Una crítica a la prensa nacional formuló la Vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo. En conversación con el periodista argentino Pedro Brieger, del programa radial Juguemos en el Mundo, la dirigente estudiantil cuestionó la cobertura de  algunos medios a las movilizaciones estudiantiles del año pasado.

Consultada sobre si existe un cambio en el tratamiento de los medios producto de la fuerte irrupción del movimiento por la educación, Vallejo aseguró que “se ha relativizado un poco más el discurso, el año pasado se señalaba que practicamente que nosotros llamábamos a la violencia , que todos eran delincuentes.” Recalcó que la postura de los estudiantes es llamar a la creatividad y la innovación para transmitir las ideas.

No obstante, la dirigente afirmó que “no nos dejamos engañar por aquellos medios, e intenciones políticas de parte de autoridades de gobierno, que intentan aprovechar hechos puntuales o minoritarios para criminalizar con eso al conjunto del movimiento social.”

Vallejó relacionó la criminalización con la persecución política en colegios y universidades, al sostener que ésta “ha sido una practica recurrente, por ellos legitimada producto de este discurso que se ha instalado que los estudiantes y aquellos que se movilizan son criminales y hay que detenerlos porque se considera que la manifestacion y ocupación de un espacio es un acto delictual.”

No es esta la primera vez en que la líder estudiantil critica a los grandes medios. En marzo de este año apuntó al duopolio en una entrevista con Página/12: ” los dos medios de comunicación más poderosos son responsables, avalaron y son cómplices de torturas y asesinatos de la dictadura y apuntan a dejar atrás la historia, dejarla en el pasado, pensar en el futuro”.

Escuchar la entrevista a Camila Vallejo en Juguemos en el Mundo:

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, surgieron variadas interpretaciones sobre el momento presente. Muchas de ellas aportan una visión reduccionista de la libertad de expresión, la de la libertad de empresa, actualizada en los últimos años en una queja lastimera de grandes corporaciones mediáticas.

Entre los insumos que sustentan estos discursos están algunas organizaciones no gubernamentales que, con muchos recursos y escaso rigor, elaboran informes y rankings que luego algunos medios dotan de una apariencia de objetividad. Es el caso de Freedom House, fundación basada en Washington. En su último informe anual sobre libertad de expresión, sólo Estados Unidos, Costa Rica y Uruguay califican como paises “libres” en el continente americano. Sin mucho disimulo, ubica en las categorías “parcialmente libre” a Argentina, Ecuador, Bolivia. Venezuela, en tanto, donde los dos más importantes diarios pertenecen a la oposición, es clasificada como nación “no libre”.
Una de las ejecutivas de esta fundación permiten clarificar los criterios empleados: “Muchos países de la región ven a Venezuela como un modelo sobre el cambio de la dinámica social y es un modelo muy negativo”.

En la misma línea, el embajador de los Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolff publica en el diario La Tercera una reflexión que tituló “Prensa libre para resguardar sociedades sanas”. Sin nombrarlos, refiere el diplomático la supuesta existencia de “ofensivas de algunos gobiernos (que) intentan acallar a la prensa”. No es difícil inferir que alude a los mismos países que se alejaron irremediablemente de la influencia norteamericana. Ciertamente Chile es la excepción y “destaca en América Latina por disfrutar de un ambiente de libertad y por no sufrir los embates que enfrentan muchos de sus vecinos latinoamericanos”. Debemos entender que, en concepto del funcionario, la total ausencia de señales de televisión de oposición y la existencia de sólo dos diarios de circulación nacional vinculados a la banca y a los poderes fácticos, configuran un ambiente de libertad.

Entre tantas menciones a la independencia de la prensa, el embajador Wolff reconoce que la embajada norteamericana financió “la participación de periodistas chilenos que viajaron desde regiones” a la Conferencia de la Asociación Mundial de Periódicos celebrada en Santiago. Precisamente de esa reunión emanó una declaración final de algunas organizaciones de dueños de medios que recogen las preocupaciones de la embajada.
Son los reclamos de la prensa libre.

Por Ana García Díaz*
AISH

Hace poco la web Journalism.org publicaba un breve estudio sobre la evolución de la cobertura informativa sobre el mundo árabe en los medios estadounidenses en el último año. Observaba cómo el seguimiento informativo de Egipto y Libia ha caído drásticamente desde los primeros meses de 2011. Otros países en conflicto abierto, entre los que se incluyen Siria, Yemen o Bahréin, ni siquiera han recibido una atención informativa destacable. Mucha menos atención informativa se ha otorgado a los cambios más sutiles de países como Jordania o Arabia Saudí.

