La segunda pieza más cara del ajuar intervenido a Zapatero es otro collar en oro blanco de 18 kilates "con trece zafiros". Su origen es Tailandia y la pieza está tasada en 220.000 euros.

En tercer lugar, figura otro collar, recubierto por una "banda de diamantes" y "una cascada de rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo acompañados por diamantes de talla brillantes". Esta pieza, la tercera más valiosa para Ansorena, asciende a 155.000 euros.

En la colección de joyas, los especialistas de Ansorena destacan una pulsera de oro blanco "con dos rubíes naturales tratados con vidrio de plomo" con una montura "cuajada por diamantes" valorado en 72.000 euros o una pulsera, también de oro blanco, rematada por "tres esmeraldas naturales" que son originarias, al igual que en la pieza más valiosa, de Zambia. En este caso, la tasación asciende a 95.000 euros.

En la resolución en la que se acuerda la imputación de los dos delitos, el juez José Luis Calama incluye en la lista la descripción del resto de alhajas incautadas por la UDEF el pasado 19 de mayo durante el registro de la oficina del exjefe del Ejecutivo.

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En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del caso 'Plus Ultra'.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin prejuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el juez, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.

De esta manera, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, el cual se sitúa en 120.000 euros.

Asimismo, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero podría encajar en un delito de contrabando en relación con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, "en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera o de facturas de importación impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal.

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"Hay jueces que prevarican"

Óscar López

Fue en un acto en el que se premiaba al Fiscal General del Estado, recientemente condenado por el Tribunal Supremo. Ocurrió hace dos días, ayer el ministro tuvo atención a medios pero no rectificó sus palabras, se reafirmó, aunque sin mencionar ese verbo. "No pasa en una democracia por tener libertad de opinión y expresión. Ojalá estuviera equivocado y no hubiera sentencias injustas pero lamentablemente las hay", concluía.

Moncloa recupera las acusaciones contra algunos jueces

No ha querido ponerle nombre y apellidos a esos jueces que, según él, están prevaricando, pero si echamos la vista atrás, en Moncloa siempre han sido muy críticos, por ejemplo, con la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez o con la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Lo que sí sabemos es que la suya no es una opinión aislada porque el Gobierno "respalda" totalmente las palabras del ministro, es decir, comparten que hay jueces, pocos, prevaricando.

Lo confirman fuentes gubernamentales y hoy, otros compañeros del Consejo de Ministros han dejado claro que hay "actuaciones muy sospechosas que te hacen pensar", quien lo afirma es Ángel Víctor Torres en Radio Nacional, que también pide "no generalizar".

Poner el foco en los jueces por parte de Moncloa sucede en un momento especialmente complicado para ellos y para el Partido Socialista con varias causas abiertas que, de una manera u otra, les salpican. Por eso, algunos de sus socios de investidura que siempre han defendido la teoría del "lawfer", critican que el PSOE alce ahora la voz, "cuando los afectados son ellos", como apuntaba desde el Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El PP critica las palabras de López

Para el partido Popular es algo "lamentable", hablan de "coacciones" al poder judicial e ironizan diciendo que ya es casualidad que "siempre prevarican los que investigan al PSOE", eso ha dicho la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista este viernes en el programa Espejo Público.

Las palabras de Óscar López también han provocado las críticas y el malestar entre algunos magistrados.

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Teijelo tendrá que declarar en la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

En una providencia, Pedraz da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama.

Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el denominado caso Koldo. Por el momento, el magistrado no lo integra en la presunta organización para desbaratar las causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, pero cree que coadyuvó a los intereses de la trama. En concreto, piensa que fue designado como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos" y que, presuntamente, recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.

Conversaciones entre Teijelo y Leire Díez

En el sumario del caso, aparecen varias conversaciones entre Teijelo y Leire Díez. Precisamente, muchas de esas conversaciones hablan de causas judiciales.

Además, este abogado fue quien, junto a la exmilitante, se reunió en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado, Diego Villafañe.

La Fiscalía General del Estado informó al juez Pedraz de dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire fue presentada como "una compañera de despacho", tuvo "una intervención menor" y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.

Según la Fiscalía, sobre estos encuentros se informó "a posteriori" al entonces fiscal general y ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de Álvaro García Ortiz.

