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La justicia en Colombia sanciona y estigmatiza a manifestantes y defensoras de DDHH

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Tue, 25 Jan 2022 14:58:00 -0800

Al cumplirse dos meses de las capturas de jóvenes participantes del estallido social y defensoras de derechos humanos en Boyacá, los acusados piden justicia sin el sesgo ideológico que criminaliza la protesta social en Colombia

Por LAURA VÁSQUEZ ROA

“No tiene ningún sentido que una defensora de derechos humanos este siendo acusada de vulnerar a la sociedad. Es completamente injusto y denota que hay una individualización por lo que hice durante las movilizaciones de 2021, por las denuncias que hice contra la Policía Nacional, contra la alcaldía de Paipa, contra las vulneraciones que ocurrieron en estos territorios”, dice Juliana Higuera, defensora de derechos humanos, privada de la libertad hace ya dos meses.

El lunes 22 de noviembre, en un periodo de relativa calma luego de varios meses de agitación social en buena parte del país, siete jóvenes participantes de las protestas sociales en el departamento de Boyacá, fueron allanados y capturados. La acusación de la Fiscalía incluía varios delitos, que se resumían en un supuesto concierto para delinquir al organizar las movilizaciones del Paro Nacional y atentar contra bienes y fuerza pública.

Brayan, Brigget, Sandy, Sergio, Iván, Julián y Juliana recibieron con sorpresa las acusaciones donde se les mencionaba como parte de una “Primera Línea de Boyacá” responsable de alterar el orden público y ser peligrosos para la sociedad. Cinco de los capturados fueron llevados a instituciones penitenciarias. Dos de las acusadas recibieron casa por cárcel por ser madres cabeza de hogar. Una de ellas es Juliana.

Juliana, de 21 años, se presenta como defensora de derechos humanos feminista y popular que lucha por el derecho a la vida digna. Ejerce esta labor desde 2018 mientras estudia Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC en Tunja. Hace parte de diferentes procesos populares a nivel local, regional y nacional y tiene un gran reconocimiento especialmente en Boyacá. También es mamá de una niña pequeña. Precisamente, por ser madre cabeza de hogar está llevando el proceso en su contra privada de la libertad en su casa, lo que no ha significado que sea un momento menos doloroso en su vida, “ha sido una tortura escuchar esa narrativa terrorista de la fiscal y ver este montaje judicial, atravesar estas injusticias y recibir esta persecución que nos aparta de nuestras familias”, dice.

Dentro de lo que la Fiscalía ha decidido llamar ‘Escuderos Primera Línea Boyacá, grupo radical organizado’, y que Juliana considera un montaje judicial, ella es la única defensora de derechos humanos capturada, aunque sus compañeros y compañeras son líderes juveniles y luchadores populares reconocidos por su labor en diferentes municipios del departamento.

Las capturas de participantes de la movilización social no ocurrieron solo en Boyacá. En otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá hubo allanamientos y capturas en los meses posteriores a las jornadas masivas de movilización, especialmente contra jóvenes.

Las audiencias de acusación siguen en pie tras las capturas y las organizaciones de derechos humanos acompañan estos casos con gran impotencia ante la falta de garantías. Mientras tanto, los medios de comunicación han sido veloces al titular sus noticias usando las nuevas dos palabras que aseguran la atención del público: “primeras líneas”.

Las primeras líneas fueron autodenominaciones de grupos ciudadanos que en las movilizaciones más recientes se organizaron para hacer frente al abuso policial sobre los manifestantes. Sin embargo, rápidamente “primera línea” se empezó a usar por las autoridades y por muchos medios de comunicación como un sinónimo de vandalismo. Poco a poco esta connotación negativa sirvió para criminalizar la protesta social, primero en el imaginario social y luego dando pie ideológico a acciones judiciales como estas capturas.

Las organizaciones defensoras del derecho a la protesta coinciden al afirmar que estas capturas se pueden considerar montajes judiciales y han denunciado que hacen parte de una estrategia de montajes para acallar las voces más activas del estallido social. Isabel Fajardo, abogada defensora de derechos humanos de la Fundación Lazos de Dignidad, ve con preocupación las detenciones sistemáticas contra líderes sociales juveniles y populares que habían hecho parte amplia y continua del Paro Nacional de 2021.

“En Colombia ha existido una política de Estado que criminaliza a la protesta social y da un trato guerrerista desde hace décadas a las personas que nos movilizamos y luchamos por una vida digna”

Colombia tiene una larga y desafortunada historia de estigmatización sobre la movilización social, especialmente sobre los jóvenes. Esto fue ampliamente documentado en la investigación periodística de la Universidad Politécnico Grancolombiano que analizó un periodo de 18 años de procesos judiciales con pocas garantías para más de 10.741 jóvenes acusados de rebelión y terrorismo. De este total, solo en 491 casos fueron hallados culpables, algo cercano al 5%. Al otro 95% no se le demostró culpabilidad.

La investigación evidenció algo que los defensores de la protesta social han dicho por años, que el aparato judicial colombiano ha operado de forma irregular, sin mayores pruebas y respondiendo en gran medida a procesos mediáticos para mostrar resultados rápidos. Este tipo de acciones judiciales son usuales tras periodos de intensa movilización social o épocas preelectorales. Ambos escenarios se cruzan en el momento actual.

Juliana, por su parte, considera que la mejor prueba de esta persecución es su propia captura. “El hecho de que, a mí, una defensora de DDHH feminista me pongan como cabecilla de un supuesto concierto para delinquir y un supuesto grupo peligroso, ya denota todo el montaje judicial de este caso. La fiscal me nombraba como si las tareas y funciones de defensa de los DDHH fueran un delito y eso deja ver el sesgo. En Colombia ha existido una política de Estado que criminaliza a la protesta social y da un trato guerrerista desde hace décadas a las personas que nos movilizamos y luchamos por una vida digna. Este montaje judicial es producto de esa práctica genocida que busca disgregarnos y exterminarnos”.

Los sesgos ideológicos de la justicia ante la movilización social

La captura de estos líderes sociales juveniles en Boyacá tiene para ellos una intención más amplia que la de castigarles penalmente y la identifican como una forma de disociar, amedrentar y disgregar al movimiento social popular colombiano. “Esto tiene el objetivo de romper los procesos sociales, de sembrar miedo para que las personas no nos manifestemos y nos quedemos calladas y callados ante toda la violencia estructural, policial y estatal”, afirma Juliana.

Esto no se reduce a la imputación de cargos, sino al trato que han recibido por petición de la Fiscalía al considerarlas personas peligrosas y a las irregularidades vividas en las primeras semanas de la captura donde no se les permitía el contacto con nadie. Los esfuerzos de la Fiscalía de solicitar la detención intramural e impedir que se defiendan en libertad las personas capturadas en el marco de las protestas es generalizado. “Toda esta situación tiene una carga demasiado fuerte de persecución e individualización donde se criminaliza el pensar diferente, la defensa de los derechos humanos, el ser feminista, el movilizarnos”, dice Juliana y en esto concuerda con la abogada Isabel Fajardo, que ve en estas capturas sistemáticas un interés de acallar el ejercicio de movilización que se había incrementado desde el 28 de abril de 2021.

“El sesgo de la justicia es más evidente cuando se comparan las duras sanciones contra los manifestantes, mientras los procesos contra la fuerza pública involucrada en asesinatos de civiles en el Paro no avanzan”.

“Lo que está pasando en Boyacá es algo que se puede ver en todo el territorio nacional y es que estamos siendo estigmatizadas, criminalizadas, perseguidas, no es un caso aislado”, indica Juliana. Agrega además que en su departamento ha denunciado varias situaciones de violación de derechos humanos, especialmente desde una mirada feminista junto con otras compañeras, lo cual ha resultado incómodo para muchas autoridades. Por eso insiste en que su caso también es ejemplo de la violencia de un sistema patriarcal que quiere aleccionarlas. No es lo mismo ser un hombre defensor de derechos humanos que ser una mujer en el mismo ejercicio pues se enfrentan a violencias diferenciadas. “En Boyacá los espacios de defensa de DDHH son mayoritariamente de mujeres y por tanto cuando suceden estas violencias patriarcales nos afectan a todas y se hacen con la intención de romper el tejido social que hemos construido a partir de la defensa de los derechos humanos feminista”.

Las capturas de los últimos meses no solo se presentaron tras un periodo de calma luego de las movilizaciones masivas en el país, sino que tienen lugar en un escenario preelectoral que para Fajardo suma otros elementos a la criminalización de la protesta social. La abogada advierte además que el sesgo de la justicia es más evidente cuando se comparan las duras sanciones contra los manifestantes, mientras los procesos contra la fuerza pública involucrada en asesinatos de civiles en el Paro no avanzan. Incluso algunos de los acusados siguen en ejercicio de sus cargos. En estos procesos la Fiscalía no solicita su detención. Allí se evidencia el uso del derecho penal para acallar únicamente a las voces disidentes.

A su vez, Tatiana Triana, parte del equipo jurídico de Juliana, reconoce un sesgo ideológico en el proceso tanto por parte de la Fiscalía como del juez que atendió las audiencias preliminares, pues por un lado se criminaliza la labor de defensa social al plantear que el discurso de los derechos humanos de Juliana y otros defensores se considera una fachada para cometer actos ilegales y con eso criminaliza esta labor fundamental para una sociedad democrática.

“Este es un sesgo en contra del pensamiento crítico y la oposición – dice la abogada Triana. No olvidemos que el fiscal general de la Nación no solo es cercano al gobierno nacional en sus relaciones diplomáticas, sino que tiene una cercanía ideológica frente a lo que representan las personas que usan los mecanismos de protesta social como un ejercicio de oposición política”. Y añade que el caso de Juliana cobra más sentido si se ubica en una mirada amplia de lo que ha sido la judicialización en Colombia y su uso como una práctica sistemática para exterminar el pensamiento crítico y generar terror para que nadie ocupe ese rol por temor a ser perseguido.

A pesar de la difícil situación, Juliana habla con fortaleza: “Yo siempre he hecho mi labor de manera honesta, dando la cara, mi nombre y diciendo las cosas como son de manera muy crítica. Eso a muchos les molesta, pero no les vamos a dar el gusto de vernos destruidos. Por el contrario, nos llena de más razones para seguir luchando y para seguir resistiendo”.

Tomado de La justicia en Colombia sanciona y estigmatiza a manifestantes y defensoras de DDHH -

Colombia: La Pax Romana y el Exterminio que perpetra la clase explotadora

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Sun, 11 Feb 2018 12:19:00 -0800

Colombia: La Pax Romana y el Exterminio que perpetra la clase explotadora

“300 humanos asesinados por el Terrorismo de Estado en Colombia: Sigue la guerra que adelanta la clase explotadora contra el pueblo”

Por Cecilia Zamudio

En Colombia se sigue produciendo un exterminio sistemático contra las mujeres y hombres que elevan una reivindicación social y política: tan solo en el mes de enero 2018 fueron asesinados 21 luchadoras y luchadores sociales (líderes comunitarios, sindicalistas, reclamantes de tierras, afrodescendientes, indígenas, etc... Toda la población colombiana es objeto del exterminio, de momento que eleve una reivindicación contra el saqueo capitalista de Colombia). En relación con 2016, los asesinatos políticos aumentaron un 45% en 2017. Y el Genocidio político sigue en aumento en 2018. (1)

Quería hacer constar aquí los nombres de aquellas mujeres y hombres cuyas vidas han sido amputadas por orden de quienes capitalizan sobre el exterminio de la reivindicación y la organización social y política, pero cada día amanecemos con la noticia de otro asesinado... Reseñaré solamente algunos nombres de este Genocidio que los medios silencian y manipulan (2). Esta lista es evidencia indeleble de que todo un pueblo está siendo amputado, frenado en su proceso histórico de emancipación. La situación es tan grave que el exterminio político contra los luchadores sociales rebasa la cifra de una persona asesinada por motivos políticos cada 2 días (Indepaz). En febrero ya hay varias víctimas: prosigue a zancadas el genocidio perpetrado por el Estado colombiano, su ejército y su herramienta paramilitar. Al exterminio contra los luchadores sociales se suma ahora el exterminio contra los insurgentes de las FARC desarmadas: es la Crónica de un Baño de Sangre Anunciado.