Estos datos reflejan la falta de interés de los medios por cubrir la realidad del mundo árabe y sus ciudadanos. De hecho, el pico informativo aplicable a Siria en febrero de este año tiene que ver con la muerte de dos periodistas extranjeros, estadounidense Marie Colvin y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, mientras cubrían el conflicto. Se da la paradoja de que su muerte acaparó más atención que la de centenares de civiles sirios. Otro ejemplo similar es Bahréin, donde la mínima cobertura mediática que está recibiendo la revuelta se ha quebrado parcialmente este fin de semana debido a la disputa del Grand Prix de Fórmula Uno.

Los sucesos en Túnez y, sobre todo, en Egipto, fueron capaces de colocar al mundo árabe en el centro informativo mundial agitando la visión orientalista sobre la región. Por ello resulta tan frustrante la constatación de esta falta de continuidad en la cobertura informativa de unos procesos que, como demuestra el caso de Egipto, llevarán tiempo, y que son muy complejos desde un punto de vista político, geográfico, histórico e ideológico. La falta de un seguimiento informativo está dando como resultado una construcción poco rigurosa y estereotipada de la realidad árabe, al tiempo que no es capaz de dotar al lector extranjero de herramientas de juicio crítico en los procesos de transformación de la región.

*Fuente: AISH Análisis e información de la vida árabe.

Por Silvia Escobar, Buenos Aires

Hace un poco más de un año surge como política de Estado “Argentina Conectada”. Es un plan de telecomunicaciones cuyo objetivo es democratizar el acceso a la comunicación, creando la infraestructura necesaria para lograrlo. La TV Digital ya alcanza las 50 estaciones que implica el acceso del 70 % de toda la población argentina.

Por su parte la Secretaría de Cultura venía trabajando planes de fomento de las diversas expresiones culturales en todo el territorio. Se presentó en la 38° Feria Internacional del Libro una disertación sobre el Plan de Igualdad Cultural – Inclusión en la diversidad.

El mencionado Plan busca brindar a todos las mismas posibilidades para la producción y acceso a contenidos de diversidad cultural; en otras palabras; consolidar el derecho de comunicar de los diferentes sectores de la sociedad. Sobre éste tema Carlos Goddard (Coordinador Técnico del Centro de Producción Investigación Audiovisual de la Secretaría de Cultura), dijo lo siguiente:
“La idea es que en estos centros de producción (teatros, cines, centros culturales; etc.) se instale tecnología, se capacite gente y esa gente sea la que, naturalmente trabaje, produzca y viva esa cultura para poder transferirla vía el sistema de Argentina Conectada a todo el país”.

Otro de los oradores fue Emmanuel Jaffrot (Secretario Técnico y Académico de Plan Argentina Conectada y del Plan Igualdad Cultural). Le consultamos al funcionario cómo encuentra la vinculación entre soberanía y el alcance logrado de la TV Digital:

En Argentina funciona la Televisión digital por satélite y Televisión digital por cable (ambos servicios brindados por empresas privadas) y el Sistema Argentino de Televisión digital terrestre que ofrece una televisión abierta y gratuita. Para llegar a todo el país es necesario instalar transmisores y antenas satelitales. Esta televisión también está pensada para que se acceda desde dispositivos móviles como celulares y Notebook.

Hasta el momento las estaciones digitales de transmisión son 50 pero hay 15 más que están en construcción.
Los canales que se pueden ver son: la TV Pública, Canal Encuentro, Telesur, Paka Paka, Incaa Tv, C5N, CN23; entre otros.

A estos canales se suma Tecnópolis TV.
Tecnópolis es un parque de 50 hectáreas ubicado en la provincia de Buenos Aires, en donde se puede conocer el legado y las innovaciones alcanzadas en el área de ciencia, tecnología y también en el arte.

Esta señal quedó formalmente inaugurada e inició su transmisión en el día de ayer por la presidenta Cristina Fernández. Transmitirá las 24 horas. Su programación se repartirá aproximadamente en 12 horas de contenidos nacionales y el resto internacionales. Se llamará a concurso para los programas de ficción y para ello se destinan 28 millones de pesos para 15 series. Cabe destacar que Deportes TV todavía no funciona, está en período de prueba.
“Creo que vamos a ser el primer canal en habla castellana, en habla hispana, de contenido científico” comentó la presidenta argentina.

