Una vez más, Venezuela pasa a ser tema de política interna. Es conocido el hecho que el conflicto fue iniciado por el Senado chileno al designar unilateralmente a varios de sus integrantes, como observadores de las pŕoximas elecciones parlamentarias en ese país, cuestionando por adelantado la transparencia del proceso.
La prensa, invierte los roles presentando la respuesta venezolana como responsable de la escalada de declaraciones entre instituciones de ambos países.

Polémica que, como cualquier otra, concita opiniones diversas en nuestro país. La magia de la televisión, sin embargo, consigue la unanimidad.

“Los dichos de Hugo Chávez…siguen generando rechazo en nuestro país”, dice la edición central de 24 Horas del domingo. Sin un rastro de pudor, la tribuna noticiosa se le brinda con exclusividad a los parlamentarios alineados contra el gobierno de Caracas. El disenso se mantiene convenientemente oculto, excluído.
Como para probar que Chile es tan democrático que puede supervigilar a otras naciones.

Por otra parte, no deja de ser curioso que en la misma sesión del Senado,  se aprobara otro acuerdo que demanda el reconocimiento del gobierno de Honduras, emanado de unas elecciones organizadas por el régimen de facto de Roberto Micheletti. Tal proceso electoral, fue rechazado por la comunidad internacional, exceptuando a Estados Unidos y sus aliados.

Fue también esta flexible manera de entender la democracia, la que llevó al gobierno de Ricardo Lagos a legitimar el breve gobierno de facto de Pedro Carmona, tras el Golpe de Estado de 2002 en Venezuela.

A propósito de las reacciones por la imitación de Kramer al presidente Sebastián Piñera, el senador Camilo Escalona afirmó que “hay algunos que quieren volver a la época de la Edad Media, censurando lo que se piensa y lo que se habla y lo que transmiten los programas de televisión”. Una de los sentidos que se infiere de sus palabras, es que en Chile no existe la censura de contenidos. Desconoce el senador, que la censura ejercida por los medios de comunicación es una práctica sistemática, tanto en relación a ciertas opiniones, como a hechos  relevantes.

El caso más actual que podemos citar es el de la huelga de hambre líquida que iniciaron una veintena de presos políticos mapuche, el lunes 12 de julio. Pese al repentino interés de algunos medios por los derechos humanos y la democracia, el movimiento de los mapuche no ha sido consignado hasta el momento en los diarios y noticieros.

Paradójicamente, de los medios escritos, únicamente el diario La Nación informó del comienzo de la medida de presión. Ésta busca la libertad de los presos, el fin de la aplicación de la ley Antiterrorista, la desmilitarización de las zonas en conflicto, entre otras demandas. En televisión no se escucha una palabra sobre el particular. La experiencia indica que se informará sólo en el evento que los presos mapuche estén al borde de la muerte.

Censura legitimada

La censura corporativa -que se conecta con la concentración económica de los medios- no es un fenómeno nuevo. Durante la tramitación de la Ley de Prensa, en 1995, se incorporó una norma que establecía un derecho de rectificación en caso de silenciamiento. El artículo creaba la obligación de los medios de difundir “la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social“.

La derecha parlamentaria, impugnó el artículo ante el Tribunal Constitucional, que declaró la norma como inconstitucional.

Según los congresistas conservadores, la norma atentaba contra el derecho de propiedad, y limitaba la libertad de expresión de los medios, pues se obligaba a éstos a tener “…que informar, por voluntad de uno o más terceros ajenos, de hechos, opiniones o circunstancias que, libremente, jamás habría decidido informar.”*
En virtud de esa “libertad”, seguiremos desinformados.

*Sentencia TC, Rol 226.

Uruguay versus Ghana, el partido más emocionante de cuartos de final de Sudáfrica 2010, sólo pudo ser visto en directo por una minoría. Pero no ha sido completamente inútil. La actitud de desprecio de TVN hacia sus televidentes, al ceder buena parte de los derechos de transmisión del Mundial de Sudáfrica a DirecTV, ha inducido a muchos dudar del carácter público de la estación. Amén de la propaganda engañosa, existe una abierta discriminación hacia la mayoría que no tiene acceso a TV satelital e internet, y que gusta del fútbol.
A lo menos podemos afirmar que se cambiaron “las reglas del juego”, como se suele decir cuando lo que está en juego son intereses corporativos.

