NOTITIA CRIMINIS

El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 04 Nov 2009 22:48:00 +0000

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa...”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados...”.

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.

La trama vasco-malaya pagó, presuntamente, las clases de golf a la mujer de José Bono

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 30 Oct 2009 12:15:00 +0000

Según publica hoy “La Gaceta” Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, hecho preso durante la Operación Astapa, el mismo al que José Bono atribuyó “bolsillos de cristal”, se encargó de proporcionar gratuitamente un coche oficial y un chofer a Ana Rodríguez Mosquera –cuya sobrina carnal fue parte del equipo de gobierno de Barrientos– esposa de Bono. También hizo las gestiones oportunas para que la señora Rodríguez Mosquera recibiera clases de golf en el campo “Valle Romano” a cargo, presuntamente, de sociedades de la trama vasco-malaya.

Tal y como consta en el sumario Astapa “en conversación mantenida entre Antonio Barrientos y Ana –esposa de Bono– Antonio le comenta que al final le van a dar clases de golf en el campo de Valle Romano; que cuando venga que le llame y que él manda a alguien a recogerla... Al día siguiente, Antonio realiza una llamada a uno de sus escoltas, a las 10:33;26 y le dice que vaya a buscar a Ana y que la lleve a Valle Romano, que una vez allí pregunte por Juan Carlos Piñero, que es profesor de golf y la está esperando”.

Los informes policiales que obran en el sumario continúan diciendo que “se tiene conocimiento de que a través de esta sociedad –J. C. PIÑERO SL, empresa del mencionado Piñero– numerosas personas del entorno del Ayuntamiento de Estepona, están recibiendo clases de golf. Esta mercantil recibe pagos del entorno de Valle Romano, por lo que se podría concluir que VALLE ROMANO podría estar financiando las clases de golf de todas estas personas”.

La Trama Vasca en Estepona

Valle Romano es una promoción inmobiliaria de lujo que, en la actualidad, pertenece plenamente a la KUTXA, pero que desde su inicio estuvo directamente ligada con algunos de los cabecillas de la llamada Trama Vasca de la Operación Malaya, los cuales también fueron detenidos durante la Operación Astapa.

Uno de esos detenidos fue Luis Fernando Linares Torres, del despacho de abogados LINARES & KINKEL, el cual, como su propio nombre indica, comparte con Maria Eugenia Yeregui Kinkel, otra de las personas que habitualmente aparecen asociadas al “malayo” Javier Arteche Tarascón, a Luis María Maya Galarraga, a Aguirre Iguíñiz y a los demás miembros de la trama vasco-malaya.

Linares Torres fue consejero delegado de VALLE ROMANO hasta marzo de 2008, fecha en que la KUTXA, una vez destapada su asociación con estos individuos en Murcia –fincas de Lo Poyo y La Cerrichera– inició varios movimientos de aparente desvinculación de la “Trama Vasca”.

Por su parte, María Eugenia Yeregui Kinkel, que desempeñó el cargo de presidenta de VALLE ROMANO, también fue consejera de OBARINSA, sociedad investigada en la Operación Malaya y presidida por el imputado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Según las investigaciones policiales que obran en el Sumario Astapa, las dádivas hechas a personas ligadas al Ayuntamiento de Estepona provenientes del entramado societario de “Luisfer” Linares Torres y de Eugenia Yeregui, eran habituales.

Así, por ejemplo, en el Tomo VI, pag 54 de las previas 1030/2007, es decir del citado sumario, se lee lo siguiente: “En relación a los regalos que Daniel, supuestamente en representación del entorno de Valle Romano (y mas concretamente del entramado societario ligado a Luis Fernando LINARES TORRES, Meyluna SL ( CIF B20859476), Linares and Kinkel SL(CIF B83071381), etc, está encargado de repartir y distribuir, se ha observado lo siguiente:

En llamada del 13.12.07 a las 18:05, Daniel conversa con José Ignacio SÁNCHEZ BARANDA, el cual ocupa diversos cargos en sociedades vinculadas a Luis Fernando LINARES TORRES, acerca de las personas del Ayuntamiento y en general de la vida Esteponera a las que se les va a hacer un 'regalo navideño'.

Además de hacer un listado de los beneficiados comentan, supuestamente en relación a lo 'buenas ó malas' que han sido esas personas, si este año los regalos van a ser al alza o la baja.

Es de suponer que los criterios utilizados para realizar esta 'calificación', estarán basados en lo proclives o reluctantes que hayan podido estar hacia los intereses empresariales de Valle Romano, las personas que aparecen en la lista”.

La conexión toledana

De la presencia de la Trama Vasca en Toledo ya se ha hablado aquí detenidamente. En la localidad de Layos, en una finca propiedad del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, se ha desarrollado un ambicioso proyecto inmobiliario con el inevitable campo de golf. La sociedad responsable de este proyecto es la mercantil LAYOS CASA CAMPO en cuyo consejo de administración aparecen, entre otros, además de Miguel de Oriol e Ybarra y de su hijo, Miguel de Oriol e Icaza –el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque a causa del cual el alcalde de esta localidad está imputado por varios delitos de corrupción– el mismísimo Javier Arteche Tarascón.

Pero también, como apoderado de esa sociedad, consta el nombre de Julio Rodríguez Arauzo, que además de haber sido Delegado Provincial Obras Públicas de Toledo durante los gobiernos de José Bono y bajo la correspondiente consejería ocupada primero por Emiliano García Paje y, después, por Alejandro Gil, ha trabajado o realizado funciones de representación para la contratista catalana COPCISA, empresa que junto a la constructora del aparejador –en excedencia ahora– del Ayuntamiento de Carranque, se alzó con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo por más de 27 millones de €.

Antonio Antúnez, ex alcalde de Chozas de Canales (Toledo) y su constructor adjunto, Felipe Barbarroja, imputados por corrupción

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 27 Oct 2009 12:20:00 +0000

Entre ayer y hoy se han producido dos nuevas redadas en los ayuntamientos de Castro de Rey (Lugo) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que han acabado con sus respectivos alcaldes presos en compañía de nutridos grupos de presuntos cómplices, pero también esta semana ha saltado a la luz pública un nuevo caso de corrupción en Toledo.

El Juzgado de instrucción nº 5 de Illescas, en providencia dictada el día 20 de octubre del presente año, ha citado a declarar como imputados a Antonio Antúnez, a Tomás Martín Bargueño y a Felipe Barbarroja.

El primero es quien fuera alcalde de la localidad –de obediencia bonista– durante 24 años hasta que resultó condenado a inhabilitación tras una denuncia en la que se le acusaba de prevaricador. El segundo, que atiende al nombre de Tomás Martín Bargueño, fue el teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento durante la etapa de Antúnez y el tercero, el de apellido de bucanero, es el constructor de referencia en la localidad desde finales de los años 90.

El caso de Chozas ha sido objeto, esta semana, de un amplio reportaje en la revista Interviú. Según la revista, la situación de las urbanizaciones del lugar, todas obra de Barbarroja, es de ruina manifiesta y, en conjunto, la acumulación de “irregularidades” conforma un escenario de presunta estafa inmobiliaria desplegada con la complicidad, consentimiento o beneplácito del ex alcalde Antúnez.

Según Interviú, “el regidor estuvo a punto de llegar a las manos con el abogado de un vecino que denunció la tramitación de uno de los PAUs. Como represalia, el entonces alcalde ordenó en el ayuntamiento que no se admitiera ningún escrito de dicho letrado” por lo que fue condenado por un delito de prevaricación a causa de lo cual fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público en vísperas de las elecciones de 2007.

El actual alcalde, Julián Aguado, a quien le quemaron el coche aparcado a la puerta de su casa poco después de ganar las elecciones, ya presentó denuncia por delitos urbanísticos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, la cual fue inadmitida posiblemente ante el “escaso contenido penal” de los hechos denunciados. No obstante, esos mismos hechos, al igual que ocurrió con el caso del campo de golf de Carranque, han motivado la apertura de diligencias previas en los Juzgados de Illescas y la imputación por presuntos delitos de corrupción urbanística a los citados Antonio Antúnez, Tomás Martín y Felipe Barbarroja.

La Pulcra Podredumbre

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 23 Oct 2009 11:00:00 +0000

El goteo no cesa y, aún así, es insuficiente pues tiene que llover, digo más, tienen que abrirse los cielos y diluviar para que la vida pública española deje de despedir el hedor que ahora despide. En la casta política española se han alcanzado tales niveles de putrefacción, se ha producido tan nauseabunda gusanera, que se diría que la situación ya es irreversible y no sólo de “corrupción endémica” como sentenció el Parlamento Europeo al aprobar el Informe Auken.

El último caso, el del pueblo almeriense del Ejido, ya no es más que otro incidente en la rutina habitual. Otro caso más en el que los mismos mecanismos que en Malaya, Gúrtel, Ninette, Jade-Limusina, Totem, Astapa, que en el caso de la presidenta del parlamento balear, en el del ex presidente del mismo gobierno regional, en el del Palau de la Música Catalana... se han estado desplegando durante lustros a la vista y paciencia de todos, esperando que un juez con dignidad y el valor suficiente como para arriesgar en el envite su carrera, tomara la decisión de intervenir comunicaciones, ordenar registros y, en consecuencia, llevar presas a unas cuantas alimañas.

Y aún así el Estado de Derecho fracasa y se muestra como un alfeñique penoso, porque esta miasma, esta gusanera, esta descomposición escatológica, tiene la cualidad de la pulcritud. Alrededor de los secuaces locales, bohemios del despojo y la usurpación, bestias de vientre dos veces insaciable, pingajos fungibles venidos a mejor fortuna con el rapto de lo ajeno; siempre gravita la “Pulcra Podredumbre”.

Los serviles y desechables, los que despuntan en este ayuntamiento, en aquella diputación, en no sé qué mancomunidad, en esta o en la otra entidad pública, trabajan siempre para causas de mayor calado. Financian a sus partidos, garantizan los votos a sus jefes, infectan la res publica de devoción lacayuna, garantizan la madeja de adjudicaciones públicas a corporaciones que de temblar harían resquebrajarse los cimientos económicos del Estado y, a cambio, no sólo obtienen su parte en el botín, sino la protección de unos elementos que han descubierto que el poder les nutre generosamente de alpaca, tafilete y corbatas de seda con nudo windsord que no deshacen cuando se las quitan porque serían incapaces de volverlas a anudar igual.

La Pulcra Podredumbre legisla, y por eso la Ley es magra y endeble contra la putrefacción. La Pulcra Podredumbre integra el círculo de fuerzas vivas de la nación y no sólo altera el poder de los jueces, sino que a fuerza de adulaciones y lisonjas de especie diversa, traban entrañables amistades en los Tribunales Superiores, de forma que si llega el caso, quienes juzgan y ejecutan sentencias tengan que elegir entre hacer violencia a un amigo mandándolo preso o hacérsela a sí mismos dando carpetazo a la causa.

