NOTITIA CRIMINIS

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales y CCM

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 04 Jan 2010 18:54:00 +0000

NOTA: Esta entrada se publicó el 9 de junio de 2009. Se ha modificado la fecha para colocarla a continuación de un nuevo artículo que añadirá información relevante sobre lo dicho aquí.

En el término municipal de Calviá, a unos ocho kilómetros del núcleo urbano, en una discreta y diminuta playa de la isla de Mallorca, está domiciliada la IFQA, la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad. Concretamente, la dirección de esta entidad «sin ánimo de lucro» es Pº Illetes, número 60, local 1.

Se trata de un modesto edificio de apartamentos a pie de playa y construido en 1960, pero a pesar de lo discreto del lugar y de lo inapropiado de éste atendiendo a criterios comerciales, en la misma dirección, Pº Illetes, 60, apartamento 102 A (escalera 1, planta 02, puerta 1) está domiciliada una inmobiliaria llamada CAMALLER 2010 S.L. (CIF: B63038244) propiedad, en el 100% de sus participaciones, de un individuo llamado Brian Sean Padgett, perteneciente a un grupo dedicado a la prestación de servicios de fiducia e inversión activa desde lugares tan interesantes como la isla de Man, Luxemburgo, Suiza o las islas Caimán.

Las dos entidades por sí solas presentan notables características pero juntas, coincidiendo en tan apartado lugar, se convierten en un punto que atrae, inevitable y poderosamente, la atención.

NOTA: Sobre el papel de los paraísos fiscales en la evasión de impuestos y en el blanqueo del dinero procedente del crimen organizado, es muy recomendable leer el libro «Costa Nostra» de Antonio Romero y Miguel Díaz, del cual incluyo aquí un capítulo.

La IFQA y sus fundadores.

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad fue constituida en Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 2002. Su domicilio inicial estuvo en la C/ Soldat Arrom Quart 1, 2 de Palma de Mallorca, fue dotada con la magra cantidad de 30.000 € y, no obstante, declara perseguir unos ambiciosos fines: «añadir valor al ámbito de la Gestión de Calidad mediante la evaluación externa e independiente y el reconocimiento a las mejores prácticas de los Compromisos de Servicio... La continua promoción y extensión de la cultura y principios de la calidad y sus sistemas de gestión... Fomentar dicha cultura de calidad en la sociedad... Etc. etc. etc.». Sus fundadores y patronos iniciales son:

Presidente: Alfredo Arija Hernández.
Vicepresidente: José Luis Rodríguez Holgado.
Secretario: Fernando Monar Rubia.

A José Luis Rodríguez Holgado ya le conocemos bastante bien. Es directivo de CCM ―a día de hoy, que se sepa, no apartado de su cargo tras la intervención de la Caja― Se sienta en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad que CCM comparte en Los Alcázares (Murcia) ―en la inmediata vecindad de las propiedades que Juan Antonio Roca tiene allí― con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. También aparece en el consejo de GESTIONES HERVEMU, empresa del mismo Ventero Terleira. Es consejero de la mercantil TRANVÍA DE PARLA. Es administrador de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, sociedad participada por Domingo Díaz de Mera. Fue consejero de TINSA, la sociedad de tasaciones de CCM que tan alegremente ha estado valorando los activos de la Caja quebrada. Finalmente, entre un considerable número de otras mercantiles, es consejero de VILLA ROMANA GOLF, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, a causa del cual el alcalde Alejandro Pompa y el aparejador municipal de ese mismo ayuntamiento y socio del grupo PEYBER han acabado ante los tribunales en un caso que continúa abierto.

Por su parte, Alfredo Arija Hernández tampoco es una persona irrelevante. A principios de los ochenta fue Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, director del Gabinete de José Bono. Fue durante varias legislaturas senador por Toledo. En el 84, mientras Juan Pedro Hernández Moltó era consejero de Economía y Hacienda, Arija Hernández lo era de Transportes y Comunicaciones y también, durante el 83 fue portavoz del gobierno manchego.

Junto al político, el señor Arija Hernández no ha descuidado el mundo empresarial. Aparece como ex administrador de PRECAMA CONSULTORÍA S.L. domiciliada en Toledo y administrada actualmente por su hijo, Diego Arija Blázquez quien además es el titular del 100% de las participaciones de la empresa. También fue consejero de MBO COMUNICACIÓN S.A. y consejero de SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., hoy extinguida o, mejor dicho, sustituida, como ahora se verá, por la fundación «sin ánimo de lucro» IFQA.

El último de estos fundadores, Fernado Monar Rubia también es una persona de gran interés, estrechamente ligado al municipio de Calviá, al menos mientras Margarita Nájera fue su alcaldesa. Fue uno de los 18 asesores que la entonces alcaldesa tenía contratados por un conste anual de 620.000 €, algo más de 100 millones de Pts. Monar también es presidente del Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, Director General de Calidad de los Servicios del actual Gobierno Balear, órgano directamente dependiente de la Presidencia de dicho Gobierno, y consejero de la empresa pública GESTIÓ D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS S.A.

Su hijo, Fernando Monar Lora que fuera, si es que aún no lo es, miembro de la Unió d'Estudiants Progressistes y que en el año 2001 aún tenía esa condición, la de estudiante; en el 2002 ya fue nombrado consejero de la mercantil SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L. junto a José Luis Rodríguez Holgado, Alfredo Arija Hernández, Joaquín García Martínez y Luis Moya Antón.

Igualmente fue el administrador único de la sociedad GRUPO SEIS Y SEIS dedicada a la fabricación y comercialización de juegos de mesa y al alquiler, reparación y venta de yates de recreo, sociedad que, en este momento, tiene como administradora única a su hermana María Monar Lora.

Por otro lado, el señor Fernando Monar Rubia, como decía, tiene documentadas estrechas relaciones con la ex alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, que tras su salida del ayuntamiento fue consejera de trabajo del Gobierno Balear y actualmente ocupa el puesto de gerente del Consorcio de la Playa de Palma, y por hija interpuesta, es probable que también sea «consultora» en materia de «calidad» y gestión.

De hecho, una vez fuera de la alcaldía, Nájera constituyó dos sociedades dedicadas al «asesoramiento y gestión»: INNOVA XXI S.L. ―por cierto que lo del siglo XXI ya empieza a ser muy reiterativo en todas estas tramas empresariales donde siempre se acaba encontrando alguna sociedad llamada «lo-que-sea» XXI o Siglo XXI― e INNOVA GESTIÓN DE PROYECTOS, actualmente extinguida.

La ex alcaldesa de Calviá fue sustituida como administradora única de INNOVA XXI por su hija Ainnhoa Barajas Nájera el 7 de noviembre de 2007. Hasta entonces la empresa experimentó un vertiginoso ascenso en su facturación. En 2004 declaró 100.258,58 € y ya en 2006 duplicaba la cifra de negocio al alcanzar los 214.637,82 €.

No obstante, lo que ahora importa es la coincidencia entre INNOVA XXI, Fernando Monar Rubia y una empresa, ESTRATEGIA LOCAL S.A., que alcanzó renombre al aparecer ligada a uno de los 11 procedimientos penales a los que se enfrentó Margarita Nájera, el del llamado «Informe Maquiavelo».

El caso «Estrategia Local» o «Informe Maquiavelo» concernía a la aparición de un documento en el ordenador personal Antonio Manchado, a fecha de los hechos teniente de alcalde de Calviá, presuntamente elaborado para el equipo de gobierno de la corporación por la empresa ESTRATEGIA LOCAL S.A. En dicho documento se decían cosas tan brillantes como que era necesario distinguir entre mallorquines conservadores e inmigrantes progresistas, que los candidatos del PSOE de Calviá tenían que «aprender a no decir la verdad a la gente, sino lo que convenga en cada momento» o que era necesario mantener «un control permanente del censo... hay que frenar la tendencia demográfica actual; frenar la llegada de nuevos residentes MC y potenciar 3.000 viviendas sociales».

El caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Palma al considerar que la total falta de medidas de seguridad en la red informática del Ayuntamiento no permitía probar el origen del informe en cuestión y porque, en todo caso, su contenido se consideró intelectualmente paupérrimo.

Independientemente de esto, lo cierto es que la alcaldesa Nájera, que tenía a Fernando Monar Rubia como asesor, sí había contratado los servicios de ESTRATEGIA LOCAL, entonces presidida por Albert Calderó Cabré ―que ahora aparece como director financiero de la entidad― y que entre los años 1994 y 2001 el ayuntamiento de Calviá pagó no menos de 600.000 € (100 Millones de Pts.) a esa misma empresa.

Igualmente es cierto, porque los datos han sido publicados por la propia mercantil ESTRATEGIA LOCAL S.A., que la entidad ha prestado servicios de asesoría, entre otros, a los ayuntamientos de Marbella, Getafe, Pozuelo o Boadilla del Monte, todos ellos relacionados con alguna causa abierta por presuntos delitos de corrupción.

Finalmente, también, los nombres de Margarita Nájera y de Fernando Monar Rubia aparecen conectados, desde el principio de la actividad profesional de aquélla, en relación con un seminario contratado por esta Federación Española de Municipios a INNOVA XXI titulado «La Agenda 21 para los Municipios Turísticos» y en cuyo folleto informativo aparecen como ponentes el citado Fernando Monar y Antonio Manchado, el que fuera teniente de alcalde de la propia Margarita Nájera.

La sombra de Hernández Moltó tras la fundación IFQA.

La fundación Internacional para los Compromisos de Calidad tiene un origen más mercantil del que inicialmente se pudiera pensar. Como se ha visto, los fundadores y patronos iniciales de la IFQA, José Luis Rodríguez Holgado y Alfredo Arija Hernández tuvieron el cargo de consejeros, junto a Fernando Monar Lora, hijo del otro fundador, Fernando Monar Rubia, en la sociedad SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., extinguida desde el 26 de diciembre de 2006 y cuyo objeto social era «promocionar metodología y asesoramiento a las Administraciones Públicas, empresas o entidades clientes sobre el desarrollo e implantación de técnicas y herramientas para la administración de las organizaciones» es decir, algo muy similar, si es que no idéntico, a lo que hacen ESTRATEGIA LOCAL o INNOVA XXI y algo también prácticamente idéntico a los fines que declara la IFQA.

Pero la continuidad entre SERVICES etc. y la IFQA no sólo se queda en la coincidencia de administradores de una y de fundadores de la otra y del objeto social de una y de los fines de la otra. La Fundación no sólo heredó esto, sino incluso, la dirección en la que estaba domiciliada SERVICES QUALITY AGREEMENTS, es decir, la calle Soldado Arrom Cuart, de Palma de Mallorca, que fue el domicilio en el que inicialmente, antes de trasladarse hasta la apartada playa de Calviá, se inscribió la IFQA.

Ahora bien, la presencia de José Luis Rodríguez Holgado ―hombre del equipo de confianza de Juan Pedro Hernández Moltó donde los hubiera... hasta la intervención y el expediente sancionador abierto a éste por el Banco de España― en SERVICES etc. no es casual como se puede uno imaginar, porque esta empresa pertenecía a CCM CORPORACIÓN en un 35%.

Tanto la fundación como la empresa, que de una manera tan clara duplicaban sus funciones, convivieron durante casi tres años. La inscripción de la IFQA se publicó en el BOE de 13 de agosto de 2003 y la disolución de SERVICES etc. se produjo el 3 de febrero de 2006, aunque lo cierto es que la empresa precedió a la fundación. SERVICES se había inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio de 2002 y además, según los datos publicados en el Informe Anual de CCM de 2005, también parece cierto que la empresa hacía poca competencia a la fundación. Según dichos datos SERVICES QUALITY AGREEMENTS tuvo un beneficio neto en 2005 de cero Euros y, por consiguiente, el beneficio atribuido ese ejercicio a CCM CORPORACIÓN fue, igualmente, de nada.

Por supuesto, como también cabe esperar, una de las instituciones que contaron con el asesoramiento de la IFQA fue el ayuntamiento de Calviá, el mismo ayuntamiento que tuvo contratado como asesor a Fernando Monar Rubia y el mismo que también contrató los servicios de ESTRATEGIA LOCAL S.A.

El vecino suizo de la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, y sus socios.

Como he dicho al principio, en el número 60 del Pª Illetes de Calviá, es decir, en el mismo edificio de apartamentos en el que está domiciliada la IFQA y una planta por encima, tiene su sede social una empresa llamada CAMALLER 2010 S.L. que se dedica a la construcción, la promoción, la compraventa y el tráfico inmobiliario «en su más amplio sentido».

Lo poco comercial del barrio en el que está situada esta promotora, constructora, etc. no es lo único relevante en ella. Su propietario y administrador único lo es más todavía. Se trata de un tal Brian Sean Padgett, residente en Ginebra, Suiza y miembro de una entidad llamada PRINCIPLE CAPITAL, una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión «activa» y a la prestación de servicios fiduciarios internacionales e inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo ―L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont. R.C. Luxembourg B 89.730― aunque sus administradores se reparten estratégiamente por distintos lugares de Europa. Estos administradores son:

Brian Alan Myerson, con domicilio en 9, Savoy Street, de Londres.

Brian Sean Padgett, domiciliado en 6, rue Kléberg, de Ginebra.

Leonard Joseph O'Brien, con domicilio en la misma calle Kléberg de Ginebra

David John Cooley, que comparte oficina con Myerson en la calle Savoy de Londres.

