiento de la deuda, fue negado por la recurrida, a consecuencia de la cual los recurridos voluntariamente desistieron del uso del mismo, por lo que el tribunal a-quo no podía tenerlo en cuenta a los fines de decretar la novación de la prescripción;

Sentencia No. 22, 10-03-98, B. J. No. 1060, página 705.

FUSION DE EMPRESA. CONCEPTO:

Que se entiende por fusión la operación mediante la cual dos o más sociedades se reúnen para formar sólo una, la cual puede resultar sea de la creación de una sociedad nueva por las sociedades existentes (combinación), sea la de absorción de una sociedad por otra; que la fusión entraña pues la disolución sin liquidación de las sociedades que desaparecen y la transmisión de su patrimonio a las sociedades beneficiarias, implicando, en cuanto al pasivo, que la sociedad absorbente se convierte en deudora de los acreedores de la absorbida, sin que esta sustitución implique novación respecto de ellas;

Sentencia No. 12, 16-6-99, B. J. No. 1062, página 268.

VENTA.

Precio no pagado. Delegación perfecta. Novación. Vendedor que acepta que el precio lo pague una persona distinta del comprador. Arts. 1275 y 1276 del Código Civil.

El art. 1275 del Código Civil no exige ninguna forma sacramental para la expresión de voluntad a la cual se refiere. En la especie la Corte a-qua comprobó como una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, que la vendedora aceptó que el precio lo pagara el señor J. B.; esto es, se produjo una delegación perfecta de la obligación de pagar el precio a cargo del señor J. B., es decir, de novar de ese modo la deuda del precio; de modo que la situación quedó regida por la primera parte del art. 1276 del Código Civil, referente al "acreedor que dejó libre al deudor por quien se hizo la delegación, el cual "no puede recurrir contra éste, "si el mismo cae en insolvencia, ni por consecuencia de hechos ulteriores, cuando el acto "no contiene una reserva expresa".

Cas. 12 abril 1940, B. J. 357, p. 205.

Jurisprudencias de la Autoridad de la Cosa Juzgada

2017-03-17T21:44:00.001-07:00

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

Art. 1352 Código Civil. sentencia que violó por falsa aplicación del referido artículo Casación.

Cas. 25 enero 1940, B. J. 354, p. 14

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, CUANDO SE ADQUIERE:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 1351 del Código Civil, que ha sido copiado precedentemente, para que una decisión adquiera la autoridad de la cosa juzgada, es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la demanda se funde sobre la misma causa; y que sea entre las mismas partes y formulada por ellas y contra ellas, con la misma cualidad; que en el presente caso en la litis que culminó con la Sentencia de fecha 30 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Tierras, mediante la cual revisó y aprobó la que rindió en fecha 19 de marzo de 1996, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, no figuró como parte la actual recurrente, por lo que la referida Sentencia no le es oponible; y en consecuencia, contrariamente a lo que se sostiene en la decisión impugnada, no puede adquirir frente a la recurrente, la autoridad de la cosa juzgada;

Que por lo antes expuesto es evidente que al decidir lo contrario, en la Sentencia impugnada se violó el derecho de defensa de la recurrente y se incurrió en la violación de las reglas de la autoridad de la cosa juzgada, por lo que dicho fallo debe ser casado;

Sentencia del 13 de junio del 2001, No. 5, B. J. No. 1087, página 553.

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. NO OPONIBILIDAD A LOS TERCEROS:

Que en segundo término, como se advierte, C. C., S. A., no solo no fue parte en el proceso que dio lugar a la Sentencia del 22 de agosto de 1984 que lo condenó originalmente conjuntamente con S. M. GMBH y Co., al pago de una indemnización por no haber sido puesta en causa, sino que esa condición de tercero que le reconoció el tribunal, fue incoada precisamente por C. C., S. A., por habérsele violado su derecho de defensa; que la autoridad de la cosa juzgada, alegada también es este medio por la recurrente sobre el fundamento de que la Sentencia del 22 de agosto de 1984 que la condenó fue anulada en los que ella respecta, carece de pertinencia pues, dicha regla no es oponible a las personas que no han sido parte en la instancia, como ocurre en el caso.

Sentencia No. 6, 11-11-98, B. J. No. 1056, páginas 31 y 32.

AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA. MEDIO DE INADMISION DE INTERES PRIVADO. NO PUEDE SER SUPLIDO DE OFICIO POR LOS JUECES

Que es el principio de la autoridad de la cosa juzgada el que prohíbe en materia civil, que sea sometido de nuevo a un tribunal, lo que ya ha sido juzgado bajo la condición de la triple identidad de partes, objeto y causa del artículo 1351 del Código Civil; que este último principio constituye un medio de defensa de interés privado y por tanto el juez no puede suplirlo de oficio...

Sentencia No. 9, 24-2-99, B. J. No. 1059, página 143.

ACUERDO TRANSACCIONAL. AUTORIDAD DE LA COSA IRREVOCABLEMENTE JUZGADA....

procediendo a señalar además que la transacción celebrada tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada entre las partes.

Sentencia No. 23, 21-12-90, B. J. No. 959-961, página 359; Sentencia 11-8-89, B. J. No. 944-945, página 1044.

Jurisprudencias en relación al juez de paz

2017-03-17T21:21:00.000-07:00

INHIBICIÓN JUEZ DE PAZ:

A que la recusación de los Jueces de Paz se encuentra contemplada en los artículos 44 a 47 del Código de Procedimiento Civil; que las causas por las cuales se pueden recusar a un Juez de Paz están previstas en el artículo 44; que la parte in fine del artículo 47 del expresado Código dispone que la recusación se juzgará en el tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente, en último recurso. y dentro de la octava, oído el dictamen del fiscal, y sin citación de parte; A que aún cuando se hubiera procedido a recusar al mencionado Juez de Paz, en la forma establecida por los artículos 45 y 46, lo que no ocurrió en la especie, la Sentencia no habría sido susceptible del recurso de apelación, por aplicación de lo dispuesto por la parte in fine del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, a que se han hecho referencia anteriormente; A que siempre que un juez considere que en él concurre una causa de recusación o tiene razones de orden moral o de conciencia para considerar comprometida su imparcialidad debe abstenerse de conocer el asunto del cual esté apoderado ; que cuando se trata de un tribunal colegiado el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil prescribe....; que al ser el Juzgado de Paz un tribunal unipersonal, basta con que el Juez de Paz haya declarado su inhibición y las razones que tuvo para que esa decisión, mediante un acto dictado al efecto; Que esa decisión no es susceptible de recurso alguno; que en ese caso, lo que procede es la sustitución de dicho juez de paz por el suplente del mismo, para que conozca del recurso de que se trate;

No. 24, 9-08-96, B. J. No. 1029, páginas 204-205.

INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE PAZ PARA ACTUAR COMO JUEZ DE LOS REFERIMIENTO:

Que finalmente el recurrente alega, invocando la violación del articulo 806 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 834 de 1978, que el procedimiento de referimiento no es aplicable a las sentencias de los Juzgados de Paz, ya que tienen como caracteristica esencial la celeridad típica de dicho tribunal; que si es correcto que el referimiento no es posible ante un tribunal de excepción, como lo es el Juez de Paz, no es menos valedero que, conforme a los articulos 109 al 112 de la citada ley 834, las atribuciones de referimiento pertenecen al Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Santiago, apoderada de la apelación contra la Sentencia del Juzgado de Paz de Santiago que ordenó el desalojo, actuó como tribunal de segundo grado al disponer su Presidente la suspensión de la ejecución de la Sentencia del Juzgado de Paz apelada, lo que hizo en virtud de los poderes que los señalados artículos 137, 140 y 141 otorgan al Presidente del tribunal de apelación...

Sentencia civil No. 2, 1-10-97, B. J. No. 1043, páginas 45-46.

DESAHUCIO. INCOMPETENCIA DEL JUZGADO DE PAZ:

Que como en el caso ocurrente se trata del desalojo de un inmueble para repararlo o reconstruirlo, es evidente que el juzgado de Paz es incompetente, a tenor del artículo 5 del Decreto No. 4807, arriba mencionado, para conocer y fallar, como juez de primer grado dicha demanda; que el Tribunal competente para conocer del asunto en primera instancia es la cámara a-qua;

Sentencia No. 35, 27-11-91, B. J. 971-973, página 1640.

FIANZA JUDICATUM SOLVI. IMPROCEDENTE ANTE EL JUZGADO DE PAZ:

En cuanto a la excepción judicatum solvi, que el recurrente alega presentó ante el Juez de Paz, que de acuerdo con el artículo 106 del Código de Procedimiento Civil, esa excepción puede presentarse ante cualquier tribunal de la República que

no sea el Juzgado de Paz; que como el procedimiento de desalojo incoado por los recurridos se inició, como lo exige la ley, por ante el Juzgado de Paz, no era procedente otorgar dicha fianza;

Sentencia No. 7, 10-11-93, B. J. No. 996, página 1008.

REFERIMIENTO. SUSPENSION DE SENTENCIA. JUEZ COMPETENTE, LO ES EL JUEZ DEL FONDO APODERADO DE LO PRINCIPAL:

Que el Juez a-quo no fue el que suspendió la Sentencia dictada por el Juzgado de Paz, no obstante ser el único que podia haber sido apoderado de la demanda en suspensión, porque la Cámara presidida por dicho Juez era el que conocía del recurso de apelación;

Sentencia No. 5, 11-11-94, B. J. No. 1004-1009, página 394.

INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. CITACIÓN HECHA ANTE JUEZ INCOMPETENTE:

Que el artículo 2246 del Código Civil dispone que "La citación judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, interrumpe la prescripción"; que en los términos del artículo transcrito, ciertamente la recurrida podía volver a introducir su demanda en desalojo, esta vez por ante el tribunal competente, amparándose en la resolución dictada por el control de alquileres de casas y desahucio en 1991, ya que la misma se mantenía vigente por el hecho de haberse introducido la demanda en desalojo en los términos de ésta, por ante el juzgado de paz; que la Corte a-qua al decidir en la forma indicada actuó conforme a derecho, por lo que el recurso de que se trata debe ser desestimado.

Sentencia del 10 de octubre del 2001, No. 4, B. J. No. 1091, páginas 160-161.

INCOMPETENCIA DE JUZGADO DE PAZ PARA CONOCER DEMANDAS EN DESALOJO QUE NO SEAN POR FALTA DE PAGO DE LOS ALQUILERES:

Que el examen de la Sentencia impugnada y los documentos del expediente revelan que la demanda en desalojo intentada por el recurrido contra el recurrente no se fundó en la falta de pago de los alquileres, sino en el propósito del propietario vivir el inmueble alquilado; que, por tanto, el Juez de Paz no era competente para conocer del caso; sino el Juez de Primera Instancia; que por tanto, en la Sentencia impugnada se violó el artículo 1 párrafo 2 del Código de Procedimiento Civil,....

Sentencia No. 3, 4-06-93, B. J. 989-991, página 501.

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN MATERIA DE DESALOJO. LIMITADA A LA FALTA DE PAGO:

Que esta Suprema Corte de Justicia ha venido sustentando el criterio, acorde con el texto legal transcrito (artículo 1, párrafo 2°. , Código de Procedimiento Civil), de que la competencia del juzgado de paz en esta materia, está limitada a la demanda en desalojo por falta de pago....

Sentencia No. 4, 14-01-98, 14-01-98, B. J. No. 1046, página 139; Ver también Sentencia No. 3, 18-02-98, B. J. No. 1047, páginas 88-89-90; Sentencia No. 17, 29-07-98, B. J. No. 1052, página 129.

Jurisprudencias en relación a la Jurisdicción Inmobiliaria

2017-03-17T08:29:00.000-07:00

INCOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES PARA CONOCER DE LITIS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE TERRENOS REGISTRADOS:

Que el examen de la Sentencia impugnada revela, que la Cámara a-qua declaró, de oficio, su incompetencia para conocer del caso de que se trata, al juzgar que el inmueble objeto de la litis es un terreno registrado; que es esas circunstancias, la Cámara a-qua juzgó procedente desapoderarse del caso a su cargo, en razón a que la litis sobre derechos registrados son de la competencia exclusiva del Tribunal de Tierras; que sin embargo la Cámara a-qua declaró su incompetencia de oficio, lo que prohíbe el citado artículo 20 de la Ley 834 de 1978, disposición legal que se aplica en este caso, por haber dicha cámara actuado como tribunal de apelación...

Sentencia No. 17, 17-02-93, B. J. 986-988, páginas 126-127.

LITIS SOBRE TERRENOS REGISTRADOS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL TRIBUNAL DE TIERRAS:

Que, en efecto, la Ley de Registro de Tierras, en su artículo 7, inciso 4to. consagra la competencia del Tribunal de Tierras, en forma exclusiva, para conocer, entre otros asuntos, de las litis sobre derechos registrados, así como de todas las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de la ley, sin excluir las que puedan referirse al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamantes; que el indicado texto legal ha venido siendo interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, criterio que mantiene, en el sentido de que de su lectura se infiere la competencia exclusiva del Tribunal de Tierras para conocer de todas las cuestiones que surjan con motivo de las acciones que están dentro de su competencia general; de todas las cuestiones que se susciten en ocasión de tales acciones o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de dicha ley, así como también de las demandas cuyas acciones pueden implicar la modificación de los derechos consagrados en el certificado de título, de donde resulta la incompetencia de los tribunales ordinarios para conocer de los litigios que surjan respecto del derecho de propiedad de inmuebles registrados;

Que el examen de la Sentencia impugnada y del expediente ponen de manifiesto que la litis a que se refiere el presente recurso, versa, de manera principal, sobre el derecho de propiedad de una porción de terreno de 42,919.40 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 2, del Distrito Catastral No. 5, del Municipio de Samaná, amparada por el Certificado de Título No. 85-16 y, por ende, a una contestación sobre derechos registrados, ya que, de acuerdo con el acto No. 165, del 1 de julio de 1989, del ministerial Marino Balbuena, Alguacil de Estrados del Juzgado de Primera Instancia de Samaná, introductivo de instancia, Y. B. de L. demandó a los actuales recurrentes G. M. y compartes por ante el Juzgado de Primera Instancia de Samaná, en resolución o rescisión del contrato de venta del 18 de marzo de 1987, otorgado por su padre E. B. J. en favor de los primeros, en relación con la porción de terreno indicada, por falta de pago del precio, y otros fines; que, como se observa, la demanda interpuesta originalmente por la actual recurrida tiende a la modificación de los derechos consignados en el certificado de título que ampara la porción de terreno de que se trata, la cual se encuentra registrada a nombre de la A., C. por A., por aporte que a ésta hiciera su antiguo propietario E. B. J. para dar ejecución a lo convenido en el contrato de venta del 18 de marzo de 1987, en el cual se consigna que una vez constituida la compañía las acciones resultantes serían traspasadas en su totalidad a los recurrentes, en la forma y condiciones previstas en el referido contrato de venta; que la circunstancia de que la compañía se constituyera con el nombre de A., C. por A. y no de P., C. por A., como se indica en el contrato de venta, en nada cambia la naturaleza y objeto de ese contrato, que no era otro que transferir, mediante el mecanismo previsto en el mismo, la porción de terreno en él señalada en favor de los compradores;

Que es innegable que la demanda en nulidad del acto de venta del 18 de marzo de 1987, mediante el cual se pretende reivindicar para el acervo sucesoral del finado E. B. J.; el inmueble que dio origen al referido acto, pone en juego, además, un derecho real inmobiliario; que cuando la demanda tiene carácter mixto, es decir, cuando se pone en juego la nulidad de un acto jurídico y un derecho real inmobiliario, como en la especie, su conocimiento y decisión corresponde de manera exclusiva al Tribunal de Tierras; que por consiguiente, la Corte a-quo era incompetente de un modo absoluto para conocer de dicha demanda principal, medio éste que, por su carácter de orden público, puede hasta ser suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia; Que la circunstancia de que a dicha demanda principal se haya agregado una de carácter personal, tendiente a que se ordene que la suma de RD$150,000.00 pagada a título de avance o anticipo al vendedor a la firma del contrato de venta, se compense y sea retenida por los derechohabientes de E. B. J., a título de indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por éstos por la ocupación por más de dos años de la propiedad por parte de los actuales recurrentes, no invalida el criterio arriba sentado, ya que era deber de la jurisdicción ordinaria apoderada, lo que no hizo, sobreseer el conocimiento y fallo de la demanda personal hasta tanto la demanda principal fuera decidida por la jurisdicción competente, que en el caso era la jurisdicción catastral, por lo que la Sentencia impugnada debe ser casada sin necesidad de examinar los demas aspectos de este medio ni el segundo;

Sentencia del 10 de mayo del 2000, No. 6, B. J. No. 1074, páginas 99-101.

DEMANDA EN NULIDAD DE PODER DE ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA. DISCUSION DE DERECHO DE PROPIEDAD. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE TIERRAS NO DE LA JURISDICCION CIVIL:

Que en el desarrollo del primer medio de casación, los recurrentes alegan en síntesis, que el artículo 7 párrafo 4to. de la Ley de Registro de Tierras atribuye competencia exclusiva al Tribunal de Tierras para conocer de las litis sobre terrenos registrados; que en la página 2 de la sentencia recurrida consta que mediante conclusiones principales propusieron la incompetencia de dicha Corte para conocer del recurso de apelación del que estaba apoderada, en virtud de Que por tratarse de una litis sobre terrenos registrados en relación con las Parcelas Nos. 26 y 27-B, del Distrito Catastral número 6, del municipio de Guayubín, amparadas por los Certificados de Títulos números 42 y 19, expedidos por el Registrador de Títulos de Montecristi, correspondía al Tribunal de Tierras el conocimiento de la litis planteada entre las partes en causa, en virtud de la señalada disposición de la Ley de Registro de Tierras;

Que pese al pedimento señalado, la Corte a-qua procedió al conocimiento del fondo del recurso de apelación del que estaba apoderada;

Que al no dar motivos ni pronunciarse sobre dicho pedimento, además de violar el indicado texto legal, la Corte desnaturalizó los hechos y documentos sometidos a su consideración;

Que un examen de la sentencia impugnada, y de los documentos del expediente pone de manifiesto que la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Montecristi fue apoderada de una demanda interpuesta por los herederos de M. M., en nulidad de tres poderes otorgados por ésta, en su condición de propietaria de las parcelas anteriormente indicadas, a favor de su hijo C. M. M., mediante los cuales se le autorizó entre otras diligencias, a vender y arrendar los indicados inmuebles, habiendo dictado el tribunal apoderado una sentencia en defecto contra los demandados C. M. M. y P. P., mediante la cual declaró la nulidad de los aludidos poderes y ordenó la restitución de los inmuebles transferidos al comprador, J. A. P., a su propietaria original así como al desalojo de la Parcela No. 26 arrendada a terceros por el apoderado C. M. M.;Que apoderada la Corte a-qua del recurso de apelación contra el aludido fallo, interpuesto por los actuales recurrentes, fue dictada la sentencia ahora impugnada, confirmando el fallo del Juez a-quo, pese a que los recurrentes propusieron su incompetencia en virtud del artículo 7 párrafo 4to. de la Ley de Registro de Tierras por tratarse de una litis sobre terrenos registrados;

Que es evidente que la litis a que se refiere el presente recurso versa, de manera principal, sobre el derecho de propiedad de las Parcelas Nos. 26 y 27-B, del Distrito Catastral No. 6, del municipio de Guayubin, y por ende, a una contestación sobre derechos registrados, ya que al ser introducida la demanda en nulidad de los poderes otorgados por la finada M. M. a favor de su hijo C. M. M., que lo facultaron a vender dichos inmuebles y arrendarlos, involucraba un derecho real inmobiliario; que cuando la demanda tiene un carácter mixto, es decir, cuando se pone en juego la nulidad de un acto jurídico y un derecho inmobiliario, como en la especie, puesto que de acogerse la alegada nulidad de los poderes otorgados por la propietaria, afectaría el derecho de propiedad de la poderdante, su conocimiento y decisión corresponden de manera exclusiva al Tribunal de Tierras;

Que por consiguiente, la Corte a-qua era incompetente, de un modo absoluto, para conocer de dicha demanda principal, medio éste que por su carácter de orden público, puede incluso ser suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia;

Que en adición a lo expresado, un examen de los documentos que figuran en el expediente del caso pone de manifiesto que el Tribunal de Tierras fue apoderado de una iitis sobre terrenos registrados en relación con las Parcelas Nos. 26 y 27-B, del Distrito Catastral No. 6, del municipio de Guayubin, a requerimiento de los recurrentes; Que la circunstancia de que la demanda principal tenga un carácter personal, como lo es la que persigue la nulidad de los poderes otorgados por la propietaria de los inmuebles citados, no invalida el criterio arriba sentado y, por tanto, era deber de la jurisdicción ordinaria apoderada, lo que no hizo, declinar su competencia a favor de la Jurisdicción Catastral;

Que en efecto, el artículo 7 acápite 4to. de la Ley de Registro de Tierras consagra la competencia del Tribunal de Tierras, en forma exclusiva, para conocer, entre otros asuntos, de las litis sobre terrenos registrados, así como de todas las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de la ley, sin excluir las que puedan referirse al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamantes; que el indicado texto legal ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, criterio que se mantiene, en el sentido de que de su lectura se infiere la competencia exclusiva del Tribunal de Tierras para conocer de todas las acciones que están dentro de su competencia general; de todas las acciones que se susciten en ocasión de tales acciones, o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de dicha ley; así como también de las demandas cuyas acciones puedan implicar la modificación de los derechos consagrados en el certificado de título, de donde resulta la incompetencia de los tribunales ordinarios para conocer de los litigios que surjan respecto del derecho de propiedad de inmuebles registrados, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada sin necesidad de examinar los demás aspectos del primer medio, ni los demás medios propuestos por los recurrentes;

Sentencia del 31 de julio del 2002, No. 22, B. J. No. 1100, páginas 249-251.