Y si todo eso falla, la Pulcra Podredumbre tiene medios y botín suficiente como para poner a su servicio a las más distinguidas firmas de leguleyos, mercenarios virtuosos en el arte de enredar y dilatar los procedimientos hasta que mueren de senectud; y si aún así también esto fracasa, a la Pulcra Podredumbre todavía le queda el silencio del sicario prescindible.

Ninguno de ellos ha “cantado”, ninguno “ha tirado de la manta”, todos han guardado reverencial discreción porque en caso contrario se incriminan más y porque saben que cuando se vuelvan a abrir las puertas de la ergástula, más temprano que tarde, los despojos de sus saqueos o la mayor parte de estos, les estarán esperando en alguna zahúrda financiera de la Isla de Man, de Gibraltar o de las Antillas Holandesas.

Sólo la judicatura resiste ya a esta embestida, débilmente, pero resiste. La sociedad civil hace tiempo que se disolvió en el cinismo y en el gusto por la limosna. Por no quitar, la corrupción no quita ni votos.

El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) rechaza por “abusivo” y “confiscatorio” un PAU de PEYBER. Pretendían apropiarse el 75% del suelo edificable

noreply@blogger.com (Brum) — Sat, 17 Oct 2009 17:49:00 +0000

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.

“Seseña, Seseña; que bien tu nombre suena”

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 14 Oct 2009 16:24:00 +0000

No voy a escribir nada ahora sobre esta torcedura de la ley, de su letra y de su espíritu, que significa ver a Manuel Fuentes como acusado y al Pocero como acusador. La escena me repugna demasiado, pero hoy Seseña sí ha sido “rompeolas de todas las Españas”.

No diré, tampoco, de qué sustancia es la marejada que rompe en ese espigón.

Crónica del juicio celebrado hoy en Toledo contra Manuel Fuentes, Alcalde de Seseña

Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 13 Oct 2009 17:48:00 +0000

El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m², en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor...

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 04 Oct 2009 18:53:00 +0000

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro Pérez “El Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selva; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez “El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market... constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora... en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m²) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia... El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €... La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas... Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega... Algunas son especialmente significativas... Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

noreply@blogger.com (Brum) — Thu, 24 Sep 2009 16:28:00 +0000

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Fernando Agulló y el presunto miembro de la mafia calabresa que pagó 700.000 € al alcalde que aprobó el PAU del Pocero.

El pasado 5 de agosto saltaba al foro público una noticia que a algunos les debió parecer inesperada y que otros debían estar esperando con la resignación que da la consciencia de la fatalidad. Ese día El Mundo titulaba en primera plana: “Un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”.

El el mafioso al que se refería El Mundo era Giovanni Piero Montaldo, amigo de Gil y de Roca, detenido durante la operación Malaya, investigado por su pertenencia a la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, afincado en Marbella desde hace décadas y con vinculaciones estrechas y documentadas con presuntos miembros de Cosa Nostra también asentados en Marbella, como el fugado y luego muerto en extrañas circunstancias Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera, reclamado por las autoridades italianas por su presunta pertenencia a Cosa Nostra, así como con el traficante de armas sirio Monzer Al-Kassar, cuyo abogado, José Luis Sanz Arribas, también letrado y socio del Pocero, no pudo impedir que se le extraditara a Estados Unidos.

Este sujeto, Montaldo, al que habrá que referirse más veces, controla o participa en unas cuantas decenas de empresas, pero la que ahora importa es la mercantil PONTE TRESA SL constituida el 18 de octubre del 2002. Esta entidad es realmente curiosa. Pertenece a las sociedades OLMO-16 y ARPA en un 50% respectivamente. Ambas compañías están unidas por dos nombres: José Ignacio Moreno Rodríguez y Francisco Manuel Moreno Torres. En ninguna de ellas aparece el presunto mafioso Gianni Montaldo o alguien de su familia. A pesar de eso, a fecha de constitución de la sociedad, el administrador único de PONTE TRESA, no era otro que Stefano Ugo Albino Triacca, el cuñado de Gianni Montaldo.

El 15 de septiembre de 2003 son nombrados apoderados de la entidad, Pier Paolo Montaldo, hermano de Gianni Montaldo, y la señora esposa de este último, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Ambos continúan en sus cargos a pesar de que el 20 de agosto de 2004 ya aparece como administrador único de la sociedad el citado antes, Francisco Manuel Moreno Torres.

Así pues, a pesar de que la propiedad, según consta en los Registros, de PONTE TRESA no parece tener nada que ver con la mafia calabresa o con Giovanni Piero Montaldo, lo cierto es que esa sociedad se constituye bajo el dominio del cuñado de Montaldo y continúa luego dentro de su círculo de poder a través de su hermano y su esposa.

Ahora bien, el actual administrador único de la sociedad ―Francisco Manuel Moreno Torres― lo sea en realidad o en apariencia, es quien nos conduce hasta el letrado Fernando Agulló Díaz-Varela. La compañía PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES S.L. Cuando se constituyó, el 22 de enero de 1998, los nombres que formaban su consejo de administración eran los siguientes: Francisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Francisco de Paula Sánchez Garrido, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera, José Luis Carra Prieto.

Por lo tanto, TIASTA PROMOCIONES inicia sus operaciones, dejando de lado por ahora al resto de nombres, con dos personas que constan en el consejo de administración de OLOMO-16 y ARPA, las dos sociedades que aparentemente tienen la propiedad de PONTE TRESA, la compañía apoderada por el hermano y la esposa de Gianni Montaldo, el presunto miembro de la 'Ndrangheta, que a su vez es poseedora del 50% de TIASTA.

Pues bien, mientras todos estos permanecen al frente de TIASTA, el 2 de agosto del 2000, Fernando Agulló Díaz-Varela es nombrado consejero y secretario de la entidad, puesto en el que permanece hasta el 24 de diciembre del 2002.

Fernando Agulló, el presunto mafioso Gianni Montaldo y el Grupo Sacyr.

El abogado Fernando Agulló también es un hombre ligado a la empresa de Luis del Rivero y está por determinar si cuando su nombre aparece en las sociedades de los implicados en el caso Malaya, éste actúa por cuenta de su partido, del grupo SACYR o a su propio riesgo y ventura.

Lo cierto es que cada vez que se encuentra a Agulló en compañía de los “malayos”, también está ahí VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, perteneciente en un 100% a SACYR VALLEHERMOSO. Este es el caso de MOLA-15, de PUERTA ORO TOLEDO, de CORTIJO DEL MORO o de CLAUDIA ZAHARA 22, las tres últimas, a su vez, conectadas fuertemente a CCM, bien por un crédito de 30 Millones de € ―es el caso de PUERTA ORO TOLEDO― o bien porque la Caja participa directamente en su capital, como ocurre con las otras dos.

Por otro lado, al menos en una de las sociedades pertenecientes plenamente al Grupo SACYR, la mercantil PROSACYR OCIO, confluyen ―o mejor dicho, confluyeron, porque ya han cesado en sus cargos― tanto Fernando Agulló como los demás nombres que hemos visto componiendo el consejo de administración de TIASTA PROMOCIONES ― José Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera o José Luis Carra Prieto― la compañía que pertenece en un 50% a PONTE TRESA, la misma que parece pertenecer en todo o en parte al presunto mafioso Gianni Montaldo.

Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO, sociedad perteneciente en su totalidad a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que a su vez es propiedad de pleno dominio de SACYR-VALLEHERMOSO― que por otra parte sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez... Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande.

Fernando Agulló, Mola-15 y los “malayos” Roca, Pedro Román, Bruno Bauman y Juan Herman Hoffmann.

En la mercantil MOLA-15, del “malayo” Pedro Román Zurdo, el letrado Fernando Agulló tiene el cargo de secretario del consejo de administración desde el año 2004. Esta sociedad ha estado y está investigada por la UDYCO dentro del caso Malaya y en ella coinciden Juan Antonio Roca; el ya citado Pedro Román; el suizo Bruno Bauman, testaferro de la trama internacional de Roca y Pedro Román; el abogado marbellí, también detenido durante la Operación Malaya, Juan Herman Hoffmann hijo del cónsul honorario de Alemania en Málaga, un agente de la Gestapo reclamado a España por los Aliados; y el socio de Roca en EL ANGEL DE TEPA ―otra de las sociedades de este delincuente convicto― Juan María López Alvarez.

Estos individuos no son los únicos que forman parte de MOLA-15. Como ya se vio en Notitia Criminis, en el consejo de administración de la entidad también están el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES, Gabriele Burgio, el directivo de la misma cadena, Roberto Chollet Ibarra y la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, propiedad de SACYR.

Precisamente, en el informe del SEPBLAC de 26 de octubre de 2006, que consta en el sumario “Malaya”, folios 16.545 y siguientes, se establece que “Mola 15 SL recibe en Banco Pastor tres transferencias, ordenadas todas ellas por VERAM AG ―entidad administrada por Bruno Baumann― en Suiza, remitidas a través de la entidad LUZERNER KANTONALBANK, por los importes y fechas siguientes: 15 de junio de 2003 -581.441 €; 16 de junio de 2003 -669.380 €; 25 de junio de 2004 -1.599.410 €.

INVERSIONES PADUANA SA ―propiedad del “malayo” Pedro Román― transfirió desde Banco Popular, a la de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL, en CAJA CASTILLA-LA MANCHA, la cantidad de 550.000 € el día 16 de marzo de 2005”.

Resumiendo lo dicho aquí y publicado en prensa nacional, PUERTA ORO TOLEDO es una sociedad que Pedro Román comparte con Juan María López Alvarez, socio suyo y de Roca en EL ANGEL DE TEPA, con VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que ya hemos visto en MOLA-15― y, cosa sorprendente o quizás no tanto, con la entidad SEROBE XXI, propiedad del prestigiosísimo bufete Cuatrecasas.

PUERTA ORO TOLEDO, adquirió el mismo día de la trasferencia hecha por Pedro Román, la finca Alcalvín de Bargas (Toledo) a un dudoso individuo de nacionalidad argentina llamado Juan Francisco Lata Rios, el joven segundo esposo de la anciana, viuda y ya difunta propietaria de la finca. Ese mismo día CCM formalizó a favor de la sociedad un crédito, a dos años, de 30 Millones de Euros. Cumplido el plazo, CCM volvió a novar el crédito, del que no se había pagado un céntimo, en las mismas condiciones y sin ningún tipo de penalización. Finalmente, en vísperas de la intervención de la Caja, la entidad renovó una vez más el préstamo, del que seguía sin pagarse un ochavo, también sin modificación alguna de las condiciones y sin ninguna penalización. Este fue uno de los últimos actos significativos de Hernández Moltó y de su equipo directivo al frente de CCM.