Además de Teijelo, en esta causa están investigados otros dos abogados que han ejercido la defensa en el caso Koldo: Ismael Oliver, que representó al exasesor ministerial Koldo García, y Leticia de la Hoz, que le cogió el testigo y es la que actualmente le defiende. El juez Pedraz también investiga en este procedimiento a Santos Cerdán, a quien otorga un "rol superior" en la supuesta trama, a Leire Díez, que coordinaría las actividades, y al exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, que habría servido como "vehículo" para abonar a Díez con cargo a fondos del PSOE.

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En la sentencia de la plaza 45 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid, el magistrado estima la demanda de García-Castellón y considera que las manifestaciones que vertió Belarra en X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Asimismo, Belarra tendrá que difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X en la que se produjo la intromisión al derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

García-Castellón alegaba en su demanda que Belarra vulneró su derecho al honor al publicar en 2024 dos mensajes en la red social X, con motivo de su jubilación, en los que se refería a él como "este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España" y que él "continúa la guerra sucia judicial contra Podemos".

Belarra añadió asegurando que se querelló contra ella por "decir la verdad" y consideró "que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena".

En un principio, la demanda fue interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le atribuye la competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra diputados y senadores.

Sin embargo, el Supremo concluyó que no era competente porque las manifestaciones no fueron realizadas propiamente "en el ejercicio de su cargo" de diputada.

La diputada de Podemos argumentó que debía ser absuelta y propuso que García-Castellón pagase las costas de proceso. Ahora, el magistrado concluye que "las expresiones acreditadas son objetivamente injuriosas y vejatorias".

La sentencia pone de relieve que, en este caso, se enfrentan el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión de "dos personajes públicos con gran trascendencia mediática". En este sentido resuelve que, en contra de lo argumentado por Ione Belarra, sus expresiones se limitan a "la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna".

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La joyería Ansorena, a la que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso solicitó una tasación, ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Ese valor ha sido calculado por la citada joyería con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

En un primer momento, Luis Arroyo, siendo portavoz autorizado del expresidente, aseguró que estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", tal y como le trasladó el exjefe del Gobierno. Además, la secretaria de Zapatero atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a regalos de "viajes".

Arroyo se ha disculpado en X detallando que pide perdón en su propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. En ese sentido, el también presidente del Ateneo de Madrid ha señalado que Zapatero "dará explicaciones ante el juez", y sobre las joyas durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional en los días 17 y 18 de junio.

Del mismo modo, Arroyo ha defendido que "siempre" trata de "informar con veracidad y honestidad" y concluye asegurando que no concibe la comunicación de otro modo.

Las joyas que se encontraron en un registro de la UCO

Las numerosas piezas de joyería se encontraron en un registro de la UCO en la oficina de Zapatero situada en la calle Ferraz. En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados: uno contaba con 13 piedras azules, otro con cinco piedras granates y un tercero de piedras de color verde.

También tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores, dos pendientes y una sortija de piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13. En esa misma bolsa, también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.

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El informe sitúa el valor de las piezas muy por encima de las estimaciones que habían trascendido tras la intervención. Desde el entorno del expresidente se había señalado que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.

El origen de las piezas

Las joyas fueron encontradas el pasado 19 de mayo en una caja fuerte durante el registro judicial del despacho de Zapatero. Durante aquella actuación, la secretaria del exjefe del Ejecutivo, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que las piezas procedían de distintas fuentes familiares.

Según su relato, parte de las joyas corresponderían a una herencia recibida por Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente. También indicó que algunas habrían sido recibidas como obsequio durante viajes y que otras pertenecerían a la madre de Zapatero.

La tasación incluye un total de 103 objetos de joyería. Entre ellos figuran varios conjuntos de pendientes, anillos y pulseras con piedras de distintos colores, además de collares, brazaletes y otros complementos.

El inventario recoge tres conjuntos plateados decorados con piedras azules, verdes y rojas, varias pulseras con gemas de diferentes tonalidades, collares de color verde, una cruz en tonos dorados y plateados y dos brazaletes dorados.

La valoración elaborada por Ansorena pasa ahora a incorporarse a la investigación que dirige la Audiencia Nacional. El informe permitirá a los investigadores determinar con precisión el valor patrimonial de las piezas intervenidas y contrastarlo con la documentación incorporada a la causa.