Desde el inicio de lo que muchos ya llaman la “Pax Romana”, las multinacionales entran a saquear en las zonas en las que antes la presencia insurgente de las FARC les impedía saquear, como testifican las comunidades campesinas. Además, ya son más de 50 los exguerrilleros asesinados desarmados, acribillados por la herramienta paramilitar del régimen colombiano y del gran capital.

Febrero 2018 inició con el hallazgo de cuatro cuerpos torturados en Florencia: tres guerrilleros y uno de sus familiares (desaparecidos poco tiempo antes), y no había culminado la segunda semana de febrero que ya eran asesinados otros dos ex-insurgentes inermes. Además de los ex insurgentes asesinados, el Terrorismo de Estado también se ensaña contra sus familiares: al menos 14 familiares de guerrilleros también han sido asesinados desde el inicio de la Pax Romana. Desde la firma de los acuerdos llamados de “paz”, más de 234 líderes y lideresas sociales han sido asesinados a manos de la herramienta paramilitar de guerra sucia articulada al mismo ejército, o algunos incluso directamente asesinados por el ejército sin su careta paramilitar (3). Entre los crímenes del ejército sin su careta paramilitar, cabe recordar la masacre de 15 campesinos en Tumaco, en octubre 2017. Más recientemente, en enero, el ejército colombiano bombardeó un resguardo indígena asesinando e hiriendo a varias personas: los bombardeos además provocaron un desplazamiento poblacional masivo.

Estos nuevos desplazados se suman a los más de 7,5 millones de desplazados internos que ha provocado el Terrorismo de Estado en Colombia, a través de bombardeos y masacres esperpénticas (4). Estas masacres y bombardeos han sido perpetrados con una doble finalidad: vaciar de sus habitantes las zonas más ricas y codiciadas por las multinacionales extractivistas y del agro industrial, y debilitar el campo colombiano, en obediencia a las instrucciones estadounidenses de “quitarle el agua al pez”(entendiendo por el pez las insurgencias, y por el agua la población de apoyo).

Además de lo anterior, el Estado colombiano intensifica su guerra contra la guerrilla del ELN, pretendiendo eliminarla bien sea por bombardeos descomunales, bien sea logrando su claudicación a través de sus “expertos” en oportunismo, que la llaman a caer, como las FARC ya lo hicieron, en la trampa macabra que el régimen esconde tras el comodín de “la paz”. Asimismo, el régimen intensifica sus bombardeos contra los frentes que entraron en disidencia con las FARC hoy desarmadas, es decir lo que queda de las FARC en las montañas. Solo la historia dirá cómo el pueblo enfrenta tanta barbarie, engaños y manipulación desatada por el régimen.

En escasos meses, más de 300 mujeres y hombres, hijos del pueblo, han sido asesinados por el Terrorismo de Estado en Colombia, para viabilizar el saqueo capitalista (5): si eso no es guerra contra la población, contra la posibilidad de organización social, comunitaria, política... ¿qué es?

Ya es hora de dejar de vaciar la palabra "paz" de su contenido, con un discurso abundante en camisas blancas, pero muy vacío de sustancia política y de realidad: hay una lucha de clases encarnizada en Colombia, y es la clase explotadora la que arremete sin cesar contra el pueblo. Para que haya Paz, hace falta consciencia de quién le hace la guerra al pueblo, y actuar en consecuencia. La adopción del discurso de reconciliación interclasista, por una parte de la “izquierda”, constituye un grave perjuicio a la emancipación del pueblo colombiano. Porque entre la clase explotadora y la clase explotada hay intereses de clase antagónicos, y por lo tanto irreconciliables: la clase explotadora se enriquece en base a la explotación de las y los trabajadores y en base al saqueo de la naturaleza, sus intereses son explotar y saquear para perpetrar la acumulación capitalista. Los intereses de la clase explotada (la mayoría) son opuestos a la explotación y a la depredación del medio ambiente. Lamentablemente se ha llegado muy lejos en la alienación, y muchos juegan al juego de la confusión funcional al régimen.

El Terrorismo de Estado continúa, continúa la guerra de la clase explotadora contra la clase explotada. Y la clase explotadora continuará esa guerra de exterminio contra la reivindicación social, porque así garantiza el saqueo capitalista de Colombia; país muy rico, que no dejó de ser objeto de la codicia multinacional por ponerse guayaberas blancas, por otorgarle un Nóbel al carnicero presidente Santos (6), ni por quedar expuestas y expuestos al genocidio del Terrorismo de Estado miles de mujeres y hombres más, inermes, ellas, ellos y sus familiares.

Frente a semejante Genocidio, nos atrevemos, algunas y algunos, a ir rompiendo el silencio sobre el consenso aterrador, a elevar una crítica constructiva desde el campo del pueblo. Que no nos vengan a acusar de “guerreristas” a las y los que nos atrevemos a criticar, con justos argumentos, a un engañoso concepto de “paz”, que lo que conlleva es un genocidio en auge. Precisamente es porque sí queremos algún día la Paz, que no perdemos de vista que su nombre, en el idioma de los pueblos, es Justicia Social; muchas y muchos no aceptamos adoptar los falaciosos conceptos de “paz” de la burguesía: porque en su idioma a la “paz” se le llama Sumisión del Pueblo, para que los capitalistas sigan saqueando a manos llenas, atesorando lingotes encharcados en sangre y hambre.

www.cecilia-zamudio.blogspot.com/2018/02/la-pax-romana-y-el-exterminio-que-perpetra-la-clase-explotadora.html
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Notas:

(1). http://www.contagioradio.com/enero_asesinatos_lideres_sociales-articulo-51062/

Indepaz reporta 23 asesinatos de líderes sociales en lo que va corrido de 2018, el año pasado Indepaz enumeró 170 asesinatos: https//www.nodal.am/2018/02/colombia-informe-revela-solo-enero-fueron-asesinados-23-lideres-sociales/

(2). Lista de nombres, fecha del asesinato, actividad social y política, de los luchadores sociales asesinados en enero 2018 por la herramienta paramilitar y el ejército, para callar la reivindicación social (no incluye los miembros del partido FARC asesinados):

Diana Luz Solano asesinada el 16 de enero, Antioquia; Víctor Manuel Morato, presidente de la Junta de Acción Comunal, Yondó, Antioquia; Jorge Jimmy Celis, de la Junta de Acción Comunal, Cúcuta, asesinado por la herramienta paramilitar el 17 de enero; Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedrito, Córdoba, asesinado el 18 de enero 2018, además la herramienta paramilitar que lo asesinó, ordenó a la comunidad desplazarse inmediatamente de sus tierras. El 21 de enero fue asesinado Víctor Manuel Barrera, afiliado al sindicato USO. El 22 de enero fue asesinado Wuilmer Angarita, en la vía Tame–Cucutá. El 22 de enero, dos indígenas en Tame, Arauca fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte Ejército Nacional: los hermanos Luis Díaz López de 22 años, secretario del Cabildo y Miller Díaz López quien era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero, Pueblo Betoye. Ese mismo día y también en Arauca, fue asesinado Harley Johanny Mogollón, dirigente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. Ese 22 de enero en el municipio de Sucumbíos (Nariño) fue asesinado José Olmedo Obando, líder del Consejo Comunitario Afro Nueva Esperanza. El 23 de enero fue asesinado Fares Carabalí, líder minero del Cauca. El 24 de enero fue hallado el cuerpo del líder social Víctor Vitola, quien apareció en aguas del Río Cáceres, Cauca antioqueño; había sido reportado como desaparecido desde el 20 de enero. El 25 de enero la herramienta paramilitar asesinó a tres hermanos reclamantes de tierras: Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García y Manuel Eusebio Osorio Escobar, a quienes la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, les venía impidiendo trazar los linderos de su finca, en Guaripa, Sucre. El mismo 25 fue asesinado por el ejército Miguel Eduardo Parra, líder campesino de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Chitagá (Asojuntas), Santander. El ejército intentó hacerlo pasar por guerrillero del ELN (práctica recurrente). La comunidad reivindica que Parra fue defensor del páramo Almorzadero y acompañó a poblaciones vulnerables de la zona. El 27 de enero fue asesinado Eleazar Tequia, Guardia Mayor Indígena del pueblo Kankuamo, en la vía Medellín-Chocó, asesinado por la Fuerza Pública. Ese mismo día Buenaventura lloró por el asesinato de uno de los líderes del Paro Cívico: Temístocles Machado logró unir a los pobladores para que defendieran su territorio de la codicia de grandes capitalistas. Nicomes Payán, líder comunitario de Mamuncia, Cauca, fue asesinado terminando enero. El martes 30 de enero, fueron asesinados dos líderes: Nilson Dávila, presidente de la junta de acción comunal de Chaparral, Bolívar; y Leidy Amaya, quien se desempeñaba como promotora de salud, asesinada en el municipio de San Calixto, Norte de Santander.

(3) La cifra de 234 líderes sociales asesinados es desde la firma del Acuerdo, hasta fin de enero 2018: es esta cantidad de asesinatos que repudia la movilización popular en contra del exterminio, del 8 de febrero. En los 5 primeros días del mes de febrero, ya son dos las líderesas sociales víctimas del exterminio contra la reivindicación social y política:

Yolanda Maturana, líder ambientalista asesinada el 2 de febrero en Risaralda, y Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Totumito, Tibú, Santander. https://www.contagioradio.com/febrero_asesinatos_lideres_sociales-articulo-51283/

El 9 de febrero son asesinados los líderes sociales Jesús Orlando Grueso Obregón, y Jonathan Cundumi Anchino, acribillados por la herramienta paramilitar.

(4). Colombia sigue siendo el país del mundo con más desplazados internos, junto con Siria, siguen Sudán, Irak, El Congo y Afganistán. Ya hay en el mundo más de 65,6 millones de personas desplazadas de sus tierras y viviendas. Y la cifra sigue en aumento debido a las guerras imperialistas y al cáncer de la depredación capitalista, que siempre va de la mano del desplazamiento forzado de poblaciones.

Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de desplazados internos. Terminando el 2016 la esperpéntica cifra de esta realidad de sufrimiento había alcanzado los 7,4 millones de personas desplazadas. En 2017 la cantidad de personas desplazadas aumentó, alcanzando los 7,5 millones de personas, y sigue aumentando en 2018, de la mano de la depredación capitalista de los territorios:

https://www.telesurtv.net/news/72-millones-de-desplazados-en-Colombia-la-mayor-cifra-en-el-mundo-20170522-0034.html

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/colombia-sigue-siendo-el-pais-con-mas-desplazados-internos-74-millones-articulo-698945

“Colombia, con 7,4 millones de personas; Siria con 6,3 millones, e Irak, con 3,6 millones, son los que tienen las mayores poblaciones de desplazados internos”, informe de ACNUR al cierre de 2016: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

Informe de Codhes sobre situación 2017:

https://es.scribd.com/mobile/document/359617847/Consultori-a-para-los-Derechos-Humanos-y-el-Desplazamiento-CODHES-Septiembre-de-2017

Codhes registra 2560 personas desplazadas tan solo en enero 2018: http://eltelegrafo.co/codhes-registra-mas-de-2-mil-personas-desplazadas-solo-en-enero/

(5). Cifra que incluye solo los líderes sociales asesinados (234) y los miembros del partido FARC asesinados, no incluye los miembros asesinados del ELN, ni los miembros asesinados de los frentes disidentes de las FARC que siguen en las montañas de Colombia.

(6). Ver Juan Manuel Santos, ministro de defensa y presidente: ley de estímulo económico por cadáver presentado, y los miles de asesinatos de jóvenes y niños en los asesinatos mal llamados “falsos positivos".

Colombia: El espejismo de la paz

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Fri, 9 Feb 2018 03:45:00 -0800

Por Matilda Trujillo Uribe I Febrero de 2018

«Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado, a ella y a su hermano, a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio» Nadie entendió la alarma de visitación».

Pero la india les explicó que «lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido» [1]. Habiendo trascurrido mucho tiempo de aquel desasosiego, parte de los habitantes de Macondo fueron sobrecogidos por otra peste abismal: El espejismo de la paz.