Fernando Agulló Díaz-Varela y el socio de Roca, Juan María López Alvarez.

Ya hemos visto al letrado Fernando Agulló participando en los negocios de Roca ―Roca compró una planta entera del edificio de Príncipe de Vergara, 15― y Pedro Román en la mercantil MOLA-15, pero en esta compañía también estaba el ya citado “Juanmari” López Alvarez ―como familiarmente le llamaba Montserrat Corulla― que, a su vez, era socio de Roca y de Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA.

Sin embargo, las relaciones mercantiles entre Fernando Agulló y López Alvarez no se limitan a MOLA-15. Ambos comparten también consejo de administración en, al menos, otras dos sociedades participadas por CAJA CASTILLA-LA MANCHA y que ya han sido citadas en Notitia Criminis: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22.

Fernando Agulló y José Bono.

No cabe duda de que el ex teniente de alcalde de Majadahonda y Bono habrán cruzado sus caminos en muchas ocasiones, pues no en vano pertenecen al mismo partido, pero la que posiblemente sea la primera vez o una de las primeras veces que eso ocurrió se remonta a hace mucho tiempo. Fue con ocasión del caso FIISA, una supuesta estafa financiera que tiene su origen en el año 1974 y que llegó a juicio en 1977. La supuesta estafa afectó a 1.300 inversionistas de todo tipo y el monto del dinero desaparecido ascendió a 1.600 Millones de Pts. de la época. Uno de los principales implicados en el caso fue Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, que presidía el consejo de administración de FIISA. También estuvieron mezclados en el asunto, como miembros de ese consejo, los hermanos Juan José y Diego Rosillo y Colón de Carvajal.

Antes de que terminara la campaña de captación de capital que desembocó en la quiebra de la financiera y en la volatilización de los 1.600 Millones de Pts., los Colón de Carvajal ya habían dimitido, si bien mejor sería decir que habían dado “la espantá” porque ninguno de ellos lo hizo, como estaba estipulado en los estatutos, ante la Junta de Accionistas y con propuesta de un consejero sustituto.

Sin embargo, el duque de Veragua y sus familiares no fueron los únicos que se apresuraron a abandonar la compañía antes de que se produjera el estallido del escándalo. En la citada financiera había otro personaje destinado a convertirse en un alto dignatario del país: José Bono Martínez. Bono cumplía con las funciones de comisario de cuentas y según escribieron Gabriel de Sorribes Peris y Oscar Sacristán Olmos, autores de La Otra Empresa de Colón. El Escándalo de la Empresa Fiisa, también se apresuró a dimitir por “los impedimentos a su función fiscalizadora de la empresa”.

Por otro lado, la asociación de afectados por lo que estos llamaban estafa financiera, APAFIISA, padeció un auténtico calvario a la hora de encontrar abogados que se hicieran cargo del caso o que aceptándolo hicieran el menor esfuerzo por llevarlo a buen término. Uno de esos abogados fue, precisamente, Fernando Agulló Díaz-Varela quien junto con el también letrado Miguel Calvillo Urabayen, estaba apoderado como letrado de APAFIISA en la causa que pendía en el Juzgado Central de Instrucción.

Estos dos letrados abandonaron el caso, después de dejar transcurrir 8 meses, porque “ni siquiera habían iniciado la lectura del sumario”. Las quejas presentadas por la asociación de afectados ante el Colegio de Abogados de Madrid, entonces presidido por Pedrol Rius, fueron ignoradas y finalmente la Audiencia Nacional archivó la causa después de que trascurriera inútilmente el plazo para que los abogados de la asociación subsanaran dos defectos de forma existentes en la querella.

Visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela.

El Fiscal General del Estado afirma, en presencia de Bono, que “hay que erradicar las conductas corruptas”

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 21 Sep 2009 17:13:00 +0000

Hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial. Con ese motivo el Fiscal General ha asegurado que “se van a erradicar las conductas corruptas”. Esta afirmación trae a la memoria las promesas solemnes de las pasadas elecciones. El PSOE no presentaría en sus listas a ningún candidato imputado por corrupción. El propio José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE, llegó a asegurar que “no era consentible” (sic) que ningún imputado permaneciera en su cargo.

Sin embargo varios imputados del PSOE fueron presentados en las listas y varios imputados continúan en sus cargos y no sólo ante la pasividad de los responsables y dignatarios del partido, sino con su manifiesto apoyo, como se puede comprobar en la fotografía adjunta donde Alejandro Pompa Mingo ―alcalde de Carranque al que en ese momento ya se le imputaban, y se le siguen imputando, una veintena larga de delitos relacionados con la corrupción a causa del caso de la permuta, del caso del campo de golf de Carranque y del caso de las cartas PIP, además de estar condenado en firme por golpear a un anciano de 82 años― camina codo con codo junto a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha.

En estas circunstancias sólo puedo acoger la afirmación de hoy del Sr. Fiscal General con un intenso escepticismo, aunque hay algo que me hace, sancta simplicitas, concebir una frágil esperanza. Llamo la atención del lector sobre la expresión y gestos de uno de los asistentes al acto: el Presidente del Congreso y antes ministro de defensa y antes presidente de Castilla-La Mancha, José Bono Martínez. El rictus, desde luego, es expresivo.

Por otro lado, hoy El Mundo se refería a un dossier con el que el PP pretende probar el trato desigual que recibe por parte de la fiscalía, cuando el corrupto o el presunto corrupto es de su partido. Me ha alegrado ver que en la noticia se hace referencia al caso de Petra Mateos Aparicio Morales, presidenta de HISPASAT, presidenta de TELECOM CASTILLA LA MANCA y administradora única de ALTKOCA, sociedad que participa en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una compañía en la que aparece el socio de los “malayos” Roca y Pedro Román, el salmantino Juan María López Alvarez, investigado en su día por su actuación en los hechos del caso Malaya y que lo continúa siendo con respecto a sus negocios junto al “malayo” Pedro Román, en Toledo. Sin duda es reconfortante comprobar que la información de Notitia Criminis ―véase este artículo― no cae en saco roto.

Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo de Obras Públicas en los gobiernos de Bono, implicado en los negocios de la “trama vasco-malaya” en Toledo

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 13 Sep 2009 18:11:00 +0000

Al paso que vamos, incluso Sauron, el “Señor Oscuro” de las sagas de John Ronald Reuel Tolkien, va a tener algo que ver en las tramas inmobiliarias toledanas. Digo esto porque Julio Rodríguez Arauzo ha tenido la humorada de denominar a una de las sociedades en las que aparece como administrador único: TRANCOS CONSULTING SL, y a otra de ellas: MONTARAZ CONSULTING S.L.

Del gobierno de Castilla-La Mancha a la Trama Vasca.

Pero ¿quién es este Rodríguez Arauzo que tan dudosamente homenajea a la novela de Tolkien?. Pues para lo que aquí interesa es quien desde el 25 de julio de 1997 hasta el 8 de marzo del 2001 desempeñó el cargo de Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas de Toledo, para tras una corta estancia en COPCISA ir a zambullirse en el entramado vasco-malayo.

Su nombramiento, publicado en la citada fecha, fue firmado por José Bono Martínez y se hizo a propuesta del Consejero del ramo en esos momentos, Emiliano García Page, a día de hoy, Alcalde de Toledo y en su momento, “plenipotenciario” del PSOE manchego para los asuntos de Seseña, detalle que, como se verá luego, no es irrelevante.

Tras su cese, en las postrimeras de la legislatura, la pista de Rodríguez se perdió o mejor dicho, se habría perdido de no ser por su furtiva aparición en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). En esa localidad, la entonces alcaldesa Amanda Amparo García Carrillo (de obediencia bonista) había licitado la construcción de un auditorio, escuela de música, museo y centro social. La única plica presentada para la obra fue la de COPCISA y, por tanto, también fue esa empresa la que se alzó con la adjudicación por un total de 2.404.048,42 €.

Precisamente, cuando el proyecto de obra fue presentado por COPCISA ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, quien acudió a esa reunión en representación de la mercantil fue Julio Rodríguez Arauzo, el mismo que había sido cesado como Delegado de Obras Públicas apenas tres meses antes.

Como hecho coincidente con lo anterior, conviene recordar que COPCISA y PEYBER, la empresa del aparejador municipal de Carranque (Toledo) constituyeron una unión temporal que se alzó con la concesión de la Zona 2 de las carreteras de la provincia de Toledo por un importe superior a los 27 millones de €, circunstancia que coincidía en el tiempo con la existencia de otra empresa: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, cuya propiedad estaba compartida entre los dueños de PEYBER y José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación toledana, José Manuel Tofiño Pérez, que había impulsado y adjudicado la contrata de los 27 millones a la UTE PEYBER-COPCISA, luego convertida en sociedad mercantil con la denominación de CONCESIONARIA BERVIA.

Tras la relacionada con la constructora COPCISA, la siguiente aparición de Rodríguez Arauzo ya le sitúa en el centro mismo de la trama vasco-malaya. El 24 de mayo de 2002 es nombrado apoderado de la mercantil L.C. RES. El 27 del mismo mes y año, consta su nombramiento como apoderado de LAS ERAS DE LAYOS y el 2 de noviembre de 2004, también se le nombra apoderado de LAYOS CASA CAMPO SA, que luego se extinguió dando lugar a otra entidad de idéntico nombre pero resultante de la fusión entre LC RES y la original LAYOS CASA CAMPO.

Julio Rodríguez Arauzo no es el primer alto cargo que pasa de las instituciones públicas al negocio inmobiliario ni será el último, pero lo peculiar en su caso es que esas sociedades forman la estructura administrativa de una de las primeras y más importantes incursiones de los “malayos” en Toledo.

Este hecho ya se puso de manifiesto en Notitia Criminis cuando informé sobre la asociación entre el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) perteneciente a PEYBER-CCM, y alguno de los miembros más destacados de la “Trama Vasca”, entre ellos, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón ―imputado en pieza separada del caso Malaya― y uno de sus socios habituales, Luis Maya Galarraga.

Resumiendo los datos ya publicados aquí, LAYOS CASA CAMPO, la empresa mediante la cual se desarrolló el campo de golf de Layos (Toledo) está presidida por Miguel de Oriol e Ybarra, tiene como consejeros a dos de sus hijos y, además, a Javier Arteche Tarascón junto con Luis Emilio María Araluce López. Secretario y vicesecretario de la entidad son Inmanol Ansoalde Astiazarán y Elena Prota Villacañas, respectivamente, la cual además era apoderada junto con Julio Rodríguez Arauzo de la original LAYOS CASA CAMPO, luego fusionada con LC RES.

