Uno de los conceptos más usuales del pensamiento postmodernos, sea cual sea el ámbito concreto de aplicación, es el ‘liquidez’. Esta metáfora conceptual pretende manifestar que lo que somos, a lo que pertenecemos, tiene la consistente del estado de la materia al que hace referencia.

La liquidez sustituye al acto en el plano ontológico.

El pensamiento postmoderno le da una gran importancia al devenir de las cosas y, sin duda, concede la primacía a lo que pasa sobre lo que es. Es una afirmación correcta, solamente que exagerada queda desvirtuada. Que las cosas no sean sino que estén siendo no implica ni la nihilización de la realidad ni convertir en presente lo que todavía no es y puede no ser frente a lo que está siendo.

El problema es que determinados intérpretes de la Postmodenidad caen repetidamente en los mismos agujeros hermenéuticos. El primero lo podemos calificar como ‘presentismo’ y no es otra cosa que considerar el tiempo actual, los minutos corrientes, como la cumbre de la Historia, como el momento decisivo de al menos un cambio epocal.

El segundo es considerar que otros tiempos han sido estáticos mientras nosotros vivimos en la dinamicidad absoluta de los procesos humanos. Es cierto que las comunicaciones actuales no tiene parangón con las de otros, pero ello lo único que varía es la percepción de los hechos, no tanto su velocidad.

Un simple examen de la historia nos lleva a comprobar como pocas décadas bastaban para que algo que ahora consideramos arquetípico cayera estrepitosamente. La estabilidad en la Historia no es más que un recurso para crear modelos explicativos, pero todo el mundo sabe o debiera saber que nunca ha existido la estabilidad que le atribuimos a los tiempos pretéritos en nuestros modelos históricos.

Parece la prueba que faltaba para comprobar que se redactó improvisadamente, de una forma chapucera y que esta corrección de errores, hasta que se consoliden los textos, solamente va a generar aún más inseguridad jurídica.

Las circunscripciones o distritos siguen el criterio de los partidos judiciales, con la excepción del partido de Ávila, donde la ciudad se conforma como circunscripción por sí misma y su partido forma circunscripción con el de Arévalo.

Por lo que leo en El País el Partido Popular hace una modificación del sistema de alquiler muy de derechas, esto es, colocando en ventaja al propietario frente al inquilino, con la idea de incentivar la salida de las viviendas al mercado del alquiler (algo que ya está pasando sin esta norma: el mercado lo llaman) en la convicción de que no salen por el temor de los propietarios a los inconvenientes del alquilar (que los tiene) y no solamente porque estén pensando que la burbuja se reeditará dentro de un tiempo (que hay muchos que lo piensan y lo desean).

El problema es que el Gobierno ha incentivado a unos, desincentivando a otros y ha preferido hacer una legislación de los propietarios (aunque habrá que leer el texto de la propuesta) en vez de trabajar en un marco estable y razonable, con procedimiento de arbitraje que garanticen la neutralidad e imparcialidad de los árbitros, que sería una fantástica misión que los notarios podrían hacer suya.

¿Por qué digo que desincentiva? Porque si te puede echar de la casa en la que vives, aunque sea con una excusa falsa como convertirla en vivienda habitual, violando el ‘pacta sunt servanda’, te pensarás mucho si te merece la pena alquilar si, lo mismo, en un mes tiene que desmontarlo todo, cambiar a los niños de colegios y trastornar la vida porque el propietario quiere irse a vender al piso que te alquiló antes de finalizar el contrato que firmaste con él.

Es la misma situación del año pasado cuando estas dos comunidades se lanzaron contra el Gobierno de Zapatero por las oposiciones. Ahora lo hacen contra el de Rajoy. La diferencia es que, por ahora, el Gobierno solamente ha recurrido las oposiciones de la comunidad gobernada por sus oponentes políticos y nada han dicho de que tengan intención de recurrir las oposiciones de la comunidad gobernada por los suyos.

Pero al gobierno argentino le importa también un pimiento la baja de calificación de S&P, en primer lugar porque a Argentina no le importa nada la calificación, porque su acceso a los mercados financieros internacionales es muy difícil y a un precio en el que una bajada de calificación no afecta.

En segundo lugar porque las reservas descubiertas les proporcionan a Argentina potencialmente, si lo adminstran correctamente (cosa difícil), una fuente de riqueza y una autosuficiencia energética importante, que no tiene demasiada relación con la calificación de S&P.

Todos salvemos, salvo AENA según parece, que aerolíneas realizan estas prácticas. Más que pedir la denuncia ciudadana podrían poner inspector en cada embarque de estas compañías, que supervise si se cumple con la ley o no, levante acta y deduzca las consecuencias pertinentes.

AENA no puede derivar la responsabilidad de vigilar a las aerolíneas a los ciudadanos, porque a ellos le compete y son ellos los que tienen que poner medios para saber si la ley se cumple o no en los aeropuertos que gestiona.

El ciudadano es cliente, obligado, de AENA y como cliente que es, aunque sea obligado, espera que sea la empresa gestora de los aeropuertos la que vigile.