Fue detenido en Tecomán, Colima, como resultado de una investigación de inteligencia que se extendió durante casi un año y que incluyó seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales y reconocimiento aéreo con drones.  El detenido fue identificado junto con Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores.

Quienes también fueron asegurados durante dos cateos simultáneos realizados el 22 de octubre en el municipio de Tecomán.  De acuerdo con los datos de la investigación, a los tres hombres les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda relacionada con el CJNG.

Las autoridades señalan a Leopoldo David López como presunto coordinador de una célula criminal con movilidad entre Colima y Jalisco. Además, se le relaciona con diversos hechos violentos, entre ellos el atentado ocurrido el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El seguimiento comenzó tras el atentado en Coahuayana

La investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de seguridad, permitió reconstruir parte de los movimientos relacionados con el ataque ocurrido en diciembre de 2025.

El atentado fue perpetrado mediante la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana y dejó seis personas sin vida, además de varios heridos.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de los registros obtenidos mediante los arcos del C5i de Colima, los investigadores reconstruyeron los desplazamientos de vehículos que acompañaron a la camioneta utilizada en el ataque.

Uno de los vehículos identificados fue posteriormente modificado. La camioneta fue repintada de rojo a blanco y también sufrió cambios en su parte frontal. Sin embargo, los trabajos de seguimiento permitieron mantener su identificación y documentar sus desplazamientos hacia distintos domicilios considerados de interés para la investigación.

Los análisis también abrieron nuevas líneas sobre las personas que utilizaban los vehículos y los inmuebles con los que mantenían relación.

Geolocalización y drones permitieron ubicarlo

La investigación combinó distintas capacidades tecnológicas para reducir las áreas de búsqueda. La geolocalización y la inteligencia de señales permitieron establecer posibles zonas frecuentadas por el objetivo y ubicar uno de los inmuebles relacionados con Leopoldo David López.

La información obtenida por la FGR fue complementada con las capacidades técnicas de la Inteligencia Naval, lo que permitió avanzar desde el análisis de datos hasta la vigilancia física de los puntos identificados.

En esta etapa también se utilizaron aeronaves no tripuladas y drones para obtener imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso. El reconocimiento aéreo permitió conocer las características de los inmuebles y aportar información para determinar cuáles podían estar relacionados con el investigado.

Los resultados obtenidos mediante las herramientas tecnológicas fueron posteriormente corroborados con identificación visual, vigilancia y seguimiento en campo. La combinación de estas técnicas permitió relacionar al objetivo con determinados domicilios y sustentar las diligencias ministeriales que finalmente condujeron a los cateos.

Las investigaciones también vinculan a López Sánchez con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, así como con la privación ilegal de la libertad y homicidio de un agricultor colimense.

El operativo fue dado a conocer por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que las acciones fueron resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación específica de los detenidos en los hechos y establecer si existen otros integrantes de la célula criminal relacionados con el atentado de Coahuayana.

Junto a la clínica Punto Salud, en la colonia Kennedy, en el municipio de Nogales, Sonora.     De acuerdo con los reportes de las corporaciones policíacas, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo tipo pick-up cuando un hombre llegó molesto y alterado a su consultorio.   Tras ubicar al odontólogo en el área de estacionamiento, el agresor le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar a pie de la escena.

Personal del hospital salió para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que el médico ya no contaba con signos de vida a causa de los impactos de bala.  La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora acordonó la zona en el municipio de Nogales para recabar los casquillos percutidos e iniciar las indagatorias.

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La dependencia estatal informó que ya se tiene identificada a una persona de interés, presuntamente un expaciente, por lo que se mantienen los operativos de búsqueda para dar con el responsable.

A la altura del puente del Tren Maya, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún.  La víctima fue identificada como Yatziri Jiménez Lezama de 23 años de edad, originaria del municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla y adscrita a las fuerzas federales con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El percance se registró sobre la referida vía de comunicación. De acuerdo con los primeros reportes técnicos, la joven viajaba como acompañante en el vehículo de dos ruedas cuando el conductor perdió el control del manubrio, provocando que la unidad derrapara y ambos ocupantes salieran proyectados hacia la carpeta asfáltica.

Compañeros de la Guardia Nacional y paramédicos acudieron al sitio para brindar primeros auxilios; sin embargo, al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de los traumatismos sufridos tras el impacto. Por su parte, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un nosocomio de la zona bajo pronóstico reservado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y agentes de vialidad procesaron la escena para iniciar las indagatorias correspondientes. Entre las hipótesis preliminares se analiza el exceso de velocidad como factor determinante del siniestro.

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La muerte de la joven causó consternación entre sus familiares, allegados y habitantes de Santiago Miahuatlán, quienes externaron sus condolencias a la familia de la integrante de las fuerzas armadas.

Difundió un video donde obliga a campesinos secuestrados a declararse integrantes del crimen organizado con la finalidad de hacerlos pasar por criminales, manipulación que busca desvirtuar la privación ilegal de la libertad de los pobladores.  Como recordarán, La Familia Michoacana, los pndjos de los hermanos El Pez y El Fresa.

Se han encargado de cagarla en los últimos años apretando a más no poder a los pobladores, a ellos les exigen innumerables cuotas, hasta por la compra de tortillas, ahora quieren cientos de hectáreas de la población, han atacado pueblos, ejecutado y quemado a niños, mujeres y adultos mayores, su último método ha sido levantar a la gente, para obligar a sus familias a ceder esas tierras.