LC RES, por su parte, era otra sociedad compartida entre Miguel de Oriol e Ybarra y la “Trama Vasca”, pues si el arquitecto Oriol e Ybarra la presidía desde 1999, en su consejo también estaban, además del hijo de éste, Miguel de Oriol e Icaza ―precisamente el que firmó el proyecto del campo de golf de PEYBER-CCM en Carranque― Arteche Tarascón y Maya Galarraga. En esta mercantil Julio Rodríguez Arauzo, el ex Delegado de Obras Públicas de Toledo, nombrado por Bono a propuesta de Emiliano García Page, compartía la condición de apoderado con Luis María Maya Galarraga.

Pero además, como ya vimos en su momento, LAYOS CASA CAMPO también está vinculada a ALT ASESORES porque el secretario de la primera, Inmanol Ansoalde Astiazarán, pertenece a la segunda que, a su vez, está igualmente vinculada a la “Trama Vasca”. Hasta el 26 de febrero de 2004 consta como administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES, la entidad LINARES & KINKEL, controlada por Luis Fernando Linares Torres y María Eugenia Yeregui Kinkel, ambos pertenecientes a la “Trama Vasca” o si se quiere, al entramado de sociedades de, entre otros, Arteche, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, una de cuyas empresas, AGUIRENE, cargaba con los gastos de la visa oro utilizada por la testaferro de Roca, Montserrat Corulla Castro.

Luis Fernando Linares Torres ―junto a su socia, Eugenia Yeregui― es uno de los principales protagonistas del caso Astapa, la trama de corrupción de Estepona, a causa del cual este letrado especializado en negocios inmobiliarios, fue detenido y conoció el frío tacto de los grilletes en sus muñecas, al igual que lo conoció Antonio Barrientos, el que fuera alcalde de la localidad durante los hechos de autos, además de gran amigo de José Bono el cual dijo de él que tenía “los bolsillos de cristal”.

Por otra parte, según se vio aquí, ALT ASESORES también tiene como administrador a Iñaki Ansoatigui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y administrador de EUSMA GESTIÓN, entidad implicada en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa; y a Jesús María Jiménez Oruna quien además de haber sido Jefe de Sección de Impuestos sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, también fue administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES. El administrador anterior de esa sociedad fue Manuel González Sánchez-Dalp, según el sumario Malaya, presunto testaferro de Roca, quien por otro lado, y según un informe de la UDYCO que consta en el citado sumario, sería el auténtico propietario de PROMONAGÜELES.

En conclusión: Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo del gobierno de José Bono en Castilla-La Mancha, deja la administración pública de la región ―sin explicaciones ni causa conocida― para aparecer, primero en COPCISA ―la cual junto a PEYBER resultó agraciada por una contrata de más de 27 millones de € adjudicada por la Diputación de Toledo― y luego, en medio de una estructura de sociedades mercantiles fuertemente ligadas a los casos Malaya y Astapa así como al de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúcoa y en las que los apellidos Oriol e Ybarra y Oriol y López Montenegro se mezclan estrechamente con implicados en el caso “malaya”.

Los Oriol, Iberdrola y el presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo.

Para comprender porqué los Oriol aparecen asociados a sujetos inmediatamente vinculados con el hampa marbellí, como es el caso de Arteche Tarascón, creo que es imprescindible leer cuidadosamente “Los Tentáculos de la Trama Vasca”, publicado en “Ciudadanos de Espartinas”, pero de cualquier forma, lo que los Registros Públicos ponen de manifiesto es que esa asociación es antigua.

En 1999 ya aparece Miguel de Oriol e Ybarra junto a Maya Galarraga y Arteche en LC RES. En el mismo año, en LAYOS CASA CAMPO, junto a Miguel de Oriol y su hija Carmen de Oriol e Icaza, están Maya Galarraga y Elena Prota Villacañas. En noviembre de 1997, el consejo de administración de LAS ERAS DE LAYOS estaba formado por la mercantil PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, por SANTA MARIA DEL CARMEN SA y por ORYBAR S.A. además de por Carmelo Echezarreta Lerchundi, que tiene el cargo de secretario.

La sociedad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES etc. se disolvió el 29 de junio de 1999 repartiéndose su patrimonio entre OBARINSA, JARDINES DE PROINSA, OBAREGUI y CONSTRUCCIONES OLATEGUI, todas ellas propiedad de Arteche y sus otros socios de la trama vasco-malaya.

Por su parte, la entidad SANTA MARÍA DEL CARMEN, constituida en 1969, está administrada hoy por Miguel de Oriol e Ybarra y por su hija María de Gracia de Oriol e Icaza, pero el 28 de abril de 2008 se nombró apoderada a Elena Prota Villacañas. Finalmente, ORYBAR, ya extinguida, siempre tuvo como administrador único a Miguel de Oriol.

Ahora bien, Miguel de Oriol e Ybarra no es el único miembro de la familia relacionado con Arteche y sus socios. Su primo hermano, Lucas María de Oriol y López Montenegro también conoce a estos individuos.

En diciembre de 1994 se constituyó la mercantil GUADALPILAR SL, ahora en extinción. Esta sociedad reunió a varias de las ramas de la familia Oriol. En concreto, en su consejo de administración aparecen Miguel de Oriol e Ybarra, Lucas María de Oriol y López Montenegro, José Felipe de oriol y Díaz bustamante, Francisco Javier Oriol Muñoz y Francisco de Borja Oriol Muñoz, pero como secretaria de la entidad, consta la ya conocida Elena Prota Villacañas y, además, en 1997 está registrado como vocal de esta empresa la entidad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, que acabamos de ver que pertenecía a Arteche y sus socios y, con un cargo no definido, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón. En 2001 consta como apoderado Luis María Maya Galarraga y en julio de 2001 quien aparece como administrador único es Agustín Aguirre Iguiñiz.

Pues bien, hasta hace muy poco tiempo, primavera de 2006, IBERDROLA y los Oriol, mejor dicho, los hijos de José María de Oriol y Urquijo venían a ser la misma cosa. Esa rama de la familia había mandado en la eléctrica y en muchas más cosas desde hace cien años. Tras la retirada de Oriol y Urquijo, los dos negocios básicos del clan, Talgo e Iberdrola ―antes Hidrola― pasaron, respectivamente, a José Luis de Oriol e Ybarra y a su hermano, Iñigo de Oriol.

A día de hoy, tras ser sustituido José Luis de Oriol por su primo, Lucas Maria de Oriol y López Montenegro al frente de PATENTES TALGO, la participación de los Oriol en la compañía, está en venta. Por lo que respecta a Iberdrola, pocos restos quedan en la hidroeléctrica de la familia que la dominó desde su origen y, seguramente el propio Iñigo de Oriol esté pensando aún cómo pudo ser el derrotado en la guerra que protagonizaron Endesa, Gas Natural y la propia Iberdrola o, mejor dicho, en cómo es posible que él haya resultado perdedor en el duelo sostenido contra Rodolfo Martín Villa y, en definitiva, contra los gobiernos de Aznar; pero esto no es lo que interesa ahora. Lo relevante es que hasta hace muy poco tiempo, IBERDROLA era de los Oriol e Ybarra y estos eran IBERDROLA. También importa que de las pasadas glorias, como un residuo testimonial, Lucas María de Oriol y López Montenegro aún mantiene un puesto en el consejo de administración. Otro hecho más a tener en cuenta es la presencia, hasta recientes fechas, de Jesús Trillo Figueroa Conde, como jefe del gabinete jurídico de la eléctrica.

Por otra parte, IBERDROLA es la propietaria en un 100% de IBERDROLA INMOBILIARIA, una de cuyas marcas registradas es APEX 2000. En su consejo no hay presencia inmediata de Iñigo de Oriol o de Lucas María de Oriol, al margen de que, evidentemente, quien manda en la matriz, manda en la filial. Los que sí aparecen en ese consejo son Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de Iberdrola y número dos de Lucas María de Oriol; Rafael Santamaría Trigo (apoderado) presidente de REYAL URBIS, el mismo que construyó la casa de Bono en Olías del Rey (Toledo) y el mismo que colocó en el consejo de REYAL a la jovencísima Ana Bono Rodríguez; el citado Jesús Trillo Figueroa Conde, ex consejero; y como ex administrador único de APEX, el ya difunto Eduardo Prota Barradas, padre de Elena Prota Villacañas.

Ahora hay que dar un salto desde Vizcaya hasta hasta Seseña y, luego hasta Málaga y en concreto, hasta Marbella. El pasado día 5 de Agosto El Mundo titulaba en primera página: “un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”. La noticia se refería al pago de esa cantidad al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, hecho por dos sociedades del italiano Giovanni Piero Montaldo, afincado en Marbella ya desde antiguo y procesado en los casos Malaya y Astapa.

Según un informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304 , “Giovanni Piero Montaldo (en adelante MONTALDO) según la información obrante en las bases de datos policiales figura como presuntamente vinculado a la Mafia Calabresa denominada N'Drangheta (CNP-Brigada de Delitos Monetarios – Oficio de 30/10/02, referencia APB 1557/00/CC). Montaldo y su esposa TATIANA ANETA EUGENIA TRIACCA (nacida en Lugano el 01.01.1949 con NIE X013881...) dominan y controlan una estructura mercantil de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros. Se tiene constancia de ingresos de grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos”.

En nota a pie de página del mismo informe se lee: “En la estructura societaria vinculada a Montaldo juegan un papel esencial las hermanas Ana Carlota e Inmaculada Fernández Duarte... quienes desde su despacho profesional gestionan como Administradoras o Apoderadas gran parte de las entidades que la componen”.

Por su parte, El País de 17 de noviembre de 2006 se refería a Montaldo en estos términos: “Un empresario italiano fue investigado por blanqueo para la Mafia: El empresario italiano detenido en la tercera fase de la Operación Malaya, Giovanni Piero Montaldo, ya fue investigado por sus delitos de blanqueo de dinero procedente de la mafia. Un informe elaborado por agentes de la Udyco relacionaba a Montaldo con un grupo mafioso liderado por Gianni Meninno, detenido en 2002 en Málaga... El grupo mafioso desarticulado traficaba con cocaína desde Sudamérica a Europa y estaba inmerso en el tráfico internacional de armas, así como en empresas del juego ilegal”

De hecho, su vinculación a miembros de Cosa Nostra en Marbella está documentada en los registros públicos. Así, por ejemplo y sin entrar de momento en más detalles, en la ahora extinguida AUTOCROSIO MARBELLA aparece como administradora única la citada por la UDYCO como “testaferro” de Montaldo, Ana Carlota Fernández Duarte, pero el 5 de abril de 1994 había sido nombrado apoderado Ugo Giovanni Giannino y el 22 de abril de ese mismo año, también consta el nombramiento como apoderados de Annetta Tatiana Eugenia Triacca y de Giovanni Piero Montaldo.

El tal Ugo Giovanni Gianino es uno de los hermanos Gianino que junto al fugado y al parecer muerto en extrañas circunstancias, Gianni Menino y al también reclamado por la policía italiana Felice Cultrera (por cierto, cuñado de la actual alcaldesa de Marbella) formaban en Marbella un círculo de miembros pertenecientes o relacionados ―siempre presuntamente, faltaría más― con Cosa Nostra y con la familia Rodríguez Balboteo.