TERRENOS REGISTRADOS:

COMPETENCIA TRIBUNAL DE TIERRA TERRENO SANEADO:

Que de conformidad con el artículo 7, inciso 4to. de la Ley de Registro de Tierras, el Tribunal de Tierras tiene competencia exclusiva para conocer de las litis sobre derechos registrados; que para los fines de estas litis, el terreno se considera registrado desde que ha intervenido Sentencia final de saneamiento, aun cuando la operación material del registro no se haya efectuado; que la condición de terreno registrado de las parcelas y porción de parcela objeto de la venta cuya rescisión es demandada por el recurrido, es confirmada no sólo por la mención que de ello se hace en el contrato suscrito al efecto y en las demás piezas del expediente, sino, de manera particular, en la certificación que obra en el expediente, y es reseñada en la Sentencia impugnada, expedida por el Registrador de Títulos del Departamento de Montecristi, el 21 de abril de 1998, en la cual se hace constar la inscripción en esa oficina del acto de venta suscrito entre las partes en litis, el 21 de junio de 1998, en relación con los inmuebles mencionados;

Que el examen de la Sentencia impugnada pone de manifiesto que la contestación a que se refiere el presente recurso es relativa, de modo principal, al título de propiedad y posesión de varios inmuebles registrados catastralmente, las Parcelas Nos. 9-C, 8-A y 25, y una porción de la No. 8, todas del Distrito Catastral No. 3 del municipio de Villa Vásquez, ya que de acuerdo con el acto introductivo de instancia del 1ro. de julio de 1998, del ministerial José A. Muñoz, Alguacil Ordinario de la Corte de Apelación de Montecristi y otros documentos del proceso, la demanda intentada por M. A. M. E. contra M. de la C. W., J. E. de la C. W. y J. T. de la C. W., fusionada con la lanzada por éstos contra M. A. M. E., el 20 de abril de 1998, en daños y perjuicios por la no entrega de los títulos, persigue, además de daños y perjuicios y rendición de cuentas, que se ordene la rescisión del dontrato de venta del 21 de junio de 1997, intervenido entre el recurrido y los recurrentes, en relación con los inmuebles ya mencionados, a fin de que se transfieran nuevamente en su favor los aludidos terrenos y se le restituya en la posesión de ellos, en su calidad de propietario de los mismos; que, por consiguiente, el tribunal de primer grado y la Corte a-qua son incompetentes de un modo absoluto para conocer de la demanda principal, medio éste que, por su carácter de orden público, puede ser suscitado y suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, actuando en sus funciones de Corte de Casación; Que el hecho de que a dicha demanda principal se haya agregado una de carácter personal accesoria tendente al otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios, y otra de los recurrentes a estos fines, que fue fusionada a la primera, no se opone ni invalida el criterio arriba sentado, ya que era deber de la jurisdicción ordinaria apoderada, lo que no hizo, sobreseer el conocimiento y fallo de ambas demandas personales, hasta tanto la demanda principal fuera decidida por la jurisdicción competente;

del 27 de septiembre del 2000, No. 14, B. J. No. 1078, páginas 181-183.

Litis sobre derechos registrados

2017-03-17T08:08:00.000-07:00

OPOSICIÓN.

La jurisprudencia dominicana la define como: ?Medidas de publicidad inmobiliaria destinadas a advertir a los terceros sobre la existencia de una demanda o sentencia que pueden eventualmente afectar derechos registrados. Son anotaciones precautorias?1.

En mi libro ?El Registrador de Títulos en Perspectiva?2 al interpretar al legislador decimos que éste quiso encasillarlo dentro del término ?interés?3 y definíamos este concepto como ?aquellas acciones que no constituyen derechos de manera intrínseca pero que podrían generar derechos; un derecho en perspectivas, eventual, como serían las oposiciones en virtud de una litis, sea de derechos registrados o de derecho común? (Ibid.)4. Lo que debemos tener en cuenta siempre es que éstas nson medidas provisionales accesorias a una demanda principal.

INSCRIPCIÓN. JUDICIALIZACION.

En el artículo 89, inciso 2 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario5, referente a los documentos registrables, se encuentran las medidas provisionales. Estas medidas tienen un carácter provisorio y son ordenadas por el Juez de Jurisdicción Original.

La Ley 1542 establecía como requisitos, en su artículo 208, copia certificada de la demanda o de la sentencia. Ahora la Ley 108-05 establece que para su inscripción debe ordenarla el juez apoderado, es decir que debe la parte interesada demandar, fijar audiencia, solicitar la medida al juez y que éste lo ordene al Registrador.

Con la judicialización de las oposiciones se busca disminuir la inscripción de oposiciones afrentosas, temerarias o de mala fe. Este procedimiento constituye la excepción al modelo de gestión impuesto en la reforma inmobiliaria conocida como la ?desjudicialización de los procesos administrativos-judiciales? descrito en el décimo considerando de la Ley 108-05.

¿Qué pasará con el recurrente que ha sucumbido en primer grado y pretende mantener la inscripción de la oposición? ¿Tendrá que esperar la audiencia en el tribunal de alzada para solicitar la medida? ¿No bastará con la simple notificación al Registrador y a la contraparte del recurso interpuesto para mantener la misma? ¿No mantiene este recurso de alzada judicializada la medida? Nos inclinamos en este último criterio porque la instancia se mantiene apoderada, aunque ahora en otro tribunal.

Al Registrador basta demostrarle documentalmente que la litis continúa. Si la sentencia recurrida en primer grado ordena levantar la oposición, la misma quedaría sin efecto pero una vez se interponga el recurso y en esa virtud se solicite inscribir una nueva oposición, se retrotrae la situación al estado anterior.

INSCRIPCIONES DE OPOSICIONES BASADAS EN LITIS ANTE OTRAS JURISDICCIONES Y MATERIAS.

En principio la jurisdicción natural para conocer de las litis sobre derechos registrados es la jurisdicción inmobiliaria, pero existen las excepciones que la propia ley prevé, como el caso de los procedimientos de embargos, en virtud del artículo 3, párrafo 1, de la Ley de Registro Inmobiliario 108-05, el cual le otorga competencia a los tribunales ordinarios para conocer de los procedimientos de embargo inmobiliario.

Existen otras excepciones no previstas por la Ley 108-05; se trata de las litis que leyes especiales le otorgan competencia a jurisdicciones de materias distintas y que pueden afectar derechos inmobiliarios registrados, como consecuencia de una demanda civil accesoria a una infracción producto de una falta o incumplimiento de una obligación del titular del derecho registrado. En ellas no se discute la titularidad del derecho, sino que, al contrario, es la certeza de su titularidad lo que origina la afectación del derecho registrado como forma coercitiva de obligar al demandado.

Por tanto, el radio de acción absoluto contenido en el artículo 29 de la Ley 108-05 referente a la competencia ?única? de la jurisdicción inmobiliaria se refiere a las litis por la titularidad del derecho, no así cuando el objeto va a ser afectado y existen competencias otorgadas -excepcionalmente-a otras jurisdicciones mediante leyes especiales.

Se hace necesario distinguir las litis por derechos registrados, donde se discute la titularidad de los mismos y cuya jurisdicción natural lo es la inmobiliaria, prevista en la Ley 108-05, y las litis sobre derechos registrados, porque en este último caso los mismos van a ser afectados y una vez la sentencia tenga la autoridad de la cosa juzgada se inscribirá en el registro correspondiente para su ejecución. Estos últimos resultan ser litis extra-inmobiliarios o por afectación.

Como ejemplos de los mismos tenemos las demandas realizadas por los municipios en contra de los urbanizadores por violación a la ley 675 sobre urbanizaciones y que otorgan competencia a los juzgados de paz. Otro ejemplo sería las reparaciones civiles producto de demandas en violación ambiental prevista por la Ley 64-00, las indemnizaciones civiles accesorias como consecuencia de condenas penales, infracciones de tránsito, la ejecución de una sentencia por vía de embargo en materia laboral, en materia tributaria para los asuntos impositivos, entre otras.

¿Por qué esta disquisición teórica entre litis por derechos registrados y litis sobre derechos registrados, o litis por la titulación del derecho y litis por la afectación del derecho? Por una razón muy sencilla. ¿Seguirán el mismo procedimiento previsto por la ley 108-05 en relación a la inscripción de oposiciones? Es decir, que la parte interesada o demandante, una vez haya apoderado la jurisdicción ?extra-inmobiliaria? deberá obtener la orden escrita del juez apoderado dirigida al Registrador.

Entendemos que no debe seguir el mismo procedimiento porque la práctica demuestra que los jueces extra-inmobiliarios al no ser especialistas de la materia catastral no llevan a cabo esos requisitos y el interesado puede perder tiempo y por ende dificultarse la inscripción de la oposición. Por lo que debe mantenerse los requisitos del antiguo artículo 208 de la Ley 1542 para este último escenario.

EXTINCIÓN DE LAS OPOSICIONES. PERENCION DE LA INSTANCIA. DESISTIMIENTO

En nuestro libro citado expresábamos la necesidad de crear mecanismos que lograran establecer la seriedad de las inscripciones de oposiciones, y sugeríamos además el establecimiento de plazos perentorios.

Otro aspecto es el material, porque bajo el marco actual dichas medidas se convierten en perpetuas e implican un esfuerzo y trabajo adicional en los Libros-Registros y en las certificaciones e historiales que se solicitan. Felizmente la Ley 108-05 establece un plazo de tres años siguiendo el mismo plazo establecido por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 54 referente a la cancelación de las medidas provisionales. La extinción de las oposiciones abarcan dos modalidades que veremos a continuación.

LA PERENCION.

Esta opera de pleno derecho, pero debe ser solicitada por la parte interesada y acompañando su petición con la orden judicial. Al tenor del artículo 131 del Reglamento de los Registros. Este último para dar aplicación a los artículos 38 y 128 de la Ley 108-05 referente a las litis en el que transcurran tres años de inactividad procesal de las partes, se archivarán y se reputará que no hay interés en

los mismos.

Existe una excepción, se trata de los expedientes en estado de fallo, en los que no opera la perención. Todo esto con el fin de evitar perpetuar una medida cuya naturaleza es temporal. Puede extinguirse la medida provisional por convertirse en definitiva, pero nunca se operarán si contradicen una disposición legal.

EL DESISTIMIENTO.

El artículo 36 de la Ley 108-05 establece el desistimiento como resultado de la renuncia voluntaria del demandante a la acción judicial; debe realizarse siempre ante el juez, nunca ante el Registrador. Está claro puesto que, como hemos dicho, la medida provisional de la oposición es accesoria a una demanda principal. Es obvio que debe el juez ordenarla al registrador, debe ser mediante una orden escrita para sustentar la extinción de la oposición.

Ya fuera del aspecto puramente registral y bordeando lo jurisdiccional, es saludable recordar que nuestra jurisprudencia ha establecido que ?Desde el instante en que el tribunal ha librado acta acogiendo el desistimiento hecho en audiencia por el apelante, al cual dio aquiescencia la parte recurrida, produce un doble efecto: a) Al apelante lo despoja del beneficio de la apelación, y b) Con respecto a la sentencia recurrida en apelación, la mantiene de pleno derecho y le confiere autoridad de la cosa juzgada, por tanto no recurrible en ncasación6.

En cuanto a las adjudicaciones, la jurisprudencia ha establecido que las sentencias de adjudicación no extinguen las oposiciones porque los oponentes no actúan en calidad de acreedores inscritos,7 por lo que tiene un alcance relativo el principio de que ?la adjudicación lo purga todo?8. Salvo que la oposición haya sido inscrita accesoria y conjuntamente por algún acreedor y teniendo como base su crédito.

DEMANDAS TEMERARIAS.

¿Puede el simple hecho de inscribir una oposición temeraria dar lugar a una nacción en reparación en daños y perjuicios? Por su carácter accesorio a la demanda principal y por el daño, está claro que puede dar lugar, las oposiciones temerarias han sido una de las causas generadoras de inseguridad jurídica de los derechos inmobiliarios en nuestro país. A eso hay que añadirle la marcada dependencia y necesidad nuestra con la inversión extranjera, la cual necesita de un ambiente de transparencia, dentro del marco de un mundo dominado por el sistema capitalista, ahora globalizado e interdependiente y por carecer nuestro país de tecnología, capital y mercados para sobrevivir.

Han ocurrido casos esporádicos de condenas por daños y perjuicios en virtud de oposiciones temerarias bajo al marco de la Ley 1542, pero la Ley 108-05 lo contempla claramente en su artículo 31 con las siguientes condiciones:

1. La reparación en daños y perjuicios sólo puede introducirse como parte accesoria y no como acción principal. Sabia medida que busca a todas luces evitar la avalancha de demandas basadas en oposiciones inscritas en el pasado y las que pudieren surgir después de promulgada la ley.

2. El daño debe ser real, sea afectando el honor, la imagen o el ejercicio de un derecho constitucional, hoy universal como lo es el de la propiedad. Por lo que debe existir un daño concreto, no eventual ni interpretativo. Y

3. En ningún caso la reparación podrá superar el valor del inmueble. El legislador busca evitar el surgimiento de una solución temeraria contra una demanda también temeraria, busca límites que impidan la eventual desproporcionalidad de una reparación. El valor del inmueble es algo que cambia con el tiempo, las condiciones de la ubicación, los accesos a los servicios y demás aspectos que la jurisdicción sopesará mediante los poderes y mecanismos que tiene.

EXCEPCION. AUSENCIA DE LITIS. OPOSICION PRECAUTORIA INSCRITA POR EL MISMO PROPIETARIO.

En toda regla existen excepciones, la judicialización de las oposiciones no puede operar cuando el propietario decide proteger sus derechos mediante la inscripción de una oposición preventiva en caso de que el duplicado esté en manos de un detentador irregular o de sustracción, pérdida, etcétera.

El Registrador exigirá en el primer caso el depósito de una intimación realizada por el titular en contra del detentador irregular. Si es por robo deberá depositar un documento judicial que lo sustente (querella, denuncia, ...). En la situación de la pérdida debe iniciar el procedimiento a esos fines.

Bibliografia

Guzman Bencosme, J. L. (2007) Litis sobre derechos registrados. Gaceta Judicial.

Comparación del Código de Procedimiento Civil y el Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil

2017-03-10T09:39:00.004-08:00

Generalidades del Código de Procedimiento Civil y del Anteproyecto del Código Procesal Civil Dominicano

En los inicios de la ocupación haitiana, a partir de 1826 comenzaron a tener vigencia los Códigos haitianos basados en la legislación francesa, en materia civil, penal, de comercio, de procedimiento civil, de instrucción criminal.

A finales de la ocupación de los haitianos, la Constitución haitiana de 1843, tuvo una corta dirección en la organización judicial encabezada por una Corte de Casación, pero esta Constitución apenas fue conocida en nuestra República por el golpe patriótico del 27 de febrero de 1844.

El actual Código de Procedimiento Civil y el Anteproyecto del Código Procesal Civil Dominicano guardan ciertas similitudes y diferencias que serian importantes destacar.

Semejanzas entre el Código de Procedimiento Civil y el Anteproyecto del Código Procesal Civil

Existen múltiples semejanzas entre el Código vigente y el Anteproyecto Procesal Civil, entre las que podemos puntualizar las siguientes:

EMBARGO CONSERVATORIO

a. Todo acreedor que tenga en peligro su crédito tiene la potestad de ejecutar un embargo conservatorio ante el Tribunal de Primera Instancia donde se encuentre su domicilio o donde estén localizados los bienes a embargar. Aun los bienes estén en posesión de un tercero, esto puede ser ejecutado; incluso, se puede hacer la inscripción de la hipoteca judicial provisional sobre aquellos bienes inmuebles del deudor.

b. En lo concerniente al titulo que puede ser utilizado como base para trabar medidas conservatorias guardan también ciertas semejanzas, en el aspecto de que puede trabarse tanto con autorización del Juez de Primera Instancia, así como también con titulo ejecutorio. Esto queda establecido en el artículo 745 del Anteproyecto del Código Procesal Civil. Ambos Códigos, tanto el vigente como el anteproyecto Tanto el Código como el Anteproyecto coinciden en que nunca se puede exceder del duplo del valor del crédito, en cuanto a lo que tiene que ver con la solicitud del auto.

c. En el anteproyecto del Código Procesal Civil, el acta de embargo contiene los mismos requisitos en lo que respecta al acto de alguacil, tal como se expresa en los artículos 49 y 61 del Código de Procedimiento Civil vigente.

d. En ambos Códigos, la demanda en referimiento para la reducción, limitación o cancelación del embargo serán las mismas.

e. Respecto a la validez del embargo conservatorio general se demandaran por ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la 8vo. Franca de Ley con excepción del plazo para validar la misma, pero todo lo demás incluyendo la audiencia se hará como lo estipulado en el Código Procesal Civil Vigente.

f. También, ambos códigos tienen similitudes respecto a la apelación, que puede ser recurrida en un plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia de acuerdo al artículo 443 del actual Código de Procedimiento Civil, luego de cumplido este plazo dicha sentencia adquirirá autoridad de cosa juzgada.

EMBARGO RETENTIVO

a. En el embargo retentivo, así como en el embargo conservatorio, el embargo retentivo, coincide con ambos códigos con lo que tiene que ver con las condiciones preliminares para solicitar el embargo retentivo.

b. Tanto en el anteproyecto como en el Código vigente, si crédito por el cual se solicita la autorización para embargar retentivamente no fuere liquido, el tribunal hará su evaluación provisional; también el acto de embargo deberá contener a pena de nulidad las mismas enunciaciones comunes de todo acto de alguacil, en virtud de lo que establece el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil vigente.

c. En ambas legislaciones, en el Código actual y en el anteproyecto, el embargo retentivo hecho en un país extranjero no tendrá fuerza legal en la República Dominicana, ni los tribunales dominicanos tendrán competencias para conocer de sus efectos.

d. Un embargo retentivo a titulo conservatorio no es obstáculo a segundo embargo retentivo conservatorio ni un segundo embargo retentivo atributivo, esta característica coinciden con el código vigente y el anteproyecto del código futuro. La demanda en validez será misma, así como también la demanda en cobro del crédito, con la excepción del plazo.

HIPOTECA JUDICIAL PROVISIONAL

a. Como toda medida conservatoria la hipoteca judicial provisional coincide en ambas legislaciones, tanto en el Código y el Anteproyecto, con lo que tiene que ver con los requisitos generales para la solicitud de la misma; el procedimiento con relación a la instancia de solicitud de la inscripción es el mismo procedimiento, así como los efectos, para ambas; una vez notificada la inscripción de la hipoteca hecha al deudor, este no podrá dar en arrendamiento el inmueble gravado sin autorización judicial así como tampoco constituir derechos reales oponibles al acreedor persiguiente, ni percibir por anticipado o ceder rentas por mas de tres meses, a pena de nulidad de los actos dirigidos a afectar el inmueble.

b. En cuanto al plazo para demandar el pago del crédito es el mismo, salvo que el tribunal al momento de autorizar la inscripción haya fijado un plazo distinto. La forma de atacar el auto ante el juez de los referimientos es igual en el Código vigente y el anteproyecto.

c. El procedimiento para convertir la hipoteca judicial provisional en hipoteca judicial definitiva es igual para ambos, el cual se hará dentro del plazo de dos (2) meses.

