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Ha resultado interesante leer y escuchar las agudas reflexiones de políticos, intelectuales y medios de comunicación acerca de la última andanada contra la libertad individual lanzada por el tripartito, es decir, por Zapatero, a cuenta de la fiesta de los toros.

Los calificativos han sido todo lo recios que permite el Código Penal, concluyendo prácticamente toda nuestra elite académica, mediática y política en que se trata de una injusticia intolerable que pone en peligro hasta las bases en que se sustenta la ex nación española.

Lo curioso es que toda esta oleada de indignación se haya producido por el hecho de prohibir en Cataluña un espectáculo en claro declive en aquella región al que sólo asiste una fracción marginal de sus habitantes. Se trata del mismo territorio en que la mitad de los ciudadanos no puede educar a sus hijos en su lengua materna, derecho reconocido hasta por la ONU (que ya es ponerse), en que la lengua común de todos los españoles está proscrita en el ámbito público, en que amenazan con multarte si llevas una bandera española en el vehículo con el que trabajas o en el que directamente te multan si no rotulas tu negocio en la lengua vernácula.

La comunidad autónoma que acaba de prohibir los toros es también la que cuenta con una clase dirigente declarada en rebeldía contra el ordenamiento jurídico español a cuenta del nuevo estatuto de autonomía, la misma región que en virtud de esa norma, inconstitucional a todas luces, somete a un vasallaje financiero al resto del país, expolia los recursos comunes a despecho de la solidaridad interterritorial y acaba con la igualdad de todos los españoles consagrada en la constitución.

Es, en fin, el mismo territorio al que un nefasto ex presidente del Gobierno, según el decadente periodista experto en conspiraciones republicanas “el mayor estadista español del siglo XX”, y la actual ministra de Defensa han calificado de “nación sin Estado”, sin que hasta el momento nadie (salvo esta casa) haya exigido la dimisión de la interfecta o su cese inmediato como ministra del Reino de España.

Todas estas fechorías no sólo han sido consentidas, sino saludadas con aplausos por muchos de los que ahora se declaran ofendidísimos ante el hecho de que José Tomás no pueda cortar sus dos rabos habituales en la Monumental de Barcelona, porque la “España plural” exige este catálogo infame de concesiones para no romper “el consenso”. ¿Qué consenso? Desde luego a mí no me han preguntado. Que lo hagan. Que convoquen un referéndum para conocer la opinión de los que tenemos que financiar los caprichos del tripartito aguantando resignados y muy consensuadamente todos sus insultos, entre los cuales la prohibición taurina es tal vez el de menor entidad. Que lo convoquen mañana mismo. Muchos tenemos ya la respuesta preparada.

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En el accidentado debate de hace unos días en VEO7, Isabel San Sebastián comentó que la única virtud del actual jefe de Gobierno era su buena educación. Yo siempre creí que las buenas maneras se llaman hipocresía cuando acompañan a acciones como las de ese personaje. Así, cuando me tocó el turno, hice un pequeño balance de gobierno.

Ante todo, Rodríguez transformó arteramente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en Pacto con los terroristas contra las libertades, convirtiéndose en el mayor colaborador que la ETA haya tenido en su historia. Él se encontró con una ETA acosada e infiltrada, que llevaba un año y medio fracasando en sus intentos asesinos, y pensó que podía aprovechar el trabajo del gobierno anterior para convencer a los etarras de dejar las pistolas a cambio de enormes concesiones. De este modo aparecería como “pacificador” y, quién sabe, hasta ganaría el premio Nobel, como le sugerían los propios etarras.

Las concesiones se hacían, lógicamente, a costa del estado de derecho, de las normas más elementales de la democracia, de las víctimas directas a quienes pretendía acallar mafiosamente, y de la unidad de España. Así, proporcionó a la ETA legalización de sus terminales, dinero público, proyección internacional, entorpecimiento de la acción judicial, chivateo, etc.

La clave política era el estatuto de Cataluña, un modelo para las Vascongadas quizá con Navarra, que creaba una nueva nación y por tanto una nueva soberanía, dejaba el estado español en residual, etc. Esta política la llamó él “diálogo” y “proceso de paz”, pero, con más realismo, la calificó de alta traición Cristina Alberdi, y como mínimo podemos dejarla en “colaboración con banda armada”. La oposición, lejos de denunciar la inaudita fechoría por su nombre, terminó imitando el estatut en Valencia y ayudando a montar una nueva “realidad nacional” en Andalucía.

Afirman algunos que luego Rodríguez ha cambiado. Pero, aparte de no ser así, porque todas las bases de la colaboración siguen en pie, ese cambio no repara los enormes daños causados. Es como si un estafador, después de desvalijar a incontables personas, dijese que ya no pensaba estafar más, y ahí quedara todo.

Señalé otras dos fechorías fundamentales de Rodríguez: sustituir en la política internacional el acuerdo con las democracias por la colaboración con las dictaduras, a las que, con su típica perversión del lenguaje, llama “civilizaciones”, con las que busca alianza. ¿Alianza contra quién? No es difícil verlo.