Pues bien, entre las actividades de Gianni Montaldo estaba la de ser representante o apoderado de APEX 2000. De hecho, entre las actividades presuntamente delictivas de Montaldo o, en todo caso, dirigidas a encubrir la realidad de esas actividades, el informe de la Udyco citado antes dice lo siguiente: “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas, solicitudes que son sistemáticamente concedidas por la Junta de Gobierno Local a pesar de estar recurridas judicialmente las licencias de obra por los órganos de la administración regional. Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SL ―una de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 ...”

Ya hemos visto que APEX 2000 es una de las marcas a través de las cuales gira IBERDROLA INMOBILIARIA pero es que Montaldo, además de tener la condición de representante o apoderado de esta empresa en Marbella, tiene otros nexos significativos con la entidad y uno de esos hechos relevantes es la presencia de Jesús Trillo Figueroa Conde, es decir, del que hasta recientes fechas era jefe del gabinete jurídico de IBERDROLA, en al menos una de las sociedades de Gianni Montaldo: FULICA ATRAS SL en la que Trillo es nombrado consejero en 2006 y en la que Montaldo cesa, también como consejero, en 2008.

Por supuesto, ni que decir tiene que Giovanni Piero Montaldo conoce a Javier Arteche Tarascón. En la declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella el 17 de noviembre de 2006, folios 18.156 y siguientes del sumario Malaya, el presunto mafioso, asistido por el letrado Juan Carlos Ramírez Balboteo, declaró lo siguiente: “La sociedad PROMOCIONES ALMENACIR también es del declarante, tenía una parcela en Manilva que estaba interesado en vender. El Sr Roca se ofreció para hacer de intermediario pero quería tener la exclusiva en la intermediación pero el declarante nunca se la dio. El Sr Roca le presento a personas interesadas como un tal Arteche y también unos empresarios de Sevilla, pero finalmente le vendió la parcela a unas personas distintas de las que le había presentado el Sr Roca y a las que éste no le había presentado”.

Para finalizar ya, hay que recordar que el 14 de septiembre de 2008 El Mundo publicó una entrevista con Francisco Hernando “El Pocero”. Según el constructor, las obras que éste hizo en el hipódromo de José Bono ―Hipica Almenara― las pagaron sus patrocinadores y según ese mismo artículo “Los patrocinadores más presentes en las instalaciones son Porcelanosa -de las familias Colonques y Soriano-, Iberdrola -que preside Ignacio Galán-, Endesa -que preside ahora José Manuel Entrecanales y antes Manuel Pizarro- y Medio Ambiente Gestión Castilla-La Mancha SL”.

Vive Dios si no está resultando largo y estirado el hilo que empecé a seguir en el verano de 2006 desde el vetusto Ayuntamiento de Carranque... y aún no se vislumbra el ovillo... ¿o sí?

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, condenado por agredir a una concejal, cobra más de 7 millones de pesetas como asesor de Barreda

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 01 Sep 2009 11:17:00 +0000

El alcalde Agustín Jiménez (en la foto) antiguo parlamentario regional; amigo personal de José Bono; relacionado en su condición de munícipe con ciertos negocios, por ahora frustrados, vinculados a Miguel Antonio Méndez Pozo ―otro amigo personal de Barreda― y como veremos en breve, también a gente estrechamente relacionada con la trama vasco-malaya; condenado como autor de una agresión contra la concejal de su propio partido, Belén Gutierrez, a la que propinó varios puñetazos delante de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, no sólo no ha sido reprobado por su partido, el PSOE de Castilla-La Mancha, sino que, además, ostenta el cargo de “Asesor de Presidencia” en la Junta de Comunidades, cargo por el que recibe 44.199 € anuales en concepto de retribución.

En otras palabras, este individuo cuyo destino lógico ―atendiendo a la más elemental ética, a la presunta postura de su partido y a la, no menos presunta, del propio Barreda― habría sido la expulsión inmediata; no solamente no ha sufrido ningún tipo de sanción, ni ha sido expulsado, ni ha recibido ninguna reprobación pública, sino que disfruta de la condición de “asesor” directo de José María Barreda, lo que le reporta, según su propia “declaración de actividades, bienes y rentas” de 2008, año en en fue condenado ―y en la que, por cierto, no se recoge ni un sólo céntimo de sus ingresos como alcalde de Noblejas― la sabrosa cantidad de más de 7 Millones de Pts. Anuales.

La enormidad de este cinismo y en general de la hipocresía que informa la política institucional en Toledo, se puede atisbar con cierta claridad comparando estos hechos con una de las últimas declaraciones de Barreda relativas a la violencia de género, incluidas en su blog personal, porque Barreda también tiene un blog:

«La violencia de género es una lacra a la que todos, hombres y mujeres, debemos plantar cara. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigan existiendo seres humanos que quieren abusar de otros seres humanos, que se creen en el derecho de poner la mano de encima, de lanzar un puñetazo contra alguien, sea hombre o sea mujer»

Fdo. José María Barreda, magister dixit et non facit y, además, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, personalmente asesorado por Agustín Jiménez, condenado por golpear a una mujer.

El Tribunal de Cuentas acredita 27 violaciones de la ley en la aprobación del PAU del Pocero en Seseña

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 23 Aug 2009 10:37:00 +0000

El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Ni una ni dos ni tres. Un informe que acaba de terminar el Tribunal de Cuentas revela que al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) le dio tiempo a cometer nada menos que 27 irregularidades, algunas de ellas gravísimas, en los escasos siete meses que tardó en tramitar la mayor urbanización de España -13.000 viviendas- y adjudicársela al constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero.

El alcalde era entonces el socialista José Luis Martín, imputado por prevaricación en la aprobación del plan y por haber recibido presuntos sobornos en fechas coincidentes con los principales hitos de la tramitación, que discurrió entre noviembre de 2002 y mayo de 2003. La Fiscalía Anticorrupción denunció a Martín cuando descubrió que había amasado en pocos meses un patrimonio millonario que intentó justificar diciendo que le había tocado el cupón. EL MUNDO reveló el pasado 5 de agosto que un empresario vinculado a la mafia de Calabria le pagó 700.000 euros en aquellas fechas.

En su "anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña", al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Tribunal de Cuentas cita hasta 27 incumplimientos legales en esos siete meses, un tiempo récord para un PAU de tal volumen.

La reclasificación del suelo, dos millones de metros cuadrados, se aprobó sin "ningún tipo de estudio" para motivarlo, y tampoco se justificó "la edificabilidad y densidad residencial que plantea, muy alejadas de las propias del municipio".

La “Tombovskaya”, mafia rusa, podría haber financiado al Pocero

noreply@blogger.com (Brum) — Tue, 18 Aug 2009 09:33:00 +0000

Tras la noticia dada el pasado día 5 de agosto por El Mundo, según la cual la empresa de un individuo relacionado con la mafia calabresa e imputado en el caso Malaya, pagó más de 700.000 € al ex alcalde que aprobó el PAU del Pocero en Seseña; nuevas noticias relacionadas con el crimen internacional, esta vez con la mafia rusa, vuelven a vincular la delincuencia internacional con la provincia de Toledo y, en concreto, con Seseña.

Ahora resulta que la Audiencia Nacional investiga si la truculenta tentativa de secuestro de que fue objeto el hijo mayor de Francisco Hernando “El Pocero”, estuvo relacionada con un préstamo de 30 Millones de Dólares que la Tombovskaya, una de las más importantes y sanguinarias organizaciones criminales de Rusia, habría hecho al Pocero a través de dos entidades bancarias situadas, respectivamente, en las Islas Vírgenes británicas y en el emirato de Dubai.

En la segunda fase de la Operación Troika fueron detenidos en Málaga y Marbella tres abogados acusados de blanqueo de capitales y de pertenencia a esta organización criminal. Se trata de Kiril Illine Yudasehev, Francisco Eloy Ocaña y Antonio de Fortuny Maines. Igualmente, llama la atención que las empresas del ex alcalde de Seseña, José Luis Martín ―una de las cuales fue la que facturó los 700.000 € a la sociedad del presunto miembro de la 'Ndrangheta, Giovanni Piero Montaldo― estén administradas desde una gestoría de Málaga ―que como todo el mudo sabe, está a tiro de piedra de Seseña― denominada Cruces & Asociados, cuyo administrador único es el letrado malagueño Alvaro Cruces Navarro. Esta gestoría presenta notables características que, con toda seguridad, protagonizarán alguna noticia de calado durante el mes de septiembre. Entre tanto, reproduzco el artículo publicado hoy por El Mundo, que se puede descargar íntegramente, pulsando sobre la imagen:

El Mundo

Fernando Lázaro | Joaquín Manso | Madrid

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interrogado al conocido delincuente Luis Rodríguez Pueyo, cabecilla de la banda que en abril de 2008 intentó secuestrar al hijo mayor de 'Paco el Pocero', para averiguar si es cierto, como él asegura, que actuó por encargo de la mafia rusa Tambovskaya, a la que el constructor debería 30 millones de dólares, según esa versión.

Fuentes jurídicas informaron a EL MUNDO de que Rodríguez Pueyo, condenado en el 'caso Arny', reconoció al juez que él mismo organizó el rapto, y afirmó que lo hizo por encargo de Vladislav Reznik, diputado del partido de Vladimir Putin y presidente de la Comisión del Mercado Financiero de la Duma, contra el que pesa una orden de busca y captura internacional dictada por Garzón por sus presuntos vínculos con el capo de Tambovskaya, Gennadios Petrov, encarcelado en España por el mismo juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional dirigió en junio de 2008 una gran operación que desarticuló el complejo Tambovskaya-Malisevskaya, que actuaba desde España blanqueando dinero y del que se sospecha que ordenaba decenas de extorsiones, secuestros y asesinatos.

La Policía investiga ahora si existió esa relación entre la mafia rusa y la banda de Rodríguez Pueyo -en la que estaba integrado Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy-, que cayó cuando fue liberada por los GEO en Almonte (Huelva) otra de sus víctimas: el empresario Rafael Ávila”.

I.U. pide que la Fiscalía Anticorrupción continúe investigando los vínculos entre Seseña, los "malayos" y la Mafia

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 10 Aug 2009 13:18:00 +0000

TOLEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, anunció hoy que su formación va a pedir a la Fiscalía Anticorrupción que "investigue hasta el final, que depure todas las responsabilidades y que lo haga con celeridad" en torno a las presuntas irregularidades cometidas en torno a la tramitación del Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) de 'El Quiñón' de Seseña (Toledo).