El «comisario de cuentas» es la entidad SILEX ADMINISTRATION S.A. Cuyas oficinas están sitas en la mencionada calle Kléberg de Ginebra y como directivos de la empresa también constan David John Cooley, George May, James Peggie y Richard Bolton.

Sin menospreciar a ninguna de estas personas, de todas ellas los que más interés despiertan en este momento son el propio Brian Sean Padgett, Leonard Joseph O'Brien y Richard Bolton.

Según la propia información suministrada por PRINCIPLE CAPITAL, Brian Sean Padgett, con base de operaciones, como he dicho, en Ginebra, suministra sus servicios a la sociedad a través de SILEX HOLDINGS Ltd.

Esta mercantil «suiza» está especializada en la administración de fondos de inversión activa y, lo que es más significativo, en la prestación de servicios fiduciarios. El «Activist Investment» consiste, como su propio nombre indica, en usar el capital concentrado en fondos de inversión para alcanzar posiciones decisorias en consejos de administración de distintas compañías y, de esa manera, determinar o forzar actuaciones en ellas, por lo general, meramente especulativas y dirigidas a obtener el máximo beneficio posible a corto plazo para los inversores del fondo.

La otra especialidad de SILEX HOLDINGS Ltd es todavía más reseñable. Se trata de la prestación de servicios fiduciarios internacionales. El contrato de fiducia o de fideicomiso podría muy bien llamarse «contrato de testaferría». No es otra cosa que el traspaso de la propiedad sobre determinados bienes con obligación de reintegro o de entrega a tercero, una vez cumplidas ciertas obligaciones pactadas o simplemente, una vez cumplida la condición establecida para dar por finalizado el plazo en el que el fiduciario aparece ante el mundo como propietario de la cosa.

Las características de este negocio jurídico lo han convertido, junto al «vendí» ―otro instrumento que normalmente acredita la venta de una cosa o de participaciones de una sociedad a una entidad o individuo que no aparece en los Registros― en una herramienta idónea para las tramas de corrupción y blanqueo puesto que permite, como ningún otro, ocultar al auténtico propietario y volver opacos los patrimonios de estas tramas.

En este sentido ―el de la fiducia, no el de las tramas de corrupción― el mencionado Brian Sean Padgett tiene un curriculum muy cualificado. Fue director financiero, concretamente «chief financial officer», del ABSA FINANCIAL SERVICES Ltd. la división offshore del sudafricano ABSA BANK Ltd, domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Por su parte, Richard Bolton tampoco se queda atrás y, repito, según los datos suministrados por la propia PRINCIPLE CAPITAL, es un especialista en asentar empresas de administración de fondos en la Isla de Man, otro selecto paraíso fiscal.

Richar Bolton trabaja para PRINCIPLE CAPITAL en la citada isla pero antes, en 1993 lo hizo para MEES PIERSON (ahora el quebrado banco FORTIS) organizando y poniendo en marcha la unidad de administración de fondos de FORTIS en este paraíso fiscal. Posteriormente, en 1998, trabajó para el BANK OF BERMUDA en una operación similar, también en la isla de Man.

Finalmente, Leonard Joseph O'Brien es otro miembro del grupo SILEX, que trabaja para PRINCIPLE CAPITAL. Radicado en Ginebra, junto a Brian Sean Padgett, es decir, en el paradigma de la fiscalidad opaca y de las cuentas numeradas, este personaje fue uno de los directivos del grupo CHESTERFIELD, ejerció como «director on the boards» del REGAL TRUSTEES LIMITED en la isla de Jersey y del AEGIS TRUST COMPANY LIMITED en las islas Caimán. También perteneció a la directiva del BARCLAYS BANK de Suiza.

En los últimos tiempos las prácticas de este banco teóricamente británico están adquiriendo cierta notoriedad. Recientemente El País, citando como fuente a la organización internacional Global Witness, se refería a los más de 6 millones de € que «Teodorín» Nguema Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, se había gastado en una flota de Ferrari, Maserati y Rolls Royce, mientras el 80% de los guineanos sobrevive con menos de 200 € mensuales ―aunque esta situación seguramente cambie ahora que El Pocero va a construir pisos allí― y añadía que «al menos hasta noviembre de 2007, el hijo de Teodoro Obiang... despilfarró millones desde una cuenta en París del banco británico BARCLAYS, que obstaculizó las investigaciones de Estados Unidos sobre el origen de las cuentas de la familia presidencial pese a las “claras evidencias de que su familia está profundamente implicada en el saqueo de fondos estatales procedentes del petróleo”».

Pero Teodoro Obiang y su familia no son los únicos sujetos de similar condición que aparecen en la selecta lista de clientes del BARCLAYS BANK. Según la misma fuente, los servicios de esta entidad bancaria los comparten «el hijo del presidente del Congo, Denis Christel Sassou Nguesso; los saqueadores de los recursos naturales de Liberia, entre ellos el señor de la guerra Charles Taylor, reo de crímenes contra la humanidad en La Haya; el fallecido ex presidente Saparmurat Niyazov, violador de los derechos fundamentales en Turkmenistán, o los funcionarios adueñados del petróleo de angola»

Naturalmente BARCLAYS no es la única entidad financiera que hace este tipo de negocios. El mismo artículo de El País se refiere a la negativa del BANCO DE SANTANDER a facilitar datos sobre una cuenta abierta por una empresa guineana asociada a la familia Obiang, y el mismo informe de Global Witness menciona también a CITIBANK, a DEUTSCHE BANK, a HSBC, etc.

Ahora bien, hace escasamente dos meses, el 16 de marzo de este 2009, BARCLAYS BANK ha vuelto a ser protagonista de una oscura noticia relacionada con el blanqueo y la evasión de impuestos. Ese día el periódico británico The Guardian publicaba la noticia de que el Partido Liberal Demócrata había recibido unos documentos internos del propio banco que ponían de manifiesto los mecanismos utilizados por la entidad ―que por cierto, está negociando con el Gobierno un plan de ayudas públicas― para evadir al fisco no menos de 1.100 Millones de € al año, a través de las islas Caimán y de Luxemburgo.

Volviendo a PRINCIPLE CAPITAL y a SILEX HOLDINGS Ltd. hay que advertir, para terminar, que la presencia de uno de los individuos pertenecientes a estas sociedades en una oscura inmobiliaria de Calvía, no debe confundir sobre la importancia y volumen de sus operaciones. Según la información contable disponible de PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., SILEX HOLDINGS Ltd. provee servicios de administración a activos por valor de más de 1.700 Millones de $ a más de tener intereses, por ejemplo, con la EPICURE QATAR EQUITY OPPORTUNITIES Plc. domiciliada en la Isla de Man y en las Islas Vírgenes Británicas, o en la SPEYMILL DEUTSCHE IMMOBILIEN COMPANY plc.

Demasiado volumen de negocio, sin duda, para interesarse por un «kiosko» inmobiliario en Calviá pero ¿Tiene esto algo que ver con CCM, con la IFQA, con Margarita Nájera, con Fernando Monar, con Alfredo Arija, con José Luis Rodríguez Holgado o con ESTRATEGIA LOCAL? No lo sé. Lo único que sabemos es que la IFQA y la inmobiliaria de Brian Sean Padgett comparten dirección postal en una apartada playita de Calviá; que CCM tiene documentados demasiados negocios con miembros de la trama «malaya» que habían tejido una compleja trama de blanqueo a través del suizo Bruno Baumann y del oriundo alemán Juan Germán Hoffmann; que CCM había constituido una sociedad en las Islas Caimán que fue repatriada inmediatamente después de la intervención de la Caja; que José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal fueron los hombres designados por Hernández Moltó para representar a CCM en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero; que se han descubierto propiedades del «malayo Pedro Román Zurdo» en la localidad toledana de Bargas; o que el negocio de vender a las instituciones públicas «informes» de pura tramoya es un clásico desde los ya lejanos tiempos del caso FILESA; pero esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir, y que la IFQA y el suizo Brian Sean Padgett coincidan en tan extraño lugar puede, perfectamente, ser una simple casualidad.

Detenido el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real en una importante operación antidroga

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 30 Dec 2009 19:39:00 +0000

miciudadreal.es

“El director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.

Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.

Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.

González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario”.

La truculenta agonía del aeropuerto de Ciudad Real se complica. Una nueva demanda de concurso de acreedores y guerra en Grupo Montreal

Viejos vínculos entre Domingo Díaz de Mera, el conocido empresario amigo de Barreda, y los cabecillas de la trama Gürtel

La imputación de Domingo Díaz de Mera hizo cundir la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

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Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 23 Dec 2009 09:08:00 +0000

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque (en la foto) condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción.

Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 21 Dec 2009 20:31:00 +0000

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:

"José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo".

El Juzgado número 5 de Illescas mantiene la imputación a los denunciados en el caso de Chozas de Canales. La Fiscalía había archivado la investigación

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 20 Dec 2009 12:05:00 +0000

El pasado 10 de diciembre prestaron declaración ante el Juzgado nº 5 de Illescas el constructor Felipe Barbarroja, António Antúnez ex alcalde “bonista” de Chozas de Canales y Tomás Martín Bargueño teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento de esa localidad. El colectivo “Manos Límpias”, personado como acusación popular, ha solicitado prisión preventiva para los imputados ante el inminente riesgo de fuga.

La denuncia presentada contra los implicados en el caso, acompañada de exhaustiva documentación, hace referencia a hechos que comienzan a producirse en 1998 y que se prolongan hasta la salida de Antúnez del ayuntamiento tras ser condenado en firme por prevaricación e inhabilitado para el ejercicio de cargo público.

El catálogo de los hechos, según la denuncia y según los propios informes de la Secretaría del Ayuntamiento que se acompañan a ella, comprende –tal y como se verá luego en detalle– la aprobación ilegal de PAUs sin que consten los informes y autorizaciones preceptivas y vinculantes de los organismos superiores; liquidación de impuestos por parte de las empresas de Barbarroja mediante pagarés –medio de pago no aceptado por el Reglamento General de Recaudación– que unas veces se pasan a descuento en CCM y otras, simplemente, no consta que se hayan hecho efectivos; usurpación, consumada por las empresas de Barbarroja, de suelos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; construcción clandestina de viviendas y naves industriales antes de ninguna aprobación o validación de esas actuaciones urbanísticas; emisión de informes por parte de Antúnez, presuntamente falsos y contrarios a los emitidos por la Intervención del Ayuntamiento, sobre la suficiencia de suministros de agua en las urbanizaciones de Barbarroja; aprobación de planes de reparcelación en los que no se incluyen los suelos de cesión al Ayuntamiento; ignorancia sistemática y consciente de los reparos e informes emitidos por el Secretario-Interventor cuando estos eran contrarios a los intereses de las empresas de Barbarroja, etc. etc.

Y todo ello con el añadido de que a fecha de los hechos, el alcalde Antúnez prestaba servicios laborales para empresas del constructor Barbarroja; y el correlato, según denunció Interviú en su número del pasado 26 de octubre, de “calles y cimientos que se hunden, casas en suelo rústico sin teléfono ni internet, suministro de agua sin garantizar, desagües que se desbordan, escombreras en lugar de zonas verdes, cables tirados por el suelo...” Ni que decir tiene que CCM financió los proyectos de Barbarroja.

No consta, por otra parte, que el PSOE de Toledo, en aplicación de su presunta política de tolerancia cero con la corrupción, haya tomado medida alguna contra Antonio Antúnez.

La postura de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.

El caso de presunta corrupción de Chozas de Canales (Toledo) comenzó mediante denuncia interpuesta por el actual Alcalde de la localidad, Julián Agudo Santos, ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, el día 27 de mayo de 2008.

El 15 de octubre de ese mismo año, el Ilmo Sr D. José Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, evacuaba decreto de archivo de diligencias justificándolo con la siguiente fundamentación jurídica:

“No se han concretado Actos, Acuerdos o Resoluciones aprobadas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales en los que se observe una voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos.

Antes al contrario, lo que se constata por los informes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda es que se han producido irregularidades en ejecución de obras, sancionadas por el propio Ayuntamiento. En todo caso, nos encontramos ante ilícitos administrativos que deben tener su respuesta en dicho ámbito y no en el del Derecho Penal.

Por tanto, a la vista de lo denunciado, el Fiscal Jefe considera que no nos encontramos ante un hecho que revista caracteres de delito ni, por tanto, existe fundamento para ejercitar acción alguna por este Ministerio”.

Sin embargo, este criterio de la Fiscalía, como ya sucedió en su día con el caso del campo de golf de Carranque, no ha sido compartido por el Juzgado Nº 5 de Illescas, que en providencia de fecha 20 de octubre de 2009 citaba como imputados a Antúnez, Barbarroja y Martín Bargueño, imputación que ha mantenido tras la declaración de estos.

La mercantil de Barbarroja FLOS INVERSORA SL y los “Quiñones”.

El 9 de noviembre de 1998 el constructor Barbarroja a través de FLOS INVERSORA, empresa de la que es administrador único, presentó solicitud de licencia para la construcción de 50 adosados. El 11 de noviembre del mismo año, el Secretario de la Corporación emitió un informe en términos inequívocos: la zona para la que se solicitaba licencia no reunía los requisitos del art. 109 de la LOTAU puesto que no estaba aprobada ninguna modificación puntual de normas subsidiarias, ni el planeamiento de desarrollo; no existían los presupuestos de edificación exigidos por el art. 131 de la citada ley y, además, los proyectos presentados ni siquiera tenían el visado del Colegio de Arquitectos competente, al margen de que tampoco existía informe del arquitecto municipal.

