Según el balance anual de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA) publicado este martes, los países miembros recibieron unas 822.000 solicitudes durante el pasado año, lo que supone un «respiro» para los sistemas de acogida tras el pico alcanzado en 2023.

Sin embargo, la agencia, con sede en Malta, advierte de que este descenso no responde tanto a una mejora de las crisis en origen, sino a cambios en las rutas migratorias y a decisiones judiciales clave.

Menos sirios y más afganos

El desplome de las peticiones de ciudadanos sirios, que cayeron un 72 % (apenas 42.000 solicitudes) tras el colapso del régimen de Bachar al Asad, tuvo el mayor impacto en el descenso del número total de solicitudes.

Esta situación ha llevado a la mayoría de las capitales europeas a congelar la tramitación de estos expedientes a la espera de evaluar la nueva realidad geopolítica en Damasco.

En contrapartida, Afganistán recuperó el primer puesto con 117.000 solicitudes (+33 %).

El repunte obedece a los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, a finales de 2024, dictaminó que el trato del régimen talibán hacia las mujeres constituye persecución por motivos de género, lo que ha disparado las peticiones de asilo de afganas que ya residían en Europa pero que ahora formalizan su estatus.

Récord histórico de venezolanos

Los ciudadanos venezolanos protagonizaron en 2025 su mayor volumen de peticiones hasta la fecha, con 91.000 solicitudes, un 23 % más que el año anterior.

La EUAA vincula este incremento no solo a la inestabilidad interna en el país caribeño, sino al «efecto rebote» de las políticas restrictivas de Estados Unidos y a la imposición de visados en otros países de América Latina.

España sigue siendo el epicentro de este flujo: el 94 % de los venezolanos que llegan a la UE eligen territorio español para pedir asilo, atraídos por la lengua, los lazos familiares y la práctica habitual de las autoridades españolas de conceder protección por razones humanitarias cuando no se cumplen los requisitos estrictos de refugio.

El «muro» de los países seguros

La gran novedad regulatoria que afectará a los solicitantes de asilo es la primera Lista de Países de Origen Seguros de la UE, adoptada a finales de febrero.

Países con gran volumen de solicitantes como Colombia han sido incluidos en este listado.

Esto implica que sus ciudadanos se enfrentarán a procedimientos de asilo acelerados en frontera, dado que su tasa de reconocimiento es inferior al 20 %.

Según la EUAA, la mitad de todas las solicitudes presentadas en la UE en 2025 provienen de países que ahora caen bajo este umbral de «baja probabilidad», lo que facilitará las devoluciones rápidas.

«Los estados deben aprovechar este respiro en las cifras para implementar el nuevo Pacto de Migración», señaló la directora de la agencia, Nina Gregori, advirtiendo de que la estabilidad actual es frágil ante la volatilidad geopolítica global. EFE

Si Vladimir Putin hoy no puede invadir a los países bálticos o a Polonia es porque los ucranianos le pararon los pies con extraordinario coraje, inteligencia táctica, mejores armas y tecnología de punta occidental. No por falta de ganas. La UE hace muy bien armándose hasta los dientes a mediano y largo plazo para disuadir al Zar de la única forma que entienden los rusos: con un cuchillo entre los dientes.

Las fuerzas armadas rusas están exhaustas por la cantidad de dinero, hombres y materiales que han perdido en estos tres años, en los que además de prestigio, perdieron capacidad operativa y logística a tal nivel que no pudieron mantener al régimen de Al -Assad en Siria que está en su propia área de influencia.

La paz de Donald Trump será entonces una pausa que durará lo que tarden las heridas de este conflicto en sanar en las fuerzas armadas rusas que, sobredimensionadas por el conflicto, buscarán otra expansión imperial a mediano y largo plazo, allá donde vean un flanco débil a lo largo de su extensa frontera.

La recuperación de los territorios perdidos después de la disolución de la URSS es la línea rectora del régimen mafioso que controla Rusia hoy y muy probablemente mañana.

@luisdesanmartin

Déspota adoctrinado en la KGB que estuvo designado un tiempo en la siniestra Stasi alemana, nostálgico del Muro de Berlín y la URSS, que luego de su colapso se transmutó en líder sucesor de un Boris Yeltsin alcoholizado y moribundo. Ese es Vladimir Vladimirovich Putin, un hombre hecho por y para la autocracia y el abuso de poder, un ser abocado a hacer Rusia grande de nuevo recuperando por la fuerza los territorios que se independizaron del más largo y mortífero experimento totalitario del siglo XX.