EMBARGO DEL DEUDOR TRANSEÚNTE

a. Las condiciones que aplican en el Anteproyecto del Código Procesal Civil y el Código del Procedimiento Civil vigente, son las mismas cuando se trata de las condiciones para trabar medidas conservatorias en contra del deudor transeúnte.

EMBARGO EN REIVINDICACION

a. Al analizar el Código vigente y el Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, observamos que ambos tienen un procedimiento similar ya que para proceder a este embargo es necesario el auto dicta el Juez de Primera instancia, a solicitud de parte.

b. El Juez podrá en días de fiestas legales y días no laborables permitir el embargo en reivindicación.

c. La acción en reivindicación y la demanda en validez del embargo se llevaran conjuntamente ante el Juzgado de Primera Instancia, del domicilio de aquel contra quien se ejerce el procedimiento y si esta en conexión con una instancia ya pendiente se llevará ante el tribunal que conozca dicha instancia.

EMBARGO DE LOCACION

a. Tanto el Código de Procedimiento Civil actual así como el Anteproyecto, pudimos apreciar que después de un día de mandamiento de pago y sin permiso del Juez de Paz, se puede embargar por deuda de alquiler y arrendamientos vencidos, los efectos y frutos que se encuentren en dicha casa y en tierras que a ellos correspondan. También se puede embargar al instante en virtud del auto que le otorga el Juez de Paz del lugar donde se encuentran los bienes, previa solicitud al efecto. Y se puede embargar el ajuar que haya guarnecido dicho inmueble y que haya sido retirado de su sitio sin su consentimiento.

3. Diferencias entre el Código de Procedimiento Civil y el Anteproyecto del Código Procesal Civil

Es evidente que al pasar del tiempo, algunas legislaciones requieren de ciertos cambios que sirvan para que estas se adecuen a las nuevas realidades de la sociedad, pues los escenarios en los cuales de desenvuelven los individuos vive en un constante cambio.

Dentro de las diferencias que pueden apreciarse entre el anteproyecto y el Código actual, se pueden mencionar las siguientes:

EMBARGO CONSERVATORIOS

a. El anteproyecto muestra una división de las medidas conservatorias, las cuales son: embargo de bienes muebles corporales y embargo de bienes y derechos incorporales. Este último no se encuentra contemplado en el Código actual.

b. Se incluye en el anteproyecto, el embargo de caja de seguridad, figura que no se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Civil actual.

c. En lo concerniente a los embargos conservatorios de naves marítimas, aéreas y vehículos de motor, se puede apreciar que fue cambiado el procedimiento. En el Código vigente, en los embargos de vehículos de motor, primero se embarga y luego se hace la oposición. Sin embargo, en el anteproyecto, se primero la notificación a la otra parte y después se procede al embargo. Para el embargo de naves marítimas y aéreas, se hace la oposición directamente a la institución de dar u otorgar la matricula y dicha oposición tiene la validez de embargo.

d. Dentro de las diferencias más evidentes entre el Código de Procedimiento Civil vigente respecto al anteproyecto es la reducción de los plazos en los procedimientos. Podemos mencionar por ejemplo el plazo otorgado por los jueces de acuerdo al Código vigente de dos meses, siendo en el anteproyecto un intervalo de ocho días a 30 días, a pena de nulidad del embargo.

e. En el anteproyecto el embargante debe de demandar el cobro de crédito y la validez del embargo ya trabado de forma conjunta. A diferencia del Código vigente, el embargante o persiguiente puede demandar por separado.

f. Cuando se le notifica al deudor un mandamiento de pago, luego de validado el embargo conservatorio, según el Código vigente se le otorga a este un día franco para el pago del crédito. En el anteproyecto, este plazo es aumentado a no menos de cinco días.

g. En el anteproyecto es sustituido el término “legua” por “kilometro”; además han cambiado los nombres y las modalidades de los embargos.

EMBARGO RETENTIVO

a. El Código de Procedimiento Civil vigente establece que el embargo retentivo hecho en manos de los receptores, depositarios o administradores de caudales públicos, y en esta calidad no será valido si el acto no se hace a la persona designada por la ley para recibirlo, mientras que en el anteproyecto especifica o designa una persona exclusiva para recibir la notificación del embargo retentivo que en este caso, seria el tesorero del organismo.

b. En el Código de Procedimiento Civil actual lo que tiene que ver con el embargo retentivo concerniente al plazo para validar el embargo cabe notar que el plazo es de 8 días mas un día por cada tres leguas de distancia entre el domicilio del tercer embargado y el ejecutante y un día por cada tres leguas (Una legua es igual a cinco kilometro y medio) de distancia entre el domicilio del ejecutante y del deudor embargado. Mientras que en el anteproyecto además del plazo de 8 días, especifica un día por cada 30Kms. O fracción mayor de 15 kms. De distancia entre el domicilio del tercer embargado y el domicilio del embargante.

c. En la actualidad, según el código vigente cuando el tercer embargado no hiciere su declaración, o no presentare las comprobaciones ordenadas en los artículos anteriores, será declarado deudor puro y simple de las causas del embargo, mientras que en el anteproyecto además de condenar al tercer embargado como deudor puro y simple por incumplimiento a su papel de rol de embargado también podrá ser condenado a pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.

HIPOTECA JUDICIAL PROVISIONAL

a. En el código actual una vez transcribe la hipoteca judicial provisional el acreedor notificará el auto que autoriza la inscripción provisional de la hipoteca judicial, al deudor embargado en un plazo de 15 días de su inscripción. Mientras en el ante proyecto además de notificar el auto que sirvió de soporte para la inscripción de la hipoteca judicial provisional también deberá notificar la instancia de solicitud de inscripción de hipoteca.

EMBARGO DEL DEUDOR TRANSEÚNTE

a. Conforme a las disposiciones del embargo del deudor transeúnte el que embarga será el depositario de los efectos, si están en su poder; y en caso contrario se establecerá uno. Mientras que en el anteproyecto expresa que en ningún caso sea elegido como depositario de los bienes embargado al deudor transeúnte o embargado.

EMBARGO EN REINVINDICACION

a. En el embargo conservatorio en reivindicación, según lo expuesto en nuestro código procesal actual al momento de practicarse el embargo donde se encontraren los objetos que se quieren reivindicar si se rehusare a la entrada o se opusiere al embargo, se recurrirá al Juez para que decida el referimiento, suspendiéndose no obstante el embargo sin perjuicio de la facultad que tiene el requirente de establecer un guardián a la puerta de la casa a diferencia del Anteproyecto del Código Procesal Civil; que cuando se dieran estas mismas condiciones que hemos expresado, el alguacil podrá designar parte de los auxiliares del ministerio publico para que impidan la sustracción de los objetos que los guarnecen; recurrirá en el instante sin citación, por ante el Juez de Paz de la jurisdicción y en los lugares donde no hubiere Juez de Paz, ante el alcalde pedáneo, en presencia del cual tendrá lugar a la apertura de las puertas del establecimiento y aun, de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el embargo lo hayan requiriendo.

b. En el Código de Procedimiento Civil actual este embargo será a penas de daños y perjuicios, mientras que en el Anteproyecto es a pena de inadmisibilidad.

c. En el Código de Procedimiento actual este embargo se procederá en la misma forma que el embargo ejecutivo, salvo que el mismo contra cuya persona se trabe, pueda ser constituido depositario. Mientras que en el Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, este embargo se procederá de la misma forma que el embargo conservatorio de muebles corporales, pero aquel contra quien se llevare a cabo la medida no podrá ser constituido depositario.

EMBARGO DE LOCACION

a. Mientras que en el presente código procesal civil los propietarios e inquilinos principales de casas o bienes rurales que hayan o no contratos por escrito pueden después de un día del mandamiento de pago y sin previo permiso del juez de Paz, hacer embargar por deudas de alquileres y arrendamientos vencidos, los efectos y frutos que se encuentren en dicha casa o establecimientos rurales. Mientras que en el Ante Proyecto venidero, además de los propietarios e inquilinos principales de casas o bienes rurales adicionan lo que tiene que ver con los edificios y apartamentos.

b. El Código Procesal Civil vigente, expresa en su art. 821, referente al derecho de los propietarios sobre los bienes muebles, efectos y frutos de su inquilino que cuando se va a trabar el mismo se hará de la misma forma que el embargo ejecutivo, mientras que el Ante Proyecto del Código Procesal Civil se hará en la misma forma del embargo conservatorio de muebles corporales. y a falta de disposiciones de este último se aplican las disposiciones relativas al embargo ejecutivo de MUEBLES CORPORALES.

BIBLIOGRAFIA

- Código de Procedimiento Civil Dominicano, Republica Dominicana.

Anteproyecto del Código Procesal Civil Dominicano, República Dominicana

Infracciones y penas

2017-03-10T09:37:00.005-08:00

Infracciones y su Clasificación

El Código Penal Dominicano establece diferencias entre los tipos de infracciones y las penas que son aplicadas a estas; clasifica las infracciones según su gravedad, con el sistema tripartito de la forma siguiente:

1. Contravención

2. Delitos

3. Crímenes

Cuando las infracciones son castigadas con penas de policía son denominadas como contravenciones. Sin embargo, cuando estas infracciones son castigadas con penas correccionales son delitos y si conllevan penas aflictivas o infamantes son denominadas como crímenes. (Artículo 1 C.P.).

Esto permite la individualización, la sociedad reacciona con mayor intensidad a los crímenes y es de utilidad práctica: determina la competencia de los tribunales, el jurado conoce los crímenes, las correccionales los delitos y la policía las contravenciones.

Sin embargo, esta clasificación no muestra diferencia cualitativa entre crimen y delito, una lesión puede ser ambas, según la menor o mayor gravedad de sus consecuencias.

Los crímenes que no se llegan a consumar son considerados como tentativas, y son considerados como crímenes, cuando el autor no logra su propósito por causas ajenas a su voluntad, y la apreciación de esto es atribución de los jueces (Articulo 2 C.P.)

A pesar de lo expuesto anteriormente, las tentativas de delito no se reputan como delitos, solamente si lo establece una disposición especial de la ley (Artículo 3 C.P.). Cualquier infracción cometida solo podrá penarse de acuerdo a ley promulgada con anterioridad al hecho cometido (Artículo 4 C.P.). Todas estas disposiciones no aplican a infracciones de índole militar (Artículo 5 C.P.).

Clasificación de las Penas

De acuerdo al Código Penal, las penas en materia criminal se clasifican en:

· Aflictivas e infamantes

· Infamantes solamente

En este sentido las penas aflictivas e infamantes (Artículo 7) son las siguientes:

1. Penas de 20 años y 30 años de trabajos públicos.

2. Penas de trabajos públicos.

3. La detención.

4. La reclusión.

En el ámbito correccional (Artículo 9 C.P.), las penas establecidas en el Código Penal son las siguientes:

· El destierro

· El confinamiento

· La prisión temporal

· La interdicción por determinado tiempo de ciertos derechos cívicos, civiles o de familia.

· La multa.

La ley establece las distintas penas en materia de crímenes, delitos y contravenciones y estas se deben imponer, no obstante a la restitución en daños y perjuicios que puedan recibir los agraviados (Artículo 10 C.P.).

En ese sentido, en materia criminal y correccional (Artículo 11 C.P.) son penas comunes las siguientes:

1. La sujeción del condenado a la vigilancia de la alta policía

2. La multa y la confiscación especial del cuerpo del delito cuando sea propiedad del condenado

3. La confiscación de las cosas producidas por el delito

4. La confiscación que las cosas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin.

Duración de las Penas

El Código Penal establece en sus artículos 17 y 18, la condena a trabajos públicos, donde se afirma que esta lleva consigo la privación de los derechos cívicos y civiles. Siendo la pena mínima de tres años y máximo de veinte años.

Una vez un individuo reciba una condena a ser detenido (Artículo 19 C.P.), debe ser recluido en los recintos destinados para este fin en la República Dominicana. Estas personas condenadas tendrán comunicación con las personas a cargo dentro del recinto de detención.

La comunicación con las personas de fuera será observando los lineamientos y reglamentos que han sido establecidas por el Poder Ejecutivo. La detención no puede pronunciarse por menos de tres años ni por más de diez (Artículo 21).

La persona condenada a reclusión, sea mujer u hombre, se enviará para su encierro en una cárcel pública destinada para estos fines empleada en trabajos, cuya regulación está a cargo del Estado (Artículo 22).

Estas penas tendrán una duración máxima de cinco años y una duración mínima de dos años, según lo establece el artículo 23 del Código Penal Dominicano.

BIBLIOGRAFIA

- Código Penal de la Republica Dominicana. Disponible en: www.oas.org/juridico/Mla/sp/.../sp_dom-int-text-cp.pdf

El contrato de alquiler

2017-03-10T09:36:00.002-08:00

EL CONTRATO DE ALQUILER

Origen del Contrato de Alquiler

Desde el antiguo Derecho Romano, el contrato de arrendamiento era creador de obligaciones, pero no traslativo de derecho reales; entre el arrendador y el arrendatario no se originaba sino relaciones de obligaciones, sin derecho real.

Con la celebración del contrato de alquiler el propietario solamente transfiere el derecho de ocupación y el usufructo o goce del inmueble pero retiene el derecho de propiedad sobre el mismo.

En el arrendamiento de cosa se cede al conductor el uso, o bien el uso y el disfrute de un inmueble, o mueble no consumible, a cambio de una renta que el arrendatario se obliga a pagar. Esta merced que el arrendador recibe por el arrendamiento de una cosa tiene la consideración de fruto civil.

En esta clase de arrendamiento se distinguen dos tipos de arrendatarios: el conductor de fincas urbanas es el inquilinus, y el de fincas rústicas, colonus. El arrendatario se presenta como un simple detentador, mientras que el arrendador posee por su mediación.

El derecho del primero es personal, por lo que no se encuentra facultado para defender judicialmente la cosa, de modo que si el arrendador le impide el uso, el derecho del que goza el arrendatario se limita a la exigibilidad de una indemnización.

Lo mismo acontece cuando un nuevo propietario de la cosa en arriendo toma una posición contraria al contrato y priva al arrendatario del uso de la cosa arrendada. Sin embargo, el arrendador se ve presionado a responder de cualquier perjuicio culposo que le produzca al arrendatario.

Conceptualización sobre el Contrato de Alquiler

El contrato de locación o arrendamiento es aquel en virtud del cual una persona se compromete a dar a otra el uso y goce de un objeto, durante un determinado tiempo y por un precio convenido de antemano.

En la práctica, este concepto genérico se aplica a todo aquello que implique el alquiler de un bien, sea éste mueble o inmueble. Otra acepción muy parecida sería: el arrendamiento o locación es un contrato por el cual una persona se compromete a proporcionar a otra el goce temporal de una cosa mediante un precio al tiempo.

Marco Legal del Contrato de Alquiler

El contrato de locación está reglamentado por las disposiciones contenidas en los artículos 1708 al 1762 del Código Civil, pero por mandato del artículo 1134, del Código Civil, las partes pueden acordar clausulas y situaciones distintas a las contenidas en estos artículos, bajo la condición de que no sean violatorias al orden público y las buenas costumbres.

Al igual que los demás contratos, el contrato de alquiler se rige por el Código Civil en lo referente a las condiciones esenciales para su celebración, las cuales son:

1. El consentimiento de las partes, que se obligan una respecto a la otra, sin la cual seria nulo de pleno derecho;

2. La capacidad legal de las partes para contratar, es decir, ser dueño o tener poder legal o especial para celebrar el contrato, tener la edad requerida por la ley, y aun teniendo la edad requerida, no estar interdicto o imposibilitado legalmente para ello;

3. La existencia de un objeto cierto que forme la materia, y

4. Una causa licita; es decir, que no contravenga la ley, ni a las reglas del orden público ni las buenas costumbres.

Características del Contrato de Inquilinato

Las principales características del contrato de inquilinato son las siguientes:

a) Es un contrato consensual, ya que para su formación no se exige ningún requisito especial de solemnidad, solo basta el consentimiento de las partes.

b) Es un contrato sinalagmático, porque supone obligaciones alternas a ser cumplidas por cada una de las partes.

c) Es un contrato oneroso, porque el alquiler supone el pago de una determinada suma de dinero.

d) Es un contrato de cumplimiento sucesivo, aunque en principio los contratos están afectados por términos o condiciones las legislaciones especiales en la materia suelen conceder determinados derechos al inquilino para mantenerse en los lugares alquilados.

e) Es un contrato conmutativo, porque las partes pueden percibir las ventajas al momento de suscribir el contrato de alquiler.

Obligaciones del Propietario y el Inquilino

En materia de alquiler, ambas partes tienen obligaciones frente a la otra. Primeramente, las obligaciones del propietario son las siguientes:

a) Entregar la cosa arrendada al arrendatario.

b) Conservar la cosa arrendada a fin de que sirva a los fines del arrendamiento.

c) Garantizar al arrendatario el libre disfrute de la cosa arrendada.

d) Dar garantía al arrendatario de los vicios y defectos de la cosa arrendada.

e) Responder frente al arrendatario por los daños o perdidas sufridos por él a consecuencia de los vicios o defectos de la cosa arrendada.

f) Indemnizar al inquilino, en caso de que haya procedido a vender el inmueble, y el nuevo propietario solicite su expulsión.

g) Entregar al inquilino la cosa alquilada, es decir, poner a su disposición el objeto del contrato de inquilinato.

h) Conservar la cosa en estado de servir para el uso para la que ha sido alquilada.

Por otro lado, el inquilino tiene obligaciones y derechos respecto al propietario del bien inmueble. Las obligaciones del inquilino son las siguientes:

a) Usar la cosa alquilada como buen padre de familia

b) Pagar el precio del arrendamiento en la forma, lugar y plazos convenidos.

c) Devolver el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió.

d) Responder por los daños y pérdidas sufridas por el inmueble durante su posesión, salvo que no sea por culpa suya.

e) Responder en caso de incendio, salvo caso de fuerza mayor.

f) Responsabilidad del inquilino.

El inquilino de un inmueble tiene libre disfrute del mismo, por lo que tiene derecho, entre otras: primero, a no ser molestado en el disfrute del dominio útil del inmueble (artículo 1726 C.C.); esto es, a realizar todas las actividades que no colidan con el orden público y las buenas costumbres, siempre que no violen las estipulaciones del contrato.

Y segundo, a ocuparlo junto a su familia y conyugue, aunque al momento del contrato no haya estado casado.

BIBLIOGRAFIA

- Código Civil Dominicano, República Dominicana.

- Romero Butten, Carlos. (2001) Tratado Elemental de Derecho Civil. Santo Domingo, Librería Jurídica Virtual/Ediciones Jurídicas Trajano Potentini,

- Petit, Eugene.(2006) Tratado Elemental de Derecho Romano. Valetta: México.

Comparación del Derecho Cubano y el Derecho Mexicano

2017-03-10T09:34:00.002-08:00

DERECHO CUBANO

Generalidades

Cuba se encuentra localizada en el archipiélago de las Antillas; es la isla de mayor tamaño, con un área total de un 110, 922 km². De acuerdo al censo de población y vivienda del año 1992, Cuba tiene una población de 10,848,000 habitantes.

Cristóbal Colón descubrió Cuba el 27 de octubre de 1492, dándole el nombre de Juana en honor al primogénito de los Reyes Católicos. Se mantuvo siendo una colonia española hasta finales del siglo XIX.

La lucha independentista de Cuba se inició en 1868 con la Guerra de los 10 años, arreciándose en 1895, siendo España derrotada en la guerra Hispanoamericana en 1898. Cediendo las colonias de Filipinas, Puerto Rico, Guam y Cuba a los Estados Unidos.

El 20 de mayo de 1902 nace la República Cubana, liberándose de los Estados Unidos, con la toma de posesión de su primer presidente, Tomás Estrada Palma.