El fútbol, en tanto información socialmente relevante, viene “privatizandose” desde hace varios años. La creación de derechos exclusivos de transmisión de los goles del torneo nacional fue un hito importante en la dirección de comercializar directamente todos los productos asociados al fútbol. Tales derechos, hoy detentados por Mega, impiden al resto de los noticieros difudir las imágenes de los goles por varios días, limitándose a la entrega de resultados.

El valor social del fútbol como deporte más popular, no es considerado en nuestro país. Sólo es enarbolado como discurso patriotero y comercial. Argentina, otro país futbolizado, optó recientemente por garantizar por ley el acceso universal a “contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad“(art. 77 Ley de Medios). Camino que causa terror en los medios nacionales.

A propósito de la transmisión del Mundial, La Tercera editorializa justificando el accionar de TVN, negando la existencia de “derechos adquiridos” para ver los partidos en forma gratuita. De paso, señala como un mal ejemplo la adquisición de los derechos del fútbol por parte de la Televisión Pública Argentina.

Desde otra perspectiva ¿se habló de fútbol en televisión?. Ni aún en este campo se ofrece una programación inteligente. La cobertura del Mundial fue muy exagerada y además siempre centrada en cuestiones accesorias, nunca en el deporte. Así fue en los noticieros y en los espacios dedicados, presuntamente, al Mundial. En  las largas horas televisivas mundialistas perfectamente pudo existir un programa de análisis futbolístico, de historia de los mundiales, en fin,  algo un poco más elaborado que las esperables celebraciones o lamentaciones de los fanáticos.

Como en los clásicos interrogatorios policiales, el programa Contacto de anoche contó con un policía malo y uno bueno. El primero, Emilio Sutherland, hizo gala de una batería de lenguaje discriminatorio contra el pueblo mapuche. Las expresiones “terroristas”, “clima de temor”, se reiteraban al compás de una música incidental siniestra, al tiempo que se pasaban hasta el hartazgo imágenes de incendios de tractores y bodegas.

El poli bueno, Juan Francisco Riumalló, jugaba con los niños mapuche, intentando describir el “lado humano” de un conflicto que no nació en la década de 1990, como sugiere el reportaje.

“¿Guerrilla en el sur?”, tenía un objetivo muy claro, coherente con el tratamiento que los medios nacionales dan al mal llamado “conflicto mapuche”. Descontextualizado, ahistórico, el documento de Canal 13 insiste en representar las demandas del pueblo mapuche como un problema policial, con derivaciones militares.

Y desde esa perspectiva resultó doblemente discriminatorio. Las fuentes más consultadas: los fiscales del Ministerio Público, cuyas declaraciones ponen en evidencia que para ellos el principio de objetividad establecido en la ley es letra muerta. Su tono más bien respondía a la doctrina de la seguridad nacional, al enemigo interno. Era esperable, como contrapunto, escuchar el testimonio de abogados defensores, historiadores y sociólogos, pero naturalmente no ocurrió. El discurso antiterrorista no admite réplica.

Las entrevistas a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco y a comuneros mapuche, ocuparon espacios muy reducidos en relación a la extensión del reportaje. Y aquí es necesario anotar que derechamente se negó la existencia de las otras múltiples organizaciones y dimensiones de la lucha del pueblo mapuche.

Las palabras “represión” o “militarización” no tuvieron cabida. Sólo descripciones vagas e insuficientes de la realidad de los allanamientos y el hostigamiento policial. Así, por ejemplo, se entrevistó a una sicóloga que se ocupaba de los “niños víctimas de la violencia directa o indirecta a causa de enfrentamientos con carabineros”, en palabras de Riumalló.

Tal fue la asimetría, que se ocuparon 10 minutos para relatar con lujo de detalles, el asalto a la casa de los cuidadores de un fundo. Para referirse al homicidio de Matías Catrileo, perpetrado por carabineros, 5 segundos.
Más aun, en la larga descripción del “clima de temor” que presuntamente afectaba a los propietarios del fundo San Sebastián, se mencionó el crimen de Jaime Mendoza Collío como un simple elemento de contexto, apenas parte del paisaje.