En consecuencia, el secretario del Ayuntamiento advierte al alcalde de la imposibilidad de conceder la licencia solicitada, advertencia que Antúnez ignora con voluntad y consciencia, y el 12 de noviembre, mediante un decreto de la alcaldía, se concede a Barbarroja lo que éste había pedido.

Ya en el 2000, el 9 de marzo, la empresa de Barbarroja, la mencionada FLOS INVERSORA, volvió a solicitar licencia para construir otros 21 adosados más en el mismo paraje y, nuevamente, Antúnez mediante decreto de alcaldía en el que queda constancia del informe desfavorable del Secretario-Interventor, es decir, otra vez con conciencia y voluntad, accede a la petición de Barbarroja.

Pero el asunto no termina en la pura ilicitud urbanística que denuncia el secretario del Ayuntamiento. La concesión de las licencias lleva pareja la liquidación del correspondiente impuesto y en este caso Felipe Barbarroja liquidó los aproximadamente tres millones de pesetas mediante un pagaré con vencimiento al 10 de mayo del 2000.

Con ese pagaré, Atúnez abrió una línea de descuento en CCM, cómo no, y cobró anticipadamente la deuda pero con ciertas peculiaridades porque existe una “nota de reparo” del Secretario-Interventor fechada el día 12 de marzo del 2000, según la cual: 1.- El pagaré no es un medio de pago de los previstos en el Reglamento General de Recaudación. 2.- La fecha de vencimiento supone un aplazamiento encubierto del pago de la deuda tributaria. 3.- Que el descuento del pagaré implica que CCM cargaría la cuantía de la deuda sobre el Ayuntamiento si a fecha de vencimiento el librador –Barbarroja– no hace efectivo el pago. 4.- Que al negociar el pagaré con CCM, el Ayuntamiento estaba incurriendo en gastos, comisiones e intereses que “no tenía porqué soportar en forma alguna”.

No termina aquí lo descubierto sobre el periodo de Antúnez al frente del Ayuntamiento de Cozas. El 21 de marzo del 2000, Barbarroja pide una nueva licencia para segregar las 21 parcelas sobre las que ya había obtenido la licencia de edificación. Eso origina otro informe del Secretario según el cual “los terrenos sobre los que se solicita licencia de segregación tienen la clasifiación de suelo rústico, sobre los que se tramita un PAU que no ha sido aprobado ni adjudicado el derecho a urbanizar”. Además, sigue advirtiendo el secretario, “el artículo 90.3 de la LOTAU establece la prohibición de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Por otra parte, “el alcalde no es competente para otorgar esta licencia, por estar la competencia delegada en la Comisión de Gobierno” y, finalmente, para que no quepan dudas, se añade en ese informe que “la parcelación solicitada es ilegal, y se recomienda a Alcaldía que no otorgue dicha licencia”

Pero es que, a más de todo lo dicho, siempre según el informe del Secretario, Barbarroja ni siquiera había acreditado la propiedad del suelo en cuestión y mucho menos, estar en posesión del derecho a urbanizar, ni había garantizado las cesiones obligatorias, ni había probado la afectación de la finca al cumplimiento de las obligaciones de urbanizar.

En resumen, que la situación, tal y como se desprende de los citados informes, entraba en la más completa, evidente y manifiesta ilegalidad, no obstante, el alcalde Antúnez, que para eso era alcalde, mediante decreto de 3 de abril de 2003 y dejando constancia que se había visto el informe del Secretario, otorga lo pedido a Barbarroja, es decir, a FLOS INVERSORA, por cierto, empresa con la que en esas fechas, “mantenía relación laboral” según los denunciantes.

La mercantil de Barbarroja JOVAFE 13 SL y el PAU “Sector I Industrial”

Una situación similar a la anterior se produce cuando el 25 de mayo de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Chozas, por unanimidad, aprobó un PAU industrial, la correspondiente modificación de las Normas Subsidiarias y su adjudicación a la empresa JOVAFE 13 SL, propiedad también de Felipe Barbarroja.

Esa adjudicación se hizo –siempre según las denuncias presentadas y los informes de Secretaría– careciendo el Ayuntamiento de competencia para la aprobación definitiva del PAU y sin que existieran o sin que constara la existencia, de los informes vinculantes y previos que legalmente son imprescindibles.

Tan es así que el 8 de julio del 2005 la Consejería de Administraciones Públicas requirió al Ayuntamiento para que en el plazo máximo de un mes anulara el anuncio publicado en el correspondiente Diario Oficial y el acuerdo del Pleno citado.

Al mismo tiempo, el Secretario-Interventor advierte a la alcaldía que el PAU carece de la aprobación del informe de impacto ambiental, que la Consejería a requerido la anulación del acuerdo y que el convenio aprobado junto al PAU aceptaba que las cesiones de suelo dotacional se hicieran en los terrenos de un futuro PAU que, ni siquiera estaba presentado.

No se volvió a saber más de esta asunto hasta que el nuevo alcalde de Chozas ordenó a la Policía Local que realice una inspección del lugar “en el que se dice fueron construidas ilegalmente 60 naves industriales”.

En el informe policial consta que se realizó reportaje fotográfico de la zona, que por uno de los caminos del Polígono no se puede circular, por presentar grandes desperfectos, y que “hay montones de plásticos, tuberías, escombros, etc, que han sido esparcidos y tapados en su gran mayoría con tierra”.

La mercantil de Barbarroja YAQUIN INVERSORA SL y el PAU Z-9.

La empresa YANQUIN también es propiedad de Barbarroja o, al menos, él tiene la condición de administrador único de la entidad. El 20 de julio del 2004 esta empresa, por boca de Barbarroja, solicitó al Ayuntamiento presidido por Antúnez, licencia para construir 334 chalés por un lado, y 7 más por otro.

Al respecto, y según consta en la documentación adjunta a la denuncia, el arquitecto municipal advirtió que antes del inicio de las obras deberá presentarse dirección de obra de arquitecto y aparejador y estudio de seguridad y salud, y acreditación de que el proyecto ha sido visado por el correspondiente colegio profesional.

Por su parte el Secretario también previene que no se han cumplido las condiciones exigidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, que no consta la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias que corresponde a la Consejería de Urbanismo, que el PAU no ha sido inscrito en el Registro oportuno, que no se ha publicado la aprobación definitiva del PAU, que no se ha presentado por la promotora la garantía exigida para simultanear las obras de construcción y urbanización y que dichas obras habían comenzado clandestinamente, antes de la solicitud de la licencia.

Y a pesar de todo esto, una vez más, el Ayuntamiento por decreto de alcaldía firmado por el Teniente de Alcalde Tomás Martín Bargueño, concede las licencias pedidas por Barbarroja quien, por otra parte, vuelve a liquidar los impuestos correspondientes, mediante pagaré y al parecer, según los denunciantes, de forma aparentemente incompleta pues no consta el pago íntegro de la liquidación librada por el Ayuntamiento.

La mercantil de Barbarroja MORGUEN INVERSORA y el Sector Z-10.

El 17 de junio de 2003 entró en el Ayuntamiento de Chozas una denuncia firmada por F. Martín, vecino de la localidad en la que se ponía de manifiesto que se estaba edificando en el Sector Z-10. La misma persona solicitó la emisión del certificado oportuno por parte del Ayuntamiento.

A consecuencia de esto, el 18 del mismo mes y año, el Secretario-Interventor acreditó que en ese Sector se tramitaba un PAU a instancias de MORGUEN INVERSORA SL., otra de las empresas de Barbarroja; que ese PAU carecía de aprobación definitiva; que no estaba aprobado el Proyecto de Urbanización y Reparcelación; y que no se había otorgado licencia de edificación en el Sector en cuestión.

Como quiera que además el 16 de junio de 2003 el Ayuntamiento había ordenado la paralización de las obras ilegales, el Secretario emitió un informe advirtiendo al Alcalde de todas estas circunstancias y manifestando la necesidad de hacer efectiva dicha paralización. Sin embargo a día de hoy no consta en la documentación existente en el Ayuntamiento que se haya tomado ninguna medida al respecto o que se iniciara el necesario expediente sancionador.

El 14 de febrero del 2004 el arquitecto municipal informó que en relación con el PAU del Sector Z-10 “no se garantiza el abastecimiento de agua, la presión ni el caudal mínimo”. Contradiciendo esto, Antúnez, dirigiéndose a la Comisión Provincial de Urbanismo, a efectos del informe vinculante que ésta debía emitir en relación con el PAU, aseguró que “según los informes y datos que me constan, existe caudal suficiente de agua para el abastecimiento de las futuras construcciones a desarrollar al amparo del PAU Z-10”.

El día 11 de marzo del 2005, el Ayuntamiento de Chozas aprobó definitivamente el PAU de Barbarroja, sin que estuvieran subsanadas las deficiencias que en su momento señaló la Comisión Provincial de Urbanismo, sin que estuvieran constituidas las garantías previas que fija la ley, sin que existieran los informes técnicos exigidos legalmente para aprobar el proyecto de reparcelación y, por supuesto, con el hecho consumado de las viviendas ya construidas.

En este caso, Barbarroja volvió a liquidar las impuestos correspondientes mediante un pagaré que, a fecha de la denuncia no constaba que se hubiera hecho efectivo.

Ya en diciembre de 2006 hay un nuevo informe del Secretario en el que se vuelve a poner de manifiesto que la empresa de Barbarroja no ha presentado la garantía a la que está obligada; que el Tesorero Municipal admitió como pago por el “aprovechamiento lucrativo” –la parte de suelo que corresponde al Ayuntamiento por participación en las plusvalías– dos pagarés que vencidos, no constaba que hubieran sido presentados al cobro; que el “aprovechamiento lucrativo perteneciente a la Administración se ha usurpado por el Agente Urbanizador”; y que “el Ayuntamiento, no sólo ha consentido esta actuación ilegal, sino que además, no ha iniciado expediente sancionador alguno... una dejación o abandono de las potestades por parte de los órganos municipales, que se han replegado a la conveniencia de los intereses del Agente Urbanizador, en detrimento de los intereses generales”.

A esto, el informe de Intervención de 1 de octubre del 2007 añade que el proyecto de reparcelación del PAU Z-10 incumplía el Convenio correspondiente al haberse inscrito a nombre de MORGEN INVERSORA la finca 1.790 de la cual, al Ayuntamiento, le correspondían 7.560 m²; y que el 10% de la cesión obligatoria se había calculado sobre metros de parcela y no sobre superficie de edificabilidad, ello en beneficio del Agente Urbanizador.

La mercantil de Barbarroja MORGEN INVERSORA y el PAU Z-11

La situación aquí, es similar a lo visto hasta ahora. Según los informes del Secretario-Interventor que constan en el respectivo expediente, no existía informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, se habían edificado viviendas en la zona sin que existiera licencia para ello; el proyecto de reparcelación no incluía la asignación al Ayuntamiento de las parcelas de cesión obligatoria; y el Alcalde había sometido el proyecto a información pública antes de que existieran los informes preceptivos.

El 20 de diciembre, ante la inminente aprobación definitiva del PAU, el Secretario vuelve a insistir que que esta aprobación no es posible porque se infringiría el art. 81 ROF, porque no se ha emitido el informe de Secretaría a que obliga el art. 175 ROF; y porque no existe el informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo sin la cual el Ayuntamiento no podría aprobar el PAU.

Ajeno a tanto inconveniente burocrático, Antúnez y los concejales presentes en el Pleno del 20 de diciembre de 2006, aprobaron el PAU y lo adjudicaron a la mercantil de Barbarroja. A partir de ahí, el resto de la tramitación, al decir del Secretario-Interventor, continuó con los vicios que ya se vienen haciendo familiares.

El 30 de enero del 2007, una diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento, advirtió que se había ordenado por el Alcalde la publicación del PAU, lo que no era posible porque éste no estaba inscrito en el correspondiente Registro y que la mercantil MORGEN INVERSORA no había hecho efectiva la garantía necesaria.

Ignorando toda esta tramitación viciada, el 27 de marzo del 2007, Antúnez concedió licencia a la empresa de Barbarroja para la construcción de 304 y18 adosados en el PAU en cuestión.

En ninguno de estos hechos, acreditados mediante documentos oficiales, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, ha observado “voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos”.

La truculenta agonía del aeropuerto de Ciudad Real se complica. Una nueva demanda de concurso de acreedores y guerra en Grupo Montreal

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 16 Dec 2009 11:30:00 +0000

La prensa ya dio la noticia hace tiempo. El Grupo MONTREAL, del que es accionista mayoritario Domingo Díaz de Mera, había solicitado concurso necesario de acreedores contra el aeropuerto de Ciudad Real, del que también es socio de referencia el citado Domingo Díaz.

La cosa despertaba sospechas dada la particular situación del accionariado de CR AEROPUERTOS. La fenecida CCM –y digo fenecida porque lo que hay ahora ya es otra cosa que poco o nada tiene que ver con la entidad llevada a las más altas cotas del fiasco financiero por Hernández Moltó– es en realidad el único inversor de ese proyecto de “singular interés” y lo es porque los demás socios, entre los que destacan Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo, financiaron su participación en el aeropuerto con créditos concedidos en un alarde de temeraria o puede que presuntamente delictiva, largueza de CCM y, en la medida en que le corresponde el control de inversiones de esa magnitud, también del Gobierno de Barreda.