A diferencia de aquellos tiempos primitivos en que las pestes aparecían natural y espontáneamente, ésta surgió de los avatares históricos del nuevo siglo en el que los que fueron rebeldes por más de cinco décadas, decidieron volver al redil del orden establecido y deponer las armas, a cambio de convertirse en un partido político y de las promesas de una élite gobernante que los quería ver abatidos y rendidos. Se trataba de la organización insurgente más numerosa y antigua de aquel territorio. La vida se organizó en el curso de casi cinco años, -tiempo irrisorio para el tiempo de la historia-, en torno a aquel discurrir. La dirigencia del grupo insurgente y la élite que gobernaba hablaban de paz, del fin de la guerra, de superar el conflicto armado; con gran fervor y dedicación discutían diferentes temas para dejar en letra sacra unos acuerdos en un papel que al pasar de mano en mano terminarían roídos y sucios, por los medios de comunicación se incubaba la idea de que se entraría en una nueva era, que habría sustanciales cambios que traerían la paz.

Grandes tormentos se desataban sobre la mayoría de sus habitantes a lo largo y ancho de ese territorio. El hambre, la pobreza y la miseria se extendían dejando una secuela de desventuras tan tristes como espantosas: niños y niñas morían por desnutrición, mujeres parián sin alimento, personas de todas las edades se veían tiradas como si fueran cualquier basura en las calles; salarios miserables, trabajadores, obreros, empleados, aprisionados y esclavizados; campesinos despojados de sus tierras y deambulado como parias sin destino, eran entre otras, las dolientes penurias y fatalidades que se vivían sin descanso. No faltó, quienes dijeran que una maldición había caído sobre aquel pueblo. Y cual caldero en ebullición, fungía sobre este mismo cuerpo social, amenazas, asesinatos, masacres, el encarcelamiento de sus habitantes por buscar justicia y cárceles de tortura, la represión a ultranza si se protestaba y otras barbaries.

Tal espanto no era casual, tampoco era una maldición, una ruin casta de execrable crueldad, que nada tendría que envidiar a los más canallas tiranos de todos los tiempos y lugares, ejercía todo tipo de afrentas, abusos, violación de los derechos del pueblo y una devastadora violencia para mantenerse en el poder y continuar acaparando y apropiándose de las riquezas que esa tierra pródiga y maravillosa ofrendaba a todos los que allí nacieren. No era de extrañar entonces, que campesinos, obreros, indígenas, trabajadores, empleados y desempleados, y otros sectores, se vieran impelidos a desarrollar todas y cuantas formas de lucha concibieran para liberarse de tan terribles tormentos. No era de extrañar que un grito de ¡basta ya! recorriera valles y montañas, no era de extrañar que la indignación, el dolor, la ira santa se sintiera en las fibras de esta pléyade oprimida y vilipendiada.

-15 campesinos asesinados por el ejército colombiano en Tumaco-

Crecía el anhelo de lograr una sociedad con justicia y equidad, en la que mujeres y hombres tuvieran paz y pan, se anidaba el anhelo de lograr un destino liberado del sometimiento de la casta insensible que se turnaba el poder. Lo que si fue extraño, fue aquel espejismo. La máxima instancia de la organización insurgente pareció no percatarse de que la intención del astuto oligarca que manejaba los hilos del poder no era la paz, ni finalizar la guerra, pues esa guerra con doctrina militar incluida[2] era la que ejercían para mantenerse en el poder. Sus obscuras intenciones eran arrasar cualquier asomo de rebeldía y dar fin a las organizaciones insurgentes, lo había intentado con su tenebroso antecesor por la vía militar sin lograrlo, ahora jugaba esta nueva carta pues al susodicho le encantaba el póker. Desarmarlos física e ideológicamente sería su triunfo, así podrían sin obstáculos hacer de las suyas, entre otras seguir con lo que su gobierno llamaba la locomotora minera. Por eso desde el comienzo mismo puso las más aberrantes condiciones, durante el trascurso sus actos y declaraciones [3] lo delataban y encima traía un prontuario nada recomendable, es decir el santo hombre no era de fiar.

La máxima instancia de aquella insurgencia hubiera podido darse cuenta de no haber sido poseída por los fuertes brotes de aquel espejismo del que nunca se supo si ese era su verdadero nombre, o si se trataba de otra novedad más, si no era exacto, bien le avenía. Además de generar una fiebre que subía y bajaba dependiendo de las vicisitudes del momento, presentaba otros extraños síntomas como el olvido -aquel al que refirió alarmada la india Visitación cuando descubrió la peste del insomnio-, olvidó la máxima instancia de aquella organización que con neoliberalismo no hay paz, olvidó las causas que dieron origen a su lucha, olvidó las palabras de los que consideraban históricos [4]. Otro extraño síntoma, era el de confundir los amigos con los enemigos y a la inversa, entonces decidieron que el astuto oligarca era su aliado para la paz, y le secundaron un premio nobel, simbióticamente creían que al dárselo a él, había sido entregado al pueblo.Creer a fe ciega en promesas y darlas por ciertas, demostrando al mismo tiempo con hechos y no con promesas su abnegada entrega, una unilateralidad que los dejo sin con qué negociar, ni un arroz, ni una mazorca, pues de tanto ceder terminaron en la inopia.

Afirmar algo cuando los hechos mostraban lo contrario, insólito síntoma, estaban asesinando inmisericordemente a gentes del pueblo, o sacaban a sangre y fuego a comunidades enteras de sus tierras y otras crueldades inconcebibles, pero seguían afirmando reiteradamente que había llegado el fin de la guerra [5]. El espejismo de la paz les había incubado a su vez, un sentimiento de mea culpa con golpes de pecho, en que invariablemente invocaban el perdón y la reconciliación.

El espejismo cual peste se extendió. Creía una parte considerable de un conglomerado llamado izquierda, que por la firma de unos acuerdos con quienes desde el poder ocasionaban tan grandes tormentos, llegaría la paz. No se percataron que los acuerdos estaban envenenados con el perverso medicamento neoliberal, no imaginaban tampoco que esa casta en el poder no les fuera a cumplir, y en aquel estupor que parecía de alarmante ingenuidad, seguían creyendo e insistiendo en que la implementación de tales acuerdos los conduciría a una paz completa, sostenible y duradera. Los límites con la realidad se hicieron tan difusos que las expectativas crecieron en una ardiente mezcla de expectavias y esperanzas que rayaban con el delirio: «sí es posible la solución política del conflicto con cambios en la institucionalidad, con cambios y garantías para ejercer la política libremente sin el temor de ser asesinado, desaparecido, perseguido, ni encarcelado.» Sin nada que demostrase y ningún argumento que soportara tal afirmación volvían sobre nuevas profecías cual pitonisas frente a las cartas adivinatorias: que habrían múltiples formas de participación social y política, de concertación y de respeto a los derechos humanos; que habrían carreteras, escuelas, hospitales, tierras para los campesinos.

Los hechizos del espejismo les hicieron concebir la idea de que tales acuerdos, tenían la mágica propiedad de trasformar un estado de cosas inherentes a la sociedad de la dominación y el sojuzgamiento, sin tocar las fibras que la sostenían y pasando por alto que la prioridad de la casta en el poder era la de preservar el orden económico, social y político establecido que les permitía tan enormes privilegios y reinar a sus anchas. Fue tanto el jolgorio, las subidas y bajadas, las opiniones de politólogos, el traqueteo de los medios, los ojos del mundo mirando cual obra de pasión durante este proceso, que los movimientos sociales y organizaciones populares creyeron que algo nuevo iba a ocurrir en Macondo. Al cabo de las mil y una noches tan alegres augurios se iban desvaneciendo, la realidad gritaba desesperada su verdad, se encontraba inmersa en la lógica de un sistema que llevaba la guerra en sus entrañas y por la que palideció Macondo aquel 6 de diciembre de 1928, cuando el ejército disparo a mansalva sobre hombres, mujeres y niños que en la estación protestaban exigiendo a la United Fruit Company, mejores condiciones para los trabajadores en las plantaciones bananeras. «Fue la terrible consecuencia, como dijera el coronel Aueliano Buendía, de haber invitado a los gringos a comer guineo».

Las cosas desde ese entonces no cambiaron, continuaron las masacres, y durante los días y noches de tan intenso discurrir, el cuadro de dolor, terror y muerte no cesaba: «Nos van a matar, en el norte del Cauca nos están matando y ni la Fiscalía ni el Ejército dan soluciones», «La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia que han visto movimientos de tropas del Ejército y los paramilitares que amenazan a los miembros de esta comunidad y cometen otras violaciones a los derechos humanos», como éstos clamores, otros más surgían con angustia y alarma desde los distintos puntos cardinales. Se sabía que se estaba asesinando inmisericordemente a gentes del pueblo, a líderes y activistas sociales, a defensores de derechos humanos, tal cual, un genocidio en marcha. De detenciones arbitrarias, de amenazas, de hostigamientos, de la encarnizada represión, de la militarización y paramilitarización de los territorios y otros demonios. No obstante el día de la firma de los acuerdos, fotografía recorriendo el mundo-, apretón de manos, sonrisas, aplausos y demás, el dirigente máximo de los que fueron rebeldes declara: «Está triunfando la paz, no lo dudamos. Nos sentimos orgullosos de que Colombia siga siendo referente mundial de paz» [6]. El espejismo se había consumado.

Algunas anotaciones complementarias:

Un episodio de la extraordinaria novela Cien años de soledad de García Márquez, La peste del insomnio, me ha remitido por asociación, a la realidad que hoy vivimos en Colombia. Me he tomado la licencia de aplicarlo al discurso que a mi manera de ver emanó y se fue construyendo durante el proceso de negociaciones entre el gobierno y la dirigencia de las que fueron las FARC-EP y al que he denominado «El espejismo de la paz». El tema podría parecer extemporáneo, habiendo actualmente otro proceso en curso, situaciones como las elecciones u otras, y/o con lo ocurrido después de la firma de los acuerdos, más pese a lo puntual del momento, este proceso es cosa reciente y génesis de la actual coyuntura.

Ninguna de las elocuentes profecías se hizo realidad, nada nuevo ha ocurrido en términos de la anhelada paz, el mundo de horror no cesa con un genocidio en marcha y otros demonios, y no obstante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, el discurso erigido durante este proceso se mantiene, es decir el espejismo está vivo y ronda por doquier atenazando la verdad. Amerita profunda reflexión. Otro proceso está en curso, los diálogos o negociaciones con el ELN, la experiencia anterior parece ser asimilada, mal podrían tropezar de nuevo y con la misma piedra, las diferencias ya son manifiestas.

Por supuesto lo que he expresado es una manera de ver, sentir e interpretar nuestra realidad hoy. No aspiro sea compartida y por el contrario se cuánto dista del grueso de la izquierda, y aquí quiero diferenciar ese difuso llamado de esta manera, en el que una parte ha perdido los límites con la derecha, o es una izquierda de derecha, esa parte que instigó a la dirigencia y grito loas al proceso en el mismo ánimo del representante de la oligarquía Santos y con la misma estigmatización y condena, su SI en el plebiscito, para ver acabada y amordazada esta insurgencia. Otra parte de esta izquierda, no obstante comprender o interpretar el conflicto armado como un conflicto que tiene raíces en profundas desigualdades sociales y económicas, fue poseída por el espejismo de la paz, -me disculparan, es mi sincera mirada-, esta izquierda sigue nadando en las aguas tibias del espejismo de la paz: Santos en un «pedestal» –aunqué le han bajado algunas gradas- el amargo desenlace en que se ve el proceso, «hecho aguas», «proceso fallido» y otras expresiones, en su decir es por culpa de la ultraderecha de Uribe.

Metidos en esa falsa polarización, se olvidaron del enemigo de clase y de la existencia de clases sociales, se salen de su argot las palabras socialismo, emancipación, incluso capitalismo y ahora como por obra y gracia de algún espíritu, se criminaliza la rebelión y hay que pedir perdón por esta afrenta a la clase en el poder. Guardadas proporciones y diferencias, es como si Bolívar tuviera que pedir perdón por sus gestas libertarias. A quienes vemos críticamente este acontecer, al parecer no nos es viable disentir, ser críticos, o ver las cosas de otra forma, da la sensación de estar haciendo un atentado a las buenas costumbres de lo «políticamente correcto». Nos queda continuar la lucha por una sociedad justa, equitativa, fraterna, liberada de los dominadores que nos han sojuzgado, para encontrar la paz por fuera del infierno del capitalismo salvaje y de este modelo neoliberal asqueroso. Que las sombras se hagan luz y avancemos unidos por ese nuevo amanecer.