Este espía comunista transformado en Zar que persigue y asesina disidentes, que apoya dictaduras por doquier y financia terroristas para matar americanos, hoy es el socio fiable de la primera potencia democrática del mundo por decisión de Donald Trump. Su gran triunfo no fue en el campo de batalla ucraniano donde fracasó intentando apabullar militarmente con todo lo que tenía a un ejército mucho más pequeño, su triunfo fue propagandístico, sus ideas antiwoke y antiecologistas de cristiano ortodoxo fueron suficientes para cautivar el imaginario de una parte del conservadurismo occidental, esa que lo ve como aliado contra los excesos de la ideología de género y el alarmismo climático, a la que le escandaliza más una drag queen en sus calles que la masacre de ucranianos en las calles de Bucha.

Este mafioso antioccidental y antiamericano ha logrado captar al hombre más poderoso del planeta en su cruzada contra la vieja y «decadente» Europa. Sí, señores, aunque parezca insólito, logró poner de su lado a un país al que desprecia desde lo más profundo de su helado corazón, del que sueña vengarse por la derrota histórica de la guerra fría, del que abomina sus ideas de libertad y especialmente la limitación efectiva del poder.

Ni en sus mejores sueños podía anticipar que sería su enemigo histórico el que vendría a rescatarlo del pantanal sangriento en el que su soberbia lo metió. Pero pasó y ahora puede brindar con vodka aderezado con gotas de sangre ucraniana y rusa, el nuevo orden mundial en el que la libertad y la democracia se convirtieron en costosos estorbos de la sagrada voluntad del líder iluminado.

@luisdesanmartin

Contrario a lo que aseguran desde la cúpula de la dictadura chavista, respecto al incidente del intento de secuestro a la salida de la protesta opositora de la líder opositora, María Corina Machado, que cataloga el incidente violento como una operación de “bandera falsa” urdida por la propia víctima, la redacción de @NewsVe pudo corroborar el nombre y rango del funcionario policial que aparece en la fotografía que se hizo viral en las redes sociales a los pocos minutos del suceso, cuando ya se multiplicaban los pronunciamientos de condena de las principales democracias del mundo.

Se trata efectivamente de un funcionario de la policía Nacional Bolivariana (PNB) que hace ostentación en las redes de su vinculación con el alto gobierno chavista, su nombre es Gustavo García, jefe de operaciones de la división motorizada de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

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Si la izquierda global llora tanto algo de bueno tendrá Donald Trump aunque a mí me cueste verlo. La gran república americana está diseñada para resistir los impulsos autoritarios de cualquier líder, sus instituciones funcionan, sus contrapesos son efectivos, pese a la arrolladora victoria del líder republicano y al alarmismo hiperventilado del progresismo mediático. Los jueces son independientes, la prensa libre y los ciudadanos exigentes, nada de eso va a cambiar con la nueva administración. Lo que va a cambiar para bien es el fin del delirio woke, su censura ridícula, su ideologización extrema, su intervencionismo compulsivo en la vida de los ciudadanos.

Lo peor que veo en este nuevo ícono pop americano es su aislacionismo dogmático, su falta de compromiso con la democracia en el mundo, su debilidad con los déspotas y su disposición a dejar hacer a quienes desprecian los valores de la primera democracia del mundo. Si la paz que dice traer significa abandonar a Ucrania a su suerte para favorecer los intereses expansionistas de un criminal como Vladimir Putin, el mensaje a todos los pueblos que luchan por su libertad será devastador: EEUU será oficialmente un gigante castrado, ideal para tiranuelos del estilo de Maduro, Ortega y Díaz Canel.

Otro aspecto negativo es el ambiente hostil que se impondrá a millones de inmigrantes en EEUU, gente en su inmensa mayoría trabajadora y honesta que busca sus sueños de la manera que soñaron los padres fundadores de esa nación: viviendo y dejando vivir bajo el amparo de la ley. No veo la razón por la que gente que no molesta a nadie y que está plenamente integrada tenga que vivir con la espalda de Damocles de la deportación sobre sus cabezas, especialmente cuando su trabajo contribuye a la grandeza que dice querer reinstaurar el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Con Donald Trump la democracia en EEUU no corre ningún riesgo, pero la democracia en el mundo probablemente sí, porque ese «pragmatismo empresarial» que le atribuyen sus seguidores como máxima virtud, podría ser la excusa perfecta para abandonar a naciones enteras a manos de dictadores sanguinarios a cambio de «buenos negocios» hechos pisoteando los derechos y libertades de millones de seres humanos.