En rueda de prensa, junto al responsable de Organización, José Damián García, y la coordinadora provincial, Olvido Valero, Martínez hizo referencia a las nuevas y supuestas "conexiones" de este asunto con la "operación Malaya", y señaló que "si ya teníamos la mayor operación urbanística" en Castilla-La Mancha, ahora se establece una relación "con todo lo que se ha vivido en Marbella".

Tras repasar las distintas fechas relevantes en torno a la aprobación de este PAU, el responsable regional de IU insistió en la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha "acelerando de forma irregular" su tramitación, y se preguntó los motivos por los que también el Partido Popular quería aprobar ese PAU en 2003.

Daniel Martínez recalcó que en este asunto el PSOE tiene responsabilidades y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, "no puede esconder la cabeza en el ala", pues "Seseña no está en Castellón ni en Málaga" y sus vecinos tienen unas necesidades que hay que atender.

Por su parte, el responsable de Organización de IU aprovechó para resaltar la responsabilidad del PP en este asunto, a propósito de la salida "en tromba" que los dirigentes 'populares' han realizado, para recordarles "muy y mucho" que sus concejales "pidieron que se agilizara la tramitación de 'El Quiñón'" y, por tanto, "ellos se tienen que mirar también el ombligo".

Finalmente, el coordinador regional de IU se preguntó por qué la Fiscalía Anticorrupción no ha llamado a declarar al constructor Francisco Hernando 'El Pocero', para conocer su versión de los hechos, y por qué tampoco se han investigado las obras que realizó en 2004 en la hípica propiedad del ex presidente regional y actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

A su juicio, "si no se puede consentir que unos presidentes regionales reciban trajes, tampoco se puede dejar de investigar una coincidencia que, cuanto menos, es sospechosa", agregó Daniel Martínez.

Por su parte, Olvido Valero remarcó la necesidad de que las 2.000 familias que actualmente viven en la urbanización de 'El Quiñón' vean solucionados sus problemas de agua potable, infraestructuras y comunicación.

Aparecen nuevas anotaciones con el nombre de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero, en las agendas de Roca

noreply@blogger.com (Brum) — Sun, 09 Aug 2009 19:00:00 +0000

Tras la noticia publicada ayer por El Mundo, según la cual Giovanni Piero Montaldo, un presunto capo de la mafia calabresa denominada 'Ndrangheta, habría pagado más de 700.000 € al procesado ex alcalde de Seseña José Luis Martín en vísperas de la precipitada aprobación del PAU del Quiñón, los vínculos entre “Malaya” y Toledo en general y entre “Malaya” y el Pocero en particular, dan un giro imprevisto que se refuerza con la aparición de nuevos datos y documentos.

En el artículo citado arriba, El Mundo, bajo el título “el vínculo con Marbella”, se refería al hecho de que José Luis Sanz Arribas tiene despacho abierto en esa ciudad malagueña junto a su hijo, José Luis Sanz Cid y añadía que Sanz Arribas presidió hasta hace poco “el lujoso club de golf Las Brisas”, también de Marbella, claro está.

Estos datos ya aparecieron en Notitia Criminis, donde además se hacía referencia a la hipotética presencia del nombre del letrado Sanz Arribas en las agendas de Roca. Aquella información publicada inicialmente en el libro de Cristobal Toro “El Saqueo de Marbella” y repetida en un artículo publicado por Pedro Aparicio en “PR Noticias” ―artículo que desapareció tras el brusco giro editorial del periodista en relación con el Pocero, pero cuya copia íntegra se puede descargar desde aquí―, se refería a dos anotaciones encontradas en la agenda de Roca del año 95. La primera, correspondiente al día 5 de abril, tiene escrito lo siguiente: “10'30, Cea Bermúdez 51 2º E, José Luis Sanz”. En la segunda, del día 8 de mayo, Roca escribió: “José Luis Sanz 908600678”.

El letrado José Luis Sanz Arribas tiene despacho en la calle Cea Bermúdez de Madrid, pero no en el número 51, sino en el portal contiguo, en el número 53. Por otro lado, el teléfono de la segunda anotación ya no está operativo, de forma que, al margen de lo que determinen posibles investigaciones judiciales o policiales, no se puede afirmar que perteneciera a Sanz Arribas.

En consecuencia, los datos conocidos hasta el momento, si bien inducían la vehemente sospecha de que el “José Luis Sanz” de la agenda de Roca y el abogado y socio del Pocero, eran la misma persona, no permitían afirmar tal cosa de forma categórica.

Sin embargo, los documentos que publico hoy parecen lo suficientemente sólidos como para alejar cualquier duda razonable sobre la relación entre el “malayo” Juan Antonio Roca y José Luis Sanz Arribas.

Se trata de dos nuevos apuntes de la agenda de 1995 que hasta el momento han pasado desapercibidos. El primero ―que se puede descargar desde aquí― corresponde al día 2 de marzo de ese año. En esa página, en la línea de las 11 horas, se lee con claridad “José Luis Sanz Arribas”, es decir, el nombre compuesto y los dos apellidos del letrado y socio del Pocero. La segunda anotación ―que también se puede descargar desde este enlace― es del día 2 de mayo. Igual que antes, en la línea de las 11 horas, se lee: “J. L. Sanz Arribas”.

José Luis Sanz Arribas, como es sabido, fue el abogado defensor del traficante de armas Sirio Monzer Al-Kassar, el cual por otra parte, según la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la UDYCO, mantenía estrechas relaciones, al menos comerciales, con Felice Cultrera, Giovanni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, los tres investigados por su pertenencia a Cosa Nostra y los tres, a su vez, asociados con Giovanni Piero Montaldo, ligado según varios informes policiales, a la 'Ndrangheta, es decir, a la mafia calabresa, una de las más potentes organizaciones criminales de la actualidad, estrechamente asociada con Cosa Nostra.

(Publicado el 5/08/09)

Ultima hora: PP pide que Barreda explique en las Cortes el pago de 700.000 euros de un "mafioso" al ex alcalde socialista

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 07 Aug 2009 18:55:00 +0000

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP registró hoy en las Cortes una petición de comparecencia del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para que explique el pago de 700.000 euros por parte de un "mafioso" al ex alcalde socialista de la localidad de Seseña (Toledo), José Luis Martín, tal y como publicó esta semana el diario El Mundo.

Así lo anunció el diputado regional del PP Marcial Marín en una rueda de prensa ofrecida en Toledo, donde consideró que estos hechos son "muy graves" y "además hay muchas contradicciones del propio Barreda en todo el caso Seseña".

Así, recordó cómo el 25 de julio de 2006 Barreda dijo que la urbanización 'El Quiñón' de Seseña no le gustaba y el 17 de noviembre de 2006 aseguró que 'Seseña es uno de los lugares de cuyo nombre no quiero acordarme', mientras que, según el PP, dos años antes de estas fechas, el 2 de julio de 2004, "es Barreda como presidente el que da validez al PAU de 'El Quiñón' al inscribirlo y publicarlo" en el registro de los PAU.

Es decir, recalcó Marín, "quien da validez legal al proyecto y a la macrourbanización de Seseña es el propio presidente de la Junta". También, según el diputado, Barreda afirmó que "no ayudaría a convertir las viviendas sin vender de El Pocero en VPO, y un mes después publica un decreto que lo permite para toda Castilla-La Mancha y también para Francisco Hernando".

Por ello, ante estas "contradicciones y hechos graves", el Partido Popular exigió al presidente regional que vaya a las Cortes de Castilla-La Mancha "a explicar todos estos extremos con luz y taquígrafos".

El Pocero responde a la noticia de la irrupción de la mafia y los “malayos” en el caso Seseña

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 07 Aug 2009 17:54:00 +0000

Tras la carta remitida el pasado día 5 por el Pocero-Urdaci al diario El Mundo en relación con la información que éste había publicado sobre el pago al ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, de 700.000 € por parte de un mafioso ligado a la 'Ndrangheta y a los círculos de Cosa Nostra en Marbella, en vísperas de la aprobación del PAU del Quiñón; hoy el director de comunicación Francisco Hernando se descuelga con una nueva carta, afirmando que el titular del pasado día 5 ―«un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a “El Pocero”»― debería figurar en «la antología de la difamación».

La razón del uso de tal calificativo en boca de una persona de tan acreditada credibilidad informativa como Urdaci, está en que no se puede establecer una relación de causa a efecto entre el pago del casi millón de € por parte del mafioso y la aprobación más que apresurada del PAU del Quiñón que José Luis Martín impulsó en el último pleno antes de las elecciones de 2003.

Sobre esto, en mi muy modesta opinión, sólo puedo dar la razón a Urdaci. Con lo sabido hasta ahora, no existe una relación de causa a efecto entre el mencionado pago y la tramitación del Quiñón. Lo que ocurre es que el titular de El Mundo no afirma tal relación.

La idea de que esos 700.000 € fueran un soborno procedente del Pocero y pagado a través de un mafioso implicado en las operaciones Malaya y Astapa, para que Martín aprobara el proyecto de Hernando, es de Urdaci y de su jefe, quienes a modo de excusatio non petita, se ponen la venda antes de recibir la pedrada.

Lo que el titular de El Mundo y el sentido común afirman, no es una relación de causa a efecto, sino una relación de probabilidad y es el Pocero y nadie más quien con su atrabiliaria reacción y con su extremo cuidado en sustituir los 700.000 €, el mafioso y Seseña, por la expresión «coincidencias temporales», ceba esa probabilidad.

Naturalmente, lo probable no es lo seguro y nadie pretende que sea así. Por esa razón Francisco Hernando “El Pocero” está en libertad y no preso, aunque eso no quiere decir que lo probable, pasada cierta línea, no sea suficiente para condenar como le podría explicar, hablando de la teoría de la adecuación en la dogmática penal, con una brillantez poco acostumbrada en la Universidad española, el catedrático de Derecho penal, Enrique Gimbernat Ordeig, por cierto, miembro del Consejo Editorial de El Mundo.

De todos modos, en el contenido de la carta enviada por Urdaci a los medios hay una cosa que llama poderosamente la atención. Según el Director de Comunicación del Pocero, Caja Castilla-La Mancha y Francisco Hernando nunca han tenido nada que ver. Concretamente, en la carta de Urdaci se lee lo siguiente: «Insistimos en que la Caja de Castilla La Mancha nunca ha financiado el Residencial, en ninguna de sus fases. Falta usted a la verdad cuando afirma lo contrario».

Como no sé cuáles han sido los flujos de capital entre las empresas de Hernando y no puedo saber si el dinero salido de CCM fue a parar al engendro urbanístico de Seseña, al transatlántico de recreo Clarena II, a la escuadrilla de aviones o al patético pleito de Puerto Portals, no voy a decir que, en sus exactos términos, la afirmación de Urdaci sea falsa, pero lo que sí se puede afirmar es que el Pocero ha recibido dinero de CCM y lo ha hecho hasta que Hernández Moltó rompió relaciones con él.