Notas

[1] Fragmento de La peste del insomnio en la novela Cien años de soledad de García Márquez.

[2] La nueva doctrina militar del ejército colombiano deja claro que ni el gobierno colombiano ni su ejército se preparan para la paz sino para todo lo contrario: la profundización del control y la represión, criminalizando toda forma de protesta al considerarlas como parte del Sistema de Amenazas Permanentes (SAP) que, según los voceros militares, amenazarían la estabilidad luego de la firma del acuerdo final con las FARC, y se plantea convertirse en un ejército mercenario dispuesto a realizar operaciones internacionales bajo el tutelaje de la OTAN. Tomado de: kaosenlared.net

[3] Declaración Santos frente en el Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo:

"…si hay un sector que se va a beneficiar de esta paz, es éste… permítame muy brevemente contarles a ustedes, porque son los más interesados, en qué va eso y por qué lo único que esto les trae a ustedes son beneficios. A ustedes y cualquier empresario del país… nosotros diseñamos una hoja de ruta muy clara, con unas líneas rojas, con unas condiciones. Y que de esas líneas no nos íbamos a mover. No íbamos a negociar nuestro modelo económico… Que no íbamos ni siquiera a permitir que se discutiera… Si ustedes se leen con cuidado los acuerdos que ya hemos logrado, se van a dar cuenta que ahí no hay un punto, no hay una coma, que los afecte negativamente, ni uno…"(http://es.presidencia.gov.co/

[4] Entrevista a Raúl Reyes https://www.rebelion.org/hemeroteca/plancolombia/040507reyes.html

[5] El fin de la guerra o el fin de la insurgencia. www.rebelion.org/noticia.php?id=210869

[6] Timochenko en discurso de cierre del Acuerdo de Paz www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=FARC-EP&inicio=0

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Se repite la historia de traición y muerte

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Thu, 8 Feb 2018 12:41:00 -0800

Por Renán Vega Cantor I

“El problema en América Latina es que la historia tiende a repetirse como tragedia”. Eduardo Galeano

Es famosa esta afirmación de Carlos Marx: “Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa”. Este principio debería modificarse en América Latina en general, y en Colombia en particular, diciendo que acá la historia se puede repetir muchas veces, pero siempre como tragedia.

Y este presupuesto resulta de una importancia crucial a la hora de analizar lo que viene sucediendo con los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, puesto que nuevamente, por enésima vez, se incumple en forma descarada lo que ha pactado el primero. Esa historia de incumplimientos y traiciones no es nueva, es más que bicentenaria, puesto que se hizo realidad por primera vez en 1781, cuando el régimen colonial español traicionó las capitulaciones que había firmado con el movimiento de los Comuneros y persiguió y asesinó públicamente y con saña a José Antonio Galán, el principal líder popular de ese levantamiento. En ese momento se originó lo que puede denominarse el síndrome del incumplimiento y de la traición por parte del Estado colombiano y las clases dominantes de lo que pactan y acuerdan con sectores de las clases subalternas. Ese síndrome viene acompañado de la persecución y muerte de los opositores políticos, como lo rubrica lo sucedido en los últimos 60 años de la historia colombiana.

En esta perspectiva lo que acontece hoy en día no es inédito, es simplemente la repetición, aparentemente mecánica de algo ya conocido, en cuanto a su resultado. Lo que aparece como diferente estriba en la suposición de una de las partes, las FARC, que esta vez el Estado si iba a cumplir, por las implicaciones que supone poner fin a una contienda armada de más de medio siglo. Los hechos han demostrado que al bloque contrainsurgente existente en nuestro país lo único que le interesaba era desarmar a la insurgencia de las FARC, como lo ha dicho sin disimulo Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, sin necesidad de leer entre líneas, simplemente que no se va a cumplir nada de lo pactado y que los acuerdos no pasan de ser letra muerta, papel higiénico. Y a ese orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento.

Este es un incumplimiento en el que han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformación, los partidos políticos ligados al establecimiento, e incluso sectores políticos que se supondrían son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrático-MOIR y los verdes, con Claudia López a la cabeza)…Todas a una, como en fuente ovejuna, han actuado al unísono, para torpedear lo pactado, que fue solemnemente firmado no en una sino en dos ocasiones, primero en Cartagena, antes del plebiscidio (suicidio plebiscitario) de octubre de 2016, y luego en el teatro Colon de Bogotá, tras introducir un sinnúmero de modificaciones, aceptadas por las FARC, que ya de por sí desnaturalizaban gran parte de lo acordado en cinco años de negociaciones en La Habana.

No se trata en esta reflexión de entrar a discutir –no porque no sea importante, sino porque ese no es el objetivo de este breve escrito– el alcance limitado de los acuerdos firmados en Bogotá en noviembre de 2016, alcance que ha sido presentado en forma exagerada por los voceros de la extrema derecha, desde el uribismo hasta el vargasllerismo, y sus voceros de prensa, encabezados por RCN, quienes sostienen con un cinismo extremo que esos acuerdos representan una entrega del país a lo que ellos denominan el castro-chavismo.

El trasfondo de este enunciado mentiroso, al estilo de Josep Goebbels, no es otro que ambientar el incumplimiento, como lo han logrado con éxito, y sobre lo que no debería haber duda, como lo demuestran algunos de los balances efectuados con motivo de cumplirse el primer año del acuerdo del Teatro Colón. Uno de esos balances sostiene que, en términos cuantitativos, el Estado ha cumplido solamente con un 18 por ciento de lo acordado, mientras que el cumplimiento de la contraparte, de las FARC, ha sido prácticamente del ciento por ciento. En efecto, mientras esta insurgencia ha entregado las armas, concentró sus frentes en zonas fijas, entregó un listado sistemático de sus haberes, los puntos básicos del acuerdo han sido irrespetados por el Estado.

Así, en cuanto al tema agrario –eje central del conflicto social y armado– no hay nada que permita vislumbrar que se va a efectuar alguna “reforma rural integral” que favorezca a los campesinos y pequeños productores. En cuanto al anuncio de entregar tres millones de hectáreas de tierras y de legalizar los títulos de otros siete millones, hasta ahora lo hecho es, por decir lo menos, absolutamente ridículo: se han entregado unas 69 mil hectáreas, sin saber cuántas corresponden a entrega y cuántas a restitución y “la Dirección de Acceso a Tierras reportó que durante 2016 compró 1.381 hectáreas, correspondientes a 33 predios, para entregarlas a organizaciones campesinas” (http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6821-la-reforma-rural-integral-a-fuego-lento).

Respecto a la política antidrogas, donde se planteaba una solución integral a ese espinoso asunto, que no se concentrara en atacar al productor de hoja de coca y se tocaran los diversos eslabones de ese negocio multinacional, eso no ha pasado del papel. En la práctica se ha reafirmado el viejo criterio de la política anti-drogas hecha en Estados Unidos, y reafirmada ahora por el gobierno de Donald Trump, de golpear a los campesinos, como lo evidencia lo sucedido en Tumaco, con la masacre de pequeños cocaleros, llevada a cabo por miembros de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Incluso, como van las cosas, no es de extrañar que en el corto plazo se vuelva a poner en práctica la criminal política de fumigación aérea con glifosato, como lo viene planteando el Fiscal General de la Nación, una ficha del orden contrainsurgente, quien es uno de los principales opositores al cumplimiento de lo pactado con las FARC.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue presentada desde un principio como la “novedad” del acuerdo, y donde se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados “terceros”, como los empresarios, multinacionales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes…), ha quedado hecha trizas, y ha terminado siendo un tribunal en donde se va a juzgar de manera exclusiva a las FARC.

Y con relación a la participación política lo hecho es vergonzoso, puesto que no ha habido ninguna reforma política ni tampoco se ha propiciado ni creado el ambiente para la participación no solo de las FARC, sino de otros sectores políticos de las regiones, como lo demuestra la decisión del Paramento (perdón, Parlamento) de negar la aprobación de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz, que debían facilitar la participación de las víctimas.

No se ha cumplido nada en lo esencial. Y no solo eso, lo peor de todo, es que avanza un nuevo genocidio: el de los excombatientes de las FARC. O cómo puede calificarse lo que está en marcha en Colombia, ante la mirada cómplice en algunos casos y complaciente en muchos otros de gran parte de la mal llamada “opinión pública” de este país, del asesinato a mansalva, desarmados y en estado de indefensión, hasta el momento en que se redactan estas líneas, de un poco más de 30 miembros de las FARC, a lo que se suma el asesinato de una decena de sus familiares.

El asesinato del primer miembro desarmado de las FARC, luego de la pretendida puesta en marcha de los acuerdos de La Habana no supuso ningún rechazo, como era apenas obvio, de los voceros del orden contrainsurgente, cuando ese hecho debió concitar la movilización masiva de la sociedad colombiana, para que ese no fuera el comienzo de un nuevo genocidio. Qué diferencia a lo sucedido en Argentina donde la movilización de importantes sectores de la sociedad ha impedido que se vuelva a legitimar la desaparición forzada, que se ha intentado imponer nuevamente como práctica de terrorismo de Estado con el caso de Santiago Maldonado. Es esa acción activa lo que obligó a que en forma relativamente rápida apareciera el cadáver de este dirigente popular, lo que desde luego es una noticia trágica, pero ese mismo hecho no hubiera sido posible sin una movilización que clama en contra de la impunidad de los crímenes de Estado.

El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.

Y como fue una noticia más de la crónica criminal de este país, y una noticia muy secundaria, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, primer asesinado de las FARC, menos importante que los chismes y trivialidades de los famosos de origen colombiano (futbolistas que se divorcian o que estafan al fisco de diversos estados europeos, cantantes y actrices que exhiben como gran cosa sus asuntos personales en las mal llamadas redes sociales…), eso dio pie a que siguiera existiendo la impunidad plena de esos crímenes y de esos criminales, que directa o indirectamente están ligados al Estado y forman parte del orden contrainsurgente. Y que, además, se suponía que iba a dejar de existir luego de la desmovilización de las FARC. Pero qué va, los hechos han ido mostrando dolorosamente que en este país se sigue aplicando la lógica de la Guerra Fría, que nunca ha terminado en Colombia, de eliminar al que es declarado como enemigo, y no importa que para ello haya que esgrimir los argumentos más rebuscados y traídos de los cabellos, como los presentados recientemente por el Ministro de Defensa (sic) (mejor sería llamar Ministro de Ofensas), Luis Carlos Villegas.

Al respecto este personaje sostuvo que los asesinatos que se vienen dando en Colombia con una terrible asiduidad no son resultado de una persecución sistemática y planificada, sino que en su “Inmensa mayoría” "son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas". Dicho de otra forma, el Estado deja de cuidar la vida de los colombianos –que, según los cultores del supuesto “Estado de Derecho” que existiría en Colombia, sería una de sus responsabilidades principales- y expresa con cinismo algo así como que esos asesinados están bien muertos porque se lo merecen, al fin y al cabo, en algo debían andar, como siempre han dicho los asesinos, y sus cómplices mediáticos, cuando se asesina a un estudiantes, un campesino, un sindicalista o cualquiera que esté al margen de los verdaderos dueños de este país. No sorprende que los opinologos de la prensa, como Semana, ese órgano por excelencia del orden contrainsurgente, legitimen los crímenes diciéndoles a las FARC, por ejemplo, como lo hace un tal Mauricio Carradini, que “no abusen de la victoria (sic) y no se vayan a ahogar en la sangre de sus propias batallas”. (http://www.semana.com/opinion/articulo/mauricio-carradini-opinion-la-arrogancia-de-las-farc/547813)

Frente a lo que está aconteciendo con el asesinato de ex combatientes de las FARC, que repite además la trágica historia de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Toledo Plata y miles de ex guerrilleros asesinados luego de que distintos movimientos insurgentes firmaron acuerdos con el Estado (algo que modernamente comenzó en 1953), sí que resultan aplicables las palabras de Eduardo Galeano, cuando manifestó con claridad meridiana: “La amnesia implica impunidad, y la impunidad estimula el delito, tanto en términos personales como colectivos. No se necesita ser un gran jurista para saber que si yo mato a mi vecino, y todo sigue igual, termino matando al vecindario entero, porque la impunidad tiene un efecto estimulante sobre el delito”.