Otro desmán decisivo ha sido imponer la ley totalitaria de “memoria histórica”, que falsea la historia y tira de la alfombra bajo los pies de la transición y la democracia. Porque su objetivo es deslegitimar al franquismo, del cual viene precisamente la democracia, mientras que de los antifranquistas retroactivos vienen todas las amenazas a ella: el terrorismo, las oleadas de corrupción, los separatismos, el entierro de Montesquieu, etc. Se entiende que el personaje se permita con tanta alegría colaborar con la ETA, pues en definitiva comparte con ella el 80 ó 90% de ideología.

Por no extenderme sobre otras muchas tropelías, como la parodia del matrimonio homosexual, la negativa a tomar a tiempo medidas contra la crisis económica, el aborto, el ataque al Valle de los Caídos, etc.

Casi todas las acciones y conductas de Rodríguez conculcan las leyes, la Constitución, los derechos y libertades ciudadanos y el interés nacional de España. Son hechos delictivos.

En VEO7, un periodista formado en la SER dijo no tolerar que al jefe de Gobierno de su país se le llamase “delincuente”. Como no tiene ni idea de la democracia, no sabe que un jefe de Gobierno debe estar sujeto a la ley y puede delinquir, como ha pasado no pocas veces. Pero él pretende que el cargo le hace irresponsable. Así se está descomponiendo y latinoamericanizando la democracia en España.

Pero la evidencia no puede ocultarse: tenemos un Gobierno ilegítimo que no respeta la Constitución ni los integridad de España. Si la democracia se mantiene, sus personajes tendrán que dar cuentas algún día de sus abusos ante los jueces. Como ya pasó con unos cuantos altos cargos del felipismo.

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PÍO MOA, en Libertad Digital, 23/07/2010.

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Ya he advertido, más de una vez, de que el hecho de publicar un artículo en Filosofía Digital, o aquí, no implica que esté de acuerdo con todo lo que dicen sus autores. En ocasiones, es sólo una idea o una frase lo que me interesa, pero, por supuesto, respeto el pensamiento íntegro del escritor, aunque discrepe. Mi verdadero pensamiento lo expreso a través de mis propios artículos, no de los ajenos.

No puedo compartir, por ejemplo, como dicen De Francisco y Raventós en éste, que si los pobres fueran minoría, aún así, democracia sería el gobierno de esa minoría. Democracia es, al menos así lo entiendo yo, el autogobierno del pueblo, que es la mayoría natural en cualquier lugar del mundo, y que, generalmente, no es rica, sino pobre; pero allí donde todos los ciudadanos gozaren de prosperidad real e igualdad efectiva de derechos, incluyendo el derecho social de propiedad y a trabajar honradamente para ganarse la vida, democracia seguiría siendo el gobierno de la mayoría, aunque fuera próspera, y no de una minoría por paupérrima que sea.

Una revolución democrática genuina persigue el cambio del sistema, no la destrucción violenta del orden. Y tiene entre otros cometidos primordiales, como dijo Jefferson, “inculcar a las minorías el deber de aquiescencia a la voluntad de la mayoría; y a las mayorías el respeto a los derechos de la minoría”. Que los reaccionarios y los revolucionarios españoles hicieran caso omiso de esta regla esencial del republicanismo, le costó al pueblo español una sangrienta y absurda guerra civil, así como la extinción hasta hoy de todo vestigio de democracia real.

No es el odio de clases, sino el amor a la libertad, la igualdad y la concordia lo que otorga grandeza a un pueblo y legitimidad moral a su lucha por la independencia de cualquier tipo de opresión. Toda revolución inspirada por el odio y el resentimiento podrá cambiar de tirano, pero jamás conseguirá erradicar la tiranía. 

¡Cuán vivo es el contraste entre la soflama del Manifiesto Comunista exhortando a la unión de los proletarios de todos los países, tras proclamar “abiertamente que sus objetivos sólo podrán conseguirse con el derrocamiento violento de todo el orden social pasado”, y el llamamiento de Jefferson a la concordia ciudadana, una vez que “el bando sagrado” de los demócratas americanos le aupó a la presidencia de los Estados Unidos! Oigámoslo:

“Unámonos, pues, conciudadanos, en un sólo corazón y una sola mente. Devolvamos a la relación social esa armonía y afecto sin los cuales la libertad y hasta la propia vida son cosas tristes. Y no olvidemos que, tras abolir de nuestra tierra aquella intolerancia religiosa bajo la cual ha sangrado y padecido la humanidad tanto tiempo, poco habremos ganado si se sostiene una intolerancia política tan despótica, tan perversa y tan capaz de persecuciones amargas y sangrientas.” 

Por eso, para construir una sociedad armónica donde no tenga cabida la intolerancia o la violencia, una Constitución democrática tiene que establecer mucho más que la separación de poderes y el sufragio universal, ya que tan importante como prevenir el despotismo legislativo, ejecutivo, judicial o de partido, lo es, en un republicanismo justo y bien entendido, el evitar la explotación u opresión del hombre por el hombre, ya sea ésta política, religiosa, económica, social o moral. Comparto, pues, totalmente el pensamiento de Robespierre cuando afirmó que “la primera ley social es la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir”.

Pero sigue siendo ley sagrada del republicanismo democrático que una mayoría de un solo voto es tan válida como la de una mayoría aplastante. Y también, por supuesto, que esa mayoría tiene que ser justa y razonable para ser legítima, debiendo respetar escrupulosamente los derechos individuales del hombre y los colectivos del ciudadano. Así que, dictaduras ni mentarlas; porque, aunque fuere la de los trabajadores asalariados, ninguna tiranía de una parte de la sociedad sobre el resto es democrática.