Proceso Ideológico de la Revolución Cubana

Los antecedentes del actual régimen político cubano se sitúan en 1959, al derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, quien fue elegido posterior a un golpe de Estado en 1952.

Sin embargo, este fue derrocado por la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, teniendo Fulgencio Batista que huir al exilio. Primero se ubicó en la Republica Dominicana, luego en la isla portuguesa de Madeira y por último en España, donde se mantuvo hasta su muerte en 1973.

La Revolución Cubana condujo a la dirección político-ideológica del marxismo-leninismo, y pasa del anti-imperialismo al socialismo. La transformación de la isla en un país socialista se hizo mediante la implementación de medidas económicas, políticas, sociales y culturales.

De las medidas más importantes tomadas por el régimen de Fidel Castro están la reforma agraria y la colectivización del sector agrícola y ganadero. También, entre las anteriores se puede destacar, la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción debido a la socialización de la industria.

Estados Unidos y Cuba después de la Revolución

El 3 de enero de 1961, Estados Unidos y Cuba cortaron sus relaciones diplomáticas. Esto provocó que Fidel Castro se acercara a la Unión Soviética, recibiendo esto que recibieran de los rusos suministros de armas y petróleo.

Hubo intentos en derrocar el recién instalado régimen en 1961, lo que la historia conoce como la batalla más importante en el Caribe, en Bahía de Cochinos. Este intento que frustrado, cerrando una época en Cuba; en 1962, Cuba fue expulsada de la OEA.

El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba fue parcialmente impuesto en octubre de 1960. Inicialmente el embargo fue una respuesta a las expropiaciones por parte de Cuba de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla.

En febrero de 1962, Estados Unidos recrudeció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. Cuba enfrentó por más de 30 años la política exterior de los Estados Unidos. A pesar de la extendida crítica internacional, el 2 de septiembre de 2010 el presidente de los Estados Unidos Barack Obama extendió el embargo contra Cuba hasta el 14 de septiembre de 2011.

Principios de Organización y Funcionamiento de los Órganos Estatales

El Estado cubano se basa en los principios de la democracia socialista. Según la Constitución cubana en su artículo 68, todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables.

La constitución establece que las disposiciones de los órganos estatales inferiores superiores son obligatorias para los inferiores. Los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión.

Los delegados del Poder Popular o los miembros de sus comités ejecutivos, de la misma manera en que son elegidos democráticamente por el pueblo, pueden ser revocados por sus electores en cualquier momento.

La Asamblea Nacional del Poder Popular

El órgano supremo del Estado cubano es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y este representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Es el único organismo con poder constituyente y legislativo en la República.

La Asamblea Nacionales está compuesta de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores. Esta asamblea es elegida por cinco años; aunque en casos especiales y excepcionales puede extenderse.

Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se encuentra el poder acordar reformas constitucionales, discute y aprueba el presupuesto del Estado, aprueba los lineamientos generales de la política exterior e interior y declarar el estado de guerra.

El Consejo de Estado

Este organismo, es parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus funciones son establecidas en el artículo 90 de la Constitución Cubana, tales como disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

También, se encarga de dictar decretos-leyes, entre uno y otro periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Imparte instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

La Fiscalía General de la Republica recibe instrucciones del Consejo de Estado. Este último hace las designaciones y remociones, propuestas por el Presidente, de los representantes diplomáticos de Cuba entre otros Estados. La Fiscalía tiene entre sus atribuciones el control y preservación de la legalidad, sobre la base del estricto cumplimiento de la Constitución.

Además de dichas funciones, el Consejo de Estado concede indultos, ratifica y denuncia tratados internacionales. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de las renovaciones periódicas de aquella.

El Consejo de Ministros

Este organismo es el máximo ente ejecutivo y administrativo y constituyente del Gobierno de la República de Cuba. Según lo establece el artículo 98 de la Constitución cubana, son atribuciones del Consejo de Ministros, entre otras, organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, entre otras.

También, dirige y controla el comercio exterior, elabora los proyectos legislativos y promueve la defensa nacional, el mantenimiento del orden y la seguridad interiores. En el orden administrativo, unifica, coordina y fiscaliza la actividad de los organismos de la Administración Central y de las Administraciones Locales.

La Asamblea Nacional del Poder Popular

Este es considerado como el órgano supremo del poder del Estado cubano; el único con potestad constituyente y legislativa en la República.

La Asamblea Nacional del Poder Popular está compuesta por diputados elegidos por el voto libre por un término de cinco años. Tiene entre sus atribuciones está el de elegir a la presidencia de la Asamblea y el Consejo de Estado y la de elegir miembros de instituciones judiciales de nivel nacional tales como la Fiscalía General de la Republica y el Tribunal Supremo Popular.

Los planes nacionales de desarrollo económico y social son discutidos y aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. También, ejerce la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno y, por ende, revoca la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella.

El Tribunal Supremo Popular y Demás Tribunales

Dentro del sistema judicial, el Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial. Sin embargo, a través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Los jueces tienen independencia al impartir justicia, pero siguiendo los principios marxistas-leninistas. Existen los jueces profesionales y los jueces legos, con igualdad de derechos y deberes. Los jueces profesionales ejercen sus funciones por un periodo de 5 años, mientras que los jueces lego por un periodo de dos años y medio.

Todos los tribunales funcionan de forma colegiada. Desde 1977, en que se aprobó la ley de Organización del Sistema Judicial existe un sistema judicial único integrando los diferentes tipos de tribunales existentes antes y después de la revolución.

DERECHO MEXICANO

Generalidades

La lucha por la independencia fue iniciada por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en el año 1810. Sin embargo, la independencia de España se cristalizó el 21 de septiembre de 1821. A partir de este momento, Nueva España pasó a ser el Imperio Mexicano.

Esto se extendió sólo por un par de años, hasta 1823; a partir de este momento se conformó la república federal. La independencia de México fue reconocida por España en el año 1836 luego de la muerte del Rey Fernando VII.

Entre 1846 y 1848 se desarrolló la intervención estadounidense en México o guerra Estados Unidos-México, la cual fue un conflicto bélico que enfrentó a México y a los Estados Unidos. Este conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de América.

México perdió el 55% de su territorio durante la guerra, cediéndolo a Estados Unidos. Esto significó una pérdida de dos millones de kilómetros cuadrados de su territorio.

El primer gobierno constitucional de México, fue Benito Juárez en 1857-1861; introdujo una Constitución liberal que seculariza las tierras de la Iglesia. Juárez fue quien más combatió este despojo contra México.

Supremacía de la Constitución

La primera constitución la propuso Ignacio López Rayón, denominada Elementos Constitucionales. Sin embargo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la que consagró la justicia social y la primacía de la Constitución hasta nuestros días.

Sólo la Constitución es suprema en México; ni el gobierno federal, ni la autonomía de sus entidades, ni los órganos del Estado son soberanos, sino que todos ellos están limitados por la Constitución.

En tal sentido, solo el Poder Judicial federal puede interpretar la Constitución, por aplicación del mecanismo de protección constitucional. La interpretación constitucional mexicana es emitida por los tribunales federales a través de una figura jurídica denominada jurisprudencia obligatoria.

Los Tres Poderes del Estado

Según la Constitución mexicana, en el artículo 80 establece que el poder Ejecutivo recae en un solo individuo, al cual se denomina “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

La elección del presidente es de forma directa por seis años, sin tener la opción de reelegirse. Si el presidente faltase por los primeros dos años de su mandato, el Congreso elegirá el presidente que concluirá el periodo.

El poder legislativo está constituido por el Congreso General, compuesto por las Cámaras de Diputados y de Senadores. Los Diputados son 500, y elegidos para un periodo de tres años. De estos 500, solo trescientos son elegidos bajo el principio de elección mayoritaria y doscientos por el principio de proporcionalidad.

La Cámara de Senadores está compuesto por dos senadores por cada Estado y elegidos por un periodo de seis años. Son elegidos directamente por sufragio mayoritario.

En lo que concierne al Poder Judicial, el organismo superior de este poder del Estado es la Suprema Corte de Justicia. En esta recae el nombramiento de los jueces de los Tribunales de Circuito y jueces de Distrito.

El jurado federal, tiene por objeto resolver por medio de un veredicto las cuestiones de hecho que con arreglo a la ley le someta un Juez de Distrito. Por otro lado, el Ministerio Público Federal se encarga de la persecución, investigación y represión de las faltas y delitos establecidos en las leyes federales.

Diferencias entre Derecho Cubano y Mexicano

Entre los derechos cubano y mexicano existen marcadas diferencias que podemos delimitar en el siguiente cuadro:

Derecho Cubano	Derecho Mexicano
La organización política de Cuba es socialista, abrazando el marxismo-leninismo como ideología oficial y desarrollando políticas socioeconómicas igualitarias.	La organización política de México es una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos.
Parlamento unicameral	Parlamento bicameral: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
Sistema unipartidista.	Sistema tripartidista, teniendo el PRI mayor periodo de dirección del Estado
La potestad de administrar justicia, corresponde a los Tribunales Populares. El Tribunal Supremo Popular (TSP) tiene la máxima autoridad judicial	El poder judicial en México está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.
Todos los tribunales funcionan de forma colegiada	Existen tribunales unipersonales y colegiados.
Existen jueces legos, los cuales son aquellos ciudadanos cubanos sin titularidad jurídica, imparten justicia en las distintas instancias de los tribunales populares	Los jueces legos, no letrados o no profesionales forman parte de un tribunal de composición múltiple que recibe el nombre de jurado
El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo del Poder Ejecutivo.	El poder Ejecutivo recae en un solo individuo, al cual se denomina “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”
En Cuba se admite el control de constitucionalidad por acción popular, instada por cualquier persona del pueblo o un grupo de personas.	Supremacía de la Constitución.
El Ministerio Público es el único facultado para ejercer la acción penal en el proceso correspondiente y recibe instrucciones del Consejo de Estado	El Ministerio Público Federal es una institución que tiene por objeto ejercitar ante los tribunales las acciones penales correspondientes para la persecución, investigación y represión de las faltas y delitos penados por las leyes federales.

BIBLIOGRAFIA

· Tobal, Vinicio (2001) Derecho Comparado Contemporáneo, 2da Ed. Santo Domingo: Editora Alfa & Omega.

· Wikipedia. Constitución de Cuba. Recuperado: Enero 27, 2013. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Constitucion_cubana

· Wkipedia. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Recuperado: Enero 27, 2013. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_México

Oficina Nacional de Defensa Pública

2017-03-10T09:32:00.002-08:00

Historia de la Oficina Nacional de la Defensa Pública

La Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución que brinda servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.

Antes de todas las iniciativas relativas a la defensa pública, sólo existía el abogado de oficio (102 abogados de oficios en todo el país), quien era empleado del tribunal, dependiente del juez y quienes brindaban una labor mediatizada porque ingresaban tarde al proceso y porque carecían de toda capacitación y supervisión.

Existió una experiencia preliminar en materia de defensa pública cuando en el 1993 se implementó un proyecto piloto financiado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Dicho proyecto concluyó y fue trasladado al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. En 1998, al pasar este programa a manos del Comisionado, continuó hasta que por razones presupuestarias y de voluntad política trajeron como consecuencia el despido de todo el personal y desaparición de dicho proyecto.

Por lo que, desde que surgió la entonces Oficina Nacional de Defensa Judicial, mediante la Resolución No. 512-2002, de fecha 19 de abril del 2002, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; la cual estableció no sólo la creación de dicha oficina, sino también que la única forma de ingreso de los defensores fuera una concurso de méritos y oposición y la posterior capacitación.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley No. 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, en fecha 12 de agosto del 2004, dicha ley en su artículo 35 estableció también como una forma de ingreso el someterse a concurso público de méritos y oposición y posteriormente aprobar el programa de formación inicial para aspirantes a defensores públicos.

Se eligió tener una forma transparente y única de ingreso a la defensa pública como forma de que los participantes se ganaran a mérito propio su posición dentro de la defensa y no fueran fruto de nombramiento por amistad o compromiso de ningún tipo.

Estructura Organizacional

La Oficina Nacional de la Defensa Publica es una institución que está establecida a nivel nacional, para brindar el servicio de defensa legal gratuita a personas que ni tienen la disponibilidad obtener un abogado que se encargue de la defensa del imputado.

La Defensa Publica es independiente administrativa y presupuestariamente. El Servicio Nacional de Defensa Publica fue creado por la Ley 277-04, y está conformado por las siguientes instancias:

· Consejo Nacional de la Defensa Publica

· La Dirección Nacional de la Oficina

· Los Coordinadores Departamentales

· Los Coordinadores Distritales

· Los Defensores Públicos

· Los Defensores Públicos Adscritos

· El personal administrativo y técnico

La máxima autoridad de la Oficina Nacional de Defensa Publica es el Director, y es nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de un listado que es propuesto por el Consejo Nacional de la Defensa Publica.

Marco Legal de la Oficina Nacional de la Defensa Pública

La ley 277-04 es la que crea el Servicio Nacional de la Defensa Publica, la cual vino a sustituir el esquema anterior que asignaba a los abogados de oficio a los imputados que no tuvieran quien les representara legalmente ante la justicia.

De acuerdo a la legislación vigente, para poder integrar el Servicio Nacional de la Defensa como defensor se requiere entre otras cosas, ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, además de ser abogado. Su cargo es incompatible con cualquier cargo público, privado o partidario.

La misma ley otorga categorías a los defensores públicos, las cuales son:

Categoría I – los de recién ingreso.

Categoría II – a partir de los dos años y buen desempeño.

Categoría III – a partir de los cuatros años y buen desempeño en sus funciones.

Coordinador de Distrito

Coordinador Departamental

Asignación de los Defensores Públicos a Imputados

En la Cárcel Preventiva, la cual se encuentra próxima al Palacio de Justicia, cuando son llevados los imputados, se les entrevista para saber si tienen algún abogado asignado, y cuando la respuesta sea negativa se le asigna un defensor público.

Ya cuando el defensor se apodere del caso, este procede hacer un levantamiento de información con el mismo imputado. Se procede a preguntarle cual es el motivo por el cual se le acusa, si existen testigos, donde están sus familiares, si sus derechos fueron violentados al momento del arresto, si anteriormente había sido encarcelado, entre otras informaciones importantes para elaborar un expediente.

BIBLIOGRAFÍA

· Oficina Nacional de la Defensa Pública. (2011, Noviembre) Disponible en: http://www.defensapublica.gov.do/

· República Dominicana. Ley 277-04 que crea el Servicio Nacional de la Defensa Publica.

Etapas del Derecho Penal

2017-03-10T09:29:00.003-08:00

FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL

Dice Soler que buscando las raíces del derecho penal, se encuentra la primera relación entre éste con lo prohibido en grado supremo; esta idea prehistórica se encuentra vinculada a un sistema en el que se confunde lo prohibido en un principio mágico, religioso, el cual modernamente se lo ha llamado sistema de prohibición tabú.

Este tipo de prohibiciones tienen un fundamento mágico que asume la forma de hechizo en forma positiva y como desgracia en forma negativa. Por lo tanto no es dable considerar a la venganza como el origen de la actividad represiva, ya que se estarían descuidando un gran número de prohibiciones que no tienen su fundamento en algo simple y natural, sino que en un aspecto sobrenatural o religioso.

Derecho Penal Primitivo

Los caracteres de las prohibiciones tabú, que tiene importancia en el contexto de la evolución, son básicamente los que se detallan debiendo tenerse presente que los cambios que incorporan a la venganza importan una evolución y son más propios de los pueblos bárbaros que de los salvajes:

Las primitivas formas de la ilicitud no importa la trasgresión a bienes elementales, sino que encuentra sus razones en cuestiones artificiosas y sociales.

El conjunto de prohibiciones no forma un sistema acabado, como los códigos actuales ya que tiene un gran número de preceptos que no tutelaban bienes jurídicos.

Las sanciones tienen un carácter expiatorio, religioso y fatal.

La relación punitoria o expiatoria es objetiva, o sea que no importa si el sujeto actuó consciente o inconscientemente.

La responsabilidad no es siempre individual.

Formas Protohistóricas e Históricas

Las instituciones penales han alcanzado, según cada pueblo, diferentes formas, que deben ser entendidas solo como esquemas generales y no como formas históricas y necesarias en todos los pueblos. Las principales son, tal como se explicara en los párrafos anteriores:

La Venganza: se encuentra esta forma de retribución que generalmente se da bajo la forma colectiva, debido a que el hombre se agrupaba en familias, clanes, tribus, y así la venganza también alcanzaba no solo al ofensor, sino que también a su grupo produciéndose una verdadera guerra.

Sistema de la Ley del Talión: la venganza se limita en una cantidad equivalente al daño sufrido por el ofendido (ojo por ojo; diente por diente).

Expulsión de la Paz: consistía en la separación del sujeto del conjunto social al que pertenece, algo semejante al destierro que por aquel entonces equivalía a la esclavitud o a la muerte segura. Representaba un paso torpe y rudimentario hacia la individualización de la pena.

Sistema de la Composición: consiste en compensar la ofensa delictiva mediante un sistema de pagos.

Una manifestación actual de venganza privada es el "duelo" (artículos 97 a 103 CP) o la "justicia por mano propia".

DE QUE MANERA SE RELACIONA EL DERECHO PENAL CON ECONOMIA, ESTADISTICA, ANTROPOLOGIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, CRIMINOLOGIA Y MEDICINA LEGAL

Sociología: El comportamiento criminal, el comportamiento y la pena, tienen en su explicación un fundamento sociológico. Con base en la sociología es posible entender y quizá prever el delito y ciertas conductas que, sin llegar a ser delictivas, afectan seriamente a la sociedad. El estudio del grupo social y su comportamiento es vital para el Derecho Penal y ciencias afines.

Criminología: Ciencia no jurídica, perteneciente al mundo del "ser" y que estudia la conducta antisocial y el delito, así como el autor de este, desde un punto de vista distinto del normativo, se considera básica en el análisis del Derecho Penal, pues permite examinar las causas del delito y la personalidad del delincuente.

Medicina Forense: Esta rama de la medicina general coadyuva en la investigación de determinados delitos, como lesiones, aborto, infanticidio, homicidio y algunos sexuales principalmente, con lo cual logra una adecuada y mas justa administración de justicia, pues esclarece las dudas que se le presentan al Derecho Penal.

EN QUE CONSISTÍA LA VENGANZA HUMANITARIA CONTEMPORÁNEA

Desde que la sociedad existe como tal -desde las primeras agrupaciones humanas-, el hombre conoce el fenómeno de la criminalidad. Esta se manifiesta en todas las sociedades. Constituye uno de los aspectos constantes de la vida social, hasta el punto que hoy no se considera la criminalidad como un fenómeno anormal del grupo social, sino como algo connatural a toda sociedad organizada, siendo sólo lo anormal los bruscos crecimientos o decrecimientos de las tasas de delito. Con base a ello, se han señalado como características del fenómeno criminal su permanencia y su actualidad.

El manejo que en forma común han transmitido los juristas de la historia del Derecho Penal es la siguiente: Venganza Privada; Venganza Divina; Venganza Pública; Defensa del Poder Absoluto; Período Humanitario y Etapa Científica.

VENGANZA PRIVADA.- En esta etapa fue el impulso de la defensa o la venganza ratio essendi (razón de ser) de todas las actividades provocadas por un ataque injusto. Durante esta época, la función punitiva la ejercían los particulares, pues cada particular, cada familia y cada grupo se protege y se hace justicia por sí mismo, sin embargo, debido a los excesos cometidos por los ofendidos al realizar su "venganza", surgió lo que se conoce como la ley del talión, que no fue otra cosa, sino una medida moderadora, pues sólo se le reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de igual intensidad al sufrido. Fue poco después que nació la compensación, mediante la cual se autorizaba para que ofendido y ofensor, nombrasen representantes que moderaran los reclamos recíprocos y acordaran la cantidad del castigo.

VENGANZA DIVINA.- Al lado del período conocido como venganza privada, se gestó dentro de organizaciones sociales más cultas, el principio teocrático y éste vino a convertirse en fundamento del derecho penal, pues no se castigaba al culpable para satisfacer al ofendido, sino para que aquél expiase la ofensa causada a Dios con su delito. En general, esta época fue manejada por la clase sacerdotal.