Lo acontecido en este 2017 con el acuerdo, el haberlo hecho trizas, no es algo de poca monta, porque tiene una trascendencia que va más allá de lo meramente coyuntural. Muestra, de un lado, que está en marcha un genocidio similar, y de pronto peor, que el de la Unión Patriota y A Luchar. Indica, de otra parte, que en este país se repite la historia de incumplimiento y muerte por parte del bloque de poder contrainsurgente, que supone sembrar las semillas de nuevos-viejos conflictos nunca resueltos, es decir, se están incubando nuevas guerras. De eso deben estar tomando nota el ELN, las mal llamadas disidencias de las FARC, y nuevos movimientos insurgentes que puedan formarse en el futuro próximo, para los que queda claro que en este país de cultura traqueta no se respeta la palabra empeñada.

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1110 PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS EN HUELGA DE HAMBRE EN COLOMBIA

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Tue, 4 Jul 2017 05:50:00 -0700

Por Agencias varias I Junio - Julio 2017I

1110 PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS EN HUELGA DE HAMBRE EN COLOMBIA

Como era de esperarse, el régimen colombiano NO CUMPLE los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC-EP. Los presos políticos y los presos políticos y de guerra continúan encarcelados. Las y los luchadores sociales, sindicalistas, ecologistas, maestros, campesinos... siguen siendo asesinados CADA semana por el régimen colombiano mediante su herramienta paramilitar.

Huelga de hambre de miembros de las FARC reclamando que se cumplan los acuerdos...

Cumplirá realmente acuerdos con el pueblo un régimen asesino al servicio del gran capital y sus empresas saqueadoras?

Realmente un régimen genocida como el colombiano, encargado de viabilizar el Capitalismo en Colombia, se va a transformar en algo distinto, cuando su cometido es la represión para acallar toda protesta contra la acumulación de riquezas en pocas manos?

VIDEOS:
Continúa huelga de hambre de prisioneros políticos de las FARC-EP exigiendo aplicación de amnistía
https://www.youtube.com/watch?v=3iGNX-vXwAw

Libertad para los detenidos politicos de la FARC
Discurso en el plantón por la libertad de los y las presas y presos políticos del régimen colombiano.
https://www.youtube.com/watch?v=g2gepJaUXJg&spfreload=5

ASÍ VIVEN LAS FARC LA HUELGA DE HAMBRE. Imágenes de todo el país
https://www.youtube.com/watch?v=zPucpLdaB-E

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Colombia, capitalismo sin máscaras: el paramilitarismo es herramienta del gran capital

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Tue, 13 Jun 2017 07:18:00 -0700

Entrevista a Renán Vega Cantor. Por Mario Hernandez I Mes de 2017I

M.H.: En Colombia hace 5 años entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. y Buenaventura se transformó en el puerto más moderno e importante de tu país. Se inauguró en marzo del año pasado, por allí sale el 70% de la producción colombiana y sin embargo tenemos que consignar en esa ciudad un 62% de desempleo y un trabajo informal que afecta al 90% de la población. Esto a pesar de que se han invertido 500 millones de dólares. Allí se desarrolló un paro cívico hasta hace pocos días, ¿cómo se explica esta situación?

R.V.C.: Yo creo que lo que sucede en el puerto de Buenaventura, que es el más importante del país por donde circula la mayor parte del comercio internacional tanto las exportaciones como las importaciones, tiene que ver con un modelo que no es solamente colombiano y es el que podemos llamar como el regreso de los enclaves económicos. Es decir, lugares que están vinculados al capitalismo mundial que no inciden de manera positiva en la economía local.

En el caso de Buenaventura estamos hablando de una ciudad que tiene entre 400 y 450 mil habitantes pero que la mayor parte de la población no tiene nada que ver con el puerto, porque éste funciona manejado por concesionarios internacionales y por funcionarios colombianos. Es como si la población viviera a un mundo de distancia a pesar de estar a pocas cuadras. Hay una separación entre la Buenaventura moderna, el puerto ligado al comercio internacional y el resto de la población que vive en condiciones oprobiosas de vida, en una miseria generalizada impresionante. Para darles dos datos que revelan la terrible situación de la gente y que es en su mayoría población de raza negra, esa ciudad de 450 mil habitantes no tiene un hospital de primer nivel, que pueda atender problemas de salud medianamente críticos o especializados y cuando algo le sucede a un paciente del lugar tiene que dejarse morir porque no hay quien lo atienda y en el mejor de los casos lo mandan a Cali que es la capital del Valle del Cauca, que queda a más de 120 km de distancia.

Asimismo, esa ciudad que está situada en una zona costera de clima tropical húmedo cuya temperatura promedio es superior a los 35 grados centígrados no tiene agua potable, la gente consume agua en pésima condición, lo que genera una pésima calidad de salud sobre todo para los niños y las mujeres. Eso indica que los grandes recursos que circulan por el puerto tienen que ver con grupos monopólicos que lucran con ese comercio pero la gente no disfruta para nada de ningún tipo de beneficio que se genere de esa actividad.

Hay un cambio en los últimos 25 años, antes existía una entidad pública que se llamaba Colpuertos que ocupaba unos 12 mil trabajadores y estos irrigaban parte de sus ingresos a distintos sectores de la población; Colpuertos desapareció, se privatizó el funcionamiento del puerto, la mayor parte de esos trabajadores fueron despedidos y ya no hay ninguna relación, ni siquiera indirecta, entre los ingresos de los trabajadores del puerto y la población de Buenaventura. Lo cual ha generado desempleo generalizado y hay que agregar que ésta ha sido una zona tomada por grupos paramilitares que han asesinado a decenas y centenas de integrantes de la población en los últimos años.

M.H.: En octubre de 2011 el Congreso de EE. UU. convalidó el TLC con Colombia y en ese momento el presidente Santos anunció que se crearían 250 mil puestos de trabajo y habría menos pobreza. ¿Cuáles son los resultados a 6 años de esos anuncios?

R.V.C.: Hay una afirmación muy coloquial en Colombia que se suele usar y es la que afirma que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, muchas fueron las promesas que se hicieron al firmar el TLC con los EE. UU., se anunció que esa era nuestra entrada al Primer mundo, que además eso iba a beneficiar a la Cuenca del Pacífico porque suponía vincularla con los polos de desarrollo económico como por ejemplo China, y que iba a significar también un mejoramiento por aumento de los ingresos dirigidos a los EE. UU. Nada de esto es cierto, incluso los pocos indicadores que se han dado haciendo un balance de lo que ha sucedido con este Tratado indican que, por el contrario, el comercio exterior de Colombia se ha visto fuertemente resentido por la competencia con los Estados Unidos, algo que era totalmente previsible porque estos tratados son siempre una vía de comercio para las multinacionales pero en EE. UU. siguen existiendo restricciones a la producción de un país que además tiene muy poco que exportar, porque es un país primario exportador que ha regresado a la vieja división del trabajo colonial del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. Nuestra vinculación con el comercio internacional se hace a través de los productos tradicionales, como petróleo, carbón y en menor medida café que ya no es el principal producto de exportación. En esa medida el Tratado ha sido profundamente negativo.

Sigue fluyendo el comercio internacional por Buenaventura, pero repito, eso no repercute de manera positiva en la población local, por el contrario, se ha generado un comercio paralelo “ilegal” que se basa sobre todo en la exportación de cocaína hacia el mercado estadounidense que sigue siendo muy atractivo para este tipo de actividades. Gran parte de la población de Buenaventura además de estar hundida en la pobreza se ve obligada a alistarse como polizones embarcados en el primer navío que llegue de manera clandestina para intentar llegar a los EE. UU. De tal manera que los efectos han sido terriblemente negativos.

M.H.: Hubo un paro docente, tengo entendido que luego se sumaron los trabajadores estatales y el pasado martes un paro nacional. ¿Cuál fue la magnitud e importancia de esa movilización social?

R.V.C.: Se han presentado dos movilizaciones y mañana (31/5) será la tercera. El paro de los maestros estatales que se agrupan en la organización Federación Colombiana de Educadores se mantiene desde mediados de mayo y no hay perspectivas de un arreglo inmediato. El sector docente es el más importante porque los procesos de privatización han ido reduciendo el sector estatal al máximo y ya hay pocos trabajadores en otras entidades estatales. Los docentes agrupan a miles de trabajadores y cada vez que paralizan de verdad eso se siente en las ciudades y grandes marchas.

El martes tuve la oportunidad de participar en esa marcha que mencionás, fue extraordinaria, participamos miles y miles de personas y se espera que mañana vuelva a suceder. Hay que decir que el caso de la educación colombiana es similar al de Buenaventura pero ya no a nivel local sino a nivel global de todo el país, porque estamos hablando de una educación completamente abandonada, con poca financiación, donde al profesor no se lo reconoce de ninguna manera, soporta las peores condiciones laborales, alargamiento de la jornada de trabajo, pésima vinculación laboral, sobre todo en las zonas agrarias, y aulas abarrotadas de estudiantes. El Estado colombiano no considera que la educación sea un aspecto importante, aunque demagógicamente Juan Manuel Santos continuamente repita que en el 2025 Colombia va a ser el país más educado de América Latina, lo que no deja de ser un chiste cruel porque si el Estado no invierte en la educación, en aulas, infraestructura, bibliotecas, laboratorios y en la calificación de los profesores así como en el mejoramiento salarial de los mismos, difícilmente pueda hablarse de una educación que sea digna y la mejor de América Latina.

El precepto fundamental del paramilitarismo es despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios

M.H.: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó 389 ataques contra defensores de los DD HH durante 2016 y la propia Defensoría del pueblo colombiano informó que entre enero de 2016 y febrero de 2017 se produjeron 120 asesinatos de líderes y defensores de DD HH. También hay una denuncia porque se expande el paramilitarismo en la zona de Chocó que fue escenario de un paro cívico recientemente, además de Putumayo, el Pacífico nariñense y caucano, Antioquia, el norte de Santander, esto a pesar del acuerdo al que arribaron el gobierno y las FARC.

R.V.C.: El informe sobre asesinatos de defensores de DD HH, líderes sindicales, dirigentes populares que indica una cifra de cerca de 200 personas, es una continuación de un proceso de larga duración en la historia colombiana que se remite por lo menos a los últimos 30 años.

Si hacemos un balance comparativo año a año veremos cifras parecidas o peores que éstas. Lo “novedoso” de lo que está sucediendo ahora es que se da dentro de un proceso llamado de paz y de desmovilización de las FARC, lo cual indica que nunca fue cierta una tesis que manejó la academia colombiana mas conservadora que analizaba la violencia, que consideraba que el paramilitarismo había surgido como una resistencia a la insurgencia, ya no tenemos insurgencia o, por lo menos, no a su mayoría y, sin embargo, los grupos paramilitares reciclados con nuevos nombres, por ejemplo “bandas criminales” siguen actuando y matando a todos aquéllos que consideran enemigos siempre bajo una lógica terriblemente anticomunista que nunca ha desaparecido del imaginario de las clases dominantes de este país.

Cualquier trabajador que se organice sindicalmente, cualquier comunidad indígena que defienda sus derechos, cualquier comunidad que pida mejores condiciones de infraestructura, serán vistas como reivindicaciones terroristas que deben ser reprimidas y este brazo armado ilegal que el gobierno dice que no existe, sigue operando azuzado por distintos sectores dominantes de este país, tanto políticos como económicos.

Lo significativo es que esos nuevos grupos paramilitares que son los viejos de siempre que nunca desaparecieron, se están entronizando en regiones de influencia de las FARC antiguamente que quedaron desocupados y que ellos están ocupando ahora y, por lo general, son regiones donde se generan grandes megaproyectos mineros, energéticos, hidroeléctricos y lo que se trata es de respaldar esas inversiones del capital trasnacional para asegurar el libre funcionamiento de la inversión extranjera.