Dicho para que se entienda. CCM financió la inversión de los demás socios del aeropuerto y estos garantizaron el pago de esos créditos con sus propias acciones del aeropuerto. Es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y se comprometieron a devolver, si las cosas iban mal, unos papeles en los que estaba impresa la frase “acción al portador” y cuya utilidad quedaba reducida, por ejemplo, a la de servir de envoltorio a un bocadillo de panceta.

Así las cosas, el concurso de acreedores instado por el Grupo MONTREAL, parecía beneficiar, más que a muchos, al propio Domingo Díaz de Mera y por eso sus protestas contra el presidente del mencionado Grupo, parecían lágrimas de cocodrilo.

Sin embargo, ahora lo que entonces pudo ser una maniobra para forzar a los nuevos ejecutivos de CCM a hacerse cargo de las deudas y a inyectar capital sin tardanza antes de que la quiebra del aeropuerto fuera un hecho manifiesto, se está empezando a complicar más de lo esperado pues CAJASUR, otro de los acreedores del aeropuerto, ha presentado por su cuenta una nueva solicitud de concurso necesario de acreedores.

Días después de que esta noticia se hiciera pública se ha conocido que el consejo de administración del Grupo Montreal, reunido por imperativo del Juez competente, ha destituido al presidente José Angel González, a quien Díaz de Mera responsabiliza de la presentación del concurso de acreedores.

Díaz de Mera posé el 51% del capital social, de modo que la decisión de destituir al señor González, acompañada de la autorización para emprender acciones judiciales contra él; debe atribuírsele.

Mientras todo esto sucede, Barreda permanece silente como tumba antigua y Hernández Moltó, no sólo silente, sino también desaparecido puesto que aunque ABC llegó a publicar que había encontrado refugio en el gremio de la charcutería, concretamente en la mercantil CARNICAS TELLO, la cosa fue luego rotundamente desmentida por esa entidad, que debió entender que cualquier relación con Moltó la ponía en comprometedor entredicho. O quam cito transit gloria mundi.

En fin, que no me resisto a incluir aquí, íntegramente, el artículo que publica hoy el diario CAPITAL MADRID y que contiene algunas informaciones del mayor interés:

Guerra en Caja Castilla La Mancha por el aeropuerto de Ciudad Real. La junta de accionistas del Grupo Montreal cesa a su presidente

J. Hervás.– Lo que mal empieza, mal acaba. Cuando a la falta de transparencia se añade el oscurantismo obligado por recibir créditos arriesgados gracias a los apoyos políticos, se acaba como se ha visto ayer, con amenazas. La junta de accionistas de Grupo Montreal (Montajes y Realizaciones) decidió por mayoría simple cesar de sus funciones al presidente, José Ángel González, quien había instado el concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto de Ciudad Real. El 51% del accionariado de Montreal pertenece a Domingo Díaz de Mera, uno de los empresarios preferidos del presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, y que más favores ha recibido de la Caja de Castilla La Mancha hasta su intervención.

Se llegó a preparar un avión particular para que tan destacado representante de los medios de comunicación regional no faltara y acudiera hasta Oriente Próximo a uno de los viajes de recreo organizado por el ex presidente de la Caja, Juan Pedro Hernández Moltó, como premio a los consejeros por el "magnífico trabajo realizado".

Menos mal que el trabajo era magnífico. Si llega a ser malo, en lugar del Banco de España y CajAstur, habría tenido que acudir en su ayuda la Reserva Federal en sus buenos tiempos. Mientras, las encuestas ofrecen cada mes peores expectativas electorales para el presidente de la Junta de Comunidades. Sus posibles sucesores presionan, directa o indirectamente, para que haya un cambio de cara a las autonómicas de 2011.

Domingo Díaz de Mera decidió ejercer la acción social de responsabilidad contra González, que detenta el otro 49% de la sociedad, por supuestas irregularidades en la gestión.

Fuentes próximas a González interpretan que los acuerdos adoptados por la junta de accionistas son nulos al vulnerar los estatutos de la sociedad, que exigen una mayoría del 60 por ciento para validar este tipo de decisiones. Fuentes consultadas por Capital Madrid recuerdan que las juntas de accionistas son soberanas para cambiar los estatutos, pero mientras no se cambien los vigentes dan la razón a González.

La actuación podría ser constitutiva de delito. Lo que pretende es la retirada de la presentación del concurso necesario contra CR Aeropuertos, la sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad Real, donde a su vez participa Díaz de Mera, para facilitar la venta al fondo de inversiones que ha comprometido inicialmente la compra.

Montreal presentó ante un juzgado de Ciudad Real el pasado mes de junio la solicitud de concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto Central de Ciudad Real, al reclamar una deuda de 17 millones de euros. Montreal ha venido ejecutando obras además de en el propio aeropuerto de Ciudad Real, en la urbanización del polígono industrial adyacente donde esperaban obtener importante plusvalías los socios, como comentó a Capital Madrid, Luis Arroyo, ex rector de la Universidad de Castilla La Mancha y ex consejero de la corporación industrial de la CCM.

Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 09 Dec 2009 06:50:00 +0000

Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez y también fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas

Hace un tiempo, en un artículo dedicado Petra Mateos Aparicio y a los tentáculos de la operación Malaya en Aranjuez, encontramos al ex director general de urbanismo de Madrid, Miguel Angel López Toledano, relacionado con la Fundación Metrópoli encabezada por Alfonso Vegara Gómez, un hombre sólidamente asociado a los miembros de la trama vasco-malaya y también, como acabamos de saber, a personajes vinculados a la operación Pretoria.

En Aranjuez, el nombre de López Toledano apareció relacionado con negocios que CCM e ISOLUX-CORSAN, esta última presidida por Luis Delso, pretendían poner en marcha en esa misma localidad madrileña; concretamente en el PAU de las Cabezadas, en relación con el cual también intervenía la fundación de Alfonso Vegara, presente en el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde coincidía con Petra Mateos, con Juan María López Alvarez (socio de los “malayos” Roca y Pedro Román) y con José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde de Cartagena.

Ahora, tras el levantamiento del secreto sumarial de trece de los tomos que componen las previas del caso Astapa, el ingeniero López Toledano podría estar implicado en los hechos que han llevado al alcalde de Estepona a la cárcel.

Toledano y el caso Astapa.

El día 25 de junio del 2007, a las 18:48 horas, la policía interceptó una conversación entre Antonio Barrientos González, entonces alcalde de Estepona, y Patricia Rojo, hija del Presidente del Senado y que también tenía el puesto de representante del PSOE en la gerencia de urbanismo de la localidad malagueña:

Patricia: Le han dicho que has estado en Brunete, que le llamó a Juan, Raul y le dijo que estabas por allí, y por eso lo sabe.

Antonio: Le dice que el año que viene se hace aquí, que ha estado en El Larguero, una finca que tiene José Ramón (¿de la Morena?) allí, que si la hacen en allí (Estepona) está en la cárcel. Tiene un límite, tiene una parcela de 25.000 metros, tiene invernadero, cerezos, pista de padel y se está haciendo una mansión de 2.000 metros cuadrados, y tiene una casa agrícola y ya sabes, tiene una casita agrícola de 2.000 metros cuadrados vinculados a la explotación agrícola. Luego le pregunta si se acuerda cuándo estuvieron los de URBACEIS (sic) que querían aumentar de densidad de vivienda por la zona...

Patricia: Le dice que sí, que la documentación la tiene Tacho (el arquitecto municipal de Estepona) que si no está en su despacho.

Antonio: Le dice que allí hay dos cosas, nada más.

Patricia: Le dice que le diga que llame mañana que no se acuerda cuál es el sector, que lo dejó encima de la mesa.

Antonio: Le pregunta qué problema tenía eso.

Patricia: Le dice que querían aumentar la densidad, pero comercialmente no les interesaba, pero no se podía montar jurídicamente, que iban a venir abogados de Madrid, y dijeron que lo estudiarían.

Antonio: Si, ya, que vino Toledano que era gerente de urbanismo de Madrid.

Miguel Angel López Toledano no ha sido “gerente de urbanismo” de Madrid, pero sí Director General del ramo durante los gobiernos de Leguina. Por otra parte, en los registros mercantiles no consta ninguna sociedad denominada “URBACEIS”. Por el contrario, la que sí consta en dichos registros y en otros lugares del sumario Astapa, es URBASEVI, acrónimo de URBANIZADORA SEVINOVA, constructora originada en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva y que también opera habitualmente en la localidad vecina de Brunete, de modo que todo indica que la inexistente URBACEIS es en realidad la existente URBASEVI, ligeramente deformada por la prosodia malagueña de Barrientos; la cual tiene importantes intereses en Estepona.

URBASEVI y el caso Astapa.

La mercantil URBANIZADORA SEVINOVA y Miguel Angel Rosa Rodríguez, hijo de Miguel Rosa Morán, aparecen repetidamente en los tomos del sumario Astapa que se conocen hasta este momento. Así, por ejemplo, en el Tomo II; en el Tomo III págs 147, 343, 463 o 653; en el Tomo VI págs 55, 239, 647 y 831; en el Tomo VII pags. 241 y 243 etc.

En el Tomo VII de las Previas 1030/2007, es decir, del sumario Astapa, consta un informe de la UDEF Central-Brigada de Blanqueo de Capitales. En la página 119 de ese informe, página 241 del Tomo, hay un apartado titulado “Contraprestaciones económicas efectuadas por Miguel Angel Rosa Rodríguez”. En él se lee que este tal Miguel Angel Rosa “es representante de la mercantil URBANIZADORA SEVINOVA S.A. perteneciente la grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, con intereses urbanísticos en la localidad de Estepona”.

A continuación se añade que: “a pesar de que en el momento de producirse las conversaciones que se mencionan a continuación el Ayuntamiento tenía una enorme deuda que pudiera ascender a los 100 millones de euros, la financiación para determinadas actividades continuaba produciéndose, como un campeonato de tenis cuyo coste asciende a 120.000 €... El cual es patrocinado por el grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, contando entre sus empresas con URBANIZADORA SEVINOVA SA (CIF A80797749) y cuyo representante es Miguel Angel Rosa Rodríguez, y con el cual mantienen reuniones al parecer de carácter urbanístico... Como se desprende de las conversaciones telefónicas mantenidas entre el citado Miguel Angel y Antonio Barrientos González, en las que conciertan una reunión para el día 27/7/07 a la que asistirían probablemente Rafael Antonio Duarte Martínez, concejal de urbanismo e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla (Tacho) arquitecto municipal”.

“Se ha comprobado ―continúa el informe de la Brigada de Blanqueo― que esta empresa tiene en proyecto un conjunto de 653 viviendas colectivas en Estepona, llamado “Señorío del Retiro”, por lo que de igual forma dicha empresa podría estar esperando algún tipo de contraprestación por parte del Ayuntamiento”.

“La empresa URBASEVI cerró el patrocinio de un campeonato de fútbol para niños, solicitando seis días más tarde Miguel Angel Rosa Rodríguez que Antonio Barrientos González intercediera ante el alcalde de la localidad de Mijas respecto al expediente 171/07”.

En el Tomo XII consta otra conversación entre Miguel Angel Rosa y Barrientos mantenida el 27 de septiembre del 2007 a las 18:51:

Antonio Barrientos: Le pregunta cómo le van las cosas.

Miguel Angel Rosa: Le dice que bien.

Antonio: Le dice que el mes que viene hace lo del congreso mundial de noticias y que es un buen marco publicitario, mucho mejor que lo otro y que están entrando muchas empresas con pequeñas aportaciones.

Miguel: Le pregunta cómo va su tema, que tiene que tirar para adelante.

Antonio: Le dice que ha estado hablando con Rafa (Rafael Duarte, concejal de urbanismo) y que si que cree que se pueda tirar para delante.

Miguel: Le dice que si eso, se ven la semana que viene.

Pero a 10 de diciembre de 2007, “lo suyo” de Miguel Angel Rosa Rodríguez todavía no ha tirado para adelante. En esa fecha la policía intercepta varios SMSs enviados por Rosa a Barrientos. El de las 11:23 dice:

“Antonio. Voy para Mijas, mira si puedes hablar con alcalde y que me reciba 2 minutos. Llevamos mucho tiempo LPO y necesito que me ayudes. Tengo clientes de”

Segundos después Miguel Angel Rosa envía otro SMS:

“uñas y los tiempos... Expt 171/07. Llegaré Ayto 12:30h. Un abrazo y gracias. Miguel Angel Rosa. Urbasevi”

El mismo día, a las 13:07 Barrientos llama a Rafael Duarte, el concejal de urbanismo de Estepona y toma ciertas medidas de seguridad para que la conversación no sea escuchada:

Antonio Barrientos: Le dice que le han entrado esta mañana mensajes de hace una semana, luego le pregunta que si puede hablar.

Rafael Duarte: Le dice que tiene gente cerca.

Antonio: Le dice que se separe, que le tiene que comentar una cosa... Le dice que le ha llamado el de URBASEVI y que le ha mandado un sms en el que pone algo de un expediente, algo de una cita a las 12:30 y le pregunta que si él le ha dado cita y le pregunta que si él ha solicitado algo de la licencia de obra.

Rafael: Le dice que no, que él no sabe nada”.

Así que, en resumen, URBASEVI tiene intereses urbanísticos en Estepona. En relación con esos intereses está tratando de conseguir un aumento de densidad, asunto del que se están ocupando Patricia Rojo, una de las hijas del actual Presidente del Senado y “Tacho” el arquitecto municipal. También, respecto a ese aumento de densidad, que “no se puede montar jurídicamente”, se espera en Estepona la llegada de los abogados de URBASEVI, hecho que le hace recordar a Barrientos que respecto a ese asunto ya había estado “Toledano, que era gerente de urbanismo de Madrid”.