VENGANZA PUBLICA.- Durante esta etapa, se empieza a hacer distinción entre delitos privados y públicos, según el hecho lesione de manera directa los intereses de los particulares o el orden público. Es entonces cuando aparece la etapa llamada "venganza pública" o "concepción política"; los tribunales juzgan en nombre de la colectividad. Este fue una inmensa época, de propósitos retributivos y a lo sumo intimidantes, con fines de prevención general, en que se aspiraba a utilizar al delincuente en provecho del Estado (minas, galeras).

DEFENSA DEL PODER ABSOLUTO.- En este período, el motivo para prohibir o para castigar no fue ni la ofensa al individuo, ni la ofensa a la divinidad; fue la ofensa a la majestad soberana, y la voluntad soberana, que imponía el castigo, al tornarse autócrata, encontró su razón en sí misma, mediante un círculo vicioso. Las penas no tuvieron otra medida que el capricho o el temor de los gobernantes, o la necesidad de consolidar con sangre un cetro empleado como azote de la nación.-

PERIODO HUMANITARIO.- Nació como reacción a la excesiva crueldad imperante en la aplicación de penas. Dentro de esta corriente, se pugna por la exclusión de suplicios y crueldades innecesarios, se propone la certeza contra las atrocidades de las penas, se preconiza la peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y de las penas.

ETAPA CIENTÍFICA.- En esta etapa, el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación de la personalidad del delincuente y hay que readaptar a éste a la sociedad corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal corrección es el pivote sobre el cual gira este nuevo período. La pena como sufrimiento carece de sentido; lo que importa es su eficacia, dado aquel fin. Las ciencias criminológicas vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo período en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que se destaca en el primer término del panorama penal.

La fianza del extranjero

2017-03-10T09:26:00.001-08:00

Fianza del Extranjero

La exclusión del convenio de París de 1928 hace que todo los individuos de los países signatarios gozan de los mismos derechos que los nacionales en un país extranjero, pero cada país tiene derecho a poner sus propias reglas procesales.

Como la fianza del extranjero es un requisito procesal no contradice el convenio de París de 1928 en cuanto a los derechos de los individuos. Si en el medio de la demanda se cambia de nacionalidad, ya no se debe la fianza.

Esta formalidad está prevista por el Artículo 16 del Código Civil, modificado por el Artículo 4 de la Ley 845 de 1978, en vista de este art. , la misma no constituye una instancia, pero sí una jurisdicción. En el mismo sentido se expresa el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil.

La fianza la debe el apelante. En casación la fianza la debe el recurrente. Pero si en el medio de la demanda se cambia de nacionalidad, ya no se debe la fianza.

(Articulo 2 Ley 834) Las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Se procederá de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo de la excepción sean de orden público. La demanda en comunicación de documentos no constituye una causa de inadmisión de Las excepciones. Las disposiciones del primer párrafo no son obstáculo tampoco a la aplicación de los artículos 31, 35 y 40.

El extranjero transeúnte o ilegal no puede demandar en justicia ni a un dominicano ni a un extranjero residente sin el depósito previo de una fianza. Sin embargo, el extranjero residente está exento de este requisito.

En tal caso, si el extranjero demuestra que es residente en el país se libera de la prestación de la fianza. O si ha sido autorizado a fijar domicilio en el país (art. 13 Código Civil).

La sentencia que ordena la fianza ordena el plazo en que debe presentarse. Pero si no se prestar la fianza, se le declara inadmisible en su demanda. La jurisprudencia dominicana no se ha pronunciado todavía. Es de opinión de algunos que el art. 2 de la ley 834 tiene un alcance general y solamente hace excepción con las nulidades.

Cuando una persona es demandante, en el acto de emplazamiento hace constar su nacionalidad. Si el individuo no hace constar su nacionalidad entonces la persona que alega que esa persona no es dominicano y que debe la fianza, debe probarlo de alguna manera. Esto se hace mediante la documentación necesaria.

En el caso de que el extranjero posea inmuebles suficientes en el país para responder por los posibles pagos a que pueda ser condenado, este no debe entonces la fianza.

La fianza se presenta mediante conclusiones en audiencia. Art.16. CCD, (Modificado por Ley No. 845, del 1978). En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor suficiente para asegurar ese pago.

Si el extranjero demuestra que es residente en el país se libera de la prestación de la fianza. O si ha sido autorizado a fijar domicilio en el país (art. 13 CCD). La fianza se pide cuando el demandado eleva todas sus excepciones, incluyendo la judicatum solvi.

EL juez debe responder todas las excepciones elevadas, y lo debe hacer por la misma sentencia. Art. 166 CPC: “ahora ha sido extendido hasta todas las jurisdicciones y todos los asuntos“, (según el art. 16 del Código Civil Dominicano). La fianza se ordena por sentencia que decide si debe ser ordenada y que va a decidir la modalidad en que debe ser prestada.

En la actualidad, se acepta que sea ordenada bajo la modalidad de suscripción de contrato de seguro. De la misma forma en que se hace en materia penal. El demandante extranjero compra una póliza de seguros, mediante el pago de una prima, y la Aseguradora se compromete a pagar todos los daños y perjuicios que puedan resultar de la condenación del demandante.

Bajo consignación en efectivo en colecturía de rentas internas.
Por Afectación de un inmueble a favor del estado dominicano.

Bibliografía

Código de Procedimiento Civil, con Legislación Complementaria. 2010.

Ley 834 del año 1978, sobre Procedimientos Civil, de la República Dominicana.

Ley 845 del año 1978, sobre Procedimientos Civil, de la República Dominicana.

Pérez Méndez, Artagñán, “Procedimiento Civil tomo II”, Edición 4ta, Editora Taller, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1989.

Estévez Lavandier, Napoleón, “Ley No. 834, de 1978”, 2da. Edición, Editora Taller, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 2007.

Tavares hijo, Froilán, “Elementos del código de procedimiento civil francés”, Tomo II, Edición 5ta, Editora Dalis Moca, Rep. Dominicana, 1989.

Butten Romero P. Carlos. “Manuel del Derecho Civil”. 3ra. Edición, Ediciones del economato Universitario de la UASD, Sto. Dgo. Rep. Dom., 1985.

Capitant, Henri. “Vocabulario Jurídico”. 6ta. Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1977.

González Canahuate, Almanzor. “Recopilación Jurisprudencial Integrada de las Decisiones de LA Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Materia Referimiento. 24 años (1970-1993)”. Santo Domingo: Editora Corripio, C. X A, 1994.

El delito

2017-03-10T09:21:00.000-08:00

El Significado de la Teoría del Delito

La Teoría del Delito trata de sistematizar los elementos comunes a todos los delitos y ofrece un concepto o una definición jurídica del delito. La Parte Especial trata de describir las especialidades de cada delito.

Mir Puig establece en su obra de Derecho Penal Parte General, que es ¨una elaboración sistemática de las características generales que el derecho penal positivo permite atribuir al delito a la vista de la regulación que aquel efectúa de este.¨

Sin embargo, esta teoría aunque basada en ciertos preceptos legales, no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos.

Arteaga Valdivia, conceptualiza la Teoría del Delito de la siguiente manera: “Conjunto ordenado y lógico de preguntas, que funciona como un sistema de filtros, que establece de manera abstracta las características pertenecientes a los delitos en todas sus manifestaciones.”

2. Las Líneas Generales de la Teoría del Delito

Se considera como delito, la conducta (acción u omisión) típica, antijurídica, culpable y punible. Esta definición es secuencial, es decir, el peso de la imputación aumenta a medida que se pasa de una categoría a otra, teniendo que tratarse en cada una los problemas de la misma.

Si del examen de los hechos resulta que la conducta no es típica, ya no habrá que plantearse la antijuridicidad, etc. También, se considera delito como el acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena. Por tal razón, es una acción típicamente antijurídica y correspondientemente culpable, que no está cubierta con una causa objetiva de exclusión penal.

La dogmática jurídico penal ha llegado a la conclusión de que el concepto de delito responde a una doble perspectiva: un juicio de desvalor sobre la conducta y un juicio de desvalor sobre el autor del hecho.

El delito consta de dos elementos básicos, según lo considera Mir Puig, estos son: primero, la antijuridicidad, que no es más que la conducta contraria a la norma penal que requiere tipicidad y ausencia de causa de justificación. Segundo, la culpabilidad, la cual es la imputación personal del hecho antijurídico a un sujeto responsable penalmente.

No existe culpabilidad sin que exista antijuridicidad; sin embargo, si puede haber antijuridicidad sin que exista culpabilidad. Un ejemplo de esto es en el caso de enajenación mental).

Una conducta típica puede no ser antijurídica si hay causa de justificación, por ejemplo, en el caso de legítima defensa (Art. 328 Código Penal). Si es típica y antijurídica, comprobar si el autor es culpable (ej. Si está sano mentalmente).

3. Antijuricidad

Se considera como antijuridicidad al desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en general. Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, o sea, toda aquella conducta definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación.

La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito, considerado como elemento positivo del delito, o sea, si una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica.

La antijuricidad puede ser formal y material; la formal es aquella que viola lo señalado por la Ley, y la material, cuando se trata de una conducta antisocial. Una antijuridicidad material sin antijuridicidad formal no tiene ninguna relevancia para el Derecho.

Sin embargo, la antijuridicidad material sirve de fundamento para la formal, de tal modo que aquella conducta prohibida por la Ley debe serlo porque protege un bien jurídico (antijuridicidad material).

4. Evolución Histórica del Concepto de Antijuricidad

El positivismo del último tercio del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, origen de las bases del moderno concepto del delito, concibió antijuricidad como referida únicamente a la componente objetiva (externa), la acción (así, en la concepción clásica de Von Liszt y Beling).

La división del delito en parte objetiva (externa) – objeto de la antijuricidad – y parte subjetiva (interna) – objeto de la culpabilidad- es la primeramente aprehensible por los de clasificación en base a una descripción meramente formal y externa, atenta sólo a las “partes” del delito y no a su ausencia material.

El hecho antijurídico se describe como las ciencias naturales describen cualquier otro hecho de la naturaleza, esto es, como un proceso causal: Se parte del resultado lesivo y se exige únicamente que haya sido causado por un movimiento corporal de un hombre causado a su vez por un impulso voluntario dejando fuera del hecho, sólo para poder culpar del mismo a su autor.

La metodología neokantiana, que junto a las ciencias naturales y las matemáticas afirmó las “ciencias del espíritu” o “culturales” como esencialmente referidas a valores e incluyó en ellas a la ciencia del derecho, (no se contentó con la descripción externa de las características del delito, sino que buscó explicarlas desde su significado valorativo.

La antijuricidad apareció entonces como juicio de desvalor sobre el hecho. Pero no se abandonó el punto de partida objetivista del positivismo: en principio, la antijuricidad se integra sólo de los elementos objetivos, según esto, como infracción de la “norma de valoración “del hecho objetivo, a diferencia de la “norma de determinación “dirigida a la voluntad.

Sin embargo la concepción de antijuricidad como juicio de desvalor sobre el hecho obligo a admitir que en ocasiones aquella depende de la concurrencia de elementos subjetivos sin los cuales el hecho no puede ser desvalorado en absoluto y que, por ello, la ley exige en la propia descripción del tipo.

5. Tipicidad

La tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito.

"La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal”. La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social.

Para dar un ejemplo de esto último, se puede citar lo siguiente: Como ejemplo de esta última podemos citar: invitar una copa a servidor público (cohecho) o golpes en el boxeo (lesiones). Estos se estiman comportamientos adecuados socialmente, no deben considerarse típicos y mucho menos antijurídicos ni penalmente relevantes.

El hecho está previsto en la ley como constitutivo de un tipo de delito que se corresponde con un supuesto de hecho de una norma penal. Es una exigencia del principio de legalidad. Los elementos del tipo se dividen en objetivas (acción, sujetos, objeto material y jurídico, tiempo y lugar, imputación objetiva y causalidad) y el tipo subjetivo (dolo o imprudencia).

La tipicidad puede ser: legal, penal y conglobante. La tipicidad legal: Es la individualización que de la conducta hace la ley, mediante el conjunto de elementos descriptivos y valorativos de que se vale el tipo penal.

La tipicidad conglobante comprueba que la conducta típica legalmente esta también prohibida por la norma y se obtiene desentrañando el alcance de la norma conglobada con la restantes normas del ordenamiento; por último, la tipicidad penal es el resultado de la afirmación de las dos anteriores.

6. Importancia del Bien Jurídico Penal

El concepto de bien jurídico se utiliza por la doctrina penal en dos sentidos distintos: a) en el sentido político-criminal de lo único que merece ser protegido por el Derecho Penal (en contraposición, sobre todo, a los valores solamente morales), b) en el sentido dogmático de objeto efectivamente protegido por la norma penal vulnerada de que se trate.

Aquí interesa este sentido dogmático de bien jurídico, como objeto de la tutela jurídica: por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad, el honor, la administración de justicia, la seguridad interior del Estado, etc. , en cuanto el Código penal castiga determinados ataques contra estos bienes.

7. Comportamiento Humano (la acción)

En el derecho positivo, solo los comportamientos humanos pueden constituir delitos. El delito es una especie del genero comportamiento humano. Pero ello no significa ni que esta sea la única concepción posible del delito, ni que resulte conveniente comenzar la comprobación de si un determinado hecho constituye delito examinando si concurre un comportamiento humano.

8. Importancia del Sujeto de la Acción

Todo delito requiere el comportamiento de un hombre, por lo que el sujeto de la acción y, por tanto, del delito solo podría serlo el hombre individual. Pero históricamente existió la responsabilidad colectiva y en la actualidad se plantea la cuestión de si también pueden ser sujetos del delito las personas jurídicas distintas al hombre (como, por ejemplo: las Sociedades mercantiles).

9. Ausencia de Comportamiento Humano

La pregunta acerca de si concurre o no un comportamiento humano debe hacerse en relación con un determinado tipo real. Solo si importa decidir la concurrencia o ausencia de un determinado tipo penal tiene sentido preguntar si ha habido alguna conducta humana que lo haya podido realizar.

Un ejemplo de esto es, solo si existen motivos para creer que pueda haberse producido el tipo de homicidio es preciso indagar si la muerte fue debida a algún comportamiento humano. Comprobamos la presencia o ausencia de un comportamiento cuando, en caso de existir, podría realizar un tipo penal.

La cuestión de la ausencia de comportamiento humano solo podrá resultar problemática cuando se plantee con relación a un hecho producido por un hombre. Si un rayo ocasiona la muerte de una persona o un animal causa lesiones en otra, es evidente sin necesidad de ulteriores consideraciones que el mal causado no se debe a una acción humana que pueda resultar típica.

BIBLIOGRAFIA

Gómez Mendoza Gonzalo Gabriel (2005) Delitos privados contra el honor. Madrid: Editora Normas Legales

Peña Cabrera, Raúl. (1994) Tratado de Derecho Penal. Lima: Editora Jurídica

Mir Puig, Santiago.(2006) Derecho Penal General, 5ta Ed. Madrid: Reppertor.

Muñoz C, F. y García A., M. (2004) Derecho Penal, Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.

Casos de Derecho Internacional Público Americano

2017-03-10T09:19:00.000-08:00

LAS ISLAS MALVINAS

Las islas Malvinas (en inglés, Falkland Islands) constituyen un archipiélago situado en el océano Atlántico Sur en la plataforma continental de América del Sur. Se hallan rodeadas por el mar epicontinental que Argentina denomina mar Argentino, a 464 km al este del continente —el punto más próximo es el cabo Guardián, Santa Cruz—, a 341 km al noreste de la isla de los Estados, a 1080 km al oeste de las islas Georgias del Sur y a 940 km al norte de la isla Elefante en la Antártida.

as islas, que pertenecían a España, pasaron por derecho de sucesión a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, denominación inicial de la República Argentina. Esta, en reafirmación de sus derechos, tomó formal posesión de las mismas el 6 de noviembre de 1820, en que el Coronel de Marina David Jewett, comandante de la nave "HEROINA", izó el pabellón azul y blanco en las ruinas de Puerto Soledad (ex puerto San Luis). Para esta acción, la fragata tenía. Prerrogativas de "buque del Estado argentino". La ocupación de las Islas Malvinas se hizo con toda seriedad.

Lo descrito anteriormente es la base de los derechos argentinos en lo histórico y en lo jurídico, por ser herederos y continuadores de las posesiones insulares españolas del Atlántico Sur. Es oportuno destacar que cuando los piratas británicos usurparon las Islas en enero de 1833 había población argentina. Sus habitantes fueron tomados prisioneros y desembarcados en Montevideo. Poco más tarde llegaron los primeros Kelpers que se asentaron sobre territorios confiscados a sus primitivos y legítimos ocupantes. Otro antecedente que ilustra que fuimos expulsados de Malvinas lo recuerda la rebelión del Gaucho Rivero en Agosto de 1833, secundado por criollos e indígenas argentinos. La resistencia culminó en enero de 1834.

Desde la usurpación de 1833, perpetrada por los ingleses en las Islas Malvinas, como es natural, la Argentina no ha cesado en sus reclamos y protestas que, si bien fueron a lo largo de 150 años, materialmente infructuosas, sostuvieron siempre, jurídica y moralmente nuestra actitud de lucha por la no aceptación de la violación a nuestros derechos, y el enjuiciamiento que de ello surge y que la razón y el honor imponen.

La causa fundamental del conflicto armado ocurrido entre la Argentina e Inglaterra de 1982, se remonta a la usurpación británica de las Islas en 1833. En ese año, se expulsa a la población local, y se la reemplaza por otra, los llamados kelpers. Durante casi ciento cincuenta años, la Argentina produce constantes reclamos diplomáticos, sin resultados concretos. El conflicto tuvo avances y retrocesos, pero nunca se llegó al reconocimiento esperado por nuestro país. Durante largos años la Argentina proveyó de importantes elementos de supervivencia a la población residente en las Islas, con el ánimo de ganarse su confianza y buena voluntad, sin resultados visibles.

Tras 149 años de administración británica ininterrumpida, fuerzas militares argentinas invadieron y ocuparon las Malvinas el 2 de abril de 1982. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas más tarde y después de duros combates forzaron la rendición argentina el 14 de junio de 1982, restableciendo la administración británica sobre las Malvinas.

Después de la guerra, los isleños obtuvieron la plena ciudadanía británica, su estilo de vida fue mejorando por las inversiones que hizo Gran Bretaña y la liberalización de las medidas económicas que habían estado paralizadas para evitar conflictos con Argentina. En 1985, fue promulgada una nueva constitución, la cual dio mayor nivel de autonomía a los isleños. En Argentina, el resultado de la guerra tuvo entre sus efectos evitar definitivamente una eventual guerra con Chile y desencadenó el final de la dictadura militar y el regreso a la democracia. Finalizadas las hostilidades, el gobierno británico prohibió el ingreso de cualquier civil con pasaporte argentino a las Malvinas, pero posteriormente se permitió el ingreso de argentinos con pasaporte de turistas.

Conclusión Panamá cuando se independizó de la gran Colombia

Si bien es cierto que la independencia panameña de España fue un movimiento ajeno a la revolución bolivariana, la unión voluntaria del istmo a la Gran Colombia, en busca de un mejor futuro bajo el liderazgo de Simón Bolívar, fue una decisión tomada por los istmeños en 1821, la cual estuvo marcada por las situaciones adversas vividas en las diferentes repúblicas colombianas como guerras civiles, enfrentamientos políticos y una mala situación económica.

Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro a Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, la Guerra de los Mil Días trasladada a territorio panameño, el fusilamiento del caudillo liberal Victoriano Lorenzo, el rechazo del senado colombiano al tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos sirven de detonante para un nuevo movimiento separatista liderado por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena, General Nicanor A. De Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista.

Según algunos historiadores, 27 28 29 30 31 el político istmeño José Agustín Arango conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana, y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá, ya que los Estados Unidos exploraba la posibilidad de la construcción de la vía entre Nicaragua y Costa Rica.

Por su parte, Manuel Amador Guerrero viajó en secreto a los Estados Unidos en busca de apoyo para el plan. Así mismo, el movimiento obtuvo en Panamá el respaldo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas, acordándose la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903.

Porque Bolivia no tiene mar

En 1879, Bolivia tuvo que enfrentar una guerra que no buscó con Chile. En la intención de querer defender su territorio pidió ayuda a Perú con quien había firmado un pacto para que ambos países luchen en contra de cualquier amenaza, pero Perú se neutralizó ante el conflicto y Chile terminó también declarándole la guerra el 5 de abril de 1879. Chile terminó ocupando todo el litoral boliviano y las zonas de Tarapacá, Tacna y Arica que eran del Perú.