Ese es un precepto fundamental del paramilitarismo, despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios y, en ese sentido, no estamos asistiendo a nada distinto de lo que ha sucedido en los últimos años en el país que es la consolidación de lo que yo llamaría un modelo neoliberal armado, en forma estatal y paraestatal.

M.H.: ¿Cuál es el papel que juega Colombia en la crisis interna que vive Venezuela?

R.V.C.: El papel es muy activo y muy negativo. Muy activo porque muchos sectores que hoy participan en protestas en Venezuela, muy organizadas y con la finalidad de desestabilizar al gobierno constitucional de Maduro, han sido armados y auspiciados desde Colombia, y desde hace años.

Cuando se denuncian las incursiones paramilitares en territorio venezolano no se está especulando ni inventando nada, estamos hablando de una gran frontera en los dos países de cerca de mil kilómetros a través de la cual es posible introducir grupos paramilitares que en Colombia los hay bastantes, y máxime cuando una oposición de derecha como la que hay en ese país reclama cierto tipo de apoyo para participar en una estrategia de saboteo.

También está el asunto de que gran parte del contrabando que desangra a la economía venezolana significa que fluyan los productos que allí se producen hacia el territorio colombiano y se vendan a precios muy baratos en ciudades como Bogotá.

Además, hay una estrategia internacional muy orquestada, como quedó claro en la reciente visita de Juan Manuel Santos a EE. UU., cuando uno de los temas que se iban a tratar a fondo era el de Venezuela y donde Santos ha tenido un papel muy importante en el accionar desestabilizante de la OEA. De tal manera que Colombia cumple el papel que siempre ha desempeñado, y por desgracia, ser el Israel de Sudamérica, una especie de portaaviones terrestre de los EE. UU. para sabotear los procesos progresistas de la región y en este caso específico respecto a lo que está sucediendo en Venezuela.

El gobierno colombiano no ha tenido ni la más mínima diplomacia para ocultar su apoyo abierto a la oposición en contra del gobierno constitucional del presidente Maduro. En ese sentido lo que sucede en Colombia creo que es una vergüenza para el resto del continente.

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El exterminio que no acaba en Colombia: Asesinato de guerrilleros indultados y amnistiados

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Wed, 3 May 2017 14:53:00 -0700

Foto Boris Guevara.

Por Miguel Ángel Beltrán Villegas* I Mayo de 2017I

“Seremos superiores a la fuerza cruel que habla su lenguaje de terror

a través del iluminado acero letal.

El dolor no nos detiene sino que nos empuja"

Jorge Eliécer Gaitán

Mientras las FARC viene dando cumplimiento a los compromisos pactados en el Acuerdo Final de La Habana enviando a la sociedad colombiana un inequívoco mensaje de su firme decisión de dejar las armas y hacer su tránsito hacia un nuevo movimiento político, el Estado colombiano que asumió el compromiso conjunto de adelantar las transformaciones necesarias para sentar la bases de una paz estable y duradera, da muestra de su seculares incumplimientos: la sistemática ola de asesinatos, judicialización y amenazas contra líderes sociales y opositores, defensores de derechos humanos, pacíficos campesinos y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sólo cinco meses de suscritos los acuerdos, despierta “serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz en Colombia”, tal como lo expresó recientemente la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La profunda convicción de paz que nos ha llevado a millares de colombianos a defender con encono los Acuerdos de La Habana, y el actual diálogo del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como una oportunidad histórica para poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno no puede llevarnos a minimizar la inmensa gravedad de los hechos de violencia que vienen ocurriendo enel país. El reciente asesinato en la vereda La Guayacana, corregimiento de Llorente (zona rural de Tumaco en Nariño), del exguerrillero de las FARC Luis Alberto Ortiz Cabezas, acaecido dos semanas después de haber salido de la cárcel Vista Hermosa, nos llena de indignación y preocupación. El excombatiente había sido beneficiario de la ley de amnistía e indulto sancionada por el Congreso el pasado 30 de diciembre, y se convierte en el primer ex guerrillero asesinado tras la firma de los acuerdos.

¿Está en marcha un plan para exterminar a los integrantes de las filas insurgentes que han hecho dejación de sus armas y han sido recientemente cobijados por la ley de amnistía e Indulto? No cabe duda que este es un fantasma que acompaña a los guerrilleros que han dado el trascendental paso de reincorporarse a la vida social, política y económica del país, y que parece cobrar cuerpo con hechos criminales como los registrados en esa zona aledaña al municipio de Tumaco. ¿Acaso, no sería prudente atender la advertencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando afirma tener informes de inteligencia según los cuales “se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz en Colombia” y exigir las garantías necesarias para evitar un nuevo genocidio como el que se desató contra la Unión Patriótica, hace ya más de tres décadas?

Una historia pasada que se hace presente

Precisamente el próximo mes de junio se cumplen sesenta años del asesinato del ex guerrillero liberal Guadalupe Salcedo Unda, uno de los jefes más prestigioso de la resistencia armada en el Llano, quien fuera acribillado a mansalva en las calles de Bogotá, poco después que asumiera funciones la Junta Militar de Gobierno presidida por el mayor general Gabriel París, tras la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1957). Años después Álvaro Parra y Dumar Aljure, compañeros de armas de Guadalupe, fueron asesinados en El Meta. El último de ellos “siendo presidente de la República el Dr. Carlos Lleras Restrepo a quien Aljure tenía como su mejor amigo, y quien firmó la orden para que se realizara el operativo militar que lo mató” (Cfr. Eduardo Fonseca. Los Combatientes del Llano). Con Aljure murieron nueve de sus acompañantes, entre ellos un menor de edad y sus cuerpos fueron expuestos a escarnio público en las instalaciones del batallón Vargas acantonado en Granada.

La masacre de ex guerrilleros no se circunscribió a los Llanos. En diferentes partes del país, y bajo el régimen del Frente Nacional (formula bipartidista que pretendía poner fin a la violencia de las décadas anteriores) ex combatientes tanto de filiación liberal como comunista corrieron la misma suerte. Así, a principios de enero de 1960, un cabo de policía segó en Pandi (Cundinamarca) la vida de Silvestre Bermúdez (“Mediavida”); dos años después en Gaitania (Tolima), fueron ultimados Jacobo Prías Alape (“Charro Negro”), para entonces miembro del Comité Central del Partido Comunista; y Hermógenes Vargas (“General Vencedor”), ex guerrillero del Tolima, y uno de los líderes del levantamiento del 9 de abril en Chaparral.

La ola de crímenes contra exguerrilleros no terminó allí. Todavía en 1978, y a los pocos meses de posesionado el presidente Julio César Turbay Ayala, fue asesinado en pleno centro de la capital, uno de los más célebres líderes de la resistencia armada campesina del Sumapaz y el oriente del Tolima: Pedro Pablo Bello conocido en las filas insurgentes como “Chaparral”. En el momento de su crimen este ex combatiente que luchó junto con Juan de la Cruz Varela contra el poder despótico y feudal del latifundista José Antonio Vargas en esa región del país, se había incorporado de lleno a la actividad política legal y se desempeñaba como diputado de la Asamblea de Cundinamarca.

Hechos como los anotados anteriormente serían recurrentes en los procesos de paz que se impulsaron en los decenios siguientes. Baste recordar aquí crímenes como el de Carlos Toledo Plata en 1984, tras acogerse a la amnistía otorgada por el presidente Belisario Betancur y el de Oscar William Calvo meses después de firmar los acuerdos de Cese del Fuego y Diálogo Nacional con este mismo gobierno; así mismo, el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, pocas semanas después de haber liderado la dejación de armas por parte del M-19 en Santo Domingo (Cauca), en el marco del proceso de paz iniciado por el mandatario de turno Virgilio Barco (1986-1990). Más recientemente, y a puertas de iniciar los diálogos con la Corriente de Renovación Socialista, la muerte por una patrulla del ejército de Carlos Prada (“Enrique Buendía) y Evelio Bolaños (“Ricardo González), cuando se encontraban cumpliendo los preparativos para el traslado al campamento, de los guerrilleros del frente Astolfo González que operaba en Urabá.

A los anteriores nombres se agrega una larga lista de inermes ex guerrilleros que a lo largo de estas décadas de violencia estatal y paraestatal, han sido abatidos en el campo y la ciudad cuando adelantaban trabajo político amplio o simplemente se dedicaban a labores agrícolas o domésticas, una vez reincorporados a la vida civil. Muchos de sus nombres han sido borrados de la memoria colectiva, pero hacen parte de esta dilatada historia de exterminio.

Otra constante: La impunidad

Ante el crimen del ex guerrillero de las FARC Luis Alberto Ortiz Cabezas, el general Oscar Naranjo ex director de inteligencia y contrainteligencia de la policía y ahora vicepresidente de la república en declaraciones a los medios radiales se apresuró a declarar que era “necesario encontrar a los responsables de este hecho y hacer que sobre ellos caiga todo el peso de la ley”. Quisiera creer que así será, pero la larga cadena de impunidades que, durante decenios ha cobijado a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes contra luchadores sociales, me lleva a guardar un razonable escepticismo.

Empecemos por recordar que según la versión oficial, Guadalupe se encontraba en una cantina de Bogotá en compañía de otros hombres de confianza ingiriendo bebidas alcohólicas y “perturbando la tranquilidad” del sector; al recibir, “un respetuoso” llamado de atención que le hiciera la policía, disparó sus armas contra los agentes, quienes le “dieron de baja” en uso de la legítima defensa (junio de 1957). En contraste con estas versiones, el reconocido jurista Eduardo Umaña Luna, quien fungió como fiscal, demostró que Guadalupe tenía dos perforaciones en las palmas de la mano lo que indica que salió con las manos en alto en actitud de rendición.

La muerte de Jacobo Prías Alape “Charro Negro” fue atribuida a José María Oviedo, “Mariachi”, un guerrillero liberal amnistiado, puestos al servicio de los intereses latifundistas y de oficiales revanchistas de las Fuerzas Armadas que, junto a otros hombres armados, incursionaron en áreas de influencia guerrillera, para exterminar dirigentes sociales, obedeciendo “a un plan bien calculado y dirigido por altos círculos gubernamentales y jefes políticos”, como en su momento lo denunció el líder agrario Juan de la Cruz Varela en carta al ministro de Gobierno de ese momento, Guillermo Amaya Ramírez.

Pero no hablamos de historia pasada. En la actualidad esa misma tarea la vienen desarrollando los integrantes de las mal llamadas “Bandas Emergentes” o “Bacrim” (Bandas Criminales), sigla con la cual se ha pretendido encubrir el accionar de los grupos paramilitares que, como se sabe, tienen estrechos vínculos con las Fuerzas Militares, con políticos nacionales y regionales, así como con las mafias del narcotráfico y la delincuencia organizada, De allí que una rigurosa investigación de homicidios como el del guerrillero indultado Luis Alberto Ortiz, deben debe dejar al descubierto estas macabras redes criminales, que hoy por hoy constituyen la principal amenaza para la construcción de una paz estable y duradera.

¿Dónde están las garantías que prometió el Estado?

El mismo día en que se produjo el crimen del exguerrillero de las FARC-EP, Luis Alberto Ortiz, fueron asesinados dos hermanos del prisionero político de guerra de esta organización Robinson Victoria, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Chiquinquirá. Como si esto no fuera suficiente, en un reciente comunicado público el Estado Mayor de las FARC-EP denunció el homicidio el pasado 24 de abril de tres familiares del guerrillero Guillermo León Osorio, actualmente concentrado en una Zona Veredal Transitoria de Normalización. Estos últimos asesinatos ocurrieron en el Municipio de Tarazá (Antioquia), lo que permite presumir que no se trata de acciones aisladas.

Pero si de un lado, no hay garantías para los combatientes que han tomado la decisión de dejar las armas y transitar por los caminos pacíficos, por otro, continúa la “guerra sucia” contra los líderes populares: En la última semana fueron asesinados seis integrantes de los pueblos indígenas en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. Entre ellos el gobernador del territorio indígena Kite Kiwe (Tierra Floreciente). Resguardo que, vale la pena recordar, se conformó en el 2001, a raíz de un desplazamiento masivo promovido por los paramilitares en la zona del Naya. A principios de marzo la defensoría del Pueblo señaló que en los últimos 14 meses han sido asesinados 120 defensores de derechos humanos y líderes sociales, además que se han realizado “33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional”.