En definitiva, Donald Trump tiene una fecha de entrada y otra de salida, ningún dictador tiene claro el día en que se irá a su casa, dejen de exagerar. Así que, será un buen o mal presidente, dictador jamás.

Por: Luis De San Martín @luiseduardodesanmartin

Como era de esperarse, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por la militante chavista Caryslia Rodríguez, decidió convalidar el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en pasado 28 de julio.

Unos comicios en los que las fuerzas opositoras, en poco más de 72 horas, consignaron y publicaron en Internet más de 25 mil actas oficiales recabadas por sus testigos electorales distribuidos a lo largo y ancho del territorio, específicamente el 83,5% del total, que ratificaron la contundente victoria del exdiplomático Edmundo Gonzáles Urrutia con una diferencia de cuatro millones de votos.

María Corina Machado, líder opositora inhabilitada ilegalmente por el régimen chavista para participar directamente en la contienda y en cuyos hombros ha recaído la tarea de aglutinar, organizar y ejecutar las estrategias que han permito a los partidos opositores presentar pruebas documentales de lo ocurrido en las mesas electorales, horas antes del fallo escribió en la red social X (antes denominadas Twitter) un desafiante: “TSJ: échenle bolas”, coloquialismo venezolano que insta a “atreverse a hacer algo”, mientras adicionalmente destacaba la publicación hecha por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que alertaba de la falta de “independencia e imparcialidad del TSJ y el CNE y su desempeño dentro la maquinaria represiva del Estado”.

Por su parte, el candidato opositor Edmundo González Urrutia escribió en X al conocer el fallo del máximo tribunal que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, razón por la cual, considera la sentencia como “nula”.

Estas reacciones se suman a la de personalidades y gobiernos democráticos de la región entre las que destaca la contundencia y rapidez del presidente izquierdista de Chile, Gabriel Bóric, que al enterarse de la noticia anunció que no reconocería la victoria de Maduro y que “no hay duda de que estamos ante una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria producto de una guerra”.

Con esta decisión, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidió despreciar las solicitudes formales de los principales gobiernos democráticos del mundo, con EEUU y la UE a la cabeza, que le exigían la publicación urgente de las pruebas documentales de su supuesta victoria el 28J de conformidad con la legislación electoral venezolana y como tradicionalmente había hecho en comicios anteriores. A partir de este momento se comenzarán a dar reacciones que muy probablemente empujen a Maduro y a los suyos a atrincherarse en el poder a la espera de que el mundo se canse del clamor de democracia y libertad que los venezolanos hicieron el pasado 28J y que de no ser atendido amenaza con otra ola migratoria de proporciones bíblicas en la región.

Se consolida el golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela a través de una esperada «sentencia» que ratifica al dictador en la presidencia sin mostrar prueba alguna que respalde el guión leído hoy por la militante del PSUV y ahora jueza Caryslia Beatriz Rodríguez presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

A pesar de que ya reconocidos organismos internacionales como la OEA, el Centro Carter y la ONU han publicado informes donde se evidencia y prueba la falta de independencia en los poderes en Venezuela, el día de hoy la señora Caryslia Beatriz Rodríguez, que fue impuesta en el cargo sin reunir varios de los requisitos para ostentar su cargo, leyó el guión que pretende imponer por otro período presidencial a Nicolás Maduro Moros.

Se acerca el 12 de octubre, antes llamado día de la raza y ahora de la resistencia indígena, pero la realidad hoy es peor para los indígenas venezolanos, reducidos a territorios esquilmados, expulsados de sus tierras ancestrales por los explotadores del oro, huyendo para no morir de hambre, asesinados por la ambición de grupos armados, guerrilla, paramilitares y bandas criminales. Lo peor es la impunidad, como revela el informe más reciente de la ONU sobre Venezuela y el documental Oro de Sangre. El asesinato de varios indígenas es atroz, ocultado por organizaciones del gobierno y la revolución. Uno de esos casos es el asesinato del indígena uwottujja Virgilio Trujillo Arana, el 30 de junio de 2022 en Amazonas, por enfrentar la minería ilegal.

Trujillo era líder de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y de la Guardia Territorrial. Por lo menos 32 líderes indígenas han sido asesinados en Venezuela, la mayoría de ellos a manos de los grupos armados de las minas y una docena por militares.