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El magistrado analiza la posible intervención de Leire Díez en un procedimiento que terminó con la concesión de la nacionalidad al exdirigente venezolano en abril de 2025. La investigación busca determinar si esa resolución estuvo relacionada con actuaciones realizadas por personas vinculadas a la trama.

De la administración chavista a los tribunales

Ingeniero eléctrico de formación, Villalobos inició su carrera profesional en el sector energético antes de incorporarse a la administración venezolana. Durante años ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, donde llegó a desempeñar funciones como viceministro de Energía Eléctrica y hombre de confianza del entonces ministro Rafael Ramírez.

Su nombre comenzó a aparecer vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en proyectos energéticos desarrollados en Venezuela. Con el paso de los años, distintas causas judiciales en varios países situaron al exalto cargo en el centro de pesquisas relacionadas con supuestos pagos irregulares y operaciones de blanqueo de capitales.

La repercusión internacional del caso alcanzó uno de sus momentos más destacados en 2020, cuando la Administración estadounidense llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Antes, en 2017, Villalobos había sido detenido en España a petición de Estados Unidos por una investigación relacionada con presuntas operaciones de blanqueo de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). También fue procesado en Andorra por una causa en la que se le atribuía el movimiento de 124 millones de euros entre 2007 y 2012.

Además, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza rechazó en 2021 concederle permiso de residencia al considerar que suponía una amenaza para la seguridad pública y para la reputación del país.

La conexión con Duro Felguera

Paralelamente, Villalobos figura entre los acusados en el denominado caso Duro Felguera. La Audiencia Nacional ha fijado para octubre el juicio por una causa que investiga presuntos sobornos relacionados con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Según el juez instructor Ismael Moreno, el exviceministro habría recibido, a través de sociedades interpuestas, más de 105 millones de dólares para utilizar su influencia dentro de la administración venezolana. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ahora, su nombre vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial española a raíz de las pesquisas sobre la concesión de la nacionalidad y los contactos investigados en el denominado caso Leire.

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La Santa Misa ha dado comienzo sobre las 19:30 horas (una hora menos en Canarias). El Estadio de Gran Canaria ha acogido la misa presidida por el papa León XIV, acompañado por la diócesis canarias y miles de peregrinos. Este gran acto es el que pone fin a la visita del Santo Padre antes de partir hacia Tenerife el viernes.

León XIV ha recordado que "no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos" en su discurso en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. El Pontífice americano ha agregado que quienes "tienen la presunción de bastarse a sí mismos, de saberlo todo" se encuentran "aturdidos por los estruendos de un ‘yo’ ampuloso".

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La iniciativa parte de la Fiscalía Superior de Madrid, que ya había abierto diligencias internas sobre dos representantes del Ministerio Fiscal vinculadas al procedimiento. Se trata de María Luisa Llop, que participó en la decisión de archivar inicialmente la causa, y Pilar Rodríguez, que entonces ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Madrid.

Las conversaciones bajo análisis

La denuncia pone el foco en varias comunicaciones incorporadas a la investigación judicial. Entre ellas figuran expresiones como "la fiscal jefa es amiga" o "hay que cortar esto", mensajes que aparecen vinculados al contexto de las pesquisas sobre la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra.

A partir de estos elementos, los órganos de control internos de la Fiscalía deberán determinar si la actuación desarrollada durante aquellos procedimientos respondió exclusivamente a criterios jurídicos o si pudo verse condicionada por factores externos.

Desde Iustitia Europa consideran que la apertura del expediente supone un paso relevante dentro de la investigación. Su presidente, Luis María Pardo, sostiene que "cuando en una causa de 53 millones de euros públicos aparece una frase como 'la fiscal jefa es amiga' y se habla de 'cortar' una investigación, no cabe mirar hacia otro lado".

El rescate de Plus Ultra, bajo investigación

La causa judicial analiza las circunstancias en las que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros en marzo de 2021.

Según las investigaciones, una de las cuestiones que se examinan es si la compañía cumplía los requisitos exigidos para acceder a esas ayudas extraordinarias. Entre ellos figuraba acreditar que las dificultades económicas derivaban de la pandemia y no de problemas financieros anteriores.