Hoy más que nunca, es necesario una acción contundente de las organizaciones sociales y políticas, así como de la comunidad nacional e internacional, en defensa de los Acuerdos de La Habana, que exija el respeto y el cumplimiento de lo firmado por esta élite gobernante. El actual momento histórico de Colombia requiere de la movilización y unidad de todos los sectores sociales comprometidos con una paz que implique transformaciones radicales en el país. Los enemigos de tan urgentes cambios han apelado en el pasado inmediato a la barbarie para impedirla. Si lologran nuevamente, la gran hora de la transformación que reclama el país se habrá nuevamente aplazado.

*Profesor Universitario. Ex preso político

Tomado de www.semanariovoz.com/asesinato-guerrilleros-indultados-amnistiados-exterminio-no-acaba/

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2017: YA VAN 42 LÍDERES SOCIALES ASESINADOS EN COLOMBIA A MANOS DE LAS HERRAMIENTAS REPRESIVAS DEL CAPITAL (audio)

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Wed, 3 May 2017 12:29:00 -0700

Por Informe Especial “Sobre Homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos e Integrantes de las FARC –EP y familiares” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. I Abril de 2017I

41 asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se han reportado en lo corrido del presente año, según el Informe Especial “Sobre Homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos e Integrantes de las FARC –EP y familiares” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Según Cristian Delgado, vocero del Movimiento Marcha Patriótica, el gobierno nacional no se ha manifestado frente a las investigaciones sobre los posibles autores.
El Informe Especial del Movimiento Marcha Patriótica, que contiene 18 páginas y habla sobre la situación de derechos humanos, en cuanto a seguridad y protección, expone que tan sólo en 12 días, entre el 14 de abril y el 25 de abril del 2017, se ha reportado el homicidio de 2 integrantes activos de las FARC –EP y el homicidio de 6 familiares de integrantes activos de las FARC-EP que se encuentran en zonas veredales.

El día de hoy 27 de abril, según Delgado, se recibió el reporte de un nuevo asesinato, del representante legal de un Consejo Comunitario de Mercaderes. Con esto, la cifra sube a 42 asesinatos en el transcurso del año.

Las cifras respecto al asesinato de integrantes de las FARC y sus familiares, según Delgado, se concentran en el mes de abril, justo cuando hay un descenso de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, existiendo un patrón común puesto que ocurren en zonas donde se ha denunciado presencia paramilitar. Los asesinatos se han presentado en Cauca, Antioquia, Córdoba, Chocó y Nariño.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación no ha manifestado los resultados de investigaciones acerca de los autores de los asesinatos. “Persiste la negación del gobierno nacional sobre el recrudecimiento del accionar paramilitar en vastas regiones de la geografía nacional”, según el Informe Especial del Movimiento Marcha Patriótica. Delgado afirma que el gobierno además de negar, ha buscado otras posibles causas de los homicidios que se están presentando a lo largo y ancho del país.

A pesar de que el Gobierno no ha considerado estos hechos como algo sistemático, Delgado afirma que hay un problema de connivencia entre grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública, pues en algunos departamentos se han registrado denuncias por presencia de 250 a 300 paramilitares cercanos a bases o patrullas militares, concretamente en Córdoba, Antioquia y Chocó. Le puede interesar: Confirman complicidad y connivencia de AGC y militares en córdoba

Lo anterior se evidencia con la denuncia realizada por la comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba el pasado 22 abril, dondese evidenció la connivencia de paramilitares de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con las Fuerzas Militares, concretamente del Batallón de Infantería No. 33 Junín de la Brigada.

Asimismo, Delgado pone como ejemplo lo ocurrido en Córdoba donde se hizo la denuncia de la concentración de los paramilitares y las instituciones del Estado no hicieron nada, dejando como resultado el asesinato de 3 campesinos. Delgado afirma que el Estado obvia en señalar que grupos paramilitares están llegando por el narcotráfico, a zonas de importancia geoestratégica para la movilidad en términos de guerra y a zonas con alta presencia de minerales.

Hecho que preocupa a las comunidades y líderes de las regiones. “Desafortunadamente siguen ocurriendo hechos de violencia sociopolítica en el país y no hay acciones efectivas y eficaces por parte del estado colombiano” afirma Delgado. Están asesinando a los defensores de territorio, a los que luchan por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.

Tomado de www.contagioradio.com/en-el-transcurso-del-2017-han-sido-asesinados-41-lideres-sociales-articulo-39798/

En la actualidad el Terrorismo de Estado en Colombia sigue asesinando, desapareciendo y encarcelando a activistas políticos y sociales, sindicalistas, luchadores sociales, con la misma intensidad de guerra sucia, paramilitarismo y torturas que antes de la firma del "Acuerdo de Paz" de la Habana. En la actualidad Colombia sigue siendo un país muy rico, pero empobrecido hasta la médula por el saqueo multinacional, un país cuyo territorio está entregado en concesiones a multinacionales mineras. Por lo tanto la guerra sucia y la guerra económica, la represión y los desplazamientos masivos de campesinos causados por el ejército y su herramienta paramilitar funcional al gran Capitalismo, siguen vigentes.

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Colombia: Mocoa, una tragedia poco natural

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Sun, 23 Apr 2017 02:20:00 -0700

Por Renán Vega Cantor I Abril de 2017I

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, a propósito de numerosas tragedias ambientales y humanas, que no hay desastres naturales. Lo que se presentan son catástrofes que se originan por acciones humanas que se pueden indicar de manera precisa y cuya responsabilidad esencial recae en empresas nacionales y extranjeras (madereras, mineras, forestales), grandes terratenientes y ganaderos, diversos sectores extractivistas… En contra de cualquier evidencia, los grandes medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo…) que convierten cualquier tragedia en una mercancía que se vende y se consume, y de la que obtienen grandes beneficios, señalan que lo de Mocoa ha sido otro desastre natural, como si fuera un castigo divino o la furia irrefrenable de una manigua incivilizada.

No hay tal, puesto que para entender las causas que explican lo acontecido en Mocoa es necesario referirse a factores de índole local, y a la manera como los mismos se retroalimentan con factores mundiales, asociados al cambio climático. Las dos cosas están ligadas en forma directa como lo debe mostrar un análisis medianamente serio de lo acontecido.

La tragedia

Al amanecer del primero de abril de 2017 una inmensa masa de piedras, palos, lodo y escombros arrasó y afectó en forma directa a diecisiete barrios de Mocoa, dejando a su paso un saldo de más de 300 muertos, un cuarenta por ciento de ellos niños, centenares de heridos y miles de damnificados, que perdieron lo poco que tenían. Como un hecho reiterativo en este tipo de catástrofes, los afectados son siempre los más pobres entre los pobres, los eternamente vulnerables, los nadies, de los que no se sabe su existencia, ni sus dramas, pero cuyo dolor incrementado si beneficia a los dueños de los medios de desinformación y a politiqueros del gobierno o en campaña electoral.

Mocoa es una ciudad de unos 60 mil habitantes, la puerta de entrada por tierra a la amazonia colombiana, que se localiza en el piedemonte de la cordillera andina. Se encuentra en medio de ríos, quebradas y corrientes de agua. Tres de ellos, el Mocoa, Mulato y Sangoyaco se salieron de su cauce y arrasaron con lo que encontraron. Fueron afectados los barrios ubicados en las laderas bajas, en zonas que previamente fueron deforestadas y se localizaban en zonas en las que nunca se debió construir ningún asentamiento humano, pero hasta allí llegaron miles de colombianos huyendo de la violencia paramilitar y extractivista que ha asolado la región.

A la muerte súbita del primero de abril, que era una tragedia anunciada desde tiempo atrás, se suma otro drama permanente, el de la huida, ya que la mayor parte de los habitantes del municipio son desplazados por las violencias, incluyendo en ellas la generada por la explotación minera y petrolera, de la que nunca se habla. En efecto, Mocoa es un poblado grande que se ha ensanchado por la llegada de refugiados del conflicto, que vienen del resto del Departamento, lo que quiere decir que un hilo invisible, pero directo, une a los muertos y heridos de la avalancha y a los muertos y heridos de la guerra en la región. Los desarraigados y expulsados de sus tierras y sitios de origen y de trabajo debieron asentarse en zonas inadecuadas para ser habitadas, construir allí sus humildes ranchos en la ronda de los ríos, desprovistos de cualquier servicio básico.

Las causas

El Putumayo es el quinto departamento del país que más ha sido afectado por la deforestación, que alcanzó en el 2015 la cifra de 9 mil hectáreas. Deforestar, quitar la cobertura vegetal del suelo, es una vía segura hacia el desastre, puesto que desnudar las montañas genera erosión y la tierra se torna más vulnerable a las intensas lluvias que arrastran los sedimentos. En Mocoa se deforestaron las cuencas hídricas y en ciertos barrios, como San Antonio, el que primero sintió y sufrió la avalancha, se eliminó por completo la cubierta vegetal. En sentido opuesto, el barrio El Carmen quedó en pie, debido a que en ese lugar se conservó el bosque primario, formado por la especie Chiparos, junto con cedros, cedros, cachimbos, palo negros, chontas y ceibas. Esa vegetación evitó que el desastre fuera mayor en el norte de Mocoa, ya que esos árboles absorben y retienen agua, al tiempo que sus raíces estabilizan el suelo e impiden la erosión.

Algunos periodistas enfatizan que la erosión ha sido generada por los pobres que se arruman en tugurios insalubres en gran parte de Mocoa. Eso es la apariencia, el resultado de las acciones de supervivencia de aquellos que han sido desplazados por la violencia estatal y paramilitar y no les queda otra alternativa que instalarse, a riesgo de su vida, en las rondas de los ríos. Ese señalamiento deja de lado a los grandes responsables y beneficiarios de la deforestación en el Putumayo, que son compañías petroleras, mineras y madereras. No por azar, la mitad de los puntos calientes de deforestación se encuentran en la amazonia, un territorio saqueado por empresas colombianas y extranjeras, un paraíso del extractivismo y del saqueo. En los últimos 50 años, tras el descubrimiento de petróleo en la década de 1960, se inició la fiebre del oro negro en la región y luego vino la prospección minera en el departamento, incluyendo los cerros que circundan a Mocoa. Como lo denuncia la Asociación Minga: “Bloques petroleros y títulos mineros dibujan hoy el mapa del departamento por encima de ecosistemas estratégicos y culturas ancestrales, junto con los corredores viales ‘4G’ que sirven a tales megaproyectos. Una economía transnacional que instalan allí empresas como Vetra, Gran Tierra, Amerisur, Anglo Gold, entre otras”.

Junto a los factores locales, deforestación, explotación minera, expulsión de población, pobreza inducida que obliga a la gente a apiñarse en las rondas de los ríos y en construcciones frágiles e insalubres, debe hablarse del impacto de las transformaciones mundiales del clima. Estas son una realidad inocultable, no solo por lo acaecido en Mocoa sino al mismo tiempo en otros lugares del mundo próximos y distantes (Perú, Europa, Vietnam…). En concreto, se han modificado los patrones de precipitación mensual y anualmente, así como la frecuencia de eventos extremos (huracanes, tifones, ciclones…), como consecuencia de los cuales ahora las lluvias son más intensas en ciertos lugares, como en la amazonia. En la noche del 31 de marzo de 2017 la lluvia que cayó en Mocoa alcanzó la cifra de 600 mm, cuando anualmente se vierte un promedio de 10.000 mm, lo cual indica que en pocas horas llovió lo correspondiente a un mes. En pocas palabras, la combinación entre la destrucción ambiental y forestal y los altos niveles de vulnerabilidad de los más pobres, asolados por la guerra y la minería, son las principales causas de la tragedia de Mocoa.

La suma de esos factores locales y mundiales conduce a pensar seriamente, para el caso colombiano, la directa relación que existe entre colonización, deforestación y modificación climática.