Como los medios de comunicación han dado cuenta de lo que están haciendo, saben que la cagaron y realizaron estos videos con la gente que tienen en su poder.

La difusión del material audiovisual ocurre a 14 días de la privación de la libertad de ocho comuneros registrada el pasado 24 de septiembre de 2026 en el paraje La Lajita, en la zona serrana entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.

En la primera parte del video filtrado en plataformas digitales, cinco de las víctimas aparecen sometidas, esposadas de las manos y vistiendo indumentaria táctica de tipo militar. Al ser interrogados por un sujeto que no aparece a cuadro, los cautivos declaran pertenecer al grupo delictivo Los Granados, mencionan a presuntos mandos de la zona, detallan el número de personas armadas en sus comunidades y tres de ellos afirman que portaban fusiles de asalto AK-47 y R-15.

Durante el interrogatorio grabado, los sometidos se identifican de la siguiente manera:

Everardo León Atanacio, de 17 años de edad
Fidel Quirino Atanacio, de 54 años de edad
Isidro Brito Arriola, de 32 años de edad
Eulises Medrano López, de 26 años de edad
José Leodanis Medrano López, de 24 años de edad

En una secuencia posterior, la grabación exhibe a seis hombres con los ojos vendados, maniatados y sentados en el suelo frente a pacas de paja. Al final del video se integraron fotografías alteradas de las víctimas, en las que se observa a personas portando armas de alto poder, entre ellas menores de edad.

Tras la divulgación del material, la representación del ejido El Balcón emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente el intento de La Familia Michoacana de incriminar a las víctimas.

La directiva ejidal precisó que la ropa militar que portan en el video no corresponde a la indumentaria que vestían el día de su levantón y que las declaraciones forzadas contienen inconsistencias en los nombres y apellidos de los afectados.

Las autoridades comunitarias remarcaron que los secuestrados son productores dedicados al manejo forestal sustentable, la agricultura y la destilación artesanal de mezcal, con trayectoria reconocida por instituciones del sector ambiental.

Asimismo, reiteraron que el trasfondo de las agresiones por parte de La Familia Michoacana es la exigencia de despojarlos de sus tierras ejidales, estratégicas por formar parte de la ruta entre la Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero, condicionante expuesta tras la liberación de un menor de ocho años el pasado 1 de octubre.

Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia «Minerva Bello», el sacerdote Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación datos sobre la posible ubicación de los siete campesinos que continúan privados de su libertad, señalando que permanecen retenidos en la región de la Tierra Caliente.

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En tanto, representantes de El Balcón advirtieron que 319 comunidades de la sierra alistan una movilización hacia el Palacio Nacional para exigir a la Presidencia de la República la localización con vida de los comuneros.

En la agencia municipal de San Martín Mexicapam, en Oaxaca de Juárez,  El ataque se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando la pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Fresnos, en inmediaciones de las intersecciones con las calles Paraíso y Pinos.

En ese punto fueron alcanzados por dos hombres armados que se transitaban en una motocicleta Honda FT, quienes dispararon en múltiples ocasiones, debido a las lesiones generadas por los proyectiles —un impacto en la espalda en el caso de Jesús Alvarado «El Chuy» y uno en la cabeza en el de su cónyuge—, ambos perdieron la vida en el sitio.

Las víctimas eran comerciantes reconocidos en la capital oaxaqueña, dedicados durante más de una década a la preparación y venta de elotes y esquites bajo la marca «Elotes El Chuy».

Contaban con un establecimiento fijo en la esquina de las calles Manuel García Vigil y Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, así como con un punto de venta ambulante en triciclo, caracterizados por el uso de condimentos tradicionales como los chapulines.

La página oficial del negocio suma más de 150 mil seguidores en redes sociales, plataforma donde horas antes de la agresión habían difundido contenido promocional sobre un producto de su menú.

Tras confirmarse el hecho, usuarios de redes sociales, clientes y habitantes de la zona manifestaron condolencias y mensajes de respaldo a los familiares de la pareja.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), acudieron al lugar para procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios balísticos.

La representación social informó el inicio de las indagatorias correspondientes, consistentes en labores de inteligencia en campo, entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona, con el objetivo de establecer el móvil del doble homicidio e identificar a los agresores.

La víctima fue identificada como Fernanda Gastélum de 31 años de edad, de profesión licenciada en Educación Primaria.   De acuerdo con los primeros reportes de seguridad y un video, un Sicario arribó al lugar donde se encontraba la mujer, disparó en su contra a corta distancia y posteriormente se dio a la fuga.

Un familiar la trasladó a bordo de un vehículo particular a un hospital privado para recibir atención médica; sin embargo, ingresó al área de urgencias sin signos vitales.   Debido a que contaba con siete meses de embarazo, el personal médico practicó una cesárea de emergencia en un intento por salvar al bebé, quien tampoco sobrevivió.

El crimen generó la movilización de corporaciones de seguridad y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, mientras que integrantes de colectivos feministas exigieron la clasificación del caso como feminicidio y el pronto esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero del agresor.

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Agentes ministeriales y peritos forenses iniciaron el procesamiento de las diferentes escenas y la recolección de indicios para integrar las carpetas de investigación correspondientes.