Tal cual, los principales diarios españoles que guían en estas materias a nuestro duopolio, envalentonados por la reacción de su gobierno, partieron dictando orientaciones sobre el camino que debía tomar Argentina, pasando por el comodín de la “seguridad jurídica”, hasta acusar derechamente -contra toda evidencia- un “expolio”.
Como en otras muchas cruzadas, es el Grupo Prisa quien conduce la ofensiva mediática contra una decisión soberana del gobierno trasandino, buscando generar un consenso sobre la virtual catástrofe que significaría la expropiación de YPF.

En el plano político, también fue notoria cierta ansiedad de algunos por salir a defender a la empresa española Repsol. El Presidente Sebastián Piñera, anticipando la comunicación oficial del proyecto de ley, hizo un llamado a “respetar la ley, el estado de derecho y también los convenios”, tomando posición en un conflicto entre un estado y una multinacional.

Sin lugar a dudas, durante las últimas décadas, Chile ha sido tierra fértil para las nuevas formas de colonialismo y, como país serio que es, entrega generosamente industrias y recursos estratégicos a empresas privadas extranjeras. Cobre, generación de energía, telefonía.

Esto también ocurre en los medios de comunicación.
A la vergonzosa situación de la señal televisiva de la Universidad de Chile, hoy explotada por la norteamericana Time Warner, debe sumarse el control por parte del español Grupo Prisa de once radios en frecuencia modulada, con más de 200 concesiones en todo el país.

Muchos impugnan la presencia de Prisa en Chile, no sólo porque concentra una cantidad desmedida de frecuencias de radiodifusión, sino además porque se configura una patente violación al principio de reciprocidad establecido en la Ley de Prensa. En virtud de este principio, una empresa con capital extranjero superior al 10%, puede explotar una concesión de radio sólo si en su país de origen se otorgan iguales condiciones a los chilenos. Y en España una radio sólo puede tener un 25% de capital extranjero.

El gobierno abrió un procedimiento administrativo para fiscalizar el cumplimiento de esta norma. El resultado revela con claridad donde están los compromisos de la administración Piñera. A fines del año pasado, la Subtel emitió una resolución de 54 considerandos, que no es sino una cerrada defensa de la empresa española, concluyendo que respecto del Consorcio Radial Iberoamericana, filial de Prisa en Chile, no se acreditó “participación de capital extranjero”.

La avasalladora incursión de este grupo en la radiodifusión chilena, viene lesionando la libertad de expresión y la democracia. Pero eso no parece relevante. Es mejor prevenir y dar garantías a la antigua metropoli. Oficiosos defensores no faltarán.

*Columna publicada en El Quinto Poder y en El Mostrador

Se trata del documento “Ciudadanía, participación e interés público: Análisis del proyecto de ley que permite la introducción de la TV Digital en Chile” de la académica Chiara Sáez, con la colaboración del actor Jaime Mondría.

Consta de un análisis de las indicaciones relacionadas con los 11 puntos de la mesa, indicando su fundamentacion en la legislacion comparada y en el derecho internacional. Hay también una reflexión sobre el trabajo realizado por la Mesa, las alertas y temas que aún no han sido introducidos o lo están de manera insuficiente.

Descargar documento (en Pdf)

No obstante la probada seriedad del Informe, parece ser que no se atiende suficientemente la posición de los demás titulares del derecho a la libre expresión, toda persona, ni se abordan vulneraciones al derecho social a la información cometidas por los propios medios de comunicación. De este modo, no existen referencias a prácticas de silencio informativo sobre asuntos de interés público, ejecutadas en contextos de alta concentración de la propiedad de los medios, como ha podido verificarse en Chile en determinadas contingencias.
Queda la impresión que en estos informes se descartara de plano que los medios de comunicación puedan ser agentes que atenten contra estos derechos.