Al margen de la pobre calidad periodística del programa Contacto, parece evidente que se recurrió a ciertos principios de la propaganda, atribuídos a Joseph Goebbels. Vulgarización, simplificación, silenciación, que seguirán siendo eficaces en la medida que no se de la palabra a quienes sostienen demandas legítimas. Que se abra un debate democrático, lo que parece muy lejano.

Ese parece ser el mensaje que subyace a las informaciones sobre Guillermo Zuloaga, presidente del canal venezolano Globovisión, insistentemente señalado como crítico con el gobierno. Pesa sobre Zuloaga una orden de detención por un delito de contrabando de automóviles, que los medios interpretan como un atentado a la libre expresión.

Ayuda a esta interpretación el empleo de frases de ambiguo significado. La radio Cooperativa informó el 11 de junio que el “Gobierno venezolano ordenó detención de director de Globovisión”. Primero, no fue el gobierno quien expidió la orden sino que el Ministerio Público , órgano persecutor análogo al chileno. Ya el titular va direccionando la noticia, como se aprecia después en su desarrollo.

La nota de Cooperativa omite la naturaleza de la causa judicial, insinuando que responde a las imputaciones dirigidas por Zuloaga contra Chavez en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí, el empresario acusó al presidente venezolano de ser el responsable de las muertes ocurridas durante el golpe de estado de 2002. Pero eso corresponde a un episodio anterior. Sólo afirma como “una causa judicial adicional” la imputación por acaparamiento de vehículos.

El Mercurio, por su parte, publica una columna editorial titulada “Los medios contra Chávez”, donde proclama con total soltura que la libertad de expresión es “imprescindible para toda democracia real”. Insiste además en que existe una persecución política en contra de Zuloaga, sin mencionar que el mismo empresario no desmintió la imputación, admitiendo que “nosotros podemos ser que especulemos, pero damos fuentes de empleos”. Al mismo tiempo apoyaba el golpe de estado de Michelletti, afirmando su deseo de que en Venezuela “se respetara la Constitución”, “como se respeta en Honduras”.

Si bien es evidente el extendido conflicto entre los medios de derecha y el gobierno venezolano, resulta un mal argumento elevar por sobre el bien y el mal a sus propietarios, de forma tal que no pueden ser responsables de delitos comunes.

Por otra parte, los medios son también actores políticos, cada vez más incidentes, y en esa calidad intervienen en los conflictos políticos. La pretensión de transformarlos -bajo el manto de la libertad de expresión- en empresas intocables, al margen de toda regulación, refleja que la vocación democrática de algunos no es absoluto sincera, como se demostró en el pasado.

La caída de Miguel Otero como embajador en Argentina, detonada por su defensa de la dictadura, encabezó los titulares de los noticieros centrales del martes 8 de junio. No había alternativa. Se trata de uno de los hechos políticos más salientes de los últimos meses.
Sin embargo, el tiempo dedicado a la noticia fue escaso en relación a su importancia. Meganoticias, Teletrece y 24 horas comprimieron toda la información en dos minutos aproximadamente, probablemente para pasar el trago amargo con la mayor celeridad posible.

Los canales de televisión a menudo tratan las noticias políticas desde un enfoque binominal, consultando la opinión de dirigentes de la Concertación y de la Alianza. En esta ocasión, dicho patrón sólo fue observado por TVN.

Tanto Canal 13 como Mega, omitieron el contenido de las críticas a Otero formuladas por la oposición y por organizaciones de derechos humanos. Teletrece le dió la palabra al propio Otero, al Canciller y a los senadores Larraín y Espina. Respecto de este último, se recortaron las palabras más agresivas dirigidas a la oposición (”la izquierda”, en palabras de Espina). De este modo, se entregó una noticia parcial, toda vez que precisamente esas críticas presionaron la salida del embajador.

Como en los viejos tiempos, Canal 13 opera como caja de resonancia del oficialismo, incluso a la hora de difundir informaciones negativas para el gobierno. Lo mismo puede decirse sobre Mega. No bastando con un canal de gobierno, la mayoría -sino todos- está a su servicio, demostrando que ese poder es y será utilizado.
Estos grados de control han empujado a dirigentes de la Concertación a “descubrir” la concentración de los medios en manos de la derecha. Tal vez sea demasiado tarde.