Un habitante de la comunidad le dijo a Infobae que ese 30 de junio, Virgilio estuvo en una reunión en Orpia (Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas) y al salir de ahí se fue hacia el sector Morichalito de lEl Escondido III, en la periferia de Puerto Ayacucho, por donde él vivía. “Lo que supimos es que quienes lo mataron lo subieron o lo obligaron a subir a un carro, como a eso de las 4 de la tarde, y le dieron tres tiros en la cabeza”.

Agrega que “en esos operativos que el gobierno llama contra los TANCOL, destruyeron unas naves de aterrizaje cerca de Puerto Ayacucho. Gente de la zona dice que en las fotos que publicaron en redes de ese hecho aparecía Virgilio, por eso la familia solicitó en la Fiscalía que en esos videos de propaganda del gobierno se eliminaran esos videos donde aparece Virgilio; claro, eso ya no tiene sentido porque él está muerto, pero Virgilio fue el que sirvió de guía para indicar dónde estaban esas pistas”.

“Esos cuerpos de seguridad, policiales y militares, están infiltrados por quienes manejan esas pistas. Incluso dentro de las mismas narcoguerrillas hay indígenas no solo son colombianos, gente que se han constituido en facciones de esos grupos al servicio del narcotráfico. El asesinato de Virgilio fue un mensaje que sembró terror a los defensores de las comunidades indígenas que se han replegado. Para colmo Orpia no ha querido hacer nada”, dijo.

Varios miembros de la comunidad y dirigentes indígenas que fueron a los cuerpos de seguridad, incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), posteriormente recibieron amenazas y hombres no identificados se presentaron a las viviendas de varios de ellos. “Llegaron diciendo que venían de parte de alias Ismaelito, del ELN”.

El CICPC hizo citaciones por el asesinato de Virgilio Trujillo. “Lo más triste es que el dueño del vehículo donde asesinaron a Virgilio sería otro indígena piaroa y el hijo de un policía, porque los narcos involucraron a varios indígenas en el tráfico de drogas. Otras personas, incluyendo las de organizaciones indígenas, como Orpia, se replegaron y están en silencio”, finaliza diciendo el vecino de la comunidad que habló con Infobae.

Reclamo de la comunidad

A mediados de agosto 2022, el indígena uwottuja Alfredo Márquez de la comunidad Sabanita de Pintao, parroquia Platanillal, municipio Átures, estado Amazonas, dijo que se han unido varias organizaciones indígenas de los ríos de Sipapo, Autana, Manapiare y Cataniapo. “Que agrupe a las tres organizaciones que existen actualmente” y que se llamará Consejo de la Autoridad Legítima del Pueblo Originario Owottujja del estado Amazonas.

Agradeció a los medios de comunicación “que nos ayudan a hacer valer los derechos de nuestra lucha indígena. Vamos a acompañar a la familia de Virgilio a la Fiscalía a entregar un documento para que no se quede impune”.

Posteriormente Márquez dijo, a través de un video, que el 12 de octubre es un día de lucha y resistencia, como “homenaje a los caídos por la lucha de la defensa territorial de Amazonas, desde Diógenes Garcés hasta Virgilio Trujillo”.

“Haremos una ceremonia sagrada para despertar el espíritu de los ancestros para que nos dé las energías para poder seguir hacia la reivindicación de nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y especialmente en la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, dijo Márquez, quien anunció que el 12 de octubre arrancarán actividades, a las 8 de la mañana, en el fundo La Reina, en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.

El 1 de julio de 2022 la organización SOS Orinoco denunció el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo. Por otra parte, la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se pronunció contra el asesinato de Trujillo, destacando que fue fundador de los Guardianes Territoriales del Sipapo, Autana. “Lamentablemente, la muerte de Virgilio Trujillo se suma a la de otros defensores de las comunidades indígenas, como la del líder Freddy Menare, quien fue asesinado por la defensa de su espacio vital ancestral”.

También la delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en Venezuela se pronunciaron condenando “firmemente” el asesinato del líder indígena y activista ambiental Virgilio Trujillo. “Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de los líderes indígenas, territoriales y ambientales en defensa de sus territorios, y a todos los defensores de derechos humanos”.

Al cumplirse 45 días del asesinato de Trujillo Arana, varios indígenas llevaron a cabo una protesta en Amazonas, exigiendo justicia, entregando un documento por la celeridad para esclarecer el caso; la actividad fue liderada por el defensor de derechos humanos José Mejía, con participación del coordinador de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, Roberto Yarinape.