También sabemos, por las conversaciones intervenidas, que URBASEVI patrocina competiciones deportivas organizadas por el Ayuntamiento y que el propio Miguel Angel Rosa Rodríguez solicita favores a Barrientos para desbloquear “su tema” porque tiene “clientes de uñas”, y para que le facilite entrevistas con el alcalde de Mijas.

Finalmente, sabemos que la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal está investigando la correlación que pueda existir entre los negocios inmobiliarios de URBASEVI en Estepona y aledaños, y las “aportaciones económicas” hechas por esta empresa al Ayuntamiento dirigido por el detenido Barrientos.

Miguel Angel López Toledano y el Grupo URBASEVI

Por otro lado, Miguel Angel López Toledano aparece con anterioridad inequívocamente relacionado con URBASEVI. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 262 de 10 de noviembre de 2005 publicó un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y URBANIZADORA SEVINOA S.A. para “el desarrollo y ejecución de los sectores SAU 5 del núcleo urbano tradicional y SAU 8 de «Los Manantiales».

El convenio urbanístico se había firmado en mayo de 2003 por el entonces alcalde, Juan Antonio Teresa Villacieros y por Miguel Rosa Morán, dueño de URBASEVI y se da la circunstancia de que para esas fechas el tal Juan Antonio Teresa ya tenía varios asuntos pendientes con la Justicia.

Teresa había formado parte del equipo de gobierno de Angel Batanero, un sujeto que se mantuvo al frente del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva durante veinte años, hasta 1999. A partir de una moción de censura presentada en 2001 que tuvo éxito gracias al apoyo de un tránsfuga del PSOE, la situación se invirtió, pasando Teresa a la Alcaldía y Batanero a su equipo de gobierno.

El día 17 de septiembre del 2002, El Mundo titulaba: “La Fiscalía se querella contra el ex alcalde del PP de Sevilla la Nueva”, es decir, contra Batanero. Según esa noticia “La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella por prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias contra Angel Batanero, actual edil de educación y ex alcalde de Sevilla la Nueva... También se le imputa falsedad de documento público y negociaciones prohibidas a causa de las graves irregularidades urbanísticas supuestamente cometidas entre 1993 y 1999”.

En el contexto de esa investigación, el Juzgado nº 1 de Navalcarnero ordenó a la Guardia Civil el registro del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y de varias agencias inmobiliarias de Brunete, así como la intervención de la documentación de la inmobiliaria del propio Batanero.

La querella de la Fiscalía se refería a la moción de censura que dio la alcaldía a Teresa, diciendo que “parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos”.

Más adelante, en la querella del Fiscal se lee: “el equipo de gobierno ―encabezado por Juan Antonio Teresa Villacieros y del que, como concejal, seguía formando parte Batanero― elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001 ―la de la moción de censura― se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la UE 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística”.

La Fiscalía continuaba argumentando que el propio Batanero participó en las decisiones municipales sobre la actuación urbanística a pesar de ser su propia inmobiliaria la que construía las viviendas. Relata, también, la presunta “entrega” de un parque público a otro constructor: Valentín Sagarduy y el presunto enriquecimiento privado de Batanero “vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias” producido a partir de la moción de censura.

Sin embargo, no acaban aquí las andanzas de Juan Antonio Teresa. Durante la investigación de la promotora de Angel Batanero, la Guardia Civil, en un informe sobre los presuntos delitos cometidos por éste, hizo constar la intervención de documentación referida a la empresa EUROHOLDING, propiedad de Francisco Bravo Vázquez.

Este Francisco Bravo Vázquez fue el mismo que admitió haber reservado dos habitaciones de hotel para los tránsfugas Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáez, protagonistas del “Tamayazo” en la Comunidad de Madrid.

El día 16 de junio del 2003, El País, haciendo referencia a este hecho, añadía que “el mismo promotor ―Francisco Bravo Vázquez― propuso hace unos días al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, una operación política para quitar al PSOE una alcaldía... El promotor... llamó a Romero de Tejada para decirle que quería presentarle a un concejal independiente de Sevilla la Nueva dispuesto a hacerse con la alcaldía, pese a que la fuerza más votada en esa localidad es el PSOE”.

Al día siguiente, el 17 de junio, el mismo periódico ya había descubierto quién era el concejal que le fue presentado a Romero de Tejada por el constructor Bravo Vázquez: “Ricardo Romero de Tejada trató sobre un posible pacto para arrebatar la alcaldía de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido había expulsado dos años antes por apoyar una moción de censura contra el hoy portavoz del PP en ese Ayuntamiento. Teresa presidió el equipo de Gobierno desde 2001, del que formaba parte Batanero ―alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urbanísticas han motivado una querella de la Fiscalía de Madrid contra dicho equipo en pleno”.

Por último diré que en marzo de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid condenó al tal Juan Antonio Teresa a 6 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito de coacciones contra la concejal socialista Concepción Rojas Rubio, a la que ordenó detener tras percatarse de que dicha concejal estaba fotocopiando documentación relativa a las normas subsidiarias del pueblo.

Pues teniendo esto en cuenta, volvamos al convenio urbanístico firmado por Teresa con el dueño de URBASEVI y, en concreto, a la adenda que se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva el día 7 de abril del 2005, con Pilar Barroso Belvís como alcaldesa y con Juan Antonio Teresa ya fuera de la alcaldía.

Según esa adenda URBASEVI afirmaba que “teniendo en cuenta la desestimación del recurso de alzada contra la resolución de la Comunidad de Madrid de fecha 14 de juni de 2004... y en definitiva, puesto que el Ayuntamiento y URBASEVI están interesados en superar las diferencias de criterio que mantienen respecto al desarrollo de los SAU 5 y 8, deseando establecer un nuevo marco para la gestión urbanística de los mismos...”

Es decir, entre la nueva corporación y URBASEVI existían “diferencias de criterio” y esas “diferencias” incidían en la “valoración del suelo de cesión para redes públicas” y la “valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica” que, claro está, afectaban directamente en el dinero que debía recibir el Ayuntamiento de la promotora URBASEVI.

Resulta que tanto la Dirección General del Suelo de la CAM como los propios servicios técnicos del Ayuntamiento hicieron valoraciones de ese suelo de cesión considerablemente superiores a las previstas en el convenio firmado entre URBASEVI y Juan Antonio Teresa.

La valoración del suelo de cesión para redes públicas que había hecho la Dirección General del Suelo de la CAM para el SAU 8 fue de 38,71 €/m². La valoración hecha por los servicios técnicos del Ayuntamiento, tanto para el SAU 5 como para el 8, fue de 38,15 €/m². Por el contrario, la valoración prevista en el convenio original firmado por el citado Teresa, era de 20,49 €/m² para el SAU 5 y de 33,59 €/m² para el SAU 8.

En lo que se refiere a la valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica, las diferencias también eran notables. En el convenio firmado por Teresa, el valor de la unidad de aprovechamiento del SAU 5 era de 137,67 €/Unidad de ejecución y el del SAU 8 de 110,91 €/Unidad de ejecución. Esas cantidades tras la firma de la Adenda acabaron siendo de 248,19 y de 199,95 €/Unidad de ejecución, respectivamente.

Pues bien, se produce la notable coincidencia de que las valoraciones previstas en el convenio firmado por Juan Antonio Teresa Villacieros eran obra ―pues así consta en la adenda citada― del “ingeniero de caminos don Miguel Angel López Toledano”.

Otros trabajos del ingeniero Miguel Angel López Toledano: el Plan General de Illescas y el aeropuerto de Ciudad Real.

El día 23 de octubre del 2008 escribía en este blog lo siguiente: La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño- del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.

Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.

Además de todo esto, resultó que la extraña entidad GESCOAR ASESORES estaba relacionada con CCF-21 empresa de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez ―hombre al que se atribuye la frase: “todos los días se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”― y Andrés Lietor.

Por aquel entonces, fuentes bien informadas de Illescas manifestaron a Notitia Criminis sus sospechas de que tras la mercantil GESCOAR, en realidad estubiera la empresa EQUIPO REDACTOR MALT, es decir, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, sin embargo, demostrar eso mientras en Illescas no haya un Juez dispuesto a ordenar media docena de registros es algo que raya con lo imposible.

A pesar de ello, resulta que el propio señor López Toledano tiene manifestada su participación en los planes urbanísticos de Illescas. López Toledano es uno de los “expertos” que trabajan para la mercantil LR FORENSIC y en el currículum que esta empresa presenta de su experto en urbanismo afirma que entre los trabajos que ha desarrollado está la redacción del Plan General de Illescas.

En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, donde confluyen nombres tan señalados como Domingo Díaz de Mera o Antonio Miguel Méndez Pozo que ya sabemos que estuvo en prisión condenado por el caso de la construcción de Burgos; y que se ha convertido en una de las principales causas de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, no es necesario repetir ahora todo lo dicho, pero a estas alturas ya no sorprenderá al lector descubrir que la redacción del proyecto fue encargada a EQUIPO REDACTOR MALT, esto es, a Miguel Angel López Toledano.

“Ciudadanos de Espartinas” destapa nuevos vínculos entre el “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, la trama vasco-malaya y el caso Pretoria

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 02 Dec 2009 18:52:00 +0000

Alfonso Vegara Gómez, un conocido “urbanista” que está al frente de la FUNDACIÓN METROPOLI y al que hemos visto haciendo negocios inmobiliarios en compañía del “malayo” Javier Arteche Tarascón y de sus socios; vinculado a Petra Mateos Aparicio Morales en una extraña sociedad durmiente de Aranjuez: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE; relacionado en esa misma localidad con Miguel Angel López Toledano, el que fuera Director General de Urbanismo de Madrid durante los gobiernos de Leguina, cuyo nombre –ya lo adelanto aquí– aparece en el sumario de la operación Astapa; y tras una truculenta tentativa de construir 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte; aparece ahora ligado a personajes centrales de la operación Pretoria y, nuevamente, a la trama vasco-malaya. Los hechos los ha destapado en otro de sus imprescindibles trabajos –que reproduzco íntegramente aquí– el colectivo CIUDADANOS DE ESPARTINAS:

1.- TRAMA VASCO-MALAYA - ALT ASESORES - CIALT - LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/ CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida como la "Hacienda Paralela".

2.- ALT ASESORES - CIALT - ALFONSO VEGARA - ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALT - ALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro "Territorios Inteligentes" la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

4.- TERRITORIOS 21 - JOSE MARÍA DEL NIDO -LEXLAND - EDUARDO ARENAS - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como "socio tecnológico" y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

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Viejos vínculos entre Domingo Díaz de Mera, el conocido empresario amigo de Barreda, y los cabecillas de la trama Gürtel

noreply@blogger.com (Brum) — Sat, 28 Nov 2009 10:30:00 +0000

“No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid”. Esto le decía el letrado Manuel Delgado Solís, hombre de confianza de Francisco Correa (si es que la cosa no era al revés) a Pablo Crespo, otro de los miembros del “estado mayor” de “Don Vito”.

La conversación interceptada por la policía se refería, como hemos visto en el texto anterior, a la noticia de la imputación de Domingo Díaz de Mera a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. Dicha imputación se produjo a causa de unos 19 Millones de € presuntamente distraídos durante la venta de la participación que El Monte tenía en la mercantil HC, una operación que, según la denuncia de la Fiscalía, habría estado urdida por Bueno Lindón, Selfa de la Gándara, Román Sanahuja y el propio Díaz de Mera.

Esa noticia sobresaltó a Manuel Delgado Solís lo suficientemente como para que llamara con urgencia al citado Pablo Crespo. Los pezzo da novanta del tinglado Gürtel se encontraban en ese momento en medio de una febril actividad. El registro policial en las oficinas del fiscalista Ramón Blanco Balín, ordenado en el contexto de la investigación sobre la trama de blanqueo de capitales descubierta en Liechtenstein, había puesto en manos del Juez documentación de las empresas de Correa lo bastante comprometedora como para que éste y sus hombres temieran seriamente acabar con sus huesos en una ergástula, cosa que luego sucedió.

La preocupación era intensa y parece ser que justificada. En la página 293 del Tomo III del sumario Gürtel consta una conversación entre Correa y el magistrado en excedencia Juan Pérez Mora, hombre que, según se desprende de las conversaciones grabadas, se dedicaba a informar a la trama sobre la marcha de la causa contra Blanco Balín en el Juzgado y a alguna otra cosa más que pudiera resultar mucho más comprometedora:

Francisco Correa: ¿Que si estamos en el merde? estamos perfectamente metidos en el merde, estamos dentro del merde. ¿Lo entiendes ya? Estamos dentro.

Juan Pérez Mora: Si, si.

Correa: Estamos dentro antes del registro.

Juan: Perfectamente.

Correa: Ahora cómo podemos salir bien del merde, pues eso, eso es de Antonio Sánchez, de mi primo, del que vive en Senegal.

Juan: Ya, ya, ya. ¿Y eso ya lo tenéis hecho o no?

Correa: Se está montando todo y se está viajando para que él tenga todas las acciones al portador porque las sociedades, eh, off-shore, el que tenga las acciones al portador esa sociedad … eh, son de él, es la ley.