En palabras, otra vez,  de Robespierre, “ninguna porción del pueblo puede ejercer el poder del pueblo entero”, aunque la opinión que expresa debe ser respetada como proviniente de una parte del pueblo y por concurrir a la la formación de la voluntad general. ¿O acaso el demos/pueblo lo constituyen únicamente los obreros, una sección de los trabajadores o una facción ocasional de votantes?

De cualquier modo, una dictadura, incluso del proletariado, además de un intento baldío de resolver la lucha de clases, o el conflicto de intereses, mediante el dominio de una de ellas y la aniquilación del resto, es incompatible con la verdadera libertad. Un individuo o un pueblo libre sólo obedece al derecho natural y a las leyes racionales de las que él mismo es legislador. Y será esclavo tanto si somete violentamente a otros individuos o pueblos como si él mismo es sometido por la fuerza al gobierno de uno, de varios o de muchos.

No creo, por otra parte, que la tiranía comunista en la URSS fuera resultado de la “traición” a la idea de Marx, sino de su “desarrollo” consecuente. De ahí mi sospecha de que el cinismo de Lenin, al replicar con su “libertad, ¿para qué?” a las objeciones de ciertos socialistas españoles al régimen soviético, fuera plenamente coherente con el marxismo y su “dictadura del proletariado”.

Como diría Montesquieu, únicamente hay democracia allí “donde el pueblo entero es dueño del poder soberano”. El resultado de una dictadura jamás será la libertad democrática; pues cuando el pueblo está sometido al poder tiránico de una clase o al de una mayoría, ni es libre ni soberano; ya que una cosa es que el pueblo, como un todo, tenga el poder de autogobernarse, y otra, muy distinta, que lo tenga una facción. La libertad, tanto individual como colectiva, no consiste en seguir el dictado de las propias pasiones, ni en la capacidad de mandar sobre otros, sino en la sumisión voluntaria a la guía de la razón natural, supremo Legislador que no aconseja otra cosa que el bien común de la Humanidad.

Y, como es ridículo soñar con la racionalidad de las masas o la incorruptibilidad de sus representantes en el gobierno, es necesario conjugar sabiamente la voluntad legítima de la mayoría con el respeto escrupuloso a los derechos de la minoría. Para conseguirlo es indispensable que todos los ciudadanos, en el ejercicio de su soberanía, acuerden dotarse, como mínimo, de una Constitución libre, basada en una democracia municipal, regional y nacional lo más amplia y participativa posible, con separación de poderes y gobierno representativo en el Estado, así como de una Declaración de principios universales e iguales para todos, incluyendo el derecho de propiedad o al trabajo. Sólo mediante un acuerdo social de este tipo, pactado entre los ciudadanos de todas las clases, otorgaremos al Estado su virtud fundamental: la seguridad, y podremos alcanzar su codiciado fin último: la libertad.

En esa sabia combinación de leyes, que constituyen el alma de una nación, se basa el arte de ser libres, la salud del cuerpo social y, por supuesto, la felicidad general.

MLD, 01/07/2008.

“Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia. No aceptaré nada que no sea ofrecido a los demás en iguales condiciones.” WALT WHITMAN

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De visita en Lyon y habitando a pocos metros del Teatro de los Celestinos, resultó adecuado adentrarse en las ideas de jacobinos y celestinos que transformaron el antiguo convento de dominicos en teatro monumental que conserva sus rasgos originales y está preciosamente conservado. Nadie duda de la influencia que los sucesos de 1789 que dieron fin con el absolutismo monárquico francés y que expandieron las ideas libertarias más trascendentales aunque el radicalismo jacobino hubiese influido más que otras entre nosotros. 

Los jacobinos actuaron como férreos defensores de la Revolución y enarbolando el pensamiento de Voltaire y Rousseau en los hechos suprimieron la igualdad y la libertad, se autoproclamaron redentores y terminaron matando a sus opositores. Se dice que seis mil jacobinos en Paris y 300 mil en la República, proclamándose “la reserva ideológica del proceso” dieron de chicotazos a 25 millones de franceses. Los jacobinos guillotinaron decenas de miles, entre ellos a otros jacobinos algo diferentes. 

 Así, cuando el MAS toma el poder en Bolivia el cerebro gris de una falange se autoproclama “el último de los jacobinos” y se esmera en demostrar la misma conducta de chicotear a la sociedad boliviana, cegar vidas humanas a los fines de imponer su ideología (recordar La Calancha. 11 de enero en Cochabamba, 16 de abril en Santa Cruz, etc.,) y de organizar las purgas internas al más puro estilo trotskista y estaliniano, todo ello a título de un cambio que no llega. Bolivia sigue estando con Haití a la cola del continente y los pobres no han disminuido y “el reparto” no alivia las necesidades vitales. 

Evidente que “jacobino” tiene muchas connotaciones;  sobresale el primado de una ideología abstracta de la sociedad, la imposición restrictiva de la autonomía en el ejercicio económico y del ciudadano (Estado Padre y Providencia) concesionario de los bienes sociales y sostén del enriquecimiento de la élite destinada a mantenerlo en el poder. Apareció como logia masónica se convirtió en abanderado de ideas revolucionas extremas, “defendía la democracia” contra izquierdistas radicales que predicaban la dictadura para imponer “su propia democracia”, es decir, en el caso boliviano es directamente plagiado del original. (Aclaración del Espasa: se reunían en el convento Son Tiago que en latín es Jacobus en francés Saint-Jacques).