En otro plano, algunas conclusiones llaman la atención. En el capítulo sobre Argentina, dentro del apartado “Agresiones, detenciones, amenazas” se incluye el siguiente párrafo:

“La Relatoría Especial recibió información concerniente a comentarios hostiles de parte de altos funcionarios de Gobierno hacia periodistas y medios de comunicación. El 31 de octubre el entonces ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, habría atribuido a los periódicos Clarín y La Nación la intención de “generar climas extraños(…) en forma permanente” y habría calificado a ambos medios como “enemigos del
Gobierno y enemigos del conjunto de los intereses argentinos”, en una entrevista ofrecida a Radio Continental acerca de las críticas al Gobierno por medidas para frenar la demanda de dólares” (pág. 25).

Resulta dudoso, a lo menos, tomar nota de estas declaraciones como virtual atentado a la libre expresión. No es un misterio que en algunos países se libra una fuerte lucha política entre los gobiernos progresistas y poderosos grupos mediáticos, ni que las operaciones políticas de estos últimos sean muy habituales. En este contexto, decir que ciertos medios son “enemigos del Gobierno….” podrá calificarse de justo o injusto, pero sólo refleja la intensidad del conflicto.

Cabe afirmar también que la libertad de expresión como derecho no excluye a las autoridades, por lo que no parece exigible que deban inhibirse ante la hostilidad de los grandes medios.

La CIDH, en sus conclusiones, exhorta a las autoridades a “evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos”(pág. 356).

Un llamado no muy equilibrado, si consideramos, por ejemplo, el caso ecuatoriano, donde un medio conservador pretendió estigmatizar al presidente Correa como “dictador”, imputándole haber ordenado disparar a civiles, en medio del frustrado golpe de Estado de 2010.

Por Enzo Abbagliati*

La lamentable muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz en Ercilla, que como bien señala Pedro Cayuqueo debe ser investigada “debida e imparcialmente”, ha permitido que nuevamente los medios de comunicación aticen el mal llamado “conflicto mapuche”, colaborando en la construcción de una (¿deliberadamente?) errada imagen en la opinión pública.

Un botón de muestra es El Mercurio de hoy domingo, que en dos notas aborda el tema.

La primera de ellas, publicada en el cuerpo de Economía y Negocios (página B13), analiza el aumento de los recursos públicos destinados a la compra de tierras para las comunidades mapuche y su nulo impacto en el desarrollo de la región. De hecho, el artículo desde sus primeras líneas sienta el tono del análisis:

“En la semana se produjo el primer asesinato de un carabinero dentro del marco del conflicto indígena, y los empresarios de La Araucanía volvieron a lanzar una señal de auxilio para una zona que hasta los años noventa era sinónimo de crecimiento, pero que hoy tienen las mayores tasas de pobreza del país y que ha perdido cientos de miles de hectáreas cultivables a causa del conflicto indígena”.

El párrafo es explícito en señalar la vinculación entre retraso económico y conflicto violento, que no duda en etiquetar como “indígena”, cuando sería más ajustado a la realidad describirlo como un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Al plantear el impacto económico del conflicto, se sugiere que “hoy” sería la región con mayor número proporcional de pobres, en contraste con la situación de la década de 1990. Falso. Tal como señala el propio Plan Araucanía presentado el 2010 por el actual gobierno, “La Araucanía es la región con las mayores tasas de pobreza e indigencia del país, lo que se arrastra desde 1990 sin mayores cambios”. El dato podría ser catalogado como un simple error, si la equivocación no fuera funcional a la tesis del artículo: “el conflicto indígena” ha generado mayor pobreza en la región.

En esa misma lógica, el artículo omite que entre la población mapuche, las tasas de pobreza e indigencia son incluso mayores que en el promedio de la población de La Araucanía, pero destaca cómo tierras que eran productivas al momento de ser adquiridas por el Estado y entregadas a las comunidades, hoy están abandonadas. Llama también la atención que en la construcción del análisis, ninguna fuente del pueblo mapuche haya sido entrevistada. Las citas del texto corresponden al ministro Cristián Larroulet, un asesor de su ministerio, un dirigente empresarial de La Araucanía y el diputado Pepe Auth. En suma, ni una sola opinión de alguien perteneciente a uno de los pueblos a los cuales esta política pública está dirigida.