Para atestiguarlo voy a citar parte de un artículo ―el texto íntegro se puede descargar desde aquí― aparecido en el diario digital de Pedro Aparicio que, no sé si voluntariamente o por descuido, ha sobrevivido a la purga staliniaca de documentos sucedida en los archivos de PRNOTICIAS tras su conversión a la causa poceril.

El día 1 de diciembre del 2006, bajo el título: «La Caja Castilla-La Mancha rompe con el Pocero» el mencionado Pedro Aparicio escribía lo siguiente: «Caja Castilla La Mancha ha retirado la financiación a la constructora ONDE 2000 que en estos momentos está levantando en la localidad toledana de Seseña un residencial de 13.508 viviendas. Como ya publicó PRNoticias el pasado 2 de noviembre, CCM no sólo le denegó a Hernando hace meses una nueva línea de Crédito sino que resolvió con éste todas las operaciones que tenía abiertas con la Entidad, lo que provocó el enfado del constructor que salió de las oficinas dando gritos y ya ha emprendido acciones judiciales contra el presidente de la Caja, Juan Pedro Hernández Moltó, contra el Secretario General, Alejandro López Hernández y contra la propia Caja».

El jueves 2 de noviembre de 2006 El Confidencial, con el título «Testosterona, gritos y una línea de crédito: 'El Pocero' se enfrentó con Moltó para conseguir más financiación de Caja Castilla-La Mancha», publicaba lo siguiente: «El promotor inmobiliario conminó a Moltó para que CCM le abriera una nueva línea de crédito... Pero Moltó tuvo que cortar sus aspiraciones de plano: la caja no estaba en disposición de asumir más riesgos con su cliente... Lo que parecía un encuentro informal para hablar someramente de dinero terminó casi en una refriega. Francisco Hernando perdió la compostura y Moltó aparcó su habitual tranquilidad después de oír cómo el promotor se dirigía a él con palabras gruesas, en tono amenazante, mientras abandonaba el despacho».

Lo más interesante de esto, no obstante, fueron las declaraciones hechas por el ahora destituido Juan Pedro Hernández Moltó al diario Las Provincias el día 26 de noviembre del 2006. Preguntado Moltó por las acciones legales emprendidas contra él por el Pocero después de que se le negara una nueva línea de crédito y de que se resolvieran las operaciones pendientes de éste con CCM, Moltó fue claro como pocas veces se puede ser claro en este Mundo: «“El que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente”. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, “la ostentación es un mal aliado del empresario”».

En las fechas en que Moltó hacía estas declaraciones, el Pocero ya se había convertido en un hombre famoso y ya habían salido a la luz pública sus máquinas haciendo millonarias obras en el hipódromo de José Bono.

El pecado del Pocero, para Moltó, no fue embarcarse en una pretensión demente, porque como ahora sabemos, Moltó ha sido un hombre de largueza acreditada con proyectos inmobiliarios demenciales cuando no señaladamente delictivos ―véase la financiación a las empresas de Roca o los 30 Millones de € concedidos y renovados por dos veces, la última en vísperas de la intervención, a PUERTA ORO TOLEDO, una empresa del “malayo” Pedro Román Zurdo, propietaria de la finca Alcalvín en Bargas (Toledo)― sino ser ostentoso, indiscreto y haber atraído la atención pública sobre los enjuagues de Seseña, sobre la actuación de la Junta de Comunidades manchega y sobre el negocio hípico que Bono tiene en las proximidades de Toledo.

Ahora, ni Urdaci ni el Pocero pueden evitar que se sepa que en el caso Seseña han irrumpido estrepitosamente la mafia y los malayos y que Seseña ya es otra “X” en el mapa toledano de la “Conexión Malaya” que vengo, desde hace tiempo, dibujando en esta página. El Pocero no puede evitar que el dedo acusador de estos datos haga que todas las miradas se vuelvan hacia él y por eso, si Francisco Hernando no tiene nada que ver con la mafia y con los malayos, más le valdría demostrarlo aunque la ley no le obligue a ello porque, faltaría más, goza de los beneficios del principio de presunción de inocencia, entre los cuales, desgraciadamente, no está el de no ser sospechoso.

Antonio Marco, presidente del grupo socialista en el parlamento regional, pide contundencia en Seseña, flanqueado por el imputado Alejandro Pompa

noreply@blogger.com (Brum) — Thu, 06 Aug 2009 18:54:00 +0000

Según despecho de prensa de la agencia Europa Press, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Marco (en la foto) fue preguntado en rueda de prensa por “la vinculación, según publicaba ayer el periódico, entre Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, con el ex alcalde socialista de Seseña (Toledo), José Luis Martín, al que supuestamente le pagaron más de 700.000 euros para así poder adjudicar al constructor Francisco Hernando, El Pocero, una urbanización de 13.000 viviendas en la localidad”.

En este sentido, el citado Antonio Marco contestó que “es deseo del PSOE que la Justicia actúe con contundencia donde haya un problema de corrupción, sea el alcalde de un partido o sea de otro”.

No voy ahora a recordar las reuniones mantenidas entre José Luis Martín, el entonces consejero de urbanismo Alejandro Gil y Paco Hernando el Pocero, o las cartas intercambiadas entre el Pocero y José María Barreda, o la presión ejercida por Emiliano García Page para la pronta aprobación del PAU del Pocero en la reunión que con él y con José Manuel Tofiño mantuvieron en su día los dirigentes de IU, ni el fax enviado desde el despacho de Jesús Fernández Vaquero ―que antes lo había recibido desde el despacho de Tofiño en la Diputación Provincial― dando instrucciones a los miembros de una “supuestamente” disuelta agrupación socialista de Seseña, para que se opusieran a los presupuestos del Ayuntamiento ya regido por Manuel Fuentes. Ni siquiera voy a recordar que la aparente disolución de la agrupación socialista de Seseña y la también aparente expulsión de José Luis Martín, no trajo causa de la actuación del PSOE de Castilla-La Mancha, sino que la orden llegó, directamente desde la C/ Ferraz de Madrid.

Lo que sí voy a resaltar es que estas declaraciones las hacía el señor Antonio Marco, durante su visita al parque arqueológico de Carranque y que durante esa visita y durante sus declaraciones, siempre estuvo flanqueado por el alcalde de esa localidad, Alejandro Pompa, el cual está en una situación judicial similar a la de José Luis Martín, con procedimientos penales abiertos por presuntos delitos de corrupción en los juzgados 2 y 4 de Illescas, en los cuales se le acusa de prevaricación, cohecho, malversación y así hasta, si la memoria no me falla, un total de 17 imputaciones, más las correspondientes al caso de las cartas “PIP”.

Hubiera sido también conveniente que el señor Marco recordara que en ese mismo pueblo, en Carranque, existen actuaciones urbanísticas ―el campo de golf de PEYBER-CCM― en las que están implicados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, los cuales aparecen en varias de las sociedades del detenido e imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira.

La Mafia y los "malayos" aparecen en el caso Seseña. El ex alcalde José Luis Martín cobró 700.000 € de un capo de la 'Ndrangheta

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 05 Aug 2009 07:59:00 +0000

El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Actualizado miércoles 05/08/2009 05:56 horas

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, 'El Pocero', una urbanización de 13.000 viviendas.

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del 'caso Malaya' y, según el juez Miguel Ángel Torres, está vinculado a la mafia de Calabria llamada 'Ndraghetta'. La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran los pagos a José Luis Martín por una "intermediación" inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan de 'El Pocero' y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra el ex alcalde.

De momento, José Luis Martín es el único imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

“Malaya” y Toledo, un buen ejemplo de omertà

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 29 Jul 2009 16:40:00 +0000

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque... Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos... Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la 'Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.

Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

noreply@blogger.com (Brum) — Mon, 27 Jul 2009 11:08:00 +0000

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección... Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales... Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

Los alcaldes del PP de la Sagra se sublevan contra Pompa y Tofiño

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 22 Jul 2009 16:44:00 +0000

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta de Toledo mostraron hoy su profundo descontento ante el "uso partidista" que el PSOE está haciendo de esta institución para "tapar las vergüenzas" del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, "que no quiere invertir los recursos que le corresponden a esta comarca".

Así lo manifestaron hoy en rueda de prensa el alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, el de Cobeja, Antonio Fernández, y el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, que destacaron que tanto el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, como el presidente de la Diputación y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, "lo que están haciendo es sacar de la Mancomunidad los recursos que no se atreven a exigir a Barreda, y que corresponden al Gobierno regional", argumentaron.

En este sentido, Fernández destacó que la Mancomunidad está siendo "un instrumento" para los "fines políticos" del Barreda y de Tofiño, ya que está "dando servicios impropios de la misma, que corresponden a la Junta de Comunidades en unos casos y, en otros, al Ayuntamiento de Illescas, al que se está beneficiando por encima de otros Ayuntamientos, olvidando que la mancomunidad debe servir por igual a todas las localidades que la integran", según informó el PP en nota de prensa.

De este modo, el alcalde 'popular' de Cobeja recordó que los Presupuesto de la Mancomunidad de la Sagra Alta deberían aprobarse por unanimidad y, sin embargo, no ha sido así ya que los representantes del PP han tenido que votar en contra de los mismos "porque no sólo no han sido consensuados, sino que ni siquiera se ha consultado a los representantes del Partido Popular para su confección, y además son injustos y poco austeros", agregó.

"Hemos votado en contra del presupuesto porque no es austero, aumenta un 23 por ciento, incrementa el precio del agua un 13 por ciento, contrata personal exclusivamente para Illescas, incrementa la partida de altos cargos así como el sueldo del presidente en un 29,25 por ciento, incluye partidas ilógicas de gastos incrementadas en más del 350 por ciento respecto a 2008; amplia servicios como el SAMI, PRIS, OMIC y Centro de Atención Temprana de Illescas, que debería asumir la Junta, y obliga a pueblos a pagar servicios que no usan", apostilló.

En este sentido, aclaró que "hemos presentado alegaciones al Presupuesto y, en otro acto de prepotencia y totalmente antidemocrático, no han considerado ninguna de nuestras sugerencias", algo que ocurre porque "el señor Pompa se encuentra bajo la presión política de Tofiño y Barreda y de ahí que antes de los plenos todos salgan del Ayuntamiento de Illescas ya con la tarea hecha debajo del brazo", lamentó el alcalde de Cobeja.

Para los alcaldes y portavoces del Partido Popular en los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta "esta situación es insostenible y no estamos dispuestos a permitirla, por lo que nos estamos replanteando nuestra relación con la mancomunidad y estamos estudiando distintas alternativas sin excluir ninguna", advirtió Fernández.

BENEFICIA A UNOS PUEBLOS EN DETRIMENTO DE OTROS

Por su parte, Rodríguez recordó que la mancomunidad se creó para unos fines concretos referidos al abastecimiento de agua y saneamiento y que, con el tiempo, ha ido asumiendo cada vez más competencias y servicios que, hasta ahora iban en beneficio del conjunto de los municipios que la integran.