Los nervios, sin duda, estaban crispados. Pablo Crespo, Manuel Delgado y José Antonio López “Pepechu” llevaban tiempo ya “montando todo”, es decir, organizando todo lo necesario para que el primo de Correa, Antoine Sánchez, apareciera como un testaferro verosímil en caso de que se desencadenara la investigación sobre ellos.

Para “montarlo todo”, según reveló Interviú en su número del pasado 9 de noviembre, no repararon en gastos. Buscaron la ayuda del bufete Garrigues –uno de los cien despachos de mayor facturación mundial y el más importante de Europa– o, al menos, de uno de sus socios, el letrado fiscalista Enrique Fonseca, quien inicialmente aparece en el sumario como “el de Garrigues”, luego pasó a ser “Enrique” y finalmente, en un clima de más confianza y camaradería, ya terminó siendo “Quique”.

En este contexto es en el que el imputado Manuel Delgado se entera de la noticia concerniente a Díaz de Mera y se sobrecoge pensando que el asunto pueda tocar a alguien “de Madrid”. La cuestión, por tanto, está en descubrir qué vinculación tiene Díaz de Mera con estos presuntos delincuentes y quiénes pueden ser esos “de Madrid” que tanto preocupaban a Delgado Solís.

Vinculaciones, al menos hay una y muy estrecha, por cierto, que además enlaza directamente con los hechos que han llevado a Díaz de Mera hasta los Juzgados de lo penal. Se remonta al año 2003 y a la OPA hostil lanzada entonces contra METROVACESA por uno de los hombres de Berlusconi, el constructor de origen siciliano Francesco Gaetano Caltagirone.

En ese momento METROVACESA estaba controlada por Joaquín Rivero quien andaba a la búsqueda de un inversor extranjero. Ese inversor, en concreto el citado Francesco Gaetano Caltagirone, le fue presentado ni más ni menos que por Alejandro Agag, el mismo Agag que invitó a su regia boda en el Escorial a la plana mayor de la trama Gürtel.

La mediación en el desembarco de Caltagirone en METROVACESA, supuso para Agag una comisión de 300.506 € según publicó La Gaceta de los Negocios el 30 de abril del 2003 y en ella participó, directamente, el íntimo de Agag, Jacobo Gordon, ahora imputado en el caso Gürtel.

Caltagirone, Jacobo Gordon y el propio Rivero se reunieron en un hotel de Lisboa para pactar las condiciones de la entrada del siciliano en la constructora. Sin embargo, por muy hombre de respeto que fuera Caltagirone, a Rivero no le convenció el precio ofrecido por el italiano de modo que el propósito de aquella reunión se malogró.

Sin embargo, a un uomo di rispetto no se le desaira así como así. El siciliano lanzó una OPA hostil contra METROVACESA y en el fragor de las aguas revueltas que eso produjo, no tardaron en aparecer varios escualos financieros que ya en 2003 estaban empezando a pensar a lo grande.

Ante el ataque siciliano, los que entonces controlaban METROVACESA trataron de desmantelar la cabeza de puente de Caltagirone, es decir, atraer hacia sí al círculo de poder del que Alejandro Agag y Jacobo Gordon aparentaban ser la cabeza visible. Para ello recurrieron a un hombre excepcionalmente situado en ese círculo, el que fuera portavoz del Gobierno de Aznar: Miguel Angel Rodríguez Bajón y le ofrecieron algo más de 600.000 € por “llevar los temas de comunicación” de la constructora.

Miguel Angel Rodríguez, por extraño que pueda parecer, rechazó la oferta. Sin embargo, los hechos que se sucedieron inmediatamente después puede que arrojen cierta luz, aunque sólo sea indiciaria, sobre el extravagante desinterés de Rodríguez.

El 4 de marzo de 2003 el fondo árabe ABU DHABI INVESTMEN vendió el 7% de las acciones que tenía de METROVACESA y los compradores fueron gente entonces menos famosa que ahora: Luis Portillo, salpicado por el caso Malaya y artífice del fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL junto a Domingo Díaz de Mera o a Aurelio González Villarejo, adquirió el 2% del paquete árabe a través de EXPO-AN; Domingo Díaz de Mera se hizo con otro 2% mediante HC; y EL MONTE se quedó con el 3%.

Pero, además, como el Mundo rebosa coincidencias, resulta que Miguel Angel Rodríguez Bajón, el mismo al que Joaquín Rivero había tratado de poner en nómina para debilitar al siciliano Caltagirone, tuvo la presidencia de LATERAL INVERSIONES AL ANDALUS, al menos hasta el verano del 2004 y LATERAL INVERSIONES es una sociedad de Domingo Díaz de Mera en cuyo consejo de administración, hoy día, aparecen Ignacio Barco Fernández y Pablo Usandizaga Usandizaga pero cuya propiedad pertenece en un 100% a la mercantil GLOBAL CONSULTING PARTNERS, presidida por Díaz de Mera y con Barco Fernández como consejero delegado.

Es muy posible que ya en ese momento, el siciliano Caltagirone estuviera husmeando un preocupante tufo a traición, pero las escaramuzas que desencadenó su OPA sobre METROVACESA no habían terminado aún. Ahora iban a entrar en escena los Sanahuja, otros socios de referencia de Domingo Díaz de Mera.

Joaquín Rivero había tenido problemas con José Aguinaga, uno de los consejeros más significativos de METROVACESA. Rivero consiguió solventarlos momentáneamente aumentando la participación de Aguinaga en METROVACESA resultado de lo cual fue que el vasco se convirtió en el cuarto accionista de la constructora. Sin embargo, las buenas relaciones duraron poco y Aguinaga entró en conversaciones con FADESA –hoy también llevada a la quiebra– y con Caltagirone para venderles su paquete de acciones.

Esto hubiera supuesto la victoria del siciliano y es en ese momento cuando Román Sanahuja aparece como el hombre providencial para Rivero. Los Sanahuja, a través de SACRESA, habían entrado en METROVACESA comprando el 4% de la compañía y Rivero convenció a Aguinaga para que les vendiera a estos y no a los italianos.

Hago gracia al lector de las subsiguientes estocadas venecianas que acabaron con Joaquín Rivero fuera de METROVACESA y con la constructora en manos de los Sanahuja, pero sí quiero recordar que una de esas maniobras fue, precisamente, la que protagonizaron Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera para hacerse con la cuota parte de las acciones de METROVACESA que correspondía a la participación de EL MONTE en la mercantil HC, y quiero subrayar también que, precisamente, esta maniobra, cuyos movimientos se han explicado con detalle aquí, es la que ha llevado a Román Sanahua y a Domingo Díaz de Mera a estar imputados tras la denuncia que presentó contra ellos la Fiscalía Anticorrupción por haber, presuntamente, distraído 19 Millones de € del patrimonio de CAJASOL.

Así que, resumiendo los hechos desnudos, aquí tenemos a los cabecillas de la trama Gürtel preocupados por la imputación de Díaz de Mera; a otro de los ahora imputados en el caso Gürtel, Jacobo Gordon –actuando junto a su amigo, a la par que amigo de Correa y de “El Bigotes”, Alejandor Agag– para propiciar el abordaje del siciliano Castalgirone a METROVACESA; a Miguel Angel Rodriguez Bajón, socio de Domingo Díaz de Mera y hombre del círculo íntimo de Aznar y, por lo tanto de su yerno Agag y del amigo de éste, Jacobo Gordon, rechazando una fabulosa oferta por hacer de “comunicador” para Joaquín Rivero; a otro socio de Díaz de Mera, el catalán Román Sanahuja, aprovechando el terror despertado por la OPA de Castalgirone en el consejo de METROVACESA para tomar con el control de la constructora; a Luis Portillo, socio del “malayo” Enrique Ventero y estrechamente relacionado con Roca, como informó en su momento El Confidencial, comprando junto a Díaz de Mera parte de las acciones de METROVACESA puestas a la venta por los árabes; y finalmente, al imputado en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís, diciéndole a su presunto cómplice, Pablo Crespo, que la imputación de Díaz de Mera no la hila con nada porque afecta a gente de Huelva y no de Madrid.

Una última cosa. Ya dije hace tiempo que Aurelio González Villarejo, otro de los constructores áulicos de Castilla-La Mancha, no era ajeno a METROVACESA. Lo recuerdo ahora: CCM –presidida por el ahora destituído Hernández Moltó– constituyó una sociedad el 11 de abril de 2003: CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. cuyo accionariado se reestructuró el 22 de diciembre de 2003 quedando CCM CORPORACIÓN S.A. con el 40%, METROVACESA S.A. con otro 40%, CORPORACIÓN HMS HERMASAN S.L. con un 10% y PROMOCIONES GONZÁLEZ, propiedad de González Villarejo, con el 10% restante.

Aurelio González Villarejo, hombre de estrecha relación con Barreda y José Bono, fue también parte fundamental de la dotación de presa con la que Luis Portillo se hizo con el control de INMOBILIARIA COLONIAL... Un mundo diminuto este de hoy en día.

Noticia Relacionada: La policía registra la sede de SACRESA, sociedad de Román Sanahuja, por su vinculación al caso de corrupción de Can Domenge.

La imputación de Domingo Díaz de Mera hizo cundir la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 11 Nov 2009 10:30:00 +0000

El 13 de noviembre de 2008 El Mundo, ABC, Expansión, etc. daban la noticia. Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera, el importante empresario manchego amigo personal de Barreda y uno de los principales protagonistas del caso del aeropuerto de Ciudad Real a más, también, de uno de los mayores deudores de la quebrada CCM, habían sido imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte.

Ese mismo día Manuel Delgado Solís, mucho más que el abogado de “Don Vito”, es decir, de Francisco Correa –a juzgar por los datos que se desprenden del sumario Gürtel– y de hecho imputado en el caso, llamó por teléfono a Pablo Crespo Sabarís, otro de los principales cabecillas de la trama. Eran las 14:41 de la tarde y esta fue la conversación según consta en el sumario, es decir, en las Diligencias Previas 275/2008, Tomo II, pags 96 y 97

Pablo: Manolo

Manolo: Pablo.

Pablo: ¿Qué tal?

Manolo: Que..., bien, estoy en Canarias.

Pablo: Si.

Manolo: Que acabo de llegar ahora, y he leído el periódico.

Pablo: Si.

Manolo: Y he visto que está imputado Diaz de Mera.

Pablo: ¿Que está?

Manolo: Imputado por la Fiscalía Anticorrupción, por un tema en Andalucía.

Pablo: Ya

Manolo: ¿Lo sabías o no?

Pablo: No, no lo sabía, no.

Manolo: ¿Sabes quién es, no?

Pablo: Si, perfectamente, si, si.

Manolo: Vale ¿vale?

Pablo: Ya, pero..., bueno, bien..., y...

Manolo: No, nada.

Pablo: ¿Lo hilas con alguna cosa o qué?

Manolo: No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid.

Pablo: Ya.

Manolo: Es un tema de Huelva.

Pablo: Ya.

Manolo: Lo que te pasa es que te contaré, siempre del mismo, por donde vienen los tiros, el autor del mismo.

Pablo: Ya, ya.

Manolo: Porque el autor del mismo proponía con este un tema.

Pablo: Ya, ya

Manolo: ¿Me entiendes?

Pablo: Ya, ya..., Oye, pues nada, yo te iba a llamar, porque...

A partir de aquí la conversación discurre por otros derroteros. En concreto se centran en cómo parar los artículos publicados por Javier Chicote en Interviú relativos a las tramas de blanqueo de capitales que se destaparon con el caso de Liechtenstein y que siguieron con el registro del despacho de Ramón Blanco Balín durante el cual fue incautada documentación concerniente a la trama de Correa.

En cualquier caso, lo que parece desprenderse de la conversación intervenida, sin muchas dudas razonables, es que Domingo Díaz de Mera tiene alguna relación con la trama Gürtel y que esa relación es lo suficientemente preocupante como para que Manuel Delgado Solís, uno de los principales soportes intelectuales del tinglado de Correa junto con Pablo Crespo (en la foto) y José Antonio López “Pepechu”, llame inmediatamente para dar la alerta cuando descubre que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sus manos sobre aquel.

También parece evidente que el propio Pablo Crespo considera el caso de Díaz de Mera lo bastante alarmante como para extremar el laconismo de la conversación y cambiar de tema a la primera oportunidad.

Hay que recordar que a esas fechas la trama ya se sentía acosada. Tras el registro del despacho de Blanco Balín, el temor a las consecuencias que se pudieran arrastrar a causa de la documentación descubierta, hicieron que tanto Correa como Pablo Crespo, Manuel Delgado Solís y José Antonio López “Pepechu” comenzaran a desplegar una actividad frenética para interponer entre ellos y las sociedades “gestionadas” por Blanco Balín, a un testaferro creíble: el primo de Correa, Antoine Sánchez, el cual, por otra parte, andaba relacionado con el tráfico –ilícito, porque en el sumario constan conversaciones en las que se planea cómo eludir los controles policiales de las aduanas– de mercancías no determinadas entre Dubai y Dakar, donde finalmente serían recogidas por un “banquero de París” que las introduciría en Europa en su avión privado.

El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 04 Nov 2009 22:48:00 +0000

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa...”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados...”.

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.

La trama vasco-malaya pagó, presuntamente, las clases de golf a la mujer de José Bono

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 30 Oct 2009 12:15:00 +0000

Según publica hoy “La Gaceta” Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, hecho preso durante la Operación Astapa, el mismo al que José Bono atribuyó “bolsillos de cristal”, se encargó de proporcionar gratuitamente un coche oficial y un chofer a Ana Rodríguez Mosquera –cuya sobrina carnal fue parte del equipo de gobierno de Barrientos– esposa de Bono. También hizo las gestiones oportunas para que la señora Rodríguez Mosquera recibiera clases de golf en el campo “Valle Romano” a cargo, presuntamente, de sociedades de la trama vasco-malaya.