Contrarios a la monarquía, pretendían destrozar al clero, a la nobleza a los adinerados. Se sentaban a la izquierda siempre. Ofrecían nuevas formas, nueva política, nueva moral, nueva filosofía, así los pobres querían ser ricos, los plebeyos nobles, los ignorantes sabios. ¿Qué nuevas tierras? A quitárselas a sus dueños, industrias, poder, instituciones a quitárselas de las manos de sus poseedores. Así todo el proceso de principio a fin, aunque repitiendo los mismos errores del pasado. Para ello había que renunciar a la añeja idea de la religión y acabar con el clérigo, con el fraile, con el noble y el hacendado. 

Los “filósofos” del MAS repiten las mismas promesas “para vivir bien” y están logrando colocar legiones de sus adherentes en cargos públicos sin importar el grado de preparación ni su rendimiento en el aparato del Estado. La consigna es sustituir a los antiguos funcionarios por los incondicionales, carne de cañón para toda tarea propagandística, de agitación de masas. El Estado va de tumbo en tumbo, no hay gestión y las nacionalizaciones están resultados tan caras que costarán gran parte de las reservas monetarias para pagar los juicios, hasta ahora 7 abiertos en contra de Bolivia en tribunales internacionales.

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El autor es periodista. Publicado en LosTiempos.com (Cochabamba, Bolivia, 23/07/2010).

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A los CIUDADANOS del ESTADO  de NUEVA YORK:

Cuando se convoca al público para que estudie y decida una cuestión que no sólo atañe profundamente a los actuales miembros de la comunidad, sino de la que en gran medida dependen la felicidad o la desdicha de futuras generaciones, el espíritu benévolo no puede evitar sentirse particularmente interesado en el resultado.

En esta situación, confío en que los débiles esfuerzos de un individuo para conducir a las mentes del pueblo a una decisión sabia y prudente resulten aceptables para el sector honesto y desapasionado de la comunidad. Alentado por esta consideración, me he visto inducido a exponer mis ideas acerca de la actual y grave crisis de nuestros asuntos públicos.

UNA CONSTITUCIÓN JUSTA ESTÁ CONCEBIDA PARA CONSERVAR LOS PRECIOSOS DONES DE LA LIBERTAD, GARANTIZAR LOS INESTIMABLES DERECHOS DE LA HUMANIDAD Y FOMENTAR SU DICHA 

Tal vez nuestro país nunca haya presenciado un período tan crítico en nuestra vida política. Hemos experimentado la debilidad de los vínculos que mantienen juntos a estos Estados Unidos, y, en ocasiones, la falta de energía suficiente en nuestra actual confederación para ocuparse de los asuntos generales. Se han propuesto diferentes remedios para solventar estos males, pero ninguno ha prosperado. Finalmente, se ha reunido una Convención de Estados que ha redactado una Constitución que ahora, probablemente, se someta a la aprobación o rechazo del pueblo, fuente de todo poder y a quien pertenece en exclusiva el derecho de hacer o deshacer constituciones, o formas de gobierno, según le plazca.

Ante vosotros se halla la más importante cuestión jamás sometida a vuestra consideración, o a la consideración de pueblo alguno sobre la faz de la tierra, y os corresponde decidir mediante hombres de vuestra elección, especialmente escogidos para este propósito. Si la Constitución que se os propone es justa, y ha sido concebida para conservar los preciados dones de la libertad, para garantizar los inestimables derechos de la Humanidad y fomentar su dicha, entonces, dándole vuestra aprobación sentaréis las duraderas bases de la felicidad de millones de descendientes y las generaciones futuras se alzarán para bendeciros.

Podéis regocijaros ante la perspectiva de que este vasto continente se llene de hombres libres que proclamen la dignidad de la naturaleza humana. Podéis solazaros con la idea de que la sociedad de esta tierra favorecida avance hasta el punto culminante de la perfección; que el espíritu humano se expanda en conocimiento y virtud, y la edad dorada, en cierta medida, se haga realidad. Pero si, por el contrario, esta forma de gobierno contiene principios que llevarán al aplastamiento de la libertad, si su tendencia es la de establecer el despotismo o, lo que es peor, una aristocracia tiránica, entonces, si la aprobáis, ese último refugio de la libertad perecerá y la posteridad denigrará vuestra memoria.

Por tanto, la cuestión que debéis resolver es trascendental, y todas las razones que debieran influir a una mente noble y virtuosa os instan a examinarla con detenimiento y a tomar una decisión sensata. Se insiste, de hecho, en que ha de acogerse esta Constitución, aunque sea tan imperfecta. Si tiene algunos defectos, se dice, podrán remediarse mejor cuando se experimenten. Pero recordad que cuando el pueblo se desprende del poder rara vez o nunca puede recuperarlo de nuevo sin recurrir a la fuerza. Pueden mostrarse muchos ejemplos en los que el pueblo ha aumentado voluntariamente los poderes de sus gobernantes, pero pocos, si acaso alguno, en que los dirigentes hayan disminuido su autoridad de buen grado. Esta razón basta para para impulsaros a ser prudentes a la hora de confiar los poderes del gobierno. [...]