Iustitia Europa reclama ahora que el expediente se tramite "con máxima transparencia, rigor y celeridad" para esclarecer si las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal en este procedimiento se ajustaron exclusivamente a la legalidad o si existió algún tipo de interferencia incompatible con la imparcialidad exigida a la institución.

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El ministro insistió posteriormente en su afirmación y defendió su derecho a ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, distintos expertos consideran que este tipo de mensajes contribuyen a erosionar la confianza pública en el Poder Judicial.

Rechazo desde el ámbito jurídico

Tanto el juez Ignacio González Vega, que dice "no parecerle ni oportuno ni correcto sembrar dudas sobre los miembros del poder judicial", como el juez Fernando Portillo que sostiene que "es grave y peligroso este tipo de manifestaciones", señalan el peligro de estas declaraciones. Este último también recuerda que la prevaricación constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un juez. A su juicio, "para alabar a una persona, en este caso Álvaro García Ortiz, no hacía falta llamar prevaricadores" a miembros de la judicatura.

En la misma línea se pronuncia el magistrado Alejandro González Vega, que considera que "no me parece ni oportuno ni correcto sembrar dudas sobre los miembros del poder judicial". Además, subraya que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para actuar ante posibles irregularidades. "Existen los mecanismos oportunos para poder actuar contra jueces", señala.

La separación de poderes, en el centro del debate

Otros jueces alertan de que estas declaraciones pueden trasladar a la ciudadanía una imagen distorsionada del funcionamiento institucional. El magistrado Joaquim Bosch considera que "una cosa es que una sentencia pueda parecer injusta y otra que sea prevaricadora" y advierte de que las "descalificaciones generalizadas" hacia jueces resultan "bastante desafortunadas".

Bosch también rechaza la idea de un enfrentamiento entre poderes del Estado. "Da a entender a la opinión pública que hay un conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo. No lo hay", afirma.

En lo que todos coinciden es en la solución por la que debe optar el Ministro: si existen indicios de que algún magistrado ha cometido un delito, la vía adecuada es acudir a la Justicia. "Si está seguro de esa prevaricación, lo que tiene que hacer es denunciarlo", resumen varios de los magistrados que han analizado la polémica surgida tras las palabras del ministro.

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En su informe, el tribunal que juzgó a García Ortiz señala que "los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

Añade que "la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

El tribunal insiste en la sustancial falta de contenido del indulto que se solicita. Tal y como recoge el artículo 4 de la Ley del Indulto, "se indultan las penas, no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas, sino solo las que están en ejecución. En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado".

Por este motivo, la Sala por mayoría resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto, y subraya que los proponentes del derecho de gracia no justifican en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejaran la medida de gracia.

El tribunal envía su informe a la presidenta del Tribunal Supremo a fin de que sea remitido al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos.

Fue durante el pasado mes de enero cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuando se comenzó con los trámites a raíz de una primera petición de indulto para García Ortiz.

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El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP llegando a un voto estimado del 27,1% lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba del PSOE en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Al mismo tiempo, Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas y se queda con el 15,8%. Por otro lado, Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado.

El CIS dibuja un panorama político muy distinto al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaron al PSOE o al Gobierno.

En aquel momento, el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2% de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones, Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo. Por su parte, Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco puntos, pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos y el PNV sube una décima y logra el 0,6%.

Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente

El líder socialista sigue siendo el favorito como presidente, pero solo para uno de cada cuatro españoles, cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición y el de Vox en tercera.

Pese a ser el preferido, el muestreo también destaca que crece la desconfianza en Sánchez, ya que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza.

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En un auto el magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid pide requerir a entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a dichas personas. Forma parte de una pieza abierta por presunta corrupción en los negocios.

Concretamente se le pide información desde el 1 de enero de 2014 y hasta el momento de cumplimentación de lo acordado. Esta información ha de entregarse a la Unidad de Policía Judicial. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado mes de abril un recurso en el que González Amador pedía frenar estas investigaciones por una pieza separada de la causa en la que ya se investigan posibles delitos fiscales y de falsedad documental.

En el auto se señala que las diligencias practicadas hasta la fecha apuntan de forma "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación relacionada con la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros. Se quiere saber si esta compra tuvo como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención.