La aniquilación indígena continúa. Después del asesinato de Virgilio Trujillo, no pasó mucho tiempo para que las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) asesinaran a tres indígenas jivi.

Lo dice la ONU

La Misión de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela reveló en su más reciente informe que desde el 2016 “varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques”, particularmente en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser ruta del narcotráfico ilícito, “como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.

No solo son los narcotraficantes o los guerrilleros, también reciben “amenazas y ataques por parte de representantes del Estado contra líderes y lideresas indígenas por haberse opuesto a la presencia armada del Estado en territorios indígenas”, dice la Misión, quien recibio información de que en el 2018 autoridades militares y del gobierno amenazaron con detener a líderes pemones y de las Guardias Territoriales.

“El 23 de julio de 2018, el general de brigada Roberto González Cárdenas acusó en un programa de televisión a la lideresa indígena Lisa Lynn Henrito Percy de ser ‘secesionista’, de liderar un movimiento separatista pemón”. Incluso la señaló de traición a la patria.

La Misión de la ONU resalta lo ocurrido en la comunidad de Turasén, Gran Sabana, el 26 de septiembre 2018, con el asesinato de José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón. “Personas con liderazgo dentro del pueblo pemón, que fueron consultadas por la Misión, afirmaron que el propósito del asesinato fue amedrentar y debilitar los cuerpos de la Guardia Territorial que interfería con las actividades de contrabando. El Ministerio Público oficialmente acusó a un exfuncionario de la FANB de homicidio agravado”, dice la Misión en alusión a Edward Frederick Curuma, funcionario de la Fuerza Armada detenido por el hecho.

Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, dijo en redes sociales que a José Vásquez “lo venían siguiendo por parte de agentes del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) hasta que lograron su objetivo: eliminarlo. Seguimos investigando para saber quién está detrás de todo. Solo para confirmar”.

La Misión de Determinación de la ONU dice que tenía 36 años cuando, el 13 de marzo 2018, Óscar Meya “fue detenido, torturado y desaparecido por aparentes miembros del ‘sindicato’ de El Fabio en El Dorado, parroquia Dalla Costa, municipio Sifontes”.

Caso los Meya

Dicho ‘sindicato’ “estaba tratando de tomar control de minas que estaban siendo manejadas por la comunidad indígena pemón (taurepán) de San Luis de Morichal, municipio Sifontes (sector IV pemón), cuyo capitán era Omar Eliézer Meya, el hermano de Óscar Meya. Desde 2017, miembros del ‘sindicato’ de El Fabio (o El Negro Fabio), habían ofrecido supuestamente incentivos a la comunidad para que permitiese el acceso del ‘sindicato’ a las minas del área. Cuando la comunidad denegó la oferta, el ‘sindicato’ amenaza supuestamente a la comunidad y a ejercer la violencia para desplazarla, y así obtener el control de las minas”.

“La familia del capitán indígena, Omar Meya, comenzó a sufrir amenazas. El 30 de julio de 2017, Domingo Cabrera, minero y primo de Omar Meya, desapareció en San Luis de Morichal. La comunidad señaló al ‘sindicato’ de El Fabio de ser responsable de la desaparición”.

El 13 de marzo de 2018 Óscar Meya y un primo estaban en El Dorado cuando fueron “secuestrados por hombres armados, quienes los llevaron a una oficina cercana de compra de oro. Allí, fueron golpeados, acusados de ayudar el Ejército en las operaciones militares contra el ‘sindicato’ de El Fabio. Cortaron la frente del primo de Óscar con una navaja; sin embargo, cuando se enteraron de que él no había cooperado con las fuerzas armadas, lo soltaron”.

A Óscar, los hombres armados lo encapucharon la cabeza y se lo llevaron en una lancha. Según un testigo le dijo a La Misión que oficiales armados de la GNB estaban presentes en El Dorado cuando los hombres armados trasladaron a Meya, “pero no actuaron para proteger la vida de Óscar Meya”.

“La familia de Óscar Meya ha continuado recibiendo amenazas y siendo víctima de actos violentos. El 28 de marzo de 2021, Luis Mario Meya Márquez, un primo de Óscar Meya de 17 años, fue asesinado en San Luis de Morichal por hombres armados desconocidos”, dice el Informe de la Misión. “Hasta el momento de redacción del presente caso, ninguna persona ha sido arrestada en el caso y el paradero de Óscar Meya sigue desconocido”.