Con el Tratado de Ancón, suscrito el 20 de octubre de 1883, Perú le cedió a Chile el territorio de Tarapacá y se determinó realizar un plebiscito para definir la situación de Tacna y Arica, pero luego de la firma Chile desistió del plebiscito y dijo que no le podía dar una salida al mar a Bolivia porque no podía partir el territorio de Tarapacá en dos partes.

El Libro Azul del expresidente de Bolivia e historiador Carlos Mesa indica que el 12 de julio de 1888, el Senado chileno aprobó un proyecto de ley para crear la provincia chilena de Antofagasta, en el territorio correspondiente al departamento del Litoral boliviano. Las autoridades bolivianas protestaron por esta decisión, pero no pudieron hacer nada para evitar la anexión de ese territorio a Chile.

Como bien sabemos todos, la disputa marítima entre Bolivia y Chile es bastante añosa.

La solución más cercana a este conflicto estuvo en el año 1978, cuando ambas dictaduras, la de Hugo Banzer en Bolivia y la de Augusto Pinochet en Chile, pretendían hacer un “cambalache territorial”: un pasillo con salida al mar para Bolivia a cambio de un trozo de altiplano para Chile, ambos con soberanía incluida

El conciliador y definitivo tratado no prospero, esto no por que Bolivia o Chile hayan desistido de pactar, sino más bien por la negativa Peruana de firmar…

- Pero ¿Qué tiene que ver Perú en todo esto?

La respuesta es muy simple: Cualquier modificación a los límites chilenos, que afecte las fronteras peruanas debe ser también aceptada por Perú.

Si Chile decide modificar sus fronteras, Perú tendrá derecho a voz y voto, afirmando así el si quiere o no cambiar de vecino.

En su momento la respuesta fue negativa

- ¿Y negativa porque? si Perú y Bolivia son uña y mugre…

Respuesta simple también: Si Perú accede a perder la relación fronteriza con Chile, pierde también el derecho a pataleo por las añosas disputas de soberanía que mantiene. Para sus intereses territoriales esta no era y no es una solución conveniente.

Tomando en cuenta lo anterior y contextualizándolo con la coyuntura internacional actual, entregar un corredor marítimo a Bolivia SI es una solución; y vaya que es una buena solución!

Un tratado de esta envergadura le permite a Chile “matar dos pájaros de un solo tiro”: por un lado, Chávez y Morales podrán disfrutar de las tan anheladas “Playas Bolivianas” y por el otro lado, Perú dejaría de ser una piedra en el zapato en nuestra agenda bilateral.

- Entonces ¿Cual es el gran detalle para dar punto final a la discusión marítima Chile – Bolivia?

La ultima y no menos obvia respuesta tiene que ver con que los tres países en disputa territorial, como son Chile, Perú y Bolivia, están al corriente de lo anteriormente expuesto. Ahí radica el gran problema.

En conclusión, el plebiscito para dar salida al mar, propuesto por Longueira, así como cualquier otra alternativa de solución marítima para Bolivia, que involucre la modificación de las fronteras, es inviable, por lo menos mientras Perú no acepte que en la guerra, lo perdido, perdido está.

En 2006, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el presidente Evo Morales acordaron una Agenda de 13 Puntos, en la que se incluyó la cuestión marítima.

Para Bolivia fue un momento trascendental, sin embargo, el avance quedó estancado con el gobierno chileno de Sebastián Piñera, quien aseguró, en reiteradas oportunidades estar abierto al diálogo, pero sin ceder ni un milímetro de su territorio.

Ante este retroceso, el gobierno de Evo Morales anunció acudir a tribunales internacionales sin dejar de lado el diálogo.

Historia de Puerto Rico

El orgullo de ser puertorriqueño, no español, surgió entre los criollos a mitad del siglo XVIII. Esto es evidente en las pinturas de José Campeche (1751-1809), nuestro primer pintor importante en ese tiempo, quien era hijo de un esclavo liberto y cuyas pinturas (una de las cuales se le atribuyó incorrectamente a Francisco de Goya en España) se exhibieron en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en el 1988. De Campeche en adelante, la expresión de la identidad puertorriqueña se ha mostrado como una constante en nuestras artes visuales.

Este sentido de nuestra diferencia de los españoles se reafirmó luego de la victoria contra los invasores británicos en el 1797. También llevó a los criollos a exigir reformas políticas, sociales y económicas al comienzo del siglo XIX. El sentimiento de puertorriqueñidad, que llevaba años en desarrollo, encontró su primera expresión en una institución pública en el 1809 cuando uno de sus representantes, el primer arzobispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arizmendi, encomendó a Ramón Power y Giralt proteger los “derechos de nuestros compatriotas”.

El siglo XIX fue muy caótico en España y de cambios significativos en Puerto Rico. Comenzó con la invasión napoleónica a la Península Ibérica, situación que alentó las guerras de independencia y la pérdida de todas las posesiones españolas en el continente americano. Por ende, las expresiones abiertas de puertorriqueñidad se consideraban como subversivas por un gobierno que se esforzaba por mantener a la Isla libre del “contagio” revolucionario, especialmente del que provenía de la cercana Caracas, que era considerado como un foco de separatistas anti-españoles.

En el Caribe, sólo Cuba y Puerto Rico permanecían bajo el dominio español a consecuencia del establecimiento de gobiernos represivos en cada Isla con la complicidad de las clases dominantes esclavistas. La inmigración de cientos de monarquistas que escapaban de Venezuela contribuyó al fortalecimiento del sector político conservador y pro-español en ambas islas.

Luego de la derrota de las fuerzas napoleónicas en el 1814, el nuevo rey de España decidió mantener a Puerto Rico leal y seguro a través de reformas económicas. Además, a raíz de la revolución haitiana, el miedo a las rebeliones de esclavos promovió esfuerzos para balancear las razas. La Real Cédula de Gracias del 1815 estimuló la inmigración de blancos católicos. Como resultado de esto, la demografía de Puerto Rico cambió, a la vez que cientos de franceses (mayormente criollos blancos de Haití, Luisiana, Guadalupe y Martinica), italianos e irlandeses, llegaron a la Isla con sus esclavos. También entraron muchos esclavos africanos mediante la trata libre. A mediados de siglo, una nueva ola de inmigrantes llegó de Córcega, Mallorca y Cataluña.

La Cédula de Gracias tuvo consecuencias económicas y sociales. Hubo un notable incremento en la producción agrícola de tres siembras comerciales: la caña de azúcar, el café (introducido a mediados del siglo XVIII y presto a convertirse en un producto importante de exportación hacia Europa), y el tabaco. El sistema de plantación fue adoptado extensamente y, con el aumento en la producción azucarera vino un incremento en la esclavitud africana, al igual que en el resto del Caribe.

Eventualmente, la creciente demanda por mano de obra y la dificultad en adquirir esclavos, dadas las restricciones en la trata, hizo que los terratenientes miraran hacia la población libre de la Isla, que excedía a la de los esclavos. Dichos terratenientes convencieron al gobierno de que estableciera un mecanismo que forzaba a los campesinos sin tierras, que era la mayoría de la población, a trabajar como jornaleros. También tenían que cargar con unas libretas en las que los patronos anotaban datos sobre la conducta laboral de los jornaleros. Este sistema conocido como Régimen de la Libreta duró desde 1849 hasta 1873.

Para esta época, una élite criolla mayormente urbana había emergido y exigía participación en los asuntos de la Isla, exigencia que el gobierno español resistió y persiguió. Aquellos que tenían recursos o que recibían becas de donantes privados, iban a Europa a estudiar luego de graduarse del Seminario Conciliar en San Juan. Una generación de jóvenes estudiantes puertorriqueños en España,para el 1840, produjo los textos fundacionales de nuestra literatura y la figura emblemática del jíbaro, el campesino blanco de las montañas.

La abolición y el separatismo surgieron como los discursos contestatarios principales entre los criollos liberales. Los más extremistas fueron desterrados y aún en el exilio, el líder del movimiento independentista, Ramón Emeterio Betances (un médico educado en Francia) organizó la revuelta más seria contra el dominio español en Puerto Rico, el Grito de Lares en 1868. La revuelta fue sofocada en poco tiempo. El movimiento abolicionista tuvo mejor suerte y el 22 de marzo de 1873 se logró la Abolición de la Esclavitud bajo la Primera República Española.

Esta misma generación de criollos esbozó un proyecto liberal desde mediados del siglo XIX, en parte a causa de la crisis del azúcar que puso en evidencia la vulnerabilidad de la economía isleña. La nueva élite intelectual, residente mayormente en Ponce y San Juan, buscaba progreso económico, social y cultural. Creó instituciones culturales como el Ateneo Puertorriqueño en 1876. Los periódicos aparecieron por doquier, dándole voz a las exigencias de cambio. Estos criollos estaban al tanto de las ideas progresistas (como la democracia de Estados Unidos, que ya era el segundo país más importante en términos comerciales en Puerto Rico) y de los eventos en otras partes del mundo que los influenciaron.

El modelo canadiense de gobierno autónomo inspiró un nuevo proyecto entre los intelectuales de la ciudad sureña de Ponce, dirigido por Román Baldorioty de Castro que resultó en la fundación del Partido Autonomista en el Teatro La Perla en el 1887. Ese mismo año surge uno de los movimientos más radicales en nuestra historia: la boicotizadora, influenciada por el Irish Land League.

Esta sociedad secreta se comprometía a boicotear los comercios españoles y promover sólo los negocios puertorriqueños. El gobierno español respondió a esto con la persecución y tortura de los autonomistas ( los compontes), incluyendo el encarcelamiento de los líderes principales en El Morro. Los historiadores han llamado ese periodo como el “Año Terrible del ‘87”. Diez años después, el gobierno español finalmente concedió la Carta Autonómica presionado por Estados Unidos que amenazaba con intervenir en Cuba.

El gobierno autónomo que España concedió no duró mucho. En el 1898, cuando el nuevo gabinete fue inaugurado, el buque Maine explotó en la bahía de la Habana lo que provocó la Guerra Hispanoamericana. Ocho días después de que la legislatura se reuniera por vez primera, las tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica, suceso que marcó el final del experimento español en cuanto a gobierno propio e inauguró el experimento colonial estadounidense. Aunque la Isla no había participado en la guerra, su adquisición se convirtió en parte de una nueva visión geopolítica de la hegemonía estadounidense en el Caribe. En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París y España le cedió formalmente Puerto Rico a Estados Unidos. Los derechos civiles y el estatus político de los isleños sería determinado por el Congreso estadounidense. Después de más de un siglo, nuestro estatus político continúa en manos del Congreso.

El general invasor estadounidense Nelson A. Miles (quien fue responsable por terminar las Guerras Indias en Estados Unidos) sabía exactamente dónde desembarcar en Puerto Rico. Estaba bien informado sobre los sentimientos anti-españoles de la gente en la costa sur (quienes no habían perdonado los compontes del 87). Lo que llevó al desembarco sorpresivo y exitoso en la Bahía de Guánica, igual que al recibimiento entusiasta que los residentes de Ponce (baluarte de los criollos) y Yauco (baluarte de los corsos) les dieron a las tropas estadounidenses mientras el ejército español se retiraba hacia las montañas. La campaña militar fue rápida (los españoles sabían que ya habían perdido Cuba y, por ende, la guerra) aunque hubo algunas batallas hasta que el Armisticio se firmó un mes después del desembarco.

Lo que sucedió después sorprendió tanto a los liberales como a los separatistas en Puerto Rico que le habían dado la bienvenida – y hasta ayudado – a la invasión. Ellos veían a Estados Unidos como el gran país democrático que le daría a Puerto Rico, como había prometido Miles, “las bendiciones de la civilización”. Por el contrario, durante dos años los estadounidenses establecieron un gobierno militar. Cuando se estableció un gobierno civil en el 1900, a través de la Ley Foraker, aun escritores estadounidenses como Lyman Gould y William Tansill lo consideraron inferior a la Carta Autonómica concedida por la decadente monarquía española.

En términos jurídicos, Puerto Rico quedó definido como un territorio no incorporado que “pertenecía pero no era parte” de Estados Unidos. El desencanto con este estatus político causó protestas abiertas que a su vez dieron vida a una nueva organización política, el Partido Unión en el 1904. Por primera vez en nuestra historia, la independencia se incluyó como una opción legal en el programa de un partido político. Los Unionistas se convirtieron en el partido dominante por veinte años, hasta que el surgimiento de un Partido Socialista sólido (que representaba a los trabajadores y era pro-estadidad) llevó a unas coaliciones y alianzas que prevalecieron hasta que el Partido Popular Democrático (PPD), (fundado por descendientes de Unionistas) se formó en el 1938.

Intervencion de la OEA en la Republica dominica, invasión norteamericana

El 29 de abril de 1965 el presidente Lindon B. Johnson ordenó la invasión a República Dominicana para impedir que Juan Bosch, intelectual progresista y nacionalista, reasumiera el gobierno en dicho país. La OEA respalda acción norteamericana a la República Dominicana, el 1 de mayo de 1965.

La X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; se instaló en Washington, el 1 de mayo de 1965. Luego de una larga discusión, se aprobó la conversión de las fuerzas norteamericanas de invasión a República Dominicana, en fuerzas interamericanas. A pesar de la activa posición que había asumido el gobierno de Raúl Leoni en contra de la intervención estadounidense, la posición de la delegación venezolana en la Reunión se limitó a la abstención.

El presidente Lyndon Jhonson advirtió que no tolerará otra Cuba en el Caribe. Y más soldados desembarcan. Jhonson exhortó a sus aliados a que acompañaran esta Cruzada de Occidente. La dictadura militar del Brasil, la dictadura militar del Paraguay, la dictadura militar de Honduras, y la dictadura milita de Nicaragua envían tropas a la República Dominicana para salvar la democracia amenazada por el pueblo.

Caso Colombia / Nicaragua

1. Resumen del Caso:

El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, alegando la invalidez del Tratado de 1928, reclamando la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y sobre esta base pidiendo a la Corte el trazado de una delimitación marítima entre los dos países. Desde entonces, el Gobierno y la Cancillería colombiana se han dado a la tarea de defender ante la Corte Internacional de Justicia los intereses nacionales y han coordinado la estrategia de defensa de los legítimos derechos de Colombia sobre el Archipiélago y sus respectivas áreas marítimas.

2. Posición de Colombia y Pretensión de Nicaragua:

La posición de Colombia:

La posición de Colombia ha sido que desde el inicio de su vida como nación independiente el país ha ejercido en forma pública, pacífica e ininterrumpida su soberanía y jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés, incluyendo los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden.

Esta posición está sustentada en la historia y en el derecho, fundamentalmente en la norma de normas pacta sunt servanda, (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público.

La pretensión de Nicaragua:

Nicaragua pretende que la Corte le conceda unos territorios (islas, islotes, cayos) sobre los cuales no tiene ningún titulo histórico ni jurídico y sobre los que jamás ha ejercido ningún acto de señor y dueño. En cuanto a la delimitación marítima, Nicaragua plantea una infundada línea de delimitación extrema hacia el oriente, cerca a la costa continental de Colombia y basada en una supuesta extensión del margen exterior de su plataforma continental.

Origen y Evolución del Derecho Comparado

2017-03-10T09:12:00.004-08:00

1.1 Nociones de Derecho Comparado

Desde el inicio del siglo XX, los estudios de derecho comparado comenzaron a registrar un impulso constante. Hasta hace un cuarto de siglo estos estudios eran considerados como el dominio reservado de algunos diletantes, en la actualidad el derecho comparado ha llegado a ser considerado como un elemento necesario a toda ciencia y a toda cultura jurídica. Los inicios del derecho comparado se significaron por discusiones que tendían a definir su objeto y naturaleza, a asignarle un lugar dentro de las diferentes ciencias, a caracterizar su metodología y a precisar sus posibles aplicaciones e intereses. Algunos se han interrogado si se debía considerar al derecho comparado como una rama autónoma del derecho o si es más bien un simple método, el método comparado aplicado a la ciencia jurídica; se buscó asignarle al derecho comparado un área propia distinguiéndolo de la historia comparativa del derecho, de la teoría general del derecho y de la sociología jurídica; o bien precisar en que disciplinas del derecho la comparación podría resultar provechosa; se han interrogado en derechos era útiles, oportuno o hasta permitido compararse entre ellos; se advirtieron los peligros a que los juristas estarían expuestos al emprender estudios de derecho comparado. Esas discusiones constituyen el núcleo de los primeros libros que fueron publicados en diferentes países sobre el derecho comparado y que estuvieron al orden del día en el primer Congreso internacional de derecho comparado que tuvo lugar en Paris, en 1900.

Era natural que esos problemas hubieran ocupado el primer plano cuando el derecho comparados e imponía a los juristas. Era inevitable que se preguntaran quien era ese recién llegado, cómo orientar las nuevas enseñanzas que deberían de impartirse y con qué orientaciones dirigir las investigaciones que se iban a realizar al amparo de ese vocablo. Ahora que el derecho comparado está firmemente arraigado, esas discusiones perdieron su actualidad y resulta ocioso distraerse con ellas. Lo relevante ahora es acometer una doble tarea: por una parte y a efecto de convencer a los escépticos, cuyo número es afortunadamente cada vez más reducido, resaltar los diversos intereses del derecho comparado para los juristas y, por otra parte, facilitar a los ya convencidos a emplear la comparación para sus diversos fines propios. Los intereses del derecho comparado pueden agruparse bajo tres rubros. El derecho comparado es útil en las investigaciones históricas o filosóficas relativas al derecho, así como conocer mejor y perfeccionar nuestro derecho nacional; es útil para entender a los pueblos extranjeros y posibilitar un mejor régimen a las relaciones internacionales. Es indispensable para todo intento de harmonización o de unificación del derecho.

1.2 Origen y Desarrollo histórico del Derecho comparado

Desarrollo del derecho comparado. La comparación de los sistemas de derecho desde la perspectiva de su diversidad geográfica es tan antigua como el estudio mismo de la ciencia del derecho. El Tratado sobre la política redactado por Aristóteles se fundamenta en el estudio deciento cincuenta y tres Constituciones; se ha sostenido que Solón procedió de la misma manera para elaborar las leyes de Atenas; narra la leyenda que los decenviros redactaron las leyes de las Doce Tablas después de una investigación que realizaron por sí mismos en las ciudades de la Gran Grecia. En la Edad Media, el derecho romano y el derecho canónico fueron objetos de comparación, al igual que en el siglo XVII, en Inglaterra, se destacaron los méritos comparatistas del derecho canónico y del common law

. La comparación de las costumbres contribuyó más a delante para justificar los trabajos que procuraban identificar un derecho consuetudinario común en Francia y un Deutsches Privatrecht en Alemania. Finalmente, Montesquieu empleó el método comparatista para descifrar el espíritu de las leyes y extraer de ellas, los principios de un buen sistema de gobierno. A pesar que se pueden evocar numerosos precedentes antiguos, es reciente el desarrollo del derecho comparado como ciencia en el mundo. Hace apenas un siglo escaso que se reconoció la importancia de los estudios de derecho comparado. Estos estudios han sido sistemáticamente analizados en cuánto a su metodología y a sus objetivos; la expresión misma de “derecho comparado” goza ahora de uso corriente. Las razones que explican el impulso tardío del derecho comparado como ciencia, son fáciles de ser desentrañadas.

Durante siglos, el derecho se esforzó en desarrollar los principios y soluciones de un “derecho justo”, que fuera conforme a la voluntad de Dios, a la naturaleza y a la razón humana; esta noción se encontraba totalmente disociada de los derechos positivos. Las investigaciones relativas a las costumbres interesaban a la jurisprudencia y los practicantes del derecho, los Ordenamientos de los príncipes eran del interés exclusivo de los gobiernos de los diversos países.

Ni las costumbres, ni los ordenamientos eran objeto de análisis por aquellos que reflexionaban y escribían sobre el derecho. Particularmente, su análisis se les desestimaba en las universidades; su diversidad y su barbarie sólo suscitaban desprecio y se sostenía que era más noble y favorable en la formación de los estudiantes limitar la enseñanza a la verdadera ciencia del derecho, el método que permitiría, en cualquier país, descubrir las soluciones de la justicia. Esta metodología se adquiría estudiando derecho romano y canónico; a través de la obra de sus comentadores, esos dos sistemas de derecho destacaban como el sistema de derecho común del mundo civilizado, reducido a la visión que de este sistema se tenía en la época de la Cristiandad.