La segunda nota es un reportaje sobre Juan de Dios Fuentes, ex intendente de la Unidad Popular en la provincia del Ñuble y dueño del fundo donde fue atacado el sargento Albornoz (página D9). Más allá de lo funcional de contar con la historia de una persona ligada a la izquierda y que hoy, dedicado a trabajar sus tierras, “pide mano dura” contra las comunidades mapuche, El Mercurio tanto en su portada principal como en la portada del cuerpo de Reportajes se refiere a él como alguien que “vive cercado por el conflicto mapuche”. Transmite esa afirmación la idea de un territorio traspasado por la violencia, en el que la ley no tiene espacio para su eficiente ejercicio y donde las tierras productivas serían islas en medio de un pueblo, el mapuche, al que hay que educar “en la disciplina del trabajo y del desarrollo” (según palabras textuales del otrora dirigente de la izquierda).

Mutatis mutandi, la imagen del mapuche flojo sigue gozando de buena salud en las páginas mercuriales. Da lo mismo, para efectos de reforzar esta ya conocida mirada sobre el tema, que el Estado de Chile nunca haya comprendido el concepto de propiedad y explotación comunitaria que sobre la tierra tiene el mapuche; o que no se haya entendido el fuerte e histórico componente comerciante de sus identidades como pueblo; o que parte sustantiva de las tierras de las comunidades hayan estado, desde la década de 1970, expuestas al agresivo desarrollo de la industria forestal chilena. Retrucando el titular de El Mercurio, bien podríamos decir que buena parte del pueblo mapuche “vive cercado por la industria maderera”.

Martín Correa y Eduardo Mella, en Las razones del illkun/enojo, premiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como el Mejor Ensayo 2011, describen ese “cerco” de manera clara:

“Los efectos de la invasión forestal se hicieron notar de inmediato: los retazos de bosque nativo, incluso en sectores de cuencas y caudales de aguas, afectando notablemente la supervivencia de las comunidades mapuche, ya que la disponibilidad de aguas es casi nula, proceso agudizado por la desecación que produce el pino. Paralelamente, con la introducción del monocultivo se altera la biodiversidad, se extingue la fauna local y la vegetación de recolección, y con ello importantes fuentes de alimentos para las familias mapuche. Más aún, con el uso de pesticidas para combatir las plagas, proceso que se realiza en avión, se van destruyendo los pocos huertos familiares de los mapuche vecinos a los fundos forestales.

En términos sociales y económicos, lo anterior implicó, para las comunidades mapuche, el que no solo no se tenga acceso a las antiguas tierras, sino que las comunidades queden encerradas por verdaderos cordones forestales, que la economía de supervivencia mapuche se vea notablemente empobrecida y que los niveles de migración indígena hacia las ciudades haya crecido en términos alarmantes, ya que las más de las veces éstos terminan engrosando las masas marginales y marginadas de la ciudad”.

Sí, en La Araucanía hay un problema de población cercada. Pero no creo que sea la que tiene acceso a la tribuna de los principales medios de comunicación.

*Enzo Abbagliati es Director de www.elquintopoder.cl

Fuente:  Cadaunadas

Muchos medios difundieron con entusiasmo imágenes de las deportistas, entregando el mismo mensaje de Reuters. “Mujeres ninja, la nueva arma de Irán”, dice Vanguardia de México. A su turno, Cooperativa presenta a “Las mujeres ninjas del régimen de Ahmadineyad“

Naturalmente esto provocó la molestia de las protagonistas y del propio gobierno de Irán. Reuters acusó recibo de los reclamos, cambiando el titular y reconociendo un “error”. Sin embargo, el 29 de marzo se informó que las autoridades iraníes suspendieron indefinidamente la acreditación a todo el equipo de corresponsales de la agencia Reuters.

Como era previsible, algunos medios occidentales, como  El País, centran sus críticas en la sanción y no en la manipulación informativa, aceptando  de plano que se trató de un “error”.

Si bien la respuesta de la administración iraní puede resultar discutible, no es menos cierto que el episodio se inscribe en un contexto de sostenida demonización de Irán y de su presidente, Mahmud Ahmadineyad, por parte de los grandes medios, al ritmo de la campaña pre-bélica de Estados Unidos, que amenaza a la nación persa.

En este sentido, la manipulación de Reuters, presentando a deportistas como “asesinas de Irán” (del gobierno de), es un grano de arena en el esfuerzo de la potencia imperial por crear una corriente de opinión favorable a una intervención militar.

No está demás recordar que la sumatoria de informaciones de naturaleza similar a la comentada, permitieron la exitosa construcción de la maniquea caricatura del régimen iraquí como virtual enemigo de la humanidad, y poseedor de ficticias armas de destrucción masiva.