Sin embargo, el esfuerzo por justificar el bloqueo se trasluce al avanzar por el agotador texto.
Desde luego, hay palestinos buenos y malos. Los últimos merecen morir. Recordando la operación militar a gran escala perpetrada por Israel en 2008, señala que “Nadie sabe cuántos, de los 1.400 palestinos que murieron (frente a 13 israelíes) eran terroristas, pero muchísimos no lo eran”.

A lo largo de su crónica, los testimonios que dice recoger de palestinos apuntan a una sola idea: ellos (la población civil) no son parte de ningún conflicto, sólo están en medio de una guerra entre los “terroristas” y el Estado judío.

Son los “terroristas” los causantes de todos los males. “Me pregunto si Hamas, cuyas acciones provocaron el bloqueo, no sabe que tiene responsabilidad en lo que sucede”, inquiere Vargas. En esa frase se resume su lectura del drama palestino.

La gracia principal del reportaje reside en que jamás pronuncia la palabra ocupación. En su infantil versión, hay un problema de seguridad para Israel que no tiene causa alguna, pero que estaría siendo mal abordado. Según él “…los palestinos están atrapados en un conflicto del que son víctimas por asociación. Israel les impone una condena colectiva para vengarse de Hamas, y Hamas los usa para desprestigiar a Israel…” Así de sencillo.

Con habilidad, A. Vargas Llosa comparte una crónica que no es más que una simulación. La artificial separación entre la población palestina y sus movimientos políticos siembra, además, dudas sobre la coherencia de la columna. ¿Se puede hablar de una población “totalmente ajena al conflicto” en una nación castigada cotidianamente por un régimen extranjero?

El discurso compasivo de Vargas Llosa tiene absoluta claridad al distinguir víctimas de victimarios: “¿Cuántos de ellos (los niños palestinos) crecerán sin otro destino posible que el de matar?”

Para poder hablar de medios que cumplen con sus tareas esenciales, no sólo es exigible que no oculten información relevante, sino que además la comuniquen oportunamente. Frente a las denuncias de despidos masivos en el sector público, los grandes medios -con excepción de las radios- vienen estableciendo un cerco informativo difícil de perforar.

El inicio de la etapa más intensa del  conflicto puede fecharse aproximadamente hace dos semanas, cuando trabajadores de los ministerios de Educación y Cultura comenzaron las primeras acciones para detener lo que señalan como un clima de persecución en contra de los trabajadores de esas carteras.

Los diarios del duopolio no emitieron ni una sola nota durante ese tiempo, hasta el domingo 30 de mayo, cuando La Tercera publicó un brevísimo reporte.
Tampoco lo hizo la televisión.
Pese a que en el transcurso de estas semanas el conflicto ha ido escalando. Dirigentes de los empleados fiscales acusaban al gobierno de emprender una persecución política. Funcionarios del Ministerio de Educación tomaron las oficinas de la subsecretaría, obligando un pronunciamiento del ministro Joaquín Lavín, que tampoco tuvo cobertura.
Silencio absoluto.

Sólo el viernes 28 de mayo, algunos noticieros mencionaron por primera vez el tema. Pero también es preciso tomar nota de la causa y de la forma. Como factor determinante de la existencia de la noticia, está el hecho de que prominentes dirigentes de la Concertación interpelaran al gobierno por los despidos. Ese fue el enfoque de la cobertura, el malestar de una parte de la clase política.

Así fue, por ejemplo, en el noticiario Telenoche, de Canal 13. Escasos segundos para un par de dirigentes sindicales. Y en el estudio, una relajada entrevista … al senador demócrata cristiano Ignacio Walker, a quien se le consultó sobre la materia.

Se aplica – como en ocasiones pasadas-, un modelo de doble negación. Primero, censura prolongada de las denuncias en los medios de mayor impacto. Luego, tibia emergencia de la noticia a partir de sus repercusiones político- partidistas, desplazando a los protagonistas de los hechos a un lugar secundario.

Según la radio Bío Bío “si más de algún compatriota ha querido mandarle un mensaje a Hugo Chávez, representó a todos tras decirle al presidente de Venezuela que era un dictador“.

