A la altura del puente del Tren Maya, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún.  La víctima fue identificada como Yatziri Jiménez Lezama de 23 años de edad, originaria del municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla y adscrita a las fuerzas federales con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El percance se registró sobre la referida vía de comunicación. De acuerdo con los primeros reportes técnicos, la joven viajaba como acompañante en el vehículo de dos ruedas cuando el conductor perdió el control del manubrio, provocando que la unidad derrapara y ambos ocupantes salieran proyectados hacia la carpeta asfáltica.

Compañeros de la Guardia Nacional y paramédicos acudieron al sitio para brindar primeros auxilios; sin embargo, al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de los traumatismos sufridos tras el impacto. Por su parte, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un nosocomio de la zona bajo pronóstico reservado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y agentes de vialidad procesaron la escena para iniciar las indagatorias correspondientes. Entre las hipótesis preliminares se analiza el exceso de velocidad como factor determinante del siniestro.

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La muerte de la joven causó consternación entre sus familiares, allegados y habitantes de Santiago Miahuatlán, quienes externaron sus condolencias a la familia de la integrante de las fuerzas armadas.

Difundió un video donde obliga a campesinos secuestrados a declararse integrantes del crimen organizado con la finalidad de hacerlos pasar por criminales, manipulación que busca desvirtuar la privación ilegal de la libertad de los pobladores.  Como recordarán, La Familia Michoacana, los pndjos de los hermanos El Pez y El Fresa.

Se han encargado de cagarla en los últimos años apretando a más no poder a los pobladores, a ellos les exigen innumerables cuotas, hasta por la compra de tortillas, ahora quieren cientos de hectáreas de la población, han atacado pueblos, ejecutado y quemado a niños, mujeres y adultos mayores, su último método ha sido levantar a la gente, para obligar a sus familias a ceder esas tierras.

Como los medios de comunicación han dado cuenta de lo que están haciendo, saben que la cagaron y realizaron estos videos con la gente que tienen en su poder.

La difusión del material audiovisual ocurre a 14 días de la privación de la libertad de ocho comuneros registrada el pasado 24 de septiembre de 2026 en el paraje La Lajita, en la zona serrana entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.

En la primera parte del video filtrado en plataformas digitales, cinco de las víctimas aparecen sometidas, esposadas de las manos y vistiendo indumentaria táctica de tipo militar. Al ser interrogados por un sujeto que no aparece a cuadro, los cautivos declaran pertenecer al grupo delictivo Los Granados, mencionan a presuntos mandos de la zona, detallan el número de personas armadas en sus comunidades y tres de ellos afirman que portaban fusiles de asalto AK-47 y R-15.

Durante el interrogatorio grabado, los sometidos se identifican de la siguiente manera:

Everardo León Atanacio, de 17 años de edad
Fidel Quirino Atanacio, de 54 años de edad
Isidro Brito Arriola, de 32 años de edad
Eulises Medrano López, de 26 años de edad
José Leodanis Medrano López, de 24 años de edad

En una secuencia posterior, la grabación exhibe a seis hombres con los ojos vendados, maniatados y sentados en el suelo frente a pacas de paja. Al final del video se integraron fotografías alteradas de las víctimas, en las que se observa a personas portando armas de alto poder, entre ellas menores de edad.

Tras la divulgación del material, la representación del ejido El Balcón emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente el intento de La Familia Michoacana de incriminar a las víctimas.

La directiva ejidal precisó que la ropa militar que portan en el video no corresponde a la indumentaria que vestían el día de su levantón y que las declaraciones forzadas contienen inconsistencias en los nombres y apellidos de los afectados.

Las autoridades comunitarias remarcaron que los secuestrados son productores dedicados al manejo forestal sustentable, la agricultura y la destilación artesanal de mezcal, con trayectoria reconocida por instituciones del sector ambiental.

Asimismo, reiteraron que el trasfondo de las agresiones por parte de La Familia Michoacana es la exigencia de despojarlos de sus tierras ejidales, estratégicas por formar parte de la ruta entre la Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero, condicionante expuesta tras la liberación de un menor de ocho años el pasado 1 de octubre.

Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia «Minerva Bello», el sacerdote Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación datos sobre la posible ubicación de los siete campesinos que continúan privados de su libertad, señalando que permanecen retenidos en la región de la Tierra Caliente.

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En tanto, representantes de El Balcón advirtieron que 319 comunidades de la sierra alistan una movilización hacia el Palacio Nacional para exigir a la Presidencia de la República la localización con vida de los comuneros.

En la agencia municipal de San Martín Mexicapam, en Oaxaca de Juárez,  El ataque se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando la pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Fresnos, en inmediaciones de las intersecciones con las calles Paraíso y Pinos.

En ese punto fueron alcanzados por dos hombres armados que se transitaban en una motocicleta Honda FT, quienes dispararon en múltiples ocasiones, debido a las lesiones generadas por los proyectiles —un impacto en la espalda en el caso de Jesús Alvarado «El Chuy» y uno en la cabeza en el de su cónyuge—, ambos perdieron la vida en el sitio.

Las víctimas eran comerciantes reconocidos en la capital oaxaqueña, dedicados durante más de una década a la preparación y venta de elotes y esquites bajo la marca «Elotes El Chuy».

Contaban con un establecimiento fijo en la esquina de las calles Manuel García Vigil y Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, así como con un punto de venta ambulante en triciclo, caracterizados por el uso de condimentos tradicionales como los chapulines.

La página oficial del negocio suma más de 150 mil seguidores en redes sociales, plataforma donde horas antes de la agresión habían difundido contenido promocional sobre un producto de su menú.

Tras confirmarse el hecho, usuarios de redes sociales, clientes y habitantes de la zona manifestaron condolencias y mensajes de respaldo a los familiares de la pareja.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), acudieron al lugar para procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios balísticos.

La representación social informó el inicio de las indagatorias correspondientes, consistentes en labores de inteligencia en campo, entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona, con el objetivo de establecer el móvil del doble homicidio e identificar a los agresores.

La víctima fue identificada como Fernanda Gastélum de 31 años de edad, de profesión licenciada en Educación Primaria.   De acuerdo con los primeros reportes de seguridad y un video, un Sicario arribó al lugar donde se encontraba la mujer, disparó en su contra a corta distancia y posteriormente se dio a la fuga.

Un familiar la trasladó a bordo de un vehículo particular a un hospital privado para recibir atención médica; sin embargo, ingresó al área de urgencias sin signos vitales.   Debido a que contaba con siete meses de embarazo, el personal médico practicó una cesárea de emergencia en un intento por salvar al bebé, quien tampoco sobrevivió.

El crimen generó la movilización de corporaciones de seguridad y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, mientras que integrantes de colectivos feministas exigieron la clasificación del caso como feminicidio y el pronto esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero del agresor.

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Agentes ministeriales y peritos forenses iniciaron el procesamiento de las diferentes escenas y la recolección de indicios para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2016, según reveló Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.  Sales narró el episodio en entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia. Según su relato, la petición llegó hasta el gabinete de seguridad y el propio presidente Peña Nieto.

Quienes determinaron que cualquier información debía recabarse por la vía legal, sin comprometer el proceso judicial que Guzmán enfrentaba antes de su extradición a Estados Unidos.   “Angustiadísimo”: la reacción de El Chapo al saber que sus hijos estaban secuestrados

Sales relató que fue el propio Guzmán quien le pidió hacer llegar el mensaje al secretario de Gobernación y al Presidente: sus hijos habían sido privados de la libertad y él estaba dispuesto a dar información a cambio de que el Gobierno lo ayudara a rescatarlos.

Cuando Niño de Rivera le preguntó cómo reaccionó el capo al enterarse del secuestro, Sales respondió con una sola palabra: “Angustiadísimo”.

El excomisionado explicó que la respuesta institucional no podía ser inmediata ni informal. Llevó la petición al secretario de Gobernación, al presidente y al gabinete de seguridad, donde planteó la única vía que consideraba viable: que la información se recabara a través del Ministerio Público, bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y con resguardo de identidad para Guzmán como informante.

“Podemos hacer esto, pero conforme a la ley”, explicó Sales sobre el planteamiento que llevó al gabinete. “Si da información y nosotros la usamos sin respaldo legal, al rato estamos declarando nosotros allá en Estados Unidos”, dijo, en referencia al riesgo de que un procedimiento irregular en México comprometiera después el caso ante la justicia estadounidense.