El juez ve proporcionada la injerencia en la privacidad financiera al estar amparada por una investigación penal concreta y delimitada. "La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida".

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Tal y como han indicado fuentes el partido, Montero accederá al acta de senadora por designación autonómica tras la renuncia de uno de los tres representantes en la Cámara Alta que corresponden al PSOE tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El senador que va a dejar su escaño para dejar paso a Montero es Víctor González Fernández. Montero, que fue candidata a la Presidencia de Andalucía y es vicesecretaria general del PSOE, va a compatibilizar su escaño en el Senado con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz.

El batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas

Con el arranque de la nueva legislatura andaluza, Montero volverá al Parlamento. Precisamente, encabezará la oposición en Andalucía tras los últimos resultados en las elecciones celebradas el 17 de mayo.

Esos comicios fueron especialmente duros para el PSOE de María Jesús Montero. La exministra de Hacienda obtuvo 28 escaños, dos menos que los que logró su compañero Juan Espadas en 2022. Este resultado supuso el peor registro histórico del PSOE en Andalucía, una comunidad que durante décadas fue su principal bastión territorial y en la que gobernó de forma ininterrumpida durante 37 años.

Montero no logró recuperar el terreno perdido en los últimos ciclos electorales. Aunque el PSOE obtuvo más votos que en 2022, perdió cerca de un punto y medio en porcentaje de voto. Además, volvió a quedar a una distancia muy amplia del PP.

Desde Fiscalía General tratan de desvincular a García Ortiz con lo sucedido asegurando que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo se limitaba a cometer unas alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

Una respuesta "insuficiente" y "vaga"

Esta respuesta es, para la Asociación de Fiscales, "insuficiente" y "vaga". La misma asociación recoge la respuesta de la Fiscalía con "profunda indignación" por la "presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal", en referencia a Leire Díez, "que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera". La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, detalla en Espejo Público que las argumentaciones de la Fiscalía General son "incongruentes" y asegura que "no es normal que dos ciudadanos normales acudan a la Fiscalía General del Estado".

Tal y como han detallado, "hasta ahora", han "optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos". Además, prosiguen declarando que "debemos afirmar que la explicación ofrecida" por el Ministerio Público "deja sin respuesta cuestiones esenciales". Tal y como ha expresado Dexeus, "hemos echado en falta que desde la Fiscalía General del Estado no se haya defendido a ultranza la institución para separarla por completo de esos personajes".

En este sentido, la Asociación que dice representar el "sentir mayoritario de la Carrera Fiscal", ha incidido en que "no se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía", sino que "la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera de horario" de atención habitual y "con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución".

También han denunciado que no conste "apertura de diligencias" para verificar "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante", como sostiene el comunicado publicado por el Ministerio Público.

"No se explican la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022" sobre "la actividad extraprocesal en la investigación penal" que es el instrumento" que regula "la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza" y consideran que es "llamativo" que esto se produjese mientras Villafañe era responsable de preparar y elaborar los documentos internos de la institución.

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Por ejemplo, la versión oficial es que todo era falso. Ahora, desde Moncloa ya no se dice que sea falso. Se dice que no es ilegal. Por ejemplo, cada día que pasa se confirma como cierto algún dato más de los que aparecen en las agendas de Leire Díez, lo que da más crédito al resto del material que todavía se está investigando.

Nada de esto es definitivo. Pero todo esto junto empieza a generar la sensación de que no es imposible que el PSOE pudiera acabar siendo imputado en el caso Leire, teniendo en cuenta que el partido pagó a la fontanera; algo que se negó al principio, y que ya se ha confirmado de forma oficial.

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La petición llega después de que el magistrado activara mecanismos de cooperación jurídica internacional para incorporar al procedimiento el contenido del dispositivo como posible elemento probatorio. La investigación analiza distintas actuaciones relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

Dudas sobre la obtención de la información

En el escrito remitido al juzgado, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, sostiene que existen interrogantes sobre cómo se produjo la intervención del teléfono y el tratamiento posterior de la información obtenida. Entre los aspectos que considera necesarios aclarar figuran la incautación del dispositivo, el sistema utilizado para extraer los datos y las garantías aplicadas durante todo el proceso.