"En los últimos tiempos estamos viendo una serie de acuerdos que se están adoptando sin la unanimidad que sería deseable en una mancomunidad y con los que no estamos de acuerdo, porque solo benefician a algún municipio y no a los 14 mancomunados", argumentó.

El alcalde de Yuncos se refirió al caso concreto de un punto que se propone en el Orden del Día para el pleno que tendrá lugar mañana para suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Illescas que sólo beneficia a este municipio y que, "curiosamente", el Consistorio illescano ya ha aprobado en su pleno municipal, dando por hecho que la Mancomunidad va a suscribir el convenio sin antes consultar a nadie, y "esto es al gota que colma el vaso", aseguró.

Según explicó Rodríguez, se trata de un programa de acceso a la vivienda en Illescas que se incluye dentro de un Convenio del Ayuntamiento con la Junta, en el que el Consistorio quiere que el mediador necesario para este proyecto de acceso a la vivienda corra a cargo de la Mancomunidad, transmitiendo una cuestión meramente municipal para que se haga a través de esta institución y con los medios de la misma.

"El asumir esas competencias que son de la Junta y que se financian con recursos de la mancomunidad esta haciendo que los ayuntamientos seamos cada vez más deficitarios en esas partidas del agua, lo que nos obliga a subir la presión fiscal por el consumo a todos nuestros vecinos", resaltó Rodríguez, quien criticó la "irresponsabilidad" que exhibe el Partido Socialista con estas actitudes, que no hacen más que agravar la ya difícil situación de los municipios de esta comarca a causa de la crisis económica.

PREPOTENCIA

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, criticó la actitud "prepotente y chulesca" que mantiene el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, que "no consulta ni pide opinión para ninguna de las actuaciones que se llevan a cabo desde esta institución, ni siquiera para la elaboración de los presupuestos, cuando en una mancomunidad las cosas deberían consensuarse entre todos", afirmó.

"No se debate nada, se imponen las cosas y en esas condiciones estamos siempre en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio", lamentó Conde, quien se mostró muy descontento por la marcha de la Mancomunidad y pidió al PSOE que recapacite, porque lo que hay que hacer es "sentarnos, hablar y consensuar las cosas como debe hacerse en una mancomunidad", concluyó.

¿Por qué "La Tribuna de Toledo" publica informaciones sobre la vida privada de la concejal agredida por Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas?

noreply@blogger.com (Brum) — Wed, 08 Jul 2009 19:08:00 +0000

Haciéndose eco de la agresión perpetrada por Agustín Jiménez Crespo (en la foto) a una concejal de su grupo en el Ayuntamiento de Noblejas, La Tribuna de Toledo, en un artículo titulado «El PP reclama al PSOE que actúe contra el alcalde si no dimite» daba datos sobre aspectos privados de la vida de dicha concejal y de una de sus amigas, la cual fue inmediatamente despedida por el tal Jiménez tras ocurrir los hechos que le han llevado a ser condenado.

Esos datos, que carecen absolutamente de ninguna relevancia respecto a la información publicada, parecen ocultar, tras una aparente redacción aséptica, un tortuoso intento de desprestigiar públicamente a la víctima de la agresión y una no menos tortuosa pretensión de sostener al agresor, resaltando que si bien ha sido condenado, no lo ha sido por violencia de género, sino por lesiones.

Independientemente de que la concejal agredida muy bien podría emprender acciones legales contra La Tribuna de Toledo y de que el alcalde Agustín Jiménez Crespo no haya sido condenado por un delito de violencia de género porque ahí falta la convivencia familiar o la relación afectiva, lo cierto es que la maniobra de La Tribuna es reveladora.

Como es sobradamente conocido, La Tribuna es una cabecera perteneciente a Antonio Miguel Méndez Pozo. También es sobradamente conocida la pública amistad que une a este constructor, encarcelado en su día por el caso de “la construción de Burgos”, con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Por otro lado, Méndez Pozo es uno de los mayores deudores de la intervenida CAJA CASTILLA-LA MANCHA y uno de los principales “inversores” ―con dinero de CCM― en los ruinosos proyectos del Aeropuerto de Ciudad Real y del Reino de Don Quijote, por no citar ahora otros negocios inmobiliarios que este importante empresario tiene en la región.

Pues bien, Méndez Pozo también tiene señalados intereses en la localidad toledana de Noblejas, escenario de la agresión del alcalde Agustín Jiménez, intereses que penden de un hilo el cual, a su vez, pende de la “voluntad” del alcalde Jiménez.

En Noblejas, el ahora condenado en firme Agustín Jiménez Crespo, impulsó un proyecto que pretendía alcanzar la condición de polígono dedicado a la alta tecnología. Su denominación: Parque Tecnológico Lineal. Para ello el Ayuntamiento de Noblejas presidido por Jiménez compró unos tres millones de metros cuadrados al precio de 250 Pts/m^2.. Esos terrenos fueron vendidos, posteriormente, a un consorcio formado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA XXI y MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. El precio de venta fue de 10 €/m².

En esta compraventa el Ayuntamiento incluyó una cláusula de reversión. Si pasado determinado plazo las obras de urbanización no se habían terminado, los terrenos debería revertir al Ayuntamiento. La corporación, de darse este caso, pagaría dichos terrenos al 75% del precio inicial, es decir, a 7,50 €/m².

En la actualidad, el fabuloso parque de alta tecnología es otro de los muchos fiascos en los que CCM fue embarcada por Juan Pedro Hernández Moltó y su equipo de dirección. La previsión inicial de que BMW se instalara en Noblejas fracasó y los trabajos de urbanización han sido abandonados, lo que pone en vigor la cláusula de reversión de esos terrenos al Ayuntamiento, cosa que el alcalde Jiménez se ha guardado de exigir hasta el momento.

Las razones de esa pasividad muy bien podrían obedecer a la presencia de CCM CORPORACIÓN, pero no sólo a eso porque resulta que la mercantil MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, es una empresa de Antonio Miguel Méndez Pozo, que tiene por administrador único a su hijo Miguel Méndez Ordóñez y cuyas participaciones pertenecen un el 100% a la sociedad GRUPO RIO VENA GESTIÓN DE CARTERA que, a su vez, pertenece a RIO DE LOS AUSINES, por supuesto, también propiedad de Méndez Pozo.

No acaban aquí las cosas interesantes que están sucediendo en Noblejas (Toledo) ni la presencia de interesantes empresas y no menos interesantes apellidos en el asunto del puntero, a la par que fracasado, parque de alta tecnología, pero de momento baste con señalar esto para dar una plausible explicación al equilibradamente maligno artículo que La Tribuna de Toledo ha dedicado a la agresión que sufrió la concejal Belén Gutierrez a manos del alcalde Jiménez.

Entre tanto, según informan vecinos de Noblejas, Agustín Jiménez se ha dedicado estos días ha hacer varias visitas al Congreso de los Diputados, lo cual es lógico porque durante las “jornadas de puertas abiertas” el lugar está muy masificado y no se puede apreciar bien la belleza de sus dependencias.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo) condenado por agredir a una concejal, compró terrenos por 5 millones y los vendió por 37

noreply@blogger.com (Brum) — Fri, 03 Jul 2009 16:24:00 +0000

Según Interviu ―el artículo completo se puede descargar desde aquí o pulsando sobre las imágenes― la concejal del ayuntamiento de Noblejas (Toledo) Belén Gutierrez «acudió... Al ayuntamiento para hacer una gestión sin demasiada importancia, pero salió de allí con un brazo retorcido y un puñetazo en el rostro» como resultado de la agresión del alcalde Agustín Jiménez.

Lo cierto es que la reacción del individuo que está al frente del ayuntamiento de Noblejas desde 1983, el tal Agustín Jiménez, no refuerza la teoría de que la gestión careciera de importancia. Siempre según los hechos declarados probados por la sentencia, Belén Gutierrez pretendía fotocopiar unos documentos relacionados con una subvención a una ONG. La funcionaria encargada consultó con el secretario que exigió que se hiciera la petición por escrito. La concejal insistió en que como edil podía obtener copias de los documentos sin más formalismos. A partir de ahí, tanto la funcionaria como la concejal, se dirigen al despacho del alcalde, que salió a su encuentro prohibiendo a Belén Gutierrez acceder a la documentación.

En ese punto, continúa el relato de los hechos de la sentencia, la concejal «le arrebata el documento a la administrativa y de manera inmediata Agustín Jiménez Crespo acorrala literalmente a María Belén Gutiérrez Zamorano contra una pared, le retuerce la mano y le da un puñetazo, quitándole de manera violenta los documentos... Que la actitud del mencionado Agustín Jiménez fue violenta resulta del parte de lesiones que consta en las actuaciones».

Al referido Agustín Jiménez le sirvieron de poco los testigos aportados a la causa. Todos ellos declararon que no hubo agresión. Sin embargo la sentencia, dando primacía a la contundencia probatoria de las imágenes de la cámara de seguridad y al parte médico de lesiones, afirma que «todos los testigos que han declarado en el acto del juicio son empleados del Ayuntamiento de Noblejas, y por tanto, trabajan para el Alcalde»

Según declaraciones recogidas por Interviu, el dicho Jiménez, tiene una ecléctica trayectoria política. Primero probó suerte en las juventudes de Falange y pasando por el PCE para terminar bajo la buena sombra del PSOE de Castilla-La Mancha, el cual usó como plataforma para ganar la alcaldía. A partir de ese momento «aquí el que quier algo, ya sea trabajo para un hijo o una licencia de obra, tiene que ir al ayuntamiento y pedírselo al alcalde como si fuera un favor. Ha creado una red clientelar que le permite seguir ganando elecciones porque todo el mundo le debe algo. Tiene a los empleados del ayuntamiento con contratos eventuales para poder hacer lo que quiera con ellos».

Los tentáculos de Caja Castilla-La Mancha dirigida por Hernández Moltó, como cabía esperar, tampoco están muy lejos de Noblejas. Los recursos con los que el agresor de la concejal Belén Gutierrez mantiene una red de servicios municipales que, según Interviu, le sirven para favorecer su reelección como alcalde, derivan de la venta por 30 Millones de €, de unos terrenos de uso industrial a un conglomerado de empresas encabezado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN.

La revista no precisa qué otras empresas participaron en esa compraventa, pero como el dato parece relevante y también parece probable encontrar allí nombres conocidos, en Noblejas pueden dar por seguro, que Notitia Criminis ofrecerá pronto y con detalle esa información.

Entre tanto, y con el PSOE de Toledo silente como de costumbre, el citado Jiménez ya se enfrenta a cuatro denuncias por prevaricación y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña (Toledo) le investiga por una venta de terrenos que Jiménez compró por cinco millones y medio de € y vendió por 37 millones, a todas luces un negocio bastante redondo.