La historia no nos muestra ningún ejemplo de república libre semejante en extensión a los Estados Unidos. Las repúblicas griegas eran pequeñas, al igual que la de los romanos. En ambos casos, ciertamente, con el paso del tiempo las conquistas alcanzaron vastas extensiones, y la consecuencia fue que sus gobiernos pasaron ser libres a convertirse en los más tiránicos que jamás existieron en el mundo.

No sólo se oponen a la idea de una república extensa la opinión de los más grandes hombres y la experiencia de la Humanidad; también es posible formular argumentos en contra, derivados de la razón y de la naturaleza de las cosas. En todo gobierno, la voluntad del soberano es la ley. En el caso de un gobierno despótico, puesto que la suprema autoridad  está en manos de un solo individuo, su voluntad es ley y puede aplicarse tanto a un territorio amplio como a uno reducido. En una democracia pura, el soberano es el pueblo y dicta su voluntad por sí mismo; para ello, todos sus miembros han de reunirse para deliberar y decidir. Este tipo de gobierno no puede ser ejercido, por tanto, sobre un país de extensión considerable, sino que debe reducirse a una sola ciudad, o al menos contenerse dentro de los límites que permitan al pueblo reunirse sin dificultad, debatir, entender la materia que se somete a su consideración y emitir su opinión al respecto.

ALLÍ DONDE LOS REPRESENTANTES NO CONOCEN O NO EXPRESAN LA OPINIÓN DEL PUEBLO, NO ES ES EL PUEBLO QUIEN GOBIERNA, SINO QUE UNOS POCOS EJERCEN LA SOBERANÍA

En una república libre, si bien todas las leyes se derivan del consentimiento del pueblo, éste no otorga su consentimiento por sí mismo, personalmente, sino a través de representantes que él elige, a los que se supone conocedores de la opinión de sus electores, y con la integridad suficiente para llevarla a efecto.

En todo gobierno libre, el pueblo debe prestar su consentimiento a las leyes por las que se rige. Éste es el verdadero criterio de distinción entre un gobierno libre y uno arbitrario. El primero gobierna según la voluntad del pueblo, expresada conforme al modo que hayan acordado; el segundo se rige por la voluntad de uno solo o de unos pocos. Si el pueblo ha de prestar su consentimiento a las leyes, a través de personas elegidas y designadas por él mismo, la forma de elección y el número de representantes deben ser tales que éstos compartan el parecer del pueblo, y estén dispuestos y, por tanto, capacitados para expresarlo. Pues si no conocen o no están dispuestos a expresar el sentir del pueblo, no es el pueblo quien gobierna, sino que unos pocos ejercen la soberanía. Ahora bien, en un país extenso es imposible tener una representación que comparta la opinión del pueblo y posea la integridad necesaria para expresarla, sin ser tan numerosa e inmanejable como para verse expuesta a los inconvenientes de un gobierno democrático.

El territorio de los Estados Unidos es de una gran amplitud; en la actualidad cuenta con cerca de tres millones de almas y puede albergar hasta diez veces este número. ¿Es factible que un país tan extenso y poblado como pronto lo será éste elija representantes que expresen sus puntos de vista, sin que su número sea tan elevado como para que resulte imposible despachar los asuntos públicos? Ciertamente no.

En una república, los actos, el sentir y los intereses del pueblo han de ser similares. Si éste no es el caso, se producirá una constante confrontación de opiniones y la representación de una parte se hallará en continua disputa con los de la otra. Esto supondrá un lastre para el funcionamiento del gobierno e impedirá que se adopten las disposiciones que fomente el bien público. Si aplicamos esta observación a las circunstancias de los Estados Unidos, nos convenceremos de que éstas no nos permiten que tengamos un gobierno único. Los Estados Unidos comprenden una gran variedad de climas. Las producciones de las diferentes partes de la Unión son muy diversas, y sus intereses, por tanto, distintos. Sus usos y costumbres difieren tanto como sus climas y producciones, y sus opiniones son en absoluto coincidentes. Las leyes y las costumbres de los diferentes Estados son en bastantes aspectos muy diversas y en algunos casos opuestas. Cada Estado estaría a favor de sus propios intereses y costumbres y, en consecuencia, un cuerpo legislativo integrado por representantes de las respectivas partes, no sólo sería demasiado numeroso para actuar con algún cuidado o determinación, sino que se compondría de principios tan heterogéneos y discordantes que constantemente estarían enfrentados entre sí.

Las leyes no pueden llevarse a efecto con prontitud en una república tan extensa como los Estados Unidos.

Para la aplicación de las leyes, los dirigentes de todo gobierno han de contar con el apoyo de un brazo armado, sostenido a tal efecto con cargo al erario público, o bien con el del pueblo, dispuesto a acudir en ayuda del gobernante en caso de resistencia. [...]