Tal y como consta en el sumario Astapa “en conversación mantenida entre Antonio Barrientos y Ana –esposa de Bono– Antonio le comenta que al final le van a dar clases de golf en el campo de Valle Romano; que cuando venga que le llame y que él manda a alguien a recogerla... Al día siguiente, Antonio realiza una llamada a uno de sus escoltas, a las 10:33;26 y le dice que vaya a buscar a Ana y que la lleve a Valle Romano, que una vez allí pregunte por Juan Carlos Piñero, que es profesor de golf y la está esperando”.

Los informes policiales que obran en el sumario continúan diciendo que “se tiene conocimiento de que a través de esta sociedad –J. C. PIÑERO SL, empresa del mencionado Piñero– numerosas personas del entorno del Ayuntamiento de Estepona, están recibiendo clases de golf. Esta mercantil recibe pagos del entorno de Valle Romano, por lo que se podría concluir que VALLE ROMANO podría estar financiando las clases de golf de todas estas personas”.

La Trama Vasca en Estepona

Valle Romano es una promoción inmobiliaria de lujo que, en la actualidad, pertenece plenamente a la KUTXA, pero que desde su inicio estuvo directamente ligada con algunos de los cabecillas de la llamada Trama Vasca de la Operación Malaya, los cuales también fueron detenidos durante la Operación Astapa.

Uno de esos detenidos fue Luis Fernando Linares Torres, del despacho de abogados LINARES & KINKEL, el cual, como su propio nombre indica, comparte con Maria Eugenia Yeregui Kinkel, otra de las personas que habitualmente aparecen asociadas al “malayo” Javier Arteche Tarascón, a Luis María Maya Galarraga, a Aguirre Iguíñiz y a los demás miembros de la trama vasco-malaya.

Linares Torres fue consejero delegado de VALLE ROMANO hasta marzo de 2008, fecha en que la KUTXA, una vez destapada su asociación con estos individuos en Murcia –fincas de Lo Poyo y La Cerrichera– inició varios movimientos de aparente desvinculación de la “Trama Vasca”.

Por su parte, María Eugenia Yeregui Kinkel, que desempeñó el cargo de presidenta de VALLE ROMANO, también fue consejera de OBARINSA, sociedad investigada en la Operación Malaya y presidida por el imputado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Según las investigaciones policiales que obran en el Sumario Astapa, las dádivas hechas a personas ligadas al Ayuntamiento de Estepona provenientes del entramado societario de “Luisfer” Linares Torres y de Eugenia Yeregui, eran habituales.

Así, por ejemplo, en el Tomo VI, pag 54 de las previas 1030/2007, es decir del citado sumario, se lee lo siguiente: “En relación a los regalos que Daniel, supuestamente en representación del entorno de Valle Romano (y mas concretamente del entramado societario ligado a Luis Fernando LINARES TORRES, Meyluna SL ( CIF B20859476), Linares and Kinkel SL(CIF B83071381), etc, está encargado de repartir y distribuir, se ha observado lo siguiente:

En llamada del 13.12.07 a las 18:05, Daniel conversa con José Ignacio SÁNCHEZ BARANDA, el cual ocupa diversos cargos en sociedades vinculadas a Luis Fernando LINARES TORRES, acerca de las personas del Ayuntamiento y en general de la vida Esteponera a las que se les va a hacer un 'regalo navideño'.

Además de hacer un listado de los beneficiados comentan, supuestamente en relación a lo 'buenas ó malas' que han sido esas personas, si este año los regalos van a ser al alza o la baja.

Es de suponer que los criterios utilizados para realizar esta 'calificación', estarán basados en lo proclives o reluctantes que hayan podido estar hacia los intereses empresariales de Valle Romano, las personas que aparecen en la lista”.

La conexión toledana

De la presencia de la Trama Vasca en Toledo ya se ha hablado aquí detenidamente. En la localidad de Layos, en una finca propiedad del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, se ha desarrollado un ambicioso proyecto inmobiliario con el inevitable campo de golf. La sociedad responsable de este proyecto es la mercantil LAYOS CASA CAMPO en cuyo consejo de administración aparecen, entre otros, además de Miguel de Oriol e Ybarra y de su hijo, Miguel de Oriol e Icaza –el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque a causa del cual el alcalde de esta localidad está imputado por varios delitos de corrupción– el mismísimo Javier Arteche Tarascón.

Pero también, como apoderado de esa sociedad, consta el nombre de Julio Rodríguez Arauzo, que además de haber sido Delegado Provincial Obras Públicas de Toledo durante los gobiernos de José Bono y bajo la correspondiente consejería ocupada primero por Emiliano García Paje y, después, por Alejandro Gil, ha trabajado o realizado funciones de representación para la contratista catalana COPCISA, empresa que junto a la constructora del aparejador –en excedencia ahora– del Ayuntamiento de Carranque, se alzó con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo por más de 27 millones de €.

Antonio Antúnez, ex alcalde de Chozas de Canales (Toledo) y su constructor adjunto, Felipe Barbarroja, imputados por corrupción

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 27 Oct 2009 12:20:00 +0000

Entre ayer y hoy se han producido dos nuevas redadas en los ayuntamientos de Castro de Rey (Lugo) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que han acabado con sus respectivos alcaldes presos en compañía de nutridos grupos de presuntos cómplices, pero también esta semana ha saltado a la luz pública un nuevo caso de corrupción en Toledo.

El Juzgado de instrucción nº 5 de Illescas, en providencia dictada el día 20 de octubre del presente año, ha citado a declarar como imputados a Antonio Antúnez, a Tomás Martín Bargueño y a Felipe Barbarroja.

El primero es quien fuera alcalde de la localidad –de obediencia bonista– durante 24 años hasta que resultó condenado a inhabilitación tras una denuncia en la que se le acusaba de prevaricador. El segundo, que atiende al nombre de Tomás Martín Bargueño, fue el teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento durante la etapa de Antúnez y el tercero, el de apellido de bucanero, es el constructor de referencia en la localidad desde finales de los años 90.

El caso de Chozas ha sido objeto, esta semana, de un amplio reportaje en la revista Interviú. Según la revista, la situación de las urbanizaciones del lugar, todas obra de Barbarroja, es de ruina manifiesta y, en conjunto, la acumulación de “irregularidades” conforma un escenario de presunta estafa inmobiliaria desplegada con la complicidad, consentimiento o beneplácito del ex alcalde Antúnez.

Según Interviú, “el regidor estuvo a punto de llegar a las manos con el abogado de un vecino que denunció la tramitación de uno de los PAUs. Como represalia, el entonces alcalde ordenó en el ayuntamiento que no se admitiera ningún escrito de dicho letrado” por lo que fue condenado por un delito de prevaricación a causa de lo cual fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público en vísperas de las elecciones de 2007.

El actual alcalde, Julián Aguado, a quien le quemaron el coche aparcado a la puerta de su casa poco después de ganar las elecciones, ya presentó denuncia por delitos urbanísticos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, la cual fue inadmitida posiblemente ante el “escaso contenido penal” de los hechos denunciados. No obstante, esos mismos hechos, al igual que ocurrió con el caso del campo de golf de Carranque, han motivado la apertura de diligencias previas en los Juzgados de Illescas y la imputación por presuntos delitos de corrupción urbanística a los citados Antonio Antúnez, Tomás Martín y Felipe Barbarroja.

La Pulcra Podredumbre

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 23 Oct 2009 11:00:00 +0000

El goteo no cesa y, aún así, es insuficiente pues tiene que llover, digo más, tienen que abrirse los cielos y diluviar para que la vida pública española deje de despedir el hedor que ahora despide. En la casta política española se han alcanzado tales niveles de putrefacción, se ha producido tan nauseabunda gusanera, que se diría que la situación ya es irreversible y no sólo de “corrupción endémica” como sentenció el Parlamento Europeo al aprobar el Informe Auken.

El último caso, el del pueblo almeriense del Ejido, ya no es más que otro incidente en la rutina habitual. Otro caso más en el que los mismos mecanismos que en Malaya, Gúrtel, Ninette, Jade-Limusina, Totem, Astapa, que en el caso de la presidenta del parlamento balear, en el del ex presidente del mismo gobierno regional, en el del Palau de la Música Catalana... se han estado desplegando durante lustros a la vista y paciencia de todos, esperando que un juez con dignidad y el valor suficiente como para arriesgar en el envite su carrera, tomara la decisión de intervenir comunicaciones, ordenar registros y, en consecuencia, llevar presas a unas cuantas alimañas.

Y aún así el Estado de Derecho fracasa y se muestra como un alfeñique penoso, porque esta miasma, esta gusanera, esta descomposición escatológica, tiene la cualidad de la pulcritud. Alrededor de los secuaces locales, bohemios del despojo y la usurpación, bestias de vientre dos veces insaciable, pingajos fungibles venidos a mejor fortuna con el rapto de lo ajeno; siempre gravita la “Pulcra Podredumbre”.

Los serviles y desechables, los que despuntan en este ayuntamiento, en aquella diputación, en no sé qué mancomunidad, en esta o en la otra entidad pública, trabajan siempre para causas de mayor calado. Financian a sus partidos, garantizan los votos a sus jefes, infectan la res publica de devoción lacayuna, garantizan la madeja de adjudicaciones públicas a corporaciones que de temblar harían resquebrajarse los cimientos económicos del Estado y, a cambio, no sólo obtienen su parte en el botín, sino la protección de unos elementos que han descubierto que el poder les nutre generosamente de alpaca, tafilete y corbatas de seda con nudo windsord que no deshacen cuando se las quitan porque serían incapaces de volverlas a anudar igual.

La Pulcra Podredumbre legisla, y por eso la Ley es magra y endeble contra la putrefacción. La Pulcra Podredumbre integra el círculo de fuerzas vivas de la nación y no sólo altera el poder de los jueces, sino que a fuerza de adulaciones y lisonjas de especie diversa, traban entrañables amistades en los Tribunales Superiores, de forma que si llega el caso, quienes juzgan y ejecutan sentencias tengan que elegir entre hacer violencia a un amigo mandándolo preso o hacérsela a sí mismos dando carpetazo a la causa.

Y si todo eso falla, la Pulcra Podredumbre tiene medios y botín suficiente como para poner a su servicio a las más distinguidas firmas de leguleyos, mercenarios virtuosos en el arte de enredar y dilatar los procedimientos hasta que mueren de senectud; y si aún así también esto fracasa, a la Pulcra Podredumbre todavía le queda el silencio del sicario prescindible.

Ninguno de ellos ha “cantado”, ninguno “ha tirado de la manta”, todos han guardado reverencial discreción porque en caso contrario se incriminan más y porque saben que cuando se vuelvan a abrir las puertas de la ergástula, más temprano que tarde, los despojos de sus saqueos o la mayor parte de estos, les estarán esperando en alguna zahúrda financiera de la Isla de Man, de Gibraltar o de las Antillas Holandesas.

Sólo la judicatura resiste ya a esta embestida, débilmente, pero resiste. La sociedad civil hace tiempo que se disolvió en el cinismo y en el gusto por la limosna. Por no quitar, la corrupción no quita ni votos.

El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) rechaza por “abusivo” y “confiscatorio” un PAU de PEYBER. Pretendían apropiarse el 75% del suelo edificable

noreply@blogger.com (Brum) — Sat, 17 Oct 2009 17:49:00 +0000

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.

“Seseña, Seseña; que bien tu nombre suena”

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 14 Oct 2009 16:24:00 +0000

No voy a escribir nada ahora sobre esta torcedura de la ley, de su letra y de su espíritu, que significa ver a Manuel Fuentes como acusado y al Pocero como acusador. La escena me repugna demasiado, pero hoy Seseña sí ha sido “rompeolas de todas las Españas”.

No diré, tampoco, de qué sustancia es la marejada que rompe en ese espigón.

Crónica del juicio celebrado hoy en Toledo contra Manuel Fuentes, Alcalde de Seseña

Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 13 Oct 2009 17:48:00 +0000

El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m², en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor...

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 04 Oct 2009 18:53:00 +0000

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro Pérez “El Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selva; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez “El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market... constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora... en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m²) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia... El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €... La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas... Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega... Algunas son especialmente significativas... Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

noreply@blogger.com (Brum) — Thu, 24 Sep 2009 16:28:00 +0000

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Fernando Agulló y el presunto miembro de la mafia calabresa que pagó 700.000 € al alcalde que aprobó el PAU del Pocero.

El pasado 5 de agosto saltaba al foro público una noticia que a algunos les debió parecer inesperada y que otros debían estar esperando con la resignación que da la consciencia de la fatalidad. Ese día El Mundo titulaba en primera plana: “Un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”.

El el mafioso al que se refería El Mundo era Giovanni Piero Montaldo, amigo de Gil y de Roca, detenido durante la operación Malaya, investigado por su pertenencia a la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, afincado en Marbella desde hace décadas y con vinculaciones estrechas y documentadas con presuntos miembros de Cosa Nostra también asentados en Marbella, como el fugado y luego muerto en extrañas circunstancias Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera, reclamado por las autoridades italianas por su presunta pertenencia a Cosa Nostra, así como con el traficante de armas sirio Monzer Al-Kassar, cuyo abogado, José Luis Sanz Arribas, también letrado y socio del Pocero, no pudo impedir que se le extraditara a Estados Unidos.