La defensa también cuestiona la autenticidad de las comunicaciones analizadas y reclama conocer con detalle la conservación y custodia del terminal desde que fue intervenido por las autoridades estadounidenses. Según expone el letrado, el intercambio de información entre los cuerpos policiales de ambos países plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Qué información solicita la defensa

El escrito pide que Estados Unidos identifique la resolución judicial, autorización administrativa o decisión que permitió intervenir o clonar el teléfono de Reyes. Asimismo, solicita conocer la investigación en la que se enmarcó esa actuación y los informes elaborados durante la extracción de la información.

La defensa también reclama detalles técnicos sobre el procedimiento empleado, incluyendo si la extracción fue total o parcial, el tipo de software utilizado y la autoridad encargada del análisis del dispositivo.

Además, solicita información sobre los mecanismos de verificación de la integridad de los datos, la cadena de custodia seguida hasta su entrega a las autoridades españolas y las comunicaciones mantenidas entre las unidades policiales de ambos países.

Petición de acceso completo a las pruebas

En un escrito anterior incorporado a la causa, la defensa ya había denunciado la falta de acceso a determinados dispositivos electrónicos utilizados durante la investigación. Entre ellos figuraría el teléfono de Rodolfo Reyes, al que se refieren distintos informes policiales y documentos del procedimiento.

Por ello, Zapatero insiste ahora en que se aclaren todas las circunstancias relacionadas con la obtención y utilización de ese material, al considerar que resulta relevante para garantizar plenamente el derecho de defensa durante la instrucción judicial.

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La Fiscalía, en el marco de la investigación por el caso Leire, también ha mencionado al juez Santiago Pedraz que en esas dos reuniones estaba presente Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Díez habría tenido un papel secundario, y quien lideraba la conversación era Teijelo. Al parecer informó de varios hechos de posible relevancia penal. Luego, Villafañe trasladó la información a García Ortiz, quien insisten, no dio ninguna orden.

No hay registro de las visitas

Lo más llamativo es que, pese a que las dos reuniones se produjeron en el interior de la sede, no constan visitas en el registro por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset, investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

En concreto, el 6 de mayo de 2025 tuvo lugar la primera reunión entre Villafañe, la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera y Teijelo, donde éste informó de "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, se produjo una segunda reunión entre Villafañe y el abogado de Cerdán.

En ambos encuentros, las fuentes fiscales hacen referencia a la presencia de "una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

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El nombre de Rodríguez ya figuraba en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado septiembre de 2023 contra siete personas y que dio origen a una causa que estalló meses después, en febrero de 2024, con la detención de, entre otros, el exasesor ministerial Koldo García.

Ismael Moreno, que lleva la parte de la investigación que no asumió el Tribunal Supremo, le ha citado el 8 de julio. Ese mismo día declarará un representante de la empresa clave del caso, Soluciones de Gestión, adjudicataria de los contratos públicos de material sanitario en pandemia que están bajo sospecha.

En su querella, la Fiscalía aludía a los supuestos "encuentros" que habría mantenido este subteniente con Koldo García entre 2022 y 2023, y su vinculación con el Grupo Cueto, que según sospechan los investigadores, "controla la actividad de Soluciones de Gestión". Para Anticorrupción, la "vinculación" entre Koldo García y el subteniente "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios", relacionada con un negocio de pizarras.

Aseguró que Aldama "subía" a la planta donde estaba Ábalos "sin pedir permiso a nadie"

Rodríguez sería para los investigadores una pieza clave en la gestión de los contratos investigados, ya que se le atribuye haber puesto en contacto a Juan Carlos Cueto, propietario del grupo Cueto, y el comisionista Aldama con los responsables de la adjudicación.

Fue uno de los testigos que pasó por el juicio que sentó en el banquillo del Supremo a Ábalos, Koldo García y Aldama. De este último, subrayó su "acceso permanente" en Transportes y dijo que "subía" a la planta donde estaba el ministro "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".

Según detalló, es el "único caso" que vio de alguien que no pertenecía al Ministerio pero tenía acceso e incluso aparcaba su coche en "el estacionamiento de autoridades". Tal y como declaró el subteniente, todo esto sucedió en la época en que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes.

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