Una república libre nunca mantendrá un ejército permanente para aplicar sus leyes. Debe depender del apoyo de sus ciudadanos. Pero cuando un gobierno ha de recibir sus apoyos de la ayuda de los ciudadanos, debe estar configurado de tal manera que pueda merecer la confianza, el respeto y la estima del pueblo. Los hombres que, ante la llamada del gobernante, se prestan a ejecutar las leyes, lo hacen por aprecio al gobierno, o bien por miedo. Cuando hay un ejército permanente a mano para castigar a los transgresores, todo hombre actúa movido por este último principio y, por tanto, lo que el gobernante disponga, será obedecido. Pero cuando éste no es el caso, el gobierno debe obtener un respaldo basado en la confianza y en el respeto que el pueblo le conceda a él y a sus leyes. Si cuenta con la adhesión del grueso del pueblo, el gobierno siempre se bastará para sostener y llevar a efecto sus leyes, y para actuar sobre los miedos de cualquier facción que se le pueda oponer, de manera que no sólo se evite la oposición a la aplicación de las propias leyes, sino que se inste a la mayoría a prestar su apoyo al gobernante.

LA CONFIANZA QUE EL PUEBLO TIENE EN SUS GOBERNANTES, EN UNA REPÚBLICA LBRE, BROTA DEL HECHO DE CONOCERLOS, DE QUE RESPONDAN DE SU CONDUCTA Y DE LA CAPACIDAD DE EXPULSARLOS CUANDO SE COMPORTEN INCORRECTAMENTE

Pero no es probable que en una república tan amplia como los Estados Unidos, el pueblo confíe tanto en sus dirigentes como resulta necesario para estos fines. La confianza que el pueblo tiene en sus gobernantes, en una república libre, brota del hecho de conocerlos, de que respondan de su conducta y de la capacidad de expulsarlos cuando se comporten incorrectamente. Pero en una república de las dimensiones de este continente, el pueblo en general conocerá a muy pocos de sus dirigentes, ignorará sus actos, y resultará extremadamente difícil cambiarlos. Los pueblos de Georgia y de New Hampshire no conocerían las opiniones el uno del otro y, por tanto, no podrían obrar de forma concertada para llevar a cabo un relevo general de representantes. Las diversas partes de un país tan extenso no podrían llegar a conocer la conducta de sus representantes, ni estar informadas de las razones en que se basan las medidas adoptadas. En consecuencia, no confiarán en sus respectivos cuerpos legislativos, sospecharán de sus ambiciones, verán con recelo toda disposición que adopten, y no apoyarán las leyes que aprueben. De manera que habrá un gobierno exangüe e ineficiente, y no podrá ser de otro modo, salvo que se establezca una fuerza armada para ejecutar las leyes a punta de bayoneta. Y este es, de todos los gobiernos, el más temible.

En una república tan vasta como los Estados Unidos, el cuerpo legislativo no puede atender a todos los intereses y necesidades de sus diversas partes. No puede ser lo suficientemente numeroso como para conocer las circunstancias y carencias locales de sus diferentes distritos, y si pudiera, sería imposible que tuviera suficiente tiempo para despachar y resolver todos los asuntos de esta naturaleza que continuamente surgirían.

En una república tan extensa, quienes ocupan los grandes cargos del gobierno pronto se sustraerían al control del pueblo y abusarían de su poder para engradecerse a sí mismos y oprimir a éste. Las tareas encomendadas a los cargos ejecutivos, en un país de la extensión de los Estados Unidos, han de ser diversas y muy amplias. El mando de la infantería y de la marina de la república, la designación de cargos públicos, la facultad de conceder indultos, la recaudación de todos los ingresos públicos y el poder de disponer su gasto, así como otras competencias, deben confiarse en todo Estado, en manos de unos pocos. Cuando dichas competencias están acompañadas de grandes honores y retribuciones, como siempre ocurrirá en los Estados extensos, de modo que muchos hombres se interesen por obtenerlas y puedan convertirse en el objetivo de individuos ambiciosos e intrigantes, éstos no cejarán en su empeño por conseguirlas. Una vez adquirido el poder, lo usarán con el fin de satisfacer su propio interés y ambición, y es extremadamente difícil, en una república muy grande, hacer que respondan de su mal comportamiento o impedir sus abusos de poder.

Éstas son algunas de las razones que demuestran que una república libre no puede subsistir en un país tan extenso como estos Estados. Por tanto, si la idea que inspira a la nueva Constitución es fusionar todos los Estados en uno, como parece evidente, no debería ser aprobada.

Aunque opino que establecer un gobierno único de toda la Unión en forma de república es ya una razón suficiente para rechazar el proyecto, aunque cuando se hiciera caso omiso de esta objeción seguiría habiendo en él defectos tan importantes y fundamentales, que deberían empujar a todo amigo de la libertad y la felicidad humanas a no adoptarlo. Ruego que mis compatriotas me concedan su atención franca y desapasionada, al exponer estas objeciones: me han acudido a la mente tras una atenta consideración del asunto y sinceramente me parecen bien fundadas.

Existen muchas objeciones de menor relevancia, a las que no haré referencia, pues no cabe esperar la perfección de ningún producto humano. Pero si no creyera en conciencia que este plan es defectuoso en sus principios fundamentales, sobre cuya base ha de asentarse un gobierno libre e igual, guardaría silencio.

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BRUTUS, 18 de octubre de 1787. Artículos federalistas y antifederalistas – El debate sobre la Constitución americana. Alianza Editorial, 2002. Traducción: Pablo Lledó, 2002. [MLD, 12/05/2009]

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Sakineh Mohammadi Ashtiani no será lapidada. Ante la movilización internacional, las autoridades iraníes han anunciado que no ejecutarán la sentencia dictada por los jueces. Pero, atención: Sakineh Mohammadi Ashtiani aún no está a salvo, ya que todavía pueden aplicarle lo que en Irán llaman púdicamente “pena sustitutoria”, es decir, la muerte por ahorcamiento, por ejemplo.