Este sujeto, Montaldo, al que habrá que referirse más veces, controla o participa en unas cuantas decenas de empresas, pero la que ahora importa es la mercantil PONTE TRESA SL constituida el 18 de octubre del 2002. Esta entidad es realmente curiosa. Pertenece a las sociedades OLMO-16 y ARPA en un 50% respectivamente. Ambas compañías están unidas por dos nombres: José Ignacio Moreno Rodríguez y Francisco Manuel Moreno Torres. En ninguna de ellas aparece el presunto mafioso Gianni Montaldo o alguien de su familia. A pesar de eso, a fecha de constitución de la sociedad, el administrador único de PONTE TRESA, no era otro que Stefano Ugo Albino Triacca, el cuñado de Gianni Montaldo.

El 15 de septiembre de 2003 son nombrados apoderados de la entidad, Pier Paolo Montaldo, hermano de Gianni Montaldo, y la señora esposa de este último, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Ambos continúan en sus cargos a pesar de que el 20 de agosto de 2004 ya aparece como administrador único de la sociedad el citado antes, Francisco Manuel Moreno Torres.

Así pues, a pesar de que la propiedad, según consta en los Registros, de PONTE TRESA no parece tener nada que ver con la mafia calabresa o con Giovanni Piero Montaldo, lo cierto es que esa sociedad se constituye bajo el dominio del cuñado de Montaldo y continúa luego dentro de su círculo de poder a través de su hermano y su esposa.

Ahora bien, el actual administrador único de la sociedad ―Francisco Manuel Moreno Torres― lo sea en realidad o en apariencia, es quien nos conduce hasta el letrado Fernando Agulló Díaz-Varela. La compañía PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES S.L. Cuando se constituyó, el 22 de enero de 1998, los nombres que formaban su consejo de administración eran los siguientes: Francisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Francisco de Paula Sánchez Garrido, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera, José Luis Carra Prieto.

Por lo tanto, TIASTA PROMOCIONES inicia sus operaciones, dejando de lado por ahora al resto de nombres, con dos personas que constan en el consejo de administración de OLOMO-16 y ARPA, las dos sociedades que aparentemente tienen la propiedad de PONTE TRESA, la compañía apoderada por el hermano y la esposa de Gianni Montaldo, el presunto miembro de la 'Ndrangheta, que a su vez es poseedora del 50% de TIASTA.

Pues bien, mientras todos estos permanecen al frente de TIASTA, el 2 de agosto del 2000, Fernando Agulló Díaz-Varela es nombrado consejero y secretario de la entidad, puesto en el que permanece hasta el 24 de diciembre del 2002.

Fernando Agulló, el presunto mafioso Gianni Montaldo y el Grupo Sacyr.

El abogado Fernando Agulló también es un hombre ligado a la empresa de Luis del Rivero y está por determinar si cuando su nombre aparece en las sociedades de los implicados en el caso Malaya, éste actúa por cuenta de su partido, del grupo SACYR o a su propio riesgo y ventura.

Lo cierto es que cada vez que se encuentra a Agulló en compañía de los “malayos”, también está ahí VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, perteneciente en un 100% a SACYR VALLEHERMOSO. Este es el caso de MOLA-15, de PUERTA ORO TOLEDO, de CORTIJO DEL MORO o de CLAUDIA ZAHARA 22, las tres últimas, a su vez, conectadas fuertemente a CCM, bien por un crédito de 30 Millones de € ―es el caso de PUERTA ORO TOLEDO― o bien porque la Caja participa directamente en su capital, como ocurre con las otras dos.

Por otro lado, al menos en una de las sociedades pertenecientes plenamente al Grupo SACYR, la mercantil PROSACYR OCIO, confluyen ―o mejor dicho, confluyeron, porque ya han cesado en sus cargos― tanto Fernando Agulló como los demás nombres que hemos visto componiendo el consejo de administración de TIASTA PROMOCIONES ― José Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera o José Luis Carra Prieto― la compañía que pertenece en un 50% a PONTE TRESA, la misma que parece pertenecer en todo o en parte al presunto mafioso Gianni Montaldo.

Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO, sociedad perteneciente en su totalidad a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que a su vez es propiedad de pleno dominio de SACYR-VALLEHERMOSO― que por otra parte sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez... Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande.

Fernando Agulló, Mola-15 y los “malayos” Roca, Pedro Román, Bruno Bauman y Juan Herman Hoffmann.

En la mercantil MOLA-15, del “malayo” Pedro Román Zurdo, el letrado Fernando Agulló tiene el cargo de secretario del consejo de administración desde el año 2004. Esta sociedad ha estado y está investigada por la UDYCO dentro del caso Malaya y en ella coinciden Juan Antonio Roca; el ya citado Pedro Román; el suizo Bruno Bauman, testaferro de la trama internacional de Roca y Pedro Román; el abogado marbellí, también detenido durante la Operación Malaya, Juan Herman Hoffmann hijo del cónsul honorario de Alemania en Málaga, un agente de la Gestapo reclamado a España por los Aliados; y el socio de Roca en EL ANGEL DE TEPA ―otra de las sociedades de este delincuente convicto― Juan María López Alvarez.

Estos individuos no son los únicos que forman parte de MOLA-15. Como ya se vio en Notitia Criminis, en el consejo de administración de la entidad también están el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES, Gabriele Burgio, el directivo de la misma cadena, Roberto Chollet Ibarra y la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, propiedad de SACYR.

Precisamente, en el informe del SEPBLAC de 26 de octubre de 2006, que consta en el sumario “Malaya”, folios 16.545 y siguientes, se establece que “Mola 15 SL recibe en Banco Pastor tres transferencias, ordenadas todas ellas por VERAM AG ―entidad administrada por Bruno Baumann― en Suiza, remitidas a través de la entidad LUZERNER KANTONALBANK, por los importes y fechas siguientes: 15 de junio de 2003 -581.441 €; 16 de junio de 2003 -669.380 €; 25 de junio de 2004 -1.599.410 €.

INVERSIONES PADUANA SA ―propiedad del “malayo” Pedro Román― transfirió desde Banco Popular, a la de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL, en CAJA CASTILLA-LA MANCHA, la cantidad de 550.000 € el día 16 de marzo de 2005”.

Resumiendo lo dicho aquí y publicado en prensa nacional, PUERTA ORO TOLEDO es una sociedad que Pedro Román comparte con Juan María López Alvarez, socio suyo y de Roca en EL ANGEL DE TEPA, con VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que ya hemos visto en MOLA-15― y, cosa sorprendente o quizás no tanto, con la entidad SEROBE XXI, propiedad del prestigiosísimo bufete Cuatrecasas.

PUERTA ORO TOLEDO, adquirió el mismo día de la trasferencia hecha por Pedro Román, la finca Alcalvín de Bargas (Toledo) a un dudoso individuo de nacionalidad argentina llamado Juan Francisco Lata Rios, el joven segundo esposo de la anciana, viuda y ya difunta propietaria de la finca. Ese mismo día CCM formalizó a favor de la sociedad un crédito, a dos años, de 30 Millones de Euros. Cumplido el plazo, CCM volvió a novar el crédito, del que no se había pagado un céntimo, en las mismas condiciones y sin ningún tipo de penalización. Finalmente, en vísperas de la intervención de la Caja, la entidad renovó una vez más el préstamo, del que seguía sin pagarse un ochavo, también sin modificación alguna de las condiciones y sin ninguna penalización. Este fue uno de los últimos actos significativos de Hernández Moltó y de su equipo directivo al frente de CCM.

Fernando Agulló Díaz-Varela y el socio de Roca, Juan María López Alvarez.

Ya hemos visto al letrado Fernando Agulló participando en los negocios de Roca ―Roca compró una planta entera del edificio de Príncipe de Vergara, 15― y Pedro Román en la mercantil MOLA-15, pero en esta compañía también estaba el ya citado “Juanmari” López Alvarez ―como familiarmente le llamaba Montserrat Corulla― que, a su vez, era socio de Roca y de Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA.

Sin embargo, las relaciones mercantiles entre Fernando Agulló y López Alvarez no se limitan a MOLA-15. Ambos comparten también consejo de administración en, al menos, otras dos sociedades participadas por CAJA CASTILLA-LA MANCHA y que ya han sido citadas en Notitia Criminis: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22.

Fernando Agulló y José Bono.

No cabe duda de que el ex teniente de alcalde de Majadahonda y Bono habrán cruzado sus caminos en muchas ocasiones, pues no en vano pertenecen al mismo partido, pero la que posiblemente sea la primera vez o una de las primeras veces que eso ocurrió se remonta a hace mucho tiempo. Fue con ocasión del caso FIISA, una supuesta estafa financiera que tiene su origen en el año 1974 y que llegó a juicio en 1977. La supuesta estafa afectó a 1.300 inversionistas de todo tipo y el monto del dinero desaparecido ascendió a 1.600 Millones de Pts. de la época. Uno de los principales implicados en el caso fue Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, que presidía el consejo de administración de FIISA. También estuvieron mezclados en el asunto, como miembros de ese consejo, los hermanos Juan José y Diego Rosillo y Colón de Carvajal.

Antes de que terminara la campaña de captación de capital que desembocó en la quiebra de la financiera y en la volatilización de los 1.600 Millones de Pts., los Colón de Carvajal ya habían dimitido, si bien mejor sería decir que habían dado “la espantá” porque ninguno de ellos lo hizo, como estaba estipulado en los estatutos, ante la Junta de Accionistas y con propuesta de un consejero sustituto.

Sin embargo, el duque de Veragua y sus familiares no fueron los únicos que se apresuraron a abandonar la compañía antes de que se produjera el estallido del escándalo. En la citada financiera había otro personaje destinado a convertirse en un alto dignatario del país: José Bono Martínez. Bono cumplía con las funciones de comisario de cuentas y según escribieron Gabriel de Sorribes Peris y Oscar Sacristán Olmos, autores de La Otra Empresa de Colón. El Escándalo de la Empresa Fiisa, también se apresuró a dimitir por “los impedimentos a su función fiscalizadora de la empresa”.

Por otro lado, la asociación de afectados por lo que estos llamaban estafa financiera, APAFIISA, padeció un auténtico calvario a la hora de encontrar abogados que se hicieran cargo del caso o que aceptándolo hicieran el menor esfuerzo por llevarlo a buen término. Uno de esos abogados fue, precisamente, Fernando Agulló Díaz-Varela quien junto con el también letrado Miguel Calvillo Urabayen, estaba apoderado como letrado de APAFIISA en la causa que pendía en el Juzgado Central de Instrucción.

Estos dos letrados abandonaron el caso, después de dejar transcurrir 8 meses, porque “ni siquiera habían iniciado la lectura del sumario”. Las quejas presentadas por la asociación de afectados ante el Colegio de Abogados de Madrid, entonces presidido por Pedrol Rius, fueron ignoradas y finalmente la Audiencia Nacional archivó la causa después de que trascurriera inútilmente el plazo para que los abogados de la asociación subsanaran dos defectos de forma existentes en la querella.

Visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela.

El Fiscal General del Estado afirma, en presencia de Bono, que “hay que erradicar las conductas corruptas”

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 21 Sep 2009 17:13:00 +0000

Hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial. Con ese motivo el Fiscal General ha asegurado que “se van a erradicar las conductas corruptas”. Esta afirmación trae a la memoria las promesas solemnes de las pasadas elecciones. El PSOE no presentaría en sus listas a ningún candidato imputado por corrupción. El propio José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE, llegó a asegurar que “no era consentible” (sic) que ningún imputado permaneciera en su cargo.

Sin embargo varios imputados del PSOE fueron presentados en las listas y varios imputados continúan en sus cargos y no sólo ante la pasividad de los responsables y dignatarios del partido, sino con su manifiesto apoyo, como se puede comprobar en la fotografía adjunta donde Alejandro Pompa Mingo ―alcalde de Carranque al que en ese momento ya se le imputaban, y se le siguen imputando, una veintena larga de delitos relacionados con la corrupción a causa del caso de la permuta, del caso del campo de golf de Carranque y del caso de las cartas PIP, además de estar condenado en firme por golpear a un anciano de 82 años― camina codo con codo junto a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha.

En estas circunstancias sólo puedo acoger la afirmación de hoy del Sr. Fiscal General con un intenso escepticismo, aunque hay algo que me hace, sancta simplicitas, concebir una frágil esperanza. Llamo la atención del lector sobre la expresión y gestos de uno de los asistentes al acto: el Presidente del Congreso y antes ministro de defensa y antes presidente de Castilla-La Mancha, José Bono Martínez. El rictus, desde luego, es expresivo.

Por otro lado, hoy El Mundo se refería a un dossier con el que el PP pretende probar el trato desigual que recibe por parte de la fiscalía, cuando el corrupto o el presunto corrupto es de su partido. Me ha alegrado ver que en la noticia se hace referencia al caso de Petra Mateos Aparicio Morales, presidenta de HISPASAT, presidenta de TELECOM CASTILLA LA MANCA y administradora única de ALTKOCA, sociedad que participa en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una compañía en la que aparece el socio de los “malayos” Roca y Pedro Román, el salmantino Juan María López Alvarez, investigado en su día por su actuación en los hechos del caso Malaya y que lo continúa siendo con respecto a sus negocios junto al “malayo” Pedro Román, en Toledo. Sin duda es reconfortante comprobar que la información de Notitia Criminis ―véase este artículo― no cae en saco roto.