Los lunáticos y reaccionarios

Cuando en el 2005 se produjo la inudación de Nueva Orleans, en Luisiana (Estados Unidos), por el impacto del huracán Katrina, un pastor protestante llamado Tony Perkins aseguró que los “desastres naturales” son enviados por Dios, "son un castigo por el aborto y el matrimonio homosexual". Lo interesante del caso es que años después a ese mismo personaje se le inundó su propia casa, como castigo a su impertinente ignorancia.

Pero si por los Estados Unidos llueve en materia de estupideces por acá, en Colombia, no escampa, puesto que el senador uribestia del Centro (Anti) Democrático, Daniel Cabrales, sostuvo: “El día de ayer se registró una avalancha en Mocoa donde dan parte de más de 30 (sic) muertes, de donde según me cuentan fue provocada con dinamita explosiva depositada por las Farc”. Mentiras de este calado no extrañan en gente tan ignorante y atrevida, por la impunidad que la cobija, cuyos intereses están vinculados a los grandes terratenientes y ganaderos, los mismos que han contribuido a deforestar los suelos de este país y a producir catástrofes como la de Mocoa.

Publicado en papel en Periferia, Prensa Alternativa, Medellín, abril de 2017.

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1-Desentrañando memorias: Entrevista a Inty Maleywa, artista y guerrillera de las FARC-EP

noreply@blogger.com (OjosparalapazColombia) — Mon, 27 Mar 2017 16:16:00 -0700

Por Juan Camilo Peña I Marzo 2017I
PARTE I

Este es el primero de tres ejercicios a modo de relato de la vida de uno de los personajes más representativos en el plano artístico de las FARC-EP. Con este ejercicio se pretende dar a conocer algunos elementos que configuraron la travesía y tránsito de una persona común, su la militancia política y su caminar por las filas de la insurgencia.

"Inti, este nombre es de origen quechua y representa sol, lucha y fuego constante, por eso decidí llamarme así artísticamente. Después de varios años, cuando llegué a la guerrilla, un camarada me decía Maleywa en vez de Malena, Maleywa es una palabra wayuú que significa creadora y simboliza la vida. Este nombre también me gustó; así que decidí unirlos para rescatar nuestros orígenes y a la unión de Inty y Maleywa le di el significado de "lucha por la vida”". I.M.

Crónica 1. “El origen de Inti Maleywa”.

Tuvimos la oportunidad de conocer el magnífico trabajo realizado por Inti Maleywa con la comunidad de La Y de las Marimondas, corregimiento El conejo, municipio Fonseca (La Guajira), en donde se plasmó en los muros y paredes su perspectiva del mundo y de la vida, un complejo trasegar entre la maraña, la ciudad, la universidad, la barriada hasta descubrir su larga marcha monte adentro en las filas de la insurgencia de las FARC-EP. Esta es la primera de tres crónicas que buscan descifrar algunos aspectos personales de Malena, algunos elementos que describen el tránsito a su ideología, sueños, anhelos e historias que marcaron su vida.

El presente ejercicio de crónica intenta develar la historia inédita de una mujer, que como muchas otras, ha resistido fuera de las esferas del poder, desde la clandestinidad y en la vanguardia de la revolución, acudiendo a distintos métodos, uno de ellos, que puede subestimarse en el ejercicio de la guerra pero de gran significado en la contienda social, el arte. La pintura en el caso de Inty que ha dedicado gran tiempo de su vida a retratar los rostros, los paisajes, las luchas y los múltiples levantamientos de Colombia y los pueblos del mundo.

Dialogamos con Inty, y esto nos contó:

¿Dónde nació y vivió Inty?

Nací en el departamento andino más caribeño de todos: Antioquia. Viví en el centro urbano (Medellín) una gran parte de mi vida porque alcance a terminar el bachillerato y una carrera universitaria. Mi tierra natal siempre la llevo en mi corazón, mi infancia la pasé jugando con los amigos del barrio y las amigas del colegio, antes, ese sitio tenía bastantes árboles y esa era la magia de mi barrio, sentía que era un bosque inmenso y al crecer me di cuenta que era un pequeño parque. Mi juventud la disfruté participando en manifestaciones artísticas con mis amigas, con las que buscábamos actividades con entrada gratuita, esta cercanía con el arte me fortaleció para enamorarme de todas las expresiones culturales; iba a teatro, cine, poesía, conciertos, museos, universidades. A pesar de que Antioquia posee grandes dificultades sociales como el sicariato, la mafia y el paramilitarismo; el departamento tiene otras facetas que contrastan esa realidad con grandes jóvenes soñadores y rebeldes, con personas “camelladoras” que desean un futuro mejor para Colombia.

De mi tierra recuerdo sus barrios, calles, parques, montañas, ríos y muchos otros sitios que nunca voy a olvidar. Son ya 14 años que no sé de mi ciudad natal, he visto fotos actuales y es tan diferente a lo que tenía como referente. Pero ahora que se abre la posibilidad de volver, me muero de ganas de regresar a las calles donde caminaba en las tardes, donde iba a reunirme con mis amistades, y no veo la hora de visitar los sitios donde me reunía con mi familia.

Antes de entrar a la guerrilla ¿Qué hacia Inty?

Pues para esa época era una estudiante universitaria, daba clases de pintura a niños en las veredas y también de la ciudad, dibujaba, me gustaba pasear, caminar, montar en bicicleta, nadaba y este era mi deporte preferido. Soñaba e intentaba realizar proyectos culturales y sociales, hacía teatro porque me divertía y era como ir a jugar cada fin de semana con el grupo de estudiantes, participaba en tertulias literarias, me gustaba mucho ir a cine y, con suerte, tuve un pase de cortesía que me permitía la entrada gratis, lo hacía frecuentemente con una amiga y por esta razón comencé a buscar películas de cine arte; visitaba museos buscando exposiciones de pintura, me encantaba visitar las bibliotecas, en la universidad trabajaba vendiendo dulces y realizaba diseños de afiches y logos, tomaba fotografías, participaba en las marchas antitaurinas y no faltaba en las marchas del primero de mayo, también militaba en una célula de la Juventud Comunista, realizaba actividades culturales en las zonas rurales como talleres de pintura y poesía.

¿Siempre fue su pasión la pintura?

Desde muy pequeña pintaba, pero tuve la oportunidad de conocer otras actividades artísticas como el teatro; pero fue terminando la universidad cuando me di cuenta que lo mío era el dibujo y desde esa época siempre me he dedicado a esa labor.

¿Por qué se vinculó a la guerrilla?

Cuando estaba en la universidad, que yo supiera, nunca tuve contacto con guerrilleros, solo lo que veía en las noticias y los tropeles universitarios, pero tuve el privilegio de conocer al historiador Juvenal Herrera Torres, gracias a él pude conocer otra parte de la historia de nuestro país que no conocía, la historia de Simón Bolívar, de cómo vivían los campesinos más alejados de Colombia, de por qué nace la guerrilla, como vivían y cuáles eran sus sueños. De su talentosa voz pude escuchar cómo eran los guerrilleros y los campamentos, desde esos días quedó en mí una gran curiosidad. Luego fui conociendo las revistas que publicaba las FARC, escuché su música y en mi mente casi como si estuviese dibujando un cuadro me imaginaba a la guerrillerada. Un día después de participar en un evento en Cartagena, un amigo cercano me invitó a conocer más de cerca la realidad de una parte del campo colombiano y que podríamos llegar a un campamento, sentí temor a lo desconocido, pero a la vez sentí que tenía que hacerlo y así fue, llegue a un campamento fariano y esto fue hace 14 años.

¿Cómo tomaron los comandantes el hecho de que Inty quisiera pintar y más allá mostrar las condiciones sociales de la resistencia a través de la pintura? ¿Se lo prohibieron en algún momento? ¿La apoyaron?

Cuando llegué al campamento, quien me recibió me preguntó: ¿tú eres la que pinta? Enseguida me di cuenta que ya sabía quien era, luego me dijo: bueno, descansa que mañana comenzamos a pintar y para que me ayudes a dar unas clases de dibujo. Se podría decir que desde el día que llegué a la guerrilla mi trabajo siempre fue relacionado con el arte hasta el día de hoy. Las FARC son un Partido Comunista, la cultura para la organización es muy importante, por esto una célula de Partido tiene tres secretarios: político, de educación y cultura; este último debe vigilar e impulsar la cultura, por eso no es raro ver en la guerrilla amantes del arte.

Tenemos líderes que son conscientes de la gran importancia que tiene la cultura para nuestro movimiento, pero somos seres humanos, y hubo algunos que no lograban entender las cosas, sobretodo en medio de una confrontación donde lo más importante es la supervivencia, y no lograban dimensionar esa labor; pero me sentí en la obligación de demostrar la necesidad y la importancia del arte para la revolución y el colectivo terminó apoyando ese espacio.

¿En qué se inspira Inty para pintar?

Es una mezcla de intención, de esfuerzo y de lo que se logra. Muchas ideas llegan porque es una búsqueda constante, es una lucha también y, desde que descubrí que mi labor es la pintura, decidí nunca renunciar a esa lucha.

¿Por qué Inty Maleywa, como nombre de guerra y no Frida Kahlo? (que también era pintora) ¿qué significado tiene el nombre Inty Maleywa?

Mujeres pintoras que admiro: Frida Kahlo, por su dedicación y además por sus ideales revolucionarios. Pero pensando en un nombre, también existen otras mujeres que admiro, antioqueñas como: Débora Arango, extraordinaria pintora que no temió decir la verdad y tocar temas de la gente del común y desnudos que para la época fueron un escándalo; y María Cano, no era pintora, pero supo agitar las calles para que los obreros exigieran sus derechos, ya que unir a los pueblos en la lucha, es un arte también digno de resaltar. Pensé en otras mujeres como las primeras guerrilleras Miriam Narváez y Judith Grisales, otras luchadoras como La Gaitana, Policarpa, Manuela Beltrán o Manuela Sáenz; al final decidí ponerme un nombre que no fuera de alguien en especial, debía ser un nombre que me pusiera el reto de ser como todas aquellas mujeres luchadoras y escojí el nombre de Malena Laverde. Además, Malena por ser un nombre conocido en canciones como el tango, género que me trae recuerdos de mi tierra natal que parece más donde nació Gardel y no donde murió.

Los dibujos los firmo como Inty Maleywa, que tiene un significado especial, y te relato la historia: hace varios años, en mi vereda, un niño vecino me llamaba Inty, este nombre me llamaba la atención y curiosidad, pero nunca le pregunté porqué me llamaba así, sin embargo, investigué y me di cuenta que este nombre es de origen quechua y que representa el sol, lucha y fuego constante, desde ese día decidí llamarme así artísticamente. Después de varios años, cuando llegué a la guerrilla, un camarada me decía Maleywa en vez de Malena, tampoco le pregunte porqué me decía así, un día se me acercó y me entregó un escrito donde explicaba que Maleywa es una palabra wayuú que significa creadora y simboliza la vida. Este nombre también me gustó; así que decidí unirlos para rescatar nuestros orígenes y a la unión de Inty y Maleywa le di el significado de “lucha por la vida”. Conclusión, no me puse mi nombre artístico, me lo pusieron y estoy feliz con ello.

Para saber más de Inty Maleywa hay que ir a su voz, sus obras, la selva y la interpretación de sus obras, que más que clásicos de los vestigios de la guerra, son retrato vivo de las condiciones que develan la verdad de la cruel violencia que desangra al país, pero que por otro lado inspiran una mirada profunda de la resistencia, supervivencia y coraje de los pueblos olvidados y marginados en la Colombia olvidada y golpeada cruentamente por la dejación del Estado, por la represión estatal y la masacre de los agentes estatales y paraestatales que buscan perpetuar un conflicto armado que puede ser resuelto en condiciones objetivas mediante un trato político.

Aquí se comparte una primera parte de algunos videos y las galerías fotografías de sus obras, así como un par de creaciones artísticas recientes.

Videos

Inty Maleywa - Paz y rescate cultural

Inti Maleywa - dibujante guerrillera artista de las FARC-EP

RebelArte Inti Maleywa

Colecciones

Orígenes

Bolívar, el renacer constante

La mejor montaña

Selva adentro

Hombre Nuevo

Naturaleza muerta o agonía de la naturaleza

Los colores de la violencia

Internacionalismo

Proceso del trabajo de los dibujos

Tomado de www.prensarural.org/spip/spip.php?article21028

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