Ahora bien, ¿qué crimen cometió Sakineh Mohammadi Ashtiani, una madre de familia de 43 años? ¿Qué imprescriptible falta la hizo merecedora, hace cuatro años, de 99 latigazos y, más tarde, de una condena que consiste en ser enterrada viva hasta el cuello para que una horda de machotes le destroce la cabeza a pedradas? Sí, ¿cuál fue ese crimen que pese a que, lo repito, la Embajada de Irán en Londres acabe de anunciar la anulación in extremis de la orden de lapidación, la retiene en el corredor de la muerte de la prisión de Tabriz a la espera de un castigo que, aunque aparentemente menos bárbaro, será igual de atroz? Su crimen, su único crimen, un crimen que, entre paréntesis, ella niega haber cometido, ese crimen que, en el momento en que escribo, y pese a que tres de los cinco jueces que se pronunciaron sobre el caso expresaron serias dudas sobre su culpabilidad, la abocan a una salvaje ejecución, no es otro que el de haber mantenido relaciones extramatrimoniales con un hombre varios años después de… ¡la muerte de su marido!

La acusación sería grotesca si sus consecuencias no fuesen tan abominables. Sería digna de figurar en el extenso repertorio de dislates y locuras de los Estados totalitarios si no fuera porque al menos seis personas (cinco hombres y una mujer) han sido lapidadas desde el año 2002, pese a la moratoria decretada entonces sobre este tipo de castigo.

He de añadir que esa misma moratoria, esa moratoria que no impide que las lapidaciones se sigan produciendo, es considerada nula y sin efecto por distintas autoridades religiosas, políticas y judiciales iraníes: ¿acaso Alireza Jamshidi, portavoz del Ministerio de Justicia, no declaró en enero de 2009 que el concepto de moratoria no tenía sentido alguno en el derecho iraní? ¿Acaso el Consejo de Guardias de la Revolución no lucha con uñas y dientes para impedir que la lapidación quede fuera del nuevo Código Penal, que algunos reformistas parecen deseosos de retocar?

Por todas estas razones, el de Sakineh Mohammadi Ashtiani es un caso de vital importancia.

Por todas estas razones, tenemos que ser muchos, tenemos que sumarnos masivamente al movimiento de opinión originado en Canadá (desde el sitio http://freesakineh.org/, impulsado por Heather Reisman, Marie-Josée Kravis y otros), en el Reino Unido (con el espectacular llamamiento lanzado el viernes 9 de julio desde la primera plana de The Times, y que yo mismo firmé), en Estados Unidos (en torno a personalidades como mi amiga Arianna Huffington) y, hoy, en Brasil (gracias a los esfuerzos del editor de Companhia das Letras, Luis Schwarcz).

Y por estas razones insto a los amigos que vienen apoyándome en Europa desde hace tantos años y en tantos combates a que se sumen urgentemente al movimiento: me dirijo a los lectores de mi revista, La Règle du Jeu (laregledujeu.org); me dirijo a los hombres y mujeres de buena voluntad que me leen cada semana, o casi, en Corriere della Sera, EL PAÍS o Frankfurter Allgemeine Zeitung. A todos ellos les pido que se pongan en contacto directamente con las autoridades iraníes a cargo del caso Sakineh Mohammadi Ashtiani para solicitar: a) que suspendan cualquier forma de ejecución; b) que aclaren el estatus legal de la acusada e informen a su abogado a la mayor brevedad; c) que revisen su oposición a la retirada del Código Penal de una pena ?la lapidación? que es la vergüenza de la cultura persa y, como saben los musulmanes ilustrados del mundo entero, pertenece a una época remota.

Deben enviar su llamamiento al ayatolá Sayed Alí Jamenei, guía supremo de la República Islámica de Irán, cuya dirección de correo electrónico acaba de hacer pública Amnistía Internacional (info_leader@leader.ir). También pueden enviárselo a través de su página web: http://www.leader.ir/langs/%20en/index.php?p=letter.

Asimismo, deben enviárselo al ministro de Justicia, el ayatolá Sadegh Lariyaní, a la dirección siguiente, igualmente publicada por Amnistía Internacional, y a través de la cual parece que se puede llegar hasta él: Office of the Head of the Judiciary; Pasteur St. Vali Asr Ave.; south of Serah-e Jomhouri; Tehran 1316814737; Islamic Republic of Iran.

También pueden enviar una copia al secretario general del Alto Consejo para los Derechos Humanos, Mohamed Javad Lariyaní: Pasteur St; Vali Asr Ave.; south of Serah-e Jomhouri; Tehran 1316814737; Islamic Republic of Iran.

Hay que inundar de mensajes los despachos de estos funcionarios.

Todos deben ser conscientes de que el mundo tiene los ojos fijos en ellos y en el destino de Sakineh Mohammadi Ashtiani, así como de las otras 11 personas (ocho mujeres y tres hombres) que, en otros corredores de la muerte, esperan para saber si serán lapidadas o no.

Hay que recordarles que un gran país como el suyo, heredero de tan excelsa cultura, no puede aferrarse a unas prácticas punitivas tan atrozmente bárbaras y que contravienen tan abiertamente el “Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos”, del que Irán es signatario.