“Junto con los actos de violencia perpetrados por actores armados, la Misión ha documentado casos de ataques violentos dirigidos a obtener el control de territorios indígenas por parte de agentes del propio Estado. Este tipo de ataques se han producido a menudo en el contexto de operaciones militares, como la operación Manos de Metal o el plan Tepuy Protector, con la supuesta finalidad de controlar la minería ilegal, particularmente en zonas naturales protegidas que coinciden con los territorios indígenas, como es el caso del Parque Nacional Canaima, en diciembre de 2018″.

“Dados los intereses económicos de las élites militares y económicas venezolanas en la explotación del oro y otros minerales estratégicos, existen indicios de que el objetivo real de las operaciones militares en los territorios indígenas de Gran Sabana pueda ser el de asegurar el control sobre los recursos naturales, directamente por el Estado o por grupos afines”, destacó el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Fuente: Infobae / Sebastiana Barráez

Venezuela liberó este sábado a siete estadounidenses encarcelados en el país sudamericano a cambio de la excarcelación de dos sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, quienes habían estado en prisión durante años en Estados Unidos por condenas por narcotráfico, según reportó la agencia AP citando a un alto funcionario estadounidense.

El intercambio de estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos petroleros retenidos durante casi cinco años, sería el mayor intercambio de ciudadanos detenidos jamás realizado por la Administración del mandatario estadounidense Joe Biden.

“Estamos aliviados y satisfechos de dar la bienvenida a sus familias hoy a siete estadounidenses que habían estado detenidos injustamente durante demasiado tiempo en Venezuela”, dijo Joshua Geltzer, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según citó AP.

Se trataría entonces de un gesto de buena voluntad por parte de Maduro, ya que el mandatario busca reconstruir las relaciones con Estados Unidos. El acuerdo seguiría a meses de diplomacia clandestina por parte del principal negociador de rehenes de Washington y otros funcionarios estadounidenses, que incluirían conversaciones secretas con un “importante productor de petróleo”, según señaló la agencia de noticias.

Entre los liberados estarían cinco exejecutivos de Citgo, con sede en Houston y cuya matriz es la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa): Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Pereira.

También habría sido liberado Matthew Heath, un excabo de la Marina de los Estados Unidos de Tennessee que fue arrestado en 2020 en un control de carretera en Venezuela por lo que el Departamento de Estado norteamericano ha llamado cargos de armas “engañosos”, y el hombre de Florida Osman Khan, quien fue detenido en enero.

Franqui Flores y Efraín Campo

Por su parte, siempre según AP, Estados Unidos excarceló a Franqui Flores y a su primo Efraín Campo, sobrinos de la ‘primera combatiente’ o primera dama Cilia Flores, quienes recibieron clemencia del presidente Joe Biden antes de la liberación.

La Administración de Biden ha estado bajo presión para hacer más para traer a casa a los aproximadamente 60 estadounidenses que cree que están retenidos como rehenes en el extranjero o detenidos injustamente por Gobiernos extranjeros hostiles. Si bien gran parte de la atención se centra en Rusia, donde Estados Unidos hasta ahora ha intentado sin éxito asegurar la liberación de la estrella de la WNBA Brittney Griner y otro estadounidense, Paul Whelan, Venezuela ha tenido el contingente más grande de estadounidenses detenidos que la potencia norteamericana considera sospechosos de ser usados como moneda de cambio.

Al menos otros cuatro estadounidenses siguen detenidos en Venezuela, incluidos dos exboinas verdes involucrados en un intento de derrocar a Maduro en 2019, y otros dos hombres que, como Khan, fueron detenidos por presuntamente ingresar ilegalmente al país desde la vecina Colombia.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha dado a conocer este martes su último informe en una rueda de prensa en la que señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

El mecanismo, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los servicios de inteligencia han cometido distintas violaciones para reprimir a la oposición en un clima de completa impunidad.

En el informe, la Misión insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.

«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley«, ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Represión de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado

Según un comunicado de prensa de la Misión, el informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.

La Misión asegura haber documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.

La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.

Y añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.

Abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero

En otro informe también dado a conocer este martes, este mismo mecanismo pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas y destaca que la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde asegura que actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.

El documento indica que desde que, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional», la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones.

Entre otras violaciones de los derechos humanos, el informe habla de privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión señala haber documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, cita “los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas”.

«Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.

La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes.

La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.

*En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, por un año, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En octubre de 2020, mediante su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la MIIV por dos años más, hasta septiembre de 2022.