Sales precisó que, finalmente, Guzmán no llegó a declarar de manera formal ante el Ministerio Público sobre el tema.

En su lectura de los hechos, fue Ismael “El Mayo” Zambada quien intervino para desactivar el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el grupo de “El Mencho” antes de que escalara a una guerra abierta.

El secuestro en un restaurante de Puerto Vallarta que detonó la crisis

El episodio que Sales conecta con esa oferta de información ocurrió el 15 de agosto de 2016, cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños en el restaurante Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según la información, un grupo armado de aproximadamente 20 personas irrumpió en el lugar y privó de la libertad a Iván Archivaldo y a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de otros cuatro acompañantes.

Según el relato de Dámaso López Serrano “El Mini Lic”,en una entrevista con Luis Chaparro, el objetivo del secuestro no era económico: la consigna era asesinar a los hijos de Guzmán. “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa relató que su padre, Dámaso López Núñez, recibió una llamada de “El Mayo” Zambada, quien le pidió ayuda para establecer contacto con integrantes del CJNG y negociar la liberación. “Mi papá me dijo: ‘Me habló El Mayo y estaba muy preocupado y que si les podíamos ayudar’”, narró López Serrano.

La amenaza que Guzmán envió desde prisión a El Mencho

De acuerdo con el testimonio de López Serrano, la intervención decisiva provino directamente de Guzmán, entonces preso en el penal del Altiplano y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

El capo envió un mensaje en el que planteó una represalia directa contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, que en ese momento estaba recluido en el mismo penal.

“A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”, habría sido el mensaje que Guzmán envió a “El Mencho”, según relató López Serrano. Esa amenaza, de acuerdo con su versión, elevó la negociación a otro nivel y terminó por facilitar la liberación de los hermanos Guzmán Salazar.

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Una reconstrucción del episodio publicada por Milenio, con información del periodista Carlos Jiménez, señaló que “El Mayo” Zambada habría llegado a un acuerdo directo con “El Mencho” que incluía, además de la amenaza contra “El Menchito”, el pago de 2,000,000 de dólares y un cargamento de droga como condición adicional para la liberación.

Perteneciente al municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla,  De acuerdo con reportes e informes de las corporaciones de seguridad, el occiso contaba con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico, proceso por el cual permaneció encarcelado en la Ciudad de México, y era identificado como un generador de violencia dedicado al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo (Huachicol).

Tras reintegrarse a la comunidad de Chipilo, Martínez Martínez fue objeto de amenazas previas, por lo que la principal línea de investigación apunta a una agresión directa.  Los hechos se registraron alrededor de las 09:40 horas sobre la calle 16 de Septiembre. La víctima circulaba a bordo de su camioneta JAC color negro, con placas de circulación HD-9746-J del estado de Guerrero.

Cuando fue interceptado por un Sicario que se desplaza en una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones.  A pesar de encontrarse herido de gravedad por los impactos de bala el conductor maniobró la unidad y persiguió al agresor hasta impactarlo y proyectarlo sobre el asfalto.

Pese al choque, el atacante se incorporó, disparó nuevamente contra Martínez Martínez, abandonó la pistola en la banqueta y se dio a la fuga a pie. El vehículo de la víctima terminó varado metros adelante tras perder el control debido a la gravedad de sus lesiones.

Pobladores de la zona alertaron al Sistema de Emergencias sobre las detonaciones, lo que motivó el desplazamiento de elementos de la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa. Al arribar al sitio, los agentes hallaron la camioneta, el arma de fuego empleada por el agresor en la vía pública y al conductor inconsciente en el asiento del piloto.

Técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar de la agresión; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron la ausencia de signos vitales a causa de las heridas producidas por los disparos.

El homicidio fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, cuyo personal adscrito a la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos asumió la conducción de las diligencias en el lugar de los hechos.

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Peritos en criminalística procedieron al aseguramiento del arma, la fijación de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley. La representación social inició el análisis de las grabaciones de cámaras de videovigilancia y la toma de entrevistas para la identificación y localización del responsable.