Deprisa, amigos, os lo suplico: si queremos que Sakineh Mohammadi Ashtiani y sus 11 compañeros de infortunio y horror salven la vida, no hay un minuto que perder.

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BERNARD HENRI-LEVI, en ELPAÍS.COM, 17/07/2010. Traducción de José Luis Sánchez-Silva.

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Sakineh Mohammadi Ashtiani no es la única persona en Irán a la espera de que se ejecute la pena de muerte a la que ha sido condenada. El caso de esta iraní de 43 años y madre de dos hijos ha saltado a la luz pública debido a la intensa campaña para evitar su lapidación promovida por diversas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Una web que pide su liberación (http://freesakineh.org/) ha recogido más de 89.000 firmas, entre ellas las del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, la política colombiana Ingrid Betancourt, el escritor Salman Rushdie o el consejero delegado del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián. Sin embargo, además de Ashtiani, un total de siete mujeres y tres hombres podrían ser lapidados en Irán en cualquier momento.

Una de estas personas es Iran A, una mujer de la etnia bajtiari -un grupo originario del sur de Irán- que fue condenada a cinco años de cárcel por complicidad en el asesinato de su marido y a la lapidación por adulterio. Según los informes de los que dispone Amnistía Internacional, su marido la atacó con un cuchillo al verla hablando con el hijo de un vecino, dejándola inconsciente. Cuando despertó, su esposo había sido asesinado con el mismo cuchillo con el que la había atacado, y el presunto autor del crimen era el hijo de su vecino. Al ser interrogada por la policía, supuestamente Iran confesó haber cometido adulterio, algo de lo que se retractó más tarde. En junio de 2007 se anunció que la sentencia había sido revocada y que se repetiría el juicio, pero en esta nueva ocasión la sentencia ha sido la misma. Iran está recluida en la prisión de Sepidar en Ahvaz (al suroeste de Irán) y desde febrero de 2009 no se tienen noticias de ella.

“Estoy lista para ir a la horca, pero no deben lapidarme. A una la estrangulan y muere, pero es muy duro soportar los golpes de las piedras en la cabeza”. Son palabras de Khayrieh V., otra de las mujeres condenadas en Irán que espera su lapidación tras ser condenada también por complicidad en el asesinato de su marido y por adulterio. Khayrieh V. sufría violencia de género y comenzó una relación con un familiar de su marido, que acabó matándolo. Ella confesó su adulterio pero negó cualquier implicación en el asesinato de su esposo. A pesar de ello, la sentencia fue ratificada y se encuentra a la espera de que el presidente de la Magistratura, Ayatollah Shahroudi, dé el visto bueno a su lapidación.

La lapidación de Ashraf Kalhori estuvo a punto de llevarse a cabo en julio de 2006 pero fue suspendida temporalmente por Shahroudi. Sin embargo, el 23 de febrero de 2009, dos periódicos iraníes informaron de que la comisión iraní de Amnistía y Clemencia había rechazado su apelación, por lo que su lapidación podría producirse en cualquier momento. Ashraf Kalhori fue condenada a muerte por adulterio y a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de su marido. Ella mantiene que fue una muerte accidental pero la policía iraní la acusó de mantener una relación con un vecino, animando a este a matar a su pareja. Como es habitual, la mujer confesó el adulterio en un primer interrogatorio, retractándose después.

Según el código penal iraní, vigente desde la Revolución iraní de 1979, el delito ha de probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres mujeres y dos hombres). Ante la dificultad de conseguir esto último y en casos de presunto adulterio, el artículo 105 otorga a los jueces -que en Irán son todos hombres- el derecho a condenar a muerte por lapidación basándose exclusivamente en su conocimiento documentado del acto.

Kobra Babaei y Rahim Mohammadi tenían una hija de 12 años. Según las informaciones de las que dispone Amnistía Internacional, el matrimonio recurrió a la prostitución para mantenerse económicamente tras meses sin encontrar trabajo alguno, por lo que ambos fueron condenados a la lapidación por cometer adulterio dentro del matrimonio. Rahim, además, fue declarado culpable por sodomía, delito que también acarrea la pena de muerte en Irán, aunque el método por el que esta se llevará a cabo ha de decidirlo el juez. En este caso, Rahim fue ahorcado el 5 de octubre de 2009. Su esposa, Kobra Babaei, espera su lapidación tras haber sido ratificada su sentencia.

La lapidación no es una pena aplicable solo a las mujeres en Irán. Mohammad Ali Navid Khamami fue declarado culpable de adulterio por lo que fue condenado a la ejecución por lapidación. El temor por su vida aumentó cuando, en mayo de 2009, un portavoz de la Magistratura iraní, después de confirmar que otro hombre había sido lapidado unas semanas antes, evitó referirse al hecho de que Mohammad Ali Navid Khamami estuviese esperando su muerte en la prisión de Rasht.

De la misma manera, Naghi Ahmadi, Bu Ali Juamfashani, Sarimeh Sajjadi, Hashemi Nasab y una mujer identificada solamente como M. Kh esperan también a que se ejecute su sentencia a muerte por lapidación sin que ninguna organización haya conseguido datos sobre su detención o su juicio.

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ELENA HORRILLO, Madrid – 14/07/2010. ELPAÍS.COM