Razón tiene la radio, la joven y fugaz “celebridad” representó a todos los medios nacionales.

Sin duda, la anécdota del twittero refleja el alto rendimiento de la propaganda contra el proceso venezolano. En Chile parece no haber dos opiniones sobre el particular. El patrón existente señala a Venezuela como una suerte de dictadura, donde no hay libertad de expresión y se “cierran medios opositores”.

A las informaciones falsas y tergiversaciones se añade un lenguaje que consolida el mito. Con frecuencia los medios chilenos hablan del “régimen de Hugo Chávez”. Algunos incluso se han dado el lujo de fantasear con la existencia de “exiliados”.

La potencia propagandística es tal, que aisla a los incrédulos que no siguen el discurso oficial sobre Venezuela. Los pocos que, en televisión, se atreven a controvertir la caricatura reciben como invariable respuesta de sus entrevistadores, una mueca, una risita, jamás un argumento.

El ciudadano común, probablemente tenga internalizada la idea de una dictadura en Venezuela. Los medios ocultan que la democracia venezolana permite, por ejemplo, que los ciudadanos revoquen el mandato presidencial. Asimismo, las fuerzas políticas que componen el gobierno se han sometido en numerosas ocasiones al escrutinio popular, en comicios observados por la comunidad internacional. En fin, la libertad de expresión es una realidad en Venezuela. A diferencia de Chile, allá si hay medios de oposición en televisión, radio y prensa escrita.

Por lo pronto, ningún medio de comunicación abunda sobre si efectivamente Hugo Chavez es un “dictador”. El silencio concede. La misma radio Bío Bio dice que “Chávez dejó claro que mientras más lo critican más le resbalan los comentarios”. Es decir, reafirma que al anónimo twittero le asiste la razón.
Esa es el arma más efectiva, no entregar ningún elemento que racionalmente justifique la afirmación. Simplemente, fijar una imagen en la conciencia. Que importa si  no es verdadera.

La primera de ellas es que La Nación ha sido un mero instrumento propagandístico. Un  ”simple altavoz gubernamental” según el columnista de El Mercurio, Carlos Peña, quien proclama querer “salvar a La Nación“. Aun reconociendo que el diario se sobregiró en su apoyo al derrotado candidato Eduardo Frei, la afirmación constituye una simplificación interesada.  Por lo pronto, el duopolio  también tuvo sus candidatos, de modo que no es realmente crítico el punto.

Más allá de eso, La Nación exhibió mayor diversidad temática y de opinión que los periódicos que hoy buscan su liquidación. Y también fue muchísimo más pluralista que TVN, cuyo modelo algunos proponen aplicar al diario. En ese sentido, la  función de medio público fue mejor servida por el diario que por el mal llamado “canal de todos”.

En segundo lugar, la derecha se viene anotando un triunfo ideológico al convencer a muchos del cuestionamiento a la   existencia de un medio del gobierno.  ¿Dónde estaría la ilegitimidad? ¿No tienen los gobiernos derecho a comunicar aquello que estiman como logros de su gestión? Es decir, puede concluirse que sólo las minorías empresariales pueden bregar en el debate público con sus propios medios, pero no aquellos -que guste o no- obtuvieron respaldos masivos en las urnas.

La variante de esta idea, es que la mano invisible debe ser la guía sabia y única. Nada de subvenciones o financiamientos “distorsionadores”. Carlos Peña, afirma la necesidad de que La Nación esté sometido a “los rigores del mercado“.

Mirko Macari, fallido director de la nueva etapa del diario, sigue la misma línea argumentativa al sostener que “no hay ninguna razón para que el Estado subsidie un diario”. Agrega además que “los diarios no se dividen en diarios de izquierda y derecha…” sino que en “fomes y entretenidos” . Frase propia del discurso del fin de las ideologías, que permite intuir las razones de su elección por parte de los sectores más conservadores.

La experiencia demuestra que cuando un medio de propiedad estatal se somete a los “rigores del mercado”, termina siendo un instrumento propagandístico, no ya del gobierno, sino que de las cadenas de farmacias, AFPs, retail, etc. Ello, bajo la mascarada de directorios “pluralistas”.

Debate entre Marcelo Castillo y Mirko Macari en Política Stereo.