Hubo que esperar al siglo XIX y a la fragmentación de ese jus commune, substituido por codificaciones nacionales, para que la noción de un sistema de derecho de valor universal cayese en descrédito y que, cómo consecuencia de esta “revolución cultural”, surgiera la oportunidad y posteriormente la necesidad paulatina de comparar las diferentes leyes que las naciones de Europa se habían impuesto y sobre cuyo estudio se fundaría la enseñanza en las universidades. El desarrollo del derecho comparado, debe ser entendido como una reacción en contra de la nacionalización del derecho que se produjo en el siglo XIX que por otra parte, se volvió necesario y urgente en razón de la expansión actual sin precedente de las relaciones de todo orden de la vida internacional que fomenta un paralelismo entre los sistemas de derecho.

1.3 Surgimiento de las Universidades

El medio idóneo de divulgación de las nuevas ideas que favorecían el renacimiento del derecho, lo constituyeron los nuevos centros de cultura creados en el Occidente europeo. Las universidades desempeñaron una función decisiva en esa difusión. La primera y también la más ilustre fue la Universidad de Bolonia en Italia. Conviene por consiguiente estudiar en primer término cómo las universidades han concebido su función y cómo en el transcurso de los siglos, desestimaron las fronteras de los países, elaboraron un derecho erudito común para toda Europa. Estudiaremos posteriormente los derechos aplicados por los tribunales que variaban de un Estado nacional a otro, de una región a otra y veremos cómo fueron influenciados, en diferentes grados, por el derecho erudito que se enseñaba en las universidades

En todas las universidades de Europa, la base de toda enseñanza del derecho sería derecho romano y el del derecho canónico. No es sino hasta un periodo tardío, que la enseñanza del derecho nacional hará su aparición en las universidades. El derecho sueco se enseñó en Upsala desde 1620 y una cátedra de derecho francés se creó en la Soborna en París, en 1620, pero en la mayoría de los países la enseñanza del derecho nacional tendría que esperar hasta el siglo XVIII: en 1707, en Wittenberg, primera universidad del Imperio Aléman que enseñó el Deutsches Recht; en 1741 en España; en 1758 en Oxford y en 1800 en Cambrige, Inglaterra; en 1772 en Portugal. Hasta el siglo XIX, periodo que se caracteriza por las codificaciones nacionales, la enseñanza del derecho romano, en todas las universidades, siguió siendo la enseñanza básica y el derecho nacional por el contrario ocupaba un lugar completamente secundario. Importa reparar en estos hechos y de esta preeminencia indiscutible de la enseñanza del derecho romano en todas las universidades durante varios siglos. Sólo así se puede apreciar lo que significa el fenómeno del renacimiento de los estudios de derecho romano, cuyo alcance excede considerablemente por su alcance, a la universidad de Bolonia por una parte y los siglos XII y XIII por otra parte

1.4 Las escuelas de Pavia y Bolonia. De los juristas Nacionales, Del Derecho Natural, la Escuela Histórica, Los Glosadores, los Postglosadores, de los Comentaristas y la Ultramontani

La escuela del derecho natural. Sistematizado y adaptado por los juristas a las necesidades dela sociedad moderna, el derecho impartido en las universidades desde la época de los posglosadores se alejaba cada vez más del derecho de Justiniano, para convertirse en un derecho sistemático, fundado en la razón y con vocación de ser aplicado de manera universal. El celo por respetar al sistema de derecho romano se desvaneció frente al ímpetu creciente de descubrir y enseñar los principios de un derecho plenamente racional. Los siglos XII y XIII fueron testigos del triunfo en las universidades de una escuela nueva, llamada Escuela del derecho natural(Vernunftrecht).

La Escuela del derecho natural que llegó a dominar el escenario en los siglos XII y XIII se distancia en muchos de sus aspectos de la Escuela de los postglosadores. Esta Escuela abandonó el método escolástico e impulsó en un alto grado la sistematización del derecho concibiéndolo de manera axiomática, eminentemente lógica, a imagen y semejanza de las ciencias. Alejandose de la idea del orden natural diseñado por la divinidad, pretendió por su parte construir todo el orden social sobre la consideración del hombre; exaltó los “derechos naturales” del individuo, provenientes de la personalidad misma de cada sujeto. A partir de este momento, la idea del derecho subjetivo va dominar el pensamiento jurídico.

La Escuela histórica afirmaba la necesidad de un desarrollo espontáneo del derecho, paralelo a las costumbres, al lenguaje jurídico y que se adaptase a las circunstancias de civilización peculiares de cada país. Pero, en un extraño cambio de actitud, Von Savigny, el máximo representante de esta escuela, llegó a justificar con esas premisas la recepción del derecho romano y a de reivindicar incluso una aplicación más rigurosa del derecho romano en Alemania: conforme a su tesis, en el ámbito del derecho, los intérpretes calificados del sentimiento nacional eran, de hecho, los juristas deseosos de aplicar el derecho romano. “Querer eliminar el derecho romano elaborando un código” concluiría Saleilles, hubiera significado (a finales del siglo XIX) elaborar un código alemán sin derecho alemán”.

Esta frase corresponde a una realidad de la época: debido a que el derecho romano se había convertido en el derecho nacional de Alemania. Se ha repetido con insistencia que el mismo Código civil francés contenía más elementos germánicos que el propio Código civil alemán.

La enseñanza del derecho romano impartida en las universidades evolucionó; varias “escuelas” se sucedieron, cada una con preocupaciones y métodos propios. Una de las primeras escuelas, la de los glosadores, se propuso reencontrar y explicar el sentido originario de las leyes romanas. A partir de entonces, algunos textos de las compilaciones de Justiniano se abandonaron porque se referían a instituciones desparecidas de la Antigüedad (verbi gratia la esclavitud) o a materias específicas reguladas en esa época por el derecho canónico de la Iglesia (verbi gratia el matrimonio y el testamento). La obra de los glosadores encontró su apogeo, a mediados del siglo XIII, en la Gran Glosa de Accurse que retomó lo esencial del trabajo de sus predecesores en una obra compuesta de alrededor de 96000 glosas.

En el siglo XIV, con la escuela de los postglosadores, se manifestó una nueva tendencia yun trabajo radicalmente distinto se llevó a cabo: el sistema de derecho romano fue debidamente expurgado, se le sometió a distorsiones y fue objeto de desarrollos enteramente novedosos(derecho mercantil y derecho internacional privado); al mismo tiempo que se sistematizó su presentación, de una manera que e contrasta profundamente con el caos del Digesto y con el espíritu casuístico y empírico de los jurisconsultos de Roma.

Los juristas ya no se interesaron más por encontrar las soluciones romanas, se concentraron más bien, empleando los textos del derecho romano, a introducir y a justificar reglas adaptadas a la sociedad de su tiempo. En los siglos XIV y XV, se enseñó bajo el nombre de Usus Modernus Pandectarum, un derecho romano profundamente deformado bajo la influencia de las concepciones del derecho canónico. Según el método escolástico, se presentaron, ante las diferentes interrogantes, las opiniones de Bártolo,Baldo, Azo y varios otros postglosadores y se pretendió así desprender la solución justa del problema, tomando en cuenta la communis opinio doctorum.

El objeto

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El Objeto

Los autores están de acuerdo en que los redactores del Código Civil confundieron el objeto del contrato con el objeto de la obligación que precede a ese contrato. El objeto del contrato es la creación de la obligación, o sea, el nacimiento de una o varias obligaciones; es la operación jurídica realizada por las partes. El objeto del contrato puede ser un negocio jurídico denominado compraventa, permuta, partición, etc. Mientras que el objeto de la obligación es lo que debe la parte que se obliga, es en otras palabras, la prestación debida.

No obstante la distinción anterior, se considera que la misma solamente tiene un valor teórico, toda vez que el contrato no es valido si no da nacimiento a una o varias obligaciones obre objetos que reúnan ciertas condiciones.

Para saber cual es el objeto de la obligación tenemos que preguntarnos Quid debetur? (que se debe?). La respuesta la da el artículo 1126 del Código Civil que dispone que la prestación consista en dar, o en hacer o no hacer. El objeto de la prestación puede consistir en otras ocasiones en la obtención de un resultado determinado o en simplemente mostrarse diligente en la obtención de ese resultado.

Requisitos del objeto

Por lo regular la obligación tiene por objeto una prestación que consiste en la transmisión de un derecho de personal, real o intelectual o en el cumplimiento de un hecho por parte del deudor. En cualquier circunstancia que sea el objeto de la obligación debe reunir los requisitos siguientes:

1) El objeto debe existir. Cuando la obligación consiste en la transmisión de un derecho sobre una cosa, el artículo 1601 del Código Civil sanciona con la nulidad la venta realizada si la cosa ya ha perecido. Sin embargo, la venta de una cosa futura es valida al tenor de lo dispuesto por el artículo 1130 del Código Civil; se puede vender la cosecha futura, una casa que se va a construir, etc.

2) El objeto debe de ser determinado. Dice el articulo 1129 del Código Civil que la obligación debe tener por objeto una cosa determinada, por lo menos en cuanto a su especie. La cuantía de la cosa puede ser incierta, con tal que la cosa misma pueda determinarse.

3) El objeto debe estar en el comercio. El artículo 1128 del Código Civil dice que solo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de los contratos. El orden publico, la moral, las buenas costumbres o algunos motivos particulares prohibían la transmisión de ciertos derechos. Tal es el caso y la capacidad de las personas, la vida de las personas, su salud, el cuerpo humano. Y en general, todas aquellas cosas que el legislador expresamente ha prohibido su negocio.

4) El objeto debe ser lícito. No es posible obligarse válidamente a ejecutar un hecho inmoral o ilícito. El orden público y las buenas costumbres se oponen a que un contrato sea valido cuando su objeto es inmoral o ilícito.

5) El objeto debe ser posible. Así como nadie está obligado a lo imposible, nadie puede comprometerse a lo imposible. Pero esa imposibilidad no se aprecia de una manera relativa sin de una manera absoluta. El hecho que se presente debe ser imposibilidad para todos, no para una persona en particular. La imposibilidad debe ser real, es decir, afectar al hecho prometido en si mismo, sea cual sea el deudor.

6) El hecho ajeno. Se puede prometer el hecho ajeno, pero es evidente que la promesa no compromete más que a quien la hace, con exclusión de la persona que habrá de ejecutar el hecho y no podría quedar comprometida contra su voluntad y sin su consentimiento.

LA CAUSA

Según lo dispone el artículo 1131 del Código Civil, la obligación sin causa, o la que se funda sobre una causa falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno. De esta disposición legal se deriva que una obligación debe tener causa, que esa causa sea lícita y que la causa no sea falsa.

Al exigir el artículo 1131 del Código Civil la existencia de la causa, en nuestro derecho se sanciona el acto abstracto, que consiste en un contrato cuya validez no está subordinada a la existencia de una causa.

La ausencia de causa conlleva la nulidad absoluta del contrato.

El artículo 1131 del Código Civil no solamente exige la existencia de la causa sino que dispone que ella no puede ser falsa. La causa es falsa cuando el deudor ha incurrido en un error sobre la causa: ha creído en una causa que no existe.

El artículo 1133 del Código Civil dispone que la causa es ilícita cuando está prohibida por la ley y cuando es contraria al orden publico o a las buenas costumbres.

Declaración de unión libre

2016-10-14T15:00:00.000-07:00

DECLARACION JURADA DE UNION LIBRE

Los suscritos _____________ y _______________, mayores de edad, de nacionalidad dominicana, con Cédulas de Identidad y Electoral Nos. ___________ y _____________ respectivamente, domiciliados y residentes en la calle ____________, Barrio ______________ de esta provincia de _______________, DECLARAMOS BAJO LA FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: 1) Que hemos convivido en unión libre desde el año _________; 2) Que ninguno de los declarantes ha contraído matrimonio con otra persona; 3) Que la unión de los declarantes es pública y notoria, conviviendo bajo un mismo techo desde la fecha indicada, y que durante esta unión se ha procreado un hijo nombrado _________, quien ha sido declarado y reconocido por la declarante por ante la Oficialía Civil correspondiente.

El presente documento se instrumenta en presencia de los testigos _________________ y ________________, dominicanos, mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. _______________ y ______________ respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad de San Pedro de Macorís, abajo firmantes, testigos libres de tachas y excepciones.

En la Provincia de San Pedro de Macorís, Republica Dominicana, a los ____________ (___) días del mes de _________ del año Dos Mil _________ (20___).

_________________________________ ________________________________

Declarante Declarante

_______________________________ _______________________________

Testigo Testigo

LEGALIZACIÓN NOTARIAL

Yo, _____________, Abogado, Notario Público de los Números para el Municipio de _______________, Matricula No. ____, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por: _________________, _____________, __________________ y _________________ de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y me han declarado bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran a usar en los actos de sus vidas públicas y privadas. En la Ciudad, Municipio y Provincia de ___________________, a los _______________ (__) días del mes de ______________ del año Dos Mil _____ (______).

_____________________________________

Abogado Notario-Público

La legitima defensa

2016-09-30T20:50:00.004-07:00

LA LEGITIMA DEFENSA

1.1 Marco conceptual

La legitima defensa es la reacción necesaria y proporcionada que se lleva a cabo para alejar de si o de otro el peligro actual de una defensa injusta; esta no se funda en la defensa general que el sujeto asume por no poderle tutelar el Estado, sino en motivaciones que se invocan para todas las causas de justificación o para un grupo de ellas.

Las excusas son hechos previstos y limitativamente enumerados en la ley, que tienen por efecto, sea abolir complemente la pena, sea a determinar su rebaja del mínimo fijado por la ley para la infracción en su estado simple.

Fundamento de la excusa de la provocación: La irritabilidad que provoca un acto injusto de la victima dirigido contra el autor del delito.

Las excusas pueden ser:

· absolutorias

· atenuantes.

Las excusas absolutorias impiden la aplicación de una pena por razones de políticas criminal. Las excusas atenuantes son las que obligan a reducir la pena; y se dividen en generales y especiales.

Las excusas atenuantes generales se aplican a todas las infracciones o a un grupo de infracciones. Ejemplo: minoridad y la provocación

Las excusas atenuantes especiales son las que solo se aplican a determinadas infracciones. Los elementos constitutivos de la excusa son:

· Un hecho de provocación, amenaza o violencias graves.

· Que la victima de una provocación o de la agresión sea una persona.

· Una cierta simultaneidad en entre la provocación o la agresión y el hecho cometido por el provocado u ofendido.

Doctrina

En el Código Penal dominicano, la legitima defensa esta prevista en la parte especial, no en la parte general muy contrario a otros países de Europa y también de América. Esto esta justificado porque el legislador, de Francia de donde proviene nuestra legislación, quiso aplicarla a la vida y a la integridad física, a diferencia de los otros países donde se le aplica a todos los bienes jurídicos.

En la doctrina dominicana, según argumentos de Gregory Castellanos Ruano, si una excusa (que solo exime de la aplicación de la pena – cuando es absolutoria – pero no de la posibilidad de reparar los perjuicios), solo puede ser acogida en caso de que la ley de modo especifico la contemple, con mayor razón una causa de justificación para ser acogida tendría que estar también prevista por la ley ya que sus efectos son los de redimir de responsabilidad penal y civil, simultáneamente.

Para Artagnan Pérez Méndez “…debemos admitir que la legitima defensa es un principio general que justifica todos los hechos siempre y cuando se cumplan las condiciones exigidas y por tanto el principio establecido en el 328 tiende a salvaguardar todos los derechos protegidos y reconocidos a la persona humana”.

El autor Vidal-Magnol expresa que la legítima defensa únicamente puede ser reconocida en caso de protección de la vida, del cuerpo y del pudor. Chauveau y Helie, se extienden más allá, pues aparte de reconocerle en aquel caso, también la reconocen en el caso de la propiedad, pero en este caso solo cuando la agresión envuelve riesgo para la persona del propietario, y en cuanto al honor sostienen que solo se protege si nos encontramos ante “ultrajes irreparables”, pero no por simples injurias.

Robert Vouin es partidario de la extensión de la legitima defensa a todos los bienes jurídicos, excepto en los casos de injuria, calumnia o difamación. De acuerdo a René Garraud, en su “Tratado Teórico y Practico del Derecho Penal Francés”: no hay ni crimen ni delito, cuando el prevenido estaba en estado de legitima defensa o en estado de demencia al tiempo de la acción.

Para Von Buri, en la defensa legítima hay una coalición de derechos y se debe sacrificar al menos valioso que es el agresor, disminuido precisamente por la agresión. Hegel, sostiene con su reconocido método dialectico, fija el fundamento de la legitima defensa en la falta de injusticia, “la agresión es la negación del derecho, la defensa es la negación de esta negación, es decir, la afirmación del derecho.

Legislación

La legislación dominicana no prevé la legítima defensa en orden a la defensa de otros intereses jurídicos que no sean la vida y la integridad física. De acuerdo al art. 65 del Código Penal Dominicano, “los crímenes y delitos que se cometan no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declare admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave”.

Para que la defensa pueda ser considerada legítima, es decir, conforme a Derecho, se precisa que la misma reúna dos características o condiciones: que sea necesaria y proporcional. Podemos explicar esto de la forma siguiente: si tenemos una propiedad donde hay arboles frutales, y a dicha propiedad entra un jovenzuelo y es sorprendido por el dueño robando frutos de un árbol cualquiera, el propietario no puede responder dicha agresión dándole muerte al joven, pues la vida posee mayor valor que el bien que puedo haber sido sustraído.

De acuerdo al art. 328 del Código Penal Dominicano, “no hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas o los golpes se infieran por la necesidad actual de la legitima defensa de si mismo o de otro”. Para que exista una legitima defensa debe existir simultaneidad entre la agresión y la defensa; el legislador cuida de esta manera de distinguir la legitima defensa de la venganza.

Derivado del art. 328, podemos decir, que para que exista una legitima defensa se deben cumplir los siguientes requisitos: a) una agresión actual o inminente, b) que la agresión sea injusta, c) cierta simultaneidad entre la agresión y la defensa y d) proporcionalidad entre los medios de defensa y la agresión.

El art. 321 del Código Penal establece que “el homicidio, las heridas y los golpes son excusables, si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves”.

Cuando la legítima defensa es excesiva se convierte en provocación. Si me defiendo excesivamente, mi delito no va a ser excusable, va a ser una excusa atenuante, pero no absolutoria, logrará que mi pena sea menor, pero no me la eliminará.

Jurisprudencia

Si la agresión no puso en inminente peligro la vida del prevenido, no se justifica la legítima defensa invocada, sino solamente la provocación[1]. No es admisible la legitima defensa reciproca o legitima defensa contra la legitima defensa. Por lo tanto, no se puede calificar de legitima defensa la creación artificiosa de esta, cuyo fin es evidente, como en el caso de provocación degenerando en agresión (duelo irregular, pelea, riña).

Se expresa en la jurisprudencia: “Considerando: el que mata, provocado por una agresión injusta con una zambeta, comete el crimen de homicidio voluntario excusable, castigado con tres (3) meses a un (1) año de prisión[2]. Para que haya legítima defensa la reacción de quien es atacado debe ser proporcional al ataque injusto que contra él realiza el agresor. La proporcionalidad quiere decir que la defensa sea proporcional al ataque que se recibe. Un ejemplo de esto es, si la persona es atacada sin armas, no puede defenderse con armas.

Sostiene la jurisprudencia: “después de que el agresor le hizo dos disparos sin herirlo, el acusado sacó su revólver y lo mató. Fue condenado a un año de prisión correccional, acogiendo a su favor la excusa de la provocación”[3]. En este caso es aplicado el requisito del caso anterior, pues debe haber proporcionalidad del ataque. Ambas partes, victima y victimario usaron armas en el ataque.

Estudiando el criterio de la proporción puede plantearse el problema de la admisibilidad de la legitima defesa de bienes patrimoniales mediante puntas de hierros colocadas en rejas y verjas, vidrios puestos sobre paredes o tapias divisorias, artefactos mecánicos y explosivos instalados, en forma oculta, detrás de puertas cerradas, etc. Tomamos en cuenta que este medio opera en el momento de la agresión. Sin embargo, la duda surge en lo que concierne a la necesidad de la defensa y a su proporción.

BIBLIOGRAFÍA

Castellanos Ruano, Gregory. “Extensión de la Legitima Defensa”. El Nuevo Diario. Santo Domingo. Editora el Nuevo Diario. Junio 6 de 2011. Año 30.

Pérez Méndez, Artagnan. Código Penal Dominicano Anotado. Lib.III, Tit.II, Cap. I, Art.328. pág. 356.

Escuela Nacional de la Judicatura (2009) Legitima Defensa y Provocación. Extraído: Agosto 24, 2011 desde http://www.enj.org/wiki/index.php5?title=Legitima_Defensa_y_Provocación

Legislación

Código Penal Dominicano (2007, Enero 24) [en línea]. Santo Domingo: Suprema Corte de Justicia. Disponible: http://www.suprema.gov.do/PDF_2/codigos/Codigo_Procesal_Penal.pdf (2011, 24 de Agosto)

[1] Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 736. Año 533

[2] Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 761. Año 1056

[3] Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 803. Año 1923

Evolución histórica del derecho penal

2016-09-30T20:48:00.000-07:00

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL

Generalidades de la evolución del Derecho Penal

Derecho Penal Primitivo

El hombre aborigen era incapaz de explicar los fenómenos mediante el conocimiento racional de las leyes de la naturaleza, pues desconocía la ley de la causalidad. Su pensamiento estaba dominado por la idea de la retribución y no por el precepto causal, de origen.

Bajo este primógeno pensamiento, el derecho penal de la época se caracteriza así:

a) El delito se concibe desde una perspectiva animista, sobrenatural, sin nexo de causalidad entre los hechos y su autor.

b) No existía el concepto de bien jurídico, sino que las prohibiciones tutelaban relaciones hipotéticas tomadas como ciertas de manera errónea.

c) Las sanciones eran expiatorias, religiosas y fatales.

d) La imputación era eminentemente objetiva, esto es, la infracción generaba sus consecuencias sin tener en cuenta la intención del agente y de forma automática.

e) La responsabilidad no era exclusivamente individual y humana, ya que no se observaba la relación entre el sujeto y su conducta, sino un estado atribuible al hombre, animal o cosa.

Dentro de esta época se distinguen cinco sistemas evolutivos en la forma de penalización, que no son los únicos y no se presentaron en todos los pueblos, pero si son los más conocidos:

1. El tabú

2. La venganza privada o de sangre

3. El sistema talonial

4. El sistema composicional

5. La expulsión de la paz

El tabú

Se refería a una serie de prohibiciones o restricciones que respondían, básicamente, a razones sociales. Las sanciones establecidas eran expiatorias y religiosas. A la violación del tabú sigue, como consecuencia forzosa, una desgracia determinada en que la sanción es automática y objetiva, es decir, que el objeto del castigo es el ser humano o una cosa que viole el tabú, sin importar si se transgrede consciente o inconscientemente. La responsabilidad no se limita al individuo que ha roto la prohibición, sino que se puede extender a todo un grupo o uno de sus miembros diferente al infractor.

La venganza privada o de sangre

Es la primera forma de administrar justicia de que se tienen noticias, y consiste en hacerse justicia por la propia mano. En ocasiones se tornaba en una venganza de sangre, un deber y un derecho ejercido en forma colectiva, sobre todo en las infracciones consideradas como graves, y en otros eventos, de infracciones leves, se reemplazaba la venganza por el azotamiento o la compensación en dinero.

El sistema talional

Más adelante, con el advenimiento de un sistema político estable que gradúa los correctivos, la pena privada va cediendo campo a la pena de carácter público y aparece la llamada ley del talio: “ojo por ojo, diente por diente”, retribución de un mal por otro mal igual. Las penas más comunes eran la muerte o excluir a la persona del ámbito de protección de la ley.

El sistema composicional

Con la evolución social, se pasó a una fórmula más racional, la pena de composición. Consistía en reemplazar la pena por un pago en especie o en dinero. Este sistema se contempló en regímenes como el germano, las Leyes de Manu de la India y en las XII tablas.

La expulsión de la paz

Consistía en la expulsión del infractor del conjunto social al cual pertenecía, evitando de paso la venganza.

Mundo Antiguo

Abarca desde la caída del imperio romano y se puede ilustrar mediante las cuatro legislaciones más significativas:

1. Derecho oriental

2. Derecho griego

3. Derecho hebreo

4. Derecho romano

Derecho oriental

En el lejano oriente existía un autoritarismo teocrático-político y, en consecuencia, las reacciones punitivas eran de corte religioso. Las disposiciones penales formaban parte de los libros sagrados, excepto en el Código de Hammurabi. Los reyes tenían carácter divino y, como tales, disponían de un poder omnímodo para castigar.

Derecho griego

En un inicio predominó la venganza privada como método de solución a las infracciones, pero éste era quien dictaba las penas y realizaba los procedimientos previos a la imposición.

Derecho hebreo

Sus normas se encuentran en los primeros libros de la Biblia; sus principios fundamentales son:

· Igualdad ante la ley.

· Suavización de las penas, excepto las que contrarían la divinidad, las buenas costumbres y la moral.

· Juez omnipresente y sabio.

· Clasificación delictiva en 5 acápites: delitos contra la divinidad, contra los semejantes, contra la honestidad contra la propiedad y los de falsedad.

· Plena prueba para condenar.

· Rebaja de pena por confesión.

Derecho Romano

En materia penal, los romanos tuvieron una evolución marcada por los siguientes periodos

· Periodo primitivo (antes del 753 a.C.): el Pater familias poseía el derecho de castigar, incluso con la pena de muerte a aquellos bajo su potestad.

· Periodo de los reyes (753 a.C. a 509 a.C.): el derecho de castigar pasa al Rey, que como sumo sacerdote tenía jurisdicción criminal plena.

· Periodo de la Republica (510 a.C. a 31 d.C.): en un principio, aparece la provocatio populum, con la cual el condenado a muerte podía someter su sentencia la juicio del pueblo. Luego son elaboraron la Ley de las XII Tablas y las leyes Cornelia y Julia, prohibiendo la venganza privada y radicando el derecho de castigar al Poder Público Romano, provocado por el divorcio entre el Estado y Culto Religioso.

· Periodo del Imperio (31 a 533 d.C): los Tribunales Imperiales se convirtieron en órganos de la justicia penal, instruyendo y juzgando. Aparece el Corpus Iuris Civilis de Justiniano que, en sus libros 47 y 48, contiene una recopilación jurídico-penal de gran influencia en el derecho punitivo de los siguientes siglos.

Edad Media

Posterior a la caída del Imperio romano entre los siglos V y VI, se desarrollan varios ordenamientos jurídicos: El derecho germánico, el canónico, el hispánico, así como los glosadores y prácticos:

· Derecho germánico

· Derecho canónico

· Derecho hispánico

· Glosadores y prácticos

Derecho germánico

Este sistema se mantuvo en la edad media con los institutos propios de la época primitiva: venganza privada, composición, etc. El derecho era considerado como el orden de la paz y, por consiguiente, su violación representaba la ruptura de ella. El rompimiento podía ser total o parcial, según se tratara de delitos públicos o privados.

Ulteriormente, el poder público asume por completo la punición, dejando a los particulares solo el resarcimiento del daño, y la venganza va cediendo al fin de intimidación de la pena.

Derecho canónico

En la edad media preponderó el poder eclesiástico y, en consecuencia, el derecho penal de la Iglesia Católica, que se caracterizaba por:

· en la corte se daba cabida a la intención criminal y en algunos casos a la tentativa.

· Los delitos estaban clasificados en: delitos contra el derecho divino, delitos contra el orden humano y delitos mixtos.

· Concepto dual de la pena: pena retributiva y pena conmutativa.

· Las penas canónicas eran la prisión perpetua, detención en monasterios, penitencias canónicas y excomunión o expulsión de la iglesia.

Derecho hispánico

En la época posterior al siglo XIII se dictaron las Siete Partidas (1256 a 1265), las ordenanzas Reales de Castilla (1485), las leyes de Toro (1505), la Nueva Recopilación (1567) y la Novísima Recopilación (1805).

Glosadores y prácticos

En la edad media surgieron una serie de estudiosos preocupados por hacerle glosas al Corpus Iuris Civilis de Justiniano, de ahí su nombre de “Glosadores”, que, a la postre, se convirtió en una labor de adaptación de tales instituciones al derecho de la época medieval, con los postglosadores. Luego nacen los “practicas”, que en el siglo XVI sistematizarían todos estos estudios, emitiendo reglas de carácter general. Es indudable la influencia de estas corrientes en las ciencias jurídico-penales.

En la baja edad media o final de la edad media, justamente con el feudalismo, se instauró un Derecho a Castigar del Señor Feudal. Si el siervo desobedecía, el Señor feudal podía imponer penas y sanciones por la supuesta falta cometida. El ius puniendi estaba radicado, así, en cabeza del Señor Feudal, dando lugar, en la generalidad de los casos a una justicia totalitaria y despiadada.

Edad moderna

Iluminismo

Esta época es llamada también “Época de humanización o siglo de las luces”, y en ella se crea una conciencia de Humanización del Estado y del Derecho Penal, al revivir las ideas de los primeros filósofos. La venganza, el sadismo, lleva a que la sociedad tienda al humanismo, haciendo surgir lo que se denominaría posteriormente el “Derecho Penal Liberal”.

Quienes humanizan el derecho penal, son principalmente Howard y Marat, pero la base filosófica la construyen personajes como Diderot, D’alambert, Holbach, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que influyen notablemente con sus ideas liberales contra penalidad dominante, para los cuales las penas más o menos crueles no hacen que se obedezcan más las leyes, un castigo moderado es temible igual que un tiránico o espantoso y en su concepto debía establecerse una justa relación entre delito y pena.

Cesar Beccaria constituye uno de los pilares más importantes en el desarrollo del derecho penal, ya que con su libro “De los Delitos y de las Penas” (1764), expresa el surgimiento del derecho penal liberal en contra de las ideas absolutistas.

BIBLIOGRAFIA

Navas Corona, Alejandro. (1998) Breviario histórico de Derecho Penal. Bucaramanga: Sistemas & Computadores Ltda

Jiménez De Asúa. (s/a) Lecciones de Derecho Penal. Primera edición. Buenos Aires: Editora Educación Sudamericano

Iter criminis

2016-09-30T20:44:00.003-07:00

ITER CRIMINIS

Concepto y definición del iter criminis

El delito es un fenómeno psíquico-físico, pues este nace en la mente del autor y se consuma materialmente a través de la ejecución de una acción que produce un resultado.

A esta estructura que sigue el delito se le denomina iter criminis e inicia desde la idea delictiva hasta la consumación del delito, en este trayecto pueden distinguirse varios momentos y se dividen en dos fases:

a) Fase Interna. Es el Conjunto de actos voluntarios que se manifiestan en la mente de la persona y estos no pueden ser sancionados por el Derecho Penal. Pertenecen a la fase interna:

· Concepción o ideación. Es el momento en que surge en el espíritu y mente del sujeto la idea o propósito de delinquir.

· Deliberación. Es el momento de estudio y apreciación de los motivos para realizar el delito.

· Resolución. Es el momento de decisión para realizar el delito sobre la base de uno de los motivos de la fase anterior. Se resuelve en el fuero interno "el ejecutar la infracción penal".

b) Fase Externa: En esta fase ya se ha manifestado la idea delictiva y comienza a realizarse objetivamente y va desde la simple manifestación de que el delito se realizará, hasta la consumación del mismo, son parte de esta fase:

· Proposición, conspiración, provocación, incitación, inducción. En esta etapa el sujeto busca coordinarse con otros para poder llevar a cabo la conducta delictiva.

· Amenazas. Se presenta como caso especial de la manifestación verbal de la intención delictuosa en que se da a entender que se producirá un cierto daño en contra de una persona determinada.

· Actos preparatorios. Son aquellos actos materiales realizados para consumar la acción delictiva.

· Tentativa. Para que esta exista la tentativa se requiere que la ejecución de los actos materiales sean inequívocamente tendientes a la realización de un delito, pero sin llegar a su consumación por circunstancias propias o ajenas a la voluntad del agente, por lo que la no realización del resultado delictivo es esencial para la existencia de esta fase. existen dos tipos de tentativa:

Tentativa inacabada: se presenta cuando el sujeto suspende por propia voluntad los actos de ejecución que consumarían el delito. Generalmente no es punible.

Tentativa acabada: se da cuando el sujeto activo realiza todos los actos de ejecución tendientes a la producción del resultado antijurídico, pero por causas ajenas a su voluntad éste no se lleva a cabo. Cuando interviene efectivamente una causa externa para suspender la comisión del delito, se habla frustración propia, y cuando el resultado no es posible aún con la ejecución de todos los actos idóneos, por una radical imposibilidad, se está ante el delito imposible. Es, en todo caso, punible.

· Delito consumado. la acción ya ha reunido todos los elementos que integran el tipo penal, se adecua perfectamente a él, violando la norma de los ordenamientos jurídicos y puede producir todos los efectos consecuencia de la violación a los que tendía el agente y que ya no puede impedir.

La posición del garante y aplicación

Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.

La imprudencia y negligencia

El termino imprudencia equivale al de culpa y el de imprudente al de culposo. Aunque todos ellos se hallan ampliamente extendidos en la doctrina, la palabra imprudencia tiene ventajas como la de resultar más fácilmente comprensible al profano la de facilitar la distinción respecto al termino culpabilidad, de uso muy distinto.

El delito preterintencional

Si el tipo doloso se caracteriza porque el autor quiere- con los matices contemplados- realizarlo, y el tipo imprudente presupone que no hay voluntad de ejecutar dicho tipo doloso, la preterintencionalidad se da cuando el autor quiere realizar un tipo doloso de distinta significación penal al que resulta. Ejemplo: A quería solo causarle unas lesiones a B, pero produce su muerte.

La preterintención es el resultado punible que sobrepasa la intención del autor denominase delito preterintencional. El diccionario jurídico de Cabanellas, define al delito preterintencional como aquel que resulta más grave que el propósito del autor, es decir, que el autor del delito obtiene un resultado que no se esperaba y que sobrepasa a lo que el busco o tenía como fin a cuando cometió el delito.

Elementos del Delito preterintencional.

Los elementos de este tipo de delito son los siguientes:

1.- Es sumamente necesario que el agente tenga intención delictiva, es decir que tenga la intención de cometer el delito, obviamente, un delito de menor gravedad que aquel que posteriormente se produjo, a diferencia de lo que ocurre en el delito culposo en donde el agente no tiene intención delictiva presente.

2.- Es menester que el resultado típicamente contrario a la ley, es decir, antijurídico exceda a la intención delictiva del sujeto activo.

Referente al delito preterintencional se divide la doctrina de la siguiente manera:

a) Dolo preterintencional: La doctrina italiana coloca la preaterintentionem en el mismo Dolo, como lo pensó Carrara al estudiar el Dolos en el homicidio. Existe por tanto, para la mayoría de los penalistas italianos, un Dolo preterintencional que Florián estima Dolo Indirecto y Alimena Dolo indeterminado, pero que difícilmente se admite por Impallomeni, quien habla únicamente del delito preterintencional, el cual es el criterio que según Jiménez de Asúa estima el correcto. En la legislación actual de Italia persiste la fórmula del Código Penal de 1889, pero la Jurisprudencia a construido la teoría de la concurrencia de la culpa con el Dolo.

b) Mixtura del Dolo y la Culpa: Fue una opinión sostenida por Marcelo Finzi en Italia, que ve un concurso de Dolo y Culpa en la preterintención, principalmente en el ferimento seguido de morte que contempla el artículo 411 del Código Penal Venezolano. Vannini, se inclina estimar en esta situación más la Culpa que el Dolo, de modo que considera el homicidio que resulta del solo ánimo de ocasionar una lesión personal, como culposo. Toma en cuenta que muchos homicidios culposos tienen una causa dolosa, pero no son todos, de manera que su teoría no encaja en los demás casos.

c) Delitos Calificados por el resultado: La Legislación Penal Alemana, conoce otro sistema de agravación de la pena que la creación de un tipo de mayor gravedad, en la concurrencia de algunas circunstancia como la de la preterintención. Entonces este tipo de delito agravado, se califica por el resultado. Por ejemplo: Si el agente solo tuvo intención de herir o de hacer abortar, etc., y resulta la muerte, el efecto se estima como una lesión o un aborto agravado por este resultado. Estos delitos, así calificados por el resultado son tipos excepcionales fundamentados en un criterio injusto y constituyen múltiples casos en la técnica penal alemana y también en la venezolana (artículos: 412, 433, 434 del Código Penal Venezolano). Aquí se carga a cuenta del sujeto activo un resultado que se ha producido fuera de intención.

d) Criterio Correcto: Ante esta adversidad de doctrinas es más razonable acoger el criterio de concurso de dolo y culpa que permite resolver los problemas de la ultra intención y que tan certeramente expuso Irureta Goyena al referirse al homicidio en términos: Del punto de vista subjetivo el homicidio ultraintencional es una mezcla del dolo y culpa: dolo respecto de la lesión, culpa respecto de la muerte.

El sujeto ha querido inferir un daño y lo ha inferido: no ha querido la muerte, pero esta ha sobrevenido a consecuencia de su imprevisión. La culpa consiste en no preverse todas las consecuencias conjeturables de un acto o de una omisión.

Ese es el criterio adoptado en el proyecto del código penal venezolano Jiménez de Asúa, Méndez, Mendoza, en el artículo 17 así propuesto: " El delito preterintencional cuando de la acción y omisión del agente se derive un resultado más grave que el que quiso producir, siempre que pudiera ser previsto por el sujeto".

La fórmula adoptada por el código penal tiene dos aspectos: en el primero es la de la atenuante genérica definida en el ordinal segundo del artículo 74, que dice así: "no haber tenido el culpable la intención de causar un malo de tanta gravedad como el que produjo", formula que, asimismo, se indica en el Proyecto como atenuante genérica (ordinal 3°, artículo 31); y en el segundo aspecto, es la configuración de un tipo atenuado como el del artículo 412 para el homicidio, y el del artículo 421, para las lesiones personales.

La tentativa inacabada y concepto

El sujeto no consigue el resultado típico ya que se interrumpe la realización de los actos ejecutivos correspondientes para conseguir el efecto esperado, pero esta interrupción proviene de circunstancias ajenas a su voluntad, porque si éste termina por su propia voluntad, la realización de la conducta típica estaríamos frente al desistimiento voluntario.

La tentativa es inidónea cuando los actos realizados no tienen en el caso concreto capacidad para poner en peligro el bien jurídico protegido por la ley penal, hay tentativa inidónea o tentativa imposible cuando los medios empleados por el autor son notoriamente inidóneos para causar el resultado.

BIBLIOGRAFIA

Mir Puig, Santiago (2006). Manual de Derecho Penal Parte General. Séptima Edición Editorial Montevideo, Buenos Aires. Argentina

Arteaga Valdivia, Heidy, Dra. Teoría del delito. Curso Básico Disponible en: http://www.gtz-justicia.org.bo/capacitacion/cap_02_eve/12.ppt

El delito

2016-09-30T20:42:00.001-07:00

EL DELITO

El Significado de la Teoría del Delito

Las Líneas Generales de la Teoría del Delito

No existe culpabilidad sin que exista antijuridicidad; sin embargo, si puede haber antijuridicidad sin que exista culpabilidad. Un ejemplo de esto es en el caso de enajenación mental).

Antijuricidad

Evolución Histórica del Concepto de Antijuricidad

Tipicidad

"La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal”. La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social.

Importancia del Bien Jurídico Penal

Comportamiento Humano (la acción)

Importancia del Sujeto de la Acción

Ausencia de Comportamiento Humano

BIBLIOGRAFIA

Gómez Mendoza Gonzalo Gabriel (2005) Delitos privados contra el honor. Madrid: Editora Normas Legales

Peña Cabrera, Raúl. (1994) Tratado de Derecho Penal. Lima: Editora Jurídica

Mir Puig, Santiago.(2006) Derecho Penal General, 5ta Ed. Madrid: Reppertor.

Muñoz C, F. y García A., M. (2004) Derecho Penal, Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.